Derecho Constitucional en Preguntas y Respuestas

DERECHO CONSTITUCIONAL en Preguntas y Respuestas®

ANÍBAL CORNEJO MANRÍQUEZ

DERECHO CONSTITUCIONAL en Preguntas y Respuestas® DERECHO CONSTITUCIONAL

EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS®




Abogado (Universidad de Chile)

DERECHO CONSTITUCIONAL EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS®

Incluye un completo vocabulario de términos legislativos, político electorales y constitucionales

4ª Edición - 2016 -

CORMAN EDITORES


Prohibida la reproducción total o parcial de este libro, por cualquier medio, sin autorización de los editores. La infracción se encuentra sancionada como delito contra la propiedad intelectual Ley Nº 17.336.

Título original: DERECHO CONSTITUCIONAL

en

Preguntas y Respuestas®

© Es propiedad del Autor: Aníbal Cornejo Manríquez

4ª Edición, Año 2016 Corman Editores

Portada, diagramación e impresión: Editorial El Jurista

Editor: Pedro Ben Hur Sánchez Cabrera

Queda hecho el depósito legal Registro de Propiedad Intelectual Nº 173.428

ISBN: 978-956-286-088-8

Editorial El Jurista MONEDA 1137, OF. 81, 8º PISO – SAN DIEGO 119, LOCAL 7 TELÉFONOS: 222 474 684 - 225 951 936 – SANTIAGO, CHILE DESCUENTOS ESPECIALES POR COMPRAS VÍA INTERNET Y EN NUESTRAS OFICINAS

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A mi querida hija Constanza Jesús Cornejo Berríos


PRESENTACIÓN

“Derecho Constitucional en Preguntas y Respuestas”, 4tª Edición, año 2014, es una obra destinada a servir como texto de consulta y material de ayuda no sólo al alumno de la carrera y egresado (preparación de sus pruebas y Examen de Grado), o postulante a la Academia Judicial, sino también al profesional del Derecho. Dividida en 16 grandes temas: El Derecho Constitucional y sus fuentes; Bases de la Institucionalidad; Nacionalidad; Ciudadanía; Derechos, Garantías y Deberes Constitucionales; Los Estados de Excepción; Gobierno; Congreso Nacional; Poder Judicial; Ministerio Público; Tribunal Constitucional; Contraloría General de la República; Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública; Consejo de Seguridad Nacional; Banco Central; Reformas de la Carta Fundamental; cada uno de ellos con sus respectivos capítulos, y dada la especial y didáctica fórmula que el autor emplea en la exposición de su contenido, (“Preguntas y Respuestas”), permitiendo agilizar la comprensión, fijación y relación de conocimientos, se transforma en material de consulta para el estudiante, y para todos quienes en más de alguna oportunidad, han deseado tener a mano la respuesta precisa y adecuada a esas inevitables interrogantes surgidas en el cotidiano quehacer académico o ejercicio laboral. Se incorpora, además, al presente trabajo un completo Vocabulario de Términos Legislativos, Político-Electorales y Constitucionales, que permite al usuario complementar el estudio de

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ANÍBALPRESENTACIÓN CORNEJO MANRÍQUEZ

cada materia mediante la búsqueda del significado exacto del término o concepto que diga relación con el tema específico elegido. Se incluyen modificaciones a leyes 20.725, 20.710, 20.682, 20.678 y 20.669. La presente obra ha sido actualizada para esta nueva edición por el abogado Eric Andrés Chávez Chávez.

El Autor


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TEMA I DERECHO CONSTITUCIONAL Y SUS FUENTES

CAPÍTULO I Conceptos

y

Características

Pregunta Nº 1.- ¿Qué se entiende por Derecho Constitucional? Respuesta: Concepto 1. Conjunto de leyes o normas jurídicas que pertenecen al Derecho Nacional Público, que trata de la organización del Estado, de las atribuciones del Gobierno y de otros órganos de la administración y, además, de los derechos individuales y de sus garantías. Concepto 2. Rama del Derecho Público que estudia el conjunto de normas jurídicas que se refieren a la organización del Estado, de su Gobierno y de los derechos fundamentales de las personas (Hernán Molina Guaita. Derecho Constitucional). Concepto 3. Derecho por el que se rigen los Estados libres o representativos o monárquico-representativos, y que se encuentra integrado por el conjunto de reglas jurídicas que ordena la organización de éste con sus ciudadanos (Ricardo De Ángel Llagues). Pregunta Nº 2.- ¿Cuáles son las características del Derecho Constitucional? Respuesta: 1.- Es una rama del Derecho Nacional Público; 2.- Establece la estructura del Estado; 3.- Fija las atribuciones del Go-

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bierno; 4.- Fija los derechos de los individuos y sus respectivas garantías; 5.- Establece las principales autoridades públicas. Capítulo II Fuentes

del

Derecho Constitucional

Pregunta Nº 3.- ¿Qué son las fuentes del Derecho Constitucional? Respuesta: Medios, formas o modos a través de los cuales se origina o transforma este derecho o se da testimonio de él, lo que se traduce en determinar los métodos usados para elaborar las normas jurídicas, reconocimiento de las mismas, como así también establecer lo que las diferencia de otras categorías de normas. Pregunta Nº 4.- ¿Cuáles son las fuentes del Derecho Constitucional? Respuesta: Existen dos tipos: fuentes positivas o directas y fuentes racionales o indirectas. I.- Fuentes positivas derecho positivo).

o directas:

(formas en que se expresa el

1.- Constitución Política de la República. 2.- Leyes interpretativas de la Constitución. 3.- Tratados Internacionales. (Art. 5º inciso 2º C.P.R.) 4.- Legislación complementaria. 5.- Reglamentos de las Cámaras del Congreso Nacional. 6.- Autos Acordados de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales. 7.- Potestad Reglamentaria del Presidente de la República y de otros órganos constitucionales. II.- Fuentes racionales o indirectas (no constituyen normas jurídicas positivas, pero influyen en la creación e interpretación del derecho). 1.- Costumbre.


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2.- Jurisprudencia. 3.- Dictámenes de la Contraloría y de otros órganos consultivos. 4.- Doctrina.

CAPÍTULO III Fuentes Positivas o Directas Constitución

respecto de la

Pregunta Nº 5.- ¿Qué se entiende por Constitución desde el punto de vista formal e instrumental? Respuesta: Norma jurídica fundamental y predominantemente escrita, que regula en forma sistemática al Estado, su Gobierno, los derechos fundamentales de las personas, gozando de supremacía. Pregunta Nº 6.- ¿Cuáles son los procedimientos que originan una Constitución? Respuesta: Tradicionalmente se clasifican en procedimientos monárquicos, autocráticos y democráticos. a) Los procedimientos monárquicos dan origen a constituciones otorgadas, donde el poder constituyente lo conforma únicamente el monarca, y a las pactadas, donde negocian la Carta Fundamental el monarca con el pueblo. b) Entre los procedimientos autocráticos contemporáneos en cuanto a la formación de la Constitución están: para los estados autoritarios, la adopción en forma unilateral por el detentor del poder de la Constitución; para los estados socialistas, la adopción de la decisión constituyente por un órgano del partido único, y otro sistema donde la aprobación de la Carta Fundamental está dada por un órgano determinado del partido y luego es sometido a la ratificación de la asamblea parlamentaria. c) Los procedimientos democráticos para establecer una Constitución parten del principio de que el poder constituyente se encuentra radicado en el pueblo, siendo éste el único que legítimamente puede darse una Carta Fundamental.

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Pregunta Nº 7.- ¿Cuáles son los procedimientos democráticos más utilizados? Respuesta: – Asamblea Constituyente: Los ciudadanos en elecciones libres, competitivas y limpias eligen a aquellos miembros que conformarán la Asamblea, la cual elaborará la nueva Constitución Política de la República. Este procedimiento fue utilizado para la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, las Constituciones francesas de 1791, 1848 y 1875, la Constitución peruana de 1979, y la de Brasil (1988), entre otras. – Referendo o Plebiscito: El pueblo se pronuncia entre distintas alternativas que surgen del seno de una comisión representativa de los distintos sectores del país. Este procedimiento fue utilizado en la Constitución chilena de 1925, la Constitución francesa de 1946, la española de 1978 y la Reforma Constitucional chilena de 1989, entre otras. Pregunta Nº 8.- ¿De qué clase de supremacía goza la Constitución Política? Respuesta: Goza de supremacía formal (emana del Capítulo XV sobre la Reforma de la Constitución) y material (se funda en el Art. 93 Nº 1, según la interpretación del Tribunal Constitucional). Supremacía formal y material: Art. 6 inciso 1 y 93 Nº 1 de la Constitución. El Art. 6 inc. 1º de la C.P.R., dice: “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República”. De acuerdo a dicho valor normativo, cuando ella permite al legislador desarrollar algunos aspectos normativos, no quiere decir que el principio constitucional, aun no desarrollado por el legislador, no produzca obligación alguna. Ello, porque tales principios manifiestan un carácter normativo en todo momento y conducen, por tanto, a los principios de la aplicabilidad y vinculación directa de la Constitución. Pregunta Nº 9.- ¿Qué significa el hecho de que la Constitución Política goce de supremacía formal y material?


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Respuesta: La supremacía formal: todas las demás fuentes del Derecho Constitucional deben elaborarse siguiendo el procedimiento que la misma Carta Fundamental establece parcial o totalmente. La supremacía material: el contenido normativo de cada fuente formal tiene que ajustarse a la Constitución. Pregunta Nº 10.- ¿Qué contenidos abarca la Constitución Política de la República? Respuesta: Las siguientes: 1.- Normas directivas o directrices; 2.- Normas propiamente tales; y 3.- Aquellos principios constitucionales o derechos fundamentales. Pregunta Nº 11. ¿Cómo se clasifican las Constituciones? Respuesta: A) Por su concepción: 1) Racional Normativa. Planifica la vida política de la sociedad con toda precisión, debe crear un orden y respetarse; 2) Histórica Tradicional. Debe recoger la tradición del pueblo, ser producto de una lenta transición histórica; 3) Sociológica. Su texto debe reflejar la idiosincrasia del pueblo; B) Por su contenido: Escritas (nuestra Carta Fundamental) y Consuetudinarias (Constitución Británica). C) Por su origen: 1) Otorgadas: El Soberano las da sin consultar al pueblo; 2) Pactadas o Estamentales: Acuerdo de poder entre diversos grupos sociales (Ejemplo: la Carta Magna, acuerdo entre los Nobles y el rey Juan sin Tierra); 3) Democráticas: Hay participación del electorado mediante referéndum, asambleas o convención. D) Por su reformabilidad: 1) Pétreas: Inmodificables (Ejemplos: Italia, Francia); 2) Rígidas: Muy difícil de modificar (Ejemplo: EE. UU, que requiere dos tercios del Congreso Federal y tres cuartos de Estados Pactantes); 3) Semiflexibles: Se dificulta su modificación (Ejemplo: Chile, que requiere dos tercios o tres quintos de Diputados o Senadores en ejercicio, respectivamente); 4) Flexibles: Modificables con facilidad. (Ejemplo: Gran Bretaña, se rige por la costumbre).

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E) Por su extensión: 1) Breves o Sumarias: Tienen pocos artículos (Ejemplo: USA, 11 artículos); 2) Desarrolladas: Tiene muchos artículos, porque en ellas se desarrollan materias propias de ley (Ejemplo: India, 480 artículos, Méjico, 450). F) De acuerdo a la clasificación de Karl Lowenstein: 1) Normativas: Las que reflejan la exacta realidad de un país, en que todos los derechos se garantizan y respetan (Ejemplo: USA, Alemania); 2) Nominales: Los textos reflejan sólo en parte la realidad del País (Ej. países Sudamericanos, porque muchos de los derechos no pueden garantizarse, como por ejemplo el derecho al trabajo – hay cesantía); 3) Semánticas: El texto garantiza todos los derechos, pero no se aplica ninguno (Ej. África Negra, Somalia). Según Lowenstein “más que un traje, es un disfraz para el cuerpo social”. G) De acuerdo al criterio de don Mario Verdugo y doña Ana María García: 1) Material(aquéllas que consideran normas escritas o no, pero referidas a la organización fundamental del Estado) y Formal (referidas a un sistema de normas según la estructura del poder estatal); 2) Sumarias(se limitan a regular los aspectos esenciales de las instituciones) y Desarrolladas(pormenorizan materias propias de la ley ordinaria); 3) Escritas (las que están en un texto) y Reales: (no están en un texto). H) Clasificación tradicional:1) Escritas o consuetudinarias: a) Las Constituciones escritas son aquéllas en que el ordenamiento jurídico del Estado y su Gobierno se plasman en un texto. b) Las consuetudinarias o no escritas son aquéllas que se forman por la lenta evolución de las instituciones del Estado y de prácticas constantes consagradas por el uso y la tradición histórica; 2) Breves o desarrolladas: a) Las Constituciones breves o sobrias son textos básicos que contienen únicamente el esquema fundamental de la organización de los poderes públicos. b) Las desarrolladas o extensivas son textos con gran cantidad de artículos que tienden a reproducir con abundancia y precisión las normas y principios esenciales del ordenamiento jurídico del Estado; 3) Flexibles o rígidas: a) Estas constituciones se refieren principalmente en cuanto al proceso de reforma constitucional que ellas se permiten. b) La Constitución flexible es el texto que puede ser modificable por el órgano legislativo


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ordinario en la misma forma que una ley ordinaria. c) La rígida establece una serie de procedimientos que se traducen en obstáculos técnicos que impiden reformas o derogaciones rápidas, permitiendo en cierta manera una continuidad de los preceptos constitucionales. Algunas Cartas Fundamentales establecen cláusulas pétreas, normas que son inmodificables. Pregunta Nº 12.- ¿De cuántas partes se compone una Constitución? Respuesta: Algunas tienen cinco partes, otras en cambio no contemplan preámbulo ni disposiciones transitorias. Estas cinco partes son: 1) Preámbulo: Se entregan antecedentes y razones por las cuales el Poder Constituyente establece la Constitución; 2) Parte Dogmática: Quedan establecidos los valores y principios básicos, como también los derechos y garantías constitucionales; 3) Parte Orgánica: Se expresa la forma jurídica del Estado, la forma de Gobierno, Poderes del Estado, Órganos Estatales, las relaciones entre ellos y sus respectivas competencias; 4) Procedimiento de Reforma de la Constitución: Se indican los órganos, procedimientos y quórum requeridos para modificar la Constitución; 5) Disposiciones Transitorias: Conjunto de normas cuyo objeto es facilitar el paso de un ordenamiento jurídico regido por determinadas normas constitucionales a otro ordenamiento constitucional. Pregunta Nº 13.- ¿Por qué se dice que la Carta Fundamental es el Estatuto del Poder? Respuesta: Según Burdeaux, por tres razones: 1ª) Porque expresa una idea de Derecho. 2ª) Porque a través de ella se establece el imperio de la ley. 3ª) Porque a través de ella el poder se institucionaliza. Pregunta Nº 14.- ¿Qué se entiende por normas directivas o directrices?

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Respuesta: Son las que establecen propósitos permanentes, los cuales deben alcanzarse de manera progresiva o gradual y que tienen un valor objetivo. De estos objetivos emanan obligaciones constitucionales, como por ejemplo, alcanzar el bien común. Sin embargo, no todos los objetivos son equivalentes, y de esta forma, no es posible alcanzar aquellos de bien público sacrificando derechos fundamentales de las personas. Pregunta Nº 15.- ¿Qué entendemos por normas propiamente tales? Respuesta: Son aquellas que prescriben de manera clara y precisa un deber de conducta, caracterizándolas el hecho de que resulta fácil verificar si el comportamiento se ajusta a la norma o no. Pregunta Nº 16.- ¿Qué son los principios fundamentales o derechos constitucionales? Respuesta: Estructuras más amplias donde se contienen los derechos fundamentales, aquellos valores superiores del sistema político, los fines generales del Estado y los principios fundamentales del sistema normativo (Ejemplos: primacía de la Carta Fundamental, separación de poderes, etc.). Pregunta Nº 17.- La Constitución puede operar como fuente indirecta y directa del Derecho Constitucional. Breve Explicación. Respuesta: 1.- Opera como fuente indirecta al instituir a los órganos y entregarles aquellas potestades públicas destinadas a crear derecho, limitando, al mismo tiempo, su poder o facultades, debiendo actuar en estricta sujeción a ellas. 2.- Opera como fuente directa al crear normas directamente aplicables entre el ciudadano y el Estado y entre los sujetos particulares. Tal normativa corresponde a derechos fundamentales, y viene a ser un límite al poder estatal. Ejemplos: recurso de amparo, de protección, nulidad de derecho público, facultad conservadora de los tribunales de justicia.


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CAPÍTULO IV Ley

de

Reforma Constitucional

Pregunta Nº 18.- Ley de Reforma Constitucional. Concepto. Respuesta: Ley cuyos preceptos tienen por objeto introducir una modificación a las normas de la Carta Fundamental y que le sigue en jerarquía a esta última. Pregunta Nº 19.- ¿Qué es el Poder Constituyente? Respuesta: Es aquél que tiene la facultad para establecer la Constitución Política de la República y se encuentra radicado en el Pueblo o Nación, entrando en actividad al nacer un nuevo Estado y cuando cae un régimen político a consecuencia de un quiebre institucional. Pregunta Nº 20.- ¿Cómo se clasifican tradicionalmente los procedimientos que originan las constituciones? Respuesta: Se clasifican en procedimientos monárquicos, autocráticos y democráticos. Pregunta N° 21.- Breve referencia a los procedimientos señalados en la respuesta a pregunta anterior. Respuesta: a) Los procedimientos monárquicos originan Constituciones otorgadas (el poder constituyente lo conforma únicamente el monarca); y pactadas (negocian la Carta Fundamental el monarca con el pueblo). b) Entre los procedimientos autocráticos contemporáneos para la formación de la Constitución están: para los estados autoritarios, la adopción en forma unilateral por el detentador del poder de la Constitución; para los estados socialistas, la adopción de la decisión constituyente por un órgano del partido único, y otro sistema donde la aprobación de la Constitución está dada por un órgano determinado del partido y luego es sometido a la ratificación de la asamblea parlamentaria.

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c) Los procedimientos democráticos para establecer una Constitución parten del principio de que el poder constituyente se encuentra radicado en el pueblo, siendo éste el único que legítimamente puede darse una Carta Fundamental. Pregunta Nº 22.- ¿Cuáles son los procedimientos democráticos más utilizados para establecer una Constitución? Respuesta: La Asamblea Constituyente y el Plebiscito (*Ver Respuesta a Pregunta N° 7). Pregunta Nº 23.- ¿Qué se entiende por poder constituyente originario y derivado? Respuesta: 1) El poder constituyente originario es aquel poder creador de una nueva Constitución, que emerge de tiempo en tiempo en sociedades políticas, el cual se encuentra al margen del sistema jurídico que se crea. Nace, por lo general, posterior a sociedades irregulares, introduciendo la Constitución en el sistema, para luego desaparecer. 2) El poder constituyente derivado es el ejercicio de potestades que permite introducir, modificar o derogar enunciados constitucionales vigentes. En otras palabras, la reforma de la Carta Fundamental se produce en ejercicio del poder constituyente derivado. Pregunta Nº 24.- ¿Por qué razones la ley de reforma constitucional es de menor jerarquía que la Constitución? Respuesta: 1) Razón de forma: La ley de reforma, para tener validez, debe someterse al procedimiento que le impone el órgano constituyente originario al derivado a través de la Constitución. 2) Razón de Control: El proyecto de reforma constitucional debe ser controlado respecto de su constitucionalidad en forma preventiva y eventual por el Tribunal Constitucional (control formal y material.


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CAPÍTULO V Proyecto

de

Reforma Constitucional

Pregunta Nº 25.- ¿De qué maneras puede iniciarse un proyecto de Reforma Constitucional? Respuesta: Sólo puede ser iniciado mediante mensaje del Presidente de la República o a través de una moción parlamentaria, de acuerdo a las reglas generales (Art. 127). Pregunta Nº 26.- ¿Cuál es el quórum que se necesita para que el proyecto sea aprobado en cada cámara? Respuesta: Se necesitan los 3/5 de sus integrantes en ejercicio, pudiendo aumentar dicho quórum a 2/3 de los miembros en ejercicio, siempre que sean modificados los capítulos 1 (Bases de la Institucionalidad); 3 (Derechos y Deberes Constitucionales); 8 (Tribunal Constitucional); 11 (FF.AA., de Orden y Seguridad Pública); 12 (Consejo de Seguridad Nacional); 15 (Reformas de la Constitución) (Art. 127 inciso 2 C.P.R.). Pregunta Nº 27.- ¿De qué manera interviene el Congreso en la aprobación del proyecto presentado? Respuesta: El Congreso, en pleno, debe ratificarlo sesenta (60) días después del trámite en ambas cámaras, y tiene que hacerse por mayoría absoluta de los presentes, quedando la votación exenta de debate. Pregunta Nº 28.- ¿Qué ocurre si el Presidente de la República veta el proyecto de reforma ya ratificado, sea rechazándolo en su totalidad o introduciendo modificaciones al mismo? Respuesta: 1) Si éste lo rechaza totalmente, el proyecto vuelve al Congreso, el cual puede insistir por los 2/3. En caso de que prospere tal decisión, dicho proyecto va al Primer Mandatario, quien puede promulgar o convocar al pueblo a plebiscito, el cual no debe realizarse antes de 30 días, ni posterior a 60 desde que se publica el Decreto Supremo de convocatoria en el Diario Oficial.

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2) Si le introduce modificaciones, éste vuelve vía Cámara de origen al Congreso para que cada Cámara se pronuncie acerca de las observaciones. Ahora, si la Cámara de Diputados y el Senado lo aprueban, por 3/5 o 2/3, el proyecto es devuelto al Presidente de la República a fin de que lo promulgue. Si por el contrario, rechazan total o parcialmente las modificaciones, insistiendo por 2/3 de sus miembros en ejercicio en todo o parte del proyecto, el Presidente solamente puede convocar a plebiscito y en los mismos plazos ya señalados. De no hacerlo durante los 30 días, estará obligado a promulgarlo (Art. 128).

CAPÍTULO VI Respecto

Leyes Interpretativas Constitución

de las

de la

Pregunta Nº 29.- Ley Interpretativa de la Constitución. Concepto y elaboración. Respuesta: – Concepto 1: Ley cuya normativa sólo tiene como único propósito aclarar el sentido exacto y alcance de cualquier disposición oscura contenida en la Carta Fundamental. – Concepto 2: Ley que, sin seguir los trámites de una reforma constitucional, fija el verdadero sentido o alcance de una norma constitucional que se estima oscura. – Concepto 3: Ley destinada a fijar el sentido y alcance de un precepto constitucional y que en virtud del Art. 66 inc. 1 necesita para su aprobación, modificación o derogación de los 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio, y que en virtud al Art. 93 Nº 1 sobre ellas el tribunal constitucional ejerce el control de constitucionalidad antes de su promulgación. Esta clase de leyes eran reconocidas por la Constitución de 1833. A pesar de no estar consagradas en la Carta de 1925, durante su vigencia fueron dictadas varias de ellas como leyes comunes. Respecto de la actual Constitución, no las define, se limita a señalar sus trámites.


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De esta manera, a una ley interpretativa sólo le corresponde contribuir a la claridad y precisión de una norma constitucional, pero no “agregar nuevos elementos a los que ésta indica e introducir conceptos que no han sido siquiera insinuados por la Carta Fundamental” (Parte, Fallo Tribunal Constitucional de fecha 22-X-1992). Pregunta Nº 30.- ¿Qué características presenta la ley interpretativa? Respuesta: 1.- Necesita de quórum para su aprobación, modificación y derogación: las 3/5 partes de los diputados y senadores en ejercicio. (Ver Art. 66 C.P.R.) 2.- Emana del poder constituyente derivado. 3.- Se entiende formar parte de la norma constitucional que interpreta. 4.- Tiene trámite obligatorio de constitucionalidad ante el tribunal constitucional (a priori), antes de su promulgación. 5.- Sólo le cabe proporcionar claridad o precisión a una norma constitucional, pero no le corresponde agregar nuevos elementos o introducir conceptos que no ha establecido la Constitución (Tribunal Constitucional). Pregunta Nº 31.- Señale un ejemplo de Ley Interpretativa de la Constitución. Respuesta: En agosto de 1982 se dicta la Ley 18.152 que interpretaba los artículos 19 Nº 24 de la Constitución de 1980, 10 Nº 10 de la Constitución de 1925 y el artículo 1 Nº 16 del Acta Constitucional Nº 3 de 1976, sobre la reajustabilidad de las pensiones. Dispone que el derecho de propiedad no ampare lo relativo a los sistemas de actualización, reajustabilidad, reliquidación u otra forma de incremento o base referencial del cálculo de este beneficio (pensiones). Como resultado de lo anterior, los D.L. 2.448 y 2547 de 1979 y otras normas de igual naturaleza que derogaron regímenes de

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reajustabilidad de pensiones e indemnizaciones de carácter provisional, han producido, válidamente todos sus efectos. Estos D.L., no alteran el derecho de propiedad de los beneficiarios de pensiones y solo vulneran su régimen de reajustabilidad (que según la ley interpretativa no forma parte del derecho de propiedad), por tanto estas disposiciones no son contrarias a la Constitución. Pregunta Nº 32.- ¿De qué manera se evita que esta ley pueda ser utilizada para encubrir una verdadera reforma constitucional? Respuesta: Ella está sujeta a control constitucional preventivo y obligatorio. Así, la Cámara de origen debe remitirla al Tribunal Constitucional, dentro de los 5 días siguientes al momento en que el Congreso despacha completamente el proyecto. Aprobada, promulgada y publicada, dicha ley se incorpora a la norma constitucional objeto de interpretación. Pregunta Nº 33.- ¿La ley Interpretativa se incorpora a la Constitución Formal o Material? Respuesta: Sólo se incorpora a la Constitución Política de la República material, pudiéndosele modificar o derogar mediante otra ley interpretativa. Si pasara a formar parte de la norma interpretada, incorporándose a la Constitución Política de la República formal; entonces sólo podría modificarse o derogarse por ley de reforma constitucional ya que formaría parte de la Carta Fundamental. Pregunta Nº 34.- ¿Qué dificultades presenta la Interpretación de la Carta Fundamental? Respuesta: Los problemas interpretativos se reducen a los siguientes puntos: 1) La mayoría de su normativa es abierta, definiendo así marcos amplios de actuación en lugar de conductas específicas; 2) La actividad interpretativa de la Constitución se traduce en observar una serie de principios, directrices y valores del más alto


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grado de abstracción, que obligan al intérprete a tomar decisiones valorativas, influyendo en las mismas un cierto componente ideológico inevitable. Esta subjetividad e incertidumbre puede ser reducida mediante dos mecanismos: a) Un sistema de autocontrol por parte de los órganos encargados de velar por la supremacía constitucional, de manera que se respete el papel que primariamente le corresponde al parlamento; b) A través del uso sistemático y abundante de la técnica jurídica en la motivación del fallo o sentencia; 3) Los conflictos que debe resolver el intérprete constitucional poseen dimensiones y repercusiones más delicadas que las comunes. Pregunta Nº 35.- ¿De qué manera se interpretaban, hasta antes de los años veinte, los preceptos constitucionales? Respuesta: Debían ser interpretados como cualquier otra norma jurídica. Ello se mantuvo hasta que los alemanes afirmaran que los problemas de Derecho Constitucional son predominantemente políticos y no jurídicos, y que la Carta Fundamental debe ser objeto de una interpretación flexible. Pregunta Nº 36.- ¿Cuáles son los principios de la teoría de la interpretación constitucional? Respuesta: 1) El de la unidad de la Constitución, debiendo entenderse el texto constitucional como un sistema dotado de una unidad de significado en el que cada norma ha de ser interpretada en relación a las demás. 2) El de armonización o concordancia practica; vale decir que cuando dos o más preceptos constitucionales entran en conflicto en la resolución de un caso concreto, debe evitarse la aplicación excluyente de uno en perjuicio de otro. 3) El de la corrección funcional, implicando ello que el intérprete debe respetar el esquema de estructuras de poder y de distribución de funciones y tareas entre órganos y entes públicos que consagra la Carta Fundamental. 4) El de la eficacia normativa. La interpretación debe tender a maximizar la eficacia de las normas constitucionales, dando

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preferencia a los puntos de vista que permitan extraer de ellas consecuencias de aplicación inmediata. Pregunta Nº 37.- ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el sistema chileno de interpretación y los sistemas concentrados europeos? Respuesta: El sistema chileno se caracteriza por una difusión orgánica interpretativa, en cambio en aquellos sistemas concentrados europeos, a los tribunales constitucionales les corresponde primordialmente la interpretación de la Carta Fundamental. Así, el Tribunal Constitucional interpreta los preceptos legales; la Corte Suprema lo hace a través del recurso de protección y amparo; las Cortes de Apelaciones mediante el recurso de protección y amparo y la Contraloría General de la República por medio de la toma de razón.

CAPÍTULO VII Los Tratados Internacionales Pregunta Nº 38.- ¿Qué es un Tratado Internacional? Respuesta: Concepto 1: Acuerdo internacional entre varios Estados que concierta diversos intereses estatales de carácter particular, destinado a producir efectos jurídicos. Concepto 2: Acuerdos solemnes de voluntades entre Estados que tienen por finalidad crear derechos y obligaciones recíprocos entre los Estados parte. Pregunta Nº 39.- Ejemplos de disposiciones constitucionales que regulan los Tratados. Respuesta: 1) El Art. 5 inciso 2 C.P.R. (Tratados Internacionales referidos a derechos fundamentales de las personas, ratificados por nuestro país y en actual vigencia. Concordancias: Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, Decreto N° 778, 1976, Ministerio de Relaciones Exteriores, D.O, 29.04.1989, Art. 17. Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto San


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José de Costa Rica”, Decreto N° 873, 1990, Ministerio de Relaciones Exteriores, D.O. 05.01.1991, Art. 11, N° 2 y 3). 2) El Art. 54 Nº 1 inciso 4 C.P.R. (Señala que lo dispuesto en un tratado sólo puede derogarse, modificarse o suspenderse de acuerdo a lo previsto en el mismo tratado o al tenor de las normas generales del Derecho Internacional). De esta forma, el Estado de Chile les da un expreso reconocimiento, y se obliga a respetarlos. Pregunta Nº 40.- ¿Cuáles son las etapas por las que pasa la formación de un Tratado? Respuesta: 1.- Negociación preliminar: Contratos entre los representantes de los Estados para ponerse de acuerdo en la redacción del texto del tratado; 2.- Firma provisoria: El ejecutivo directamente o a través de sus representantes, (regla general), firma el documento, con el objeto de asegurar que existe acuerdo. Esta rúbrica no significa que haya acuerdo definitivo, es de carácter provisional. Previo a ella, el Congreso debe examinar el contenido del tratado y aprobarlo o rechazarlo; 3.- Aprobación del tratado por el Congreso: No puede modificarlo, sólo aprobarlo o rechazarlo. (Ver Art. 54 N° 1). Excepcionalmente, un tratado no necesita la aprobación del Congreso si su único propósito es poner en ejecución las normas de un tratado anterior que ya ha pasado por el Congreso habiendo sido aprobado por este; 4.- Ratificación: Acto del Presidente de la República en su calidad de conductor de las relaciones internacionales, quien, a través de la ratificación y a nombre del Estado de Chile, asume el compromiso de respetar las obligaciones del Tratado frente a los estados parte. Se extiende en un documento firmado por el Primer Mandatario y el Ministro de Relaciones Exteriores. El Presidente no está obligado a ratificar después de la aprobación del congreso; 5.- Depósito o canje del tratado: La ratificación no vincula sino en virtud del depósito o canje de las mismas (Adhesión); 6.- Promulgación: Acto mediante el cual el Presidente da testimonio solemne de la existencia de un nuevo tratado que deberá ser obedecido pues cumplió con los tramites constitucionales y reglas del Derecho Internacional, por lo que se ordena su publicación en el Diario Oficial y que se tenga como ley de la República.

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Pregunta Nº 41.- ¿En qué consiste el Principio de Intangibilidad de los Tratados Internacionales? Respuesta: Principio en virtud del cual, éstos no pueden ser alterados por obra de la legislación interna del Estado parte. Ni siquiera la Ley de Reforma Constitucional, puede introducirles unilateralmente una modificación o derogarlos. No obstante, ello no quiere decir que el Tratado Internacional esté ubicado jerárquicamente por sobre la ley, o en el mismo nivel que la Constitución Política o por sobre ella. Pregunta Nº 42.- Refiérase a la jerarquía de los Tratados Internacionales. Respuesta: No pueden tener mayor jerarquía que Ley porque a nivel interno los órganos que intervienen en su elaboración son los mismos que intervienen en el proceso de creación de la ley. De igual manera, un tratado no puede estar en un mismo rango que la Constitución o sobre ella, no sólo porque ésta no hace alusión a ello expresamente, sino que, además, el Art. 93 Nº 3 dispone exactamente lo contrario. Según el precepto recién mencionado, lo mismo que la ley ordinaria y la de reforma constitucional, los tratados están sujetos al “control preventivo y eventual del Tribunal Constitucional”. Por su parte, el Art. 93 Nº 6 hace posible declarar inaplicables por inconstitucionalidad los tratados internacionales. Ello basado en que la doctrina generalizada y la jurisprudencia han incluido a los tratados dentro de los preceptos legales. Esto está expresamente señalado en las Actas de la Comisión Ortúzar o Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política de la República.

CAPÍTULO VIII Preceptos Legales

y

Ley

Pregunta Nº 43.- ¿Qué se entiende por preceptos legales? Respuesta: La expresión preceptos legales es muy amplia y genérica. Se utiliza para englobar un conjunto de instrumentos le-


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gales de igual jerarquía, convencionalmente jerarquía de ley. Es el órgano legislativo quien interviene, en mayor o menor medida, en la elaboración de estos instrumentos. Pregunta Nº 44.- ¿En relación a qué cuestiones legales (naturaleza de la ley) innovó la Constitución de 1980 respecto de la del año 1925? Respuesta: 1.- Introdujo elementos sustantivos a la definición de ley; 2.- Trató de restringir su ámbito mediante: a) La existencia de la potestad reglamentaria autónoma. La Constitución del 80 innovó en esta materia. Ver antiguo Art. 32 N° 8, y el actual 32 Nº 6, al permitir que el Presidente de la República pudiera: “Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean de dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes”; b) La restricción de la reserva o ámbito de la ley, estableciendo un dominio de atribución taxativo, de dominio legal máximo; ya que no hay más materias propias de ley que las señaladas en el Art. 63; c) La existencia de leyes de bases. Esta forma particular de leyes arranca de los Nº 4, 18 y 20 del Art. 63 de la Carta Fundamental. En la Constitución Política de la República, esta clase de leyes se enmarca dentro de la idea de distribuir la competencia del legislador. Las leyes de bases son disposiciones legislativas que establecen principios básicos, confiando al ejecutivo la facultad de establecer las modalidades de su aplicación; 3.- Introdujo las Leyes de Quórum Calificado (L.Q.C.), Orgánicas Constitucionales (L.O.C.) y Leyes Interpretativas de la Constitución (L.I.C.). (Ver Art. 66). Pregunta Nº 45.- “Nuestra legislación recoge una concepción formal de ley”. ¿Es correcta o incorrecta esta afirmación? Fundamente su respuesta. Respuesta: No puede restringirse el concepto de la ley del Art. 1 del Código Civil, sin considerar lo que dispone la Constitución. Por lo mismo es improcedente dicha afirmación, pues, la Carta Fundamental aporta al respecto los siguientes elementos sustantivos: 1) La Generalidad (Art. 63 Nº 20). Dos son las condiciones que caracterizan la generalidad de una norma: la aplicación

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indistinta a cualquier persona o situación susceptible de encuadrarse dentro del marco del precepto y la permanencia de efectos más allá de su aplicación particularizada; 2) La obligatoriedad (Art. 63 Nº 20); vale decir, que sus prescripciones deban ser satisfechas imperativa e ineludiblemente por los destinatarios de la misma; 3) Debe estatuir las bases esenciales de un ordenamiento jurídico (Art. 63 Nº 20); o sea, regular los fundamentos que no pueden faltar de un conjunto normativo, de modo que a partir de ellos, pueda desarrollarse, en otras instancias normativas, la ordenación de detalle; 4) El respeto de los derechos de las personas (Arts. 1, 5, 19 Nº 26 y 39). La ley tiene como límites los derechos de las personas; 5) La finalidad del bien común (Art. 1 Constitución Política). La ley, al ser una manifestación del Estado, tiene que estar al servicio de la persona humana y su finalidad debe ser promover el bien común. Es decir, en nuestro ordenamiento el concepto de ley está subordinado a condiciones de fondo; No es suficiente para que a una norma le sea reconocida su carácter de ley, el hecho que haya sido votada por las cámaras legislativas y promulgada por el Jefe de Estado. Es necesario, además, que cumpla con los requisitos sustanciales dispuestos por la Constitución. Pregunta Nº 46.- ¿Qué se entiende por ámbito o reserva de la ley? Respuesta: Son aquellas materias sobre las que puede recaer la ley de manera exclusiva y excluyente de otras normas de rango inferior y de la acción del poder administrador. Al amparo de la Constitución de 1925, el sistema vigente fue el del “dominio ilimitado” de la ley. Bajo la Constitución de 1980, en cambio, rige un sistema de “dominio limitado”. Es un dominio de atribución taxativo, de dominio legal máximo; ya que no existen más materias propias de ley que las señaladas en el Art. 63. Sin embargo es de dominio legal híbrido; pues, por una parte existe un “dominio reservado máximo y de excepción” sólo en cuanto a las materias señaladas por su objeto en la Carta Fundamental; pero simultáneamente, hay un “dominio legal general” respecto de las materias que regulan las leyes de bases esenciales.


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CAPÍTULO IX Respecto

de la

Legislación Complementaria

a) Leyes Orgánicas Constitucionales Pregunta Nº 47.- ¿Qué se entiende por Ley Orgánica Constitucional? Respuesta: Es aquella que estando expresamente prevista y designada como tal en la Carta Fundamental, necesita para ser aprobada, modificada o derogada, del quórum de 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio; que no admite delegación en el ejecutivo de la potestad legislativa, y que, además, requiere siempre, como trámite previo a su promulgación e indispensable para su validez, del control de constitucionalidad del tribunal constitucional (a priori). (Ver Art. 66 inciso 2). Pregunta Nº 48.- ¿Cuáles son sus características? Respuesta: 1.- Están establecidas taxativamente en la Carta Fundamental e inspiradas en la Constitución Francesa; 2.- Quórum: 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio, para su aprobación, modificación o derogación; y 3.- Tienen trámite obligado de constitucionalidad (a priori). Pregunta Nº 49.- ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Respuesta: Estas leyes no están en un rango intermedio entre la Constitución y la ley; no existe diferencia jerárquica, de subordinación, entre la ley ordinaria y ella. Sí puede haber una “súper legalidad de forma” constituida por el control preventivo y obligatorio de constitucionalidad y el quórum especial de aprobación. No son dictadas en ejercicio del poder constituyente sino del legislativo. Tampoco forman parte del contenido material de la Carta Fundamental, sino que son leyes complementarias; elaboradas para reafirmar la Constitución y no con el objeto de reformarla.

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Pregunta Nº 50.- Principales Leyes Orgánicas Constitucionales. Respuesta: Estas leyes son: 1.- Banco Central de Chile. Ley 18.840; 2.- Bases Generales de la Administración del Estado. Ley 18.575; 3.- Carabineros de Chile. Ley 18.961; 4.- Concesiones Mineras. Ley 18.097; 5.- Congreso Nacional. Ley 18.918; 6.- Consejos Regionales de Desarrollo. Ley 18.605; 7.- Contraloría General de la República. Ley 10.336; 8.- Código Orgánico de Tribunales. Ley 7.421; 9.- Enseñanza. Ley 18.962; 10.- Ley General de Educación. Ley 20.370; 11.- Estados de Excepción Constitucional. Ley 18.415; 12.- Fuerzas Armadas. Ley 18.948; 13.- Gobierno y Administración Regional. Ley 19.175; 14.- Inscripciones Electorales y Servicio Electoral. Ley 18.556; 15.- Planta del Servicio Electoral. Ley 18.583; 16.- Ministerio Público. Ley 19.640; 17.- Municipalidades. Ley 18.695; 18.- Partidos Políticos. Ley 18.603; 19.- Tribunal Calificador de Elecciones. Ley 18.460; 20.- Tribunal Constitucional. Ley 17.997; 21.- Votaciones Populares y Escrutinios. Ley 18.700. La Constitución ha establecido las materias que deben ser objeto de Leyes Orgánicas Constitucionales. Pregunta Nº 51.- ¿De qué clases pueden ser las Leyes Orgánicas Constitucionales? Respuesta: 1) Reales: Elaboradas de acuerdo al procedimiento propio de las mismas. 2) Fictas: Aquellas que se tienen por leyes orgánicas constitucionales, no obstante hayan sido elaboradas mediante otro procedimiento. Pregunta Nº 52.- Señale materias de ley que son propias de una ley orgánica constitucional. Respuesta: 1) Concesiones mineras; 2) Inscripciones electorales; 3) Votaciones y Escrutinios; 4) Tribunal Calificador de Elecciones; y 5) Partidos Políticos. Pregunta Nº 53.- ¿Qué características presentan las materias de ley propias de una Ley Orgánica Constitucional?


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Respuesta: 1) Son taxativas, no hay otras que las expresamente mencionadas por la Carta Fundamental (Art. 63 C.P.R.); 2) Todas ellas han sido consideradas por el constituyente originario de suma importancia, ya que establecen el marco dentro del que es posible y debe desarrollarse la vida en sociedad, por lo que tienen que alcanzar el máximo de permanencia; 3) No pueden regularse por D.F.L., vale decir, que al Congreso no le es posible delegar en el Presidente de la República, facultades legislativas en tales materias. Esto se establece en razón de que podría prestarse para burlar el quórum de la citada ley, siendo que la ley delegatoria es aprobada por simple mayoría de los presentes; 4) No pueden ser abordadas por disposiciones legales ordinarias. Pregunta Nº 54.- ¿Cuál es el rol del Tribunal Constitucional en las leyes orgánicas constitucionales? Respuesta: De acuerdo con el Art. 93 Nº1 de la Constitución Política, corresponde al este tribunal ejercer control preventivo y obligatorio de constitucionalidad de las citadas leyes. Ahora, dicho control puede abarcar toda una ley o parte de ella, pero su competencia sólo se reduce a las materias propias de ley orgánica. De esta manera, si en un proyecto de ley sometido a su consideración se contienen normas propias de tal clase de leyes y de ley ordinaria, sólo puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de las primeras. Además, se trata de un control preventivo, pues, opera antes que la ley entre en vigencia, y una vez que estas se incorporan al ordenamiento jurídico, el tribunal no tiene control alguno sobre ellas. Pregunta Nº 55.- ¿Cuáles son los efectos de la declaración de Constitucionalidad del Tribunal Constitucional? Respuesta: Cabe señalar que la sentencia que dicho tribunal realiza al emitir su juicio de constitucionalidad en ejercicio de dicho control preventivo, es definitiva en un doble sentido: a) Si el tribunal declara la constitucionalidad de un proyecto de ley orgánica constitucional, no procede recurso alguno, sin perjuicio de que puede, el mismo Tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido.

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b) Si el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional, no podrá convertirse en ley el proyecto o decreto con fuerza de ley que se trate. En este caso se publicarán en el Diario Oficial. (Ver Art. 94 C.P.R.). Pregunta Nº 56.- ¿Quién califica qué materias son propias de ley orgánica o lo orgánico propiamente tal? Respuesta: Al respecto el tribunal ha sustentado dos posiciones: 1ª.- La Doctrina Clásica. Si se contenían materias propias de ley orgánica constitucional en una ley ordinaria, dicho tribunal carece de facultades para ejercer un control preventivo y tampoco puede extender su control a preceptos de rango simple o común, aun cuando se encontraran contenidas en una ley orgánica constitucional y pudieran ser inconstitucionales, toda vez que respecto de las leyes ordinarias sólo cabe el control preventivo en virtud de un requerimiento y no en forma obligatoria y que como sus atribuciones son de derecho estricto, no le es lícito extenderlas más allá de lo reglamentado expresamente por la Carta Fundamental. Lo anterior implicaba que quien definía los aspectos sobre los cuales el tribunal debía ejercer su control obligatorio y preventivo en materias propias de ley orgánica constitucional, era el parlamento. 2ª.- La Nueva Doctrina. En sentencia recaída sobre el control de constitucionalidad respecto de una modificación a la Ley General de Telecomunicaciones (1993), el Tribunal Constitucional sostuvo que es a él a quien le corresponde calificar qué materias son propias de ley orgánica constitucional y cuáles son propias de ley común, transformando la calificación que ejerce el parlamento en provisoria. Los argumentos que esgrimieron para su tesis los ministros Jiménez, Jordán, García y Colombo son los siguientes: a) El Art. 93 Nº 1 de la Constitución, no ordena que este control se efectúe sólo respecto de las normas que sean propias de ley orgánica constitucional; sino que sobre la totalidad del proyecto, a fin de establecer si sus composiciones son o no constitucionales; b) Las normas que se han sometido a su control constituyen un todo orgánico y sistemático con el resto del precepto. De este modo, con un análisis parcializado de su contenido, el Tribunal Constitucional no puede desarrollar íntegra y cabalmente su la-


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bor fundamental destinada a preservar los valores rectores que conforman las bases de la institucionalidad; c) El citado tribunal no está actuando de oficio sino que cumpliendo su función fundamental de velar como órgano preventivo por la supremacía y aplicación integral de las normas de la constitución. Esta labor no puede estar sujeta a restricciones. Pregunta Nº 57.- ¿Qué ocurre si se omite el control obligatorio de constitucionalidad? Respuesta: En caso de que el Tribunal Constitucional no conozca de un asunto que, a pesar de abordar materias propias de ley orgánica constitucional, no fue a su control, por haber sido calificada erróneamente por el Congreso o atendida cualquier otra razón, la única posibilidad de atacar la inconstitucionalidad sería a través del recurso de inaplicabilidad, ya que el mencionado tribunal realiza un control preventivo, y una vez que estas se incorporan al ordenamiento jurídico, el tribunal no tiene control alguno sobre ellas. Sin embargo, la Corte Suprema ha fallado que cuando un asunto propio de ley orgánica constitucional, debiendo haber sido objeto de control de constitucionalidad por parte del tribunal, no lo fue por considerarse en su oportunidad que no era una materia propia de esta clase de leyes o por cualquier otra razón; se ha incurrido en un vicio de forma al nacer a la vida jurídica un precepto que no fue a control preventivo de constitucionalidad, no obstante su carácter orgánico constitucional. A pesar de ello, la Corte Suprema no es competente para conocer del recurso de inaplicabilidad por vicios de forma, ya que estos serían de competencia del Tribunal Constitucional. Lo anterior implica que la ley subsistirá con ese vicio hasta su derogación o modificación. b) Leyes

de

Quórum Calificado

Pregunta Nº 58.- ¿Qué se entiende por Ley de Quórum Calificado? Respuesta: Concepto 1: Es aquella ley para cuya aprobación, modificación o derogación se requiere un quórum de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de cada Cámara.

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Concepto 2: Es aquella referida a ciertas materias que el constituyente ha determinado que por su importancia, en su aprobación, modificación o derogación se debe ser más exigente que una ley ordinaria, pero menos que una ley orgánica constitucional. (Ver Art. 66 inciso 3 C.P.R.) Pregunta Nº 59.- ¿Qué características presenta esta ley? Respuesta: 1) Quórum: mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio; y 2) No están sujetas al control obligatorio de constitucionalidad. Pregunta Nº 60.- Cite las materias reguladas en la mencionada ley. Respuesta: 1) Libertades de Opinión e Información y el Ejercicio del Periodismo. (Ley 19.733); 2) Conductas Terroristas. (Ley 18.314); 3) Consejo Nacional de Televisión. Ley 18.838; 4) Armas. (Ver Ley 17.798). Pregunta Nº 61.- ¿De qué clase es el control de las leyes de quórum calificado ante el Tribunal Constitucional? Respuesta: Es preventivo y eventual, y, al igual que en el caso de las leyes orgánicas constitucionales, existen leyes de quórum calificado reales y fictas. c) Leyes

de

Amnistía

e Indultos

Generales Terroristas

y

Amnistía

a

Pregunta Nº 62.- Terrorismo. Concepto y breve análisis. Respuesta: Concepto 1: Infundir temor justificado en la sociedad o a parte de ella, para producirle daño, con el objeto de obtener resoluciones de la autoridad obligándole al cumplimiento de ciertas exigencias. Concepto 2: Acción delictiva (homicidio, secuestro, bombas, etc.) que se materializa con la finalidad de conseguir un objetivo


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político en razón del terror y el miedo que tales acciones puedan infundir en sus víctimas potenciales. El hecho tiene una relación de causa efecto. Lo que se presenta es una situación grave y justifica que la sociedad se atemorice. Se le infunde a esta última o a una parte de ella un temor justificado. El terrorista quiere obtener resoluciones de la autoridad bajo amenaza y, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. El terrorismo, en cuanto a la tipificación de sus conductas es objeto de una ley de quórum calificado. La Constitución establece la tipicidad y pena de que sean objeto en una de estas leyes, la Ley 18.314. Importante resulta advertir que el tipo delictivo exige la presencia de un elemento subjetivo como es el propósito de alcanzar una finalidad política por el terror, o sea, es importante que el terrorista tenga la intención y conciencia de provocar un fin político por el miedo que pueda infundir dicha acción en sus potenciales víctimas. El terrorismo es una forma de violencia política que se distingue del terrorismo de Estado en que sus autores pertenecen o son entidades gubernamentales; y de los actos de guerra y de los crímenes de guerra que se producen en ausencia de ésta. Dentro de los instrumentos utilizados para implementar actos terroristas, se incluyen diversas formas de violencia física contra las personas (secuestro, tortura o la ejecución extrajudicial); como también la violencia moral, o la presión social; diversas formas de violencia contra los bienes privados y públicos (destrucción de los mismos con materiales explosivos o incendiarios). Finalmente, uno de los instrumentos más utilizados por los grupos terroristas es el atentado con explosivos contra blancos militares o civiles para provocar muertes indiscriminadas o no. En el caso del Terrorismo de Estado, pueden citarse como ejemplo los bombardeos aéreos de ciudades. El Código Aéreo de La Haya de 1923 estableció que “está prohibido el bombardeo aéreo con el objeto de aterrorizar a la población civil...”. Sin embargo, esta regla y otras similares nunca fueron ratificadas por los países de mayor poder militar. En ese marco, algunos autores han

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citado como ataques terroristas el bombardeo de Guernica en 1936 o el que realizara Estados Unidos con bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Pregunta Nº 63.- Régimen de Indulto, Amnistía, Libertad Condicional y Detención. Breve referencia. Respuesta: A) El indulto particular. No procede, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo. B) La amnistía. El terrorista puede ser objeto de amnistía, pero otorgada por una ley especial, y con el quórum más alto que permite la Constitución, 2/3 de los miembros en ejercicio de la cada Cámara. c) La libertad condicional. Para que produzca efectos debe ser confirmada vía consulta o apelación a la Corte de Apelaciones. Ésta, para decidir si confirma o no, debe estar conformada sólo por miembros titulares y no por abogados integrantes. En caso de ser confirmada, debe hacerse por la unanimidad de sus miembros. Una vez en libertad, el terrorista queda bajo la vigilancia permanente de la autoridad, debiendo ir a firmar todos los días al Patronato de Reos. d) Régimen de detención. Cuando se trate de una investigación de delitos terroristas, el plazo para ser puesto a disposición del juez, puede extenderse a 10 días. Pregunta Nº 64.- ¿Qué penas se describen constitucionalmente para las conductas terroristas? Respuesta: Penas privativas de libertad y ciertas inhabilidades que se les impone a los responsables de estos delitos (sin perjuicio de otras inhabilidades de las que por mayor tiempo establezca la ley): a) Por 15 años, para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular; b) Para ser rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza; c) Para explotar un medio de comunicación social, o desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones; d) Para ser dirigente de organizaciones políticas relacionadas con la educación o de carácter


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vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho plazo (15 años). (Art. 9). Pregunta Nº 65.- ¿Procede el indulto particular respecto de los delitos terroristas? Respuesta: No, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo (Ver Art. 9 inciso 3). Pregunta Nº 66.- ¿Procede juzgar a una persona por sus ideas políticas? Respuesta: No, y si ésta fuere perseguida políticamente en su país de origen, puede ser objeto de protección en un país extranjero. Pregunta Nº 67.- ¿En qué consiste la Ley de Amnistía e Indultos Generales en favor de Terroristas? Respuesta: Es aquella para cuya aprobación, modificación o derogación se requiere de un quórum de 2/3 de diputados y senadores en ejercicio (tratándose de delitos contemplados en el artículo 9). El quórum más alto posible lo encontramos únicamente en los artículos 127 inciso 2º y 128 incisos 2º y 3º, Capítulo XV sobre Reforma de la Constitución. Ha sido establecida en razón de que existe otra ley (de quórum calificado) que otorga amnistía o indultos generales en favor de delincuentes que no sean terroristas. Pregunta Nº 68.- ¿Qué es la amnistía? Respuesta: Beneficio de efectos radicales, pues, borra tanto el delito como la pena, dejando a la persona del delincuente como si nunca hubiese delinquido. Es una ficción de olvido que favorece tanto a individuos condenados por un delito como a aquellos que ni siquiera han sido parte de un proceso aún. La otorga el órgano legislativo. Ejemplo: Decreto Ley 2.191 de 1978. Amnistió tanto a opositores como a militares que hubieren delinquido entre 1973 y 1978. También se han otorgado amnistías a infractores de la ley electoral en tiempos normales.

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Pregunta Nº 69.- ¿Qué son los indultos? Respuesta: Beneficio que recae sobre la pena (no sobre el delito). Puede implicar: condena, rebaja o sustitución de la pena por otra menos rigurosa. En todo caso, la persona sigue siendo delincuente porque no se borran sus antecedentes penales. De esta manera, el indulto sólo opera respecto de personas condenadas. Pregunta Nº 70.- ¿De qué clases puede ser el indulto? Respuesta: Particular o general. – Indulto particular. Sólo beneficia a una o varias personas individualmente. Lo concede el Presidente de la República mediante Decreto Supremo (Art. 1) y está regulado por la Ley 18.050 sobre Normas Generales para Conceder Indultos Generales, publicada en el D.O. 06.11.1981. Dicha ley señala los requisitos que deben cumplirse para poder solicitar el indulto. – Indulto general. Beneficia indistintamente a cualquier delincuente que cumpla con los requisitos señalados en la misma norma que otorga el indulto, razón por la cual el número de personas beneficiadas resulta indeterminado. Lo otorga el órgano legislativo. Pregunta Nº 71.- ¿Cuál es el caso de excepción en que el indulto es concedido por el Congreso Nacional? Respuesta: Cuando se trata de personas que han sido condenadas por un delito, pero que previamente por ese mismo hecho han sido condenadas en juicio político. Pregunta Nº 72.- Los delitos referidos en el inciso 3° del Art. 9 C.P.R. son siempre considerados comunes y no políticos. ¿Procede en este caso el indulto particular? Respuesta: No, excepto para el caso de conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo. (Ver inciso 3, Art. 9 C.P.R.).


d) Leyes Comunes

u

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Ordinarias Propiamente Tales

Pregunta Nº 73.- ¿Qué se entiende por leyes comunes u ordinarias propiamente tales? Respuesta: Son aquellas para cuya aprobación, modificación y derogación se requiere el quórum más bajo posible, el de simple mayoría de los presentes en la sala. Pregunta Nº 74.- ¿En qué consiste la iniciativa legislativa? Respuesta: Es la primera etapa del proceso de formación de la ley. Corresponde ella al Presidente de la República y a los parlamentarios. Ahora, cuando ésta proviene del primer mandatario recibe el nombre de “mensaje” y si son los parlamentarios sus gestores se denomina “moción”, la que no puede ser firmada por más de 10 diputados ni más de 5 senadores. (Ver Art. 65 C.P.R.) Pregunta Nº 75.- ¿Cómo se clasifica la iniciativa legislativa? Respuesta: Se clasifica en iniciativa ordinaria e iniciativa exclusiva del Presidente de la República. 1) Iniciativa Ordinaria: La tiene el Presidente y los parlamentarios y, en general, recae sobre la generalidad de las materias de ley. 2) Iniciativa Exclusiva: Sólo le corresponde exclusivamente al Presidente de la República presentar proyectos de ley en las materias que la Constitución Política de la República establece. Pregunta Nº 76.- ¿Dónde comienza la tramitación de un proyecto de ley? Respuesta: Comienza en lo que se conoce como “Cámara de origen”, y para determinar cuál será dicha Cámara debe distinguirse entre quienes presentan el citado proyecto: 1) El Presidente de la República, puede presentarlo ante cualquiera de las dos Cámaras (Cámara de Diputados o Senado); 2) Los senadores, únicamente pueden presentar proyectos en el Senado; y 3) Los diputados, sólo pueden presentar proyectos ante la Cámara de diputados.

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Pregunta Nº 77.- ¿Qué proyectos de ley deben comenzar a estudiarse, excepcionalmente, ante una Cámara determinada? Ejemplos. Respuesta: De acuerdo con el Art. 65 inciso 2, sólo pueden tener “origen” en la Cámara de Diputados, el proyecto general de la ley de presupuesto y sus modificaciones, los proyectos de ley sobre tributos, etc. Por su parte, en el Senado, aquellos proyectos de ley sobre amnistía y sobre indultos generales. Pregunta Nº 78.- ¿Dónde transcurre la etapa de discusión legislativa? Respuesta: Transcurre íntegramente en el Congreso. Debe distinguirse entre la etapa a desarrollar en la Cámara de origen y en la Cámara revisora. Pregunta Nº 79.- Discusión en Cámaras de origen y revisora. Breve referencia. Respuesta: El Presidente de la Cámara da cuenta a la Sala del ingreso de un proyecto de ley. Si éste cumple con los requisitos de admisibilidad, se remite a una de las comisiones permanentes para que sea analizado en sus aspectos generales o ideas matrices. Una comisión estudia el proyecto informando luego sus conclusiones a la Cámara, la que discute el proyecto en general y decide si rechaza o aprueba la idea de legislar sobre el mismo (discusión general). 1.- En el caso de rechazarse la idea de legislar, para determinar los efectos debe distinguirse de donde proviene el proyecto: a) Si es de iniciativa parlamentaria (Art. 68), no puede renovarse sino transcurrido un año. b) Si es de iniciativa del Presidente de la República (Art. 68), éste puede solicitar que el mensaje se envíe a la otra Cámara y si ella lo aprueba en general por 2/3 de los presentes regresa a la Cámara de origen y sólo podrá ser rechazado con los 2/3 de los miembros presentes.


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2.- Si se aprueba el proyecto en general; es enviado nuevamente a la comisión para que lo estudie en sus aspectos particulares. Con el informe de la comisión, la Cámara procede a la Discusión en particular, aprobando o rechazando cada una de las disposiciones e indicaciones. Y si la Cámara aprueba algunas modificaciones, estas se adicionan al proyecto original. Una vez concluido el debate, se vota el proyecto, el cual debe ser aprobado por el quórum que exige la Constitución, según la naturaleza de la ley. Un proyecto de ley es aprobado de acuerdo a los quórum: Ley Reforma Constitucional 3/5 ó 2/3, según el caso; Ley interpretativa: 3/5 de los miembros en ejercicio; Ley Orgánica Constitucional: 4/7 de los miembros en ejercicio; Ley de quórum calificado: Mayoría absoluta de los miembros en ejercicio; Ley Indulto: 2/3 de los miembros en ejercicio de cada Cámara. Ley común: Mayoría de los presentes, mínimo 1/3. Una vez aprobado el proyecto en la Cámara de origen, éste pasa a la Cámara revisora, la cual procede de la misma manera como lo hizo la primera de ellas. Pregunta Nº 80.- ¿Qué ocurre si un proyecto de ley es aprobado en la Cámara de origen, pero rechazado totalmente por la Cámara revisora? Respuesta: Se crea una comisión mixta de diputados y senadores, a objeto de estudiar una solución al conflicto. De esta forma, la comisión mixta debe aprobar un proyecto de alternativa que satisfaga a ambas Cámaras, frente a lo cual puede ocurrir lo siguiente: a) Que el proyecto elaborado por dicha comisión mixta sea aprobado por las dos Cámaras; b) Que la comisión no logre acuerdo o si llega a un acuerdo el proyecto no es aprobado por alguna de las cámaras. En este último caso, el proyecto se entiende rechazado, ante lo cual el Presidente de la República puede solicitar que el proyecto primitivo sea enviado a la Cámara de origen e insista en el proyecto primitivo con 2/3 de los presentes (técnicamente se dice que fue capaz de insistir en el tercer trámite constitucional). Si la Cámara de origen insistió en el proyecto, deberá pasar a la Cámara revisora, en el cuarto trámite constitucional, la cual únicamente podrá re-

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chazar el proyecto por 2/3 de los presentes. En este último caso, tal proyecto “muere”. (Ver Art. 70 C.P.R.) Pregunta Nº 81.- ¿Qué ocurre si el proyecto aprobado en la Cámara de origen pasa a la Cámara revisora, es aprobado, pero se le introducen modificaciones? Respuesta: Regresa en tercer trámite constitucional a la Cámara de origen, la que tendrá que conocer las modificaciones para así aprobarlas o modificarlas. – Si lo aprueba: el proyecto se entiende aprobado por el Congreso. – Si rechazan las modificaciones: se conforma una comisión mixta para resolver la dificultad, proponiendo un proyecto de alternativa, ante lo cual pueden darse dos situaciones: 1ª) Si es aprobado el proyecto por las 2 cámaras; obviamente este se aprueba. 2ª) Si la comisión no se pone de acuerdo o el proyecto es rechazado en cualquiera de las Cámaras; la parte que no se ha aprobado se pierde. Sin embargo, el Presidente de la República puede solicitar que el proyecto primitivo pase a cuarto trámite constitucional a la Cámara de origen, la que para insistir en el rechazo requiere una votación de 2/3 de los presentes (no habrá ley en esa parte o en su totalidad). Si no reúne los 2/3 de los presentes para insistir en el rechazo, el proyecto va en el quinto trámite constitucional a la Cámara revisora, la que requiere 2/3 de los presentes para aprobar las modificaciones (Ver Art. 71 C.P.R.) Pregunta Nº 82.- ¿Qué es la sanción? Respuesta: Conformidad o aprobación que el Presidente de la República da “a un proyecto de ley”. Pregunta Nº 83.- ¿De qué clases puede ser la Sanción? Respuesta: – Expresa. Si considera que el proyecto le satisface, lo declarará expresamente en un oficio al Congreso y promulgará el mismo.


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– Tácita. Si pasan los 30 días y no dice nada, lo sanciona tácitamente. Ahora, si dentro de los 30 días termina la legislatura ordinaria, el Presidente de la República tiene 10 días más para introducir vetos al proyecto. – Obligatoria o forzosa. Se produce cuando las dos Cámaras desechan todas o algunas de las observaciones e insisten por 2/3 de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas. Pregunta Nº 84.- ¿En qué consiste la Promulgación? Respuesta: Acto en virtud del cual el Presidente de la República da testimonio formal y solemne ante el cuerpo social de que existe una nueva ley, de que es tal porque ha cumplido todos los requisitos constitucionales, y, por lo tanto, en su calidad de Primer Mandatario manda que esa ley se tenga como parte del ordenamiento jurídico nacional y sea obedecida por la comunidad. Este acto se realiza mediante Decreto Supremo (D.S. promulgatorio). Sólo se promulgan las leyes y los tratados internacionales. El Presidente tiene 10 días para promulgar desde que resulta procedente hacerlo. Si la sanción es tácita el plazo corre cuando se extingue el plazo de sanción (30 días). Si se vetó el proyecto y ambas Cámaras aprobaron las observaciones, se cuenta desde la aprobación. Si ambas rechazaron e insistieron, se cuenta desde la insistencia. La promulgación transforma el proyecto de ley en ley. (Art. 75 inciso 2 C.P.R.). Pregunta Nº 85.- ¿Qué es la Publicación? Respuesta: Acto a través del cual la ley se difunde en el cuerpo social para que se conozca y sea cumplida. Se inserta el texto en el Diario Oficial, momento a partir del cual ésta entra en vigencia y se presume conocida por todos, a menos que ella fije un plazo. La publicación se hace dentro de 5 días, contados desde el momento en que el Decreto Supremo promulgatorio agota su tramitación en la Contraloría (Toma de razón). (Ver Art. 75 inciso 3 C.P.R.).

