INTRODUCCIÓN El proceso penal por falta es el último proceso penal especial regulado por el nuevo Código Procesal Penal, y consiste en el esquema procedimental de carácter sumariado, tramitado ante los órganos de justicia de paz, con exclusión del Ministerio Público, que ventilan la presunta comisión de ilícitos penales de menor relevancia o gravedad, y que se conocen como faltas o contravenciones. Está regulado expresamente en apenas seis artículos (arts. 482 al 487) del Código Procesal Penal (CPP 2004). Ahora, el presente trabajo monográfico, monográfico, lo hemos divido en 4 Capítulos, Capítulos, los cuales no solo abordaran doctrina, sino también jurisprudencia respecto a este proceso. Es así que tenemos: El Capítulo I, que desarrolla las nociones generales, como el concepto de falas y su diferencia con los delitos. El Capítulo II, que señala todo lo correspondiente al trámite, es decir a cómo se ha de llevar el proceso, una vez presentada la denuncia o querella. Veremos, desde la competencia del juez hasta los recursos impugnatorios que el agraviado o querellante puede interponer. El Capítulo III, en el que se nos dará a conocer, proceso, el desistimiento y transacción penal.
las formas alternativas de conclusión del
Por último, tenemos el Capítulo IV, donde desarrollaremos dos procesos que se tramitan como proceso por faltas, y se dará el análisis respectivo de estos.
CAPÍTUO I NOCIONES GENERALES 1.1 Sistema de delitos y faltas En la doctrina se distinguen dos sistemas de clasificación de las infracciones punibles. La primera, de naturaleza tripartita, que distingue entre crímenes, delitos y contravenciones y, la segunda, que reconoce una bifurcación entre delitos y contravenciones (faltas). Decía CUELLO CALÓN, que si bien históricamente la primera tenía mayores antecedentes; la segunda tiene la preferencia de la opinión especializada. especiali zada. En el primer caso, los crímenes se definen como aquellas infracciones que lesionan los derechos naturales como vida y la libertad; los delitos en cambio, pretenden proteger los derechos originados en el contrato social, tales como la propiedad y, finalmente, las contravenciones, que suponen infracciones a las disposiciones y reglamentos de policía. En el segundo caso, en la división bipartita, la distinción entre crímenes y delitos se desvanece en ausencia de fundamento substantivo. La doctrina especializada hace preferencia por la división bipartita, considerando que entre delitos y crímenes no existe diferencias de esencia, aunque sí que le reconoce a la tesis adversa cierta utilidad práctica, dado que posibilita una individualización de la gravedad de los hechos en función de la percepción social del mismo modo que marca la competencia de los
tribunales1. En el entendimiento generalizado de quienes propugnan la posición biparti ta, el delito supone una lesión efectiva o potencial, dolosa o culposa de los bienes jurídicos que se pretende proteger con la norma penal mientras que las contravenciones son hechos inocentes e indiferentes, realizados sin mala intención y que, contienen en sí mismos un peligro para el orden jurídico, por lo que la sanción tiene naturaleza naturaleza preventiva. preventiva. La distinción distinción planteada, planteada, en realidad no se ajusta a las teorías modernas del derecho penal, puesto que, en nuestros días la discusión no es menos ardorosa, al punto que, se le atribuye los mismos defectos que a la tesis tripartita 2. En nuestro ordenamiento jurídico se adopta el sistema bipartito el legislador peruano ha traducido en el artículo 11 del Código Penal Peruano que indica "son delitos y faltas las acciones las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley ". ". Ahora bien resulto lo anterior, en la voz del profesor GARCÍA RADA, que reconociendo la elección del legislador por la postura bipartita, afirma que, las diferencias entre delitos y faltas se fundan en un criterio cuantitativo, a cuyo efecto la gravedad de la infracción y de la pena son los indicadores que la ley utiliza para la distinción. En tal sentido, el proceso que los investiga requiere ser distinto en razón de la conveniencia de que las infracciones de escasa relevancia social, de ámbito delictual restringido y sancionado con pena muy leves se sometan a un procedimiento rápido y sencillo. La diferencia, por tanto, se reduce a los niveles de reprochabilidad social del acto ilícito. Así, descriptivamente, podríamos indicar que falta es toda acción que, sin revestir la gravedad que se exige a los delitos, importa una alteración del orden público, de la moralidad, las buenas costumbres o un atentado a la seguridad de las personas o de sus bienes debidamente descritas y calificadas como tales por la ley. Sumado a ello, las faltas son infracciones a la norma penal que lesionan bienes jurídicos de menor intensidad o la agresión a ellos es mínima, por tal motivo su regulación en el derecho penal material sustantivo es diferente a la de los delitos. Así vemos que en la generalidad de casos no es punible la tentativa (excepto los artículos. 441° y 444°), no existe complicidad, las penas a imponerse son las restrictivas de derechos y multa (aunque la modificación de la ley 29407 de 18 de setiembre incluye a la pena privativa de libertad como sanción en caso de reincidencia dolosa), prescribe la falta en 1 año. Sin dejar de lado San Martin Castro afirma que “las faltas son simples injustos menores
en relación con los delitos; no hay entre ambas diferencias cualitativas, pues sus elementos son exactamente iguales, pero como quiera que las faltas conciernen sanciones más leves, y están referidas a vulneraciones a bienes jurídicos, de menor intensidad, es del caso, tratarlas distintamente en función a la simple diferencia cuantitativa que existen entre ellos”. Lo dicho nos
hace entender que solamente radica en la gravedad de la pena a imponerse al imputado o intensidad de la pena que está tipificado en código sustantivo.
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HURTADO POZO, José: Manual de Derecho Penal, EDDILI, Lima, p. 326. El autor indica que ladiferencia entre delito y falta es fundamentalmente cuantitativa o legal, mientras que Villavicencio Terreros expone que, los autores que sustentan diferencias cualitativas no han tenido mayor éxito. VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe: Código Penal, Cultural Cuzco, Lima, 1992, p. 78.
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Ello encuentra correlato en el tratamiento procesal que se le otorga a este tipo de infracciones, pues el NCPP ha establecido reglas especiales para su desenvolvimiento. Configurando, de este modo, un procedimiento, en lo posible reducido de formalismos y con mayor agilidad en su desenvolvimiento, en primacía de los principios de celeridad y oralidad; que además, ha de estar en comunión con el marco jurídico constitucional que impone exigencias mínimas de respeto a los derechos de los sujetos procesales, los que no pueden ser desdeñados por un criterio de utilidad (en atención solo de la celeridad en el proceso), pero que han de ser mantenidos en equilibrio, además en consideración de las posibilidades que las soluciones consensuadas encuentran en este proceso 3. 1.2 Concepto de Faltas No resulta tan fácil encontrar un concepto sobre las “faltas”. Nuestro orde namiento penal que se ocupa de las mismas en el Libro tercero del Código Penal de 1991 les da un tratamiento dualista en atención a la gravedad de las infracciones penales, éstas pueden ajustarse a un régimen de: Delitos o faltas (o contravenciones). Así las serán aquellos actos ilícitos penales que lesionan los derechos personales, patrimoniales y sociales pero que por su intensidad no constituyen delitos. Jiménez de Asúa, afirma que “no es otra cosa que el delito venial, y, por
consiguiente, entre ella y el delito propiamente dicho, no hay diferencia cualitativa, como se pretende sino meramente cuantitativa 4”. Del mismo modo para San Martin Castro afirma “las faltas son simples injustos menores
en relación con los delitos; no hay entre ambas diferencias cualitativas, pues sus elementos son exactamente iguales, pero como quiera que las faltas conciernen sanciones más leves, y están referidas a vulneraciones a bienes jurídicos, de menor intensidad, es del caso, tratarlas distintamente en función a la simple diferencia cuantitativa que existen entre ellos 5”. En ese sentido podemos concluir que las faltas o infracciones menores son actos ilícitos penales que lesionan los derechos personales, patrimoniales, sociales entre otros que por su intensidad no está incluido en el catálogo de delitos, es decir las faltas son considerados delitos en miniatura que derivan de una conducta antijurídica contemplado en el código penal y que por su escasa trascendencia social no es reprimido con penas drásticas como la privación de la libertad entre otros. Sumado a ello, la particularidad de este proceso penal es el ejercicio privado de la acción penal, ya que no interviene el representante del Ministerio Publico sino la parte agraviada u ofendida es quien asume el costo y tiempo constituyéndose en querellante particular 6. 1.3 Diferencia entre delitos y Faltas Aspecto Cuantitativo: En primer orden la principal diferencia existente entre a que ambos es el aspecto cuantitativo, esto se refleja en la medida que el acto infractor lesiona o pone en peligro los bienes jurídicos penalmente tutelados por el Estado, correspondiendo las de mayor intensidad a los delitos y la de menor a las faltas.
