DECLARACIÓN SOBRE GOBIERNO ABIERTO Como miembros de la Sociedad de Gobierno Abierto, comprometidos con los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y otros instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos y el buen gobierno: Reconocemos que los pueblos del mundo entero exigen una mayor apertura en el gobierno. Piden mayor participación ciudadana en los asuntos públicos y buscan la forma de que sus gobiernos sean más transparentes, sensibles, responsables y eficaces. Reconocemos que los países se encuentran en diferentes etapas en sus esfuerzos por promover la apertura en el gobierno y que cada uno de nosotros busca un planteamiento coherente con nuestras prioridades y circunstancias nacionales y las aspiraciones de nuestros ciudadanos. Aceptamos la responsabilidad de aprovechar este momento para fortalecer nuestros compromisos con miras a promover la transparencia, luchar contra la corrupción, empoderar a los ciudadanos y aprovechar el poder de las nuevas tecnologías para que el gobierno sea más eficaz y responsable. Defendemos el valor de la apertura en nuestro compromiso con los ciudadanos para mejorar los servicios, gestionar los recursos públicos, promover la innovación y crear comunidades más seguras. Adoptamos los principios de transparencia y gobierno abierto para que haya más prosperidad, bienestar y dignidad humana en nuestros propios países y en un mundo cada vez más interconectado. Juntos, declaramos nuestro compromiso a: a: Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales. Los gobiernos recogen y almacenan la información en nombre de las personas, y los ciudadanos tienen derecho a solicitar información sobre las actividades gubernamentales. Nos comprometemos a promover un mayor acceso a la información y divulgación sobre las actividades gubernamentales en todos los niveles de gobierno. Nos comprometemos a esforzarnos más para recoger y publicar de forma sistemática datos sobre el gasto público y el rendimiento de las actividades y los servicios públicos esenciales. Nos comprometemos a proporcionar activamente información de alto valor, incluidos los datos primarios, de manera oportuna, en formatos que el público pueda encontrar, comprender y utilizar fácilmente, y en formatos que faciliten su reutilización. Nos comprometemos a proporcionar acceso a recursos eficaces cuando la información o los registros correspondientes sean retenidos indebidamente, incluso mediante una supervisión eficaz del proceso de recurso. Reconocemos la importancia de los estándares abiertos para promover el acceso de
la sociedad civil a los datos públicos, así como para facilitar la interoperabilidad de los sistemas de información del gobierno. Nos comprometemos a solicitar comentarios del público para saber cuál información le es más valiosa, y nos comprometemos a tomar en cuenta esos comentarios en la mayor medida posible. Apoyar la participación ciudadana. Valoramos la participación de todas las personas, por igual y sin discriminación, en la toma de decisiones y la formulación de políticas. La participación del público, incluida la participación plena de las mujeres, hace aumentar la eficacia de los gobiernos, que se benefician de los conocimientos, las ideas y la capacidad de la gente para proporcionar supervisión. Nos comprometemos a hacer más transparentes la formulación de políticas y la toma de decisiones, mediante el establecimiento y el uso de vías para solicitar la opinión del público, y el aumento de la participación del público en la realización, el seguimiento y la evaluación de las actividades gubernamentales. Nos comprometemos a proteger la capacidad de las organizaciones sin fines de lucro y de la sociedad civil para que su funcionamiento sea coherente con nuestro compromiso con la libertad de expresión, de asociación y de opinión. Nos comprometemos a crear mecanismos que permitan una mayor colaboración entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil y las empresas. Aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros gobiernos. Un gobierno responsable requiere altos estándares éticos y códigos de conducta para sus funcionarios públicos. Nos comprometemos a tener políticas, prácticas y mecanismos sólidos contra la corrupción, que garanticen la transparencia en la gestión de las finanzas públicas y las compras gubernamentales, y que fortalezcan el imperio de la ley. Nos comprometemos a mantener o establecer un marco jurídico para hacer pública la información sobre los ingresos y bienes de los altos funcionarios públicos nacionales. Nos comprometemos a promulgar y aplicar normas que protejan a los denunciantes. Nos comprometemos a poner a disposición del público información sobre las actividades y la eficacia de nuestros organismos encargados de aplicar las leyes contra la corrupción y de evitarla, así como los procedimientos de recurso a esos organismos, respetando la confidencialidad de información específica relativa a la aplicación de las leyes. Nos comprometemos a aumentar el número de elementos disuasivos contra el soborno y otras formas de corrupción en los sectores público y privado, así como a intercambiar información y experiencia. Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas. Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para el intercambio de información, la participación del público y la colaboración. Tenemos la intención de aprovechar estas tecnologías para hacer pública más información de maneras que permitan a la gente entender lo que sus gobiernos hacen e influir en las decisiones. Nos comprometemos a crear espacios accesibles y
seguros en línea como plataformas para la prestación de servicios, la participación del público y el intercambio de información e ideas. Reconocemos que el acceso equitativo y asequible a la tecnología es un reto y nos comprometemos a buscar una mayor conectividad en línea y móvil, al mismo tiempo que identificamos y promovemos el uso de otros mecanismos para la participación ciudadana. Nos comprometemos a hacer que participen la sociedad civil y la comunidad empresarial para identificar prácticas eficaces y enfoques innovadores para aprovechar las nuevas tecnologías a fin de empoderar a las personas y promover la transparencia en el gobierno. Reconocemos también que un mayor acceso a la tecnología implica apoyar la capacidad de los gobiernos y los ciudadanos para su uso. Nos comprometemos a apoyar y desarrollar el uso de innovaciones tecnológicas por parte de los empleados públicos y los ciudadanos. También entendemos que la tecnología es un complemento y no un sustituto de una información clara, aprovechable y útil. Reconocemos que gobierno abierto es un proceso que requiere un compromiso permanente y sostenible. Nos comprometemos a informar públicamente sobre las medidas tomadas para hacer realidad estos principios, a consultar con el público sobre su aplicación y a actualizar nuestros compromisos a la luz de nuevos desafíos y oportunidades. Nos comprometemos a dar el ejemplo y a contribuir en el avance de un gobierno abierto en otros países mediante el intercambio de mejores prácticas y experiencia y mediante la realización de los compromisos expresados en la presente Declaración, sobre una base no vinculante, con carácter voluntario. Nuestro objetivo es fomentar la innovación y estimular el progreso, y no definir los estándares que han de utilizarse como condición previa para la cooperación o asistencia ni para clasificar a los países. Para fomentar la apertura, destacamos la importancia de un enfoque integral y la disponibilidad de asistencia técnica para apoyar el fortalecimiento de la capacidad y de las instituciones. Nos comprometemos a adoptar estos principios en nuestro compromiso internacional, y trabajar para fomentar una cultura mundial de gobierno abierto que empodere a los ciudadanos y les cumpla, y avance los ideales de un gobierno abierto y participativo en el siglo XXI. Una de las consignas más repetidas y cacareadas acerca de la reforma del gobierno y de la administración pública se refiere, como es bien conocido, al gobierno en red, al gobierno abierto, al gobierno y a la administración transparente. Es verdad que todavía, a pesar de los pesares, el pesado aparato público ahoga a no pocos ciudadanos y asfixia las legítimas aspiraciones de tantas personas que chocan, una y otra vez, contra la muralla de la indiferencia en que en ocasiones se
nos presentan las distintas administraciones públicas. Por eso, entre otras razones, desde hace algún tiempo, se nos habla y se nos pontifica, a menudo desde el dogma y la prepotencia, acerca de las bondades de la proyección de las nuevas tecnologías en el gobierno y la administración pública. En casi todos los países desarrollados se han acometido, con distinta suerte, procesos de implantación de las nuevas tecnologías al amparo de la reforma o modernización de turno. Se han gastado millones y millones de euros en esta tarea y la verdad es que los resultados están a la vista. Hay oficinas que funcionan mejor, que son más transparentes, y hay oficinas que se han convertido a la oscuridad y a la penumbra. La cuestión más relevante es la del modelo. Mientras no esté claro el modelo y, por ello, las funciones encomendadas a cada administración pública, el uso de las nuevas tecnologías, sin pretenderlo, puede, y de qué manera, ahondar en la descoordinación, en la confusión y en el eterno peregrinaje administrativo en que acaba convirtiéndose