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e) Decretos

con

Fuerza

de

Ley

Pregunta Nº 86.- ¿Qué se entiende por Decreto con Fuerza de Ley? Respuesta: Concepto 1: Norma que dicta el Presidente de la República, respecto de materias del dominio legal, autorizado mediante ley, por acuerdo del Congreso aprobatorio de un tratado internacional o directamente por la Carta Fundamental. Concepto 2: El que dicta el Presidente de la República para regular materias propias de ley, con la facultad legislativa que el Congreso delega en su persona mediante la dictación de una ley delegatoria de facultades legislativas. No se trata de una ley en sentido formal, pero tiene la misma fuerza obligatoria que ella. Pregunta Nº 87.- ¿Cuál es la validez jurídica de estos Decretos con Fuerza de Ley? Respuesta: En la Constitución de 1925 no se contemplaban los D.F.L., sin embargo, a pesar de su evidente inconstitucionalidad, fueron dictados con relativa frecuencia en la mayoría de los gobiernos. Algunos de ellos amplísimos, como las Leyes 1.151, 13.305, y en cuya virtud se dictaron numerosos D.F.L. Así es como todas estas delegaciones de facultades legislativas eran con quebrantamiento de la Carta Fundamental. Sólo en el año 1970, mediante Ley 17.284 (Reforma Constitucional), se autorizó la dictación del Decreto con Fuerza de Ley, pero en determinadas materias y sujeto a varias limitaciones. Están contemplados de manera expresa en el Art. 32 Nº 3 de la Constitución, siendo regulados extensamente en el Art. 64 del mismo cuerpo legal. Pregunta Nº 88.- ¿Qué requisitos debe cumplir el Decreto con Fuerza de Ley como tal? Respuesta:1) La delegación debe ser ejercida en el plazo de 1 año (plazo máximo, por ello se puede establecer en la ley dele-


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gatoria un plazo menor). Si la ley delegatoria nada dice respecto del plazo se entiende que es de un año. Este no es prorrogable sino mediante una nueva ley. Mientras se encuentre vigente el plazo, la facultad puede derogarse si no se ha ejercido o también es factible revocar esta facultad tácitamente, regulando la materia que se había entregado al Presidente de la República. Aunque es discutible, en general se entiende que vigente el plazo es posible dictar otros Decretos con Fuerza de Ley sobre la materia delegada; 2) Debe cumplir con los requisitos propios de todo decreto; atendido que el DFL tiene una doble naturaleza, y como decreto debe reunir aquellos requisitos propios de éstos, lo cual significa ir a la toma de razón por la Contraloría General de la República; 3) Debe publicarse. Pregunta Nº 89.- ¿A qué controles constitucionales se encuentra sujeto el Decreto con Fuerza de Ley? Respuesta: 1) Control de la Contraloría General de la República. El Contralor debe representar este decreto en tres casos: a) Cuando excede la ley delegatoria; b) Cuando la contraviene; y c) Cuando es contrario a la Constitución Política de la República. En caso de representación, el Presidente carece de facultad para insistir como ocurre en los demás decretos. 2) Control del Tribunal Constitucional. Este puede intervenir en dos oportunidades: en forma preventiva y en forma represiva, lo que constituye una excepción a las facultades de dicho Tribunal. (Ver Art. 92 y Ss., C.P.R.). 3) Control preventivo. En este caso, la intervención es motivada por la representación de la Contraloría General de la República (Art. 93 Nº 9), ya que si bien el Presidente no puede insistir frente a la representación del órgano contralor, puede llevar los antecedentes al Tribunal Constitucional en el plazo de 10 días, contados desde la representación. Ahora, si el Tribunal Constitucional considera que el Decreto con Fuerza de Ley está conforme, se lo comunicará a la Contraloría a fin de que ésta tome razón de tal decreto. 4) Control Represivo (Art. 93 Nº 3). Constituye una excepción a las facultades del Tribunal Constitucional. El requerimiento

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puede ser presentado por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, en el caso de que la Contraloría hubiere tomado razón de un Decreto con Fuerza de Ley inconstitucional dentro del plazo de 30 días, contados desde la publicación del referido decreto. El Tribunal Constitucional tiene un plazo de 30 días, prorrogables por otros 15, para resolver el requerimiento formulado por el Presidente, y si acoge el reclamo parlamentario en todo o en parte, la sentencia debe ser publicada en el Diario Oficial dentro de los 3 días siguientes. A partir de la publicación, el Decreto con Fuerza de Ley queda sin efecto. 5) Control de la Corte Suprema. Es de carácter represivo y se ejerce a través del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En todo caso no le corresponde pronunciarse acerca de si el legislativo ha podido o no delegar sus funciones ni puede resolver si el Presidente de la República se extralimitó de la delegación; únicamente le incumbe pronunciarse sobre la constitucionalidad del mismo. 6) Control de los tribunales ordinarios. No constituye facultad expresa, sino que se funda en la siguiente interpretación jurídica: si el Decreto con Fuerza de Ley excede la ley delegatoria habría una degradación normativa y tendría sólo rango de decreto ordinario, y por tanto los tribunales podrían analizarlo al tratarse de una cuestión de ilegalidad y no de constitucionalidad. f) Decretos Leyes Pregunta Nº 90.- ¿Qué es un Decreto Ley? Respuesta: Es aquel decreto propio de una legislación irregular (ruptura constitucional) que emana del órgano ejecutivo, con el objeto de regular materias propias de ley, sin que medie delegación de facultades legislativas en favor del Presidente de la República. Pregunta Nº 91.- Decretos leyes dictados por la Junta Militar de Gobierno, durante el período de facto. Breve referencia. Respuesta: Dictó 2 tipos:


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A.- Con carácter de ley ordinaria en ejercicio de la potestad legislativa. B.- Con carácter de Constitución en ejercicio de la potestad constituyente derivada, modificando las normas de la Carta de 1925. Importante es tener presente que ambas clases de Decretos Leyes, aunque son de jerarquía diferente, eran dictados sin ninguna diferencia formal. Por ello se planteó que para diferenciar uno de otro, al dictar la Junta de Gobierno un D.L., en ejercicio de la potestad constituyente, en el contenido del mismo debía expresarse qué artículo de la Constitución de 1925 se estaba modificando. Desde este punto de vista, la Corte Suprema estimaba que un Decreto Ley que modificara tácitamente la Constitución de 1925 tenía carácter de ley común y, por ende, inconstitucional. Por consiguiente, respecto de aquél, cabía el Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad. El más alto tribunal se eximió de la responsabilidad que significaba anularlos, alegando que sólo podía revisar la constitucionalidad de fondo, no así la de forma. Esto, basándose en el Art. 4 de la Constitución de 1925 (muy similar al Art. 6 inc. Nº 2 de la Carta Fundamental) que decía: “Ninguna magistratura puede atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otras atribuciones que las que expresamente le hayan sido conferidas por la Constitución o las leyes dictadas en su conformidad”. Otra línea de argumentación que tuvo dicha Corte para negarse a otorgar el recurso de inaplicabilidad en cuanto a la forma, fue que los Decretos Leyes, según ella, venían a llenar una necesidad, puesto que regulaban materias que, de no estar reglamentadas, provocarían inseguridad jurídica. Estos decretos tienen fuerza y rango de ley, por lo que sólo pueden ser modificados o derogados por otra ley. Pueden, además, modificar una ley anterior.

Reglamento

de las

CAPÍTULO X Cámaras del Congreso Nacional

Pregunta Nº 92.- ¿Qué se entiende por Reglamento de las Cámaras legislativas?

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Respuesta: Conjunto de disposiciones necesarias para regular el buen funcionamiento interno de la Cámara de Diputados y del Senado (“cada una de las cámaras establecerá en su propio reglamento la clausura del debate por simple mayoría”). [Ver Art. 56 inciso 2 C.P.R.]. Estos reglamentos regulan las mesas directivas de cada Cámara, las atribuciones del Presidente y Vicepresidente del Senado, como también del Presidente y Vicepresidente de la Cámara de Diputados. También apuntan a la manera de confeccionar la lista de asuntos que deben tratarse en las sesiones (Tabla); clase de sesiones; votaciones; clausuras de debates por simple mayoría, etc., y todo en conformidad a la Carta Fundamental y Ley Orgánica Constitucional del Congreso.

CAPÍTULO XI Los Autos Acordados de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales Pregunta Nº 93.- ¿Qué disposición legal faculta a la Corte Suprema para dictar autos acordados? Respuesta: Puede hacerlo porque tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la Nación (*Quedan exceptuados de esta superintendencia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de elecciones y los Tribunales Calificadores Regionales). (Ver Art. 82) En materia constitucional interesan los autos acordados sobre tramitación del recurso de amparo, el relativo a la indemnización por error judicial y el del recurso de protección. Pregunta Nº 94. ¿Qué disposiciones constitucionales autorizan dictar autos acordados al Tribunal Constitucional, Tribunal Calificador de Elecciones y Tribunales Electorales Regionales? Respuesta: 1) Tribunal Constitucional: (Ver Art. 90 de su Ley Orgánica).


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2) Tribunal Calificador de Elecciones: (Ver Art. 12 de su Ley Orgánica, y Art. 61 de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos). 3) Tribunales Electorales Regionales: (Ver Art. 34 de la Ley 15.593).

CAPÍTULO XII Fuentes Racionales a) Respecto

de la

o Indirectas

Costumbre

Pregunta Nº 95.- ¿Qué se entiende por Costumbre? Respuesta: Repetición constante y uniforme de una norma de conducta no escrita, impuesta por el uso y el convencimiento de que obedece a una necesidad jurídica. Pregunta Nº 96.- En la configuración de la costumbre interviene un elemento externo o subjetivo, el que debe reunir tres características: uniformidad, largo uso y notoriedad. Explíquelos brevemente. Respuesta: 1) Uniformidad: Los actos externos que la conforman deben repetirse de un modo uniforme, no pudiendo existir otra norma de conducta contradictoria, requiriéndose, además, su aceptación por la generalidad de la colectividad. 2) Largo uso: La repetición de estos actos externos debe llevarse a cabo durante un largo período. 3) Notoriedad: La costumbre debe ser pública, vale decir, conocida por gobernantes y gobernados. Pregunta Nº 97.- Clasificación de la Costumbre. Respuesta: 1) Contra la ley (contra legem); en el silencio de la ley (proeter legem), y según la ley. (Secundum legem). 2) Costumbre contra la ley: Constituye una norma de conducta contraria, opuesta a la conducta prescrita por la ley;

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3) Costumbre en el silencio de la ley: Costumbre supletoria a falta de ley. Nace una costumbre allí donde no existe ley, donde hay un vacío de la misma; 4) Costumbre según la ley: Puede tener dos variantes: la primera, si la ley hace remisión expresa a la costumbre, adquiriendo eficacia debido al reconocimiento que le otorga la misma ley. La segunda, cuando la costumbre interpela de un modo uniforme a la ley. Pregunta Nº 98.- ¿Qué valor se le da a la costumbre en el Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Comercial, Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público? Respuesta: – Derecho Civil: Se acepta sólo en aquellos casos en que la ley se remite a ella. – Derecho Penal: Se rechaza, rigiendo el principio “no hay delito ni pena, sin ley” (“nullum crimen, nulla pena, sine lege”). – Derecho Comercial: Se acepta de un modo más amplio. (Ver Art. 4 del Código de Comercio). – Derecho Constitucional: Puede tener valor, en cuanto “costumbre según la ley”, y en la medida que sirva para interpretar la Constitución o alguno de sus preceptos, ya que la Carta Fundamental no se remite a ella. – Derecho Internacional Público: Constituye una de sus principales fuentes. b) Respecto

de la

Jurisprudencia

Pregunta Nº 99.- ¿Qué es la Jurisprudencia? Respuesta: Interpretación uniforme y constante de la ley, hecha por los Tribunales en sus fallos. Justiniano la definió como “el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto”. Pregunta Nº 100.- ¿La jurisprudencia de los tribunales superiores obliga a los tribunales inferiores?


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Respuesta: No, ni el tribunal que dicta un fallo queda ligado a éste hacia futuro. Al respecto, el artículo 3 inciso 2º del Código Civil, dice que: “Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”. Pregunta Nº 101.- ¿Constituyen o no jurisprudencia vinculante, las resoluciones de los Tribunales de Justicia en materia constitucional? Respuesta: A pesar de lo señalado en el Art. 3 inciso 2 del Código Civil, se ha dicho que al menos en asuntos constitucionales la jurisprudencia sí sería vinculante, constituyendo un precedente obligatorio, cuestión que por lo demás ha reconocido el Tribunal Constitucional respecto de sus propias resoluciones. Argumentos para sostener aquello: 1.- Fallar asuntos constitucionales de maneras distintas en casos semejantes, podría vulnerar el principio de igualdad de la ley; 2.Siendo la Constitución Política, la fuente de fundamentación de todo el ordenamiento jurídico y límite del ejercicio de las potestades de los órganos públicos, necesita de una estructura de interpretación coherente y unitaria, lo que estaría respaldado por el precedente; 3.- Los fallos o sentencias dictadas sobre cuestiones constitucionales obligan a todos los órganos del Estado, incluso a aquellos que no participaron en el procedimiento; 4.- La propia Constitución contempla un caso de obligatoriedad. Si el Tribunal Constitucional declara que un precepto legal determinado es constitucional, la Corte Suprema no puede declararlo inaplicable por el mismo vicio que fue materia de la sentencia. c) Respecto

de los dictámenes de la contraloría y de otros órganos consultivos

Pregunta Nº 102.- ¿Qué se comprende en los dictámenes de esta fuente indirecta del Derecho Constitucional? Respuesta: El Contralor emite informes sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, con el funcionamiento

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de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización y con los asuntos referidos a la inversión o compromiso de los fondos públicos. El artículo 6º inciso final de la Ley 10.336, de la Contraloría, señala que únicamente las decisiones y dictámenes de este organismo serán los medios que pueden hacerse valer como jurisprudencia administrativa en aquellas materias referidas en el artículo 1º. Así, esta especie de jurisprudencia administrativa resulta obligatoria para los servicios públicos y funcionarios públicos respecto de los asuntos ya señalados en el párrafo anterior. d) Respecto

de la

Doctrina

Pregunta Nº 103.- ¿Qué se entiende por Doctrina? Respuesta: Conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudiosos del Derecho que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aún no legisladas. El prestigio y la autoridad de los destacados juristas influyen a menudo sobre la labor del legislador e incluso en la interpretación judicial de los textos vigentes. Pregunta Nº 104.- ¿Qué finalidades cumple la Doctrina? Respuesta: Cumple finalidades prácticas, de carácter científico y de valoración y crítica del Derecho. - Prácticas: Labor de interpretación de las disposiciones constitucionales y legales, facilitando de esta forma su aplicación por aquellos encargados de llevarla a cabo. - De carácter científico: sistematiza las normas, abstrayendo los principios generales en que se inspiran, configurando y explicando aquellas instituciones jurídicas y políticas que corresponda (artículos de revistas jurídicas, monografías, libros en general, tratados, etc.) - Valoración y crítica del Derecho: traduce de buena forma los valores jurídicos y políticos, o el bien común de la colectividad.


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TEMA II BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD

CAPÍTULO I Valores Básicos del Ordenamiento Constitucional Principios Técnico-Jurídicos

y

Pregunta Nº 105.- ¿Qué se entiende por valores básicos del ordenamiento constitucional? Respuesta: Corresponden a aquellos ideales u opciones de carácter ético-social básicos que el Estado propugna y decide concretar. Constituyen un consenso sobre los objetivos considerados como fundamentales y prioritarios por la sociedad dentro de un contexto cultural e histórico específico. Pregunta Nº 106.- ¿En qué consisten los principios técnicojurídicos? Respuesta: Son aquellos que pueden extraerse de los valores constitucionales que sirven de malla, en torno a la cual se estructura el ordenamiento constitucional considerado como un todo. Pregunta Nº 107.- ¿Cuáles son los valores básicos de nuestro ordenamiento constitucional? Respuesta: Están señalados en el Art. 1 de la Carta Fundamental, y son: 1) Las personas nacen libres en dignidad y derechos; 2) La familia y su protección; 3) El respeto de los cuerpos intermedios y el principio de la subsidiaridad; 4) La concepción del Estado y el bien común; 5) Los deberes del Estado.

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Pregunta Nº 108.- ¿Cuál es la importancia de estas bases? Respuesta: 1.- Sirven de inspiración y de marco al Poder Constituyente Derivado, sea cuando dicta una ley interpretativa de la Constitución, sea cuando dicta o lleva a cabo una reforma constitucional. 2.- Son el marco y fuente de inspiración para el Poder Legislativo, quien no podrá dictar una ley que vaya en contra de estas bases. Si lo hiciera sería Inconstitucional por vicio de fondo. 3.- Constituyen el marco e inspiración en su actuar para toda autoridad administrativa y política. 4.- Sirven de unidad integradora de toda la Constitución, de todo el “armazón” o “soporte” jurídico y el accionar político y administrativo de la Nación. Pregunta Nº 109.- ¿Qué principios derivan de lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política de la República? Respuesta: 1) La dignidad de la persona, vale decir, el respeto que merece todo individuo por su calidad de tal, lo que impide que sea coaccionado física, mental o discriminadamente. 2) La libertad de la persona, reconociéndosele a ésta como un ser profundamente libre. Dicha libertad se desarrolla en todas sus dimensiones: a) Libertad inicial o libre albedrío para escoger entre diversas alternativas o crear alternativas nuevas frente a las ya existentes; b) Libertad participación, o sea, la libertad para participar en el Estado y que se concreta en los derechos políticos; c) Libertad para lograr su máximo desarrollo integral como ser humano. 3) La igualdad de la persona. Ningún ser humano es superior ni inferior a otro, principio que se materializa a través de la prohibición de la discriminación arbitraria. La igualdad tiene dos dimensiones: la de eliminar toda discriminación arbitraria; y la de generar las intervenciones necesarias para corregir aquellas desigualdades de hecho provocadas por causas de injusticias culturales, sociales o naturales.


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Pregunta Nº 110.- ¿Cuáles son las características de la concepción Ius Naturalista de los derechos de la persona humana? Respuesta: Los derechos de las personas son: a) Innatos; b) Inalienables (el hombre no puede desprenderse de ellos porque son inherentes a la naturaleza humana); c) Imprescriptibles; d) Absolutos, pero no en cuanto no puedan ser limitados, sino en cuanto las personas no pueden ser privadas perpetuamente de estos derechos. En contra de esto se reconoce la pena de muerte, pero se concilia diciendo que lo absoluto e inalienable es la vida del inocente; e) No son taxativos, vale decir que no son únicamente los enumerados en el artículo 19, sino todos los derechos que emanan de la naturaleza humana en algún momento histórico determinado. El Art. 5 de la Carta Fundamental, en su inciso 2°, dice que los órganos del Estado deberán respetar y promover, no sólo los derechos que la Constitución garantiza en el Art. 19, sino también aquellos que se encuentren garantizados en los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile. Pregunta Nº 111.- ¿Qué se entiende por “familia”? Respuesta: Grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. Hoy, destaca la familia nuclear o conyugal, conformada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc. En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además, se prodiga amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración en la sociedad. La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana.

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La base de la familia en Chile es el matrimonio, el cual está regulado por nuestro Código Civil y Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil. Pregunta Nº 112.- ¿Cuáles son las funciones de la familia? Respuesta: 1) Función biológica: se satisface el apetito sexual del hombre y la mujer, además, de la reproducción humana; 2) Función educativa: socialización temprana de los niños en cuanto a hábitos, sentimientos, valores, conductas, etc.; 3) Función económica: se satisfacen las necesidades básicas, como el alimento, techo, salud, ropa, etc.; 4) Función solidaria: se desarrollan afectos que permiten valorar el socorro mutuo y la ayuda al prójimo; 5) Función protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos y los ancianos. Pregunta Nº 113.- Origen y evolución histórica. Breve referencia. Respuesta: No es fácil fijar una fecha exacta de cuándo se creó la familia. Ésta, tal como la conocemos hoy, tuvo un desarrollo histórico que se inicia con la horda; la primera, al parecer, forma de vínculo consanguíneo (Hombre y mujer se unen con fines de procreación, búsqueda de alimentos y defensa. Sus miembros no tienen conciencia de vínculos familiares y la paternidad de los hijos es desconocida). Con el correr del tiempo, las personas se unen por vínculos de parentesco y forman agrupaciones (Ejemplos: bandas y tribus). Las actividades de la agricultura obligan contar con muchos brazos, de allí entonces la necesidad de tener muchos hijos e integrar el núcleo familiar a parientes, todos bajo un mismo techo. Con la industrialización las personas y sus familias se trasladan a las ciudades, se divide y especializa el trabajo, los matrimonios ya no necesitan muchos hijos y económicamente no pueden mantenerlos; surge la familia nuclear o conyugal que contempla al padre, la madre y los hijos (Los lazos familiares están dados por sangre, por afinidad y por adopción. Habitualmente ambos padres trabajan fuera del hogar. Tanto el hombre como la mujer buscan realizarse como personas integrales. Los ancianos, por


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falta de lugar en la vivienda y tiempo de sus hijos, se derivan a hogares dedicados a su cuidado. El rol educador de la familia se traspasa en parte o totalmente a la escuela o colegio de los niños y la función de entregar valores, actitudes y hábitos no siempre es asumida por los padres por falta de tiempo, por escasez de recursos económicos, por ignorancia y por apatía; siendo los niños y jóvenes en muchos casos, influenciados valóricamente por los amigos, los medios de comunicación, en ciertos casos nefastos, y la escuela). Pregunta Nº 114.- Ejemplos de disposiciones constitucionales que se refieran a la Familia y su protección. Respuesta: La familia, propia de la naturaleza del hombre, es la base de la sociedad, y como tal la ley se encuentra en la obligación de protegerla. Ejemplos: – El Art. 1, incisos 2º y final C.P.R., impone el deber de crear políticas y programas para fortalecer a la familia, asistencia que se otorga a través de los servicios públicos o municipalidades. – El Artículo 19 Nº 4 C.P.R. Garantiza la protección de la honra, tanto de una persona como de su familia. – El Artículo 19 Nº 10 y 11. Referidos a la educación, hacen recaer en la familia y no en el Estado el derecho preferente de educar a los hijos, el que se ejerce a través de los padres. Por ello la familia es la que escoge el tipo de establecimiento que estima conveniente para la educación de sus descendientes. Pregunta Nº 115.- El respeto de los cuerpos intermedios y el Principio de Subsidiariedad (Art. 1 incisos 1 y 3 Constitución Política de la República). Breve referencia. Respuesta: La persona puede elegir entre actuar individualmente o integrarse a organizaciones o cuerpos intermedios de la sociedad, llamados así porque conceptualmente se ubican entre el individuo y el Estado (Cuerpos o grupos intermedios: serie de organizaciones e instituciones que el hombre ha ido creando para poder vivir en sociedad, y que se encuentran entre una sociedad

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menor que es la familia y una sociedad mayor que es el Estado). El Estado se halla al servicio de estas organizaciones que el ser humano integra, reconoce la libertad tanto del hombre, como la de estas organizaciones intermedias, así que, en principio, debe dejarlas actuar, respetando esta libertad. Surge entonces el principio de subsidiariedad del Estado, según el cual éste reconoce y ampara la libertad del individuo y de los cuerpos intermedios, otorgándoles autonomía suficiente para cumplir con sus fines específicos, debiendo el Estado asumir sólo las actividades que, por su naturaleza, no pueden o no deben ser asumidas por los individuos o las organizaciones. Se le podría definir mediante este breve concepto: “derecho de las sociedades intermedias a realizar por su esfuerzo e iniciativa la consecución de sus fines específicos, subordinados al bien común”. Este principio no está consagrado expresamente, se llega a él deduciéndolo de la concordancia entre los incisos 1º y 3º del Art. 1 de la Constitución. Pregunta Nº 116.- El Principio de Subsidiariedad en materia económica. Breve comentario. Respuesta: En dicha materia este principio señala que el Estado tendrá la menor participación posible en la actividad económica, y sólo debe actuar cuando los particulares no quieren, no pueden o no deben hacerlo. El Estado va cumplir un rol contralor muy eficiente. Este principio se concreta en las disposiciones del Banco Central, Contraloría, etc. Toda la estructura económica del país se sostiene en 2 pilares: Principio de Subsidiariedad y el Orden Público Económico. Pregunta Nº 117.- Refiérase a los requisitos necesarios para que tenga lugar la actuación de los Cuerpos Intermedios. Respuesta: La libertad de los cuerpos intermedios no es absoluta, debiendo limitar su acción al cumplimiento de sus fines específicos, los cuales deben ser morales y opuestos al orden público, a la seguridad nacional, o a las costumbres, deben ser fines lícitos; Así, respecto de las organizaciones políticas, el ar tículo 19 Nº 15 en su inciso 7º faculta al Tribunal Constitucional


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para declarar inconstitucional a cualquier organización política que atente contra los valores o principios del sistema democrático. Y en lo que dice relación con las instituciones gremiales, el artículo 23, relacionado con el Art. 19 Nº 19, se refiere a las organizaciones gremiales, poniéndoles la limitación de no poder realizar actividades político partidista, ya que deben abocarse a su fin para el cual fueron creados. Pregunta Nº 118.- ¿Cuáles son las restricciones al Principio de Subsidiariedad del Estado? Respuesta: 1.- El Estado se reserva actividades que por razones de orden estratégico deben en un momento histórico permanecer dentro de Estado; como el control del expendio de alimentos y bebidas, control de los medicamentos, etc.; 2.- El Estado se reserva ciertas actividades que, por su naturaleza, son inherentes a su estructura orgánica. Ejemplos: funciones ejecutiva, legislativa, policial, relaciones exteriores, recaudación de tributos, etc.; 3.- El Estado se ocupa de aquellas actividades que los particulares no pueden abordar; 4.- El Estado se reserva aquellas actividades que los particulares no les interesa mayormente al no depararles suficiente lucro. Ejemplo: mantención de un servicio ferroviario en un sector en que es poco utilizado por la gente; 5.- El Estado se reserva la intervención en las actividades que los particulares realicen en forma deficiente, derivándose explotación, injusticias sociales, mala distribución de ingreso, pobreza. Se hace necesario entonces que el Estado intervenga en aras del bien común. Se debe concluir, siguiendo el inciso final del Art. 1, que el Estado no puede permanecer indiferente, pasivo, frente a la pobreza, injusticia social, etc. El no satisfacer necesidades sociales origina división, antagonismo, y es el Estado quien tiene el deber jurídico de derribar todos esos obstáculos, garantizando unidad, integración, y debe hacerlo asegurando la participación de las personas. Se le impone al Estado, entonces, deberes sociales, obligándole a hacer participar a las personas en el beneficio del progreso económico-social. Pero estos deberes debe realizarlos siempre reconociendo el derecho preferente del individuo y de los cuerpos intermedios de la sociedad.

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Pregunta Nº 119.- Refiérase a la concepción instrumental del Estado y bien común. Respuesta: De acuerdo con el artículo 1º inciso 4º el Estado se encuentra al servicio del hombre, lo que implica una concepción instrumental del Estado. Dicha concepción instrumental está indisolublemente unida al fin que el Estado debe lograr: el bien común. El concepto de bien común que emplea la Constitución Política es de carácter personalista, por cuanto se relaciona con la naturaleza humana, teniendo como base la dignidad y los derechos de la persona humana, buscando hacer efectiva la realización integral de cada individuo en todas sus dimensiones y de todas las personas que integran la sociedad. Pregunta Nº 120.- ¿Qué limitante establece la Carta Fundamental para la consecución del bien común? Respuesta: La Constitución expresa que para que se alcance el bien común es necesario configurar condiciones sociales de las cuales depende la realización de las personas. Pero establece una limitación, que consiste en que estas condiciones deben conseguirse respetándose los derechos y las garantías constitucionales. (Ver artículo 1 inciso 4º). Pregunta Nº 121.- Clasificación de los Estados. Respuesta: Previo a una clasificación de los mismos, es necesario precisar dos conceptos: forma de Estado y forma de gobierno. Referirse a la forma de Estado es atender principalmente a la estructura del poder del cual el Estado es el titular y a su distribución espacial, en tanto que forma de gobierno concierne a la manera que se ejerce el poder y cómo son designados los gobernantes. 1) Estado simple o unitario: Es aquél que posee sólo un centro de poder, ejercido a través de órganos encargados de diferentes funciones, con sede en la capital del Estado. Las personas obedecen a una sola Constitución y la organización política abarca a todo el territorio nacional. La administración puede ejercerse de


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manera centralizada o descentralizada administrativamente, entendiendo por esta última, la forma que tiene el Estado de hacer más eficiente su funcionamiento otorgando personalidad jurídica y atribuciones expresadas en la ley, con patrimonio y responsabilidad propia a organismos involucrados indirectamente al poder central. 2) Estado federal: Su actividad es objeto no sólo de descentralización administrativa sino que también de descentralización política. De tal modo este tipo de Estado reconoce a varias fuentes originarias de poder político, una que corresponde al gobierno central y otra que es propia de los gobiernos regionales, actuando de forma coordinada pero independiente cada uno. Existe además una pluralidad de ordenamientos constitucionales entre los cuales destaca uno como principal y al cual están subordinados los demás. Dos principios sustentan al sistema federal: la autonomía gubernativa-administrativa y la participación a través de una Cámara federal. Pregunta Nº 122.- ¿Cuáles son los elementos constitutivos o de existencia del Estado? Respuesta: El elemento humano o poblacional, el territorio y el poder. Pregunta Nº 123.- El elemento humano o poblacional. Breve referencia. Respuesta: Es la agrupación de hombres y mujeres. La población reunida en diversas etapas de su vida, desde la infancia a la vejez. Pueden las personas agruparse en comunidades y sociedades. Las personas pueden ser nacionales o extranjeras y los nacionales pueden ser reconocidos como ciudadanos para participar en la organización política del país. La Población es la pluralidad de seres factible de ser contada. Cada diez años se lleva a cabo en nuestro país un censo de población que permite saber cuántos chilenos y extranjeros somos, qué edad tenemos, a qué sexo pertenecemos y muchos otros datos relativos a características espaciales, sociales, económicas y culturales. El organismo encargado de registrar, sis-

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tematizar y difundir esta información es el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La Nación es un conjunto de individuos que ha reunido a través de la historia, una serie de elementos que los une y otorga características particulares. Los nacionales son aquéllos que la Constitución Política, en su Capítulo II, determina. Las fuentes de nacionalidad son: La Ley, el hecho de haber nacido en territorio de Chile (Ius soli), el hecho de haber nacido de padre y madre chilenos (Ius sanguinis) y la fuente legal, como la nacionalización, que es un acto jurídico por el cual se adopta una nueva nacionalidad renunciando a la anterior y la nacionalización por gracia según lo establece la ley. La ciudadanía es la capacidad política para intervenir en la “cosa pública” y de acuerdo a la Constitución son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Los ciudadanos, para ejercer su derecho a sufragar y optar a cargos de elección popular y los demás que la Carta Fundamental o la ley establecen, deben estar inscritos en los registros electorales (* Hoy el sufragio es voluntario). Pregunta Nº 124.- El territorio. Concepto y breve análisis. Respuesta: El territorio es la fijación sedentaria de la población en un determinado lugar geográfico. La Nación de un Estado requiere de un terreno para vivir, desplazarse, realizar actividades de subsistencia, etc. El territorio guarda riquezas relevantes para el desarrollo de la población que habita en él. El territorio físico nacional está delimitado por sus fronteras: al norte limita con el Perú, hacia el este con Bolivia y Argentina, con el sur con el Polo Sur y al oeste con el Océano Pacífico. La superficie total del territorio de Chile incluidas su parte continental, antártica y polinésica, es de 2.006.626 Km2. De ellos, 756.765 Km2 corresponden a la parte continental e insular, correspondiendo a la Antártica Chilena una superficie de 1.250.000 Km2.


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Chile tiene una longitud de 4.270 kilómetros y si se considera la Antártica Chilena su largo aumenta a 8.000 kilómetros. El promedio de anchura es de 180 kilómetros, siendo el ancho máximo de 468 kilómetros en las proximidades del Estrecho de Magallanes desde Punta Dúngenes hasta los islotes Evangelistas (52º 21´S) y el ancho mínimo de 90 kilómetros frente a Illapel medidos entre el paso cordillerano Casa de Piedra y Punta Amolanas (31º 32´S). Pregunta Nº 125.- ¿Qué comprende el territorio? Respuesta: 1.- El espacio terrestre: el suelo, subsuelo, lecho de mar y el subsuelo del mar territorial. El suelo constituye el territorio firme del Estado, encerrado dentro de sus límites o fronteras. El subsuelo abarca del suelo hacia el centro de la Tierra. Además el espacio terrestre comprende a islas y aguas nacionales o internas. 2.- El espacio marítimo: prolongación del espacio terrestre hacia el mar. Comprende al Mar Territorial y Mar Patrimonial. El Mar Territorial es la extensión de la soberanía de un Estado a una franja de mar adyacente a sus costas, incluyendo el lecho y el subsuelo marino. Abarca una zona comprendida entre la costa y las 12 millas marinas. La Zona Contigua es una zona donde el Estado ejerce jurisdicción y se extiende hasta las 24 millas marinas. El Mar Patrimonial es una Zona Económica Exclusiva de 200 millas marinas, donde los Estados ribereños o costaneros tienen la facultad de explotar sus riquezas, tanto renovables como no renovables que se ubican en las aguas, suelo y subsuelo respectivo. 3.- El espacio aéreo: Aquél que se encuentra sobre el espacio terrestre y mar territorial. 4.- El espacio jurídico: Sitios o lugares que los tratados y las costumbres internacionales reconocen como parte de la jurisdicción estatal. De tal modo constituyen territorio chileno: las naves y aeronaves de guerra y comerciales nacionales en alta mar, conjuntamente con las embajadas y legaciones acreditadas. Se excluye a los consulados, pues tienen calidad de agencias sólo para asuntos comerciales.

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Pregunta Nº 126.- El Poder. Concepto y breve comentario. Respuesta: Según Georges Burdeau, es una fuerza al servicio de una idea. Un pueblo que habita en un territorio requiere de cierta organización para actuar en conjunto. De tal modo, la sociedad se organiza políticamente, surge el Estado. En el seno de esta institución existe organización, lo que implica dirección y normativas que conlleven a sus integrantes, la Nación, hacia los fines propuestos, el bien común. En toda sociedad es necesario que algunos de sus miembros tengan un poder de mando y un poder de coerción ya que los objetivos propuestos no pueden ser obtenidos por la colaboración espontánea de sus integrantes. Se explica entonces la necesidad de que algunos gobiernen. La necesidad de una autoridad, de un poder, se hace imperiosa en una sociedad política tan compleja como la del Estado. De no existir, se viviría en la anarquía, las personas no sabrían cómo actuar para lograr un orden y una convivencia justa que les permitieran realizar los objetivos comunes en provecho de todos. Surge entonces como titular de este poder el Estado y no como un individuo determinado. Pregunta Nº 127.- ¿Por qué se caracteriza el Poder del Estado? Respuesta: Se caracteriza por ser: 1) Originario: su realidad y cualidades son inherentes e inseparables de su existencia; 2) Autónomo: no existe otro poder de mayor jerarquía; 3) Independiente del exterior: sus decisiones no dependen de fuera del Estado; 4) Coactivo: posee al monopolio de la fuerza organizada al interior de la sociedad; 5) Centralizado: emana de un centro de decisión política al cual la Nación está subordinada; 6) Delimitado territorialmente: rige en el territorio del Estado y a los habitantes de éste. Pregunta Nº 128.- ¿Cuál es el fin del Estado? Respuesta: El bien común.


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El bien común no se refiere al bien de todos –como si todos fueran una unidad real– sino el conjunto de condiciones apropiadas para que todos –grupos intermedios y personas individuales– alcancen su bien particular” (Mario Justo López). Según la corriente aristotélica-tomista, el fin objetivo del bien común está dado por la búsqueda del orden, la justicia, el bienestar y la paz externa. En tanto que el fin subjetivo trata de los objetivos propios de cada Estado, cuyos contenidos varían según el tipo de sociedad y el momento histórico como también la doctrina política imperante. De acuerdo a la Constitución Política, la finalidad del Estado es estar al servicio de la persona humana promoviendo el bien común. De tal modo debe crear las condiciones que permitan a todos y a cada uno de los chilenos su realización tanto espiritual como material posible, respetando los derechos y garantías constitucionales. Además es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población, la familia y su fortalecimiento, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional (Ver C.P.R. Capítulo I, Art. 1). Pregunta Nº 129.- ¿Cuáles son los deberes más relevantes del Estado? Respuesta: 1.- Resguardar la seguridad nacional, que debe ser entendida como la seguridad de la Nación o del Estado en su conjunto, considerando la seguridad de los habitantes del Estado y sus derechos como persona, la seguridad del territorio nacional y la seguridad del poder del Estado. Pero en todo caso la seguridad nacional debe ser considerada como una condición para alcanzar el bien común y no como un fin en sí misma; 2.- Proteger a la población y a la familia, propendiendo al fortalecimiento de ésta. Puede abarcar aspectos de salud, trabajo, educación, etc.; 3.- Promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación; 4.- Asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Dicha participación es propia de las democracias constitucionales, y para concretarla se establece la ciudadanía, el derecho a sufragio y

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los derechos constitucionales consagrados en el Capítulo III de la Carta Fundamental.

CAPÍTULO II Principios Jurídico-Políticos contenidos la Institucionalidad

en las

Bases

de

Pregunta Nº 130.- ¿Qué comprenden los Principios Jurídico-Políticos contenidos en las Bases de la Institucionalidad? Respuesta: 1.- La forma jurídica del Estado. (Art. 3 C.P.R.); 2.La Forma Política del Estado. (Art. 4 C.P.R.); 3.- La Forma de Gobierno. (Art. 4 C.P.R.); 4.- La Soberanía de la Nación (Art. 5 C.P.R.); 5.- El Estado de Derecho y sus premisas; 6.- El Principio de Condenación al Terrorismo (Art. 9 C.P.R.) Pregunta Nº 131.- ¿Qué significa que Chile sea un Estado unitario? Respuesta: Significa que el Estado chileno tiene un solo centro de impulso político que está dado por los órganos del gobierno central. Se caracteriza por tener un gobierno político que ejerce el poder sobre todo el territorio estatal, con un solo ordenamiento constitucional y legislativo. Se trata, entonces, de una forma simple de organización y estructura del poder estatal, centralizado políticamente. Pregunta Nº 132.- ¿Qué sistemas de organización en lo administrativo puede adoptar el Estado Unitario? Breve referencia de cada uno. Respuesta: 1) Sistema de centralización administrativa. El órgano del poder central decide todos los asuntos administrativos, pues los servicios extienden su competencia a todo el territorio estatal y los agentes son nombrados por el poder central, dependiendo jerárquicamente de él. (Ver Art. 24 C.P.R.) 2) Sistema de descentralización administrativa, que será descentralización funcional, cuando actúa por medio de servicios


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públicos dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios distintos del Estado; o descentralización territorial, cuando la administración de los intereses regionales o locales está encomendada a entes independientes del poder central, dotados de personalidad jurídica y patrimonios propios, diferentes del Estado, y con órganos generados en la base territorial. 3) Sistema de desconcentración administrativa (variante del sistema centralizado). En este caso, la ley entrega a ciertos órganos dependientes de la administración, competencias exclusivas, para que sean resueltas con entera independencia por el agente, en razón de la naturaleza de la función que desarrolla, generalmente de orden técnico. (Ver Art. 3 C.P.R.). En otras palabras, se delegan funciones generalmente hechas por ley del órgano que se encuentra en la cúspide, así el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural. (Ver Art. 114 C.P.R.). Pregunta Nº 133.- La Constitución adopta la forma política de “estado democrático”. Refiérase a este Principio. Respuesta: Este principio está consagrado imperfectamente en la Constitución, en el Art. 4. Sólo señala que Chile es una república democrática, sin hacer mención a si es representativa o no. Es decir, de conformidad con el Art. 4, Chile es una República, significando con esto que no es una monarquía, distinción trascendental, pues, ambas son muy diferentes en cuanto a las características de sus respectivos jefes de Estado, ya que en la segunda hay un rey generado por sucesión hereditaria, con cargo vitalicio, quien no asume responsabilidad por su gestión. Ahora bien, Chile es una república y democrática. La concepción democrática contemporánea de Estado se sustenta sobre la base de dos principios básicos que emanan de los valores de la dignidad, libertad e igualdad de la persona humana: a) El autogobierno del pueblo, manifestado hoy en día a través de la democracia di-

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recta, representativa, semi representativa o semi directa; y b) El respeto y garantía de los derechos humanos.

Capítulo III Respecto

de la

Democracia

Pregunta Nº 134.- ¿Qué se entiende por democracia? Respuesta: Concepto 1: Forma de organización de grupos de personas, que se caracteriza porque la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones dependa de la voluntad colectiva de los integrantes del grupo. Concepto 2: Forma de organización de la sociedad, cuyos principios fundamentales residen en que el poder proviene de la voluntad general de sus actores. – En sentido estricto la democracia es una forma de gobierno, de organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad al representante. – En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que todos sus habitantes son libres e iguales ante la ley y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. La democracia se define también a partir de la clásica clasificación de las formas de gobierno realizada por Platón primero y Aristóteles después, en tres tipos básicos: monarquía (gobierno de uno), aristocracia (gobierno de pocos), democracia (gobierno de la multitud para Platón y “de los más”, para Aristóteles). – Existe democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo. – Hay democracia indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. – Por último, hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de


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asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios. Estas tres formas no son excluyentes y suelen integrarse como mecanismos complementarios. Pregunta Nº 135.- La “regla de la mayoría” en la democracia moderna. Breve comentario. Respuesta: Desempeña un importante rol, vale decir, el derecho de la mayoría a que se adopte su posición cuando existen diversas propuestas, lo que ha conducido a que sea un lugar común de la cultura popular asimilar democracia con decisión mayoritaria. No obstante lo anterior muchos sistemas democráticos no utilizan dicha regla, la restringen mediante sistemas de elección rotativos, al azar, derecho a veto, etc. Así es como, en determinadas circunstancias, la regla de la mayoría puede volverse antidemocrática si lesiona derechos fundamentales de las minorías o de los individuos. Las democracias reales suelen ser complejos mecanismos articulados, con múltiples reglas de participación en los procesos de deliberación y toma de decisiones, en los que el poder se divide constitucionalmente o estatutariamente, en múltiples funciones y ámbitos territoriales, y se establecen variedad de sistemas de control, contrapesos y limitaciones, que llevan a la conformación de distintos tipos de mayorías, a la preservación de ámbitos básicos para las minorías y a garantizar los derechos humanos de los individuos y grupos sociales. Pregunta Nº 136.- El término “democracia” utilizado como sinónimo de democracia liberal. Breve análisis. Respuesta: Suele entenderse por democracia liberal un tipo genérico de Estado surgido de la Independencia de Estados Unidos de 1776 y luego más o menos generalizado en las repúblicas y monarquías constitucionales que emergieron de los procesos de emancipación o revolucionarios contra las grandes monarquías absolutas y establecieron sistemas de gobierno en los que la población puede votar y ser votada, al mismo tiempo que el derecho de propiedad es preservado.

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Así,


aunque estrictamente el término

“democracia”

sólo se re-

fiere a un sistema de gobierno en que el pueblo ostenta la soberanía, el concepto de “democracia liberal” supone un sistema

1) Una constitución que limita los diversos poderes y controla el funcionamiento formal del gobierno, y constituye de esta manera un Estado de derecho; 2) División de poderes; 3) El derecho a votar y ser votado en las elecciones para una amplia mayoría de la población (sufragio universal); 4) Protección del derecho de propiedad y existencia de importantes grupos privados de poder en la actividad económica. Se ha sostenido que esta es la característica esencial de la democracia liberal; 5) Existencia de varios partidos políticos (no es de partido único); 6) Libertad de expresión; 7) Libertad de prensa, así como acceso a fuentes de información alternativa a las propias del gobierno que garanticen el derecho a la información de los ciudadanos; 8) Libertad de asociación; 9) Vigencia de los derechos humanos, que incluya un marco institucional de protección a las minorías. con las siguientes características:

Pregunta Nº 137.- Democracia liberal. Concepto. Respuesta: Forma de gobierno intermedia entre la democracia pura y la aristocracia. Mario Grondona. Analista político argentino. Afirma que las democracias contemporáneas no son enteramente democráticas y que en realidad constituyen una forma de “democracia aristocrática”, y que el componente aristocrático de la democracia liberal moderna radica principalmente en que el poder judicial no se encuentre sometido a las reglas de la democracia y que a su vez pueda controlar a los poderes ejecutivo y legislativo, más dependientes del voto de la ciudadanía. Pregunta Nº 138.- ¿Qué se entiende por Democracia Económica? Respuesta: Término utilizado en economía y sociología para designar a aquellas organizaciones o estructuras productivas cuya estructura decisional se basa en el voto unitario (una persona = un voto, o regla democrática), contrariamente a lo que se produce en empresas privadas típicas de carácter capitalista, donde


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impera el voto plural ponderado por la participación en el capital (una acción = un voto). El ejemplo típico de empresa democrática es la cooperativa, uno de cuyos principios cooperativos es precisamente el principio democrático de decisión. Pregunta Nº 139.- “En nuestro país la forma de gobierno es una democracia representativa o indirecta”. Explique y analice esta afirmación. Respuesta: Significa que las autoridades ejercen el poder en representación de la Nación, de modo tal, que todo lo que aquéllas hagan legítimamente es imputable a ésta. Sin embargo, en la Carta Fundamental nada se dice respecto de que Chile sea una democracia representativa, sólo se habla de democracia, ya que no todas las autoridades se generan por elección popular, como es el caso de los miembros del Poder Judicial o los del Tribunal Constitucional. El Presidente de la República es elegido mediante sufragio universal, los senadores en votación directa, los diputados también en votación directa, por sufragio universal; existe el plebiscito constituyente; en suma, el gobierno es predominantemente de democracia representativa. Lo anterior, eso sí, corresponde a un análisis de doctrina tradicional, el que debe ser sustituido por un comentario de doctrina moderna que acoge la Carta Fundamental de 1980 y sus reformas. Así, la Constitución de 1925 señalaba en la oración final del artículo 1º “Su gobierno es republicano y democrático representativo”, consagrando de esta forma la democracia representativa. En cambio, la Constitución de 1980, en su artículo 4º, eliminó la palabra “representativo”, y desde su texto primitivo ha empleado en sus artículos 6º y 7º los términos “órgano”, “órgano del Estado”. Aún más, en la primera reforma del año 1989, utilizó la expresión “órgano del Estado” (inciso 2º del Art. 5). Por su parte, la reforma constitucional de 2005, emplea igual expresión en el capítulo sobre “Bases de la Institucionalidad” (artículos 3º y 8º), frases que no figuran en la Constitución de 1925; lo cual demostraría que se ha acogido la nueva concepción doctrinaria de los órganos del Estado. Ello significa que ha sido excluida la

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noción tradicional de los representantes que actuaban en virtud del mandato representativo clásico, y sobre el cual se asentaba la democracia representativa. Pregunta Nº 140.- Ejemplos de normativas de las cuales puede inferirse que en Chile el régimen político imperante dentro de la democracia representativa o indirecta es presidencial. Respuesta: 1.- El Presidente, además, de Jefe de Estado, lo es del Gobierno y de la Administración Pública. (Art. 24 inc.1 C.P.R.); 2.- Los Ministros de Estado son de exclusiva confianza del Presidente, quien además los designa y remueve. (Art. 32 Nº 7 C.P.R.); 3.- Si bien la Cámara de Diputados puede fiscalizar los actos de gobierno, no cuenta con el voto de censura ni puede hacer renunciar a los fiscalizados. (Art. 52 Nº 1). Pregunta Nº 141.- ¿Qué se entiende por Soberanía? Respuesta: Concepto 1. Manifestación que distingue y caracteriza al Poder del Estado, mediante la cual se afirma su superioridad jurídica sobre cualquier otro poder, sin aceptar limitación ni subordinación que cercene sus facultades ni su independencia dentro de su territorio y posesiones, como asimismo frente a otros Estados en un plano de independencia e igualdad. Concepto 2. Manifestación de poder supremo, mediante el cual un Estado se da organización política y jurídica, planteándose ante otros Estados en un plano de independencia e igualdad. Pregunta Nº 142.- ¿Nuestra Carta Fundamental adhiere a la concepción de soberanía nacional o popular? Respuesta: A pesar de la tendencia contemporánea constitucional que sostiene la concepción de soberanía popular, Chile adhiere a la de soberanía nacional, según la cual, el poder reside en la Nación, y busca enfatizar que el ejercicio de la soberanía por el pueblo no puede desatender su vinculación más profunda con la patria.


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Hay que hacer presente que la teoría de la soberanía nacional ha sido objeto de tantas críticas que, a esta altura, no resulta admisible tal posición. Pregunta Nº 143.- ¿Quienes ejercen la Soberanía? Respuesta: Según lo expresa la Constitución, el ejercicio de la soberanía se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas de Presidente, parlamentarias, alcaldes y concejales y, también, por las autoridades que la propia Carta Fundamental establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Esto significa que únicamente las autoridades y órganos que han recibido el poder legitima y válidamente del pueblo y en la forma prevista en el ordenamiento jurídico, están revestidas de autoridad e imperio, careciendo de ellas quienes busquen atribuírselas al margen de la Constitución Política y la voluntad del cuerpo político de la sociedad. Pregunta Nº 144.- ¿Cuáles son los límites al ejercicio de la Soberanía? Respuesta: La Carta Fundamental, reconoce que la potestad del Estado se encuentra limitada por aquellos derechos que nacen de la naturaleza humana, al prescribir que: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”. Ahora, estos derechos humanos no pueden ser enumerados taxativamente de una vez y para siempre, ya que el individuo, en el desarrollo histórico de su conciencia, podrá ir perfeccionando los existentes y desarrollando otros nuevos (Ver Art. 5 C.P.R.). Pregunta Nº 145.- Breve análisis del inciso 2º del Art. 5 de la Constitución. Respuesta: La oración final de este inciso tiene por objetivo específico robustecer los derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico y establecer un deber constitucional nuevo para todos los organismos y autoridades del Estado: respetarlos y promoverlos, incorporando a la Carta Fundamental material los tra-

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tados en materia de derechos humanos, los cuales de acuerdo a las normas generales ya tenían jerarquía de ley. Respecto a estos últimos, algunos opinan que los tratados internacionales sobre derechos humanos mantienen su jerarquía de ley, puesto que se infringiría la supremacía constitucional permitiendo reformar la Constitución a través de un tratado internacional. Los que sí efectivamente poseen jerarquía constitucional son aquellos derechos esenciales contenidos en dichos tratados. Pregunta Nº 146.- ¿Qué diferencias existen entre los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y los demás Tratados Internacionales? Respuesta: Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos: 1) limitan el ejercicio de la soberanía; y 2) no se establecen en beneficio del Estado y sus intereses, sino que, por el contrario, señalan obligaciones de los Estados para con las personas que se encuentren bajo su jurisdicción; los que adquieren derechos contra aquellos Estados que pueden ejercerse a través de mecanismos internacionales, algunos de los cuales son obligatorios para el Estado chileno. Pregunta Nº 147.- ¿Cuáles son las consecuencias de la institucionalización de Derechos Humanos mediante Tratados Internacionales en Chile? Respuesta: Ya ratificado un tratado internacional en materia de derechos humanos y siempre que éste se encuentre vigente en el plano nacional como internacional, se originan las siguientes consecuencias respecto del ordenamiento jurídico nacional: 1) Los derechos humanos asegurados en el tratado se incorporan a la Constitución material, adquiriendo plena vigencia, validez y eficacia jurídica; 2) Ningún órgano del Estado puede desconocerlos, debiendo respetarlos y promoverlos, como asimismo protegerlos mediante el conjunto de garantías constitucionales destinadas a asegurar el pleno respeto de los derechos; 3) La vulneración de tales tratados constituye una vulneración tanto de la Constitución como del Tratado Internacional; lo que acarrea consecuencias y responsabilidades


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nacionales e internacionales; 4) Incorporado a la Constitución el derecho asegurado por el tratado, éste adquiere aplicación inmediata sin que sea necesario una reforma constitucional; ya que de no ser así quedaría a la voluntad del órgano acatar o no el mandato constitucional; 5) Una reforma constitucional sólo podría modificar las normas de un tratado sobre derechos humanos en la medida que implicara una mayor protección y garantía de tales derechos; no pudiendo desmejorar su situación jurídica. Pregunta Nº 148.- ¿Qué es el llamado Principio de Estado de Derecho? Respuesta: Principio de acuerdo mediante el cual gobernantes y gobernados se someten por igual al ordenamiento jurídico, bajo la garantía de tribunales independientes con potestad suficiente para hacer efectiva las responsabilidades de unos u otros. Pregunta Nº 149.- ¿Qué requisitos debe cumplir el Estado de Derecho? Respuesta: 1.- Supremacía de la Constitución. Las normas constitucionales priman sobre todo el ordenamiento jurídico, sobre todas las autoridades y sobre todo el andamiaje político y jurídico; sobre los órganos del Estado, sobre los miembros de éstos y sobre los particulares. 2.- Separación de órganos y funciones. Que no haya concentración del poder, que esta separación sea formal y material. 3.- Imperio de la ley. Los órganos del Estado actúan sólo válidamente: a) En conformidad a la ley; y b) Cuando sus titulares han sido investidos previamente con las solemnidades que señala la ley. 4.- Responsabilidad de todas las magistraturas. Las autoridades deben ser responsables de sus actos como autoridades, tienen que existir los mecanismos para hacer efectiva esa responsabilidad. 5.- Nulidad de los actos del poder público. Cuando se llevan a efecto sin estar autorizados por la ley o sin las formalidades

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legales, en Derecho Público sólo se puede hacer lo que la ley permite, esta nulidad no se sanea por el transcurso del tiempo, no procede ratificación respecto de ella. Pregunta Nº 150.- ¿Cuáles son las premisas de este Principio? Respuesta: 1ª) El Principio de la supremacía constitucional; 2ª) El Principio de interpretación de las leyes conforme a la Carta Fundamental; 3ª) El Principio de la juridicidad; 4ª) El Principio del control jurisdiccional de los actos de los órganos del Estado o de interdicción de la arbitrariedad; 5ª) El Principio de la responsabilidad; 6ª) El Principio de la separación de funciones; 7ª) La nulidad de Derecho Público. Pregunta Nº 151.- ¿En qué consiste el Principio de Supremacía Constitucional? Respuesta: Premisa del Estado de Derecho, que consiste en la plenitud normativa de la Constitución, su aplicación inmediata y el carácter imperativo de su contenido. (Ver Art. 6 inciso 1 C.P.R.). Esta supremacía ubica a la Carta Fundamental como la norma más alta del ordenamiento jurídico, a la cual debe ajustarse el resto de las normas jurídicas. Todos los órganos del Estado, es decir, aquellos encargados de formular una voluntad imputable al Estado, se someten a la Constitución. Ello comprende a todos los órganos constitucionales, de gobierno, legislación o jurisdiccionales, y todos los órganos administrativos encargados de satisfacer las necesidades públicas y que se hallen vinculados orgánicamente al Estado. Una expresión de esta supremacía constitucional la refleja el Art. 93 que trata de las atribuciones del Tribunal Constitucional para ejercer el control de constitucionalidad sobre leyes orgánicas constitucionales, interpretativas de algún precepto de la Constitución, de proyectos de ley o de reforma constitucional, de tratados, de decretos con fuerza de ley, de decretos de convocatoria a plebiscito, de decretos supremos inconstitucionales, en los casos y formas allí indicados.


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Pregunta Nº 152.- ¿Cuál es el significado del Principio de Legalidad? Respuesta: Significa que el Estado, sus órganos y los titulares de aquellos órganos deben someterse al ordenamiento jurídico que encuentra su máxima expresión en la Carta Fundamental, estando obligados a ajustar sus conductas a la ley, al Derecho, como a toda institución, persona o grupo. El principio de legalidad del artículo 6 inciso 1º se desarrolla en el Art. 7 inciso 1 C.P.R. Pregunta Nº 153.- ¿Qué consecuencias trae el hecho de que un órgano del Estado, su titular o integrante del mismo, quebrante el principio de legalidad? Respuesta: Tal situación genera nulidad del acto y las consiguientes responsabilidades y sanciones que determine la ley. La responsabilidad puede ser de carácter civil, penal, administrativa o simplemente política, siendo las penales las más graves. (Ver Art. 6 y 7). Se debe hacer presente que la sanción de nulidad no opera de pleno derecho, y mientras el acto no haya sido declarado nulo sigue produciendo sus efectos jurídicos. Así, cualquier persona lesionada en sus derechos por la administración estatal o municipal puede reclamar ante los tribunales establecidos por la ley. Pregunta Nº 154.- Refiérase a las restricciones que, durante la época actual, ha experimentado el principio de legalidad. Respuesta: – Primera Restricción. Dicho principio sólo opera como “vinculación positiva” en los actos de contenido autoritario y no en los que carecen de contenido autoritario. a) Actos con contenido autoritario. Cuando la actuación de la administración afecta un derecho o a determinada situación jurídica de un particular, existe una estricta sujeción a la legalidad como vinculación positiva. De manera que el principio concierne no ya a los actos en sí mismos, sino en cuanto tenga como contrapartida una libertad o un derecho fundamental del particular, incidiendo en ellos limitativamente.

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b) Los actos sin contenido autoritario. Si la actividad no afecta derechos, y en la medida que no se exprese en actos de expropiación, autorización o en procedimientos formales, quedan fuera del principio de la legalidad. – Segunda Restricción. La Reserva de ley. El principio de juridicidad se vincula con la “reserva de ley”, es decir, con el conjunto de materias respecto de las cuales la Constitución exige sean reguladas por ley. Sin embargo este principio no siempre tiene igual densidad, ya que es posible distinguir: a) La Reserva Absoluta de Ley. Únicamente le corresponde a la ley regular dicha situación); y b) La Reserva Relativa de Ley. En este caso incumbe un mayor campo a la potestad reglamentaria de ejecución. Se reconoce ésta cuando la Carta Fundamental hace uso, por ejemplo, de expresiones tales como “con arreglo de ley”, “con sujeción a la ley”, “de acuerdo con lo que la ley determine”, etc. Dichas expresiones implican un respeto al principio de la legalidad, pero lo flexibilizan, pues el legislador entrega al ejecutivo la misión de regular ciertas materias con más detalle. Es decir, la diferencia entre materias de reserva absoluta y materias de reserva relativa la marca la “norma habilitante”, en que si bien en ambos casos hay una sujeción a la juridicidad, en un caso es mayor que en el otro. Pregunta Nº 155.- Principio de Interpretación de las leyes conforme a la Constitución Política de la República. Breve referencia. Respuesta: Según tal principio, frente a dos interpretaciones deberá preferirse siempre la que esté más conforme a la Carta Fundamental, y ésta última debe considerarse en toda labor de hermenéutica legal, y particularmente, al utilizar la interpretación sistemática, lo que se relaciona con dos principios: a) El de vinculación directa de la Constitución; esto es el principio de sujeción de las personas, grupos, organismos, autoridades y poderes públicos a la Carta Fundamental; lo que genera una obligación de interpretar las normas legales en conformidad a la Constitución; y b) El principio de conservación de la norma.


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Consiste en que si bien le corresponde al órgano legislativo ir actualizando la idea de derecho conforme a la voluntad del cuerpo político de la sociedad en cada momento histórico, debe tratar de concretar el principio de seguridad jurídica. Pregunta Nº 156.- El Art. 7 de la Constitución Política de la República, exige para la “validez” de un acto de cualquier órgano del Estado, dentro de los cuales están los órganos de la administración del mismo, la concurrencia de 3 requisitos copulativos. ¿Cuáles son éstos? Respuesta: 1) La Investidura Regular: el hecho de conferir a una persona, por el órgano que corresponda y conforme a derecho, la calidad de representante del poder público. Dicha investidura debe ser “previa” a la realización de cualquier acto, pues únicamente con la titularidad misma de ella es posible actuar válidamente. La investidura es el carácter que se adquiere con la toma de posesión de ciertos cargos o dignidades. 2) La Competencia: el vínculo de atribuciones que la Constitución o la ley fija como propio del ejercicio de la autoridad, para el conocimiento y resolución de determinados asuntos. 3) La Forma: como elemento del acto público es comprensivo de las formalidades y del procedimiento en general. Así lo ha señalado la Corte Suprema respecto del Art. 7 de la Carta Fundamental. Pregunta Nº 157.- ¿Cómo opera el Principio de la Legalidad (vinculación positiva)? Respuesta: El principio de la juridicidad o de legalidad está consagrado en el Art. 7 de la Constitución y, conforme a él, los órganos del Estado pueden actuar únicamente si les ha sido atribuido para el caso concreto, la correspondiente facultad, de manera que la ausencia de disposición que lo autoriza impide el actuar del órgano por carecer de facultad. El principio de legalidad se expresa en un mecanismo técnico preciso; “la legalidad atribuye potestades a los órganos del estado”.

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Pregunta Nº 158.- Breve análisis del Art. 6° de la Constitución Política de la República. Respuesta: Para que el actuar de la administración sea válido, es fundamental entender el verdadero sentido del Art. 6 inciso 1º de la Carta Fundamental, de acuerdo con el cual los órganos de la administración no sólo han de someterse a ésta, sino a todo el “bloque de la legalidad”. Dicho bloque está integrado por: 1.- Los componentes normativos positivos, que incluyen la Carta Fundamental y todas las demás normas dictadas conforme a ella que conforman el ordenamiento jurídico; y 2.- Los componentes no positivos, que son igualmente vinculantes para los órganos del Estado. Cabe mencionar dentro de estos componentes no positivos: a) Los derechos; pero no de una manera meramente nominal, sino que en su esencia, puesto que cualquier regulación o complementación de éstos no podrá afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio; b) Los principios que sirven de fundamento al ordenamiento constitucional. Del mismo artículo 6 deriva el principio de interdicción a la arbitrariedad, y consiste esencialmente en que “los actos de todos los órganos del Estado deben ser controlados jurisdiccionalmente en su respeto hacia la Constitución y las leyes”. Esto último guarda estrecha relación con el Art. 19 Nº 2 y otras disposiciones constitucionales. Y existen distintos controles que realizan diferentes órganos sobre disímiles actos: a) El control jurisdiccional. Constituye un control represivo que no sólo comprende la legalidad de las actuaciones sino que también de su mérito. b) El control del Tribunal Constitucional. Es generalmente preventivo de la constitucionalidad de los proyectos de ley, algunas veces facultativo y otras obligatorio. c) El control de la Contraloría General de la República. Es fundamentalmente un control preventivo de juridicidad sobre los actos de la administración. d) El Control político, ejercido por la Cámara de Diputados. Es un control de mérito. e) El control de las autoridades y jefaturas de los órganos de la administración. Es un control jerárquico permanente respecto del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia. Este se extiende tanto a la eficiencia como a la eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos.


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En el inciso 3º del artículo 6 queda establecido el principio de control jurisdiccional de los actos de los órganos del Estado o de interdicción de la arbitrariedad. Así, quien ejerce poder es responsable de ejecutar sus actos conforme al ordenamiento jurídico, y su actuación al margen de tal ordenamiento permite hacer efectiva la responsabilidad administrativa, penal, civil o política y aplicar las correspondientes sanciones.

CAPÍTULO IV La Responsabilidad Pregunta Nº 159.- ¿Qué clases de responsabilidad existen? Respuesta: 1) Responsabilidad Civil. Se origina cuando la actuación contraria a derecho acarrea un daño o perjuicio al Estado o a los particulares, y se hace efectiva obligando a la autoridad a indemnizar el daño producido. 2) Responsabilidad Penal. Se origina cuando la actuación está tipificada como delito en la legislación penal, y se hace efectiva obligando a la autoridad a cumplir la pena correspondiente al delito, lo cual implica el ejercicio de la acción penal correspondiente. 3) Responsabilidad Administrativa. Se origina cuando la actuación implica haber fallado a los deberes y obligaciones que el estatuto administrativo impone al funcionario. Se hace efectiva obligándose a la autoridad a soportar una sanción administrativa, como la destitución del cargo, suspensión de éste, multa, censura por escrito o amonestación verbal. El hacer efectiva esta responsabilidad supone el ejercicio de la acción administrativa y la realización de un sumario administrativo que se lleva ante la autoridad administrativa jerárquicamente superior. 4) Responsabilidad Política: Hay 2 tipos de responsabilidad política: a)La institucional, generada por la pérdida de confianza que sufre el funcionario o la autoridad infractora que realiza una actuación frente a otra de la cual depende su estabilidad en el cargo. Ejemplo: Ministro de Estado frente al Presidente de la República en un régimen presidencial. La responsabilidad política institucional surge por 2 razones: la autoridad que pierde la con-

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fianza ha infringido el derecho, o debido a una deficiente actuación, aunque no haya violado el derecho; b) La fáctica o de hecho; generada por la mala actuación de una autoridad popularmente electa frente a su electorado. 5) Responsabilidad del Estado. Esta es la responsabilidad particular del Estado que posee como consecuencia de los actos realizados por sus órganos que ocasionen daño a los particulares. Pregunta Nº 160.- ¿Qué clase de responsabilidades regula la Constitución? Respuesta: 1.- La responsabilidad del estado juez (Art. 19 Nº 7 letra i). Esto lo hace a través de la indemnización por error judicial; 2.- La responsabilidad del Estado legislador (Art. 5, 6, 7, 19 Nº 20 y 24). Es aquella responsabilidad extracontractual del Estado, que emana del daño o perjuicio ocasionado por la ley; 3.- La responsabilidad del Estado administrador (Art. 38 Inc. 2 C.P.R.); 4.- La responsabilidad personal de los funcionarios (Art. 38 Inc. 2 C.P.R.); 5.- La responsabilidad personal de los Ministros (Art. 53 Nº 2 C.P.R.). Pregunta Nº 161.- Responsabilidad del Estado Administrador. Breve referencia. Respuesta: La fuente de esta responsabilidad emana de los artículos 6 y 7, pero principalmente del Art. 38 inciso 2, todos de la Carta Fundamental. La infracción a la Constitución y de las normas dictadas conforme a ellas, genera responsabilidades y sanciones que determina la ley. El citado artículo 38 establece que la responsabilidad que le cabe a los órganos de la administración del Estado por las lesiones que origine a los administrados, es sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño. Pregunta Nº 162.- ¿Cuáles son los principios que informan la responsabilidad del Estado Administrador? Respuesta: 1) El principio esencial consiste en que la responsabilidad del Estado es por “Lesión de Derechos”. La responsabilidad extracontractual del Estado se funda en la “lesión de derechos”,


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entendiéndose que ella existe cuando importa “un sacrificio especial no exigible al administrado que no esté obligado a soportarla, que recae en un derecho y no sobre meras expectativas o intereses. Y para que la persona no esté obligada a soportar el sacrificio se requiere: a) Que el sacrificio o perjuicio sea especial, vale decir, cuando es particularmente “intenso” y “grave”; b) Que el sacrificio o perjuicio sea injusto; esto es, cuando no existen “causas de justificación expresas y concretas”, que consistan en un título que legitime el perjuicio. 2) En virtud de la idea de lesión es posible que la responsabilidad del Estado surja tanto por actuaciones lícitas como por actuaciones ilícitas. Esto porque el artículo 38 no ha considerado los elementos de ilicitud y culpa para constituir la institución de la responsabilidad del Estado. Es decir, puede provenir tanto de actuaciones regulares o irregulares, puesto que es perfectamente posible que una actuación licita ocasione lesión en el patrimonio de personas, y por tanto, responsabilidad, atendido que el artículo 38 de la Constitución no considera la conducta de la administración para admitir la responsabilidad. 3) La responsabilidad del Estado podrá provenir, además, de un hecho, esto es de un acto u omisión; y esta acción u omisión deberá ser cometida por la administración del Estado, sus organismos o las municipalidades. 4) La responsabilidad del Estado es “sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que hubiere causado el daño”, es decir, existen dos responsabilidades: la del Estado y la del funcionario, las que no deben confundirse. 5) La responsabilidad del Estado debe ser alegada. La administración no está obligada a responder por el solo hecho o la omisión del Estado, sino que debe ser “condenada a ello”, puesto que este artículo señala que “podrá reclamar”, y podrá exigir la responsabilidad cualquier persona. Además, establece que la reclamación debe hacerse “ante los tribunales que determine la ley”. Pregunta Nº 163.- Responsabilidad por Falta de Servicio. Breve referencia.

