La Invalidez e Ineficacia del Acto Juridico en la Jurisprudencia- Juan Espinoza Espinoza.pdf

Juan Espinoza Espinoza

La invalidez e ineficacia del acto jurídico en la jurisprudencia

“Como los raperos, como los dj, que bloquean con los dedos el giro normal del disco en el tornamesa, del mismo modo los empresarios de la camorra bloquean por un momento el andamiento del disco del mercado legal. Lo bloquean, hacen scratch, para después hacerlo volver a partir más veloz que antes. (…) Hacer scratch, sutiliza el diafragma que hay entre la ley y el imperativo económico, entre lo que la norma prohíbe y lo que las ganancias imponen”. Roberto SAVIANO, Gomorra, Mondadori, Milano, 2006

CAPÍTULO I La invalidez y la ineficacia El negocio jurídico, en su aspecto fisiológico, tiene dos momentos, el de validez, en el cual se estudia su estructura(1) (en el cual se analizan, principalmente, sus elementos –denominados– esenciales), y el de eficacia, en el que se estudia los efectos jurídicos del mismo(2). La regla general es que un negocio jurídico válido produzca efectos jurídicos, vale decir, sea eficaz. Sin embargo, nos podemos encontrar frente a casos de negocios jurídicos válidos pero ineficaces, como el supuesto del negocio jurídico sometido a condición suspensiva, o frente al caso de negocios inválidos, pero eficaces, como el supuesto del (denominado) matrimonio putativo, regulado en el artículo 284 c.c.(3), en el que el matrimonio invalidado produce efectos jurídicos (como si se tratase de un divorcio) con respecto al cónyuge que lo contrajo de buena fe. Por consiguiente, en su momento patológico, el negocio jurídico puede atravesar por una invalidez, que es definida como una “irregularidad jurídica”, del negocio “que implica la sanción de la ineficacia definitiva”, advirtiendo que “tal sanción puede ser automática o de aplicación judicial”(4), o por una ineficacia, que se entiende como la no producción de efectos jurídicos o, como sostiene un sector de la doctrina nacional, como “la calificación negativa por parte del ordenamiento

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Así, se sostiene que “la estructura negocial está conformada por el complejo de las relaciones entre los elementos y los requisitos, la cual está conceptualizada en una situación estática. Por lo demás, este aspecto negocial es parte de un proceso jurídico unitario en donde existe una estrecha relación y unión sucesiva” (Rómulo MORALES HERVIAS, Inexistencia y nulidad analizadas desde el punto de vista de los derechos italiano, español y peruano, en Revista del Foro, año LXXXVI , No 1, 1998, 43). Se sostiene, con razón, a propósito del contrato (que no deja de ser un negocio jurídico) que “la eficacia es una noción distinta respecto de la de validez. El contrato válido es el contrato que responde a las prescripciones legales (…). La eficacia del contrato se refiere a la producción de sus efectos. De esta diversidad de nociones, se colige que la invalidez no importa siempre la ineficacia del contrato” (Massimo BIANCA, Diritto Civile, 3, Il contratto, Giuffrè, Milano, 1987, 496-497). Este prescribe que “el matrimonio invalidado produce efectos civiles respecto de los cónyuges e hijos si se contrajo de buena fe, como si fuese un matrimonio válido disuelto por divorcio. Si hubo mala fe en uno de los cónyuges, el matrimonio no produce efectos en su favor, pero sí respecto del otro y de los hijos. El error de derecho no perjudica la buena fe”. Massimo BIANCA, op. cit., 573.

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jurídico respecto a un comportamiento humano que evidencia intereses no merecedores de tutela”(5). Doctrina nacional define a la invalidez como la privación “de tutela jurídica a efectos típicos y consustanciales a la especie negocial jurídicamente tutelados, o porque hay un vicio que deriva de la propia estructura del negocio, o de sus elementos, o de específicas disposiciones legales”(6). Se advierte que “la invalidez pasa a ser entendida como un mecanismo de tutela y ya no como una sanción”(7). Para autorizada doctrina italiana, dentro de la categoría de la invalidez, se encuentran la nulidad, la anulabilidad y la rescindibilidad(8). La nulidad “es la forma más grave de invalidez negocial” e “importa la definitiva inidoneidad del acto para producir efectos”(9). Sin embargo, esta no excluye que el negocio “pueda ser relevante frente a terceros y que pueda producir efectos entre las partes”(10). La nulidad puede ser total o parcial. La anulabilidad es aquella forma de invalidez que somete al negocio “a la sanción de ineficacia de aplicación judicial”(11). Se sostiene que el negocio anulable “es provisionalmente productivo de sus efectos; pero es susceptible de ser declarado ineficaz mediante sentencia”(12). Para el Código Civil peruano, la rescindibilidad es un supuesto de ineficacia y no de invalidez. Así, en el art. 1370 c.c., se establece que “la rescisión deja sin efecto un contrato por causal existente al momento de su celebración”. Como se observó, el art. 1447 c.c. admite la configuración de la pretensión rescisoria por lesión solo en el caso de aprovechamiento del estado de necesidad, mas no de peligro(13). Si entendemos que la nota característica de la anulabilidad es la de contener un vicio de la manifestación de voluntad (sea por error, dolo o intimidación) ¿acaso no se puede decir lo mismo respecto de una persona que, en estado de necesidad, ha tenido que manifestar una voluntad, seguramente no coincidente con su voluntad interna?. Máxime cuando observamos que la lesión, por ejemplo, se presenta como una causal coetánea a la formación del acto, al igual que la anulabilidad. Por ello, suscribo plenamente la posición que sostiene que la rescindibilidad debe

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Rómulo MORALES HERVIAS, op. cit. Guillermo LOHMANN LUCA DE TENA, El negocio jurídico, 2ª edición, Grijley, Lima, 1994, 518. Rómulo MORALES HERVIAS, Estudios sobre Teoría General del Contrato, Grijley, Lima, 2006, 541. Massimo BIANCA, op. cit., 574. Massimo BIANCA, op. cit., 576. Massimo BIANCA, op. cit., 593. Massimo BIANCA, op. cit., 603. Massimo BIANCA, op. cit. El cual establece que “la acción rescisoria por lesión solo puede ejercitarse cuando la desproporción entre las prestaciones al momento de celebrarse el contrato es mayor de las dos quintas partes y siempre que tal desproporción resulte del aprovechamiento por uno de los contratantes de la necesidad apremiante del otro. Procede también en los contratos aleatorios, cuando se produzca la desproporción por causas extrañas al riesgo propio de ellos”.

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la invalidez e ineficacia del acto jurídico en la jurisprudencia

ser entendida como un supuesto de invalidez y no de ineficacia del acto jurídico(14) ya que se trata también de un vicio de voluntad(15). Dentro de la categoría de la ineficacia, entre otros supuestos, se encuentra la resolución, la cual, según el art. 1371 c.c., “deja sin efecto un contrato por causal sobreviniente a su celebración”. El segundo párrafo del art. 1440 c.c. admite la posibilidad de la resolución de un contrato por excesiva onerosidad de la prestación(16). Otros supuestos de ineficacia pueden ser los actos que el representante realiza en exceso de sus funciones, violando sus facultades o los actos del falsus procurator (art. 161 c.c.), los actos que realizan los representantes de una asociación antes que esta sea inscrita (art. 77 c.c.), entre otros. Quizá el siguiente cuadro nos ayude a ubicar cada uno de estos supuestos: La venta del bien ajeno ¿es un acto ineficaz o inválido? La jurisprudencia nacional, frente al supuesto de la venta del bien ajeno, ha tendido interpretaciones dispares. Si bien el art. 1539 c.c. establece que, en este caso, cabe que el comprador pueda solicitar la rescisión de contrato(17), no se dice nada respecto de lo que puede hacer el titular del bien. Los jueces han calificado este acto como nulo, argumentando en algunas ocasiones el fin ilícito. En este sentido, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, (Cas. Nº 2988-99-Lima) j1 , interpreta que:

“hay que convenir que es ilícito todo aquello contrario a las normas legales imperativas (ius cogens), especialmente aquellas que tipifican un ilícito penal; y que para determinar si se produce ese fin será necesario examinar la causal del contrato, el motivo común a las partes contratantes, las condiciones que lo delimitan y su objeto. (…) Que la venta como propio de bien ajeno está tipificada como delito de defraudación en el Artículo ciento noventisiete inciso cuarto del Código Penal, acto ilícito conocido como estelionato”.

En otros casos se ha entendido que se trata de un supuesto de imposibilidad jurídica. Así, la Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Lima, con resolución del 27.02.99, establece que:

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En sentido contrario, sostiene que la rescisión es un supuesto de “ineficacia funcional”, Lizardo TABOADA CÓRDOVA, Nulidad del acto Jurídico, Grijley, segunda edición, Lima, 2002, 32. Leysser LEÓN HILARIO, Apuntes sobre el papel de la voluntad en los negocios jurídicos (con especial referencia a los contratos), en Estudios sobre el Contrato en General, selección, traducción y notas de Leysser LEÓN HILARIO, segunda edición, ARA Editores, Lima, 2004, 934. El artículo completo prescribe que “En los contratos conmutativos de ejecución continuada, periódica o diferida, si la prestación llega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada puede solicitar al juez que la reduzca o que aumente la contraprestación, a fin de que cese la excesiva onerosidad. Si ello no fuera posible por la naturaleza de la prestación, por las circunstancias o si lo solicitara el demandado, el juez decidirá la resolución del contrato. La resolución no se extiende a las prestaciones ejecutadas”. El art. 1537 c.c. establece que: “el contrato por el cual una de las partes se compromete a obtener que la otra adquiera la propiedad de un bien que ambas saben que es ajeno, se rige por los artículos 1470, 1471 y 1472”. Dichos artículos se refieren a la promesa de la obligación o del hecho de un tercero.

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“resulta evidente que los cónyuges demandados no podían transferir por vía de anticipo de legítima un bien que ya no les pertenecía, por lo tanto el objeto de dicho acto jurídico para favorecer a su hijo deviene en un imposible jurídico”.

En doctrina se sostiene que “resulta un total contrasentido afirmar que la venta de bien ajeno es rescindible a solicitud del comprador –cuando este no conocía la ajenidad del bien– y a la vez pasible de ser declarada nula a solicitud del propietario; toda vez que la nulidad determina que el negocio no produjo efectos jurídicos y puede ser solicitada por cualquier sujeto, mientras que la rescisión importa que el negocio es válido y puede ser solicitada solo por los contratantes”(18). Concuerdo en que la venta del bien ajeno es lícita, siempre y cuando estemos en el escenario diseñado en los arts. 1537 y 1539 c.c., esto es: a) Si el comprador sabe que el bien es ajeno, se aplican, a su vez, los arts. 1470, 1471 y 1472 c.c., que se refieren a la promesa de la obligación o del hecho de un tercero. Esto quiere decir que si el vendedor no puede transferir el bien ajeno, este deberá pagar una indemnización al comprador (art. 1537 c.c.). b) Si el comprador no sabe que el bien es ajeno, este tiene derecho a rescindir el contrato, cuando se entere de esta situación (art. 1539 c.c.). Se observa que, a propósito del momento en el cual la propiedad del bien ajeno se transfiere, “para el caso de los bienes muebles, la tradición será la que produzca la transferencia, por lo que el vendedor de un bien ajeno, si es que logra adquirirlo de su propietario, tendrá que tramitarlo al comprador para así cumplir con el contrato. Para el caso de bienes inmuebles, el contrato de compraventa cobrará eficacia traslativa cuando el vendedor, por cualquier medio, logre adquirir el bien”(19). Se agrega que “debe quedar claro que la única peculiaridad de la venta del bien ajeno es la ausencia de legitimación por parte del vendedor, por lo que una vez que este adquiera la propiedad del bien materia del contrato, el efecto traslaticio podrá operar de acuerdo con lo que las normas pertinentes establezcan”(20). Totalmente de acuerdo con este impecable razonamiento; pero ¿qué pasa si el “vendedor” falsifica los documentos y se transfiere la propiedad? ¿acaso se le debe precluir el derecho del propietario de atacar este acto? En mi opinión, está facultado para ello y el remedio es el de la nulidad. Queda claro que este es un supuesto fuera de los alcances de los arts. 1537 y 1539 c.c., pudiéndose configurar dos hipótesis:

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Mario ZÚÑIGA PALOMINO, El comprador en la “venta de bien ajeno”:¡dueño de nada! Análisis conceptual y funcional de recientes criterios jurisprudenciales, en Ius et veritas, año XIII, Nº 25, Lima, 2002, 363. Freddy ESCOBAR ROZAS, Reflexiones en torno a la llamada venta de bien ajeno, en Thémis, Segunda Época, Nº 29, Lima, 1994, 164. Freddy ESCOBAR ROZAS, op. cit.

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a) Si el comprador es cómplice, se debe atacar el acto con nulidad, invocando el art. 219.4 c.c., ya que al configurarse un delito, nos encontramos en un supuesto de fin ilícito. b) Si el comprador actuó de buena fe, ex art. 948 c.c. (para los bienes muebles) y ex art. 2014 c.c. (si el bien estaba inscrito), al propietario le quedaría expedita la pretensión resarcitoria en contra del que falsificó la documentación, independientemente de la responsabilidad penal. Ello en atención al principio de seguridad del tráfico jurídico.

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CAPÍTULO iI El mito en torno al adagio quod nullum est, nullum producit effectum Tradicionalmente, al referirse a la nulidad, se ha esgrimido el aforismo romano “quod nullum est, nullum producit effectum”. Sin embargo, este criterio no se aplica siempre. Con razón se ha afirmado que esta regla “no tiene una aplicación inflexible”(21). Para demostrarlo, señalaré las siguientes coordenadas legislativas: a) El artículo 200 c.c. establece que la nulidad “puede ser alegada por quienes tengan interés o por el Ministerio Público” y que “puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta”. De ello se desprende que, si se configura un acto atacado de nulidad, pueden darse las siguientes posibilidades: i. Que las partes no se exijan entre sí el cumplimiento del acto (hecho que no produce efectos jurídicos). ii. Que una de las partes haya cumplido con realizar lo acordado en el acto afectado de nulidad y la otra no (frente a lo cual, la parte afectada puede –o no– reclamar lo que le corresponde). iii. Que ambas partes hayan cumplido con ejecutar el acto afectado de nulidad.

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El hecho de que el acto jurídico afectado de nulidad no produzca efectos jurídicos depende, inicialmente, de las partes(22). Si es que existe discusión respecto de la producción (o no) de dichos efectos, interviene el juez, declarando dicha nulidad. La resolución judicial de la nulidad tiene efectos ex tunc (o sea, retroactivos a la fecha de celebración del acto)(23).

José LEÓN BARANDIARÁN, Tratado de Derecho Civil. Concordado con el Código Civil de 1984, Tomo I, WG Editor, Lima, 1991, 367. Así, aunque inicialmente se sostenga (en posición que no comparto) que “no se requiere pronunciamiento judicial que declare que el acto es nulo”, se afirma que “si hubiera disputa entre las partes acerca de si el acto es o no nulo, corresponderá al juez resolver sobre el particular, no pronunciando su nulidad, pero si reconociéndola o constatándola” (José LEÓN BARANDIARÁN, op. cit., 364). Así, se sostiene, con razón, que “puesto que la acción mira a impedir o destruir los efectos negociales, se puede notar de ello mismo que cuando se interpone la acción, tal vez los efectos prácticos pueden haberse obtenido íntegramente, parcialmente, o quizá todavía no se han producido ningún género de consecuencias prácticas ni jurídicas típicas

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b) Abona esta interpretación el artículo 2001.1 c.c., que establece que, transcurridos diez años, prescribe la acción de nulidad del acto jurídico. La excepción a esta regla la tenemos en el artículo 276 c.c., que establece que la acción de nulidad de matrimonio no caduca. Ello quiere decir que transcurridos los diez años, no obstante se pueda invocar judicialmente la pretensión de nulidad del acto jurídico, existe una alta contingencia que esta pretensión no sea acogida(24). c) En efecto, en este supuesto, frente a una pretensión de este tipo, la parte demandada puede interponer una excepción de prescripción extintiva (artículo 446.12 c.p.c.) y el juez deberá ampararla. Solo si no es invocada la prescripción, podrá tener suceso la pretensión de nulidad del acto jurídico, porque ello implica una renuncia tácita a la prescripción ya ganada (artículo 1991 c.c.) y el juez no podrá fundar su fallo en la prescripción si no ha sido invocada (artículo 1992 c.c.). d) Se podrá criticar la severidad o injusticia de establecer un plazo prescriptorio, convalidando, de esta manera, los actos afectados de nulidad; pero la seguridad en el tráfico jurídico así lo exige. Recuérdese que no solo los celebrantes del acto jurídico afectado de nulidad pueden solicitar la declaración judicial de nulidad; también está legitimado el Ministerio Público y el que tenga (no obstante la literalidad del artículo 220 c.c.) legítimo interés. En opinión que comparto, el adagio quod nullum est, nullum producit effectum, “notoriamente, reflejaba una idea de nulidad que se identificaba con la inexistencia”(25). Por ello, el acto jurídico afectado de nulidad produce efectos jurídicos precarios y dejará de hacerlo cuando haya una sentencia que lo declare como tal. La diferencia entre el acto jurídico afecto de nulidad y el anulable no estriba en que uno no produce efectos jurídicos y el otro sí, sino en las siguientes cuestiones: a) El plazo de prescripción del acto afectado de nulidad es de diez años y el del acto anulable es de dos años (artículo 2001.4 c.c.). b) La legitimación para pedir la declaración judicial de nulidad del acto jurídico la tienen las partes afectadas, el que tiene legítimo interés y el Ministerio Público. En el caso de anulabilidad, la legitimación solo la tiene la parte afectada (artículo 230 c.c.). c) En el acto afectado de nulidad cabe excepcionalmente la conversión legal (como es el caso de los artículos 703 y 1829 c.c.), en el acto anulable, la confirmación (artículo 230 c.c.).

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propias, porque, como dijimos, el negocio nulo produce efectos jurídicos como válido hasta la sentencia judicial que lo sancione” (Guillermo LOHMANN LUCA DE TENA, op. cit., 546). Se observa que “son muchos los autores que piensan –y con razón– que la nulidad absoluta no debe prescribir. En el caso de simulación absoluta los motivos para sostener esta tesis son más poderosos, pues no hay razón para que la falsedad jurídica se convierta con certeza válida por el transcurso de tiempo” (Guillermo LOHMANN LUCA DE TENA, op. cit., 392). Massimo FRANZONI, Dell’annullabilità del contratto, Artt. 1425-1426, Giuffrè, Milano, 1997, 32.

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Se afirma que “la falta o defecto de uno de los requisitos negociales se resuelve siempre en una anomalía del interés del “supuesto negocial” así como el contraste de la autónoma determinación de los sujetos con las normas imperativas se resuelve siempre en una contraposición entre el interés programado y los valores fundamentales del sistema”(26). La invalidez jurídica “es el resultado de un juicio de disvalor del ordenamiento respecto a un hecho o acto que expresa intereses no merecedores de tutela”(27). En posición que comparto, se sostiene que, “en realidad, la equivalencia entre nulidad y ausencia de efectos es solo una simplificación escolástica, utilizada prevalecientemente para distinguir, en el ámbito de la categoría de la invalidez, las instituciones de la nulidad y de la anulabilidad”(28). Se afirma que “la radical ineficacia del acto determinaría la inidoneidad del acto a incidir en la realidad jurídica. Esta indiferencia solo se verificaría por la sentencia que declara la nulidad, sentencia a la cual se podría llegar con una demanda no limitada por los vínculos del transcurso del tiempo. Los efectos de la decisión serían retroactivos, de tal manera que, si se hubiese producido alguna consecuencia, esta debería ser eliminada a través de la restitución de las prestaciones ya efectuadas: Pero estos principios, de hecho, sufren varias limitaciones”. Debe tenerse en cuenta que, en un sistema como el nuestro, la acción para pedir la nulidad, prescribe a los 10 años (art. 2001.1 c.c.). En la experiencia jurídica italiana, tal como lo expresa el art. 1422 c.c. ita., la acción para solicitar la nulidad es impresciptible, salvo que exista prescripción adquisitiva y que haya prescrito la acción de repetición (la cual, a su vez, es de 10 años y de 5 si la repetición se refiere a prestaciones de intereses o realizadas periódicamente). En efecto, “de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad del contrato no se deriva también la imprescriptibilidad de los derechos negados, impedidos o perjudicados por el contrato nulo”(29). Según el art. 1274 c.c. “La acción para recuperar lo indebidamente pagado prescribe a los cinco años de efectuado el pago”. El art. 1275 c.c., siguiendo en parte el modelo italiano, establece que:

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“No hay repetición de lo pagado en virtud de una deuda prescrita, o para cumplir deberes morales o de solidaridad social o para obtener un fin inmoral o ilícito. Lo pagado para obtener un fin inmoral o ilícito corresponde a la institución encargada del bienestar familiar”.

Raffaele TOMMASINI, voz Nullità, b) Diritto Privato, en Enciclopedia del Diritto, Vol. XXVIII, Giuffrè, Milano, 1978, 880. Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, Le nullità negoziali di diritto comune, speciali e virtuali, a cura de Lanfranco FERRONI, Giuffrè, Milano, 1998, 6. Maria COSTANZA, Gli effetti di rapporti giuridici nulli, en AA. VV. L’invalidità degli atti privati, CEDAM, Padova, 2001, 91. Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 833.

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Una atenta doctrina afirma que “no hay duda, en todo caso, que la acción de repetición de lo pagado indebidamente actúa como forma de tutela derivada respecto de la verificación de la nulidad, meramente eventual y no exclusiva, dirigida a la recuperación de lo que le corresponde al actor respecto al otro contrayente en ejecución del contrato nulo. La acción tiene carácter personal y está sujeta al plazo de la prescripción ordinaria. Concurre alternativamente con esta, sobre el presupuesto de la ineficacia del negocio nulo y de la idoneidad de este a efectos de transferir la propiedad de cuando haya sido dado sine causa, la acción real de reivindicación”(30). En efecto, “el adquirente a domino en base a un contrato nulo es propietario mediante la usucapión de veinte o de diez años si se trata de una cosa mueble y la posesión sea de buena fe”(31). Entonces, “hasta que no se haya producido la usucapión, la cual extingue por reflejo el derecho del enajenante, este último puede siempre hacer valer la nulidad con la acción de reivindicación. La prescripción de la acción (personal) de repetición tiene el efecto de bloquear definitivamente la operatividad de la acción de nulidad solo en el caso que el enajenante no sea propietario: en este caso, perdida la acción de repetición, la cual prescinde de la prueba de la propiedad, el enajenante no está en grado de solicitar la restitución de la cosa”(32). En otras palabras: “el remedio alternativo de la acción de reivindicación, que es una acción diversa y absolutamente autónoma respecto a la acción de repetición, ofrece una mayor tutela, en cuanto, prescrita la segunda, permite al actor reafirmar el propio derecho de propiedad sobre el bien del cual había perdido la disponibilidad material. La acción de reivindicación, por otro lado, en razón de su imprescriptibilidad, puede ser paralizada solo por la usucapión en el tiempo transcurrido a favor de terceros”(33). Sin embargo, el derecho a solicitar la repetición también tiene sus límites: “la disciplina unitaria de la condictio indebiti encuentra su complemento en la disposición del art. 2035 c.c.ita.(34), la cual funge de límite legal a la aplicación del

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Anna BONFILIO y Vincenzo MARICONDA, L’azione di nullità, en I contratti in generale, dirigido por Guido ALPA y Mario BESSONE, IV, Effetti, invalidità e risoluzione del contratto, Primer Tomo, Giurisprudenza sistematica di Diritto Civile e Commerciale, fundada por Walter BIGIAVI, UTET, Torino, 1991, 511. Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 841. El art. 950 c.c. prescribe que: “La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años. Se adquiere a los cinco años cuando median justo título y buena fe”. El art. 951 c.c., por su parte, prescribe que: “La adquisición por prescripción de un bien mueble requiere la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante dos años si hay buena fe, y por cuatro si no la hay”. Anna BONFILIO y Vincenzo MARICONDA, op. cit. Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 842. El art. 927 c.c. regula que: “La acción reivindicatoria es imprescriptible. No procede contra aquél que adquirió el bien por prescripción”. Que norma de esta manera: “Quien ha efectuado una prestación para un fin que, también por parte suya, constituya una ofensa a las buenas costumbres no puede repetir lo que ha pagado”.

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precedente art. 2033 c.c.ita.(35), dado que el juez de mérito, llamado a pronunciarse sobre una condictio ob iniustam causam, cuando haya constatado la ilegalidad o la contrariedad al orden público del acto sometido a evaluación, debe actuar de oficio también a la verificación de su eventual contradicción a las buenas costumbres”(36). Como ejemplo se propone el contrato de maternidad subrogada que no fue cumplido y el juez no amparó la pretensión de la pareja de que se le devuelva lo pagado (sentencia del Tribunal de Monza, del 27.10.89)(37). No obstante la contravención a las buenas costumbres constituya una excepción a la repetición de lo indebidamente pagado, la Corte Suprema italiana, en tema de corrupción, ha afirmado que la naturaleza ilícita del pacto no excluye la condena del oficial público a la restitución de la suma entregada al particular:

“puesto que la única excepción a la devolución de lo indebidamente pagado está dada por la prestación contraria a las buenas costumbres (art. 2035 c.c.ita.), mientras que califica en el esquema del pago indebido objetivo (art. 2033 c.c.ita.) el derecho a la restitución de las sumas pagadas en ejecución del contrato nulo, en cuanto ha sido viciado por un motivo ilícito, único y exclusivo; derecho cuyo ejercicio no es incompatible con la cualidad de imputado que, como consecuencia del contrato ilícito, pueda asumir aquel que ha pagado indebidamente, puesto que el título a la restitución reside en el hecho objetivo del pago “no debido” realizado”(38).

En otra decisión se ha adoptado una postura similar, así:

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“siendo el contrato de cesión de drogas nulo por ilicitud de causa y no pudiendo surgir de su estipulación ninguna pretensión tutelada por el ordenamiento, no puede haber ninguna duda sobre el carácter injusto del provecho perseguido por quien, con amenazas y golpes, constriña a una persona a hacerse entregar una suma de dinero como precio por la droga entregada y por consiguiente, sobre la plena subsistencia de este elemento constitutivo del delito tipificado en el art. 629 c.p.ita., no pudiéndose, por otro lado, invocar la tutela indirecta predispuesta por el art. 2035 c.c.ita., con el reconocimiento de la soluti retentio, tratándose de una norma que hace referencia a un acto contrario a las buenas costumbres y no, como en este caso, a un acto contrario a normas imperativas, según la distinción establecida en el art. 1343 c.c.ita.(39)”(40).

Que regula lo siguiente: “Quien ha efectuado un pago indebido tiene el derecho a repetir lo que ha pagado. Tiene derecho además a los frutos y a los intereses desde el día del pago si quien lo recibió lo hizo de mala fe, o si este era de buena fe, desde el día de la demanda”. Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 842. Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 845. Casación penal, 15.03.93, citada por Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit. El cual establece que: “la causa es ilícita cuando es contraria a las normas imperativas, al orden público y a las buenas costumbres”. Casación penal, 16.10.90, citada por Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 845-846.

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A ello, se debe agregar que “si el acto nulo es susceptible de publicidad y por consiguiente, al menos de potencial oponibilidad, este no puede considerarse carente de consecuencias”(41). Se concluye que “si los intereses de la circulación pueden parecer prevalecientes en la adopción de estas reglas, sobre el plano de la reconstrucción lógica resulta inevitable convenir que la ley asigna al acto nulo la capacidad de incidir en la realidad jurídica. La funcionalidad de la regla es irrelevante, si no como expresión de una solución que cuando no sea contradictoria, determina el sentido del supuesto de hecho”(42).

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Maria COSTANZA, op. cit., 95. Maria COSTANZA, op. cit.

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CAPíTULO III La inexistencia La inexistencia es la no configuración del negocio jurídico que, a diferencia de la invalidez, no produce ningún tipo de efecto jurídico. Una clásica doctrina entendía que la expresión negocio inexistente era absurda, afirmando que “ahí donde no hay una casa o una mesa ¿decimos que nos encontramos frente a una casa o una mesa inexistente?”(43). Frente a ello, se contesta, en posición que comparto, que no se debe concebir esta categoría en un contexto “espacio-temporal”, sino que su uso se debe insertar “en un discurso en el cual la presencia de una cosa haya sido (explícita o implícitamente) objeto de afirmación, o al menos, de duda”(44). Mientras la inexistencia se desenvuelve en el plano del “no ser”, la nulidad es un “modo de ser” del negocio(45). En ese sentido, se afirma que, “puesto que la falta de uno de los elementos necesarios para su formación es bastante para que el acto inexistente no tenga vida, de ello se sigue que desde el punto de vista de la eficacia, se traduce en una ausencia total de efectos jurídicos. No habiendo llegado a penetrar en el campo del derecho contractual para obtener su reconocimiento jurídico, es evidente que queda fuera del cuadro legal y sus efectos jurídicos tendrán la misma suerte”(46). Otro sector de la doctrina prefiere hablar de “irrelevancia”(47). La diferencia entre invalidez e inexistencia se da en que la primera se traduce en una calificación negativa y la segunda en una no calificación(48). La categorías de la invalidez debe distinguirse de la inexistencia, que “está más allá de la nulidad: es inexistente el contrato o el acto que no es identificable como tal, pues carece del mínimo esencial

(43) (44) (45) (46) (47) (48)

Alfredo FEDELE, La invalidità del negozio giuridico di Diritto Privato, G. Giappichelli, Torino, 1943, 75. Andrea BELVEDERE, L’inesistenza negoziale tra dogmatica e semantica, en AA. VV. L’invalidità degli atti privati, CEDAM, Padova, 2001, 6. Andrea BELVEDERE, op. cit., 6 y 7. Georges LUTZESCO, Teoría y práctica de las nulidades, traducido por Manuel ROMERO SÁNCHEZ y Julio LÓPEZ DE LA CERDA, sétima edición, reimpresión, México, 1993, 175. Así, Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 7. Lina BIGLIAZZI GERI, L’interpretazione del contratto, Giuffrè, Milano, 1991, 20.

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que permite hablar de un cierto evento como de contrato o de acto unilateral. La importancia de la distinción entre nulidad e inexistencia se encuentra en lo siguiente: el contrato o el acto inexistente no produce aquellos efectos limitados que (…) el contrato o el acto nulo producen(49). Este debate se repite en la doctrina nacional. Por un lado, se subsume el concepto de inexistencia en el de nulidad, al precisar que “lo nulo, del latín nullus, viene a ser lo que no es o le falta valor y fuerza para tener efecto. Esta acepción llevada a su significado jurídico nos da la idea de la ineficacia y la invalidez absolutas y, de ahí, a la idea de lo nulo como algo inexistente jurídicamente, esto es, a la inexistencia del acto o negocio, pero no a la negación de lo que existe como un hecho que se ha producido. De ahí, también, que lo nulo solo implique una inexistencia jurídica”(50). También se sostiene que “los casos que en otros sistemas se consideran de inexistencia, entre nosotros, son de nulidad”(51). Se advierte “la fragilidad filosófica en que se sustenta la teoría de la inexistencia. Si la inexistencia es la nada, es imposible imaginársela; solo sería virtualmente posible definirla no a través de ella misma, sino como carente de que es el ser. Tampoco puede ser enfocada desde un género próximo y diferencia específica, porque la nada no puede ser confrontada sino con lo que es. Pero la inexistencia jurídica no es tan inexistencia, porque no se respalda en negaciones y porque los actos supuestamente inexistentes pueden generar consecuencias de alguna especie”(52). Me suscribo a la posición en la cual se afirma que “razones técnicas justifican mantener la inexistencia como figura autónoma: únicamente el negocio nulo puede ser salvado mediante su conversión en otro negocio válido o mantenido como putativo, como es el valor de la letra nula como reconocimiento de deuda en el primer caso y la validez del matrimonio nulo del cónyuge de mala fe en el segundo caso. Se requiere, entonces, de una figura extrema que impida toda posibilidad de convalidación y esa figura es la de la inexistencia del negocio jurídico”(53). La autora afirma que el inc. 1 del art. 219 c.c. es un supuesto de inexistencia, por cuanto no cabe la conversión de un acto jurídico en el cual no ha habido manifestación de voluntad. Se pronunció en este mismo sentido, el 63 Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Lima, con resolución Nº 44, del 27.09.05 (Exp. Nº 231112002) j2 , argumentando que:

(49) (50) (51) (52) (53)

“Siendo que el acto jurídico, tal como se encuentra establecido en nuestra legislación –artículo 140 del Código Civil–, es la manifestación de

Francesco GALGANO, El negocio jurídico, traducido por Francisco BLASCO GASCÓ y Lorenzo PRATS ALBENTOSA, Tirant lo Blanch, Valencia, 1992, 261. Fernando VIDAL RAMÍREZ, El Acto Jurídico, cuarta edición, Gaceta Jurídica, Lima, 1999, 498. Marcial RUBIO CORREA, Nulidad y anulabilidad. La invalidez del acto jurídico, Vol. IX, Biblioteca Para leer el Código Civil, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 1989, 25. Guillermo LOHMANN LUCA DE TENA, El negocio jurídico, 2a edición, Grijley, Lima, 1994, 523. Shoschana ZUSMAN TINMAN, Teoría de la invalidez y la ineficacia, en Ius et Veritas, año IV, Nº 7, 1993, 161.

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voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, faltará la manifestación de la voluntad del agente cuando falte tanto la voluntad declarada como la voluntad de declarar, situación que configuraría, como se ha señalado, una ausencia de acto o negocio jurídico. Este impasse es superado en nuestro medio a través de un ejercicio de ficción, mediante el que se entiende que los supuestos de falta total de manifestación de voluntad –que en realidad constituyen inexistencia de acto jurídico– son asemejados dentro de nuestro sistema normativo a los supuestos de nulidad del mismo”. Se define a la inexistencia como “el hecho irrelevante (invalidez formal) y a la nulidad negocial como el supuesto de hecho relevante e inválido (invalidez normativa del negocio)”(54). Autorizada doctrina nacional recurre a la figura de la inexistencia en el supuesto del artículo 1359 c.c. Así, “si se hubiera declarado que es nulo el contrato cuando las partes no estén conformes sobre todas sus estipulaciones, habría surgido la duda respecto a la probabilidad de que el acto jurídico, aunque inválido, hubiera existido como supuesto de hecho capaz de producir efectos secundarios, diferentes o negativos, que es una de las posibles manifestaciones de nulidad”(55). Se advierte que “nuestro Código Civil, al menos en la parte relativa a los contratos en general, ha sido muy poco riguroso al emplear los conceptos de “existencia”, “validez” y “eficacia”. Es evidente que, tal como lo hace el artículo 1359, el artículo 1360 debe entenderse referido a la existencia del contrato. Ahora bien, esto quiere decir que el contrato no se forma en el momento en que se estipula la reserva, ya que, eventualmente, solo se formará en el futuro, cuando aquella se haya satisfecho”(56). En atención a todas estas consideraciones, es imperativo distinguir la inexistencia, que es la no configuración del acto, de la invalidez(57), que se da por una patología de los elementos esenciales del mismo o por un vicio en la voluntad. La inexistencia implica que no hay ningún efecto jurídico, cosa que no puede decirse del acto inválido.

(54) (55) (56) (57)

Rómulo MORALES HERVIAS, op. cit., 55. Manuel DE LA PUENTE Y LAVALLE, El Contrato en general. Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil, Vol. XI, Primera Parte, Tomo III, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 1998, 390. Hugo FORNO FLÓREZ, La oferta al público: razones para una discrepancia, en Derecho, Nº 45, diciembre, 1991, 222. En este mismo sentido, Jairo CIEZA MORA, Las ineficacias negociales: su importancia en la nulidad de acuerdos en materia civil y societaria. Un enfoque jurisprudencial, en Revista Peruana de Jurisprudencia, Editorial Normas Legales, Año 8, Nº 63, Trujillo, mayo 2006, 165.

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CAPíTULO IV La nulidad La nulidad es un supuesto específico de la categoría de la invalidez que se configura por una patología de los elementos esenciales del negocio jurídico. Para una autorizada doctrina española que afirma que “el negocio inexistente se compara a un fantasma y el nulo al nacido ya muerto”(58), el negocio nulo es “aquel cuya ineficacia es intrínseca, es decir, cuya carencia de efectos negociales ocurre sin necesidad de una previa impugnación del negocio”(59) (no cabe la subsanación por confirmación, ni por prescripción). Dentro de esta línea de pensamiento, los supuestos de nulidad en sentido amplio serían los siguientes: I. Negocio inexistente 1. Negocios incompletos, “aquellos que en el momento en que son considerados, carecen de un elemento esencial y no suplible por la interpretación”(60). Dentro de estos se encuentran: a) Negocios en formación, “los que están o se han quedado en un estadio preliminar o no han logrado carácter definitivo”(61) (sería el supuesto correspondiente al art. 1359 c.c.). b) Negocios realizados por quien carece de poder suficiente (sería el caso del art. 161 c.c.). c) Negocios carentes de forma necesaria (como el supuesto del art. 219.6 c.c.). 2. Negocios defectuosos, “como son aquellos a los que les falta de modo irremediable algo esencial a la existencia del negocio”(62) (art. 219.1 c.c.).

(58) (59) (60) (61) (62)

Federico DE CASTRO Y BRAVO, El negocio jurídico, reimpresión, Civitas, Madrid, 1991, 464. Federico DE CASTRO Y BRAVO, op. cit., 471. Federico DE CASTRO Y BRAVO, op. cit., 472. Federico DE CASTRO Y BRAVO, op. cit. Federico DE CASTRO Y BRAVO, op. cit.

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3. Negocios aparentes, “en los que la apariencia negocial no corresponde a la realidad jurídica”(63) (art. 190 c.c.). II. Negocio imperfecto, “son los negocios que, aun teniendo los requisitos esenciales para su existencia, están aquejados de un vicio insubsanable”(64) (art. 221.2 c.c.). III. Negocio prohibido, es el que colisiona con la ley (testamento que contravenga la legítima: 723, 724, 725 y 726 c.c.). Esta clasificación es inaplicable en nuestro sistema jurídico. Como puede observarse fácilmente, confunde supuestos de inexistencia, ineficacia y nulidad. Doctrina argentina afirma que “es nulo un negocio que tiene un defecto genético e intrínseco que lo hace ineficaz”(65). Doctrina nacional sostiene que “el negocio nulo es aquel que carece de algún elemento, presupuesto o requisito, o aquel que teniendo los aspectos de su estructura tiene un contenido ilícito, por contravenir las buenas costumbres, el orden público o normas imperativas”(66). También se observa que “la nulidad es una sanción legal destinada a privar de sus efectos jurídicos propios y queridos a los negocios incursos en una de las causales legalmente establecidas”(67), cuyas características son: a) Imperatividad, por cuanto la nulidad es una “sanción de naturaleza coercitiva y cuya interpretación debe ser, preferentemente, ceñida estrictamente a lo dispuesto por la norma legal. Consecuentemente, no debe haber lugar a otra nulidad que la taxativamente señalada en el ordenamiento positivo, salvo que sea la virtual”(68). b) Irrenunciabilidad, ya que “la razón por la cual la nulidad debe ser irrenunciable es la contraparte de la imperatividad. La ley no puede permitir que quienes puedan verse afectados por los efectos del negocios queden desamparados”(69).

1. Las causales de nulidad El art. 219 c.c. norma que: “El acto jurídico es nulo: 1. Cuando falta la manifestación de voluntad del agente.

(63) (64) (65) (66) (67) (68) (69)

Federico DE CASTRO Y BRAVO, op. cit. Federico DE CASTRO Y BRAVO, op. cit. Rubén H. COMPAGNUCCI DE CASO, El negocio jurídico, Astrea, Buenos Aires, 1992, 508. Lizardo TABOADA CÓRDOVA, Acto Jurídico, Negocio Jurídico y Contrato, Grijley, Lima, 2002, 300. Guillermo LOHMANN LUCA DE TENA, op. cit., 525. Guillermo LOHMANN LUCA DE TENA, op. cit., 527. Guillermo LOHMANN LUCA DE TENA, op. cit., 528.

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2. Cuando se haya practicado por persona absolutamente incapaz, salvo lo dispuesto en el artículo 1358. 3. Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable. 4. Cuando su fin sea ilícito. 5. Cuando adolezca de simulación absoluta. 6. Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 7. Cuando la ley lo declara nulo. 8. En el caso del artículo V del Título Preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa”.

1.1. La

nulidad por falta de manifestación de voluntad del

agente

Dentro de este supuesto se encuentran las hipótesis de todas aquellas declaraciones que no tienen efectos vinculantes que ya fueran estudiadas en el capítulo relativo a la declaración de voluntad, vale repetir, declaraciones hechas en broma, escénicas, realizadas con fines didácticos o por cortesía, o sea, aquellas en las cuales el agente no desea vincularse jurídicamente y dentro del contexto en el cual se dan, es notorio y evidente que es así. Como ya se había adelantado, este supuesto “entra mejor en las figuras de irrelevancia o inexistencia jurídica del negocio”(70). ¿Es válido el acto jurídico del sujeto que no ha podido manifestar su voluntad por causas atribuibles a su persona? El art. 219.1 c.c. es claro al establecer que el acto jurídico es nulo “cuando falta la manifestación de voluntad del agente”; sin embargo, no prescribe nada respecto de la situación en la cual el mismo agente, rectius: sujeto, es el que se puso en la situación que le generó la manifestación de voluntad. El caso que motiva este cuestionamiento es el siguiente: El 31.03.03 un consumidor denunció a un banco por presunta infracción a la Ley de Protección al Consumidor. En su denuncia señaló que el 13.08.02 entre las 2:00 y las 4:00 horas fue dopado y bajo ese estado, terceros utilizaron su tarjeta de crédito, efectuando consumos por un monto ascendente a S/. 4,760.00, el mismo que excede el límite de su línea de crédito. No obstante el denunciante señaló que las firmas que aparecen en los vouchers de los consumos efectuados no son suyas, sí lo eran, incluso, en todos los vouchers figura su huella digital. ¿Qué pasó? De la denuncia policial efectuada en la Comisaría de San Borja, presentada por el propio consumidor, se desprende que estuvo bebiendo (cerveza y vodka, tal como lo declara) hasta la

(70)

Lina BIGLIAZZI GERI, Umberto BRECCIA, Francesco D. BUSNELLI y Ugo NATOLI, Derecho Civil, Tomo I, Volumen 2, Hechos y Actos jurídicos, traducido por Fernando HINESTROSA, Universidad Externado de Colombia, reimpresión, Bogotá, 1995, 1030.

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05:00 de la madrugada y sus amigos lo embarcaron en un taxi y a las 11:30 horas, al despertarse, constató que del interior de su billetera le habían hurtado su D.N.I. y su tarjeta de crédito. Agregó, que cuando solicitó información al Banco respecto de los lugares donde se habían efectuado las transacciones cuestionadas, le informaron que se realizaron en dos hostales. La Comisión de Protección al Consumidor declaró infundada la denuncia, en atención a lo siguiente:

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“de lo anterior y del cuadro de detalle de operaciones efectuadas con la tarjeta de crédito del denunciante, existen indicios suficientes para señalar que el señor Mesones si bien se encontraba bajo la influencia de alcohol al momento de la realización de los consumos, este era consciente de los mismos en la medida que en los vouchers se encuentra estampada su huella digital. Respecto a la afirmación del denunciante que lo doparon para robarle su tarjeta de crédito, de la documentación que obra en el expediente no existen indicios suficientes que acrediten lo expuesto por el señor Mesones. Si bien, el denunciante presentó los resultados de un examen toxicológico que le realizaron en la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú con motivo de la denuncia policial que interpuso, dichos resultados no acreditan que el denunciante se encontraba en estado de inconsciencia al momento en que se efectuaron las transacciones, puesto que conforme se ha señalado en los párrafos anteriores, los consumos materia de denuncia se efectuaron cuando la tarjeta se encontraba en posesión del denunciante en estado etílico pero consciente. Al respecto, un consumidor razonable comprende, sobre la base de la información existente en el mercado, que existe un riesgo en el empleo de tarjetas de crédito, como la que es materia de denuncia. En ese sentido, un consumidor razonable tiene como expectativa que el proveedor de una tarjeta adopte las medidas de seguridad a efectos de minimizar los riesgos que podrían presentarse al usar una tarjeta de crédito, puesto que una vez que la tarjeta se encuentra en su poder él asumirá desde ese instante la responsabilidad por el uso que se dé a la misma. Por lo expuesto, un consumidor tendría mucho cuidado al momento de realizar transacciones comerciales con su tarjeta de crédito. Así, no debería exponerse a situaciones que puedan generarle un peligro; es decir, que atenten su integridad física o coaccionen el dominio de su voluntad. Conforme se ha señalado en los párrafos anteriores, el señor Mesones por propia voluntad se expuso a una situación de riesgo al haber estado libando licor hasta la madrugada en posesión de su tarjeta de crédito, con la cual se efectuaron los consumos que ahora cuestiona. Por ejemplo, una persona que consume alcohol y maneja es consciente que de ocurrir algún accidente mientras conduce su vehículo bajo ese estado, será responsable por las consecuencias de este. Asimismo, una persona que efectúa transacciones con una tarjeta de crédito ya sea


bajo la influencia de alcohol o no, es responsable por los consumos que se efectúan con ella, salvo que al haber sido víctima de un robo, hubiera bloqueado la tarjeta de inmediato”. ¿Cómo se hubiera resuelto este problema con la normatividad del Código Civil? En materia contractual contamos con el art. 1327 c.c., el cual prescribe que:

“El resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor habría podido evitar usando la diligencia ordinaria, salvo pacto en contrario”.

En lo que a responsabilidad extracontractual se refiere, el art. 1974 c.c. establece que:

“Si una persona se halla, sin culpa, en estado de pérdida de conciencia, no es responsable por el daño que causa. Si la pérdida de conciencia es por obra de otra persona, esta última es responsable por el daño que cause aquella”.

El principio que se debe extraer es que, si bien el acto jurídico sería nulo por falta de manifestación de voluntad del sujeto, excepcionalmente, el acto será válido si el propio agente es el causante de dicha situación. El argumento que fundamenta esta afirmación es el a simili: en efecto, si bien es cierto que el art. 1974 c.c. prevé la situación intencional de generar la pérdida de conciencia en materia extracontractual, sancionando con responsabilidad al sujeto dañante, creo que la actio libera in causa(71) es plenamente aplicable en materia de validez del acto jurídico. Ambas situaciones son sustancialmente similares, siendo incongruente tratarlas de distinta manera.

1.2. La nulidad por haber realizado el acto con una persona absolutamente incapaz

Se debe tener presente que, al cumplir los 18 años, existe una presunción relativa de capacidad de ejercicio, la cual puede interpretarse (más allá de lo evidente) del art. 42 c.c. No se debe olvidar que la regla es la capacidad de ejercicio y la excepción es la incapacidad. Cuando el Código Civil se refiere al “incapaz” o al “interdicto” se está aludiendo a una persona que ha sido declarada judicialmente como

(71)

Así, a propósito de la responsabilidad extracontractual, se sostiene que, “si hubiese culpa precedente, dice ORGAZ, aunque no en el momento del acto ilícito, aquella basta para la imputabilidad (actio libera in causa). Esta condición no ha de entenderse como referida solamente al “propósito” de colocarse en situación de inconsciencia, pues basta la falta de prudencia, o la situación del que pudiendo prever la pérdida de voluntad no lo previó y desdeñó tomar las precauciones del caso (ingirió bebidas irreflexivamente; usó estupefacientes sin prescripción médica; se dejó hipnotizar)” (Santos CIFUENTES, con la colaboración de Manuel O. COBAS y Jorge A. ZAGO, Negocio jurídico. Estructura. Vicios. Nulidades, 1ª. reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 1994, 105).

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tal y, consiguientemente, tiene representación legal. Se consideran absolutamente incapaces de ejercicio (art. 43 c.c.): a) Los menores de dieciséis años, salvo para los actos especificados por la ley. Estos supuestos ya fueron individualizados en el capítulo relativo a los elementos esenciales del acto jurídico. A propósito del art. 1358 c.c., se explica que “sería absurdo, por decir lo menos, que un menor de edad tenga que ser acompañado por su padre o su madre para ir de compras a cualquier establecimiento comercial. Si nos ciñéramos estrictamente a las reglas de la incapacidad, sin un precepto como el comentado, esa adquisición sería nula, lo que ciertamente no se compadece con las exigencias de la vida cotidiana”(72). ¿Qué son necesidades ordinarias de la vida diaria?, “aquellas que es necesario o conveniente satisfacer para el desarrollo normal de las actividades cotidianas, que atañen bien sea al sustento o bien a la educación, el vestido, la recreación, el deporte, etc. Si entendemos el contrato como un fenómeno social, toda persona, así sea incapaz, necesita relacionarse con otras personas para obtener, a través del contrato, la satisfacción de necesidades”(73). Se agrega que, “una circunstancia que influye también fuertemente en la conveniencia de permitir a los incapaces la celebración de contratos es el creciente auge del fenómeno de la contratación en masa, que muchas veces se presenta bajo el manto de las relaciones contractuales de hecho. El incapaz no puede verse excluido de este tráfico, que versa sobre la provisión de bienes y servicios indispensables para la vida cotidiana de todos, capaces e incapaces, como son el uso de los transportes públicos, la asistencia a espectáculos, las compras en los almacenes de autoservicio, etc.”(74). En mi opinión, al ser un criterio tan elástico el de las “necesidades ordinarias de la vida diaria”, no debe limitarse al escenario de la “micro-contratación”, imaginemos el caso de un estudiante escolar (con discernimiento, se entiende) que quiere comprar una computadora, contrato que, en aplicación del art. 1358 c.c. sería perfectamente válido, por cuanto “no necesariamente se trata de contratos pequeños, simples, domésticos o cotidianos, sino que deben tener “significación personal y existencial” en el sujeto que los realiza”(75). b) Quien por cualquier causa se encuentre privado de discernimiento. La voluntad está conformada por dos elementos, a saber, discernimiento, el cual es la distinción intrínseca que hace el hombre para determinar si desea, o no, hacer algo y, si ese “algo” es bueno o malo. El otro elemento, es la volición, que es el acto, la materialización de tal decisión. Por

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Max ARIAS SCHREIBER PEZET, con la colaboración de Carlos CÁRDENAS QUIRÓS, Angela ARIAS SCHREIBER MONTERO y Elvira MARTÍNEZ COCO, Código Civil Peruano de 1984. Exégesis, Tomo I, Librería Studium, Lima, 1986, 108. Manuel DE LA PUENTE Y LAVALLE, El Contrato en general. Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil, Vol. XI, Primera Parte, Tomo I, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 1998, 385. Manuel DE LA PUENTE Y LAVALLE, op. cit. Enrique VARSI ROSPIGLIOSI, Contrato celebrado por incapaces con discernimiento, Comentario al artículo 1358 c.c., en Código Civil Comentado, Tomo VII, Contratos en General, Gaceta Jurídica, Lima, 2004, 100.

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consiguiente, en el caso de aquella persona privada de discernimiento, que no puede expresar su verdadera voluntad, lo que se realiza es un acto carente de una valoración subjetiva. Es por eso que el derecho protege este tipo especial de sujetos. c) Los sordomudos, ciegosordos y ciegomudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable. En otra sede había advertido que “en lo que a enfermedades mentales se refiere, el Código Civil tiene su propia escala, que comienza en el punto máximo de gravedad, que es la falta de discernimiento, pasando por el retardo mental y el deterioro mental. Este último con la característica que impida expresar la “libre voluntad”. Frente a ello, surge la siguiente pregunta: ¿Es más grave la situación del sordomudo que no puede expresar su voluntad de manera indubitable (art. 43.2) que la del que adolece de deterioro mental que le impide expresar su libre voluntad (art. 43.3)? Para el Código Civil, la respuesta es afirmativa, ya que la primera situación es regulada bajo el régimen de “incapacidad absoluta” y la segunda bajo la “incapacidad relativa”. Para nosotros, el tratamiento debería ser uniforme: independientemente de la causa, la situación es idéntica y si el sujeto no puede expresar su voluntad (libre o indubitable) el régimen debería ser el contenido en el art. 43 (“incapacidad absoluta” para el Código Civil, “régimen de capacidad de ejercicio restringida” en nuestra propuesta). Distinto es el caso que el deterioro mental no sea impedimento para manifestar la voluntad. Es por ello que proponemos la figura del deterioro mental tout court”(76). Un caso que nos puede ayudar a entender las implicancias de este supuesto de nulidad con la buena (o mala) fe de los terceros, es el siguiente: el representante legal de un interdicto por incapacidad absoluta celebra con una pareja de esposos un contrato preparatorio de compraventa de un inmueble de propiedad del interdicto, a condición suspensiva de las resultas del proceso judicial de necesidad y utilidad con el cual se autorizaría la venta. No obstante la sentencia fue favorable, debía realizarse la tasación del bien, la cual arrojó una valorización de US$ 28,835.00, superior al monto acordado, que era de US$ 15,000.00. Por ello, el representante legal demandó la resolución del contrato preparatorio “por causal sobreviviente de inejecutabilidad”, invocando los arts. 1371 (resolución) y 1372 c.c. (efectos de la sentencia que declara la resolución), la restitución mutua de las prestaciones principales y sus frutos dejados de percibir, así como una compensación (art. 1288 c.c.). La pareja contesta la demanda, argumentando, entre otros fundamentos, un abuso de derecho por parte del demandante. El Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con resolución Nº 33, del 12.09.97 declaró fundada en parte la demanda, ordenando la resolución del contrato y la restitución recíproca de las

(76)

Juan ESPINOZA ESPINOZA, La capacidad civil de las personas naturales. Tutela jurídica de los sujetos débiles, Grijley, Lima, 1998, 121.

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prestaciones, mas no de los frutos, ni tampoco la compensación. La motivación es la siguiente:

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“conforme a lo previsto por el artículo 1404 del Código Civil, establece que, la licitud de la obligación o la posibilidad de la prestación o del bien que es objeto de ella en un contrato sujeto a condición o a plazo suspensivo, se apreciarán al momento del cumplimiento de la condición o del vencimiento del plazo; (…) Que, si bien es cierto, la condición pactada tenía el carácter potestativo, dado que, en parte el cumplimiento de la condición se encontraba subordinado a la voluntad del vendedor, quien debía solicitar la autorización judicial para vender el inmueble objeto del contrato, también lo es que era el Consejo de Familia en última instancia, quien previo debate entre sus miembros, tomaba la decisión definitiva, concediendo o negando la solicitud del curador, lo que se verifica de la copia certificada del acta de fojas veintiocho a veintinueve máxime, si se advierte, que fue el Juzgador, quien en ejercicio de sus atribuciones dispuso la venta del inmueble previa tasación y remate, tal como se aprecia de la resolución que en copia certificada obra en fojas treinta y ocho y treinta y nueve; (…) Que, en consecuencia, al no haberse verificado la condición, tratándose de un contrato válido, dado que, si bien es cierto, para enajenar un bien propiedad de un incapaz de conformidad con el artículo 568 acorde con el artículo 531 del Código Civil, se requiere de autorización judicial, también lo es que la eficacia del acto jurídico celebrado se encontraba suspendido por efecto de la condición pactada, es decir, que la titularidad del inmueble materia de litis, no podía ser objeto de transferencia hasta el cumplimiento de la condición, máxime, si los compradores tenían conocimiento de que el curador no tenía facultades plenas para disponer del inmueble propiedad de su representado, lo que se infiere del propio texto de la cláusula en cuestión, a la cual se sometieron desvirtuándose los fundamentos expresados por los demandados en su contestación, al afirmar que desconocían que el curador haya tenido facultades para disponer del inmueble por tales razones, la no verificación de la condición constituye en sí misma causal de resolución; (…) Que, respecto de la procedencia de la restitución de prestaciones mutuas; en conformidad con el artículo 1372 segundo y tercer parágrafos del Código Sustantivo, sobre las consecuencias de la resolución contractual, señalan que, los efectos de la sentencia se retrotraen al momento en que se produce la causal que la motiva, debiendo restituirse las prestaciones en el estado que se encuentran; si ello no fuera posible debe reembolsarse en dinero el valor que tenían en dicho momento, siendo ello así, resulta procedente que las partes se restituyan recíprocamente el precio y el objeto del contrato, esto son los ocho mil dólares americanos recibidos por el demandante como pago a cuenta del precio con sus respectivos intereses legales y que los demandados restituyan el inmueble sub-litis; (…) Que, respecto del pago de frutos dejados de percibir por el uso del bien; se advierte, que si bien es cierto, el accionante, tal como expresa en su demanda,


entregó a los demandados la posesión del inmueble el dieciocho de Junio de mil novecientos noventa y uno, también lo es, que la eficacia de la compra venta estuvo supeditada a condición suspensiva, la que no se verificó por causas no imputables a las partes, conforme a lo anotado en el octavo considerando de la presente resolución por lo que devino en imposible la ejecución de las obligaciones mutuas, esto es, la cancelación total del precio y la transferencia definitiva del inmueble, máxime, si el demandante no ha acreditado con documento alguno haber puesto en conocimiento la causal sobreviniente de resolución a los demandados por efecto de la no verificación de la condición, que resulta sustancial a fin de verificar el incumplimiento de los demandados al requerimiento formulado y a partir de esa fecha realizar el cómputo para los efectos del pago por concepto de frutos, por el uso indebido del inmueble sub-judice, al haberse determinado la resolución del contrato, máxime, si por otro lado, el demandante no ha probado en ninguna forma haber puesto a disposición de los demandados el dinero por concepto de pago a cuenta del precio, prestación que le correspondía devolver, hechos por los cuales este extremo no resulta amparable y por ende la compensación de la deuda solicitada” (el subrayado es mío). La Tercera Sala Civil de la Corte de la Corte Superior de Justicia de Lima, con resolución del 30.01.98, confirmó la decisión de primera instancia, precisando que:

“respecto al pago de frutos dejados de percibir por el uso del bien, es de advertirse de autos que la causal sobreviniente que –para el Juez de la causa– deriva en la resolución del contrato de compra venta y cláusulas adicionales, no se originó del acto perturbatorio de iniciativa de los compradores sino de mandato judicial, extraño totalmente al desarrollo del contrato y sin control de aquellos, de manera que no puede calificarse el uso del inmueble como indebido ni obligárseles a pagar por una posesión legítima y de buena fe”.

Adicionalmente, al momento de inscribir la interdicción, se descubrió la inscripción de un acto jurídico de garantía hipotecaria, en mérito a un poder que otorgaba el propio incapaz a la pareja en cuestión. Por tal motivo, el representante interpone una demanda en contra de ellos, un laboratorio y un banco, solicitanto la nulidad ex art. 219.2 c.c., la cancelación del asiento registral y además una indemnización por daño emergente, lucro cesante y daño moral. El Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con resolución del 01.08.97, declaró fundada la demanda, en atención a que:

“el otorgante del poder especial no se encontraba en uso de sus facultades dada la insania mental del mismo, que le impedía efectuar cualquier acto jurídico que tuviera validez plena en relación a los derechos civiles regulados en el artículo tercero del Código Civil, pues había sido declarado interdicto por el Vigésimo cuarto Juzgado Especializado Civil de Lima; (…) que, conforme lo establece el inciso segundo del

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artículo doscientos diecinueve del Código Sustantivo, los actos jurídicos realizados por persona incapaz son nulos, por cuanto al celebrarse dichos actos jurídicos el otorgante se encontraba privado de discernimiento, siendo dichos actos nulos de puro derecho y que es materia de la presente acción” (el subrayado es mío). En lo que se refiere a la reparación civil, se ordenó el pago solidario de US$ 10,000.00, motivando que:

“conforme lo señala el artículo mil novecientos sesentinueve del Código Civil; aquel que por dolo o culpa causa un daño está obligado a indemnizarlo, que en el caso de autos se acredita que los demandados actuaron con dolo, en razón que tenían conocimiento de la incapacidad del otorgante de los actos jurídicos respectivos; (…) que, asimismo quien causa perjuicio o daño moral a otro deberá resarcir e indemnizar considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o su familia, así lo preceptúa el artículo mil novecientos ochenta y cuatro del Código Sustantivo”.

La Sub Sala A de la Sala Civil Corporativa Especializada en Procesos de conocimiento y Abreviados de la Corte Superior de Justicia de Lima, confirmó la decisión de primera instancia, revocando el monto, ordenando que se pague en moneda nacional, con intereses legales. Se advierte que:

“en el presente caso, se ha limitado a expresar genéricamente la comisión de daño al impedirse ejercitar el derecho de propiedad sobre el inmueble, sin sustentar en qué consiste el lucro cesante, sin acreditar el mismo. (…) Que, no obstante, el juzgador debe fijar el monto de la indemnización con valoración equitativa, cuando el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, correspondiendo, además, en el presente caso, dada la naturaleza de las pretensiones principales demandadas, indemnizar el daño moral”.