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MAZA MARTÍN, José Manuel. Breves Apuntes para una Reforma del Juicio de Faltas, (en) Revista del Poder Judicial (España), Nc Especial XIX - 2006. pp. 375-376. 4 1 JIMÉNEZ DE ASUA, Luis ,Las contravenciones o Faltas, en Revista La Ley, Buenos Aires, año 1949 pg 959-971 5 SAN MARTÍN CASTRO, César, Derecho Procesal Penal, Editorial Grijley, Lima 2006 pg 1261 6 SALINAS SÁNCHEZ, Cussy Vides, “OBSE RVACIÓN DEL DEBIDO PROCESO EN PROCESOS POR FALTAS EN EL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE AMARILIS 2014 – 2016”, Tesis, Junio – 2017, Huánuco – Perú.
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Su juzgamiento está a cargo de un Juzgado de Paz Letrado, excepcionalmente en lugares donde no exista este magistrado conocerá el Juez de Paz; mientras el delito se tramita ante el Juzgado Especializado en lo Penal. No es punible la tentativa: En las faltas, a diferencia de los delitos, por regla general no es punible la tentativa (excepto artículo 441 y 444 del CP). Restricción de responsabilidad a los cómplices: Solo responde el autor – inmediato, mediato, y coautor. No se debe de incluir a los partícipes del hecho punible – instigador o cómplice. Imposición de penas mínimas: En el marco de las consecuencias jurídicas tenemos que el arsenal punitivo de las faltas se encuentra limitado a las penas restrictivas de derechos, prestación de servicios comunitarios y la pena pecuniaria- multa, a diferencia de los delitos por lo general se sanciona con pena privativa de libertad La prescripción: La prescripción de la acción penal y de la pena se encuentra también regida por reglas distintas que los delitos. La prescripción de la acción penal y de la pena opera en un año- plazo ordinario, respecto al plazo extraordinario se ha fijado en un año y medio en conforme a lo acordado en el plenario N° 1-2010/CJ. 16/11/2010. El Ministerio Publico no interviene en este tipo de proceso especial. 1.4 ¿Es proceso especial? Quizás este apartado sea tan innecesario preguntarse si el proceso por faltas es un proceso especial, ya que esta misma está regulado en los artículos 482° a 487° del NCPP en el Libro Quinto titulado "Procesos especiales", por lo que podría pensarse que estamos ante el último de los procesos especiales regulado por el NCPP, dado que en su regulación contiene normas que no son las mismas a las del proceso común. Sin embargo, existe doctrina que menciona que no es proceso especial conforme lo menciona Montero Aroca que la diferenciación entre los procesos penales declarativos de condena se hizo atendiendo a la existencia de delitos y faltas, de modo que había un proceso ordinario para conocer de las faltas y otro ordinario también para conocer de los delitos. Cuestionado lo dicho anteriormente, tomo la posición que el proceso por faltas es un proceso especial, ya que revisado el código procedimientos penales ya derogado (art.324 -328), siempre estuvo contemplado como un proceso especial los procesos por faltas, asimismo en el nuevo código procesal se contempla de la misma forma. Todo ello se fundamenta en que un proceso común o también llamado ordinario en el anterior código derogado tiene ciertas etapas especiales (investigación, etapa intermedia y juzgamiento), lo cual carece el proceso por faltas, sumado a ello que lo conoce un juez de paz letrado, por ende se ajusta a un proceso especial, teniendo un peculiar trámite procesal.
CAPÍTULO II TRÁMITE 2.1. Competencia El proceso de faltas, conforme al artículo 482° del Nuevo Código Procesal Penal, es de conocimiento de los Jueces de Paz Letrados y excepcionalmente en los lugares donde no exista Juez de Paz Letrado será competente de conocer este proceso los Jueces de Paz (antes 3
llamados Jueces de Paz no Letrados). Así pues corresponde a estos órganos jurisdiccionales tanto la dirección como la decisión de los casos tipificados como faltas (las que se encuentran reguladas por el Código Penal en sus artículos 441° al 452°). Respecto a ello, cabe resaltar que con la entrada del nuevo código procesal penal se propugna como objetivo sustancial la superación de la rígida estructura procesal prevista por el Código de Procedimientos Penales de 1940. En tal sentido, el nuevo modelo de proceso penal posee la característica de la adopción de un modelo acusatorio-adversarial, que en esencia presupone la separación de las funciones de investigación y juzgamiento, así como la activa participación de las partes procesales para la dilucidación de los hechos controvertidos. Entonces resulta un contrasentido, a nuestro parecer, al tener estipulado en el Titulo Preliminar del Código Procesal Penal, el rol de cada sujeto procesal llámese Ministerio Publico y Poder Judicial (investigar y juzgar), se haya concentrado en el Juez de Paz Letrado (órgano competente del poder judicial-), tanto la labor de investigar y juzgar; (y excepcionalmente el Juez de Paz); ello conforme al artículo 482°; de manera que, sea cual sea el juez competente, el Ministerio Público no interviene en la persecución de las faltas. No obstante, una salida a tal contrasentido, posiblemente se dilucida de la misma norma, al haberse indicado que si el Juez considera que el hecho constituye falta y la acción penal no ha prescrito, siempre que estime indispensable una indagación previa al enjuiciamiento, remitirá la denuncia y sus recaudos a la Policía para que realice las investigaciones correspondientes, es decir, la labor de investigación es trasladada a la Policía Nacional, en casos excepcionales (por ejemplo. Indagación de domicilio del imputado, constatación de los hechos, etc.), pero esto da origen a otro problema, que dicha labor policial no se encuentra sujeta a ningún control, exigencia que nace del espíritu del nuevo modelo procesal penal, en el sentido que la labor de investigación se encuentra a cargo del Ministerio Público, siendo el órgano policial un coadyuvante. el problema hubiese sido zanjado, tomando en consideración la influencia del Código, por la adopción de un sistema similar al señalado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española que permite la intervención del Fiscal en los procesos donde la acción se inicie de oficio (por ejemplo faltas contra la vida el cuerpo y la salud) y no ser parte cuanto sean solicitada por el propio perjudicado (por ejemplo daños materiales). Ahora, si de la investigación previa que se realice se tiene que los hechos constituyen delito y no falta, entonces se remitirá lo actuado al Ministerio Público. Esto último ha sido objeto de cuestionamientos en lo que respecta al respeto por el principio acusatorio, así como por otras garantías que rigen el debido proceso en el marco de un sistema acusatorio. Al respecto, se debe destacar que este proceso debe revestir todas las garantías y respeto por los principios y exigencias de carácter constitucional, por ello "aspectos como el principio acusatorio, la imparcialidad del juzgador, el derecho de defensa, la suficiente motivación de la resolución, etc., no pueden ser obviados, en modo alguno, si persiste el criterio de considerar infracciones penales, aun cuando leves, las conductas calificados como faltas" 7 Finalmente, si bien de manera genérica, se establece que será el Juez de Paz Letrado quien conozca de este proceso, excepcionalmente en los lugares donde no exista Juez de Paz Letrado, conocerán de este proceso los Jueces de Paz (artículo 482°), para este efecto, señala el mismo artículo, es necesario que la respectiva Corte Superior fije anualmente los Juzgados de 7
MAZA, Martín. Ob. Cit. p. 378.