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Respuesta: Esta clase de responsabilidad implica un funcionamiento anormal por mala organización o por defectos, y el funcionamiento se determina en base al fin del servicio. Además, la persona del funcionario no interesa, lo que se mira es el órgano, puesto que el sujeto imputable es la administración. Ello “objetiva la responsabilidad”, puesto que desaparece el dolo o la culpa, del funcionario. Pregunta Nº 164.- ¿Cuáles son los casos de Falta de Servicio? Respuesta: 1) Si el servicio ha funcionado mal. Acción positiva. 2) Si el servicio no ha funcionado. Omisión. 3) Si el servicio actuó de forma tardía. Pregunta Nº 165.- ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir la Falta de Servicio para engendrar responsabilidad? Respuesta: 1) Debe revestir cierta gravedad, ya que no se responde por meras imperfecciones y ello se aprecia en base a la previsibilidad del daño, los medios disponibles para evitarlo y la dificultad de la tarea; 2) Debe ser el origen directo del perjuicio; 3) Debe ser imputable directamente al poder público. Pregunta Nº 166.- ¿En qué consiste la Responsabilidad del Estado Legislador? Respuesta: Responsabilidad extracontractual del Estado que emana del daño o perjuicio ocasionado por una ley cuando ésta lesiona a uno o más de los derechos garantizados por la Constitución. La declaración de inconstitucionalidad de la ley por lesionar derechos garantidos en la Carta Fundamental puede fundar la responsabilidad del Estado legislador, y este daño puede producirse ya sea cuando se ha originado directamente por la ley o por un acto administrativo ajustado a los términos de una ley declarada inconstitucional. (Ver arts.5, 6, 7, 19 Nº 20 y 24 C.P.R.)


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CAPÍTULO V Principios Económico-Sociales Pregunta Nº 167.- ¿Cuáles son los principios básicos en que se funda el sistema económico neoliberal? Respuesta: Desde el punto vista de las relaciones entre el Estado y los particulares en el plano económico social, la Carta Fundamental adhiere a la concepción neoliberal que propicia una organización de aquellas relaciones económico - sociales que, si bien es cierto reconoce, exalta y potencia la libertad del individuo y la autonomía de los cuerpos intermedios para lograr sus fines propios, al mismo tiempo considera limitaciones a esas libertades y autonomía, haciendo posible la intervención del Estado y el reconocimiento de los derechos sociales. Los principios en que se funda este sistema neoliberal son básicamente: 1) El principio de la autonomía de la voluntad. El Art. 1 de la Constitución declara que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos desde que consagra la libertad del individuo como rasgo de su naturaleza; 2) El principio de subsidiariedad. Consagrado en los incisos 1º y 3º del artículo 1; 3) El principio de libre empresa. El artículo 19 Nºs 21, 23, 24, 25 y 22 consagra los derechos a través de los cuales se ejerce la libertad económica. El Nº 21 consagra la libertad para desarrollar todo tipo de actividades económicas. El Nº 23 la libertad para adquirir todo tipo de bienes, el Nº 24 consagra la propiedad, el Nº 25, la propiedad intelectual, el Nº 22 dispone el deber del Estado de no realizar discriminaciones arbitrarias en el trato económico que debe dispensar a las personas, grupos y diversas áreas del territorio nacional; 4) El principio de limitación del gasto fiscal. Los artículos 64, 62 inciso final y 60 Nº 8, en cuanto evidencian el principio de limitación del gasto fiscal con miras a neutralizar el proceso inflacionario.

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TEMA III NACIONALIDAD

CAPÍTULO I Concepto

y

Fuentes

Pregunta Nº 168.- ¿Qué es la nacionalidad? Respuesta: Vínculo jurídico existente entre un Estado y los miembros del mismo, el que origina derechos y obligaciones recíprocas. Tal vínculo no sólo se da entre un nacional y el Estado, también entre este último y un extranjero, aunque es diferente al primero que es una “especial” unión. La nacionalidad es una situación social, cultural y espacial en la que influyen numerosos elementos que definen el escenario político y organizacional de un grupo determinado de personas. Por ser la nacionalidad un hecho social, no puede ser estudiado como un concepto aislado, y no puede entenderse de manera unilateral, por lo que requiere ser entrelazada con muchos otros conceptos de la materia psicológica, de manera que el tema pueda acercarse lo más posible a un concepto palpable. Nacionalidad significa también la pertenencia de una persona a un ordenamiento jurídico concreto. Este vínculo del individuo con un Estado concreto le genera derechos y deberes recíprocos. Este tipo de nacionalidad referida a un país se mezcla conceptual y prácticamente con el concepto de nacionalidad como situación

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social, y podría perfectamente analizarse por separado o como una parte de la nacionalidad social, pues las leyes son inevitablemente un hecho social. Los hechos sociales no son nuevos, pero si es novedoso el suceso de que en la actualidad podamos distinguirlos de una manera más clara y precisa, pero aun con dificultad; entonces podemos asumir que la nacionalidad y todos los conceptos relacionados con ella, han estado presentes en cualquier organización social, así como en cualquier interacción entre grupos sociales durante toda la historia del hombre. La situación actual del ser humano, con el constante acecho de los efectos de la globalización, han requerido de mayores definiciones concretas en esta materia, especialmente cuando la interacción mundial requiere normar el comportamiento del hombre en sociedad a través de la ley. Tal es el caso, en que numerosos estados y organizaciones de estados han generado leyes relacionadas con la nacionalidad, sus derechos y sus deberes. Pregunta Nº 169.- ¿Qué se entiende por fuentes de la nacionalidad? Respuesta: Formas o medios a través de los que se determina quienes son nacionales de un Estado. Pregunta Nº 170.- ¿Cuál es la relevancia de la nacionalidad y sus efectos en relación al ejercicio de derechos? Respuesta: Varía, de acuerdo a las clases de Derechos de que se trate. 1) En el caso de los Derechos Políticos, rige el principio de diferenciación entre chilenos y extranjeros. Así, puede afirmarse que el chileno goza de derechos políticos, pero el extranjero no o muy limitadamente. 2) En el caso de los Derechos Civiles, el mismo Código Civil no hace diferencias entre chilenos y extranjeros en lo referente a la adquisición y goce de aquellos derechos que consagra, salvo las excepciones que establece (relevancia relativa).


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3) En el caso de los Derechos Constitucionales, la nacionalidad prácticamente carece de importancia para gozar los derechos constitucionales, porque éstos emanan de la naturaleza humana, aunque este principio no es absoluto. Pregunta Nº 171.- ¿Cómo se clasifican las fuentes de la nacionalidad? Respuesta: Puede clasificarse en Originarias y Derivadas. A su vez, las derivadas pueden clasificarse en: Fuentes de naturalización: a) individual, b) colectiva; c) voluntaria; d) semivoluntaria, y e) forzada. – Fuentes originarias: la nacionalidad dice relación con el nacimiento, atendiendo al territorio donde ocurre éste o a la nacionalidad de los progenitores. Son el jus soli, o derecho del suelo (sistema que atribuye la nacionalidad del Estado, en cuyo territorio se ha nacido); y el jus sanguinis (sistema o derecho de sangre que atribuye al hijo la nacionalidad de los padres, cualquiera sea el lugar del nacimiento). – Fuentes derivadas: atribuyen una nacionalidad en reemplazo de una anterior. – Fuentes de naturalización individual o colectiva: según si afectan a una persona determinada o a grupos humanos. Este último caso ocurre en situaciones de cambio de soberanía que experimentan los territorios de algunos Estados. – Fuentes voluntarias y forzadas: dependiendo de la libre manifestación de voluntad de la persona o, por el contrario, prescinden de ella. La voluntaria se produce cuando la persona que adquiere la nueva nacionalidad manifiesta expresamente su voluntad de adquirirla, sometiéndose a los trámites, requisitos y exigencias del ordenamiento jurídico del Estado cuya nacionalización adquiere. Ejemplo: nacionalización por carta. En la forzada, la persona adquiere la nacionalidad porque la pide, pero su voluntad está forzada frente a la necesidad de permanecer en el Estado cuya nacionalidad adquiere, o bien es adquirida como condición para gozar de los mismos derechos civiles que los nacionales del Estado cuya nacionalidad adquiere.

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- Fuentes semivoluntarias: se dan cuando a un acto voluntario realizado sin el propósito de cambiar nacionalidad, es la ley quien le atribuye el efecto de cambiarla. Ejemplo: al casarse con un extranjero se adquiere nacionalidad del cónyuge. Pregunta Nº 172.- ¿Qué disposición constitucional recoge la fuente originaria del Ius Soli? Respuesta: La recoge el Art. 10 Nº 1 de la Constitución al señalar: “Son chilenos: 1º. Los nacidos en el territorio de Chile”. Se deben cumplir entonces dos requisitos: 1) Nacer en Chile; y 2) Que tal hecho se produzca en nuestro territorio. Pregunta Nº 173.- ¿Qué se entiende por “territorio ficticio”? Respuesta: Se designa con tal nombre a aquel elaborado por el Derecho Internacional Público, por el cual se asimila al territorio real a los siguientes bienes: barcos de guerra y aeronaves militares en cualquier lugar en que se encuentren; barcos mercantes que se hallen en aguas territoriales o en alta mar; aeronaves comerciales que se encuentren en su territorio, en su espacio aéreo o en el espacio aéreo sobre la alta mar; el edificio que sirva de sede a una embajada diplomática. Sin embargo, en el Derecho Internacional la nueva noción de inviolabilidades diplomáticas y de inmunidades de jurisdicción tiende a reemplazar la noción tradicional de “territorio ficticio”. Así, entonces, la expresión territorio de Chile comprende el territorio real en el que se aplica íntegramente el ordenamiento jurídico, y el ficticio, en la forma que se ha entendido tradicionalmente por el Derecho Internacional.

CAPÍTULO II Ius Soli

y Ius

Sanguinis

Pregunta Nº 174.- Ius Soli. Breve explicación. Respuesta: La palabra viene del latín, traducción literal, “derecho del suelo”, el sentido del derecho del lugar. Se trata de un


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criterio jurídico para determinar la nacionalidad de una persona física, que puede ser contrario y contradictorio con el Jus Sanguinis, (del latín, derecho de la sangre, en la práctica, nacionalidad de los familiares, el padre, la madre, el marido, la mujer, etc.). Una persona puede, de este modo, tener derecho a varias nacionalidades y hay países, como por ejemplo, Francia, donde se reconoce el ius soli y el ius sanguinis. También es posible no tener ninguna nacionalidad (apátrida). Ejemplo de países en que se aplica: Francia (introducido en 1515). Otorga la nacionalidad francesa a toda persona nacida en el país al alcanzar su mayoría civil, siempre y cuando haya vivido de manera duradera sobre territorio francés; Reino Unido; Chile, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Jamaica, México, Perú, Uruguay, Venezuela. Un gran número de países americanos aplican también el Ius soli, originalmente como respuesta a las necesidades de población europea que necesitaban para colonizar el continente. Pregunta Nº 175.- El Ius sanguinis. Respuesta: Del latín, “derecho de sangre”. Es el criterio jurídico que puede adoptar un ordenamiento para la concesión de la nacionalidad. Según el ius sanguinis, una persona adquiere la nacionalidad de sus ascendientes por el simple hecho de su filiación (biológica o incluso adoptiva), aunque el lugar de nacimiento sea otro país. Pregunta Nº 176.- Diferencias entre el Ius Sanguinis y el Ius Soli. Respuesta: El Ius sanguinis trata de proteger los derechos de los emigrantes y, por eso, suele utilizarse con más frecuencia en los países que, por su situación socioeconómica, tienen tendencia a exportar emigrantes. El Ius soli, por el contrario, es más frecuente en países receptores de emigrantes, generalmente por considerar que se adecua más a la realidad y favorece la integración de los extranjeros. El Ius soli también puede tener como objetivo incrementar la población de un país, concediendo la nacionalidad a extranjeros.

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España utiliza el Ius sanguinis así como una forma limitada del Ius soli. La República de El Salvador consagra este criterio, en el Art. 90 Nº 1 de su Constitución, sin embargo, más adelante reconoce el ius sanguinis tanto así como la mixta. Pregunta Nº 177.- ¿Cuáles son las excepciones al Ius Soli? Respuesta: No serán chilenos, aunque nazcan dentro del territorio nacional: 1) Los hijos de padres extranjeros en Chile al servicio de su Gobierno. En este caso, ambos padres deben ser extranjeros y uno de ellos tiene que estar al servicio de su gobierno. Pueden tener distinta nacionalidad, pero es indispensable que no sean chilenos. Así, por ejemplo, la madre podrá ser uruguaya y el padre apátrida (el apátrida se le considera extranjero en nuestra legislación). Los llamados “servicios” deben prestarse al Gobierno que corresponda a la nacionalidad del padre o de la madre que presta dichos servicios. Así, entonces, la expresión “su Gobierno”, limita por de pronto el alcance, no puede ser indiferente que sea cualquier Gobierno, sino el suyo. En cuanto a la naturaleza de los servicios, ella no se precisa; 2) Los hijos de padres extranjeros transeúntes. Requisitos a cumplir en este caso: a) Nacer en territorio chileno; b) Ser hijo de padres extranjeros; y c) Ambos padres deben ser transeúntes, vale decir, que no tengan domicilio civil ni político en Chile. En otras palabras, no debe existir en ellos el ánimo real ni presunto de permanecer en el país; siendo su residencia transitoria y por causas accidentales. Pregunta Nº 178.- ¿En qué consiste el “derecho de opción” que se confiere a las personas nacidas en Chile, en los dos casos de excepción al Ius Soli? Respuesta: Es el derecho del que gozan estas personas de optar por la nacionalidad chilena (Art. 10, parte final del Nº 1 C.P.R.). Deben materializarlo a través de una declaración en que manifiestan su deseo de optar por ella (manifestación unilateral y escrita de voluntad).


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Pregunta Nº 179.- ¿Qué requisitos debe cumplir esta declaración para que surta los efectos de obtener la nacionalidad chilena? Respuesta: 1) Debe hacerse en el plazo fatal de 1 año, contado desde la fecha en que el solicitante cumpla 21 años (la mención de los veintiún años de edad debe considerarse vigente no obstante que la Ley Nº 19.221, de 1 de junio de 1993, estableció que “es mayor de edad la persona que ha cumplido dieciocho años”). El derecho caduca, se extingue de manera irrevocable transcurrido tal plazo. 2) Debe hacerse ante el respectivo Intendente o Gobernador en Chile, vale decir, aquel correspondiente al domicilio del interesado, o ante el Agente Diplomático o Cónsul de la República en el extranjero (en este caso no hay que cumplir con la exigencia del domicilio). Pregunta Nº 180.- ¿Qué disposición constitucional recoge la fuente originaria del Ius Sanguinis? Respuesta: El Art. 10 Nº 2. Son chilenos: “Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1º, 3º o 4º”. De esta forma, deben cumplirse tres requisitos: a) Hijos de padre o madre chilenos, bastando que sólo uno de ellos lo sea, careciendo de importancia la fuente de la nacionalidad chilena; b) Nacimiento en territorio de otro Estado; c) El padre o madre (un grado), o puede ser un abuelo materno o paterno o abuela paterna o materna (dos grados), deben haber tenido nacionalidad chilena (jus soli del Nº 1, o de la carta de nacionalización del Nº 3 o de nacionalización por ley del Nº 4 del Art. 10 de la C.P.R). CAPÍTULO III Nacionalización

por

Carta

Pregunta Nº 181.- Carta de Nacionalización. Concepto. Respuesta: Fuente derivada de la nacionalidad chilena, otorgada por Decreto Supremo, que sustituye o reemplaza a la

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nacionalidad originaria o derivada anterior, o simplemente la confiere, como es el caso de los apátridas o el de la doble nacionalidad. Pregunta Nº 182.- ¿Qué requisitos debe cumplir quien desee nacionalizarse? Respuesta: a) Un período de residencia en Chile no inferior a 5 años continuados y anteriores a la petición de nacionalidad. Esto lo comprueba el Ministerio del Interior por vía de informes de la policía; b) Tener 21 años cumplidos, salvo cuando el que se nacionaliza es hijo de padre o madre chilenos nacionalizados con anterioridad, caso en que sólo se requieren 18 años; c) Ser titular de permiso de permanencia definitiva. El extranjero debe estar en posesión del certificado de permanencia definitiva, que lo habilita para vivir indefinidamente en Chile sin necesidad de visa, y para trabajar libremente siempre que respete la ley chilena. Este permiso es otorgado por el departamento de extranjería e inmigración del Ministerio del Interior; d) El extranjero no debe estar comprendido en alguna de las prohibiciones para nacionalizarse chileno. Pregunta Nº 183.- ¿Cuáles son extranjeros inhábiles para nacionalizarse? Respuesta: Las cuatro primeros números están establecidos en el Decreto Supremo Nº 5.142, artículo 3º, y el último en la Constitución Política, artículo 11. 1) Quienes hayan sido condenado o se encuentren actualmente procesados por simples delitos o crímenes, hasta que sean sobreseídos definitivamente; 2) Quienes fueren incapaces de ganarse la vida; 3) Quienes difundan o practiquen doctrinas que puedan producir la alteración revolucionaria del régimen social o político o que puedan afectar a la integridad nacional; 4) Quienes se dediquen a trabajos ilícitos o que pugnen con las buenas costumbres, la moral y el orden público, y, en general, aquellos extranjeros cuya nacionalización no se estime conveniente por razones de seguridad nacional; 5) Quienes hubieren perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de las causales establecidas en el Art. 11 de la Constitución.


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Pregunta Nº 184.- ¿Gozan de los mismos derechos civiles que un chileno las personas nacionalizadas por Carta? Respuesta: Sí, e incluso tienen derecho a sufragio de inmediato, con la única limitante de que no pueden optar a cargos de elección popular antes de cinco años de ser nacionalizado.

CAPÍTULO IV Doble Nacionalidad Pregunta Nº 185.- Refiérase al Tratado Internacional sobre la doble nacionalidad, en actual vigencia, firmado por nuestro país y España Respuesta: Se publicó en el Diario Oficial con fecha 15 de noviembre de 1958. De esta forma, los chilenos nacidos en ese país y los españoles en Chile les es permitido adquirir la nacionalidad española o chilena, respectivamente, sin renunciar a la de origen, pudiendo el sujeto tener dos nacionalidades, pero bajo condición de que sólo una de ellas tenga plena eficacia, origine la dependencia política o indique la legislación a que está sujeta. Pregunta Nº 186.- ¿Puede acogerse al convenio de doble nacionalidad, un español originario por Ius sanguinis? Respuesta: No, sólo se aplica el tratado a aquellos españoles originarios por Ius soli. Lo mismo para los chilenos, quienes pueden acogerse en España a tal convenio, siempre que hayan nacido en Chile, vale decir, a los originarios del territorio nacional chileno.

CAPÍTULO V Nacionalización

por

Gracia

Pregunta Nº 187.- ¿Qué es la nacionalización por gracia de ley?

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Respuesta: Es una nacionalización involuntaria (no requiere manifestación de voluntad), que le es otorgada por ley a extranjeros ilustres o a grandes servidores de la patria o de la humanidad, quienes no deben renunciar a su nacionalidad anterior para adquirirla, pudiendo optar de inmediato a cargos de elección popular (Ejemplo: Andrés Bello).

CAPÍTULO VI Pérdida

de la

Nacionalidad

Pregunta Nº 188.- ¿Por qué causas se pierde la nacionalidad chilena? Respuesta: 1.- Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente: esta renuncia sólo producirá efectos si la persona, previamente, se ha nacionalizado en país extranjero. 2.- Por decreto supremo, en caso de prestación de servicios determinados en guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados. Lo anterior se concreta mediante Decreto Supremo, y el afectado puede reclamar de éste ejercitando un recurso de reclamación. 3.- Por cancelación de la Carta de Nacionalización, a través de un Decreto Supremo que llevará la firma del Presidente y del Ministro del Interior, dejando constancia que hubo acuerdo del gabinete. La Constitución no señala las causales que habilitan para ello, lo hace la ley de nacionalidad. 4.- Por revocación (no anulación) de la ley que otorgó la nacionalización concedida por gracia: Se verifica cuando el extranjero se ha hecho indigno de la nacionalidad chilena por hechos anteriores o sobrevinientes a la dictación de la ley que otorgó la nacionalidad. Revocar no es anular, sino sólo dejar sin efectos por falta de méritos (Ver Art. 11 C.P.R.). Pregunta Nº 189.- Casos en que la petición de nacionalidad extranjera hecha por un chileno, no le implica a éste perder la chilena.


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Respuesta: 1.- Si éste se nacionaliza en el extranjero, haciendo uso de un tratado de doble nacionalidad; 2.- Si éste debe nacionalizarse en país extranjero porque así lo dispone la Constitución, las leyes o los reglamentos administrativos de ese país como condición para permanecer en él; 3.- Si éste debe nacionalizarse en país extranjero porque así lo dispone la Constitución, las leyes o los reglamentos administrativos de ese país como condición para que el chileno pueda gozar de los mismos derechos que sus nacionales. Pregunta Nº 190.- ¿Por qué causales se cancela la carta de nacionalización? Respuesta: 1) Haberse otorgado a personas inhábiles para nacionalizarse. Ejemplos: condenado por crimen o simple delito, rebelión o desacato contra la autoridad; 2) Haber sido condenado por alguno de los delitos contemplados en la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado (condenados por delitos contra la soberanía nacional o la seguridad exterior del Estado; o por delitos contra la seguridad interior del Estado; o por delitos contra el orden público); 3) Haber acaecido ocurrencias que hicieren indigno de tal gracia al poseedor de la carta de nacionalización. Ejemplo: reincidencia en el delito de usura. Pregunta Nº 191.- El recurso de reclamación de la nacionalidad. Breve referencia. Respuesta: Está consagrado en el Art. 12 de la Carta Fundamental. Se interpone ante la Corte Suprema, cuando se priva de la nacionalidad, pero sólo contra actos o resoluciones que provengan de autoridades administrativas. Para que proceda debe existir privación o desconocimiento injusto de la nacionalidad. Lo puede interponer el afectado o cualquier persona a su nombre, en un plazo de 30 días. La Corte Suprema conocerá en pleno y como jurado, vale decir, en conciencia. Desde que se interpone el recurso se suspenden los efectos del acto o resolución administrativa.

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Pregunta Nº 192.- ¿Cuáles son las causales por las que procede el recurso de reclamación? Respuesta: 1.- Si la persona es privada de su nacionalidad chilena mediante un acto o resolución de autoridad administrativa. Esta cancelación ha debido hacerse por Decreto Supremo. Quedan comprendidos en dicha causal: a) Quienes han sido privados de su nacionalidad conforme al Art. 1 Nº 2, por haber prestado servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados; y b) Quienes han sido privados de su nacionalidad conforme al número 3º del artículo 11, por cancelación de la carta de nacionalización. 2.- Cuando un acto o resolución de autoridad administrativa desconozca a una persona su nacionalidad chilena. Tal desconocimiento puede tener diversos fundamentos, como la existencia de una causal de pérdida de la nacionalidad que no ha existido, o porque se desconozca una de las fuentes de la nacionalidad chilena.


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TEMA I CIUDADANÍA

CAPÍTULO I Concepto

y

Requisitos

Pregunta Nº 193.- La ciudadanía. Concepto y breve referencia. Respuesta: Concepto 1: Vínculo político-jurídico que une a un individuo con la organización del Estado, permitiéndole ejercer derechos políticos dentro de ésta. Concepto 2: Conjunto de condiciones que el derecho público exige para que las personas naturales puedan ejercer derechos políticos, tales como el sufragio, optar a cargos de elección popular y otros conferidos por la ley. Un ciudadano es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha comunidad se conoce como ciudadanía, y conlleva una serie de deberes y una serie de derechos. Entre los más importantes derechos, destacan por su importancia los de participación en los beneficios de la vida en común. Además, de la imprescindible participación política, mediante el derecho al voto (voluntario), que es la señal de identidad de las democracias representativas predominantes en el mundo. Entre los deberes, destacan la obligación de respetar los derechos de los demás, de contribuir al bien común, respetar los valores predominantes –que incluyen el sentido de justicia y de equidad– y otros que contribuyen a afirmar la tesitura social y

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la paz. En tal sentido, tanto más democrática es una sociedad cuanto más incluyente, es decir, cuanto más ciudadanos plenos la conforman. El concepto de ciudadanía ha cambiado a lo largo de la historia occidental, haciéndose cada vez menos excluyente. En las democracias más antiguas, incluida la famosa democracia ateniense, sólo eran considerados ciudadanos los varones, y por ello las mujeres tenían privado todo tipo de participación en la vida política. A veces era también necesario disponer de un determinado nivel de renta económica para ser considerado ciudadano. El concepto fue adquirido y desarrollado posteriormente por el Imperio Romano. En las democracias actuales, tal como se conciben, normalmente tienen la condición de ciudadanos todos los hombres y mujeres mayores de edad (siendo la mayoría de edad fijada generalmente en los 18 años), aunque en algunos lugares, por razones excepcionales (caso de quienes han sido condenados por la justicia, se pierde dicha condición; de hecho, así sucede en algunos lugares de Estados Unidos. En cuanto a su etimología, el término tiene su origen en “ciudad”, ya que originalmente esta era la unidad política más importante. Con el tiempo la unidad política pasó a ser el Estado, y hoy en día al referirnos a ciudadanos suele ser respecto de un determinado Estado (por ejemplo, ciudadanos españoles, o ciudadanos belgas o brasileños). Respecto del Derecho Administrativo, ciudadano es toda persona no sujeta a una relación especial frente a la Administración (ya que si la tuviere pasaría a ser lo que se conoce como “interesado”). También el concepto de ciudadano puede entenderse como “parte de una ciudad o población ciudadana del mundo interior”. Pregunta Nº 194.- ¿Qué requisitos deben cumplirse para ser ciudadano? Respuesta: 1) Tener nacionalidad chilena, mediante fuente natural o derivada. 2) Tener 18 años de edad.


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3) No haber sido condenado a pena aflictiva (privación de libertad desde 3 años y un día hacia arriba). 4) Cumplir con los derechos y obligaciones que impone la Constitución (Servicio Militar, pagar impuestos y ejercer el derecho de sufragio, voluntario). (Ver Art. 13 C.P.R.).

CAPÍTULO II El Sufragio Pregunta Nº 195.- El sufragio. Concepto. Orígenes. Respuesta: Derecho político de que goza el ciudadano y que le permite concurrir al gobierno del Estado, eligiendo a los titulares o integrantes de órganos unipersonales o colegiados, o pronunciarse directamente respecto de aquellas materias que le han sido sometidas a su decisión o consulta. Equivalente a “voto”, forma de expresión de la voluntad individual o corporativa en distintos tipos de asambleas e instrumento de participación en la vida pública. En la Roma antigua, el sufragio era el voto de los ciudadanos en los comitia, asambleas del pueblo romano convocadas para deliberar sobre leyes y elegir magistrados, así como de los jueces en los tribunales. El Ius sufftagii significaba el pleno derecho de ciudadanía romana. Tras la caída del Imperio Romano, el concepto de sufragio cambió sustancialmente en cuanto instrumento de participación en la vida política. En la Edad Media y Moderna, el voto siguió existiendo en el marco de una sociedad estamental y corporativa: en los parlamentos bajo medievales (dietas, cortes, estados generales, etc.) que representaban los tres órdenes de la sociedad, en los concilios eclesiásticos o en el contexto restringido de cada una de las órdenes y cuerpos (órdenes religiosas, gremios, cofradías, etc.). A partir de la revolución liberal, en la edad contemporánea, el sufragio pasó a ser un instrumento fundamental de representación política y a estar estrechamente relacionado con el derecho de

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plena ciudadanía. El concepto moderno de sufragio se configuró en conexión con el constitucionalismo, el liberalismo, y los principios de «voluntad general» (Rousseau) y de soberanía nacional, que se plasmaron en la revolución francesa. La representación se basa en la idea de que el representado es un individuo capaz de actuar y de expresar su voluntad, y que tiene, en consecuencia, el poder de controlar y revocar al representante. La representación política es así de tipo electivo y se centra en la elección de las asambleas legislativas (parlamento) y, en los casos de algunas repúblicas presidencialistas (por ejemplo, Estados Unidos), también del ejecutivo. En el siglo XIX, los Estados liberales se caracterizaron por definiciones restrictivas del sufragio (cuerpo electoral o derecho de voto). El denominado «sufragio censatario» limitaba el derecho de voto según criterios como la riqueza o el poseer determinados niveles de instrucción, y excluía a las mujeres, ya que se partía de la idea de que sólo algunas categorías de individuos, en particular los hombres más ricos, tenían la capacidad y el derecho de expresar libre y voluntariamente su voto. Las condiciones establecidas para ser representante, es decir, para presentarse como candidato, solían ser aún más restrictivas. Así, sólo una minoría de los habitantes de un Estado tenía plenos derechos políticos. Por otra parte, el sufragio no siempre era directo; el sufragio indirecto significaba que se elegían representantes en fases sucesivas, cada una de ellas con un cuerpo electoral más restringido. La tendencia a largo plazo fue en la dirección de la extensión del sufragio, así como en la de articular mecanismos que garantizasen que el voto se ejerciese en condiciones de libertad (el carácter secreto del voto es uno de los principales). «Sufragio universal», por tanto, manifiesta el derecho de voto de todos los ciudadanos mayores de edad, sin discriminaciones por riqueza, sexo, raza, religión, etc. La conquista del sufragio universal masculino, por el que lucharon en el siglo XIX corrientes, movimientos y partidos políticos de distinto signo, que tenían en común el objetivo de democratizar el Estado, no se produjo en muchos casos hasta finales del siglo XIX o ya en las primeras décadas del siglo XX. Más ardua aún y bastante más tardía fue la instauración del sufragio universal femenino.


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En la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX surgieron en Gran Bretaña y en Estados Unidos movimientos de mujeres denominadas «sufragistas», que en menor grado se extendieron a otros países, y cuyo principal objetivo era la extensión del voto a las mujeres. Las limitaciones al voto de la minoría negra en el sur de Estados Unidos fueron finalmente eliminadas por la Ley de Derechos Civiles de 1965. El sufragio universal acabó por ser uno de los instrumentos principales de las democracias representativas contemporáneas, en las que el voto es personal (no puede hacerse por delegación), libre (el Estado tiene la obligación de impedir cualquier tipo de coacción) y secreto, y su garantía son un rasgo definitorio del Estado de derecho. Se diferencia así de otros sistemas políticos contemporáneos, en los que pueden existir distintos tipos de sistemas electorales que permiten en alguna medida la expresión de ciertos derechos políticos, pero que no responden a los principios considerados democráticos. Pregunta Nº 196.- ¿Cuáles son las características del sufragio? Respuesta: 1ª Es universal. Se exige mínimos requisitos, otorgándosele incluso a los analfabetos; 2ª Es secreto. La persona que sufraga es la única que conoce la voluntad que en él se expresa; 3ª Es personal. El ciudadano o extranjero con derecho a voto debe ir por sí mismo a sufragar; 4ª Es igualitario, vale decir, un hombre, un voto; 5ª Es directo. Se vota de modo inmediato por alguno de los candidatos en disputa; 6ª Es voluntario, para los ciudadanos. (Ver Art. 15 inciso 1° C.P.R.). Pregunta Nº 197.- ¿Bajo qué circunstancias y cumpliendo cuáles requisitos pueden votar los extranjeros? Respuesta: En principio los extranjeros no deben votar, pero la Constitución, bajo ciertas circunstancias y requisitos les otorga el derecho de sufragio en los casos y formas que determina la ley. De este modo, hoy en día votan facultativamente en todas las elecciones de votación popular, siempre que cumplan los siguientes requisitos: a) Ser mayor de 18 años; b) No haber sido

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condenado a pena aflictiva; c) Tener residencia o avecindamiento por más de 5 años, cuya veracidad deberá comprobar mediante certificado emitido por el Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior (Ver Art. 14 C.P.R.). Pregunta Nº 198.- Causales de suspensión del sufragio. Respuesta: 1.- Por Interdicción en caso de demencia. El suspender este derecho no responde a la constatación de la demencia, sino que a la sentencia que declara a una persona interdicta por dicha patología. Así, la suspensión se mantiene mientras dure la interdicción; 2.- Por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista; 3.- Por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en razón de haber intervenido en hechos que sirvieron de base a la declaración de inconstitucionalidad de una organización, partido o movimiento (Art. 19 Nº 15 inc. 7). (Ver Art. 16 C.P.R.).

CAPÍTULO III Pérdida

y

Recuperación

de la

Ciudadanía

Pregunta Nº 199.- ¿En qué casos puede perderse la ciudadanía? Respuesta: 1.- Por haberse perdido la nacionalidad chilena (Causales del Art. 11 C.P.R.); 2.-Por condena a pena aflictiva; 3.- Por haber sido condenado por delito que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido, además, pena aflictiva. (Ver Art. 17 C.P.R.). Pregunta Nº 200.- ¿Cómo pueden recuperar la ciudadanía quienes la perdieron por causales legales? Respuesta: 1) Quienes la perdieron como resultado de la pérdida de la nacionalidad, pueden recuperarla mediante la dictación de una ley. 2) Quienes la perdieron por condena a pena aflictiva, la recuperarán luego de extinguida la responsabilidad penal.


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3) Quienes la hubieren perdido a causa de condena por delitos que la ley califica como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido pena aflictiva, pueden solicitar su rehabilitación al Senado luego de cumplida la condena (Art. 17 inciso 2 C.P.R.).

CAPÍTULO IV Sistema Electoral Pregunta Nº 201.- El sistema electoral. Breve análisis. Respuesta: Concepto de sistema electoral. Es el encargado de llevar todo lo que tenga que ver con las elecciones. Concepto de sistema electoral público. Es el constituido por todo aquel mecanismo que conforma el proceso de elección y de sufragio. Otros organismos importantes son las mesas receptoras de sufragio, colegios escrutadores, etc. (Ver artículo 18 inciso 1, 1ª parte). Este sistema puede analizarse desde dos puntos de vista: 1) Sistema Electoral en sentido restringido. Designa el sistema de escrutinios utilizado en una elección a objeto de determinar qué candidatos y cuántos han obtenido los cargos. En nuestra Carta Fundamental existe sólo una manifestación del sistema electoral en sentido restringido, y se refiere a la elección de Presidente de la República (Art. 27 y Ss.), que es mayoritario a dos vueltas o de doble turno. Respecto de las demás elecciones no se pronuncia, razón por la cual el legislador asume la tarea normativa. 2) Sistema Electoral en sentido amplio. Designa el conjunto de leyes y en general el conjunto de normas jurídicas que regulan los procesos electorales y plebiscitarios. Así, comprende el estudio de diversas Leyes Orgánicas Constitucionales: Ley 18.556 sobre Inscripciones Electorales y Servicio Electoral; Ley 18.700 sobre Votaciones y Escrutinios; Ley 18.460 sobre el Tribunal Calificador de Elecciones; Ley18.795 sobre Municipalidades en cuanto regula las elecciones de los Concejales Municipales; Ley

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19.175 sobre Gobierno y Administración Regional y Provincial, en cuanto regula las elecciones de los Consejeros Regionales; y finalmente algunas normas sobre la Ley de Partidos Políticos. Pregunta Nº 202.- ¿Qué características presenta el sistema electoral? Respuesta: 1) Debe ser público; es decir, expuesto al conocimiento público. 2) Debe estar exclusivamente regulado por la Constitución y por Ley Orgánica Constitucional, de manera taxativa o exhaustiva. La Carta Fundamental se refiere a una Ley Orgánica Constitucional, pero el Tribunal Constitucional ha determinado que la Constitución no exige que cuantitativamente exista una, sólo quiere indicar que cualitativamente hablando se trate siempre de regulaciones provenientes de esta clase de ley. 3) La Constitución establece que la ley siempre debería garantizar la plena igualdad entre los candidatos de partidos políticos y los independientes, en lo referido a la presentación de candidaturas y a la participación de estos candidatos en las elecciones y plebiscitos. Aparentemente pareciera que esta igualdad no es absoluta, puesto que al independiente se le exige como condición de aceptación de su candidatura, un patrocinio de firmas, en cambio, cuando se trata de un representante de un partido político, tal exigencia de patrocinio no existe. Asimismo, debe existir igualdad en la participación del proceso electoral mismo. De ahí que ambos candidatos tengan el derecho a secretaría de propaganda, a mandar representantes a las mesas electorales a fin de observar el proceso, y a usar los canales de televisión para efectuar su publicidad. 4) Se estableció un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral. (Ver Art. 18 inciso 1, 2ª parte C.P.R.). 5) Durante el tiempo previo y posterior a una elección, la responsabilidad de conservación resguardo del orden público recae en las Fuerza Armadas y Carabineros, las que deberán sumarse en ese fin a las instituciones mencionadas de manera que la ciudadanía pueda tranquilamente ejercer la soberanía nacional (Ver Art. 18 inciso final C.P.R.).


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CAPÍTULO V El Servicio Electoral Pregunta Nº 203.- Concepto y funciones que, entre otras, tiene el Servicio Electoral. Respuesta: De acuerdo a lo señalado en el Título VI Del Servicio Electoral, Art. 57, Ley 18.556 Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, es un: “Organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto será cumplir con las funciones que le señale la ley, y se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior”. Respecto de sus funciones, están señaladas en el Art. 60 del, mismo cuerpo legal, y son: a) Supervigilar y fiscalizar a las Juntas Electorales establecidas en la ley N° 18.700 y velar por el cumplimiento de las normas electorales, debiendo denunciar ante la autoridad que corresponda a las personas que las infringieren, sin perjuicio de la acción pública o popular que fuere procedente; b) Formar, mantener y actualizar el Registro Electoral; c) Determinar el Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados en los términos señalados en esta ley; d) Ordenar y resolver directamente sobre el diseño e impresión de formularios y demás documentos que se utilicen en el proceso de formación y actualización del Registro Electoral; e) Resolver respecto de las solicitudes de cambio de domicilio electoral y de acreditación de avecindamiento que se le presenten; f) Solicitar la colaboración y antecedentes que sean necesarios, de los distintos órganos del Estado, para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia; g) Disponer la compra de los programas y equipos computacionales que utilizará en el cumplimiento de sus funciones, y los sistemas de mantención, protección y actualización de éstos; h) Las demás funciones que ésta u otras leyes establezcan. Pregunta Nº 204.- Nombramiento del Director del Servicio Electoral. Breve referencia. Respuesta: Es nombrado por el Consejo Directivo del Servicio Electoral, según el Art. 67 letra h), que tiene la facultad de de-

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signar y remover al Director y Subdirector del Servicio Electoral. La designación se hará a partir de una quina propuesta para el cargo por el Consejo de la Alta Dirección Pública, en conformidad a las normas del Título VI de la ley N° 19.882. Pregunta Nº 205.- ¿De qué atribuciones goza el Director de este servicio? Respuesta: a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo. b) Planificar, organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento del Servicio de conformidad con las directrices que defina el Consejo Directivo. c) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento del Servicio, previo acuerdo del Consejo Directivo. d) Nombrar al personal y poner término a sus servicios, de conformidad a las normas estatutarias. e) Ejecutar los actos y celebrar las convenciones necesarias para el cumplimiento de los fines del Servicio. f) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Servicio. g) Representar al Servicio Electoral, tanto judicial como extrajudicialmente. h) Llevar el Registro de Partidos Políticos, actualizado por regiones, y ejercer las demás atribuciones y funciones que le encomienden la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos u otras leyes. i) Celebrar con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, convenios especiales para la ejecución de estudios, investigaciones o programas, que tengan por objeto el mejor cumplimiento o la difusión de los fines del Servicio. j) Convocar a propuestas públicas o privadas, aceptarlas o rechazarlas. k) Dictar las resoluciones generales y particulares necesarias para el ejercicio de sus atribuciones.


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l) Contratar personal en forma transitoria, a contrata u a honorarios, a suma alzada o asimilado a grados, cuando por necesidades del Servicio así se requiera. m) Ejercer las demás funciones que le sean delegadas por el Consejo Directivo. n) Ejercer las demás funciones que le encomienden ésta u otras leyes. (Ver Art. 68 de la Ley 18.556).

CAPÍTULO VI Juntas Electorales Pregunta Nº 206.- ¿Quiénes integran las Juntas Electorales en las provincias, cuya capital sea asiento de Corte de Apelaciones? Respuesta: 1) El Fiscal Judicial de dicha Corte (actúa como Presidente). 2) El Defensor Público de la capital de provincia. 3) El Conservador de Bienes Raíces de la capital de provincia. (Ver Art. 184 Ley 18.700). Pregunta Nº 207.- ¿Quiénes forman parte de las Juntas en las demás capitales de provincia? Respuesta: 1) El Defensor Público (Presidente); 2) El Notario Público; y 3) El Conservador de Bienes Raíces (Secretario). (Ver Art. 184 inciso 2 de la Ley 18.700). Pregunta Nº 208.- ¿Cuáles son las funciones de las Juntas Electorales? Respuesta: Las que le señale expresamente la ley. (Ver Art. 182 y Ss., de la Ley 18.700).

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CAPÍTULO VII Inscripción Electoral Pregunta Nº 209.- ¿Cómo se realiza la inscripción electoral? Respuesta: La inscripción será automática, sin embargo se deben distinguir 2 situaciones: 1) Chilenos comprendidos en el Art. 10 Nº 1 C.P.R., inscripción automática; y 2) Chilenos comprendidos en el Art. 10 Nº 2 y 4 y extranjeros. Deben cumplir con: a) Edad; y b) Avecindamiento del Art. 13 inciso 3 y Art. 14 de la Constitución Política de la República (Ver Art. 5, 6 y 15 de la Ley 18.556). Pregunta Nº 210.- ¿Cuáles son los requisitos que deberá contener el Registro Electoral? Respuesta: 1.- Nombres y apellidos de los inscritos; 2.- Indicará para cada uno el número de rol único nacional, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo, profesión, y domicilio electoral; 3.- La circunscripción electoral que corresponde a dicho domicilio con identificación de la región, provincia y comuna a que pertenezca; 4.- El número de la mesa receptora de sufragios en que le corresponde votar y el cumplimiento del requisito de avecindamiento, si procede; 5.- El Registro Electoral también deberá contener los antecedentes necesarios para determinar si la persona inscrita ha perdido la ciudadanía, el derecho a sufragio o se encuentra éste suspendido (Ver Art. 8 Ley 18.556). Pregunta Nº 211.- ¿Cuál es el domicilio electoral? Respuesta: Es aquel situado dentro de Chile, con el cual la persona tiene un vínculo objetivo, sea porque reside habitual o temporalmente, ejerce su profesión u oficio o desarrolla sus estudios en él. Respecto de los chilenos que residen en el extranjero, dicho vínculo se considerará en atención al tiempo en que residieron en Chile o al lugar de nacimiento. No se podrá declarar como domicilio electoral la oficina o sede de un candidato o partido político, salvo que quienes lo declaren tengan una relación de trabajador dependiente con dicho partido o candidato.


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Para efectos del registro automático de las personas referidas en los artículos 5° y 6°, el domicilio electoral será el último declarado ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o el acreditado para el cumplimiento del requisito de avecindamiento, según corresponda. En caso que este último domicilio se encuentre ubicado en el extranjero, el domicilio electoral corresponderá al último domicilio en Chile informado al Servicio de Registro Civil e Identificación y, a falta de éste, al lugar o comuna de nacimiento en Chile. En ningún caso procederá la inscripción de una persona sin domicilio electoral en Chile o comuna de nacimiento en Chile (Ver Art. 10 de la Ley 18.556). Pregunta Nº 212.- ¿Qué ocurre si un ciudadano no puede ser identificado por el Servicio Electoral con una determinada circunscripción electoral? Respuesta: Todo elector con derecho a voto deberá estar inscrito en una mesa receptora de sufragios que pertenezca a la circunscripción electoral correspondiente a su domicilio electoral. Si los antecedentes del domicilio o lugar de nacimiento con que se cuente para el registro automático de las personas referidas en los artículos 5° y 6° no permitieran al Servicio Electoral poder identificarlos con una determinada circunscripción electoral, procederá a registrarlos en la circunscripción electoral con más electores de la comuna con cuya información se cuente (Ver Art. 11de la Ley 18.556). Pregunta Nº 213.- ¿Cuál es la forma en que el Servicio Electoral realiza la señalada inscripción? Respuesta: Al momento de la inscripción de un elector o modificación de la existente, el Servicio Electoral asignará a las mesas receptoras de sufragios a los nuevos electores inscritos o aquellos que hayan modificado su domicilio electoral, en orden correlativo de su rol único nacional y sin distinción de sexo. En primer lugar serán asignados a las mesas receptoras de sufragios existentes de la circunscripción quienes tengan menos

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de trescientos cincuenta electores habilitados para votar debido a cancelaciones de inscripción producidas por cambio de domicilio electoral, por fallecimiento o por inhabilidad permanente para sufragar, hasta completar la cifra máxima de trescientos cincuenta electores por mesa. Si realizado lo anterior quedaren nuevos electores por asignar, ellos serán destinados a nuevas mesas receptoras de sufragios que se crearán para estos efectos, las que tendrán como máximo trescientos cincuenta electores. Cada elector sólo podrá ser asignado a una mesa receptora de sufragios, no pudiendo ser cambiado de ella mientras mantenga su domicilio electoral vigente en dicha circunscripción electoral. (Ver Art. 12 Ley 18.556). Pregunta Nº 214.- ¿Qué circunstancias han de ser consideradas por el Servicio Electoral para mantener actualizado el sistema? Respuesta: a) Fallecimiento de una persona inscrita, que deberá ser eliminada del Registro; b) Pérdida de ciudadanía de una persona inscrita, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de la República, o su recuperación; c) Suspensión del derecho a sufragio de una persona inscrita, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de la República, o el cese de dicha suspensión; d) Pérdida de la nacionalidad de una persona inscrita, que deberá ser eliminada del Registro; e) Revocaciones de los permisos de residencia de extranjeros, quienes deberán ser eliminados del Registro; f) Reclamaciones al Padrón Electoral Provisorio Auditado, acogidas en conformidad a la ley. (Ver Art. 13 Ley 18.556). Pregunta Nº 215.- ¿Qué circunstancias considerará el Servicio Electoral para modificar el Registro Electoral? Respuesta: 1) Las solicitudes de cambio de domicilio electoral y las actualizaciones de domicilio electoral realizadas al renovar los inscritos su cédula de identidad. 2) Las rectificaciones de inscripciones de nacimiento de los ciudadanos, con indicación


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de los datos originales que fueron objeto de la rectificación. 3) Cualquier otro cambio en los datos señalados en el artículo 8° de esta ley. (Ver Art. 23 de la Ley 18.556). Pregunta Nº 216.- Renovación de Cédula de Identidad o Pasaporte. Breve comentario. Respuesta: Con ocasión o modificación de la renovación de cédula de identidad o pasaporte, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar a la persona su domicilio electoral registrado, otorgándole la posibilidad de actualizarlo, declarando bajo juramento uno nuevo en ese acto, si así lo desea (Ver Art. 24 de la Ley 18.556). Pregunta Nº 217.- Suspensión aludida en el Art. 26 de la Ley Nº 18.556. Respuesta: Si son plebiscitos comunales, la suspensión a que alude dicho artículo se aplicará sólo respecto de los electores que correspondan a la comuna o agrupación de comunas donde se realizará. (Ver Art. 27 de la Ley 18.55

CAPÍTULO VIII Actos Previos 1.- Respecto

de la

a las

Elecciones

Presentación

de candidaturas

Pregunta Nº 218.- ¿Qué requisitos deben cumplir las candidaturas para ser consideradas como tales? Respuesta: Las declaraciones deberán efectuarse por el Presidente y el Secretario de la Directiva Central de cada partido político o de los partidos que hubieren acordado un pacto electoral o por, a lo menos, cinco de los ciudadanos que patrocinen una candidatura independiente, acompañando la nómina a que se refiere el artículo 11. En todo caso, serán acompañadas por una declaración jurada del candidato, o de un mandatario designado especialmente al efecto por escritura pública, en la cual señalará cumplir los requisitos constitucionales y legales para ser can-

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didato y no estar afecto a inhabilidades. La declaración jurada deberá ser acompañada sólo por los antecedentes que acrediten los estudios del candidato, cuando corresponda, en los términos que disponga el Servicio Electoral. Esta declaración jurada será hecha ante notario público o ante el oficial del Registro Civil correspondiente a la comuna donde resida el candidato. (Ver Art. 3 inc. 2 Ley 18.700). Pregunta Nº 219.- ¿Cuántos ciudadanos se requieren para patrocinar una candidatura independiente? Respuesta: A lo menos cinco (5), que la patrocinen, acompañando la nómina a que se refiere el artículo 11. (Ver Art. 3 inciso 2, 2ª parte Ley 18.700). 2.- Respecto

de la Inscripción de candidaturas

Pregunta Nº 220.- ¿Qué organismo puede aceptar o rechazar alguna candidatura? Respuesta: El Consejo del Servicio Electoral. Dentro de los diez días siguientes a aquel en que venza el plazo para declaración de candidaturas, deberá aceptarlas o rechazarlas y para tal efecto dictará las resoluciones respectivas que se publicarán dentro de tercer día en el Diario Oficial. Deberá rechazar: 1)Las declaraciones de candidaturas que no cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 25, 48 y 50 de la Constitución Política de la República, o que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el artículo 57 de la Constitución. 2) Las declaraciones de candidaturas que no cumplan con los requisitos establecidos en los Párrafos 1° a 3° de este Título. (Ver Art. 17 Ley 18.700). Pregunta Nº 221.- Un candidato a Presidente de la República fallece luego de haber sido inscrito. ¿Puede ser reemplazado por otro? Respuesta: Si muere después de inscrito y antes del octavo día anterior a la elección, puede reemplazársele por otro, de acuer-


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do al procedimiento que señala el inciso 1 del artículo 20. (Ver Art. 20 inciso 1 Ley 18.700). 3.- Respecto

de las

Cédulas Electorales

Pregunta Nº 222.- Características de las cédulas electorales. Respuesta: 1) Son confeccionadas por el Servicio Electoral; 2) Están impresas en forma claramente legible, en papel no transparente con tinta negra, encabezada, según el caso, con las palabras “Presidente de la República”, “Senadores”, “Diputados” o “Plebiscito”; 3) Se confeccionan por separado para el caso de llenar los cargos ya señalados en el número anterior o si se trata de un plebiscito; 4) Llevan el sello del Servicio Electoral y la indicación material de sus pliegues; 5) Llevan serie y numeración correlativa, las que constan en un talón desprendible que puede ser parte original de la confección de la cédula o ser adherido a ella con posterioridad; 6) Cuando son votaciones simultáneas, están confeccionadas en papel de diferentes colores; 7) En las cédulas para diputados o senadores, sobre la nómina respectiva va impreso en tinta negra el símbolo del partido o candidato independiente; 8) Al lado izquierdo del número que lleva cada candidato hay una raya horizontal, a objeto de que el sufragante pueda marcar su preferencia completando la cruz mediante una raya vertical; 9) Su facsímil habrá de publicarse dos veces en diarios de circulación y en cada provincia; 10) Su facsímil habrá de fijarse en lugares de afluencia pública, a lo menos durante los diez días anteriores a la elección o plebiscito. (Ver Art. 22 Ley 18.700). Pregunta Nº 223.- ¿Qué contiene la cédula para el plebiscito? Respuesta: Contiene el texto de las cuestiones fijadas por el Presidente de la República o el Tribunal Constitucional, en su caso. Bajo cada cuestión planteada habrá dos rayas horizontales, una al lado de la otra, teniendo la primera en su parte inferior la expresión “SÍ” y la segunda la palabra “NO”, a objeto de que el elector pueda marcar su preferencia completando una cruz

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con una raya vertical, sobre el “SÍ” o el “No”. (Ver Art. 26 Ley 18.700). Pregunta Nº 224.- ¿Cómo votan los no videntes? Respuesta: Lo hacen en plantillas facsímiles de la cédula electoral en material transparente, las cuales llevan reborde para fijar la cédula y tienen frente a cada nombre (o cuestión sometida a plebiscito) una ranura que permite al elector marcar la preferencia deseada. Tales plantillas estarán disponibles en la Oficina Electoral de cada recinto donde funcionen Mesas receptoras. (Ver Art. 28 Ley 18.700). 4.- Respecto

de la propaganda y publicidad electoral

Pregunta Nº 225.- ¿Qué se entiende por propaganda electoral? Respuesta: Es aquel conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones emitidos a través de los distintos medios de comunicación, dirigidos a inducir a los electores a que emitan su voto por candidatos determinados o a apoyar alguna de las proposiciones sometidas a plebiscito. (Ver Art. 30 Ley 18.700). Pregunta Nº 226.- ¿Cuánto tiempo dura la propaganda electoral en prensa, radio y canales de televisión? Respuesta: Desde el trigésimo y hasta el tercer día anterior al de la votación, ambos días inclusive, con las siguientes menciones: 1.- Caso del artículo 26, sólo puede efectuarse desde el decimocuarto y hasta el tercer día anterior al de la votación (ambos días inclusive). 2.- Caso de la propaganda mediante volantes, con elementos colgantes o mediante avisos luminosos o proyectados, sólo puede efectuarse en el mismo lapso ya señalado en el Nº 1. (Ver Art. 28 Ley 18.700).


5.- Respecto

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de las mesas receptoras de sufragio

Pregunta Nº 227.- ¿Cuál es la finalidad de estas Mesas? Respuesta: Recibir los sufragios emitidos por los electores en los procesos electorales y plebiscitarios, realizar su escrutinio y dar cumplimiento a las demás funciones que señala la ley. (Ver Art. 36 Ley 18.700). Pregunta Nº 228.- ¿Cuántos vocales integran una Mesa receptora? Respuesta: Cinco (5), pero pueden constituirse con tres de sus miembros. (Ver Art. 38 Ley 18.700). Pregunta Nº 229.- ¿Dónde y cuándo deben reunirse los vocales para la constitución de mesas? Respuesta: Los vocales de las Mesas Receptoras se reunirán para constituirse en el sitio que se les haya fijado para su funcionamiento o en otro que determine la Junta Electoral respectiva, a las quince horas del día anterior al acto eleccionario o plebiscitario en que les corresponda actuar. Dicho acto será presidido por el delegado de la Junta Electoral a que se refiere el artículo 54. El Servicio Electoral colaborará con este funcionario en todo lo que sea necesario para el mejor cumplimiento de estos cometidos. El Servicio Electoral dispondrá la capacitación de los vocales respecto de las funciones y atribuciones que deberán ejercer el día de la elección fomentando, especialmente, la aplicación de criterios objetivos y homogéneos en ellas. La asistencia a dicha capacitación será voluntaria. (Ver Art. 49 Ley 18.700). Pregunta Nº 230.- ¿Qué ocurre si a la hora determinada no concurre la mayoría de la Mesa receptora? Respuesta. Las mesa no podrá constituirse más tarde y los Vocales asistentes levantarán un acta por duplicado donde se dejará constancia del nombre de aquellos Vocales que asistieron a la

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reunión y de los inasistentes, entregándose ambos ejemplares al Delegado de la Junta Electoral, quien conservará uno y enviará el otro al Secretario de ella (Ver Art. 49 inciso 1 Ley 18.700). Pregunta Nº 231.- Constitución de la Mesa receptora. Breve referencia. Respuesta: Concurriendo la mayoría indicada en el artículo 48, se constituirá la Mesa y nombrará de su seno, por voto uninominal, Presidente y Secretario, quedando elegidos para estos cargos los que respectivamente obtengan primera y segunda mayoría. Se nombrará también por mayoría de votos un Comisario. Si hubiere empate, serán preferidos por el orden alfabético del primer apellido, y si los apellidos fueren iguales, por el primer nombre. Se levantará un acta por duplicado de todo lo actuado, en la que se dejará constancia del nombre de los Vocales asistentes e inasistentes. Ambos ejemplares se entregarán de inmediato al Delegado de la Junta Electoral, quien conservará uno y enviará el otro al Secretario de la Junta. (Ver Art. 49 Ley 18.700). 6.- Respecto

de los

Locales

de

Votación

Pregunta Nº 232.- ¿Cuándo se determinan los locales de votación? Respuesta: En la misma audiencia pública en que la Juntas Electorales designan los vocales de las mesas receptoras de sufragio. De esta forma, se determina para cada Circunscripción electoral los locales en que aquéllas funcionarán, pudiendo asignarse un mismo local a dos o más Circunscripciones. También se designará a los delegados a cargo de la Oficina Electoral en el respectivo local de votación (Ver Art. 52 Ley 18.700). Pregunta Nº 233.- Refiérase brevemente a las cámaras secretas. Respuesta: Éstas han de ser construidas de un material no transparente que contará con puerta o cortina, de manera de


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asegurar la total privacidad del elector, pudiendo existir dos cámaras por cada mesa receptora. (Art. 53 inciso 5 Ley 18.700). Pregunta Nº 234.- ¿Qué atribuciones, entre otras, tiene el delegado de la Junta Electoral? Respuesta: 1) Informar a los electores sobre la mesa en que deberán emitir el sufragio. Para tales efectos deberá contar con medios expeditos dirigidos a la atención de las consultas de los electores de toda la Circunscripción Electoral, especialmente en lo relativo a su local de votación y su Mesa Receptora de Sufragios, o para señalar al elector su condición de hallarse inhabilitado para votar en la elección, mencionando la causal; 2) Velar por la debida constitución de las Mesas Receptoras y, cuando corresponda, designar a los reemplazantes de los vocales que no hubieren concurrido conforme al artículo 57; 3) Hacer entrega a los Comisarios de Mesa de los útiles electorales; 4) Instruir a los electores no videntes sobre el uso de la plantilla a que se refiere el artículo 28; 5) Recibir, terminada la votación, los útiles electorales empleados en las mesas y los sobres con las actas de escrutinio que debe entregar al día siguiente al Colegio Escrutador; 6) Requerir el auxilio de la fuerza encargada del orden público. 7.- Respecto

de los

Útiles Electorales

Pregunta Nº 235.- El Servicio Electoral debe poner a disposición de las Oficinas Electorales aquellos útiles destinados a cada una de las mesas receptoras de sufragios del respectivo local. ¿Cuándo y por qué intermedio lo hace? Respuesta: El Servicio Electoral pondrá a disposición de las Oficinas Electorales, por intermedio de las Juntas Electorales, los útiles destinados a cada una de las Mesas Receptoras de Sufragios del respectivo local a lo menos el día anterior a la elección o plebiscito (Art. 55 Ley 18.700). Pregunta Nº 236.- Señale algunos ejemplos de útiles electorales.

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Respuesta: 1) Padrón de Mesa con la nómina alfabética de los electores habilitados para votar en ella y datos para identificarlos. Este padrón deberá disponer en la línea de cada elector de un espacio donde se estamparán las firmas o huellas dactiloscópicas de los electores que voten. Tal espacio deberá ser de, por lo menos, tres centímetros de arriba a abajo por cada elector. Además, disponer de un espacio para anotar los números de las cédulas electorales. El Padrón de Mesa podrá estar dividido en dos secciones si así lo dispusiere el Servicio Electoral; 2) Dos ejemplares de la cartilla de instrucciones para uso de la Mesa Receptora de Sufragios, que elaborará el Servicio Electoral; 3) Las cédulas para la emisión de los sufragios en número igual al de los electores que deben sufragar, más un diez por ciento; 4) Cuatro lápices de grafito de color negro y dos lápices pasta de color azul.

CAPÍTULO X Acto Electoral 1.- Respecto

de la Instalación de las mesas receptoras de sufragios

Pregunta Nº 237.- Proceso de instalación de las mesas receptoras de sufragios. Desarrollo Respuesta: 1) A las ocho horas de la mañana del día fijado para la elección o plebiscito se reunirán, en los locales designados para su funcionamiento, los vocales de las Mesas Receptoras de Sufragios. 2) Las Mesas no podrán funcionar con menos de tres vocales. 3) Los vocales asistentes que no se encontraren en número suficiente para el funcionamiento de la respectiva Mesa darán aviso inmediato al Delegado de la Junta Electoral. 4) A partir de las nueve horas el Delegado procederá a designar aquellos vocales que faltaren hasta completar sólo el mínimo necesario para funcionar, de entre los electores alfabetos no discapacitados que deban sufragar en el recinto. Deberá preferir a los


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electores que voluntariamente se ofrezcan, en el orden en que se presenten. A falta de éstos, designará a otros que se encuentren en el recinto, recurriendo al auxilio de la fuerza encargada del orden público si fuera necesario. 5) El Delegado deberá haber constituido todas las mesas, a más tardar, a las diez horas. 6) Integrada la mesa, los vocales originalmente designados podrán incorporarse a ella, en orden de presentación, hasta completar el máximo de cinco, sin que se pueda reemplazar los vocales designados en virtud del inciso anterior y siempre que ello ocurra con anterioridad a las once horas. Del hecho de las incorporaciones y de su hora se dejará constancia en el acta de instalación. 7) En ningún caso las Mesas podrán integrarse pasadas las doce horas. 8) Reunido el número necesario, sus miembros se instalarán y elegirán de entre ellos, si procediere, un Presidente, un Secretario y un Comisario. De inmediato el Comisario dará aviso al delegado de la Junta Electoral, indicando el nombre de los vocales presentes. Acto seguido, el Comisario requerirá la entrega de los útiles electorales, la que se certificará por escrito. 9) Recibido el Padrón de Mesa y el paquete de útiles, los vocales procederán a abrir este último y a levantar acta de instalación en las hojas en blanco del Registro. 10) En ella se dejará constancia de la hora de instalación, del nombre de los vocales asistentes e inasistentes, de los nombres de los apoderados con indicación del partido político o candidato independiente que representaren, de los útiles que se encontraren dentro del paquete con especificación detallada de ellos, y de la forma en que se encontraren los sellos que aseguran la inviolabilidad de la envoltura del paquete. 11) El Presidente colocará sobre la mesa, la o las urnas de modo que el costado con el material transparente quede a la vista del público. Hará guardar por el Comisario y bajo su responsabilidad, los útiles electorales que no se usen durante la votación, dejando sobre la mesa los demás. Enseguida, acompañado del Secretario,

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de los vocales y apoderados que quisieren, procederá a revisar la cámara secreta, a fin de verificar que ella cumple con las normas de privacidad que garanticen la reserva del voto de los electores. Si éstas no se consideraren suficientes, se requerirá del delegado de la Junta Electoral la adopción inmediata de aquellas medidas que fueren necesarias a tal efecto. El Presidente procederá a retirar cualquier tipo de propaganda política o electoral que se encontrare en la cámara. Asimismo, no se permitirá que durante la votación se coloquen elementos de esta especie. 12) Cumplidos los trámites anteriores, y nunca antes de las ocho de la mañana, se declarará abierta la votación dejándose constancia de la hora en el acta, se firmará ésta por todos los vocales y los apoderados que lo desearen, iniciándose la recepción de sufragios. Al efecto, los Vocales en presencia de los apoderados que asistieren deberán haber doblado, de acuerdo con la indicación impresa en sus pliegues, una cantidad de cédulas suficientes para dar inicio a la votación y atender a los primeros votantes, continuando con este trámite durante la votación. Las cédulas serán desdobladas para ser entregadas en esa forma a los electores (Ver Art. 57, 58 y 59 Ley 18.700). 2.- Respecto

de la

Votación

Pregunta Nº 238.- ¿Cuál es el único documento que deberá presentar el elector al presidente de la mesa, antes de emitir su voto? Respuesta: Su cédula nacional de identidad o pasaporte. El elector extranjero: su cédula de identidad para extranjeros. Dichos documentos deberán estar vigentes, no pudiendo ser reemplazados por ningún certificado u otros documentos. (Art. 62 Ley 18.700). Pregunta Nº 239.- ¿Qué trámites deben realizarse luego de entregar el elector su Cédula de Identidad al presidente de la mesa? Respuesta: 1.- Una vez comprobada la identidad del elector, la vigencia de su cédula de identidad o de su pasaporte, y el hecho


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de estar habilitado para sufragar en la Mesa, el elector firmará en la línea que le corresponda en el Padrón Electoral de la Mesa o, si no pudiere hacerlo, estampará su huella dactilar del dedo pulgar derecho, o en su defecto cualquier otro dedo, de lo que el Presidente dejará constancia al lado de la huella. De la falta de este requisito se dejará constancia en el acta, aceptándose que el elector sufrague; 2.- Si a juicio de la Mesa existiere disconformidad notoria y manifiesta entre las indicaciones del Padrón de Mesa y la identidad del elector, se recabará la intervención del experto de identificación que habrá en cada local de votación. El experto hará que el elector estampe su huella dactilar derecha al lado de su firma y la cotejará con la estampada en su cédula nacional de identidad o cédula de identidad para extranjeros; 3.- Se admitirá el sufragio sólo si con el informe del experto se determinare por la Mesa que no hay disconformidad. Si por el contrario se determinare que la hay, se tomará nota del hecho en el acta e inmediatamente se pondrá al individuo a disposición de la fuerza encargada del orden público; 4.- Mientras llega el experto, se procederá a recibir los sufragios de otros electores, sin que se permita la salida del sufragante cuya identidad está en duda; 5.- Admitido el elector a sufragar se le entregará la cédula electoral y se anotará el número de serie en el Padrón de la Mesa a continuación de la firma o huella digital. Además, se le proporcionará un lápiz de grafito color negro, un sello adhesivo para la cédula y, si fuere no vidente, la plantilla especial a que se refiere el artículo 28. Si se realizare simultáneamente más de una elección, se entregarán todas las cédulas. La Mesa podrá entregar a los no videntes en forma separada las cédulas dentro de las plantillas respectivas, de modo que una vez que el no vidente devuelva la primera plantilla se le entregará la cédula siguiente, y así sucesivamente. (Art. 62, 63 y 64 Ley 18.700). Pregunta Nº 240.- ¿Cuál es el tiempo máximo que puede permanecer el elector en la cámara secreta? Respuesta: No más de 1 minuto (Art. 64 inciso 2 Ley 18.700). Pregunta Nº 241.- ¿En qué caso de excepción puede aceptar la mesa que el votante sufrague fuera de la cámara secreta?

