1.1 Qué son los derechos. Todas hablamos de la defensa de nuestros derechos, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ellos? Los derechos implican el reconocimiento de la facultad que se otorga a personas o grupos para obtener y disfrutar de ciertos bienes o servicios, o bien de eje rcer actividades o conductas para beneficio propio, en razón de su nacimiento, nacionalidad, propiedades o contratos, entre o tras circunstancias que determinan su relación con las/los demás. Así hay:
En cualquier caso, los derechos son tales, en función de un orden jurídico, político y social que los reconoce y, en su caso, los tutela y los hace valer.
Cuando hablamos de los derechos que tenemos las personas por el solo hecho de serlo, así como de los que son atribuibles a las/los ciudadanos al alcanzar esa condición, y e n general a todos los que corresponden o se asocian a la relación de los individuos con la colectividad y con el Estado, estamos en el ámbito del derecho público. A é ste corresponden los Derechos Humanos y sus Garantías, consagrados en el Capítulo I del Título P rimero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que en México “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección” (Artículo 1°). Al respecto, para los efectos de este curso cabe destacar el derecho a la educación, establecido en el Artículo 3°, que a su vez plantea la obligación del Estado (Federación, estados, Ciudad de México y municipios) de impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, considerando a los tres primeros niveles como obligatorios para todas las personas. Dada e sta obligatoriedad, a quienes habiendo cumplido 15 años o más (edad en la que tendrían que haber terminado la educación secundaria), no saben leer ni escribir y/o no han iniciado o concluido su educación primaria o secundaria, se les considera en situación de Rezago Educativo. Por su parte, entre otras libertades y garantías, el Artículo 4° establece que –en México – toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como a la protección de la salud; asimismo, toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.
Es importante destacar y retener estos e stos derechos, en virtud de que son la base constitucional desde la que se identifican los derechos para e l desarrollo social identificados en el artículo 6° de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS): educación, salud, alimentación, vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo, la seguridad social y los relativos a la no discriminación. Algunos de estos derechos serán recuperados en el artículo 36 de la m isma Ley como indicadores para evaluar la política social, dar cuenta de sus avances y realizar la medición multidimensional de la pobreza. ¿Qué otros documentos conoces en los que podamos consultar nuestros derechos y obligaciones? Además de la Constitución y la LGDS, existen una serie de reglamentaciones y documentos en los que se abordan asuntos específicos, es buena idea buscar asesoría para conocerlos, de acuerdo con nuestra área de interacción.
1.2. Qué son las Políticas Públicas ¿Cuáles son los indicadores que permiten generar acciones por parte del gobierno para satisfacer las necesidades existentes? De acuerdo con Bernard Crick(11), “la política es el resultado de la aceptación de la existencia simultánea de grupos diferentes y, por tanto, de diferentes intereses y tradiciones dentro de una unidad territorial sujeta a un gobierno común... es la actividad mediante la cual se concilian intereses divergentes dentro de una unidad de go bierno determinada, otorgándoles una parcela de poder proporcional a su importancia para el bienestar y la supervivencia del conjunto de la comunidad.” Si la política es el resultado del conflicto en sociedades cada vez más complejas, diversas y divergentes, e implica su administración y conciliación en un contexto de participación social, social, las políticas son las formas específicas con que lo hace cada go bierno. “Una política es un comportamiento propositivo, intencional, planeado… (que se) pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a tr avés de ciertos medios: es una acción con sentido. Es un proceso, un curso de acción que involucra todo un conjunto complejo de decisiones y operadores.”(22) Ruiz López, Domingo y Carlos Eduardo Cadénas Ayala
A diferencia de lo que podríamos identificar como “políticas privadas”, como la política de servicio postventa de una distribuidora automotriz, o la de reclutamiento y selección de personal de una fábrica, las políticas como formas específicas de ejecutar acciones de gobierno son consideradas públicas porque:
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Crick, Bernard. “En Defensa de la Política”. Ed. Tusquets. Barcelona, 2001. Páginas 19 y 22. uiz López, Domingo y Carlos Eduardo Cadénas Ayala. “¿Qué es una Política Pública?” IUS Revista Jurídica, Universidad Latina de América. Disponible en: en :
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http://www.unla.mx/iusunla18/reflexion/QUE%20ES%20UNA%20POLITICA%20PUBLICA%20web. htm
Así, las políticas públicas son “aquellas decisiones y acciones legítimas de gobierno que se generan a través de un proceso abierto y sistemático de deliberación entre grupos, ciudadanos ciudadanos y autoridades con el fin de resolver, me diante instrumentos específicos, las situaciones definidas y construidas como problemas públicos”(3 3)