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, con sentencia del 13.08.99 (Cas. Nº 2356-98 Lima) j3 , amparó el recurso de casación interpuesto por el banco, fijándole la obligación de pago en la suma de mil nuevos soles, en atención a que:

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“el Banco recurrente funda su recurso de casación en que cuando obtuvo la garantía hipotecaria aún no estaba inscrito el nombramiento del curador del demandante y que de acuerdo con el artículo ciento sesenta del Reglamento General de los Registros Públicos, lo que se presume es que toda persona tiene conocimiento de los asientos registrales, no de los documentos que dieron origen a la inscripción y que no es necesario para tener buena fe registral que el interesado conozca todo el contenido de una escritura pública que dio origen a la inscripción, tan solo basta verificar los datos que aparecen en el asiento registral, por lo


que sostiene se han inaplicado los artículos dos mil doce, dos mil catorce, dos mil treinticuatro y dos mil treinta y cinco del Código Civil; (…) Que, el artículo dos mil doce del Código Civil recoge literalmente el contenido del artículo quinto del Título Preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos, y contiene el principio de publicidad, al establecer que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones, y el artículo dos mil trece del mismo Código establece que el contenido de las inscripciones se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique o declare judicialmente su invalidez. El primero contiene una presunción “jure et de iure”, el segundo una presunción “juris tantum”; en otras palabras, todos conocen el contenido de las inscripciones, y su contenido será cierto mientras no se declare lo contrario; (…) Que, en consecuencia, el artículo dos mil doce del Código Civil tiene que complementarse con lo dispuesto en el artículo ciento ochenta y cuatro del Reglamento General de los Registros Públicos, el que establece que a fin de asegurar la publicidad de los Registros, los funcionarios de los mismos están obligados a manifestar a toda persona, los libros, los títulos archivados, índices y demás documentos que obran en las oficinas registrales; (…) Que, la exposición de motivos del artículo dos mil doce, bajo comento, confirma esta apreciación, al sostener que la presunción cerrada de conocimiento del contenido registral, encierra solo un aspecto parcial de la publicidad al sostener una ficción legal, pues su aplicación aislada sin otorgar la posibilidad efectiva de acceso al Registro “implicaría un grave problema, referido al hecho de que las personas no puedan materialmente conocer aquello que la Ley presume de su conocimiento” y que “la primera publicidad, a la que podemos llamar sustantiva, no es posible considerarla sin que exista ampliamente garantizada la segunda, es la que se puede llamar procesal” – artículo ciento ochenta y cuatro del Reglamento General de los Registros Públicos; (Exposición de Motivos Oficial del Código Civil, Registros Públicos, Lima, mayo de mil novecientos noventa y ocho Jack Bigio Chrem, página ciento noventiuno); (…) Que, esto determina que forman parte de la publicidad de los Registros Públicos, los títulos archivados, lo que guarda concordancia con el artículo ciento sesenta del Reglamento antes citado, porque como el asiento registral es solamente un resumen, en el que consta el título que da origen al asiento, dicho título está a disposición a toda persona, porque forma parte del asiento y de la publicidad de los registros; (…) Que, por ello y a fin de asegurar la buena fe registral, no solo es necesario leer el resumen del asiento registral, sino tomar conocimiento del título archivado que le dio origen, más aun cuando el artículo ciento ochenta y cinco del Reglamento dispone que para conseguir la manifestación de los libros y demás documentos, no se requiere tener interés directo o indirecto en la inscripción o documentos, no expresar el motivo o causa por las cuales se solicitan; (…) Que, en el caso de autos el inmueble que se hipotecó al Banco recurrente, constaba en el registro que el garante lo obtuvo en división y partición con sus condóminos en la escritura pública de catorce de octubre de mil

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novecientos ochentiséis; ante el Notario Ramón Espinosa Garreta y en dicha escritura consta que el garante tenía la condición de incapaz; por lo que el Juzgado tuvo que aprobar la división y partición; (…) Que, si el Banco recurrente hubiera tenido el cuidado de examinar el título que dio origen al asiento, hubiera conocido la incapacidad del demandante y que el supuesto poder que él había otorgado no tenía validez por dicha razón y como consecuencia de ello no se podía hipotecar el inmueble, sin autorización judicial, de donde resulta que basado en su propia negligencia, el Banco recurrente no puede alegar la buena fe registral, por lo que no son aplicables los artículos dos mil doce, dos mil catorce, dos mil treinta y cuatro y dos mil treinta y ocho del Código Civil; (…) Que esta tesis doctrinaria coincide con lo expuesto por la tratadista y profesora de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú doctora Elena Vivar Morales en su obra “La Inscripción Registral de la Propiedad Inmueble del Perú” Tomo I, página cuaretiséis y lo expuesto por el doctor Luis Alberto Aliaga Huaripata en su artículo “Apuntes Sobre el Principio de Publicidad En El Derecho Registral Peruano” publicado en la Revista del Colegio de Notarios de Lima, año sétimo, número siete, Lima mil novecientos noventa y siete, página ochenta y nueve; (…) Que, respecto al artículo mil novecientos setenta de dicho Código, relativo a la responsabilidad objetiva o sea al daño causado mediante un bien o una actividad riesgosa o peligrosa, que no es el caso de autos, por lo que no resulta aplicable; (…) Que, en cambio el artículo mil novecientos setentitrés del Código Sustantivo dispone que si la imprudencia solo hubiera concurrido en la producción del daño, la indemnización será reducida por el Juez, según las circunstancias; (…) Qué, el Banco recurrente pudo prever la condición de incapaz del demandante y al no hacerlo actuó con negligencia e imprudencia, por lo que es posible la reducción de la indemnización” (el subrayado es mío). Estas decisiones motivan las siguientes reflexiones: a. En el primer proceso se presenta un problema interpretativo: no obstante se pactó expresamente una condición suspensiva, en la práctica era resolutoria, por cuanto los compradores vivían en el inmueble “pre-vendido”. De ahí que el juez diga que “la no verificación de la condición constituye en sí misma causal de resolución”. En estos casos, más allá de la redacción del documento, hay que observar lo que prima en la realidad de las cosas. Evidentemente, al no verificarse la condición, los efectos provisorios del contrato se resolvieron. b. En el segundo proceso se incurre en error al invocar el art. 3 c.c.: este se refiere a la capacidad de goce y no a la de ejercicio, que es la que se afecta en una declaratoria de interdicción. El problema no queda ahí: no obstante se trata de un sujeto afecto de incapacidad absoluta, y la invocación correcta es el art. 219.2 c.c., no se entiende porqué se invoca el supuesto de privación de discernimiento (que encajaría en el art. 219.1 c.c.).

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c. El razonamiento que el art. 2012 c.c. establece, por regla general, una presunción de conocimiento, incluso respecto de los títulos archivados y no del asiento registral es, por decir lo menos, temeraria. En la exposición de motivos “oficial” se hace mención al (ya derogado) art. 160 del antiguo Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado por Oficio Nº 1053-68, del 29.05.68, el cual prescribía que:

“Cada asiento de inscripción contendrá, en resumen, los datos que señale el reglamento respectivo o la Junta de Vigilancia y en todo caso, el nombre y denominación del cargo del funcionario público que otorgó el título, el día y hora en que fue presentado, con indicación del tomo y número del asiento del Diario respectivo y el monto de los derechos cobrados” (el subrayado es mío).

Se sostiene que la expresión “en resumen” hace que se deban consultar los títulos archivados, por cuanto la totalidad de la información no está en los asientos y la publicidad registral alcanza a toda la documentación (lo inscrito y también lo que no ha sido inscrito). Acá el operador jurídico oscila entre lo que regula Código Civil y el actual Reglamento Nacional de los Registros Públicos, aprobado mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 195-2001-SUNARP/SN, del 19.06.01 y cuyo T.U.O. fuera aprobado mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 079-2005-SUNARP/SN, del 21.03.05. En efecto, el art. 2014 c.c. norma que:

“El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro”.

Por otro lado, el art. VIII del T.P. del nuevo Reglamento, precisa que:

“La inexactitud de los asientos registrales por nulidad, anulación, resolución o rescisión del acto que los origina, no perjudicará al tercero registral que a título oneroso y de buena fe hubiere contratado sobre la base de aquellos, siempre que las causas de dicha inexactitud no consten en los asientos regístrales”.

Así, nos encontramos frente a dos tipos de “fe pública registral”: el que va hasta las “causas que no consten en los Registros Públicos” (delimitado por el Código Civil) y el que tiene su límite en “los asientos registrales” (establecido en el Reglamento de los Registros Públicos). La primera genera la interpretación que, forzosamente, tengan que analizarse, incluso, los títulos archivados.

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d. Convengo que esta última interpretación, “implica recalificar un título ya calificado por el registrador y, a su vez restarle importancia y eficacia al contenido de los asientos registrales”(77), lo cual genera el “establecer un nuevo elemento de inseguridad jurídica”(78). Doctrina registral afirma que “sin dejar de reconocer que nuestro sistema de transmisiones patrimoniales es “causalista” (no abstracto), somos de la opinión que, a los efectos de la protección de los terceros registrales, la búsqueda de posibles “inexactitudes registrales” debería limitarse a los asientos registrales y no a los títulos archivados. Ello en atención a la rigurosa calificación registral existente en nuestro sistema –a cargo de un profesional del derecho–, y al asiento registral que es más que un simple “resumen” del título, al determinar la nueva “situación jurídica” derivada”(79). Se sostiene que la naturaleza de los títulos archivados “definitivamente no es jurídica, debido a que esta función la cumple el asiento de inscripción, por cuanto el principio de legitimación solamente se encuentra referido a los asientos de inscripción. Por lo tanto su carácter es más bien de tipo administrativo, debido a que su contenido no va a producir efecto erga omnes, mientras no sea incorporado al asiento”(80). Por ello, aceptar que deben prevalecer los títulos archivados frente al asiento registral, hace que “las ventajas de contar con un sistema de inscripción (y no de transcripción como en Francia), es decir, que a partir de la presentación de un título formal en el Registro, el registrador extienda un asiento que constituye el extracto de los aspectos que interesa publicitarse para los efectos de oponibilidad, se diluyen. Y es que, si para efectos de ampararme en la fe del registro, debo indagar necesariamente en el contenido del título archivado, el asiento resulta más bien un mero referente de lo que resulta oponible y su utilidad es meridiana o casi nula pues no tiene efectos sustantivos, o dicho en otros términos, el asiento registral no tiene virtualidad suficiente para constituirse en un ente de oponibilidad plena. Sobre esa base entonces, los costos de transacción se vuelven sumamente altos, pues el registro publica situaciones jurídicas cuyo haz de estipulaciones que las configuran están desperdigadas en todo el título formal. En suma ¡que cada quien interprete lo que le es oponible!”(81). Se sostiene

(77) (78) (79)

(80) (81)

Juan Carlos ESQUIVEL OVIEDO, Recuperación de la preferencia perdida por nulidad del asiento de cancelación. Consecuencia de la extensión de la publicidad registral al título archivado, en Diálogo con la Jurisprudencia, Nº 85, Año 11, Gaceta Jurídica, Lima, octubre 2005, 248. Como observa Jorge Luis GONZALES LOLI, Nuevo Reglamento General de los Registros Públicos. Comentarios, Gaceta Jurídica, Lima, 2002, 76. Luis ALIAGA HUARIPATA, Principio de fe pública registral, Comentario al artículo 2014 c.c., en Código Civil Comentado, Tomo X, Responsabilidad Extracontractual. Prescripión y Caducidad, Registros Públicos. Derecho Internacional Privado. Título Final, Gaceta Jurídica, Lima, 2005, 421. El autor agrega que “esta posición a favor del asiento y su plena autonomía como documento público que contiene la situación registral, permitiría ahorrar tiempo y reducir costos en el “estudio de títulos”, labor que actualmente se ha tornado excesivamente compleja y onerosa debido a las circunstancias anotadas” (cit.). Fernando TARAZONA ALVARADO, Algunas consideraciones referentes a la fe pública registral, en Diálogo con la Jurisprudencia, Nº 61, Año 9, Gaceta Jurídica, Lima, octubre 2003, 66. Marco BECERRA SOSAYA, Los alcances de la publicidad material emanada del Registro de Predios. Una nueva forma de hacer estudio de títulos en el Perú, en Diálogo con la Jurisprudencia, Nº 92, Año 11, Gaceta Jurídica, Lima, mayo 2006, 274.

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que, con la precisión hecha por el art. VIII T.P. del nuevo Reglamento “debería quedar zanjada la problemática de la interpretación de los alcances del término “registros públicos”, generado por la redacción del artículo 2014 del Código Civil, en el sentido de entenderse referido a los “asientos registrales””(82). e. En sentido contrario a la doctrina registral mayoritaria, se explica que esta se basa en la tesis de la “inscripción sustantiva”, la cual entiende que: “- El contenido del documento y el contenido de la inscripción son distintos. Se disocia el “título (negocio documentado donde consta la adquisición del derecho) del “asiento” (derecho derivado del título). - Solo el “asiento” afecta a terceros”(83). Ahora bien, este sistema es el que rige en Alemania, en el cual el sistema de transferencia de la propiedad es diverso al nuestro, por cuanto en aquel “el negocio real abstracto sumado a la inscripción, produce como efecto la transferencia de la propiedad o de cualquier otro derecho real, quedando desligado del negocio causal. Uno y otro tienen vida independiente y, en consecuencia, dentro de los límites del sistema jurídico alemán, sí resulta admisible que el “asiento” (constatación de la transferencia de propiedad) se disocie del “título”. A esta situación se agrega el hecho que la inscripción tiene el carácter constitutivo. Dentro del sistema alemán, el negocio causal (de compraventa) vendría a ser el “título”, completamente desligado del negocio abstracto de atribución que se publica a través del “asiento””(84). Por ello se afirma que “las grandes diferencias que existen entre el sistema descrito y el peruano (en realidad, la diferencia es generalizada con todos los otros derechos europeos o latinoamericanos) hacen inaplicable en nuestro medio la teoría de la inscripción “sustantiva””(85). Los argumentos que se manejan son los siguientes: i) El asiento no tiene vida propia por que está conectado causalmente con el título que le dio origen(86). ii) Si el asiento registral contiene toda la información relevante, entonces cabe preguntarse: ¿para qué seguirá archivándose el título si no cumple ninguna función de oponibilidad?(87). iii) Solo en un sistema como el alemán, basado en el principio de abstracción de los actos de enajenación, podría decirse que el asiento se “independiza” del título, y vive al margen de este(88).

(82) (83) (84) (85) (86) (87) (88)

Martha SILVA DÍAZ, ¿Por qué la presunción de conocimiento del contenido de las inscripciones no comprende a los títulos archivados?, en Actualidad Jurídica, Tomo 145, Gaceta Jurídica, Lima, diciembre 2005, 44. Gunther GONZALES BARRÓN, Tratado de Derecho Registral Inmobiliario, Jurista Editores, Lima, 2002, 105. Gunther GONZALES BARRÓN, op. cit., 107 y 108. Gunther GONZALES BARRÓN, op. cit., 108. Gunther GONZALES BARRÓN, op. cit. Gunther GONZALES BARRÓN, op. cit., 109. Gunther GONZALES BARRÓN, op. cit.

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Si bien es cierto que el sistema alemán se basa en el principio de abstracción y el peruano es causalista, a nivel registral nacional se presenta un sistema, si se me permite la expresión “híbrido”, en el cual, aunque no haya una desvinculación total del asiento registral y del título, por seguridad de tráfico (lo cual –buena o mala– sería una opción interpretativa), se debería entender que el asiento registral es el signo de conoscibilidad que posibilita individualizar la titularidad de las situaciones jurídicas erga omnes.

f. En mi opinión la regla general es, entender la presunción de conocimiento del art. 2012 c.c. hasta el límite de los asientos registrales (no se olvide que el propio tenor del artículo hace referencia expresa al “contenido de las inscripciones”). La excepción y, por ello hay que ser sumamente cauto en su aplicación (y la carga de la prueba pesará en quien la invoque y no se aplicará presunción ni conjetura alguna), es la mala fe del tercero adquirente, la cual, evidentemente tiene que ir más allá del contenido de los asientos registrales. g. La argumentación que si el banco recurrente hubiese tenido el cuidado de examinar el título que dio origen al asiento, “hubiera conocido la incapacidad del demandante y que el supuesto poder que él había otorgado no tenía validez por dicha razón y como consecuencia de ello no se podía hipotecar en inmueble, sin autorización judicial, de donde resulta que basado en su propia negligencia, el banco recurrente no puede alegar la buena fe registral”, no es satisfactoria. En este caso, los vocales supremos están basándose en meras conjeturas y estas, evidentemente sucumben frente a lo que consta en los asientos registrales. Nótese que ello resulta de particular importancia porque no solo se está resolviendo un problema de oponibilidad, sino de responsabilidad civil derivada por no haber “analizado bien los títulos”. h. Así y todo, la invocación del art. 1969 c.c. es impertinente para el laboratorio y el banco. Al tratarse de personas jurídicas, se debería aplicar el art. 1981 c.c., ya que han actuado a través de sus dependientes. También es impertinente la invocación del art. 1973 c.c., ya que “la imprudencia” a la cual se refiere es a la de la víctima y no a la del banco-dañante (como mal entienden los vocales supremos y el recurrente). En todo caso, debió aplicarse el art. 1978 c.c. (responsabilidad por ayudar o incitar al daño). En ninguna de las instancias se indica si la responsabilidad es o no solidaria.

1.3. La

nulidad por imposibilidad material o jurídica del ob-

jeto del acto jurídico o por su indeterminabilidad

Se afirma que “la imposibilidad física (natural o material) se verifica cuando el contrato tiene por objeto cosas que no son existentes en la naturaleza o actividades materialmente irrealizables.

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La imposibilidad jurídica depende, en cambio, de una valoración normativa, no de disfavor por la violación de los principios fundamentales del ordenamiento (ilicitud), sino de “indiferencia”, que se verifica cuando el ordenamiento considera determinados intereses, aunque lícitos, no merecedores de tutela jurídica, en cuanto meramente lícitos o solo socialmente relevantes. Esta se configura, en otros términos, cuando el objeto del contrato consiste en bienes o comportamientos respecto a los cuales el ordenamiento no permite la constitución de de relaciones jurídicas. La imposibilidad debe ser valorizada de manera objetiva y absoluta; debe ser originaria, o sea que se remonte al momento de la estipulación y debe tener carácter definitivo: se refiere al momento de la producción de los efectos, de tal manera que, por ejemplo, un contrato sometido a una condición suspensiva o a un plazo es válido si la prestación, inicialmente imposible, se torna imposible antes de la realización de la condición o del vencimiento del plazo (de eficacia)”(89). Como se advirtiera en el capítulo respectivo a los elementos esenciales del acto, el objeto del acto (al menos para el Código Civil) es la relación o la situación jurídica y, en algunos supuestos (justamente cuando se menciona el requisito de la determinabilidad), el bien materia de la relación o situación jurídica. Sin embargo, cabe preguntarse si habría alguna diferencia entre el criterio de la imposibilidad jurídica y el de la ilicitud. Por ejemplo, vender Macchu Picchu o un riñón o casarse con una persona ya casada, encajan tanto en lo jurídicamente imposible y lo ilícito. Así, se entiende que “el objeto del contrato es ilícito cuando es contrario a normas imperativas, al orden público o a las buenas costumbres. La ilicitud debe ser evaluada al momento en el cual el contrato ha sido estipulado y en base a la normativa vigente en aquel momento”(90). Autorizada doctrina sostiene que el negocio es ilícito “cuando tiende a realizar un resultado contrario por normas o principios inderogables. Se puede tratar de normas imperativas de ley, de principios fundamentales e inderogables del ordenamiento jurídico (orden público), o de convenciones morales comúnmente aceptadas (buenas costumbres)”(91). Frente a ello se observa que “el concepto de ilicitud expresa una contradicción del contrato al ordenamiento jurídico más fuerte de aquella expresada por su contrariedad a las normas imperativas: la fórmula denota reproche por el resultado que, con el contrato, las partes se proponen realizar”(92). Esto se agrava cuando “en línea teórica y más aún en el examen de los supuestos concretos, resulta un tanto difícil operar una distinción “cierta” entre los conceptos de causa y objeto del contrato y la diferencia aumenta cuando nos movemos en el terreno de la ilicitud.

(89) (90) (91) (92)

Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 227 y 228. Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 236. Pietro TRIMARCHI, Istituzioni di Diritto Privato, décimo quinta edición, Giuffrè, Milano, 2003, 195. Francesco GALGANO, Il negozio giuridico, segunda edición, Giuffrè, Milano, 2002, 282.

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Se ha propuesto, al respecto, el siguiente criterio distintivo general: se tendría licitud de la causa (y no del objeto) cuando resulte ilícito el intercambio de las prestaciones, aunque estas, consideradas en si mismas, serían válidamente deducibles en el contrato, como sucede cuando se paga a un funcionario público para que cumpla un acto que entra en los deberes de su función (…). En esta hipótesis, la dación de dinero, por un lado y el desenvolvimiento de las propias funciones por el otro, singularmente consideradas, son lícitas; sin embargo, es ilícito el intercambio. Se tendría, en cambio, ilicitud del objeto cuando la prestación o el bien deducido sean directa e inmediatamente ilícitos y, por consiguiente, prohibidos por el ordenamiento jurídico”(93). Aunque se advierte que “ello se da en teoría: en práctica es muy difícil, por no decir imposible, identificar un caso de este tipo; y la hipótesis de la causa ilícita acaba con ser absorbida por aquella del objeto ilícito o por aquella del objeto (jurídicamente) imposible”(94). Autorizada doctrina no ha vacilado en afirmar que “a menudo el concepto de causa ilícita se presenta casi como una copia (doppione) del concepto de objeto ilícito. La ilicitud del objeto (esto es, de la prestación contractual) repercute en la causa, haciéndola, a su vez, ilícita”(95). En lo que respecta a la nulidad por falta de determinación o no determinabilidad del objeto, se advierte que “el objeto es determinado cuando el contrato ofrece una indicación suficiente, bajo un doble aspecto, cuantitativo y cualitativo; no es necesario que el objeto sea indicado con absoluta precisión, basta que sea clara la voluntad de las partes, incluso haciendo recurso a las reglas hermenéuticas. Es, en cambio, determinable, cuando sea individualizable en base a criterios objetivos (por ejemplo, cálculos aritméticos) o cuando las partes hayan previsto el procedimiento mediante el cual se llega a su determinación. En este caso, los actos dirigidos a este fin son actos debidos. Se ha considerado que cuando los contrayentes no lleguen a un acuerdo sobre la determinación prevista, esta podría ser operada por el juez con valoración equitativa. Consiguientemente, cuando las partes hayan pactado que algún elemento del contrato deba ser determinado en un momento sucesivo a la estipulación, tal determinación resultaría posible incluso ab externo, mediante una valoración equitativa del juez”(96). Como ejemplos se ponen: cuando en un contrato de prestación de servicios, estos sean indicados de manera absolutamente genérica, cuando en el contrato de sociedad no se indique el tipo societario o no determine suficientemente el objeto

(93) (94) (95) (96)

Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 237. Francesco GALGANO, op. cit., 287. Pietro TRIMARCHI, op. cit., 192. Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 244.

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social, entre otros(97). En el caso de las garantías omnibus, se considera que “si bien ha sido prestada para una obligación de monto indeterminado, es sin embargo válida si el objeto es determinable”(98). En doctrina se distingue la determinabilidad en sentido lato y en sentido estricto: en la primera “no debería decirse, en verdad, que haya un objeto indeterminado si, en efecto, la operación de integración se resuelve en un cálculo o en una valorización técnica, de la cual se fijen suficientemente los extremos, en realidad, el objeto ya está determinado y puede decirse que el contrato está completo en todos sus elementos”(99). En la determinabilidad en sentido estricto, “se tiene, en cambio, una integración sucesiva del contrato, en sentido propio, ya que el objeto no se especifica en base a meras valorizaciones técnicas, sino se necesita de la realización de una actividad ulterior, sin la cual el contrato quedaría privado del objeto, aunque en el contrato mismo hayan sido indicados los medios a través de los cuales se pueda llegar a su determinación”(100).

1.4. La nulidad por finalidad ilícita La causa es la función práctica individual del acto, que es sometida por el ordenamiento jurídico a una suerte de filtro de licitud (se entiende, de los negocios jurídicos en concreto), que permite su protección por dicho ordenamiento normativo, así como ofrece una pauta importante para su interpretación. Recordemos que la licitud puede tener una acepción formal (conformidad a las leyes imperativas, que la acerca al concepto de legalidad) y una acepción material (conformidad a los principios y valores jurídicos, que la acerca a la idea de justicia). En mi opinión, debemos optar por la segunda: en efecto, en no pocas ocasiones, el dato legislativo no es suficiente para determinar la conformidad de los actos de los sujetos al valor supremo del derecho: la justicia. En este sentido, se afirma, con razón, que “parece que el concepto de ilicitud expresa una contradicción del negocio al ordenamiento jurídico más fuerte que aquella constatada por su contrariedad a normas imperativas. Se denota una reprobación para el resultado que con el negocio las partes se propusieron realizar”(101). ¿Por qué se identifica el fin con la causa? Ello lo debemos al modelo diseñado por el legislador civil, quien nos explica que “el fin lícito –o la finalidad lícita,

(97) (98) (99) (100) (101)

Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 248 y 249. Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 252. a propósito de la fianza. Giuseppe MIRABELLI, Dei contratti in generale, tercera edición, UTET, Torino, 1980, 180. Giuseppe MIRABELLI, op. cit., 181. Eric PALACIOS MARTÍNEZ, La nulidad del negocio jurídico. Principios generales y su aplicación práctica, Jurista Editores, Lima, 2002, 151.

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como preferimos denominar a este requisito– consiste en la orientación que se da a la manifestación de voluntad para que esta, partiendo del motivo del o de los celebrantes, se dirija, directa y reflexivamente, a la producción de efectos jurídicos, vale decir, a la creación de una relación jurídica y normarla, así como a normar su regulación, su modificación o su extinción. Existe, pues, una identificación de la finalidad del acto jurídico con los efectos queridos y buscados mediante la manifestación de voluntad”(102). Se agrega que, “ahora bien, si la finalidad del acto jurídico se vincula a la manifestación de voluntad, necesita también exteriorizarse, ponerse de manifiesto. Por ello, si bien hemos señalado que el Código Civil ha acogido la causa como fin o finalidad del acto jurídico y que ha sido tomada como motivo determinante de su celebración, hay una identificación entre causa y motivo, pero solo del motivo determinante para el derecho, desde que es manifestado, y no del simple motivo subjetivo o dato psicológico sin relevancia jurídica”(103). Una perspicaz doctrina “parafraseando algún comentario sobre la aceptación de la causa en el Código Civil alemán”(104), ha dicho que, “en nuestro caso, no habiendo sido recibida por la puerta se ha permitido su ingreso por la ventana”(105). Doctrina nacional afirma que “normalmente cuando el objeto del negocio es ilícito, la causa también lo es. Sin embargo es perfectamente posible que el objeto sea lícito y la causa no. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un sujeto se compromete a abstenerse de ejecutar un delito a cambio de una suma de dinero. En este caso es claro que a pesar de que cada una de las conductas acordadas por las partes es lícita, su combinación negocial no lo es, en tanto que se encuentra dirigida a una función práctica consistente en sacarle provecho a una conducta que legalmente debe ser observada”(106). Me parece que, en el caso de un contrato, dado que nos encontramos frente a dos prestaciones, no sería correcto interpretarlas de manera aislada, sobre todo si se trata de prestaciones recíprocas, donde justamente una es la justificación de la otra. Si se entiende al objeto como la relación jurídica, es menester tener en cuenta ambas prestaciones en conjunto. En efecto, “solo una transposición elíptica puede hacer pensar que la “causa” se identifique con el “tipo” negocial, lo que puede considerarse legítimo solo hasta cuando permanezca en el modesto terreno de un catálogo de contratos (a título oneroso, a título gratuito, aleatorios, de garantía, etc.)”(107). Como lo había mencionado, si entendemos a la causa, independientemente que la consideremos como una función o un fin, como un filtro de licitud a efectos que el ordenamiento jurídico brinde su protección y tutela a la autonomía privada, podremos entender mejor los alcances

(102) (103) (104) (105) (106) (107)

Fernando VIDAL RAMÍREZ, El Acto Jurídico, cuarta edición, Gaceta Jurídica, Lima, 1999, 129. Fernando VIDAL RAMÍREZ, op. cit. Guillermo LOHMANN LUCA DE TENA, op. cit., 85. Guillermo LOHMANN LUCA DE TENA, op. cit. Freddy ESCOBAR ROZAS, Causales de nulidad absoluta, Comentario al artículo 219 c.c., en Código Civil Comentado, Tomo I, Título Preliminar, Derecho de las Personas, Acto Jurídico, Gaceta Jurídica, Lima, 2003, 921. Michele GIORGIANNI, op. cit., 67.

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del art. 219.4 c.c. En efecto, el ordenamiento jurídico se tutelan los matrimonios, la constitución de asociaciones, los contratos, cuya causa es el hacer vida en común, la actuación colectiva lucrativa o no, la circulación de los bienes. No se podrá decir lo mismo de los matrimonios entre personas del mismo sexo, asociaciones destinadas a la realización de orgías satánicas sangrientas o la absoluta disposición de una línea editorial de un canal de televisión a un gris asesor presidencial a cambio del dinero proveniente del presupuesto estatal. Con respecto al último ejemplo, me permito transcribir parte de la sentencia de la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, del 08.08.06, en la cual se detallan las cláusulas de este “contrato”:

“Se tiene en autos, que de fojas doce mil setecientos cuarenticinco a doce mil setecientos cuarentisiete aparece en copia simple un documento intitulado “contrato de Locación de Servicios”, del siete de noviembre de mil novecientos noventinueve, suscrito entre José Francisco Crousillat Carreño quien interviene como supuesto “Gerente General” del Canal cuatro – América Televisión (entiéndase Compañía Peruana de Radiodifusión – Canal cuatro) y de la otra parte “el contratante” que no consigna sus datos de identidad, argumentando razones estrictamente de confidencialidad, pero que se trataba de Vladimiro Montesinos Torres, apreciándose que las obligaciones contenidas en dicho documento eran; de un lado, por parte de “El contratante” entregar mensualmente a “El Canal” la suma de un millón y medio de dólares americanos, precisando que dicho contrato debía ejecutarse entre el siete de noviembre de mil novecientos noventinueve y el nueve de abril de dos mil. (…) Las obligaciones asumidas por “El Canal” en virtud a dicho contrato eran: “a) no admitir ni pasar ninguna propaganda política directa o indirectamente a menos que sea dispuesta por “El Contratante”; b) No pasar avisos políticos de ninguna índole de los candidatos a la Presidencia de la República, al Congreso de la República o a cualquier cargo público en la Campaña electoral para el año dos mil, a menos que “El Contratante” lo solicite explícitamente; c) No promover directa o indirectamente la imagen de ninguna agrupación política, partido o movimiento político ni de sus dirigentes o representantes sin la aprobación por escrito de “El Contratante”; d) no hacer ni pasar entrevistas, debate ni reportajes a candidatos a la Presidencia y/o al Congreso de la República sin la aprobación escrita de “El Contratante”; e) No emitir ningún otro programa con contenidos que refieran explícita o implícitamente a temas políticos sin que estos sean aceptados y/o aprobados por “El Contratante”; f) Propalar noticieros en sus horarios habituales de lunes a sábados y sacar al aire un programa político los días domingos en el horario de las veinte horas, empezando la primera quincena del mes de enero del año dos mil, cuyo contenido y titulares serán coordinados y aprobados por “El Contratante”; g) Revisar diariamente con “El Contratante” el contenido de todos los titulares y todos programas noticiosos antes de que estos sean propalados

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a nivel nacional, debiendo incorporar las observaciones que “El Contratante” considere necesarias así como incluir los temas que este decida en dichos noticieros; h) Durante cada emisión el Programa “Laura en América”, “El Contratante” dispondrá del tiempo que sea necesario para desarrollar los contenidos que estime conveniente; i) Responder por las declaraciones que emita su personal a través de otros medios informativos, televisivos o radiales que no sigan los lineamientos del presente Contrato; j) Reunirse con “El Contratante” las veces que sean necesarias a efecto de hacer las coordinaciones pertinentes para el mejor cumplimiento de lo establecido en el presente contrato”. (…) Por su parte “El Contratante” se comprometía a: “a) cumplir puntualmente con el pago de las mensualidades acordadas; b) coordinar oportunamente con “El Canal” la revisión de los programas noticiosos y el Programa político dominical y c) Realizar las demás acciones que sean menester”, acordando además que como garantía del cumplimiento de sus obligaciones, “El Canal” firmará una letra de cambio al portador por el monto que mensualmente recibe y luego de transcurrido dicho término, esta sería incinerada y renovada por un nuevo título valor en las mismas condiciones hasta la conclusión del contrato; de igual modo se pactaron penalidades por incumplimiento. (…) Finalmente se pactó que: “El Contratante” podrá ejercer durante la vigencia (del contrato) el derecho de veto sobre la participación de cualquier comentarista o periodista de “El Canal”, declarando haber suscrito dicho contrato en un solo ejemplar que quedó en manos de “El Contratante”.

¿Puede ser calificado como fin ilícito (y, por consiguiente, demandar la declaración de nulidad de un contrato) el hecho que una de las partes “pretenda lucrar ilícitamente” respecto de la otra? La señora Hurtado demanda la nulidad de acto jurídico (concretamente a la cláusula sexta del mismo) a su hermano y a su esposa “debido a que los demandados de manera ilícita pretenden lucrarse del referido acto ya que los mismos no han cumplido hasta la actualidad con pagar a la demandante más del cincuenta por ciento de la suma pactada en el contrato privado de compraventa de bien inmueble”. Invoca los arts. 219.4 (nulidad por fin ilícito), 1371 (definición de resolución contractual), 1561 (resolución por incumplimiento de pago en la compraventa por armadas) y 1562 c.c. (improcedencia de la pretensión resolutoria). No obstante la múltiple y dispar fundamentación jurídica, en primera instancia, el Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con resolución del 02.03.95, califica la pretensión como una de nulidad del acto jurídico. Sobre la cláusula en cuestión, afirma que:

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“de la cláusula sexta puesta en revisión, se advierte que se acordó un precio total del bien ascendente a Diez mil dólares americanos, suma de la cual Tres mil quinientos dólares americanos fueron abonados a la actora a la suscripción del aludido contrato, precio al que se le agregarían los gastos acreditados de una estipulada reparación del propio bien


además de pagos en cuotas mensuales del acordado precio, a partir del año de mil novecientos noventidós, pacto que lejos de las imprecisiones que dejan entrever, son jurídicamente aceptables (sic) en virtud a la libertad de contratación que confiere a los celebrantes el artículo mil trescientos cincuenticuatro del Código Sustantivo, concordante con el numeral Mil quinientos cuarentitres del mismo cuerpo legal, estrictamente aplicable a la compraventa en la fijación del precio del bien”. En este sentido, la juez declara infundada la demanda amparándose adicionalmente en el art. 1429 c.c., debido a que no se constituyó en mora al deudor (¿?). la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, con una pobrísima resolución, de fecha 19.06.95, se limita a confirmar la sentencia apelada, afirmando que:

“si bien es cierto que el actor (rectius: demandado) no ha acreditado haber cancelado el cincuenta por ciento del precio del inmueble sito en la calle quince número doscientos veintitrés bajos Rímac Lima; no es menos cierto que la acción incoada a fojas dieciséis es una de nulidad de Acto Jurídico que contiene la cláusula sexta del contrato de fojas nueve, cuyas causales no han sido acreditadas; no dándose los hechos causales de nulidad del acto jurídico tal como lo dispone el artículo doscientos diecinueve del Código Civil” (la aclaración es mía).

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, con fecha 21.08.96 (Cas. Nº 633-95) j4 , declaró fundado el recurso de casación, nula la sentencia impugnada y fundada en parte la demanda. Uno de los argumentos que se utilizó es que la resolución a la cual se refiere el art. 1429 c.c. “es facultativa mas no obligatoria”. Así:

“Resulta de este análisis que la resolución de pleno derecho por incumplimiento del acuerdo al artículo mil cuatrocientos veintinueve del Código Civil, es facultativa y no obligatoria, lo que se encuentra ratificado por el propio texto de dicho artículo, cuando expresa ‘que la parte perjudicada con el incumplimiento de la otra puede requerirla mediante carta por vía notarial (…)’”.

Solo me permito aclarar que el argumento de la primera instancia, que siguió sin mayor reflexión la segunda, se basaba en el hecho que se debió constituir en mora previamente por carta notarial. Por consiguiente, es correcto sostener que el ejercicio del derecho de pedir la resolución es facultativo, así como es facultativa la formalidad por medio de la cual se ejercita el mismo (vale decir, judicial o notarialmente). De esta manera, la Sala advierte que:

“Como podrá apreciarse en los artículos mil cuatrocientos veintiocho y mil cuatrocientos veintinueve del Código Sustantivo, a la parte perjudicada por el incumplimiento de su contraparte, se le conceden dos alternativas facultativas, la resolución del contrato por la vía judicial o la resolución de pleno derecho de acuerdo al segundo dispositivo antes citado”.

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En atención a ello:

“procede la resolución del contrato, de acuerdo con lo estipulado en el artículo mil quinientos sesentidós del Código Civil y también el extremo de la demanda referida a la reivindicación del cuarto que los demandados poseen en el inmueble sublitis, por lo dispuesto en el artículo novecientos veintitrés del mismo Código”.

Es de tenerse en cuenta que, al presentarse el recurso de casación, se invoca la interpretación errónea del art. 1429 c.c., con lo cual el problema ya no se centra en uno de nulidad del acto jurídico por fin ilícito, sino (como debió ser desde un inicio) de resolución del contrato de compraventa, en este caso, por incumplimiento del pago de las armadas. Es menester precisar que el conflicto surge antes de la modificación del art. 1562 c.c. por la Ley Nº 27420, del 07.02.01. El tenor del artículo era el siguiente:

“En el caso del artículo 1561, el vendedor pierde el derecho a optar por la resolución del contrato si se ha pagado más del cincuenta por ciento del precio. Es nulo todo pacto en contrario”.

El texto actual es:

“Las partes pueden convenir que el vendedor pierde el derecho de optar por la resolución del contrato si el comprador hubiese pagado determinada parte del precio, en cuyo caso el vendedor solo podrá optar por exigir el pago del saldo”.

El hecho que no se paguen cuotas en un contrato de compraventa por armadas, no puede ser calificado como un supuesto de nulidad por fin ilícito, sino –a partir de la reforma– de resolución por incumplimiento, salvo pacto en contrario. En este último supuesto, se generaría el derecho de exigir el pago del saldo más una indemnización si se hubieran registrado daños por dicho incumplimiento. Cabe comentar un caso en donde se discutía la nulidad de una supuesta venta de bien ajeno. El Banco Minero del Perú, con fecha 22.02.83, adquirió la propiedad de unos lotes del Fundo Nievería en Huachipa, con la finalidad de que sirva de centro de esparcimiento para sus trabajadores. El 07.03.92 el Delegado especial de la Superintendencia de Banca y Seguros en el Banco Minero, en cumplimiento de la Resolución SBS-070-91, entregó la posesión del terreno a la Asociación de Ex-Servidores del Banco Minero, el cual vienen usufructuando desde esa fecha en forma permanente, pacífica, continua y de buena fe. En el año 1999, es interpuesta la respectiva demanda de prescripción adquisitiva de dominio. Por otro lado, el Banco Minero en liquidación, mediante minuta de fecha 24.11.98 elevada a escritura pública el 27.01.99, celebró contrato de compra venta del terreno a favor de SEDAPAL con su correspondiente inscripción. Es entonces que, el 08.01.03, la asociación de ex-servidores solicita la nulidad del acto jurídico amparándose en el art. 219 inc. 4 (fin ilícito) e inc. 7 (cuando la ley lo declara nulo) c.c., alegando además que el Banco Minero no podía transferir un bien que ya no era de su propiedad

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y que SEDAPAL conocía de esta situación debido a las cartas notariales con las que se le había notificado. Los demandados contestan la demanda, argumentando que el terreno que se adjudicó en su momento a la junta de ex-servidores fue en calidad de posesión preventiva más no en propiedad, ya que para transferir el bien se necesitaba la autorización de la Dirección de Bienes Nacionales, la cual no se obtuvo. Además, se sostiene que la demanda de prescripción adquisitiva interpuesta por la asociación fue declarada improcedente. En primera instancia, con resolución N° 25, se declaró fundada la demanda, declarando nula la compra venta, por cuanto:

“Que en cumplimiento de la referida Resolución se les hizo entrega del terreno conforme al Acta de Entrega de Terreno que obra de fojas cinco a seis, de cuyo cuarto párrafo se lee “(…)ha pesado en el ánimo del Superintendente de Banca y Seguros, dijo, el origen de la adquisición del terreno hecha por el Banco Minero hace más de diez años, con el exclusivo propósito de establecer un Centro de Recreación para uso exclusivo de los servidores del Banco Minero (…). Consta del Acuerdo del Directorio del Banco Minero de fecha cuatro de enero de mil novecientos ochenta, que el terreno de Huachipa fue adquirido para que sirviera de Centro de Esparcimiento de los trabajadores. Ese mismo propósito fue ratificado por R.M. 583-80-EF/71 que autorizó la asignación de recursos del Tesoro para la compra del terreno. En consecuencia, al seguir el uso de ese terreno dentro de los mismos fines para los que fue adquirido originalmente, se está respetando el espíritu de promoción social que inspiró esa adquisición, AUNQUE DESAPARECIERA EL BANCO MINERO COMO PERSONA JURÍDICA”; (…) Que, siendo ello así resulta evidente que efectivamente el negocio jurídico celebrado entre las partes emplazadas tienen un fin ilícito, el de quitar a los accionantes el terreno materia de litis que por derecho les corresponde, desde que fue adquirido con el ánimo y propósito de ser entregado a los trabajadores, lo que fue el espíritu que justificó la compra con recursos del Tesoro tal como se desprende de la Resolución y Acta de Entrega antes glosados, razón por la cual si bien es cierto a la demandante por motivos de trámites legales a la fecha no se le ha adjudicado el bien, también es verdad que el mismo fue adquirido con solo dicho fin social, que se constituya en un Centro de Esparcimiento de los Trabajadores del Banco Minero, aunque dicha entidad desaparezca como persona jurídica, conforme así lo aseveró dicha entidad en su oportunidad (…); (…) Que, respecto a la solicitud de nulidad por la causal prevista en el inciso séptimo: “Cuando la ley lo declara nulo”, esto es, cuando consta expresamente en el texto de las normas jurídicas, es de advertir que en estos casos, la nulidad opera porque o bien se cumple el supuesto que da origen a la nulidad, o bien porque no llega a cumplirse cabalmente los requisitos que, en el supuesto de la norma conducen a la validez del acto, en el caso de autos ni uno ni el otro supuesto se ha dado, razón por la que no cabe ampararse tal extremo de la demanda (…)” (el subrayado es mío).

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La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, con resolución de fecha 25.10.05, revocó la sentencia de primera instancia declarando infundada la demanda, fundamentando su decisión en:

“Que, debe tenerse en cuenta que, conforme aparece de los documentos obrantes de fojas ciento noventa y dos a doscientos veintisiete de autos, la Asociación demandante interpuso una demanda de Prescripción Adquisitiva de Dominio respecto a los lotes uno al siete del Fundo Huerta Nievería (…); (…) Que, en la aludida sentencia de Casación emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, el diez de Octubre del dos mil dos, se señaló: “(…)Que, la demandante no ha demostrado en autos el animus dominis, por cuanto en todos los documentos que presenta para acreditar su posesión hace referencia a que el propietario del bien sub litis es el Banco Minero del Perú, por lo tanto, no se ha portado como legítimo propietario; (…) Que, además, del documento de fojas setentidós a setentitrés denominado Adjudicación del Terreno de Huachipa a la Asociación de Ex Servidores del Banco Minero (Acta de entrega del terreno) se aprecia que se otorgó la posesión preventiva de este en presencia de los directivos de la asociación y doscientos trabajadores y familiares, dejándose aclarado que la transferencia legal del citado terreno para los efectos de la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble estaba condicionada a la aprobación del gobierno (…); (…) Que, por consiguiente, en uso de las facultades conferidas por el artículo novecientos veintitrés del Código Civil al señalarse que, “la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley”, en la condición de propietario de los lotes sub-litis, el Banco Minero del Perú en Liquidación los transfiere mediante la Escritura Pública de Compraventa a favor de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, con fecha veintisiete de Enero del año mil novecientos noventa y nueve, instrumento que contiene un acto jurídico de compraventa válido, con fin lícito, y permitido por la ley, en claro ejercicio del derecho de disposición de los bienes que le pertenecen al propietario Banco Minero en Liquidación” (el subrayado es mío).

En Casación, mediante resolución del 06.03.07 (Cas. N° 1224-2006) j5 , se declaró infundado el recurso, confirmando la sentencia de segunda instancia. En verdad, la demanda fue tan mal planteada al punto de ser temeraria, por cuanto la asociación no era la propietaria, ya que los lotes le fueron entregados con la condición resolutoria que se autorizara la transferencia por la Superintendencia de Bienes Nacionales. De los actuados del proceso no se desprende que esta condición estuviera sometida a un plazo. Asumo que el banco al encontrarse en liquidación, debía transferir la propiedad y, al no cumplirse la condición (pasaron más de diez años,

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lo cual es un plazo más que razonable para entender ello) sus efectos quedaron resueltos. ¿Se puede configurar la nulidad por falta de causa? Se afirma que “si uno de los efectos esenciales del negocio no puede verificarse en absoluto, por falta de un presupuesto suyo lógicamente necesario, la operación negocial resulta mutilada o injustificada. Se dice entonces que al negocio le falta la causa”(108). En el ordenamiento italiano (y en el nuestro) “el principio de causalidad de los negocios jurídicos tiene el rango de principio general: la causa representa un elemento esencial, cuya falta determina un defecto estructural del contrato”(109). Se individualizan los siguientes supuestos: a. La adquisición del bien que ya se encontraba bajo la titularidad del adquiriente. Como acertadamente se afirma “se trata de casos en los cuales la operación económica programada por las partes es irrealizable o carente de sentido y por consiguiente, no puede funcionar como razón justificante del contrato que le da revestimiento legal y de los desplazamientos de riqueza a los cuales está orientado”(110). Como ejemplo se pone el del heredero (verdadero que no lo sabe) que adquiere del heredero aparente(111). b. En el caso de los contratos con prestaciones recíprocas, “se considera que la relativa causa falte cuando no se pueda encontrar, en la operación económica ideada por los contrayentes, alguna equivalencia, cuanto menos tendencial o aproximativa, entre las prestaciones deducidas en el contrato”(112). Como podría ser el caso de un contrato de prestaciones alimenticias a la esposa (a quien por ley le corresponde), como compensación por la asistencia y el afecto recibidos. La doctrina que vengo siguiendo refiere un curioso caso (conocido por el Tribunal de Sanremo, con sentencia del 13.12.93), en el cual una señora reclamaba a un “mago” el dinero que le había dado por “prestaciones profesionales” de “imposible desciframiento y valoración” con las cuales no se hacía más que aprovecharse de la “cliente”(113). En efecto, Franca Maria Martorelli demandó a Claudio Pasquale D’Agnone, más conocido como el “Mago de la Riviera”, por cuanto, lo único que “recibió”, aprovechándose de su ingenuidad, fue un “ligamen” (o como se conoce por estas latitudes: “amarre”) con el entonces enamorado (con quien tenía problemas sentimentales), que no se tradujo en la más mínima actividad profesional apreciable y en la “protección astral”, que se concretó en una pequeña medalla sin ningún valor comercial. En esta sentencia se

(108) (109) (110) (111) (112) (113)

Pietro TRIMARCHI, op. cit., 191. Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 73. Enzo ROPPO, voz Contratto, en en Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile, IV, UTET, Torino, 1989, 113. Vincenzo ROPPO, Il Contratto, Giuffrè, Milano, 2001, 382. Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 75. Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 78.

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advirtió que faltaba “una razón válida del desplazamiento patrimonial” y que la mala fe del deudor era ictu oculi, argumentando que:

“En realidad, la actividad del demandado se ha concretado en una serie de “prestaciones” de imposible desciframiento y valorización, en una serie de meros expedientes dirigidos a confundir a la víctima de turno, aprovechándose de su ingenuidad. Por tanto, las prestaciones ofrecidas por D’Agnone (recordemos: un “ligamen” y una pequeña medalla definida como “protección astral”) no pueden ser consideradas como verdaderas y propias obras profesionales a los efectos del art. 2229 y sgtes. del c.c.ita. (que regula a las profesiones intelectuales). Más bien, por la absoluta inconsistencia y falta de seriedad profesional de dichas prestaciones, si se considerase existente la causa, derivaría igualmente la nulidad del contrato de quo por ilicitud de la causa por contravenir las buenas costumbres, entendidas como el conjunto de principios ético-sociales de una moralidad media, indispensables para la convivencia social, las cuales, en una determinada época, informan la conducta de las personas que quieren vivir honestamente. En suma, es inmoral poner sobre la base del reglamento contractual el aprovechamiento ajeno”(114). En el sistema italiano, el segundo párrafo del art. 1418 c.c.ita. prevé que se produce la nulidad del contrato cuando falta uno de los requisitos indicados en el art. 1325 c.c.ita. (que se refiere al acuerdo, la causa, el objeto y la forma, cuando es prescrita por ley, bajo sanción de nulidad). Por ello se justifica el recurso a la nulidad. En nuestro sistema, dado que no contamos con un artículo semejante, me parece que nos encontraríamos frente a un supuesto de inexistencia y debería aplicarse el art. 1359 c.c., por cuanto la ratio de esta disposición es la ausencia, justamente de uno de los elementos del contrato: este no deja de ser un acto jurídico y uno de sus elementos es la causa o (como prefiere denominar el Código) el fin. ¿Qué sucede en el caso del acto en fraude a la ley? El Código Civil peruano no contempla de manera específica este supuesto. El art. 1344 del c.c.ita. enuncia que:

“se considera además ilícita la causa cuando el contrato constituye el medio para eludir la aplicación de una norma imperativa”.

En doctrina se sostiene que “se tiene un contrato en fraude a la ley cuando las partes, aunque recurriendo a un negocio típico, realizan una operación prohibida por el ordenamiento jurídico. Se considera que el negocio en fraude se asimila al ámbito de la figura del negocio indirecto, puesto que con este los particulares utilizan un tipo legal para la consecución de un fin no solo ulterior (incluso diverso) de aquel delineado por el

(114) En Giustizia Civile, Tomo I, Parte I, Giuffrè, Milano, 1994, 1404.

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legislador –como sucede justamente en el negocio indirecto– sino además ilícito, por cuanto está prohibido por una norma imperativa”(115). Por ello “el “fraude” se distingue, por tanto, de la “contrariedad” a la ley (v. Paulo, en D. 1.3.19, según el cual contra legem facet qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui salvis legis verbis sententiam eius cincumvenit), en cuanto consiste no en la violación directa de la disposición normativa, sino en la elusión de la misma, vale decir, en la realización, a través de la ideación de un articulado mecanismo de aproximación, de un resultado práctico igual a aquel prohibido”(116). Frente a una concepción subjetivista que encuentra en la “intención de eludir a la ley” un elemento constitutivo del fraude, se alza la concepción objetivista en la cual “el resultado que se logra con el comportamiento elusivo es (debe ser) un resultado (desde el punto de vista económico) idéntico a aquel prohibido por la norma “eludida””(117). En este orden de ideas, en posición que comparto, se considera nulo el negocio en fraude a la ley por ilicitud de la causa(118). Así, “en una visión de causa concreta es justamente el fin de la operación económica en su conjunto que surge en primer plano, de tal manera, (…), bien puede un contrato típico ser ilícito en el plano causal. En tal sentido, la hipótesis de fraude a la ley tiende a ser reabsorbida en aquella de ilicitud de la causa, con la cual, en todo caso, tiene en común la sanción puesta por el ordenamiento, que es la de nulidad”(119). En este tipo de supuesto, cabría aplicar el art. 219.4 c.c.

1.5. La nulidad por simulación absoluta Se asevera que “por definición la simulación se produce cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro (…). Constituye un vicio propio del acto jurídico y puede ser absoluta o relativa, lícita o ilícita”(120). Hay que advertir que la definición es correcta si se trata de la simulación relativa, mas no en la absoluta, por cuanto en esta no se encubre ninguna modificación de la realidad jurídica. Como se advirtiera en el capítulo relativo a la simulación, si nos detenemos solo a analizar el acto simulado, llegaremos a la forzosa conclusión de que

(115) (116) (117)

(118) (119) (120)

Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 204. Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit. Giovanni D’AMICO, Libertà di scelta del tipo contrattuale e frode alla legge, Giuffrè, Milano, 1993, 88. El autor critica la posición subjetivista, planteando la siguiente interrogante “si la ignorancia de la ley no excluye la aplicación de la sanción prevista en caso de violación, ¿por qué la elusión involuntaria (cometida por quien ignoraba la existencia de la norma eludida, o no era al corriente de estar –con su comportamiento– burlando la ley) debería tener un tratamiento más favorable?”, cit., 73. Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 205. Francesco GAZZONI, Manuale di Diritto Privato, VI edición, ESI, Napoli, 1996, 779. Eduardo A. ZANNONI, Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos, 2a reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 2000, 100.

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nos encontramos en un supuesto de causa falsa; pero si tenemos a toda la operación jurídica en su conjunto (declaración y contradeclaración) nos encontramos frente a una causa simulandi que puede ser lícita o ilícita. El art. 219.5 c.c. es concordante con el art. 190 c.c., que define a la simulación absoluta. El art. 193 c.c. se refiere a la legitimación para actuar a efectos de pedir la nulidad del negocio simulado. En mi opinión, cabe aplicarlo tanto para la simulación absoluta como para la relativa (respecto del negocio simulado y no del oculto, se entiende). El hecho de vender un bien adquirido durante la sociedad conyugal, haciéndose pasar el esposo por soltero ¿constituye simulación? Al parecer, así lo interpretó la esposa que demandó la nulidad del contrato de compraventa en contra de su esposo (vendedor), los compradores y el banco que financió el préstamo para la adquisición, invocando, entre otros, el art. 315 c.c. (intervención de ambos cónyuges para disponer o gravar los bienes de la sociedad conyugal) y art. 219, inc. 1 (falta de manifestación de voluntad) e inc. 5 c.c. (simulación absoluta), así la cancelación del asiento registral respectivo y una indemnización. El esposo contesta argumentando que eso lo hizo “en bienestar de sus hijos”, mientras que los compradores y el banco se defienden alegando los arts. 2013 y 2014 c.c., ya que la situación de soltero constaba en la identificación del vendedor, así como en el asiento respectivo en registros públicos: por ello se adquirió el inmueble en buena fe y a título oneroso. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con resolución Nº 43, del 08.04.98 amparó la nulidad del contrato y la cancelación del asiento registral, mas no la indemnización en atención a que el inmueble fue adquirido:

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“durante la vigencia del vínculo matrimonial contraído con la actora, y por ende correspondiendo a un bien social, estipulado por el artículo 310 del citado Código Sustantivo, más aún que en autos no ha probado el mencionado codemandado ni ha presentado prueba en contrario a tenor del artículo 311 del mismo cuerpo de Leyes; (…) Que, así mismo es de precisarse (que) el acotado predio fue vendido por don Víctor Nelson Bernedo Medina, mediante contrato de Compra - Venta, el ocho de setiembre de mil novecientos noventicinco, la misma que fue perfeccionada el veintidós de noviembre del mismo año, e inscrita en los Registros Públicos el veinticuatro de Junio de mil novecientos noventiséis, conforme se desprenden de las instrumentales, que obran a fojas ciento seis a ciento siete, ciento cincuenta y uno a ciento sesentitrés y, treinta y nueve respectivamente, a favor de don Arístides Walter Villacorta Gutiérrez y Marianela López Ramírez de Villacorta, durante la vigencia del matrimonio del mencionado vendedor, quien se encontraba casado con la demandante desde el veinte de junio de mil novecientos setenticuatro, conforme vierten de la partida de matrimonio de fojas dos; desprendiéndose así mismo que dicha venta que se realizó sin la intervención de la cónyuge demandante y sin haber contado con poder especial alguno; contraviniendo de esta forma a lo prescrito por el artículo 315 del Código Civil, que taxativamente señala, que para


disponer bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer. Empero, que cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad, si tiene poder especial del otro; (…) Que, de otro lado también ha quedado demostrado en autos que el mencionado co-accionado, durante el acto de la aludida compraventa ha ocultado su estado civil de casado, conforme vierten del contenido de las instrumentales de fojas ciento seis a ciento siete y ciento cincuentiuno a ciento sesentitrés, en donde aparece expresado que Víctor Bernedo Molina de nacionalidad peruana de estado civil soltero e identificado con Libreta Electoral número 10557005; (…) Que, así también resulta tenerse en cuenta que en atención a lo prescrito por el artículo 140 del Código Civil; para la validez del acto jurídico se requiere la presencia de sus elementos esenciales a saber; manifestación de voluntad, capacidad, objeto, finalidad y forma; por cuanto la carencia de uno de estos requisitos es lo que conduce a la nulidad del acto; a que así mismo nuestro ordenamiento civil distingue dos clases de nulidad, la que tiene por principio interés público (absoluta) y la que concede a favor de determinadas personas por perjudicar su derecho (relativa), la primera conduce al acto nulo y la segunda al acto anulable, o sea se da este último cuando en el acto jurídico concurran los requisitos esenciales, pero adolece de un vicio; (…) Que, en el caso de autos la mencionada compraventa celebrada entre don Víctor Nelson Bernedo Medina y Mariela López Ramírez y Arístides Villacorta Gutiérrez, se encuentra incursa en la falta de manifestación de voluntad, simulación absoluta y cuanto no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad, prevista en los artículos 219 incisos 1, 5 y 6 y 190 del Código Civil, así como por contravenir lo dispuesto por el artículo 315 del mismo cuerpo sustantivo” (el subrayado es mío). Sorprende sobremanera el desconocimiento de las normas contenidas en los arts. 2014 y 2015 c.c., no obstante fueron invocados por los co-demandados. Si en la identificación y –sobre todo– en el asiento registral respectivo, el vendedor aparece como soltero y titular del bien materia de la venta ¿cómo se le puede hacer asumir al tercero de buena fe a título oneroso el conocimiento que ello no es cierto?. Por ello, no cabe invocar la falta de manifestación de voluntad. Tampoco cabe argumentar la simulación absoluta por cuanto, si bien hay una situación real y una aparente, no existe (o al menos, no se ha probado) el acuerdo simulatorio, ni la intención de engañar. Asumo que la cita de la falta de forma es en el entendimiento que no se cumplió con lo prescrito por el art. 315 c.c., es decir, la intervención de ambos cónyuges, lo cual, por las razones expuestas, es inaplicable. La Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima, con resolución del 07.09.98, amparándose en el art. 2014 c.c., revocó la sentencia apelada en el extremo de la nulidad y la cancelación. La Corte Suprema de Justicia de la República, con resolución de 18.01.99 (Cas. Nº 3177-98 Lima), declaró improcedente el recurso de casación interpuesto. En este tipo de casos, solo le quedaría al cónyuge perjudicado interponer una demanda de indemnización por responsabilidad

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civil, entiendo contractual, ya que bajo el régimen de la sociedad de gananciales, se establecen derechos y obligaciones entre los cónyuges, en contra del cónyuge culpable. Debe tenerse en cuenta que la esposa estaba claramente en mejor posición de tener la información de la titularidad del bien, cuya venta fue diez años después de la adquisición que hizo el esposo (…) total ella asumió el riesgo de casarse con él.

1.6. La

nulidad por incumplimiento de la forma en los actos

ad solemnitatem

Se enseña que, “como la forma es la manera como se manifiesta la voluntad resulta apodíctico que todo acto jurídico tiene forma. Sin embargo, (…), para los actos jurídicos que tienen especial trascendencia familiar o patrimonial la ley prescribe la forma que hemos caracterizado como ad solemnitatem (…), siendo esta forma la que se constituye en requisito de validez y debe ser obligatoriamente observada por las partes para celebrar el acto jurídico y dar cumplimiento al requisito de validez exigido por el inc. 4 del art. 140”(121). Ejemplos de ello lo encontramos, aparte de los supuestos citados en el capítulo relativo a los elementos esenciales del acto, en el caso del contrato de suministro que se celebre a título de liberalidad, el cual debe formalizarse por escrito, bajo sanción de nulidad (art, 1605 c.c., in fine), o en el del contrato de renta vitalicia, que requiere la formalidad solemne de constituirse por escritura pública (art. 1925 c.c.).

1.7. La nulidad expresa Se advierte que el art. 219.7 c.c. “hace referencia a los supuestos de nulidades textuales o expresas”(122), es decir “aquellas que vienen dispuestas manifiestamente por un texto legal”(123). Ejemplos de ello son “el artículo 274 para el matrimonio; el artículo 865 para la partición hecha con preterición de algún heredero; el artículo 1543 que dispone que la compraventa es nula cuando la determinación del precio se deja al arbitrio de una de las partes; el artículo 1927 que establece que es nula la renta vitalicia cuya duración se fijó en cabeza de una persona que hubiera muerto a la fecha de la escritura pública; el artículo 1932 que señala la nulidad de pacto que prohíbe la cesión de la renta constituida a título oneroso, entre otros”(124).

(121) (122) (123) (124)

Fernando VIDAL RAMÍREZ, op. cit., 503. Lizardo TABOADA CÓRDOVA, op. cit., 341. Lizardo TABOADA CÓRDOVA, op. cit., 341 y 342. Lizardo TABOADA CÓRDOVA, op. cit., 342.