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Respuesta: Sólo en caso de inválidos o enfermos que no puedan ingresar a ésta, pero adoptando todas las medidas necesarias para mantener el secreto de la votación (Art. 64 inciso 2, 2ª Parte Ley 18.700). Pregunta Nº 242.- ¿Cuándo se declarará cerrada la votación? Respuesta: Siempre que no hubiere algún elector que deseare sufragar, el Presidente, a las dieciocho horas del día de la elección, declarará cerrada la votación, dejando constancia de la hora en el acta. Si hubiere electores con intención de sufragar, la Mesa deberá recibir el sufragio de todos ellos antes de proceder al cierre de la misma. Efectuada la declaración de cierre, el Secretario o el vocal en su caso, escribirá en el Padrón de la Mesa, en el espacio destinado para la firma, la expresión “no votó” respecto de los electores que no hubiesen sufragado (Art. 68 Ley 18.700). 3.- Respecto

del

Escrutinio

por mesas

Pregunta Nº 243.- ¿Dónde debe practicarse dicho escrutinio? Respuesta: En el mismo lugar en que la mesa ha funcionado, y delante del público, apoderados y candidatos presentes. De practicarse en un lugar distinto será considerado fraudulento. Pregunta Nº 244.- Orden en que debe practicarse el escrutinio si se vota en una misma elección para Presidente de la República, Senadores, Diputados y plebiscito. Respuesta: 1) Plebiscito; 2) Presidente de la República; 3) Senadores; 4) Diputados, separándose las cédulas de acuerdo al comicio a que se refieran y mientras se realiza el escrutinio de un tipo, el resto debe ser guardado en la urna. Pregunta Nº 245.- ¿Cuál es el procedimiento a seguir en el escrutinio de mesa? Respuesta: 1) El Presidente contará el número de electores que


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hayan sufragado según el Padrón de la Mesa y el número de talones correspondientes a las cédulas emitidas para cada elección o para el plebiscito; 2) Se abrirá la urna, separándose las cédulas; 3) Se contarán las cédulas utilizadas en la votación, firmándose al dorso por el Presidente y el Secretario o por los vocales que señale el Presidente, de lo que se dejará constancia en el acta. Si hubiere disconformidad entre el número de firmas en el cuaderno, de talones y de cédulas, se dejará constancia en el acta. Ello no obstará a que se escruten todas las cédulas que aparezcan emitidas; 4) El Secretario abrirá las cédulas y el Presidente les dará lectura de viva voz; 5) Serán nulas y no se escrutarán aquellas cédulas en que aparezca marcada más de una preferencia, contengan o no en forma adicional leyendas, otras marcas o señas gráficas. La Mesa dejará constancia al dorso de ellas del hecho de su anulación y de la circunstancia de haberse reclamado por vocales o apoderados de esta decisión. Se considerarán como marcadas y podrán ser objetadas por vocales y apoderados, las cédulas en que se ha marcado claramente una preferencia, aunque no necesariamente en la forma correcta señalada en el artículo 65, y las que tengan, además de la preferencia, leyendas, otras marcas o señas gráficas que se hayan producido en forma accidental o voluntaria, como también aquellas emitidas con una preferencia pero sin los dobleces correctos. Estas cédulas deberán escrutarse a favor del candidato que indique la preferencia, pero deberá quedar constancia de sus marcas o accidentes en las actas respectivas con indicación de la preferencia que contienen. Se escrutarán como votos en blanco las cédulas que aparecieren sin la señal que indique una preferencia por candidato u opción del elector, contengan o no en forma adicional leyendas, otras marcas o señas gráficas; 6) Tratándose de una elección de Presidente de la República y de Parlamentarios, se sumarán separadamente los votos obtenidos por cada uno de los candidatos.

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En los plebiscitos se sumarán separadamente los votos obtenidos por cada una de las cuestiones sometidas a decisión. Las operaciones se practicarán por el Presidente, por el Secretario y demás vocales; 7) Terminado el escrutinio se llenará la minuta con los resultados, siendo firmada por los vocales colocándose en un lugar visible de la mesa, y los vocales, apoderados y candidatos tendrán derecho a exigir que se les certifique, por el Presidente y el Secretario, copia del resultado, lo que se hará una vez terminadas las actas de escrutinio (Art. 71 Ley 18.700). 4.- Respecto

de la devolución de cédulas y útiles

Pregunta Nº 246.- ¿Cuándo, cómo y quién debe hacer esta devolución? Respuesta: Completados todos los escrutinios, llenadas las actas y ensobrados los votos, se hará un paquete en que se pondrán los sobres de los votos a que se refiere el artículo 73, el acta de instalación y los demás útiles usados en la votación. El paquete será cerrado y sellado. En su cubierta se anotará la hora y se firmará por todos los vocales y los apoderados que lo desearen. Luego, se dejará en poder del Comisario (Art. 75 Ley 18.700). CAPÍTULO XI Procedimientos Posteriores 1.- Respecto

de los

al

Acto Electoral

Colegios Escrutadores

Pregunta Nº 247.- ¿Cuáles son las finalidades de estos Colegios? Respuesta: 1.- Reunir las actas de los escrutinios efectuados en las mesas receptoras de sufragios. 2.- Sumar los votos que en ellas se consignen.


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3.- Dar cumplimiento a las demás funciones que señala la ley (Art. 79 Ley 18.700). Pregunta Nº 248.- ¿Pueden deliberar estos Colegios Escrutadores respecto de la validez de la votación? Respuesta: No (Art. 79 inciso 2 Ley 18.700). Pregunta Nº 249.- ¿Cuántas mesas puede escrutar cada Colegio? Respuesta: No más de 200 mesas receptoras (Art. 80 inciso 1, parte final Ley 18.700). Pregunta Nº 250.- ¿Cuál es la composición de un Colegio Escrutador? Respuesta: Está conformado por 6 miembros titulares, 6 suplentes (elección por sorteo) y 1 secretario (Art. 81 Ley 18.700). *Designados los miembros titulares, eligen entre ellos mismos, mediante votación uninominal, al Presidente del Colegio. Pregunta Nº 251.- Selección para ser miembro de un Colegio Escrutador. Breve referencia. Respuesta: Al efectuar dicha selección, cada miembro de la Junta Electoral deberá preferir a aquellas personas que pueda presumirse más aptas para desempeñar las funciones de miembro del Colegio Escrutador, cuyo domicilio electoral corresponda a la localidad donde sesionará el Colegio Escrutador, y que no hubieren sido seleccionadas para vocales de mesas en la misma elección (Art. 82 inc. 2° Ley 18.700). Pregunta Nº 252.- ¿Quién designa al Secretario de los Colegios Electorales? Respuesta: El Servicio Electoral, prefiriendo a notarios, secretarios de Juzgados de Letras, y auxiliares de la administración de justicia u otros ministros de fe (Art. 84 Ley 18.700).

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Pregunta Nº 253.- ¿Cuándo deben reunirse los presidentes de las mesas receptoras de sufragios que hubieren funcionado? Procedimiento. Respuesta: A las catorce horas del día siguiente a la elección o plebiscito, el Colegio Escrutador se reunirá con, al menos, tres de sus miembros, en el lugar que hubiere designado la Junta Electoral correspondiente, bajo la presidencia provisional del Secretario del Colegio, nombrado de conformidad al artículo 84. Reunido el número requerido, se procederá a sortear de entre los miembros presentes un Presidente. Al inicio de la sesión, los delegados de las Juntas Electorales deberán entregar al Secretario los sobres sellados que contengan las actas de escrutinios de las Mesas Receptoras que hubieren funcionado en su respectivo local de votación. Éste se cerciorará del estado de los sellos y de las firmas y otorgará el recibo correspondiente, en original y copia. El Delegado conservará el original y la copia la remitirá al Secretario de la Junta Electoral. Inmediatamente, el Presidente declarará constituido el Colegio, levantándose un acta en que se dejará constancia de los siguientes hechos y circunstancias: a) individualización del Colegio, expresándose la correspondiente región, provincia, comuna y circunscripción; b) el local de su funcionamiento; c) las Mesas que debe escrutar; d) nombre, profesión y cédula de identidad de sus miembros asistentes; e) el día y hora de la constitución del Colegio, y f) la nómina de los miembros del Colegio que no hubieren asistido a la reunión. El acta se extenderá en el Libro de Actas correspondiente y será firmada por los miembros del Colegio y el Secretario, quien deberá remitirla, para los efectos de las ausencias injustificadas, al Juzgado de Policía Local correspondiente (Art. 86 Ley 18.700). Pregunta Nº 254.- ¿Qué ocurre si al proceder al escrutinio, el Colegio Escrutador se da cuenta que faltan actas de mesa o existen errores? Respuesta: Si las actas contuvieren errores, especialmente discrepancias entre la suma real de los votos de cada candidato, los nulos y blancos y los totales indicados en las actas, se ingresa-


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rán igual al sistema los datos que existan, dejándose constancia en el acta de las desigualdades en la suma y de los errores que se hubieren detectado (Art. 88 inciso 3 Ley 18.700). 2.- Respecto del Orden Público y su resguardo por Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile

las

Pregunta Nº 255.- ¿Desde qué día proceden a resguardar el orden público las Fuerzas Armadas y Carabineros? Respuesta: Desde el segundo día anterior a un acto electoral o plebiscitario y hasta el término de las funciones de los Colegios Escrutadores (Art. 110 inciso 1 Ley 18.700). El Presidente de la República habrá de designar un oficial al mando de la fuerza encargada de cumplir el resguardo (Art. 111 inciso 1 Ley 18.700). Pregunta Nº 256.- ¿Dónde deberá ubicarse la fuerza encargada del orden público? Respuesta: Deberá situarse o estacionarse en un radio menor a 20 metros de una mesa receptora de sufragios o una Junta Electoral. El jefe de las fuerzas está obligado a prestar el auxilio que le solicite el Presidente de la Junta, Mesa Receptora o Colegio Escrutador o el Delegado de la Junta Electoral, cumpliendo sin más trámite las órdenes que se le impartan (Art. 114 Ley 18.700). 3.- Respecto

de los apoderados de partido o candidato independiente

Pregunta Nº 257.- Designación de apoderado. Breve reseña. Respuesta: Los candidatos a Presidente de la República, los partidos que participen en una elección y los candidatos independientes, podrán designar un apoderado con derecho a voz, pero sin voto, para que asista a las actuaciones que establece esta ley de las respectivas Juntas Electorales, Mesas Receptoras de Su-

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fragios, Colegios Escrutadores, Oficinas Electorales que funcionen en los locales de votación, Tribunales Electorales Regionales y Tribunal Calificador de Elecciones. El mismo derecho tendrán los partidos políticos y los parlamentarios independientes en los plebiscitos nacionales. Tratándose de plebiscitos comunales, este derecho sólo corresponderá a las organizaciones comunitarias y actividades relevantes de la respectiva comuna o agrupación de comunas (Art. 159 Ley 18.700). Pregunta Nº 258.- ¿Qué se requiere para ser designado apoderado? Respuesta: 1.- Ser ciudadano con derecho a sufragio; 2.- No haber sido condenado por delitos sancionados por esta ley o cualquiera Ley que regule el Sistema Electoral Público, condición que se presumirá siempre existente mientras no se pruebe lo contrario ante el Presidente de la respectiva Junta, Mesa o Colegio. (Art. 160 Ley 18.700). 4.- Respecto

de las reclamaciones electorales

Pregunta Nº 259.- ¿Quién puede presentarlas, relacionadas con cuáles materias y en qué plazo? Respuesta: Cualquier elector podrá interponer reclamaciones de nulidad contra las elecciones y plebiscitos por actos que las hayan viciado, relacionados con: a) la elección o funcionamiento de las Mesas Receptoras o Colegios Escrutadores o los procedimientos de las Juntas Electorales; b) el escrutinio de cada Mesa o los que practicaren los Colegios Escrutadores; c) actos de la autoridad o de personas que hayan coartado la libertad de sufragio; d) falta de funcionamiento de Mesas; e) práctica de cohecho, de soborno o uso de fuerza y de violencia, y f) La utilización de un Padrón Electoral incorrecto, que contenga omisiones de inscritos o electores con derecho a sufragio, inhabilidades mal aplicadas, errores en el domicilio electoral, en la correspondiente circunscripción electoral y en los demás datos del padrón. Las reclamaciones derivadas de los hechos anteriores sólo procederán si los mismos hubieren dado lugar a la elección de un


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candidato o de una opción distinta de las que habrían resultado si la manifestación de la voluntad electoral hubiere estado libre del vicio alegado. (Art. 96 Ley 18.700). Pregunta Nº 260.- Interposición de reclamos de nulidad. Procedimiento. Respuesta: Las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de nulidad de elecciones o plebiscitos se presentarán ante el Tribunal Electoral Regional correspondiente al territorio en que se hubieren cometido los hechos que sirvan de fundamento al reclamo, dentro de los seis días siguientes a la fecha de la elección o plebiscito, debiendo acompañarse en el mismo acto los antecedentes en que se funde. Si el Servicio Electoral no hubiere dado a conocer los resultados de algún Colegio Escrutador antes del sexto día siguiente de la elección, el plazo para efectuar las reclamaciones y rectificaciones que tengan relación con las Mesas de dicho Colegio Escrutador se entenderá prorrogada hasta el día siguiente de la fecha en que el Servicio Electoral entregue la información faltante. (Art. 97 inciso 2 Ley 18.700). Pregunta Nº 261.- ¿En una elección de Presidente de la República, ante quién y en qué plazo deben interponerse aquellas solicitudes de rectificaciones de escrutinios y reclamaciones de nulidad? Respuesta: Las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de nulidad se interpondrán directamente ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de los seis días siguientes a la fecha de la elección, acompañándose en el mismo acto los antecedentes en que aquéllas se fundaren. Si el Servicio Electoral no hubiere dado a conocer los resultados de algún Colegio Escrutador antes del sexto día siguiente de la elección, el plazo para efectuar las reclamaciones y rectificaciones que tengan relación con las Mesas de dicho Colegio Escrutador se entenderá prorrogado hasta el día siguiente de la fecha en que el Servicio Electoral entregue la información faltante.

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Dentro del plazo fatal de dos días, contado desde la fecha del respectivo reclamo o solicitud, se rendirán ante el Tribunal las informaciones y contra informaciones que se produzcan. El Tribunal conocerá, adoptará las medidas para mejor resolver y emitirá su fallo dentro del plazo señalado por el artículo 27 de la Constitución Política de la República. En todo caso, dicho fallo no será susceptible de recurso alguno y su notificación se practicará por el Estado Diario. El Tribunal deberá además dar cumplimiento a las normas establecidas en el Título V de la presente ley, en lo que fuere pertinente (Art. 99 bis Ley 18.700). 5.- Respecto

del escrutinio general y de la calificación de elecciones

Pregunta Nº 262.- ¿Cuándo se entenderá citado el Tribunal Calificador de elecciones? Respuesta: Se entiende citado por el solo ministerio de la ley, a objeto de reunirse a las 10:00 de la mañana del tercer día siguiente a la fecha en que se verifique la respectiva votación o plebiscito, con el fin de preparar el conocimiento del escrutinio general y de la calificación de tales procesos, de resolver las reclamaciones y efectuar las rectificaciones a que hubiere lugar. Continuará sesionando hasta el cumplimiento integral de su cometido (Art. 100 Ley 18.700). Pregunta Nº 263.- El Tribunal Calificador declara nula la votación en una o más mesas. ¿Qué procede a continuación? Respuesta: Debe mandar a repetir la o las anuladas, pero sólo en caso de que ella o ellas den lugar a una decisión electoral o plebiscitaria diferente, repitiéndose la votación sólo en las mesas afectadas (Art. 105 Ley 18.700).


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CAPÍTULO XII Partidos Políticos Pregunta Nº 264.- ¿Qué es un partido político? Concepto y breve reseña. Respuesta: Concepto 1: Asociaciones voluntarias, dotadas de personalidad jurídica, formadas por ciudadanos que comparten una misma doctrina política de gobierno, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del régimen democrático constitucional y ejercer una legítima influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional (Art. 1 Ley 18.603). Concepto 2: Asociación voluntaria de ciudadanos, sobre la base de un programa, que procura obtener el poder a fin de realizar sus doctrinas desde el Gobierno y llevar a sus correligionarios a las funciones públicas (Gabriel Amunátegui). Concepto 3: Organización política que se adscribe a una ideología determinada o representa algún grupo en particular. Los partidos políticos constituyen unidades organizativas a las que se les reconoce el derecho de participar en un proceso de elección política por medio de la presentación de candidatos y programas de acción o gobierno. Así, como de proveer de funcionarios en cargos de confianza política o que requieran una decisión política antes que una técnica. No son órganos del Estado ni han sido configurados por los votantes, ni representan la voluntad general por lo que carecen de competencia para destituir de sus cargos a los representantes que en efecto habían sido elegidos por los ciudadanos, aunque se permite que los partidos presenten a sus candidatos a los electores como propios. Tradicionalmente los partidos políticos se agrupan en un espectro que va de izquierda a derecha según sus propuestas económicas, políticas y sociales, aunque esta calificación a veces es un tanto ambigua y resulta difícil encasillar a muchos partidos dentro de este sistema: La izquierda incluiría a los partidos comunistas y socialistas, en el centro se ubican las tendencias socialdemócratas y liberales; y hacia la derecha podrían situarse, democristianos, conservadores y los llamados fascistas.

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Pregunta Nº 265.- ¿Dónde se registra la nómina de los militantes de partidos políticos? Respuesta: En el Servicio Electoral del Estado, el que guardará reserva de la misma, la cual podrá ser revisada por los militantes del respectivo partido. Pregunta Nº 266. ¿Los partidos políticos son personas jurídicas de derecho público privado? Respuesta: Aunque la ley no se pronuncia al respecto, se debe concluir que son personas jurídicas de derecho público. Pregunta Nº 267.- ¿Cuáles son las actividades propias de los partidos políticos? Respuesta: Son actividades propias de los partidos políticos sólo aquellas conducentes a obtener para sus candidatos el acceso constitucional a los cargos públicos de elección popular, para lo cual y con el objeto de poner en práctica los principios y postulados de sus programas, podrán participar en los procesos electorales y plebiscitarios en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva. Los partidos políticos podrán, además: a) Presentar ante los habitantes del país sus declaraciones de principios y sus políticas y programas de conducción del Estado; y ante aquéllos y las autoridades que establecen la Constitución y las leyes, sus iniciativas y criterios de acción frente a asuntos de interés público; b) Cooperar, a requerimiento de los Senadores y Diputados, en las labores que éstos desarrollen; c) Contribuir a la formación de ciudadanos capacitados para asumir responsabilidades públicas; d) Efectuar las demás actividades que sean complementarias a las anteriores y que no estén prohibidas por la Constitución o las leyes. Lo anterior no impedirá a las personas naturales presentar candidaturas independientes para optar a cargos de elección popular. Tampoco impedirá a aquéllas ni a otras personas jurídicas hacer valer, ante los habitantes del país o ante las autoridades que la Constitución y las leyes establecen, su criterio frente a la con-


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ducción del Estado y otros asuntos de interés público, o desarrollar las actividades mencionadas en las letras b) y c), siempre que ello no implique, por su alcance y su habitualidad, el funcionamiento de hecho de organizaciones con las características de un partido político. Los partidos deberán siempre propender a la defensa de la soberanía, independencia y unidad de la Nación y contribuir a preservar la seguridad nacional, los valores esenciales de la tradición chilena y la paz social. No podrán subordinar su acción a organizaciones políticas foráneas o internacionales, ni a gobiernos o intereses extranjeros. Los partidos políticos no podrán intervenir en el ejercicio de las atribuciones exclusivas de las autoridades que la Constitución y las leyes establecen, en el funcionamiento de las organizaciones gremiales u otros grupos intermedios ni en la generación de sus dirigentes. Tampoco podrán participar en los plebiscitos comunales a que se refiere el Art. 107 de la Constitución Política de la República. Pregunta Nº 268.- ¿A qué prohibiciones están sujetos los partidos políticos, de acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional? Respuesta: 1) No pueden subordinar su acción a organizaciones políticas foráneas o internacionales, ni a gobiernos o intereses extranjeros. 2) No pueden monopolizar la acción política (antes sí lo hacían), ya que de lo contrario se tornaría dificultosa la convivencia nacional. De este modo la Constitución de 1980 favorece la participación política de independientes (Art. 18). 3) No pueden intervenir en el ejercicio de las atribuciones exclusivas de las autoridades que la Constitución y las leyes establecen, en el funcionamiento de las organizaciones gremiales u otros grupos intermedios ni en la generación de sus dirigentes. 4) No pueden dar órdenes de votación a sus senadores y diputados ni realizar recomendaciones en los casos en que el Senado esté llamado a obrar como jurado.

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1.- Respecto

de su

Constitución

Pregunta Nº 269.- ¿Cómo se constituye un partido político? Respuesta: Quienes lo organicen deben ser a lo menos 100 ciudadanos, inscritos en los registros electorales, quienes han de formalizar su creación en una escritura pública, la que habrá de contener, entre otros, la denominación del mismo, una declaración de principios, el estatuto (Ver Art. 5 inciso 1 Ley 18.603). Pregunta Nº 270.- ¿De qué tiempo dispone el partido en formación para afiliar adherentes y cuántos a lo menos? Respuesta: Dispone de un plazo de 200 días para afiliar un número de ciudadanos inscritos en los Registros Electorales equivalente, a lo menos, al 0,5 % del electorado que hubiere sufragado en la última elección periódica de Diputados en cada una de las regiones donde esté constituyéndose, de acuerdo al escrutinio general practicado por el Tribunal Calificador de Elecciones. Deben reunir el número de afiliados en a lo menos 8 de las Regiones en que se divide políticamente el país o en un mínimo de 3 de ellas, siempre que estas últimas fueren geográficamente contiguas (Ver Art. 6 inciso 1 Ley 18.603). 2.- Respecto

de la afiliación

Pregunta Nº 271.- ¿Qué se requiere para afiliarse a un partido político? Respuesta: Ser ciudadano inscrito en los Registros Electorales con derecho a sufragio (Ver Art. 18 inciso 1 Ley 18.603). Pregunta Nº 272.- ¿A quiénes les está impedido afiliarse a un partido político? Respuesta: 1.- Personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. 2.- Funcionarios de los diferentes escalafones del Poder Judicial,


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del Ministerio Público, del Tribunal Calificador de Elecciones y del Servicio Electoral. 3.- Los ciudadanos que cumplan el Servicio Militar obligatorio (Ver Art. 18 inciso 1 Ley 18.603).

CAPÍTULO XIII Tribunal Calificador 1.- Respecto

de

Elecciones

de la Integración y

Calificador

de

Organización Elecciones

del

Tribunal

Pregunta Nº 273.- ¿Cuántos miembros integran este Tribunal? Respuesta: Cinco (5), los que durarán cuatro años en sus funciones (Ver Art. 2 Ley 18.460). Pregunta Nº 274.- ¿Cómo se designan? Respuesta: 1) Tres ministros o ex ministros de la Corte Suprema, elegidos por ésta en votaciones sucesivas y secretas, por la mayoría absoluta de sus miembros; 2) Un abogado elegido por la Corte Suprema en la forma señalada precedentemente y que reúna los requisitos que señala el inciso segundo del artículo 81° de la Constitución Política; 3) Un ex presidente del Senado o de la Cámara de Diputados que haya ejercido el cargo por un lapso no inferior a tres años, el que será elegido por sorteo (Art. 2 Ley 18.460). 2.- Respecto

de las atribuciones del tribunal calificador de elecciones

Pregunta Nº 275.- ¿Cuáles son sus atribuciones? Respuesta: a) Conocer del escrutinio general de las elecciones de Presidente de la República, de diputados y senadores y del de los

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plebiscitos; b) Resolver las reclamaciones que se interpongan en materias de su competencia; c) Calificar los procesos electorales y plebiscitarios, ya sean nacionales o comunales, y proclamar a quienes resulten electos o el resultado del plebiscito. *La proclamación del Presidente electo se comunicará al Presidente del Senado, la de senadores y diputados, a los Presidentes de las respectivas Cámaras, el resultado del plebiscito nacional al Presidente de la República y el del plebiscito comunal, al alcalde respectivo. La circunstancia de que quede alguna repetición de elección, no obstará al envío de las proclamaciones de aquellos a quienes ésta no afecte; d) Nombrar, en conformidad al inciso segundo del artículo 85 de la Constitución Política, a los miembros de los tribunales electorales regionales que sean de su designación; e) Reglamentar los procedimientos comunes que deban aplicar los Tribunales Electorales Regionales, en la forma señalada en el artículo 12 y consultando previamente la opinión de éstos, y f) Cumplir las demás funciones que le encomienden la Constitución Política y las leyes (Art. 9 Ley 18.460). Pregunta Nº 276.- ¿Qué significa el término “calificar las elecciones”? Respuesta: Significa establecer que ellas se han verificado de acuerdo con las normas constitucionales y legales, vale decir, que los candidatos elegidos lo han sido legítimamente. 3.- Respecto

de los

Tribunales Electorales Regionales

Pregunta Nº 277.- ¿Cómo están constituidos y cuánto duran? Respuesta: Lo constituyen tres miembros, durando cuatro años en sus funciones. Uno de ellos corresponde a un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, elegido por ésta; y dos miembros designados por el Tribunal Calificador de Elecciones, de entre personas que hayan ejercido la profesión de abogado o desempeñado la función de ministro o abogado integrante de


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Corte de Apelaciones por un plazo no inferior a tres años.(Art. 2 Ley 18.593). En cada Región existirá uno de estos tribunales y dos en Santiago. Pregunta Nº 278.- ¿Quién preside el Tribunal Electoral Regional? Respuesta: El Ministro de Corte que lo integre. (Art. 3 Ley 18.593). Pregunta Nº 279.- ¿Cuáles son sus atribuciones? Respuesta: 1º.- Calificar las elecciones de carácter gremial y las de los grupos intermedios, que tengan derecho a participar en la designación de los integrantes de los Consejos Regionales de Desarrollo o de los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo con las respectivas leyes orgánicas constitucionales. Con este objeto, los gremios y grupos intermedios a que se refiere este número deberán comunicar al Tribunal respectivo la realización de toda elección que tenga lugar en ellos, dentro de quinto día de efectuada. La contravención a esta obligación, hará aplicable lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 23. El Tribunal deberá requerir los antecedentes necesarios, dentro del décimo día, contado desde el ingreso en la secretaría del Tribunal de la comunicación aludida en el inciso anterior. 2°.- Conocer de las reclamaciones que se interpongan con motivo de las elecciones de carácter gremial y de las de cualesquiera otros grupos intermedios. En el caso de los grupos intermedios no comprendidos en el número 1°, la reclamación deberá ser formulada por, a lo menos, diez de sus miembros. 3°.- Declarar las incompatibilidades que deriven de la aplicación del artículo 23 de la Constitución Política y las inhabilidades que, de acuerdo a esa norma constitucional, establezca la ley. 4°.- Cumplir las demás funciones que les encomienden las leyes.

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La resolución de las calificaciones y reclamaciones comprenderá también el conocimiento de cualquier vicio que afecte la constitución del cuerpo electoral o cualquier hecho, defecto o irregularidad que pudiera influir en el resultado general de la elección o designación, sea que haya ocurrido antes, durante o después del acto eleccionario de que se trate. (Art. 2 Ley 18.593).


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TEMA V DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES CONSTITUCIONALES

CAPÍTULO I Derechos Constitucionales Pregunta Nº 280.- ¿Qué se entiende por Derechos Constitucionales? Respuesta: Estos derechos (denominados también derechos fundamentales y garantías individuales) son aquellos derechos humanos garantizados con rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema político que la Constitución funda y que están especialmente vinculados a la dignidad de la persona humana. Es decir, son aquellos derechos que dentro del ordenamiento jurídico disfrutan de un estatus especial en cuanto a garantías (de tutela y reforma). Es conocido el planteamiento filosófico-antropológico de que donde nace una necesidad surge un derecho; éste planteamiento tan lógico aparece por primera vez en obras como “La República” del gran filósofo Platón. Pregunta Nº 281.- Derechos Constitucionales del Art. 19. Breve referencia. Respuesta: No existe norma alguna que los designe como “derechos fundamentales”, sino que el artículo 1 habla de “derechos”, el Art. 5 inciso 2°, por su parte, se refiere a “derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana” y el artículo 9 habla de “derechos humanos”. Ahora bien, las palabras “derechos funda-

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mentales” engloba todos los términos anteriores, sin perjuicio de que existan otros tales como: Derechos humanos; Libertades públicas; Derechos subjetivos públicos y Derechos fundamentales o morales. Dicho artículo usa la expresión “asegurar”, pero no son derechos creados por la Carta Fundamental, sino derechos que le corresponde asegurar a todas las personas, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición y regular su ejercicio en la comunidad nacional. Se trata de derechos que pueden y deben ser ejercidos por toda persona natural, sea hombre o mujer, chileno o extranjero, de cualquier raza, color, credo o condición. Pregunta Nº 282.- ¿Qué funciones cumplen los derechos fundamentales? Respuesta: Cumplen dos funciones genéricas en la Carta Fundamental: 1) Constituyen un límite tanto respecto del contenido de las leyes así como en general de cualquier acto estatal; y estos derechos extensamente distribuidos para todos los sujetos en igualdad, sólo pueden ser limitados por otros derechos que también sean fundamentales. Ahora, frente a un acto que se extienda más allá de los límites que establecen estos derechos, los sujetos pueden ejercer las acciones constitucionales que permiten limitar los actos que lesionan estos derechos fundamentales. 2) Conforman una técnica de protección de ciertos bienes valiosos en una sociedad política. Son valores centrales del sistema político, social y económico. Y en cuanto son bienes primarios, los derechos constitucionales constituyen un objetivo de desarrollo. Por lo mismo, el Estado ha de propugnar el impulso de estos derechos ya que influyen en todas las potestades públicas, las que habrán de ejercerse en la forma que permita una mayor extensión de la libertad del derecho. El Estado debe preferir extenderlos antes que reducirlos. Pregunta Nº 283.- ¿Cómo se clasifican los derechos fundamentales?


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Respuesta: Son innumerables las clasificaciones existentes respecto a esta clase de derechos, pero en relación a la lista señalada en el Capítulo III, pueden clasificarse en libertades, igualdades, derecho sociales y derechos políticos. Pregunta Nº 284.- ¿Qué es la libertad? Respuesta: Concepto 1: Facultad humana de dirigir el pensamiento o la conducta según los dictados de la propia razón y de la voluntad del individuo, sin determinismo superior ni sujeción a influencia del prójimo o del mundo exterior (Guillermo Cabanellas de Torres). Concepto 2: Facultad del hombre de autodeterminarse sin coacción externa, destinada a lograr la plenitud de su desarrollo material y espiritual. Pregunta Nº 285.- ¿Cómo puede clasificarse la libertad? Respuesta: Puede clasificarse en: a) Libertades que protegen intereses materiales; y b) Libertades que protegen intereses morales o intelectuales. Pregunta Nº 286.- ¿Qué se entiende por libertades que protegen intereses materiales? Respuesta: Son aquellas que miran el aspecto físico de la vida, teniendo como objetivos principales el sustentar y satisfacer las necesidades más concretas y fácticas de la existencia, como el derecho a la vida, a la libertad personal, a vivir en un ambiente descontaminado, el derecho a la intimidad, etc. Pregunta Nº 287.- ¿Qué se entiende por libertades que protegen intereses morales o intelectuales? Respuesta: Son aquellas referidas a satisfacer inquietudes espirituales y racionales del ser humano, de manera más auténtica, como por ejemplo, las libertades religiosas, de opinión, de enseñanza, el derecho de petición, de asociación, el derecho a la honra, etc.

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Pregunta Nº 288.- ¿Qué persiguen los derechos sociales? Respuesta: Su objetivo es que aquellos sectores laborales más desposeídos y todos los más modestos económicamente puedan tener acceso al goce real y efectivo de las libertades e igualdades, como el derecho a la educación, la libertad de trabajo, el derecho a sindicarse, a la protección de la salud, etc.

CAPÍTULO II Derecho

a la

Vida

Pregunta Nº 289.- ¿Qué es el derecho a la vida? Respuesta: Derecho natural y obra de Dios a mantener la vida o conservarla frente a los demás hombres, o derecho a que nadie nos la quite y a que no pueda suprimirla ni cercenarla ni siquiera su propio sujeto (José Joaquín Ugarte Godoy). Lo consagra el Art. 19 Nº 1 (El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona), para indicar que es el primerísimo de los derechos, sustentándose en él todos los demás. Pregunta Nº 290.- La protección constitucional a este derecho no es absoluta. ¿Cuáles son sus excepciones? Respuesta: 1) La pena de muerte. Fue derogada de nuestro ordenamiento jurídico, quedando establecida sólo en el Código de Justicia Militar. 2) Se puede causar la muerte válidamente en los casos señalados por la Convención Europea de Derechos Humanos: legítima defensa, resistencia a una detención legítima, fuga de una prisión legítima, rebelarse contra la autoridad legítimamente constituida. En ningún caso es permitida la eutanasia.

Capítulo III Derecho

a la Integridad

Física

y

Psíquica

Pregunta Nº 291.- ¿Qué se entiende por derecho a la integridad física y psíquica?


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Respuesta: Derecho del que goza todo individuo a que no se le provoque algún daño, lesión o menoscabo en su persona física como tampoco en su psiquis. Pregunta Nº 292.- ¿Qué es lo que se protege con este derecho? Respuesta: 1.- Una corriente señala que el bien jurídico protegido es la vida biológica, y lo deducen de la naturaleza de las disposiciones que forman parte del Nº 1 del Art. 19. Ejemplo: se habla de integridad física y psíquica, de la protección de la vida del que está por nacer, de la pena de muerte, de la prohibición de apremios ilegítimos. La vida e integridad física y psíquica se protege contra acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, propias o ajenas. 2.- Para otros, la Carta Fundamental no sólo protege la vida biológica, esto es, la integridad física y psíquica del individuo, sino que el derecho a la vida comprendería también un aspecto subjetivo, donde se incluye el proceso de configuración de la persona, es decir, consagra la autonomía de la persona para elegir su vida, lo que se relaciona con el artículo 1º de la Constitución Política. Pregunta Nº 293.- ¿Qué se entiende por apremios ilegítimos? Respuesta: Sufrimiento de carácter físico o psicológico provocado a una persona en forma indebida con el objeto de obtener de ella un comportamiento deseado. Nuestra Constitución (Art. 19 Nº 1 inciso final) protege al individuo frente a esta clase de apremios en todas sus formas, pues representan una amenaza a la vida o a la integridad física o psíquica. Lo único que acepta son los apremios legítimos, es decir; aquellos que tienen por finalidad inducir a una persona a actuar de acuerdo con las normas del ordenamiento jurídico, inducción que a la vez debe hacerse en la forma que previene el mismo ordenamiento jurídico. Ejemplo: arresto de un testigo rebelde para obligarlo a concurrir a la presencia del tribunal. Dentro de esta protección figuran también los Tratados Internacionales vigentes y ratificados por Chile, especialmente el Pacto

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Internacional de Derechos Individuales y Políticos y la Convención de Derechos Humanos (Pacto de Costa Rica). Pregunta Nº 294.- ¿Cómo puede ser definida la tortura? Respuesta: Concepto 1: Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona u a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. Concepto 2: Sufrimiento de carácter físico o psíquico provocado a una persona para que realice determinada confesión o declaración en un juicio, especialmente en lo criminal.

Capítulo IV Derecho

a

Vivir

en un

Ambiente Libre

de

Contaminación

Pregunta Nº 295.- ¿Dónde está consagrado este derecho? Respuesta: En el Nº 8 del Art. 19 de la Constitución Política de la República, siendo regulado por la Ley 19.300, de fecha 9 de marzo de 1994, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Pregunta Nº 296.- ¿Qué es el medio ambiente? Respuesta: Es el conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. La Ley 19.300 lo define como el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales en permanente modificación por la acción humana o natural, y que condiciona la existencia y desarrollo de la vida.


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Pregunta Nº 297.- ¿Qué se entiende por contaminación? Respuesta: Introducción en un medio cualquiera de un contaminante, es decir, la introducción de cualquier sustancia o forma de energía con potencial para provocar daños, irreversibles o no, en el medio inicial. La ley señala que es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente. Pregunta Nº 298.- ¿Qué es la contaminación ambiental? Respuesta: Presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. Pregunta Nº 299.- ¿Qué es un contaminante? Respuesta: Sustancia que se encuentra en un medio al cual no pertenece o que lo hace a niveles que pueden causar efectos (adversos) para la salud o el medio ambiente. La Ley 19.300 dice al respecto que se trata de todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza y a la conservación del patrimonio ambiental.

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Pregunta Nº 300.- ¿Qué se entiende por medio ambiente libre de contaminación? Respuesta: Es aquel en que los contaminantes se encuentran en concentraciones y períodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. Pregunta Nº 301.- Derecho a vivir en un medio ambiente no contaminado. Concepto y explicación. Respuesta: Derecho de que goza toda persona para exigir, por una parte, que los demás no contaminen, y, por otra, requerir del Estado medidas positivas tendientes a mejorar el medio ambiente. Estamos en presencia de un derecho mixto, que es al mismo tiempo un derecho individual y un derecho social. Individual porque otorga a su titular el derecho de exigir que los demás se abstengan de contaminar, poniendo en éstos un deber de abstinencia; social toda vez que le impone al Estado el deber de adoptar medidas positivas que miren a descontaminar el ambiente. En este último caso, el titular sólo ve satisfecho su derecho mediando la intervención del Estado. Pregunta Nº 302.- ¿Cuál es el deber del Estado en este caso? Respuesta: Implante de medidas que posibiliten a las personas efectivamente llegar a gozar de un ambiente libre de contaminación, y, por otro, la obligación de preservar la naturaleza. El Estado cumple esos deberes estableciendo una estructura orgánico-administrativa conformada por diversos servicios públicos cuya objetivo es prevenir el daño al medio ambiente y reparar los daños ya producidos. Sin embargo, si bien es cierto existe toda una infraestructura orgánico-administrativa destinada a proteger el medio ambiente, el recurso de protección no procede cuando se interpone con el fin de obligar al Estado a adoptar medidas positivas de mejoramiento ambiental, vale decir, cuando se interpone con el propósito de compeler al Estado a salir de su situación de omisión. Entonces, en cuanto derecho social, este derecho no está amparado por el recurso de protección.


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Pregunta Nº 303.- ¿Cuáles son las atribuciones de que goza el Estado para preservar el medio ambiente? Respuesta: Está facultado para implementar las siguientes medidas: 1) Declarar a un determinado sector del país zona latente o zona saturada; lo que se hace mediante Decreto Supremo, con la firma del Presidente de la República y del Ministro Secretario General de la Presidencia. De esta forma, el Primer Mandatario queda facultado para llevar a la práctica, con el apoyo de las respectivas comisiones, diversos planes de prevención y de descontaminación ambiental, pudiendo llegar incluso a proponer tributos especiales para desincentivar actividades contaminantes; 2) Limitación por ley de los derechos de las personas a fin de evitar la contaminación y sus efectos en la salud de las minas (Art. 19 Nº 8 inc. 2º). El Art. 19 Nº 24 inc. 2º parte final, establece de modo expreso que una de las causas válidas para limitar el derecho de propiedad es la protección del medio ambiente. Sin embargo, ello no quiere decir que éste sea el único derecho que se pueda limitar con ese fin, ya que el Nº 8 no hace distinción alguna. Esta restricción debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Ser establecida sólo por ley; b) La ley debe individualizar el o los derechos que se van a limitar; c) La ley debe individualizar la restricción, vale decir, establecer restricciones específicas; d) La restricción debe respetar la esencia del derecho que se limita, y en ningún caso puede impedir su libre ejercicio. El que respete la esencia se traduce en que la restricción no puede destruir el derecho ni tampoco trabar su ejercicio más allá de lo racional (Art. 19 Nº 26).

CAPÍTULO V La Libertad Personal Pregunta Nº 304.- La libertad. Breve referencia. Respuesta: Siguiendo al profesor don Humberto Noguera Alcalá, “La libertad es un valor y principio básico contenido en nuestra Constitución como lo reconoce el Capítulo I de Bases de la Institucionalidad, cuyo artículo 1º inciso 1º determina que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

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La libertad, además de valor y principio básico que funda nuestro sistema constitucional, es un derecho que está asegurado en distintos aspectos de su concreción práctica en el artículo 19 de la Carta Fundamental, constituyendo expresión o manifestación concreta de la libertad el derecho a la libertad de conciencia y culto, el derecho a la libertad personal, de residencia, circulación y entrada y salida del país; el derecho a la libertad de opinión e información, el derecho a la libertad de reunión, la libertad de asociación, entre otros. Dichos derechos, como establece el artículo 6º de la Constitución, vinculan a todos los órganos del Estado y a sus agentes de ejercicio, como a toda persona, grupo o institución; siendo deber de los órganos del Estado, como prescribe el artículo 5º inciso 2º de la Carta Fundamental, respetarlos y promoverlos, entendiendo que tales derechos limitan la soberanía y están constituidos por los enunciados normativos contenidos en la Constitución y en los tratados de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes”. Pregunta Nº 305.- ¿Qué es la libertad personal? Respuesta: Derecho de toda persona a residir y permanecer en cualquier lugar de la República, de trasladarse de un punto a otro y de entrar y salir del territorio nacional guardando las normas legales y protegidos por ellas, cuidando de no vulnerar los derechos de las demás personas (Profesor Evans de la Cuadra). (Art. 19 Nº 7 C.P.R.) Pregunta Nº 306.- ¿Qué se entiende por libertad ambulatoria? Respuesta: Derecho que permite a la persona trasladarse sin obstáculos por el territorio nacional pudiendo asentarse donde estime conveniente, como asimismo, entrar y salir libremente del país, pudiendo expatriarse si lo considera adecuado. Pregunta Nº 307.- La libertad personal y libertad ambulatoria. Comentario. Respuesta: Respecto de este tema, vale la pena transcribir parte del interesante artículo del Profesor Humberto Noguera A, publicado en la Revista de Derecho de Valdivia (2002), quien señala:


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“La libertad personal se refiere a la libertad de la persona física en cuanto ser corporal en sí mismo, constituyendo un derecho matriz y residual, ya que protege las expresiones de libertad no asegurados específicamente por los demás derechos autónomos, posibilitando realizar todo aquello que es lícito; es el derecho de toda persona a que los poderes públicos y terceros no interfieran en la esfera de autonomía personal, vale decir, de disponer de su propia persona y de actuar determinado por la propia voluntad sin otras limitaciones que las que imponen el medio natural, los derechos de los demás y el ordenamiento constitucional”. El encabezamiento del Art. 19 Nº 7 de la Constitución establece un derecho genérico a la libertad personal, el cual es más amplio que la libertad de movilización ambulatoria establecido en el párrafo segundo de dicha disposición constitucional, distinción que también es hecha por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos. En efecto, el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos (P.I.D.C.P.) asegura la libertad personal en el artículo 9º y el derecho a la libertad ambulatoria o de circulación en el Art. 12. Así en su artículo 9.1 determina: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas en la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. A su vez, el artículo 12 precisa: “1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. 2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio”. Lo mismo sucede en la Convención Americana de Derechos Humanos (C.A.D.H.), que se refiere a la libertad personal en el artículo 7º y al derecho de circulación y residencia en el artículo 22. El artículo 7º de la C.A.D.H. lleva por título “Derecho a la libertad personal, cuyo parágrafo 1º determina: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”; asimismo, el parágrafo 2º señala: “Nadie puede ser privado de su libertad físi-

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ca, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o en las leyes dictadas conforme a ellas”. A su vez, el artículo 22 asegura el “derecho de circulación y de residencia”, cuyo parágrafo 1º señala: “Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales”, y el parágrafo 2º, “toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio”. Ello significa que el derecho a la libertad personal está íntimamente ligado a la seguridad personal, vale decir, al derecho a no ser perturbado en su libertad a través de detenciones, arrestos y otras medidas que, adoptadas ilegal o arbitrariamente, amenacen, perturben o priven a la persona de organizar libremente su vida individual o social conforme a sus libres opciones y convicciones. El derecho a la libertad personal implica que no pueden realizarse privaciones o restricciones de libertad ilegítimas o arbitrarias que impongan límites a la autonomía de la persona que desnaturalicen su derecho, lo hagan impracticable o lo dificulten más allá de lo razonable. Consideramos que de acuerdo al bloque constitucional de derechos debe diferenciarse la libertad personal asegurada genéricamente en el encabezamiento del artículo 19 Nº 7 de la libertad de circulación, ambulatoria o locomoción afirmada específicamente en el literal a) de la misma disposición constitucional. En efecto, hay diferencias importantes entre ambas, ya que puede vulnerarse una de ellas sin afectar la otra. Un ejemplo de ello es que la libertad personal puede ejercerse permaneciendo estático, precisamente sin querer moverse; por otra parte, se afecta la libertad ambulatoria o de circulación en el supuesto de que una persona deba abandonar obligatoriamente el territorio nacional o un ámbito espacial determinado del mismo (una comuna, provincia o región), como consecuencia de una decisión de la autoridad de gobierno interior durante un estado de excepción constitucional o del cumplimiento de una pena de relegación o destierro, en tal caso, se afecta el derecho a la libre circulación pero no la libertad personal o libertad física de la persona.


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Pregunta Nº 308.- Ejemplos de limitaciones constitucionales a la libertad personal. Respuesta: – El arraigo constitucional. Ex Presidente de la República no puede ausentarse del país durante los seis meses siguientes a su expiración en el cargo, sin contar con el permiso de la Cámara de Diputados. – Declaración de Estado de Sitio. El Presidente de la República puede trasladar a las personas de un punto a otro del territorio nacional, quedando así facultado para restringir el ejercicio de la libertad de locomoción. Pregunta Nº 309.- ¿Cuáles son las penas que afectan la libertad personal y de circulación o ambulatoria? Respuesta:1) Confinamiento: Expulsión del condenado del territorio de la República con residencia forzosa en un lugar determinado. (Art. 33 Código Penal). Obliga a residir en el extranjero, pero en un país determinado que el tribunal señale. 2) Extrañamiento: Expulsión del condenado del territorio de la República al lugar de su elección. (Art. 34 Código Penal). Obliga a residir en el extranjero, pero el afectado puede vivir en cualquier otro país elegido por el mismo. 3) Relegación: Traslación del condenado a un punto habitado del territorio de la República con prohibición de salir de él, pero permaneciendo en libertad. (Art. 35 Código Penal). 4) Destierro: Expulsión del condenado de algún punto de la República. (Art. 36 Código Penal). Pena que impone la prohibición de residir en una ciudad o zona determinada, pudiendo el afectado residir libremente en cualquier otro lugar del país. Cabe señalar que las dos primeras penas pueden entrar en conflicto con las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, especialmente con su artículo 22 Nº 5, el cual asegura el derecho a que “nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho de ingresar al mismo”.

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CAPÍTULO VI Seguridad Individual Pregunta Nº 310.- ¿En qué consiste la seguridad individual? Respuesta: Derecho de toda persona a no ser privada de libertad sino en los casos y en la forma establecida por la ley. Así, el sospechoso de un delito puede ser privado de libertad, también el que está en un estado antisocial (embriaguez), o se puede privar de libertad por vía de apremio para obligar a una persona a actuar conforme a derecho, y durante los Estados de Excepción aunque la persona no haya cometido delito. De lo anterior fluye como premisa que no se puede afectar la seguridad individual sin afectar la libertad personal. Pregunta Nº 311.- ¿Qué garantías existen para proceder al arresto y detención de una persona? Respuesta: 1.- Sólo un funcionario público (quien desempeña una función pública en un órgano del Estado) y expresamente facultado por la ley, puede dictar orden de arresto (privación de libertad no vinculada a un proceso penal, sea como medida de apremio o de seguridad) o detención (privación de libertad vinculada a un proceso penal o a una investigación penal). 2.- Nadie puede ser arrestado o detenido, sino después que dicha orden le sea intimada legalmente. Pregunta Nº 312.- Refiérase al caso de excepción de la persona sorprendida en delito flagrante. Respuesta: En este caso, sin existir la respectiva orden podrá ser detenido quien fuere sorprendido en delito flagrante, y con el sólo objeto de ponerle a disposición del juez competente dentro de las 24 horas siguientes. Delito

flagrante: Aquel en que el delincuente es sorprendido mientras lo está cometiendo; cuando es perseguido y detenido sin solución de continuidad con respecto a la ejecución, tentativa o frustración; y cuando es aprehendido en circunstancias tales, o con objetos, que constituyen indicios fehacientes de la comisión del delito y de la participación del sospechoso.


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CAPÍTULO VII Garantías Constitucionales de la Persona Arrestada, Detenida o Presa Pregunta Nº 313.- Arrestado, detenido, procesado y preso. Conceptos. Respuesta: – Arrestado: Sujeto privado de libertad a consecuencia de una medida de apremio o seguridad, no relacionada a un proceso penal en curso. El arresto es una medida de privación de la libertad contemplada en la ley, que posee diversos objetivos: como medida cautelar personal dentro de un proceso penal; como medida de apremio para el cumplimiento de ciertos actos; o como sanción punitiva. El arresto propiamente dicho es la acción de la policía, o de alguien que actúa bajo orden de la ley o del Estado, para tomar a una persona bajo custodia, de forma que esté en disposición de contestar a la acusación de un delito. – Detenido: sujeto privado de libertad durante breve lapso, atendido la existencia de antecedentes que permiten presumir con fundamento que le ha cabido al imputado participación en el delito como autor, cómplice o encubridor. La detención es una medida cautelar personal que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria, ordenada por una autoridad competente, salvo el caso de delito flagrante. Características de la detención: Existe una privación de la libertad, y dicha privación la realiza una autoridad, en el ejercicio de sus funciones. – Procesado: Sujeto contra quien existen presunciones fundadas de ser responsable de un delito. – Preso: Sujeto que se encuentra cumpliendo una condena de privación de libertad impuesta mediante fallo judicial. Pregunta Nº 314.- ¿En qué disposición constitucional están consagradas ciertas garantías en favor de las personas señaladas en la respuesta a pregunta anterior?

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Respuesta: En el Art. 19 Nº 7, letras c) inciso 2º y hasta la letra i) de la misma disposición.

CAPÍTULO VIII La Inviolabilidad

del

Hogar

Pregunta Nº 315.- ¿Qué se entiende por hogar, casa o morada? Respuesta: Recinto de las habitaciones y sus dependencias en que una persona vive o ejerce sus actividades de trabajo y también los recintos cerrados que tenga bajo su control a cualquier título, aunque no concurran las circunstancias de vida o actividad dentro de ella (Raimundo del Río). Su inviolabilidad está consagrada en el Art. 19 Nº 5 de la Constitución Política. Pregunta Nº 316.- Ejemplos de disposiciones penales que se refieren a la inviolabilidad del hogar. Respuesta: – El Art. 144 C.P. Sanciona a quien entrare en morada ajena contra la voluntad de su morador, exceptuándose al que lo hiciere con el objeto de evitar un mal grave a sí mismo, a quienes moran en el lugar o a un tercero; o al que lo hace para prestar algún auxilio a la humanidad o a la justicia. – El Art. 155 C.P. Sanciona al empleado público que, abusando de su oficio, allane la casa de cualquier persona o registre en sus papeles, a no ser en los casos y forma que prescriban las leyes.

CAPÍTULO IX La Inviolabilidad

de toda forma de

Comunicación Privada

Pregunta Nº 317.- ¿Qué disposición constitucional consagra esta inviolabilidad? Respuesta: El Art. 19 Nº 5 de la Constitución Política de la República (La Constitución asegura a todas las personas, la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada).


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Pregunta Nº 318.- ¿Qué significa “toda forma de comunicación privada”? Respuesta: La expresión usada por el constituyente resulta muy amplia, y es así como, de esta forma, queda protegida cualquier tipo de comunicación privada que se realice, como por ejemplo, las telefónicas, correspondencia, cartas o papeles recibidas o despachadas, etc. La inviolabilidad comprende el aspecto material y el contenido en sí de la comunicación.

CAPÍTULO X Respeto

y

Protección

a la

Vida Privada

Pregunta Nº 319.- ¿Qué se entiende por vida privada? Respuesta: Ámbito de la vida de una persona que legítimamente puede marginar del conocimiento público. En definitiva, es vida privada, todo lo que no compromete el interés público, en general aquellas actividades propias de la intimidad de la persona. Pregunta Nº 320.- ¿Qué es la vida pública? Respuesta: Aquel sector de la vida de una persona que puede e incluso debe ser expuesta al conocimiento público en aras del interés general. Ejemplo: el ejercicio de una función pública. Dice la misma ley, que debe considerarse vida pública todo aquello que tenga interés público real y concreto, todos aquellos actos o documentos inscritos en registros públicos, las actuaciones de una persona que han sido dadas a la publicidad con su consentimiento, aquellas actuaciones a las que el público ha tenido acceso gratuito u onerosamente, aquellas actuaciones que constituyen delito de acción pública. Pregunta Nº 321.- El derecho al respeto y el derecho a la protección de la vida privada. ¿Son equivalentes? Respuesta: No. Cuando hablamos del derecho al respeto, la Constitución trata de un derecho individual que se satisface por

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la sola intervención de su titular. Así, basta que no se atente contra el derecho, y que el Estado y los particulares se abstengan de interferir en él. Ahora, en el caso del derecho a la protección de la vida privada o pública y la honra, éste se configurará cuando no se observe el derecho al respeto, otorgando a su titular todos los recursos contemplados por el ordenamiento jurídico para tales efectos (acciones civiles, penales y constitucionales).

CAPÍTULO XI La Libertad

para

Adquirir el Dominio Bienes

de toda

Clase

de

Pregunta Nº 322.- ¿En qué consiste la libertad para adquirir bienes? Respuesta: Derecho de toda persona a adquirir cualquier clase de bienes, siempre que cumpla los requisitos legales establecidos. (*No confundir con el derecho de propiedad). [Art. 19 Nº 23 C.P.R.]. Pregunta Nº 323.- ¿Con qué fin ha sido establecida esta garantía? Respuesta: Con el objeto de asegurar el libre acceso, y a fin de hacer ingresar al dominio privado, a cualquier título lícito, toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, protegiendo así a las personas de actos legislativos o de autoridad que las excluyan de ese libre acceso a alguna categoría de bienes. Pregunta Nº 324.- ¿Qué limitaciones o restricciones existen respecto de este derecho? Respuesta: No pueden ser adquiridos por particulares: a) Los bienes que son comunes a todos los hombres; b) Los bienes nacionales de uso público; c) Aquellos que la propia Constitución señala que no pueden ser adquiridos por particulares; como los yacimientos mineros o las aguas (Art. 19 Nº 24); d) Limitacio-


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nes legales, pero solo pueden establecerse mediante Leyes de Quórum Calificado. De esta forma, determinadas personas no pueden adquirir ciertos bienes, o no en la cantidad que desearen. Ejemplos: no más del 1,5% de las acciones de un banco por una persona natural, y no más del 3% por una persona jurídica; prohibición a los jueces letrados para adquirir la propiedad de la concesión de un yacimiento minero ubicado dentro de los límites de su jurisdicción; prohibición a los peruanos para adquirir bienes en Arica; prohibición a extranjeros para adquirir bienes fronterizos.

Derecho

de

CAPÍTULO XII Propiedad o Derecho

de

Dominio

Pregunta Nº 325.- ¿Qué es el dominio? Respuesta: Derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra ley o contra derecho ajeno (Art. 582 Código Civil). Por su parte, el artículo 583 señala que sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo. [Art. 19 Nº 24 C.P.R.]. Pregunta Nº 326.- ¿Cuáles son los atributos esenciales del dominio? Respuesta: 1) Usar: Uno mismo hace uso del bien; 2) Gozar: Se aprovechan los frutos naturales o civiles que produzca ese bien; y 3) Disponer: Se puede enajenar. Pregunta Nº 327.- ¿Cuáles son las características del dominio? Respuesta: 1.- Es Absoluto: Tiene uso, goce y disposición; 2.- Es Perpetuo: No se termina, a menos que ocurra un hecho voluntario (enajenar), un hecho de la naturaleza (sucesión por causa de muerte) o un hecho jurídico (expropiación); 3.- Es Inviolable: la única manera de afectar este derecho es de acuerdo a la ley. Toda afectación está regulada por ley, y ello se hace a través de tres vías:

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– Primera: Cuando señala que sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, es decir, usar, gozar y disponer de un bien. – Segunda: Sólo la ley puede establecer las limitaciones y obligaciones que deriven de la función social de la propiedad. El bien común hace que la propiedad pueda quedar afecta a una función social. – Tercera: Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su derecho de dominio, del bien en que recae o de alguno de los atributos esenciales, sino en virtud de una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. Viene a ser la más directa, concreta y eficaz. Pregunta Nº 328.- Protección del derecho de propiedad. Breve reseña. Respuesta: El alcance de la protección de este derecho comprende tanto los bienes corporales como incorporales, elevándose a rango constitucional. De acuerdo con el inc. 2º del Art. 19 Nº 24, “solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social”. Y aunque no se señaló en forma expresa, se desprende el principio de irretroactividad de la ley civil: no puede una ley con efecto retroactivo afectar derechos adquiridos, y en el caso de que se intentare hacer, la ley sería inconstitucional. Pregunta Nº 329.- ¿Cuáles son las limitaciones al derecho de dominio? Respuesta: Las limitaciones, siempre que se originen de una ley, pueden ser de dos clases: 1) De contenido individualista: miran al interés del propio dueño en sus relaciones con los demás titulares de derechos de dominio. Ejemplo: servidumbres de derecho privado. Están establecidas por ley. 2) De contenido social: corresponden a la función social de la propiedad. Con estas limitaciones la propiedad privada sirve al


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interés social. Operan mientras la propiedad está en manos de particulares, y conforman una institución propia de la concepción neoliberal. Se establecen por ley. Pregunta Nº 330.- ¿En qué consiste la función social de la propiedad privada? Respuesta: Es el conjunto de limitaciones que experimenta el ejercicio de la propiedad privada y que busca conciliar los intereses del titular del derecho de propiedad con el interés general de la sociedad. Pregunta Nº 331.- ¿Qué elementos o aspectos comprende la función social de la propiedad? Respuesta: 1.- El interés general de la Nación. Vale decir, aquellos bienes jurídicos que se relacionan con la Nación toda, y jamás, por importante que sea, con un sector de ella. 2.- Seguridad Nacional. Que puede servir de fundamento a limitaciones futuras, pero además constituye causa de limitaciones ya impuestas como la prohibición de adquirir inmuebles por extranjeros en zonas fronterizas. 3.- Utilidad Pública. Bien jurídico que implica un beneficio colectivo, que carece de significación patrimonial y no protege intereses de personas o grupos. 4.- Salubridad Pública. 5.- Necesidad de conservar y proteger el patrimonio ambiental. Pregunta Nº 332.- ¿Qué se entiende por expropiación? Respuesta: Acto unilateral del Estado en virtud del cual, previa autorización de ley, se priva a un particular de su derecho de propiedad por causa de un interés justificante, pagándosele al propietario la correspondiente indemnización dirigida a cubrir el perjuicio patrimonial que va a experimentar (Regulada en el Art. 19 Nº 24 incisos 3º, 4º y 5º).

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Pregunta Nº 333.- ¿Cuáles son los elementos de la expropiación? Respuesta: 1) Ley que autoriza la expropiación y que puede ser de 2 categorías: a) Ley particular o ley expropiatoria (ordena expropiar un bien determinado o individualizado); b) Ley general o ley de expropiabilidad (autoriza al administrador para expropiar cualquier bien que esté comprendido dentro de una categoría de bienes). A diferencia de la particular, ésta no agota su vigencia normativa después de la expropiación; 2) Acto expropiatorio: Acto unilateral de la administración. La expropiación no es una convención, se consuma con la sola voluntad del Estado, no importando la oposición del expropiado; 3) Una Causa o interés justificable. Sólo en virtud de un interés nacional o por razones de utilidad pública. Si es un bien de interés para toda la nación, será el “interés nacional”, pero si sólo se beneficia una parte, se le llama “utilidad pública”. Cuando se expropia por ley particular califica el legislador, cuando es por ley general, califica el legislador en abstracto, y en la práctica es la autoridad administrativa la que individualiza en especie; 4) Indemnización. A la que siempre tendrá derecho el expropiado por el daño patrimonial efectivamente causado. Comprende los perjuicios provenientes del daño emergente (valor comercial del bien expropiado) como los del lucro cesante (fruto del bien que el expropiado deja de percibir). No indemnizan aquellos perjuicios que no provienen de un modo inmediato de la expropiación (indirecto e imprevisto), como tampoco el daño moral; 5) Pago de la indemnización. Si existe común acuerdo para la toma material del bien expropiado, el pago y su forma será determinado por la partes. De no haberlo, el pago de la indemnización se hará al contado, en dinero efectivo; 6) Toma de posesión material. Si hay acuerdo, se llevará a efecto previo pago total de la indemnización o de la que fuere determinada provisionalmente por petitos en la forma que señale la ley. Pregunta Nº 334.- ¿Cómo se puede fijar la indemnización? Respuesta: De común acuerdo por el expropiado y expropiante, o si no existe dicho acuerdo, por sentencia judicial dictada por


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los Tribunales Ordinarios de Justicia conforme a derecho (reclamación del expropiado). Pregunta Nº 335.- ¿Qué derechos tiene el expropiado? Respuesta: 1.- El derecho a reclamar ante los tribunales ordinarios de la legalidad del acto expropiatorio, es decir, de la resolución administrativa que ordena la expropiación. 2.- El derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. Pregunta Nº 336.- Tramitación de la expropiación. Breve reseña. Respuesta: El monto de la indemnización lo determina previamente una comisión de tres peritos (“Comisión de hombres buenos”). Luego, dentro de los 60 días siguientes el acto expropiatorio se publica en el Diario Oficial, publicación que origina los siguientes efectos: 1) Hace incomerciable el bien; 2) Nace el derecho de la autoridad para reconocer el bien; 3) Surge la responsabilidad del expropiado por el cuidado del bien; 4) Comienza a correr un plazo de 30 días dentro del cual es posible reclamar el monto de la indemnización, a fin de que el tribunal competente lo determine. Siempre dentro del plazo y cuando la expropiación es parcial, sólo afecta a una parte del bien y el resto no es susceptible de aprovechamiento económico, también es posible pedir se expropie todo el bien. Igualmente puede reclamarse en el sentido de que el acto administrativo no se ajusta a la ley que autoriza la expropiación. a) Propiedad Minera Pregunta Nº 337.- Hasta 1971 imperaba en Chile el régimen de propiedad minera denominado “régimen de propiedad inmanente del Estado”. La Constitución contempla el sistema “regalista o patrimonial del Estado”. ¿En qué consiste este último?

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Respuesta: De acuerdo con este sistema, el Estado tiene la propiedad absoluta, exclusiva, imprescriptible e inalienable sobre todos los yacimientos del país con la sola exclusión de las arcillas superficiales. Es decir, el particular no se hace dueño de los yacimientos mineros, y sólo está facultado para adquirir una concesión minera. Pregunta Nº 338.- ¿Qué es una concesión minera? Respuesta: Derecho real inmueble tanto frente al Estado como ante cualquier particular, y que faculta a su titular para explorar o explotar un yacimiento minero, para transferirlo o transmitirlo, y en general para hacerlo objeto de cualquier acto o transacción jurídica con las solas limitaciones que establece el Código de Minería (Ley 17.997 sobre Concesiones Mineras de 1981). Pregunta Nº 339.- ¿Cuántas clases de concesiones existen? Respuesta: Hay dos tipos: Concesión de exploración, que sólo habilita para explorar, y Concesión de explotación, que permite explorar y explotar. Pregunta Nº 340.- ¿Qué sustancias y yacimientos son concesibles? Respuesta: Todas aquellas sustancias minerales metálicas y no metálicas, y en general, toda sustancia fósil, en cualquier forma en que naturalmente se presenten, incluyéndose las existentes en el subsuelo de las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional que tengan acceso por túneles desde tierra. Pregunta Nº 341.- ¿Cuáles son las sustancias y yacimientos no concesibles? Respuesta: 1.- Hidrocarburos líquidos o gaseosos; 2.- Yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional, excepto aquellos cuyo acceso se tenga por medio de túneles desde tierra; 3.- Aquellos situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional.


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Pregunta Nº 342.- ¿Por quiénes pueden ser explotados los yacimientos no susceptibles de concesiones mineras? Respuesta: 1) Por el Estado directamente, o por sus empresas; 2) Por medio de concesiones administrativas; 3) Por medio de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por Decreto Supremo. b) Derechos

sobre las

Aguas

Pregunta Nº 343.- Régimen de Propiedad de Aguas. Breve reseña. Respuesta: Hasta 1967 los particulares podían ser propietarios de aguas bajo ciertos requisitos. Sin embargo, en ese año la Ley 16.615 reformó la Constitución de 1925, declarándose que las aguas pasaban a ser bienes nacionales de uso público, no susceptibles de propiedad privada. La Constitución Política, continuó con este sistema, al establecer que “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Por su parte, el Código de Aguas establece en su Art. 5 que constituyen bienes nacionales de uso público y otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento sobre ellas. Este derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, con los requisitos y en conformidad a las reglas prescritas en dicho Código. De esta manera, se tiene un derecho de propiedad sobre este derecho real de aprovechamiento. c) Derecho

de

Propiedad Intelectual

Pregunta Nº 344.- ¿Qué es la propiedad intelectual? Respuesta: Derecho de autor garantizado sobre creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que

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señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular (Art. 19 Nº 25). Pregunta Nº 345.- ¿Cuántas categorías de propiedad intelectual existen? Respuesta: 1) La propiedad industrial. Es decir, las invenciones, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. 2) El derecho de autor y los derechos conexos. Se aplican a una amplia gama de obras literarias y artísticas, ya sean escritas, interpretadas, ejecutadas o grabadas. Pregunta Nº 346.- Derecho de autor y derechos conexos. Breve referencia. Respuesta: Es el derecho de propiedad que las personas tienen sobre sus creaciones artísticas, científicas o literarias por el solo hecho de crearlas. Las obras deben inscribirse en el Registro de Propiedad Intelectual, pero ello no otorga el dominio, sino que fundamentalmente es un medio de comprobación o prueba sobre la autoría de la creación. La protección del derecho de autor en Chile es para toda la vida del autor y 70 años tras su fallecimiento. Originalmente, la Ley 17.336 establecía una extensión de 50 años. Esta fecha se modificó luego en 2003, por la Ley 19.914, hasta 70 años. En caso de que existiesen cónyuge o hijas solteras o viudas, o cónyuge afectado por una imposibilidad de trabajar, este plazo se extenderá hasta la fecha de fallecimiento del último de los sobrevivientes. La protección de la obra anónima o seudónima dura setenta años, a contar desde la primera publicación, siempre y cuando su autor no se dé a conocer. La Ley N° 20.435 de 2010, eliminó la norma excepcional que establecía la extensión del plazo de protección más allá de los 70 años post mortem en aquellos casos que existiesen cónyuge sobreviviente o hijas solteras o viudas o cuyo cónyuge afectado por una imposibilidad para todo género de trabajo, norma que obstaculizaba la determinación exacta de los plazos de protección de las obras y su posterior entrada en el dominio público o patrimonio cultural común.