Con base en estas definiciones, podemos continuar delineando el sentido de nuestro c urso: conforme a los datos que aporta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el año 2014 el 1 8.7% de la población se encontraba en situación de r ezago educativo; 18.2% carecía de acceso a los servicios de salud y 58.5%, casi seis de cada diez mexicanos, no tenían seguridad social; 12.3% no tenían acceso a una vivienda digna; 21.2% carecían de acceso a servicios básicos en la vivienda y 23.4% –28 millones de personas – sufrían carencias por acceso a la alimentación. Además, 22.1% de las/los mexicanos conjuntaban al menos tres de esas carencias que, vistas desde su reverso, son derechos a los que no tienen acceso(44). He aquí un conjunto de problemas de justicia social, que pueden detonar conflictos y que requieren acciones de gobierno con participación de las/los ciudadanos. ¿Además de la información proporcionada por el CONEVAL, en tu experiencia e n campo, qué otras áreas de oportunidad has observado que pueden ser pieza importante e n el trabajo de tu organización? La información del CONEVAL es un importante indicador que nos permite relacionar un amplio abanico de oportunidades para generar proyectos que podamos realizar con nuestras organizaciones
Arellano Gault, David y Felipe Blanco. “Políticas Públicas y Democracia”. Primera edición INE, 2016. Pág. 36.
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ONEVAL. Porcentaje, Número de Personas y Carencias Promedio por Indicador de Pobreza, 2012-2014. Disponible en
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/PublishingImages/Pobreza_2014.jpg
1.3 Qué es la Política Social. Qué tan necesaria es la intervención del g obierno para la distribución más equitativa de los bienes? El mercado es el conjunto de transacciones; es decir, de operaciones de compra -venta o de intercambio de productos, mercancías o servicios, que se da e ntre individuos o grupos de personas, donde unos ofrecen dicho bien o servicio porque lo tienen en demasía, o porque lo adquirieron o produjeron para su venta (oferta), y otros lo requieren porque no lo tienen, no pueden producirlo y lo necesitan (demanda). En una economía de libre mercado, éste es el mecanismo por excelencia para producir y distribuir riqueza; sin embargo, los actores que participan en los mercados no lo hacen sino con la perspectiva del beneficio propio y difícilmente permiten el sacrificio de éste en e n aras del bienestar de la comunidad, por lo que es fácil que el mercado se convierta también en un proce so proclive a la especulación, la acumulación de riqueza y el reparto desigual de oportunidades de desarrollo. En razón de lo anterior, el Estado interviene, con una lógica diferente a la de las fuerzas del mercado, buscando mejorar las condiciones de vida de quienes r esultan afectados o excluidos por dichas fuerzas y contener o reducir las diferencias o posibles confrontaciones entre los diversos grupos sociales. El Estado, entonces, interviene en el me rcado mediante políticas distributivas que consisten, básicamente en la recuperación de una parte de la riqueza generada en los me rcados, a través de impuestos, cobros de servicios y contribuciones, y su traslado a la colectividad mediante subsidios a productos de consumo popular, la regulación de precios, o el otor gamiento de transferencias en dinero o en espec ie a las personas más necesitadas, así como la producción y e l ofrecimiento de servicios y bienes públicos. Este es el or igen de la Política Social. La política social “comprende los fines y los objetivos de la acción social, las leyes, los programas y las acciones evaluables del gobierno, tomadas por una serie de consideraciones políticas para responder a un cierto número de carencias mediante mecanismos de redistribución progresiva de los ricos a los pobres, según las necesidades”( 55) Elaine Carey Bélanger La política social es la suma de las políticas públicas destinadas a la redistribución de la riqueza, el consecuente abatimiento de la pobreza y la constr ucción de bienestar social, y está compuesta por aquellas políticas, estrategias, proyectos, programas y acciones de gobierno, que se concretan en la oferta de bienes y servicios, en transferencias de ingreso y en mecanismos de regulación, que buscan garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales por parte de la población en su conjunto, mejorar las condiciones de vida de la población y alcanzar el bienestar social, atenuando la pobreza y a la desigualdad. En sentido más amplio, se puede decir que la política social busca proteger a las/los ciudadanos mediante la seguridad social, que tiene como idea la solidaridad con los individuos, familias y grupos en determinadas situaciones de dependencia o vulnerabilidad, como la incapacidad para ganarse la vida por cuenta propia derivado de factores e xternos, que no dependen de la voluntad
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Carey Bélanger, Elaine. “¿Qué Porvenir para la Política Social?”. Revista de Trabajo Social editada por el Departamento de Servicio Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción, Chile. Volumen 1. No. 2, diciembre de 1998-junio de 1999. Disponible en: http://www2.udec.cl/~ssrevi/numero2/index.html
individual; la vulnerabilidad asociada al ciclo vital del ser humano –niños y ancianos, por ejemplo – y situaciones de riesgo como en caso de invalidez por accidente, y realizar la promoción social mediante la generación de oportunidades y de resultados para individuos y/o grupos sociales.