cualquier gestión o trámite que se pretenda realizar en cualquier oficina del aparato público. Ahora que estamos sumidos en una crisis económica y financiera parece que sin precedentes es momento de definir el modelo. Después, sobre el modelo, y pensando en la transparencia, es más sencillo implementar un sistema de administración pública abierta, accesible a los ciudadanos. Otra cuestión, sin embargo, es previa a la implantación coherente y razonable de un sistema de gobierno y administración pública en red. Me refiero a un tema cultural todavía, en alguna medida pendiente: la centralidad de los usuarios de los servicios públicos y de interés general. Mientras la persona concreta no disponga del grado de conciencia cívica necesaria para asumir su papel de protagonista en el sistema gubernamental y administrativo, poco o nada podremos hacer. Como todo proceso cultural, ni se puede imponer si aparece por generación espontánea. Requiere de un compromiso educativo serio y mantenido en el tiempo. Requiere de confianza en un sistema político que no goza precisamente de gran prestigio. Y, sobre todo, se requiere que el personal al servicio de la administración pública asuma como propia la convicción de que el dueño de los intereses generales, de que el señor de procedimientos e instituciones públicas, ni es ni el alto cargo ni el jefe del partido, sino la persona corriente y moliente. Por tanto, el debate sobre la eficacia y la eficiencia de la Administración a través de las nuevas tecnologías es un debate importante que debe ir precedido, sin embargo, del debate acerca de la funcionalidad del aparato público en relación con los ciudadanos. Debate que nos acerca al gran problema de la administración en este tiempo: la ampliación de los espacios de discrecionalidad y las
conexiones, demasiado frecuentes entre política y administración pública. Mientras no estén claros los derechos, y los deberes, de los ciudadanos en relación con la Administración, el problema de la eficacia y la eficiencia hasta puede ser superfluo. Porque, de lo contrario, las nuevas tecnologías, que constituyen un magnífico avance en todos los sentidos, hasta se podrían convertir en peligrosos aliados de quien toma el gobierno y la administración pública para dominar a la sociedad o transformarla en una manada de ovejas dóciles y sumisas al poder único que se extiende desde la cúpula. Por tanto, nuevas tecnologías, sí, gobierno y administración abierta, también, pero al servicio de la ciudadanía, sólo de la ciudadanía.
Involúcrate y participa
¿Construyamos juntos un mejor Estado? Tu opinión será considerada al aportar a las consultas ciudadanas. Tus ideas serán escuchadas si colaboras contándonos tus iniciativas. Tus propuestas serán respondidas si participas y difundes de forma activa. Ideas Consultas ciudadanas Yo propongo Cuenta pública Consejos de la sociedad civil
El gobierno abierto es la doctrina política que sostiene que los temas de gobierno y administración pública deben ser abiertos a todos los niveles posibles en cuanto a transparencia, esto debe ir unido a la creación de espacios permanentes de participación ciudadana y colaboración ciudadana. Un Gobierno Abierto asume el compromiso de garantizar que la administración y operación de todos los servicios públicos que el Estado brinda puedan ser supervisadas por la comunidad, es decir, que estén abiertos al escrutinio de la ciudadanía. Dicho proceso, que incrementa la transparencia de la administración, debe acompañarse también por la generación de espacios de encuentro con la comunidad en los que los ciudadanos puedan participar en las decisiones de gobierno y colaborar con la administración en la búsqueda de soluciones a los problemas públicos
canalizando el potencial innovador de los ciudadanos, el mercado y las organizaciones civiles para el beneficio de la comunidad toda. (Alvarez Alujas 2010)1 . Los orígenes del estado abierto se encuentran en la Ilustración, al aparecer en el debate público sobre la naciente sociedad civil. En su desarrollo, destaca la reciente idea del gobierno "de fuente libre", que aboga por la aplicación de la filosofía del movimiento del software libre a los principios de la democracia, para dar la posibilidad a los ciudadanos de involucrarse directamente en el proceso legislativo. El concepto de Gobierno Abierto se sustenta en tres pilares básicos: la Transparencia, la Colaboración y la Participación. Para delimitar el significado de cada uno de estos aspectos, nos podemos basar en las definiciones que se encuentran en el Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto que el Presidente de EEUU, Barack Obama, promulgó el 21 de enero de 2009:
Transparencia: Un Gobierno transparente fomenta y promueve la rendición de cuentas de la Administración ante la ciudadanía y proporciona información sobre lo que está realizando y sobre sus planes de actuación. El Ayuntamiento (y cualquier otra Administración) debería permitir el acceso a esta información pública de manera sencilla y clara, permitiendo de esta manera que los ciudadanos puedan realizar un control de la acción de gobierno, así como crear valor económico o social a partir de los datos públicos ofrecidos libremente por la Administración. Colaboración: Un Gobierno colaborativo implica y compromete a los ciudadanos y demás agentes en el propio trabajo de la Administración. La colaboración supone la cooperación no sólo con la ciudadanía, sino también con las empresas, las asociaciones y demás agentes, y permite el trabajo conjunto dentro de la propia Administración entre sus empleados y con otras Administraciones. Participación: Un Gobierno participativo favorece el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la conformación de políticas públicas y anima a la Administración a beneficiarse del conocimiento y experiencia de los ciudadanos. Por tanto, impulsa acciones y orienta actuaciones que aumentan el protagonismo e implicación de los ciudadanos en asuntos públicos y compromete con mayor intensidad a las fuerzas políticas con sus conciudadanos.
Los principios de Transparencia, Participación y Colaboración se cristalizaron en múltiples estrategias de Gobierno Abierto, distintas en función del país que las adopta, pero con dos ejes comunes:
La apertura de datos públicos (Open Data): que implica la publicación de información del sector público en formatos que permitan su reutilización por terceros para la generación de nuevo valor, lo que se conoce por RISP (reutilización de la información del sector público). Los datos -que deben ser completos, primarios, oportunos, accesibles, procesables por máquinas y de uso libre, no discriminatorio y no restringido- constituyen el insumo para la innovación, además de incrementar la transparencia del gobierno y la rendición de cuentas de parte de la ciudadanía.
La apertura de procesos y el uso de redes sociales y plataformas de participación ciudadana: con el objeto de facilitar la participación de la ciudadanía en las decisiones del Gobierno y la colaboración en el proceso de formulación de políticas y ejecución de políticas públicas. (Guemes y Alvarez Alujas 2012) 3 Con la apertura de la información y el acceso de los ciudadanos a ella se consigue mejorar los niveles de transparencia; los ciudadanos pueden formarse una opinión objetiva sobre el estado de la sociedad, las instituciones públicas y la gestión de éstas; se evita la corrupción; se fomenta la participación pública en las decisiones de gobierno; aumenta la calidad de los procesos de decisión política; permite a los ciudadanos y las organizaciones sociales hacer valer sus derechos; hace crecer la confianza de los ciudadanos en los procesos de gobierno; aumenta la eficacia en la administración pública, y por ende su competitividad, legitimando la acción de los que la gestionan.
Finalmente, debe quedar en claro que ofrecer información de la Administración o los políticos vía Twitter, Facebook, Tumblr, Forusquare solamente... no es hacer Gobierno Abierto. Eso es comunicar como antes pero con herramientas nuevas, eliminar ciertos intermediarios en algunos momentos, pero el OpenGovernment es mucho más: practicar la escucha activa de verdad, tener en cuenta las demandas de los ciudadanos y, entre todos, llegar a acuerdos colaborativos. La sociedad se está digitalizando rápidamente, pero no se trata solamente de utilizar las herramientas
Antecedentes e Iniciativas de Gobierno Abierto Tanto a nivel nacional, como regional o local se han dado ya varias iniciativas de Gobierno Abierto. Entre las más interesantes podemos destacar las siguientes:
Los primeros pasos hacia un Gobierno Abierto han venido de Nueva Zelanda y, sobre todo, Estados Unidos, han sido los países que más han apostado por este modelo y lo están aplicando en sus Administraciones. En el caso de Estados Unidos, el proceso está siendo impulsado directamente por su presidente, Barack Obama, a través de la Iniciativa para el Gobierno Abierto. A nivel local también hay iniciativas de Gobierno Abierto interesantes, como las de los Ayuntamientos de Washington DC, Los Ángeles o Nueva York. Más recientemente, Reino Unido comenzó su estrategia de apertura de la mano de Tim Berners-Lee, el creador de la Web. En España, un paso importante hacia la apertura ha sido la promulgación de la Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del sector público, que regula y fomenta la reutilización de los datos elaborados o custodiados por las Administraciones y organismos del sector público. Para apoyar a la Ley 37/2007, también es de destacar el Proyecto Aporta,5 que impulsa la reutilización de la información y su puesta a disposición a los ciudadanos. Para ello, ha creado una guía de referencia, la Guía Aporta, y dispone en su página web de un buscador de información pública en Internet (http://datos.gob.es). Los proyectos pioneros de Open Government a nivel autonómico en España están siendo los del País Vasco (en especial, los proyectos Irekia6 y Open Data Euskadi7 ) y Cataluña, y más recientemente Navarra8 y Castilla y León.9