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Paz que pueden conocer de los procesos por faltas. Esto último también ha traído controversias ya que ello parece innecesario pues, si como en materia procesal civil se busca el fortalecimiento de la Justicia de Paz (Ley 29057), nada obsta para que el Juez de Paz conozca de los procesos por faltas, salvo que se encuentre dentro de la jurisdicción de un Juzgado de Paz Letrado. Finalmente, la norma indica que la apelación de las sentencias será conocida por el Juez Penal. 2.2. De la Denuncia Es en este articulado donde debemos centrar mayor atención y entendimiento. Aquí el agraviado tiene dos posibilidades acudir a la Policía Nacional del Perú, Aquí hay una gran diferencia porque el Nuevo Código Procesal Penal, habla de comunicación de hecho; comunica el hecho a la Policía y también tiene la opción de acudir al Juez de Paz Letrado; asimismo se da la posibilidad de cuando se comunica el hecho puede hacerse verbalmente, en la práctica no sucede mucho generalmente es el abogado quien presenta la denuncia en escrito, y en la mayor parte de casos los agraviados interponen su denuncia ante la Policia, sin embargo la ley permite la facultad de denunciar verbalmente ante el despacho del Juez, donde deberá levantarse el acta respectiva por ser un derecho legal. Una vez, que la denuncia llega al Juzgaod de Paz Letrado, Aquí el Juez, si advierte que no existen fundados motivos para iniciar un proceso lo archivará, o dicta una citación a juicio (auto de enjuiciamiento). Por otro lado- el artículo 483.1 - indica que; "la persona ofendida por una falta puede denunciar su comisión ante la Policía o dirigirse directamente al Juez comunicando el hecho, constituyéndose en querellante particular" (ciudadano, ciudadana o representante de la colectividad que resulta agraviado o víctima de una falta). Cabe señalar que esta figura de querellante particular se incorpora como parte eventual en el proceso, quien si bien no está munido de potestad acusatoria autónoma, tiene amplias facultades para apoyar la labor del Ministerio Fiscal en ese sentido y completar aquella carencia de instrumentos del actor civil. Asimismo, cabe señalar que el Código Penal, contempla entre las faltas, las denominadas: contra la persona (artículos 441,442 y 443), contra el Patrimonio (artículos 444, 445, 446, 447 y 448), contra las Buenas Costumbres (artículos 449,450 y 450-a – maltrato de animales -) Contra la Seguridad Pública (artículo 451) y contra la Tranquilidad Pública (artículo 452). El texto del CPP evidentemente resulta incompleto – al igual que la normatividad del vigente Código de Procedimientos Penales, pues si bien es factible que el agredido denuncia las faltas contra la persona y contra el patrimonio e incluso el maltrato físico a los animales, ¿Quien denunciará las faltas contra las buenas costumbres, seguridad y tranquilidad pública?. No olvidemos que dentro del esquema del Nuevo Código la Policía cum ple un rol esencial y no puede constituirse en denunciante e investigador a la vez. Creemos que aquí si debe actuar el Ministerio Público, que por lo demás tiene nula intervención en los procesos por faltas. Quizá el legislador, teniendo en cuenta el territorio nacional, consideró que la intervención del Ministerio Público en el proceso por faltas devenía en innecesaria por cuanto solo dilataría el proceso, sin embargo no debe perderse de vista que conforme al artículo 11 de su Ley Orgánica es el titular de la acción penal pública y si tenemos en cuenta que las faltas son delitos menores, nada impide que en defensa de la sociedad participe como denunciante en los casos de las faltas contra la sociedad o contra el Estado. 5
Por ello consideramos que la nueva norma de corte garantista, contemple la intervención del Ministerio Público en estos casos, no como investigador, sino como denunciante y sustentando en juicio las imputaciones en estos casos. Solo como referencia debe indicarse que el Código Procesal Penal del Uruguay - Leyes 15.738 y 15.032, artículo 311- permite la intervención del Fiscal en Juicio. Más aún el Código Procesal Penal Chileno – Ley 19.696 – al ocuparse de las faltas como Proceso Simplificado (artículos 388 y siguientes), permite la activa participación del Fiscal en el proceso por faltas. 2.3 Del inicio del proceso y la citación a Juicio Si bien la norma contempla en el artículo 483.2 que si el Juez (en el caso de la denuncia por el afectado) considera que el hecho constituye falta y la acción penal no ha prescrito (1 año) siempre que estime indispensable una indagación previa la enjuiciamiento, remitirá la denuncia a la Policía a fin de que efectúe las investigaciones. En este caso el Juez se sustituye al Fiscal y ordena una "indagación" a la Policía, actos que en realidad equivalen a una investigación preparatoria. Indagación que también puede ordenarse cuando la investigación policial remitida - en los casos de denuncia directa a la policía - se encuentre incompleta, ello porque la norma procesal no lo prohíbe. Sin embargo la norma no indica que debe hacer el Juez en los casos de "flagrancia" (donde creemos debe citarse a juicio de manera inmediata) o cuando considere que de la denuncia de parte - ya que no hay otro mecanismo de denuncia - aparecen suficientes elementos para llevar a juicio al imputado sin practicarse indagaciones (el artículo 483.4 tampoco soluciona el problema como se verá más adelante), ni mucho menos precisa el plazo en que la policía debe practicar las indagaciones. Esto último resulta importante puesto que dado el plazo corte de prescripción, la norma debe ser taxativa al establecer el plazo que la autoridad policial debe tener para realizar las indagaciones. Plazo que consideramos, no debe exceder de 15 días. Recibido el informe policial- informe final- con las indagaciones (artículo 483.3), el Juez tendrá un cabal concepto de los hechos (el tipo de falta, vinculación del imputado con los hechos y no prescripción de acción penal) por lo que podrá dictar auto de citación a juicio. Este auto de citación a juicio, debe observar en esencia, lo señalado en los artículos 353 y 354 del CPP, es decir: El nombre del imputado la falta que se le atribuye El nombre del ofendido y si este se ha constituido en querellante particular Los medios probatorios a actuarse, la sede (no hay que excluir la posibilidad que el imputado esté en cárcel por la comisión de algún delito) y Fecha del Juzgamiento, así como el apercibimiento en caso de inconcurrencia del imputado. Por otro lado, con respecto a la dación de la ley 27939, (ley que establece el procedimiento en casos de faltas y modifica los artículos 440, 441 Y 444 del Código Penal) se señala que el Inicio del Proceso por el Juez de Paz Letrado permite examinar lo actuado por la autoridad policial. De existir sólo denuncia escrita u oral, la misma será presentada por el agraviado o su representante ante la autoridad judicial. Siendo que en los casos de flagrancia que originen la detención del agente por presumirse la comisión de delito, la Policía, comunicará de inmediato el hecho al Juez de Paz Letrado, y pondrá al detenido a su disposición, con el respectivo parte de remisión, tan pronto aquél se constituya en la dependencia policial. El Juez