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1.8. La nulidad virtual El primer párrafo del art. 1418 del c.c.ita. prevé que “el contrato es nulo cuando es contrario a las normas imperativas, salvo que la ley disponga diversamente”. Se afirma que “de esta disposición se deduce la categoría conceptual de la denominada nulidad virtual: se le atribuye la función (de cierre) de sancionar con nulidad las hipótesis en las cuales la norma imperativa no haya previsto expresamente las consecuencias de su violación”(125). Se afirma que “las nulidades virtuales son aquellas que se producen cuando un determinado acto jurídico contraviene una norma imperativa, el orden público o las buenas costumbres”(126). Ahora bien, se advierte que el art. V t.p. c.c. (al cual remite el art. 219.8 c.c.), solo hace mención a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres, mas no a las normas imperativas, identificando en ello un “vacío legal”(127). Sin embargo, se propone recurrir a la analogía usando en siguiente razonamiento: “el artículo 219 del Código Civil establece que si el objeto del negocio es imposible o indeterminable, la consecuencia es la nulidad de dicho negocio. Ahora bien, la imposibilidad y la indeterminabilidad del objeto del negocio son supuestos de hecho semejantes a la ilicitud de dicho objeto (en tanto que los tres suponen la existencia de una anomalía). En tal sentido, las consecuencias jurídicas previstas para los dos primeros casos pueden perfectamente aplicarse, por analogía, a este último. Por tanto, cuando el objeto del negocio vaya en contra de una norma imperativa que no sea de orden público, el mismo será ilícito por aplicación analógica de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 219 del Código Civil”(128), agregando que “es preciso notar que la construcción analógica que se propone no viola lo dispuesto por el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil, según el cual la ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía, en tanto que, por un lado, las normas contenidas en el artículo 219 de dicho Código son generales; y, por el otro, no existe derecho alguno que resulte restringido en aplicación de las mismas (ninguna persona tiene el derecho de celebrar negocios imposibles, indeterminables o ilícitos”(129). En mi opinión, se puede llegar al mismo resultado interpretativo, por un camino menos complicado: la propia naturaleza de las normas imperativas es que estas prevalecen frente a la autonomía privada, justamente, sancionando con nulidad su contravención. Es más, si tenemos en cuenta la redacción del art. V del t,p, c.c., observamos que el legislador entendió como conceptos sinónimos el de las leyes que interesan al orden público con el de las imperativas: de otra manera no se entiende por qué se sanciona con nulidad la contravención de las primeras. Un ejemplo lo tenemos en el art. 234 c.c. el cual define al matrimonio como “la unión voluntariamente concertada por un varón

(125) (126) (127) (128) (129)

Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 615. Lizardo TABOADA CÓRDOVA, op. cit. Freddy ESCOBAR ROZAS, op, cit., 925. Freddy ESCOBAR ROZAS, op. cit. Freddy ESCOBAR ROZAS, op. cit.

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y una mujer”: sería nulo el matrimonio entre personas del mismo sexo pro contravenir esta norma que tiene naturaleza imperativa. 1.8.1. El orden público y su deslinde con el concepto de imperatividad El orden público es un conjunto de principios de diversa naturaleza (económicos, sociales, jurídicos, éticos, entre otros) que constituyen el pilar fundamental de la estructura y funcionamiento de la sociedad. Sobre el concepto de orden público se han dado variadas definiciones. Punto de partida forzoso es que no debe entenderse este concepto en la “acepción corriente, que alude a la tranquilidad de la calle, a la regularidad de la vida cotidiana”(130). Ha sido común asimilar el concepto de imperatividad al de orden público(131). Es por eso que no se duda en expresar que el orden público es un “conjunto de disposiciones imperativas”(132). Sin embargo, se ha observado que “una disposición no es de orden público, porque aparezca como imperativa o prohibitiva, sino lo contrario”(133). Así, “el orden público funciona antes que la norma imperativa; es lo genérico, es la concordancia con un sistema que no solamente es normativo sino también ideológico. Este se manifiesta a través de normas imperativas”(134). En efecto, el concepto de norma imperativa debe ser identificado con el de norma insustituible por la voluntad de los particulares, mas no debe ser, necesariamente, asimilado al concepto de orden público. El carácter de ineludibilidad (o de insustituibilidad) de una norma no coincide, forzosamente, con la idea de orden público(135). Por ejemplo, el art. 1328 c.c. contiene una norma imperativa que expresa

(130)

(131) (132)

(133) (134)

(135)

Manuel ARAUZ CASTEX, Derecho Civil. Parte General, Tomo I, Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1974, 110. El autor afirma que “en el sentido técnico en que estamos empleando los vocablos a que estamos refiriéndonos, “orden” equivale a categoría, clase; y “público” alude a lo propio del pueblo, de la nación, de la sociedad entera. En la frase, “el matrimonio es una institución de orden público”, por ejemplo, la expresión está usada con propiedad y significa que el matrimonio es una institución que está por encima del mero interés de los contrayentes, así como se afirma que es de otro “orden”, pues interesa a toda la sociedad” (cit.). Así, Fernando VIDAL RAMÍREZ, op. cit., 55 y en Orden público y nulidad virtual del acto jurídico, en Tratado de Derecho Civil. Título Preliminar, Universidad de Lima, 1990, 250. Marcial RUBIO CORREA, Título Preliminar, Biblioteca Para leer el Código Civil, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 1993, 100. En doctrina argentina, en este mismo sentido, se afirma que las “leyes de orden público son las leyes imperativas” (Guillermo A. BORDA, Manual de Derecho Civil, Parte General, Decimotercera Edición Actualizada, Editorial Perrot, Buenos Aires, 1986, 44). José LEÓN BARANDIARÁN, op. cit., 42. Guillermo LOHMANN LUCA DE TENA, Reforma del Título Preliminar del Código Civil, en Reforma del Código Civil peruano. Doctrina y propuestas, INDEJ, Lima, Gaceta Jurídica, 1988, 61. Particular atención merece quien, aun aceptando la diferencia entre normas imperativas y normas de orden público, hace depender la existencia de las segundas en función de las primeras cuando afirma que “hay normas imperativas que encuentran su justificación en los principios fundamentales sobre los que se apoya el ordenamiento jurídico del Estado y la tutela a los intereses generales de la colectividad (…) el orden público está constituido por aquellas normas imperativas que salvaguardan principios jurídicos y éticos fundamentales del ordenamiento” (Manuel DE LA PUENTE Y LAVALLE, op. cit., 100). Loris LONARDO, Ordine pubblico e illiceità del contratto, ESI, Napoli, 1993, 137. El autor propone que toda estructura normativa impone un propio y definido orden que deriva de la organización de un cierto modelo ético, político, institucional y económico (en una palabra: social) por medio de reglas previamente dispuestas y que, además, es necesario tomar conciencia del hecho de que, si los fundamentales criterios reguladores se obtienen principalmente del conjunto de valores normativos, el orden público no puede considerarse agotado en su genérica previsión (op. cit., 337).

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que todas las estipulaciones sobre exoneración y limitación de la responsabilidad por dolo o culpa inexcusable del deudor o de los terceros de quien este se valga son nulas. Dentro del ámbito de la categoría de las normas imperativas se distinguen, las normas prohibitivas, las cuales establecen un impedimento y las preceptivas, que establecen un mandato. Pueden absolver tanto intereses privados como intereses públicos(136). El artículo 242 del Código Civil, inciso 2, contiene una norma de orden público en la cual se establece que no pueden contraer matrimonio entre sí los consanguíneos en línea colateral dentro del segundo y tercer grados. Sin embargo, se prescribe que, en el caso del tercer grado, el juez puede dispensar este impedimento cuando existan motivos graves. En esta última disposición, como puede verse, está ausente el carácter de ineludibilidad o inevitabilidad. El artículo V T.P. c.c. habla de acto jurídico contrario a las leyes que interesan el orden público. En efecto, cuando en este artículo se establece la nulidad por actos contrarios al orden público, el legislador ha entendido este concepto como sinónimo de imperatividad. Por consiguiente, al haber normas de orden público que no implican, necesariamente, que sean insustituibles, debería reformularse el tenor de este artículo(137). El concepto de orden público se modifica continuamente en la medida que evoluciona la sociedad. Es por eso que se le entiende como un “modelo societario definido por el derecho en un determinado momento histórico de evolución de sus valores”(138). En otras palabras, el orden público está compuesto por los principios (no solo jurídicos sino sociales, económicos y morales, entre otros) sobre los cuales se basa la organización y estructura de la sociedad. Al lado del concepto estático del orden público límite a la autonomía privada, debemos considerar el concepto dinámico del mismo, entendido como una obligación de un Estado promotor de la satisfacción de las necesidades de sus integrantes. Un ejemplo en el ámbito legislativo lo encontramos en la Constitución italiana, cuyo artículo 3, segundo párrafo, establece que “es misión de la República remover los obstáculos de orden económico y social, que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y la efectiva participación de todos los trabajadores en la organización política y social del país”. Así, se sostiene que el orden público dinámico “se sustancia de principios y de directivas intermedias respecto a ellos para iluminar la norma hasta los límites

(136) (137) (138)

Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 135. El Anteproyecto de Ley de Reforma del Código Civil establece en su artículo 7 que “son inválidos, total o parcialmente, los actos contrarios a normas imperativas o prohibitivas, al orden público o a las buenas costumbres. La ley determina la sanción aplicable”. Loris LONARDO, op. cit., 389.

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de su componente axiológico” y “admite nuevos espacios de creatividad individual que, en vez de prescribir comportamientos y pretender comparaciones más o menos rígidas entre supuestos de hecho abstractos y supuestos de hecho concretos, indica las finalidades de la acción o los criterios que encaminan su aceptación”. Debemos cambiar la conceptualización del orden público de ordo ordinatus (orden establecido e inmutable) a ordo ordinans (orden con “una capacidad coherente de dirección hacia la finalidad del ordenamiento”(139)). Dentro de esta filosofía, se alinea la intervención del Estado a través del INDECOPI “al remover los obstáculos” que permiten una sana y libre contratación sin ningún tipo de discriminación. Ejemplo de ello lo hemos visto en materia de discriminación por razones de raza en discotecas y por negar un crédito a una consumidora que vivía en La Victoria(140). Una poco feliz invocación del art. V T.P. c.c. la encontramos en el siguiente caso: El señor Dammert y la señora Andrade contrajeron matrimonio civil ante el Consejo Distrital de San Isidro el 30.11.74. En 1993 deciden celebrar de mutuo acuerdo un proceso de separación convencional y divorcio ulterior con la finalidad de disolver su vínculo familiar. Para estos efectos, se presentó con la demanda una propuesta de convenio que estableció un régimen de alimentos para la señora Andrade por la suma de US$ 800.00 mensuales. El señor Dammert demandó la nulidad del acto jurídico (en concreto, la cláusula de alimentos) por considerar que se trata de un acto contrario a una ley imperativa que interesa al orden público. Amparó su pretensión en el art. 350 c.c., disponiendo que por el divorcio cesa la obligación alimentaria entre marido y mujer. Asimismo argumentó el art. V T.P. c.c., el cual menciona que es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público. Es decir, al existir una norma que dispone que por el divorcio cesa la obligación alimentaria y al pretender establecer un acto por el cual el recurrente quedaría obligado a asistir alimentos a su cónyuge, se ha vulnerado una norma de orden público. Por su parte, la señora Andrade argumentó que el convenio fue producto del acuerdo de ambas partes y el mismo recurrente abonaba la pensión. La contradicción se basa en que el convenio se realizó cumpliendo los requisitos del art. 140 c.c., de igual manera dicho acto jurídico no se trata de un acto contrario al orden público ya que, en resumen, no existe prohibición expresa que no admita pacto en contrario. El 26 Juzgado Civil de Lima, con resolución Nº 7, del 18.12.01, declaró fundada la demanda argumentando que el art. 350 c.c. establece que por el divorcio cesan las obligaciones alimenticias entre marido y mujer; y la excepción a esta norma se da por un divorcio por causal y no de mutuo acuerdo, por lo que siendo contrario al art. V T.P. c.c. se debe declarar nulo tal convenio. Señalando que:

(139) (140)

Loris LONARDO, op. cit., 28. Sobre el particular, permítaseme remitir a mi Derecho de los Consumidores, Editorial Rodhas, Lima, 2006, 121 a 132.

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“Que, el artículo trescientos cincuenta del Código Civil establece que por el divorcio cesan las obligaciones alimenticias entre marido y mujer; estableciendo a su vez en su segundo párrafo que en el caso de “(…) divorcio por culpa de uno de los cónyuges y el otro careciere de bienes propios o de gananciales suficientes o estuviere imposibilitado de trabajar o de subvenir a sus posibilidades por otro medio, el juez le fijará una pensión alimenticia no mayor de la tercera parte de la renta de aquel (…)”; (…) Que, conforme lo establece el segundo párrafo del artículo trescientos cincuenta la premisa de la norma radica en la existencia de un divorcio por causal mas no en un divorcio por mutuo acuerdo” (el subrayado es mío) .

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con resolución Nº 8, del 26.03.03, afirmó que al acordar en convenio que los alimentos a favor de la ex cónyuge hasta que contraiga nuevas nupcias, se está haciendo un acto convencional y de liberalidad, que no está expresamente prohibido en norma legal alguna, ni es contrario al orden público ni a las buenas costumbres. La Corte indica que:

“si bien el artículo trescientos cincuenta primera parte del Código Civil, establece que por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre el marido y la mujer y que por norma del artículo V del Título Preliminar del Código Civil, es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público a las buenas costumbres; no menos cierto es que el acordar en el convenio la continuación de los alimentos a favor de la ex-cónyuge hasta que contraiga nuevas nupcias, es un acto convencional y de liberalidad, este último por parte del ex-cónyuge, que no se encuentra prohibido expresamente por norma legal alguna, ni es contrario al orden público ni a las buenas costumbres” (el subrayado es mío).

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, con resolución del 26.05.04 (Cas. Nº 2100-2003 Lima) j6 , declaró infundado el recurso de casación interpuesto, señalando que:

“estando a que del propio tenor de la Propuesta del Convenio corriente de fojas ciento dieciséis, como lo ha determinado el Superior Colegiado, no se verifica circunstancia alguna que genere la nulidad del Acto Jurídico, que celebraran las partes en litigio, el recurso propuesto debe desestimarse; tanto más si dicho compromiso ha sido valorado como expresión de acuerdo de voluntades válido entre las partes, tanto en la sentencia de Separación Convencional como en la consiguiente declaración de Divorcio Ulterior; respecto de las cuales el hoy demandante y recurrente estuvo conforme” (el subrayado es mío).

Es por demás evidente que no se puede considerar que un acto de liberalidad nacido de la voluntad de las partes, de la autonomía privada y consentido por ellos mismos, pueda ser susceptible de nulidad por la escuálida argumentación de la parte demandante. Un aspecto que no se ha mencionado es acerca de los actos propios, ya que el señor Dammert aceptó la cláusula y cumplió con ejecutar las liberalidades.

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Al no ser nulo el acto, no cabe ir en contra de la propia conducta que ha generado confianza en la contraparte. 1.8.2. Buenas

costumbres:

público?

¿es

necesaria su distinción con el orden

Las buenas costumbres constituyen la adecuación de la conducta humana a las reglas de la moral dentro de un contexto social determinado. Las buenas costumbres son entendidas como “los cánones fundamentales de honestidad pública y privada a la luz de la conciencia social”(141). Por otro lado, se sostiene que por buenas costumbres “se ha de entender los hábitos inveterados de la sociedad que sean conformes con la moral del Código. La moral extra-código está exenta de la autoridad de los magistrados”(142). Desde mi punto de vista, se incurre en error cuando se pretende que exista un punto de convergencia entre la costumbre jurídica (entendida como norma jurídica) y las buenas costumbres. El concepto de costumbre al que se refieren (valga la redundancia) las buenas costumbres es a un hábito socialmente aceptado (que no consiste fuente de derecho, como la costumbre jurídica) y que merece el calificativo de bueno por adecuarse a las reglas de la ética de una sociedad determinada(143). No objeto que el sustrato común entre la buena costumbre y la costumbre jurídica resida en la habitualidad de ambas; pero mientras la primera se ciñe a los valores morales, la segunda es un tipo de norma jurídica, calificación que no ostenta la primera, por cuanto una presupone la estructura de poder que la hace obligatoria y la otra no. Aceptar lo contrario haría difícil la explicación acerca de cómo es que la costumbre jurídica (que ya tiene el juicio de valor de la opinio iuris necessitatis, vale decir, que ya fue entendida como buena y justa dentro de su entorno social) sea calificada nuevamente como buena. Asimismo, originaría serias dificultades para entender la diferencia y articulaciones entre la costumbre secundum legem y la buena costumbre(144). No obstante, ¿tiene sentido hablar de una costumbre mala o buena conforme a ley o que un acto jurídico sea contrario a una mala o buena costumbre secundum legem? En mi opinión, son distintos los escenarios en que se desenvuelven las costumbres jurídicas y las buenas costumbres y sería un error confundirlos: la costumbre jurídica es una norma jurídica, mientras que la buena costumbre es la adecuación de la conducta a las reglas de la moral. Si se entiende al orden público como un conjunto de principios sobre los cuales se basa la estructura y funcionamiento de la sociedad y a las buenas costumbres,

(141) BIANCA, loc. cit. (142) Luis DE GASPERI y Augusto MORELLO, op. cit. (143) Así, cuando se sostiene que “de las costumbres, o sea hábitos públicos, nos referimos a las buenas, o sea, que son morales” (el subrayado es mío) (Manuel ARAUZ CASTEX, op. cit., 195). (144) Aunque la doctrina nacional que vengo citando las entiende como sinónimas (Marcial RUBIO CORREA, op. cit., 92).

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como la adecuación de la conducta humana a las reglas de la moral, es forzoso llegar a la conclusión de que la relación entre ambos es de género a especie y no se encuentra justificación para que se mantenga la autonomía conceptual de las buenas costumbres frente al orden público, por cuanto las primeras están subsumidas en el último. Ello se pone de manifiesto si se hace un análisis del tenor del artículo V t.p. c.c. En efecto, como lo ha señalado un sector de la doctrina nacional(145), se pueden inferir los siguientes supuestos: a) Es nulo el acto jurídico contrario a las normas que interesan al orden público. b) Es nulo el acto jurídico contrario a las normas que interesan a las buenas costumbres. Comparto la posición que sostiene que la interpretación correcta es la última(146). En efecto, no se justifica por qué el orden público (concepto más amplio y general) deba pasar por el tamiz del reconocimiento de la norma jurídica y no el de las buenas costumbres (que forma parte del mismo). Sin embargo, creo necesario precisar que, partiendo desde la perspectiva que el concepto de buenas costumbres está subsumido dentro del concepto de orden público (y, por consiguiente, deviene en totalmente prescindible), bastaría con la fórmula que “es nulo el acto jurídico contrario a las normas que interesan al orden público”. 1.8.3. La

nulidad del acto jurídico contrario a las leyes que interesan

al orden público

(y

a las buenas costumbres) en la jurispruden-

cia nacional

En materia de testamentos, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, con fecha 22.08.87 (Cas. Nº 87-96) j7 , ha establecido, frente a una cláusula testamentaria, en la que se dispone que la propiedad no podrá ser vendida por ninguno de los herederos “en su acción y derecho y por fallecimiento de sus herederos asumirán los dos sobrevivientes y por fallecimiento de cualquiera de ellos asumirá definitivamente la propiedad, en su totalidad, el último sobreviviente para que lo posea libremente como propietario único”(147), lo siguiente:

(145) (146) (147)

“debe señalarse que esta condición impropia que sujeta la transmisión de propiedad a la muerte previa de dos personas en beneficio de una tercera repugna al orden público y carece de toda validez y eficacia. (…) Que nuestro ordenamiento legal no puede tolerar la existencia de una disposición semejante que propenda a generar expectativas

Marcial RUBIO CORREA, op. cit. Marcial RUBIO CORREA, op. cit. También comparte esta interpretación Fernando VIDAL RAMÍREZ, Orden público y nulidad virtual del acto jurídico, cit., 249. Según la propia resolución de casación, en ASOCIACIÓN NO HAY DERECHO, El Código Civil a través de la jurisprudencia casatoria, Tomo II, Ediciones Legales, Lima, 2000, 49.

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patrimoniales derivadas de que una persona muera con anterioridad a otra. (…) Que, en ese sentido, la finalidad perseguida con dicha disposición testamentaria es ilícita, siendo de aplicación lo dispuesto en los incisos cuatro(148) y ocho(149) del artículo doscientos diecinueve y doscientos veinticuatro(150) del Código Civil(151)”.

En efecto, se consideró ilícita (por atentatoria contra el orden público) la cláusula testamentaria, configurándose un supuesto de nulidad parcial. Resulta interesante la precisión que hace la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, con fecha 25.11.97 (Cas. Nº 1021-96) j8 , al establecer que:

“el acto jurídico es nulo, además de otras causales, cuando es contrario a las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres tal como lo dispone el inciso octavo del artículo doscientos diecinueve del Código Civil en concordancia con el artículo quinto del Título Preliminar del mismo Código sustantivo. (…) Que, en la anotada causal sustantiva de nulidad, se fundamenta la limitación de la autonomía de la voluntad en razón de que los actos jurídicos se celebran contraviniendo normas imperativas que son la expresión del orden público; estas nulidades no operan automáticamente, sino que los jueces tienen la facultad de declararlas con el sustento de la norma imperativa contravenida por la autonomía privada; por lo general, estas nulidades están integradas a las normas prohibitivas provenientes del conjunto del ordenamiento jurídico”(152).

Estoy totalmente de acuerdo con la advertencia de que la nulidad surte efecto con la declaración judicial. Sin embargo, no comparto la opinión que las normas imperativas (siempre) son la expresión del orden público, por cuanto, como ya se advirtió, se trata de conceptos independientes y pueden haber normas imperativas que no sean la expresión del orden público, así como normas de orden público que no tienen carácter imperativo. Frente a un caso de venta de un bien ajeno, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, con fecha 25.11.97 (Cas. Nº 282-T-97) j9 , aplicó el principio de nulidad del acto jurídico contrario al orden público, fundamentando su decisión en el hecho de que “quien no es propietario de un bien, no puede disponer de él y vender un bien ajeno y el dueño no puede

(148) (149) (150) (151) (152)

Que establece que es nulo el acto jurídico cuando su fin sea ilícito. Este prescribe la nulidad del acto jurídico “en el caso del artículo V del Título Preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa”. Que regula la nulidad parcial. ASOCIACIÓN NO HAY DERECHO, op. cit., 49-50. ASOCIACION NO HAY DERECHO, op. cit., 51-52.

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ser privado de su dominio, sin que medie su voluntad, porque la Ley no ampara el abuso del derecho (sic)”(153). En verdad, cuesta entender la referencia al principio del abuso de derecho, por cuanto la privación del derecho de propiedad es un acto ilícito que se realiza sin el amparo de potestad jurídica alguna (dicho en otras palabras: sin derecho), mientras el abuso de derecho es el conflicto entre un derecho subjetivo y un legítimo interés. En este mismo sentido, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, con fecha 28.09.99, cuando afirma que “resulta indudable que la venta de un bien ajeno, sin autorización o consentimiento de su verdadero dueño, es un contrato contrario a las leyes que interesan al orden público, ya que tanto la Constitución derogada de mil novecientos setenta y nueve como la vigente garantizan el derecho de propiedad”(154). Confunde gruesamente el concepto del orden público (y buenas costumbres) con el carácter “continuo, pacífico y público” de la posesión (regulado en el artículo 950 c.c.), la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, con fecha 15.05.98 (Cas. Nº 1818-97) j12 , cuando afirma que:

“la precariedad en el uso de inmuebles no se determina únicamente por la carencia de un título de propiedad o arrendatario; debe entenderse como tal la ausencia absoluta de cualquier circunstancia que permita advertir la legitimidad de la posesión que ostenta el ocupante obviamente en armonía con el orden público y las buenas costumbres; es con amplitud de criterio con el que se debe interpretarse la norma contenida en el artículo novecientos once(155) del Código Civil para su debida aplicación”(156)(el subrayado es mío).

Otro significado alternativo que hace la jurisprudencia nacional del orden público es cuando lo asimila a la noción de seguridad o tranquilidad. Así, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, con fecha 14.04.99 (Cas. Nº 2516-98) j13 , establece que:

“el orden público debe entenderse conforme a la doctrina imperante a aquella situación de normalidad en que se mantiene y vive un Estado cuando se desarrollan las diversas actividades individuales y colectivas sin que se produzcan perturbaciones o conflictos; así

(153)

ASOCIACIÓN NO HAY DERECHO, op. cit., 54.

(154)

ASOCIACIÓN NO HAY DERECHO, op., cit. Tomo III, p. 737. Dentro de la misma orientación, también puede citarse la resolución de fecha 08.09.97 (Expediente Nº 397-96) j10 , en la que se afirma que “no es por lo tanto jurídicamente posible ni lícito vender como propio un bien ajeno” (Diálogo con la Jurisprudencia, año IV, Nº 9, Gaceta Jurídica, Lima, 1998, 181) y la resolución de fecha 20.03.96 (Expediente Nº 693-95) j11 , que sanciona que “al haberse vendido bienes de ajena propiedad, el acto jurídico resulta nulo por imperio de lo dispuesto por el artículo quinto del Título Preliminar del Código Civil y nulo también el instrumento que sirve para probarlo” (Marianella LEDESMA NARVÁEZ. Ejecutorias Supremas Civiles (1993-1996), Legrima Editores, Lima, 1997, 393). Este sanciona que “la posesión precaria es la que ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido”. ASOCIACIÓN NO HAY DERECHO, op. cit. Tomo II, 55-56.

(155) (156)

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mismo lo caracteriza el conjunto de normas e instituciones cuyo objeto consiste en mantener en un país el buen funcionamiento de los servicios públicos, la seguridad y moralidad de las relaciones entre los particulares”(157). Mientras que, en jurisprudencia administrativa se trabaja, principalmente, con el concepto de orden público dinámico, la jurisprudencia judicial (al igual que la doctrina) interpreta, de manera no uniforme, el orden público estático. Es imperativo un diálogo entre los operadores jurídicos para que homogenizar este concepto que se yergue como uno de los pilares fundamentales del derecho.

(157)

ASOCIACIÓN NO HAY DERECHO, op. cit., 57.

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CAPÍTULO V La anulabilidad La anulabilidad es un supuesto específico de la categoría de la invalidez que, no obstante el acto cuente con todos sus elementos esenciales, se configura un vicio de la voluntad. El negocio anulable “es aquel que tiene todos los aspectos de su estructura y contenido es perfectamente lícito, solo que tiene un vicio estructural en su conformación”(158). Se sostiene que “la anulabilidad es un mecanismo de protección jurídica para cautelar la libertad y el conocimiento de una parte que participó en la celebración del contrato en situación de disminución de su voluntad”(159).

1. Las causales de anulabilidad El art. 221 c.c. establece que:

“El acto jurídico es anulable: 1. Por incapacidad relativa del agente. 2. Por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación. 3. Por simulación, cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho de tercero. 4. Cuando la ley lo declara anulable”.

1.1. La incapacidad relativa del agente Son relativamente incapaces de ejercicio (art. 44 c.c): a) Los mayores de dieciséis y los menores de dieciocho años de edad. Se sostiene que el fundamento de la limitación de la responsabilidad por

(158) (159)

Lizardo TABOADA CÓRDOVA, op. cit., 300. Rómulo MORALES HERVIAS, op. cit., 558 y 559.

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razones de edad “reside en la insuficiente madurez del sujeto que según milenaria experiencia presenta el ser humano desde que adquiere uso de razón hasta que por el paulatino desarrollo de la aptitud intelectual obtiene un aceptable conocimiento de la vida de relación. Cuando esto ha llegado ya es factible dar a la persona normal con la plena capacidad civil la posibilidad que encare a riesgo suyo todas las vicisitudes de la vida”(160). Este inciso tiene que ser interpretado sistemáticamente con el art. 227 c.c., el cual dispone que: “Las obligaciones contraídas por los mayores de dieciséis años y menores de dieciocho son anulables, cuando resultan de actos practicados sin la autorización necesaria”.

A su vez, este dispositivo tiene que ser interpretado conjuntamente con el art. 456 c.c., el cual norma lo siguiente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1358, el menor que tenga más de dieciséis años de edad puede contraer obligaciones o renunciar derechos siempre que sus padres que ejerzan la patria potestad autoricen expresa o tácitamente el acto o lo ratifiquen. Cuando el acto no es autorizado ni ratificado, el menor queda sujeto a la restitución de la suma que se hubiese convertido en su provecho. El menor que hubiese actuado con dolo responde de los daños y perjuicios que cause a tercero”.

Queda claro que, en el caso de cualquier incapaz (absoluto o relativo) que realiza un acto que solo le puede procurar un beneficio, no se requiere la intervención de los representantes legales.

b) Los retardados mentales. Si bien se afirma que deben distinguirse los conceptos de enfermedad mental y debilidad mental, se expresa que “ambas situaciones psíquicas implican una perturbación patológica de la actividad intelectual del sujeto cuando a causa de una enfermedad psíquica, de disposición anímica anormal o de lesión en las células cerebrales, se halla perturbada de tal forma su capacidad de juicio o la formación de su voluntad que no pueden esperarse de él apreciaciones y enjuiciamientos normales. Carecen de la libre determinación de la voluntad, en el sentido de no comprender el significado de sus manifestaciones ni de obrar en consecuencia”(161). c) Los sujetos que sufren de deterioro mental que les impida expresar su libre voluntad. La palabra deterioro proviene del latín deteriorare, estropear y significa “daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o físicas de una persona. Conjunto de fenómenos mentales deficitarios debido, bien a la involución biológica propia de la vejez o

(160) (161)

Jorge Joaquín LLAMBIAS, op. cit, 441. Jaime SANTOS BRIZ, Derecho Civil. Teoría y Práctica, Tomo I, Introducción y Doctrinas Generales, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1978, 402-403.

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bien a un transtorno patológico (arterioesclerosis, parálisis general, intoxicación, enfermedades mentales de larga duración, etc.).

El término hace referencia siempre a un debilitamiento más o menos progresivo, parcial o general, de las funciones mentales en relación al rendimiento anterior”(162).

d) Los pródigos, es decir, aquellos que despilfarran sus bienes en exceso a su porción disponible(163). Se señalan las siguientes características de la prodigalidad: i. Una conducta desarreglada de la persona. ii. Esta conducta ha de dirigirse a malgastar el propio patrimonio. iii. Es preciso que se obre con ligereza, o sea, que exista una desproporción con los fines a los que debe dedicar una persona sus bienes. iv. Que se ponga en peligro injustificado el patrimonio. v. Que dicha conducta y ese peligro han de ser con perjuicio de la familia. Se sostiene que “desde el punto de vista personal y subjetivo, la actuación del pródigo no es normal, pues se aparta de la del hombre juicioso de tipo medio, y ello lleva a afirmar que su conducta se basa en un comportamiento anormal patológico, sicológicamente no comprensible. De ahí que la psiquiatría forense incluya al pródigo entre los enfermos mentales. Se considera como una manifestación de la psicopatía en la que se incluyen los llamados expansivos que “por imponderables generosidades pueden derrochar sus bienes y caer en peligrosidad””(164). En efecto, la ludopatía consiste en una alteración progresiva del comportamiento por la que un individuo siente una incontrolable necesidad de jugar, menospreciando cualquier consecuencia negativa. Se trata de una adicción. La ludopatía es un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su clasificación Internacional de Enfermedades en el año 1992. e) Quienes incurren en mala gestión, o sea, los inhábiles para manejar su patrimonio y que por ello hayan perdido más de la mitad de sus bienes(165). f) Los ebrios habituales(166). Según se observa, “las formas clínicas más frecuentes del alcoholismo crónico son: el delirium tremens (alucinaciones y

(162) (163)

(164) (165) (166)

Diccionario Enciclopédico de Educación Especial, Diagonal Santillana, Volumen II, Madrid, 1985, 634-635. Según el art. 584 c.c.: “Puede ser declarado pródigo el que teniendo cónyuge o herederos forzosos dilapida bienes que exceden de su porción disponible”. La porción disponible varía para el que tiene hijos u otros descendientes, o cónyuge (porque puede disponer, como lo establece el art. 725 c.c., hasta el tercio de sus bienes) del que tiene solo padres u otros ascendientes (porque puede disponer, como lo establece el art. 726 c.c., hasta de la mitad de sus bienes). El que no tiene cónyuge ni los parientes indicados anteriormente, puede disponer de la totalidad de sus bienes (art. 727 c.c.). Jaime SANTOS BRIZ, op. cit., 407. El art. 585 c.c. recita: “Puede ser declarado incapaz por mala gestión el que por esta causa ha perdido más de la mitad de sus bienes, teniendo cónyuge o herederos forzosos”. Según el art. 586 c.c.: “Será provisto de un curador quien por causa de su ebriedad habitual, o del uso de sustancias que puedan generar toxicomanía o de drogas alucinógenas, se exponga o exponga a su familia a caer en la miseria, necesite asistencia permanente o amenace la seguridad ajena”.

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temblores de las manos, brazos y cara), la alucinación aguda (caracterizada por el delirio de persecución, con conservación del conocimiento), el síndrome de Korsakow (el enfermo no recuerda nada de lo que ha hecho o dicho un minuto antes), el delirio de celos y la epilepsia alcohólica (en la cual los ataques epilépticos se producen con la ingestión del alcohol y desaparecen al abandonar la bebida)”(167). El bebedor habitual, al sufrir esta sintomatología, carece de las facultades necesarias que le permitan realizar actos jurídicos válidos, es por ello que el derecho interviene, tutelando sus propios intereses y los de su familia. Los toxicómanos. Esta expresión deriva del griego toxiron, veneno y manía, locura. La toxicomanía es “el uso permanente y compulsivo de una droga impuesto por modificaciones en el organismo, como el hábito, acostumbramiento y dependencia y que tiene como corolarios el deterioro orgánico y físico y el consecuente perjuicio social”(168).

g) El artículo bajo comentario incluye, dentro de los “relativamente incapaces” y de acuerdo al Código penal derogado de 1924 (art. 32), a los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil. El actual código penal de 1991 (art. 36), suprime la figura de la interdicción, dentro de las penas limitativas de derechos y la asimila dentro de la inhabilitación (que también estaba regulada en el código derogado). Una lectura armónica y actualizada del art. 44.8 c.c. entenderá como relativamente incapaces a los que sufren pena que lleva anexa la inhabilitación civil(169).

(167) (168) (169) (170)

Con respecto a la interdicción; pero aplicándose para todos los efectos a la inhabilitación, se opina sobre el fundamento de esta causal de limitación relativa de la capacidad, observando que existen dos opiniones, a saber, la primera que considera a la interdicción como una pena accesoria de la principal, lo cual viene a ser un resabio del concepto de la denominada “muerte civil”, y la segunda, prevaleciente en doctrina, la cual sostiene que el propósito de la interdicción es tuitivo, que no se limita a la persona del condenado, sino que también está en función de su familia. Es por eso que en doctrina, se adhiere sin vacilación a esta última doctrina, observando que “la interdicción para realizar ciertos actos y la imposición de un curador no son sino la consecuencia necesaria de la imposibilidad de hecho en que se encuentra el recluso para atender con eficacia sus intereses y para desempeñar normalmente la patria potestad”(170).

Gran Enciclopedia Médica SARPE, Edición realizada por la División de Grandes Obras SARPE S.A., de revistas, periódicos y ediciones, Tercera Edición, Madrid, 1979, 87-88. Emilio ASTOLFI, Carlos GOTELLI, Jorge KISS, Jorge LÓPEZ BOLADO, Armando MACCAGNO y Víctor Luis POGGI, Toxicomanías, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1981, 6. Así, en opinión que comparto, Aníbal TORRES VÁSQUEZ, Acto Jurídico, San Marcos, Lima, 1998, 128. Guillermo A. BORDA, op. cit., , 285.

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¿A partir de cuándo se es “incapaz” frente a terceros? Un caso, que se vio en la Comisión de Protección del Consumidor del INDECOPI me llamó a la reflexión respecto de la inscripción de la sentencia que declara la interdicción y los alcances del principio de publicidad, regulado en el art. 2012 c.c., el cual establece que:

“Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones”.

En efecto, con fecha 04.05.01 la Corte Superior de Justicia de Lima aprobó la Resolución N° 12 emitida el 03.01.01 por el Décimo Primer Juzgado Especializado de Familia que declaró interdicto al señor Chung por incapacidad relativa; y nombró como curador a su hermano. El interdicto tenía una cuenta en el Banco de la Nación donde se le abonaban los pagos realizados por la ONP y el FONAHPU. Esta resolución se inscribió en el Registro Personal de la Oficina Registral de Lima y Callao con fecha 11.06.01. Sin embargo, se produjeron los siguientes hechos: a) El 17.08.01 a requerimiento del mismo interdicto, se le entregó una tarjeta Multired, correspondiente a su cuenta de ahorros y se hizo un retiro mediante cajero automático, ascendente a S/. 270.00, a través de la referida tarjeta b) El mismo 17.08.01, el interdicto otorga un poder fuera de registro a una tercera persona, la señorita Huayhua, para hacer retiros. c) El 24.08.01, el curador da a conocer por escrito al banco la situación del interdicto y su poder de representación. d) La señorita Huayhua, con el poder fuera de registro, ante el banco, con fecha 26.11.01, retira el monto de la sexta bonificación del interdicto, ascendente a S/. 320.00. Ante la denuncia del curador, la Comisión de Protección al Consumidor, mediante Resolución Final, Nº 339-2003-CPC j14 , del 26.03.03, ordenó la devolución de lo indebidamente pagado, dado que:

“por el carácter imperativo establecido en el artículo 2012 del Código Civil respecto del conocimiento de las inscripciones en los Registros Públicos, el Banco debió considerar que a partir del día 11 de junio de 2001 el denunciante, en su calidad de curador, era la única persona legitimada para efectuar operaciones válidas en representación del interdicto”.

Me queda claro que no se cumplió con el parámetro de diligencia del proveedor promedio al ordenar el pago a una tercera persona después de la comunicación hecha por el propio curador el 24.08.01. No me queda tan clara la responsabilidad en lo que se refiere al pago realizado antes de esa fecha. Evidentemente, dado el carácter imperativo del art. 2012 c.c., “toda persona tiene el conocimiento

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del contenido de las inscripciones” y esta situación no podía ser la excepción. Sin embargo, la aplicación de la norma al caso concreto hace pensar que la misma no debería aplicarse de una manera tan rígida en lo que se refiere a las inscripciones en el Registro Personal, sobre todo, si se trata de transacciones hechas ante una institución financiera. Ello supondría que, por cada transacción que se haga, el Banco deberá consultar a Registros Públicos (a nivel nacional) para ver si el sujeto tiene plena capacidad de ejercicio.

1.2. La

anulabilidad resultante de error, dolo, violencia e

intimidación

Coincido plenamente con quien sostiene que, “en estos tres casos: error, dolo y violencia moral o intimidación, resulta claro que estamos frente a causales de anulabilidad, por tratarse de actos jurídicos en los cuales ha existido una voluntad correctamente declarada, solo que por haber sido dicha voluntad anormal o viciosamente formada, corresponde a la víctima la opción de confirmar el acto o solicitar judicialmente su declaración de nulidad”(171). No se puede decir lo mismo respecto de la violencia física, por cuanto, como ya fuera puesto de manifiesto, no obstante lo prescrito en el art. 221.2 c.c., es un supuesto de falta de manifestación de voluntad ex art. 219 c.c.

1.3. La anulabilidad del acto disimulado El art. 221.3 c.c. dispone que es anulable el acto jurídico “por simulación, cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho de tercero”. Como se había advertido en el capítulo relativo a la simulación, en el caso de la simulación relativa, el acto oculto, real o disimulado, tiene un doble filtro: a) Con respecto a los que lo celebraron, “que concurran los requisitos de sustancia y forma” (art. 191 c.c.). Ello quiere decir que, al igual que cualquier otro acto jurídico debe reunir los requisitos de validez establecidos en el art. 140 c.c. b) Con respecto a los terceros, que no perjudique sus derechos (art. 191 y 221.3 c.c.). Aunque el art. 191 c.c. se refiera al supuesto de ineficacia, debe ser entendido como de validez. No tiene sentido interpretar que, para que el acto disimulado tenga efecto entre los que lo celebraron, no perjudique al tercero. Si nos encontramos frente a una causa simulandi ilícita, justamente para eso se celebró el acuerdo

(171)

Lizardo TABOADA CÓRDOVA, op. cit., 344.

70


simulatorio. Si bien el art. 194 c.c., amplía el espectro de sujetos protegidos, imaginemos que el tercero actúe de buena fe y a título oneroso confiando en el acto simulado, en este caso, los que celebraron el acto disimulado no podrán oponerlo a este, ya que es inválido, por cuanto lo perjudica.

1.4. La anulabilidad expresa Es aquella que obedece a un mandato legal específico. Encontramos supuestos de nulidad expresa en los arts. 277 c.c. (anulabilidad del matrimonio), 808 c.c. (anulabilidad del testamento con relación a las personas incapaces señaladas en el art. 687 c.c.), 809 c.c. (anulabilidad del testamento por vicios de voluntad) 812 c.c. (anulabilidad del testamento por defectos de forma) y 743 c.c. (anulabilidad de la desheredación en el testamento fundada en causa falsa)(172).

(172)

Citados por Guillermo LOHMANN LUCA DE TENA, op. cit., 574.

71

CAPÍTULO VI La sentencia de declaración de nulidad El art. 220 c.c. prescribe que:

“La nulidad a que se refiere el artículo 219 puede ser alegada por quienes tengan interés o por el Ministerio Público. Puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. No puede subsanarse por la confirmación”.

El art. 1421 c.c.ita. norma lo siguiente:

“Salvo disposición de la ley la nulidad puede ser hecha valer por quien tenga interés y puede ser relevada de oficio por el juez”.

Se sostiene que la interposición de la acción conduce al resultado de una sentencia declarativa(173). En este orden de ideas “no tendría ningún sentido una verificación (aunque sea negativa) respecto a un hecho que nunca ha entrado en el mundo del derecho”(174). Se advierte que, respecto a la declaración de oficio que en la jurisprudencia opera una interpretación restrictiva de este artículo. Se considera que “el juez debe cumplir tal prescripción solo si se solicita la ejecución del negocio nulo”(175). La doctrina es contestataria de esta posición, así “la explicación de la jurisprudencia, basada en el principio de la correspondencia entre lo pedido y lo pronunciado, al cual no se sustraería la cuestión de la nulidad no resulta convincente, porque no se ve la razón de inserir la regla de la relevancia dentro de los alcances de tal principio, en vez de considerarla una hipótesis de excepción. Esta última idea es coherente con la ratio de la nulidad, comúnmente entendida como una calificación operada en función de garantía de los valores fundamentales del sistema: es por

(173) (174) (175)

Raffaele TOMMASINI, op. cit., 890. Raffaele TOMMASINI, op. cit. Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 817, quienes citan la Casación Nº 7402, del 12.12.86. No obstante que es reiterada la jurisprudencia que se manifiesta en ese sentido, citan una decisión del Tribunal de San Remo del 13.12.93 y la Casación Nº 550, del 20.01.96, que van en sentido contrario.

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ello idónea a justificar la intervención del juez incluso en contraste con el eventual interés de las partes en la eficacia del negocio”(176). Frente a ello, se advierte que “es claro que “relevar” de oficio la nulidad no significa “declarar” o “pronunciar”, a todos los efectos la misma nulidad; significa simplemente acertar incidenter tantum la existencia de la invalidez al fin de rechazar la demanda propuesta”(177). En mi opinión, entendiendo que los actos nulos producen efectos jurídicos(178) (aunque precarios), la sentencia si bien es retroactiva, es de carácter declarativo, por cuanto, recién con ella el acto va a dejar de producir efecto jurídico alguno(179). Comparto plenamente el criterio de quien afirma “para que el juez pueda declarar de oficio la nulidad es necesario que, en aplicación de las correspondientes reglas procesales, resulte competente para ello. En tal sentido, aunque resulte manifiesta, la nulidad de un contrato civil no podrá, por ejemplo, ser declarada por un juez del fuero laboral”(180). ¿Qué pasa en el caso de los actos anulables? El art. 222 c.c. regula que:

“El acto jurídico anulable es nulo desde su celebración, por efecto de la sentencia que lo declare. Esta nulidad se pronunciará a petición de parte y no puede ser alegada por otras personas que aquellas en cuyo beneficio la establece la ley”.

Se explica que “cuando el artículo dice que la nulidad solo procede “a petición de parte”, debe entenderse que la acción también puede corresponder a sus sucesores y subrogados, acreedores y aun a los terceros perjudicados, en la parte en que el acto los perjudicara”(181).

(176) (177) (178) (179) (180) (181)

Giancarlo FILANTI, voz Nullità, I) Diritto Civile, en Enciclopedia Giuridica, XXI, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1990, 9. Francesco AMATO, Risoluzione, rescissione, anullamento di un contratto nullo?, en Giurisprudenza Italiana, I, 1, UTET, Torino, 1971, 447. En este mismo sentido, Salvatore MONTICELLI, Contratto nullo e fattispecie giuridica, CEDAM, Padova, 1995, 277. Así, se sostiene, en posición que comparto plenamente que “el negocio nulo produce efectos como válido hasta la sentencia judicial que lo sancione” (Guillermo LOHMANN LUCA DE TENA, op. cit., 546). Así también, Ramón ORTEGA, Nulidades civiles en el derecho colombiano, Temis, Bogotá, 1975, citado por Guillermo LOHMANN LUCA DE TENA, op. cit., 556. Freddy ESCOBAR ROZAS, Nulidad absoluta, Comentario al artículo 220 c.c., en Código Civil Comentado, Tomo I, Título Preliminar, Derecho de las Personas, Acto Jurídico, Gaceta Jurídica, Lima, 2003, 932. José LEÓN BARANDIARÁN, op. cit., 338.

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CAPÍTULO VII La nulidad parcial (utile per inutile non vitiatur: lo útil no se vicia por lo inútiL)

“Ante las nuevas necesidades, el Ordenamiento jurídico no es ya un simple censor, sino corrector de pruebas; tacha para corregir, borra para enmendar; no cifra su misión en el signo negativo de la destrucción, sino en el positivo de la cooperación”.

María Luisa MARÍN PADILLA, El principio general de conservación de los actos y negocios jurídicos “utile per inutile non vitiatur”.

Con esta categoría, “se parte de la premisa de la divisibilidad del contenido del negocio, de sus disposiciones o cláusulas, y entonces el planteo recoge la antigua máxima de que utile per inutile non vitiatur. La cuestión atañe, ni más ni menos que a la extensión de la nulidad del acto”(182). El primer párrafo del art. 1419 del c.c.ita. prevé que:

“La nulidad parcial de un contrato o la nulidad de las cláusulas individualmente consideradas importa la nulidad de todo el contrato, si resulta que los contrayentes no lo habrían concluido sin aquella parte de su contenido que está atacada de nulidad”.

De esta disposición se ha elaborado la categoría de la nulidad parcial objetiva. En cambio, la nulidad parcial subjetiva se encuentra en el art. 1420 del c.c. ita., el cual prescribe lo siguiente:

(182)

“En los contratos con más de dos partes en las cuales las prestaciones de cada una están dirigidas a la obtención de un fin común, la nulidad

Eduardo A. ZANNONI, Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos, 2a reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 2000, 159.

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que afecta al vínculo de una sola de las partes no importa la nulidad del contrato, salvo que la participación de esta deba, según las circunstancias, considerarse esencial”. Se afirma que el principio de conservación del contrato inspira las normas relativas a la nulidad parcial(183). Parecería que de la lectura del primer párrafo del art. 1419 c.c.ita. existiese una diferencia entre “nulidad parcial” y “nulidad de las cláusulas individualmente consideradas”; “pero es opinión común que se trata de una endiada (figura retórica en la cual con dos palabras se emplea el mismo concepto), en cuanto las cláusulas no son otra cosa que parte del contrato”(184). Siempre, a propósito de este artículo, se discute el criterio de esencialidad de las cláusulas nulas dentro del contrato ¿deberá ser objetivo (determinando la compatibilidad de la conservación del contrato con el originario juego de intereses) o subjetivo (la mera voluntad de las partes)?(185). Se observa que el art. 1419 del c.c.ita. tiene una regla y una contra-regla. La regla “está inspirada en la exigencia objetiva de la conservación de los contratos: esta crea el principio que la nulidad parcial no importa de por sí la nulidad total del contrato”(186). La contra-regla “abre a la nulidad total, el recurso a la denominada voluntad hipotética de las partes: o sea a su voluntad, recabada objetivamente por hilación del real intento manifestado en orden a la finalidad perseguida con la operación contractual puesta en actuación”(187). El segundo párrafo del citado art. 1419 c.c.ita, precisa que:

“La nulidad de las cláusulas individualmente consideradas no importa la nulidad del contrato, cuando las cláusulas nulas son sustituidas de derecho por normas imperativas”.

Encontramos similar disposición (aunque referida al acto jurídico) en el segundo párrafo del art. 224 del c.c., el cual regula que:

“La nulidad de disposiciones singulares no importa la nulidad del acto cuando estas sean sustituidas por normas imperativas”.

Se sostiene que este precepto está “fuera del fenómeno de la nulidad”(188). En efecto, “por incorrecta que sea la coexistencia en la misma norma fenómenos de tan diversos, todo ello contribuye a iluminar el conjunto de las indicaciones relevantes

(183) (184) (185) (186) (187) (188)

Francesco GALGANO, Diritto Civile e Commerciale, Volumen segundo, Le obbligazioni e i contratti, Tomo primero, Obbligazioni in generale. Contratti in generale, Tercera edición, CEDAM, Padova, 1999, 364. Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 694. Como advierten, Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 695. Giovanni CRISCUOLI, Il contratto. Itinerari normativi e riscontri giurisprudenziali, reimpresión actualizada, CEDAM, Padova, 1996, 376. Giovanni CRISCUOLI, op. cit., 276 y 377. Stefano RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, Guffrè, Milano, 1969, 53. En este mismo sentido, Giuseppe MIRABELLI, op. cit., 498.

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en sede reconstructiva, desde el momento que la contraposición resalta con claridad el carácter de la sustitución operada en base a cláusulas legales: esto, cuando no se consideren solo las implicaciones relevantes en el plano de la política legislativa, consiste en la predisposición de una relevante modalidad de intervención de Estado en el contrato, confirmando así la presencia de un concurso de fuentes en la construcción del reglamento contractual”(189). Por ello, se prefiere hablar de “integración legal”, por cuanto, el precepto “no toca la validez del negocio, sino integra el contenido con el reglamento legal; pone una limitación –y quizá la más grave– a la autonomía privada, no le niega relevancia negocial”(190). Frente a ello se sostiene que es “la misma norma contenida en el segundo párrafo del art. 1419 c.c.ita. que considera nula la cláusula sustituida, y admite, en el plano positivo, la compatibilidad entre nulidad parcial y sustitución, que se resuelven en momentos complementarios del tratamiento del acto nulo”(191). Doctrina nacional afirma, a propósito del art. 224 c.c., que “del texto citado se pueden inferir dos proposiciones lógicas interdependientes: que la nulidad parcial viene siendo considerada como la regla general en nuestro sistema de ineficacias y que ella se verificará solo cuando la disposición o disposiciones afectadas por la nulidad sean separables. En lo que concierne a lo primero, se confirma que nuestro ordenamiento jurídico positivo está inspirado en el aludido principio de conservación del negocio jurídico, que, como es conocido, tiende, en la medida de lo posible, a proteger los intentos prácticos de los particulares salvándolos de la sanción de ineficacia. Este es un punto importante en la decantación de los lineamientos rectores de nuestro sistema y que servirá eventualmente como punto de apoyo para una deseable construcción dogmática. Con respecto a lo segundo, conviene aclarar, de acuerdo al propio criterio, cuál es el significado del término separable en nuestra codificación civil. Particularmente, pensamos que la idea de separabilidad es fácilmente reconducible a la idea de prescindibilidad, expuesta por nosotros como requisito central de operatividad de la nulidad parcial. Para ello, debemos asumir que la separabilidad de cierta parte del contenido implica que esta no va a afectar la función objetivaesencial que cumple el negocio concreto en el contexto social. En síntesis, la separabilidad es la consecuencia directa del juicio de prescindibilidad, efectuado sobre el parámetro de la función objetiva que el específico tipo de negocio desempeña en el contexto jurídico-social. Los otros requisitos enunciados en nuestro tratamiento, es decir, la nulidad de un punto específico en un negocio unitario y la no existencia

(189) (190) (191)

Stefano RODOTÀ, op. cit. Giuseppe MIRABELLI, op. cit. Giovanni PASSAGNOLI, Nullità speciali, Giuffrè, Milano, 1995, 218.

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de voluntad contraria de los sujetos, se encuentran inmersos respectivamente en el texto del artículo aludido cuando señala el marco de actuación de la figura materia de tratamiento a través de la expresión nulidad de una o más de las disposiciones y en la propia esencia de la nulidad parcial enfocada como expresión del principio de conservación”(192). Ejemplo de estas situaciones lo encontramos en un contrato con cláusulas de exoneración de responsabilidad, si bien estas son nulas (en atención al art. 1328 c.c.), el contrato permanece válido y, por consiguiente, se deberán aplicar las reglas de la responsabilidad civil, en este caso, contractual. También si se pacta un contrato de arrendamiento con un plazo mayor de diez años, aplicando el art. 1688 c.c., el contrato se mantiene válido, pero con un plazo de diez años. Juega un rol importante el orden público, entendido en un sentido positivo. Similar al art. 1420 c.c.ita. es el art. 223 c.c., el cual, a la letra dice:

“En los casos en que intervengan varios agentes y en los que las prestaciones de cada uno de ellos vayan dirigidas a la consecución de un fin común, la nulidad que afecte al vínculo de una sola de las partes no importará la nulidad del acto, salvo que la participación de ella deba considerarse como esencial, de acuerdo con las circunstancias”.

La doctrina italiana (recordemos que el art. 1420 se refiere al contrato y no al negocio), afirma que “el fenómeno de la nulidad parcial subjetiva puede verificarse solo en relación a los contratos asociativos, en los cuales la participación de uno de los sujetos no puede ser esencial; pero no en los contratos plurilaterales no caracterizados por un fin común, en los cuales es esencial la participación de cada uno de los sujetos involucrados en el supuesto de hecho”(193). Como ejemplo se propone “el contrato que constituye una sociedad no podrá continuar operativo si se establece una nulidad que afecta la vinculación de uno de los socios fundadores cuando este es titular absoluto y exclusivo de la patente sobre un invento, cuya explotación era la finalidad misma de la sociedad así constituida. El ejemplo es válido también cuando el socio excluido por efecto de la nulidad era el que efectuó el aporte dinerario mayoritario, y el mismo era trascendental, según el objeto social, para la dinámica societaria concreta”(194). Doctrina nacional, en aplicación de los arts. 223 y 224 c.c., propone las siguientes reglas generales(195):

(192) (193) (194) (195)

Eric PALACIOS MARTÍNEZ, Contribución a la teoría de nulidad parcial del negocio jurídico, en Thémis, segunda época, Nº 38, 1998, 54. Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 736. Eric PALACIOS MARTÍNEZ, Nulidad en el acto plurilateral, Comentario al artículo 223 c.c., en Código Civil Comentado, Tomo I, Título Preliminar, Derecho de las Personas, Acto Jurídico, Gaceta Jurídica, Lima, 2003, 949. Guillermo LOHMANN LUCA DE TENA, op. cit., 585.

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a) La nulidad parcial es la regla, solo por excepción el contrato es nulo completamente. b) Las disposiciones son separables, salvo que otra cosa se deduzca de la naturaleza del negocio, de la intención de las partes y de las circunstancias concurrentes. c) La nulidad de las obligaciones accesorias puede llevar consigo la de la principal o principales, cuando sean esenciales. d) Para determinar la inserción automática de cláusulas modificatorias del contenido negocial por mandato legal, y que además el contrato subsista, debe prevalecer un expreso interés ético, social o público sobre el privado. Respecto de la última regla, se debe tener en cuenta que, conforme al principio de especialidad, el art. 1355 c.c. no colisiona con el art. 62 Const.(196): una aplicación de esta interpretación la encontramos en las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobadas por la Resolución de Consejo Directivo Nº 116-2003-CD/OSIPTEL, las cuales son normas de naturaleza imperativa, vale decir, no cabe pacto en contrario. Así lo establece el art. 3, el cual prescribe que:

“La presente norma tiene carácter imperativo y es de cumplimiento obligatorio por parte de los abonados, los usuarios y las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, salvo los casos en que la presente norma permita pacto en contrario. El ejercicio y exigibilidad de los derechos de abonado que la presente norma establece no pueden ser condicionados a pago previo alguno, salvo los casos en que la presente norma declara expresamente la facultad de la empresa de aplicar alguna tarifa” (El subrayado es mío).

En la exposición de motivos se pueden apreciar con claridad “las consideraciones”, como lo recita el art. 1355 c.c., por las cuales se dictan las Condiciones de Uso, a saber:

(196)

“la necesidad de regular la contratación surge por la falta de información o la información incompleta entre las partes sobre los derechos y obligaciones en la prestación de los servicios, el crecimiento exponencial del mercado de servicios públicos de telecomunicaciones, así como el desarrollo y la oferta de nuevos servicios, hace indispensable el establecimiento de reglas básicas y condiciones de acceso y uso de servicios, para las empresas operadoras, los abonados y/o usuarios” (el subrayado es mío).

Juan ESPINOZA ESPINOZA, Los principios contenidos en el Título Preliminar del Código Civil Peruano de 1984. Análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Segunda Edición, Lima, 2005, 159.

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En buena cuenta, la consideración por la cual se dictan las Condiciones Generales es, principalmente, para tutelar la situación de asimetría informativa en la cual se encuentran los abonados y usuarios. Consideración a todas luces “social y pública”, por cuanto la misma Constitución, en su art. 65, ya citado, consagra la defensa del interés de los consumidores y usuarios. Ello lleva a la inevitable conclusión que las Condiciones de Uso, al proteger la situación de asimetría informativa de los consumidores (sean estos abonados o usuarios), tutelan una situación de interés social y público, las cuales, en virtud del art. 1355 c.c., deben aplicarse a todos los contratos de servicios públicos de telecomunicaciones, incluso, a aquellos suscritos con anterioridad al 01.03.04. Caso contrario, se daría una disparidad de tratamiento que sería del todo injustificada si se tiene en cuenta la protección constitucional que el mismo Tribunal Constitucional reconoce a favor del consumidor(197). Téngase presente que la disposición final novena de las Condiciones de Uso reconoce el principio de supletoriedad del Código Civil y que la segunda disposición final establece que:

“Para todos los casos en que la presente norma prevé el derecho de las empresas operadoras a aplicar una tarifa, continuarán vigentes las respectivas tarifas tope –o máximas fijas– vigentes establecidas mediante resoluciones tarifarias, las cuales son aplicables a las empresas operadoras sujetas al régimen tarifario regulado”.

Como se puede observar, cuando se ha querido mantener una situación de acuerdo a la normatividad anterior a la entrada en vigencia de las Condiciones de Uso, ello se ha regulado específicamente. Aplicando un argumento a contrario, para todo lo demás, se aplicará inmediatamente las Condiciones de Uso. No siempre los operadores jurídicos tienen clara la diferencia entre el todo y la parte. Veamos el siguiente caso: el 11.03.94 Muñoz S.A. convoca a junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas para el 29.03.94. El 16.03.94 Manuel Olaechea concurre al local para revisar el balance y los estados financieros de Muñoz S.A., auditados por la firma Eugenio Gris & Asociados, los cuales muestran que mas del 90% de los activos de Muñoz S.A. estaban integrados por acciones de Constructores S.A. y de 77 S.A. Con ocasión de ello, se solicita al señor Jara, identificado como Jefe de la Sección de Valores de Muñoz S. A., una copia de los balances de Constructores S.A. y de 77 S.A. El señor Jara indicó que luego de obtener la autorización del Presidente del directorio le entregaría la documentación. En víspera de la junta, el señor Jara informó al señor Olaechea que su pedido había sido denegado y que no se le entregaría la documentación. El señor Olaechea concurre nuevamente a las oficinas de la sociedad en Compañía de un notario para

(197)

Solo por citar un caso: en el Exp. Nº 0008-2003-AI/TC j15 , la sentencia del 11.11.03, en la cual se declaró la inconstitucionalidad del D.U. Nº 140-2001.