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Así, entonces, el derecho de autor otorga a los creadores derechos exclusivos para utilizar o autorizar a que otros hagan uso de sus obras de determinada forma, permitiéndoles así controlar la utilización de las mismas y recibir una retribución por su trabajo. Eso les brinda incentivos a través del reconocimiento y de una “justa contrapartida económica”(?). Además, los derechos conexos al derecho de autor proporcionan protección a los artistas intérpretes y ejecutantes (por ejemplo, actores y músicos). Este derecho y sus beneficios financieros tienen una duración, como ya se indicó, de por lo menos 70 años contados a partir de la muerte del autor. Tal plazo de vigencia es de hasta 90 años en algunos países. Una vez transcurrido dicho plazo de protección por derecho de autor, la obra pasa a ser de dominio público, y su reproducción, libre. Ahora bien, el reconocimiento y la paternidad de la obra serán para siempre patrimonio del creador. Una de las cosas que más inquietan a los titulares de derechos de autor es la violación de sus prerrogativas por medio de la piratería y el plagio. Pregunta Nº 347.- La propiedad industrial. Concepto y breve explicación. Respuesta: Es aquella que recae sobre los inventos, procesos tecnológicos, marcas comerciales y modelos industriales. A diferencia del derecho de autor, éste no se adquiere por el hecho de la creación, ya que, sino que es necesario registrar el invento, proceso, etc., en el Registro de Propiedad Industrial que se lleva en el Ministerio de Economía. El derecho de Propiedad Industrial sólo se constituye en ese momento y desde allí comienza a ser reconocido y protegido. Por lo tanto, la inscripción no tiene un carácter meramente probatorio, sino que también uno constitutivo. Al igual que el derecho de autor es un derecho temporal, debiendo distinguirse entre: a) Los privilegios industriales. El derecho de propiedad industrial sobre un invento y sobre un proceso tecnológico. Plazo duración: máximo 15 años, no renovables; b) La marca comercial. Plazo duración: 10 años, renovables indefinidamente; c) Los modelos industriales. Plazo duración: 10 años no renovables. Cuando el tiempo de protección se termina, el invento, marca, etc. ingresa al patrimonio cultural de la sociedad y cualquier per-

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sona puede aprovecharse libremente de él, sin tener que pedir permiso al autor. Este derecho también se encuentra expuesto a ser expropiado, como lo señala expresamente la Constitución al señalar que salvo la excepción de la temporalidad, en todo lo demás rige el Art. 19 Nº 24, con la limitante de que sólo puede ser expropiado durante el tiempo de protección. Pregunta Nº 348.- En el derecho de autor están comprendidos derechos patrimoniales y morales. ¿Cuáles son éstos? Respuesta: – Patrimoniales: El de la propiedad de la obra, el de utilizarla directamente o de autorizar se utilice por terceras personas, el de edición, el de transferirla. – Morales: el de paternidad (asociar nombre o seudónimo a la obra), el de mantenerla inédita, el de integridad de la obra, oponiéndose a cualquier cambio o deformación de la misma. Pregunta Nº 349.- ¿Qué se entiende por know-how o el “cómo hacerlo”? Respuesta: Conjunto de habilidades humanas compuesto de conocimientos, técnicas y experiencias de operación, aplicables a un proceso productivo. Es una forma de transferencia de tecnología. Aunque su traducción literal es “saber-cómo”, sería mejor utilizar el “saber hacer”. El término está relacionado a los conocimientos prácticos, técnicas o criterios que han sido utilizados en la elaboración o diseño de un proyecto y que se pueden reutilizar al momento de realizar otros proyectos similares o de afinidad al mismo. Know-how describe, básicamente, la habilidad con que cuenta una organización para desarrollar sus funciones, tanto productivas como de servicios, aunque también incluye áreas como contabilidad y RR.HH., entre otras. Es una expresión anglosajona utilizada en los últimos tiempos en el comercio internacional para denominar los conocimientos preexistentes no siempre académicos, que incluyen: técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados (como clien-


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tes o proveedores). Un uso muy difundido del término suele utilizarse en la venta de franquicias, ya que lo que se vende es el “saber cómo”.

CAPÍTULO XIII Derecho a la Libertad para Desarrollar Actividades Económicas Pregunta Nº 350.- Breve referencia a este derecho. Respuesta: Derecho consustancial al régimen neoliberal que asume la Carta Fundamental. Según esta concepción, el centro de gravedad de la economía debe residir en el sector privado, para lo cual es menester garantizar a todas las personas la libertad a objeto de desarrollar actividades económicas, estableciendo como única limitante que esa libertad no se oponga a la moral, al orden público y seguridad nacional. Queda comprendida toda actividad comercial, industrial, agrícola, o cualquier otra de índole económica, que no contravenga los límites impuestos, y sujeta a las normas legales que correspondan. Se consagra una regla especial para el Estado y sus organismos en el desarrollo o participación de actividades empresariales, exigiéndoles autorización especial (ley de quórum calificado) y sometiéndolos a la legislación común. Pregunta Nº 351.- El contenido esencial de la libertad de empresa comprende tres dimensiones. ¿Cuáles son éstas? Respuesta: – La libertad de inversión. Derecho que posee el propietario de un capital a colocarlo en el sector e industria que considere más conveniente. – La libertad de organización. Libertad para organizar el proceso de producción. – La libertad de contratación. Facultad del empresario para elegir proveedor y cliente de sus mercaderías y fijar el precio de las transacciones.

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Pregunta Nº 352.- ¿Cómo se limita o regula la actividad económica de los particulares? Respuesta: El artículo 19 Nº 21 establece que la actividad económica de los particulares debe realizarse “respetando las normas legales que las regulen”; ante lo cual se presenta el problema de determinar si con la expresión “normas legales” se refiere en un sentido restringido como normas emanadas del poder legislativo o normas legales en sentido amplio; es decir como toda norma de rango legal sea que esta provenga del órgano legislativo o administrativo. Existen dos posiciones al respecto: Primera. La tesis de mayoría, aceptada por el Tribunal Constitucional (reserva absoluta de ley), dice que con la expresión “normas legales” el constituyente le entrega exclusivamente al legislador y no al administrador la facultad de disponer cómo deben realizarse las actividades económicas y a qué reglas deben someterse. En consecuencia, para que la administración pueda reglamentar ciertas limitaciones al ejercicio de los derechos constitucionales, debe estar autorizada expresamente por la Constitución Política. Segunda. La tesis de minoría (reserva relativa de ley), afirma que por normas legales debe entenderse “el bloque de legalidad”, es decir, comprensivo de las normas de rango legal (ley), más los reglamentos, decretos y normas dictadas por la administración. De tal manera que si la norma reglamentaria se limita a cumplir rigurosamente lo dispuesto en la norma legal que le sirve de fundamento, ambas forman un todo indisolublemente unido, y en conjunto regulan la materia de que se trata. Además, se señala que de todos los casos en que la Carta Fundamental se refiere a “normas legales” incluye los reglamentos, decretos y demás normas administrativas, toda vez que, cuando quiere excluir otro tipo de normas jurídicas emplea el término “ley”. Pregunta Nº 353.- Principio de la subsidiariedad en materia económica. Breve análisis. Respuesta: Dicho principio busca promover el desarrollo de la actividad privada. Así, los particulares deben satisfacer sus propias necesidades, de manera que la actividad del Estado sea supletoria de la de éstos, es decir, se verifique donde los particula-


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res no deseen, no deban o no puedan actuar. (Ver Art. 19 Nº 21 inciso 2 C.P.R.). Atendido lo anterior, el Estado únicamente actúa cuando recibe autorización mediante una Ley de Quórum Calificado. Eso sí, cuando la recibe, la actividad del Estado se rige por las mismas reglas que norman la actividad de privados, para así evitar la competencia desleal. Pero en todo caso, en virtud de motivos calificados se pueden establecer excepciones al régimen común aplicable a los particulares dictando otra Ley de Quórum Calificado.

CAPÍTULO XIV Derecho

a la Igualdad en

Materia Económica

Pregunta Nº 354.- ¿En qué consiste este derecho? Respuesta: Derecho en virtud del cual el Estado debe dar el mismo tratamiento económico a todos los agentes económicos, asegurándoles su bienestar y sin intervenir para no alterar el equilibrio natural económico. Pregunta Nº 355.- Limitaciones al derecho a la igualdad en materia económica. Breve reseña. Respuesta: Excepcionalmente, el Estado puede intervenir dando a cierta área o sector un tratamiento especial, pero deben cumplirse dos requisitos: 1) Que el tratamiento económico deferente no signifique una discriminación arbitraria. Un tratamiento económico deferente significa establecer beneficios o imponer gravámenes distintos de los que normalmente se aplican a sectores, grupos o áreas territoriales. 2) Que este tratamiento se establezca mediante ley. (Ver Art. 19 Nº 22 inciso 2 C.P.R.). Pregunta Nº 356.- ¿En qué puede consistir este tratamiento diferenciado? Respuesta: A) Beneficios (actividad de fomento del Estado): toda medida que establece el Estado con el fin de alentar, exaltar el

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desarrollo de una actividad económica, o el desarrollo económico de un grupo de personas, un sector o un área territorial. Tales beneficios pueden ser: – Beneficios directos. Bienes que se entregan directamente a un grupo de personas para estimular su desarrollo. Ejemplo: subsidio habitacional. – Beneficios indirectos. Suspensión o disminución de tributos. B) Imposición de Gravámenes. Comprende tributos y, en general, cualquier carga o exigencia de carácter especial destinadas a poner freno o moderar el desarrollo de grupos o sectores económicamente desarrollados en favor de otros económicamente deprimidos. a) Orden Público Económico Pregunta Nº 357.- ¿Qué es el orden público económico? Respuesta: Concepto 1.- Conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución Política del Estado (José Luis Cea). Concepto 2.- Conjunto de medidas y reglas legales que dirigen la economía, organizando la producción y distribución de las riquezas en armonía con los intereses de la sociedad (Raúl Varela Varela). Se considera que los Nº 21 y 22 del Art. 19 integran el concepto de orden público económico. Pregunta Nº 358.- ¿Qué categorías de normas componen el contenido del orden público económico? Respuesta: Tres grandes categorías: 1.- Normas de dirección, cuyo objeto es permitir al poder público la obtención de ciertos objetivos económicos. 2.- Normas de protección, cuyo objeto es tutelar al contratante más débil mediante la represión de las cláusulas abusivas y de los contratos leoninos.


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3.- Normas de fomento, cuyo objeto es incentivar a los particulares para que mediante el cumplimiento de ciertos requisitos, puedan beneficiarse de situaciones excepcionales con que el poder público pueda favorecerlos cuando quiera desarrollar ciertas actividades económicas que se orientan al cumplimiento de sus intereses. Pregunta Nº 359.- ¿Mediante qué técnicas se concreta la ordenación que hacen los poderes públicos en el campo económico? Respuesta: A) Técnica de prohibición: impide una conducta que la autoridad desea evitar. B) Técnica de regulación o reglamentación: su objetivo es que la adquisición o disposición de un bien, el acceso a una actividad o la celebración de un contrato, queden sujetas a la concurrencia de requisitos o condiciones objetivas. Dentro de esta técnica es posible distinguir tres tipos de regulación de la actividad económica: – Básica y general: constituye el marco imprescindible para desarrollar una actividad, sin la cual ésta no puede desenvolverse con seguridad. – Administrativa, de policía y buen gobierno: trata de limitar el ejercicio de los derechos para adecuar su actuación a los intereses públicos de carácter general. – La regulación estricto sensu: recae sobre determinadas actividades que tienen particular relevancia o trascendencia en la vida social, configurando internamente esta actividad. C) Técnica de control: su objeto es vigilar las actividades que desarrolla una persona o una clase de personas. b) Principios Constitucionales de Orden Público Económico Pregunta Nº 360.- Principios y normas de la Constitución que constituyen el orden público económico. Respuesta: Son numerosos los principios y normas de la Carta Fundamental que con incidencia directa o indirecta concurren a la formación de dicho orden:

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a) Asegura el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes, la libertad para adquirirlos. (Art. 19 Nº 24 C.P.R.); b) Fija el marco jurídico básico en que se desenvuelve la gestión económica de los individuos, de los grupos intermedios y del Estado; lo cual hace a través del Art. 19 Nº 16, 21 y 22 C.P.R.; c) Determina las potestades, obligaciones y prohibiciones del Estado en la economía, a través de normas como el Art. 19 Nº 20, 21, 22, Ley de Presupuesto, decretos de emergencia económica; d) Establece principios y reglas sobre la organización institucional encargada de llevar a cabo las funciones públicas en el área económica, a través de las Tesorerías del Estado, Banco Central, Contraloría General de la República, etc.

CAPÍTULO XV Libertad

de

Opinión

y la de Informar

Pregunta Nº 361.- ¿Qué disposición constitucional regula estas libertades? Respuesta: El Art. 19 Nº 12 inciso 1 C.P.R. Pregunta Nº 362.- Libertad de opinión. Concepto. Respuesta: Dícese de aquel derecho de toda persona a expresar, manifestar, exteriorizar su opinión, parecer, pensamiento, crítica, etc. Pregunta Nº 363.- ¿Qué se entiende por libertad de informar? Respuesta: La Libertad de informar es comunicar y a hacer partícipes a los demás, sin coacción externa. Cobra importancia a través de los medios de comunicación social. Pregunta Nº 364.- ¿Qué derechos abarcan estas dos garantías? Respuesta: 1) Derecho a acceder a las fuentes de información; 2) Derecho a no ser perseguido por opiniones emitidas; 3) De-


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recho a hacer circular informaciones, noticias, pensamientos, ideas, libremente y por cualquier medio; 4) Derecho a la información seria, oportuna y veraz, sin interferencia de la autoridad. La exigencia de que sea oportuna y veraz no se satisface según los requerimientos caprichosos de cada individuo, ya que esto sería arbitrario. El titular del derecho sólo puede seleccionar el medio de comunicación social que prefiera, bajo el supuesto de que existe pluralismo informativo. Pregunta Nº 365.- ¿Cuáles son las limitaciones o controles a que está sujeto el ejercicio de estos derechos? Respuesta: Básicamente son dos los sistemas de control o limitaciones a que se encuentra sujeto el ejercicio del derecho de libertad de opinión e información: 1) Control preventivo. Llamado también “censura previa”, consiste en que la autoridad revisa el material informativo previo a que éste sea difundido, con el objeto de prevenir atentados contra ciertos bienes jurídicos que a la sociedad le interesa proteger, como la moral, el orden público, la seguridad nacional, el bien común, la reputación o fama de las personas. En general, este sistema es propio de gobiernos autoritarios. En democracia se ocupa excepcionalmente y en dos ocasiones: a) Censura cinematográfica. A cargo del Consejo de Calificación Cinematográfica. Este organismo examina cintas cinematográficas y videos, calificando la edad a partir de la cual puede ser visto, o incluso rechazando la exhibición de ciertos materiales fílmicos. b) En estado de asamblea. La autoridad puede imponer censura previa con el fin de evitar la propagación de información que pueda poner en peligro la seguridad del Estado. De esta manera, según el artículo 41 letra a), el Presidente puede restringir o suspender el derecho de información. Los tribunales han estimado que con esta medida el Primer Mandatario realiza una censura previa. 2) Control represivo. Opera una vez que la información se ha difundido, pero siempre y cuando esa información constituya

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un delito o abuso tipificado en el Art. 22 y 23 de la Ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo. Pregunta Nº 366.- Régimen de los Medios de Comunicación Social. Breve reseña. Respuesta: Dentro del marco ideológico neoliberal es aceptada la pluralidad informativa, ya que ella es lo que más conviene a la democracia. Así, la Constitución prohíbe al Estado monopolizar los medios de comunicación social con mira a que los privados puedan acceder a ellos. Para esto, los particulares deben cumplir con aquellos requisitos señalados en la Ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, como por ejemplo, que el propietario y director de cualquier medio de comunicación social debe ser chileno (Art. 10 Ley 19.733). La Carta Fundamental no declara expresamente que los individuos puedan llegar a ser dueños de una radioemisora, de donde se sigue que este derecho no es garantizado. Sin embargo, esta garantía puede inferirse de normas generales: el Estado no puede monopolizar los medios de comunicación social, el principio de subsidiariedad, y la libertad para desarrollar actividades económicas contempladas en el Art. 19 Nº 21. En cambio, en cuanto a la televisión sí existe norma expresa. La Constitución, agrega a las personas que la ley determina, con lo cual esa Carta, inspirada en la concepción neoliberal, propicia el establecimiento de la televisión comercial o privada. Sin embargo, la supedita al control de Consejo Nacional de Televisión (CNTV) que ella misma crea. Resulta importante advertir que no se debe hablar de propietarios de un canal de televisión o radio, sino que lo adecuado es hablar de concesionario. Sucede que tanto los canales como las frecuencias radiofónicas funcionan utilizando el espectro radioeléctrico que según la ley es un bien nacional de uso público, y como de esta clase de bien, nadie se lo puede apropiar, y sólo es factible aspirar a obtener la concesión de una frecuencia, sin perjuicio de que se pueda ser propietario de la concesión.


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Pregunta Nº 367.- ¿Qué es el Consejo Nacional de Televisión? Breve análisis. Respuesta: Ente autónomo y con personalidad jurídica que está encargado de velar por el correcto funcionamiento de dicho medio de comunicación. Este Consejo debe actuar con cierta independencia de las influencias del gobierno, razón por la cual se estructura como un ente con patrimonio y personalidad jurídica propia, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno. A esta entidad la Constitución le otorga la misión de velar por el correcto funcionamiento de la televisión. En 1989 se dictó una ley complementaria de la Constitución relativa a dicho Consejo, la Ley 18.838 de Quórum Calificado. Ella define lo que debe entenderse por “velar por el correcto funcionamiento de la televisión”, y expresa que el CNTV dispone de facultades de fiscalización y súper vigilancia sobre el contenido de las emisiones televisivas. Luego señala que dicha frase significa que tal Consejo deberá preocuparse de que la programación televisiva respete ciertos valores y principios culturales, nacionales, y morales, como la dignidad de la persona, incluidos los derechos humanos, la democracia, el pluralismo, la paz y la formación espiritual e intelectual de la juventud y la niñez. Pero en ningún caso esto podría implicar establecer una censura previa, vale decir, siempre debe realizarse esa labor mediante un control a posteriori.

CAPÍTULO XVI Derecho

a la

Libertad Religiosa

Pregunta Nº 368.- ¿Qué libertades religiosas consagra la Constitución? Respuesta: 1.- Libertad de conciencia. La que tiene cualquier individuo en materia religiosa para manifestar, adherir, o también no ser partícipe de ninguna creencia determinada. Esta libertad se agota dentro del marco de la conciencia, por lo cual carece de límite. Es un derecho absoluto.

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Esta libertad, entonces, mira el derecho de pensar sin coacción externa, respecto de Dios y la religión. 2.- Libertad de opinión de creencia religiosa. Las personas desean expresar su pensamiento religioso. Aquí se entra en el campo de la libertad de opinión e información, y, por lo tanto, esta libertad enfrenta los mismos límites que afectan a la primera. Sin embargo es posible distinguir una diferencia favorable al religioso: bajo estado de excepción no se permite afectar la libertad de opinión religiosa, pues no existe ninguna disposición constitucional expresa al respecto. 3.- Libertad de culto. Derecho de que goza toda persona para realizar actos o actuaciones de carácter externo con el objeto de adorar a Dios. No se trata de un derecho absoluto, y no puede ejercerse en contra de la moral (lo que nuestra conciencia nos permite discernir como bueno), de la buenas costumbres (lo que habitualmente realizamos como moralmente bueno, o sea, la repetición pública, uniforme y generalizada de actos considerados moralmente buenos), y del orden público (normas y principios de los que depende la existencia misma de la organización social, vale decir, las normas de derecho público y orden público). (Ver Art. 19 Nº 6 C.P.R.). Pregunta Nº 369.- La Constitución favorece el ejercicio de los cultos. ¿En qué forma? Respuesta: 1) Permitiéndole a las Iglesias construir templos y dependencias, con el único límite de que con ello no pongan en peligro la seguridad de las personas, y que dichos recintos sean higiénicos, o sea, que respeten las ordenanzas de construcción y las normas de sanidad. 2) Eximiendo a los templos y sus dependencias, en su construcción y conservación, de todo tipo de impuestos. Esta exención era absoluta en la Constitución de 1925, pero en la actual, se impone la condición de que dichos templos y dependencias sean exclusivamente dedicados al ejercicio del culto para que los beneficie tal medida. Pregunta Nº 370.- ¿Qué se entiende por iglesias, confesiones o instituciones religiosas?


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Respuesta: Entidades conformadas por personas naturales que profesan una determinada fe.

CAPÍTULO XVII Derecho

a la

Educación

y a la

Libertad

de

Enseñanza

Pregunta Nº 371.- ¿Qué disposiciones constitucionales regulan estos derechos? Respuesta: El Art. 19 Nº 10 y 11 C.P.R. Pregunta Nº 372.- ¿Qué es el derecho a la educación? Respuesta: Derecho eminentemente social de que goza toda persona a acceder, obtener, recuperar o recibir conocimientos, valores y habilidades que le servirán para el desarrollo de su existencia en las diversas etapas de su vida. Pregunta Nº 373.- ¿Qué es la libertad de enseñanza? Respuesta: Derecho de toda persona para transmitir, dar, ofrecer, entregar conocimiento, valores y habilidades que permitan a los receptores desarrollarse en su vida. Pregunta Nº 374.- ¿En qué consiste la libertad de cátedra? Respuesta: Exención de trabas que ha de tener todo profesor para investigar, exponer y transmitir el saber científico mediante la lección, seminarios, conferencias, escritos, experimentos, operaciones a quienquiera aprender (“Curso de Derecho Político”. Pablo Lucas Verdú). CAPÍTULO XVIII Derecho

de

Petición

Pregunta Nº 375.- ¿Qué es el derecho de petición? Respuesta: Es el que asiste a cualquier persona o a un ente colectivo para formular peticiones o sugerencias verbales o por

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escrito a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, debiendo hacerse en términos respetuosos y convenientes. (Ver Art. 19 Nº 14 C.P.R.). Pregunta Nº 376.- ¿Está constitucionalmente obligada la autoridad a responder con oportunidad al peticionario? Respuesta: En las actas de la Comisión Ortúzar se presentaron dos posiciones antagónicas: La primera (Ortúzar) decía que toda petición generaba la obligación de respuesta, pues, de lo contrario no tendrían sentido las peticiones. Reconocer el derecho sin la obligación de una respuesta fue considerado por esta tendencia como una falta de respeto a la dignidad del solicitante. La segunda (J. Guzmán) afirmaba que no debería existir obligación de responder, siendo esta última la que al final se impuso. En todo caso, aun cuando nuestra Carta Fundamental no lo establece, resulta bastante obvio que la autoridad se encuentra en la obligación de contestar con oportunidad al peticionario, acogiendo o rechazando lo solicitado.

CAPÍTULO XIX Respeto

y

Protección

a la Honra de la y de su Familia

Persona

Pregunta Nº 377.- ¿Qué es la honra? Respuesta: Prestigio, la buena opinión, fama, buen nombre, crédito que una persona tiene en concepto de los demás. La honra vendría a ser el efecto social u objetivo en que se expresa el “honor”, que es subjetivo y se relaciona con la virtud y la dignidad que posee una persona. La Constitución (Art. 19 Nº 4) protege tanto la honra de una persona como la de su familia, célula básica de la sociedad.


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Pregunta Nº 378.- El ordenamiento jurídico ha establecido y penalizado una serie de delitos o figuras delictivas con el fin de proteger la honra de las personas. ¿Cuáles son éstos? Respuesta: La calumnia; la injuria, establecidos en el Código Penal. – La Calumnia. Imputación de un delito determinado pero falso, actualmente perseguible de oficio. Sin embargo, el Código Penal contempla que el ofensor quede liberado de responsabilidad penal con tal que pruebe que el delito que imputa es verdadero (exceptio veritatis). – La Injuria. Todo acto o expresión que se ejecute o profiera en descrédito o menosprecio de una persona. A diferencia de lo que ocurre en la calumnia, el supuesto injuriante no puede librarse de la responsabilidad penal probando la verdad de la injuria, porque se supone que la injuria representa una imputación cuyo conocimiento no es de interés general, y que aun cuando fuera verdadera, la sociedad no ganaría nada con saberlo. No obstante, existen casos en que el supuesto injuriante tiene el derecho a valerse de la llamada “exceptio veritatis” cuando el conocimiento de la imputación injuriosa representa un interés público concreto. Ejemplos: a) Si la imputación se refiere a hechos relacionados con el ejercicio de una función pública; b) Si su conocimiento represente un interés concreto y real; c) Si la imputación afecta a un testigo, siempre que la expresión se refiera a las deposiciones o testimonios del testigo. Pregunta Nº 379.- El delito de difamación. Breve reseña. Respuesta: Lo individualiza el legislador, la Carta Fundamental sólo señala las bases, vale decir, el primero consagra un ilícito penal, en tanto la Constitución un ilícito constitucional. Esta última establece dos modalidades de difamación, que constituyen ilícitos constitucionales, y en que lo determinante para su configuración no es la intención del sujeto activo, sino la materialización de ciertos hechos objetivos, como la difusión de una imputación falsa o injuriosa a través de un medio de comunica-

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ción social, o que se produzca con ello un daño moral o patrimonial a la víctima. Las modalidades a las que se hace referencia son: a) Imputar a una persona, a través de un medio de comunicación social, cualquier hecho falso. El medio puede liberarse de la responsabilidad penal probando que el hecho es verídico; b)Imputar a una persona, a través de un medio de comunicación social, hechos o actuaciones que, aun siendo verdaderos, le causen injustificadamente un daño o descrédito sin que la divulgación importe un interés general; En este caso no hay derecho a la “exceptio veritatis”.

CAPÍTULO XX Derecho

de

Reunión

Pregunta Nº 380.- ¿Qué es el derecho de reunión? Respuesta: Derecho que la Constitución (Art. 19 Nº 13) asegura a toda persona a fin de que puedan agruparse o reunirse organizadamente y de manera temporal junto a otras con fines de cualquier naturaleza, pero lícitos. La Carta Fundamental garantiza la reunión sin que sea necesario autorizarla previamente. Además, garantiza la reunión libre siempre y cuando sea pacífica y sin armas. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando la reunión va a llevarse a cabo en un lugar público, ya que en este último caso la misma pasa a ser regulada por las disposiciones generales de policía y reglamentos atingentes. Esta es una excepción a que los derechos deban limitarse por ley, situación que se trató de modificar en el año 1971 a través del estatuto de garantías democráticas. En efecto, se dispuso que las reuniones se regularían por ley, y que mientras se dictaran esas leyes, seguirían rigiendo los reglamentos. Curiosamente aquellas leyes nunca fueron dictadas. Pregunta Nº 381.- ¿En qué consiste una reunión? Respuesta: Agrupamiento momentáneo y organizado de personas que reunidas en recintos privados, plazas, calles y demás lugares de uso público, tiene como objeto exponer opiniones, defender intereses o gozar de un simple esparcimiento.


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Pregunta Nº 382.- ¿Cuál es la diferencia fundamental entre reunión y asociación? Respuesta: La reunión es una agrupación transitoria de personas, contingente, razón por la cual carece de estatutos, reglamentos, declaración de principios, programas, etc. Su fin también es efímero, en cambio los de la asociación son de mediano a largo plazo, lo cual se evidencia en actas constitutivas, programas, estatutos, declaraciones de principios, etc.

CAPÍTULO XXI Derecho

de

Asociación

Pregunta Nº 383.- ¿Qué se entiende por derecho de asociación? Respuesta: Derecho del que goza toda persona a vincularse con otras para formar una organización destinada a la consecución de fines cuya materialización requiere de un prolongado transcurso del tiempo. (Ver Art. 19 Nº 15 C.P.R.). Pregunta Nº 384.- ¿Cuáles son los elementos que componen una asociación? Respuesta: 1.- Consentimiento de los asociados para formarla; 2.- Permanencia de la misma en el tiempo; 3.- Fin o fines que se ha propuesto realizar. Pregunta Nº 385.- ¿Qué limitaciones tiene este derecho? Respuesta: No es posible formar asociaciones contrarias al orden público, la moral o la seguridad nacional, esto es, “asociaciones ilícitas”. CAPÍTULO XXII Derecho

a la

Libertad

de

Trabajo

Pregunta Nº 386.- ¿Qué disposición constitucional regula es te derecho?

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Respuesta: El Art. 19 Nº 16, C.P.R. Se garantizan dos categorías de derechos: la libertad de trabajo, y la protección del trabajo. Bajo la expresión “libertad de trabajo” se engloba la regulación de diversos derechos más específicos y de contenido individualista. En cambio, la expresión “protección del trabajo” responde a varios derechos, pero de contenido social. Pregunta Nº 387.- Derecho a la libre elección del trabajo. Concepto y breve reseña. Respuesta: Aquel de que goza toda persona a escoger libremente el trabajo que se adecue más a su vocación, conveniencia y necesidades. En principio, ninguna clase de trabajo puede prohibirse, como tampoco imponérsele a una persona, a menos que atente contra la moral, seguridad pública, la salubridad pública, o interés nacional, casos en que la ilicitud del trabajo debe ser en todo caso determinada por ley. De esta manera, se prohíbe la esclavitud, la prostitución, el narcotráfico, y el ejercicio de ciertas profesiones sin título universitario. Pregunta Nº 388.- Derecho a la libre contratación. Concepto y breve análisis. Respuesta: Es el derecho a acordar libremente las condiciones del trabajo. En el caso de un trabajador independiente, tal derecho no es tan amplio como cuando es dependiente, porque se lo considera más débil económicamente. Así es como la legislación laboral lo protege, imponiendo exigencias no modificables por la voluntad de las partes, referentes a materias como previsión, vacaciones, ingreso mínimo, causales de fin de contrato, etc. Este derecho incluye el derecho a la no discriminación en la oferta del trabajo, siempre que ella no sea hecha en razón de la idoneidad o capacidad del postulante. Vale decir, existe plena libertad para escoger la persona con la que se contrata, pero siempre que el criterio de selección se funde en idoneidad y capacidad.


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Pregunta Nº 389.- Derecho a la libre afiliación. Breve reseña. Respuesta: Bajo el amparo de este derecho a nadie se lo puede obligar a afiliarse a una organización determinada como condición de acceder a un trabajo, y tampoco a que se desafilie para permanecer en él. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer estas condiciones. Se ha planteado por algunos la interrogante respecto de si este derecho rige también para el ejercicio de las profesiones con título universitario, ya que inmediatamente después de enunciar el principio de libre afiliación y desafiliación, la Constitución agrega que la ley determinará qué profesiones requieren título universitario y establecerá las condiciones bajo las cuales se deberán ejercer las mismas. Es obvio que cualquier individuo no puede desempeñar un trabajo de abogado o médico, sin que haya estudiado en la Universidad los años que correspondan a su carrera y obtenido los grados y título profesional respectivo, en las condiciones fijadas por ley. En el presente caso estamos frente a una limitación a la libertad de trabajo, pues, las profesiones dadas como ejemplo, y por supuesto otras más que requieren grado o título universitario, no las pueden ejercer personas que no los posean, atendida la gran importancia para el normal desarrollo de la vida en sociedad y los bienes fundamentales protegidos como es la salud y la justicia en el caso del médico y abogado respectivamente. Pregunta Nº 390.- Derecho a la no discriminación en la oferta de trabajo; Derecho a una justa retribución, y Derecho a la negociación colectiva. Conceptos y análisis. Respuesta: 1.- Derecho a la no discriminación en la oferta de trabajo. En el ejercicio del derecho a la libre contratación, quienes contratan pueden elegir a la persona que opta al trabajo, pero dicha elección debe basarse en la idoneidad y capacidad del postulante, o de lo contrario la elección sería arbitraria. Sin embargo, excepcionalmente, la propia Carta Fundamental establece

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situaciones en que se puede discriminar por causa de la edad o de la nacionalidad de una persona. En ambos casos debe existir una ley que permita dicha discriminación. Así, la legislación laboral prohíbe se le otorgue ciertos trabajos a menores de edad, como laborar en minas subterráneas, cabaret, lugares donde se expendan y consuman bebidas alcohólicas, etc. 2.- Derecho a una justa retribución. Aquella que permitiendo el libre desarrollo espiritual y material del trabajador y su familia, no afecta la productividad de la empresa. Cabe destacar que el ingreso mínimo está muy lejos de ser una justa retribución, ya que con éste es imposible vivir dignamente, y lo prueba el hecho que no obstante existir el mismo, a los trabajadores se les asegura el derecho a la negociación colectiva, cuyo fin primordial es elevar el monto del ingreso. 3.- Derecho a la negociación colectiva. Procedimiento establecido en la legislación laboral en virtud del cual el empleador por una parte y los trabajadores por otra (estén o no sindicalizados), acuerdan condiciones comunes de remuneración y trabajo que habrán de aplicarse a todos los trabajadores involucrados en la negociación. Estas condiciones comunes se materializan en el contrato colectivo de trabajo. De esta forma, la negociación colectiva viene a ser un procedimiento cuyo objetivo es regular los beneficios económicos y las condiciones de trabajo, entre la empresa y los trabajadores que laboran en ella. Este procedimiento tiene a colocar a las partes negociadoras en un plano de igualdad. Pregunta Nº 391.- ¿Qué es la huelga? Respuesta: Acción emprendida de forma concertada, individual, o por un colectivo social, consistente en dejar de hacer alguna actividad, dentro de las funciones del colectivo o individuo, para ejercer una presión social, con vistas a la obtención de un objetivo concreto. Según la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), el derecho de huelga es uno de los medios legítimos fundamentales de que disponen los trabajadores y sus organizaciones para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales.


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Pregunta Nº 392.- ¿Consagra la Constitución el derecho a huelga? Respuesta: No lo establece como tal, sino que se limita a declarar los casos en que la prohíbe. Así, no pueden declararse en huelga: 1.- Los Funcionarios del Estado o de las municipalidades; 2.- Aquellas empresas o corporaciones cuya paralización cause un grave daño a la economía o abastecimiento, salud, o seguridad nacional; 3.- Los trabajadores que laboren en empresas o corporaciones, cualquiera sea su finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública (eléctricas, teléfonos, agua, gas).

CAPÍTULO XXII Derecho

a la

Seguridad Social

Pregunta Nº 393.- ¿Qué se entiende por seguridad social? Respuesta: Sistema legal que busca precaver la ocurrencia de contingencias relevantes para la sociedad, que producen ya sea una reducción de los ingresos del trabajador, o un aumento de sus gastos, o ambas cosas (Eduardo Vidal). Pregunta Nº 394.- ¿Cuál es el objeto de la seguridad social? Respuesta: Brindar un sistema de protección, consistente en prestaciones en dinero, especie y en servicios adecuados ante cada contingencia o riesgo, tales como el desempleo, cargas familiares, invalidez, enfermedad, vejez o muerte. Pregunta Nº 395.- ¿Qué grandes aspectos contempla o comprende este derecho? Respuesta: a) Un régimen o sistema provisional o contributivo. Se caracteriza por el hecho que la satisfacción de los riesgos y estados de necesidad es financiada por los mismos potenciales afectados, afiliándose a organizaciones o entidades públicas o privadas que realizan prestaciones de servicios o monetarias destinadas a neutralizar dichos riesgos. Para hacer esto posible, los afectados deben cotizar obligatoriamente.

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b) Un sistema de asistencia social. Se financia con aportes del Estado y está concebido para asumir los riesgos o necesidades que sufran aquellas personas que no se encuentren afiliadas a entidades de previsión social. El Estado les otorga el beneficio previo examen de su condición social, materializándose éste en pensiones asistenciales, subsidios de cesantía, desayunos y almuerzos. Por último, la Constitución indica que al Estado corresponderá supervigilar las instituciones públicas de previsión (IPS) mediante la Superintendencia de Seguridad Social, y las privadas (AFP) a través de la Superintendencia de AFP. Pregunta Nº 396.- ¿Qué sistemas emplea la ley chilena para hacer frente a las contingencias sociales? Respuesta: Sistema de pensiones (AFP), prestaciones de salud (Fonasa e Isapres), accidentes del trabajo (Ley 16.744), desempleo (Ley 19.728) y asignación familiar (D.F.L. 150 de 1979 del Ministerio del Trabajo).

CAPÍTULO XXIV Derecho

a la

Protección

de la

Salud

Pregunta Nº 397.- Concepto de Salud y aspectos que comprende. Respuesta: Este derecho está contemplado en el Art. 19 Nº 9 de la C.P.R. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la salud había sido definida como el estado de una persona que carece de enfermedades, destacándose acciones de salud como las siguientes: recuperación de salud (acción de la medicina curativa), y rehabilitación del individuo (física o mentalmente). Con posterioridad al conflicto bélico, cambió el concepto de salud y hoy se define como; aquel “estado de perfección física, psíquica y social de una persona”, con lo cual se quiere evidenciar que la salud de un individuo, aparte de las enfermedades comunes, puede estar afectada por la presión de circunstancias adversas propias del medio social.


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Por ello, este nuevo concepto de salud engloba acciones destinadas a combatir lo anterior, como las siguientes: 1.- De protección de la salud: buscan impedir que una persona pierda la salud que ya tiene, a través de vacunas, control de alimentos y remedios, etc.; 2.- De promoción de la salud: buscan afianzar, fortalecer, mejorar los niveles de salud que ya se tienen, por medio de urbanizaciones, la construcción de aeropuertos, gimnasios, labores de descontaminación, mejoramiento de las condiciones de trabajo, etc. Pregunta Nº 398.- ¿Cuál es la misión que debe cumplir el Estado en cada una de las acciones que se han señalado en la respuesta a la pregunta anterior? Respuesta: Debe distinguirse entre: a) El ámbito de las acciones de recuperación y rehabilitación. En éstas opera el principio de subsidiariedad, pero el Estado, en el ejercicio de su responsabilidad de gestor por excelencia del bien común, debe velar por que esas acciones se otorguen en forma correcta y eficaz respeto de la dignidad de la persona. Por eso el Estado se reserva la facultad de coordinar y controlar estas acciones de salud. b) El ámbito de las acciones de protección y promoción de la salud. Dentro de esta área el principio de subsidiariedad se ve desplazado, ya que dichas acciones se llevan a cabo mediante la actuación fundamental del Estado. Si los particulares participaran en ellas, sería por medio de delegaciones, autorizaciones o concesiones dadas por el Estado. Pregunta Nº 399.- ¿De qué derechos gozan las personas en relación a la Salud? Respuesta: Gozan de los siguientes derechos: 1) Derecho al libre e igualitario acceso a las acciones de salud. Sin embargo, éste no es absoluto, ya que los individuos tienen el deber de no atentar contra la salud de los demás. El acceso debe ser libre de discriminaciones arbitrarias (contrarias a la razón, justicia y bien común); 2) Derecho a escoger el sistema de salud.

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Dentro del sistema privado o público, las personas pueden elegir el que más se adecue a sus intereses. Este derecho es más individual que social, ya que no es necesaria la intervención del Estado en su materialización, y, por tanto, está amparado por el recurso de protección; 3) Derecho de los profesionales de salud a realizar prestaciones de salud. El Estado se reserva el derecho de conducir y controlar las acciones de salud de los particulares.

CAPÍTULO XXV Las Igualdades a) Respecto

de la igualdad ante la ley

Pregunta Nº 400.- Igualdad e identidad. Respuesta: La igualdad es relativa y no absoluta como la identidad. Así, entonces, como señala Claude-Albert Colliard, “La igualdad tiene un valor fundamental en un sistema de libertades públicas. En efecto, sólo la igualdad permite la aplicación general del principio de libertad”. Pregunta Nº 401.- ¿En qué consiste el principio de igualdad ante la ley? Respuesta: Es el que establece que todos los hombres y mujeres son iguales ante la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos nobiliarios. Es un principio esencial de la democracia e incompatible con sistemas legales de dominación como la esclavitud, la servidumbre o el colonialismo. El principio de igualdad ante la ley se diferencia de otros conceptos, derechos y principios emparentados, como la igualdad de oportunidades y la igualdad social. En el campo jurídico, la igualdad significa que quienes están dentro de un mismo grupo o subgrupo deben tener, respecto de la situación que ocupan, y las funciones que desempeñan, los mismos derechos y obligaciones.


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En otras palabras, igualdad ante la ley es tener la misma posición o condición ante el ordenamiento jurídico en general. Se trata de impedir que haya excepciones o privilegios legales en beneficio de unos y desmedro de otros. Esta igualdad se manifiesta “por la generalidad de la ley”. La ley tiene que ser igual para todos los que estén en las mismas condiciones, y contra una arbitrariedad se puede recurrirse a la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. La igualdad la consagra nuestra Carta Fundamental en el Art. 19 Nº 2. b) Respecto

de la igualdad ante la justicia

Pregunta Nº 402.- Igualdad ante la justicia. Concepto. Respuesta: Derecho del que goza toda persona que recurre a los tribunales haciendo valer pretensiones para recibir un trato justo, igualitario y racional (Ver Art. 19 Nº 3). Pregunta Nº 403.- ¿Qué aspectos comprende esta igualdad? Respuesta: Comprende el estudio de dos aspectos: 1) Derecho a la acción. Implícitamente la Carta Fundamental, en el Art. 19 Nº 3 inciso 1, al decir que garantiza a todas las personas un igual ejercicio de sus derechos ante los tribunales, reconoce que todas las personas tienen derecho a recurrir a los tribunales, es decir a la acción, para provocar el ejercicio de la jurisdicción. 2) Derecho al proceso previo legalmente tramitado. Es el derecho que tiene toda persona que recurre a los tribunales a ser juzgado por un tribunal legalmente establecido; a ser sometida a un proceso previo antes de ser condenada o absuelta; a que el procedimiento al cual es sometida se haya establecido mediante ley; a que ese procedimiento sea justo y racional. Pregunta Nº 404.- La igualdad ante la justicia comprende un conjunto de elementos destinados a asegurar un ejercicio imparcial y ajustado a derecho de la función jurisdiccional. ¿Cuáles son éstos?

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Respuesta: 1) Igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos (Art. 19 Nº 3 inciso 1 C.P.R.). Se trata de un mandato específico al legislador, en el sentido que la ley debe dar igual protección en tal ejercicio, orden que éste no puede desobedecer sin incurrir en inconstitucionalidad; 2) Legalidad del tribunal (Art. 19 Nº 3 inciso 5). El tribunal debe establecerlo la ley, con un carácter permanente, y con anterioridad a la perpetración del hecho, no admitiéndose un tribunal o comisión ad hoc; 3) Proceso previo legalmente tramitado (Art. 19 Nº 3 inciso 6, 1ª parte). Los tribunales están obligados a fundar sus fallos en un proceso previo tramitado en conformidad a la ley; 4) Procedimiento e investigación racional y justa (Art. 19 Nº 3 inciso 6, parte final). Como ejemplos de esta clase de procedimientos pueden citarse: emplazamiento legal; posibilidad de rendir e impugnar las pruebas; publicidad de las actuaciones procesales, etc.; 5) Derecho a defensa jurídica (Art. 19 Nº 3 incisos 3 y 4). La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por la Constitución y las leyes. Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley; 6) Prohibición de presunciones de derecho de la responsabilidad penal (Art. 19 Nº 3 inciso 7). Esta prohibición no comprende las presunciones de responsabilidad penal, simplemente legales, en que el acusado siempre puede rendir prueba en contrario; 7) Principio de reserva legal (Art. 19 Nº 3 inciso 8). “Nullum crimen, nulla poena sine lege” (no hay delito, ni hay pena sino en virtud de una ley); 8) Principio de la irretroactividad de la ley penal (Art. 19 Nº 3 inciso 8 parte final). La ley penal debe ser promulgada antes de la perpetración del hecho punible (Excepción: ley que favorece al afectado); 9) Principio del tipo de la ley penal (Art. 19 Nº 3 inciso 9). La conducta que se sanciona debe estar expresada en la ley de un modo exacto, a objeto que las personas conozcan anticipadamente cuando infringen algún precepto de carácter penal.


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Pregunta Nº 405.- La igualdad de las partes en la actividad procesal. Breve explicación. Respuesta: Este principio supone lo siguiente: 1.- Las dos posturas procesales en las que se contraponen los intereses en todo tipo de enjuiciamiento deben ser absolutamente equivalentes en expectativas y cargas. La igualdad entre las partes es propia de todo proceso en que éstas existan, de modo de evitar la indefensión, que puede originarse cuando se ubica a las partes en una situación de desigualdad, o si se impide la aplicación efectiva del principio de contradicción mediante el adecuado desarrollo de la dialéctica procesal. 2.- El equilibrio en la dialéctica procesal no quiere decir que no exista tratamiento diferenciado en cuanto a determinadas expectativas o cargas de la actividad procesal, pues algunas normas de procedimiento pueden suponer una ventaja inicial respecto a una parte en consideración a determinadas circunstancias. 3.- La aplicación práctica de la garantía no significa que el juez deba asumir la defensa de la parte teóricamente más débil, porque ello importaría incurrir en una desigualdad de signo contrario, que también está prohibida. 4.- La garantía comprende también la igualdad de aplicación de la ley por parte de los tribunales. Esto significa que la diferenciación debe guardar una cierta proporcionalidad en el tratamiento jurídico, y la desigualdad de trato obliga a la motivación. Pregunta Nº 406.- El derecho al proceso previo legalmente tramitado. Elementos que lo componen. Respuesta: 1) Derecho a ser juzgado por un tribunal legalmente establecido. Pueden estudiarse dos aspectos: a) LEGALIDAD del tribunal. La Constitución exige siempre que el tribunal haya sido establecido mediante ley. Es un principio de legalidad judicial orgánico, consagrado en el Art. 77 de la Carta Fundamental. b) OPORTUNIDAD. La Constitución es muy ambigua, debido a lo cual han surgido diversas posiciones al respecto:

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– La primera señala que el tribunal debe haber sido establecido con anterioridad a los hechos; ya que esto proyectaría la idea que se quiere perjudicar o favorecer al procesado. Esta posición es sostenida por el Tribunal Constitucional, a propósito de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. – La segunda posición afirma que el tribunal tiene que haber sido establecido antes de la iniciación del juicio. En este caso, es permitido que el tribunal se establezca con posterioridad a los hechos, pero con anterioridad al juicio. – La tercera posición expresa que el tribunal debe haber sido establecido con anterioridad al fallo. El tribunal se puede establecer con posterioridad a los hechos e incluso a la iniciación del juicio, con tal que aún no se haya dictado fallo, ya que las leyes que le dan competencia a un tribunal se aplican in actum y, por lo tanto, predominan sobre las anteriores. Esta es la posición a la que adhiere la Corte Suprema, pues considera válido el traspaso de juicios radicados en la justicia militar a los tribunales ordinarios. 2) Se requiere un proceso previo. Proceso: Conjunto de trámites lógicamente relacionados, a través de los cuales las partes tienen la oportunidad de efectuar alegaciones, producir pruebas, de una manera racional. 3) Proceso establecido por ley. Por cierto que tampoco basta un proceso previo, pues el procedimiento, que comprende los diversos trámites a través de los cuales se van produciendo racional y ordenadamente los hechos del proceso, debe estar establecido por ley. Específicamente, la Constitución dice “proceso previo legalmente tramitado”. 4) El proceso debe ser justo y racional. Sólo entonces la persona es juzgada debidamente. La Constitución radica la responsabilidad de asegurar estos aspectos en el legislador. En las actas de la Comisión Ortúzar se dejó constancia de los elementos básicos que aseguran un proceso justo y racional: – Notificación de la demanda; – Término de emplazamiento; – Posibilidad de efectuar alegaciones y ofrecer pruebas; – Interponer recursos en contra de las decisiones adoptadas por un tribunal.


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Pregunta Nº 407.- Principio de la audiencia y la contradicción. Breve reseña. Respuesta: Este principio da por supuesto lo siguiente: a) Hay que dar oportunidad a cada parte de participar en cada una de las fases del juicio, desde el mismo momento de iniciarse la litispendencia. De ahí, que la primera manifestación obvia de tal garantía es el derecho al emplazamiento o citación al juicio y ante todo al emplazamiento personal en la medida que resulte posible, otorgándose así a cada parte la posibilidad de ejercitar su derecho a defensa en la medida que lo juzgue conveniente para sus intereses. b) Esta garantía no persigue la presencia física de la parte en el juicio, ni su actividad en cada trámite procesal, puesto que a la ley le basta tan solo la presencia jurídica de la parte; salvo en el juicio penal en que se requiere la presencia personal. La parte una vez que se le ha dado posibilidad de enterarse de la existencia del juicio perfectamente puede quedar inactiva o ausente. c) Tampoco se afecta la garantía por el momento elegido por la ley para prestar audiencia, puesto que en ocasiones, la actividad procesal ha de disponer de forma tal que no se frustre el acto, debiendo realizarse inicialmente con la presencia de una sola de las partes. Ejemplo: medidas cautelares. Pregunta Nº 408.- Refiérase al principio del derecho de defensa. Respuesta: Se haya íntimamente relacionado con el principio de la igualdad de las partes y respeto a la contradicción bilateral. Principio que tiene como objetivo fundamental la prohibición de la indefensión. Es decir, éste asegura el derecho a defenderse en el juego de la contradicción. Tal garantía supone: 1) El derecho a prueba, asegurándose que el juicio sea recibido a prueba siempre que la parte lo solicite o dicha actividad sea necesaria para definir el derecho. Pero en todo caso este derecho no suple la negligencia de la parte en cuanto a la actividad probatoria. 2) Derecho a la asistencia de letrado, puesto que la intervención de la defensa técnica proporciona al ciudadano el debido aseso-

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ramiento para conducir a buen fin sus intereses legítimos. Ante todo se debe reconocer el derecho de las partes a ser representadas y defendidas por profesionales libremente designados por ellas. Pregunta Nº 409.- Existen una serie de garantías del debido proceso penal. Señale tres. Respuesta: 1) El principio de la irretroactividad de la ley penal; 2) El principio pro reo; 3) La prohibición de las leyes penales en blanco. Pregunta Nº 410.- Principio de la irretroactividad de la Ley Penal. Breve explicación. Respuesta: Según este principio nadie puede ser condenado por un delito sino en virtud de una ley que se haya promulgado con anterioridad al hecho que se considera delito. Con todo, existe una excepción, que puede verificarse cuando la ley penal favorezca al reo, vale decir, cuando la nueva ley que se dicta priva al hecho de toda pena o bien la rebaja o cambia por otra menos rigurosa. El mismo principio se consagra en el Art. 19 del Código Penal, con su excepción, que corresponde al principio pro-reo. Pregunta Nº 411.- ¿Desde cuándo se entiende que la ley penal produce sus efectos? Respuesta: – De acuerdo con la teoría tradicional, las leyes penales entran en vigencia desde el momento en que se publican, a menos que la misma ley disponga lo contrario. – Otra posición (pareciera tener más asidero), señala que esa es la regla general, pero que la Carta Fundamental ha consagrado una excepción a ella respecto de las leyes penales, puesto que expresamente utiliza la expresión “promulgar” y no publicar. Para esto se basa en la constatación del hecho que generalmente las personas se enteran de las discusiones que se llevan a cabo en el congreso cuando una ley penal está en tramitación. Por eso, antes de que se publique la ley, ya se sabe que determinados hechos van a transformarse en delito, de manera que sería inconveniente que esa ley entrara a regir desde la fecha de


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su publicación y no de su promulgación, toda vez que algunas personas, precisamente por haberse enterado que determinados hechos han de ser delitos, aprovecharán de realizarlos antes que la ley se publique. A raíz de esta situación se adelanta la vigencia al momento de su promulgación. Ahora, en compensación, y para equilibrar el rigor de esta disposición, las leyes penales favorables al reo también entran a regir al momento de promulgarse. – Una tercera propuesta expresa que la solución al asunto debería ser más ecléctica. Así, cuando se dicta una ley penal que transforma hechos en delitos; esta debería entrar a regir con su publicación, porque sólo ahí se podría asumir la toma de conciencia oficial acerca de la existencia de la ley. También, cuando se trata de una ley que favorece al reo; por razones humanitarias, ella debería entrar a regir al momento de su publicación. Pregunta Nº 412.- El Principio Pro Reo. Breve referencia. Respuesta: Resulta obvio que mientras se está tramitando el juicio criminal y se dicta esta ley durante la tramitación, el juez fallará aplicando la nueva ley dejando de lado la ley más rigurosa. Pero si el juicio criminal ya se hubiere fallado y la sentencia estuviere ejecutoriada, habría que preguntarse si se aplica esa ley más benigna o no. La respuesta ha sido afirmativa, incluso cuando el ejecutado estuviera cumpliendo o hubiere cumplido la condena, porque para la persona que ya cumplió su pena tiene interés la modificación del fallo, ya que ésta le puede reportar al individuo efectos beneficiosos como los siguientes: – Si el hecho dejó de ser delito se borran sus antecedentes penales. – Si fue condenado a pena aflictiva, ese individuo perdió la ciudadanía. Si esta nueva ley rebajó la pena a una inferior a esa, y se modifica el fallo, hay que entender que nunca perdió la ciudadanía. – Si fue condenado por crimen o simple delito, tal persona no puede ingresar a la administración pública. Si la nueva ley penal transformó el hecho en una simple falta, no se producirá el efecto señalado.

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Ahora bien, si el individuo está siendo juzgado por una ley penal A, y durante el proceso se dicta una ley penal B más benigna, pero luego se dicta la ley penal C que deroga la ley B y aplica una sanción más rigurosa que la ley A, la persona será juzgada por la ley B, produciéndose la ultra actividad de la ley penal más benigna. Pregunta Nº 413.- ¿Qué se entiende por leyes penales en blanco? Respuesta: Aquellas leyes incompletas, que se limitan a fijar una determinada sanción dejando a otra norma jurídica la misión de completarla, con la determinación del precepto, o sea, la descripción específica de la conducta punible (Karl Binding). En otras palabras, se limitan a señalar la sanción, y dejan entregada a otra Ley o a las autoridades administrativas la determinación precisa de la conducta punible. (Ver Art. 318 Código Penal). La Constitución advierte que son un peligro para la seguridad jurídica y que violan el principio de reserva legal. Por ello exige que tanto la pena como el tipo delictivo estén en la ley. (Art. 19 Nº 3 inciso final). Pregunta Nº 414.- ¿Cómo se clasifican estas leyes? Respuesta: Leyes penales en blanco propias e impropias. Estamos en presencia de las primeras: a) Cuando la Ley establece la pena y se remite para la descripción de la conducta a una norma jerárquicamente inferior a la Ley, por lo general a disposiciones de carácter administrativo, dictadas por el poder Ejecutivo o sus organismos dependientes; y b) Cuando la ley establece la pena y lo esencial de la conducta entregando la modalidad o circunstancias a una norma de rango inferior. La doctrina unánimemente considera inconstitucional las leyes penales en blanco descritas en la letra a) cuando la conducta no está descrita en la Ley sino que por una norma de rango inferior dictada por la autoridad administrativa. En relación a la constitucionalidad de esta clase de leyes descritas en la letra b) existen dos posiciones contradictorias:


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Primera posición. Sustentada por el jurista Etcheberry dice que se acepta la constitucionalidad de las leyes en blanco, y por estas razones: – La Ley Penal al remitirse a disposiciones de autoridad administrativa, no da amplias facultades para establecer delitos. Autoridad tiene facultades limitadas por la Constitución y las propias leyes; – Autoridad está impedida de crear sanciones, que es lo propio y característico de disposiciones penales (misión que la Carta Fundamental reserva a la propia Ley, y no a la autoridad administrativa; – Modalidad es secundaria y no de la esencia de la acción descrita en el tipo penal. Segunda posición. Liderada por Mera y Bustos, discrepa de lo señalado por Etcheberry, en base a los siguientes argumentos: 1.- La Constitución es clara cuando señala que la conducta penal sancionada debe estar claramente descrita en ella misma. (Art. 19 Nº 3 inciso 8); 2.- La modalidad o circunstancia de la conducta muchas veces es lo que determina lo prohibido y lo permitido y no puede ser considerado como algo secundario. Pregunta Nº 415.- ¿Por qué el legislador dicta leyes penales en blanco? Respuesta: – Por una necesidad práctica, hay bienes jurídicos que por su contenido están sujetos a un constante cambio y variación. – Se piensa que es preferible que el legislador señale la pena y que el ejecutivo que es más dinámico, determine claramente la conducta. – El delito quedaría rápidamente obsoleto. Ejecutivo se encuentra en mejores condiciones de establecer las necesidades concretas. c) Respecto

de la igualdad en el acceso a las funciones y empleos públicos

Pregunta Nº 416.- ¿En qué consiste este derecho? Respuesta: Consagrado en el Art. 19 Nº 17, es el derecho que posee toda persona para exigir que no existan discriminaciones arbitrarias en el acceso a los cargos, empleos o funciones públicas,

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es decir, que no se distribuyan los empleos de manera injusta, contraria a la razón o al orden público. Los requisitos exigidos para la admisión a funciones y cargos públicos, sólo pueden ser establecidos por la Carta Fundamental y la ley. Pregunta Nº 417.- ¿A qué personas la Constitución o las leyes han privado de este derecho? Respuesta: A quienes sean responsables de cometer delitos terroristas, y así quedan inhabilitados por 15 años para ejercer funciones y empleos públicos, sean o no de elección popular. Por su parte, el Art. 19 Nº 15 inciso 7, señala inhabilidades para optar a cargos públicos de elección popular y los establecidos en el artículo 57 números 1º a 6º. d) Respecto

del derecho a la igualdad ante las cargas públicas

Pregunta Nº 418.- ¿En qué consiste este derecho? Respuesta: Derecho de toda persona a exigir que el Estado no incurra en discriminaciones arbitrarias con motivo de la repartición o distribución de las cargas públicas, o sea, contrariando las exigencias de la razón, de la justicia y el bien común. (Ver Art. 19 Nº 20 C.P.R.). Pregunta Nº 419.- ¿Qué son las cargas públicas? Respuesta: Exigencias u obligaciones de carácter tributario o de prestación de servicios que el Estado impone unilateralmente a las personas a objeto de satisfacer el interés general. Pregunta Nº 420.- ¿Qué se entiende por tributos? Respuesta: Parte del patrimonio de las personas que se encuentran obligadas por ley a entregar al Estado para su financiamiento.


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Pregunta Nº 421.- ¿Qué tipos de cargas públicas existen? Respuesta: Reales y personales. – Cargas reales: Cargas públicas que afectan a la “res” (cosa), es decir, al patrimonio de una persona. Ejemplos: aquellos tributos de cualquier especie, tales como impuestos, contribuciones, derechos arancelarios, derechos municipales (basura), y peajes; expropiaciones, nacionalizaciones y requisiciones de bienes. – Cargas personales: Cargas públicas obligatorias y gratuitas que puede imponer la ley en beneficio del Estado y que afectan la libertad de la persona y su libertad de desplazamiento. Ejemplos: servicio militar, votaciones, mesa de escrutinios. Pregunta Nº 422.- ¿Cuáles son las principales garantías que establece la Carta Fundamental en relación con las cargas públicas? Respuesta: 1.- Repartición igualitaria de la carga pública. No se requiere necesariamente que la carga pública represente desde el punto de vista cuantitativo que cada persona tenga que soportar las mismas exigencias, sino que quienes deban hacerlo las soporten de manera igualitaria. Así, la Constitución se refiere a diversas formas de distribución de los tributos. 2.- Toda carga pública sólo puede establecerse por ley. Según el Art. 19 Nº 20 inciso 1 y 2 respecto de las reales, y Art. 22 inciso 3 respecto de las personales. 3.- Prohibición al legislador de establecer tributos manifiestamente desproporciónales o injustos. Lo será cuando afecte la esencia del derecho gravado o impida su ejercicio. A su vez, se afecta la esencia cuando el derecho es desnaturalizado, se hace irreconocible, cuando pierde su identidad, y se impide su ejercicio, cuando es trabado más allá de lo racional. Esto se deduce del Art. 19 Nº 26, el cual dispone que la ley, a pretexto de regular el ejercicio de los derechos, no puede afectar la esencia del derecho e impedir su ejercicio estableciendo requisitos, condiciones o tributos irracionales. 4.- Se prohíben los tributos de afectación. Son aquellos cuya recaudación ha sido de antemano destinada por el legislador a

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un fin. La Carta Fundamental los prohíbe porque busca lograr que los parlamentarios no sean víctimas de las presiones de los electores y que lo recaudado por concepto de tributos ingrese al patrimonio de la Nación, es decir, a las arcas de la Tesorería Nacional de la República, la que deposita tales ingresos en la cuenta única fiscal del BancoEstado a fin de que el Presidente de la República pueda disponer de ellos, destinándolos a las inversiones más rentables o a satisfacer necesidades prioritarias. Existen excepciones a esta regla: a) Se autorizan los tributos destinados a fines propios de la defensa nacional. Ejemplo: el 10% de las ventas del cobre. b) Se permiten los tributos de afectación cuyo fin es el desarrollo regional, local o comunal, pero siempre que estos tributos graven bienes o actividades de clara identificación local o comunal (ejemplos: extracción de basura, bienes raíces, patentes de alcoholes, patentes comerciales). La autoridad debe actuar en esto dentro del marco que le fija la ley que crea el tributo.

CAPÍTULO XXVII Deberes Constitucionales Pregunta Nº 423.- Todo habitante de la República, incluyendo a los extranjeros, debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Breve comentario. Respuesta: El Art. 22 inciso 1º contempla dicho respeto a fin de impedir que no hayan de utilizarse éstos o servir de amparo frente a hechos contrarios al ordenamiento jurídico. Pregunta Nº 424.- ¿Puede un extranjero criticar verbalmente o por escrito la Carta Fundamental o pedir su modificación? Respuesta: Sí, pero siempre que lo haga con el debido respeto y de conformidad a los procedimientos de reforma que la misma Constitución contempla.


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Pregunta Nº 425.- Señale deberes constitucionales de los chilenos. Respuesta: Defender la soberanía del país, contribuyendo a preservar la seguridad nacional (fidelidad en la guerra y en la paz); o sea cumplir con el Servicio Militar, ser vocal de mesa y pagar los impuestos. Pregunta Nº 426.- ¿Puede un chileno excepcionarse de cumplir con su Servicio Militar, alegando objeción de conciencia? Respuesta: La llamada “objeción de conciencia” nace como resultado del choque de dos sistemas normativos, por un lado el de reglas jurídicas establecidas y por otro el de normas morales (conciencia del sujeto). La persona se auto margina del principio de la igualdad ante la ley, manifestando que no está dispuesto a cumplir con dicha obligación por ser contraria a normas morales que en conciencia debe respetar. El Servicio Militar es actualmente obligatorio en los términos y formas determinadas por la ley, ya que el Estado tiene el deber y el derecho a defenderse de agresiones externas, y para ello exige de sus nacionales esta carga personal del citado Servicio. En Chile la obligatoriedad se refiere a la inscripción que deben efectuar los varones que cumplen 18 años de edad en los cantones de reclutamiento, a partir de ese momento se inicia el proceso de selección o de eximición, por eso no debe confundirse obligatoriedad con el hecho de realizarlo efectivamente. Los varones postulantes a algún cargo de la administración pública deben acreditar que en su momento se inscribieron en el cantón de reclutamiento y es habitual que profesionales universitarios, quienes no efectuaron el servicio militar y que ejercen una profesión de interés para las Fuerzas Armadas, sean pasados a la reserva sin instrucción militar. Para los estudiantes de educación superior y universitaria se ofrece la posibilidad de realizar el servicio militar como estudiantes en un período de 6 meses, distribuido en las vacaciones durante el año.

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Volviendo al tema de fondo, la Carta Fundamental no tiene contemplada esta moderna tendencia a reconocer la objeción de conciencia. Sin embargo, de acuerdo a la situación planteada, ello podría acogerse, atendido el hecho de que el principio constitucional remite a la ley para señalar los términos y formas de su obligatoriedad. Existen casos, como el de la Constitución Alemana, donde se señala que nadie puede ser obligado a cumplir el Servicio Militar contra su conciencia, ya sea en tiempo de paz o de guerra. También, en el año 2005, un tribunal militar norteamericano reconoció por primera vez la objeción de conciencia para no condenar como “desertor” a un soldado que se negó a ir a Irak por considerar la guerra ilegal.