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desestimará de plano la denuncia cuando sea manifiesto que el hecho denunciado no constituye falta. En caso contrario, dictará el auto de apertura de instrucción. Si el hecho constituye delito, el Juez correrá traslado de los actuados, con el detenido, al Fiscal Provincial correspondiente. La declaración del imputado se tomará de inmediato, sin perjuicio de su derecho a ser asistido por un abogado defensor. En los casos que el imputado no se encuentre detenido, se recibirá su declaración dentro del tercer día de notificado por la autoridad judicial, quien podrá disponer su conducción de grado o fuerza. 2.4 De la celebración inmediata de audiencia. Sabemos que, recibido el Informe Policial, el Juez dictará el auto de citación a juicio siempre que los hechos constituyan una falta, la acción penal no haya prescrito y, además, existan fundamentos razonables de su perpetración y de la vinculación del imputado en su comisión (Artículo 483, inciso 3 del NCPP). Ahora, hay que tener en cuenta que el auto de citación a juicio puede acordar la celebración inmediata de la audiencia, apenas recibido el Informe Policial, siempre que estén presentes el imputado y el agraviado, así como si lo están los demás órganos de prueba pertinentes a la causa o, por el contrario, no ha de resultar imprescindible su convocatoria. También podrá celebrarse inmediatamente el juicio si el imputado ha reconocido haber cometido la falta que se le atribuye (Artículo 483.4 del NCPP). Esto es posible en zonas urbanas donde la actividad policial es inmediata y se cuentan con órganos jurisdiccionales en las Comisaría del sector (Juzgados de Paz Letrado con sede en Comisarías); sin embargo en la mayoría de los casos es difícil que agraviado e imputado logren reunirse ante el Juez de manera inmediata. Por ejemplo, en los casos de hurto generalmente la policía logra capturar al infractor de manera inmediata (flagrancia) pero el agraviado por diversas razones no puede acudir de manera inmediata al órgano jurisdiccional, limitándose a poner su denuncia ante la autoridad policial (Chiroque Valladolid, 2013). En caso de no poderse realizar de manera inmediata la audiencia, se fijará la fecha más próxima para la celebración del Juicio convocándose al imputado, al agraviado y a los testigos que corresponda (Artículo 483.5 del NCPP). Al respecto, Machuca Fuentes considera que hubiera sido más conveniente señalar un plazo perentorio para la citación a audiencia, el cuál, a su opinión, no debería ser mayor de 10 días (Machuca Fuentes, www.incipp.org.pe). 2.5 Del inicio de la Audiencia. Una de las características del proceso penal moderno es la oralidad; así en el caso de las faltas, el artículo 484 establece la forma como se realiza la audiencia, y su desarrollo es el más simplificado posible. La audiencia, en este proceso se realiza en una sola sesión, pudiéndose suspender hasta por tres días, ya sea a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando resulte imprescindible la actuación de algún medio probatorio (484.5 del NCPP). La audiencia deberá instalarse con la presencia del imputado y su defensor. Si el imputado no tiene abogado se le nombrará uno de oficio, salvo que en el lugar del juicio no existan abogados o éstos resulten manifiestamente insuficientes (Artículo 484.1 del NCPP). Evidentemente lo anterior resulta excepcional puesto que debe garantizarse el derecho a la defensa del proceso por lo que el procesado a comparecer a juicio siempre debe estar asistido por defensor (Machuca Fuentes, www.incipp.org.pe). 7
Un problema que se presenta es cuando el denunciado concurre sin un abogado defensor. Generalmente en la zona urbana hay suficientes letrados y mayormente no existe mayor problema, salvo cuando el acusado señala no tener abogado defensor ni medios económicos para contratarlo. Entonces, ¿Qué sucede si aun así no se consigue un defensor, si en un lugar determinado no hay abogados o su traslado es oneroso? En estos casos, considera Machuca Fuentes, el juez debe efectuar el juzgamiento dejando en claro esta circunstancia y preservando en lo posible el derecho a la defensa de las partes. Pues frustrar el juzgamiento sería fomentar la impunidad. (Machuca Fuentes, La problemática de los procesos por faltas en el Código Procesal Penal de 2004) También se permite la concurrencia del querellante y su defensor (este último de manera potestativa pues la ley no establece su concurrencia como obligatoria). Se ha discutido la posibilidad de aplicar la figura del desistimiento tácito que está contemplado en artículo 110 del NCPP, sin embargo, estamos ante una regla especial de este proceso por faltas que es el que debe primar, además que estamos ante la presencia de infracciones que inciden en bienes jurídicos que tienen relevancia social como la propiedad, la salud, e integridad personal, de diferente jerarquía como lo son los delitos contra el honor o la intimidad de un ámbito de derechos personalísimos (Arburú Martinez, 2015), No existe legalmente otro mecanismo para efectuar el juicio si el agraviado no se encuentra presente en audiencia, puesto que –acorde con la norma –el querellante particular es quien sostiene la acusación. Por ende, no hay juzgamiento de oficio, aun cuando, como sucede en el caso de las lesiones, exista un certificado médico que acredite la agresión, lo que en muchos casosfomenta la impunidad de estos delitos menores (Machuca Fuentes, La problemática de los procesos por faltas en el Código Procesal Penal de 2004). Las partes, podrán asistir acompañados de los medios probatorios que pretendan hacer valer testigos, documentos si fuere el caso. Una vez instalada la audiencia, el juez realizará una breve relación de los cargos que aparecen del Informe Policial o de la querella. Que el Juez detalle al procesado los cargos en su contra no significa que sea una acusación (Machuca Fuentes, www.incipp.org.pe). Ahora, recordando que no es obligatoria la presencia del agraviado, la inconcurrencia del agraviado constituido en querellante particular no frustraría la audiencia, a juzgar por lo estipulado por el artículo 484.1 del NCPP. Si éste estuviese presente, el juez instará a una posible conciliación entre las partes (Artículo 484.2 del NCPP). Así, lo que existe antes de la instalación de la audiencia es o un informe policial o una denuncia de parte; no una pretensión penal acusatoria concreta, previa y expresa. Cuando se habla de acusación previa al juicio, la exigencia es de una acusación real, expresa y no implícita, que ha de quedar definitivamente perfilada con miras a posibilitar el ejercicio del derecho a la defensa por el imputado y la emisión de la sentencia. De allí que la breve relación de los cargos que el juez hace en función del informe policial o de la denuncia de parte en modo alguno suple la carencia de acusación (Castro Trigoso). Es necesario añadir que las cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones y cuestiones de competencia se podrán deducir hasta antes de pronunciarse la sentencia. En el mismo escrito se propondrán los medios de prueba que correspondan, siempre que sean de
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actuación inmediata. Asimismo, estos se resolverán en la sentencia (Artículo 4 de la Ley Nº 27939). 2.6 De la conciliación dentro del proceso. El Decreto Legislativo Nº 767, Ley Orgánica del Poder Judicial, en su Artículo 64 se establece que el Juez de Paz, esencialmente, es Juez de Conciliación. Consecuentemente está facultado para proponer alternativas de solución a las partes a fin de facilitar la conciliación, pero le está prohibido imponer un acuerdo. En el proceso penal por falta se ha establecido que la conciliación o la celebración de un acuerdo es la primera alternativa que debe intentarse en la audiencia para componer el conflicto entre las partes (Abanto Quevedo, 2013). En el articulo 484.2 del NCPP indica que luego de leer los cargos en contra del procesado, el juez instará a las partes a una conciliación y la celebración de un acuerdo de reparación de ser el caso. Es evidente que, si la parte ofendida es la sociedad o el estado, no habrá concili ación posible (Machuca Fuentes, www.incipp.org.pe). Debe considerarse los bienes jurídicos tutelados o por decirlo disponibles consagrados en las faltas contra la persona, por ejemplo los procesos judiciales derivados de violencia familiar en cualquiera de sus modalidades, deben exceptuarse para la conciliación por vulnerar la integridad física o psicológica que se encuentra vinculados a derechos de primera generación como es la vida, por ello a fin de impedir la impunidad de este tipo de ilícitos penales no pueden ponerse fin al proceso mediante conciliación. ( Salinas Sánchez, 2017) Si el imputado y el agraviado logran conciliar, firmarán el acta de conciliación y el juez tendrá que homologar el acuerdo de las partes, dando por concluida las actuaciones (artículo 482.2 del NCPP). Es decir, con la conciliación se da por concluido el proceso. Ahora, si no se legra la conciliación entre las partes, el juez preguntará al imputado si admite su culpabilidad, es decir, se continuará con la etapa de juzgamiento, tema que trataremos a continuación. 2.7 Del juzgamiento El juzgamiento para el caso de los procesos por faltas es una etapa procesal “opcional”