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que certifique dicha negativa. El 29.03.04 tuvo lugar la Junta, en la cual el señor Olaechea reiteró su pedido, el cual fue nuevamente rechazado por el presidente del directorio, el señor Alfonso Olaechea, señalando que debía recurrir a dichas empresas para solicitar esta documentación Entonces, el señor Pablo Olaechea demanda la nulidad de la junta general ordinaria de Muñoz S.A., de fecha 29.03.94 y que se ordene nueva convocatoria. Señala que su solicitud de impugnación es válida debido a la vinculación antes advertida, por lo que es imposible conocer el real valor de los activos de Muñoz S.A. (y por ende, sus acciones) sin conocer la situación financiera de dichas empresas. Ampara su pretensión en el art. 132 de la LGS, según la cual el Directorio está obligado a proporcionar los informes y explicaciones que los accionistas juzguen necesarios y además en el art. 142 de la misma ley, en relación al no aprobar el balance y solicitar copia del acta para impugnarla. Por su parte, Muñoz S.A. contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, señalando que, no obstante se pretende que se declare nulo todo lo actuado en la junta general, en lo único que el demandante votó en contra fue en la aprobación de la memoria, balance general y estados financieros por el ejercicio de 1993. Asimismo, según el artículo 136 LGS, cuando los accionistas no se consideren suficientemente informados pueden pedir el aplazamiento de la votación sobre el asunto a tratar, lo cual procede cuando lo soliciten accionistas que reúnen la tercera parte del capital representado. En cuanto al fondo del caso, se indicó que los documentos que se solicitaban no obraban en su poder, además, de acuerdo al art. 143 LGS, el presente supuesto no es una causal válida para la impugnación, pues los acuerdos se han ceñido a la ley, al estatuto y no lesionan, en beneficio de uno o varios accionistas, los intereses de la sociedad. El 14 Juzgado Especializado en lo Civil, en su resolución número cuarenta y tres considera que de la demanda aparece que el demandante impugna únicamente a la junta general ordinaria alegando haberse celebrado con infracción a lo dispuesto en el artículo 132 LGS. Se afirma que la pretensión de que se entregara los balances y estados financieros de Constructores S.A. y 77 S.A. no merece amparo alguno porque tal pedido no se encuentra sustentado en norma legal alguna que imponga al directorio tal obligación. El deber contenido en el art. 132 LGS está referido a la presentación de documentos relacionados con la junta, esto es, los que pertenecen a la sociedad demandada y no a otras sociedades cuya situación financiera no era objeto de convocatoria. Por lo que se decide que la demanda es infundada, argumentando lo siguiente:

“que en relación a la alegada inobservancia del artículo 132 de la Ley General de Sociedades cabe resaltar que su cumplimiento ha quedado probado con los propios términos de la demanda de los que fluye que el accionante revisó la documentación relativa a la junta de las oficinas de la sociedad, siendo que su pretensión para que le entregara también los balances y estados financieros de las firmas “Constructores Sociedad Anónima” y “77 Sociedad Anónima” no merece amparo alguno,

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porque la misma no se encuentra sustentada en norma legal que imponga al directorio tal obligación y la que se contempla de los documentos relacionados con el objeto de la junta, esto es, los que pertenecen a la demanda y no a las de las otras sociedades cuya situación financiera no era objeto de la convocatoria” (el subrayado es mío). La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima alegó que el art. 132 LGS tutela los derechos de los accionistas, quienes pueden solicitar los informes y explicaciones que juzguen necesarios, estando el directorio obligado a proporcionárselos, salvo en los casos que juzgue que la publicación de los datos solicitados perjudique los intereses sociales. Considerando que el 90% de los activos de Muñoz S.A. está constituido por acciones de Constructores S.A. y 77 S.A., la única manera de saber su real solvencia económica es conociendo los balances, estados financieros y demás documentos, por lo que debe de entenderse que no deviene en idóneo, justo ni legal que se le niegue a uno de sus accionistas, aunque fuera minoritario, la posibilidad de conocer el estado real de las mismas. Es por eso que, con fecha 31.08.95, revocó la sentencia de primera instancia, declaró fundada la demanda y en consecuencia nula la junta general de accionistas de fecha 29.03.94, disponiendo que Muñoz S.A. convoque una nueva junta general proporcionando al demandante la documentación requerida. Se hace referencia a lo siguiente:

“se concluye que no tuvieron a la vista los documentos de las referidas filiales; por tanto nada sabe el demandante respecto de sus estados financieros, cuyos datos permanecen, si no ocultos, sin la posibilidad de acceder a ellos; que, entonces, hay que concluir que la Auditoria practicada por “Eugenio Gris y Asociados”(…) resulta deficiente, dado que no da razón de haber examinado las contingencias de las inversiones de “Muñoz Sociedad Anónima” en sus filiales “Constructores Sociedad Anónima” y “Setentisiete Sociedad Anónima”, cuyo accionariado, como se dijo constituye el noventa por ciento del activo de la demandada (…) respectivamente, tiene que entenderse que su Directorio y Gerencia conocen perfectamente el estado real de ellas, por lo que no deviene en idóneo, justo ni legal que se le niegue a uno de sus accionistas, aunque fuera minoritario, la posibilidad de conocer el estado real de las mismas, en aplicación del artículo ciento treinta y dos de la Ley General de Sociedades” (el subrayado es mío).

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República, con resolución del 27.05.97 (Cas. Nº 1134-95 Lima) j16 , aprobó la transacción celebrada entre las partes. Si bien es correcta la decisión de la Corte Superior al tutelar los derechos de los accionistas minoritarios, no hizo lo mismo cuando declaró nulo todo lo actuado. En efecto, el señor Olaechea, no obstante pidió la nulidad de la junta general, solo participó en parte ella. Por ello, solo este extremo en particular se debió declarar nulo, mas no –como equivocadamente se hizo– la totalidad de la junta.

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CAPITULO VIII Alegación de incapacidad ajena en beneficio propio El art. 226 c.c. prescribe que:

“La incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la otra en su propio beneficio, salvo cuando es indivisible el objeto del derecho de la obligación común”.

Como ha sido advertido por una atenta doctrina, a este enunciado le falta la palabra “o”, que sí tenía su antecedente, el art. 1078 del c.c. de 1936, el cual se inspiró, a su vez, en el art. 83 del c.c. brasileño de 1916(198). Por consiguiente, debería ser leído de la siguiente manera:

“La incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la otra en su propio beneficio, salvo cuando es indivisible el objeto del derecho o de la obligación común”.

Nos encontramos frente a un supuesto en el cual hay dos partes y se trata de una relación jurídica patrimonial; pero una de ellas es plurisubjetiva y justo en esta hay un incapaz. Partiendo de un argumento a contrario, la co-parte (capaz, se entiende) solo podrá alegar la incapacidad de su otra co-parte si es divisible la obligación común. No se precisa a qué tipo de capacidad se refiere, sin embargo, “debe concluirse que alude a la incapacidad relativa, porque la absoluta puede instarla siempre cualquiera de las partes”(199). Siguiendo con el esfuerzo de descifrar tan mala redacción, a propósito de la expresión “indivisible el objeto del derecho o de la obligación común”, la debemos entender en el sentido “si la obligación fuera común o el bien debido indivisible”. Me persuade más la interpretación que “este término debe ser entendido como referido al objeto de la obligación común, configurada como la

(198) (199)

Fernando VIDAL RAMIREZ, op. cit., 525. Guillermo LOHMANN LUCA DE TENA, op. cit., 587.

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prestación debida común”(200). Otro sector de la doctrina nacional afirma que el art. 226 c.c. debe ser modificado en los siguientes términos(201):

“La incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la otra para instar la anulación del acto. Cuando la parte obligada está integrada por dos o más personas, de las cuales unas son capaces y otras incapaces, la persona capaz no puede invocar la incapacidad de la otra para instar la anulación del acto, salvo cuando es indivisible la prestación que es objeto de la obligación común”.

Este artículo “introduce una excepción al principio de que solo el afectado por la causal de nulidad relativa puede invocarla, y, particularmente, en el caso de la incapacidad, que solo podría alegarla el representante legal del incapaz o el propio incapaz cuando cesare su incapacidad”(202).

(200) (201) (202)

Eric PALACIOS MARTÍNEZ, Alegación de la incapacidad en beneficio propio, Comentario al artículo 226 c.c., en Código Civil Comentado, Tomo I, Título Preliminar, Derecho de las Personas, Acto Jurídico, cit., 963. Aníbal TORRES VÁSQUEZ, op. cit., 618. Fernando VIDAL RAMÍREZ, op. cit.

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CAPÍTULO IX Mala fe del incapaz. Una aplicación del principio de los actos propios El art. 229 c.c. regula que: “Si el incapaz ha procedido de mala fe ocultando su incapacidad para inducir a la celebración del acto, ni él, ni sus herederos o cesionarios, pueden alegar la nulidad”. El art. 1426 c.c.ita. norma que:

“El contrato no es anulable, si el menor ha ocultado con engaño su minoría de edad; pero la simple declaración hecha por él de ser mayor no es obstáculo para la impugnación del contrato”.

La regla, como se sabe, es que si se celebra un acto con un incapaz será nulo (si este es absoluto, ejemplo, el menor de 16 años) o anulable (si es incapaz relativo). Este modelo jurídico regula la excepción. Es por ello que reafirmo que este supuesto es una aplicación del principio de los actos propios: el incapaz de mala fe se hace pasar como capaz, generando una situación de confianza razonable por la contraparte, la cual celebra el acto jurídico con este. Luego el incapaz, no puede, contradecir su propia conducta. En doctrina nacional, se califica esta situación como de una exceptio doli(203), la cual es una excepción que “legitima para enervar, repeler o detener la pretensión del titular del derecho”(204). Como ya lo mencioné en otra sede, “exceptio doli o actos propios, el resultado sería el mismo. No hacer valer una situación injusta”(205).

(203) (204) (205)

René ORTIZ CABALLERO, La doctrina de los actos propios en el Derecho Civil Peruano, en Derecho, Revista de la Facultad de Derecho, PUCP, Lima, Nº 45, 1991, 280. DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, Sistema de Derecho Civil, Volumen I, cuarta edición, primera reimpresión, Tecnos, 1982, Madrid, 460-461. Juan ESPINOZA ESPINOZA, op. cit., 483. En contra, quien sostiene que el art. 229 c.c. “regula claramente los hechos y los efectos jurídicos hipotéticos y por eso no es necesario aplicar la doctrina de los actos propios” (Rómulo MORALES HERVIAS, op. cit., 614).

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CAPÍTULO X El especial tratamiento de la invalidez en el matrimonio Con un caso nos daremos cuenta de las diferencias del tratamiento general de la invalidez y el que se da en el matrimonio: Una pareja se casa debido a un embarazo en agosto de 1997 y nace el hijo en diciembre de ese año. Debido a una serie de discusiones y desavenencias, el marido se hace un espermatograma y se da con la ingrata sorpresa que padece de azoospermia y que el menor no es su hijo. En febrero de 1999 se interpone la demanda, solicitando la nulidad de la partida de nacimiento, la anulación del matrimonio civil por error en las cualidades esenciales de la demandada y por impotencia absoluta al momento de celebrar el matrimonio (art. 277, incs. 5 y 7 c.c.) y una indemnización por daño moral y económico. El juez del Primer Juzgado Civil de la Provincia de Barranca, con resolución Nº 24, del 14.01.00, amparó en parte la demanda, al declarar nulo el acto jurídico contenido en la partida de nacimiento del menor, así como anulada el acta matrimonial, deviniendo infundado el extremo de indemnización por no haberse probado. Respecto del vicio de voluntad en lo que al acto jurídico matrimonial se refiere, se establece que:

“a mérito de los Informes de fecha 31 de diciembre y 04 de enero de 1999 evacuado por el Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica “Labmedic” de fojas 5 y 6, compulsado con el Informe Pericial del 11 de octubre de 1999 de fojas 151 a 152, relativo a la prueba científica de ADN realizada a don EHTH, doña IFUS y del menor HETU por parte del Laboratorio Bio Links, se concluye categóricamente que el actor no es padre del niño HETU por padecer este de la enfermedad de “Azoospermia” mal que imposibilita procrear por la ausencia de espermatozoides en el líquido seminal; (…) Que, dadas las conclusiones que anteceden y habiendo sido concebido el menor antes de la fecha del matrimonio la demandada ha actuado con dolo al haber sindicado y hecho creer al demandante como progenitor de su menor hijo HETU, aspecto no enervado con ningún medio probatorio durante el desarrollo de la investigación judicial; elementos consustanciales que conducen para declarar la anulabilidad del acta matrimonial 05 de agosto de 1997, por la concurrente de la causal fijada en el inciso segundo del

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artículo 221 concordante con el inciso 5 del artículo 277 del Código Civil, que establece la anulabilidad del acto jurídico por concurrencia de elementos esenciales a su formación, encierran un vicio que pueda acarrear su invalidez y haga insoportable la vida en común y opera a petición de parte” (el subrayado es mío). Resulta contradictorio advertir que, si bien la demandada ha actuado con dolo, se invoque el error (arts. 221, inc. 2 y 277, inc. 5 c.c.). Como bien es sabido, en materia de vicios de la voluntad, el dolo es la inducción al error (falsa representación de la realidad), mientras que en el error la falsa representación es espontánea. Ello, además, llama a cuestionamiento sobre la necesidad de regular causales específicas de nulidad (art. 274 c.c.) y de anulabilidad (art. 277 c.c.) del matrimonio, cuando ya contamos con una normatividad general en el Libro de Acto Jurídico. En este caso, por ejemplo, hubiera bastado invocar la causal del dolo regulada en el art. 221.2 c.c. A ver bien las cosas, los supuestos regulados en el inc. 5 del art. 277 c.c. (aunque interpretados como de error) son producto del dolo omisivo del otro contrayente. A continuación adjunto un par de cuadros comparativos en materia de nulidad y anulabilidad del matrimonio, para confrontar las causales con las que se encuentran reguladas en el Libro de Acto Jurídico. Comparando ambos elencos, nos damos cuenta que, en materia de nulidad, resultan redundantes los incisos 1 y 2 del art. 274 c.c., por cuanto no hacen más que repetir el supuesto del inc. 1 del art. 219 c.c.; el inc. 3 del art. 274 c.c., que hace lo propio con el inc. 3 del art. 219 c.c. (al ser jurídicamente imposible un matrimonio con una persona casada(206)) , así como los incs. 8 y 9 del art. 274 c.c. con el inc. 6 del art. 219 c.c. Quedarían como causales específicas de nulidad en materia de familia los supuestos establecidos en los incisos 4, 5, 6 y 7 del art. 274 c.c. En el caso de supuestos de anulabilidad, la causal regulada en el inc. 1 del art. 277 c.c. coincide con la del inc. 1 del art. 221 c.c.; la de los incisos 3, 5, 6 y 7 del art. 277 c.c. con la del inc. 2 del art. 221 c.c. (violencia o intimidación, error o dolo, intimidación y error o dolo, respectivamente). Particular atención merece la causal contemplada en el inc. 4 del art. 277 c.c. que, en puridad, no es una causal de anulabilidad, sino de nulidad (en la cual se debería aplicar el inc. 1 del art. 219 c.c.). De esta manera, se mantendrían como causales autónomas las reguladas en los incisos 2 y 8 del art. 277 c.c. Volviendo a la resolución bajo comentario, en segunda instancia, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, con resolución Nº 33, del 03.05.00, revocó la sentencia en cuanto declaró nula la partida de nacimiento, reformándola, anulando el acta de nacimiento en cuanto se consigna como padre al demandante, “quedando subsistente en lo demás que contiene y autorizado para utilizar el

(206)

Aunque puede discutirse si este supuesto también encaje en el de fin ilícito (inc. 4 del art. 219 c.c.).

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apellido (del demandante, se entiende)”; se confirmó en el extremo que se declaró nula el acta de matrimonio y se revocó en cuanto se declaró infundada la pretensión indemnizatoria, ordenando “que la demandada indemnice al demandante con la suma de setecientos nuevos soles más intereses legales” y además ordenaron “que devuelva las sumas cobradas por concepto de alimentos para ella y para su hijo”. La pregunta surge inmediatamente: ¿por qué setecientos soles? ¿por daño moral?. Estas dudas subsistirán mientras tengamos operadores jurídicos que fundamenten defectuosamente sus decisiones. Con respecto al vicio de voluntad en el acto jurídico matrimonial, se insiste en calificar al dolo como error. Así:

“Estando probado que la demandada dolosamente hizo creer al demandante que la había embarazado, el matrimonio también resulta nulo en aplicación del inciso 5 del artículo 277 del Código Civil, porque el embarazo por una tercera persona constituye evidencia de vida deshonrosa” (el subrayado es mío).

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, con sentencia del 13.11.00 (Cas. 1347-2000, Huaura) j17 , declaró fundado el recurso de casación interpuesto por la demandada, casando la sentencia de vista y actuando como sede de instancia revocaron la sentencia apelada en el extremo en que declararon fundada en parte la demanda que anula el acto jurídico contenido en el acta de nacimiento, declarándola improcedente en dicho extremo, confirmándola en lo demás que contiene. La fundamentación es la siguiente:

“Que, el plazo contenido en el artículo trescientos sesenticuatro del Código Civil es uno de caducidad y debe computarse en el presente caso desde la fecha del parto por haber estado presente el actor; y tiene su razón de ser en la defensa de la tranquilidad de los hogares y de la estabilidad social. (…) Que, en consecuencia, a la fecha de interposición de la demanda había caducado el derecho del demandante para interponer la presente demanda de impugnación de paternidad, lo que no ha sido observado por las instancias de mérito pese a que la caducidad debe declararse de oficio”.

Efectivamente, el art. 364 c.c. establece que:

“La acción contestatoria debe ser interpuesta por el marido dentro del plazo de noventa días contados desde el día siguiente del parto, si estuvo presente en el lugar, o desde el día siguiente de su regreso, si estuvo ausente”.

Creo que, dada la particularidad este caso, es aconsejable no ceñirse a una cerrada interpretación literal de este precepto, sino adentrarse a su esencia, a su ratio. Cabría preguntarse, entonces, ¿por qué el plazo de caducidad de la pretensión contestatoria está en función de la “presencia” del marido? Simple y llanamente, debido a que de esa manera se encuentra en una posibilidad objetiva de constatar si,

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efectivamente, es (o no) el padre. Entonces, forzosamente se tendrá que llegar a la conclusión que el inicio del plazo no debe entenderse solamente a partir de la presencia física del marido, sino desde que se configura una situación en la que objetivamente se constata que el marido no es el padre, como es el supuesto de una prueba de validez científica. Argumentar el mejor interés del menor o su derecho a la identidad no resulta convincente, por cuanto, en este tipo de supuestos, tanto el principio como el derecho invocados, deberían armonizarse con el derecho a la identidad del padre y a su “verdad biológica y familiar”. De esta manera, la solución correcta hubiera sido amparar la pretensión contestatoria de paternidad; pero manteniendo los apellidos del menor. Llama poderosamente la atención la inconsistencia lógica en que incurren los vocales supremos, al determinar que el inicio del plazo prescriptorio para solicitar la anulación del matrimonio sí se cuenta desde el que esposo tomó conocimiento del engaño, no obstante el art. 277.5 establece que “la acción puede ser ejercitada solo por el cónyuge perjudicado, dentro del plazo de dos años de celebrado”, demostrando con ello que aquí no se hace una interpretación literal de este texto; pero no se mantiene el mismo criterio en el inicio del plazo de caducidad para el amparo de la pretensión de impugnación de paternidad. ¿Tiene sentido ello? Donde la falta de razonamiento de los vocales supremos llega a su máxima expresión es cuando se crea la figura del “hijo no alimentista”. Al confirmarse la sentencia “en lo demás que contiene”, mantuvieron el acogimiento de la pretensión resarcitoria del demandante: de ello resulta que se ha creado la insólita figura de un hijo que tiene que devolverle al “padre” (se entiende, a través de la madre) los gastos de alimentos. Ahora, ello hace generar la siguiente duda ¿el hijo no alimentista tiene derechos hereditarios respecto de su “padre”? . Este es un misterio que solo los vocales supremos que “fallaron” en este caso sabrán resolver. El siguiente es el caso de una pareja que se casa, estando cada uno de ellos casado anteriormente: con fecha 19.10.91, Jorge Berneo y María Luz Estrada contraen matrimonio ante el Consejo Distrital de Breña. Sin embargo, en julio de 1999, el señor Berneo se entera de que su esposa ya se encontraba casada con el señor Rigoberto Delgado desde el 16.01.75, razón por la cual interpone una demanda contra la señora Estrada, solicitando se anule su matrimonio contraído con ella, en base al art. 274 inc. 3 c.c. En la contestación de la demanda, la emplazada sostiene que su matrimonio con el señor Delgado es nulo, puesto que este, al ser condenado a dos años de presión por un desfalco siendo contador público, le confesó que él ya se encontraba casado a la vez con la señora Ana Custodio desde el año 1960, y que por lo tanto su matrimonio sería inválido; agregando además, que él se encargaría de todos los trámites para invalidarlo. Es por esto que la demandada, creyendo que ya no estaba casada y de buena fe, contrajo nupcias con el recurrente. El juez del Primer Juzgado de Familia, con resolución N° 12, de fecha 12.07.02, declaró infundada la demanda, fundando su decisión en:

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“Que, debe tenerse presente, que con la partida de matrimonio de fojas veintiuno, se acredita que este primer cónyuge de la demandada don Rigoberto Lizardo Delgado a la fecha de celebración del matrimonio, ya se encontraba casado con doña Ada Teresa Custodio, sin que exista anotación de disolución o nulidad del acto; (…) Que, de acuerdo a las consideraciones ya señaladas, el primer matrimonio de la demandada, es decir, el celebrado con Rigoberto Delgado, es nulo y sin efecto legal como tal; (…) Que, siendo ello así, al celebrarse el matrimonio del demandante con la demandada no existía impedimento legal para su validez y consecuente eficacia”.

En segunda instancia, la Sala Especializada de Familia de la Corte Superior, con resolución del 25.04.03, revocó la sentencia de primera instancia, declarando nulo el matrimonio, en cuanto:

“Que, al respecto la demandada aduce que su anterior matrimonio contraído el dieciséis de enero de mil novecientos setenta y cinco con dicha persona, era nulo, toda vez que el citado Rigoberto Lizardo Delgado tenía el estado civil de casado según el instrumento que acompaña a fojas veintitrés; agregando en consecuencia, que a la fecha de contraer nuevas nupcias con el actor no tenía impedimento legal alguno, debiendo desestimarse la pretensión demandada; (…) A que, sin embargo es de verse de la partida correspondiente al anterior matrimonio de la emplazada obrante a fojas dos, que no existe pronunciamiento judicial que lo hubiere anulado o invalidado, en tal sentido surte efectos civiles a tenor de lo dispuesto por el artículo 269° del Código Civil; (…) A que, por lo señalado, se concluye que la demandada al momento de contraer matrimonio con el accionante tenía el estado de civil casada, siendo de aplicación el artículo 274° inciso 3 del Código Civil que establece que en tal caso el matrimonio es nulo”.

Este caso no hace más que validar que, a efectos que no tenga relevancia jurídica un acto jurídico nulo, debe ser declarado judicialmente como tal.

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CAPÍTULO XI La convalidación como una categoría general La convalidación es una categoría genérica de eliminación de los efectos de la impugnabilidad del acto inválido. Se encuentran dentro de la misma, la confirmación, la prescripción extintiva, la caducidad, la conversión y la renuncia al derecho de hacer valer la prescripción. Para un sector de la doctrina, no resulta de los datos ofrecidos por el ordenamiento jurídico italiano (y me atrevo a decir, del nuestro) “una contraposición ontológica entre nulidad y anulabilidad, con la consiguiente contraposición lógica entre insanabilidad de la primera y sanabilidad de la segunda: la distinción de las dos categorías llevando exclusivamente a la disciplina jurídica de cada una de ellas”(207), agregando que “la convalidación puede ser considerada una institución de orden general que, especificándose a través de las instituciones de la confirmación y de la ejecución voluntaria, encuentra aplicación en relación a varias especies de invalideces negociales, con las limitaciones determinadas por ley”(208). En posición crítica se observa que no existe una categoría general de sanatoria del acto inválido, ya que existen notas distintivas entre la conversión y la confirmación(209). Lo que se presenta es un principio aún más general, que es el de la conservación del contrato, el cual se encuentra también en momentos sucesivos del iter contractual, como la interpretación y la ejecución(210). En mi opinión, si entendemos a la convalidación como una categoría genérica y dado que en sistema peruano existe un plazo prescriptorio de impugnación de los actos nulos (diez años), no hay inconveniente alguno para incorporar a estos (junto con la conversión) dentro de la misma.

(207) (208) (209) (210)

Giovanni GIACOBBE, voz Convalida (diritto privato), en Enciclopedia del Diritto, Vol. X, Giuffrè, Milano, 1962, 498. Giovanni GIACOBBE, op. cit., 499. Massimo FRANZONI, Il recupero all’efficacia del contratto invalido, en AA. VV. L’invalidità degli atti privati, cit., 180 y 181. Massimo FRANZONI, op. cit., 196 y 197.

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1. La confirmación La confirmación es el acto jurídico unilateral no recepticio y accesorio con el cual se subsana el acto anulable. La confirmación es definida como “un acto unilateral no recepticio(211) y de forma libre, desde el momento que es admisible la confirmación tácita. Asimismo, se considera a la confirmación entre los actos con los cuales se ejercita un derecho potestativo”(212). Siendo un acto unilateral, este es neutro respecto a los caracteres de la onerosidad o de la gratuidad(213). La función de la confirmación no es que el negocio produzca efectos, sino de “estabilizar los efectos”(214) del negocio. Asimismo, se trata de un negocio “de segundo grado”(215). El art. 230 c.c. regula que:

“Salvo el derecho de tercero, el acto anulable puede ser confirmado por la parte a quien corresponda la acción de anulación mediante instrumento que contenga la mención del acto que se quiere confirmar, la causal de anulabilidad y la manifestación expresa de confirmarlo”.

El art. 1444 c.c.ita. norma lo siguiente:

“El contrato anulable puede ser convalidado por el contrayente al cual corresponde la acción de anulación, mediante un acto que contenga la mención del contrato y del motivo de la anulabilidad y la declaración en la cual se entienda que se quiere convalidar.

También se convalida el contrato, si el contrayente al cual correspondía la acción de anulabilidad le ha dado voluntariamente ejecución, conociendo el motivo de la anulabilidad.

La convalidación no tiene efecto, si quien la realiza no está en condición de concluir válidamente el contrato”.

Se explica que “la confirmación no tiene efecto si persiste el vicio del consentimiento o el estado de incapacidad. Según al fórmula normativa, el confirmante debe estar en condiciones de concluir válidamente el contrato (art. 1444, tercer párrafo c.c.ita.). Es necesario, entonces, que el confirmante haya descubierto el error o el dolo, o que haya cesado la violencia; que haya obtenido la mayoría de edad, o que haya sido revocada la sentencia de interdicción o inhabilitación. De otra forma, la

(211)

(212) (213) (214) (215)

En este mismo sentido, Massimo BIANCA, op. cit., 635; Vincenzo ROPPO, op. cit., 851; entre otros. Entiende que es recepticio cuando la confirmación es expresa (Guillermo LOHMANN LUCA DE TENA, op. cit., 594). En mi opinión, con esta interpretación, se está creando un requisito que no se encuentra contemplado por la ley. La confirmación no requiere, para su validez, que sea conocida por la contraparte. Massimo FRANZONI, op cit., 120 y121. Massimo FRANZONI, op. cit., 121. Vincenzo ROPPO, op. cit., 850. Massimo BIANCA, op. cit., 636.

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convalidación es nula”(216). Se agrega que, “la confirmación tiene efecto solo para el confirmante. Esta no precluye la acción de otros sujetos legitimados, salvo que estos sean portadores del interés del confirmante”(217). A propósito del principio de la conservación del acto jurídico, con razón, se sostiene que se puede dar en dos órdenes: a nivel de subsanación y a nivel de preservación. Así, “en el primer caso, se trata de conceder validez a un acto que al momento de su celebración padece de algún defecto estructural o relativo a su eficacia, que ordinariamente lo hace no merecedor de tutela jurídica; no obstante, se permite “salvarlo” en aras de proteger un interés mayor, siempre que la gravedad del defecto no sea de tal magnitud que colisione con las bases del ordenamiento jurídico y el orden público. En el segundo caso, se trata básicamente de un tema de imposibilidad o incumplimiento en la fase de ejecución de las prestaciones que integran el objeto del acto, siendo que, no obstante estas eventualidades, se opta por buscar la forma de hacerlo viable”(218), tal sería el caso de la dación en pago (art. 1265 c.c.). La confirmación, que se encuentra en el primer supuesto, tiene las siguientes características: a) Es un acto jurídico que tiene por finalidad específica y concreta sanear un acto celebrado con anterioridad que se encuentra afectado por alguna de las causales de anulabilidad(219). b) Es un acto jurídico accesorio y necesariamente posterior, o de segundo grado, es decir que no podría existir el acto confirmatorio si previamente no existiera el acto viciado. Tal imposibilidad se colige del art. 218 c.c.(220). c) Es un acto jurídico unilateral practicado por quien es titular de la acción de anulabilidad, es decir por quien se ve afectado por el acto viciado y no por ser quien se beneficia de él(221). d) Es un acto jurídico celebrado con manifestación de voluntad expresa o tácita(222). Así, el art. 231 c.c. establece:

“El acto queda también confirmado si la parte a quien correspondía la acción de anulación, conociendo la causal, lo hubiese ejecutado en forma total o parcial, o si existen hechos que inequívocamente pongan de manifiesto la intención de renunciar a la acción de anulabilidad”.

e) En el acto jurídico confirmatorio debe dejarse constancia o mención específica del acto que se quiere confirmar, así como la causal de anulabilidad

(216) (217) (218) (219) (220) (221) (222)

Massimo BIANCA, op. cit., 637. Massimo BIANCA, op. cit. Manuel MURO ROJO, Confirmación expresa, Comentario al artículo 230 c.c., en Código Civil Comentado, Tomo I, Título Preliminar, Derecho de las Personas, Acto Jurídico, cit., 974. Manuel MURO ROJO, op. cit., 975. Manuel MURO ROJO, op. cit., 976. Manuel MURO ROJO, op. cit. Manuel MURO ROJO, op. cit.

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que lo afectaba, con expresa mención de que este vicio es subsanado u obviado a efectos de otorgar validez al acto confirmado(223). f) El acto jurídico confirmatorio tiene efectos retroactivos a la fecha de celebración del acto que se confirma(224). El art. 232 c.c. prescribe que:

“La forma del instrumento de confirmación debe tener iguales solemnidades a las establecidas para la validez del acto que se confirma”.

Interpretar esta norma de manera aislada y entenderla como imperativa, haría que “el rigor formal de la construcción dogmática del acto jurídico sería muy penalizante”(225). Por ello, “la forma es libre”(226). Doctrina nacional aclara que “no se trata de una formalidad ad solemnitatem, por lo que somos del parecer que sería un rigor excesivo que se pudiera considerar la nulidad del acto confirmatorio por no darse cumplimiento a lo dispuesto por el acotado numeral 232, máxime, si como veremos, el mismo Código admite la confirmación expresa no formal y, aun, la tácita. Así, por ejemplo, para la celebración de una compraventa las partes pueden adoptar la forma que estimen conveniente y, si lo celebraron por escritura pública y la compraventa debe ser confirmada, el documento que dé contenido al acto confirmatorio debe ser otorgado mediante escritura pública y, de no cumplirse con esa formalidad, el acto confirmatorio subsiste y puede ser probado por los medios probatorios reconocidos por el Código Procesal Civil”(227).

(223) (224) (225) (226) (227)

Manuel MURO ROJO, op. cit. Manuel MURO ROJO, op. cit., 977. Massimo FRANZONI, op. cit., 134 y 135, a propósito de la protestatio y la confirmación tácita. Vincenzo ROPPO, op. cit., 851. Fernando VIDAL RAMÍREZ, op. cit., 551.

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CAPÍTULO XII La conversión La conversión es una figura excepcional de subsanación del acto jurídico nulo, en la cual si este no reúne los requisitos de validez de un tipo legal o de una forma solemne y reúne los de otro, valdrá como este último. El art. 1424 c.c.ita. establece lo siguiente:

“El contrato nulo puede producir los efectos de un contrato diverso, del cual contenga los requisitos de sustancia y de forma, cuando, teniendo en cuenta el fin perseguido por las partes, deba considerarse que estas lo habrían querido si tuviesen conocimiento de la nulidad”.

El Código Civil peruano no cuenta con una norma similar. Esta conversión se llama sustancial, en contraposición de la legal que, incluso, puede operar en contra de la voluntad de las partes(228) (como sucede en el art. 1829 c.c., el contrato no vale como depósito; pero si como de comodato o mutuo, según sea el caso). También se contrapone a la conversión formal: mientras que la conversión sustancial “determina una radical transformación de la causa”, la formal “se limita a conservar, sin alterar el perfil causal, el negocio que, no obstante está afectado por vicios formales, produce igualmente, aunque a través de requisitos de forma menos rigorosos, sus efectos típicos”(229). Es el caso del art. 703 c.c. (el testamento que no vale como cerrado; pero sí como ológrafo). La conversión formal “que opera normalmente en relación a negocios nulos por defectos de forma, permite (…) la sobrevivencia del mismo negocio (y, por tanto, la producción de los mismos efectos), cuando en la forma inválidamente adoptada se encuentren los requisitos de una diversa forma que, si bien, menos rigurosa y solemne, resulte válida, vale decir, igualmente idónea a fungir de vestimentum para la realización de la misma función negocial o contractual”(230). Como refiere autorizada

(228) (229) (230)

Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 741. Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 742. Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 758 y 759.

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doctrina, se trata “no de cambiar la calificación jurídica del supuesto, sino de eliminar las superestructuras inútiles del acto, manteniéndolo con vida si subsisten los requisitos mínimos”(231). La finalidad de esta figura es la de conservar los efectos del acto(232), la cual puede encontrarse en el § 140 del BGB, que norma lo siguiente:

“Si un negocio jurídico nulo satisface los requisitos de otro negocio jurídico, el último se considera válido si se puede asumir que se habría pretendido su validez si hubiese conocimiento de la nulidad”.

Se afirma que la operatividad de este artículo no se limita solo al contrato, sino también se extiende al negocio jurídico(233). Como ejemplo, podemos tener el títulovalor nulo que puede producir los efectos de una promesa de pago(234). Es importante tener en cuenta que, “lo que el juez debe establecer es si el reglamento negocial, aunque diverso de aquel que está en actuación, conserve una funcionalidad propia respecto a los intereses de las partes, tal como resultan perseguidos en base a una interpretación del negocio nulo dirigida a poner a la luz, entre otros aspectos, aquella que era la común intención, como resulta consagrada en el acto negocial”(235). Así, la conversión se configura como una modificación del originario acto de autonomía, sin que ello determine una contraposición con el intento de las partes, vale decir, con la voluntad contractual así entendida. En la conversión, “esta modificación se connota precisamente como transformación del elemento causal del acto original, sin desviar el intento de las partes sobre el cual se centra el juicio de compatibilidad, necesario para efectuar la transformación”(236). ¿Cabe la conversión voluntaria? Doctrina nacional observa que “la facultad que tienen las partes para convertir el negocio nulo en otro válido se encuentra limitada. Para que proceda la conversión se precisa la existencia de ciertos requisitos sobre los que mayoritariamente están de acuerdo los tratadistas y las legislaciones que se ocupan de esta figura, requisitos que han sido confirmados por algunos casos prácticos en los cuales los tribunales extranjeros han sentado jurisprudencia”(237). Los requisitos son(238): a) El negocio jurídico nulo, al convertirse en otro debe aportar los elementos sustanciales que se requieren para el nuevo.

(231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238)

Lina, BIGLIAZZI-GERI, voz Converzione dell’atto giuridico, en Enciclopedia del Diritto, Vol. X, Giuffrè, Milano, 1962, 536-537. Massimo FRANZONI, op. cit., 137. Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 739. Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 743. Adriana D’ANTONIO, La modificazione legislativa del regolamento negoziale, CEDAM, Padova, 1974, 284. Massimo FRANZONI, op. cit., 162. Guillermo LOHMANN LUCA DE TENA, op. cit., 568 y 569. Guillermo LOHMANN LUCA DE TENA, op. cit., 569.

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b) La conversión debe realizarse entre las mismas partes que celebraron el negocio nulo. c) Que haya voluntad de conversión manifestada de manera expresa o tácita indubitable. d) Que la voluntad de las partes habría querido los efectos del negocio jurídico nuevo si hubiesen sabido que podría resultar nulo el negocio que habían celebrado. En mi opinión, los dos últimos requisitos son el mismo: solo hay voluntad de conversión cuando las partes la dirigen en el sentido que, si el negocio no valga como un tipo o forma determinada, valdría como otro, si evidentemente, reúne los elementos necesarios. Otro sector de la doctrina nacional define a la conversión como “el procedimiento integrativo del contenido negocial, que mediante la corrección de calificación jurídica extrae de un negocio ineficaz, perteneciente a una fattispecie o tipo original, un nuevo negocio de una fattispecie o tipo distinto, permitiendo así proteger el resultado práctico perseguido por las partes”(239), admitiendo, en posición que comparto que “es posible la aplicación de la conversión, en base a la buena fe”(240).

(239) (240)

Eric PALACIOS MARTÍNEZ, La conversión y la nulidad del negocio jurídico, ARA Editores, Lima, 2002, 85. Eric PALACIOS MARTÍNEZ, op. cit., 374.

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CAPÍTULO XIII Responsabilidad in contraendo El art. 1338 del c.c.ita. regula que:

“La parte que, conociendo o debiendo conocer la existencia de una causa de invalidez del contrato, no se la ha comunicado a la otra parte, está obligada a resarcir el daño sufrido por esta, por haber confiado, sin su culpa, en la validez del contrato”.

Se advierte que “el hecho “contrato nulo” constituye un elemento objetivo central de un supuesto normativo que da lugar a responsabilidad”(241). Frente a ello, se contesta que “el contrato declarado nulo o anulado no es fuente de responsabilidad, sino constituye medida de la confianza del contrayente de buena fe: la obligación resarcitoria ex art. 1338 c.c.ita. surge del incumplimiento del deber –que grava sobre el contrayente que tiene conocimiento– de comunicar a la otra parte la causa de invalidez, obligación que pre-existe al contrato –aunque a la formación e invalidación de este último está condicionada– y tiene diversa fuente”(242), agregando que esta disposición “revela un rol peculiar que el sistema asigna a la negociación viciada de nulidad; excluida toda valoración en orden a la producción de los efectos típicos que habrían surgido del pacto válidamente contraído, el contrato nulo es relevante para el ordenamiento como hecho histórico idóneo a determinar en la contraparte, ignorante de la causa nullitatis, la confianza producto de la dinámica de los efectos propia de la contratación válida”(243). Evidentemente “no puede configurarse responsabilidad por culpa in contraendo, cuando la causa de la invalidez del negocio sea notoria a las partes”(244). El art. 1337 del c.c.ita prescribe que:

(241) (242) (243) (244)

Rodolfo SACCO y Giorgio DE NOVA, op. cit., 490. Salvatore MONTICELLI, op. cit., 104 y 105. Salvatore MONTICELLI, op. cit., 105. Laura DI BONA, M. Cristina DE CICCO, Lanfranco FERRONI y Aquila VILELLA, op. cit., 802.

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“Las partes, en el desarrollo de las tratativas y en la formación del contrato, deben comportarse según la buena fe”.

El art. 1362 de c.c., por su parte, enuncia que:

“Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes”.

La prescripción del art. 1337 del c.c.ita. ha sido calificada como una “fórmula sintética y comprensiva de todos los diversos deberes de contención que se pueden conducir al criterio fundamental de la corrección en el tráfico”(245). En cambio, el art. 1338 del c.c. ita. Es entendida como “una hipótesis específica de culpa precontractual” y “se trata de una trasgresión al mismo deber de corrección, aunque el legislador ha entendido oportuno, para evitar discusiones, reafirmar para tal supuesto la regla general (del art. 1337 cit.)”(246). Por otro lado, no obstante se sostiene que “el art. 1338 c.c.ita., en vez de ser una especificación del principio contenido en el art. 1337 c.c.ita. que lo precede –como se entiende comúnmente– tenga, hacia este último una función restrictiva, en el sentido que, disciplinando la obligación precontractual de información con respecto a las causas de invalidez del contrato, agote la disciplina de la actividad de las partes dirigida a informar en esta fase”(247), se concluye que “se debe optar por la tesis que reconoce entre el art. 1338 y 1337 una relación de species a genus y que la obligación de comunicación en las tratativas sea impuesta por el art. 1337 también en relación a circunstancias que no son tales de incidir en la validez del contrato, pero son igualmente importantes para la valorización de las partes sobre la conveniencia del contrato”(248). Doctrina nacional entiende que “en la poco feliz redacción de nuestro artículo 1362 se han reunido una regla de comportamiento, derivada del Código Civil italiano y, más en general, del BGB, y un retazo del enunciado literal de un principio derivado del Code Napoleón y, secundariamente, del Código Civil italiano, que impone al intérprete de los contratos “la búsqueda de la común intención de las partes””(249). Se agrega que, “la expresión “común intención de las partes” se limita a significar el objeto cuya búsqueda es reconocida como criterio hermenéutico en otros ordenamientos. Pero, en la ubicación que se le ha destinado en el Código Civil peruano, está totalmente fuera de lugar, y condenada a la inaplicación”(250).

(245) (246) (247) (248) (249) (250)

Renato SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, tercera edición, Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi, Milano, 1980, 88. Renato SCOGNAMIGLIO, op. cit., 89. Giovanna VISINTINI, La reticenza nella formazione dei contratti, CEDAM, Padova, 1972, 105 y 106. Giovanna VISINTINI, op. cit., 108. Leysser LEÓN HILARIO, La buena fe en la negociación de los contratos: apuntes comparatísticios sobre el artículo 1362 del Código civil peruano y su presunto papel como fundamento de la responsabilidad precontractual, en Thémis, Revista de Derecho, Nº 49, Lima, 2004, 144. Leysser LEÓN HILARIO, op. cit. El autor opina que “el fragmento en cuestión es totalmente inservible” (cit.).

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¿Qué pasa cuando una de las partes simplemente no celebra el contrato no obstante la otra había asumido ciertos costos en la fase de las tratativas? Estoy de acuerdo en que, “el problema se suscita cuando, consciente de la necesidad de reducir el riesgo (o la apreciación del riesgo) para un potencial contratante, la contraparte incurre en comportamientos destinados a crear en aquel la apariencia de que la probabilidad de celebrar un contrato es mayor que la real”(251). Los extremos de cargar los costos a quien genera la apariencia o a quien ha incurrido en los gastos podría llevar a resultados ineficientes. En este orden de ideas, “la apariencia de que las probabilidades de celebrar un contrato son mayores que las reales puede producirse por dos tipos de causas: (i) en primer lugar, puede ocurrir que uno de los potenciales contratantes realice promesas explícitas en el curso de las tratativas que no lleguen a contractualizarse, pero que induzcan a la contraparte a incurrir en costos en los que de otro modo no hubiera incurrido; (ii) en segundo término, un potencial contratante podría generar tal apariencia en el otro mediante comportamientos no declarativos –ya sea intencionales o no intencionales– que sean interpretados por su contraparte como una señal de que existen altas posibilidades de concluir una transacción”(252). La conclusión a la que se llega es que “salvo que uno de potenciales contratantes alegue que su apreciación de las posibilidades reales de concluir un contrato fue alterada por el comportamiento (declarativo o no) de la contraparte, la pretensión de recibir una indemnización que cubra costos de transacción u otros conceptos resultaría manifiestamente desproporcionada. (…), el riesgo de que las tratativas no lleguen a buen término debe ser radicado por regla general en quien decide incurrir en costos de transacción, de modo de que se generen los incentivos necesarios para que este adopte decisiones eficientes. Por ello, si la sobreestimación de la probabilidad de celebrar un contrato se derivara de la impericia de una parte contratante o de su preferencia por el riesgo, resultaría un sinsentido reconocerle el derecho de percibir una indemnización”(253). En lo que a indemnización se refiere, se entiende que esta debe comprender el interés negativo (denominado también “interés de la confianza”) y no el positivo (es decir, el interés que las partes contratantes tienen en obtener el beneficio derivado de la ejecución del contrato)(254). Así, al ser el interés negativo “el que tienen los tratantes de no ser lesionados por la realización de la tratativas, en razón de haber confiando en la lealtad con que estas han sido conducidas”(255), la indemnización por

(251) (252) (253) (254) (255)

José Juan HARO SEIJAS, ¿Podría usted “no hacer” negocios conmigo? Sobre la responsabilidad contractual y la buena fe, en Advocatus, Nueva Época, Nº 7, Lima, 2002, 132. José Juan HARO SEIJAS, op. cit., 133. José Juan HARO SEIJAS, op. cit., 134. José Juan HARO SEIJAS, op. cit., 142. Manuel DE LA PUENTE Y LAVALLE, El Contrato en general. Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil, Vol. XI, Primera Parte, Tomo II, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 1998, 77.

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la frustración de este interés “cubre los daños sufridos por el tratante, tales como los gastos que no hubiera hecho si hubiera podido prever que el contrato no se celebraría, o el perjuicio que le depara haber perdido oportunidades o rehusado ofertas de otras personas”(256). ¿Qué régimen de responsabilidad civil aplicar? No obstante autorizada doctrina nacional afirma que “la responsabilidad derivada de la violación el deber de actuar según las reglas de la buena fe que impone a los tratantes el artículo 1362 del Código Civil, está regulada por las normas relativas a la inejecución de las obligaciones”(257), me inclino por la responsabilidad civil extracontractual(258). En efecto, lo que aquí se vulnera es el principio de la buena fe, que surge como un deber entre las partes tratantes, independientemente que haya (o vaya a haber) una relación jurídica obligacional.

(256) (257) (258)

Manuel DE LA PUENTE Y LAVALLE, siguiendo a Francesco MESSINEO, op. cit. Franco CARRESI, La transazione, reimpresión de la segunda edición, UTET, Torino, 1966, 215. En este sentido, Leysser LEÓN HILARIO, op. cit., 151. También Freddy ESCOBAR ROZAS, Apuntes sobre la responsabilidad por ineficacia contractual (El caso del artículo 207 del Código Civil peruano), en Thémis, Revista de Derecho, cit., 159; Renzo SAAVEDRA VELAZCO, La responsabilidad precontractual en debate. Panorama de la doctrina jurídica nacional, en Ius et Veritas, Nº 31, Año XV, Lima, 2005, 160; entre otros.

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CAPÍTULO XIV ¿Cabe la transacción respecto de los actos jurídicos nulos? El art. 1308 c.c. establece que:

“Si la obligación dudosa o litigiosa fuera nula, la transacción adolecerá de nulidad. Si fuera anulable y las partes, conociendo el vicio, la celebran, tiene validez la transacción”.

La transacción es definida en el art. 1302 c.c.:

“Por la transacción las partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado.

Con las concesiones recíprocas, también se pueden crear, regular, modificar o extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes.

La transacción tiene valor de cosa juzgada”.

El art. 1972 del c.c.ita. regula lo siguiente:

“Es nula la transacción relativa a un contrato ilícito, cuando las partes hayan transigido de la nulidad de este. En otros casos en los cuales la transacción ha sido hecha relativamente a un título nulo, la anulación de esta puede solicitarse solo por la parte que ignoraba la causa de la nulidad del título”.

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Se afirma que la redacción de esta norma deja mucho que desear en lo que se refiere a su formulación: “en el art. 1972 se habla o de “contrato” o de “título” nulo, mientras en realidad se debería hablar de “acto” nulo”(259). Para un sector de la doctrina, lo dispuesto en el art. 1972 c.c.ita., es una “disposición superflua, ya que una convención, destinada a sanar la ilicitud de otro negocio es también ilícita”(260). En posición que comparto se afirma que la ilicitud “no es intrínseca, no se refiere al negocio de la transacción, sino es derivada del contrato del cual ésta se funda. La transacción, en efecto, tiene vida de una situación pre-existente y con esta las partes pueden disponer de derechos de la precedente situación que surgió: si el contrato del cual estos derechos habrían de nacer es ilícito, es por consiguiente, nulo, no existirán derechos sobre los cuales se podrá válidamente transigir puesto que se podría deducir una nulidad por falta de objeto. Al mismo tiempo una transacción estipulada sobre la ilicitud del negocio será nula por ilicitud del objeto: las partes no pueden acordar el mantenimiento en vida de un acuerdo contra legem, o sobre la producción de sus efectos en cuanto esta materia, por motivo de orden público está sustraída a la disponibilidad de las partes”(261). En nuestro sistema no sería válida la transacción respecto de un acto nulo, si mediante esta, se pretende dar validez a un acto que en su origen se encuentra dentro de uno de los supuestos comprendidos en el art. 219 c.c. Se configuraría fraude a la ley, por cuanto, a través de la transacción (art. 1302 c.c.), se pretende eludir la sanción de nulidad ex art. 219 c.c., por consiguiente la transacción estaría afecta de nulidad por fin ilícito ex art. 219.4 c.c.

(259) (260)

(261)

Franco CARRESI, La transazione, reimpresión de la segunda edición, UTET, Torino, 1966, 215. Salvatore PUGLIATTI, Della Transazione, en Codice Civile, Libro delle Obbligazioni, Volumen II, Commentario, a cura de Ernesto BRUNORI, Franco CARRESI, Sergio SOTGIA, Alberto MONTEL, Antigono DONATI, Mariano D’AMELIO, Luigi ARU y Salvatore PUGLIATTI, dirigido por Mariano D’AMELIO y Enrico FINZI, Dei contratti speciali, Parte II, G. Barbera Editore, Firenze, 1949, 475. Lucio V. MOSCARINI y Nicola CORBO, voz Transazione, I) Diritto civile, en Enciclopedia Giuridica, XXXI, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1994, 11.

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jurisprudencia vinculada

J1 CAS. Nº 2988-99-LIMA El Peruano, 17 de setiembre de 2000

El

concepto de fin lícito en la doctrina peruana comprende tanto lo legal como lo moral, y queda a criterio del juez apreciar esta última, en el marco de las denominadas “buenas costumbres” (...) casos en los cuales el ordenamiento jurídico no podría, sin contradecirse a sí mismo, asegurar al acto su propia validez y eficacia; ya que se trata de impedir que un contrato dé vida a determinadas relaciones opuestas a las normas fundamentales del Estado.

La sala civil transitoria de la corte suprema de justicia de la república

Vista la causa número dos mil novecientos ochentiocho - noventinueve, con el acompañado, en Audiencia Pública de la fecha y producida la votación con arreglo a Ley emite la siguiente sentencia.

Materia del recurso

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por Gian Piero Pierantoni Grellaud, apoderado del Sr. Piero Pierantoni Cámpora, contra la resolución de vista de fojas quinientos dos, de fecha primero de setiembre de mil novecientos noventinueve, expedida por la Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revoca la sentencia apelada de fojas cuatrocientos treintiséis, de fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos noventiocho, que declaró infundada la demanda; y reformándola declara improcedente la misma

Fundamentos del recurso

Que la Corte Suprema mediante resolución de fecha catorce de diciembre de mil novecientos noventinueve, ha declarado la procedencia del recurso por las causales previstas en los incisos primero y segundo del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil al denunciarse: a) La interpretación errónea del artículo quinto del Título Preliminar del Código Civil, pues se sostiene en la sentencia impugnada que para aplicarse ese artículo debe indicarse claramente cuáles son las normas de Derecho Público o las buenas costumbres que contravienen el acto jurídico materia de nulidad empero esta exigencia se cumplió, pues en la demanda se indica cuáles eran esas normas de Derecho Público, señalando normas de la Constitución y del Código Civil; b) La inaplicación del inciso tercero del artículo ciento cuarenta del Código Civil pues el acto jurídico materia de nulidad se otorgó fraudulentamente con el propósito ilícito de apropiarse del inmueble del demandante;

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Juan ESPINOZA ESPINOZA c) La inaplicación de los incisos tercero, cuarto y octavo del artículo doscientos diecinueve del Código Civil, que sancionan con nulidad los actos jurídicos imposibles, como es el caso del que vende una propiedad cuando ya no le pertenecía por haberla enajenado antes; y d) La inaplicación de los artículos mil novecientos sesentinueve y mil novecientos ochenticuatro del Código Civil, que obligan el pago de una indemnización por el daño material y moral que origina una persona a consecuencia de sus actos, en este caso, por efectuar una venta de un bien ajeno

Considerando Primero.- Que, el concepto de fin ilícito en la doctrina peruana comprende tanto lo legal como lo moral y queda a criterio del Juez apreciar esta última, en el marco de las denominadas “buenas costumbres”, como lo sostiene León Barandiarán al comentar el artículo mil ciento veintitrés inciso segundo del Código Civil de mil novecientos treintiséis, (Comentarios al Código Civil Peruano, Derecho de Obligaciones, Tomo I, Acto jurídico, Lima 1938, página 187), casos en los cuales el ordenamiento jurídico no podría, sin contradecirse a sí mismo, asegurar al acto su propia validez y eficacia; ya que se trata de impedir que un contrato de vida a determinadas relaciones opuestas a las normas fundamentales del Estado. Segundo.- Que, desarrollando este concepto, recogido en el artículo doscientos diecinueve inciso cuarto del Código Civil como causal de nulidad absoluta, hay que convenir que es ilícito todo aquello contrario a las normas legales imperativas (ius cogens), especialmente aquellas que tipifican un ilícito penal; y que para determinar si se produce ese fin será necesario examinar la causal del contrato, el motivo común a las partes contratantes, las condiciones que lo delimitan y su objeto. Tercero.- Que la venta como propio de bien ajeno está tipificada como delito de defraudación en el artículo ciento noventisiete inciso cuarto del Código Penal, acto ilícito conocido como estelionato. Cuarto.- En consecuencia, la apreciación a priori que contiene la sentencia de vista en su motivo cuarto para establecer la improcedencia de la demanda se emite sin haber analizado previamente los elementos antes señalados. Quinto.- Que, será igualmente ilícito el acto jurídico contra “bona mores”, pues las buenas costumbres dentro del Derecho Civil se refieren a una vasta gama de conductas que se califican como inmorales, lo que en todo caso corresponderá calificar al Juez, y es errado calificar apriorísticamente, que su invocación resulta insuficiente para sancionar con nulidad un acto jurídico, como se considera en el motivo quinto de la de vista. Sexto.- Que, en la demanda se aduce fraude y dolo, y la sentencia de vista se ha remitido a la figura del fraude del deudor, legislado en el artículo ciento noventicinco del Código Civil, lo que no corresponde a los hechos invocados que sustentan el petitorio de la demanda; y como se ha invocado dolo, se ha remitido al dolo civil como causal de anulabilidad olvidando el dolo penal que es la base del ilícito penal. Sétimo.- Que, conforme al artículo sétimo del Título Preliminar del Código Adjetivo, el Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes y solo le está prohibido ir más allá del petitorio o sustentarse en hechos no invocados por las partes. Octavo.- Que, en consecuencia, la sentencia de vista incurre en la interpretación errónea del artículo quinto del Título Preliminar del Código Civil, y la inaplicación de las normas sustantivas que se señalan en la Resolución de calificación del Recurso de Casación, solo será posible verificarla por su confrontación con los hechos que se determinen en la instancia.

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la invalidez e ineficacia del acto jurídico en la jurisprudencia Noveno.- Que, la sentencia de vista que ha revocado la apelada, no contiene relación de hechos y declara la improcedencia de la demanda, lo que no permite a esta Sala Casatoria examinar la aplicación del derecho pertinente. Décimo.- Que, aun cuando el Recurso de Casación se ha calificado como procedente por causales sustantivas, es necesario declarar la nulidad de la recurrida, para que los Jueces de mérito apreciando la prueba actuada determinen la cuestión fáctica y emitan pronunciamiento de fondo.

Por estas consideraciones; declararon: FUNDADO el Recurso interpuesto a fojas quinientos quince; NULA la sentencia de vista de fojas quinientos dos, de fecha primero de setiembre de mil novecientos noventinueve; ORDENARON que el órgano jurisdiccional inferior expida nuevo fallo con arreglo a Ley; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario oficial El Peruano; en los seguidos por Piero Pierantoni Cámpora con Sociedad Agrícola San Pablo Sociedad Anónima y otros, sobre nulidad de acto jurídico; y los devolvieron. SS. URRELLO A. SÁNCHEZ PALACIOS P. ROMÁN S. ECHEVARRÍA A. DEZA P.

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J2 EXP. Nº 23111-2002 63º Juzgado Civil 27 de setiembre de 2005

Siendo

que el acto jurídico, tal como se encuentra establecido en nuestra legislación –artículo 140 del Código Civil– es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, faltará la manifestación de la voluntad del agente cuando no exista tanto la voluntad declarada como la voluntad de declarar, situación que configuraría una ausencia de acto o negocio jurídico. Este impasse es superado en nuestro medio a través de un ejercicio de ficción, mediante el que se entiende que los supuestos de falta total de manifestación de voluntad –que en realidad constituyen supuestos de inexistencia de acto jurídico– son asemejados dentro de nuestro sistema normativo a los supuestos de nulidad del mismo.

Corte superior de justicia de lima Sentencia Resolución número cuarenta y cuatro Lima, veintisiete de setiembre de dos mil cinco

I. Exposición del caso Asunto

Demanda de nulidad de acto jurídico interpuesta a fojas 64 y subsanada a fojas 75 por don Héctor Moisés Soto Buleje contra don Dante Uriel Bohórquez García y Don Juan Buleje Castillo.

Petitorio

Solicita que se declare la nulidad absoluta de la minuta de compraventa del inmueble de su propiedad, ubicado en el Jirón Víctor Fajardo N° 1051-2, Bellavista, Callao, la que supuestamente se celebró con fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y tres.

Asimismo, solicita el bloqueo registral de la referida partida, a efectos de impedir las inscripciones posteriores que pretendieran realizarse, como consecuencia de haber obtenido don Dante Uriel Bohórquez García el otorgamiento de escritura pública, utilizando documentación falsa para tal fin.

Hechos

Manifiesta el demandante que con fecha 29 de marzo de 1999 se inició un proceso ante el Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, Expediente N° 10128-99, en el que don Dante Uriel Bohórquez García, en calidad de comprador, demandaba el

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la invalidez e ineficacia del acto jurídico en la jurisprudencia otorgamiento de escritura pública a don Juan Buleje Castillo, en calidad de vendedor, presentando para tal efecto una minuta de compraventa, que el demandante en este proceso sostiene contiene firmas e impresiones digitales falsificadas.

Precisa el recurrente que el inmueble materia de dicho proceso es de su propiedad, ubicado en Jirón Víctor Fajardo N° 1051-2, Bellavista, Callao, el mismo que posee desde 1974, y desde 1991 es formalmente propietario, adjuntando los pagos de autoavalúo y la sentencia judicial condenatoria, pero que el demandado Dante Uriel Bohórquez García ha logrado, con documentos falsificados, que se declare fundada la demanda señalada precedentemente, la misma que ha quedado consentida por no haber sido impugnada oportunamente. Asimismo, Dante Uriel Bohórquez García presentó ante el 19 Juzgado Civil, como medio probatorio, el certificado de asiento de dominio de los Registros Públicos, en el que se ha adulterado el número de folio 293 por 295, con el fin de hacerlo coincidir con el número de asiento indicado en la minuta de compraventa con firma falsificada.

Así, refiere, al tomar conocimiento de estos hechos, se comunicó con don Juan Buleje Castillo, quien le manifestó que se trataba de una falsificación de su firma e impresión digital, pues él nunca participó en la referida compraventa, por lo que solicitó (Juan Buleje Castillo) ante el 19 Juzgado Civil que se practiquen las pericias grafotécnicas correspondientes, las cuales no se pudieron realizar por falta de dinero y haber incumplido con el pago del arancel correspondiente.

Ante ello, el actor solicitó al 19 Juzgado Civil de Lima copias certificadas de la minuta de compraventa y del certificado de asiento de dominio, con las que se pretendía obtener el otorgamiento de escritura pública, solicitando peritajes grafotécnicos de parte, en cuyas conclusiones se señalan divergencias gráficas con las firmas auténticas del titular, Juan Buleje Castillo, y una alteración del número tres con el número cinco consignado en la minuta de compraventa y el Certificado de Asiento de Dominio, pero por tratarse de fotocopias la opinión no pudo ser categórica.

Afirma también el actor que el demandado Dante Uriel Bohórquez García ha sorprendido al 19 Juzgado Civil al conseguir el otorgamiento de escritura pública del inmueble presentando como medio probatorio la minuta de un contrato de compraventa supuestamente celebrado el cuatro de febrero de 1993; sin embargo, como prueba de lo contrario, ante el 48 Juzgado Civil de Lima, Expediente Nº 19990-97, se llevó a cabo un proceso sobre ejecución de garantías en el cual Juan Buleje Castillo, mediante contrato de mutuo hipotecario celebrado con fecha 22 de agosto de 1995, actuó como fiador garante del mismo demandado, Dante Uriel Bohórquez García, entregando en garantía el bien inmueble de su propiedad (de Juan Buleje), por lo que resulta absurdo que si el demandado adquirió el año de 1993 el inmueble a Juan Buleje Castillo, luego en 1995 le haya solicitado a este que le garantice con el mismo inmueble el préstamo hipotecario frente a Financiera Indesi.

Por todo ello, refiere, en 1998 formuló denuncia penal contra Juan Buleje Castillo y Dante Uriel Bohórquez García, por el delito de estafa, por haberse concedido indebidamente en garantía hipotecaria el bien inmueble de su propiedad (del demandante), proceso seguido ante el Tercer Juzgado Penal del Callao, Expediente Nº 1686-98, el cual tiene una sentencia que condena a Juan Buleje Castillo a la pena privativa de la libertad de dos años y al pago por concepto de reparación civil de S/. 3,000.00 (tres mil nuevos soles), reservándose el proceso contra Dante Uriel Bohórquez García.

Esta sentencia, afirma el actor, prueba su condición de legítimo propietario del inmueble ubicado en Jirón Víctor Fajardo N° 1051-2, Bellavista, Callao, resultando inexplicable que el demandado Dante Uriel Bohórquez García, supuesto propietario, no actuara como tal en el proceso penal antes señalado.

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Contestación de la demanda

A fojas 119, el demandado Dante Uriel Bohórquez García contestó la demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos. Señala que la sentencia obtenida ante el 19 Juzgado Civil de Lima, sobre otorgamiento de escritura pública ha quedado consentida y, por ende, es cosa juzgada inmutable. Asimismo, afirma que el demandante y el codemandado son parientes y se han confabulado para perjudicarlo.

Por resolución de fojas ciento veintisiete, se declaró rebelde a Juan Buleje Castillo y se declaró saneado el proceso.

Audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio

A fojas 170 a 172 se realizó la audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio, con la sola presencia del demandante, donde se fijó como punto controvertido que la sentencia debería determinar si la firma de don Juan Buleje Castillo corresponde a la firma que aparece en el contrato de compra venta de fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y tres.