A nivel local en España, algunos de los proyectos de Ayuntamientos más interesantes en relación a Open Government son los de los Ayuntamientos de Sant Boi de Llobregat, Jun o Getafe. Aunque España esté aún muy lejos de tener un Gobierno Abierto ,10 a nivel autonómico hay diversas iniciativas pioneras, entre las que destaca la iniciativa vasca Irekia. Irekia ha logrado obtener un reconocimiento internacional11 por parte de expertos en Gobierno Abierto. En abril de 2012, el Gobierno Abierto Vasco participó en el primer encuentro del Open Government Partnership,12 evento en el que sólo se puede asistir siendo un país formal. Aun así, Irekia tenía una invitación para asistir al encuentro por ser de los proyectos más importantes en este ámbito.
“Un „gobierno abierto‟ supone la desaparición del secreto”
Oszlak analiza los puntos de encuentro que produce el „gobierno abierto‟ entre la gestión pública, la participación ciudadana y las
Tecnologías de la Información y del Conocimiento (las TIC). Aunque considera fundamental un cambio cultural desde los gobiernos así como desde la participación ciudadana. Por Julia Goldenberg
¿Por qué decide trabajar cuestiones ligadas al “gobierno abierto”? –En los últimos tiempos he trabajado cuestiones sobre democracia
deliberativa y participación ciudadana. Justamente a partir de este proyecto de auditoría ciudadana que llevó a cabo el Gobierno y que yo tuve oportunidad de evaluar para Naciones Unidas, de pronto me encuentro con la iniciativa del “gobierno abierto”, casi de casualidad.
Me di cuenta entonces de que había un abismo entre toda la literatura que yo manejo en materia de gestión pública, toda la literatura que viene del lado de la participación ciudadana que es muy distinta y en tercer lugar una corriente que viene del lado de las Tecnologías de la Información y del Conocimiento (TIC). En la medida que “gobierno abierto” implica una interacción entre la gestión pública, la
participación ciudadana intermediada por las TIC, encontré una desarticulación entre tres literaturas que están confluyendo. Me interesó trabajar los supuestos de los cuales surge el “gobierno abierto”.
¿Cómo define “gobierno abierto”? –Hay distintas interpretaciones sobre lo que es “gobierno abierto”. Yo en realidad hablaría de “Estado abierto”, porque lo que ocurre es que
el término originariamente fue propuesto por el presidente Obama, cuando declara el “Open goverment”, cuando asume su primer mandato. Y lo que ocurre es que el término Estado en Estados Unidos, refiere a las unidades subnacionales, a los estados. Pero no equivale a la idea de Estado como la entendemos en Argentina, o en Europa. En Estados Unidos se habla de “Government”, se habla de gobierno. De ahí que quedó “gobierno abierto”, pero yo me pregunto ¿Por qué no
abrir los demás poderes del Estado? Incluso todo el sector paraestatal, incluso las Organizaciones No Gubernamentales, u organizaciones reconocidas por el Estado, o empresas en las que el Estado tenga participación accionaria. Es decir, tanto en la Legislatura (de hecho hay un proyecto del Congreso nacional, de “Congreso abierto”) como el
Poder Judicial deben ser poderes abiertos. En la medida en que cualquier organización social y los ciudadanos en general podrían requerir la información. Entonces me parece limitado hablar de “gobierno abierto”. Pero en todo caso el “gobierno abierto” implica la
posibilidad de que los ciudadanos adquieran nuevos roles en su relación con el Estado. En lugar de ser usuarios de servicios del Estado, o de algunos programas gubernamentales, puedan actuar en un triple rol: primero en el proceso de definición de políticas públicas, en segundo lugar en la coproducción de bienes y servicios junto con el Estado y en tercer lugar como monitores o evaluadores de la gestión pública. Esto se ve habilitado a través de las tecnologías, sobre todo de la web 2.0, que hoy permiten una relación fluida de comunicación entre el Estado y la ciudadanía. ¿Considera
que
el
“gobierno
abierto”
debe
ser
impulsado desde el Estado o desde la ciudadanía? –Considero que tanto el Estado como la ciudadanía pueden impulsarlo.