dentro de la audiencia única, puesto a que su realización depende mucho del éxito existente en la etapa conciliatoria, en la cual el agraviado y el imputado buscan llegar a un acuerdo entre los dos sin necesidad de una decisión resolutoria emitida a criterio del juez. Asimismo se admite que en caso el denunciado acepte los cargos que se le imputa y no se necesite la actuación de otro medio probatorio de importancia, el juez prescindirá del juzgamiento, dará por finalizada la fase de del debate y dictará sentencia inmediatamente. Así el código consagra que: “ARTÍCULO 484° 3. De no ser posible una conciliación o la celebración de un acuerdo, se preguntará al imputado si admite su culpabilidad. Si lo hace, y no fueran necesarios otros actos de prueba, el Juez dará por concluido el debate y dictará inmediatamente la sentencia correspondiente. La sentencia puede pronunciarse verbalmente y su protocolización por escrito se realizará en el plazo de dos días. 4. Si el imputado no admite los cargos, de inmediato se le interrogará, luego se hará lo propio con la persona ofendida si está presente y, seguidamente, se recibirán las pruebas
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admitidas y las que han presentado las partes, siguiendo las reglas ordinarias, adecuadas a la brevedad y simpleza del proceso por faltas. 5. La audiencia constará de una sola sesión, Sólo podrá suspenderse por un plazo no mayor de tres días, de oficio o a pedido de parte, cuando resulte imprescindible la actuación de algún medio probatorio, Transcurrido el plazo, el juicio deberá proseguir conforme a las reglas generales, aun a falta de testigo o perito requerido. 6. Escuchados los alegatos orales, el Juez dictará sentencia en ese acto o dentro del tercer día de su culminación sin más dilación. Rige lo dispuesto en el numeral 3 del presente artículo.” De lo citado anteriormente, así como de todo el texto establecido en el artículo 484° del NCPP existe una situación en la cal existe cierta controversia: La contradicción en el supuesto de ausencia de la parte agraviada. 3.7.1. El principio de contradicción en el proceso de faltas Aun cuando pareciera que, el asunto de la investigación de faltas se reduce a la intervención diligente del agraviado debid amente constituido en “querellante particular”, en realidad nuestro luciente código procesal nos plantea un problema cuando expone que la audiencia de juicio oral puede realizarse sin la presencia del agraviado y, con la sola expresión de hechos realizada por la Policía Nacional, expone la posibilidad de realizar el debate sin la presencia del acusador, ordenando la realización del interrogatorio. El tema es ¿cómo puede haber debate si no hay posibilidad de asegurar la contradicción de las partes? Las reglas generales del juzgamiento penal exigen que, la instalación de la audiencia es posible con la presencia del juez, del fiscal y del acusado y su defensor. Sin ellos no es posible iniciar el juicio, entonces ¿cómo puede instalarse la audiencia del proceso de faltas sin la presencia de quien hace las veces de “acusador”?.
El principio de contradicción exige que el proceso penal permita dos contendores: uno que acusa y el otro que se defiende, y posibilita que ambas partes puedan sustentar sus pretensiones respecto de los cargos de imputación y de prueba para cuyo efecto ambas partes exponen sus posiciones preliminares y, luego de la actuación probatoria sustentan lo que han logrado probar a fin de generar convicción en el juzgador para su decisión final. Así, el proceso es una controversia entre dos partes contrapuestas: entre el acusador y el imputado. El juez, en calidad de imparcial, se asemeja a un árbitro que debe decidir en función de las pretensiones y de las pruebas aportadas por cada una de las partes. En el nuevo código procesal penal el principio de contradicción está recogido en el art. 359 para su aplicación en el juicio oral del proceso común; sin embargo ello no enerva que pueda aplicarse a cualquier otro tipo de proceso especial, justamente, porque ha alcanzado la calidad de principio rector al haberse recogido en el título preliminar del Código Procesal Penal, cuando en su art. I, inc.2 señala el derecho de toda persona a un juicio previo, oral, público y contradictorio, adquiriendo con ello preeminencia respecto de cualquier otra disposición procesal. La contradicción procesal, a su vez, nos remite al principio acusatorio, en virtud del cual, como bien dice REYNA ALFARO, la apertura del proceso penal se encuentra condicionado a la excitación de la actividad jurisdiccional a través de una denuncia o de una querella, materializándose así lo que el viejo adagio germánico anuncia de forma simple: “donde no hay acusador no hay juez”.
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En el proceso de faltas, siendo que el Ministerio Público no actúa; sí que debe existir “alguien” que sustente la pretensión y, el art. 483 señala que la iniciación del proceso le corresponde a la “persona ofendida”, convirtiéndose, en consecuencia, en la parte acusadora y,
obligada por tanto, a proponer su imputación y sustentar los términos de su acusación. La norma antes citada y, que se anota, permite la instalación de la audiencia y la realización del interrogatorio, sin exponer quien debe realizarlo, pero señala que se actuará “siguiendo las reglas ordinarias”.
Éstas exponen que el interrogatorio realizado por las partes procesales, lo que es congruente con los principios que regulan la litigación penal. El juez actúa como un director de debate sin facultad inquisitiva, sin capacidad de generar nueva información, salvo la de aclarar la ya aportada al proceso. Entonces, estando ya en audiencia, y sin la presencia del agraviado –constituida en querellante particular- ¿Quién hará las veces de acusador? Dice BAYTELMAN que, el primer interrogatorio o también llamado examen directo lo efectúa la parte que ofrece al órgano de prueba. Si se trata de un testigo, le corresponde interrogar, en primer lugar, a quien ofreció a dicho testigo. Terminado este interrogatorio, la parte contraria tiene derecho a “contra -interrogar”, es decir a cuestionar o poner a prueba la información obtenida en el examen directo. En el caso del imputado, las normas procesales son menos exigentes, en razón al derecho de presunción de inocencia que le asiste al acusado; de allí, que, ya estando en juicio, luego de explicarle sus derechos y hacerle saber la imputación planteada en su contra, la primera pregunta a realizársele es: ¿se considera responsable de la acusación que se le realiza? Si la respuesta es no, entonces, se aplica el art. 376 del código adjetivo penal, que ofreciéndosele la palabra para que narre libremente los hechos pertinentes al caso. Es evidente, que su propio abogado defensor no le hará preguntas inquisitorias respecto de los hechos materia del juzgamiento de faltas, entonces ¿el juez debe suplir la ausencia del agraviado (querellante particular)? Pareciera que la redacción del 484 del código procesal invita a que el juez sea quien realice el interrogatorio, sin embargo, creemos la redacción ofrecida responde a una deficiencia de técnica legislativa y desatención de los principios que inspiran al nuevo sistema procesal penal. Se trata de una reminiscencia del antiguo proceso penal de 1940, con lo que de efectuarse en la práctica jurisdiccional el juez se convertiría en el inquisidor, que se pretende dejar de ser. Viene en nuestra salvación la aplicación del desistimiento tácito reconocido en el art. 110 y, del cual ya hemos tratado parágrafo anterior. 2.8 Medidas de coerción Sobre el presente tema, el NCPP establece en su artículo 485 que: “ARTÍCULO 485: MEDIDAS DE COERCIÓN: 1. El Juez solo podrá dictar mandato de comparecencia sin restricciones contra el imputado. 2. Cuando el imputado no se presente voluntariamente a la audiencia, podrá hacérsele comparecer por medio de la fuerza pública, y si fuera necesario se ordenará la prisión preventiva hasta que se realice y culmine la audiencia, la cual se celebrará inmediatamente.” 11
Neyra Flores cataloga al proceso por faltas como un proce so donde se trata un “conflicto de menor entidad”, recalcando a su vez la tendencia de nuestro “nuevo” código procesal penal