Se procedió a la admisión de los medios probatorios presentados por las partes, admitiéndose los ofrecidos por ambas partes. De oficio se incorporaron los siguientes medios probatorios: peritaje sobre la minuta sub materia, exhibición del original por parte del demandado, don Dante Uriel Bohórquez Castillo de la misma minuta, bajo apercibimiento de valorarse su incumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo doscientos sesentiuno del Código Procesal Civil; expediente N° 10128-99, seguido ante el Décimo Noveno Juzgado Civil de Lima; Oficio N° 10128-99, de fecha quince de marzo de dos mil dos, expedido por el Décimo Noveno Juzgado Civil de Lima, por el que informa al Jefe del Departamento de Policía del Ministerio Público del Callao que obran en autos los originales de la minuta de compraventa y los asientos de dominio en los autos seguidos por don Dante Uriel Bohórquez García con don Juan Buleje Castillo, sobre otorgamiento de Escritura Pública, y Copia Certificada de los Asientos de Dominio de los inmuebles ubicados en el Distrito de Bellavista, inmuebles con frente al Jirón Víctor Fajardo N° 1055, y Víctor Fajardo N° 1051, Callao, ordenándose que se oficie a los Registros Públicos del Callao para tal fin.

Audiencia de pruebas

A fojas 276 y 277 se realizó la audiencia de pruebas, a la cual no cumplió con asistir el codemandado Dante Uriel Bohórquez García, a pesar de estar válidamente notificado, por lo que no pudo actuarse su declaración de parte, ni tampoco la exhibición que debía realizar del contrato original.

Al haberse señalado que el original de la minuta obra en el Expediente N° 10128-99, seguido ante el Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, la cual no pudo ser remitida por encontrarse dicho expediente en etapa de ejecución de sentencia, se dispuso oficiar a dicho Juzgado solicitándole que remita un informe de la referida pieza procesal, tomando en consideración la existencia del Oficio N° 10128-99, de fecha quince de marzo de dos mil dos, expedido por ese mismo juzgado, por el que informó al Jefe del Departamento de Policía del Ministerio Público del Callao que obran en autos los originales de la minuta de compraventa y los asientos de dominio en los autos seguidos por Dante Uriel Bohórquez García con Juan Buleje Castillo sobre otorgamiento de Escritura Pública y se dispuso que el especialista legal encargado del presente proceso se apersone al referido Décimo Noveno Juzgado y efectúe la revisión del mencionado expediente, a efectos de verificar la existencia del original de la minuta, para que se practique el peritaje ordenado sobre el original del contrato.

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Ii. Análisis Primero.- Es principio de lógica jurídica que las partes prueben los hechos que alegan. Este principio rector en materia procesal ha sido recogido por el artículo 196 de nuestro ordenamiento procesal, que establece que la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

Los medios probatorios tienen la finalidad de acreditar los hechos expuestos por las partes, y producir certeza en el juzgador respecto de los puntos controvertidos al momento de fundamentar sus decisiones. Asimismo, todos los medios probatorios, así como las presunciones, serán valorados en forma conjunta, utilizando una apreciación razonada, teniendo en consideración que la sentencia tiene como base la apreciación de las pruebas presentadas por las partes, así como la valorización de la conducta procesal de las partes en el proceso, particularmente cuando se manifiesta notoriamente en la falta de cooperación para lograr la finalidad de los medios probatorios.

Segundo.- El presente proceso tiene como materia de fondo analizar el documento que contiene la minuta de compraventa de fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y tres, a efecto de determinar si el señor Juan Buleje Castillo participó en dicho acto jurídico en calidad de vendedor, o si, como afirma el demandante, no lo hizo. Para tal fin, deberá realizarse una verificación de la autenticidad de la firma de esta persona en tal documento. Tercero.- El demandante alega la falta de manifestación de voluntad de una de las partes en el acto jurídico, por lo que este en realidad no se habría celebrado. La declaración de nulidad por parte de esta Judicatura, por tanto, provendría de la inexistencia del acto jurídico.

Siendo que el acto jurídico, tal como se encuentra establecido en nuestra legislación –artículo 140 del Código Civil–, es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, faltará la manifestación de la voluntad del agente cuando falte tanto la voluntad declarada como la voluntad de declarar, situación que configuraría, como se ha señalado, una ausencia de acto o negocio jurídico. Este impasse es superado en nuestro medio a través de un ejercicio de ficción, mediante el que se entiende que los supuestos de falta total de manifestación de voluntad –que en realidad constituyen inexistencia de acto jurídico– son asemejados dentro de nuestro sistema normativo a los supuestos de nulidad del mismo(1).

En todo caso, el hecho en que se sustenta la demanda es un hecho negativo, que consiste en la no celebración del acto jurídico, por cuanto quien aparece como vendedor del bien no suscribió el documento, habiéndose falsificado su firma.

Cuarto.- Para probar su afirmación, el demandante ha adjuntado fotocopia de la minuta de fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y tres, no contando con el documento en el que se encuentran las firmas en versión original.

(1)

No habiendo el codemandado Dante Bohórquez García presentado el documento original para cotejar las firmas, a pesar de haber contestado la demanda y afirmado en ella que los hechos demandados son falsos y que el acto jurídico sí se realizó, indicando que “la compra-venta cuestionada, no solo no padece de ninguna causal de nulidad, sino que además se ha celebrado concurriendo los presupuestos exigidos por el artículo 140 del Código Civil, como acto jurídico, y por el artículo 1529 del mismo Código, como compra-venta; por lo que la demanda deberá ser declarada infundada en todos sus extremos,

artículo 219, inciso 1 del Código Civil: “El acto jurídico es nulo: Cuando falta la manifestación de voluntad del agente”.

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Juan ESPINOZA ESPINOZA por improbanza de la pretensión” (fojas 122), esta Juzgadora exigió que exhiba el documento original, lo que en ningún momento llegó a realizar el codemandado, quien tampoco asistió a las audiencias programadas.

En este punto es preciso señalar que la carga de la prueba, salvo las presunciones legales específicas, corresponde a quien alega un hecho. Ello corresponde tanto a la parte demandante como a la demandada, como se desprende del aforismo latino affirmatio non neganti, incubit probatio (“al que afirma y no al que niega, incumbe la prueba”), para lo que nuestro Código Procesal destina las normas sobre conducta procesal de las partes, en particular cuando se trata de la colaboración en lograr la finalidad de los medios probatorios, determinando dicha conducta, dependiendo de su gravedad e irrespeto al proceso, una inversión de la carga de la prueba.

El demandado afirma la existencia y validez del acto jurídico (hecho positivo); además, solo él se encuentra en condiciones de probarlo, dada la asimetría en la información y en la posibilidad probatoria entre las partes (el demandante no participó en dicho acto jurídico, habiendo obtenido solo una copia del documento, en tanto que el demandado no solo participó en el mismo en calidad de comprador sino que inició en base a dicho acto un proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública). Finalmente, en ninguna etapa del prolongado proceso ante esta instancia se logró que el codemandado Bohórquez García colaborara para determinar la validez del acto jurídico.

El demandante, por su parte, con legitimidad para obrar por el interés que tiene –artículo 220 Código Civil– (afirma ser comprador del inmueble, sobre lo cual en esta sentencia no habrá pronunciamiento, por ser cuestión ajena al presente proceso), ha alegado la inexistencia del acto, y si bien la ha sustentado en un hecho positivo como lo es la firma falsificada del vendedor, carece de posibilidades probatorias de tal afirmación, por no ser él el intitulado para tener el documento original.

Son estos principios, presunciones y reglas de conducta procesal las que deberán ser evaluadas a fin de tomar una decisión sobre el conflicto. Como señala el profesor peruano Domingo Rivarola(2), las presunciones sirven para propósitos tan variados como promover principios morales, buscar la verdad material que subyace a la controversia o eliminar incertidumbres y conflictos, siendo una función crucial de las mismas el ser un dispositivo para generar información y para superar la asimetría de información entre las partes cuando esta existe.

También se aprecia la poca colaboración en este proceso por parte del codemandado –en cuya firma radica precisamente la controversia–, don Juan Buleje Castillo, quien fue declarado rebelde, apersonándose recién a fojas 168, y presentando escrito a fojas 270 en el que afirma que su firma es falsa, y que inició en base a ello un proceso penal en contra del codemandado Bohórquez García, y también respondió la demanda de otorgamiento de escritura pública ante el 19 Juzgado Civil de Lima contradiciéndola por causa de la falsificación de su firma. Empero, al ser su contestación en sentido negativo (no participó en dicho acto, no firmó dicho documento), su posibilidad probatoria tampoco era real, salvo por los escritos presentados relativos a los procesos que siguió con el codemandado.

Quinto.- En este punto, esta Juzgadora considera pertinente detallar la actividad judicial que desplegó de oficio a fin de obtener el original de la referida minuta de compraventa de fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y tres, con la finalidad de esclarecer de manera fehaciente la verdad de los hechos, dada la insuficiencia de los documentos

(2)

Texto mimeo, cedido por el autor, a ser publicado por la revista Themis –editada por estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú–.

116

la invalidez e ineficacia del acto jurídico en la jurisprudencia aportados y la nula colaboración del único que podía aportar la prueba (el codemandado Bohórquez García).

Con fecha dieciocho de febrero de dos mil tres, la Oficina de los Registros Públicos del Callao, remitió el Oficio N° 154-2003, mediante el cual cumple con remitir certificado negativo de propiedad inmueble, copia certificada de asientos de tomo setenta y nueve, fojas doscientos noventa y cinco (asiento cinco) continuada en la ficha N° 55086 y copia literal de la ficha N° 70094209, los cuales obran en fojas trescientos seis a trescientos nueve.

Con fecha siete de abril de 2003 la Jueza del Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, informó que en el proceso seguido por Dante Uriel Bohórquez García con Juan Buleje Castillo, sobre otorgamiento de escritura pública, Expediente N° 10128-99, no obra el original de la minuta de compra venta del inmueble, mas sí en copia certificada notarial, a fojas 317.

Con fecha dieciocho de julio de 2003, el asistente de Juez de este Juzgado, Percy Torres Carrasco, se apersonó al local del Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil a efectos de verificar la existencia y características de la referida minuta de compraventa de fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y tres en el expediente signado con el número 10128-99, sobre otorgamiento de escritura pública, constatando (mediante razón obrante a fojas 321) la no existencia del original de la misma, sino tan solo una fotocopia con la certificación notarial del Notario Público Manuel Forero G.C, que a la letra indica: “CERTIFICO: Que la presente(s) copia(s) fotostática que consta de tres folios son idénticas al documento que he tenido a la vista al que me remito en caso necesario”, consignándose como fecha el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y nueve.

Ante estos hechos, mediante Resolución 23 de fecha dieciocho de julio de dos mil tres, obrante a fojas 322, se resolvió oficiar al Magistrado y a la Especialista que mediante Oficio N° 10128-99 de fecha quince de marzo de dos mil dos, obrante en fotocopia a fojas 230, habían informado al Jefe del Departamento de la Policía del Ministerio Público del Callao que en dichos autos obraba el original de la minuta de compraventa. Se les solicitó informar respecto a la existencia del original de la minuta.

Al respecto, dado que la especialista legal ya no laboraba en dicho órgano jurisdiccional, el personal reemplazante, doctor Donato Goyzueta Requena, a requerimiento de esta Judicatura, informó que –informe de fecha quince de octubre de dos mil tres, obrante de fojas 336 a 341– entre los medios probatorios adjuntados por el demandante figura el mérito de la minuta de compraventa de fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y tres, adjuntada en copia legalizada, la cual figura como anexo 1-B. Adicionalmente, el especialista legal adjuntó la copia certificada de la referida minuta.

En cuanto al Magistrado que conoció la demanda de otorgamiento de escritura pública, éste respondió señalando que ya no se desempeña como Magistrado en el Décimo Noveno Juzgado Civil, por lo que no puede pronunciarse al respecto y corresponde al actual titular en dicho juzgado.

Ante ello, esta Judicatura ofició a la titular actual del Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil, quien remitió la razón del especialista legal antes precisada, remitiendo los anexos 1-B y 1-C de ese proceso, informando adicionalmente el especialista que por un error material se comunicó al Ministerio Público del Callao que en autos se encontraba el original de la minuta de compra venta de fecha 04 de febrero de 1993, conforme obra en autos de fojas 352 a fojas 362.

Se ofició al Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, a efectos de que cumplan con remitir en copia certificada, los anexos 1-B (fojas tres a cinco) y 1-C de la demanda presentada por Dante Uriel Bohórquez García, por anverso y reverso, del expediente con número 10128-99 e informar si el demandante cumplió con adjuntar

117

Juan ESPINOZA ESPINOZA posteriormente en documento público la referida minuta de compraventa de fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y tres. También se solicitó adjuntar el Oficio N° 10128-99, referido anteriormente.

Se requirió por última vez al demandado, don Dante Uriel Bohórquez García, para que cumpla con exhibir el original del contrato de compraventa materia de litis, bajo apercibimiento de imponerse la multa correspondiente por obstaculizar el desarrollo del presente proceso.

Con fecha 30 de setiembre de 2003, a fojas 367, se solicitó al Notario de Lima Manuel Forero G.C, un informe sobre la compraventa de fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y tres realizada entre Dante Uriel Bohórquez García y Juan Buleje Castillo.

Mediante comunicación de fecha diez de octubre de dos mil tres, a fojas 377, el indicado Notario informó que no pudo ubicar entre los documentos a su cargo, escritura pública alguna respecto de las partes señaladas, por lo que considera que quizá se trató de un contrato privado en que solo se legalizaron las firmas, mas no el contenido, no existiendo registro alguno.

Con fecha dieciocho de febrero de dos mil cuatro, a fojas 505, se reiteró la solicitud al Notario de Lima, Manuel Forero G.C., a fin de que informe sobre la certificación de la minuta sub materia, a fin de conocer si su firma fue suplantada y falsificados los sellos en la referida minuta.

Con fecha 12 de abril de 2004, a fojas 535, el Notario de Lima, Manuel Forero G.C., manifestó que las copias remitidas a él tienen la firma y sellos que normalmente utiliza en su función notarial. Indica que únicamente ha certificado que las copias son igual al original pero no el contenido, lo que coincide con la verificación realizada por el asistente de Juez de esta Judicatura, ya reseñada, obrante a fojas 321, que además puede corroborarse de la certificación que en copia obra a fojas 340 vuelta.

Sétimo.- Por las actuaciones descritas, queda en evidencia el esfuerzo realizado por esta Judicatura en lograr obtener el medio probatorio necesario para poder efectuar la pericia grafotécnica, medio que solo la parte codemandada podía estar en condiciones de proporcionar, lo que a pesar de los reiterados requerimientos y de tener pleno conocimiento de las actividades desplegadas para su obtención, no hizo ni intentó hacer en momento alguno. Tampoco asistió a las audiencias ni de fijación de puntos controvertidos ni de pruebas, siendo que en esta última debía, por disposición expresa de este Juzgado, prestar declaración de parte y exhibir el original de la minuta sub materia.

(3) (4)

Ello constituye una forma de lo que la doctrina denomina abuso procesal, donde se lesiona el imperativo de buena fe (Jorge Peyrano) y se lesiona “al deber de colaboración entre las partes en pos de obtener una solución justa en cada caso y desentrañar la verdad objetiva y real de los hechos”(3), siendo que “las conductas desviadas o inconductas procesales conforman hoy un catálogo abierto que incluye entre la más notorias a la ‘recusación sistemática’, el ‘exceso en las medidas cautelares’, la ‘inoportunidad de las diligencias preliminares’, el ‘ocultamiento de documentos’, la ‘tacha de testigos’, la ‘alongadera de los juicios mediante la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios’ (…) etcétera”(4).

Se ha expresado que “Si bien el deber de lealtad, probidad y buena fe se proyecta en todo el proceso, en materia probatoria es concurrente con otro deber que podríamos llamar

AIRASCA, Ivana María. El ejercicio regular de la actividad procesal como principio (criterios objetivistas). En: Abuso procesal. Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2001, p. 104. VARGAS, Abraham L. Estudios de Derecho Procesal. Mendoza, Ediciones Jurídicas Cuyo, 1999, pp. 229 y 230.

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la invalidez e ineficacia del acto jurídico en la jurisprudencia corolario de aquel, el de colaboración. Aclaramos que en deber de colaboración tampoco es monopolio de la actividad probatoria, al contrario, se manifiesta a lo largo de todo el proceso, pero es en materia probatoria donde cobra mayor importancia. (…). Este deber no prohíbe la conducta de quien se acomoda en la simple negativa de los hechos negándose a suministrar pruebas de la que dispone; puede hacerlo, pero sabrá que tal conducta constituirá fuente de indicio, lo que sumado a otros tantos indicios servirá al juzgador para juzgar la procedencia de la pretensión o defensa de quien actuó mezquinamente en el proceso. Queda claro entonces que la conducta descrita constituye, como lo enseña Morello, un abuso por omisión que, como lo dijimos, trae aparejado, al decir del maestro platense, que ‘el órgano podrá así dictar la decisión que corresponda computando en el sentido negativo las consecuencias de esa deliberada renuencia…’ (…)”(5).

(5) (6)

(7)

(8)

Puede concluirse que el principio de solidaridad y el deber de cooperación con los fines públicos son ejes del proceso civil moderno, pues lo relevante es alcanzar la finalidad del proceso, lo que no sería posible si a través de un sistema normativo inflexible y formalista se permitiera el abuso del derecho en general (abuso procesal en particular), lo que se encuentra proscrito por la Constitución de 1993 que establece en su artículo 103 in fine: “(…) La Constitución no ampara el abuso del derecho”. Por su parte, el artículo II del Título Preliminar del Código Civil, dispone que: “La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho”. Los fines del proceso que se resumen en lograr la paz social en justicia deben siempre estar en concierto y armonía con los principios generales del derecho.(6)

Respecto de dichos principios procesales, el profesor peruano Alfredo Bullard ha señalado que “Mientras el principio de solidaridad precisa que la carga de la prueba debe recaer sobre la parte que tiene mejores condiciones de suministrarla, el principio de colaboración en materia probatoria dispone que corresponde a cualquiera de las partes el deber de producir las pruebas que estén en su poder o que deberían estarlo. (…) En este sentido, la carga de la prueba no necesariamente debe recaer en quien alega los hechos sino en quien se encuentra en mejores condiciones para probar, o, en quien no quiso colaborar en producir la prueba a pesar de estar en posición de hacerlo”(7).

En este punto resulta pertinente destacar la conclusión del profesor peruano Reynaldo Bustamante: “(…) el juzgador podría apreciar la negativa del demandado como un indicio que le permita presumir la veracidad del hecho afirmado por la parte demandante”(8), lo que lo obligaría a probar lo contrario para destruir o anticiparse a tal presunción, “con lo cual la carga de la prueba no solo estaría en manos de quien se encuentra en mejores

VALLEJOS, Juan Carlos. El abuso del proceso en materia probatoria. En: Abuso Procesal. Buenos Aires, RubinzalCulzoni, 2001, pp. 425-427. El Derecho es una disciplina reguladora de la convivencia humana que requiere de seguridad jurídica, la cual afirma la certeza y permanencia de las situaciones jurídicas dentro de un ordenamiento jurídico establecido. La legalidad es el arma de la seguridad jurídica –en otras palabras, para qué la legalidad si no es para brindar seguridad jurídica–, pero debe entenderse a la legalidad inmersa en un contexto de legitimidad, ya que sin esta carece de sentido. Es como un cuerpo sin alma, vacío, inútil que, a la larga, va a perder seguridad jurídica, por cuanto la injusticia acarrea inseguridad. Es por eso que ambos conceptos están destinados a ser vértices de una finalidad común y no pueden entenderse en forma aislada sin que el Derecho pierda sentido, por lo que los valores socialmente aceptados (como por ejemplo la justicia) son los orientadores de las normas. (JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA, Roxana. La Seguridad Jurídica. En: revista del Magíster en Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003). BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. Cuando las cosas hablan: El res ipsa loquitur y la carga de la prueba en la responsabilidad civil. En: Themis, revista de Derecho editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nº 50. Lima, PUCP, agosto 2005, p. 230. BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. El Derecho a Probar como elemento esencial de un Proceso Justo. Lima, Ara Editores, 2001, p. 279.

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Juan ESPINOZA ESPINOZA condiciones para probar la ocurrencia o inexistencia de ese hecho, sino en una persona que no quiso colaborar en producir la prueba necesaria para alcanzar la verdad en el proceso”(9). Octavo.- Por todo lo señalado en el fundamento anterior, se establece que la parte codemandada, don Dante Uriel Bohórquez García, quien figura en el documento en fotocopia como comprador del inmueble, con una copia certificada (no del contenido ni firmas, sino solo certificando el Notario que la fotocopia es igual al documento que se le presentó a la vista) presentó una demanda de otorgamiento de escritura pública, quien de acuerdo a lo señalado en la demanda y corroborado (declaración asimilada en cuanto a hechos) en la contestación de la demanda a fojas 122, obtuvo un préstamo conjuntamente con el codemandado Juan Buleje Castillo, para lo que este último otorgó hipoteca sobre el referido inmueble, a pesar de que supuestamente dos años antes había transferido la propiedad del mismo al codemandado Bohórquez García, lo que constituye una contradicción, no presentó ni a esta Judicatura ni al Juzgado en el proceso sumarísimo el original de la minuta, ni tampoco acudió a ninguna audiencia procesal en este Juzgado, quien afirma la existencia positiva de la minuta y su veracidad y validez, y quien es la única persona que puede tener ese documento en su poder, siendo ello imposible para las demás partes, en particular para el demandante, debía haber probado que las firmas de la minuta materia de esta litis son auténticas, por medio del documento original que solo él posee; esto bajo los alcances del principio de la buena fe, la lealtad, el deber de colaboración, la solidaridad, la probanza de los hechos positivos que ha afirmado en su contestación con los que niega la demanda, la proscripción constitucional del abuso del derecho, y en la presunción contenida en la apreciación razonada que el juez debe realizar sobre la conducta procesal de las partes(10).

A esta apreciación sobre el comportamiento del demandado se le debe sumar como parte de los indicios que, en su conjunto, van a adquirir significación, la pericia aportada a este proceso por el demandante, obrante a fojas 9 y siguientes, practicada por Perita Grafotécnica diplomada por el Instituto de Criminalística de la Policía Nacional del Perú sobre la fotocopia del documento sub materia, en la que concluye que existen “notables divergencias gráficas con las firmas auténticas del titular”, pero que por tratarse de fotocopias la opinión sobre la falsedad no puede ser categórica.

Noveno.- Todo lo manifestado en los puntos anteriores, analizado en forma conjunta como presunciones e indicios, lleva a esta Juzgadora a concluir que el documento que contiene la supuesta minuta de compraventa celebrada entre Juan Buleje Castillo como vendedor y Dante Uriel Bohórquez García como comprador, respecto del inmueble ubicado en Jirón Víctor Fajardo Nº 1051, Bellavista, Callao, de fecha 04 de febrero de 1993, no es un documento válido, por no contener la firma auténtica de la parte vendedora, por lo que el acto jurídico que soporta resulta inválido por falta de manifestación de voluntad, correspondiendo a esta Judicatura, por ende, declarar su nulidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 140 y 219 inciso 1 del Código Civil, y I, III, IV y IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil y el 282 del Código Procesal Civil.

(9)

(10)

Íbidem. También son de igual opinión los profesores argentino y peruano, respectivamente, Jorge Mosset y Carlos Soto: “(…) se debe imponer la carga probatoria a la parte que se encuentre en mejores condiciones de producirla”. (MOSSET ITURRASPE, Jorge y Carlos SOTO COAGUILA. El Contrato en una Economía de Mercado. Lima, Editorial Normas Legales, 2004, p. 219). “Artículo 282 del Código Procesal Civil.- Presunción y conducta procesal de las partes. El Juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes, atendiendo a la conducta que estas asumen en el proceso, particularmente cuando se manifiesta notoriamente en la falta de cooperación para lograr la finalidad de los medios probatorios, o con otras actitudes de obstrucción. Las conclusiones del Juez estarán debidamente fundamentadas”.

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la invalidez e ineficacia del acto jurídico en la jurisprudencia Décimo.- Respecto a la pretensión accesoria de bloqueo registral de la Partida correspondiente al inmueble a efectos de impedir las inscripciones posteriores que pretendieran realizarse como consecuencia de haber obtenido don Dante Uriel Bohórquez García el otorgamiento de escritura pública, estando a que dicho extremo reviste una naturaleza de tipo cautelar y no propiamente de accesoriedad, por cuanto no se desprende necesariamente como consecuencia jurídica natural de la pretensión principal, debe ser declarada improcedente, dejando a salvo el derecho del demandante para solicitarlo como corresponda.

Iii. Fallo

Por los fundamentos expuestos, con criterio de conciencia e impartiendo Justicia a nombre de la Nación, la Magistrada Titular del Sexagésimo Tercer Juzgado Civil de Lima,

Resuelve (i) Declarar FUNDADA EN PARTE la presente demanda, con costas y costos.

En consecuencia: (i.i) Se declara NULO el acto jurídico de compraventa contenido en la Minuta de fojas 5 a 7, de fecha 4 de febrero de 1993, en el que figura en calidad de vendedor don Juan Buleje Castillo y como comprador don Dante Uriel Bohórquez García.

(ii) Declarar IMPROCEDENTE el extremo que solicita el bloqueo registral de la Partida correspondiente al inmueble a efectos de impedir las inscripciones posteriores que pretendieran realizarse como consecuencia de haber obtenido don Dante Uriel Bohórquez García el otorgamiento de escritura pública, dejando a salvo su derecho para que lo solicite como corresponda.

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J3 CAS. N° 2356-98-LIMA Lima, 13 de agosto de 1999

Si

el Banco recurrente hubiera tenido el cuidado de examinar el título que dio origen al asiento, hubiera conocido de la incapacidad del demandante y que el supuesto poder que él había otorgado no tenía validez por dicha razón y como consecuencia de ello no se podía hipotecar el inmueble, sin autorización judicial de donde resulta que basado en su propia negligencia, el Banco recurrente no puede alegar la buena fe registral, por lo que no son aplicables los artículos dos mil doce, dos mil catorce, dos mil treinticuatro y dos mil treintiocho del Código Civil.


Vista la Causa número dos mil trescientos cincuentiséis-noventiocho, en audiencia pública de la fecha y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia:

Materia del recurso Se trata del Recurso de Casación interpuesto por el Banco Internacional del Perú - Interbank, mediante escrito de fojas cuatrocientos cincuentiocho, contra la sentencia emitida por la sub sala A de la Sala Civil Corporativa Especializada en Procesos de Conocimiento y Abreviados de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas cuatrocientos cuarentiocho, su fecha 15 de julio de mil novecientos noventiocho, que confirmando la apelada de fojas trescientos cincuenticinco, su fecha primero de agosto de mil novecientos noventisiete, declara fundada la demanda de nulidad de acto jurídico de fecha dieciocho de julio de mil novecientos noventicuatro, inscrito en la ficha número doscientos veintidós mil doscientos setenticuatro, asiento A – uno del Registro de Mandatos de Lima y el acto jurídico del doce de setiembre de mil novecientos noventicuatro, inscrito en la ficha número trescientos cincuentiún mil quinientos cuarentidós del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima; y la revoca en el extremo que ordena el pago de diez mil dólares americanos por concepto de indemnización, señalando el monto de la indemnización el equivalente en moneda nacional a diez mil dólares americanos con los intereses legales.


Que concedido el Recurso de Casación a fojas cuatrocientos setentitrés, fue declarado procedente por resolución de fecha trece de noviembre de mil novecientos noventiocho, por la inaplicación de los artículos dos mil doce, dos mil catorce, dos mil treinticuatro y dos mil treintiocho referidos a los efectos de la inscripción de los actos en los Registros Públicos y buena fe registral, del artículo mil novecientos setentidós relativo a la irresponsabilidad ante daño por causas ajenas y del artículo mil novecientos setentitrés del Código Sustantivo que establece la reducción de la indemnización por imprudencia concurrente.

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Considerando

Primero.- Que, el Banco recurrente funda su Recurso de Casación en que cuando obtuvo la garantía hipotecaria aún no estaba inscrito el nombramiento de curador del demandante y que de acuerdo con el artículo ciento sesenta del Reglamento General de los Registros Públicos, lo que se presume es que toda persona tiene conocimiento de los asientos registrales, no de los documentos que dieron origen a la inscripción y que no es necesario para tener buena fe registral que el interesado conozca todo el contenido de una escritura pública que dio origen a la inscripción, tan solo basta verificar los datos que aparecen en el asiento registral, por lo que sostiene se han inaplicado los artículos dos mil doce, dos mil catorce, dos mil treinticuatro y dos mil treintiocho de Código Civil.

Segundo.- Que, el artículo dos mil doce del Código Civil recoge literalmente el contenido del artículo quinto del Título Preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos, y contiene el principio de publicidad, al establecer que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones, y el artículo dos mil trece del mismo Código establece que el contenido de las inscripciones se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez. El primero contiene una presunción jure et de iure, el segundo una presunción juris tantum; en otras palabras, todos conocen el contenido de las inscripciones, y su contenido será cierto mientras no se declarare lo contrario. Tercero.- Que, en consecuencia, el artículo dos mil doce del Código Civil tiene que complementarse con lo dispuesto en el artículo ciento ochenticuatro del Reglamento General de los Registros Públicos, el que establece que a fin de asegurar la publicidad de los Registros, los funcionarios de los mismos están obligados a manifestar a toda persona, los libros, los títulos archivados, índices y demás documentos que obran en las oficinas registrales. Cuarto.- Que, la exposición de motivos del artículo dos mil doce, bajo comento, confirma esta apreciación, al sostener que la presunción cerrada de conocimiento del contenido registral, encierra solo un aspecto parcial de la publicidad al sostener una ficción legal, pues su aplicación aislada sin otorgar la posibilidad efectiva de acceso al Registro “implicaría un grave problema, referido al hecho de que las personas no puedan materialmente conocer aquello que la Ley presume de su conocimiento” y que “la primera publicidad, a la que podemos llamar sustantiva, no es posible considerarla sin que exista ampliamente garantizada la segunda, es la que se puede llamar procesal” – artículo ciento ochenticuatro del Reglamento General de los Registros Públicos; (Exposición de Motivos Oficial del Código Civil, Registros Públicos, Lima, mayo de mil novecientos noventiocho, Jack Bigio Chrem, página ciento noventiuno). Quinto.- Que, esto determina que forman parte de la publicidad de los Registros Públicos, los títulos archivados, lo que guarda concordancia con el artículo ciento sesenta del Reglamento antes citado, porque como el asiento registral es solamente un resumen, en el que consta el título que da origen al asiento, dicho título está a disposición de toda persona, porque forma parte del asiento y de la publicidad de los registros. Sexto.- Que, por ello y a fin de asegurar la buena fe registral, no solo es necesario leer el resumen del asiento registral, sino tomar conocimiento del título archivado que le dio origen, más aún cuando el artículo ciento ochenticinco del Reglamento dispone que para conseguir la manifestación de los libros y demás documentos, no se requiere tener interés directo o indirecto en la inscripción o documentos, ni expresar el motivo o causa por las cuales se solicitan. Sétimo.- Que, en el caso de autos el inmueble que se hipotecó al Banco recurrente, constaba en el registro que el garante lo obtuvo en división y partición con sus condóminos en la escritura pública de catorce de octubre de mil novecientos ochentiséis, ante el Notario

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Juan ESPINOZA ESPINOZA Ramón Espinoza Garreta y en dicha escritura consta que el garante tenía la condición de incapaz, por lo que el Juzgado tuvo que aprobar la división y partición. Octavo.- Que, si el Banco recurrente hubiera tenido el cuidado de examinar el título que dio origen al asiento, hubiera conocido de la incapacidad del demandante y que el supuesto poder que él había otorgado no tenía validez por dicha razón y como consecuencia de ello no se podía hipotecar el inmueble, sin autorización judicial de donde resulta que basado en su propia negligencia, el Banco recurrente no puede alegar la buena fe registral, por lo que no son aplicables los artículos dos mil doce, dos mil catorce, dos mil treinticuatro y dos mil treintiocho del Código Civil. Noveno.- Que, esta tesis doctrinaria coincide con lo expuesto por la tratadista y profesora de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora Elena Vivar Morales en su obra “La Inscripción Registral de la Propiedad Inmueble del Perú”, Tomo I, página cuarentiséis y lo expuesto por el doctor Luis Alberto Aliaga Huaripata en su artículo “Apuntes sobre el Principio de Publicidad en el Derecho Registral Peruano” publicado en la Revista del Colegio de Notarios de Lima, año sétimo, número siete, Lima, mil novecientos noventisiete, página ochentinueve. Décimo.- Que, respecto al artículo mil novecientos setentidós del Código Civil, se encuentra vinculado al artículo mil novecientos setenta de dicho Código, relativo a la responsabilidad objetiva o sea al daño causado mediante un bien o actividad riesgosa o peligrosa, que no es el caso de autos, por lo que no resulta aplicable.

Décimo Primero.- Que, en cambio el artículo mil novecientos setentitrés del Código Sustantivo dispone que si la imprudencia solo hubiera concurrido en la producción del daño, la indemnización será reducida por el Juez, según las circunstancias.

Décimo Segundo.- Que, el Banco recurrente pudo prever la condición de incapaz del demandante y al no hacerlo actuó con negligencia e imprudencia, por lo que es posible la reducción de la indemnización, mas no para Luis Mariano Cesti Contreras y Laboratorios Farmacéuticos del Norte Sociedad Anónima, que no han interpuesto Recurso de Casación y que con sus actos han dado origen a este problema.

Décimo Tercero.- Que, por las razones expuestas y de conformidad en parte con el dictamen de la Fiscalía Suprema y aplicando el inciso primero del artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO EN PARTE el Recurso de Casación de fojas cuatrocientos cincuentiocho interpuesto por el Banco Internacional del Perú - Interbank; y en consecuencia, declara NULA la sentencia de vista de fojas cuatrocientos cuarentiocho de fecha quince de julio de mil novecientos noventiocho, solo en la parte que ordena pagar al Banco Internacional del Perú a favor del demandante, el equivalente en moneda nacional a diez mil dólares americanos y actuando en sede de instancia: REVOCARON la apelada de fojas trescientos cincuenticinco, su fecha primero de agosto de mil novecientos noventisiete y REFORMÁNDOLA dispusieron que el Banco demandado abone al demandante por concepto de indemnización de daños y perjuicios la suma de mil nuevos soles, más sus intereses legales con costas y costos; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Ricardo Benjamín Perata Olivos con Banco Internacional del Perú - Interbank y otros sobre nulidad de acto jurídico y otro; y los devolvieron. SS. ORTIZ B. SÁNCHEZ PALACIOS P. ECHEVARRÍA A. CASTILLO LA ROSA S. ALVA S.

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J4 CAS. Nº 633-95-LIMA Lima, 21 de agosto de 1996

La resolución contractual por incumplimiento puede hacerse valer alternativamente por conducto notarial o a través de demanda judicial. El perjudicado por el incumplimiento que opta por recurrir a la vía judicial, no está obligado a cursar la carta notarial a que se refiere el artículo 1429 del Código Civil.

La sala civil de la corte suprema de justicia

En la causa vista en audiencia pública el 21 de agosto del año en curso, emite la siguiente sentencia.

Materia del recurso

Se trata del recurso de casación interpuesto por doña Delfina Hurtado Vicente, mediante escrito de fojas ciento cuarentisiete contra la sentencia de vista de fojas ciento cuarenticinco, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmando la sentencia apelada de fojas ciento veintiuno, su fecha dos de mayo de mil novecientos noventicinco, declaró infundada la demanda, en los seguidos con don Eladio Bernandino Hurtado Vicente y doña Consuelo Espíritu de Hurtado, sobre nulidad de acto jurídico, resolución de contrato y reivindicación.

Fundamento del recurso

La demandante fundamenta su recurso en lo dispuesto por los incisos primero y segundo del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, sosteniendo respecto del inciso primero que se ha interpretado erróneamente el artículo mil cuatrocientos veintinueve del Código Civil, porque el requerimiento a que se refiere el citado numeral es facultativo mas no de cumplimiento obligatorio.

Considerando

Primero.- Que, concedido el recurso de casación a fojas ciento cincuentiuno, mediante resolución de cuatro de diciembre de mil novecientos noventicinco, se ha declarado la procedencia del mismo, únicamente por la causal contemplada en el inciso primero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil.

Segundo.- Que, es preciso establecer que tanto la sentencia de primera instancia, como la de vista han declarado infundada la reconvención interpuesta por el demandado, sobre otorgamiento de la escritura de compraventa del inmueble materia de litis, por cuanto habiéndose fijado el precio de la venta en diez mil dólares, solo había pagado a cuenta la suma de cuatro mil dólares y al no haber impugnado el demandado dicho fallos, ha quedado definido que solo pagó el cuarenta por ciento del precio del contrato.

Tercero.- Que, con este antecedente es necesario analizar si de acuerdo con el artículo mil cuatrocientos veintinueve del Código Civil, la demandante estaba obligada a requerir a

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Juan ESPINOZA ESPINOZA sus codemandados mediante carta por vía notarial para que satisfagan su prestación, dentro de un plazo no menor de quince días, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, el contrato quedaba resuelto, tal como lo establecen las sentencias inferiores o podía acudir directamente a la resolución del contrato por la vía judicial.

Cuarto.- Que, el artículo mil cuatrocientos veintiocho del Código Civil dispone que en los contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de su prestación, la otra parte puede solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato, en uno y otro caso la indemnización de daños y perjuicios y que a partir de la fecha de la citación con la demanda de resolución, la parte demandada queda impedida de cumplir su prestación.

Quinto.- Esto significa que cuando la parte escoge la resolución del contrato puede hacerlo mediante la vía judicial y a partir de la fecha de la citación con la demanda, ya la parte demandada no puede cumplir la prestación y queda sujeta a lo que se resuelva en la acción judicial correspondiente. Sexto.- Sin embargo el artículo mil cuatrocientos veintinueve del Código Civil concede a la parte perjudicada con el incumplimiento, la facultad de resolver el contrato de pleno derecho, mediante el requerimiento, por carta por vía notarial en el plazo que estipula este artículo y en el caso de que no cumpla su prestación en dicho término, el contrato queda resuelto. Sétimo.- Como podrá apreciarse en los artículos mil cuatrocientos veintiocho y mil cuatrocientos veintinueve del Código Sustantivo, a la parte perjudicada por el incumplimiento de su contraparte, se le conceden dos alternativas facultativas, la resolución del contrato por la vía judicial o la resolución de pleno derecho de acuerdo al segundo dispositivo antes citado. Octavo.- Resulta de este análisis que la resolución de pleno derecho por incumplimiento de acuerdo al artículo mil cuatrocientos veintinueve del Código Civil, es facultativa y no obligatoria, lo que se encuentra ratificado por el propio texto de dicho artículo, cuando expresa “que la parte perjudicada con el incumplimiento de la otra puede requerirla mediante carta por vía notarial (...)”. Noveno.- Por ello las sentencias inferiores han interpretado erróneamente el artículo mil cuatrocientos veintinueve del Código Civil, al desestimar el extremo de la demanda referido a la resolución del contrato, por haber pagado menos del cincuenta por ciento del precio de la compraventa, por considerar que se había recurrido a la vía judicial, sin haber cumplido con cursar la carta notarial y conceder el plazo estipulado para el pago de dicho dispositivo legal. Décimo.- Que, habiendo pagado los demandados solamente el cuarenta por ciento del precio de la compraventa, procede la resolución del contrato, de acuerdo con lo estipulado en el artículo mil quinientos sesentidós del Código Civil y también el extremo de la demanda referida a la reivindicación del cuarto que los demandados poseen en el inmueble sub litis, por lo dispuesto por el artículo novecientos veintitrés del mismo Código.

Décimo primero.- Que, la demandante no ha recurrido en casación contra la sentencia de vista, en la parte que confirmando la apelada declaró infundado el extremo de la demanda referente a la nulidad del contrato de compraventa.

Décimo segundo.- Que, en consecuencia, la interpretación correcta del artículo mil cuatrocientos veintinueve del Código Civil consiste en que la resolución del contrato de compraventa de pleno derecho por incumplimiento, es facultativa y no obligatoria y que la parte perjudicada puede acudir a la vía judicial directamente, por lo que de conformidad con el inciso primero del artículo trescientos noventiséis del Código Civil.

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Se resuelve

DECLARARON: FUNDADO el recurso de casación de fojas ciento cuarentisiete, NULA la sentencia impugnada de fojas ciento cuarenticinco, de diecinueve de junio de mil novecientos noventicinco y FUNDADA EN PARTE la demanda de fojas dieciséis a fojas veintidós, aclarada a fojas veintiocho, en los extremos referidos a la resolución del contrato y reivindicación y en consecuencia, resuelto el contrato privado de compraventa, celebrado entre doña Delfina Hurtado Vicente y don Eladio Bernardino Hurtado Vicente respecto de la casa sito en la calle quince número doscientos veintitrés, Urbanización La Florida Distrito del Rímac, de nueve de abril de mil novecientos noventiuno que corre a fojas nueve y que los demandados deben devolver a la demandante el cuarto que ocupan en el inmueble sublitis, con costas y costos. SS. RONCALLA ROMÁN REYES VÁSQUEZ ECHEVARRÍA

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J5 CAS. N° 1224-2006-Lima Lima, 6 de marzo de 2007

El

hecho principal por el que se declaró infundada la demanda es porque el acto jurídico donde intervino el demandante carecía de la autorización legal respectiva para la transferencia de propiedad; a diferencia del acto jurídico realizado entre los demandados donde la transferencia se realizó en ejercicio de una resolución ministerial que autorizaba la transferencia (…) Por lo tanto, la referida transferencia fue declarada válida, desestimándose así la nulidad demandada por la recurrente.


Vista, la causa número mil doscientos veinticuatro - dos mil seis, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha y luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia, de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo;

Materia del recurso

Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante Asociación de Ex Trabajadores del Banco Minero del Perú en Liquidación, contra la resolución de vista de fojas quinientos veinticinco, su fecha veinticinco de octubre de dos mil cinco, que revocando la sentencia apelada de fojas trescientos setentiuno y reformándola, declara infundada la demanda de fojas sesenticinco;

Causales del recurso

Mediante resolución de fecha diez de julio de dos mil seis, que corre a fojas cincuentinueve del cuadernillo de casación, este Tribunal Supremo ha declarado procedente el recurso de casación por la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, habiéndose denunciado que, la Sala de mérito ha infringido los numerales tercero y quinto del artículo ciento treintinueve de la Constitución Política, concordado con el artículo doce de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos ciento veintidós inciso tercero, y, cincuenta inciso quinto del Código Procesal Civil, refiriendo las siguientes contravenciones 1) En el desarrollo del proceso, específicamente en el acto procesal de la vista de la causa, se ha alterado o desnaturalizado el proceso al permitir la intervención, en dicho acto, de un tercero ajeno a este, por consiguiente, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, debido a que la Sala de mérito, sin expresión de causa alguna o sin motivar su decisión, ha permitido la intervención del letrado Ureña Tello, conforme se acredita con la copia de la solicitud de nulidad contra el acto procesal de la vista de la causa, presentado el veintisiete de diciembre de dos mil cinco;

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la invalidez e ineficacia del acto jurídico en la jurisprudencia 2) La inexistencia de una motivación congruente, puesto que la Sala Superior en los considerandos séptimo y octavo, se limita a hacer mención de la demanda de prescripción adquisitiva de dominio interpuesta por la demandante respecto de los predios en litigio, y en el octavo considerando reproduce los considerandos séptimo y octavo de la sentencia de casación de fecha diez de octubre de dos mil dos, basando su decisión en el considerando octavo de la referida sentencia de casación, con lo que se infiere que el Colegiado ha dictado una sentencia que no se ajusta al mérito de lo actuado y al derecho; 3) Que, en ninguno de los fundamentos de la sentencia impugnada se hace mención a la Resolución Administrativa número cero setenta - noventiuno, mediante la cual se transfirió el inmueble a favor de la entidad recurrente, documento que se ofreció en la demanda en calidad de medio probatorio, con lo que se pone de manifiesto que este no ha sido valorado de manera conjunta, pues guarda estrecha relación con el otro documento denominado “Acta de Adjudicación del terreno de Huachipa a la Asociación de Ex servidores del Banco Minero”, razón por la cual se falta a la verdad cuando se señala que “es de apreciar que en dicho documento no se indica cuál es el área de terreno entregado en posesión...”;

Considerando

Primero.- Que, analizando la primera denuncia, relativa a la intervención de un tercero en el proceso, es de advertir que tal hecho se encuentra referido a la intervención del abogado Abraham Ureña Tello en el acto del informe oral ante la Sala Superior, hecho que fue denunciado por la recurrente antes de la interposición del recurso de casación, lo cual dio lugar a la Resolución de fojas quinientos ochenta, su fecha cinco de enero de dos mil seis, en la que se declaró infundada la referida nulidad, por tanto, tal denuncia ya ha sido resuelta;

Segundo.- Sin perjuicio de lo expuesto, la invocación de un acto procesal viciado implica la denuncia de una nulidad trascendente para el proceso, la que de acuerdo al criterio de esencialidad implica que, la declaración de nulidad del vicio debe influir de manera decisiva sobre la decisión final, de tal modo que pueda ser capaz de producir su ineficacia; que, en el caso de autos, la decisión final en nada afecta su sentido, ya que la denuncia referida no desvirtúa su sentido, más aún si conforme al último párrafo del artículo ciento treintidós de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los abogados intervinientes pueden ser sustituidos por otros en cualquier momento, incluso en el mismo acto del informe oral; por tanto, carecerá de interés jurídico y atentará contra el principio de economía procesal declarar la nulidad de la de vista con el propósito que se realice un nuevo informe oral, ya que si se hace una abstracción del vicio denunciado, la motivación de la de vista no se ve afectada, ni tampoco varía su sentido. De manera que, el vicio denunciado no atiende al principio de esencialidad, para que pueda así sustentar una declaración de nulidad vía casación, por lo que en aplicación del cuarto párrafo del artículo ciento setentidós del Código Procesal Civil, esta denuncia debe ser desestimada;

Tercero.- Que, respecto a la segunda denuncia, relativa a la inexistencia de una motivación congruente, conforme se advierte de la recurrida, tal denuncia carece de una base real, pues de su tenor se advierte que, el hecho principal por el que se declaró infundada la demanda es porque el acto jurídico en donde intervino el demandante, carecía de la autorización legal respectiva para la transferencia de propiedad, conforme se sustentó en el considerando cuarto de la recurrida; a diferencia del acto jurídico realizado entre los demandados, en donde la transferencia se realizó en ejercicio de una Resolución Ministerial que autorizaba la transferencia, conforme se sustentó en el considerando sexto de la recurrida;

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Juan ESPINOZA ESPINOZA Cuarto.- Que, conforme a lo expuesto en el considerando anterior, habiendo sustentado la recurrida las razones trascendentes por las que se desestimaba la demanda, señaló además elementos adicionales, los cuales los indicó en los considerandos séptimo y octavo, en donde se hace referencia a la existencia de un proceso anterior en donde la ahora recurrente demandó la prescripción adquisitiva, siendo que el Colegiado Superior procedió a transcribir dos considerandos de la sentencia que en su momento expidió la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema en el proceso de prescripción adquisitiva, de donde el Colegiado Superior advierte elementos complementarios para sustentar su sentencia, en el sentido que el acto jurídico en donde intervino la demandante no contaba con la respectiva “aprobación formal del gobierno”. Por tanto, conforme a los argumentos expuestos, esta denuncia también debe ser desestimada, toda vez que la recurrida ha sido expedida contando con la motivación fáctica y jurídica, de acuerdo al mérito de lo actuado y a derecho;

Quinto.- Que, en cuanto a la tercera denuncia, referida a que en ninguno de los fundamentos de la sentencia impugnada se hace mención a la Resolución Administrativa número cero setenta - noventiuno, tal denuncia no tiene una base real, conforme se aprecia del considerando cuarto de la recurrida, en donde se hace mención expresa a la Resolución SBS número cero setenta - noventiuno, de cuyo análisis el Colegiado Superior llega a concluir que, de autos no aparece la norma legal respectiva que apruebe la transferencia, argumento que luego es contrapuesto al derecho de Sedapal, cuya adquisición sí cumplió con la autorización legal respectiva, conforme se sustentó en el considerando sexto de la recurrida, por tanto la referida transferencia fue declarada válida, desestimándose así la nulidad demandada por la recurrente.

Estando a las conclusiones que preceden y de conformidad con los artículos trescientos noventisiete, trescientos noventiocho y trescientos noventinueve del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Ex Trabajadores del Banco Minero del Perú, mediante escrito de fojas quinientos ochentiocho; en consecuencia NO CASARON la resolución de vista de fojas quinientos veinticinco, su fecha veinticinco de octubre de dos mil cinco; CONDENARON a la recurrente al pago de una multa de una Unidad de Referencia Procesal, así como al pago de las costas y costos originados en la tramitación de este recurso; DISPUSIERON la publicación de esta resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por la Asociación de Ex Trabajadores del Banco Minero del Perú contra el Banco Minero del Perú en Liquidación y otro, sobre nulidad de acto jurídico; y los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Vocal Miranda Canales.‑ S.S. TICONA POSTIGO PALOMINO GARCÍA MIRANDA CANALES CASTAÑEDA SERRANO MIRANDA MOLINA

EXP. Nº 1067-2005 Corte Superior de Justicia Lima, 25 de octubre del 2005

Vistos Interviniendo como Vocal Ponente la Doctora Bustamante Oyague; y

Considerando

Primero.- Que, es materia del grado la sentencia de fecha veinticuatro de Septiembre del dos mil cuatro, obrante de fojas trescientos setentiuno a trescientos setentiocho, en el

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la invalidez e ineficacia del acto jurídico en la jurisprudencia extremo que declara fundada la demanda de fojas sesenticinco a setentiuno, por la causal de fin ilícito; en consecuencia, declara Nula la Escritura Pública de compra-venta de los Lotes uno, dos, tres, y siete, y cuatro, cinco, y seis, respectivamente, de la Manzana “Q” del Fundo Huerta Nievería-Huachipa, celebrada por el Banco Minero del Perú en Liquidación con SEDAPAL, con fecha veintisiete de Enero del año mil novecientos ochentinueve; y Nulo el Código de Predio Número PO treintiuno quinientos treinta ochentiuno y PO treintiuno quinientos treinta ochentidós del Registro Predial Urbano Zonal Sur Rural; cursándose los Partes respectivos; Segundo.- Que, conforme expresa el artículo ciento noventiséis del Código Procesal Civil, salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos; Tercero.- Que, de la demanda obrante de fojas sesenticinco a setentiuno, aparece que la parte demandante solicita como pretensión principal se declare la Nulidad por Causal contemplada en el artículo doscientos diecinueve inciso cuatro (cuando su fin sea ilícito), inciso siete del Código Civil (cuando la ley lo declara nulo), y en consecuencia se declare la “nulidad de la Escritura Pública de compraventa celebrada por el Banco Minero en Liquidación a favor de la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, SEDAPAL, formalizada por ante la Notaría del Doctor César Bazán, su fecha veintisiete de Enero del año mil novecientos noventinueve, y como pretensión accesoria se declare la invalidez de la inscripción de la compraventa, la misma que se encuentra inscrita en el Código de Predio Nº P3153081 y P03153082 del Registro Predial Urbano Zonal Sur Rural, de la Unidad Catastral y del predio Fundo Huerta Nievería Lotes 4-5-6 y 1-2-3-7, respectivamente, cursándose oportunamente los partes correspondientes”;

Cuarto.- Que, conforme aparece de la instrumental obrante de fojas cinco a seis, aparece que, con fecha siete de Marzo del año mil novecientos noventidós, se adjudica el terreno de Huachipa (Distrito de Lurigancho-Chosica) a la Asociación de Ex Servidores del Banco Minero, dejándose expresamente señalado que se efectuaba la entrega de la posesión de dicho terreno, “en cumplimiento de la Resolución SBS-070-91 de fecha Veintiocho de Noviembre del año mil novecientos noventiuno, en el entendimiento de que la transferencia legal del terreno, para los efectos de la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble, está condicionada a la aprobación formal del Gobierno, mediante Resolución Suprema a través del Ministerio de Vivienda y Construcción”; que, sin embargo, es de apreciar que en dicho documento no se indica cuál es el área de terreno entregado en posesión, además que no aparece de autos que se expidiera la aludida Resolución Suprema que contenga la aprobación formal del Gobierno de la indicada transferencia;

Quinto.- Que, de la Copia Literal del Predio Nº P03153081 del Registro Predial Urbano de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, obrante a fojas treintiséis y siguientes, aparece que sobre el Predio Fundo Huerta Nievería Lotes cuatro, cinco y seis de la manzana Q, de un área de Tres Hectáreas Tres Mil Setecientos Treinta Metros Cuadrados, aparece inscrito como titular del Predio el Banco Minero del Perú y de la Copia Literal del Predio Nº P03153082 del Registro Predial Urbano de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, obrante de fojas treintinueve a cuarentiuno, aparece que el predio Fundo Huerta Nievería Lotes uno, dos, tres, y siete de la manzana Q, de un área de Cuatro Hectáreas Siete Mil Seiscientos Once Metros Cuadrados aparece que el titular de esta predio es el Banco Minero del Perú;

Sexto-. Que, en la Escritura Pública de compraventa, obrante de fojas cuarentidós a cuarentisiete, el Banco Minero en Liquidación vende a Servicio de Agua Potable y Alcantarillado - SEDAPAL, los citados lotes uno, dos, tres, siete, cuatro, cinco y seis del Fundo Huerta Nievería, con fecha veintisiete de Enero del año mil novecientos noventinueve, por el precio de ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos treintiséis y noventitrés/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$188,436.93); venta que, como se

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Juan ESPINOZA ESPINOZA señala en las cláusulas segunda y tercera, se hizo en uso de la autorización conferida por la Resolución Ministerial Nº 098-96-EF/10 de fecha diecisiete de Junio del año mil novecientos noventiséis, a la Comisión Administradora de Carteras creada por el artículo sexto del Decreto de Urgencia Nº O-treintidós-noventicinco, a cargo del proceso de disolución y liquidación del vendedor (Banco Minero en Liquidación);

Sétimo.- Que, debe tenerse en cuenta que, conforme aparece de los documentos obrantes de fojas ciento noventidós a doscientos veintisiete de autos, la Asociación demandante interpuso una demanda de prescripción Adquisitiva de Dominio respecto a los lotes uno al siete del Fundo Huerta Nievería, Distrito de Lurigancho - Chosica, contra el Banco Minero del Perú, proceso que concluyó con sentencia de Casación de fecha diez de Octubre del año dos mil dos, que declaró Infundado el Recurso de Casación interpuesto contra la sentencia de vista de fecha treinta y uno de Enero del año dos mil uno, que revocando la sentencia del dieciocho de Mayo del año dos mil, que declaró Infundada la demanda, reformándola la declara improcedente;

Octavo.- Que, en la aludida Sentencia de Casación emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, del diez de Octubre del dos mil dos, se señaló: “(...) Sétimo.- Que, la demandante no ha demostrado en autos el animus dominis, por cuanto en todos los documentos que presenta para acreditar su posesión hace referencia a que el propietario del bien sub litis es el Banco Minero del Perú, por lo tanto, no se ha portado como el legítimo propietario; Octavo, Que, además, del documento de fojas setentidós a setentitrés denominado Adjudicación del Terreno de Huachipa a la Asociación de Ex Servidores del Banco Minero (Acta de entrega del terreno) se aprecia que se otorgó la posesión preventiva de este en presencia de los directivos de la asociación y doscientos trabajadores y familiares, dejándose aclarado que la transferencia legal del citado terreno para los efectos de la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble estaba condicionada a la aprobación formal del gobierno mediante Resolución Suprema a través del Ministerio de Vivienda y Construcción(...)”;

Noveno.- Que, para la A-quo el negocio jurídico celebrado entre las partes emplazadas tiene un fin ilícito: el de quitar a los accionantes el terreno materia de litis que por derecho estima que les corresponde; sin embargo, esta fundamentación adolece de base fáctica acreditada en autos, ya que del propio tenor del Acta de adjudicación del terreno de Huachipa (Distrito de Lurigancho-Chosica) a la Asociación de Ex Servidores del Banco Minero, obrante de fojas cinco y seis, otorgado el siete de Marzo del año mil novecientos noventidós, se dejó expresamente indicado que la entrega de la posesión de dicho terreno se hacía “en cumplimiento de la Resolución Nº SBS-070-91 de 28 de Noviembre del año mil novecientos noventa y uno, en el entendimiento de que la transferencia legal del terreno, para los efectos de la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble, está condicionada a la aprobación formal del Gobierno, mediante Resolución Suprema a través del Ministerio de Vivienda y Construcción”; y no habiéndose acreditado en autos que la transferencia del terreno cedido fue aprobada por el Gobierno, es de colegir que la propiedad continúo perteneciendo al Banco Minero;

Décimo.- Que, por consiguiente, en uso de las facultades conferidas por el artículo novecientos veintitrés del Código Civil al señalarse que, “la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley”, en la condición de propietario de los lotes sub-litis, el Banco Minero del Perú en Liquidación los transfiere mediante la Escritura Pública de Compraventa a favor de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, con fecha veintisiete de Enero del año mil novecientos noventinueve, instrumento que contiene un acto jurídico de compraventa válido, con fin lícito, y permitido por la ley, en claro ejercicio del derecho de disposición de los bienes que le

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la invalidez e ineficacia del acto jurídico en la jurisprudencia pertenecen al propietario Banco Minero en Liquidación, por cuyas razones, deviene en Infundada la demanda de Nulidad del referido Acto jurídico, por las causales de fin ilícito o porque la ley lo declara nulo, conforme a los incisos cuatro y siete del artículo doscientos diecinueve del Código Civil; y consecuentemente, siendo desestimada la pretensión principal también deviene en Infundada la pretensión accesoria de invalidez de la inscripción de dicha venta en Registros Públicos; por cuyas consideraciones, y en aplicación del artículo trescientos sesenticuatro en concordancia con el artículo doscientos del Código Procesal Civil: REVOCARON la sentencia apelada de fecha veinticuatro de Setiembre del dos mil cuatro, obrante de fojas trescientos setentiuno a trescientos setentiocho, en el extremo que declara Fundada la demanda de fojas sesenticinco a setentiuno por la causal de fin ilícito; en consecuencia, Nula la Escritura Pública de compra-venta de los Lotes uno, dos, tres, y siete, y cuatro, cinco, y seis, respectivamente de la Manzana “Q” del Fundo Huerta Nievería-Huachipa, celebrada por el Banco Minero del Perú en Liquidación con SEDAPAL, el veintisiete de Enero del año mil novecientos ochentinueve; y Nulo el Código de Predio Número PO treintiuno quinientos treinta ochentiuno y PO treintiuno quinientos treinta ochentidós del Registro Predial Urbano Zonal Sur Rural; cursándose los Partes respectivos; REFORMÁNDOLA en dicho extremo, declararon INFUNDADA la citada demanda en todos sus extremos; hágase saber y devuélvase; en los seguidos por Asociación de Ex Trabajadores del Banco Minero contra Banco Minero en Liquidación y otros sobre Ineficacia de Acto Jurídico.‑ S.S. ORTIZ PORTILLA BUSTAMANTE OYAGUE POMAREDA CHÁVEZ-BEDOYA

EXP. Nº 805-2003 Sentencia de primera instancia

Lima, 24 de setiembre del 2004

Vistos

Resulta de autos que por escrito de fojas sesenticinco a setentiuno, la ASOCIACIÓN DE EX TRABAJADORES DEL BANCO MINERO DEL PERÚ, debidamente representada por su Presidente José Solís Galarza, interpone demanda acumulativa vía conocimiento contra la empresa SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA SEDAPAL- y al BANCO MINERO DEL PERÚ EN LIQUIDACIÓN, solicitando como pretensión principal declarar la Nulidad por la causal contemplada en el artículo doscientos diecinueve inciso cuatro y siete del Código Civil y, en consecuencia, se declare la Nulidad de la Escritura Pública de Compra-venta celebrada por el Banco demandado a favor de la empresa SEDAPAL formalizado por ante la Notaría del Doctor César Bazán el veintisiete de enero de mil novecientos noventinueve y como pretensión Accesoria se declare Invalidez de la inscripción de la compra-venta la que se encuentra inscrita en el Código de Predio número P treinta y uno quinientos treinta ochentiuno y, PO treintiuno quinientos treinta ochentidós del Registro Predial Urbano Zonal Sur Rural, de la Unidad Catastral y del Predio Fundo Huerta Niveria Lotes cuatro, cinco, seis y uno, dos, tres y siete respectivamente; refiere que por Acuerdo de Directorio del banco Minero del cuatro de enero de mil novecientos ochenta, se acordó adquirir un terreno denominado “Fundo de Niveria”, ubicado en Huachipa, Lurigancho-Chosica para que sirva como Centro de