Desde el Estado los países de América latina han firmado acuerdos sobre participación ciudadana. Donde se comprometen a impulsar desde el Estado el desarrollo de iniciativas que no solamente promuevan la participación ciudadana, sino que además la promuevan en los sectores vulnerables de la sociedad. Es decir, es una responsabilidad del Estado, pero al mismo tiempo con este tipo de iniciativas corre el peligro de que exista algún tipo de manipulación política. Ha ocurrido en algunos casos incluso a través de gobiernos militares, como en el caso de Perú con el SINAMOS, que fue un proyecto de Velasco Alvarado de movilización popular, pero claramente manipulado desde el Estado. Pero en la medida en que sea genuino creo que es legítimo que el Estado promueva formas de participación ciudadana. Naturalmente las organizaciones ciudadanas también tienen no solamente la posibilidad sino también la responsabilidad, o casi el deber, de promover esa participación. Lo que ocurre es que la
gente no participa fácilmente. Es interesante que estas instancias inciten a la participación.
¿Cómo es posible impulsar la participación? –Hace algunos años hubo una campaña en Francia para que el
gobierno introdujera una serie de reformas a la gestión pública. La campaña se hizo bajo el lema “Faites aboutir une idée” es decir, haga
que una idea se concrete. Se recibieron 500.000 propuestas que se depositaban en buzones. Eso se procesó y se implementaron algo así como 2500 ideas. Es difícil pensar que cada ciudadano puede interactuar con cada funcionario público. Entonces se supone que son organizaciones sociales las que actúan de hecho. No es fácil la participación. En la democracia Griega, habían 35 o 37 mil ciudadanos que iban a la plaza a debatir, pero esto era posible gracias al trabajo de los esclavos que ellos tenían. Así es fácil que funcione una democracia. En este momento estoy trabajando en un libro a partir de encuestas que ha hecho el gobierno nacional, donde figura que el 90 por ciento o más están totalmente a favor de la participación, pero los que participan efectivamente son muy pocos. Y cuando señalan las organizaciones en las que participan, un 50 por ciento participa en la Iglesia y en otro porcentaje muy alto en cooperativas escolares, es decir, hay poca gente que participa en partidos políticos. Por otro lado cuando se le pregunta a la gente porqué no participa, hay múltiples respuestas: la mayoría va en la dirección de que no tienen tiempo, otros dicen que tienen que trabajar y lo consideran una pérdida de tiempo, etc. Esa es una respuesta típica de los ciudadanos. Para avanzar en este terreno va a haber que hacer un esfuerzo enorme del lado del Estado como del lado de la sociedad. Se va a avanzar poco a poco, es un problema de instalación de una nueva cultura. La tecnología abre una gran posibilidad.