CAPÍTULO XXVIII Garantías Constitucionales Pregunta Nº 427.- ¿Qué se entiende por garantías constitucionales? Respuesta: Mecanismos jurídicos establecidos en la Constitución con el objeto de proteger los derechos constitucionales de las personas evitando les sean desconocidos (garantías constitucionales generales). Los derechos constitucionales no pueden ser afectados en su esencia. (Ver Art. 19 Nº 26). Tal disposición está referida a todos los preceptos legales, sean leyes orgánicas constitucionales, leyes de quórum calificado, leyes ordinarias, que por mandato de la Carta Fundamental regulen o complementen las garantías que ésta establece y que las limiten en los casos en que ella lo autoriza. Pregunta Nº 428.- ¿Cuándo es afectado en su esencia un derecho constitucional? Respuesta: “Cuando se le priva de aquello que le es consustancial, de manera tal que deja de ser reconocible, y que se


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impide el libre ejercicio, en aquellos casos en que el legislador lo somete a exigencias que lo hacen irrealizable, lo entraban más allá de lo razonable y lo privan de tutela jurídica” (Tribunal Constitucional). a) Respecto

del recurso de protección

Pregunta Nº 429.- ¿Qué es el recurso de protección? Respuesta: Acción de que dispone toda persona, natural o jurídica, víctima de un acto u omisión arbitraria o ilegal que implique una amenaza, perturbación o privación de los legítimos derechos constitucionales para solicitar de la Corte de Apelaciones respectiva, el pronto restablecimiento del imperio del derecho y la debida protección, sin perjuicio de la interposición de otras acciones (Art. 20 C.P.R.). Pregunta Nº 430.- ¿Cuáles son los requisitos de procedencia de este recurso? Respuesta: 1) Debe existir una acción u omisión arbitraria o ilegal. Puede interponerse en contra de todo acto u omisión arbitraria e ilegal. Pero para que proceda en virtud de una omisión no es suficiente la inactividad sino que el sujeto tiene que encontrarse en la obligación jurídica de actuar. No por el hecho de que un acto sea legal, no es arbitrario. Arbitrariedad e ilegalidad son cosas distintas, y se debe distinguir: a) El acto u omisión se considera ilegal, cuando es contrario a las normas del derecho positivo vigente. b) El acto u omisión es arbitrario, cuando se opone a la razón, justicia y al bien común, o cuando carece de razonabilidad en el actuar u omitir, o inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar. 2) La acción u omisión arbitraria o ilegal debe traducirse en una amenaza (peligro inminente de verse expuesta una persona a una privación o perturbación en el ejercicio de sus derechos), perturbación (imposibilidad parcial del ejercicio de un derecho protegido por el recurso de protección), o privación (imposibili-

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dad material total o el despojo del ejercicio de un derecho protegido por el recurso de protección). 3) Tal agravio debe afectar el legítimo ejercicio de un derecho. El recurso de protección no protege cualquier derecho sino que únicamente aquellos que están siendo ejercidos por su legítimo titular. El recurso de protección no es una acción popular que resguarde el ordenamiento jurídico en abstracto, sino que se trata de aquella acción destinada a proteger a uno lesionado, concreto, especifico. 4) El derecho afectado debe encontrarse protegido; y solo lo están aquellos derechos del artículo 19 que el artículo 20 contempla, donde se excluyen la libertad individual y los derechos sociales. Excepcionalmente hay aspectos de los derechos sociales que son protegidos por el recurso de protección, porque tienen un contenido individualista y no social. Ejemplo: en materia de trabajo está el derecho a la libertad de elección y contratación del trabajo, en salud, la elección del sistema de salud, etc. Pregunta Nº 431.- ¿Quién puede interponer este recurso? Respuesta: Cualquier persona natural o jurídica, que se vea privada, perturbada o amenazada en el legítimo ejercicio de un derecho constitucional garantizado por el Art. 20, en virtud de actos u omisiones arbitrarias o ilegales (sujeto activo). Pregunta Nº 432.- ¿Contra quién se puede interponer tal recurso? Respuesta: Contra cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, que ejecute dichos actos u omisiones ilegales o arbitrarias, puesto que los ataques pueden provenir de diversas fuentes, y el recurso tiene como objetivo neutralizarlos. En

el caso de las personas jurídicas, éstas fundamentalmente serán de derecho privado, considerando el hecho de que ellas son las titulares de los derechos constitucionales garantizados. No obstante lo anterior, ha habido situaciones de recursos de protección interpuestos por personas de derecho público, a pesar de ser discutible su procedencia.


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Pregunta Nº 433.- La jurisprudencia ha señalado que no procede el recurso de protección respecto de ciertos sujetos pasivos. ¿Cuáles son éstos? Respuesta: 1) Contra actos legislativos. Así es como no procede intentar obtener que una ley sea dejada sin efecto o declarada nula o inconstitucional, ya que la Carta Fundamental establece o parece establecer como única vía para ello el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, o bien la declaración de oficio que puede hacer la Corte Suprema acerca de la inconstitucionalidad de una ley. 2) Contra actos jurisdiccionales. No procede contra las resoluciones judiciales que sólo pueden ser atacadas mediante recursos procesales ordinarios o extraordinarios. Sin embargo se ha aceptado de manera excepcionalísima que en ciertos casos el recurso pueda interponerse en contra de resoluciones judiciales que se hayan dictado groseramente al margen del procedimiento, constituyéndose en una forma efectiva de evitar un perjuicio irreparable al ejercicio de un derecho constitucional. 3) Contra los actos de la Contraloría General de la República. En cuanto a obligarla a tomar razón de una resolución o decreto administrativo, bajo el argumento de que es una función privativa de ésta. Pregunta Nº 434.- ¿Qué finalidad tiene este recurso? Respuesta: Restablecer el imperio del derecho y de la debida protección al afectado, lo cual supone retrotraer a las partes a la situación inmediatamente anterior al momento en que produjo el acto u omisión arbitrario e ilegal, a objeto que la persona vuelva a quedar en situación de poder ejercer el derecho afectado de forma plena e integral. Pregunta Nº 435.- ¿Cuál es su tramitación? Respuesta: - Puede interponerlo el afectado o cualquier persona a nombre del primero, sea por escrito, por telégrafo o por télex. Debe interponerse ante la Corte de Apelaciones respectiva, es

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decir, la del lugar donde se produjo el acto u omisión arbitrario e ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, y dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos. Quien lo interpone puede solicitar una orden de no innovar con el fin de paralizar o suspender el acto que podría generar un daño irreparable. – Una vez presentado el recurso, el Tribunal examinará en cuenta su ha sido interpuesto en tiempo o si se mencionan hechos que pudieren vulnerar alguna de las garantías del Art. 2 de la Carta Fundamental. – Si la presentación es extemporánea o no se señalan hechos que puedan constituir vulneración a las garantías ya mencionadas en la referida disposición constitucional, lo declarará inadmisible desde luego por resolución fundada, la que sólo será susceptible del recurso de reposición ante el mismo tribunal, el que deberá interponerse dentro de tercero día. – En caso de que el recurso se declare admisible, la Corte solicitará informes y antecedentes dentro del plazo que fija a la persona o funcionario contra quien se interpone el recurso, o a la persona o funcionario que, en concepto del Tribunal, sea el autor del acto u omisión arbitrario e ilegal. Para estos efectos, la Corte puede recurrir a cualquier medio que otorgue rapidez y eficacia a la entrega de tales antecedentes. Una vez que se reciben los informes o antecedentes requeridos, o bien sin ellos, la Corte decreta “Autos en relación” y se procede a agregar extraordinariamente a la tabla del día siguiente. – Las personas, funcionarios u órganos del Estado afectados o recurridos podrán hacerse parte en el recurso. – La Corte apreciará de acuerdo con las reglas de la sana crítica aquellos antecedentes que se acompañen al recurso y los demás que se agreguen durante su tramitación. El fallo que se dicte, ya sea que lo acoja, rechace o declare inadmisible el recurso, será apelable ante la Corte Suprema.


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– La Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, en su caso, fallará el recurso dentro del 5º día hábil, pero en el caso de las garantías constitucionales de los números 1º, 3º inciso 4º, 12º y 13º del artículo 19 de la Constitución Política, la sentencia se expedirá dentro de segundo día hábil, plazos que se contarán desde que se halle en estado la causa. – El más alto tribunal, para los efectos de ver la causa, por regla general no escucha alegatos de abogados, a menos que la propia Corte, de oficio o a petición de parte, decida sobre la conveniencia de escucharlos. La prueba se aprecia en conciencia. – Tanto la Corte de Apelaciones como la Suprema están en condiciones de decretar medidas para mejor resolver, y pueden aplicar sanciones en contra de la autoridad, persona o funcionarios que hayan retardado indebidamente los antecedentes solicitados por la Corte o se hubieren opuesto a la adopción de medidas adoptadas por las Cortes. Las sanciones son: amonestación, censura por escrito, multa y suspensión en el ejercicio de sus funciones. – La tramitación del recurso en la Corte Suprema la regula el Auto Acordado (2007) en su Nº 7 y siguientes. Así, el más alto tribunal puede adoptar de inmediato aquellas providencias que considere necesarias para restablecer el imperio del derecho, como para asegurar la debida protección del afectado. Pregunta Nº 436.- La cosa juzgada en el Recurso de Protección. Posiciones al respecto. Respuesta: Posición tradicional. Tal recurso únicamente produce cosa juzgada formal, porque deja a salvo la posibilidad de volver a discutir el asunto en un juicio de lato conocimiento. Posición contraria. Produciría cosa juzgada material o de fondo, pues para originar sólo cosa juzgada formal habría que aceptar Debe

señalarse que el Auto Acordado del año 2007 modifico el anterior de 1988 en su número 6º, eliminando su inciso 3º, y sustituyendo el inciso 2º por el siguiente: “La apelación se interpondrá en el término fatal de cinco días hábiles, contados desde la notificación por el Estado Diario de la sentencia que decide el recurso”.

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que el recurso es una acción cautelar, cuestión que no es efectiva por estas dos razones: 1) Las acciones cautelares requieren para su subsistencia de una acción principal cuyo resultado se asegure mediante ellas, cuestión que no ocurre en el recurso de protección que es una acción principal. 2) Las acciones cautelares requieren de contra cautelas, cuestión que tampoco ocurre con el citado recurso. Pregunta Nº 437.- El recurso de protección en materia medio ambiental. Breve referencia. Respuesta: – No procede en contra de omisiones que generen contaminación, sólo contra actos. En virtud de lo anterior, tal recurso no se puede interponer contra el Estado o las autoridades de gobierno. – El acto debe ser arbitrario e ilegal (requisitos copulativos). – Debe dirigirse a la persona o funcionario al que se le pueda imputar por una relación de causalidad el acto arbitrario. – El recurrente se haya obligado a individualizar sin errores a la persona o autoridad objeto del recurso, pues de lo contrario éste será declarado inadmisible. Se han establecido estas diligencias pues de alguna manera todos somos responsables de la contaminación. En definitiva, el recurso de protección se dirigirá en contra de aquel a quien puedan serle imputados actos concretos y determinados de contaminación, es decir, en contra de la persona objeto de una relación causa-efecto individualizada (Art. 20 inc. final). b) Respecto

del recurso de amparo

Pregunta Nº 438.- ¿En qué consiste? Respuesta: Recurso de que dispone toda persona víctima de una amenaza, perturbación o privación del ejercicio de la libertad individual, para recurrir ante el tribunal competente a fin de que


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se restablezca el imperio del derecho, y se dé al afectado la debida protección. Pregunta Nº 439.- ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Respuesta: La libertad individual en sus dos aspectos: libertad personal y seguridad individual. Pregunta Nº 440.- ¿Qué es la libertad personal? Respuesta: Derecho de toda persona para permanecer o residir en cualquier punto del territorio nacional, o para trasladarse, salir y regresar. En todo caso, debe precisarse que no es un derecho absoluto, porque está sujeto a las normas que establezca la ley y limitado por el derecho de terceros. Pregunta Nº 441.- ¿Qué se entiende por seguridad individual? Respuesta: Es el derecho que de que goza toda persona a no ser privado de libertad sino en los casos y en la forma establecida en la Constitución y las leyes. La doctrina sintetiza esta idea expresando que el recurso de amparo procede cuando cualquier persona es víctima de una detención o arresto arbitrario (Si es ordenado por un funcionario no autorizado expresamente por la ley; cuando se realiza sin mérito que lo justifique; cuando la persona es detenida judicialmente en casos en que no procede detener, sino sólo citar; cuando se produce con infracción de las formalidades legales; cuando la persona, habiendo sido puesta ante el juez para declarar, haya pasado más de 24 horas sin que el juez le tome la declaración indagatoria; cuando se mantiene a una persona privada de libertad en un lugar que no corresponda). Inspirado

en el Habeas Corpus inglés. Lo regulan el Art. 21 de la Constitución; Art. 95 y Ss., del Código Procesal Penal; y el Auto Acordado de la Corte Suprema, de fecha 19-XII-1932, sobre tramitación y fallo del recurso de amparo.

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Pregunta Nº 442.- ¿Cuáles son las causales por las que procede el recurso de amparo? Respuesta: 1.- Caso de la persona arrestada, detenida o presa con infracción a lo dispuesto en la Constitución o las leyes (privación de la seguridad individual, con infracción de la Constitución o ley); 2.- Caso de la persona que sufre cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual (cualquier privación, perturbación o amenaza, sea en su libertad personal o seguridad individual, con infracción de ley); 3.- Caso en que existiendo orden de arraigo, detención o prisión (se hubiere ejecutado o no): a) Ha emanado de autoridad que no tenga facultad de disponerla; b) Ha sido expedida fuera de los casos previstos por la ley; c) Ha sido dictada con infracción de cualquiera de las formalidades determinadas en el Código de Procedimiento Penal. d) Ha sido dictada sin que haya mérito o antecedentes que lo justifiquen; 4.- Caso en que el juez no tome declaración al detenido dentro de las 24 horas siguientes a aquella en que hubiere sido puesto a su disposición. Pregunta Nº 443.- ¿Qué ocurre si previo al recurso de amparo que se presenta se han deducido otros recursos? Respuesta: El recurso de amparo debe ser rechazado. Pregunta Nº 444.- ¿Quién puede interponer el recurso en estudio? Respuesta: La persona directamente interesada o afectada, y también cualquier individuo capaz de parecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato especial, no necesitando cumplir ninguna formalidad especial. Pregunta Nº 445.- ¿Cuál es el tribunal competente para conocer de este recurso? Respuesta: La Corte de Apelaciones respectiva, vale decir, aquélla dentro de cuyo territorio jurisdiccional se cumplió la orden de detención.


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Pregunta Nº 446.- Tramitación del recurso de amparo. Breve reseña. Respuesta: – Ha de procederse en todo breve y sumariamente. – Secretario consigna día y hora en que llega a su oficina la solicitud y telegrama en que se deduce el amparo, entregándola en el acto al relator para que éste dé cuenta inmediata al Tribunal quien proveerá lo que considere pertinente. – Corte de Apelaciones conoce del recurso en Sala, debiendo fallar en el término de 24 horas, pudiendo aumentar dicho plazo a 6 días (con el término de emplazamiento que corresponde si éste excediere de 6 días), en el caso que fuere necesario practicar alguna investigación o esclarecimiento para establecer los antecedentes del recurso, fuera del lugar en que funcione el tribunal llamado a resolverlo. – La resolución de la Corte de Apelaciones puede ser apelada ante la Corte Suprema, debiendo interponerse el correspondiente recurso en el término de 24 horas. – El recurso es concedido sólo en el efecto devolutivo cuando sea favorable al detenido (queda en libertad). – Antes de dictar su fallo, la Corte puede ordenar que la persona sea traída a su presencia y su decreto será precisamente obedecido. También puede comisionar a alguno de sus ministros para que se traslade al lugar en que se encuentra el detenido o preso, lo oiga, y, en vista de los antecedentes obtenidos, disponga o no su libertad o subsane los defectos reclamados. El ministro dará cuenta inmediata al tribunal de las resoluciones que adoptare, acompañando los antecedentes que las hayan motivado. – La Corte está facultada constitucionalmente para: 1) Decretar la libertad inmediata del arrestado, detenido o preso; 2) Corregir por sí misma los defectos legales o dar cuenta a quien corresponda para que los corrija y repare, haciendo que se guarden las formalidades legales; 3) Poner al individuo a disposición del juez competente; 4) Adoptar las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección del afectado.

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– En caso de que el tribunal revocare la orden de detención o de prisión o mandare subsanar sus defectos, debe ordenar pasen los antecedentes al Ministerio Público para que éste deduzca querella en contra del autor del abuso, a menos que de los antecedentes apareciere que no existe motivo bastante para querellarse y el tribunal lo declare así en auto motivado. c) Respecto

del

Recurso

de

Amparo Económico

Pregunta Nº 447.- ¿Qué es el recurso de amparo económico? Respuesta: Acción mediante la cual cualquier persona puede denunciar ante la Corte de Apelaciones respectiva las infracciones al Art. 19 Nº 21 de la Constitución Política, esto es, la libertad de empresa y las normas que regulan la actividad empresarial del Estado o de sus organismos. Pregunta Nº 448.- ¿Cuáles son los bienes jurídicos protegidos por el amparo económico? Respuesta: – La libertad de empresa (Art. 19 Nº 21 inciso 1). Toda persona tiene derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que regulen ésta. – La actividad empresarial del Estado (Art. 19 Nº 21 Inc. 2°. Consiste en que el Estado, para poder desarrollar actividades económicas requiere de una autorización, y ésta debe ser otorgada mediante una Ley de Quórum Calificado. Una vez lograda la autorización para desarrollar una actividad económica determinada, debe regirse en todo por las normas aplicables a los particulares. Pero en caso de establecerse excepciones al régimen común aplicable a los privados, se requiere existan motivos justificados en una Ley de Quórum Calificado. Pregunta Nº 449.- ¿Quién puede interponerlo? Respuesta: Cualquier persona, sea natural o jurídica, pública o privada. No necesita tener un interés particular o general comprometido, ya que se trata de una acción popular.


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Pregunta Nº 450.- ¿Cuál es el sujeto pasivo de la acción? Respuesta: El autor de la infracción puede ser un particular o también uno de los órganos de la administración del Estado, conocido o desconocido, situación que le corresponde determinar a la Corte de Apelaciones respectiva. Pregunta Nº 451.- Interposición del recurso. Respuesta: Será interpuesto ante la Corte de Apelaciones que ejerce jurisdicción donde se materializó la infracción, no obstante dicha infracción haya tenido o vaya tener efectos en varios lugares. Y debe ser interpuesto dentro del plazo de 6 meses desde que se hubiera cometido la infracción. Pregunta Nº 452.- ¿Cuál es la finalidad del recurso? Respuesta: Proteger de aquellas conductas que entraban o conculcan el derecho a desarrollar una actividad económica lícita. Por consiguiente, para que prospere el recurso debe tratarse de una infracción, la que puede consistir en una acción u omisión, en privar, perturbar o amenazar. Pero dicha infracción debe traducirse en hechos reales, efectivos y determinados que afecten la libertad empresarial o las restricciones que tiene el Estado para desarrollar una actividad económica. Pregunta Nº 453.- Tramitación de este recurso. Respuesta: En general se sigue igual procedimiento que en el caso del recurso de protección.

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TEMA VI LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN (Art. 39 a 45 C.P.R.)

CAPÍTULO I Generalidades Pregunta Nº 454.- ¿Dónde se encuentran regulados? Respuesta: En el último párrafo del Capítulo IV de la Constitución que lleva por título “Estados de excepción constitucional”, artículos 39 a 45. También los regula la Ley Nº 18.415 (14-6-1985), Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, modificada por la Ley Nº 18.906 (24-1-1990). Pregunta Nº 455.- ¿Cuáles estados de excepción constitucional contempla la Carta Fundamental? Respuesta: 1) El Estado de Asamblea: caso de una guerra externa, no importando que ella esté o no declarada. Lo declara el Presidente de la República con acuerdo del Congreso Nacional. 2) El Estado de Sitio: a) Caso de guerra externa; b) Caso de guerra interna o conmoción interior; o sea, una lucha violenta de sectores de la comunidad que se enfrentan por alcanzar el poder, o cuando el gobierno debe enfrentar a fuerzas rebeldes militarmente organizadas. Lo declara el Presidente de la República con acuerdo del Congreso Nacional.

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3) El Estado de Emergencia: Casos aislados, pero graves, de alteración al orden público o daño o peligro de daño para la Seguridad Nacional por causas internas o externas. Lo declara el Presidente de la República. 4) El Estado de Catástrofe: Caso de calamidad pública; vale decir, la originada por desastres naturales. Lo declara el Presidente de la República. Pregunta Nº 456.- Señale norma constitucionales generales para los cuatro Estados de Excepción. Respuesta: 1) Las declaraciones de cada uno de estos Estados deben señalar las zonas afectadas. 2) Las medidas adoptadas durante dichos Estados de Excepción no pueden bajo ninguna circunstancia prolongarse más allá de la vigencia de los mismos. 3) A los tribunales de justicia les está impedido calificar los fundamentos ni las circunstancia de hecho invocados por las autoridades para decretar los Estados de Excepción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39. No obstante lo anterior, respecto de las medidas particulares que afecten derechos constitucionales, siempre existirá la garantía de recurrir ante las autoridades judiciales mediante los recursos que corresponda. 4) Las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones en conformidad a la ley. También habrá lugar a indemnización respecto de las limitaciones que se impongan al derecho de propiedad cuando signifiquen privación de alguno de sus atributos o facultades esenciales y con ello se cause daño.

CAPÍTULO II Estado

de

Asamblea

Pregunta Nº 457.- Refiérase al pronunciamiento del Congreso Nacional cuando el Presidente de la República somete a su consideración la declaración de Estado de Asamblea.


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Respuesta: El Congreso, dentro del plazo de 5 días, contado desde la fecha en que el Primer Mandatario somete la declaración de Estado de Asamblea a su consideración, debe aceptar o rechazar ésta, no pudiendo introducirle modificación alguna. De no pronunciarse dentro de tal plazo, debe entenderse que aprueba lo propuesto. En todo caso mientras el Congreso delibera, el Presidente de la República está facultado para aplicar el Estado de Asamblea de inmediato, lo que puede ser revisado por los tribunales de justicia, sin que sea aplicable, mientras tanto, lo señalado en los artículos 45 y 40 inciso 3º de la Constitución Política. Pregunta Nº 458.- ¿Cuál es la vigencia del Estado de Asamblea? Respuesta: La mantiene durante el tiempo que se extienda la situación de guerra externa, excepto en el caso de que el Presidente de la República dispusiere suspenderlo antes. Pregunta Nº 459.- ¿De qué facultades dispone el Presidente de la República durante la vigencia del Estado de Asamblea? Respuesta: Puede: 1.- Suspender o restringir la libertad personal, el derecho de reunión y la libertad de trabajo. 2.- Restringir el ejercicio del derecho de asociación. 3.- Interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones. 4.- Disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.

CAPÍTULO III estado de sitio

Pregunta Nº 460.- Refiérase a la aceptación o rechazo por el Congreso declarado por el Presidente de la República.

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Respuesta: Dentro del plazo de cinco (5) días, que se cuenta desde la fecha en que el Primer Mandatario someta tal declaración a su consideración, el Congreso debe pronunciarse en el sentido de aceptar o rechazar la misma, estándole vedado introducir alguna modificación. Si no se pronuncia dentro de dicho plazo, se entiende aprobada la proposición del Presidente de la República, aunque éste puede aplicar el Estado de Sitio de inmediato (sólo con el efecto de restringir el ejercicio del derecho de reunión) mientras el Congreso decide aceptarla o rechazarla. Al igual como en el caso del Estado de Asamblea, las medidas que pueda adoptar el Primer Mandatario, mientras el Congreso se pronuncia, pueden ser revisadas por los tribunales de justicia, sin que sea aplicable, entretanto, lo señalado en el artículo 45 (artículo 40 inciso 3). Pregunta Nº 461.- ¿Cuál es el plazo por el que puede hacerse la declaración de Estado de Sitio? Respuesta: Quince (15) días, sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda solicitar prórroga del mismo, la cual procederá sólo cuando a la expiración del plazo todavía subsistan las situaciones de guerra interna o de conmoción interior, y el Congreso apruebe la propuesta por el Primer Mandatario. Pregunta Nº 462.- ¿Cuáles son los efectos jurídicos del Estado de Sitio? Respuesta: El Presidente de la República puede: 1) Restringir la libertad de locomoción. 2) Arrestar a las personas en sus propias casas o en ligares determinados por la ley que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. 3) Suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión.


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CAPÍTULO III Estado

de

Emergencia

Pregunta Nº 463.- ¿Cuál es su duración? Respuesta: No más de quince (15) días, pudiendo el Presidente de la República prorrogarlo por igual período. Si se tratare de sucesivas prórrogas, será necesario el acuerdo del Congreso Nacional, quien se pronunciará dentro de cinco días contado desde que el Presidente lo someta a su aprobación, aceptándolo o no y sin que pueda introducirle modificaciones. Si el Congreso no se pronuncia dentro de tal plazo, se entiende aprobada la proposición del Primer Mandatario. Pregunta Nº 464.- ¿Qué está facultado a hacer el Presidente de la República mientras dure el estado de emergencia? Respuesta: 1) Puede restringir las libertades de locomoción y de reunión. 2) Está obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas que adopte en razón del Estado de Emergencia. 3) Designa al Jefe de la Defensa Nacional en las zonas respectivas, quien asumirá la dirección y súper vigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale.

CAPÍTULO V Estado

de

Catástrofe

Pregunta Nº 465.- ¿Cuál es el plazo de duración? Respuesta: Hasta un (1) año, sin embargo el Presidente podrá declara el Estado de Catástrofe por más de un año, pero con acuerdo del Congreso Nacional, acuerdo que se tramitará dentro del plazo de 5 días contado desde que el Primer Mandatario somete la declaración de tal Estado al Congreso, quien debe-

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rá aceptar o rechazar la proposición, sin que pueda introducirle modificación alguna. Pregunta Nº 466.- ¿Cuáles son las facultades y obligaciones del Presidente de la República durante el Estado de Catástrofe? Respuesta: – Facultades: 1.- Puede restringir las facultades de locomoción y de reunión. 2.- Puede ordenar requisiciones de bienes. 3.- Puede establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad. 4.- Puede adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad la zona afectada. – Obligación: Informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas durante el Estado de Excepción.


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TEMA VII GOBIERNO

CAPÍTULO I Conceptos Generales Pregunta Nº 467.- ¿Qué se entiende por Gobierno? Respuesta: Conducción política general o ejercicio del poder del Estado. En sentido estricto, habitualmente se entiende por tal al órgano (que puede estar formado por un Presidente o Primer Ministro y un número variable de Ministros) al que la Constitución o la norma fundamental de un Estado atribuye la función o poder ejecutivo, y que ejerce el poder político sobre una sociedad. En términos amplios, el gobierno es aquella estructura que ejerce las diversas actividades estatales, denominadas comúnmente poderes del Estado (funciones del Estado). El gobierno, en sentido propio, tiende a identificase con la actividad política. Pregunta Nº 468.- ¿Es lo mismo Gobierno que Estado? Respuesta: No es lo mismo que el Estado. Se encuentra vinculado a éste por el elemento poder. El gobierno pasa, cambia y se transforma, mientras que el Estado permanece idéntico. En ese sentido, el gobierno es el conjunto de los órganos directores de un Estado a través del cual se expresa el poder estatal, por medio del orden jurídico. Puede ser analizado desde tres puntos de vista: según sus actores, como un conjunto de funciones, o por sus instituciones.

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Pregunta Nº 469.- Formas de gobierno democrático. Respuesta: Presidencialista, parlamentario, presidencial y semipresidencial. – Gobierno presidencialista: Este régimen posee las características del gobierno presidencial, pero acentuando el rol del Ejecutivo. Este tipo de gobierno que se da en países de América Latina, llamado también de cesarismo representativo, se caracteriza por un Ejecutivo fuerte con amplias atribuciones, mayores que los otros dos poderes del Estado. Los presidentes latinoamericanos disponen a menudo de atribuciones co-legislativas junto con el Congreso o Parlamento, tales como: iniciativa de ley, convocatoria a legislatura extraordinaria, declaración de urgencia en la tramitación de los proyectos de ley, participación en el debate parlamentario de la ley a través de los ministros de Estado, veto parcial, etc. A pesar de las facultades amplias del Jefe de Estado, su poder no es ilimitado ni arbitrario, ya que está normado por una Carta Fundamental o Constitución preestablecida, que respeta las instituciones y garantiza las libertades públicas. Su autoridad proviene de una elección popular competitiva, de tal modo debe responder políticamente al país y sus electores. – Gobierno parlamentario: Este tipo de régimen democrático es un gobierno representativo de separación flexible o colaboración de poderes, ya que tanto el Parlamento como el Gabinete Ministerial colaboran en la gestión de gobierno, pudiendo el Parlamento destituir a uno de los ministros con “voto de censura” o “denegación de confianza”, como el Ejecutivo (el Gabinete) solicitar al Jefe de Estado la disolución de una de las cámaras o el órgano legislativo completo. Existe un Jefe de Estado (Rey o Presidente de la República) que carece de facultades decisorias en el proceso político, pero cumple un importante papel simbólico como factor de integración nacional, como por ejemplo el rey Juan Carlos en España o la reina Isabel II en Inglaterra. El Poder Ejecutivo es un órgano colegiado, constituido por un Gabinete Ministerial presidido por un Primer Ministro o Jefe de


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Gabinete, que cuenta con la confianza de la mayoría del Parlamento y responde políticamente ante éste. Los Parlamentarios pueden ser al mismo tiempo ministros de Estado. Según quién sea el Jefe de Estado se distinguen regímenes parlamentarios monárquicos y republicanos: a) Gobierno parlamentario monárquico: Este sistema se caracteriza porque es un Rey o Príncipe el Jefe de Estado, y su permanencia en el cargo está determinada a partir de las normas de sucesión al trono. Ejemplo clásico: Reino Unido; b) Gobierno parlamentario republicano: El Jefe de Estado es un ciudadano que pasa a ser Presidente de la República mediante una elección realizada en el Parlamento, por un período determinado de tiempo. Ejemplos: Italia, Grecia, etc. Los sistemas de gobierno parlamentario pueden clasificarse también de acuerdo a la existencia o no de mecanismos jurídicos que regulen la relación entre los poderes, distinguiéndose los clásicos donde prácticamente no hay una regulación jurídica entre el Ejecutivo y el Legislativo (Inglaterra) y los racionalizados (Grecia, España), donde sí se encuentra una normativa ya sea en la Constitución y/o las leyes, en materia de relación de poderes, sus restricciones, etc. – Gobierno presidencial: Este tipo de gobierno democrático supone que la misma persona es a la vez Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. El Poder Ejecutivo de tipo monista lo encabeza el Presidente de la República quien es Jefe de Estado, representando los intereses permanentes del Estado y Jefe de Gobierno, dirigiendo la política gubernamental con el respaldo de los ciudadanos-electores, quienes lo han elegido a través del sufragio popular. Teóricamente, este sistema se caracteriza por la existencia de una separación rígida de poderes. Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo son elegidos por el pueblo en elecciones periódicas, respondiendo políticamente ante el electorado. Ambos órganos políticos mantienen un cierto equilibrio ya que el Presidente de la República no puede disolver al Parlamento que lo fiscaliza ni el Parlamento puede

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hacer dimitir al Presidente, quien debe ejercer su cargo según el mandato popular. Los eventuales abusos de poder de alguno de los órganos del Estado son eliminados por el control del Poder Judicial u otros organismos que velan por el respeto de la Constitución y las leyes. El Presidente de la República nombra a los ministros de Estado formando el Gabinete Ministerial, siendo colaboradores de la confianza exclusiva de la máxima autoridad de gobierno. Los ministros están imposibilitados para ejercer como parlamentarios al mismo tiempo. El régimen presidencialista de gobierno fue establecido por primera vez en la Constitución norteamericana de 1787, donde se establecen las instituciones de Presidente de la República, Congreso y Poder Judicial. – Gobierno semipresidencial: Esta forma de Gobierno democrática es una modalidad del siglo XX. Ejemplos: Francia, Portugal, Austria, etc. Este sistema se caracteriza porque existe un Ejecutivo dualista, integrado por el Presidente de la República, quien se elige mediante sufragio universal, y por un Gobierno que sólo puede desarrollar sus funciones si el Parlamento no se opone a él. El Presidente de la República dispone de facultades políticas que puede ejercer sin el acuerdo del Gobierno, estando facultado para remover de sus funciones al Jefe de Gobierno o disolver el Parlamento, vetar las leyes o reformas constitucionales, convocar a un referéndum o plebiscito, iniciativas de ley, etc. El Presidente, aparte de sus atribuciones como regulador del sistema político, ejerce en forma autónoma las materias de Fuerzas Armadas, Justicia y Relaciones Exteriores. El Gobierno está integrado por el Jefe de Gobierno y los ministros de Estado, quienes para mantenerse en sus funciones deben contar con la confianza principalmente del Parlamento. Es esta institución la que se encarga de dirigir la política contingente, asumiendo la responsabilidad política ante la ciudadanía.


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CAPÍTULO II Presidente de la República (Art. 24 y Ss., C.P.R.) Pregunta Nº 470.- ¿Cuáles son los requisitos para ser elegido Presidente de la República? Respuesta: 1) Tener la nacionalidad chilena (artículo 10 Nºs 1º o 2º y artículo 13 inciso 3º). Fuentes originarias; jus soli y jus sanguini. 2) Tener treinta y cinco años de edad cumplidos (no se establece un máximo de edad). 3) Poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. a) Respecto

de la duración del mandato

Pregunta Nº 471.- ¿Cuánto dura el mandato presidencial? Respuesta: 4 años, no pudiendo ser reelecto por el período siguiente. En todo caso la Constitución no exige que medie exactamente otro período de 4 años entre una y otra elección, sino que basta se haya iniciado un nuevo período presidencial aunque éste sea interrumpido antes de los 4 años. Lo que se persigue, entonces, es que al Presidente no le sea posible el presidir su propia elección. b) Respecto

de la elección

Pregunta Nº 472.- ¿Qué significa que el Presidente debe ser elegido en votación directa? Respuesta: El ciudadano que sufrague debe hacerlo en forma inmediata por aquel candidato que desee ocupe el cargo de Presidente de la República. Pregunta Nº 473.- La elección. Breve reseña. Respuesta: De acuerdo a la reforma del año 2005, la elección se

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realizará conjuntamente con la de parlamentarios, en la forma que determine la Ley Orgánica Constitucional respectiva, 90 días antes de aquel en que deberá cesar en el cargo el que esté en funciones. Según el artículo 26 inciso 1º, el Presidente de la República será elegido por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos, en tanto los votos blanco y nulos serán considerados como no emitidos (artículo 26 inciso 3º). En caso de que a la elección se presenten más de dos candidatos a la Presidencia, no obteniendo ninguno de ellos más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, habrá una segunda votación en la que podrán participar aquellos candidatos que hubieren logrado las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo aquel de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios (lo normal es que en esta votación compitan dos candidatos). Pregunta Nº 474.- Segunda votación o “segunda vuelta”. Respuesta: Se realizará en caso de que en la primera ningún candidato logre mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, llevándose a la práctica el trigésimo día después de efectuada la primera, si ese día fuere domingo. Si no, ella se efectuará el domingo inmediatamente siguiente al referido trigésimo día. El proceso de calificación de la 2ª votación concluirá dentro de los 15 días siguientes a esta votación. El proceso con dos vueltas finaliza en el plazo máximo de 52 días (si el trigésimo día después de efectuada la primera votación correspondiera a un lunes), con la proclamación de Presidente de la República electo, vale decir, 52 días. Pregunta Nº 475.- Fallece uno o ambos candidatos. Procedimiento. Respuesta: 1.- El proceso electoral en desarrollo se interrumpe y cancela definitivamente, debiendo el Presidente de la República convocar a una nueva elección.


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2.- La elección debe llevarse a cabo dentro del plazo de 10 días contado desde la fecha del deceso. 3.- La elección se celebrará 90 días después de la convocatoria si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. Pregunta Nº 476.- ¿A quién corresponde la proclamación oficial del Presidente de la República? Respuesta: Al Tribunal Calificador de Elecciones. Explicación: – El proceso de calificación de la elección presidencial deberá quedar concluido dentro de los 15 días siguientes tratándose de la 1ª votación o dentro de los 30 días siguientes tratándose de la 2ª votación. El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de inmediato al Presidente del Senado, la proclamación del Presidente electo. – El Congreso pleno, reunido en sesión pública el día en que deba cesar en su cargo el Presidente en funciones y con los miembros que asistan, tomará conocimiento de la resolución en virtud de la cual el Tribunal Calificador de Elecciones proclama al Presidente electo. – En esta sesión, el Presidente del Senado tomará juramento (se invoca a Dios) o promesa de desempeñar fielmente el cargo, conservar la independencia de la Nación, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, después de lo cual el ciudadano electo Presidente de la República asume tal cargo. (Ver Art. 27 C.P.R.).

CAPÍTULO II Subrogación

o reemplazo del la República

Presidente

de

Pregunta Nº 477.- ¿Cuándo se produce la subrogación del Presidente? Respuesta: Cuando está en el ejercicio del poder y tiene un impedimento temporal, siendo subrogado por el Ministro que corresponda de acuerdo con el orden de precedencia que establez-

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ca la ley (Ministro del interior, relaciones exteriores, economía, hacienda, etc.), quien toma el nombre de Vicepresidente de la República. a) Respecto de la subrogación del Presidente Electo Pregunta Nº 478.- Los impedimentos que pueden dar origen a la subrogación son de carácter temporal o absolutos. ¿Cuál es la diferencia? Respuesta: – Si fuera temporal debe asumir el cargo, mientras tanto, el Presidente del Senado con el título de Vicepresidente de la República. En caso de faltar éste asume el Presidente de la Cámara de Diputados, y a falta de éste el Presidente de la Corte Suprema. – Si fuera absoluto (o durare indefinidamente), los llamados a subrogarlo son los mismos que para el caso de impedimento temporal y en igual orden de precedencia, debiendo procederse al reemplazo del Presidente Electo mediante una nueva elección. b) Respecto de la subrogación del Presidente en ejercicio Pregunta Nº 479.- ¿Cuáles son los impedimentos temporales que impiden ejercer el cargo de Presidente? Respuesta: Los enumera el artículo 29 de la Constitución Política de la República: 1.- Enfermedad. 2.- Ausentarse del territorio de la República. De acuerdo a lo expresado en el artículo 53 Nº 6, corresponde al Senado, en atribución exclusiva, otorgar su acuerdo para que el Primer Mandatario pueda ausentarse del país por más de 30 días o en los últimos 90 de su período. El Presidente puede ausentarse del país, comunicando al Senado su decisión y los motivos que la justifican (artículo 25 inciso 4º). 3.- Otro “grave motivo” que le impida ejercerlo.


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Pregunta Nº 480.- La Cámara de Diputados acepta una acusación constitucional en contra del Presidente de la República. ¿Procede suspenderlo del cargo? Respuesta: En opinión del constitucionalista don Alejandro Silva Bascuñán, tal acusación no produce la suspensión en el cargo, pero puede constituirse en un “grave motivo” que obligue al Presidente a esperar el término del proceso político y alejarse, entretanto, de sus tareas. Pregunta Nº 481.- ¿Cuáles son las autoridades que deben subrogar al Presidente producida alguna de las causales o impedimentos temporales? Respuesta: 1.- El ministro titular a quien favorezca el orden de precedencia que señala la ley. Es el mismo Presidente de la República quien puede mediante decreto de nombramiento señalar a cualquiera de sus Ministros para que ocupe el primer lugar del orden de precedencia, sin que se altere el orden de los demás Ministros. Si falta el Ministro, subroga el Ministro Titular que siga en el orden de precedencia (D.F.L Nº 5.802 de fecha 24-X1942 y D.F.L Nº 3.612 de fecha 6-8-1930). 2.- Si faltaren todos los Ministros, subrogarán, sucesivamente: a) El Presidente del Senado; b) El Presidente de la Cámara de Diputados; y c) El Presidente de la Corte Suprema. Pregunta Nº 482.- ¿Cuáles son las autoridades llamadas a subrogar en caso de existir impedimento absoluto para ejercer el cargo de Presidente? Respuesta: Los impedimentos absolutos tienen el carácter de definitivos, provocando la vacancia del cargo. Es el Senado, en esta situación, a quien corresponde declarar la inhabilidad del Primer Mandatario al ser afectado por un impedimento físico o mental en el ejercicio de sus funciones. Las autoridades son las mismas y en igual orden al que eran llamadas en el caso de impedimentos temporales.

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Pregunta Nº 483.- Vacancia del cargo de Presidente de la República. Breve reseña. Respuesta: a) Si faltan menos de 2 años para la próxima elección presidencial y hay vacancia, será el Congreso Pleno (mayoría absoluta de senadores y diputados en ejercicio) quien elija Presidente, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la vacancia y quien resulte elegido asumirá su cargo dentro de los 30 días siguientes (artículo 29 inciso 3º). b) Si faltan 2 años o más para la próxima elección presidencial y hay vacancia, será el Vicepresidente quien, dentro de los 10 primeros días de su mandato, convoque a la ciudadanía a elección presidencial para 60 días después de la convocatoria; y quien resulte elegido asumirá su cargo el décimo día después de su proclamación (Ver Art. 29 inciso 4).

CAPÍTULO III Atribuciones

del

Presidente

de la

República

Pregunta Nº 484.- ¿Qué se entiende por atribuciones del Presidente? Respuesta: Representan las facultades del Presidente de la República para el ejercicio de sus funciones de jefe de Estado, de Gobierno y de la administración pública. Pregunta Nº 485.- ¿Cómo se clasifican las atribuciones presidenciales? Respuesta: Pueden clasificarse en generales y especiales. También se clasifican en: gubernativas, administrativas, legislativas, y judiciales. Pregunta Nº 486.- Atribuciones generales y especiales. Breve referencia. Respuesta: – Atribuciones generales: Tienen su origen en el artículo 24 incisos 1º y 2º. Radicado en el Primer Mandatario la


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jefatura del Estado, a él le corresponde representarlo, además de su gobierno y administración, de acuerdo con la Carta Fundamental y las leyes. – Atribuciones especiales: Su fuente principal la encontramos en el artículo 32, y en otras disposiciones legales (Ejemplo: artículo 19 Nº 24 inciso 9º). Pregunta Nº 487.- ¿Qué son las atribuciones gubernativas? Respuesta: Sin las referidas a la conducción política del Estado, a su seguridad exterior y al orden interno, de un modo inmediato y directo. Pregunta Nº 488.- ¿Cuáles son las atribuciones del Presidente de la República en materia de relaciones internacionales? Respuesta: 1) Como Jefe del Estado, representarlo en el orden interno y externo. Así, deben presentar sus credenciales los Jefes de las misiones diplomáticas de otros Estados acreditados en nuestro país. (Ver artículo 24 inciso 1º). 2) Como Jefe de Gobierno debe conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales (reconocimiento de nuevos Estados, nuevos Gobiernos, suspende o rompe relaciones diplomáticas con otros gobiernos, etc.). (Ver artículo 32 Nº 15). 3) Designar libremente a los embajadores, ministros diplomáticos representantes ante organismos internacionales, quienes se mantienen en su cargos mientras cuenten con su confianza. (Ver artículo 32 Nº 8). 4) Intervenir en la elaboración de los Tratados Internacionales. (Ver artículos 32 Nº 15 y 54 Nº 1). 5) Declarar la guerra, previa autorización por ley, debiendo dejar constancia de haber oído al Consejo de Seguridad Nacional. (Ver artículo 32 Nº 19º en relación con el artículo 63 Nº 15).

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Pregunta Nº 489.- ¿Qué disposiciones constitucionales regulan los Estados de Excepción Constitucional? Respuesta: Se encuentran regulados en los artículos Nºs 39 a 45 de la Carta Fundamental. Pregunta Nº 490.- ¿En qué consiste el Decreto Constitucional de Emergencia Económica? Respuesta: Es aquel por el cual el Presidente de la República, con la firma de todos su Ministros, decreta pagos no autorizados por ley, dentro de los límites y causales contempladas en el ar tículo 32 Nº 20 de la Constitución Política. Así es como el Primer Mandatario, frente a una situación económica difícil, puede emitir uno de estos decretos, ordenando gastos no autorizados por la Ley General de Presupuestos, no pudiendo exceder el límite contable establecido en la Carta Fundamental, y siempre que se cumplan las situaciones fácticas que la propia Constitución señala expresamente. Pregunta Nº 491.- ¿Cuáles son los requisitos de validez del Decreto de Emergencia Económica? Respuesta: 1) Debe llevar la firma del Presidente y de todos los Ministros. 2) Debe dictarse solo en virtud de las siguientes circunstancias justificantes: a) Necesidad imperiosa derivada de calamidad pública. b) Ataque extranjero. d) Conmoción interior. e) Seguridad nacional. f) Agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios públicos que no pueden paralizarse sin grave daño para el país. 3) Gastos ordenados por el Decreto Supremo no pueden exceder anualmente del 2% del monto total de gastos autorizados por la Ley General de Presupuestos.


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Pregunta Nº 492.- El Presidente y el Contralor acuerdan dictar un Decreto de Emergencia Económica que exceda del 2% del Gasto. Consecuencias. Respuesta: Incurren en responsabilidad criminal por el delito de malversación de fondos públicos, siendo, además, solidariamente responsables de los perjuicios que causen al Estado. Pregunta Nº 493.- ¿Qué responsabilidades tienen aquellos Ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que no se encuadren en las disposiciones constitucionales establecidas? Respuesta: De acuerdo a lo señalado en el artículo 32 Nº 20 serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro, y culpables del delito de malversación de caudales públicos. Esta responsabilidad civil y penal es sin perjuicio de la que pudiere ejercerse en juicio político, respecto de los Ministros o funcionarios. Pregunta Nº 494.- ¿Cuál es la naturaleza jurídica del decreto constitucional de emergencia económica? Respuesta: Al analizar los artículos 32 Nº 20º, 63 Nº 2 y 100 de la Carta Fundamental, debe concluirse que esta clase de decreto regula una materia de ley habilitado por la Constitución en un estado de necesidad y urgencia, por lo que jurídicamente sería un Decreto con Fuerza de Ley. Pregunta Nº 495.- ¿Qué se entiende por plebiscito? Respuesta: Según la RAE, consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre soberanía, ciudadanía, poderes excepcionales.

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Pregunta Nº 496.- ¿En qué casos el Presidente puede convocar a plebiscito? Respuesta: 1.- Si rechazare totalmente un proyecto de reforma constitucional aprobado por el Congreso y éste insistiere en su totalidad (2/3 de los miembros en ejercicio de cada Cámara). En caso de no convocarlo, el Presidente debe promulgar el proyecto insistido. 2.- Si observare parcialmente el proyecto de reforma, y las Cámaras no aprueben todas o algunas de sus observaciones y ambas Cámaras insistieren por los 2/3 de sus miembros en ejercicio, en aquella parte del proyecto aprobado por ellas. En caso de no convocar a plebiscito, el Presidente debe promulgar el proyecto. Pregunta Nº 497.- ¿Cuáles son las atribuciones de carácter militar del Presidente de la República? Respuesta: 1) Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional. 2) Designar a los Comandantes en jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros, en conformidad al artículo 104. 3) Disponer los nombramientos, ascensos y retiro de los oficiales de la Fuerzas Armadas y de Carabineros, en la forma señalada por el artículo 94. 4) Asumir en caso de guerra la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. (Ver artículos 32 Nº s 17º, 16º y 18º).

CAPÍTULO IV Potestad Reglamentaria

del

Presidente

de la

República

Pregunta Nº 498.- ¿Qué se entiende por potestad reglamentaria del Presidente? Respuesta: Concepto 1: Facultad de que dispone para dictar reglamentos, decretos e instrucciones destinados al mejor cum-


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plimiento de las labores de gobierno y administración del Estado y para la ejecución de las leyes. Concepto 2: Facultad que tiene el Presidente de la República y otras autoridades administrativas para dictar normas jurídicas con contenido general que tienden a dar cumplimiento a la Constitución y a las leyes. Concepto 3: Atribución especial del Presidente de la República para dictar, unilateralmente, normas jurídicas generales o especiales destinadas al gobierno y administración del Estado o a la ejecución de las leyes (Profesor J. L. Cea Egaña). Concepto 4: Facultad especial de que goza el Presidente de la República para dictar unilateralmente normas jurídicas generales o especiales (reglamentos, decretos e instrucciones) destinadas al gobierno y administración del Estado, cuando ellas no hayan sido entregadas por la Carta Fundamental al dominio del legislador, o bien con el objeto de reglamentar la aplicación o ejecución de las leyes. (Ver Art. 32 Nº 6). Pregunta Nº 499.- ¿Qué es un reglamento? Respuesta: Reglamento o decreto reglamentario es aquel que contiene normas generales destinadas a gobernar y administrar el Estado y a la ejecución de las leyes. Pregunta Nº 500.- El Reglamento y sus características. Breve referencia. Respuesta: Las normas jurídicas que crea el reglamento tienen las siguientes características: generales, obligatorias y permanentes, pues no se agotan en un único momento como los actos particulares, sino que sus efectos se prolongan mientras otro reglamento no los modifique o derogue. El reglamento se encuentra subordinado a la ley y a la Constitución, vale decir, es una norma subalterna, inferior y complementaria de la ley. Dicha sumisión a la ley es absoluta por estas razones: a) No puede regular materias propias de ley; b) No puede dejar sin efecto ni contradecir preceptos legales; c) No puede suplir a la ley donde ella sea necesaria para producir un determinado efecto o regular un determinado contenido.

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Pregunta Nº 501.- ¿Cómo se clasifica la potestad reglamentaria? Respuesta: Se clasifica en autónoma y de ejecución. – La autónoma se ejerce en materias que no son propias del dominio legal, ni están entregadas por la Carta Fundamental a otros órganos. Fue incorporada por la Constitución Política de 1980. De ella derivan los reglamentos autónomos (regulan materias fuera del campo de aplicación de la ley). – La de ejecución se ejerce para aplicar la ley. De ella derivan los reglamentos de ejecución (los que se dictan para el cumplimiento y aplicación de las leyes). Pregunta Nº 502.- Consecuencias de la consagración de la Potestad Reglamentaria Autónoma en la Constitución de 1980. Respuesta: a) Se amplió la potestad reglamentaria del Presidente de la República mediante la incorporación de la potestad reglamentaria autónoma, la que hace posible intervenir al Primer Mandatario en todas aquellas materias que no sean propias de ley. b) La Constitución de 1980 le asigna a su artículo 60 el carácter de dominio legal máximo; significando que sólo pueden ser materia de ley aquellas enumeradas en los 20 números de dicha disposición. De esta manera, se convierte la potestad reglamentaria del Presidente en verdadera norma de clausura en nuestro ordenamiento jurídico. Pregunta Nº 503.- ¿De qué forma se manifiesta la Potestad Reglamentaria del Presidente de la República? Respuesta: Mediante el Decreto Supremo y las Instrucciones. Pregunta Nº 504.- ¿Qué es un Decreto Supremo? Respuesta: Orden escrita del Presidente de la República que dictada dentro del ámbito de su competencia, con la firma de uno o


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más Ministros de Estado y sujeto a una tramitación especial, tiene por objeto llevar a cabo la función de gobernar y administrar el Estado, como también la ejecución de las leyes. Pregunta Nº 505.- ¿Cuáles son los requisitos de forma y fondo que debe cumplir el Decreto Supremo? Respuesta: - Requisitos de forma: 1) Debe otorgarse por escrito. 2) Debe estar fechado (día, mes y año de su expedición). 3) No debe contener alteraciones o enmiendas. 4) Debe contener la firma del Presidente de la República o de uno o más Ministros de Estado, “por orden del Presidente”. Éste puede delegar su firma al ministro respectivo. Requisitos de fondo: Desde el punto de vista del contenido normativo debe enmarcarse dentro de la Constitución y la ley. Pregunta Nº 506.- ¿Qué decretos deben llevar, además de la firma del Presidente, la de todos los Ministros? Respuesta: Los decretos de emergencia económica y de insistencia. Pregunta Nº 507.- Señale la principal clasificación de los Decretos Supremos. Respuesta: Decreto reglamentario y Decreto simple. También se los clasifica en Decreto político y Decreto administrativo. – Decreto Supremo reglamentario (o reglamento) es aquel que contiene normas generales destinadas a gobernar y administrar el Estado y a la ejecución de las leyes. Ejemplos: nombramiento de funcionario, ordenar la construcción de una escuela en determinado lugar, etc. – Decreto Supremo simple es el que dispone de un modo específico o particular sobre el gobierno y administración del Estado y la ejecución de las leyes. Contiene normas particulares, o sea, normas que se refieren a una o más personas individualizada-

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mente, o bien, a una situación muy concreta y determinada. Por esto mismo, es de su propia naturaleza que tras su aplicación agote todos sus efectos normativos. – Decreto Supremo político, es el que dice relación con el gobierno del Estado. Ejemplos: decretar estados de excepción, convocar a plebiscito, decretos promulgatorios de las leyes, etc. – Decreto Supremo administrativo, es el que persigue obtener una correcta y expedita administración del Estado. Ejemplo: nombramiento de empleados públicos. Pregunta Nº 508.- Tramitación de los decretos supremos. Breve referencia. Respuesta: 1.- Anotación y firma: se le coloca fecha y número correlativo al decreto dentro del Ministerio de origen, a objeto de individualizarlo. 2.- Toma de razón: Control preventivo de la Contraloría, mediante el cual examina la constitucionalidad y legalidad del decreto. En caso de ajustarse a dicha normativa en la forma y fondo, el Contralor toma razón, dejándose constancia en el mismo decreto, mediante un timbre, firma del contralor y sub contralor, y fecha (Ver artículo 10 de la Ley Nº 10.336, modificado por la Ley Nº 19.817 del 26-7-2002). (* El trámite más importante). También la Contraloría puede eximirlo del trámite de toma de razón a decretos que se hubieren dictado con la fórmula “por orden del Presidente de la República”, y aquellas resoluciones que se refieran, a juicio del Contralor, a materias no esenciales. Igualmente la Contraloría puede dar curso al decreto tomando razón de él, pero “con alcance”, del modo que indique el oficio donde se comunique dicha situación. Si la Contraloría nota errores de forma y de hecho “observa” el decreto, procediendo a su devolución a fin de que sea corregido el error. Si considera que el decreto quebranta normas constitucionales o legales, lo “representa”, devolviéndolo al respectivo Ministerio, indicando los fundamentos que ha tenido para ello.


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Frente a esta representación por ilegalidad, el Presidente de la República puede hacer una de estas tres cosas: – Aceptar la representación, archiva el decreto o lo modifica para de esta manera subsanar el defecto. – Objetarla, exponiendo los fundamentos y solicitando quede sin efecto y se tome razón del decreto. – Rechazarla, dictando un decreto de insistencia que va firmado por todos sus ministros, ordenando al Contralor tome razón del mismo, a lo que este último está obligado a hacerlo, debiendo remitir copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputados. El Primer Mandatario no puede dictar decreto de insistencia en caso de que la representación hecha por el Contralor tuviera lugar respecto de los siguientes decretos: a) Aquellos constitucionales de emergencia económica que excedan el límite de gastos señalado en la Constitución, debiendo remitir copia íntegra de los antecedentes a la Cámara de Diputados. b) Aquellos con fuerza de ley que excedan o contravengan la ley delegatoria, o sean contrarios a la Carta Fundamental. c) Aquellos promulgatorios de una ley o de una reforma constitucional por apartarse del texto aprobado. d) Aquellos decretos o resoluciones por ser contrarios a la Constitución. 3.- Refrendación: control de todos los decretos o resoluciones que ordenan gastos imputables a los ítems variables del presupuesto de la Nación o que se cargan a leyes o recursos especiales. En otras palabras es el acto por el cual la Contraloría verifica si el ítem variable del presupuesto o la ley especial a que se impute el gasto ordenado por el decreto, cuenta o no con fondos disponibles y suficientes. En caso de no existir fondos, queda suspendido el decreto. 4.- Registro: trámite que deben cumplir todos los decretos que afecten al personal de la administración del Estado, como de sus bienes.

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5.- Comunicación: tramite por el cual se comunica a la Tesorería General de la República si se trata de compromisos para el Estado la que, a su vez, debe ponerlo en conocimiento de la comunal respectiva encargada del pago. 6.- Publicación: trámite que se hace en el Diario Oficial luego de haberse cumplido con toso el procedimiento. Pregunta Nº 509.- ¿Qué son las Instrucciones? Respuesta: Ordenes escritas emanadas del Presidente de la República, firmadas por uno o más ministros de Estado, tendientes a instruir y orientar a los empleados públicos sobre cómo deben aplicase las leyes. Pregunta Nº 510.- ¿Qué características presentan las Instrucciones? Respuesta: 1.- Son propias de la administración. 2.- No están sujetas al trámite de “toma de razón” por al Contraloría. 3.- Deben ajustarse a la Constitución y la ley. 4.- Jerárquicamente se encuentran subordinadas al reglamento y al decreto.

CAPÍTULO V Nombramiento

y

Remoción

de

Funcionarios Públicos

Pregunta Nº 511.- El Presidente de la República puede remover cuando lo estime necesario a los embajadores y ministros de Estado. ¿Es correcta dicha afirmación? Respuesta: Sí, lo puede hacer a su voluntad, sin que intervenga ningún otro órgano, no necesitando expresar causa alguna o fundar su determinación. Y no sólo a ellos sino también a subsecretarios, intendentes, gobernadores y representantes ante organismos internacionales, entre otros, porque todos son de su


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confianza y podrán mantenerse en sus puestos mientras cuenten con ella. Pregunta Nº 512.- Nombramiento del Contralor General de la República. Respuesta: El Presidente lo designa con acuerdo del Senado adoptado por los 3/5 de sus integrantes en ejercicio, por un período de 8 años, no pudiendo ser designado para el período siguiente, cesando en el cargo al cumplir 75 años de edad.

CAPÍTULO VI Atribuciones Legislativas Pregunta Nº 513.- ¿Cómo se pueden clasificar estas atribuciones del Presidente de la República? Respuesta: Pueden clasificarse en atribuciones legislativas directas e indirectas. - Directas: aquellas que tiene en la formación misma de la norma legal. Ejemplos: derecho a veto; hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto; dictar decretos con fuerza de ley, con la autorización del Congreso. - Indirectas: aquellas relacionadas con el funcionamiento del Congreso Nacional. Ejemplo: pedir, indicando los motivos, se cite a sesión al Senado o a la Cámara de Diputados, sesión que deberá celebrarse a la brevedad posible.

CAPÍTULO VII Atribuciones Judiciales

o de

Gracia

a) Respecto de la Concesión de Jubilaciones, Retiros Montepíos con arreglo a las Leyes

y

Pregunta Nº 514.- ¿Por qué se les considera atribuciones judiciales?

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Respuesta: Porque es reconocido o establecido un derecho mediante Decreto Supremo, y luego de concedidos se incorporan al patrimonio del beneficiario, ni pudiendo este último ser privado de ellos. Pregunta Nº 515.- ¿Qué es la jubilación? Respuesta: Remuneración percibida por empleados o funcionarios luego de haber puesto término a sus labores o funciones, sea por motivo de edad, años de servicio o enfermedad, y que debería serles suficiente para subsistir con un mínimo de dignidad el resto de vida que les quede. Pregunta Nº 516.- ¿Qué se entiende por pensión de retiro? Respuesta: Derecho irrenunciable que adquiere el personal afecto al Sistema Previsional de las Fuerzas Armadas al cumplir 20 años o más de servicios efectivos con imposiciones en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA), a menos que acredite alguna inutilidad por accidente en acto determinado del servicio o enfermedad invalidante o profesional. Pregunta Nº 517.- ¿Qué es el montepío? Respuesta: Derecho provisional que se traduce en una determinada pensión que reciben los hijos o cónyuge de los funcionarios fallecidos. b) Respecto

de los indultos y su otorgamiento

Pregunta Nº 518.- ¿Qué es el indulto? Respuesta: El indulto (también conocido como perdón) es una causa de extinción de la responsabilidad penal, que supone el perdón de la pena. Es una situación diferente a la amnistía, que supone el perdón del delito, ya que por el indulto la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena. La gracia del indulto sólo remite o conmuta la pena, pero no quita al favorecido el carácter de condenado para los efectos de


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la reincidencia y nuevo delinquimiento y demás que determinan las leyes (Art. 93 Nº 4 Código Penal). Pregunta Nº 519.- ¿Cuándo procede el indulto? Respuesta: De acuerdo a lo señalado en el artículo 32 Nº 14º, solamente después que la sentencia condenatoria haya sido dictada y esté ejecutoriada. Pregunta Nº 520.- ¿De qué clases pueden ser los indultos? Respuesta: Generales y particulares. – Indultos generales: son aquellos que se aplican a un número indeterminado de personas, y son materia de ley (artículo 63 Nº 16º). – Indultos particulares: son aquellos que se aplican a uno o varios condenados, nominativamente individualizados (atribución del Presidente de la República). Pregunta Nº 521.- ¿En qué casos el Presidente de la República no puede otorgar indultos particulares? Respuesta: 1.- Respecto de los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados y condenados por el Senado, porque en este caso éstos únicamente pueden ser indultados por el Congreso. 2.- Respecto de aquellos condenados por delitos que una ley de quórum calificado haya determinado como conductas terroristas, excepto en la situación de conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo, y salvo lo dispuesto en la disposición séptima transitoria (delitos cometidos antes del 1 de marzo de 1990). (Ver artículos 32 Nº 14 y 9 inciso 3). c) Respecto

de la concesión de pensiones de gracia, con arreglo a la ley

Pregunta Nº 522.- ¿En qué consiste esta clase de pensiones? Respuesta: Beneficio gratuito cuya facultad recae en el Presidente de la República y que está dirigido a las siguientes personas:

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a) Quienes hubieren prestado servicios distinguidos o realizado actos especialmente meritorios en beneficio importante del país. b) Quienes se encuentren afectadas por accidente o catástrofe, respecto de las cuales existan circunstancias extraordinarias que justifiquen el otorgamiento y, c) Quienes se encuentren incapacitadas o con graves e insalvables dificultades para ejercer labores remuneradas, en razón de enfermedad, invalidez, vejez u otra causa debidamente justificada. Las solicitudes son estudiadas por la Comisión Especial Asesora del Presidente de la República en materia de Pensiones de Gracia, quien aprueba o rechaza las peticiones. Al ser aprobada la petición, se elabora y tramita un Decreto Supremo, a través el cual se otorga dicho beneficio. Pregunta Nº 523.- ¿Cuál es la documentación que debe ser presentada? Respuesta: 1) Carta dirigida al Presidente de la República, indicando nombre completo y dirección del postulante (comuna, región, teléfono). 2) Informe Social emitido por la Municipalidad respectiva. 3) Cédula nacional de identidad (fotocopia por ambos lados). 4) Certificados médicos, colillas de sueldos o pensiones de quienes corresponda y otros documentos que permitan acreditar y clarificar la situación socioeconómica del postulante y su grupo familiar. d) Respecto

Presidente y ex Presidente Territorio Nacional

de la salida del

de la

República

del

Pregunta Nº 524.- ¿Qué casos deben distinguirse? Respuesta: 1) De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 25 inciso 3 y 53 Nº 6, el Presidente no puede salir del país por más de 30 días ni en los últimos 90 de su mandato, necesitando para


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ello acuerdo del Senado; quien estudiará los motivos que la justifican. 2) De acuerdo a lo señalado en el artículo 25 incisos 3º y 4º, el Primer Mandatario puede salir libremente del territorio nacional hasta por 30 días, siempre que no sea dentro de los 90 días de su mandato, debiendo comunicar con la debida anticipación al Senado su decisión de ausentarse del país y las causas que la justifican. Pregunta Nº 525.- Arraigo de un ex Presidente de la República. Breve reseña. Respuesta: Según dispone el artículo 52, atribución segunda, letra a), el ex Presidente, durante los 6 meses siguientes a la expiración de su mandato, queda constitucionalmente arraigado al territorio nacional para los efectos de responder, eventualmente, en juicio político; necesitando del acuerdo de la Cámara de Diputados si quisiera ausentarse del país durante dicho lapso.

CAPÍTULO VIII Los Ministros

de

Estado

Pregunta Nº 526.- ¿Qué es un ministro de Estado? Respuesta: Los Ministros de Estado de Chile, según el artículo 33 inciso 2º de la Constitución, son los colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República en el Gobierno y administración del Estado, quien puede nombrarlos y removerlos libremente. Pregunta Nº 527.- ¿Cuáles son los requisitos para ser ministro? Respuesta: De acuerdo a lo señalado en la Ley Nº 18.834, artículo 11, Estatuto Administrativo, son los siguientes: 1) Ser chileno (fuente originaria o derivada). 2) Veintiún años de edad.

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3) Cumplir con los requisitos generales para el ingreso a la administración pública. Pregunta Nº 528.- ¿Cuál es la responsabilidad de estos ministros? Respuesta: Tienen la responsabilidad de la conducción de sus respectivos Ministerios, en conformidad con las políticas e instrucciones que el Presidente de la República imparta. Pueden concurrir a las sesiones de cualquier de las dos cámaras del Congreso Nacional para responder y tomar parte en sus debates, pero sin derecho a voto. Pregunta Nº 529.- ¿De qué clases puede ser la responsabilidad ministerial? Respuesta: Personal o solidaria; penal, civil y administrativa. Carecen de responsabilidad política. Pregunta Nº 530.- Ejemplo de responsabilidad penal y civil de un ministro. Respuesta: – Responsabilidad penal: responde por los delitos ministeriales, vale decir, aquellos cometidos mediante el ejercicio de sus funciones, como por ejemplo, los indicados en el artículo 52, atribución segunda, letra b), juicio político. – Responsabilidad civil: Artículo 32 Nº 20, caso de un decreto constitucional de emergencia económica que contravenga el límite del 2% del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos, responde personal y solidariamente de su reintegro. Pregunta Nº 531.- La Carta Fundamental no exige a los ministros cumplir ningún requisito para poder salir del territorio nacional. ¿Cuáles son las excepciones a esta regla? Respuesta: 1.- En el caso de que se hubiere interpuesto acusación constitucional en la Cámara de Diputados, pues, necesita


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el permiso de esta última para salir del país y por cualquier tiempo. 2.- Caso en que la acusación constitucional hubiere sido aprobada por la Cámara de Diputados. En esta situación no puede ausentarse del territorio nacional en caso alguno. Pregunta Nº 532.- ¿Qué son los Ministerios de Estado? Respuesta: Los Ministerios de Estado son los órganos superiores de colaboración del Presidente en las funciones de gobierno y administración en sus respectivos sectores, los cuales corresponden a los campos específicos de actividades en que deben ejercer dichas funciones (Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado Nº 18.575 de 1990). Pregunta Nº 533.- Organización de los ministerios. Breve reseña. Respuesta: En cada Ministerio existe una o más Subsecretarías, cuyos jefes superiores son los Subsecretarios, que tienen el carácter de colaboradores inmediatos del Ministro. Entre otras funciones, están encargados de coordinar las acciones de los órganos y servicios públicos del sector, actuar como ministro de fe y ejercer la administración interna de cada ministerio. Además subrogan al respectivo Ministro y, en caso de existir más de un Subsecretario, lo hace el de más antigua designación, salvo que el Presidente o la ley establezcan otra forma de subrogación. Los Ministerios, salvo algunas excepciones legales (Ministerios del Interior, de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Secretaría General de la Presidencia) están desconcentrados territorialmente mediante Secretarías Regionales Ministeriales, que están a cargo de un Secretario Regional Ministerial (SEREMI). Además, en la organización de los Ministerios, considerando la importancia relativa y volumen de trabajo que signifique la respectiva función, pueden existir los niveles jerárquicos de División, Departamento, Sección y Oficina. Sólo el cargo de Ministro, Subsecretario y Secretario Regional Ministerial es de exclusiva confianza del Presidente. Los SEREMIS son nombrados por el Presidente de la República de entre las personas que figuren en

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una terna elaborada por el Intendente respectivo, oyendo al Ministro de la cartera. Los servicios públicos están sometidos a la dependencia (centralizados) o súper vigilancia (descentralizados) del Presidente, a través del Ministerio correspondiente. Excepcionalmente la ley puede crear servicios públicos bajo la dependencia o súper vigilancia directa del Presidente de la República (como es el caso de la Comisión Nacional de Energía y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes). Además, en circunstancias excepcionales la ley puede encomendar a éstos algunas de las funciones propias de los Ministerios. Igualmente, existen determinados servicio y organismos públicos en que, sin tener como tales la calidad de Ministerio de Estado, su autoridad superior (Presidente, Director, etc.) posee el rango de Ministro de Estado (como es el caso de la Comisión Nacional de Energía, el Servicio Nacional de la Mujer, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Comisión Nacional del Medio Ambiente).