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Juan ESPINOZA ESPINOZA Esparcimiento de los trabajadores; que, ello fue ratificado por la R.M. quinientos ochentitrés-ochenta EF-setentiuno que autorizó la asignación de recursos del fondo para la compra del mencionado terreno de Huachipa, así consta en los documentos denominado Adjudicación del terreno de Huachipa a la Asociación de ex servidores del Banco Minero del siete de marzo de mil novecientos noventidós, en la Resolución cero setenta-noventiuno del veintiocho de noviembre de mil novecientos noventiuno; que, el siete de marzo de mil novecientos noventidós el Delegado Especial de la Superintendencia de Banca y Seguros en el Banco Minero en cumplimiento de la Resolución del veintiocho de noviembre antes mencionada, les entregó la posesión del terreno a los ex servidores del Banco Minero, a fin de que posteriormente se formalizaría la inscripción en el Registro de Propiedad de Inmuebles, conforme consta en el documento Adjudicación del terreno de Huachipa a la Asociación de ex servidores del Banco Minero (acta de entrega del terreno), posesión que la vienen usufructuando desde esa fecha a la actualidad; que en el mes de marzo de mil novecientos noventinueve interpusieron demanda por Prescripción Adquisitiva de Dominio de los Lotes descritos por ante el Juzgado Civil de Ate Vitarte, Chaclacayo, Chosica del Cono Este y como medida cautelar se anotó la demanda en el Registro Predial Urbano Zonal Sur Rural; que, el fin ilícito consiste de que SEDAPAL no obstante tener conocimiento que la Asociación era propietaria por Adjudicación de los lotes de terreno, se ha permitido adquirirlos de mala fe, con el fin de perjudicarles a sabiendas que el terreno ya no era del Banco Minero en Liquidación, lo que le hicieron conocer mediante Cartas Notariales del once y diez de noviembre de mil novecientos noventisiete; ampara su demanda en el artículo doscientos diecinueve incisos cuatro y siete del Código Civil; admitida a trámite la demanda y corrido traslado por escrito de fojas ciento ocho a ciento trece SEDAPAL deduce Tacha; por escrito de fojas ciento sesentiocho a ciento setentiocho el Banco emplazado absuelve la demanda; mediante escrito de fojas doscientos veintinueve a doscientos cincuenta SEDAPAL absuelve la demanda en los términos que ahí expresa; por escrito de fojas doscientos cincuentidós a doscientos cincuentitrés; por resolución de fojas doscientos cincuentisiete se declaró saneado el proceso, fijada fecha para la audiencia de conciliación esta se llevó a cabo conforme al acta de fojas doscientos setenticuatro a doscientos setentiséis y la audiencia de pruebas a fojas doscientos ochenta, habiendo vencido el término de los alegatos ha llegado el momento de emitir sentencia; y,

Considerando

Primero.- Que, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuren su pretensión o a quien los contradice alegando hechos nuevos, conforme lo prevé el artículo ciento noventiséis del Código Adjetivo;

Segundo.- Que, el actor como pretensión principal solicita la Nulidad de la Escritura Pública de compra-venta de los Lotes uno, dos, tres y siete y cuatro, cinco y seis respectivamente de la Manzana “Q” del Fundo Huerta Nieveria-Huachipa, celebrada por el Banco Minero del Perú en Liquidación a favor de la empresa SEDAPAL, de fecha veintisiete de enero de mil novecientos noventinueve y accesoriamente se declare la Invalidez de la inscripción de la compra-venta la que se encuentra inscrita en el Código de Predio número PO treintiuno quinientos treinta ochentiuno y PO treintiuno quinientos treinta ochentidós del Registro Predial Urbano-Zonal Sur;

Tercero.- Que, en el acta de audiencia de conciliación de fojas doscientos setenticuatro a doscientos setentiséis, se han fijado los siguientes puntos controvertidos: Pretensión Principal: Determinar si procede declarar la nulidad de la Escritura Pública de Compra Venta celebrada por los emplazados; Pretensión Accesoria: Determinar si procede declarar la invalidez de la Inscripción de la compra-venta que se encuentra inscrita en el Registro Predial Urbano Zonal Rural de la Unidad Catastral y del Predio Fundo Huerta Niveria Lotes cuatro, cinco, seis y uno, dos, tres y siete respectivamente;

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Cuarto.- Que, el acto jurídico es la manifestación de voluntades destinadas a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas y para su validez requiere de sus elementos básicos como son: a) Agente capaz; b) Objeto físico y jurídicamente posible; c) Fin lícito; y, d) Observancia de la forma prescrita, bajo sanción de nulidad conforme lo señala el artículo ciento cuarenta del Código Sustantivo;

Quinto.- Que, la nulidad del acto jurídico puede serlo por las causales enumeradas con carácter taxativo en el artículo doscientos diecinueve del Código Sustantivo, todas ellas establecidas por la carencia de alguno de los elementos esenciales o requisitos de validez, así como por la transgresión de normas preceptivas de orden público; en el caso de autos se señala como causal de nulidad los incisos cuatro y siete del referido artículo, esto es, cuando su fin sea ilícito y cuando la ley lo declara nulo;

Sexto.- Que de fojas cuarentidós a cuarentisiete aparece en copia simple la Escritura Pública de Compra-Venta materia de litis, otorgada por el Banco demandado a favor de SEDAPAL, suscrita el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventiocho, elevada a Escritura Pública el veintisiete de enero de mil novecientos noventinueve, desprendiéndose de su primera cláusula que el referido Banco es propietario de los Lotes uno, dos, tres y siete, así como de los Lotes cuatro, cinco y seis respectivamente de la Manzana “Q” del Fundo Huerta Nieveria-Huachipa; y, de la cláusula tercera, que cede en venta real y enajenación perpetua a favor del comprador el inmueble descrito en la primera cláusula;

Séptimo.- Que, la referida compra-venta se encuentra inscrita, tal como se aprecia del Asiento cero cero cuatro de la copia literal del Predio número PO treintiuno quinientos treinta ochentiuno y del Asiento cero cero cuatro de la copia literal del Predio número PO treintiuno quinientos treinta ochentidós, ambas emitidas por el Registro Predial Urbano - Zonal Sur Rural, obrantes de fojas treintiséis a treintiocho y de fojas treintinueve a cuarentiuno respectivamente;

Octavo.- Que, para determinar si la traslación de dominio derivada de la compra-venta del inmueble objeto de la demanda resulta ineficaz por la causal que señala el artículo doscientos diecinueve inciso cuatro, esto es, cuando su fin sea ilícito, para tales efectos, debe entenderse el fin como la causa final, es decir, como el resultado que las partes aspiran a tener con el acto;

Noveno.- Que, en el caso de autos la parte accionante sustenta esta causal en el hecho de que se ha celebrado el contrato materia de litis de mala fe con el fin de perjudicarles; que, al efecto es de notar que fue de conocimiento de la compradora (SEDAPAL) antes de efectuar el negocio jurídico, que la demandante se consideraba propietaria del terreno conforme a la Carta Notarial que le remitió el once de noviembre de mil novecientos noventisiete obrante de fojas cincuenticuatro a cincuenticinco; asimismo, remitió por la misma vía una cartular dirigida al Banco vendedor de fecha diez de noviembre de mil novecientos noventisiete, obrante de fojas cincuentiséis a cincuentiocho, recordándoles que el predio en litis fue adquirido para el Centro de Esparcimiento de los Trabajadores; lo manifestado por la actora en esta última cartular se encuentra acreditada con la Resolución 070-91 de fojas cuatro, su fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos noventiuno, de cuyos considerandos se desprende que debido a la “(...)drástica reducción del personal y con miras a una consolidación institucional (...) no habrá lugar a Centros de Esparcimiento del tipo propuesto hace más de diez años”, “(...) dentro de la letra y el espíritu que en su momento justificaron en el Directorio del Banco Minero la adquisición de un terreno para que fuese dedicado a esparcimiento de los trabajadores, es procedente dar a ese terreno un uso alternativo pero siempre en beneficio de los trabajadores”, razones por las que resolvieron, dado el tiempo que iba a transcurrir hasta que concluya el trámite de venta en pública subasta del terreno, solicitar autorización a la Dirección de Bienes Nacionales para adjudicar el inmueble a la ahora accionante y se

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Juan ESPINOZA ESPINOZA autorizó a la Administración para que cumplidos los requisitos legales prosiga el trámite de adjudicación;

Décimo.- Que, en cumplimiento de la referida Resolución se les hizo entrega del terreno conforme al Acta de Entrega de Terreno que obra de fojas cinco a seis, de cuyo cuarto párrafo se lee “(...) ha pesado en el ánimo del Superintendente de Banca y Seguros, dijo, el origen de la adquisición del terreno hecha por el Banco Minero hace más de diez años, con el exclusivo propósito de establecer un ‘Centro de Recreación para uso exclusivo de los servidores del Banco Minero donde se pudiera efectuar tanto actividades de tipo deportivo y social, cuanto actividades agropecuarias de nivel microempresarial, en beneficio directo de los trabajadores del Banco que promuevan ese tipo de actividades productivas de la comunidad en general”. Consta del Acuerdo del Directorio del Banco Minero de fecha cuatro de enero de mil novecientos ochenta, que el terreno de Huachipa fue adquirido para fue sirviera de centro de Esparcimiento de los trabajadores”. Ese mismo propósito fue ratificado por R.M. 583-80-EF/7I que autorizó la asignación de recursos del Tesoro para la compra del terreno. En consecuencia, al seguir el uso de ese terreno dentro de los mismos fines para los que fue adquirido originalmente, se está respetando el espíritu de promoción social que inspiró esa adquisición AUNQUE DESAPARECIERA EL BANCO MINERO COMO PERSONA JURÍDICA.”;

Undécimo.- Que, siendo ello así resulta evidente que efectivamente el negocio jurídico celebrado entre las partes emplazadas tienen un fin ilícito, el de quitar a los accionantes el terreno materia de litis que por derecho les corresponde, desde que fue adquirido con el ánimo y propósito de ser entregado a los trabajadores lo que fue el espíritu que justificó la compra con recursos del Tesoro tal como se desprende de la Resolución y Acta de Entrega antes glosados, razón por la cual si bien es cierto a la demandante por motivos de trámites legales a la fecha no se le ha adjudicado el bien, también es verdad que el mismo fue adquirido con solo dicho fin social, que se constituya en un Centro de Esparcimiento de los Trabajadores del Banco Minero, aunque dicha entidad desaparezca como persona jurídica, conforme así lo aseveró dicha entidad en su oportunidad, razón por la que cabe amparar la demanda en tal extremo;

Duodécimo.- Que, respecto a la solicitud de nulidad por la causal prevista en el inciso séptimo: “Cuando la ley lo declara nulo”, esto es, cuando consta expresamente en el texto de las normas jurídicas, es de advertir que en estos casos, la nulidad opera porque o bien se cumple el supuesto que da origen a la nulidad, o bien porque no llega a cumplirse cabalmente los requisitos que, en el supuesto de la norma conducen a la validez del acto, en el caso de autos ni uno ni el otro supuesto se ha dado, razón por la que no cabe ampararse tal extremo de la demanda habiendo quedado establecido de ese modo el primer punto controvertido;

Décimo tercero.- Que, en este orden de ideas habiéndose determinado declarar la Nulidad de la Escritura Pública de compra-venta celebrada por el Banco Minero del Perú en Liquidación a favor de la empresa SEDAPAL contrato y siendo que lo accesorio corre la suerte del principal, cabe amparar el pedido de invalidez de la Inscripción de la compraventa en el Registro Predial Urbano Zonal Rural, en donde se encuentra registrada la Transferencia de la propiedad antes referida a favor de SEDAPAL estableciéndose de ese modo el segundo punto controvertido;

Décimo cuarto.- Que, en cuanto a la Tachas propuestas por la co-emplazada SEDAPAL de fojas ciento ocho a ciento trece, contra el Acta de Adjudicación del Terreno y contra la Constancia de Posesión; que, en cuanto a la primera, es de advertir que las Tachas deben incidir sobre el aspecto formal del documento y no sobre la verdad o falsedad del contenido del documento, la misma que debe realizarse en vía de acción y no en vía incidental como se pretende, por lo que no cabe ampararla; en cuanto a la segunda tacha

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la invalidez e ineficacia del acto jurídico en la jurisprudencia propuesta advirtiéndose que efectivamente de dicha Constancia se advierte que solo tiene validez por noventa días y estando a que el mismo fue emitido el cuatro de julio de mil novecientos noventisiete cabe ampararla; que, estando a que las demás pruebas aportadas y no glosadas en modo alguna desvirtúan los precedentes considerandos y de conformidad con los artículos glosados;

Fallo Declarando FUNDADA la demanda de fojas sesenticinco a setentiuno por la causal de fin ilícito; en consecuencia, NULA la Escritura Pública de compra-venta de los Lotes uno, dos, tres y siete y cuatro, cinco y seis respectivamente de la Manzana “Q” del Fundo Huerta Nieveria-Huachipa, celebrada por el Banco Minero del Perú en Liquidación con SEDAPAL, el veintisiete de enero de mil novecientos noventinueve; y NULO el Código de Predio número PO treintiuno quinientos treinta ochentiuno y PO treintiuno quinientos treinta ochentidós del Registro Predial Urbano Zonal Sur Rural; cursándose los Partes respectivos; Infundada la Tacha propuesta contra el Acta de Adjudicación del Terreno de fojas cinco y seis; y, Fundada la Tacha propuesta contra la Constancia de Posesión de fojas treinticinco; con costas y costos. MARIANELLA LEDESMA NARVÁEZ.

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J6 CAS. N° 2100-2003-LIMA El Peruano, 30 de setiembre de 2004

El convenio de pago de alimentos asumido por las partes en la separación convencional, subsiste a pesar de que posteriormente se declare la disolución del vínculo matrimonial, en razón a que dicho compromiso es expresión de la disponibilidad y liberalidad con la que cuentan las partes para contratar.

Lima, 26 de mayo de 2004

La sala transitoria de derecho civil de la corte suprema de justicia de la república

Vista con los acompañados, la causa número dos mil cien dos mil tres, en audiencia pública de la fecha y producida la votación con arreglo a ley; emite la siguiente sentencia:

Materia del recurso

Se trata del recurso de casación interpuesto por Adolfo Rafael Dammert Ludowieg, mediante escrito de fojas doscientos once, contra la sentencia de vista de fojas doscientos cinco, que revoca la sentencia apelada que declara Fundada la demanda y Nulo y sin efecto legal el Acto Jurídico, contenido en el numeral cuatro punto uno, de la propuesta de convenio de fecha setiembre de mil novecientos noventitrés, que establece la obligación de la parte del demandante de acudir con una pensión alimenticia de ochocientos dólares americanos a favor de la demandada; con costas y costos; y Reformándola declara Infundada dicha demanda; con costas y costos; en los seguidos por Adolfo Rafael Dammert Ludowieg contra Rosa María del Pilar Andrade de Lucio, sobre Nulidad de Acto Jurídico.


Que, este Supremo Colegiado, mediante resolución de fecha tres de octubre de dos mil tres ha declarado Procedente el recurso de Casación por la causal contenida en el inciso tercero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, esto es, por la contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso; sosteniendo que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, al expedir la sentencia de vista, contraviene las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, por cuanto expresa que tanto la sentencia de primera instancia, que declaró la disolución del vínculo matrimonial entre el recurrente y la demandada, como el convenio de pago de alimentos cuya nulidad persigue con la demanda; al haber sido materia de pronunciamiento jurisdiccional, ostenta la autoridad de cosa juzgada inmutable, afirmación que no toma en consideración que la sentencia expedida en un proceso de alimentos, no adquiere la autoridad de cosa juzgada material, en la medida en que la decisión que se adopte al respecto, puede ser posteriormente modificada en otro proceso, transgrediendo lo dispuesto por la

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la invalidez e ineficacia del acto jurídico en la jurisprudencia primera parte del inciso trece del artículo ciento treintinueve de la Constitución Política del Estado y el inciso segundo del artículo ciento veintitrés del Código Procesal Civil.

Considerando Primero.- Que, es materia del recurso de mérito determinar si al emitir la resolución final el Superior Colegiado, ha incurrido en error in procedendo, al haber determinado que tanto la sentencia de primera instancia, que declaró la disolución del vínculo matrimonial entre el recurrente y la demandada, como el convenio de pago de alimentos cuya nulidad persigue con la demanda; al haber sido materia de pronunciamiento jurisdiccional, ostenta la autoridad de cosa juzgada inmutable, contraviniendo lo dispuesto en la primera parte del inciso trece del artículo ciento treintinueve de la Constitución y el inciso segundo del artículo ciento veintitrés del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, las mencionadas normas procesales, cuya transgresión se denuncia, legislan respecto a la autoridad de cosa juzgada y la prohibición de revivir procesos fenecidos por resolución ejecutoriada. Tercero.- Que, tal como se advierte de fojas ciento dieciséis a ciento cuarenta, y como se estableciera en la sentencia recurrida, las partes que intervienen en el presente proceso, con fecha diecisiete de setiembre de mil novecientos noventitrés, suscribieron una “Propuesta de Convenio”, por la cual, según su cláusula cuatro punto uno, acuerdan los suscribientes del compromiso, que Adolfo Rafael Dammert Ludowieg, hoy demandante, acuda a doña Rosa María del Pilar Andrade de Lucio, actualmente demandada, con una pensión alimenticia mensual y adelantada de ochocientos dólares americanos, mientras ella no contraiga nuevas nupcias; siendo que dicho compromiso asumido por las partes fue aprobado en la Sentencia de Separación Convencional, de fecha veinticuatro de enero de mil novecientos noventicuatro, como se verifica de la copia que corre a fojas ciento treinta de autos; habiéndose declarado ulteriormente, por sentencia del dos de setiembre de mil novecientos noventicuatro, la disolución del vínculo matrimonial, quedando expresamente subsistente todo lo demás que contiene la sentencia de separación convencional, la cual fuera aprobada vía consulta con fecha veintiséis de octubre de mil novecientos noventicuatro, conforme se advierte de fojas cuarenticinco. Cuarto.- Que, si bien, la Sala ha concluido que el citado convenio, que incluye a los alimentos de la ex cónyuge demandada, ha sido materia de pronunciamiento jurisdiccional que ha pasado a la autoridad de cosa juzgada inmutable, amparándose en el artículo ciento veintitrés parte final del Código Procesal Civil; este no ha sido el único argumento, sobre el que se basa el Colegiado para tomar su decisión; ya que como se advierte del cuarto considerando de la recurrida este postula el enfrentamiento entre la disposición contenida en el artículo trescientos cincuenta primera parte del Código Civil y la disponibilidad y liberalidad con la que cuentan las partes para contratar; que en tal sentido es en un contexto unitario en el que debe analizarse la recurrida. Quinto.- Que, en tal sentido, y estando a que del propio tenor de la Propuesta del Convenio corriente de fojas ciento dieciséis, como lo ha determinado el Superior Colegiado, no se verifica circunstancia alguna que genere la Nulidad del Acto Jurídico, que celebraran las partes en litigio, el recurso propuesto debe desestimarse; tanto más si dicho compromiso ha sido valorado como expresión de acuerdo de voluntades válido de las partes, tanto en la sentencia de Separación Convencional como en la consiguiente declaración de Divorcio Ulterior; respecto de las cuales el hoy demandante y recurrente estuvo conforme. Sexto.- Que, en consecuencia la sentencia impugnada no adolece del error in procedendo denunciada por el actor, por lo que al no haberse verificado la transgresión a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso y en aplicación de lo previsto en el artículo trescientos noventisiete del Código Procesal Civil, declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas doscientos once, en consecuencia NO CASARON

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la resolución de vista de fojas doscientos cinco, su fecha veintiséis de marzo de dos mil tres; CONDENARON al recurrente al pago de las costas y costos del proceso originados en la tramitación del recurso, así como a la multa de una unidad de referencia procesal; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario oficial El Peruano; en los seguidos por Adolfo Rafael Dammer Ludowieg, contra María del Pilar Andrade de Lucio; sobre Nulidad de Acto Jurídico; y los devolvieron. SS. ROMÁN SANTISTEBAN TICONA POSTIGO LAZARTE HUACO RODRÍGUEZ ESQUECHE EGÚSQUIZA ROCA

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J7 CAS. Nº 87-96-TACNA Lima, 22 de julio de 1997

Es contrario al orden público la disposición testamentaria por la cual se establece un régimen de indivisión entre varias personas y en la cual se dispone que el último sobreviviente adquirirá la propiedad definitiva del bien.

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la causa vista en audiencia pública el catorce de mayo del año en curso, emite la siguiente sentencia; con los acompañados:

Materia del recurso

Se trata del recurso de casación interpuesto por don Orlando Juan Anaya Delgado contra la sentencia de fojas doscientos noventicinco, su fecha trece de octubre de mil novecientos noventicinco, que confirmando en una parte y revocando en otra la sentencia apelada de fojas doscientos quince, su fecha tres de enero del mismo año, declara fundada la demanda de fojas diecisiete sobre nulidad del numeral primero de la sexta cláusula testamentaria, en cuanto dispone que la propiedad no podrá ser vendida por ninguno de sus herederos en su acción y derecho y por fallecimiento de sus herederos asumirán los dos sobrevivientes y por fallecimiento de cualquiera de ellos asumirá definitivamente la propiedad en su totalidad, el último sobreviviente, para que lo posea libremente como propietario único, declara improcedente en cuanto a las demás disposiciones que contiene el citado numeral de la referida cláusula testamentaria; y la confirma en lo demás que contiene la apelada.


La Corte mediante resolución de fecha doce de junio de mil novecientos noventiséis ha estimado procedente el recurso solo por las causales relativas a la aplicación indebida del artículo ochocientos cuarentiséis del Código Civil por no ser de aplicación el plazo máximo contenido en esa norma para la indivisión fijada por vía testamentaria respecto de bienes distintos a las empresas y a la inaplicación del artículo ciento setentiuno del mismo Código relativa a las condiciones del acto jurídico.

Considerando

Primero.- Que, en la presente litis se discute la validez de una disposición testamentaria por la que la testadora establece un régimen de indivisión respecto a un inmueble a ser poseído por tres personas, y en el que el que sobreviva a la muerte de las otras dos adquiere la propiedad del mismo, que la Corte Superior ha calificado como de condición suspensiva.

Segundo.- Que, el hecho de calificar la disposición como conteniendo una condición implica que el juzgador ha tenido en cuenta las normas que las regulan por lo que la denuncia por inaplicación carece de fundamento.

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Tercero.- Que, sin embargo, debe señalarse que esta condición impropia que sujeta la transmisión de propiedad a la muerte previa de dos personas en beneficio de una tercera, repugna al orden público y carece de toda validez y eficacia.

Cuarto.- Que, nuestro ordenamiento legal no puede tolerar la existencia de una disposición semejante que propenda a generar expectativas patrimoniales derivadas de que una persona muera con anterioridad a otra.

Quinto.- Que, en ese sentido, la finalidad perseguida con dicha disposición testamentaria es ilícita siendo de aplicación lo dispuesto en los incisos cuatro y ocho del artículo doscientos diecinueve y doscientos veinticuatro del Código Civil.

Sexto.- Que, la disposición testamentaria que establece la indivisión en supuesto diferentes al del artículo ochocientos cuarenticinco del Código Civil, es decir, sobre empresas o negocios no es nula, sin embargo los condóminos no están obligados a respetarla.

Sétimo.- Que, aún cuando nuestro Código Civil no contiene una norma similar a la que regulaba el artículo setecientos ochentisiete del Código Civil de mil novecientos treintiséis que hubiera convertido en innecesaria esta discusión, dicho principio se desprende de concordar lo dispuesto en los artículos ochocientos cuarentiséis, ochocientos cuarentisiete y ochocientos cincuenticuatro del Código Civil.

Octavo.- Que, si bien desde ese punto de vista ha habido una aplicación indebida del artículo ochocientos cuarenticinco del Código Civil, este error no es suficiente para casar la sentencia conforme al artículo trescientos noventisiete de la ley procesal.

Sentencia

Estando a las conclusiones a las que se arriba, con lo expuesto en el dictamen del Señor Fiscal Supremo, se declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por don Orlando Juan Anaya Delgado, en consecuencia, NO CASAR la sentencia de fojas doscientos noventicinco, su fecha trece de octubre de mil novecientos noventicinco, CONDENARON al recurrente al pago de la multa de dos Unidades de Referencia Procesal, así como al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; y los devolvieron. SS. IBERICO RONCALLA SEMINARIO TINEO ALMEYDA

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J8 CAS. Nº 1021-96-HUAURA El Peruano,

11 de mayo de 1998

La

causal sustantiva de nulidad se fundamenta en la limitación de la autonomía de la voluntad en razón a que los actos jurídicos se celebran contraviniendo normas imperativas que son la expresión de orden público; estas nulidades no operan automáticamente, sino que los jueces tienen la facultad de declararlas con el sustento de la norma imperativa contravenida por la autonomía privada; por lo general, estas nulidades están integradas a las normas prohibitivas provenientes del conjunto del ordenamiento jurídico.

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la causa vista en audiencia pública el veinticuatro de noviembre del año en curso, emite la siguiente sentencia; con el acompañado.

Materia del recurso

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por don Pedro Francisco Ordóñez Gómez contra la sentencia de fojas doscientos veintidós, su fecha treintiuno de mayo de mil novecientos noventiséis, que confirmando la sentencia apelada a fojas ciento cuarentiocho, su fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos noventicinco, declara infundada la reconvención y fundada en parte la demanda, en consecuencia que el demandado Pedro Francisco Ordóñez Gómez entregue a la demandante el predio que ocupa en la manzana “O”, lote veintitrés, del Conjunto Habitacional Los Cipreses, Huacho, en el plazo de seis días y solidariamente con la codemandada Asociación Pro Vivienda de los Trabajadores del Área Hospitalaria Chancay - Huacho indemnicen a la accionante con la suma de trescientos nuevos soles, más intereses legales; e integrándola, declararon nulo y sin efecto alguno, el contrato de compraventa celebrado por los demandados obrantes a fojas catorce, sin perjuicio de los derechos que emanen para las partes de dicho contrato; con lo demás que contiene.


La Corte con fecha siete de noviembre de mil novecientos noventiséis ha estimado procedente el recurso por la causal relativa a la interpretación errónea del inciso ocho del artículo doscientos diecinueve del Código Civil, indicándose que son nulos los actos jurídicos contrarios a las normas prohibitivas expresamente contenidas en los textos legales porque atentan contra la situación y estado de legalidad normal en que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y los ciudadanos las respetan y obedecen sin protestar, y como el contrato materia de la acción no se encuentra en esta situación, no es nulo; la inaplicación de los artículos novecientos diecisiete y novecientos dieciocho del mismo Código, señalando que le asiste el derecho de mejoras hechas en el bien materia de litis

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Juan ESPINOZA ESPINOZA por tanto el derecho de retención del mismo; la inaplicación del inciso primero del artículo mil novecientos setentiuno del Código Civil, porque ha actuado en el ejercicio regular de un derecho.

Considerando Primero.- Que la interpretación errónea surge de un yerro de hermenéutica del Juez al interpretar la norma, atribuyéndole un sentido y alcance que no tiene. Segundo.- Que el acto jurídico es nulo, además de otras causales, cuando es contrario a las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres tal como lo dispone el inciso octavo del artículo doscientos diecinueve del Código Civil en concordancia con el artículo quinto del Título Preliminar del mismo Código Sustantivo. Tercero.- Que la anotada causal sustantiva de nulidad se fundamenta en la limitación de la autonomía de la voluntad en razón a que los actos jurídicos se celebran contraviniendo normas imperativas que son la expresión de orden público; estas nulidades no operan automáticamente, sino que los jueces tienen la facultad de declararlas con el sustento de la norma imperativa contravenida por la autonomía privada; por lo general, estas nulidades están integradas a las normas prohibitivas provenientes del conjunto del ordenamiento jurídico. Cuarto.- Que siendo así, la enajenación de bien ajeno constituye un ilícito penal previsto y sancionado en el artículo ciento noventiséis del Código Penal como una de las formas de defraudación, constituyendo un delito contra el patrimonio. Quinto.- Que esta norma penal es obviamente prohibitiva, consecuentemente su observancia interesa al orden público, en tal sentido, la autonomía de la voluntad se halla restringida por ella y por ende adolece de validez el acto jurídico que se haya realizado; de consiguiente, la norma aplicada en autos en este extremo ha sido comprendida en el sentido y alcance que tiene. Sexto.- Que sin embargo, distinta es la situación de aquel contrato por el cual una de las partes se compromete a obtener que la otra adquiera la propiedad de un bien que ambas saben que es ajeno, previsto en el artículo mil quinientos treintisiete del Código Civil, el cual se rige a su vez por los artículos mil cuatrocientos setenta, mil cuatrocientos setentiuno y mil cuatrocientos setentidós del mismo Código referentes a la promesa de la obligación o del hecho de un tercero respecto a los contratos sobre bienes ajenos, que no es el caso; de tal manera que la acción de rescisión prevista en el artículo mil quinientos treintinueve del citado Código está destinada al comprador del bien ajeno mas no al propietario del mismo. Sétimo.- Que referente al derecho de mejoras y de retención, estos no se hicieron valer en forma oportuna ya que de conformidad con el inciso segundo del artículo mil ciento veintisiete del Código Civil el derecho de retención se ejercita como excepción que se opone a la acción destinada a conseguir la entrega del bien, por tanto las normas que las sustentan son inaplicables. Octavo.- Que en cuanto al ejercicio regular de un derecho, no cabe invocar la aplicación de este instituto porque ello implicaría la revisión probatoria de la buena o mala fe contractual del recurrente, lo que no corresponde hacerse en casación por contravenir sus fines previstos en el artículo trescientos ochenticuatro del Código Procesal Civil.

Sentencia

Estando a las conclusiones que preceden declararon INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto don Pedro Francisco Ordóñez Gómez, en consecuencia, NO CASAR la

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la invalidez e ineficacia del acto jurídico en la jurisprudencia sentencia de fojas doscientos veintidós, su fecha treintiuno de mayo de mil novecientos noventiséis, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura; CONDENARON al recurrente al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario oficial El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron. SS. IBERICO RONCALLA CASTILLO MARULL BELTRÁN

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J9 CAS. Nº 282-T-97 Lima, 25 de noviembre de 1997

Es

nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres, porque quien no es propietario de un bien, no puede disponer de él y el dueño no puede ser privado de su dominio, sin que medie su voluntad, porque la ley no ampara el abuso del derecho


Vista la Causa número doscientos ochentidós - noventisiete, en la Audiencia Pública de la fecha, y producida la votación con arreglo a ley; emite la siguiente sentencia:

Materia del recurso

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por don Rogelio Aparicio Vilca, mediante escrito de fojas doscientos treintiuno, contra la resolución de vista de fojas doscientos veintisiete, su fecha quince de enero de mil novecientos noventisiete, expedida por la Sala Mixta Descentralizada de San Román, Juliaca, de la Corte Superior de Justicia de Puno, que revocando la apelada de fojas ciento sesenticuatro, fechada el once de octubre de mil novecientos noventiséis, declaró improcedente la demanda, de fojas diecinueve.


La casación se fundó en los incisos primero y segundo del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, sustentada en a) la aplicación indebida del artículo mil quinientos treintinueve del Código Civil; y b) la inaplicación de los artículos segundo y quinto del Título Preliminar del Código Sustantivo y artículos seiscientos sesenta, ochocientos treintiuno, novecientos veintitrés, mil cuatrocientos cinco y mil cuatrocientos seis del mismo Código.

Considerando Primero.- Que, el Recurso de Casación concedido a fojas doscientos treintiocho y fue declarado procedente por resolución del dieciocho de agosto de mil novecientos noventisiete, por las causales invocadas. Segundo.- Que, el artículo mil quinientos treintinueve del Código Referido está vinculado a la rescisión de la venta de bien ajeno, entre comprador y vendedor, pero no se refiere al propietario del bien, que no intervino en el contrato y que por tal motivo está facultado para solicitar la nulidad de la transferencia. Tercero.- Que, esto determina que el artículo mil quinientos treintinueve del Código en mención ha sido aplicado indebidamente al caso de autos, porque se está negando al dueño del bien la posibilidad de solicitar la nulidad de la compraventa.

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la invalidez e ineficacia del acto jurídico en la jurisprudencia Cuarto.- Que, más aún en el contrato materia del proceso, el vendedor don Edwin Gines Aparicio Vilca expresó que había adquirido el inmueble mediante sucesión hereditaria de sus señores padres don Vicente Aparicio Condori y doña Luisa Vilca Huanca y resulta que dichas personas están vivas y han transferido el inmueble al demandante y, según el artículo seiscientos sesenta del Código Civil, solo desde la muerte de una persona los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se trasmiten a sus sucesores y en todo caso serían de aplicación los artículos mil cuatrocientos cinco y mil cuatrocientos seis del Código acotado.

Quinto.- Que, resulta inaplicado el artículo ochocientos treintiuno del Código Sustantivo, porque el demandante ha adquirido el inmueble en vía de anticipo de herencia, y por lo tanto es propietario del bien.

Sexto.- Que, también resulta inaplicado el artículo quinto del Título Preliminar del Código Civil que dispone que es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres, porque quien no es propietario de un bien, no puede disponer de él y vender un bien ajeno y el dueño no puede ser privado de su dominio, sin que medie su voluntad, porque la Ley no ampara el abuso del derecho.

Sétimo.- Que, al venderse el inmueble del demandante, sin su consentimiento, se le está privando de los derechos de que goza el propietario según el artículo novecientos veintitrés del Código Civil.

Octavo.- Que, la casación no contiene ningún fundamento relativo a los extremos de la demanda referidos al pago de frutos y de daños y perjuicios, por lo que en ese aspecto no puede variarse la resolución de vista.

Noveno.- Que, por las razones expuestas y de conformidad con el artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil; Declararon FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por don Juan Rogelio Aparicio Vilca, presentado mediante escrito de fojas doscientos treintiuno; y, en consecuencia CASARON la resolución de vista de fojas doscientos veintisiete, su fecha quince de enero de mil novecientos noventisiete; en la parte que es materia del recurso; y, actuando en Sede de Instancia, CONFIRMARON la apelada; de fojas ciento sesenticuatro, fechada el once de octubre de mil novecientos noventiséis; en la parte que declaró fundadas las demandas acumuladas a fojas diecinueve sobre nulidad de contrato de compraventa, nulidad de escritura pública que contiene, reivindicación y nulo el contrato de compraventa, nula la Escritura Pública del dos de agosto de mil novecientos noventitrés que la contiene, celebrada entre don Edwin Gines Aparicio Vilca y Federico Camilo Quispe Lipa, respecto del inmueble urbano ubicado en el jirón Veintiocho de Julio número trescientos tres de la ciudad de Sandia, otorgado ante Notario Público, doctora Marina Centeno Zavala, debiendo el demandado Federico Camilo Quispe Lipa, cumplir con restituir el inmueble materia de litis al actor Juan Rogelio Aparicio Vilca, con costas y costos; ORDENARON que se publique la presente resolución en el Diario oficial El Peruano en los seguidos por don Juan Rogelio Aparicio Vilca con don Edwin Gines Aparicio Vilca y otro, sobre Nulidad de Contrato y otros, y los devolvieron. SS. URRELLO A. BUENDÍA G. ORTIZ B. SÁNCHEZ PALACIOS P. ECHEVARRÍA

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J10 Exp. Nº 397-96-TACNA Lima, 8 de setiembre de 1997

La

acción de nulidad de un contrato de compraventa de bien ajeno no es potestad exclusiva del comprador, en tanto el artículo 1539 del Código Civil solo regula los supuestos por los cuales puede el comprador rescindir el contrato, pero de ningún modo reserva este derecho exclusivamente al comprador, gozando el heredero y copropietario del bien de legítimo interés para solicitar la nulidad del acto jurídico realizado de mala fe en su perjuicio.

Vistos; con los acompañados; y Considerando

Que el demandado Jaime Villalba Rojas, vía reconvención, solicita la nulidad de la Escritura Pública del trece de julio de mil novecientos ochentiocho otorgada ante Notario Público Doctora Morales de Barrientos, que corre a fojas ciento uno y siguientes, mediante la cual el codemandado Gustavo Laureano Ticona Copaja cedió a su hija, la accionante Nancy Ambrocina Ticona Rojas, todos sus derechos y acciones sobre el inmueble ubicado en la Calle San Camilo número ochocientos veinticinco (Manzana A, Lote cuatro) de la Urbanización Salas de la Ciudad de Tacna; Que según consta en la referida Escritura Pública, el inmueble en cuestión pertenecía en copropiedad a la accionante Nancy Ambrocina Ticona y al codemandado Gustavo Laureano Ticona Copaja, habiendo el codemandado Gustavo Laureano Ticona Copaja, adquirido parte del inmueble de doña Carmen Carpio Viuda de Salas por contrato de fecha dieciocho de octubre de mil novecientos sesenta, celebrado conjuntamente con quien fuera su esposa María Luisa Rojas de Ticona, y parte por herencia junto con su hija Nancy Ambrocina Ticona a la muerte de María Luisa Rojas de Ticona, esposa del primero y madre de la segunda; Que ha quedado demostrado en la sentencia de fecha siete de abril de mil novecientos noventidós, la misma que confirmada por la Corte Superior corre a fojas doscientos setentinueve a doscientos ochentiuno, que el demandado Jaime Villalba Rojas era también heredero de María Luisa Rojas Ticona y que fue preterido en la Declaratoria de herederos de fecha treintiuno de marzo de mil novecientos ochentiocho, cuya copia obra a fojas sesentiséis, la misma en la cual se reconoció como únicos herederos a Gustavo Laureano Ticona Copaja y Nancy Ambrocina Ticona Rojas; Que si bien en la escritura pública del trece de julio de mil novecientos ochentiocho no se mencionan los porcentajes de las acciones y derechos vendidos por Gustavo Ticona Copaja a la accionante, en la cláusula tercera del referido instrumento se señala que la accionante se convierte luego de la transferencia en la única propietaria del inmueble en cuestión, con lo que se comprueba que dichas personas estaban disponiendo del inmueble en su totalidad excluyendo al demandado, Jaime Villalba Rojas, quien era también legítimo heredero; Que la sentencia que obra a fojas doscientos setentinueve a doscientos ochentiuno que reconoce al codemandado Jaime Villalba Rojas como heredero de María Luisa Rojas de Ticona a la muerte de esta el veinte de diciembre

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la invalidez e ineficacia del acto jurídico en la jurisprudencia de mil novecientos ochentitrés, es prueba suficiente de que este era copropietario del inmueble que perteneciera a su madre, desde el fallecimiento de esta, el mismo que fue transferido por referida Escritura Pública del trece de julio de mil novecientos ochentiocho, por lo que esta Corte debe corregir la resolución de primera instancia en cuyo cuarto considerando que corre a fojas trescientos trece, refiriéndose a la escritura del trece de julio de mil novecientos ochentiocho afirma que en ella “se ha preterido los derechos del demandado Jaime Villalba que tiene por parte de su señora madre” contradiciendo el décimo segundo considerando de la misma que dice “el actor reconviniente no ha probado ser dueño del inmueble para que se configure la ilicitud de venta de lo ajeno”; Que si el reconviniente ha sido preterido en la escritura del trece de julio de mil novecientos ochentiocho, es porque precisamente tenía derechos como heredero y copropietario respecto del inmueble que se transfirió y este es el parecer de esta Corte; Que no se ajusta al mérito del proceso y de la ley, la afirmación del Juez de Primera Instancia cuando sostiene que aun “en el supuesto de haberse vendido lo ajeno, la venta resulta rescindible a solicitud de la compradora conforme al artículo mil quinientos treintinueve del Código Civil, mas no por el reconviniente quien no intervino en el contrato”, pues el artículo mil quinientos treintinueve del referido cuerpo legal solo regula los supuestos en los cuales puede el comprador de un bien ajeno rescindir el contrato, pero de ningún modo reserva este derecho exclusivamente al comprador, gozando el demandado Jaime Villalba, como heredero y copropietario del inmueble, de legítimo interés para solicitar la nulidad del mismo; Que en cualquier caso no estamos ante la promesa de venta de bien ajeno, figura jurídica regulada por los artículos mil quinientos treintiséis y mil quinientos treintinueve del Código Civil, mediante la cual una de las partes se compromete a que la otra adquiera la propiedad de un determinado bien comprometiendo la acción de un tercero, de conformidad con el artículo mil cuatrocientos setenta del Código Civil, sino ante un ilícito jurídico que es vender un bien donde ambas partes sabían que una parte de las acciones y derechos que se transferían en ese acto pertenecían a un tercero; Que de conformidad con el artículo ciento cuarenta del Código Civil, inciso segundo, son nulos los actos jurídicos cuyo objeto es jurídicamente imposible; Que el artículo doscientos diecinueve, inciso octavo concordante con el artículo V del Título, Preliminar del Código Civil, señala que son nulos los actos jurídicos contrarios a las leyes que interesan al orden público, y no es por lo tanto jurídicamente posible ni lícito vender como propio un bien ajeno; Que si bien una interpretación conservacionista del acto jurídico podría haber llevado a concluir a esta Corte que la nulidad de la venta efectuada por escritura pública de fecha trece de julio de mil novecientos ochentiocho solo podría ser considerada respecto del exceso transferido por el demandado Gustavo Ticona Copaja, este principio no es aplicable teniendo en cuenta que esta Corte tiene indicios suficientes que evidencian que el codemandado Gustavo Ticona actuó de mala fe, pues sabía perfectamente que el demandado Jaime Villalba Rojas era hijo de su esposa, según propia declaración del codemandado que consta a fojas dieciséis del expediente novecientos cinco - noventicuatro sobre suscripción de escritura pública; Que de conformidad con el artículo mil trescientos sesentidós del Código Civil los contratos deben celebrarse de acuerdo a las reglas de la buena fe, buena fe que fue ajena a las partes pues concientemente preterieron al demandado Jaime Villalba Rojas de sus legítimos derechos hereditarios como heredero de María Luisa Rojas Ticona; declararon HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas cuatrocientos nueve, su fecha nueve de mayo de mil novecientos noventiséis, que confirmando la apelada de fojas trescientos uno, su fecha quince de enero del mismo año en el extremo que declara infundada la reconvención por lo que REFORMANDO la de vista y REVOCANDO la apelada en este extremo declararon FUNDADA la reconvención del demandado Jaime Villalba Rojas y en consecuencia, nulo el contrato de compraventa celebrado por Gustavo Laureano Ticona Copaja y Nancy Ambrocina Ticona Rojas, recogido por escritura

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Juan ESPINOZA ESPINOZA pública de fecha trece de julio de mil novecientos ochentiocho otorgado ante el Notario Doctora Morales de Barrientos y nulos los asientos correspondientes a la inscripción de la traslación de dominio en el Registro Público correspondiente; NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene; en los seguidos por doña Nancy Ticona Rojas con don Jaime Javier Villalba y otro, sobre nulidad de contrato de compraventa; y los devolvieron. SS. IBERICO RONCALLA SEMINARIO TINEO ALMEIDA

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J11 EXP. N° 693-95-CUSCO Lima, 20 de marzo de 1996

Si

se han vendido bienes de ajena propiedad, el acto jurídico resulta nulo por imperio de lo dispuesto en el art. V y del Título Preliminar del Código Civil y nulo también el instrumento que sirve para probarlo. La transferencia efectuada sobre bienes de propiedad de la demandante, se tiene que considerar jurídicamente imposible, porque el vendedor no podía trasmitir válidamente la propiedad de bienes que habían dejado de pertenecer a su dominio.

Vistos; con los acompañados; y Considerando

Que por escritura pública de compra-venta otorgada el veintiséis de octubre de mil novecientos setentidós, ante el notario Hermilio Cáceres de la ciudad del Cusco, la asociación deman dante adquirió de los esposos Rafael Guevara Ochoa y Lila Pena de Guevara, la fracción “B” del fundo Santutis Grande, con una extensión superficial de ciento cuarentisiete mil setecientos veintiocho metros cuadrados, registrán dose la transferencia en el tomo ciento cuarentinueve, folio trescientos quince, asiento dos de los registros de la Propiedad Inmueble del Cusco; que luego de realizada la compra-venta, los demandantes ejecutaron obras de habilitación urbana sobre toda el área del terreno de su propiedad; quedando dividido este en manzanas que se designan con las letras del alfabeto, y estas a su vez se subdividen en lotes que se designan con números; que es en la Mz. E de dicha lotización donde se encuentran ubicados los lotes número nueve, diez y once, los mismos que han sido materia del contrato de compra-venta celebrado por documento privado de fecha cuatro de diciembre de mil novecientos setentidós, entre el codemandado Rafael Guevara Ochoa, como vendedor, y la codemandada doña Honorina Yolanda Andía Ochoa, como compradora; que después dicho documento privado fue elevado a escritura pública otorgada por mandato judicial, el veintidós de mayo de mil novecientos ochentinueve, ante el Notario Público Oswaldo Bustamante Aragón; que esta segunda transferencia efectuada sobre bienes de propiedad de la demandante, se tiene que considerar jurídicamente imposible, porque el vendedor no podía transmitir válidamente la propiedad de bienes que habían dejado de pertenecer a su dominio; que por tanto al haberse vendido bienes de ajena propiedad, el acto jurídico resulta nulo por imperio de lo dispuesto por el artículo quinto del Título Preliminar del Código Civil, y nulo también el instrumento que sirve para probarlo; que esta situación creada con la venta de los bienes de su propiedad es obvio que ha producido daños y perjuicios a la demandante, y de cuya responsabilidad no puede sustraerse la codemandada Andía Ochoa, porque del contenido de las cláusulas cuarta y quinta del contrato privado de fojas noventa y tres, se colige que ella tenía pleno conocimiento que los lotes de terreno que estaba adquiriendo, pertenecían a la demandante, que la indemnización debe señalarse prudencialmente; declararon HABER NULIDAD en la sentencia de vista de

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Juan ESPINOZA ESPINOZA fojas trescientos cuarenta, su fecha treinta de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en la parte materia del recurso que confirmado la apelada de fojas doscientos once, su fecha veintiuno de octubre del noventa y cuatro, declara infundada la demanda interpuesta por la Asociación Pro-Vivienda Santa Rosa de la Guardia Civil, sobre nulidad de acto jurídico y del documento que lo contiene; infundada la acción acumulada de indemnización de daños y perjuicios; fundada la acción reconvencional de restitución o entrega de inmueble; reformado la primera y revocando la segunda, en estos extremos; declararon FUNDADA la demanda interpuesta por la Asociación Pro-Vivienda Santa Rosa de la Guardia Civil y, en consecuencia, nulo en acto jurídico de compra-venta celebrado el cuatro de diciembre de mil novecientos setenta y dos entre el codemandado Rafael Guevara Ochoa y Honoria Yolanda Andía Ochoa, respecto de los lotes número nueve, diez y once de la Mz “E” de la fracción “B” del Fundo Santutis Grande la cuidad del Cusco, nulo dicho documento; declararon INFUNDADA la acción reconvencional de restitución o entrega de inmueble formulada por la codemandada Honoraria Yolanda Andía Ochoa; con lo demás que contiene: en los seguidos por José Isauro Cáceres Quispe y otros con Rafael Guevara Ochoa y otra, sobre nulidad de acto jurídico y otros conceptos, y los devolvieron. Señor ROMÁN REYES VÁSQUEZ ECHEVARRÍA URRUTIA

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J12 CAS. Nº 1818-97-LIMA

Lima, 15 de mayo de 1998

La

precariedad en el uso de bienes inmuebles, no se determina únicamente por la carencia de un título de propiedad o arrendatario, debe entenderse como tal la ausencia absoluta de cualquier circunstancia que permita advertir la legitimidad de la posesión que ostenta el ocupante obviamente en armonía con el orden público y las buenas costumbres.


Vista la causa número mil ochocientos dieciocho - noventisiete; en Audiencia Pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia:

Materia del recurso

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por el demandado don Luis Muñoz Ramos, mediante escrito de fojas trescientos ochentisiete, contra la sentencia de vista de fojas trescientos ochentitrés, de fecha treinta de julio de mil novecientos noventisiete, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmando la sentencia apelada de fojas trescientos cuarentiuno, de fecha veinte de febrero del mismo año, declara fundada la demanda de fojas once, subsanada a fojas veintiséis, sobre desalojo por ocupación precaria, formulada por la Junta General de Propietarios del Edificio Santa Beatriz, respecto del departamento sin número de la azotea de dicho edificio.


El demandado sustenta su recurso en las causales previstas en los incisos primero y tercero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, pero por Ejecutoria Suprema de fecha veintiséis de noviembre de mil novecientos noventisiete, fue declarado procedente únicamente por la causal del inciso primero que fundamentando esta causal manifiesta que la sentencia de la Sala Civil, ha incurrido en la aplicación indebida del artículo novecientos once del Código Civil, si se tiene en cuenta que al valorar la prueba producida en autos admite que el emplazado es guardián y portero del Edificio de la calle Mariano Carranza número doscientos veintiséis de Santa Beatriz.

Considerando Primero.- Que, el representante de la Junta General de Propietarios del Edificio Santa Beatriz, promueve acción de desalojo contra el demandado don Luis Muñoz Ramos, atribuyéndole la condición de ocupante precario, para que desocupe y entregue el departamento sin número de la azotea de dicho edificio, ubicado en el área destinada a servicios de portería.

153

Juan ESPINOZA ESPINOZA Segundo.- Que, la sentencia de primera instancia de fojas trescientos cuarentiuno, apreciando la prueba actuada, especialmente los instrumentos públicos de fojas treintiséis vuelta y cuarentinueve, reconoce que el demandado, actual ocupante del predio en litis, tiene la condición de guardián o portero del referido edificio; que la sentencia de vista de fojas trescientos ochentitrés, reproduciendo los fundamentos de la resolución venida en grado, agregando por su parte que el demandado ocupa el bien sin título alguno y sin pagar renta, confirma la apelada que declara fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria. Tercero.- Que, la precariedad en el uso de bienes inmuebles, no se determina únicamente por la carencia de un título de propiedad o arrendatario, debe entenderse como tal la ausencia absoluta de cualquier circunstancia que permita advertir la legitimidad de la posesión que ostenta el ocupante obviamente en armonía con el orden público y las buenas costumbres; que es con amplitud de criterio con el que debe interpretarse la norma contenida en el artículo novecientos once del Código Civil para su debida aplicación. Cuarto.- Que, habiéndose establecido con las resoluciones inferiores que el demandado don Luis Muñoz Ramos ocupa el departamento cuya desocupación se persigue, en su condición de guardián o portero del Edificio de Santa Beatriz, está claro que no tiene la situación jurídica de ocupante precario, puesto que ha demostrado su vínculo laboral con los propietarios del mencionado edificio, resultando en consecuencia que la desocupación por los servicios que viene prestando el emplazado necesariamente requiere el uso de una vía distinta al de autos. Quinto.- Que, por naturaleza de los hechos acreditados, la aplicación del artículo novecientos once del Código Civil, resulta impertinente, puesto que tal como lo estiman las resoluciones inferiores, el demandado no tiene la condición de ocupante precario y en tal virtud de conformidad con lo previsto en el artículo doscientos del Código Procesal Civil y el inciso primero del artículo trescientos noventiséis del acotado: declararon FUNDADO el Recurso de Casación de fojas trescientos ochentisiete interpuesto por don Luis Muñoz Ramos, en consecuencia NULA la sentencia de vista de fojas trescientos ochentitrés, de fecha treinta de julio de mil novecientos noventisiete; y, actuando en Sede de Instancia REVOCARON la sentencia apelada de fojas trescientos cuarentiuno, su fecha veinte de febrero del mismo año, que declara fundada la demanda de fojas once, subsanada a fojas veintiséis; reformándola declararon INFUNDADA dicha demanda, ORDENARON se publique la presente resolución en el Diario oficial El Peruano; en los seguidos por la Junta General de Propietarios del edificio de la calle Mariano Carranza número doscientos veintiséis de Santa Beatriz con don Luis Muñoz Ramos, sobre Desa-lojo por Ocupación Precaria; y los devolvieron. SS. URRELLO A. ALMENARA B. ECHEVARRÍA A. BELTRÁN Q. VILLACORTA R.

154

J13 CAS. Nº 2516-98-SAN MARTÍN Lima, 14 de abril de 1999

El

orden público es aquella situación de normalidad en que se mantiene y vive un Estado cuando se desarrollan las diversas actividades individuales y colectivas, sin que se produzcan perturbaciones o conflictos; asimismo lo caracteriza el conjunto de normas e instituciones cuyo objeto consiste en mantener, en un país, el buen funcionamiento de los servicios públicos, y la seguridad y moralidad de las relaciones entre los particulares.


Vista la Causa número dos mil quinientos dieciséis-noventiocho; con los acompañados; en la audiencia pública de la fecha y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:

Materia del recurso

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por doña Mercedes Emperatriz Torres Carnero, abogada delegada del Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Agricultura, contra la sentencia expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de San Martín, que confirmando la sentencia apelada declara infundada la demanda de fojas cincuenticuatro; con lo demás que contiene.


La recurrente sustenta su recurso, expresando que la Sala de Mérito ha aplicado indebidamente los artículos ochenticinco, ochentisiete, noventidós y noventicinco del Código Civil, artículo treinticinco, treintiocho del Decreto Supremo número cero treintisieteochentinueve-AG; artículo veintiséis del Decreto Supremo número cero cero tres-noventa-AG y artículos veintiuno y cuarentiséis de los estatutos de la Asociación demandada.

Considerando

Primero.- Que, concedido el Recurso de Casación por resolución de fojas seiscientos veinticinco, fue declarado procedente por esta Sala Civil Suprema mediante resolución de fecha tres de noviembre de mil novecientos noventiocho, solo por las causales contenidas en los incisos primero y segundo del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, esto es, la aplicación indebida de las normas antes citadas e inaplicación de otras normas citadas también.

Segundo.- Que, la demanda interpuesta por el representante del Ministerio Público está orientada a la disolución por disposición judicial, de la Asociación de Junta de Usuarios Margen Izquierdo Río Sisa “El Dorado” con el fundamento de que sus actividades o fines son o resultan contrarias al orden público.

155

Juan ESPINOZA ESPINOZA Tercero.- Que, el orden público debe entenderse conforme la doctrina imperante a aquella situación de normalidad en que se mantiene y vive un Estado cuando se desarrollan las diversas actividades individuales y colectivas, sin que se produzcan perturbaciones o conflictos; así mismo lo caracteriza el conjunto de normas e instituciones cuyo objeto consiste en mantener en un país el buen funcionamiento de los servicios públicos, la seguridad y la moralidad de las relaciones entre los particulares. Cuarto.- Que, las instancias inferiores o de mérito, han establecido que los hechos denunciados como el nacimiento, funcionamiento y actividades de la Junta de Usuarios indicada no afecta el orden público, en concordancia con lo expuesto. Quinto.- Que, a mayor abundamiento, si esa Asociación no cumple con disposiciones reglamentarias, las que profusamente se señalan en el Recurso de Casación es competencia de la Autoridad Pública exigir su cumplimiento coercitivo y que el desarrollo y actividades de la Asociación se sujete a las disposiciones reglamentarias más las alegadas infracciones no pueden dar base para declararse la disolución de la Asociación en aplicación del artículo noventiséis del Código Civil. Sexto.- Que, en concordancia con estas premisas es forzoso concluir que la sentencia de mérito no ha incurrido en la aplicación indebida de los artículos ochenticinco, ochentisiete, noventidós y noventicinco del Código Civil, artículo treinticinco y treintiocho del Decreto Supremo número cero treintisiete-ochentinueve-AG, artículo veintiséis del Decreto Supremo número cero cero tres-noventa-AG, y que se han dejado de aplicar, en forma debida como se dice, el artículo noventiséis del Código Sustantivo, artículo sesenta del Decreto Legislativo número seiscientos cincuentitrés, artículo ciento veinticinco del Decreto Supremo número cero cuarentiocho-noventiuno-AG y artículo cuarto del Decreto Supremo número cero cero tres-noventa-AG, artículo sesentiséis de la Constitución Política del Estado y los artículos que cita de la Ley General de Aduanas y otros que se dice inaplicadas, referentes a la normatividad que rige para el uso del agua del riego y el funcionamiento de las Juntas de Usuarios.

Sentencia

Por estos fundamentos, declararon INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por la delegación del Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Agricultura cuya intervención en el proceso tuvo lugar después de expedirse la sentencia de Primera Instancia, como litisconsorte activo coadyuvante - a fojas seiscientos doce contra la resolución de vista de fojas quinientos ochentitrés, su fecha cuatro de setiembre de mil novecientos noventiocho; CONDENARON a la recurrente al pago de la multa de dos Unidades de Referencia Procesal; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario oficial El Peruano; bajo responsabilidad; en los seguidos por el señor Fiscal Provincial Edwin José Delegado Tresierra con la Asociación Junta Usuarios, Margen Izquierda Río Sisa “El Dorado”, sobre disolución de asociación; y los devolvieron. SS. URRELLO A. ORTIZ B. SÁNCHEZ PALACIOS P. ECHEVARRÍA A. CASTILLO LA ROSA S.

156

J14 Exp. Nº 242-2002/cpc RES. Nº 339-2003-CPC Comisión de Protección al Consumidor

En

el procedimiento iniciado por el señor augusto chung zapata en contra del banco de la nación por presuntas infracciones a las normas contenidas en el decreto supremo nº 039-2000/itinci, texto único ordenado de la ley de protección al consumidor, la comisión ha resuelto:

Denunciante : Augusto Chung Zapata (el Señor Chung) Denunciado : Banco de la Nacion (el Banco) Materia : Idoneidad del bien o servicio

Obligacion de informar Medidas correctivas Graduación de la sanción multa Actividad : Intermediación financiera Producto : Cuenta de ahorros Procedencia : Lima

I. Declarar

Chung en contra del Banco 8 de la Ley de Protección al Consumidor, en los extremos

fundada la denuncia presentada por el señor

por infracción al artículo en que:

a) El banco entregó una tarjeta

Multired

al interdicto, señor

Guiillermo Rafael

Chung Zapata; b) No ha quedado acreditado que el setiembre de

2001

Banco

pagó la pensión de invalidez del mes de

del interdicto al denunciante, en su calidad de representante

legal; c) El banco pagó el la señorita

26 de noviembre de 2001 la sexta bonificación del FONAHPU a Dina Huayhua Huaraca; y,

d) El banco no comunicó a sus funcionarios que el denunciante era la única persona facultada para efectuar operaciones en representación del interdicto y a que el funcionario que pagó la sexta bonificación del

FONAHPU no encontró registra-

do en su base de datos ninguna orden de bloqueo;

Ello, dado que por el carácter imperativo establecido en el artículo 2012 del Código Civil respecto del conocimiento de las inscripciones en los Registros Públicos, el Banco debió considerar que a partir del día 11 de junio de 2001 el denunciante, en su calidad de curador, era la única persona legitimada para efectuar operaciones válidas en representación del interdicto, señor Guillermo Chung Zapata. En consecuencia, se sanciona al Banco de la Nación con una multa ascendente a 3 Unidades Impositivas Tributarias.

157

Juan ESPINOZA ESPINOZA II. Declarar infundada la denuncia presentada por el señor Chung en contra del Banco por la presunta infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor, en los extremos en que: a) No ha quedado acreditado que el

Banco

bloqueó la cuenta de ahorros del

interdicto; b) No ha quedado acreditado que el

Banco estableció un Cronograma de Pago Sin Poder para el pago de la pensión de invalidez o de la sexta bonificación del FONAHPU; y, c) No ha quedado acreditado que el Banco le ofreció al denunciante que contaba con un registro único de poderes de la Ley Nº 19990. III. Declarar improcedente la denuncia presentada por el señor Chung en contra del Banco por la presunta infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor, en los extremos referidos a la omisión del Banco en denunciar a la persona que presentó cartas notariales con la firma falsificada del interdicto, en exigirle la devolución del dinero cobrado indebidamente; y, al pronunciamiento del Banco en respuesta al reclamo que presentó ante la Superintendencia de Banca y Seguros. Ello, toda vez que el deber de idoneidad en la prestación del servicio frente al denunciante no obliga al Banco a denunciar a una persona sobre la base de lo que aquel considere; a exigir a tal persona la devolución del dinero que haya cobrado indebidamente; ni a emitir opinión favorable a los intereses de un cliente. Iv. Declarar infundada la denuncia presentada por el señor Chung en contra del Banco por infracción a los artículos 5 inciso b), y 15 de la Ley de Protección al Consumidor; en la medida que ha quedado acreditado que el Banco cumplió con atender su recurso de apelación al tramitarlo como una reiteración de su reclamo y le brindó una respuesta detallada.

Chung para que se ordene, como Poder Judicial al nombrar a un curador comunique oportunamente dicho nombramiento a los Colegios de Notarios; y, (ii) que estos últimos no otorguen poderes notariales que ocasionen problemas. Ello, en tanto que la Comisión únicamente se encuentra facultada a ordenar medidas correctivas a los proveedores infractores que formen parte del presente procedimiento.

V. Declarar

improcedente la solicitud del señor

medida correctiva, que: (i) el

VI. Declarar infundada la solicitud del señor Chung para que la Comisión ordene al Banco, como medidas correctivas, lo siguiente: (i) que al abrir una cuenta de ahorros consigne un dígito en el código de esta a efectos de alertar que el curador del titular de la cuenta es el único con derecho a hacer uso de ella; y, (ii) que cree un

Registro Único de Poderes de la Ley Nº 19990. Ello, debido a que dicha

solicitud no tiene como finalidad revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro; y, por

lo tanto, no puede ser considerada como una medida correctiva en los términos establecidos en la

VII.Ordenar

al

Banco

Ley de Protección al Consumidor.

como medida correctiva, que en el plazo de cinco

(5)

días há-

biles contados a partir de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar al señor

Chung

la suma de

S/. 590

más los intereses legales respectivos,

correspondientes a la pensión de invalidez y la sexta bonificación del del interdicto.

Sanción: 3 unidades impositiva tributarias

158

FONAHPU

la invalidez e ineficacia del acto jurídico en la jurisprudencia Lima, 26 de marzo de 2003

1. Hechos

El 1 de abril de 2002 el señor Chung, en su calidad de curador del señor Guillermo Rafael Chung Zapata –en adelante, el interdicto-, denunció al Banco por presuntas infracciones a las normas contenidas en el Decreto Supremo N° 039-2000-ITINCI, Texto Único Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor.