de dar primacía a la libertad por sobre la restricción de derechos, situación muy distinta a la plasmada en la regulación que daba el Código de procedimiento penales de 1940. Es evidente entonces que el garantismo ha influenciado de cierta forma los parámetros de nuestro actual código, con lo cual hemos dado paso al reconocimiento de derechos y al establecimiento de supuestos más restringidos en lo que respecta a la restricción del libre ejercicio de los derechos fundamentales. La imposición de medidas coercitivas tales como la detención o la prisión preventiva han pasado a tener que ser analizadas de una manera exhaustiva por el juez antes de imponerse al o a los imputados, teniendo que concurrir además una serie de presupuestos expresamente señalados en la norma correspondiente, caso contrario no pueden aplicarse; asimismo podemos ver que para el caso del proceso por faltas hablamos (tal como dijo Neyra Flores) de hechos ilícitos cuya gravedad es mucho menor en comparación con los delitos previstos en el libro II de nuestro código penal vigente, por lo cual la razonabilidad debe hacerse presente dentro de todo el proceso como también de cada etapa procesal correspondiente al mismo. Analizando lo descrito por el NCPP, este es claro en señalar como única medida coercitiva aplicable para el proceso por faltas al mandato de comparecencia sin restricciones; siendo esta la regla general, la cual (como otros) preceptos cuenta con una excepción de la cual posteriormente trataremos. Debemos entender que a pesar de que el mandato de comparecencia sin restricción esté agrupada con las medidas de coerción, ésta más se asemeja con una obligación impuesta hacia el imputado que con una medida que restringe el ejercicio de derechos. De la denominación misma que otorga la norma a esta medida salta claramente su contenido mínimo, el cual claramente no configura una significativa vulneración al contenido de los derechos del imputado. No obstante debemos señalar que el legislador tuvo la previsión de establecer un supuesto aplicable para los casos en los cuales haya un incumplimiento de lo expresado en el primer párrafo sobre la orden de comparecencia sin restricciones. Así, el inciso 2 del artículo 485 del NCPP nos menciona que si el imputado no se presente voluntariamente a la audiencia, puede hacérsele comparecer haciendo uso de la fuerza pública. Y si fuera necesario se puede ordenar la prisión preventiva. Hasta que se realice y culmine la audiencia, la cual se celebrará inmediatamente. Partamos del punto en el cual la comparecencia posee una naturaleza obligacional para el imputado, de aquí podríamos entender que ante el incumplimiento de tal obligación impuesta procede como sanción al incumplimiento la comparecencia compulsiva haciendo uso de la fuerza pública. Esto supondría una agravación a la situación del imputado originado en su propia inobservancia de una orden que debía cumplir. Asimismo esta situación podría agravarse aún más con la variación de la medida a una prisión preventiva; sin embargo, esta prisión preventiva a la cual se hace alusión en el artículo 485 se trataría de un caso especialísimo acorde a la naturaleza del proceso puesto a que su duración culminaría (según lo señalado en el código) hasta la finalización de la audiencia. Asimismo se habla que dicha audiencia se realizará de manera inmediata, sin precisarse un plazo referencial establecido, por lo cual esto quedaría a criterio del juez, debiendo tomarse en cuenta que dicha audiencia debe realizarse dentro de un 12
corto período de tiempo el cual a su vez se el suficiente para que se respete la correcta realización del acto procesal así como el correcto ejercicio del derecho de defensa de ambas partes. 2.9 Recursos Impugnatorios ARTÍCULO 486: RECURSO DE APELACIÓN: 1. Contra la sentencia procede recurso de apelación. Los autos serán elevados en el día el Juez Penal. 2. Recibida la apelación, el Juez Penal resolverá en el plazo improrrogable de 10 días, por el sólo mérito de lo actuado, si es que el recurrente no exprese la necesidad de una concreta actuación probatoria, en cuyo caso se procederá conforme a las reglas comunes, en cuanto se adecuen a su brevedad y simpleza. Los abogados defensores presentarán por escrito los alegatos que estimen, sin perjuicio del informe oral que puedan realizar en la vista de la causa, la que se designará dentro de los veinte días de recibidos los autos. 3. Contra la sentencia del Juez Penal no procede recurso alguno. Su ejecución corresponderá al Juez que dictó la sentencia de primera instancia. Encontramos en este artículo el contenido del principio de la doble instancia. En consideración del Tribunal Constitucional este señala: “El derecho a la pluralidad de instancia s forma parte del debido proceso judicial y goza de reconocimiento a nivel internacional en la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual en su artículo 8° inciso 2 parágrafo h) ha previsto que toda persona tiene el “ Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior …”. El Tribunal Constitucional tiene expuesto, en uniforme y reiterada jurisprudencia, que el derecho de acceso a los recursos o a recurrir las resoluciones judiciales, es una manifestación implícita del derecho fundamental a la pluralidad de la instancia, reconocido en el artículo 139º, inciso 6, de la Constitución, el cual, a su vez, forma parte del derecho fundamental al debido proceso, reconocido en el artículo 139º, inciso 3, de la Norma Fundamental 8. Con relación al contenido del derecho a la pluralidad de la instancia, se encuentra establecido que se trata de un derecho fundamental que “tiene por objeto garantizar que las
personas, naturales o jurídicas, que participen en un proceso judicial tengan la oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes, formulados dentro del plazo legal 9”. En esa me dida, el derecho a la pluralidad de la instancia guarda también
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Cfr. SSTC 1243-2008-PHC, fundamento 2; 5019-2009-PHC, fundamento 2; 2596-2010-
PA; fundamento 4 9
Cfr. RRTC 3261-2005-PA, fundamento 3; 5108-2008-PA, fundamento 5; 541 5-2008-PA,
fundamento 6; y STC 0607-2009-PA, fundamento 51 13
conexión estrecha con el derecho fundamental a la defensa, reconocido en el artículo 139º, i nciso 14, de la Constitución. En nuestro ordenamiento jurídico reconocemos el derecho a la denominad a “pluralidad de instancias” o “principio de doble instancia”, siendo requisito indispensable en la justicia
ordinaria penal que las partes en el proceso puedan ejercer su derecho al debido proceso, solicitando mediante un recurso que se efectúe una revisión del caso por otro juez (superior en grado generalmente) para que emita un pronunciamiento sobre éste, teniendo facultad para confirma lo expresado por el A quo, o revocar lo resuelto en primera instancia, o asimismo declarar nulo el proceso en caso que se observen arbitrariedades o vicios en la realización de las etapas procesales. Debe aclararse para el presente punto, que basta con garantizar una segunda revisión del caso por un superior en grado para tener por amparado o garantizado el derecho a la doble instancia, sin ser necesario una tercera o múltiples revisiones posteriores, puesto a que si éstas fueran factibles por nuestro ordenamiento jurídico, se atentaría de manera evidente a la seguridad jurídica y a la impartición de justicia. ¿Qué grado de fuerza tendría una decisión resolutoria emitida por un juez si ésta fuera sometida a una multiplicidad de revisiones? La respuesta salta a la luz en un lógico razonar que ha sido adoptado no solo por nuestra legislación sino por otras de manera casi general. Avocándonos al texto normativo del artículo 486 encontramos el establecimiento de plazos referidos a las actuaciones realizadas post apelación. Asimismo vemos que los actuados se elevan el mismo día en que se interpone el mencionado recurso impugnatorio. Sin embargo el citado artículo señala otro supuesto en el cual el apelante indica la necesidad de una actuación probatoria. Para verificar la forma en que se debe de realizar la mencionada actuación debemos remitirnos a los artículos 421 al 425 del NCPP, e los cales se indican las normas generales para la realización de la admisión del recurso de apelación, plazo para la audiencia, realización de la audiencia de vista de la causa y plazo para emitir sentencia. El artículo 425 establece 10 días como el plazo para qe el superior jerárquico emita sentencia, lo cual tiene concordancia con lo señalado en las reglas especiales del proceso por faltas. Finalmente debemos recalcar que el carácter firme de la decisión emitida en segunda instancia queda garantizada con el precepto consagrado en el numeral 3 del artículo 486 donde señalan que contra la sentencia emitida por el juez revisor no procede recurso alguno, cumpliendo con garantizar a la vez la pluralidad de instancias y asimismo resguarnecer la seguridad jurídica y la importancia y valor de las decisiones judiciales. Al igual que en las normas generales, el encargado de la ejecución de la sentencia es el juez de primera instancia, para el caso del proceso por faltas, esta función recaería al juez de paz letrado.