¿Qué posibilidades abriría una ley de libre acceso a la información pública? –Nosotros tenemos un decreto que firmó el presidente Kirchner en
2004, por el cual el poder ejecutivo declara la apertura de la información por parte del Estado y el derecho de cualquier ciudadano a acceder a cualquier tipo de información con algunas restricciones. No solamente eso, sino que fija condiciones muy severas respecto del
plazo, por ejemplo, que tienen los representantes del Estado a los que se les solicita información para responder a las consultas de los ciudadanos o de las organizaciones sociales. Solamente en caso de que sea información reservada por cuestiones estratégicas o si se trata de información que hace a la intimidad de las personas, en ese caso la información puede negarse. Pero incluso hay formas de apelación si se considera que la información debe ser pública. Eso ha dado lugar a reclamos de organizaciones sociales que han solicitado determinados tipos de información. ¿El “gobierno abierto” puede realmente fortalecer las
instituciones de manera que los gobiernos sucesivos no vulneren los fundamentos del Estado? –Una cosa es lo que “gobierno abierto” se propone. Otra cosa es lo que
supone que deben ser las transformaciones en la sociedad y en el Estado. Voy a ponerlo de la siguiente manera: por una parte tenemos una serie de restricciones desde el punto de vista del funcionamiento del Estado, hay una modalidad de organización del Estado, hay una cierta cultura, etc. Una de las características típicas del funcionamiento del Estado es el secreto. Esto determina que ningún funcionario esté demasiado dispuesto a que su gestión sea observable. En especial que no sea observable por la ciudadanía. Entonces un “gobierno abierto”
supone la desaparición del secreto. En segundo lugar se supone que si se abren los canales de participación y si se abre el Estado, a la vista y a la acción los ciudadanos van a estar prontamente listos a participar. Los ciudadanos pueden ponderar positivamente la participación pero al mismo tiempo ser renuentes a participar. En realidad la gente participa cuando hay alguna necesidad insatisfecha que se vuelve impostergable. Si no sucede esto, es decir, si se invita a la ciudadanía a través de audiencias públicas o a través de redes sociales, por ejemplo si se envían propuestas o mensajes al gobierno y se establece una relación de doble vía entre el ciudadano y el Estado, al mismo tiempo el funcionario público debería estar dispuesto a recibir la propuesta y considerar al ciudadano como un interlocutor. Esto supone un nuevo estilo de gestión pública. Entonces si consideramos cuales son las resistencias del Estado en cuanto a abrir la caja negra, y por otro lado los problemas de la ciudadanía para articular sus intereses y sus demandas, en ambos polos tenemos problemas. Es necesario
agregar que también hay problemas desde los sistemas de información, que son la conexión. Las TIC, que son las tecnologías de la información y el conocimiento, hoy en día posibilitan ese diálogo, pero al mismo tiempo el caudal de información es tan grande que cada vez se hace menos inteligible la posibilidad de elaborar los datos, para comprender un problema y finalmente para actuar en función de ello. Es decir, hay muchos datos, hay poca información y hay mucho más escaso conocimiento. Para ponerlo como una metáfora: si estoy en una habitación oscura y enciendo un fósforo en un rincón, puedo atisbar qué hay en ese rincón, pero no sé qué hay en el resto de la habitación. Sólo en una conexión de varias luces, y luego de varias habitaciones puedo llegar a conocer le lugar en el que estoy. Sólo en función de esa comprensión puedo actuar. ¿El “gobierno abierto” puede ser un a ampliación de la
democracia, así como una herramienta de control? –En Estados Unidos, tengo entendido que conocían las preferencias de
cada votante, a tal punto que iban a tocarles el timbre. Yo creo que el punto es, hasta dónde la participación es genuina, es legítima, está inspirada en la necesidad de utilizar la inteligencia colectiva para mejorar las políticas y mejorar la gestión. O se si encuentra al servicio de la manipulación a través de mensajes ideologizados. –Me interesa lo que usted destaca como condición
básica para que la tecnología incida sobre la cultura: que exista voluntad política para difundir e imponer sus aplicaciones, con todas las consecuencias que ello implica. ¿Cuáles son esas consecuencias? –Me refiero a lo que un gobernador de los Estados Unidos le decía a su
equipo: Nunca pongan juntos una fecha y un resultado porque siempre va a haber alguien para enrostrarle el no haber cumplido con la promesa. Esto pone de manifiesto una de las características fundamentales de la filosofía del “gobierno abierto”, y es que uno está
dispuesto a entregar información, o a ser transparente. Este gobernador señalaba que no tenía sentido repartir municiones gratuitamente. Porque en definitiva la información es poder, en este sentido nadie está dispuesto a repartirlo gratuitamente. Supongamos que el funcionario quiere mantenerse en el poder y mantener su
viabilidad política, porque está comprometido con una misión y quiere que se conozcan mis esfuerzos, mis promesas y mis resultados. Entonces si alguien está dispuesto a hacerlo tratará de imponer a sus subalternos que adopten la misma filosofía. Cuando Obama lanzó esta iniciativa en su primer gobierno, planteó un triple objetivo: por un lado la transparencia, la participación y la colaboración. El orden de cómo lo planteó sea tal vez el orden lógico o necesario a seguir por la trayectoria del “gobierno abierto”. En este gobierno se observan
iniciativas de mayor transparencia. Participé hace poco como jurado y organizador de un concurso de iniciativas en materia de “gobierno abierto” en América latina. Argentina entre otros obtuvo premios por
sus propuestas. Casi todas las iniciativas apuntan a la transparencia. No ha habido demasiadas propuestas referentes a la participación. Quizás lo más cercano a ello es el presupuesto participativo en Brasil.