En su escrito de denuncia, el señor Chung manifestó que: (i) solicitó a la Oficina de Normalización Previsional–ONP que transfiera al Banco los pagos a realizarse al interdicto; (ii) el Banco permitió que una tercera persona cobre la pensión de invalidez del mes de setiembre de 2001 y la sexta bonificación del Fondo Nacional de Ahorro PúblicoFONAHPU del interdicto, ascendentes a S/. 270 y S/. 320, respectivamente; (iii) el Banco no comunicó a sus funcionarios que él era la única persona autorizada a cobrar los pagos realizados por la ONP y el FONAHPU al interdicto; (iv) el Banco proporcionó al interdicto una tarjeta Multired; (v) antes de que se realice el cobro de la bonificación del FONAHPU había registrado su curatela en la agencia del Banco ubicada en la Avenida 28 de Julio, y bloqueado la tarjeta del FONAHPU otorgada indebidamente a la señorita Dina Huayhua Huaraca; (vi) el Banco no debió bloquear dos veces la cuenta de ahorros del interdicto en mérito a las cartas notariales de fecha 15 de setiembre de 2001 mediante las cuales el interdicto autorizaba a la señorita Dina Huayhua Huayraca a cobrar cualquier pago abonado a su cuenta; (vii) el Banco no cumplió con el Cronograma de Pago Sin Poder, pues los cobros denunciados se realizaron un día antes del designado para el interdicto de acuerdo a la letra inicial de su apellido; (viii) el Banco debió denunciar a la persona que presentó las cartas notariales con la firma falsificada del interdicto, y de esa manera, desincentivarla a que realice el segundo cobro indebido; y, además, exigir la devolución del dinero pagado por error para restituirlo a la cuenta de ahorros del interdicto; (ix) el Banco no aceptó el recurso de apelación que presentó contra la denegatoria de su reclamo por los pagos de la pensión de invalidez y de la bonificación a una persona errónea; (x) que la Asesoría Jurídica del Banco emitió opinión contraria a lo sucedido con ocasión del reclamo que presentó ante la Superintendencia de Banca y Seguros; y, (xi) por último, que el Banco no cuenta con un registro único de poderes de la Ley 19990 por lo que su control interno fue deficiente y no tomó las medidas correctivas oportunas. Por lo antes señalado, el señor Chung solicitó a la Comisión que ordene, como medidas correctivas, lo siguiente: (i) que el Poder Judicial al nombrar a un curador comunique oportunamente dicho nombramiento a los Colegios de Notarios; (ii) que los Colegios de Notarios no otorguen poderes notariales que ocasionen problemas; (iii) que el Banco al abrir una cuenta de ahorros consigne un dígito en el código de esta a efectos de alertar que el curador del titular de la cuenta es el único con derecho a hacer uso de ella; y, (iv) que el Banco cree un Registro Único de Poderes de la Ley 19990.

En su defensa, el Banco expresó que el pago de la pensión de invalidez se realizó a través de cajero automático mediante el uso de la tarjeta Multired; especificando que esta se gestionó directamente por el interdicto en el mes de agosto de 2001. De otro lado, señaló que el cobro de la bonificación del FONAHPU se efectuó debidamente por la señorita

159

Juan ESPINOZA ESPINOZA Dina Huayhua Huaraca, quien presentó un poder fuera de registro del 17 de agosto de 2001 y la carta de autorización suscrita por la funcionaria del FONAHPU que acreditaba el derecho al cobro del interdicto.

2. Cuestiones en discusión

Luego de estudiar el expediente, la Comisión considera que corresponde determinar lo siguiente:

(i)

si el Banco brindó un servicio idóneo al interdicto señor Guillermo Chung Zapata; y de no ser así, si el Banco ha incurrido en una infracción a lo dispuesto en el artículo 8 del Texto único Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor;

(ii) si el Banco cumplió con atender la apelación que el denunciante presentó contra la denegatoria del reclamo por el pago de la pensión de invalidez y la bonificación del FONAHPU a una persona errónea, conforme a lo establecido en los artículos 5 inciso b) y 15 de la Ley de Protección al Consumidor; (iii) si corresponde ordenar, como medidas correctivas, lo siguiente: (i) que el Poder Judicial al nombrar a un curador comunique oportunamente dicho nombramiento a los Colegios de Notarios; (ii) que los Colegios de Notarios no otorguen poderes notariales que ocasionen problemas; (iii) que el Banco al abrir una cuenta de ahorros consigne un dígito en el código de esta a efectos de alertar que el curador del titular de la cuenta es el único con derecho a hacer uso de ella; y, (iv) que el Banco cree un Registro Único de Poderes de la Ley 19990; y, (iv) cuál sería la sanción a imponerse de comprobarse la responsabilidad del Banco denunciado.

3. Análisis de las cuestiones en discusión

3.1. Cuestión previa En el presente caso, el señor Chung ha interpuesto denuncia contra el Banco en su calidad de curador del interdicto, señor Guillermo Chung Zapata, cuestionando la idoneidad del servicio que se le brindó respecto de la cuenta de ahorros de titularidad de este último.

En atención a ello, resulta necesario analizar preliminarmente si el señor Chung cuenta con la representación legal del interdicto y determinar qué tipo de actos está facultado a realizar en su nombre, a efectos de establecer si el Banco se encontraba obligado a atender los requerimientos del denunciante respecto de la cuenta de ahorros del interdicto; y, posteriormente, concluir si dicha atención calificó como un servicio idóneo.

Al respecto, el 4 de mayo de 2001 la Corte Superior de Justicia de Lima aprobó la Resolución N° 12 emitida el 3 de enero de 2001 por el Décimo Primer Juzgado Especializado de Familia que declaró interdicto al señor Guillermo Chung Zapata por incapacidad relativa; y nombró como curador de aquel a su hermano, el señor Augusto Chung Zapata. Esta última resolución judicial en aplicación de lo establecido en el artículo 581 del Código Civil(1) señaló lo siguiente: “DÉCIMO.- Que, el ejercicio de la Curatela se extiende a la representación legal y al cuidado de la persona, debiendo de ejercer los derechos civiles de esta, protegerla, proveer en lo posible a su restablecimiento y realizar los actos necesarios de administración de sus bienes”.

(1) CóDIGO CIVIL Artículo 581.- El juez, al declarar la interdicción del incapaz, fija la extensiòn y límites de la curatela según el grado de incapacidad de aquel (…).

160


A partir de la resolución judicial citada anteriormente, corresponde concluir que el denunciante representa legalmente al interdicto, señor Guillermo Chung Zapata y cuenta con facultades suficientes para realizar cualquier acto necesario para la administración de los bienes del mismo. Por tanto, en el presente caso, el Banco debía brindar al denunciante un servicio idóneo respecto de la cuenta de ahorros del interdicto toda vez que aquel actuaba en su nombre dentro de las facultades que se le otorgaron judicialmente.

Atendiendo a ello, a continuación corresponde analizar si el Banco cumplió con brindar al interdicto, señor Guillermo Chung Zapata, un servicio idóneo de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor.

(2)

(3)

3.2. De la idoneidad del servicio El artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor establece un supuesto de responsabilidad administrativa objetiva conforme al cual los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado. Ello no impone al proveedor el deber de brindar una determinada calidad de servicios a los consumidores, sino simplemente el deber de prestarlos en las condiciones ofrecidas y acordadas, expresa o implícitamente(2).

El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la Competencia mediante la Resolución N° 085-96-TDC(3) precisó que el artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor contiene la presunción de que todo proveedor ofrece una garantía implícita por los productos o servicios que comercializa, los cuales deben resultar idóneos para los fines y usos previsibles para los que normalmente se adquieren en el mercado. Ello, según lo que esperaría normalmente un consumidor razonable, considerando las condiciones en las cuales los productos o servicios fueron adquiridos o contratados.

Se producirá un supuesto de falta de idoneidad cuando no exista coincidencia entre lo que el consumidor espera y lo que el consumidor recibe, pero a su vez lo que el consumidor espera dependerá de la calidad y cantidad de la información que ha recibido del proveedor, por lo que en el análisis de idoneidad corresponderá analizar si el consumidor recibió lo que esperaba sobre la base de lo que se le informó.

LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Artículo 8.- Los proveedores son responsables, además, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben los productos; por la veracidad de la propaganda comercial de los productos; y por el contenido y la vida útil del producto indicados en el envase, en lo que corresponde. Ver Resolución N° 085-96-TDC del 13 de noviembre de 1996, en el procedimiento seguido por el señor Humberto Tori Fernández contra Kouros E.I.R.L. En dicha resolución, se estableció el siguiente precedente de observancia obligatoria: “a) De acuerdo a lo establecido en la primera parte del artículo 8 del Decreto Legislativo 716, se presume que todo proveedor ofrece como una garantía implícita, que el bien o servicio materia de la transacción comercial con el consumidor es idóneo para los fines y usos previsibles para los que normalmente se adquieren estos en el mercado, según lo que esperaría un consumidor razonable, considerando las condiciones en las cuales los productos fueron adquiridos o los servicios contratados, lo que comprende el plazo de duración razonablemente previsible de los bienes vendidos. Sin embargo, si las condiciones y términos puestos en conocimiento del consumidor o que hubieran sido conocibles usando la diligencia ordinaria por parte de este, contenidos en los documentos, envases, boletas, recibos, garantías o demás instrumentos a través de los cuales se informa al consumidor excluyen o limitan de manera expresa los alcances de la garantía implícita, estas exclusiones o limitaciones serán oponibles a los consumidores. b) La carga de la prueba sobre la idoneidad del producto corresponde al proveedor del mismo. Dicha prueba no implica necesariamente determinar con precisión el origen o causa real de un defecto, sino simplemente que este no es atribuible a causas imputables a la fabricación, comercialización o manipuleo”.

161


El supuesto de responsabilidad administrativa objetiva en la actuación del proveedor impone a este la obligación procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien colocado en el mercado o el servicio prestado, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque pudo acreditar la existencia de hechos ajenos que lo eximen de la responsabilidad objetiva. Así, corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el servicio contratado o en el producto adquirido. Una vez acreditado ello, corresponde al proveedor acreditar que tal defecto no le era imputable, sea porque se produjo como consecuencia de un caso fortuito, fuerza mayor, acto de terceros o por la negligencia del propio consumidor.

En el presente caso, de la copia de la Partida Nº 11290626 del Registro Personal de la Oficina Registral de Lima y Callao se observa que con fecha 11 de junio de 2001 se inscribió la declaración de interdicción del señor Guillermo Chung Zapata por incapacidad relativa y el respectivo nombramiento del denunciante como su curador(4).

Al respecto, teniendo en consideración el carácter imperativo del artículo 2012 del Código Civil, cuando establece que: “se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones”, en el presente caso, el Banco no puede alegar el desconocimiento de la condición de interdicción del señor Guillermo Chung Zapata y de la calidad de curador del denunciante.

De este modo, en tanto el Banco a partir del 11 de junio de 2001 debía estar informado a través de Registros Públicos de que el interdicto fue declarado en esa condición por incapacidad relativa, al momento que prestó sus servicios al denunciante debió tener presente que: (i) cualquier acto que el interdicto realizase carecía de validez, toda vez que de acuerdo a lo establecido en el artículo 140 del Código Civil la validez de un acto requiere de un agente capaz(5); (ii) la condición del interdicto estaba vigente en tanto no exista una declaración judicial posterior a la que fue inscrita en Registros Públicos, que determine el cese de la misma, de acuerdo a lo establecido en el artículo 610 del Código Civil(6); y, (iii) que el señor Chung fue nombrado judicialmente curador del interdicto y, por tanto, ostentaba su representación. En este sentido, dado el carácter imperativo establecido en el artículo 2012 del Código Civil respecto del conocimiento de las inscripciones en los Registros Públicos, el Banco a efectos de brindar un servicio idóneo debió considerar que a partir del día 11 de junio de 2001 el denunciante, en su calidad de curador, era la única persona legitimada para efectuar operaciones válidas respecto de la cuenta de ahorros del interdicto, señor Guillermo Chung Zapata; y por ende, denegar cualquier solicitud planteada por el propio interdicto o por una tercera persona cuya representación se derive de las facultades delegadas por este último.

(4) (5) (6)

De otro lado, en atención a lo manifestado por el señor Chung en su denuncia, la Comisión considera que los extremos cuestionados respecto de la idoneidad del servicio bancario prestado por el Banco son los siguientes:

Ver fojas 29 del expediente. CÓDIGO CIVIL Artículo 140.- El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere: 1. Agente capaz. (…) CÓDIGO CIVIL Artículo 610.- La curatela instituida conforme a los artículos 43, incisos 2 y 3, y 44, incisos 2 a 7, cesa por declaración judicial que levante la interdicción.

162


(7)

(i) la entrega de una tarjeta Multired al señor Guillermo Chung Zapata; (ii) el pago a una tercera persona de la pensión de invalidez del mes de setiembre de 2001 correspondiente al interdicto; (iii) el pago a una tercera persona de la sexta bonificación del FONAHPU correspondiente al interdicto; (iv) el bloqueo indebido de la cuenta de ahorros del interdicto en mérito a las cartas notariales del 15 de setiembre de 2001; (v) la falta de alerta a sus funcionarios respecto de que el denunciante era la única persona que podía efectuar el cobro de los pagos realizados por la ONP y el FONAHPU al interdicto; (vi) el incumplimiento del Cronograma de Pago Sin Poder establecido; (vii) la omisión en denunciar a la persona que presentó las cartas notariales con la firma falsificada del señor Chung Zapata; y en exigir la devolución del dinero pagado por error para que sea restituido al interdicto; (viii) el pronunciamiento del Banco con ocasión del reclamo que presentó el denunciante ante la Superintendencia de Banca y Seguros; y, (ix) la falta de un registro único de poderes de la Ley 19990. En este sentido, la Comisión considera que corresponde analizar por separado cada uno de los supuestos denunciados, teniendo en cuenta que el denunciante era la persona legitimada para efectuar operaciones válidas respecto de la cuenta de ahorros del interdicto, a fin de verificar si en el presente caso, el Banco ha infringido lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor.

3.2.1. Sobre la entrega de una tarjeta Multired al interdicto En su denuncia, el señor Chung manifestó que el Banco proporcionó la tarjeta Multired Nº 801000893645104 al interdicto sin percatarse de que se trataba de una persona incapaz. Por su parte, el Banco manifestó que dicha tarjeta se gestionó personalmente por el interdicto en el mes de agosto de 2001.

Conforme a los documentos que obran a fojas 80 y 143 del expediente presentados por el Banco, ha quedado acreditado que el 17 de agosto de 2001 entregó al interdicto la tarjeta Multired correspondiente a la cuenta de ahorros Nº 04-005-688804 de la cual es titular. Asimismo, en la carta EF/92.2400.25 N° 132.2001 dirigida al denunciante por el Banco, este reconoce tal hecho(7).

Al respecto, como se señaló anteriormente, dado el carácter imperativo establecido en el artículo 2012 del Código Civil respecto del conocimiento de las inscripciones en los Registros Públicos, el Banco a efectos de brindar un servicio idóneo debió considerar que a partir del día 11 de junio de 2001 el denunciante, en su calidad de curador, era la única persona legitimada para efectuar operaciones válidas en representación del interdicto, señor Guillermo Chung Zapata.

En la carta (fojas 14 del expediente) el Banco comunicó al señor Chung que no tiene responsabilidad por los pagos efectuados a terceras personas que acreditaron en su momento legitimidad y derechos, especificando lo siguiente: “(…) retiro de la suma de S/. 270.00 correspondiente a la pensión del mes de setiembre del 2001 a favor de don Guillermo Rafael Chung Zapata, se produjo el retiro vía cajero automático con Tarjeta Multired N° 8018 0008 93645104, que fue entregada al titular de la cuenta N° 4-005-688804 don Guillermo Rafael Chung Zapata; conforme se señala en el Informe de la División de Banca Electrónica del Departamento de Operaciones Locales del Banco de la Nación (…)” (el subrayado es nuestro).

163


(8)

(9)

Por tanto, en la medida que ha quedado acreditado que el Banco entregó al propio interdicto la tarjeta Multired correspondiente a su cuenta de ahorros, la Comisión considera que el Banco no brindó un servicio idóneo al interdicto, señor Guillermo Chung Zapata; por lo que corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia.

3.2.2. Sobre el pago de la pensión de invalidez En su denuncia, el señor Chung manifestó que el Banco permitió que una tercera persona cobre la pensión de invalidez del mes de setiembre de 2001 correspondiente al interdicto ascendente a S/. 270. Por su parte, el Banco señaló que el pago de la mencionada pensión se realizó a través del cajero automático mediante el uso de la tarjeta Multired gestionada por el propio interdicto.

Sobre el particular, dado el carácter imperativo establecido en el artículo 2012 del Código Civil respecto del conocimiento de las inscripciones en los Registros Públicos, el Banco a efectos de brindar un servicio idóneo debió considerar que a partir del día 11 de junio de 2001 el denunciante, en su calidad de curador, era la única persona legitimada para efectuar operaciones válidas en representación del interdicto, señor Guillermo Chung Zapata; y por ende, denegar cualquier solicitud planteada por el propio interdicto o por una tercera persona cuya representación se derive de las facultades delegadas por este último.

Asimismo, debe recordarse que de conformidad con lo establecido por el artículo 1229 del Código Civil, la prueba del pago le corresponde a quien alega haberlo efectuado(8). En consecuencia, conforme a dicho artículo y a lo apuntado en el párrafo precedente, corresponde al Banco probar que ha efectuado el pago de la pensión de invalidez del interdicto al denunciante.

No obstante ello, del Memorando interno del Banco así como del detalle de los movimientos de la Tarjeta Multired del denunciante, únicamente se desprende que con fecha 17 de agosto de 2001 se retiró de la cuenta de ahorros Nº 04-005-688804 perteneciente al interdicto mediante el uso de la tarjeta Multired, la suma de S/. 270(9), sin que a partir de la revisión de los mismos se pueda concluir que tal operación se efectuó por parte del denunciante.

Además, se debe señalar que, tal como se verificó en el acápite anterior, el Banco no debió entregar al propio interdicto la tarjeta Multired, haciendo posible con dicha conducta que una persona distinta al denunciante, como representante legal del interdicto, cobre la pensión de invalidez.

En este sentido, en la medida que el Banco no ha acreditado que pagó la pensión de invalidez del mes de setiembre de 2001 del interdicto al denunciante, en su calidad de representante legal, corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia.

Al respecto, conforme ha señalado el Tribunal mediante Resolución Nº 0083-2000/TDC-INDECOPI de fecha 25 de febrero de 2000 en el expediente seguido por el señor Casimiro Flores Castañeda contra Orión Corporación de Crédito Banco y Corporación Andina de Distribución S.A.: “El pago consiste en la ejecución de una prestación debida, lo cual implica la posibilidad de que se pague con un servicio, con un acto o con una abstención, si es que el deudor o deudores se hubiesen obligado a ello (…)”. Ver documentos que obran a fojas 136 y 142 del expediente.

164


(10)

(11) (12) (13)

3.2.3. Sobre el pago de la sexta bonificación del FONAHPU De la revisión de la carta EF/92.2400.25 N° 132.2001 dirigida por el Banco al denunciante(10) y del recibo(11) que obran en el expediente, ha quedado acreditado que el Banco pagó el 26 de noviembre de 2001 a la señorita Dina Huayhua Huaraca la sexta bonificación del FONAHPU correspondiente al interdicto; al considerar que, esta se encontraba legitimada a efectuar dicha operación al poseer un poder fuera de registro del 17 de agosto de 2001 extendido a solicitud del interdicto, y la carta de autorización suscrita por la funcionaria del FONAHPU.

Tal como se apuntó anteriormente, dado el carácter imperativo establecido en el artículo 2012 del Código Civil respecto del conocimiento de las inscripciones en los Registros Públicos, el Banco a efectos de brindar un servicio idóneo debió considerar que a partir del día 11 de junio de 2001 el denunciante, en su calidad de curador, era la única persona legitimada para efectuar operaciones válidas en representación del interdicto, señor Guillermo Chung Zapata; y por ende, denegar cualquier solicitud planteada por el propio interdicto o por una tercera persona cuya representación se derive de las facultades delegadas por este último.

Adicionalmente, cabe señalar que el poder fuera de registro extendido el 17 de agosto de 2001 a solicitud del interdicto a favor de la señorita Dina Huayhua Huaraca(12), debió ser apreciado por el Banco como uno insuficiente para realizar el cobro de la bonificación del FONAHPU, dado que al haber sido otorgado con posterioridad al día 11 de junio de 2001 en que se inscribió en Registros Públicos la interdicción del señor Guillermo Chung Zapata por incapacidad relativa y el nombramiento del denunciante como su curador, este resultaba inválido al haberse efectuado por un agente incapaz, y no existir una resolución judicial posterior inscrita que declare el cese de su interdicción.

De otro lado, se debe resaltar que el 24 de agosto de 2001 -esto es, con anterioridad al 26 de noviembre de 2001, fecha en la cual el Banco pagó la sexta bonificación del FONAHPU a la señorita Dina Huayhua Huaraca-, el señor Chung registró en la agencia de la Avenida Javier Prado del Banco la declaración judicial de la condición del interdicto y su poder de representación en su calidad de curador de aquel, tal como se colige de los sellos del Banco de la Nación que constan en la partida registral que obra a fojas 29 del expediente.

Asimismo, corresponde mencionar que el Banco antes de pagar la bonificación del FONAHPU sabía que debía efectuar el pago de la misma al denunciante; y no al interdicto, tal como se observa del Memorando dirigido por la Asesoría Jurídica del Banco a su División de Servicios Bancarios de fecha 18 de octubre de 2001(13).

Por tanto, en la medida que ha quedado acreditado que el Banco pagó el 26 de noviembre de 2001 a la señorita Dina Huayhua Huaraca la sexta bonificación del FONHAPU correspondiente al interdicto, pese a que a partir del 11 de junio de 2001 se inscribió en

En la carta (fojas 14 del expediente) el Banco comunicó al señor Chung que no tiene responsabilidad por los pagos efectuados a terceras personas que acreditaron en su momento legitimidad y derechos, especificando lo siguiente: “(…) pago de la suma de S/. 320.00 correspondiente a la sexta bonificación de FONAHPU, pagado con fecha 2611-01 en nuestra Agencia del Centro Cívico de Lima, se produjo mediante la presentación de un poder debidamente legalizado, otorgado por don Guillermo Chung Zapata a favor de doña Dina Huayhua Huaraca; conforme se señala en el informe del Departamento de Sucursales y Agencias del Banco de la Nación (…)”. Ver fojas 129 del expediente. Ver fojas 51 del expediente. Ver fojas 17 del expediente.

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Juan ESPINOZA ESPINOZA Registros Públicos la declaración judicial de su interdicción y el nombramiento del denunciante como su curador; la Comisión considera que corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia.

Conforme a lo dispuesto por la Primera Disposición Final del Código Procesal Civil, las normas en él contenidas, se aplican supletoriamente a los procedimientos administrativos. Por esta razón, a quien afirma determinados hechos, le corresponde la carga de probarlos(14). No obstante, el denunciante no ha presentado algún medio probatorio idóneo a efectos de acreditar que el Banco bloqueó la cuenta de ahorros del interdicto.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que tal hecho no se puede deducir a partir de la revisión del documento denominado “Consulta Cambio de Situación por Cuenta” correspondiente a la cuenta de ahorros Nº 04-005-688804 de titularidad del interdicto(15).

En consecuencia, en la medida que el denunciante no ha cumplido con acreditar que el Banco bloqueó la cuenta del interdicto, ni tampoco que ello haya obedecido a la presentación por parte de la señorita Dina Huayhua Huaraca de unas cartas notariales mediante las cuales el interdicto autorizaba al Banco a que pague a dicha señorita, la Comisión considera que corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia.

(14) (15)

3.2.4. Sobre el bloqueo de la cuenta de ahorros En su denuncia, el señor Chung señaló que el Banco no debió bloquear dos veces la cuenta de ahorros del interdicto en mérito a las cartas notariales de fecha 15 de setiembre de 2001, mediante las cuales el interdicto autorizaba a la señorita Dina Huayhua Huaraca a que cobre cualquier pago abonado a su cuenta.

3.2.5. Sobre la falta de alerta a los funcionarios del Banco En su denuncia, el señor Chung manifestó que el Banco no comunicó a sus funcionarios que él era la única persona autorizada a cobrar los pagos realizados por la ONP y el FONAHPU al interdicto; ni a través de una circular dirigida a todas sus agencias. En relación con ello, cabe reiterar que, el Banco a efectos de brindar un servicio idóneo, a partir del 11 de junio de 2001 debió considerar al denunciante como la única persona legitimada a efectuar operaciones válidas en representación del interdicto, dado el carácter imperativo establecido en el artículo 2012 del Código Civil respecto del conocimiento de las inscripciones en los Registros Públicos. Al respecto, un consumidor razonable que ostente la calidad de curador esperaría que el Banco informe a sus funcionarios que el titular de una de las cuentas de ahorros ha sido declarado interdicto por incapacidad relativa; y por tanto, se les instruya a que se preste especial cuidado a las operaciones que se puedan efectuar en su representación, debiendo únicamente cumplir con prestar servicios a la persona designada como curador del interdicto en cuanto ella es la única que cuenta con las facultades para representarlo. Ello, más aún, si se tiene en cuenta que en el presente caso ha quedado acreditado que el señor Chung con fecha 24 de agosto de 2001 registró en la agencia de la Avenida Javier Prado del Banco la interdicción del señor Guillermo Chung Zapata y su poder de representación.

CÓDIGO PROCESAL CIVIL Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos. Ver fojas 140 del expediente.

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En el presente caso, sin embargo, ha quedado acreditado que los funcionarios del Banco no fueron comunicados respecto de que el señor Chung era la única persona facultada para efectuar operaciones en representación del interdicto, en tanto que de los documentos que obran en el expediente no ha quedado acreditada dicha actuación por parte del Banco y a que tal como se aprecia del Memorando del Administrador de la Agencia del Centro Cívico del Banco, el funcionario que pagó la sexta bonificación del FONAHPU a una persona distinta al denunciante no encontró registrado en su base de datos ninguna orden de bloqueo(16).

Por lo expuesto, la Comisión considera que el Banco no cumplió con brindar un servicio idóneo al interdicto, señor Guiilermo Chung Zapata, en la medida que ha quedado acreditado que no informó a sus funcionarios que el denunciante era la única persona facultada para efectuar operaciones en representación del interdicto y a que el funcionario que pagó la sexta bonificación del FONAHPU no encontró registrado en su base de datos ninguna orden de bloqueo; por lo que corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia.

(16)

(17)

3.2.6. Sobre el incumplimiento del cronograma de pago Sin Poder En su denuncia, el señor Chung señaló que el Banco no cumplió con el cronograma de pago Sin Poder, pues los cobros denunciados se realizaron un día antes del designado para el interdicto teniendo en cuenta la letra inicial de su apellido. Conforme a lo dispuesto por la Primera Disposición Final del Código Procesal Civil, las normas en él contenidas se aplican supletoriamente a los procedimientos administrativos. Por esta razón, a quien afirma determinados hechos, le corresponde la carga de probarlos(17). No obstante, en el presente caso, el denunciante no ha presentado algún medio probatorio que acredite que el Banco estableció un cronograma para el pago de la pensión de invalidez o de la sexta bonificación del FONHAPU de acuerdo a las letras iniciales de los apellidos de los pensionistas y jubilados. En consecuencia, en la medida que el denunciante no ha acreditado que el Banco estableció un Cronograma para el pago de la pensión de invalidez o de la sexta bonificación del FONAHPU, la Comisión considera que no ha quedado acreditado que el Banco no haya cumplido con brindar un servicio idóneo al interdicto, señor Guillermo Chung Zapata, por lo que corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia. 3.2.7. Sobre la omisión del Banco en denunciar y en exigir la devolución del dinero cobrado indebidamente En su denuncia, el señor Chung señaló que el Banco no denunció a la persona que presentó las cartas notariales con la firma falsificada del interdicto; y que tampoco exigió la devolución del dinero cobrado indebidamente.

En el Memorando EF/92.0060-N° 356-2001 (fojas 53 del expediente) dirigido por el Administrador de la Agencia del Centro Cívico del Banco al señor Óscar Vásquez Miyán recibido el 10 de diciembre de 2001 por el Departamento de Sucursales y Agencias del Banco de la Nación se señala lo siguiente respecto del pago de la bonificación del FONAHPU: “(…) luego de una minuciosa revisión de los documentos por el funcionario responsable, este autoriza el pago por intermedio del pagador, quien procesa la documentación en el computador y AL NO ENCONTRAR NINGUNA ORDEN DE BLOQUEO solo se limita a cancelar como cualquier otro pago con poder. Reitero en el computador no existía ninguna orden de bloqueo y cualquier oficina podía efectuar el pago” (el subrayado es nuestro). CÓDIGO PROCESAL CIVIL Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

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Al respecto, se debe tener en cuenta que la prestación de un servicio bancario idóneo al cliente de una cuenta de ahorros, de acuerdo a lo que esperaría un consumidor razonable, no implica que el Banco denuncie a una determinada persona por los presuntos delitos en que haya podido incurrir a criterio de uno de sus clientes. Asimismo, se debe tener en cuenta que la actuación del Banco respecto de la persona que efectuó el cobro del dinero correspondiente a la pensión de invalidez y a la bonificación del FONAHPU, es una acción discrecional.

De esta manera, la Comisión considera que corresponde declarar improcedente este extremo de la denuncia dado que el deber de idoneidad en la prestación del servicio al interdicto, señor Guillermo Chung Zapata, establecido en el artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor, no obliga al Banco a denunciar a una persona sobre la base de lo que el denunciante considere; ni a exigir a tal persona la devolución del dinero que haya cobrado indebidamente.

(18) (19)

3.2.8. Sobre el pronunciamiento con ocasión del reclamo ante la Superintendencia de Banca y Seguros En su escrito de denuncia, el señor Chung manifestó que la Asesoría Jurídica del Banco emitió opinión contraria a lo sucedido, con ocasión del reclamo que presentó ante la Superintendencia de Banca y Seguros. Sobre este punto, de la carta dirigida por el Banco a la Superintendencia de Banca y Seguros(18) se aprecia que el Banco relató los hechos acontecidos respecto del cobro de la pensión de invalidez y la bonificación del FONAHPU. Al respecto, corresponde resaltar que el deber de idoneidad en la prestación del servicio frente al cliente establecido en el artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor, no obliga al Banco a emitir opinión favorable a los intereses de un cliente; por lo que corresponde declarar improcedente este extremo de la denuncia. 3.2.9. Sobre la falta de un registro único de poderes de la Ley 19990 En su denuncia, el señor Chung indicó que el Banco no cuenta con un registro único de poderes de la Ley 19990 por lo que su control interno fue deficiente y no tomó las medidas correctivas oportunas. Conforme a lo dispuesto por la Primera Disposición Final del Código Procesal Civil, las normas en él contenidas se aplican supletoriamente a los procedimientos administrativos. Por esta razón, a quien afirma determinados hechos, le corresponde la carga de probarlos(19). En este sentido, corresponde al denunciante acreditar que el Banco le ofreció contar con un registro único de poderes. No obstante, de las pruebas que obran en el expediente, ello no ha quedado acreditado; por lo que corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia. 3.3. Sobre la información brindada al denunciante En los artículos 5 inciso b) y 15 de la Ley de Protección al Consumidor se regula el derecho a la información que tienen los consumidores. Por una parte, en el artículo 5 inciso b) se regula el derecho que tienen los consumidores a recibir de los proveedores toda la información necesaria sobre los productos y servicios que desean adquirir, a fin de que

Ver fojas 57 del expediente. CÓDIGO PROCESAL CIVIL Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

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la invalidez e ineficacia del acto jurídico en la jurisprudencia puedan realizar una elección adecuada(20). Por otro lado, en el artículo 15 se regula la obligación que tiene el proveedor de consignar en forma veraz, suficiente, apropiada y muy fácilmente accesible al consumidor o usuario, la información sobre los productos o servicios que oferte en el mercado(21).

El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal, mediante Resolución Nº 288-2000/TDC-INDECOPI precisó que la obligación de informar de los proveedores debe entenderse como la obligación de poner en conocimiento toda la información relevante para efectos de que los consumidores puedan realizar una adecuada decisión de consumo o un uso correcto de los bienes y servicios que han adquirido(22).

De acuerdo a los hechos expuestos, el señor Chung señaló que el Banco no aceptó el recurso de apelación que presentó contra la denegatoria de su reclamo presentado por los pagos realizados de la pensión de invalidez y la sexta bonificación del FONAHPU a una persona errónea.

La Comisión considera que al presentar un reclamo ante una entidad bancaria, por no encontrarse conforme con la información que se le otorgó anteriormente sobre aspectos directamente relacionados con el pago que dicha entidad realizó de su pensión de invalidez y de su bonificación del FONAHPU, un consumidor razonable esperaría que el Banco

LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Artículo 5.- En los términos establecidos por el presente Decreto Legislativo, los consumidores tienen los siguientes derechos: (…) b) derecho a recibir de los proveedores toda la información necesaria para tomar una decisión o realizar una elección adecuadamente informada en la adquisición de productos y servicios, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios. (…) (21) LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Artículo 15.- El Proveedor está obligado a consignar en forma veraz, suficiente, apropiada muy fácilmente accesible al consumidor o usuario la información sobre los productos y servicios ofertados. Tratándose de productos destinados a la alimentación y la salud de las personas, esta obligación se extiende a informar sobre sus ingredientes y componentes. Está prohibida toda información o presentación que induzca al consumidor a error respecto a la naturaleza, origen, modo de fabricación, componentes, usos, volumen, peso, medidas, precios, forma de empleo, características, propiedades, idoneidad, cantidad, calidad o cualquier otro dato de los productos o servicios ofrecidos. (22) La Resolución N° 288-2000/TDC-INDECOPI del 16 de abril de 1997, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de abril de 1997, confirmó la resolución emitida por la Comisión que declaró fundada la denuncia presentada por la señora Liliana Carbonel Cavero en contra de Finantour S.R.L. En dicha resolución se estableció el siguiente precedente de observancia obligatoria: Los proveedores tienen la obligación de poner a disposición de los consumidores toda la información relevante respecto a los términos y condiciones de los productos o servicios ofrecidos, de manera tal que aquella pueda ser conocida o conocible por un consumidor razonable usando su diligencia ordinaria. Para determinar qué prestaciones y características se incorporan a los términos y condiciones de una operación en caso de silencio de las partes o en caso de que no existan otros elementos de prueba que demuestren qué es lo que las partes acordaron realmente, se acudirá a las costumbres y usos comerciales, a las circunstancias que rodean la adquisición y a otros elementos que se consideren relevantes. En lo no previsto, se considerará que las partes acordaron que el bien o servicio resulta idóneo para los fines ordinarios por los cuales estos suelen adquirirse o contratarse según el nivel de expectativa que tendría un consumidor razonable. La prueba de la existencia de una condición distinta a la normalmente previsible por un consumidor razonable dadas las circunstancias corresponderá al beneficiado por dicha condición en la relación contractual. De esta manera, en caso que el consumidor alegue que el bien o servicio debe tener características superiores a las normalmente previsibles dadas las circunstancias, la carga de la prueba de dicha característica recaerá sobre aquel –es decir, corresponderá al consumidor probar que se le ofreció una promoción adicional o que se le ofrecieron características adicionales o extraordinarias a las normalmente previsibles–. Por el contrario, en caso que sea el proveedor el que alegase que el bien o servicio tiene características menores a las previsibles dadas las circunstancias, la carga de probar que tales fueron las condiciones del contrato recaerá en él - es decir, corresponderá al proveedor probar que ofreció condiciones menos beneficiosas a las que normalmente se podían esperar.

(20)

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Juan ESPINOZA ESPINOZA atienda su requerimiento sin importar la calificación que le otorgue a dicho reclamo de tal forma que satisfaga sus expectativas(23).

(23)

(24) (25)

En el presente caso, de la Carta EF/92.2400.25 N° 054-2002(24) de fecha 11 de febrero de 2002 dirigida por el Banco al señor Chung ha quedado acreditado que este le comunicó que no existía recurso de apelación, entendiendo y contestando tal escrito como una reiteración de su reclamo por los pagos indebidos, informándole el detalle de la persona y forma como dichos pagos se efectuaron.

Sin perjuicio de ello, corresponde señalar que el Banco al no tratarse de una entidad de la Administración Pública de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General no cuenta con un procedimiento administrativo que incluya la presentación de recursos para acceder a una instancia administrativa(25).

En efecto, la Resolución Nº 252-2000/TDC (Domingo García Belaúnde contra Citibank N.A.) señala lo siguiente: “(…) si en el curso de su utilización el cliente requiere algún tipo de información, dicho requerimiento debe ser atendido, incluso en el supuesto que correspondiera indicársele que el acceso a tal información no es posible. El Banco podría no dar el servicio de información que le ha sido requerido siempre y cuando lo exprese claramente. En otras palabras, el deber del Banco de atender los requerimientos de información de sus usuarios se extiende al periodo de ejecución del contrato y debe consistir en una respuesta que satisfaga las inquietudes del usuario”. (el subrayado es nuestro). Asimismo, debemos tener en cuenta que en la Resolución N° 340-2001/TDC emitida en el expediente N° 527-2000CPC seguido por Reynaldo Soto Caro contra el Banco Continental, la Sala dispuso que a efectos de evaluar el cumplimiento del deber de información de un proveedor, debía analizarse lo siguiente: a) si el requerimiento de información realizado por un consumidor resulta razonable, es decir, si la información solicitada guarda relación con el servicio o producto adquirido por el consumidor y si es necesaria para que este efectúe un uso adecuado del servicio o producto adquirido, entre otras consideraciones. Por el contrario, una solicitud de información no resultará razonable cuando la misma no conduzca a satisfacer una necesidad de información del consumidor y cuya atención por parte del proveedor le generará costos excesivos en la prestación del servicio. Así, por ejemplo, resulta razonable que un consumidor que mantiene una cuenta de ahorros solicite información sobre los intereses ganados por el dinero depositado en ella o si es usuario de una tarjeta de crédito sobre los consumos realizados con su tarjeta. Resulta razonable también que un consumidor que adquiere un seguro médico solicite información sobre las condiciones en las que debe utilizar dicho seguro (co-pagos, reembolsos, lugares de atención, coberturas). b) si el proveedor entregó la información requerida oportunamente. Sin embargo, de no contar con la información solicitada por el consumidor o si brindarla genera un costo que deberá ser asumido por este, ello deberá ser puesto en su conocimiento a fin de no mantenerlo en una situación de incertidumbre. c) si el proveedor entregó la información requerida en un formato claro en el que conste la información solicitada o, por lo menos, de donde la misma pueda ser deducida por el consumidor. Es decir, no se exige en toda circunstancia que el proveedor entregue al consumidor la información solicitada de la manera exacta en la que el consumidor la solicitó, sino que bastaría que el proveedor pusiera a disposición del consumidor la información requerida de una forma tal que su solicitud sea adecuadamente atendida. Al respecto, cabe señalar que si bien el criterio establecido por la Comisión se generó en un caso de una entidad financiera, consideramos que la obligación de brindar información a los consumidores, se hace extensiva también a las compañías de seguros, como sucede en el presente caso. Ver fojas 14 del expediente. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Artículo 1.- Ámbito de aplicación de la ley La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; 2. El Poder Legislativo; 3. El Poder Judicial; 4. Los Gobiernos Regionales; 5. Los Gobiernos Locales;

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En consecuencia, en la medida que ha quedado acreditado que el Banco tramitó su recurso de apelación como una reiteración de su reclamo y le brindó una respuesta detallada, la Comisión considera que el Banco cumplió con atender el requerimiento de información del señor Chung, por lo que corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia por presunta infracción a lo dispuesto en los artículos 5 inciso b) y 15 de la Ley de Protección al Consumidor.

3.4. Sobre las medidas correctivas solicitadas por el señor Chung En su escrito de denuncia, el señor Chung solicitó a la Comisión que ordene, como medidas correctivas, lo siguiente: (i) que el Poder Judicial al nombrar a un curador comunique oportunamente dicho nombramiento a los Colegios de Notarios; (ii) que los Colegios de Notarios no otorguen poderes notariales que ocasionen problemas; (iii) que el Banco al abrir una cuenta de ahorros consigne un dígito en el código esta a efectos de alertar que el curador del titular de la cuenta es el único con derecho a hacer uso de ella; y, (iv) que el Banco cree un Registro Único de Poderes de la Ley 19990.

Sobre el particular, el literal k) del artículo 42 de la Ley de Protección al Consumidor, establece la facultad que tiene la Comisión para, actuando de oficio o a pedido de parte, ordenar a los proveedores cualquier otra medida que considere pertinente y tenga por finalidad revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro(26), en los casos en que aquellos hubieran infringido la Ley de Protección al Consumidor.

En este sentido, en relación con la solicitud del señor Chung para que se ordene al Poder Judicial que al nombrar a un curador comunique oportunamente dicho nombramiento a los Colegios de Notarios; y, a estos últimos que no otorguen poderes notariales que ocasionen problemas, la Comisión considera que corresponde declararla improcedente en tanto que únicamente se encuentra facultada a ordenar medidas correctivas a los proveedores infractores que formen parte del presente procedimiento.

De otro lado, en cuanto a la solicitud del señor Chung para que la Comisión ordene al Banco: (i) que al abrir una cuenta de ahorros consigne un dígito en el código de esta a efectos de alertar que el curador del titular de la cuenta es el único con derecho a hacer uso de ella; y, (ii) que cree un Registro Único de Poderes de la Ley 19990, la Comisión considera que se debe declarar improcedente dicha solicitud debido a que no tiene como finalidad revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro; y, por lo tanto, no puede ser considerada como una medida correctiva en los términos establecidos en la Ley de Protección al Consumidor.

6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía. 7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y 8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia. (26) TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Artículo 42.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiera lugar, la Comisión de Protección al Consumidor, actuando de oficio o a pedido de parte, deberá imponer a los proveedores que incurran en alguna de las infracciones tipificadas en la presente Ley, una o más de las siguientes medidas correctivas. (…) k) Cualquier otra medida correctiva que la Comisión considere pertinente ordenar y que tenga por finalidad revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

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En el presente caso, ha quedado acreditado que el Banco no cumplió con prestar un servicio idóneo al interdicto, señor Guillermo Chung Zapata, debido a que: (i) entregó al propio interdicto la tarjeta Multired correspondiente a su cuenta de ahorros; (ii) no pagó al señor Chung la pensión de invalidez del mes de setiembre de 2001 correspondiente al interdicto ascendente a S/. 270; (iii) pagó el 26 de noviembre de 2001 la sexta bonificación del FONAHPU ascendente a S/. 320 a la señorita Dina Huayhua Huaraca; y que, (iv) no comunicó a sus funcionarios que él era la única persona facultada a cobrar los pagos realizados por la ONP y el FONAHPU en representación del interdicto.

Todo ello, pese a que el Banco a efectos de brindar un servicio idóneo debió considerar que a partir del día 11 de junio de 2001 el denunciante, en su calidad de curador, era la única persona legitimada para efectuar operaciones válidas respecto de la cuenta de ahorros del interdicto, señor Guillermo Chung Zapata; dado el carácter imperativo establecido en el artículo 2012 del Código Civil respecto del conocimiento de las inscripciones en los Registros Públicos.

En atención a ello, cabe señalar que el artículo 3 de la Ley 27917(27) establece que para el otorgamiento de una medida correctiva, debe tomarse en consideración, la posibilidad real de cumplimiento de la medida, los alcances jurídicos de la misma y el monto involucrado en el conflicto. En el presente caso, en relación con las infracciones verificadas, debe tenerse en cuenta lo siguiente: (i) que, la medida correctiva de pago al señor Chung, en su calidad de curador del interdicto, de la pensión de invalidez y la sexta bonificación del FONAHPU correspondiente al interdicto resulta física y jurídicamente posible de ser cumplida por parte de el Banco denunciado; (ii) que, los alcances jurídicos de la medida correctiva a ser ordenada involucra el pago de S/. 270 y S/. 320 al señor Chung correspondientes a la pensión de invalidez y la sexta bonificación del FONAHPU del interdicto, dado que en el presente procedimiento no ha quedado acreditado que este se haya efectuado configurándose una falta de idoneidad en el servicio prestado por parte del Banco y encontrándose este supuesto tipificado expresamente en la Ley de Protección al Consumidor; (iii) que, conforme al artículo 2 de la misma norma(28), para la aplicación de las medidas correctivas se parte de la existencia de una relación de consumo sin limite de monto; por lo que, debe considerarse que el monto de la medida correctiva, en el presente caso, asciende a S/. 590, más los intereses legales correspondientes. Conforme a lo anterior, la Comisión considera que corresponde ordenar que, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir de la recepción de la presente reso-

(27)

(28)

LEY N° 27917 Artículo 3.- En el ejercicio de la facultad otorgada a la autoridad administrativa para imponer medidas correctivas, esta tendrá en consideración la posibilidad real del cumplimiento de la medida, los alcances jurídicos de la misma y el monto involucrado en el conflicto. En aquellos casos en los que la autoridad administrativa decidiera no otorgar una medida correctiva, queda a salvo el derecho de las partes para que lo hagan valer en la vía judicial. LEY N° 27917 Artículo 2.- Indemnizaciones Precísase que las medidas correctivas tienen como finalidad revertir los efectos que la conducta infractora hubiese ocasionado en el mercado o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro. Para ello se parte de la existencia de una relación de consumo en todos los sectores y sin límite de monto. Las medidas correctivas no tienen naturaleza indemnizatoria o resarcitoria. La Comisión no es competente para ordenar indemnizaciones. Corresponde esta facultad, de manera exclusiva, al Poder Judicial. Las pretensiones de naturaleza indemnizatoria o resarcitoria que se presenten a la Comisión de Protección al Consumidor, en el marco de una relación de consumo, serán rechazadas.

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la invalidez e ineficacia del acto jurídico en la jurisprudencia lución, el Banco cumpla con pagar al señor Chung la suma de S/. 590 más los intereses legales correspondientes, correspondientes a la pensión de invalidez y la sexta bonificación del FONAHPU del interdicto.

(29)

(30) (31)

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que conforme a lo establecido por el artículo 43 del Decreto Supremo N° 039-2000/ITINCI, Texto Único Ordenado del la Ley de Protección al Consumidor(29), las resoluciones finales que ordenan medidas correctivas a favor del consumidor, constituyen títulos de ejecución, en tal sentido, el consumidor tiene el derecho de exigir en la vía judicial el cumplimiento de la medida correctiva ordenada por la Comisión, conforme con lo dispuesto en el artículo 713 inciso 3) del Código Procesal Civil(30).

3.5. Graduación de la sanción El artículo 41 de la Ley de Protección al Consumidor establece que, al momento de aplicar y graduar la sanción, la Comisión deberá atender a la gravedad de la falta, al daño resultante de la infracción, a los beneficios obtenidos por el proveedor, a la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión(31). En el presente caso, se debe tener en cuenta que ha quedado acreditado que el Banco entregó al propio interdicto la tarjeta Multired correspondiente a su cuenta de ahorros; no pagó al señor Chung la pensión de invalidez del mes de setiembre de 2001 correspondiente al interdicto ascendente a S/. 270; pagó el 26 de noviembre de 2001 la sexta bonificación del FONAHPU ascendente a S/. 320 a la señorita Dina Huayhua Huaraca; y que, no comunicó a sus funcionarios que él era la única persona facultada a cobrar los pagos realizados por la ONP y el FONAHPU en representación del interdicto. Lo anterior, pese a que: (i) a partir del 11 de junio de 2001 se inscribió en Registros Públicos la declaración judicial de interdicción de tal señor y el nombramiento del denunciante como su curador; y por tanto, el Banco debió considerar al denunciante como la única persona legitimada a efectuar operaciones válidas en representación del interdicto; (ii) que el 24 de agosto de 2001 el señor Chung registró en la agencia de la Avenida Javier Prado del Banco la declaración judicial de interdicción del señor Guillermo Chung Zapata y su poder de representación en su calidad de curador de aquel; y a que, (iii) el Banco antes de pagar la bonificación de la FONAHPU sabía que debía efectuar el pago de la misma al denunciante; y no al interdicto.

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Artículo 43.- Las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas a favor del consumidor constituyen Títulos de Ejecución conforme con lo dispuesto en el artículo 713 inciso 3) del Código Procesal Civil, una vez que queden consentidas o causen estado en la vía administrativa. En caso de resoluciones finales que ordenen medidas correctivas a favor de consumidores, la legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a tales consumidores. CÓDIGO PROCESAL CIVIL Artículo 713.- Títulos de Ejecución.- Son títulos de ejecución: Los que la ley señale. LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Artículo 41.- Los proveedores son objetivamente responsables por infringir las disposiciones contenidas en la presente Ley. Los proveedores infractores podrán ser sancionados administrativamente con una amonestación o con una multa, hasta por un máximo de 100 (cien) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de las medidas correctivas a que se refiere el artículo siguiente, que se dicten para revertir los efectos que las conductas infractoras hubieran ocasionado o para evitar que estas se produzcan nuevamente en el futuro. La imposición y la graduación de la sanción administrativa a que se refiere el párrafo precedente serán determinadas atendiendo a la gravedad de la falta, el daño resultante de la infracción, los beneficios obtenidos por el proveedor, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. Las multas impuestas constituyen en su integridad recursos propios del INDECOPI, salvo por lo dispuesto en el artículo 45 de la presente ley.

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(32)

En ese sentido, la Comisión considera que el Banco denunciado ha incurrido en una falta grave al no tomar las medidas adecuadas de control en la prestación de sus servicios a fin de evitar pagos a personas que no cuenten con la debida representación de sus clientes. En segundo término, la Comisión considera que el señor Chung se vio perjudicado en gran medida al no poder disponer del dinero correspondiente a la pensión y a la bonificación del interdicto necesario para su rehabilitación y cuidado personal; y, además, al tener que registrar ante la agencia principal del Banco la declaración de interdicción del señor Guillermo Chung Zapata y su nombramiento como curador de aquel, y efectuar diversos reclamos ante el Banco sin que se le brinde una solución a su problema. Finalmente, es importante señalar que de persistir la falta de observancia por parte de las empresas bancarias de la verificación de las inscripciones en el Registro Personal sobre las personas declaradas incapaces y sus respectivos representantes, existiría un daño potencial que podría afectar a otros consumidores. Ello dado que los riesgos que asumen los consumidores se verían incrementados, lo cual repercutiría en un mayor costo para los consumidores en el registro ante cada agencia del Banco a efectos de asegurar que sus funcionarios no permitan que una persona distinta al representante del interdicto pueda actuar frente al Banco y perjudicar el cobro de sus acreencias. En orden a estas consideraciones, la Comisión de Protección al Consumidor considera que corresponde sancionar al Banco con 3 Unidades Impositivas Tributarias.

3.6. De la remisión al Colegio de Notarios Conforme a lo establecido en la Ley del Notariado(32), Decreto Ley N° 26002, el notario es el profesional del derecho que está autorizado a dar fe, de los actos y contratos que se celebren ante él, y de la comprobación de hechos.

En ese sentido, dicha ley dispone que los instrumentos públicos notariales, es decir, aquellos extendidos o autorizados por el notario en ejercicio de su función, por mandato de la ley o a solicitud de parte, producen fe pública respecto de la realización de los hechos y circunstancias que el notario presencie. Por consiguiente, el poder que extienda el notario, deben consignar únicamente los actos, hechos o circunstancias que este efectivamente presencie o que le consten.

En el presente caso, el Notario Público de Lima, señor Moisés Javier Espino Elguera, extendió un poder fuera de registro a solicitud del interdicto, señor Guillermo Chung Zapata, a favor de la señorita Dina Huayhua Huaraca, consignando en dicho documento que el interdicto era hábil para contratar.

La actuación del señor Moisés Javier Espino Elguera, en su condición de Notario Público reviste particular gravedad para la confiabilidad respecto de la validez de los poderes

LEY DEL NOTARIADO Artículo 2.- El notario es el profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran. Para ello formaliza la voluntad de los otorgantes, redactando los instrumentos, a los que confiere autenticidad, conserva los originales y expide los traslados correspondientes. Su función también comprende la comprobación de hechos. Artículo 23.- Son instrumentos públicos notariales los que el notario, por mandato de la ley o a solicitud de parte, extienda o autorice en ejercicio de su función, dentro de los límites de su competencia y con las formalidades de ley. Artículo 24.- Los instrumentos públicos notariales, otorgados con arreglo a lo dispuesto en la ley, producen fe respecto a la realización del acto jurídico y de los hechos y circunstancias que el notario presencie. Artículo 98.- El notario extenderá actas en las que se consigne los actos, hechos o circunstancias que presencie o le conste y que no sean de competencia de otra función.

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la invalidez e ineficacia del acto jurídico en la jurisprudencia otorgados por una persona que goza de plena capacidad, pues es precisamente la intervención del Notario Público la que garantiza la verosimilitud de los hechos y circunstancias que certifica y consigna en los documentos públicos que extiende.

En ese sentido, y atendiendo a que de conformidad con lo establecido en la Ley del Notariado, el organismo encargado de la vigilancia directa del cumplimiento de las leyes y reglamentos que regulan la función del Notario Público, así como de velar por el decoro profesional de los notarios, es el Colegio de Notarios, la Comisión considera conveniente hacer de conocimiento del mencionado Colegio el comportamiento del Notario Público de Lima, señor Moisés Javier Espino Elguera.

4. Decisión de la Comisión Primero.- declarar fundada la denuncia presentada por el señor Augusto Chung Zapata en contra del Banco de la Nación por infracción a lo dispuesto en el artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor, en los extremos referidos a la entrega de una tarjeta Multired al interdicto, al pago de la pensión de invalidez del mes de setiembre de 2001 y de la sexta bonificación del FONAHPU del interdicto a una persona errónea; y, a la falta de alerta a sus funcionarios que él era la única persona a cobrar los pagos realizado por la ONP y el FONAHPU.

Segundo.- declarar infundada la denuncia presentada por el señor Augusto Chung Zapata en contra del Banco de la Nación por infracción a lo dispuesto en el artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor, en los extremos referidos al bloqueo de la cuenta de ahorros del interdicto, al incumplimiento del Cronograma de Pago Sin Poder; y, a que no cuenta con un registro único de poderes de la Ley 19990.

Tercero.- declarar improcedente la denuncia presentada por el señor Augusto Chung Zapata en contra del Banco de la Nación por la presunta infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor, en los extremos referidos a la omisión del Banco en denunciar a la persona que presentó cartas notariales con la firma falsificada del interdicto, a exigirle la devolución del dinero cobrado indebidamente; y, al pronunciamiento del Banco en respuesta al reclamo que presentó ante la Superintendencia de Banca y Seguros.

Cuarto.- declarar infundada la denuncia presentada por el señor Augusto Chung Zapata en contra del Banco de la Nación por infracción a lo dispuesto en los artículos 5 inciso b), y 15 de la Ley de Protección al Consumidor.

Quinto.- declarar improcedente la solicitud del señor Augusto Chung Zapata para que se ordene, como medida correctiva, que: (i) el Poder Judicial al nombrar a un curador comunique oportunamente dicho nombramiento a los Colegios de Notarios; y, (ii) que estos últimos no otorguen poderes notariales que ocasionen problemas.

Sexto.- declarar infundada la solicitud del señor Augusto Chung Zapata para que se ordene al Banco, como medida correctiva, que: (i) al abrir una cuenta de ahorros consigne un dígito del código de la misma a efectos de alertar que el curador del titular de la cuenta es el único con derecho a hacer uso de ella; y, (iii) cree un Registro Único de Poderes de la Ley 19990.

Sétimo.- ordenar al Banco como medida correctiva, que en el plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar al señor Augusto Chung Zapata la suma de S/. 590 más los intereses legales respectivos, correspondientes a la pensión de invalidez y la sexta bonificación del FONAHPU del interdicto.

Octavo.- sancionar al Banco de la Nación con una multa de 3 Unidades Impositivas Tributarias; sanción que deberá ser cancelada dentro del término de quince días de notificada la presente resolución en la tesorería del INDECOPI, bajo apercibimiento de proceder a su cobranza coactiva.

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Juan ESPINOZA ESPINOZA Noveno.- precisar que el monto de la multa impuesta será rebajado en 25% si el denunciado consiente la presente resolución y procede a cancelar dicha multa dentro del plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 37 y 38, del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades Normas y Organización del INDECOPI y la décimo tercera disposición complementaria de la Ley N° 27809, Ley General del Sistema Concursal(33). Décimo.- encargar a la Secretaría Técnica que remita al Colegio de Notarios al de Lima copia de expediente y de la presente resolución.

Con la intervención de los señores comisionados: Dr. Juan Espinoza, Dra. Liliana Alvarado, Ing. Fernando Cilloniz, Dr. Manuel Chu, Dr. Uriel García, Dra. Adriana Giudice. JUAN ESPINOZA ESPINOZA Presidente

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DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI Artículo 37.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. La apelación de resoluciones que ponen fin a la instancia se concederá con efecto suspensivo. La apelación de multas se concederá con efecto suspensivo pero será tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concederá sin efecto suspensivo, tramitándose también en cuaderno separado. LEY N° 27809, LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DÉCIMO TERCERA.- Plazo de interposición del recurso de apelación en el Procedimiento Único Para efectos de lo establecido en el artículo 38 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, modificado por Ley N° 27311, el plazo para la interposición del recurso de apelación es de cinco (5) días hábiles.

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J15 EXP. Nº 0008-2003-AI/TC-LIMA

Cuando

este Tribunal reparó en que las circunstancias fácticas que rodearon la promulgación del Decreto de Urgencia Nº 140-2001, no se encontraban dentro de los alcances señalados por el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución, lo hizo tan solo a la luz de la disposición que permitía la fijación de tarifas mínimas establecida en el artículo 4 del referido decreto y no en atención a otra previsión que pudiera estar contenida en la misma norma. En consecuencia, se precisa que la declaración de inconstitucionalidad contenida en la parte resolutiva de la STC Nº 0008-2003-AI/TC alcanza solo al artículo 4 de la referida norma.

Resolución del tribunal constitucional Lima, 19 de noviembre de 2003

Vistas

La solicitud de corrección de error material presentada por el abogado del representante de los demandantes, a fin de que se precise que solo se ha declarado inconstitucional el artículo 4 del Decreto de Urgencia Nº 140-2001, y no todas sus disposiciones; y la solicitud de aclaración presentada por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien expresa los mismos argumentos de la solicitud de corrección de error material, aduciendo que se ha expedido una sentencia extra petita; y,

Atendiendo a 1.

Que ambas partes solicitan que este Tribunal –conforme al artículo 59 de su Ley Orgánica Nº 26435– precise que la declaración de inconstitucionalidad del Decreto de Urgencia Nº 140-2001, dictada en el Exp. Nº 0008-2003-AI/TC, no comprende a todas sus disposiciones, sino solo a su artículo 4, alegando que, al haberse declarado la inconstitucionalidad de todas las disposiciones del Decreto de Urgencia Nº 140-2001, el Tribunal habría expedido una sentencia infringiendo el principio de congruencia (extra petita).

2. Que, ante todo, este Colegiado debe subrayar, tal como con lo hiciera en los fundamentos jurídicos Nºs 3 al 5 de la sentencia recaída en el Exp. Nº 0905-2001-AA/TC, que si bien el proceso constitucional está sujeto a los principios que informan los “procesos ordinarios” y, entre ellos, al principio de congruencia de las sentencias, también debe advertirse que la aplicación de dichos principios está sujeta a su compatibilidad con la naturaleza y la peculiaridad de los procesos constitucionales. 3.

Que, no obstante esto, cuando en la sentencia de autos, este Tribunal reparó en que las circunstancias fácticas que rodearon la promulgación del Decreto de Urgencia Nº 140-2001, no se encontraban dentro de los alcances señalados por el inciso 19) del artículo 118 de la Constitución (F.J. Nº 61), lo hizo tan solo a la luz de la disposición que permitía la fijación

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Juan ESPINOZA ESPINOZA de tarifas mínimas para la prestación del servicio de transporte terrestre nacional e internacional de pasajeros y carga, establecida en el artículo 4 del referido decreto de urgencia, y no en atención a otra previsión que pudiera estar contenida en la misma norma. 4.

Que, en consecuencia, en la parte resolutiva de la STC Nº 0008-2003-AI/TC se ha incurrido en un error material, al no haberse precisado que la declaración de inconstitucionalidad alcanza solo al artículo 4 del Decreto de Urgencia Nº 140-2001, y no a toda la norma.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú su Ley Orgánica,

Resuelve

Declara haber lugar a la presente solicitud de aclaración, precisando que la declaración de inconstitucionalidad contenida en la parte resolutiva de la STC Nº 0008-2003-AI/TC alcanza solo al artículo 4 del Decreto de Urgencia Nº 140-2001. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. SS. ALVA ORLANDINI BARDELLI LARTIRIGOYEN REY TERRY AGUIRRE ROCA REVOREDO MARSANO GONZALES OJEDA

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J16 CAS. N° 1134-95-LIMA Lima, 27 de mayo de 1997

La

sentencia es la forma normal como se pone fin a la instancia del proceso; empero , se reconocen otras formas especiales de conclusión del proceso, como el desistimiento y la transacción. Mientras una sentencia no se encuentre firme, las partes, mediante mutuas concesiones, pueden transigir, pues no hay inconveniente para que la transacción se produzca después que se haya pronunciado una sentencia en la instancia inferior siempre que esta no haya pasado en autoridad de cosa juzgada.