Es muy importante el trabajo que hacemos con grupos vulnerables, pero ¿Qué entiendes por ello? Son sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, e stado civil y origen étnico se encuentran en condición de r iesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acce der a mejores condiciones de bienestar.
1.4 Qué es la política social basada en derechos. ¿Cómo se articulan la política social y los derechos, para be neficio de la sociedad?
La actual política social del Gobierno de la República, –en concordancia con los postulados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) – c errar las brechas de desigualdad, mejorando las condiciones – busca superar la pobreza y cerrar de vida de las personas y grupos en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad, a través de servicios públicos, programas, proyectos, acciones y, en general, beneficios sociales ofertados por el Gobierno Federal y, en su caso, por la sociedad civil organizada, en corresponsabilidad y con el fomento de éste, con un enfoque basado en el reconocimiento y el ejercicio pleno de todos los derechos sociales para toda la población, la democratización de la productividad y la cre ación de ciudadanía. La política social mexicana ha transitado a lo largo de su historia desde la caridad, ejercida por los particulares y las congregaciones religiosas para ayuda de los e nfermos y los más necesitados, en la época colonial y los primeros años del México independiente, a la beneficencia como servicio público y responsabilidad del Estado en el gobierno del Presidente Benito Juárez; la c reación de instituciones de seguridad y bienestar social (salud, educación, asistencia pública y privada, vivienda), marcada por un régimen corporativista, que privilegiaba a los integrantes de los sindicatos, organizaciones campesinas y gremiales vinculados con el Gobierno en el acceso a los beneficios sociales en el México postrevolucionario, y los programas sociales, basados principalmente en la transferencia de recursos a las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, en ocasiones manejada como dádiva gubernamental, hasta llegar a la política social basada en derechos que postula el actual Gobierno. ara llegar a esto ha sido necesaria una evolución legislativa en la que, en buena medida gr acias al activismo y la participación de la sociedad civil organizada, se han promulgado diversas leyes que reconocen y garantizan diversos derechos sociales. Para los efectos de este curso, importa destacar la Ley General de Educación (1993), la Ley General de S alud (1984), las leyes del Seguro Social (1995) y del ISSSTE (2007), la Ley de Vivienda (2006) y, en e special, la Ley General de Desarrollo Social (2004), cuyo artículo 6° identifica como derechos para el desarrollo social a la educación, salud, alimentación, vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo, la seguridad social y los relativos a la no discriminación. Algunos detalles y aplicaciones específicas de estas leyes serán revisados en las siguientes unidades del curso. Sin embargo, para explicar el poder y alcance del concepto de “Polític a Social basada Derechos”, es importante partir de la plena inclusión de los De rechos Humanos en el ámbito constitucional mexicano; en efecto, en junio j unio de 2011 se concretó una re forma constitucional que cambió el nombre del Capítulo I del Título Primero de la Constitución, pasando de “Garantías Individuales” a “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, de manera que todos los contenidos de ese Capítulo fueron reconocidos constitucionalmente como derechos humanos. De acuerdo con la definición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, éstos son:
“El conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada.”(66) Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Los Derechos Humanos protegen a todas las personas por e l solo hecho de existir; son universales e inalienables, todas/os, sin excepción ni discriminación, debemos ejercerlos y te ner pleno acceso a disfrutar de sus beneficios. El propio Artículo 1° constitucional establece que en nuestro país:
Aplicando lo anterior, si como hemos dicho, el Artículo 3° constitucional establece e l Derecho Humano a la educación, en tanto que el Ar tículo 4° consagra los Derechos Humanos a la alimentación la salud y la vivienda, entre otros, y –aunque en el Título Sexto – el Artículo 123 plantea el derecho a la seguridad y la previsión social, se entiende que éstos son Derec hos Humanos que pueden y deben ser reclamados por todas/os los mexicanos; el Estado tiene la obligación de procurarlos y garantizarlos, y su carencia implica una violación a éstos y un incumplimiento constitucional que debe ser reparada por el mismo Estado.