¿En qué consiste el proyecto de Brasil? –Se hizo en Porto Alegre y luego se retomó en Rosario y Córdoba. El
gobierno decide que un porcentaje del gasto público sea decidido por los ciudadanos para realizar obras, proyectos o programas. En las ciudades, los ciudadanos de distintos barrios votan los proyectos que vale la pena llevar a cabo. Así se incorporan estas propuestas al proyecto de presupuesto que luego vota el Concejo Deliberante.
¿Qué transformaciones puede producir el proyecto aprobado por la Unasur para construir un anillo de fibra óptica en América latina? –El anillo de fibra óptica se anunció hace pocos días. Es un intento de
democratización de Internet. Porque lo que ocurre es que el flujo de comunicación que se produce en América latina, pasa fundamentalmente a través de Estados Unidos. Esto crea una enorme dependencia además de un costo altísimo. En este momento el 80 por ciento de todo el flujo de datos de América latina tiene que atravesar la ruta estadounidense. En Asia, esa dependencia es de la mitad, y en Europa es cuatro veces menor. Se supone que este anillo se va a terminar en aproximadamente dos años. Me parece que es una iniciativa muy importante de la Unasur, va a suponer un tendido de unos 10.000 kilómetros. Esto es altamente positivo, ya que va a facilitar las comunicaciones. Creo que va a suspender la dependencia
de Estados Unidos, lo cual no es algo menor y un menor costo para la región. Desde la perspectiva del “gobierno abierto”, no sé qué cambios
eso puede traer.
¿Cree que Argentina presenta condiciones potenciales para implementar abierto”?
políticas
ligadas
al
“gobierno
–Es muy difícil hablar de Argentina en abstracto, tenemos que hablar
de la Argentina actual, o en todo caso de la Argentina futura. Yo creo que nuestro país tiene condiciones muy favorables para que este tipo de filosofía pueda concretarse. Primero porque somos una sociedad muy movilizada, una sociedad muy acostumbrada a la defensa de sus derechos, una sociedad que ha padecido gobiernos autoritarios y que cada vez que se produjo una reapertura democrática salió a la calle a reivindicar y con cada crisis también salió a protestar. De manera que desde el punto de vista de la movilización ciudadana hay buenas condiciones. Creo que es una cuestión de que haya promoción desde el Estado. Primero una voluntad de apertura de los canales, y de creación de nuevos canales. La mayor esperanza de avance en esta dirección la veo en los municipios. Si va a haber “gobierno abierto”, va a empezar
en los municipios, porque es el nivel más próximo de comunicación, interacción y servicios. Allí sí están produciendo experiencias muy importantes. Por ejemplo Rafaela, Bahía Blanca, Morón, la provincia de Entre Ríos, etc. Creo que desde los gobiernos, esto se va a producir cuando los políticos adviertan que esta apertura puede generar adhesión por parte de la ciudadanía. Open Government Partnership (OGP) es un acuerdo asociativo del que Chile hace parte desde septiembre de 2011, destinado a promover la adopción de políticas de participación ciudadana, lucha contra la corrupción, empoderamiento ciudadano y gobierno electrónico en cada uno de los Estados miembros. Así, mediante compromisos concretos y realizables por parte de los mismos, se busca abordar desafíos comunes para la consecución de un gobierno abierto.