Vistos; y Considerando

Que la sentencia es la forma normal como se pone fin a la instancia o al proceso; que, empero, se reconocen otras formas especiales de conclusión del proceso, como el desistimiento y la transacción; que, mientras una sentencia no se encuentre firme, las partes, mediante mutuas concesiones, pueden transigir, pues no hay inconveniente para que la transacción se produzca después que se haya pronunciado una sentencia en la instancia inferior siempre que esta no haya pasado en autoridad de cosa juzgada, tal como se ve de la Exposición de Motivos aprobada por la Comisión Revisora del Código Civil, en su sesión del diecinueve de noviembre de mil novecientos ochentisiete, relativo a la transacción; que, tampoco existe inconveniente legal, de acuerdo con la normatividad vigente, para que la Sala Suprema pueda aprobar una transacción presentada, si con ello se resuelve el conflicto de intereses por requerimiento de ambas partes, dejando sin objeto la absolución del grado que, en el presente caso, la transacción propuesta, satisface las exigencias señaladas por los artículos mil trescientos dos y siguientes del Código Civil; que, por lo expuesto y estando al mérito de las firmas legalizadas: APROBARON la transacción contenida en el escrito de fecha veinticinco de abril presente año y que corre en el cuadernillo formado en este Supremo Tribunal en los seguidos por Manuel Pablo Olaechea Dubois con Muñoz Sociedad Anónima sobre Impugnación de Acuerdos; y los devolvieron. SS. IBERICO RONCALLA SEMINARIO TINEO ALMEYDA

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Juan ESPINOZA ESPINOZA EXP. Nº 942-95 Lima, 31 de agosto de 1995

Corte superior de justicia de lima - segunda sala civil Vistos

Interviniendo como Vocal ponente el señor Wilson Canelo Ramírez; oídos los informes orales; en cuanto a las apelaciones sin efecto suspensivo y en calidad de diferidas:

Atendiendo

A que según el numeral tres del escrito de la demanda de fojas cuarentidós, el demandante al revisar los documentos relativos a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de “Muñoz Sociedad Anónima” convocada para el día veintinueve de marzo de mil novecientos noventicuatro comprobó que el noventa por ciento de sus activos estaban integrados por acciones de sus subsidiarias “Constructores- Sociedad Anónima” y “Setentisiete Sociedad Anónima” por lo que solicitó al funcionario respectivo señor Rolando Jara, Jefe de la Sección Valores le proporcionó copia del balance de dichas compañías, a que solicitar por vía de exhibición lo que es materia de la demanda, muestra un contrasentido, por lo que debe confirmarse la resolución número ocho emitida en la Audiencia de Saneamiento Procesal y de Conciliación de fecha seis de julio de mil novecientos noventicuatro de fojas ciento cuarentitrés a ciento cincuentidós, apelado sin efecto suspensivo y en calidad de diferida por resolución número nueve; a que por los fundamentos expuestos, debe confirmarse la resolución número once de fojas ciento cuarentisiete, de fecha seis de julio de mil novecientos noventicuatro, relativa a la declaración testifical del Representante de “Eugenio Gris y Asociados”, cuya apelación se ha concedido por resolución número doce de fojas ciento cuarentiocho sin efecto suspensivo y en calidad de diferidos, a que por los fundamentos expuestos, debe confirmarse la resolución número treintinueve de fojas de cuatrocientos ocho relativa a la recusación del A-quo: CONFIRMARON las resoluciones apeladas números ocho y once de fojas ciento cuarenticinco a ciento cuarentiocho emitidas con fecha seis de Julio de mil novecientos noventicuatro, que declaran improcedentes las pruebas exhibicionales e infundada la declaración testifical solicitada; asimismo CONFIRMARON la resolución número treintinueve de fojas cuatrocientos ocho su fecha venticuatro de febrero de mil novecientos noventicinco que rechaza la recusación promovida contra la A-quo; en cuanto al fondo de la controversia.

Considerando

Que el artículo ciento treintidós de la Ley General de Sociedades tutela los derechos de los accionistas, quienes pueden solicitar, antes de las Juntas Generales Ordinarias o extraordinarias, los informes y explicaciones que juzguen necesarias y el Directorio está obligado a proporcionárselos, salvo en los casos en que juzgue que la publicación de los datos solicitados perjudiquen los intereses sociales; que nuestro tratadista doctor Ulises Montoya Maniredi en su Libro “Derecho Comercial”, Parte general: Empresas - Comerciantes - Sociedad, Tomo I - mil novecientos ochentiséis, página doscientos nueve, menciona que son derechos fundamentales del accionista, el de participar en las utilidades, en la cuota de liquidación y esencialmente el derecho al voto, al control de la gestión social, de información y de suscripción preferente de acciones, derechos que en ningún caso pueden ser desconocidos por los Estatutos ni por acuerdos de la Junta General y obviamente, menos por los órganos Colegiados de la empresa ni por sus ejecutivos; Que, la doctrina sustentada por connotados tratadistas de la especialidad, consideran que la información es la base para formar la voluntad social y soberana de los accionistas que se expresa al emitir sus votos; que de autos consta que el demandante desde el once de marzo de mil novecientos noventicuatro en que se publicó la convocatoria a Junta General

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la invalidez e ineficacia del acto jurídico en la jurisprudencia Ordinaria y Extraordinaria acudió a la Oficina de la demandada para informarse de la documentación relativa al objeto de la Junta; que, siendo el objeto de la misma el examen y aprobación de la Memoria del Presidente del Directorio, del Balance General al treintiuno de diciembre de mil novecientos noventitrés, de los Estados de Ganancias y Pérdidas, del cambio en el patrimonio Neto y del flujo de efectivo, de la certificación de Auditoría, la aplicación de utilidades y la designación de Auditores externos y siendo el actor titular de dieciséis mil ochocientos ochentiseis acciones, tiene legítimo derecho e interés de concurrir a la Junta debidamente informado de los referidos extremos de la convocatoria a fin de orientar su voto por la aprobación o desaprobación; que al estar constituido el noventa punto cero cinco porciento de los activos de la demandada por acciones no inscritas en Bolsa de sus filiales “Constructores Sociedad Anónima” y “Setentisiete Sociedad Anónima”, la única forma de saber su solvencia económica es conociendo sus balances, sus estados de ganancias y pérdidas y demás documentación sustentatoria; que, la demanda, durante el proceso no ha negado tener dichos documentos, y no podría negarlo si para invertir en ellas hasta alcanzar el noventa punto cincuentiséis por ciento de su patrimonio en valores de la referidas empresas ha debido tener y conocer los estados financieros de las mismas, tanto más si dichas empresas no son ajenas a la demandada, dado que es dueña de “Constructores Sociedad Anónima” y “Setentisiete Sociedad Anónima” en el noventinueve por ciento y setentisiete por ciento respectivamente de su accionariado, que la nota cinco del dictamen de Auditoría de los Estados Financieros de la demandada de fojas veintiocho a cuarenta no consta ni puede constar los estados financieros de las referidas empresas subsidiarias, por lo que no es conforme la afirmación que dicha emplazada hace en el punto segundo del rubro III de su escrito de fojas ciento veintinueve repetida a fojas ciento treintiuno en el sentido de que en el informe preparado por los auditores “Eugenio Gris y Asociados” ya estaba considerada y evaluada la situación financiera de “Constructores Sociedad Anónima” y “Setentisiete Sociedad Anónima”, que, está acreditado por el demandante antes de la Junta, solicitó, gestionó y exigió a la demandada la documentación que muestre la situación patrimonial de sus filiales “Constructores Sociedad Anónima” y “Setentisiete Sociedad Anónima”, como son su Memoria, sus balances, sus Estados financieros y la certificación de sus auditores y ante la demora acudió con el doctor Ricardo Bravo de Rueda, Auditor particular y por último concurrió con Notario Público, tal como se acredita de fojas doscientos cuarentinueve y fojas veinticinco respectivamente, así como con la declaración testifical de don Rolando Jara, Jefe de Valores de la demandada, corriente a fojas doscientos veinticuatro; que, de la Carta notarial de fojas cuatrocientos cincuentiocho de fecha doce de abril de mil novecientos noventicinco, con la cual “Eugenio Gris y Asociados”, contesta la carta notarial de tres accionistas de “Muñoz Sociedad Anónima” corriente a fojas cuatrocientas cincuentiseis, se concluye que no tuvieron a la vista los documentos de las referidas filiales, por tanto nada sabe el demandante respecto de sus estados financieros, cuyos datos permanecen, si no ocultos, sin la posibilidad de acceder a ellos; que, entonces, hay que concluir que la Auditoría practicada por “Eugenio Gris y Asociados” de fojas veintiocho a cuarenta, conforme lo explica en su carta de fojas cuatrocientos cincuentiocho resulta deficiente, dado que no da razón de haber examinado las contingencias de las inversiones de “Muñoz Sociedad Anónima” y en sus filiales “Constructores Sociedad Anónima” y “Setentisiete Sociedad Anónima” cuyo accionariado, como se dijo constituye el noventa por ciento del activo de la demandada; que apareciendo de autos que “Muñoz Sociedad Anónima” no es una empresa ajena a “Constructores Sociedad Anónima” y “Setentisiete Sociedad Anónima”, sino que es propietaria del noventinueve y setentisiete por ciento de su accionariado, respectivamente, tiene que entenderse que su Directorio y Gerencia conocen perfectamente el estado real de ellas, por lo que no deviene idóneo, justo ni legal que se le niegue a uno de sus accionistas, aunque fuera minoritario, la posibilidad de conocer el estado real de las mismas, en aplicación del artículo ciento treintidós de la Ley General de Sociedades: REVOCARON la sentencia apelada de fojas cuatrocientos veintidós a cuatrocientos

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Juan ESPINOZA ESPINOZA veinticinco, corregida a fojas cuatrocientos treintinueve, su fecha tres de abril de mil novecientos noventicinco, que declara infundada la demanda de fojas cuarentidós a cuarentinueve, con costas y costos; REFORMÁNDOLA: LA DECLARARON FUNDADA; en consecuencia NULA la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de veintinueve de Marzo de mil novecientoscuatro, NULA el Acta que la contiene, DISPUSIERON: que “Muñoz Sociedad Anónima” convoque a nueva Junta General Ordinaria y Extraordinaria, proporcionando al demandante la documentación relativa a los activos de sus subsidiarias “Constructores Sociedad Anónima” y “Setentisiete Sociedad Anónima”; sin costas ni costos en los seguidos por don Manuel Olaechea Dubois con Muñoz Sociedad Anónima, sobre Impugnación de Acuerdos. SS. CANELO RAMÍREZ BRAITI GONZALES CASTILLO VÁSQUEZ

EXP. Nº 931-94

Sentencia de primera instancia Lima, 27 de marzo de 1995

Vistos

Resulta de autos a fojas cuarentidós MANUEL PABLO OLAECHEA DUBOIS interpone demanda en proceso abreviado contra MUÑOZ SOCIEDAD ANÓNIMA, a fin de que se declare nula la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de dicha sociedad del veintinueve de marzo de mil novecientos noventicuatro y se proceda a nueva convocatoria; sustenta su pedido en que la convocatoria de la junta impugnada no respetó lo dispuesto por los artículos 127 y 132 de la Ley General de Sociedades, pues el aviso fue publicado el once de marzo del citado año y, de acuerdo a las normas legales mencionadas, la publicación del aviso debía ser con una anticipación no menor de diez y la sociedad debía poner a disposición de los accionistas los documentos, mociones y proyectos relacionados con el objeto de la convocatoria; que concurrió el dieciséis del mismo mes acompañado del auditor Ricardo Bravo de Rueda, a las oficinas de la demandada, con el fin de revisar el balance general y los estados financieros los que le fueron entregado por don Rolando Jara; revisados los cuales, pudo apreciar que el activo de la demandada estaba conformado en un noventa por ciento por acciones, de “Constructores Sociedad Anónima” y “77 Sociedad Anónima”, por lo que solicitó se le entregara los balances de dichas compañías y la correspondiente certificación de auditores; que pese a sus reiteradas gestiones, tales balances no le fueron entregados verificándose la junta el día fijado, tratándose de la aprobación de la memoria, balance y estados financieros; iniciado el debate el demandante manifestó que se le había negado la documentación de las dos mencionadas empresas y que sin conocer esos documentos era imposible conocer el valor del activo de la demandada y el resultado de la gestión, es decir, sus utilidades y la proporción que guardaban con el capital, así como el valor del patrimonio de la emplazada; el presidente de la junta le manifestó que tales documentos no se le podía entregar y que para su obtención debía recurrir directamente a las empresas, manifestación que fue sustituida en el acta por otra; según la cual los accionistas habían recibido todos los informes relacionado con el objeto de las junta; por tal razón se vio en la obligación de no aprobar el balance y solicitar la copia del acta para impugnar el acuerdo respectivo mediante el ejercicio de la presente acción; ampara su demanda en los artículos 132, 143, 144, 145 y 146 de la Ley General de sociedades; corrida traslado de la demanda a fojas ciento dieciséis, la demandada Muñoz

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la invalidez e ineficacia del acto jurídico en la jurisprudencia Sociedad Anónima absuelve el trámite negándole y contradiciéndola, solicitando que sea desestimada; manifiesta que el actor impugna toda la junta general, esto es la ordinaria y la extraordinaria, pese a que acuerdo a lo expuesto votó en contra solo de algunos de los puntos que se trataron en la de primera; que examinando el fondo del asunto expresa que han proporcionado a los accionistas los documentos relacionados con el objeto de la junta y que la exigencia para entregar al demandante los balances de las firmas“Constructores Sociedad Anónima” y “77 Sociedad Anónima”, es totalmente inaceptable, pues tales documentos no obraban en poder de la demandada porque dado su carácter contable relativa a otras empresas no le pertenecían aún cuando tuviere inversiones en ellas, las mismas que los auditores habían ya valorizado en consecuencia de la evaluación de la situación financiera de ambas empresas; citadas las partes a la audiencia saneamiento, conciliación y fijación de puntos controvertidos, la misma se verificó por acta de fojas ciento cuartitrés realizandoce la de pruebas por actas de fojas doscientos nueve, doscientos veinticuatro, doscientos sesentinueve y audiencia complementaria de fojas trecientos treintaitrés; habiendo quedado la causa expedita para sentencia ha llegado el momento de expedirla; y;

Considerando Primero.- que don Manuel Pablo Olaechea Du Bois en su condición de accionista titular de diesiséis mil ochocientos ochentiséis acciones de la firma Muñoz Sociedad Anónima impugna la junta general de accionistas de dicha empresa, celebrada el veintinueve de marzo de mil novecientos noventicuatro, según acta que en copia legalizada corre de foja ocho a veinticuatro; Segundo.- que del aviso de convocatoria, dicha junta que en fotocopia obra a fojas cuarentiuno aparece que la misma tuvo por objeto aprobar en junta general ordinaria la Memoria, el Balance General al treintiuno de diciembre de novecientos noventitrés y los Estados de Ganancias y Pérdidas, de Cambios en el Patrimonio Neto y de Flujos de Efectivos correspondientes al ejercicio terminado en la misma fecha, así como para tratar en junta general extraordinaria la reexpresión del capital según Decreto Legislativo 627 y modificación del artículo 2.01 de los Estatutos; Tercero.- que de los términos de la demanda aparece que el demandante impugna únicamente la junta general ordinaria alegando haberse celebrado con infracción de lo dispuesto por los artículos 127 y 132 de la Ley General de Sociedades, sosteniendo que antes de su celebración no se puso a disposición de los accionistas los documentos que sustentarán la situación económica de las firmas “Constructores Sociedad Anónima” y “77 Sociedad Anónima”, de la que la demandada es accionista, correspondiéndole el noventinueve por ciento del accionariado de la primera y el setentisiete por ciento del accionariado de la segunda; Cuarto.- que del examen del aviso y acta antes mencionados, no consta que se hubiera infringido las disposiciones legales invocadas, sino más bien que las mismas fueron plenamente observadas como lo demuestra que aquel haya sido publicado con más de diez días de anticipación y que la junta general se realizara en la primera convocatoria con la asistencia de los titulares, o sus respectivos apoderados, que representaban el setentidós por ciento de las acciones; Quinto.- que en relación con la alegada inobservancia del artículo132 de la Ley General de Sociedades, cabe resaltar que su cumplimiento ha quedado probado con los propios términos de la demanda de los que fluye que el accionante revisó la documentación relativa a la junta en las oficinas de la sociedad, siendo que su pretensión para que le entregara también los balances y estados financieros de las firmas “Constructores Sociedad Anónima” y “77 Sociedad Anónima” no merece amparo alguno, porque la misma no se encuentra sustentada en norma legal que imponga al Directorio tal obligación y, la que se contempla en el artículo mencionado está referida a la presentación de los documentos relacionados

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Juan ESPINOZA ESPINOZA con el objeto de la junta, esto es, los que pertenecen a la demandada y no a las de las otras sociedades cuya situación financiera no era objeto de la convocatoria efectuada con el aviso de fojas cuarentiuno; Sexto.- que, además, el alegato que la exhibición de los balances y demás documentos contables de las dos mencionadas empresas resultaba exigible para establecer el estado financiero real de la demandada tampoco merece aceptación, ya que de acuerdo a lo que aparece del acta impugnada el balance de Muñoz Sociedad Anónima presentado para su aprobación estaba auditado por Eugenio Gris y Asociados cuya designación no consta que el accionista demandante hubiere cuestionado, lo que permite concluir que los valores de las inversiones en “Constructores Sociedad Anónima” y “77 Sociedad Anónima” consignados en el balance auditado están refrendados por el examen de documentos y procedimientos de verificación practicados según norma de auditoría uniformes y, por tanto reflejan la situación económica de Muñoz Sociedad Anónima; Sétimo.- que en virtud de lo expuesto y en virtud de lo establecido por el artículo 200 del Código Procesal Civil debe desestimarse la demanda por infundada; por estos fundamentos.

Fallo Declarando infundada la demanda de fojas cuarentidós; costas y costos. S. Hasenabank

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J17 CAS. Nº 1347-2000-HUAURA El Peruano Lima, 2 de enero de 2001

Se ha señalado en la resolución recurrida que el motivo determinante del matrimonio fue el accionar doloso de la demandada al hacerle creer al demandante que este era quien la había embarazado, incurriéndose en error pues el cónyuge ha sido determinado al matrimonio mediante un engaño sin el cual no se hubiera casado, por lo cual procede la impugnación de la paternidad.

La sala civil permanente de la corte suprema de justicia de la república

Vista la causa número mil trescientos cuarentisiete de dos mil, en Audiencia Pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia:

Materia del recurso

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por doña Iris Fresia Ulleno Samanamud contra la Sentencia de Vista de fojas doscientos cuarentinueve, su fecha tres de mayo de dos mil, que revocando la apelada de fojas doscientos cuatro, su fecha catorce de enero de dos mil, en cuanto declara nula el acta de nacimiento del niño Hugo Emilio Trujillo Ulleno, reformándola declara nula el acta de nacimiento únicamente en cuanto consigna como padre al demandante, quedando subsistente lo demás que contiene, la confirma en cuanto declara nula el acta de matrimonio de Elmer Hugo Trujillo Hidalgo con Iris Fresia Ulleno Samanamud y en cuanto declara que el demandante no es padre biológico del menor Hugo Emilio Trujillo Ulleno, la revoca en el extremo que declara infundada la pretensión de indemnización y en cuanto condena a la demandada al pago de costas y costos del proceso; y refórmandola exoneraron a la demandada del pago de costas y costos del proceso y declararon fundada la pretensión de indemnización, e integrándola ordenaron que la demandada devuelva las sumas cobradas por concepto de alimentos.


La Corte mediante Ejecutoria Suprema de fecha doce de julio de dos mil, ha declarado procedente por las causales de: a) la inaplicación del artículo trescientos sesenticuatro del Código Civil que establece un plazo de caducidad para la impugnación de la paternidad; b) la aplicación indebida del inciso quinto del artículo doscientos setentisiete del Código Civil por considerar que no se le atribuye una conducta deshonrosa excediéndose la Corte en la facultad que le confiere el artículo sétimo del Título Preliminar del Código Civil.

Considerando Primero.- Que, en lo que se refiere a la denuncia por inaplicación debe señalarse en primer lugar que conforme a los artículos dos mil tres y dos mil seis del Código Civil la caducidad

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Juan ESPINOZA ESPINOZA extingue tanto el derecho como la acción correspondiente y puede ser declarada de oficio por el Juzgador. Segundo.- Que, el plazo contenido en el artículo trescientos sesenticuatro del Código Civil es uno de caducidad y debe computarse en el presente caso desde la fecha del parto por haber estado presente el actor; y tiene su razón de ser en la defensa de la tranquilidad de los hogares y de la estabilidad social. Tercero.- Que, en consecuencia, a la fecha de interposición de la demanda había caducado el derecho del demandante para interponer la presente demanda de impugnación de paternidad, lo que no ha sido observado por las instancias de mérito pese a que la caducidad debe declararse de oficio. Cuarto.- Que, en cuanto a la segunda denuncia debe señalarse que el inciso quinto del artículo doscientos setentisiete del Código Civil ha sido expresamente invocado en la demanda incoada, siendo que dicha norma regula los supuestos en que un matrimonio puede ser anulado por error. Quinto.- Que, Cornejo Chávez comentando la citada norma, señala que en la enumeración de supuestos contenida en ella subsiste cierta generalidad que debe ser completada por el prudente arbitrio del Juzgador (Cornejo Chávez, Héctor. Derecho Familiar Peruano, Sociedad Conyugal, Tomo uno, Studium, año mil novecientos ochentidós, página ciento cuarenticuatro). Sexto.- Que, dentro de los supuestos de error que recoge la Doctrina, Enneccerus, citado por Cornejo Chávez, reconoce como un supuesto de error cuando un cónyuge ha sido determinado al matrimonio por el otro mediante un engaño sin el cual no se hubiera casado. Sétimo.- Que, habiéndose determinado en la resolución recurrida que el motivo determinante del matrimonio fue el accionar doloso de la demandada al hacerle creer al demandante que este era quien la había embarazado, debe concluirse que la norma denunciada como indebidamente aplicada, era pertinente y por lo tanto ha sido aplicada correctamente al caso sublitis.

Sentencia

Estando a las conclusiones precedentes, de conformidad con el dictamen del señor Fiscal y atendiendo a lo dispuesto en el inciso uno del artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil; declararon FUNDADO en parte el recurso de casación interpuesto por doña Iris Fresia Ulleno Samanamud, en consecuencia CASAR la sentencia de vista de fojas doscientos cuarentinueve, su fecha tres de mayo de dos mil; y actuando como sede de instancia REVOCARON la Sentencia apelada de fojas doscientos cuatro, su fecha catorce de enero de dos mil, en el extremo en que declararon fundada en parte la demanda de fojas diez declara nulo el acto jurídico contenido en el acta de nacimiento número setecientos cuarentinueve mil ochocientos setentidós extendida por la Municipalidad Provincial de Huaura, correspondiente al menor Hugo Emilio Ulleno; REFORMáNDOLA declararon IMPROCEDENTE dicho extremo de la demanda; la CONFIRMARON en lo demás que contiene; en los seguidos por don Elmer Hugo Trujillo Hidalgo con doña Iris Fresia Ulleno Samanamud, sobre impugnación de paternidad y otros; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; y los devolvieron. SS. PANTOJA IBERICO OVIEDO A. CELIS ALVA

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CAS. Nº 2581-2002-UCAYALI El Peruano, 30 de abril de 2003

Las causales de invalidez ley, cosa distinta es que

solamente pueden venir establecidas por la en materia de nulidad las causales pueden considerarse tácita o implícitamente contenidas en las normas jurídicas o sobre la base del sistema jurídico en general, bien se trate del orden público o de las buenas costumbres.

Lima, veintiuno de enero del dos mil tres.

Vistos

Con el acompañado; verificado el cumplimiento de los requisitos de forma del recurso interpuesto, previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil para su admisibilidad; y,

Atendiendo Primero.- La entidad recurrente no ha consentido la sentencia de primera instancia que le fuera desfavorable, por lo que satisface el requisito de procedencia señalado en el inciso 1 del artículo 388 del Código citado.

Segundo.- La impugnante invocando la causal prevista en el inciso 2 del artículo 386 del ordenamiento procesal civil, denuncia casatoriamente la inaplicación del artículo 140 del Código Civil; sostiene que la sentencia de vista, haciendo alusión a un medio probatorio extemporáneo no admitido ni valorado, confirma la apelada, cuando ello nada tiene que ver con el objeto del proceso, dejando de aplicar la norma material invocada relativa a los requisitos de validez del acto jurídico en que se ampara la demanda, pues el título de propiedad otorgado por el Ministerio de Agricultura a favor del demandado Freddy Benavente es nulo por adolecer de los requisitos formales del acto jurídico al haber sido expedido por el citado Ministerio cuando ya no tenía competencia, por cuanto la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo dio a conocer a la Dirección Regional Agraria su Plan Director de la ciudad, considerándose como zona urbana hasta el kilómetro diez de la carretera Federico Basadre; que además dicho título se ha otorgado sin cumplir los requisitos de ley y las pruebas de la posesión por el demandado. Analizando esta causal, la demanda no invoca en cual de las causales de nulidad prevista en el artículo 219 del Código Civil se ampara; el argumento alegado para declarar la invalidez del título de fojas trece carece de sustento de hecho y de derecho, y la sentencia de primera instancia se sustenta en el artículo 140 del Código Civil, que es una norma genérica y la resolución de vista al confirmar la recurrida reproduce los fundamentos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por tanto la recurrida se encuentra expedida de acuerdo a ley; siendo así, el recurso por esta causal debe ser desestimado.

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Tercero.- A mayor abundamiento, todos los autores y códigos civiles de los diferentes sistemas jurídicos son unánimes en que las causales de nulidad y de anulabilidad son siempre legales, se fundamente siempre en el principio de legalidad, esto significa que las causales de invalidez no pueden ser pactadas o consecuencia de la voluntad de las partes, o lo que es lo mismo no se sustentan en el principio de la autonomía privada, sino exclusivamente en el principio de legalidad. La invalidez sea la nulidad o anulabilidad, es una sanción que impone el ordenamiento jurídico a los negocios jurídicos que no se ajustan a determinados aspectos estructurales de orden legal. Las causales de invalidez solamente pueden venir establecidos por la ley, cosa distinta es que en materia de nulidad las causales pueden considerarse tácita o implícitamente consideradas en las normas jurídicas o sobre la base del sistema jurídico en general, bien se trate del orden público o de las buenas costumbres. Ni la doctrina ni la jurisprudencia, ni el juez pueden crear causales de invalidez, el juez solamente está facultado a declarar una nulidad de oficio cuando la misma es manifiesta.

Por las razones anotadas no habiéndose cumplido con el requisito de fondo previsto en el acápite 2.2 del inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil y en aplicación del artículo 392 del mismo texto legal: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas trescientos sesenticinco, interpuesto por el Asentamiento Humano “Juan Zaplana Belliza” (representado por su presidente don Santiago Tavera Gonzales); en los seguidos con la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali y otros, sobre nulidad de acto jurídico; CONDENARON a la entidad recurrente a la multa de tres Unidades de Referencia Procesal, así como al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso; DISPUSIERON la publicación de esta resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron. SS. ALFARO ÁLVAREZ SILVA VALLEJO CARRIÓN LUGO HUAMANÍ LLAMAS CAROAJULCA BUSTAMANTE

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CAS. Nº 2792-2000-LAMBAYEQUE Lima, 30 de enero del 2000

Estamos frente a la nulidad de un acto jurídico por causa estructural pues ha quedado acreditado que el accionante no emitió manifestación de voluntad en la formación de dicho acto jurídico, por lo que no genera derecho, habiendo nacido muerto el acto negocial, más aún si contraviene el ordenamiento jurídico, tal como ha quedado acreditado en el proceso penal que se tiene a la vista.


Lima, veintiséis de enero del dos mil.

Materia del recurso

Se trata del recurso de casación interpuesto por el Banco Registral del Norte contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que confirma la sentencia apelada en cuanto declara infundada la demanda sobre nulidad de escritura pública de constitución de hipoteca así como de sus respectivos asientos registrales. Revocaron la misma sentencia en el extremo que declara infundada la demanda sobre nulidad del pagaré; reformándola declararon FUNDADO dicho extremo.


Que, la Corte Suprema mediante resolución de fecha treinta y uno de octubre del dos mil, ha estimado procedente el recurso de casación por las causales de: I) contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso y la infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez de actos procesales, pues la Sala se ha limitado a establecer que la firma consignada en el poder cuestionado es nula, sin hacer referencia a la observación presentada por su parte respecto al dictamen pericial en la audiencia de saneamiento y conciliación, por lo que se debió aplicar correctamente el artículo ciento veintidós inciso tercero del Código Procesal Civil, y que se ha demostrado la convivencia entre el actor con la codemandada Elena Yanfong Chang, esposa del nombrado; y, II) inaplicación de una norma de derecho material, alegando al respecto que basados en el principio de la buena fe registral, tanto la hipoteca como el pagaré mantienen su validez; debiéndose declarar improcedente la demanda en virtud de los principios de legitimación y buena fe registral ya indicados, por lo que deben aplicarse los artículos dos mil trece y catorce del Código Civil.

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Considerando (...) Segundo.- Que, la sentencia subexamen se halla adecuadamente motivada cumpliendo con el mandato constitucional contenido en el inciso quinto del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado, pues se sustenta en los fundamentos de hecho y de derecho aplicables al caso submateria, no mereciendo amparo este extremo, por carecer de sustento fáctico. Tercero.- Que, de autos se aprecia que en mérito a un poder especial registrado, supuestamente otorgado por el accionante a favor de su esposa Elena Yanfong Chang Camizán, ésta a título personal y en representación de su esposo (el accionante) ha celebrado un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, firmándose para tal efecto un pagaré hasta por doscientos cuarentiséis mil trescientos nuevos soles. Cuarto.- Que, se ha determinado científicamente que la firma atribuida al actor ha sido falsificada, pues no procede de su puño gráfico, que incluso en el expediente penal se ha dictado sentencia condenatoria contra la citada codemandada por el delito contra la fe pública a dos años de pena privativa de la libertad. Quinto.- Que, el acto jurídico está determinado por la manifestación de voluntad destinada a producir un efecto jurídico; que, excepcionalmente dicho acto jurídico puede adolecer de defecto que lo hace ineficaz; la doctrina recogida por nuestro ordenamiento civil las ha clasificado en: estructurales o aquellas afectadas por causa originaria o intrínseca al momento de la celebración o formación del acto, cuyos elementos constitutivos están previstos en el artículo doscientos diecinueve del Código Civil; ineficacia sustentada en el principio de legalidad, por lo que opera la nulidad ipso iure o absoluta, no pudiendo confirmarse por acto posterior; e ineficacia funcional por sobrevenir un defecto ajeno a la estructura y se presenta luego de celebrado el acto jurídico, que da lugar a la anulabilidad del acto, salvo que la parte afectada con él puede perfeccionarlos mediante la confirmación del acto, cuyos elementos los encontramos en el artículo doscientos veintiuno del Código precitado. Sexto.- Que, en el caso submateria estamos frente a la nulidad de un acto jurídico por causa estructural, pues ha quedado acreditado que el accionante no emitió manifestación de voluntad en la formación de dicho acto jurídico, por lo que no genera derecho, habiendo nacido muerto el acto negocial, más aún si contraviene el ordenamiento jurídico, tal como ha quedado demostrado en el proceso penal que se tiene a la vista. Sétimo.- Que, se debe precisar que el contenido del registro no genera derechos constitutivos sino declarativos, que puede ser declarada la nulidad por derivar de un acto jurídico ineficaz, de lo que se desprende que las normas denunciadas no son aplicables al caso submateria, pues proviene de actos jurídicos afectados de nulidad absoluta. Octavo.- Que, por estas consideraciones a tenor de lo dispuesto en el artículo trescientos noventa y siete del Código Procesal Civil.

Por lo que declararon; INFUNDADO el recurso de casación. SS. IBERICO, M. ECHEVARRÍA A. SEMINARIO V. CELIS Z. TORRESO T.

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CAS. Nº 227-2002-AREQUIPA Lima, 19 de junio de 2003

A la fecha de celebración de los actos jurídicos materia de nulidad, el inmueble objeto del acto jurídico no era propiedad de los codemandados y por ende dicho objeto era jurídicamente imposible, incurriendo en causal de nulidad prevista en el inciso 3 del art. 219 del Código Civil; no pudiendo discutirse respecto al principio de buena fe registral que se invoca. Lima, diecinueve de junio del dos mil tres.

La sala civil permanente de la corte suprema de la republica

Vista la causa en audiencia pública el día de la fecha, y producida la votación con arreglo a ley, con tos acompañados, emite la siguiente sentencia:

1. Materia del recurso

Es materia del presente recurso de casación, la sentencia de vista de fojas cuatrocientos treintiuno su fecha seis de noviembre del dos mil uno integrada a fojas cuatrocientos cuarenticuatro expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa que revocando la apelada de fecha catorce de noviembre del dos mil obrante a fojas doscientos setentiséis a doscientos ochentiuno y reformándola declara fundada la demanda y nulos los actos jurídicos y documentos que los contienen, referentes a las escrituras públicas de constitución de hipoteca de fecha cuatro de julio de mil novecientos noventiséis, constitución de fianza solidaria respaldada con hipoteca y ampliación de hipoteca de fecha dieciocho de marzo de mil novecientos noventisiete y rectificación de fecha dos de abril de mil novecientos noventisiete y nulos los asientos regístrales que dieron origen tales escrituras.

2. Fundamentos por los cuales se ha declarado procedente el recurso

Mediante resolución de fecha cuatro de junio del dos mil dos se ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por el Banco de Crédito del Perú por la causal de interpretación errónea del art. 2014 del Código Civil y la inaplicación de los arts. 2013, 2016 y 2022 del citado Código Sustantivo.

3. Considerando Primero.- El recurrente expresa que se ha interpretado erróneamente el art. 2014 del Código Civil, toda vez que la interpretación de este precepto debe entenderse en el sentido que el Banco recurrente en su condición de tercero mantiene su garantía hipotecaria, aun cuando se haya resuelto el derecho de propiedad de los otorgantes por virtud de causas que no constaban en los Registros Públicos y que siendo así habría actuado de buena fe al

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Juan ESPINOZA ESPINOZA no haberse acreditado que conocía la inexactitud registral, por causas de actos no registrados. Segundo.- El art. 2014 del Código Civil consagra el principio de buena fe registral, en el que para su aplicación deben concurrir copulativamente los siguientes requisitos: a) que el adquiriente obtenga el derecho a título oneroso; b) que actúe de buena fe tanto al momento de la celebración del acto jurídico del que nace su derecho, como al momento de la inscripción del mismo, buena fe que se presumirá mientras no se acredite que tenía conocimiento de la inexactitud del registro, presunción auras famtum; c) que el otorgante aparezca registralmente con capacidad para otorgar el derecho -entendiéndose que no se refiere a una sola clase de Registro, sino al conjunto de estos que integran los Registros Públicos- d) que de los asientos regístrales ni de los títulos inscritos, se observen causas que anulen, rescindan o resuelvan el derecho del otorgante. Tercero.- El principio de buena fe registral, se fundamenta en la necesidad de buscar la seguridad del tráfico patrimonial y esa búsqueda puede importar un sacrificio de la seguridad del derecho, es por ello que el legislador ha dificultado el acceso al principio. de la buena fe registral, el que para ser alegado debe cumplir con los requisitos señalados en el considerando precedente, en consecuencia la norma que contiene el mencionado principio debe ser interpretada en forma restrictiva. Cuarto.- Siendo así, uno de los requisitos que tiene que cumplir quien alega este principio para que su derecho sea oponible, es que actúe de buena fe tanto al momento de la celebración del negocio jurídico como al momento de la inscripción del mismo. Quinto.- En el presente caso, con fecha dieciséis de junio de mil novecientos noventiuno los co-demandados Ricardo Manuel Cáceres Muñoz y Betzabeth Deifilia Gamero Tejada -padres de los accionantes- celebraron contrato de separación de patrimonios y anticipo de legitima del inmueble ubicado en avenida San Martín número trescientos quince del distrito de Miraflores - Arequipa a favor de sus menores hijos, contrato que corre a fojas cinco. El primero de los actos jurídicos se encontraba inscrito desde el trece de febrero de mil novecientos noventidós en la ficha registral número un millón doscientos treintinueve mil ciento ochentisiete del Registro Personal de la Oficina Regional de los Registros Públicos de Arequipa que corre a fojas trescientos veintisiete, es decir cuatro años antes de la celebración de los actos jurídicos materia de nulidad y si bien en ese asiento registral no constaba el anticipo de legitima, esto se debe a que en nuestro sistema registral lo que aparece del asiento no es sino un resumen del titulo. Sexto.- Según la Exposición de Motivos Oficial del Código Civil, redactada por la Comisión Revisora (Texto elaborado por Jack Biggio Chrem y Víctor Raúl Ramírez), Editorial Cultural Cuzco, marzo de mil novecientos noventiocho página doscientos nueve se tiene que “ ....el principio de fe publica registra! se extiende al título representado por el asiento y no sólo al asiento mismo; esto se debe, como ya se ha dicho, a que el asiento no es sino un resumen del título, no pudiendo ampararse sólo en el contenido del asiento cuando nuestro sistema dá al público y en particular al tercero acceso a los libros, títulos archivados, índices, y demás documentos, quedando entendido que el término inscripción debe abarcar el concepto más general, esto es no sólo al término restringido de asiento”. Sétimo.- En consecuencia, la buena fé registral en que pretende ampararse el Banco demandado queda desvirtuada pues cuando se celebró el contrato de constitución de hipoteca el cuatro de julio de mil novecientos noventiséis y posteriormente el de fianza solidaria ya corría inscrito la separación de patrimonios. Que para alegar este principio el impugnante estaba obligado no sólo a verificar el tracto sucesivo, esto es verificar el registro de propiedad inmueble, sino también el registro personal y de mandatos de quienes constituían garantía hipotecaria sobre el inmueble para cerciorarse si estas personas tenían o no capacidad legal para realizar el acto. Si esto hubiese sido así

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la invalidez e ineficacia del acto jurídico en la jurisprudencia habría verificado que el inmueble no pertenecía a los codemandados. Por tanto la buena fe registral no le es aplicable. En consecuencia el Colegiado ha aplicado en forma correcta el art. 2014 del Código Civil, resultando la denuncia improcedente. (…) Noveno.- Que en cuanto a la causal de inaplicación de los arts. 2013, 2016 y 2022 del Código Civil, el impugnante sostiene que los principios registrales consagrados en estos dispositivos han sido ignorados en la sentencia de vista, a pesar de que eran de indispensable apreciación axiológica para merituar la validez del asiento de dominio donde estaba registrado el derecho de propiedad de los otorgantes y por cuyo mérito el Banco aceptó la constitución de garantía hipotecaria. Décimo.- Sin embargo dichas normas citadas hacen referencia al principio registral de legitimación, de prioridad en el tiempo, y la oponibilidad de derechos reales sobre inmuebles. Para resolver este extremo debe establecerse si con las normas citadas, que se dice no han sido aplicadas, cambiaría el sentido de la decisión contenida en la sentencia de vista o no. Analizados los arts 2013, 2016 y 2022 del Código Civil y apreciándose que ha quedado establecido de modo definitivo que a la fecha de celebración de los actos jurídicos materia de nulidad, el inmueble ubicado en Avenida San Martín número trescientos quince del distrito de Miraflores - Arequipa no era propiedad de los codemandados y por ende el objeto era jurídicamente imposible, incurriendo en causal de nulidad prevista en el inciso 3 del art. 219 del Código Civil; no cabe discusión alguna respecto a los principios que se invocan, de donde se concluye que la inaplicación de las normas invocadas no cambiarían el sentido de la decisión tomada por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa, siendo impertinente para dilucidar la controversia;- razón por la cual el recurso debe desestimarse.

4. Decisión a) Por las consideraciones expuestas estando a lo establecido en el art. 397 del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Banco de Crédito del Perú; en consecuencia NO CASAR la resolución de vista de fojas cuatrocientos treintiuno, su fecha seis de noviembre del dos mil uno, expedida por la Segunda Sala Civil de La Libertad. b) CONDENARON al recurrente al pago de una multa de una Unidad de Referencia Procesal, así como al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso. c) DISPUSIERON la publicación de esta resolución en el Diario Oficial El Peruano bajo responsabilidad; en los seguidos por Frank Joel Cáceres Gamero y otro con el Banco de Crédito del Perú y otros sobre nulidad de acto jurídico; y los devolvieron. SS. ALFARO ALVAREZ CARRION LUGO HUAMANI LLAMAS CARO A. JULCA BUSTAMANTE MOLINA ORDOÑEZ

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EXP. Nº 1183-2001 Primera Sala Civil de Lima 20 de diciembre de 2001

La

institución de la nulidad contenida en nuestro ordenamiento jurídico está dirigida cuando a un acto o negocio jurídico le falte un requisito esencial o bien sea contrario al orden o las costumbres o infrinja una norma imperativa. El dolo es causa de anulación del acto jurídico, cuando el engaño usado por una de las partes haya sido tal, que sin él la otra parte no hubiera celebrado el acto, sin embargo él no constituye causal de nulidad absoluta.

Lima, veinte de diciembre de dos mil uno.

Vistos

Interviniendo como Vocal ponente el señor Soller Rodríguez; por sus propios fundamentos; y,

Considerando además:

Primero.- Que, la institución de la nulidad contenida en nuestro ordenamiento civil, está dirigida cuando un acto o negocio jurídico le falte un requisito esencial, o bien sea contrario al orden o las costumbres, o infrinja una norma imperativa;

Segundo.- Que, conforme se desprende del petitorio de la demanda de fojas once a catorce, el demandante pretende la nulidad del acto jurídico contenido en el contrato privado sistema de crédito personal, número ocho setecientos diez - cero trescientos cero cero veintisiete - siete mil treinticuatro; invocando las causales: a) falta de manifestación de voluntad; b) fin ilícito; c) simulación absoluta; d) no revestir la forma prescrita por ley; y e) haber sido celebrado con dolo; y acumulativamente indemnización por daños y perjuicios hasta por la suma de cincuenta mil nuevos soles;

Tercero.- Que, la manifestación de voluntad del actor, respecto al acto jurídico que contiene el mencionado contrato de crédito personal, se encuentra probado en forma expresa, con la respuesta a la primera y cuarta pregunta del pliego interrogatorio, al aceptar haber solicitado y suscrito la solicitud de crédito, según aparece de la declaración de parte del demandante recibida en la audiencia de pruebas, obrante de fojas doscientos cuarentinueve a doscientos cincuentiuno, conforme al pliego interrogatorio de fojas doscientos cuarentiocho; y con las conclusiones arribadas en el peritaje grafotécnico, practicado de fojas trescientos ochentiuno a trescientos ochentiséis, en la que se determina que la firma que aparece en el pagaré cuya copia obra a fojas cuarentiuno proviene de puño y gráfico de don Ricardo Camacho Torres; hecho fáctico que demuestra fehacientemente el precepto contenido en el artículo 141 del Código Civil,

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Cuarto.- Que, en cuanto a la recepción o retiro del dinero a que se refiere el documento “nota de retiro” que obra a fojas doscientos cincuentiséis, ello no constituye ninguna causal de nulidad absoluta prevista en el artículo 219 del Código Civil; toda vez, que dicho acto devendría con posterioridad a la celebración del contrato cuya nulidad se pretende, es decir un hecho que en todo caso corresponde discutir en otra vía procesal;

Quinto.- Que, el demandante en el proceso no ha demostrado que el contrato que se celebró con el banco demandado, haya sido para causarle algún daño o perjuicio; es decir, que ambas partes hayan aspirado a tener con el acto un fin ilícito o hacer daño. Asimismo, no ha acreditado con prueba alguna la simulación absoluta, configurada en el artículo 190 del Código Civil; es decir, la apariencia en celebrar un acto jurídico cuando no existe realmente voluntad para celebrarlo. Tampoco ha probado, que el contrato de crédito personal materia de litis, no revista alguna formalidad bajo sanción de nulidad, establecida por nuestro ordenamiento civil o especial; toda vez, que de conformidad con el numeral 1354 del acotado Código sustantivo, las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo;

Sexto.- Que, a tenor de lo dispuesto por el artículo 210 del Código Civil, el dolo es causa de anulación del acto jurídico, cuando el engaño usado por una de las partes haya sido tal que sin él la otra parte no hubiera celebrado el acto, por lo que esta última causal invocada por el actor no constituye causal de nulidad absoluta;

Sétimo.- Que, siendo así, el acto jurídico contenido en el contrato privado sistema de crédito personal y el pagaré, cuya nulidad es pretendida por el demandante, y que en copias simples obran a fojas cuarenta y cuarentiuno, cumplen con los requisitos previstos por el artículo 140 del Código Civil, no configurándose ninguna de las causales previstas por el numeral 219 del citado cuerpo legal;

Octavo.- Que, en cuanto a la indemnización, teniendo esta el carácter de una pretensión accesoria, de conformidad con el segundo parágrafo del artículo 87 del Código Procesal Civil, debe desestimarse; por cuyos fundamentos y habiendo el actor inobservado el artículo 196 del Código Procesal Civil, la pretensión se encuentra incursa en lo dispuesto por el artículo 200 del prenotado Código adjetivo: CONFIRMARON la sentencia de fojas cuatrocientos setentisiete a cuatrocientos ochentiuno, su fecha veinticinco de junio de dos mil uno, que declara Infundada la demanda de fojas once a catorce, interpuesta por don Ricardo Camacho Torres contra el Banco de Crédito del Perú sobre nulidad de acto jurídico e indemnización; con costas y costos; carece de objeto pronunciar respecto a los demás extremos de la apelada, por no haber sido impugnada; y los devolvieron. SS. SOLLER RODRÍGUEZ ZALVIDEA QUEIROLO BARRERA UTANO

195

EXP. Nº 117-2001 Cuarta Sala Civil de Lima 1 de agosto de 2001

La nulidad del acto es un instituto legal que sanciona el acto jurídico realizado por vicio intrínseco insubsanable al tiempo de su celebración, siendo su finalidad la declaración de la inexistencia legal del acto realizado y, como consecuencia de ello, la inexistencia de sus efectos jurídicos. Lima, uno de agosto de dos mil uno.

Autos y vistos interviniendo como Vocal ponente el señor Aguirre Salinas; y

Atendiendo Primero.- A que, es materia de apelación, el auto pronunciado mediante resolución número uno de fecha treintiuno de enero del presente año, que obra a fojas veintitrés, que declara improcedente la demanda; con lo demás que contiene y es materia de la alzada; Segundo.- A que, el recurso interpuesto por la emplazante mediante escrito de fecha dieciséis de abril pasado, que obra de fojas veintinueve a treintidós, se sustenta en que: a) sí existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio, pues la fianza solidaria está materializada en una minuta, que es un contrato y que ha debido ser suscrito por todas las partes, y que solo está suscrito por una de las partes, por lo que no existe acto jurídico válido y en consecuencia la inexistencia del acto jurídico, que se debe entender como nulidad del acto jurídico que contiene la minuta-contrato para todos sus efectos, por lo que existe lógica por cuanto existe una minuta sin valor legal es decir no hay contrato y al no haber contrato no hay acto jurídico por lo que demandan su nulidad (inexistencia del mismo); b) la resolución apelada señala que entre las causales contempladas por ley no está la referida a la inexistencia del acto jurídico, sin tener en cuenta que el término nulidad significa carencia de valor, falta de eficacia, inexistencia, e ilegalidad absoluta de un acto; en tanto que ineficacia significa carente de valor, y en el aspecto contractual implica carencia de efectos jurídicos, falta de algún elemento esencial para la formalización del acto que lo priva de existencia; razón por la cual nulidad es sinónima de inexistencia, que es lo mismo, y al no determinar la sinonimia de los términos se les causa agravio; Tercero.- A que, como es de verse de la resolución impugnada, esta se sustenta solo en el hecho de que se ha solicitado la inexistencia de un acto jurídico, y que por ello no se advierte lo que realmente solicita el actor, ya que el petitorio en sí no constituye ninguna pretensión que se encuentre prevista en nuestro ordenamiento sustantivo, por lo que existe una falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio;

196

la invalidez e ineficacia del acto jurídico en la jurisprudencia Cuarto.- A que, no obstante ello, es de precisarse que, la nulidad de un acto, es un instituto legal que sanciona al acto jurídico realizado, por vicio intrínseco insubsanable al tiempo de su celebración siendo su finalidad la declaración de la inexistencia legal del acto realizado y como consecuencia de ello la inexistencia de sus efectos jurídicos;

Quinto.- A que, por tanto, entre la pretensión materia de la demanda y los fundamentos fácticos del petitorio, sí existe conexión lógica, razón por la cual, al declararse la improcedencia de la demanda, se ha infringido lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil, pues la decisión venida en grado no se ajusta el mérito de lo actuado ni al derecho; incurriéndose el vicio insalvable de nulidad procesal, penado por el artículo 171 del Prenotado Código adjetivo por cuyas razones; DECLARARON NULO el auto apelado pronunciado mediante resolución número uno de fecha treintiuno de enero del presente año, que obra a fojas veintitrés, que declara improcedente la demanda; con lo demás que contiene y es materia de la alzada; MANDARON que el juez de la causa pronuncie nueva resolución calificando los demás presupuestos y condiciones de la acción; notificándose; en los seguidos por INTRASERV CINCO Sociedad Anónima con Banco Banex en Liquidación, sobre nulidad de acto jurídico; y los devolvieron. SS. AGUIRRE SALINAS AMPUDIA HERRERA LESCANO SÁENZ

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CAS. Nº 609-2000-HUAURA Lima, 17 de abril del 2002

Se

incurre en nulidad cuando no existió manifestación de voluntad de los vendedores, ya que no tuvieron conocimiento que el documento en el cual imprimían su huella digital se trataba de una escritura de compra-venta. Se acredita la ausencia de voluntad de vender el inmueble ya que los demandantes eran analfabetos y no se enteraron del contenido de la escritura por las irregularidades cometidas por el Notario.

Lima, diecisiete de abril del 2002.

La sala de derecho constitucional y social de la corte suprema de justicia de la republica

Con los acompañados, vista la causa el día de la fecha, y producida la votación correspondiente de acuerdo a Ley, emite la siguiente sentencia: RECURSO DE CASACION: Interpuesto por los co demandantes, don Porfirio Meza Chávez y doña Saturnina Romero de Meza, mediante escrito de fojas trescientos catorce, contra la Resolución de Vista de fojas doscientos noventa, su fecha catorce de enero del dos mil, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que CONFIRMA la apelada de fojas ciento ochentiuno, fechada el veinticinco de octubre de mil novecientos noventinueve, que declara INFUNDADA la demanda; e Integrándola, declararon Extromitido del proceso a don Carlos Bravo Espinoza; en los seguidos por don Porfirio Meza Chávez y otra, contra don Jorge Capillo Chávez y otra, sobre Nulidad de Acto Jurídico.


Mediante la Resolución emitida por la Sala Transitoria Constitucional y Social de la Corte Suprema, de fecha veintisiete de febrero del dos mil uno, que corre a fojas cuarentiocho del cuaderno formado en este Supremo Tribunal, se declaró Procedente el presente recurso por la causal de inaplicación de una norma de derecho material, en este caso en particular del articulo doscientos diecinueve del Código Civil.

Considerando Primero.- Que, la Sentencia de Vista de fojas doscientos noventa, al Confirmar la Sentencia apelada de fojas ciento ochentiuno, no ha aplicado correctamente la norma de derecho material contenida en el numeral primero del artículo doscientos diecinueve del Código Civil, que establece que el acto jurídico es Nulo cuando falta la manifestación de voluntad del agente; en el caso de autos se ha acreditado la falta de manifestación de voluntad de los agentes (los recurrentes, don Porfirio Chávez Meza y otra), ya que estos son

198

la invalidez e ineficacia del acto jurídico en la jurisprudencia analfabetos, hecho que es reconocido por el demandado quien ha administrado el predio de propiedad de los demandantes en calidad de apoderado de los mismos, cobrando los arriendos respectivos y reconociéndolos como propietarios del predio materia de litis. Segundo.- Que conforme aparece de la misma conclusión de la Escritura de Compraventa cuestionada, el Notario Flores Lanegra afirma y da fe de lo siguiente: “.... formalizado en instrumento se instruyeron los otorgantes de su objeto por la lectura que de todo le hicieron …”, lo que resulta materialmente imposible porque los demandantes, como se precisó en el considerando anterior, son iletrados, hecho que se comprueba del final de la misma conclusión, cuando se afirma que imprimen su huella digital por el hecho expresado en la minuta, firmando a ruego don Vicente Gabino Díaz, lo que demuestra que el Notario Flores Lanegra no ha cumplido con leerles la escritura conforme lo ordena el inciso primero del artículo 59 Decreto Ley 26002 - Ley del Notariado, por lo tanto los otorgantes no han tenido conocimiento que el documento en el cual imprimían su huella digital se trataba de una Escritura de Compra - Venta, máxime si se tiene en cuenta lo manifestado por los demandantes en el sentido que ellos concurrieron a la Notaría a pedido del demandado para suscribir un contrato de arrendamiento; asimismo, en la introducción de la citada Escritura de Compra - Venta, el Notario tampoco cumple con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 54 del referido Decreto Ley 26002, en el que se establece la obligación del Notario de hacer constar la intervención de una persona llevada por el compareciente en el caso que sea analfabeto; estas irregularidades contribuyeron a que los demandantes no se enteraran del contenido de la escritura; en consecuencia la misma no presta fe de la manifestación de voluntad de los vendedores, todo lo contrario, acredita mas bien la ausencia de voluntad de vender el inmueble, incurriéndose por tanto en la causal de nulidad prevista en el inciso 1º del art. 219 del Código Civil. Tercero.- Que, del Acta de Diligencia de comparendo practicada ante el Juzgado de Paz de primera nominación, de fecha veinticinco de julio de mil novecientos noventisiete, cuya copia certificada corre en el acompañado a fojas trece, se advierte que el demandado, don Jorge Capilllo Chávez, después de más de un año de celebrado el contrato de Compra - Venta cuya nulidad se pretende con la presente, reconoce que los demandantes son los propietarios del predio y afirma que nunca tuvo la mala intención de aprovecharse de su analfabetismo y su ignorancia, y mucho menos apropiarse del terreno, ni hacerse dueño a la fuerza, cumpliendo con su deber de apoderado, lo que demuestra que el demandado ha mantenido engañados a los actores, ocultándoles el hecho de haber celebrado la Compra - Venta, lo que corrobora la ausencia de manifestación de la voluntad en la celebración del Acto Jurídico impugnado por parte de los demandantes. Cuarto.- Que, la situación fáctica anteriormente referida surge de los hechos expuestos en la demanda y de la prueba actuada, evidenciando el engaño a los vendedores, y la falta de manifestación de voluntad de los mismos; por lo que resulta aplicable al caso de autos el artículo doscientos diecinueve del Código Civil.

Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por los codemandantes, don Porfirio Meza Chávez y otra, mediante escrito de fojas trescientos catorce; NULA la Sentencia de Vista de fojas doscientos noventa, su fecha catorce de enero del dos mil, que Confirma la apelada; y actuando en sede de Instancia: Revocaron la Sentencia de primera instancia de fojas ciento ochentiuno, su fecha veinticinco de octubre de mil novecientos noventinueve, que declara Infundada la demanda, y Reformándola la declararon FUNDADA; y en consecuencia NULO el Acto Jurídico de Compra - Venta y la Escritura Pública que lo contiene, otorgada por los demandantes a favor de los demandados el veintinueve de febrero de mil

199

Juan ESPINOZA ESPINOZA novecientos noventiséis, ante el Notario Público Angel Flores Lanegra; MANDARON que se publique el texto de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por don Porfirio Meza Chávez y otra, contra don Jorge Capillo Chávez y otra, sobre Nulidad de Acto Jurídico; y los devolvieron. SS. VASQUEZ CORTEZ MENDOZA RAMIREZ ZUBIATE REINA WALDE JAUREGUI GAZZOLO VILLATA

200

Índice

ÍNDICE GENERAL CAPÍTULO I La invalidez y la ineficacia....................................................................................... 7

CAPÍTULO iI El mito en torno al adagio quod nullum est, nullum producit effectum ...................

13

CAPíTULO III La inexistencia.......................................................................................................... 19

CAPíTULO IV La nulidad ................................................................................................................ 23 1. Las causales de nulidad .................................................................................... 24 1.1. La nulidad por falta de manifestación de voluntad del agente.................. 25 1.2. La nulidad por haber realizado el acto con una persona absolutamente incapaz .................................................................................................... 27 1.3. La nulidad por imposibilidad material o jurídica del objeto del acto jurídico o por su indeterminabilidad......................................................... 38 1.4. La nulidad por finalidad ilícita.................................................................. 41 1.5. La nulidad por simulación absoluta.......................................................... 51 1.6 La nulidad por incumplimiento de la forma en los actos ad solemnitatem ... 54 1.7. La nulidad expresa.................................................................................... 54 1.8. La nulidad virtual...................................................................................... 55 1.8.1. El orden público y su deslinde con el concepto de imperatividad...... 56 1.8.2. Buenas costumbres: ¿es necesaria su distinción con el orden público?............................................................................... 60

203


1.8.3. La nulidad del acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público (y a las buenas costumbres) en la jurisprudencia nacional.............................................................. 61

CAPÍTULO V

La anulabilidad.................................................................................................. 65 1. Las causales de anulabilidad......................................................................... 65 1.1. La incapacidad relativa del agente........................................................ 65 1.2. La anulabilidad resultante de error, dolo, violencia e intimidación...... 70 1.3. La anulabilidad del acto disimulado..................................................... 70 1.4. La anulabilidad expresa........................................................................ 71

CAPÍTULO VI

La sentencia de declaración de nulidad ........................................................... 73

CAPÍTULO VII

La nulidad parcial (utile per inutile non vitiatur: lo útil no se vicia por lo inútil) ........................................................................................................... 75

CAPÍTULO VIII

Alegación de incapacidad ajena en beneficio propio ....................................... 83

CAPÍTULO IX

Mala fe del incapaz. Una aplicación del principio de los actos propios .......... 85

CAPÍTULO X

El especial tratamiento de la invalidez en el matrimonio............................. 87

CAPÍTULO XI

La convalidación como una categoría general.................................................. 93 1. La confirmación............................................................................................ 94

204


CAPÍTULO XII

La conversión.................................................................................................... 97

CAPÍTULO XIII Responsabilidad in contraendo ....................................................................... 101

CAPÍTULO XIV

¿Cabe la transacción respecto de los actos jurídicos nulos?.............................

105

JURISPRUDENCIA VINCULADA J1

CAS. Nº 2988-99-LIMA. El Peruano, 17 de setiembre de 2000.................................

109

J2

EXP. Nº 23111-2002. 63º Juzgado Civil. 27 de setiembre de 2005.............................

112

J3

CAS. N° 2356-98-LIMA. Lima, 13 de agosto de 1999...............................................

122

J4

CAS. Nº 633-95-LIMA. Lima, 21 de agosto de 1996.................................................

125

J5

CAS. N° 1224-2006-LIMA. Lima, 6 de marzo de 2007.............................................

128

EXP. Nº 1067-2005. Corte Superior de Justicia. Lima, 25 de octubre del 2005.........

130

EXP. Nº 805-2003. Sentencia de primera instancia. Lima, 24 de setiembre del 2004

133

J6

CAS. N° 2100-2003-LIMA. El Peruano, 30 de setiembre de 2004............................

138

J7

CAS. Nº 87-96-TACNA. Lima, 22 de julio de 1997...................................................

141

J8

CAS. Nº 1021-96-HUAURA. El Peruano, 11 de mayo de 1998.................................

143

J9

CAS. Nº 282-T-97Lima, 25 de noviembre de 1997.....................................................

146

J10 EXP. Nº 397-96-TACNA. Lima, 8 de setiembre de 1997...........................................

148

J11 EXP. N° 693-95-CUSCO. Lima, 20 de marzo de 1996...............................................

151

J12 CAS. Nº 1818-97-LIMA. Lima, 15 de mayo de 1998.................................................

153

J13 CAS. Nº 2516-98-SAN MARTÍN. Lima, 14 de abril de 1999....................................

155

J14 EXP. Nº 242-2002/CPCRES. Nº 339-2003-CPC. Comisión de Protección al

Consumidor..................................................................................................................

157

J15 EXP. Nº 0008-2003-AI/TC-LIMA...............................................................................

177

J16 CAS. N° 1134-95-LIMA. Lima, 27 de mayo de 1997.................................................

179

205

Juan ESPINOZA ESPINOZA EXP. Nº 942-95. Lima, 31 de agosto de 1995.............................................................

180

EXP. Nº 931-94. Sentencia de primera instancia. Lima, 27 de marzo de 1995...........

182

J17 CAS. Nº 1347-2000-HUAURA. El Peruano Lima, 2 de enero de 2001.....................

185

• • • •

CAS. Nº 2581-2002-UCAYALI. El Peruano, 30 de abril de 2003..............................

187

CAS. Nº 2792-2000-LAMBAYEQUE. Lima, 30 de enero del 2000..........................

189

CAS. Nº 227-2002-AREQUIPA. Lima, 19 de junio de 2003......................................

191

EXP. Nº 1183-2001. Primera Sala Civil de Lima. 20 de diciembre de 2001...............

194

• •

EXP. Nº 117-2001. Cuarta Sala Civil de Lima. 1 de agosto de 2001..........................

196

CAS. Nº 609-2000-HUAURA. Lima, 17 de abril del 2002........................................

198

206

La Invalidez e Ineficacia del Acto Juridico en la Jurisprudencia- Juan Espinoza Espinoza.pdf

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