¿Cuáles son los derechos humanos que garantiza constitucionalmente el Estado Mexicano? Entre otros, la salud, la vivienda, la seguridad, seguridad social, e l trabajo, medio ambiente sano, no discriminación, principalmente.
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Ver la página http://www.cndh.org.mx/Que_Son_Derechos_Humanos
1.5 Derechos/carencias que fundamentan la política social y miden su avance. ¿Cuáles son los derechos que garantiza el Estado Mexicano? Los Derechos Humanos que por mandato constitucional el Estado Mexicano está obligado a garantizar y, en su ausencia, a reparar, abarcan aspectos fundamentales para la convivencia de las personas en una sociedad libre, justa y democrát ica:
Sin embargo, los específicamente identificados como derechos para el desarrollo social por la Ley General en la materia (LGDS, artículo 6°) son: la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social, así como los relativos a la no discriminación. El ejercicio pleno de estos derechos, junto con la disponibilidad de los recursos económicos necesarios para solventar las necesidades personales y familiares, debe ser suficiente para que las personas desarrollen sus potencialidades y tengan acceso a oportunidades diversas para construir y realizar un proyecto de vida; por el contrario, el déficit o la pérdida en el disfrute de estos derechos deja a las personas en condiciones de vulnerabilidad social, carencia de oportunidades y pobreza. Así, el reverso de los derechos de rechos sociales; esto es, las carencias sociales, son e lementos definitorios y constitutivos de la pobreza. “Desde una perspectiva multidimensional, puede entenderse la pobreza como una serie de carencias definidas en múltiples dominios… El número y el tipo de dimensiones a considerar están directamente asociados a la forma en que se conciben las condiciones de vida mínimas o aceptables para garantizar un nivel de vida digno para todos y cada uno de los miembros de una sociedad.”(77) 7
CONEVAL. “Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México”. Ed. Autor. México. Disponible en: http://www.coneval.org.mx/ http://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/INFO Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIO RMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/ NES_PDF/ Metodologia_Multidimensional_web.pdf
CONEVAL Al respecto, la propia LGDS, en su artículo 36, establece como indicadores para definir e identificar la pobreza prácticamente los mismos derechos planteados en el artículo 6°. Dichos indicadores son retomados por el CONEVAL en su Metodología para la medición multidimensional de la pobreza, según se muestra a continuación: co ntinuación: DERECHOS SOCIALES Artículo 6° de la LGDS
INDICADORES PARA DEFINIR E IDENTIFICAR LA POBREZA Artículo 36º de la LGDS I. Ingreso corriente per cápita.
METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LA POBREZA DEL CONEVAL
Línea de bienestar .(88)
La educación. La salud. El trabajo y la seguridad social.
II. Rezago educativo promedio en el hogar. III. Acceso a los servicios de salud. IV. Acceso a la seguridad social. V. Calidad y espacios de la vivienda.
Rezago educativo. Acceso a los servicios de salud. Acceso a la seguridad social. Calidad y espacios de la vivienda.
La vivienda.
VI. Acceso a los servicios básicos en la ivienda.
Acceso a los servicios básicos en la vivienda.
La alimentación.
VII. Acceso a la alimentación.
Acceso a la alimentación.
El disfrute de un medio ambiente sano. La no discriminación. VIII. Grado de cohesión social. IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.
(9)99 Grado de cohesión social. social.(9)
Acceso a infraestructura social básica .(9)
En este curso nos referiremos con detalle a los seis derechos/carencias destacados con neg ritas y cursivas, en razón de que son aquellos en que es más viable la participación de la sociedad civil con proyectos y acciones con impacto social ver ificable, aunque finalizaremos el curso con una revisión del concepto de Cohesión Social que, desde nuestro punto de vista, es resultado del acceso y disfrute de los derechos soc iales. ¿Por qué piensas que en el curso enfocaremos los t ema en algunos de los indicadores y no a todos por igual? Consideramos que es se tratan de identificadores en los que puede haber mayor participación por parte de actores de la sociedad civil.
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Recursos para adquirir los bienes y servicios requeridos para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. 9 Desde la perspectiva del CONEVAL, éstos son criterios asociados al contexto territorial. Como parte del acceso a la infraestructura social básica se considera la existencia de un camino pavimentado a no más de tres kilómetros de distancia.