CAPÍTULO III
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FORMAS ALTERNATIVAS DE CONCLUIR EL PROCESO Nuestro sistema jurídico admite que los casos de procesos que se inician por ejercicio privado de la acción penal están sujetos al principio dispositivo, depende de su inicio o término de la voluntad del querellante o agraviado, por lo que se reconoce que el perjudicado puede desistirse o transigir sobre la querella o denuncia en cualquier estado del procedimiento. Asimismo, acarrea la consecuencia del archivo del proceso. “En cualquier estado de la causa, el agraviado o querellante puede desistirse o transigir, con lo que se dará por fenecido el proceso” (Art 487 del Nuevo Código Procesal Penal) “(...) la acción penal se extingue: (...) en los casos que solo proceda la acción privada,
esta se extingue además de las establecidas por el numeral uno, por desistimiento y por transacción (...)” (Art 78, inciso 3, del Código Penal)
3.1 Desistimiento El desistimiento es el acto procesal unilateral del sujeto de un litigio por el cual declara su voluntad de no proseguir con el proceso, el pedido o el recurso incoado ante la judicatura. Este, además, puede ser expreso o tácito como lo desarrollaremos en la siguiente división. (Tupez, 2013) “El querellante particular podrá desistirse expresamente de la querella en cualquier
estado del procedimiento, sin perjuicio del pago de costas. Se considerará tácito el desistimiento cuando el querellante particular no concurra sin justa causa a las audiencias correspondientes, a prestar su declaración o cuando no presente sus conclusiones al final de la audiencia. (…)” (Art
110 del Nuevo Código Procesal Penal) 3.1.1 Des is timiento E xpres o
En la legislación procesal penal se tiene que el querellante particular puede desistirse expresamente de la querella en cualquier estado del procedimiento, lo que no lo eximirá del pago de costas. El desistimiento de la acción penal privada por un caso de falta es voluntario, “equivale a conceder a la víctima poder dispositivo sobre el objeto del proceso penal, sobre la persecución 10”.
Como tal, puede presentarse antes de realizar la audiencia única del caso o durante ésta. Durante la investigación policial, puede presentarse el desistimiento, evitando que el caso llegue a conocimiento del Juez. Ya si el caso denunciado ha sido enviado con informe policial al Juzgado de Paz Letrado o al Juzgado de Paz, estando listo para su calificación y la emisión del auto de enjuiciamiento, aún es posible presentar el desistimiento. El art. 487 del CPP 2004 establece que “En cualquier estado de la causa, el agraviado o querellante puede desistirse o transigir, con lo que se dará por fenecido el proceso.”
Si se produjese el desistimiento expreso de la acción penal privada por escrito o verbalmente frente al Juez y su Secretario Judicial, antes o durante la audiencia, se debe acceder a dicho pedido después de verificar que el querellante particular no actúa compelido por ningún factor externo ilícito y que comprende el alcance de esta manifestación de voluntad 11. 10
San Martín Castro, César Eugenio. «Derecho procesal penal». Vol. II. Lima: Grijley, 2003. CPP 2004, art. 464.3: El que se ha desistido de una querella o la ha abandonado, no podrá intentarla de nuevo.
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Puede oponerse a la consideración de este último efecto la literalidad de la disposición procesal, que se refiere a quien “se ha desistido de una querella” al no ser el proceso penal por
falta, en estricto, uno por querella. Sin embargo, el autor del artículo cree necesario indicar que el incipiente estado regulatorio del proceso penal por falta obliga a la integración normativa a través de la interpretación sistemática 12. Esta posibilidad está habilitada expresamente para el caso por el art. 483.1 del CPP 2004. De ese modo, todas las disposiciones procesales que reconocen derechos y facultades del querellante particular, pero que también le fijan límites y consecuencias preclusivas a sus decisiones, son aplicables en tanto sean “adecuadas a la brevedad y simpleza del proceso por faltas” (art. 484. 4 in fine del CPP 2004).
3.1.2 Des is timiento Tácito (…) Se considerará tácito el desistimiento c uando el querellante particular no
concurra sin justa causa a las audiencias correspondientes, a prestar su declaración o cuando no presente sus conclusiones al final de la audiencia. (…)” (Art 110 del Nuevo Código Procesal
Penal) El desistimiento tácito sólo es posible intraproceso. Se requiere de la previa emisión del auto de enjuiciamiento, en el que se califica el hecho denunciado, se considera la pretensión penal y la justificación de la pretensión resarcitoria opuestas por el querellante o agraviado particular, se señala fecha para realizar la audiencia única y se requiere a las partes asistir con sus abogados defensores y con los elementos y medios de prueba que pretendan hacer valer. Es muy importante contar con las constancias de notificación, hechas a ambas partes oportunamente, esto es, antes del momento señalado para realizar la audiencia 13. Al llegar el día y hora exacta señalados para la audiencia única, si no asisten ambas partes, obviamente la audiencia no se realiza. Tampoco si es que sólo asiste el querellante o agraviado particular. En el primer escenario, sin embargo, el Juez de Paz Letrado no debe reprogramar la audiencia de oficio, ya que el proceso penal por falta inició por impulso del querellante particular (ciudadano, ciudadana o representante de la colectividad que resulta agraviado o víctima de una falta) y bajo el mismo principio debe continuar o no. (Quevedo, 2012) Para que el proceso penal continúe y se pueda acceder al expreso pedido de reprogramación de la audiencia, el querellante particular debe acreditar antes de la audiencia para la que fue correctamente citado y notificado, la justa causa de su inasistencia, las razones por las que no se hizo presente en las diligencias programadas, por ejemplo, una enfermedad repentina presentando para tal efecto un certificado médico, o hacerlo “dentro de las cuarenta y 12
La naturaleza, derechos, facultades y sanciones procesales que son propias del querellante particular se encuentran desarrollados en el propio CPP 2004, pues a él se hace imperativo recurrir en aplicación de la interpretación sistemática de las disposiciones legales de carácter procesal. Ergo, el art. 483 del CPP 2004 es una disposición legal remisiva respecto al Capítulo III (arts. 107 a 110) del Título IV de la Sección IV del Libro Primero del CPP 2004, pero también de la Sección IV (arts. 459 al 467) del Libro Quinto del mismo Código, referido a los Procesos Especiales (querella). Basta cotejar la referencia que entre sí realizan los artículos citados, en procura de unidad y coherencia sistemática, para advertir que el objetivo de la concordancia es eliminar el riesgo de antinomias o vacíos legales. 13 Si ambas partes han señalado domicilio procesal en la etapa de investigación policial o lo han hecho cuando el informe policial ya ha sido enviado al Juzgado de Paz Letrado, deberá ordenarse realizar la notificación solo en el domicilio procesal señalado. Esto se hace así en observancia de los incisos 3 y 4 del art. 127 del CPP 2004.
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ocho horas siguientes a la fecha fijada para aquella”, siendo este un plazo de caducidad. Si
ninguna de esas opciones es ejercida por el querellante particular, corresponde declarar de oficio el desistimiento tácito de la acción penal 14, por consiguiente, el archivo definitivo del caso además de la anulación de los antecedentes policiales generados contra el procesado (si la denuncia se presentó ante esa dependencia). Ya que las disposiciones procesales tienen carácter imperativo, pues vinculan a las partes con el poder estatal y este a su vez se legitima en tanto cumpla los estándares de eficacia, celeridad15, seguridad jurídica y respeto por las libertades individuales, ante el ejercicio doble de la opción omisiva del querellante particular (no asistir a la audiencia y luego no justificar oportunamente dicha inasistencia) debe aplicarse la consecuencia prevista en el citado art. 110 del CPP 2004, es decir el cobro de costas del proceso. 3.1.2.1 Inconcurrenc ia de la parte agraviada a la audiencia de juicio: ¿ Des is timiento tácito?