CAPÍTULO IX Bases Generales

de la

Administración

del

Estado

(Art. 38 C.P.R.) Pregunta Nº 534.- ¿Cómo pueden ser definidos los órganos del Estado? Respuesta: Aquellos centros funcionales de la persona del Estado que manifiestan su voluntad, equivaliendo su competencia a la capacidad que la ley les asigna para actuar en la realización del llamado “fin público”, con el que han sido creados como parte integrante de la persona jurídica del Estado. Pregunta Nº 535.- ¿Qué son los órganos constitucionales o autonomías constitucionales? Respuesta: Aquellos que tienen su estatuto regulado en la propia Constitución Política, y que no dependen ni tienen relación con el Gobierno, el Congreso Nacional o el Poder Judicial, vale decir, no forman parte de ningún poder.


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Pregunta Nº 536.- ¿Qué se entiende por órganos constitucionalmente relevantes? Respuesta: Aquellos que únicamente son nombrados por la Constitución Política de la República, pero ésta no los regula. Pregunta Nº 537.- Breve análisis del artículo 38 de la Constitución Política. Respuesta: Esta disposición tiene su origen en la necesidad de dar organicidad a una serie de organismos del Estado que habían sido creados por ley. Indica los contenidos básicos de la ley que regula la Administración del Estado, la que será orgánica constitucional, evidenciando de esta forma el interés del constituyente por asegurar la estabilidad de sus disposiciones. En su inciso segundo se halla establecida la posibilidad de recurrir en contra de los actos de la administración del Estado. Este precepto es el único artículo del párrafo denominado “Bases Generales de la Administración del Estado”. Para estos efectos, debe entenderse sinónimo “administración del Estado” de “administración Pública”, según ha resuelto el Tribunal Constitucional basado en el principio de que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, no siendo entonces lógico que el constituyente limitara el alcance de la respectiva ley orgánica constitucional. Por su parte, la norma constitucional en el inciso primero señala los contenidos de la ley orgánica, los que están referidos de manera exclusiva a: a) La organización básica de la administración pública. b) Garantizar la carrera funcionaria, y los principios técnicos y profesionales en que se funda. c) Garantizar la igualdad de oportunidades al acceso, como también al perfeccionamiento y capacitación de sus integrantes. La Carta Fundamental no señala que será materia de ley orgánica lo referido a las atribuciones de los organismos de la administración del Estado, característica propia de una ley ordinaria. Esto es diferente a lo dispuesto en el artículo 74 en donde no

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sólo se encarga a la ley orgánica la organización sino también las atribuciones de los tribunales de justicia. El inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República soluciona un antiguo problema. En efecto, la norma de la Constitución de 1925 así como la contendida en el texto original de la Constitución de 1980 señalaba que la ley crearía los tribunales contencioso administrativo. Se trataba de una norma programática, es decir, no autónoma por lo que requería de la dictación de una ley para ser operativa. Así, el texto original de la Constitución de 1980 señalaba “cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales contencioso administrativos que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”. Esta norma era similar a la del artículo 87 de la Constitución de 1925. Durante la vigencia del texto constitucional de 1925 era un tema constante en las campañas electorales la dictación de la ley que creara los tribunales contencioso administrativo. El problema es que mientras existió dicha norma, al no dictarse la ley que creaba los tribunales contencioso administrativo, los tribunales ordinarios se declaraban incompetentes al momento de conocer de demandas de particulares por daños cometidos por los órganos de la administración. En la última etapa se empezaron a conocer por parte de los tribunales ordinarios estas causas. Es por ello que en la reforma constitucional de 1989 se solucionó el punto al eliminarse la norma programática relativa a la creación de tribunales contencioso administrativo, borrándose la referencia a los mismos del artículo 79. En la actualidad, son los tribunales ordinarios los que conocen de estas materias al amparo de la jurisdicción amplia que le concede el artículo 73 de la Constitución Política de la República. A propósito del tema tributario, en donde la primera instancia para conocer de los reclamos de los particulares en contra de las liquidaciones y giros practicados por los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos es conocida ante un funcionario de dicho servicio, lo que afecta gravemente su imparcialidad,


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es que se ha vuelto a plantear la necesidad de crear tribunales contencioso administrativo. Pregunta Nº 538.- Materias reguladas por la Ley Nº 18.575 y que vale la pena destacar. Respuesta: – Reiteración de algunos principios constitucionales, como por ejemplo, el de juridicidad, supremacía de la Constitución, el de la competencia y el de la servicialidad del Estado. Se insiste en el carácter subsidiario del Estado y la autonomía de los grupos intermedios. – Se señala expresamente que proceden acciones para el caso de abuso. – El artículo 3 está referido al principio de continuidad y carácter permanente de la satisfacción de las necesidades por parte de los servicios públicos. Este principio es muy importante porque constituye la fuente de la responsabilidad del Estado frente al daño causado por una omisión. Ejemplo: municipalidad no cumple con su obligación de mantener en buen estado las veredas, originándose de ello daños físicos para un peatón. – El artículo 4 establece la responsabilidad del Estado por daño, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad del respectivo funcionario. Esta norma es fundamental en la medida que entrega el marco para poder hacer efectiva la responsabilidad del Estado por el daño ocasionado, incluso por actos legales cometidos por un funcionario. – El artículo 5 establece el principio de la eficiencia en el actuar del Estado, lo que se debe traducir en la rapidez y simplicidad de los trámites. El año 2003 se dictó la ley número 19.880 la que es de extraordinaria importancia porque sienta varios principios aplicables a los procedimientos administrativos y, entre ellos, la publicidad, los efectos del silencio administrativo y otros. Esta ley es supletoria y rige todos los actos de la administración del Estado, estableciendo los siguientes principios del procedimiento administrativo: 1) escrituración; 2) gratuidad; 3) celeridad; 4) conclusivo; 5) economía procedimental; 6) contradictoriedad; 7) imparcialidad; 8) abstención; 9) no formalización; 10) inexcusabilidad; 11) impugnabilidad; 12) transparencia; 13) publicidad.

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– El artículo 9 es importante pues estable el recurso de reposición, el que procede ante el mismo funcionario que dictó el respectivo acto, y el jerárquico ante el superior. Estos recursos son generales y subsidiarios, resultando siempre procedentes en caso de no existir otro recurso contenido en una ley especial. – El artículo 15 señala la prohibición del personal de la administración de desarrollar actividad política. – En cuanto a la carrera funcionaria se señala: 1) El estatuto administrativo regula la carrera funcionaria (al respecto existe un estatuto administrativo general contenido en la ley 18.834 y otros especiales propios, por ejemplo, de los funcionarios municipales o de las fuerzas armadas); 2) El ingreso a la administración pública es por concurso público; 3) Se garantiza la dignidad de la función pública; 4) Se garantiza la estabilidad en el empleo, fijándose causales taxativas de cese las que normalmente son ejercidas luego de un procedimiento denominado sumario administrativo; 5) Existirá un sistema de calificación objetivo e imparcial; 6) El Estado velará por la igualdad de oportunidades al acceso a la carrera funcionaria y a la capacitación, así como el cumplimiento de las normas técnicas y profesionales.


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TEMA VIII CONGRESO NACIONAL

CAPÍTULO I Cámara de Diputados y Senadores (Art. 47 y Ss., C.P.R.) Pregunta Nº 539.- ¿Qué se entiende por Congreso Nacional? Respuesta: Es un órgano bicameral compuesto por una Cámara de Diputados y un Senado, que concurren a la formación de las leyes en conformidad a la Constitución, teniendo las demás atribuciones que ella establece. (Ver artículo 46). Pregunta Nº 540.- Además de sus atribuciones legislativas propias, el Congreso tiene algunas que son de carácter exclusivo. ¿Cuáles son éstas? Respuesta: 1.- Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación (no puede introducirle modificación alguna). 2.- Pronunciarse, cuando correspondiere, respecto de los estados de excepción constitucional, en la forma prescrita por el artículo 40 inciso 2º. 3.- Conceder indulto a los condenados en juicio político. Pregunta N° 541.- ¿Cuántos parlamentarios componen ambas cámaras?

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Respuesta: Cámara de Diputados: integrada por miembros elegidos en votación directa, dos por cada uno de los 60 distritos electorales en que se encuentra dividido el país (actualmente 120 parlamentarios). Senado: 38, elegidos en votación directa, dos porcada una de las 19 circunscripciones senatoriales en que se encuentra dividido el país. Sus miembros son electos por votación popular, a través de un sistema binominal (hoy, en proceso de reforma) con posibilidad de reelección. Pregunta Nº 542.- ¿Cuánto tiempo duran en sus funciones los diputados y senadores? Respuesta: Diputados: Son elegidos por un mandato de cuatro años sobre la base de distritos electorales, fijados por una ley orgánica constitucional. Senadores: Son elegidos por un periodo de ocho años sobre la base de circunscripciones senatoriales, determinadas en consideración a las regiones del país, por la ley orgánica constitucional respectiva, que igualmente establece el número de senadores y la forma de elección. Pregunta Nº 543.- ¿Cuáles son las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados? Respuesta: 1.- Fiscalizar los actos del Gobierno. La Cámara debe fiscalizar todos los actos de gobierno desde una perspectiva política y no jurídica, es decir, desde el punto de vista del mérito, conveniencia u oportunidad, entendiendo por acto de gobierno los realizados por el presidente u otro órgano que integra la administración del Estado, basándose en el Art. 49 que habla de “fiscalizar los actos del Gobierno y entidades que de él dependan”. La Cámara fiscaliza adoptando por la mayoría de sus miembros presentes acuerdos u observaciones que se transmiten por escrito al Presidente. Éste está obligado a entregar una respuesta al Ministro correspondiente, dentro de 30 días y se le notifica ese acuerdo solemne. Para ejercer dicha facultad fiscalizadora, cualquier diputado con el apoyo de un tercio de los diputados presentes podrá solicitar antecedentes al gobierno.


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Se fiscalizan los actos, vale decir, la conducta del Gobierno, que puede ser de acción u omisión, ya que también con omisiones se quebranta el ordenamiento constitucional, legal y es factible, además, lesionar el bien común. 2.- Conocer y declarar si han o no lugar las acusaciones constitucionales, que no menos de 10 ni más de 20 de sus miembros formulen en contra de las más altas autoridades del país, tales como el Presidente de la República, Ministros de Estado, generales, almirantes, intendentes y gobernadores por la comisión de delitos y abusos de poder. 3.- Dar origen a los proyectos de leyes sobre tributos, de presupuesto y los de reclutamiento. (Ver artículos 52 y 65 inciso 2º). Pregunta Nº 544.- Ejemplos de atribuciones comunes de la Cámara de Diputados Respuesta: – Otorgar permiso al diputado para ausentarse del país por más de 30 días, o en su receso por su Presidente. Ar tículo 60 inciso 1º. – Dictar su reglamento interno, estableciendo la clausura del debate por simple mayoría. Artículo 56 inciso 2º. Pregunta Nº 545.- ¿Cuáles son las atribuciones exclusivas del Senado? Respuesta: 1) Conocer de las acusaciones constitucionales entabladas por la Cámara de Diputados, caso en el cual el Senado resuelve como jurado declarando si el acusado es o no es culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa. 2) Decidir la admisión de las acciones judiciales que cualquier persona intente iniciar en contra de algún Ministro de Estado por actos de éste en el desempeño de su cargo. 3) Conocer de las contiendas de competencia suscitadas entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia. 4) Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía en los casos en que ésta se hubiere perdido por condena a pena aflictiva (igual o mayor a tres años y un día).

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5) Otorgar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la República en los casos en que la Constitución o la ley lo requieran. 6) Autorizar que el Presidente de la República pueda ausentarse del país por más de treinta días o en los últimos noventa días de su mandato. 7) Declarar la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente electo por impedimento físico o mental para ejercer el cargo, y también aceptar o rechazar la renuncia presentada por el Presidente de la República. En ambos casos se debe oír previamente al Tribunal Constitucional. 8) Dar su dictamen al Presidente de la República en los casos en que éste lo solicite. Al Senado, sus comisiones y demás órganos se les prohíbe expresamente adoptar acuerdos que impliquen fiscalización, pues son atribuciones de la Cámara de Diputados. Pregunta Nº 546.- Ejemplos de atribuciones comunes del Senado. Respuesta: – Dictar su propio reglamento, debiendo establecer en él la clausura del debate por simple mayoría. – Otorgar permiso a los senadores para ausentarse del país por más de 30 días, o en receso de él o de su Presidente. – Tomar el juramento o promesa de estilo al Presidente electo, cuando asume el cargo. – Subrogar al Presidente en ejercicio, después de los Ministros de Estado. – Subrogar al Presidente Electo. (Ver artículos 27 inciso 4º, 28, 29, 56 inciso 2º y 60 inciso 1). Pregunta Nº 547.- ¿Cuáles son los períodos en que funciona el Congreso o Legislatura? Respuesta: Esta puede ser: Legislatura Ordinaria (señalado en la Constitución expresamente, y va desde el 21 de mayo hasta el 18 de septiembre) y Legislatura Extraordinaria (aquella que no


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está comprendida en la legislatura ordinaria, requiriendo convocatoria). Podrá convocar a legislatura extraordinaria: 1.- El Presidente de la República. El Congreso sólo puede debatir los proyectos que éste presente, salvo las siguientes excepciones: a) El proyecto de ley de presupuesto; aun cuando no haya sido incluido en el Decreto del Presidente. b) Cada cámara por separado puede ejercer sus atribuciones exclusivas; aun cuando las materias no hayan sido puestas en el decreto de Presidente. Ejemplo: iniciar un juicio político. 2.- El Presidente del Senado a requerimiento escrito de la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio o auto convocatoria del Congreso. En este caso, el Congreso puede dedicarse a debatir cualquier proyecto de ley o tratado, igual como si estuviera legislando en legislatura ordinaria. Únicamente opera durante el periodo de receso parlamentario y siempre que no hubiere sido convocado por el Presidente de la República Pregunta Nº 548.- ¿Qué se entiende por Congreso Pleno? Respuesta: Reunión en pleno de las dos cámaras, presidida por el Presidente del Senado y que se efectúa para escuchar la cuenta del estado administrativo y político de la Nación (el Discurso del 21 de mayo), presentada por el Presidente de la República, para tomar conocimiento de la resolución en virtud de la cual el Tribunal Calificador de Elecciones proclama al presidente electo, para tomar juramento o promesa al presidente electo antes que asuma sus funciones y, excepcionalmente, para la elección de Presidente en ciertos situaciones de vacancia del presidente en ejercicio. Con anterioridad a la reforma constitucional del 2005, el Congreso Pleno se reunía también para la aprobación o rechazo, sin debate, de las reformas constitucionales previamente discutidas y aprobadas por ambas cámaras. Asimismo, con anterioridad a la Constitución de 1980, se reunía para tomar conocimiento del escrutinio general de la elección presidencial y proceder a pro-

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clamar al presidente electo, y en caso en que la elección ningún candidato obtenía mayoría absoluta, el Congreso Pleno elegía, entre los ciudadanos que hubieren obtenido las dos más altas mayorías relativas, al presidente, y procedía a proclamarlo. El Congreso funciona en sesiones en sala y en comisiones. Pregunta Nº 549.- ¿Qué se entiende por Juicio Político o Constitucional? Respuesta: Una de las funciones de control o de fiscalización que realiza el Congreso Nacional, mediante la cual se juzga a las más altas autoridades del Estado por delitos, infracciones o abusos de poder expresamente y que tiene por objeto, por una parte, establecer tanto la efectividad de tales infracciones como la culpabilidad o inocencia de la autoridad acusada y, por la otra, hacer efectiva su responsabilidad constitucional mediante la destitución del infractor y su inhabilitación para ejercer toda otra función de carácter público por el término de cinco años. Es un juicio especial que nace de una competencia específica entregada al Congreso, referida únicamente a los casos y materias que la Constitución indica. En virtud del mismo, un cierto número de funcionarios, contenido en un listado taxativo señalado por la Carta Fundamental, puede ser sometido a un proceso constitucional fundado en la comisión de ciertas infracciones, también tipificadas taxativamente por la Constitución. La Carta Fundamental divide la atribución correspondiente a la acusación constitucional entregando una competencia parcial a cada una de las ramas del Congreso. Así, en relación a su función fiscalizadora, corresponde a la Cámara de Diputados actuar como órgano acusador en este tipo de juicios y al Senado la tarea de juzgar si la autoridad acusada es o no culpable de la infracción que se le imputa. Pregunta Nº 550.- Breve reseña de la tramitación del Juicio Político o Acusación Constitucional en la Cámara de Diputados. Respuesta: Dentro de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados está el declarar si ha lugar o no las acusaciones


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que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de alguna de las siguientes autoridades: 1) Presidente de la República. 2) Ministros de Estado. 3) Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia (Corte de Apelaciones y Corte Suprema). 4) Contralor General de la República. 5) Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas. 6) Intendentes y Gobernadores. Atendida la naturaleza de la institución en estudio, el constituyente ha cuidado de señalar en el artículo reseñado de la Ley Fundamental qué autoridades pueden ser sometidas a juicio constitucional por la Cámara de Diputados y cuáles son las causales que pueden dar origen al mismo. El mismo precepto establece algunas de las bases fundamentales de la acusación constitucional, como por ejemplo reglas relativas a causales de la acusación, procedimiento y efectos de la acusación aprobada por la Cámara Baja. De este modo, ninguna autoridad pública no mencionada en la enumeración precedente puede ser sometida a juicio constitucional; como asimismo, ninguna de las personas que ocupen algún cargo de los recién mencionados puede ser acusada por la Cámara y luego destituida por el Senado si no es por haber incurrido en alguna de las causales contenidas en el Art. 48 Nº 2 de la Constitución Política durante el ejercicio de sus funciones. Toda acusación debe formularse solo por escrito y se tiene por presentada desde el momento en que se da cuenta de ella en la Cámara de Diputados, lo que debe hacerse en la sesión más próxima que ésta celebre. En la misma sesión en que se da cuenta de una acusación, la Cámara procede a elegir, a la suerte y con exclusión de los acusadores y de los miembros de la mesa, una Comisión de 5 diputados para que informe si es o no procedente la acusación. Con ello culmina la participación de la Cámara de Diputados en lo substancial del juicio constitucional, ya que en la etapa posterior

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será el Senado quien, en forma exclusiva, deberá decidir acerca de la culpabilidad o inocencia del acusado. En tanto, al afectado por la acusación debe notificársele personalmente o mediante cédula, por el Secretario de la Cámara de Diputados o por el funcionario que éste designe, dentro de tercero día desde que se dé cuenta de ella. El afectado puede, dentro del décimo día de notificado, concurrir a la comisión a hacer su defensa personalmente o presentarla por escrito. Si no asistiere a la sesión a que fue citado o no enviara defensa escrita, se procederá sin la defensa del acusado. La Comisión cuenta con un plazo de 6 días, contado desde la comparecencia del afectado o desde que se hubiere acordado proceder sin su defensa, para estudiar la acusación y pronunciarse. Una vez transcurrido el plazo de 6 días, y aunque no se hubiere presentado dentro de él el informe de la Comisión, la Cámara sesionará diariamente para ocuparse de la acusación. Previo al inicio del debate, el afectado puede deducir como cuestión previa que la acusación no cumple con los requisitos constitucionales exigidos. En caso de que la Cámara acoja la cuestión previa, se tiene la acusación por no interpuesta. Si la desecha, no puede renovarse la improcedencia de la acusación. Si la Comisión en su informe recomienda aprobar la acusación, se otorga la palabra al parlamentario que la mayoría de la Comisión hubiera designado para sostenerla, oyéndose luego al afectado, o se le la defensa escrita que haya enviado. Si la Cámara declara haber lugar a la acusación, nombra una comisión de 3 diputados para que la formalicen y prosigan ante el Senado, comunicando al Senado lo anterior y al afectado dentro de las 24 horas siguientes. Al Senado dentro del Juicio Constitucional, le corresponde aprobar o desechar la respectiva acusación. De acuerdo al artículo 49 Nº 1 de la Carta Fundamental, corresponde al Senado conocer de las acusaciones que la Cámara de


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Diputados entable. Para estos efectos, una vez que se le haya comunicado la decisión aprobatoria adoptada por la Cámara de Diputados, deberá fijar el día en que comenzará a tratar de ella. Asimismo, citará al acusado y a la comisión de diputados designada para formalizarla y proseguir su tramitación a cada una de las sesiones que celebre para conocerla. Una vez formalizada la acusación, hablará el acusado o se leerá su defensa, luego de lo cual la comisión acusadora tendrá derecho a replicar y el acusado a duplicar. En esta etapa del juicio, el acusado podrá actuar representado por un abogado. Cumplidos estos trámites, la acusación se vota en una sesión especial. Según la Constitución, el Senado debe resolver como jurado, limitándose a declarar acerca de cada uno de los capítulos de la acusación, si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa. La declaración de culpabilidad del acusado provoca su destitución inmediata del cargo y lo inhabilita para desempeñar cualquier función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años. Además si procediese, el funcionario declarado culpable deberá ser juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada para el delito, cuando para hacer efectiva su responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares. Finalmente, cabe señalar que los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados y condenados por el Senado, sólo pueden ser indultados por el Congreso Nacional. Pregunta Nº 551.- Breve reseña de la tramitación del Juicio Político o Acusación Constitucional en el Senado. Respuesta: Al Senado dentro del Juicio Constitucional, le corresponde aprobar o desechar la respectiva acusación. De acuerdo al artículo 49 Nº 1 de la Carta Fundamental, corresponde al Senado conocer de las acusaciones que la Cámara de

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Diputados entable. Para estos efectos, una vez que se le haya comunicado la decisión aprobatoria adoptada por la Cámara de Diputados, deberá fijar el día en que comenzará a tratar de ella. Asimismo, citará al acusado y a la comisión de diputados designada para formalizarla y proseguir su tramitación a cada una de las sesiones que celebre para conocerla. Una vez formalizada la acusación, hablará el acusado o se leerá su defensa, luego de lo cual la comisión acusadora tendrá derecho a replicar y el acusado a duplicar. En esta etapa del juicio, el acusado podrá actuar representado por un abogado. Cumplidos estos trámites, la acusación se vota en una sesión especial. Según la Constitución, el Senado debe resolver como jurado, limitándose a declarar acerca de cada uno de los capítulos de la acusación (Capítulo: conjunto de hechos específicos que, a juicio de la Cámara de Diputados, constituyan cada uno de los delitos, infracciones o abusos de poder que, según la Carta Fundamental, autorizan para interponerla), si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa. El resultado de la votación se comunica al acusado, a la Cámara de Diputados, y según corresponda, al Presidente de la República, a la Corte Suprema o al Contralor General de la República. La declaración de culpabilidad del acusado provoca su destitución inmediata del cargo y lo inhabilita para desempeñar cualquier función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años. Además si procediese, el funcionario declarado culpable deberá ser juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada para el delito, cuando para hacer efectiva su responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares. Finalmente, cabe señalar que los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados y condenados por el Senado, sólo pueden ser indultados por el Congreso Nacional. El Senado fija la fecha en que ha de comenzar el estudio de la acusación, quedando citado a sesiones especiales diarias, a partir de él, por el sol ministerio de la ley.


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Pregunta Nº 552.- ¿Por qué causales puede acusarse constitucionalmente al Presidente de la República? Respuesta: Por actos de su administración que: 1.- Hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o que; 2.- Hayan infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Debe tratarse de hechos precisos, de actuaciones concretas que por acción u omisión hayan lesionado esos bienes jurídicos. En la causal número 1, el daño ha de ser evidente y de gran magnitud respecto de la honra, la reputación del Estado, o haber comprometido gravemente la seguridad externa o interna de la Nación. En la causal número 2, actos de su administración deben haber infringido, quebrantado, violado abiertamente, la Carta Fundamental o las leyes. Pregunta Nº 553.- ¿Cuáles son las causales por las que se puede acusar constitucionalmente a los Ministros de Estado? Respuesta: 1) Haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación. 2) Haber infringido la Constitución o las leyes, o haber dejado éstas sin ejecución. 3) Por los delitos de traición (falta de fidelidad para con el Estado) concusión (cobro de tributos no autorizados por la ley) exacción ilegal, malversación de fondos públicos (invertir fondos públicos en fines distintos a los señalados por la ley); soborno (recibir dádivas a cambio de adoptar o no determinadas resoluciones). Pregunta Nº 554.- ¿Cuál es la causal por la que puede acusarse a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y al Contralor General de la República? Respuesta: Notable abandono de deberes. Y sobre esta causal existen dos interpretaciones: una restringida, como equivalen-

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te a infracción de deberes funcionarios, externos o formales de los acusados (Ejemplos: no vigilar la conducta de sus subalternos, no firmar oportunamente el despacho, etc.) y otra extensiva, como infracción de deberes sustantivos, esto es, cuando se producen circunstancias de suma gravedad que demuestran, por actos u omisiones, la torcida intención, el inexplicable descuido o la sorprendente ineptitud con que se abandonan, olvidan o infringen los deberes inherentes a la función pública ejercida (Ejemplo: negligencia inexcusable). Pregunta Nº 555.- Causal por la que puede acusarse constitucionalmente a los Generales o Almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional, y a los Intendentes y Gobernadores. Respuesta: – Respecto de los primeros: Haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación. – Intendentes y gobernadores: infracción de la Carta Fundamental por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión. Pregunta Nº 556.- ¿Cuáles son los requisitos a cumplir para ser elegido Diputado? Respuesta: 1) Ciudadano con derecho a sufragio (inscripción vigente en los registros electorales y no estar afectado por alguna causal e suspensión de tal derecho). 2) Mayoría de 21 años de edad (cumplidos al día de la elección). 3) Haber cursado enseñanza media o su equivalente (enseñanza científico-humanista secundaria, comercial, agrícola, etc.). 4) Haber residido al menos 2 años en la región a la que pertenezca el distrito electoral correspondiente, contado hacia atrás desde el día de la elección. Pregunta Nº 557.- Cuáles son los requisitos para ser elegido Senador? Respuesta: 1.- Ciudadano con derecho a sufragio.


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2.- Tener 35 años de edad cumplidos al día de la elección. 3.- Residencia de 2 años en la región a la cual pertenezca la circunscripción territorial; El requisito de residencia se presume cumplido por el senador o diputado durante el ejercicio de su cargo o en la eventualidad de que decida postular a la reelección. 4.- Haber cursado la enseñanza media o su equivalente. Pregunta Nº 558.- ¿Qué persiguen las prohibiciones parlamentarias? Respuesta: Buscan evitar la corrupción de los parlamentarios ya que la independencia de este órgano político puede perderse al quedar subordinada a la voluntad presidencial. Pregunta Nº 559.- ¿Cuántas clase de prohibiciones parlamentarias existen? Respuesta: Inhabilidades, incompatibilidades e incapacidades. Pregunta Nº 560.- ¿Qué son las inhabilidades? Respuesta: Impedimentos establecidos en el artículo 57 de la Constitución y que excluyen a quienes afecta, para ser candidatos a diputados o senadores. De no existir posibilitarían un aprovechamiento abusivo del poder estatal con fines electorales. Pregunta Nº 561.- ¿Cómo se clasifican las inhabilidades? Respuesta: 1) Preexistentes o sobrevivientes: anteriores o posteriores a la inscripción como candidatos o a la elección, según corresponda. Preexistentes: el individuo no puede ser candidato a parlamentario. Sobreviviente: caso en el cual se produce el cese de las funciones.

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2) Absolutas: afectan a las personas que no reúnen los requisitos para ser elegidos parlamentarios, no pudiendo ser candidatos. A falta de un requisito de elegibilidad falta también uno de los exigidos en el Art. 44 ó 46.; y relativas: afectan a ciertas personas por desempeñar determinados cargos encontrarse en las situaciones previstas en la Carta Fundamental, por lo que no pueden ser candidatos al parlamento. Pregunta Nº 562.- ¿Quiénes no pueden ser candidatos a diputados ni a senadores? Respuesta: 1.- Ministros de Estado. 2.- Intendentes, gobernadores, alcaldes, miembros de los consejos regionales, concejales, subsecretarios. 3.- Miembros del Consejo del Banco Central. 4.- Magistrados de los tribunales superiores de justicia y jueces de letras. 5.- Miembros del Tribunal Constitucional, Tribunal calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales. 6.- Contralor General de la República. 7.- Personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal. 8.- Personas naturales y gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado. 9.- Fiscal Nacional, fiscales regionales y fiscales adjuntos del Ministerio Público. 10.- Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, General Director de Carabineros, Director General de la Policía de Investigaciones y oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Pregunta Nº 563.- ¿Qué son las incompatibilidades? Respuesta: Prohibiciones reguladas en el artículo 58 que afectan a los parlamentarios para desempeñarse o ejercer simultánea-


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mente dos cargos, funciones pública o comisiones señalados en la Carta Fundamental. Su objetivo es mantener la independencia de la función parlamentaria del gobierno, la que se vería seriamente afectada si se les permitiera a diputados o senadores desempeñar funciones o ejercer funciones en la administración del Estado. Pregunta Nº 564.- ¿Con qué clases de empleos, comisiones o funciones son incompatibles los cargos de diputados y senadores? Respuesta: 1) Incompatible entre sí. 2) Incompatibles con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco. 3) Incompatibles con toso empleo o comisión retribuidos con fondos municipales o de las entidades autónomas y semifiscales. 4) Incompatibles con todo empleo o comisión retribuidos con fondos de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de igual naturaleza. 5) Incompatibles con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sea ad honores, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital. Pregunta Nº 565.- ¿Cuál es la excepción que existe a esta clase de incompatibilidades? Respuesta: Aquella referida a los empleos de carácter docente como también comisiones similares de la enseñanza superior, media y especial. Se trata de cargos estrictamente académicos, por lo que un profesor universitario, no tiene inconveniente en postularse a senador o diputado. Pregunta Nº 566.- ¿Qué son las incapacidades? Respuesta: Prohibiciones reguladas en el artículo 59 que afectan

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a los parlamentarios impidiéndoles ser nombrados en un empleo, función o comisión incompatible. Impiden las incompatibilidades sobrevivientes. Pregunta Nº 567.- ¿Qué excepciones existen respecto de las incapacidades? Respuesta: No son aplicables en los siguientes casos: 1.- Cargos de Presidente de la República, Ministro de Estado y agente diplomático. 2.- Guerra exterior. 3.- Empleos docentes y funciones o comisiones de igual carácter en la enseñanza superior, media y especial. Pregunta Nº 568.- ¿Qué se entiende por inviolabilidad parlamentaria? Respuesta: Protección o inmunidad jurídica especial del derecho de los parlamentarios a expresar sus opiniones y juicios en el desempeño de sus cargos durante sesiones de salas o comisiones (se protege la libertad de opinión del diputado o senador). Esta especie de inmunidad es una excepción, porque la libertad de opinión que asegura el artículo 19 Nº 12, es sin perjuicio de que la persona responda por delitos y abusos que se cometieren en el ejercicio de la misma. Tanto las sesiones de sala, como las de comisión están definidas en los respectivos Reglamentos de las Cámaras, por lo que mal podrían producirse equívocos en la materia. La inviolabilidad se refiere a aquellos juicios u opiniones emitidos por los parlamentarios que significan caer en alguno de los tipos que la legislación penal contempla como delitos de opinión (injuria, calumnia y otros). La inviolabilidad constituye un privilegio de orden sustantivo, que hace excepción al principio de igualdad ante la ley, y se establece como un modo de otorgar un margen de libertad al parlamentario para que pueda expresar sus ideas.


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Se critica por algunos esta inviolabilidad, manifestando que se trata de un signo patente de impunidad. Otros añaden que ésta debe estar condicionada al hecho de que el parlamentario al manifestar su opinión lo haga de modo lógico y racional relativo a las materias discutidas. Bajo la constitución de 1925 la inviolabilidad era más amplia porque expresaba que la misma se extendía a todo acto realizado por el parlamentario “durante el ejercicio de sus funciones”, por lo que la jurisprudencia y la doctrina hacían una interpretación extensiva. Pregunta Nº 569.- ¿Qué es el fuero parlamentario? Respuesta: Privilegio o inmunidad de que gozan los Diputados y Senadores desde el día de su elección, designación o incorporación, según sea el caso, en virtud del cual no pueden ser procesados o afectados en su libertad personal, sin que la Corte de Apelaciones respectiva en pleno haya declarado con anterioridad haber lugar a la formación de causa. Lo regula el artículo 61 en sus incisos 2º, 3º y 4º. Pregunta Nº 570.- ¿Por qué en el caso de dicho fuero se trata de una inmunidad formal? Respuesta: Porque sólo se refiere al procedimiento en sí. Se trata de una garantía procesal respecto del diputado o senador, no alterándose ninguna norma de responsabilidad, quedando sujeto el parlamentario a la responsabilidad penal de la misma manera que cualquier otro individuo. Pregunta Nº 571.- Excepción en que no es aplicable el fuero parlamentario. Respuesta: Caso en que el parlamentario sea arrestado por delito flagrante (delito flagrante, del verbo flagrar= arder es, en Derecho Penal, la forma mediante la cual se hace referencia a aquel delito que se está ejecutando actualmente o en ese preciso instante). La distinción es por tanto una cuestión de oportunidad y tiempo, dado que se refiere al momento en el cual el delito se está cometiendo.

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Pregunta Nº 572.- ¿Qué es el desafuero? Respuesta: Acto por el cual se concede mediante resolución del Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva (lugar donde se cometió el delito), en pleno, que autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de cusa en contra de un parlamentario. Pregunta Nº 573.- ¿Qué es la dieta parlamentaria? Respuesta: Remuneración percibida por senadores y diputados equivalente a la remuneración de un ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan, además de todos los viáticos requeridos, gastos de combustible para el desplazamiento a Valparaíso y los distritos o circunscripciones, gastos de representación, secretarios, asesores, etc. Esta institución pretende impedir, como en la Constitución de 1833, que se restrinja el acceso al Congreso únicamente a las clases sociales más adineradas, o que como se produjo en 1924, que los parlamentarios ante la carencia de una dieta aprueben leyes que acepten gastos de representación. Pregunta Nº 574.- ¿Por qué causales cesa en el cargo un parlamentario? Respuesta: 1.- De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 47 inciso 2º y 49 inciso 2º, por el término del período para el cual fue elegido (4 u 8 años). 2.- Según el artículo 60 inciso 1º, por ausentarse del país por más de 30 días sin permiso de la cámara respectiva, en receso de ella o de su Presidente. 3.- Por actuar como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio contra el Fisco. 4.- Por actuar como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. 5.- Por aceptar ser director de Banco o de alguna sociedad


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anónima, o ejercer cargos de similar importancia en esas actividades. 6.- Según el artículo 60 inciso 4º, por ejercitar cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales a favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes. 7.- Por actuar o intervenir en actividades estudiantiles, cualquiera sea la rama de la enseñanza, con el objeto de atentar contra su normal desenvolvimiento. 8.- De acuerdo al artículo 60 inciso 5º, por incitar (de palabra o por escrito) a la alteración del orden público o propiciar el cambio del orden jurídico institucional por medios inconstitucionales, o comprometer gravemente la seguridad o el honor de la Nación, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 Nº 15 inciso 7º. Pregunta Nº 575.- ¿Cuál es el órgano competente que debe pronunciarse acerca de las prohibiciones parlamentarias y causales de cesación en el cargo? Respuesta: El Tribunal Constitucional (Ver artículo 93). Pregunta Nº 576.- ¿De qué manera se proveen las vacantes de parlamentarios? Respuesta: Con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el diputado o senador que produjo la vacante al momento de ser elegido. Pregunta Nº 577.- ¿Pueden ser reemplazados aquellos parlamentarios elegidos como independientes? Respuesta: No, pero en caso de que hubieren postulado integrando lista en conjunto con uno o más partidos políticos, deben ser reemplazados por aquel ciudadano que señale el partido, indicado por el respectivo senador o diputado al momento de presentar su declaración de candidatura.

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CAPÍTULO II Formación

de la

Ley

Pregunta Nº 578.- ¿Qué innovaciones en materia de ley contempla la Constitución actual respecto de la de 1925? Respuesta: 1.- Incorpora elementos sustantivos al concepto de ley. 2.- Trata de restringir su ámbito o reserva mediante: a) La existencia de la potestad reglamentaria autónoma. La Carta Fundamental innova en esta materia en el Art. 32 Nº 8, pues permite que el Presidente de la República pueda ejercer “la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean de dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes”. b) La incorporación de elementos sustantivos a la definición de ley, estableciendo un dominio de atribución taxativo, de dominio legal máximo; ya que no hay más materias propias de ley que las señaladas en el Art. 60. c) La existencia de leyes de bases (disposiciones legislativas que establecen principios básicos, confiando al ejecutivo la facultad de establecer las modalidades de su aplicación). En la Constitución, este tipo de leyes se enmarca dentro de la idea de distribuir la competencia del legislador. Ver Nº 4, 18 y 20 del artículo 60 de la Carta Fundamental. 3.- Incorporación de las Leyes como las de Quórum Calificado y Orgánica Constitucional. Pregunta Nº 579.- Concepto de Ley a partir de la Constitución actual. Respuesta: Una interpretación sistemática y finalista de nuestro ordenamiento jurídico, no puede restringirse al concepto de ley expresado en el artículo 1º del Código Civil sin considerar lo que dispone la Constitución. Por ello no es posible afirmar que nues-


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tra legislación recoja una concepción formal de ley, pues la Carta Fundamental aporta elementos sustantivos. a) La Generalidad (Art. 60 Nº 20). Dos son las condiciones que caracterizan la generalidad de una norma: la aplicación indistinta a cualquier persona o situación susceptible de encuadrarse dentro del marco del precepto y la permanencia de efectos más allá de su aplicación particularizada. b) La obligatoriedad (Art. 60 Nº 20). Sus prescripciones deban ser satisfechas imperativa e ineludiblemente por los destinatarios de la misma. c) Debe estatuir las bases esenciales de un ordenamiento jurídico (Art. 60 Nº 20). Debe regular los fundamentos que no pueden faltar de un conjunto normativo, de modo que a partir de ellos, pueda desarrollarse, en otras instancias normativas, la ordenación de detalle. d) El respeto de los derechos de las personas (Arts. 1, 5 19 Nº 26, 39 y 61). La ley tiene como limites los derechos de las personas. e) La finalidad del bien común (artículo 1 de la Constitución). La ley, por ser una manifestación del estado, debe estar al servicio de la persona humana, teniendo como finalidad promover el bien común. Es decir, en nuestro ordenamiento el concepto de ley se haya subordinado a condiciones de fondo. No es suficiente para que a una norma le sea reconocida su carácter de ley, el hecho de haber sido votada por las Cámaras legislativas y promulgada por el Jefe de Estado. Es necesario, además, que cumpla con los requisitos substanciales dispuestos por la Constitución. Pregunta Nº 580.- ¿Qué concepto de Ley podría darse a partir de los elementos sustantivos aportados por la Constitución? Respuesta: “Una categoría de norma jurídica positiva subordinada a la Constitución cuyos rasgos típicos yacen en haber sido dictada por el órgano competente, ciñéndose al procedimiento que le ha sido fijado, en materias reservadas a ella que son de un

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dominio exclusivo y cumpliendo precisas exigencias de contenido”. (José Luis Cea). Pregunta Nº 581.- Ámbito o reserva de la ley en la Constitución de 1980. Breve referencia. Respuesta: Se entiende por ámbito o reserva de la ley; aquellas materias sobre las que puede recaer la ley de manera exclusiva y excluyente de otras normas de rango inferior y de la acción del poder administrador. Bajo la Carta Fundamental de 1925, el sistema vigente fue el del “dominio ilimitado” de la ley. Bajo la Constitución de 1980, en cambio, rige un sistema de “dominio limitado”. Es un dominio de atribución taxativo, de dominio legal máximo; ya que no existen más materias propias de ley que las señaladas en el artículo 60. Sin embargo es de dominio legal híbrido; pues, por una parte existe un “dominio reservado máximo y de excepción” solo en cuanto a las materias señaladas por su objeto en la Constitución, pero simultáneamente, existe un “dominio legal general” respecto de las materias que regulan las leyes de bases esenciales. La Constitución en los artículos 60 y 62 establece las llamadas materias propias de ley, que solo puedan ser reguladas por ley o cuando proceda decreto con fuerza de ley. En la Carta Fundamental las materias de ley son de carácter taxativo, y por lo tanto no hay otras que las establecidas expresamente por ésta, pudiendo distinguirse algunas de exclusiva iniciativa del Presidente (Art. 62) y otras que pueden comenzar por moción parlamentaria. Pregunta Nº 582.- ¿Quiénes intervienen en la formación de la ley? Respuesta: El Congreso Nacional y el Presidente de la República, los dos órganos colegisladores. Pregunta Nº 583.- ¿Qué etapas pueden distinguirse en la formación de la ley? Respuesta: Iniciativa; origen; discusión y aprobación; sanción; veto; promulgación; publicación.


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Pregunta Nº 584.- ¿En qué consiste la etapa de iniciativa? Respuesta: Es aquella primera instancia donde se da el impulso inicial para que una proposición sea analizada por el Congreso Nacional y dice relación con aquellas autoridades facultadas para presentar proyectos de ley, con el autor del citado proyecto. De acuerdo a lo dispuesto en la Carta Fundamental tienen iniciativa de ley el Presidente de la República, a través de un Mensaje, y los parlamentarios, tanto diputados como senadores, a través de una Moción. Esta última no puede ser firmada por más de diez diputados ni más de cinco senadores, a objeto de no entorpecer las deliberaciones del Congreso. Pregunta Nº 585.- ¿Respecto de qué proyectos de ley tiene iniciativa exclusiva el Presidente de la República? Respuesta: Aquellos destinados a: 1.- Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza; establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión. 2.- Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones. 3.- Contratar empréstitos o celebrar cualquier otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, de las entidades semifiscales, autónomas, de los gobiernos regionales, o de las municipalidades, y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas a favor del Fisco o de los organismos o entidades referidos. 4.- Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos y beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, de la Administración pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados, como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamen-

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te sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes. 5.- Establecer las modalidades y procedimiento de la negociación colectiva y determinar los casos en que se podrá negociar. 6.- Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado. 7.- Aquellos que digan relación con: a) la alteración de la división política o administrativa del país; la fijación de las capitales de las regiones y provincias. b) la administración financiera y presupuestaria del Estado, incluyendo la Ley de Presupuesto y sus modificaciones. c) a fijación de normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las municipalidades y sobre su arrendamiento y concesión. d) la fijación de las fuerzas de aire mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra, y las normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, como, asimismo, la salida de tropas nacionales fuera de él. 8.- Autorizar la declaración de guerra, a propuesta del Presidente de la República. 9.- Señalar los límites y requisitos que determine al ley orgánica constitucional de municipalidades, para que éstas puedan crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones, o establecer órganos o unidades para el cumplimiento de sus funciones. Pregunta Nº 586.- Etapa de origen. Breve reseña. Respuesta: El origen está referido a la Cámara que comienza a conocer del proyecto de ley, y la regla general señala que las leyes pueden originarse en la Cámara de Diputados o en el Senado, aunque existen excepciones: las leyes sobre amnistía e indultos generales, sólo pueden tener origen en el Senado, en tanto aquella referidas a tributos de cualquier naturaleza que sean, sobre los presupuestos de la administración pública y sobre re-


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clutamiento, únicamente pueden tener origen en la Cámara de Diputados. Un proyecto de ley debe obligatoriamente ser presentado a una de las dos Cámaras que integran el Congreso Nacional. La que acoge el proyecto recibe el nombre de “Cámara de Origen”, y la otra pasa a constituirse como “Cámara Revisora”. Ciertas materias, como ya se dijo, sólo pueden tener su origen en la Cámara de Diputados y otras sólo en el Senado, debiendo el Presidente de la República, en estas situaciones, enviar su Mensaje a la Cámara correspondiente. Respecto de las Mociones, éstas sólo pueden ser presentadas por parlamentarios que integren la corporación respectiva. Pregunta Nº 587.- Discusión y aprobación del proyecto de ley. Breve análisis. Respuesta: En esta etapa se produce el estudio, análisis y deliberación que hacen las Cámaras sobre el proyecto de ley, el cual da diversos pasos. – Cámara

de

Origen: Primer trámite legislativo.

El Presidente de la Cámara debe dar cuenta del ingreso de un proyecto a la oficina de partes. Acto seguido, el proyecto se envía a la comisión de estudio correspondiente para ser analizado en sus aspectos generales, salvo que la sala por acuerdo unánime omita dicho trámite. Luego de estudiado el proyecto en forma general por la comisión, se informa de sus conclusiones a la Cámara, la cual discute y decide si aprueba o rechaza la idea de legislar sobre él. Esto se conoce como discusión general, cuyo objetivo es admitir o desechar en su totalidad el proyecto de ley, considerando sus ideas fundamentales y admitir a discusión las indicaciones que se presenten sobre el proyecto, por el Presidente de la República, los ministros de Estado y los parlamentarios. En caso de que no se hayan presentado indicaciones, se entiende aprobado el proyecto sin necesidad de proceder a la siguiente discusión.

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Aprobado el proyecto de ley con indicaciones, se envía nuevamente a la comisión para que sea estudiado en sus aspectos particulares e incluir en el análisis las indicaciones efectuadas en la Cámara. Luego de estudiar el proyecto profusamente, se elabora un segundo informe que es entregado a la Cámara, y con dicho informe, se procede a la discusión particular, cuyo objetivo es examinar, artículo por artículo, aquellos acuerdos contenidos en el segundo informe de la comisión, resolviendo sobre las indicaciones que hayan sido presentadas. Finalizado el debate, se procede a la votación según el quórum requerido por la Constitución. El resultado de este primer trámite legislativo puede dar lugar a dos situaciones: 1) Que el proyecto se apruebe en su totalidad (pasa inmediatamente a la Cámara Revisora). 2) El proyecto es desechado. Termina su tramitación. En caso de haber sido rechazado en general, el proyecto no podrá renovarse en ninguna de las dos Cámaras por el término de 1 año, contado desde la fecha de la votación. Si el proyecto rechazado fuese de iniciativa del Presidente de la República, éste podrá solicitar que el Mensaje pase a la otra Cámara. En ésta, requerirá de la aprobación de dos tercios de sus miembros presentes. De aprobarse por ese quórum, retornará a la Cámara de Origen, donde sólo podrá volver a ser desechado con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes. Por el contrario, si la Cámara de origen ni reuniese este quórum, se entiende que lo aprueba en general. – Cámara Revisora: Segundo trámite legislativo: Aprobado el proyecto en la Cámara de Origen, pasa a la Cámara Revisora, la cual procede de la misma manera como lo hizo la primera, es decir, hay previamente una discusión general y luego una particular. La Cámara Revisora podrá aprobar, modificar o rechazar el proyecto de ley proveniente de la Cámara de Origen.


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Los resultados posibles con el segundo trámite legislativo son: 1.- Que el proyecto de ley se apruebe en su totalidad por ambas Cámaras. En tal caso, se le remite al Presidente de la República, quien si también lo aprueba dispondrá de su promulgación. 2.- Que el proyecto sea objeto de adiciones o enmiendas por parte de la Cámara Revisora. Entonces, es devuelto a la Cámara de Origen para la consideración de estas modificaciones. 3.- Que el proyecto sea desechado en su totalidad por la Cámara Revisora. De producirse esta situación, el proyecto debe ser considerado por una comisión mixta de ambas Cámaras (igual números de diputados y senadores), la cual tendrá como objetivo proponer una fórmula para resolver el desacuerdo existente. – El proyecto de ley en comisiones mixtas: Estas comisiones se crean al no producirse acuerdos entre las Cámaras. Cuando se da acuerdo en la comisión mixta, el proyecto vuelve a ser considerado por ambas Cámaras, donde requiere de la mayoría de sus miembros presentes para ser aprobado. Diversas situaciones originan estas comisiones: a) Si un proyecto es aprobado en la Cámara de Origen y rechazado en la Cámara Revisora. b) Si un proyecto modificado por la Cámara Revisora, es rechazado por la Cámara de Origen e insiste en su proyecto anterior. – Procedimientos que deben seguirse en caso de que un proyecto fuere aprobado en la Cámara de Origen y rechazado en la Cámara Revisora: Si existe acuerdo de la Comisión Mixta, el proyecto vuelve a ser considerado por ambas Cámaras, donde requerirá de la mayoría de sus miembros presentes para ser aprobado. Si no hay acuerdo en la Comisión Mixta, o si su propuesta es rechazada en la Cámara de Origen, ésta puede insistir, a petición del Presidente de la República, en su proyecto anterior. Esta insistencia requiere de una mayoría de dos tercios de sus miembros presentes. Si la Cámara de Origen acuerda la insistencia, el proyecto pasa por segunda vez a la Cámara Revisora, el cual sólo podrá ser reprobado con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes.

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De no lograr este quórum, el proyecto se da por aprobado y continúa su tramitación. – Procedimiento que debe seguirse en caso de que un proyecto modificado por la Cámara Revisora fuere rechazado por la Cámara de Origen: Si la comisión mixta llega a acuerdo, el proyecto vuelve a ser considerado en ambas Cámaras, bastando para su aprobación la mayoría de los miembros presentes en cada una de ellas. En tal caso el proyecto es remitido al Presidente de la República. Si no existe acuerdo en la comisión o alguna de las Cámaras rechaza su propuesta, el Primer Mandatario puede solicitar a la Cámara de Origen considere nuevamente el proyecto tal como venía aprobado por la Cámara Revisora. En caso de que la Cámara de Origen cambie su decisión y apruebe el proyecto, éste continúa su tramitación. Si la Cámara de Origen vuelve a rechazar, esta vez necesitando los dos tercios de sus miembros presentes, las adiciones o modificaciones hechas por la Cámara Revisora, no habrá ley en las partes rechazadas. Pero si este rechazo no logra los dos tercios, el proyecto pasará nuevamente a la Cámara Revisora, la que para aprobarlo requiere de una mayoría de dos tercios de sus miembros presentes. Pregunta Nº 588.- ¿En qué consiste la Sanción del proyecto? Respuesta: Aprobación por el Presidente de la República de un proyecto de ley votado favorablemente por el Congreso. (Artículo 32 Nº 1). Pregunta Nº 589.- ¿Cuántas clases de sanciones pueden distinguirse? Respuesta: Expresa, tácita y forzada. – Sanción expresa: luego de aprobado un proyecto en ambas Cámaras es remitido al Presidente de la República, quien, si lo aprueba, dispone su promulgación como ley. – Sanción tácita: a) Presidente de la República deja correr el plazo que tiene para vetar y no lo hace (se entiende que lo aprueba y se promulga como ley).


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b) Ambas Cámaras aprueban las observaciones, caso en el que el proyecto tendrá fuerza de ley y será devuelto al Presidente para su promulgación. – Sanción forzada: Presidente de la República veta un proyecto y ambas Cámaras lo rechazan e insisten con el quórum constitucional, en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, devolviéndose al Presidente para que éste lo pro mulgue. Pregunta Nº 590.- ¿Cuál es el procedimiento a seguir luego de aprobado el proyecto de ley por ambas Cámaras? Respuesta: Es enviado al Presidente de la República, para que éste también lo apruebe o lo rechace. Si no dice nada en un plazo de 30 días desde que recibió el proyecto, se entiende que lo aprueba, de tal modo se procede a su promulgación como Ley de la República. Si el Presidente desaprueba el proyecto aprobado por el Congreso, formulando vetos u observaciones, el proyecto es devuelto a la Cámara de Origen, con las observaciones mencionadas, dentro del plazo de 30 días. Estas observaciones presidenciales deben tener relación directa con las ideas fundamentales del proyecto, a menos que hubiesen sido consideradas en el mensaje respectivo. Si ambas Cámaras aprueban las observaciones, el proyecto es devuelto al Ejecutivo para su promulgación como ley. Si las dos Cámaras rechazan todas o alguna de las observaciones del Presidente, e insistieren, por los dos tercios de sus miembros presentes, en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá el proyecto al Ejecutivo, el que debe promulgarlo como ley. En caso de ser rechazadas por las dos Cámaras todas o algunas de las observaciones hechas por el Presidente, pero no se reuniera el quórum de dos tercios para insistir en el proyecto previamente aprobado por ellas, no habrá ley respecto de los puntos de discrepancias.

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Pregunta Nº 591.- ¿Qué es el veto? Respuesta: Facultad del Presidente de la República que le permite oponerse o formular observaciones a un proyecto de ley aprobado por el Congreso. Pregunta Nº 592.- ¿Cómo puede clasificarse el veto? Respuesta: I.- Desde el punto de vista de sus efectos: absoluto y suspensivo. – Veto absoluto: predomina la voluntad del Presidente de la República, y se pone fin al proyecto y su tramitación. – Veto suspensivo: el proyecto es nuevamente considerado por el Congreso, el que puede insistir otra vez por los 2/3 de sus integrantes presentes en casa Cámara. II.- Desde el punto de vista de su naturaleza: supresivo, sustitutivo, aditivo. – Veto supresivo: su fin es eliminar disposiciones del proyecto. Puede ser total (reprueba en su totalidad el proyecto) o parcial (reprueba sólo una o algunas disposiciones determinadas). – Veto sustitutivo: su fin es reemplazar o modificar disposiciones del proyecto. – Veto aditivo: su fin es agregar disposiciones nuevas al proyecto. Pregunta Nº 593.- ¿Qué plazo tiene el Primer Mandatario para vetar el proyecto? Respuesta: Plazo de 30 días, que se cuenta desde la fecha en que le es remitido el proyecto. Si no lo devuelve dentro de los 30 días, se entiende que lo aprueba, debiendo proceder a su promulgación. Pregunta Nº 594.- El veto y su votación. Breve reseña. Respuesta: 1) Luego de que el Presidente veta el proyecto, éste debe volver a la Cámara de origen a objeto se pronuncie sobre él.


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2) Si el Presidente lo rechaza en su totalidad, la respectiva Cámara votará sólo si insistiera en el proyecto como un todo, caso en el que finalizará su tramitación a tendido el hecho de que una de las Cámaras no alcance la mayoría de los 2/3 de sus miembros presentes para insistir. 3) Si fuera otra clase de veto y ambas Cámaras aprueban las observaciones por la mayoría de sus miembros presentes, el proyecto es devuelto al Presidente de la República para su promulgación. 4) En caso de que las dos Cámaras desechen todas o algunas de las observaciones debe consultárseles si insisten por los 2/3 de sus miembros presente en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas. Si así ocurriera, se remite el proyecto insistido al Presidente de la República para que lo promulgue. 5) Si no se produce la insistencia, no existe ley en la parte vetada y no insistida. 6) En el caso de un veto aditivo rechazado en las Cámaras, no hay ley en ese punto, y como resultado de aquello, no hay consulta a la Cámara sobre insistencia. Pregunta Nº 595.- ¿Qué es la promulgación? Respuesta: Autorización formal de una ley u otra disposición por el Presidente de la República, quien fija su texto ordenando el cumplimiento de la misma (decreto promulgatorio). Se lleva a cabo dentro del plazo de 10 días, contados desde que la promulgación sea procedente, debiendo llevar las firmas del Primer Mandatario y el Ministro o Ministros de los respectivos departamentos. Pregunta Nº 596.- ¿Desde cuándo es procedente la promulgación? Respuesta: Desde que el Presidente de la República ha sancionado el proyecto de ley. – Tratándose de la sanción forzada, comenzará a correr el plazo para promulgar, desde que se remita el proyecto al Presidente de la República.

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– En el caso de la sanción tácita, comenzará a contarse desde el vencimiento del plazo para vetar. – Tratándose de la sanción forzada, comenzará a correr el plazo desde que se remita al Presidente el citado proyecto. (Ver artículos 72, 73 incisos 3º y 4º) Pregunta Nº 597.- ¿Cuándo debe hacerse la publicación? Respuesta: Dentro de un plazo de cinco días hábiles desde que queda totalmente tramitado el decreto promulgatorio. El texto de la ley debe publicarse en el Diario Oficial y desde ese momento es obligatoria y se presume conocida por todos. “De la publicación dependen el conocimiento y obligatoriedad de la ley, pero su valor y existencia nacen de la promulgación constitucional. Es indispensable para que obligue el hecho de su publicación, pero su verdadero texto es el que se determina en la promulgación” (Alejandro Silva Bascuñán). El trámite de publicación de la ley se encuentra regulado en los artículos 6 y 7 del Código Civil. Pregunta Nº 598.- Urgencias en la tramitación de un proyecto de ley. Breve explicación. Respuesta: La tramitación de una ley no tiene un tiempo determinado, por lo tanto su demora va a depender del grado de dificultades que encuentre en las etapas del proceso de su formación. Sin embargo, el Presidente de la República podrá hacer presente la urgencia para el despacho de un proyecto de ley, en uno o en todos sus trámites, en el correspondiente Mensaje o mediante un oficio dirigido al Presidente de la Cámara respectiva o al Senado cuando el proyecto estuviese en comisión mixta (igual número de diputados y senadores cuyo objeto es proponer la forma y modo de resolver las dificultades surgidas en la tramitación de la ley en ambas Cámaras). Estos plazos se denominan urgencias. Existen tres tipos: – Simple urgencia: La discusión y votación del proyecto en la Cámara requerida debe quedar terminada en el plazo de 30 días.


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– Suma urgencia: El plazo es de 10 días para la tramitación. – Discusión Inmediata: El plazo es de 3 días, caso en el cual el proyecto pasa por la discusión general y particular de una sola vez. Estos plazos corren desde la sesión de la Cámara correspondiente en que se dé cuenta del Mensaje u oficio que requiere la urgencia a una de las Cámaras. Se entenderá hecha presente la urgencia y su calificación a las dos Cámaras, cuando el proyecto se encuentre en trámite de comisión mixta, salvo que el Presidente de la República circunscriba la urgencia a una de las Cámaras. Los plazos que tienen las Cámaras como las comisiones mixtas son: – Simple urgencia: Comisión mixta 10 días, cada Cámara 10 días. – Suma urgencia: Comisión mixta 4 días, cada Cámara 3 días. – Discusión inmediata: Comisión mixta 1 día, cada Cámara 1 día. Obs: Los plazos señalados para estas tres situaciones se contarán desde el día en que se dé cuenta de la urgencia, calificada por el Presidente de la República. En el cómputo de estos plazos se cuentan los días de feriado legal. Las urgencias determinan el orden de la tabla de discusión.

CAPÍTULO III Respecto

del

Procedimiento Especial Presupuesto

de la

Ley

de

Pregunta Nº 599.- ¿Qué se contiene en la Ley de Presupuestos? Respuesta: Se contiene una estimación de los ingresos y la fijación de los gastos de la Administración del Estado.

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Pregunta Nº 600.- ¿Cuándo debe ser presentado al Congreso por el Presidente de la República el proyecto de Ley de Presupuestos? Respuesta: Debe presentarlo, a lo menos, con 3 meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir; y si el Congreso no le despacha dentro de los 60 días contados desde su presentación, rige el proyecto presentado por el Primer Mandatario. Como el año presupuestario coincide con el año calendario, las leyes de presupuesto comienzan a regir el 1º de enero de cada año, por lo que el proyecto debe ser enviado a lo menos el día 30 de septiembre del año anterior. Pregunta Nº 601.- ¿Por qué razón las facultades del Congreso se ven disminuidas en la tramitación de la ley de presupuestos? Respuesta: Por dos razones: 1.- Porque éste no puede alterar el cálculo de los ingresos públicos hechos por el presupuesto. 2.- Porque en los que respecta a los gastos públicos, el Congreso no puede modificar los gastos permanentes, la ley sólo se limita a registrarlos. Respecto de los gastos variables, sí pueden alterarse por los parlamentarios, pero sólo con la finalidad de reducirlos. Se evita de esta manera que se vayan a pagar con éstos favores electorales, y además porque el aumento del gasto puede incidir a su vez en el aumento de la inflación. Pregunta Nº 602.- Comisión especial que debe informar el proyecto de ley de presupuestos. Breve referencia. Respuesta: Dicha comisión estará integrada con el mismo número de diputados y senadores establecido por las normas reglamentarias acordadas por las Cámaras, formando, en todo caso, parte de ellas los integrantes de sus respectivas Comisiones de Hacienda. La presidirá el senador elegido de entre sus miembros, debiendo quedar constituida antes del término de la legislatura ordinaria.


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Esta comisión especial ha de fijar en cada oportunidad sus normas de procedimiento y formará de su seno las subcomisiones que necesite para el estudio de las diversas partidas del proyecto. Pregunta Nº 603.- ¿Es posible aplicar el sistema de urgencias al proyecto de ley de presupuestos? Respuesta: No.

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TEMA IX PODER JUDICIAL (Art. 76 y Ss., C.P.R.)

CAPÍTULO I Organización

y

Atribuciones

Pregunta Nº 604.- Bases constitucionales de organización del Poder Judicial. Respuesta: La Constitución establece las siguientes: 1) Independencia. (Ver artículo 76 de la Carta Fundamental). 2) Generación. (Ver Ley de Reforma Constitucional Nº 19.541. Artículos 32 Nº 12; 78 inciso 2º y 4º). 3) Inamovilidad. (Ver artículo 80 inciso 1º). 4) Responsabilidad. (Ver artículo 79). 5) Legalidad. (Ver artículos 19 Nº 3; 77, etc.). Existen otras bases legales que establece el Código Orgánico de Tribunales. Pregunta Nº 605.- ¿Qué atribuciones le entrega la Constitución a la Corte Suprema? Respuesta: 1) Ejercer la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los Tribunales de la Nación. 2) Conocer en calidad de jurado la reclamación del acto o resolución de autoridad administrativa que haya privado o desconocido la nacionalidad chilena a una persona. Ver artículo 12.

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3) Conocer de la apelación que se interponga en contra de la resolución que se pronuncie sobre el desafuero de un parlamentario. Ver artículo 61 inciso 2º. 4) Declarar que un juez no ha tenido el buen comportamiento exigido por la Constitución y acordar su remoción. Ver artículo 80 inciso 31. 5) Declarar injustificadamente errónea o arbitraria la resolución que sometió a proceso o condenó en cualquier instancia, tratándose del error judicial. Ver artículo 19 Nº 7, letra i). 6) Elegir 4 miembros del Tribunal Calificador de Elecciones que sean Ministros de la Corte Suprema por sorteo. Ver artículo 95. 7) Elegir un miembro del Tribunal Calificador de Elecciones. Ver artículo 95, letra b). 8) Elegir tres miembros del Tribunal Constitucional. (Ver artículo 92, letra c).

CAPÍTULO II Responsabilidad

y

Duración

en el

Cargo

de los

Jueces

Pregunta N° 606.- Responsabilidad de los jueces. Respuesta: Los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones. Tratándose de los miembros de la Corte Suprema, la ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad. Pregunta N° 607.- Duración en el cargo de los jueces. Respuesta: Los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento; pero los inferiores desempeñarán su respectiva judicatura por el tiempo que determinen las leyes. No obstante lo anterior, los jueces cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad; o por renuncia o incapacidad le-


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gal sobreviniente o en caso de ser depuestos de sus destinos, por causa legalmente sentenciada. La norma relativa a la edad no regirá respecto al Presidente de la Corte Suprema, quien continuará en su cargo hasta el término de su período. En todo caso, la Corte Suprema por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán al Presidente de la República para su cumplimiento. La Corte Suprema, en pleno especialmente convocado al efecto y por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, podrá autorizar u ordenar, fundadamente, el traslado de los jueces y demás funcionarios y empleados del Poder Judicial a otro cargo de igual categoría.

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TEMA X MINISTERIO PÚBLICO

CAPÍTULO ÚNICO Concepto y Composición, Designaciones, Registro Nombramientos de Fiscales y duración

de

en sus cargos

(Art. 83 y Ss., C.P.R.)

Pregunta Nº 608.- ¿Qué es el Ministerio Público? Respuesta: Concepto 1.- Organismo autónomo e independiente de los distintos poderes del Estado, siendo sus Fiscales quienes dirigen en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, relacionándose para este efecto con las distintas fuerzas policiales, a saber, Carabineros e Investigaciones. Concepto 2.- Organismo autónomo y jerarquizado, cuya función es dirigir en forma exclusiva y en la forma prevista por la Carta Fundamental la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley; como también el adoptar medidas a fin de proteger a víctimas y testigos. Concepto doctrinario. Organismo autónomo y jerarquizado que tiene a cargo la investigación penal, eventualmente, el ejercicio de la acción penal pública, y la adopción de medidas para proteger a víctimas y testigos” (Javier Castro Jofré).