Aquí hay posiciones contrarias entre sí, respecto a este tema: Por un lado Arbulú, nos dice que: “La audiencia se instalará con la presencia del imputado y su defensor, y de ser el caso, con la concurrencia del querellante y su defensor, conforme al artículo 484.2. Entonces es claro que esta norma establece que se pueda llevar a cabo la audiencia sin la presencia obligatoria del agraviado que es querellante particular. Se ha discutido la posibilidad de aplicar la figura del desistimiento tácito que está contemplado en el artículo 110 del NCPP, sin embargo estamos ante una regla especial de este proceso por faltas que es el que debe primar, además que estamos ante la presencia de infracciones que inciden en bienes jurídicos que tienen relevancia social como la propiedad, la salud e integridad personal, de diferente jerarquía como lo son los delitos contra el honor o la intimidad de un ámbito de derechos personalísimos” (Martinez, 2015) Por otro lado, el Pleno Jurisdiccional Distrital de Jueces Especializados Penales y Jueces de Paz Letrados de Arequipa de veintitrés de julio de dos mil diez, se adhirió a la postura que considera que el querellante particular es el titular del derecho de acción, esto es que se constituye en el titular del derecho subjetivo sugerido a quien se ha afectado su bien jurídico. Si nos encontramos frente a un verdadero proceso penal donde no existe la figura del Ministerio Público, el querellante particular se constituye en el persecutor de la acción penal y civil del agente, por lo tanto, si este no concurre a la audiencia, esta inasistencia importaría un desistimiento tácito de la acción, por lo que se debe tener por desistido y archivar el proceso, a esta posición nos suscribimos más aún cuando Maza Martín 16 señala que este procedimiento es, en lo posible, reducido de formalismos y con mayor agilidad en su desenvolvimiento, en primacía de los principios de celeridad y oralidad. (Cordova, 2014) Como ya vimos anteriormente, para Quevedo, también habría desisti miento tácito, y este se basa en el art.110 del NCPP. 14
A favor, Machuca (Faltas contra la integridad física y el patrimonio 2011, 87) Sánchez (2009, 28) opina: “la reforma implica cambio de actitud, mayor dinamismo, celeridad, observancia al debido proceso y a las normas de procedimiento, respeto a las autoridades judiciales y a sus decisiones”. 16 MAZA MARTÍN, José Manuel. “Breves apuntes para una reforma del juicio de faltas”. En: Revista del Poder Judicial, España, Número especial XIX de 2006, pp. 375 y 376 . Citado por: NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal & litigación oral. IDEMSA, Lima, 2010, p. 480. 15
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Algo que debe tenerse en cuenta, es que el agraviado es también testigo y su decisión de no asistir no es totalmente suya, pudiendo el Juez determinar algún grado de obligatoriedad. Así el Reglamento de General de Audiencias bajo las normas del Código Procesal Penal, aprobado mediante Resolución Administrativa número 096-2006-CE-PJ del 28 de junio del 2006 establece en su artículo 54.2 referido específicamente a la audiencia del proceso de faltas, que: “En el auto de citación a juicio se señalará lugar, día y hora para la audiencia única en la que se llevará a cabo el Juicio Oral. Para tal efecto se convocará al imputado y agraviado. […] Se har á indicación expresa que la inasistencia del imputado determinará su conducción por medio de la fuerza pública […]. Precisará si la concurrencia del agraviado es obligatoria o facultativa.” Se puede observar que esta norma refuerza el concepto de que la asistencia del agraviado es en general facultativa, pudiendo determinar el Juez en virtud a las circunstancias que pueda apreciar de la denuncia que el agraviado asista obligatoriamente, estableciendo los apremios pertinentes. (Rodríguez, 2013) Ahora, mi posición es la siguiente. Si bien conforme al art.484.2, la audiencia se instalará con la presencia del imputado y su defensor, y de ser el caso, con la concurrencia del querellante y su defensor, conforme al artículo. E l mismo art. señala “y de ser caso” por lo que resultaría facultativo del Juez determinar en qué casos, resultaría necesario la presencia del agraviado o querellante a la audiencia, y en que otros casos no. Ya que, si no es necesaria su presencia en determinados casos, la audiencia se llevaría a cabo sin la presencia de este; ahora más bien, si resultaría necesaria su presencia en la audiencia, esta no podría llevarse a cabo. También se configuraría desistimiento tácito, si no hubiera señalado causa justa antes de la audiencia para pedir su reprogramación, o dentro de las 48 horas en las que se le cito para esta. Asimismo, conforme señala el Pleno Jurisdiccional Distrital de Jueces Especializados Penales y Jueces de Paz Letrados de Arequipa, al no existir la figura del Ministerio Público, el querellante particular se constituye en el persecutor de la acción penal y civil del agente, por lo tanto, si este no concurre a la audiencia, esta inasistencia importaría un desistimiento tácito de la acción. 3.1.2.2 Des is timiento tácito en el cas o de proces o por violencia familiar
El problema surge en los casos donde la presión a las víctimas ocasiona que estas no concurran al juicio, lo que obliga a aplicar el artículo 462.2 del NCPP. No existe legalmente otro mecanismo para efectuar el juicio si el agraviado no se encuentra presente en audiencia, puesto que acorde con la norma el querellante particular es quien sostiene la acusación. Por ende, no hay juzgamiento de oficio, aun cuando, como sucede en el caso de las lesiones, exista un certificado médico que acredite la agresión, lo que en muchos casos fomenta la impunidad de estos delitos menores (Cordova, 2014) El artículo 7º de la Ley N° 27939 (modificado por la Ley N° 29990), aplicada de forma supletoria en judicaturas en que aún está vigente el Código de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: “Artículo 7. - Desistimiento o transacción No procede la transacción ni el desistimiento en los procesos de faltas contra la persona derivados de violencia familiar.” Así también, el acuerdo plenario del presente año realizado en Moquegua , donde se desarrolló este tema, señala como conclusión lo siguiente: 18
“Rechazar el desistimiento y continuar con el juicio a pesar que la agraviada no esté
de acuerdo, pues la agresión proviene de un hecho que ha generado un proceso de Violencia Familiar, en aplicación extensiva del articulo el artículo 7o de la Ley N° 27939 (modificado por la Ley N° 29990).”
3.2 Transacción Penal Es un acuerdo, en el que se establece las concesiones reciprocas entre el querellante o agraviado e imputado. La misma se formalizada ante el juez. 3.2.1 Formalización
No se establece los requisitos para la formalización, así es que podemos acudir al Código Procesal Civil que establece como formalidad, en el artículo 335, así: “La transacción judicial debe ser realizada únicamente por las partes o quienes en su
nombre tengan facultad expresa para hacerlo. Se presenta por escrito, precisando su contenido y legalizando sus firmas ante el Secretario respectivo. Si habiendo proceso abierto las partes transigen fuera de este, presentarán el documento que contiene la transacción, legalizando sus firmas ante el Secretario respectivo en el escrito en que la acompañan, requisito que no será necesario cuando la transacción conste en escritura pública o documento con firma legalizada”. 3.2.2 Homolog ación
El juez deberá homologar la transacción haciendo un control de legalidad. Solo la aprobará la transacción si esta contiene concesiones recíprocas (art. 337 del CPC). En tanto que estamos ante derechos disponibles y el CPC centra la concesión sobre derechos patrimoniales; sin embargo, las pretensiones del acusador privado son de naturaleza sancionatoria con pena, y patrimonial o reparatoria. Entonces podemos admitir que en la transacción se puede acordar la aceptación de la responsabilidad, la sanción y la indemnización. En cualquiera de estos acuerdos debe darse la característica esencial de la transacción como son las concesiones recíprocas. Por ejemplo, la no aplicación de sanción penal pero sí la indemnización; o una sanción, pero con la disminución o eliminación de la reparación civil. Todo esto dentro de los marcos de los delitos materia del proceso de querella. Haciendo el control de legalidad, el juez lo aprobará si al verificar la transacción concluye que no afecta el orden público o las buenas costumbres. Declarará concluido el proceso si alcanza a la totalidad de las pretensiones propuestas, en el caso de la querella, la penal y la civil. Si hay decisión sobre el fondo; pero no se encuentra firme, quedará sin efecto puesto que se privilegiará la validez de la transacción que resuelve la controversia. La transacción que pone fin al proceso tiene la autoridad de cosa juzgada y si se diera el incumplimiento de la transacción no autoriza al perjudicado a solicitar la resolución de esta. (Arburú Martinez, 2015)
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