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Este organismo fue creado mediante una reforma constitucional, efectuada el 16 de septiembre de 1997 por la Ley Nº 19519. Lo regula la Constitución Política de la República de Chile en el Capítulo VII llamado “Ministerio Público”, entre los artículos 83 y 91; la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público (LOCMP), Ley Nº 19.640, publicada el 15 de octubre de 1999, así como por el Código Procesal Penal. Pregunta Nº 609.- ¿Cuál es la composición de este Ministerio? Respuesta: Estructura piramidal. 1.- Fiscalía Nacional. Tiene su sede en Santiago y está a cargo de ella el Nacional, deje superior del Ministerio Público y responsable de su funcionamiento, quien tiene como organismo asesor y colaborador al Consejo General. 2.- Fiscalías Regionales. A cargo de ellas, el Fiscal Regional. 3.- Fiscalías Locales. A cargo de ellas, un Fiscal Adjunto. Las distintas fiscalías se relacionan entre sí mediante instrucciones generales (Fiscal nacional a los Fiscales regionales) y particulares (Fiscal regional a los adjuntos), como a través de un sistema de objeciones de los Fiscales regionales a las instrucciones del Fiscal Nacional y de los Fiscales adjuntos a los regionales. Pregunta Nº 610.- ¿Quién designa y bajo qué mecanismos al Fiscal Nacional? Respuesta: El Presidente de la República, a propuesta en quina de la Corte Suprema, con acuerdo del Senado (2/3 de sus integrantes en ejercicio) y en sesión especialmente convocada para tales efectos. * Para la provisión por 1ª vez de los cargos de Fiscal Nacional y de Fiscales Regionales puede ser incluido en la quiena y ternas (Fiscales regionales), a un integrante activo del Poder Judicial.


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Pregunta Nº 611.- Corte Suprema y llamado a concurso para integrar la quina. Procedimiento. Respuesta: La Corte Suprema debe llamar a un concurso público de antecedentes para integrar dicha quina, la que será acordada por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, en un pleno convocado especialmente para ello; no pudiendo integrar las quinas aquellos miembros activos o pensionados pertenecientes al Poder Judicial. La quina se forma en una misma y única votación durante la cual casa miembro del pleno tiene derecho a votar por tres personas, resultando elegidos los postulantes que obtuvieren las cinco primeras mayorías. Si se produjere un empate, éste se resuelve mediante sorteo. Pregunta Nº 612.- ¿Qué ocurre si el Senado no aprueba la proposición del Presidente de la República? Respuesta: Corresponde a la Corte Suprema completar la quina, proponiendo un nuevo nombre que sustituya al rechazado, repitiéndose tal procedimiento hasta que sea aprobado un nombramiento. Pregunta Nº 613.- ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir la persona para ser designado Fiscal Nacional? Respuesta: 1.- Ser ciudadano con derecho a sufragio, o sea, chileno, mayor de 18 años, y no haber sido condenado a pena aflictiva. 2.- Tener a lo menos diez años el título de abogado. Debe haberlo recibido por lo menos diez años antes de su elección como Fiscal Nacional. 3.- Haber cumplido cuarenta años de edad. 4.- No encontrarse sujeto a alguna de las incapacidades e incompatibilidades previstas en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

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Pregunta Nº 614.- ¿Cuántos Fiscales regionales existen en el país? Respuesta: Existirá uno para cada región en que se divida administrativamente el país, a menos que la población o la extensión geográfica de la región hiciera necesario nombrar más de uno de ellos (Art. 86). Pregunta Nº 615.- ¿Quién nombra a los Fiscales regionales? Respuesta: El Fiscal Nacional, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones de la respectiva región, y si en esta última existiere más de una Corte de Apelaciones, la terna será integrada por un pleno conjunto de todas ellas especialmente convocado al efecto por el presidente de la Corte de más antigua creación. Pregunta Nº 616. ¿Cuánto tiempo duran en sus funciones los Fiscales regionales? Respuesta: Ocho (8) años, no pudiendo ser designados en el cargo por un período siguiente. Sin embargo sí pueden postular y ser nombrados en otro cargo del Ministerio Público. Pregunta Nº 617.- Designación de los Fiscales adjuntos. Procedimiento. Respuesta: Primeramente se llama a concurso público, en conformidad a la ley orgánica constitucional, el Fiscal regional propone en terna el nombramiento al Fiscal Nacional quien es finalmente quien designa al elegido. Pregunta Nº 618.- ¿Cuáles son las características generales más importantes del Ministerio Público? Respuesta: 1.- No forma parte del Poder Judicial, motivo por el cual no queda bajo el control de la Corte Suprema, recayendo en su Fiscal Nacional la superintendencia directiva, correccional y económica, de acuerdo a su propia ley orgánica constitucional.


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2.- Dirige en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delitos, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado. 3.- Ejerce, en su caso, la acción penal pública en la forma prevista por la ley. 4.- Tiene el carácter de sujeto procesal del procedimiento penal y quienes forman parte de él, sus fiscales, poseen la calidad de intervinientes del citado proceso. 5.- Durante la investigación puede impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad, las que deben cumplirse de inmediato, sin que pueda calificarse su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, excepto solicitar se exhiba la autorización judicial previa, y cuando correspondiera. (Ver Art. 83 incisos 1, 2, 3 C.P.R.). 6.- Está obligado a arbitrar las necesarias medidas de protección a favor de víctimas y testigos, y facultativamente en el caso de peritos y terceros que debieren comparecer al juicio oral para efectos probatorios. Pregunta Nº 619.- ¿Quién es el responsable si el Ministerio Público incurre en conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias? Respuesta: El Estado, y la acción para perseguir esta responsabilidad patrimonial prescribe en 4 años, contados desde la fecha de la actuación que causare el daño. Lo anterior no obsta a la responsabilidad civil, disciplinaria, administrativa o penal que pudiere afectar al fiscal o funcionario autor del referido daño, y si ha existido culpa grave o dolo de su parte, al derecho del Estado para repetir en su contra. Pregunta Nº 620.- ¿Quién puede remover de sus cargos al Fiscal Nacional y a los Fiscales regionales? Respuesta: El Fiscal Nacional: en pleno (voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio), a requerimiento del

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Presidente de la República, de la Cámara de Diputados, o de 10 de sus integrantes, por las causales de incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. En cuanto a los Fiscales Regionales también su remoción puede ser solicitada por el Fiscal Nacional.


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TEMA XI TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CAPÍTULO ÚNICO Concepto y Atribuciones Integrantes, Requisitos, Nombramiento, Duración en el cargo, Funcionamiento del Tribunal Pregunta Nº 621.- ¿Qué es el Tribunal Constitucional? Respuesta: Es un órgano del Estado chileno, autónomo e independiente de toda otra autoridad o poder, con naturaleza jurídica de tribunal colegiado, no procediendo en contra de sus resoluciones recurso alguno, sin perjuicio de que el tribunal, por sí, rectifique los errores de hecho en los cuales haya incurrido. Pregunta Nº 622.- ¿Cuáles son las atribuciones del Tribunal Constitucional? Respuesta: 1.- Ejercer el control de constitucionalidad de aquellas “leyes interpretativas” de algún precepto de la Constitución, de las “leyes orgánicas constitucionales” y de las normas de un tratado internacional que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación. El Congreso le enviará las mismas en los cinco días posteriores a su promulgación; Creado

originalmente por una reforma constitucional de fecha 23 de enero de 1970, fue disuelto por el Decreto Ley Nº 119 de 10 de noviembre de 1973, emanado de la Junta Militar de Gobierno. La Constitución de 1980 lo repone como organismo constitucional autónomo, siendo modificado en forma sustancial, mediante la reforma constitucional de 2005.

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* Se trata de un control obligatorio (Art. 93 Nº 2) y preventivo (Art. 93 Nº 1); 2.- Resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte Suprema de Chile, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones. (Ver Art. 93 Nº 2 C.P.R.); 3.- Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o de una cuarta parte de los parlamentarios. *Las cuestiones de constitucionalidad pueden ser de fondo (se refieren a derechos constitucionales o a reglas sustantivas) o de forma (relacionadas con normas sobre formación de la ley o reglas de procedimiento); 4.- Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley a requerimiento del Presidente. (Ver Art. 93 Nº 4 C.P.R.); 5.- Resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución del Presidente de la República que la Contraloría General de la República haya representado por estimarlo inconstitucional. (Ver Art. 93 Nº 9 C.P.R.); 6.- Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquellos dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato del artículo 63. (Ver Art. 93 Nº 16 C.P.R.); 7.- Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones. (Ver Art. 93 Nº 5 C.P.R.); 8.- Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución. (Ver Art. 93 Nº 6 C.P.R.); 9.- Resolver, por mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio, la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el N° 6° del Art. 93 C.P.R. (Ver Art. 93 Nº 7 C.P.R.); 10.- Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda. (Ver Art. 93 Nº 8 C.P.R.); 11.- Informar al Senado para que esta corpo-


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ración declare la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones o para que declare la procedencia o improcedencia de los motivos que originen la dimisión del Presidente de la República. (Ver Art. 53 Nº 7 y 93 inciso 12 C.P.R.); 12.- Declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o partidos políticos, como asimismo la responsabilidad de las personas que hubieran tenido participación en los hechos que motivaron la declaración de inconstitucionalidad, en conformidad a lo dispuesto en el Art. 19 Nº 15, párrafos sexto, séptimo y octavo de esta Constitución. Sin embargo, si la persona afectada fuera el Presidente de la República o el Presidente electo, la referida declaración requerirá, además, el acuerdo del Senado adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio; 13.- Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia, que no correspondan al Senado; 14.- Resolver sobre las inhabilidades que afecten a una persona para ser designada Ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones. También se pronunciará sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causas de cese en el cargo de los parlamentarios. Pregunta Nº 623.- ¿Quiénes integran el Tribunal Constitucional? Respuesta: Está conformado por diez (10) miembros: – Tres (3) que elige la Corte Suprema (votación secreta celebrada en sesión que se convoca especialmente para tales efectos). – Dos (2) que nombra directamente por el Senado. – Dos (2) que propone la Cámara de Diputados al Senado para su aprobación o rechazo. * Los nombramientos o la propuesta, según corresponda, deberán efectuarse en votaciones únicas requiriendo para su aprobación del voto favorable de los 2/3 de los senadores o diputados en ejercicio. – Tres (3) designados por el Presidente de la República.

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– Tres (3) Ministros de la Corte Suprema, elegidos por ella misma, por mayoría absoluta de sus miembros, en votaciones sucesivas y secretas. En caso de cesar en el cargo de ministros de la Corte Suprema dejarán de serlo del Tribunal Constitucional de Chile, cualquiera sea la causa. – Un (1) abogado designado por el Presidente de la República. – Un (1) abogado elegido por el Senado, por mayoría absoluta de los senadores en ejercicio. – Dos (2) abogados elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional. El último organismo, que no tenía competencia alguna en el proceso de formación de las leyes, según la opinión de algunos, disponía de una especie de derecho de revisión sobre las gestiones de los políticos. Su participación en este proceso provenía del diseño institucional original de la Carta Fundamental de 1980. Las reformas cambiaron dicha composición, asignando a las autoridades colegisladoras mayor poder en la designación de los miembros de este tribunal. Pregunta Nº 624.- ¿Qué requisitos se necesitan para ser designado integrante del Tribunal Constitucional? Respuesta: 1.- Tener a lo menos 15 años como abogado. 2.- Haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública. 3.- Carecer de algún impedimento que lo inhabilite para ejercer el cargo de juez. Pregunta Nº 625.- ¿Cuántos años duran en el cargo? Respuesta: Nueve (9) años, renovándose por parcialidades cada tres (3), no pudiendo ser reelegidos, excepto aquel que lo haya sido como reemplazante y hubiere ejercido el cargo por un período menor a cinco (5) años. *Obs. Deben cesar en sus funciones cuando cumplan setenta y cinco (75) años.


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Pregunta Nº 626.- ¿Cómo funciona el Tribunal Constitucional? Respuesta: En pleno (quórum: mínimo 8 integrantes) o dividido en salas (quórum: mínimo 4 integrantes). Adoptará sus acuerdos mediante simple mayoría, excepto en aquellos casos en que le sea exigido un quórum distinto, fallando de acuerdo a derecho. Aquellas atribuciones que señala el artículo 93 Nº 1 al 11, serán resueltas por el Tribunal en pleno; en tanto, para el ejercicio de las restantes puede funcionar ya sea en pleno o en sala de acuerdo a lo dispuesto en la respectiva Ley Orgánica Constitucional.

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TEMA XII CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CAPÍTULO ÚNICO Concepto y Orígenes, Naturaleza Jurídica, Designación del Contralor, Duración y Cesación en el Cargo, Funciones de la Contraloría (Art. 98 y Ss., C.P.R.) Pregunta Nº 627.- ¿Qué es la Contraloría General de la República? Respuesta: Entidad fiscalizadora superior de Chile, contemplada en la Constitución Política, de carácter autónomo, encargada de ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración Pública, fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos fiscales, municipales y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes, examinar y juzgar las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes fiscales y municipales, llevar la contabilidad general de la Nación y desempeñar las demás funciones encomendadas por su ley orgánica constitucional. (Ver Art. 98 inciso 1). Pregunta Nº 628.- ¿Cuáles son sus orígenes? Respuesta: Sus orígenes se remontan a los años de la Colonia. Así, cuando se constituyó el Cabildo de Santiago, un 11 de agosto de 1541, entró a actuar de inmediato un “Oficial de Control” de Finanzas del Monarca, con el título de Veedor.

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Hasta la primera mitad del siglo XVIII, tuvo particular importancia la Real Audiencia, con sede en España, la que actuaba en Chile a través de “visitas” y los “juicios de residencia”. A comienzos del período de la Independencia funcionaron en Chile órganos de Contaduría y un Tribunal de Cuentas. Este sistema de fiscalización fue perfeccionado en 1839 al crearse la Contaduría Mayor y el Tribunal Superior de Cuentas. Entre las funciones asignadas a la Contaduría Mayor estaba la de “tomar razón” de las órdenes del Poder Ejecutivo relativas a la Hacienda, pudiendo representarlas, devolviéndolas, si no se ajustaban a las normas vigentes. En 1875 fue suprimida la Contaduría Mayor, traspasándose sus funciones a la Dirección General de Contabilidad. Por su parte, el juzgamiento de las cuentas quedó radicado en la Corte de Cuentas. En 1888 se organizó el Tribunal de Cuentas. En 1925 fue contratada la Misión Kemmerer por el Gobierno de Chile. Ella preparó varios proyectos de ley sobre régimen bancario, administración financiera y fiscalización. Uno de estos proyectos dio origen al Decreto con Fuerza de Ley Nº 400bis, del 26 de marzo de 1927, que creó la Contraloría General de la República de Chile, refundiendo a la Dirección General de Contabilidad y al Tribunal de Cuentas. Al mismo tiempo se ampliaron las facultades fiscalizadoras. Esto ocurrió durante la administración del Presidente de la República, Emiliano Figueroa Larraín. En 1943 este órgano fue incorporado a la Constitución Política de la República de Chile, situación que se consolidó en la Constitución actual. Pregunta Nº 629.- Naturaleza jurídica. Respuesta: 1ª) Recibe directamente de la Constitución su status y competencias esenciales (órgano constitucional); 2ª) Goza de autonomía funcional y orgánica (órgano autónomo), lo que no significa que se transforme en otro poder del Estado, debiendo actuar dentro del marco constitucional y de su competencia. Esta autonomía puede apreciarse: a) Desde la perspectiva orgánica: no recibe instrucciones ni está sujeto a la dependencia


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jerárquica de otros órganos constitucionales. b) Desde la perspectiva funcional: le corresponde una función pública privativa, definida por la Carta Fundamental y su Ley Orgánica Constitucional que ejerce con independencia de los otros órganos del estado; 3ª) Es un órgano que forma parte de la administración del Estado. Pregunta Nº 630.- ¿Qué características presenta? Respuesta: 1) Es esencialmente un órgano de control de juridicidad o legalidad de la Administración del Estado; 2) Tiene rango constitucional (Capítulo X, Art. 98 a 99, C.P.R); 3) Es un organismo autónomo, en el sentido que goza de independencia para el ejercicio de sus funciones. No está sometida ni al mando ni a la supervigilancia del Poder Ejecutivo ni del Congreso Nacional; 4) La planta del personal de Contraloría General es materia de ley, pero el Contralor General realiza todos los nombramientos y dispone las demás medidas atingentes a los funcionarios; 5) El Organismo Contralor no goza de personalidad jurídica propia, por lo que actúa con la personalidad del Estado. Tampoco tiene autonomía financiera, de modo que la aprobación y ejecución de su presupuesto está sometido a las mismas reglas que el resto de los servicios públicos, lo que supone la iniciativa legislativa del Presidente de la República. Es un organismo superior de control que forma parte del Sistema Nacional de Control, el que está integrado, además, por la Cámara de Diputados en cuanto fiscalizador de los actos de gobierno, los Tribunales de Justicia, algunos órganos especializados de fiscalización, como las Superintendencias, los controles jerárquicos y las unidades de control interno de los servicios públicos. Existe, además, el control social a través de los medios de comunicación y los ciudadanos en general; 6) Integra la Administración del Estado, por mandato del artículo 1º de la Ley 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Por lo tanto, está sometida a las normas del Título I de dicho texto legal, el que exige, entre otros aspectos, una actuación coordinada con los servicios públicos, sin perjuicio de su autonomía; 7) La norma que regula la organización y funcionamiento de Contraloría General es la Ley 10.336 que tiene el rango de Ley Orgánica Constitucional.

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Pregunta Nº 631.- ¿Quién dirige la Contraloría General de la República? Respuesta: El Contralor General de la República. (Ver Art. 98). Pregunta Nº 632.- ¿Quién designa al Contralor General? Respuesta: El Presidente de la República, con acuerdo del Senado, adoptado por los 3/5 de los miembros en ejercicio. Pregunta Nº 633.- ¿Cuántos años dura en el cargo? Respuesta: Ocho (8) años, y es inamovible, no podrá ser designado para el período siguiente. Pregunta Nº 634.- ¿Cuáles son las únicas causales de cesación en el cargo? Respuesta: Constitucionalmente cesa en el cargo: a) Al cumplir 75 años de edad; y b) En caso de acogerse la remoción dispuesta por el Senado, acogida una acusación constitucional hecha por la Cámara de Diputados fundada en notable abandono de funciones. (Art. 52, Nº 2, letra c). Pregunta Nº 635.- ¿Cuáles son algunas de las funciones más importantes que cumple la Contraloría? Respuesta: a) Toma de Razón; b) Emisión de Dictámenes; c) Auditoria e Investigaciones Especiales; d) Control del Personal de la Administración; e) Contabilidad General de la Nación; f) Información y Difusión; g) Juzgamiento de Cuentas. Pregunta Nº 636.- ¿Cuáles son los objetivos de la Contraloría General de la República? Respuesta: 1) Proteger el principio de la legalidad o de juridicidad. Este principio se traduce en que la actividad de la Administración, al igual que la de cualquier órgano del Estado, debe ajustarse al ordenamiento jurídico, debe ceñirse a todas las normas que lo conforman, tanto a las establecidas por la


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Constitución, de orden legal, aquellas contenidas en los tratados internacionales y las de carácter reglamentario. La tutela de este principio persigue velar por el respeto de los derechos individuales, así como también por los intereses públicos. 2) Tutelar el principio de probidad administrativa. El riesgo de un deterioro de los valores éticos que puede afectar a la Administración suele manifestarse en la corrupción, lo cual acarrea significativos perjuicios para el patrimonio estatal y el interés de la ciudadanía, comprometiendo incluso la estabilidad institucional de un país. Para resguardar el principio de la probidad, la Contraloría ha intensificado sus labores investigativas de las situaciones relacionadas con la vulneración de este principio. Asimismo, imparte instrucciones y efectúa recomendaciones respecto a las medidas que los servicios deben adoptar para evitar la ocurrencia de hechos de esta naturaleza. Por ejemplo, disponer capacitación del personal en materia de deberes y prohibiciones estatutarias o establecer sistemas de control interno adecuadamente concebidos desde el punto de vista orgánico y funcional, y dotados de recursos suficientes. 3) Resguardar el patrimonio público. La Contraloría General debe encargarse de tutelar el patrimonio público, conformado por los recursos materiales, financieros y tecnológicos. La acción del Organismo Contralor tiene por objeto velar por la integridad de ese patrimonio y garantizar de alguna manera que los recursos pertinentes sean administrados e invertidos regular, racional y eficientemente, conforme a las exigencias impuestas por el ordenamiento. Pregunta Nº 637.- ¿Qué es la toma de razón? Respuesta: Los actos que realizan los distintos órganos que componen la Administración de Estado, deben ajustarse a la Constitución y la ley. Para ello, se someten a un control previo que realiza La Contraloría General a objeto de verificar su constitucionalidad y legalidad, lo que se denomina “Toma de Razón”. Pregunta Nº 638.- Señale algunos de los actos sometidos a la Toma de Razón.

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Respuesta: 1.- Nombramientos del personal de la administración del Estado; 2.- Aplicación de medidas disciplinarias; 3.- Ascensos; 4.- Cese de funciones; 5.- Otorgamientos de pensiones de jubilación. Si la conclusión del análisis que realiza la Contraloría de algunos de los actos mencionados u otros, es favorable, ejecuta lo que se conoce con el nombre de Toma de Razón, entonces se dice que dicho organismo tomó razón de un determinado documento o acto. Cuando la entidad observa en su estudio que hay elementos que no se ajustan a derecho, representa la ilegalidad, devolviendo el documento al Servicio de origen sin tramitar, vale decir no se hace efectivo y no se toma razón de él. En este caso, la Contraloría hace las observaciones o reparos pertinentes, para ser subsanados. Por otra parte, el Contralor General, de oficio o a petición del Presidente de la República puede, por resolución fundada autorizar que ciertas medidas produzcan sus efectos antes de cumplir con la toma de razón. Ejemplo: nombramientos de funcionarios públicos, siempre que se ordene la asunción inmediata de funciones; las medidas que tiendan a evitar o reparar daños a la colectividad o al Estado (terremotos e inundaciones, entre otros); y aquellas medidas que perderían oportunidad o estarían expuestas a desvirtuarse. Pregunta Nº 639.- ¿Cuál es el plazo que tiene la Contraloría General para pronunciarse sobre la juridicidad o legalidad de los actos administrativos sometidos a toma de razón? Respuesta: Quince días (15), contados desde la fecha de su recepción. No obstante, hay disposiciones legales que señalan plazos mucho más breves, tratándose de ciertas materias. Pregunta Nº 640.- ¿En qué consisten los dictámenes jurídicos emitidos por la Contraloría? Respuesta: Se trata de documentos que interpretan las normas o leyes y que se originan cuando alguna autoridad administrativa, empleados públicos o particulares, solicitan a este intérprete


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la ley. Esto sucede, por ejemplo, si alguno de ellos, ha considerado que se han violado sus derechos o éstos han sido violentados por acciones u omisiones abusivas de la autoridad. Dicha tarea es realizada por un conjunto de abogados que trabajan en la entidad. Cabe mencionar que la Contraloría, regularmente, imparte instrucciones a los servicios públicos para que cuenten con la información necesaria acerca de la forma en que deben interpretarse determinados mandatos jurídicos. Pregunta Nº 641.- “Los dictámenes de la Contraloría General de la República conforman jurisprudencia”. ¿Qué quiere significar esta afirmación? Respuesta: Que se entienden como parte de la legislación vigente, y se hacen obligatorios y comunes para todos los órganos administrativos sometidos a su fiscalización. Pregunta Nº 642.- ¿Qué significa realizar una auditoria? Respuesta: Significa materializar una investigación, estudio y análisis, respecto del funcionamiento, ya sea general y/o particular, de los servicios del Estado. La Contraloría cuenta con amplias facultades para llevar a cabo esta labor. Se trata de un control interno a los órganos estatales, destinado a comprobar que su quehacer, se concrete de acuerdo a lo que establece la ley. Pregunta Nº 643.- ¿Cómo se encarga la Contraloría de fiscalizar el cumplimiento de las normas que rigen a los funcionarios públicos? Respuesta: Dicha tarea la realiza a través de diferentes formas. Por ejemplo, tomando razón de los nombramientos de dicho personal, realizando inspecciones, emitiendo órdenes de reintegro de las remuneraciones mal percibidas, entre otras. Para facilitar esta labor mantiene un registro computarizado de todos los servidores públicos; allí se contiene el historial de cada funcionario con los datos más importantes de su carrera.

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Pregunta Nº 644.- La Contraloría General de la República y la Contabilidad General de la Nación. Respuesta: Para concretarlo, consolida los registros contables que deben efectuar los servicios, conforme a las pautas y procedimientos que ella determina. Uno de los resultados de esta función es la elaboración del Balance Anual de la Gestión Financiera del Estado. Pregunta Nº 645.- Funciones de Información y difusión. Breve análisis. Respuesta: La Contraloría General realiza una amplia labor de información y de asesoría a la Administración y al Congreso Nacional, publica los Tomos de Leyes y Reglamentos, da información jurídica a los órganos públicos y particulares a través de Boletines de Jurisprudencia y mantiene la Base Computacional sobre Legislación y Jurisprudencia. También pública anualmente una Memoria de su gestión. Además, la Entidad Fiscalizadora efectúa intensos programas de capacitación a los funcionarios de la Administración Pública, incluidos los propios, de acuerdo con una concepción moderna de control educativo. Pregunta Nº 646.- ¿En qué consiste el llamado “Juicio de cuentas”? Respuesta: Cuando funcionarios o ex funcionarios públicos, han actuado ilegalmente, provocando daño al patrimonio público en la administración de los recursos públicos entregados a su resguardo, la Contraloría puede iniciar lo que se denomina “juicios de cuentas”. Esto, tiene por objeto que el Estado se repare de los perjuicios causados. Pregunta Nº 647.- ¿A quiénes fiscaliza la Contraloría General de la República? Respuesta: 1.- A los órganos y servicios centralizados y descentralizados de la Administración del Estado, incluyendo los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las Empresas Públicas


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del Estado creadas por ley, con la sola excepción de aquellas reparticiones marginadas por ley de su control. 2.- A las instituciones de carácter privado en que el Estado tenga aportes, representación o participación en los porcentajes que señala el artículo 16, inciso 2°, de la Ley 10.336. Dicho control se preocupa de “cautelar el cumplimiento de los fines de esas empresas, sociedades o entidades, la regularidad de sus operaciones, hacer efectivas las responsabilidades de sus directivos o empleados, y obtener la información o antecedentes necesarios para formular un Balance Nacional”. 3.- A las entidades del sector privado que perciban, en virtud de leyes permanentes, aportes o subvenciones del Estado para finalidades específicas y determinadas, con el objeto de verificar el cumplimiento de esos fines. 4.- A todas las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben aportes o subvenciones estatales para verificar el empleo de estos recursos en los fines previstos por el legislador.

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TEMA XIII FUERZAS ARMADAS, DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO I Dependencia

y

Conformación

Pregunta Nº 648.- ¿De quién dependen, cómo están constituidas las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y cuáles son sus objetivos? Respuesta: Dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública, están constituidas por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Sus objetivos: 1) Dar eficacia al Derecho. La Fuerza Pública debe cumplir sin más trámite las órdenes judiciales impartidas por los tribunales del Poder Judicial y, de esta manera, ejecutar sus resoluciones y practicar y hacer practicar los actos de instrucción. (Ver Art. 76 incisos 3 y 4 y Art. 101 inciso 2). 2) Garantizar el orden público y la seguridad interior, en la forma que determinen sus respectivas leyes orgánicas. – Orden Público: Está representado por la tranquilidad y paz social que proviene del respeto generalizado al ordenamiento jurídico. La mantención de este orden público habilita a la Administración, a través de la ley, para imponer órdenes, prohibiciones y sanciones. – Seguridad pública: Actos de prevención y represión a objeto de evitar se realicen conductas que perturben el orden público,

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reprimiendo aquellos atentados y delitos cometidos, poniendo a los responsables a disposición del Ministerio Público. CAPÍTULO II Seguridad Nacional; Obediencia y no Deliberación; Procedimiento de Designación del Alto Mando Pregunta Nº 649.- ¿Qué se entiende por Seguridad Nacional? Respuesta: Concepto 1: Situación o condición que alcanza un país cuando sus objetivos nacionales están a cubierto de riesgos, amenazas o interferencias importantes, lo que permite llevar adelante el proceso de desarrollo nacional. Concepto 2: Condición de orden y estabilidad que posibilita un desarrollo que satisfaga el bien común y que permite enfrentar eventuales calamidades públicas y los conatos al orden público interno, y los atentados externos contra la soberanía del Estado (Comisión Constituyente, Sesión Nº 59, de fecha 1 de agosto de 1974). Pregunta Nº 650.- ¿Qué significa que las Fuerzas Armadas y Carabineros sean esencialmente obedientes y no deliberantes? Respuesta: 1) Obediencia. Significa que estas fuerzas, como entes orgánicos, deben obediencia al ordenamiento jurídico y, por lo tanto, a las autoridades del Estado, que actúan dentro de sus competencias (plano externo), manteniendo su carácter jerárquico y disciplinado (plano interno). 2) No deliberancia. Significa que “ninguno de los institutos armados, ni los diversos cuerpos que lo forman, ni sus miembros individualmente invocando o reunidos en su calidad de tales, dentro de sus respectivos grados o con participación de componentes de grados diversos, pueden debatir acerca de los problemas colectivos con mira a uniformar apreciaciones o coordinar actitudes que conduzcan a expresar aplauso o crítica a los írganos del poder político o a hacer prevalecer soluciones propias en cualquier aspecto”.


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“No constituyen, por cierto, deliberaciones los debates que sólo con propósitos de estudio o perfeccionamiento se realicen en el seno de los institutos armados, ya se relacionen con los problemas comprendidos en su esfera de competencia y actuación, ya con problemas colectivos, pero ajenos al campo que pudiera considerarse propio de la política de los partidos conforme a su naturaleza y considerando el momento colectivo” (Alejandro Silva Bascuñán) (Art. 101 inciso 3). Pregunta Nº 651.- Disposiciones respecto de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones reguladas en el Art. 101 y Ss., de la Constitución. Respuesta: 1) Se trasladó a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Carabineros e Investigaciones desde la Dependencia del Ministerio encargado de la Defensa Nacional al Ministerio encargado de Seguridad Pública. 2) Existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior. Pregunta Nº 652.- ¿Qué procedimiento utiliza el Presidente de la República para designar a los Comandantes en Jefe del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, y General Director de Carabineros? Respuesta: Los designa de entre los cinco oficiales generales de mayor antigüedad, que reúnan aquellas calidades que los respectivos estatutos institucionales elijan para tales cargos, durarán 4 años en sus funciones, no podrán ser nombrados para un nuevo período y gozarán de inamovilidad en su cargo. (Art. 104). Pregunta Nº 653.- ¿Cómo hace el Presidente de la República para llamar a retiro al Comandante en Jefe de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas o al Director General de Carabineros antes de completar su período? Respuesta: Mediante decreto fundado e informando previamente a ambas Cámaras (Art. 104 inciso 2).

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TEMA XIV CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL (Art. 106 y Ss., C.P.R.)

CAPÍTULO ÚNICO Concepto, Integración y Reuniones, Actas Funciones

y

Pregunta Nº 654.- ¿Qué es el Consejo de Seguridad Nacional? Respuesta: Organismo creado por la Constitución Política y que tiene como fin asesorar al Presidente de la República en aquellas materias vinculadas a la seguridad nacional y de ejercer las demás funciones que la Constitución le encomienda (Ver Art. 106 inciso 1, 1ª parte). Pregunta Nº 655.- ¿Quiénes integran dicho Consejo? Respuesta: Lo preside el Presidente de la República y está conformado por: 1) Los Presidentes del Senado y Cámara de Diputados. 2) El Presidente de la Corte Suprema. 3) Los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. 4) El General Director de Carabineros. 5) El Contralor General de la República. (Ver Art. 106 C.P.R.).

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Pregunta Nº 656.- ¿Cuándo debe reunirse dicho Consejo? Respuesta: Cuando el Presidente de la República decida convocarlo, requiriendo un quórum de mayoría absoluta de sus integrantes para sesionar (5 miembros); y en los casos que el Primer Mandatario lo determine, pueden estar presentes en sus sesiones los ministros encargados del gobierno interior, de la defensa nacional, de la seguridad pública, de las relaciones exteriores y de la economía y finanzas del país. Pregunta Nº 657.- ¿Son públicas las actas del Consejo? Respuesta: Sí, a menos que por mayoría de sus integrantes se determine lo contrario. Pregunta Nº 658.- ¿Cuáles son las funciones del Consejo de Seguridad Nacional? Respuesta: 1.- Asesorar al Presidente de la República en aquellas materias relacionadas con la Seguridad Nacional. 2.- Ejercer las demás funciones que la Carta Fundamental le encomiende. (Ver Art. 106 inciso 1 C.P.R.).


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TEMA XV BANCO CENTRAL

CAPÍTULO ÚNICO Concepto, Orígenes Dirección, Administración, Facultades y Operaciones (Art. 108 y Ss., C.P.R.) Pregunta Nº 659.- ¿Qué es el Banco Central? Respuesta: Organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, y que entre otras funciones tiene por objeto velar por la estabilidad de la moneda y por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos del país. Su composición, organización, funciones y atribuciones las determinará una ley orgánica constitucional. Pregunta Nº 660.- ¿Cuáles son los orígenes del Banco Central? Respuesta: Su creación es originada por el Decreto Ley Nº 486 de fecha 21 de agosto de 1925, gobierno de don Arturo Alessandri Palma, comenzando a operar el lunes 11 de enero de 1926. Fue la Constitución de 1980 que le dio rango Constitucional (Ver Art. 108 y 109, Capítulo XII). Pregunta Nº 661.- ¿Quiénes están a cargo de la dirección y administración superior del Banco Central? Respuesta: 1) El Consejo del Banco: lo integran 5 consejeros,

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designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, quienes duran 10 años en sus cargos, renovándose por parcialidades (uno cada 10 años). 2) El Presidente del Consejo (también del Banco): lo designa el Presidente de la República de entre los integrantes del Consejo, dura 5 años en el cargo (o el tiempo menor que le quede como consejero), y puede ser nombrado para nuevos períodos. Pregunta Nº 662.- Señale algunas facultades y operaciones del Banco Central. Respuesta: 1.- Emitir billetes y acuñar moneda; 2.- Contratar, dentro o fuera del país, la impresión de billetes y la acuñación de monedas, incluidas las de oro; 3.- Regular la cantidad de dinero en circulación y de crédito; 4.- Abrir líneas de crédito a las empresas bancarias y sociedades financieras y celebrar los contratos correspondientes; otorgarles refinanciamiento; y descontarles y redescontarles letras de cambio, pagarés y otros documentos negociables en moneda nacional o extranjera; 5.- Fijar las tasas de encaje que, en proporción a sus depósitos y obligaciones, deban mantener las empresas bancarias, sociedades financieras y cooperativas de ahorro y crédito, en las condiciones que éste determine; 6.- Ceder documentos de su cartera de colocaciones o de inversiones a las empresas bancarias y sociedades financieras y adquirir de estas entidades, con responsabilidad de las mismas, documentos de sus carteras de colocaciones o de inversiones, en las condiciones que determine el Consejo; 7.- Recibir y efectuar depósitos en moneda nacional o extranjera de o en las empresas bancarias y sociedades financieras. Por acuerdo de la mayoría del total de los miembros del Consejo, el Banco podrá recibir depósitos del Fisco o de otras instituciones, organismos o empresas del Estado. En el evento que tales depósitos devenguen intereses, éstos no podrán exceder de las tasas normales del mercado; 8.- Emitir títulos, que deberán contener las condiciones de la respectiva emisión, como, asimismo, colocarlos y adquirirlos en el mercado abierto; 9.- Comprar y vender en el mercado abierto, valores mobiliarios y efectos de comercio, emitidos por empresas bancarias y sociedades financieras. No obstante, en el ejercicio de esta atribución, el Banco no podrá adquirir acciones de las


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referidas entidades, sin perjuicio de lo dispuesto en los números 2 y 3 del artículo 36; 10.- Fijar las tasas de interés, comisiones, sistemas de reajuste y demás condiciones aplicables a las operaciones que efectúe el Banco; 11.- Dictar las normas y condiciones a que se sujetarán las empresas bancarias, sociedades financieras y cooperativas de ahorro y crédito en la captación de fondos del público, ya sea como depósito, mutuo, participación, cesión o transferencia de efectos de comercio o en cualquiera otra forma; 12.- Facultades en materia de operaciones de cambios internacionales.

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TEMA XVI REFORMAS DE LA CARTA FUNDAMENTAL

CAPÍTULO ÚNICO Principales

cambios hechos a la

Carta Fundamental

Pregunta Nº 663.- ¿Cuáles fueron los principales cambios hechos a la Constitución Política de la República, a través de sus 58 reformas? Respuesta: 1.- Se reduce el período presidencial de 6 a 4 años sin reelección inmediata. Propósito: concentrar varias elecciones (presidenciales, parlamentarias y municipales) en un mismo día y así impedir gasto exagerado de recursos y, en general, para incentivar una mayor eficiencia en el trabajo del Presidente de la República y el Parlamento. 2.- Se eliminan los senadores designados y vitalicios, quedando el Senado, a partir del 11 de marzo de 2006, íntegramente formado por 38 miembros electos por votación popular. 3.- Se reduce de 40 a 35 años el requisito de edad para ser electo Presidente de la República. 4.- Se reduce el requisito de edad para ser electo senador de 40 a 35 años. 5.- Se elimina el requisito de residencia por un mínimo de dos años en una circunscripción para ser elegido senador. 6.- Se aumentan las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados: pueden crearse comisiones investigadoras con el voto favorable de 3/5 de los diputados en ejercicio; los informes deben

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contener votos de mayoría y minoría (si los hubiere); y se puede llamar a declarar a Ministros de Estado hasta tres veces en un año calendario con el acuerdo de un tercio de los diputados en ejercicio. Los ministros tendrán obligación de acudir a estos llamados. 7.- Un parlamentario puede renunciar a su puesto por razones de salud, las que serán calificadas por el Tribunal Constitucional. 8.- El Presidente de la Cámara de Diputados es incorporado, a continuación del Presidente del Senado y precediendo al Presidente de la Corte Suprema, en la “línea de sucesión” para ejercer las funciones de Presidente de la República en caso de incapacidad de éste. 9.- En caso de vacancia de un parlamentario, su puesto no será ocupado por su compañero de lista en las elecciones, sino que por alguien designado por su partido político. Un diputado también podrá ser nominado para ocupar un puesto de senador. Los independientes no serán reemplazados a menos que integren lista con otros partidos, en cuyo caso deberán designar, en su declaración de candidatura, a un partido de la lista para ejercer la facultad del reemplazo. 10.- Se eliminan los conceptos de “legislatura ordinaria” y “legislatura extraordinaria” para el Congreso Nacional. Ahora hay una legislatura única que dura todo el año. 11.- Cualquier cambio que se le quiera hacer tendrá que ser a través de una reforma a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, que diga relación con el número de senadores y diputados, las circunscripciones y distritos existentes y el sistema electoral vigente requerirán el voto conforme de las 3/5 partes de los diputados y senadores en ejercicio. 12.- La cuenta a la nación del 21 de mayo queda consignada en la Constitución. 13.- La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica sobre tribunales militares en tiempo de guerra. 14.- La prohibición para ser candidato a parlamentario se extiende a subsecretarios, oficiales de las Fuerzas Armadas (incluidos los comandantes en jefe), oficiales de Carabineros (incluido su Director General) y el Director General de la Policía de Inves-


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tigaciones. Si quieren postular al Congreso, deberán renunciar durante el año previo a la elección. 15.- El Fiscal Nacional dura ocho años en su cargo en vez de diez y debe dejar su cargo al cumplir 75 años. Para su remoción, la Corte Suprema deberá contar con el voto de la mayoría de los miembros del pleno en ejercicio en vez de 4/7. 16.- Se elimina la función de las Fuerzas Armadas de ser “garantes de la institucionalidad”, función que se encarga ahora a todos los órganos del Estado. 17.- El Contralor General de la República ya no es inamovible y será designado por un período de ocho años. 18.- Los Comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el Director General de Carabineros ya no son inamovibles en sus cargos: el Presidente de la República podrá ordenar su retiro. Y ya no necesitará permiso del Consejo de Seguridad Nacional, sino solamente informar al Senado y a la Cámara de Diputados. 19.- El Consejo de Seguridad Nacional ya no puede autoconvocarse, sino que deberá llamarlo únicamente el Presidente de la República. Dicho Consejo tiene ahora una función sólo de asesoría, al eliminarse la facultad de “hacer presente” sus observaciones a órganos públicos. 20.- El Presidente de la Cámara de Diputados se integra al Consejo de Seguridad Nacional. Además, el Presidente de la República podrá decidir si a una sesión asisten los ministros de Interior, Defensa, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Economía. 21.- Para declarar el estado de sitio (guerra civil o grave conmoción interna), el Presidente de la República necesitará obligatoriamente el acuerdo del Senado, cuyo plazo de respuesta se reduce de diez a cinco días. Además el plazo de su vigencia se reduce de 90 a 15 días, prorrogables por razones fundadas. 22.- Para declarar estado de asamblea (en caso de guerra externa), el Presidente de la República necesitará el acuerdo del Senado, no el del Consejo de Seguridad Nacional. 23.- El estado de emergencia (grave alteración del orden público) podrá ser decretado por el Presidente de la República por 15 días, y las prórrogas serán con acuerdo de las dos Cámaras del Congreso.

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24.- Se consagra, en el artículo 8, el principio de probidad en los actos del Estado. 25.- El Tribunal Constitucional aumentará su integración de siete a diez miembros. 26.- El Tribunal Constitucional tendrá la facultad de resolver sobre recursos de inaplicabilidad (hasta ahora facultad sólo de la Corte Suprema) y podrá examinar los autos acordados del máximo tribunal, de la Corte de Apelaciones y del Tribunal Calificador de Elecciones que inciden en materias constitucionales o de leyes orgánicas. Lo que se pretende es que las normas que inciden en las libertades de las personas tengan revisión constitucional. 27.- El Tribunal Constitucional tendrá la siguiente conformación: tres abogados designados por el Presidente de la República, tres abogados designados por la Corte Suprema de entre sus miembros, dos abogados nombrados directamente por el Senado y otros dos nombrados también por esta Cámara, pero sobre la base de nombres propuestos por la Cámara de Diputados. Las Fuerzas Armadas, a través del COSENA, ya no tendrán injerencia en estos nombramientos. 28.- Serán chilenos los hijos de padre o madre chilenos nacidos en el extranjero, sin necesidad de mayores requisitos. Por ende, no será necesario que el padre o la madre esté en el extranjero en servicio del Gobierno (como los embajadores) ni que la persona tenga que avecindarse por más de un año en Chile para obtener la nacionalidad. Con esto se refuerza el concepto de ius sanguinis, o nacionalidad por relación sanguínea. La persona obtendrá los derechos de ciudadanía al residir mínimo un año en el país. 29.- En causas criminales, no se podrá obligar a un imputado a que declare, bajo juramento, sobre hecho propio ni contra sus parientes. 30.- Se flexibiliza la cantidad de regiones del país, permitiendo que a través de una ley orgánica constitucional se pueda crear, modificar y suprimir regiones, provincias y comunas. En la actualidad esta facultad está limitada sólo a las provincias y comunas. 31.- Se eliminan todos los artículos transitorios en desuso.


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VOCABULARIO BÁSICO TÉRMINOS LEGISLATIVOS, POLÍTICO ELECTORALES Y CONSTITUCIONALES –A– ACTA: – Documento en que se consignan las opiniones vertidas en una sesión de sala, ya sea de la Cámara o del Senado o de una comisión de cualquier rama del Congreso, así como los textos legales o proyectos de ley y demás documentos sobre los que versa el análisis o el debate parlamentario. – Documento oficial en el que consta lo sucedido, tratado y acordado por las Cámaras o alguna de sus comisiones en una sesión, en la que se incluye además una síntesis de las opiniones y declaraciones formuladas. Este documento es suscrito por el Secretario Abogado y por el Presidente de la Corporación o de una comisión, según sea el caso. ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL: Atribución exclusiva de la Cámara de Diputados que se enmarca dentro de sus facultades de fiscalización de los actos de Gobierno y cuyo objeto es que la Cámara declare si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen contra el Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia; el Contralor General de la República; los Generales y Almirantes y los Intendentes y Gobernadores. (Art. 52, N°2 de la Constitución Política de la República).

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ADHESIÓN: Al igual que la ratificación, representa el compromiso, jurídicamente vinculante del Estado, de acatar las disposiciones de una Convención. El acto de ratificación no viene precedido de la firma de un tratado internacional sino que el Estado pasa a ser parte del mismo cuando el instrumento permite la posibilidad de que un Estado sin haber participado en la firma del tratado pueda pasar a ser parte de éste. Normalmente lo Estados adhieren a un tratado cuando han cumplido con los procedimientos internos de aprobación del mismo, ya sea a través de la aprobación del Congreso o ratificación de órganos internos, lo anterior dependiendo del país. ADMINISTRACIÓN (función administrativa): Actividad dirigida a la ejecución de las políticas diseñadas por el Estado (o gobierno en sentido amplio) para el cumplimiento de sus fines. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (sentido orgánico): Conjunto organizado de reparticiones, estructuras y empresas, por medio de las cuales el Estado ejerce su función administrativa, a las que corrientemente se les llama servicios públicos. ACUERDOS INTERNACIONALES: Expresión utilizada por la Convención de Viena de Derecho de los Tratados (1969), para definir a los Tratados. Al mismo tiempo, la expresión Acuerdo Internacional, se refiere a aquellos acuerdos considerados menos formales, y que se ocupan de una gama más restringida de temas. Los acuerdos típicos están relacionados con la cooperación económica, cultural, científica y técnica. ADMINISTRACIÓN (función administrativa): Aquella actividad dirigida a la ejecución de las políticas diseñadas por el Estado (o gobierno en sentido amplio) para el cumplimiento de sus fines. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (sentido orgánico): Conjunto organizado de reparticiones, estructuras y empresas, mediante las cuales el Estado ejerce su función administrativa, a las que corrientemente se les llama servicios públicos.


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ALEGATO: Acto oral por el cual el abogado expone las razones que sirven de fundamento al derecho de su cliente e impugna los del adversario. ANARQUÍA: Situación fáctica que se caracteriza por la falta de un gobierno o de una organización dentro de un Estado, que cuente con facultades coercitivas frente a la sociedad. Hay una carencia de organización política, jurídica y administrativa. AMNISTÍA: Situación jurídico legal que se produce respecto de una persona que ha cometido un hecho punible: la eliminación del delito y de la pena aplicable al mismo. Se trata de un olvido punitivo de los delitos, otorgados por la ley ordinariamente a quienes tengan responsabilidades penales. AMPARO, Recurso de: Acción constitucional mediante la cual se solicita a la Corte de Apelaciones respectiva que ponga término a una medida arbitraria de privación o amenaza a la libertad personal. APELACIÓN: Recurso que se interpone ante el juez o tribunal superior de aquel que ha dictado una resolución que agravia al recurrente para que revoque o enmiende dicha resolución. APODERADO: Persona que designan los partidos la cual vela por la transparencia y objetividad con que se desarrolla el acto electoral. Los apoderados de mesa tienen derecho a estar presentes desde la apertura de las mesas receptoras de sufragios hasta fin del escrutinio y pueden instalarse al lado de los miembros de la mesa, observar sus procedimientos y hacer reclamos o exigir dejar constancia de ellos en acta. AUTARQUÍA: – Capacidad de gestión de asuntos propios asignados a la competencia privativa de un órgano administrativo. – Estado de un país o de un territorio que procura bastarse con sus propios recursos, evitando en lo posible, las importaciones de otros países.

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AUTOCONVOCATORIA: Facultad constitucional de los Diputados y Senadores en ejercicio para convocar al Congreso Nacional a una Legislatura Extraordinaria de Sesiones, durante el receso parlamentario, siempre que no hubiere sido convocado por el Presidente de la República. AUTONOMÍA: – Facultad de ciertos entes para crearse un derecho propio que es reconocido por el Estado, quien lo incorpora a su ordenamiento jurídico y lo declara obligatorio. – Capacidad o facultad de auto normarse; condición de una entidad que goza de entera independencia, lo que supone personalidad jurídica y patrimonio propio. AUTOACORDADO: Determinación de carácter administrativa que toma algún consejo o tribunal superior con asistencia de todas las salas, para regular aspectos administrativos o procedimentales. AUTORIDAD: Persona revestida de algún poder, mando o magistratura, reconocida y aceptada por los gobernados, poder que le permite dar órdenes, instrucciones a los subordinados. AVOCARSE: Adoptar un juez, autoridad u organismo público, el conocimiento de una causa o asunto que se estaba litigando, conociendo; o debía litigarse o conocerse ante un tribunal inferior u otra autoridad u organismo. –B– BANCADA PARLAMENTARIA: Conjunto de diputados de un partido político, los que a través de un jefe, designado por ellos, facilitan la relación con la Mesa de la respectiva corporación, con el fin de hacer más expedita la tramitación de los asuntos sometidos a su conocimiento. BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD: Afirmaciones valóricas que representan los principios básicos sobre los que descansa el consenso mínimo de la sociedad chilena.


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BICAMERAL: Parlamento que cuenta con dos ramas o cámaras: una Cámara de Diputados y un Senado. BIEN COMÚN: Orden o adecuado modo de relación que permita crear las condiciones sociales necesarias para que todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional obtengan su mayor realización material y espiritual posible. BIENES INMUEBLES O RAÍCES: Cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras o las minas y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios. BIENES MUEBLES: Cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas, o que se muevan por una fuerza externa. BIENES NACIONALES: Bienes cuyo dominio pertenecen a la nación toda. Se clasifican en bienes nacionales de uso público y bienes fiscales. Los primeros son aquellos cuyo uso además corresponde a todos los habitantes de la nación como plazas, calles, etc. Los segundos, en cambio, son aquellos cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, sino que están afectados al uso de reparticiones u organismo públicos en particular. Ejemplo: edificios en que funcionan los servicios públicos. BOLETÍN (Número de): Número único asignado a cada proyecto al ingresar a tramitación en el Congreso Nacional. BUROCRACIA: – Conjunto de funcionarios y empleados de la Administración Pública. Término que proviene del francés bureaucratie, cuya raíz es bureau (“oficina”). El concepto permite nombrar a la organización que regulada por normas que buscan un orden racional en la gestión y distribución de sus asuntos. – Conjunto de los servidores públicos, aunque el término tiene una connotación negativa: se entiende por burocracia a la

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administración ineficiente por el papeleo y las formalidades, y a la influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos. –C– CÁMARA DE ORIGEN: Cámara a la que ingresa el proyecto de ley para su tramitación. Puede ser indistintamente la Cámara de Diputados o el Senado de la República, salvo las excepciones consagradas en la propia Constitución. Sin embargo, las leyes que traten materias tributarias, presupuesto de la administración del Estado y sobre Reclutamiento sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. Las leyes de amnistía e indultos generales sólo pueden tener origen en el Senado. CÁMARA REVISORA: Cámara que conoce del proyecto una vez que ha concluido su tramitación en la cámara del origen. CANDIDATO: Persona que postula o es propuesta por un partido político para ocupar un cargo público, como alcalde, concejal, diputado, senador o Presidente de la República. El Candidato Independiente no puede haber estado afiliado a un partido político dentro de los dos meses anteriores al vencimiento del plazo para presentar las candidaturas. CARTA FUNDAMENTAL: Constitución o Código fundamental de un Estado. En ella se contienen los principios esenciales de organización del Estado, se establecen los poderes públicos, sus titulares, sus competencias, funciones y relaciones entre ellos y los derechos y las garantías fundamentales de los integrantes del Estado. CAUCIÓN: Obligación accesoria a una principal que se adquiere para asegurar el cumplimiento de esta última. CAUSAL DE CESACIÓN: Razón por la cual se produce la suspensión o terminación de un cargo que una persona estaba desempeñando.


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CAUTELAR: Tomar medidas de carácter personal o patrimonial para prevenir la consecución de determinado fin o precaver obstáculos que puedan dificultarlo. CÉDULA ELECTORAL: Documento confeccionado por el Servicio Electoral que permite emitir el sufragio y marcar preferencia por un candidato. Los no videntes pueden sufragar mediante plantillas realizadas en material transparente con ranuras que se superponen sobre la cédula electoral. CENSURA: Revisión previa y sistemática de las opiniones que se van a emitir o expresar, existiendo la capacidad de ese órgano de prohibir la emisión de dichas opiniones, sin importar si hay conflicto o no. CIRCUNSCRIPCIÓN: Unidad territorial que forma parte de la división político-administrativa para la elección de representantes al Senado. CIRCUNSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad en que se divide el territorio del Estado para efectos del ejercicio de competencia por los órganos administrativos. CIUDADANO: “Los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva”, igual o superior a tres años y un día de cárcel. El término “ciudadano” de acuerdo a su definición tradicional, lleva implícito el concepto de gozar, ejercer y cumplir con los derechos y deberes cívicos. COACCIÓN: Amenaza del empleo legítimo de la fuerza que traen aparejadas las normas de derecho para hacerlas exigibles frente a los individuos y que otorga eficacia a sus mandatos. CÓDIGO: Conjunto de normas legales sistematizadas que regulan unitariamente una materia, y que contempla además, la recopilación de diversas otras leyes vinculadas a dicha materia.

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COLEGIO ESCRUTADOR: Es el que tiene por objeto reunir las actas de los escrutinios realizados en las mesas receptoras de sufragios, sumar los votos que en ellas se consignan y cumplir las demás funciones que le señala la ley (artículo 79, Ley 18.700). Los Colegios Escrutadores no pueden debatir ni decidir sobre ningún punto respecto de la validez de la votación. COLEGISLADOR: Cuerpo o autoridad que concurre con otro para la formación de las leyes. COMISIÓN: Grupo de trabajo compuesto, según sea el caso, por cinco senadores o por trece diputados y en algunos casos por representantes de ambas Cámaras, cuya función primordial es el estudio pormenorizado y especializado de los proyectos de ley y de las materias sometidas a su conocimiento. Están compuestas proporcionalmente por parlamentarios de todos los partidos políticos. Existen cuatro tipos de comisiones: 1. Permanentes: Cuya constitución está contemplada en los reglamentos internos de ambas Cámaras; 2. Especiales: Formadas temporalmente para conocer problemas que la Cámara estime de relevancia; 3. Unidas: Formadas por dos o más comisiones, cuando las materias sometidas a estudio tienen relación con más de una; 4. Mixtas: Formadas por igual número de diputados y senadores (cinco en cada caso), cuyo objetivo es el de solucionar las divergencias surgidas entre ambas Cámaras en la tramitación de un proyecto de ley. COMISIÓN ESPECIAL: Organismo colegiado creado mediante acuerdo de una de las Cámaras, con la composición y bajo las condiciones que ésta le señale, teniendo por finalidad abocarse al estudio de una determinada legislación o a reunir antecedentes sobre una materia específica, debiendo informar a la Sala, en ambos casos, del resultado de su cometido, para obtener un pronunciamiento de ella. COMISIÓN PERMANENTE: Organismo colegiado que integra un número determinado de Diputados y Senadores, dependiendo de a qué Cámara pertenezca, cuya función primordial es el estudio pormenorizado y especializado de cada uno de los proyectos de


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ley y de las materias que, por disposición de los Reglamentos de cada una de las Cámaras, son sometidas a su conocimiento. COMITÉ PARLAMENTARIO: – Conjunto de senadores de un partido político, o reunidos conforme a ciertas afinidades, los que a través de un jefe, designado por ellos, facilitan la relación con la Mesa de la respectiva corporación, a fin de hacer más expedita la tramitación de los asuntos sometidos a su conocimiento. – Organismos que agrupan a Diputados de un mismo partido político y a través de su Jefe permiten la relación de la Mesa con la Corporación, con el fin de hacer más expedita la tramitación de los asuntos legislativos. COMPETENCIA: Ámbito de acción de los órganos de la Administración del Estado, determinada por las materias, funciones y territorio donde se ejercerá la actividad. CONCESIÓN: Acto Administrativo en virtud del cual se otorga a una persona natural o jurídica el derecho de usar o gozar de un bien que le pertenece al Estado o a prestar en nombre de la Administración del Estado un servicio específico. CONCULCAR: Quebrantar una norma jurídica o un derecho individual. CONGRESO PLENO: Sesión en que se reúnen los miembros de ambas Cámaras del Congreso Nacional. CONSTITUCIÓN: Norma jurídica que, dotada de rigidez y supremacía, establece las bases del Poder Estatal, las funciones y potestades que los órganos del Estado pueden ejercer, las garantías individuales cuyo respeto los gobernados pueden exigir del Estado y los mecanismos que se les franquean para tal efecto. CONSTITUCIONALISMO: Movimiento político-jurídico que promueve el proceso de institucionalización del poder mediante una Constitución, cuya supremacía significa la subordinación a sus

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disposiciones de todos los actos emanados de los poderes constituidos que forman el Estado. CONSTITUYENTE: Órgano, autoridad o individuos que se constituyen en los titulares del poder constituyente. CONTAMINACIÓN: Presencia en el ambiente de elementos, sustancias, energías o combinación de ellos en concentraciones superiores a las establecidas por la legislación vigente. CONTRATO: Acuerdo de voluntades destinado a crear obligaciones y derechos entre las partes. CONTRAVENCIÓN: Acción de obrar en contra de lo que está mandado por una norma jurídica. CONTROL CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDAD: Control de constitucionalidad practicado por un solo tribunal, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional u otro. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD: Conjunto de medios y órganos existentes en el ordenamiento jurídico cuyo objeto es velar para que los actos cumplan con los requisitos de forma y de fondo establecidos en la Constitución. CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD: Control de constitucionalidad que se practica respecto de los proyectos de ley, esto es, antes de que el texto se convierta en norma vigente. CONTROL REPRESIVO DE CONSTITUCIONALIDAD: Control de constitucionalidad practicado cuando la ley se encuentra vigente y produciendo efectos jurídicos. CONVENCIÓN: Término que en el siglo XIX se empleaba regularmente para los acuerdos bilaterales, y que hoy es utilizado generalmente en los tratados multilaterales formales donde partici-


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pan un gran número de partes. Normalmente, los instrumentos negociados con los auspicios o aprobación de una organización internacional, se titulan “convenciones”. CONVOCATORIA: Facultad del Presidente de la República para convocar al Congreso Nacional a una Legislatura Extraordinaria de Sesiones, durante el receso parlamentario (desde el 19 de septiembre al 20 de mayo del año siguiente). CORPORACIÓN: Cada una de las Cámaras del Congreso Nacional, esto es, Cámara de Diputados y Senado de la República. CORRUPCIÓN:Del latín corruptio, corruptionis; a su vez del prefijo de intensidad com- y rumpere, romper. Se puede entender cualquiera de los siguientes conceptos: Como abuso de poder o mala conducta; Corrupción política: abuso del poder mediante la función pública para beneficio personal; Corrupción empresarial: abuso del poder ejercido por cargos empresariales; Corrupción policial; Corrupción tributaria. Corrupción sexual. Todos los tipos de gobierno son susceptibles a la corrupción política. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, los sobornos, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, el nepotismo y la impunidad. La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el tráfico de drogas, el lavado de dinero, y la prostitución ilegal; aunque no se restringe a estos crímenes organizados, y no siempre apoya o protege otros crímenes. CUENTA: Documento, preparado por cada Cámara, que incluye un listado de todas las comunicaciones recibidas por ellas. Luego de presentada la cuenta en la Sala, dichas comunicaciones se entenderán oficialmente recibidas produciendo sus efectos. CUERPO CIUDADANO (pueblo): Conjunto de personas que dentro de un Estado ejercen derechos políticos (derecho de sufragio activo, pasivo y otros).

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CUERPO ELECTORAL: Conjunto de personas que integran el electorado activo, vale decir, que gozan del derecho de sufragio en plebiscitos y elecciones de autoridades representativas del Estado o toman decisiones de Poder Constituyente originario o derivadas. CUERPOS INTERMEDIOS: Grupos o asociaciones de personas existentes al interior de la sociedad y que persiguen fines propios y específicos. Por ejemplo: la familia, los clubes deportivos, los partidos políticos, la iglesia, etc. CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD: Controversia que se suscita entre parlamentarios en relación a la constitucionalidad de un determinado precepto de proyecto de ley, o bien respecto del proyecto en su totalidad, de la cual se deja constancia en las actas respectivas. –D– DECRETO: Norma dictada por cualquier autoridad sobre los asuntos o negocios de su competencia. DECRETO DE INSISTENCIA: Acto administrativo firmado por el Presidente de la República y todos sus ministros, cuyo fin es obligar a la Contraloría General de la República a tomar razón de otro acto administrativo que ha sido representado (rechazado) por ilegalidad. No pueden insistirse actos que ordenan gastos ni cuando el rechazo se produzca por inconstitucionalidad o con respecto a decretos con fuerza de ley, decretos promulgatorios de leyes o de reforma constitucional. DECRETO LEY: Actividad legislativa de los gobiernos de facto, consistente en una norma que dicta el Ejecutivo sobre materias propias de una Ley, sin que en ellos intervenga el Poder Legislativo. DECRETO CON FUERZA DE LEY: Cuerpos normativos que emanan del Presidente de la República y que recaen sobre materias


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legales, gracias a una delegación de facultades del Parlamento, o bien para fijar el texto refundido, coordinado o sistematizado de las leyes. DELEGACIÓN: Acto mediante el cual se traspasa parte de las atribuciones y funciones propias de un funcionario a otro que se encuentra subordinado al primero para que las ejerza en su nombre. La delegación debe ser parcial y recaer en materias específicas como asimismo, el delegante queda privado de ejercer la competencia delegada en tanto no revoque el acto de delegación. DELIBERAR: Considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión antes de adoptarla; y la razón o sinrazón de los votos previo a emitirlos. DELITO FLAGRANTE: Acto ilícito que es descubierto en el instante en que se está ejecutando o inmediatamente después de haberlo cometido. DEMOCRACIA: Palabra que proviene del griego ‘demos’ (pueblo) y ‘kratos’ - kratein (poder, autoridad, gobierno). Entonces, en democracia el poder está radicado en el pueblo, quien es la única autoridad para determinar su organización. DEMOCRACIA REPRESENTATIVA: Sistema de gobierno que se define por la participación del pueblo a través de sus representantes o mandatarios, reservándose algunas materias que resuelve directamente. DERECHO: Conjunto de principios y normas a que están sometidas las relaciones humanas en un Estado. Facultad de obrar según la voluntad propia, con las limitaciones de las facultades de otros o de las prohibiciones de la ley. DERECHO CONSTITUCIONAL: Conjunto de principios y normas que tiene por objeto limitar el poder estatal y establecer derechos y garantías para todas las personas.

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DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO: Conjunto de normas que rigen las relaciones entre los Estados. Constituyen fuentes del Derecho Internacional Público los Tratados Internacionales, los Convenios y Acuerdos Internacionales. DERECHO PRIVADO: Conjunto de normas dentro del Ordenamiento Jurídico que regula las relaciones entre los particulares; o entre éstos y el Estado, actuando este último en igualdad de condiciones que los entes privados. Dentro de las relaciones que regula el Derecho Privado se encuentran: las relaciones de familia, el derecho sucesorio, los contratos, entre otras. DERECHO PÚBLICO: Conjunto de normas jurídicas que regulan la organización, funciones y atribuciones de los órganos del Estado y de las relaciones de éstos con los particulares, así como las obligaciones y derechos de estos últimos con respecto al Estado. DERECHOS SOCIALES: Garantías que se reconocen a los individuos del Estado luego del surgimiento de la cuestión social y que se fundan en la creencia de que todos, sin excepción, tienen el derecho de perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y de igualdad de oportunidades, protegiéndose en el orden social, económico y cultural, la realización de su personalidad humana. Por ejemplo: derecho a la justa retribución del trabajo, derecho a la educación, etc. DEROGACIÓN: Acto por medio del cual se deja sin efecto una norma jurídica. DEROGAR: Abolir una cosa establecida como ley o costumbre. DEVENGAR: Adquirir un derecho a alguna prestación o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título. DIARIO OFICIAL: Periódico de naturaleza estatal, por medio del cual se realizan las publicaciones oficiales de los actos de los órganos del Estado.


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DIETA PARLAMENTARIA: Retribución o remuneración establecida para los representantes de las Cámaras legislativas (Diputados y Senadores) de modo de asegurar el acceso a ellas por parte de personas que dependen de un ingreso mensual por concepto de trabajo. DIPUTADO INFORMANTE: Parlamentario que tiene la responsabilidad de exponer, ante la Sala, el informe de un proyecto de ley que ha elaborado la comisión que integra. DISCRIMINACIÓN: Trato de inferioridad a una persona o colectividad, por motivos raciales, religiosos, políticos, etc., lo que produce su marginación dentro de la sociedad. En términos constitucionales, se refiere a una desigualdad, que en caso de no fundarse en motivos objetivos y razonables adquiere la calificación de arbitraria. DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA: Vulneración de los elementos discrecionales de un poder jurídico en relación al fin con que se creó dicho poder. DISCUSIÓN GENERAL: – Aquella que tiene por objeto aprobar o desechar en su totalidad un proyecto, considerando sus ideas fundamentales o matrices contenidas en el Mensaje o Moción. – Aquélla que se efectúa considerando el primer informe emitido por la Comisión y su objetivo es admitir o desechar la totalidad del proyecto y recibir las indicaciones que presente el Presidente de la República y los miembros de la Cámara respectiva. DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR: Aquélla en que el proyecto de ley es examinado tanto en general como en sus detalles. Esta discusión aplica en caso de proyectos de fácil despacho, los que tengan urgencia calificada de discusión inmediata, aquellos de artículo único, que traten sólo un tema, que, a proposición de la Comisión respectiva, determine el Presidente de la Sala. DISCUSIÓN PARTICULAR: – La que tiene por objeto examinar un proyecto en sus detalles, por artículos.

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– La que se efectúa considerando el segundo informe emitido por la Comisión y cuyo objetivo es examinar un proyecto en sus detalles y por artículos. DISCUSIÓN ÚNICA: Aquella en que el proyecto se discute en general y en particular a la vez. No tiene segundo informe y las indicaciones se votan una vez aprobado en general el proyecto. DISTRITO: Unidad territorial que forma parte de la división político-administrativa para distribuir la elección de representantes a la Cámara de Diputados. La actual legislación contempla 60 distritos que eligen a dos diputados cada uno. –E– EDUCACIÓN: Facultad que tiene toda persona natural de acceder en las distintas etapas de su vida a la formación y desarrollo de valores que configuren y perfeccionen su personalidad intelectual, moral y física. EJECUTIVO DUALISTA: Poder Ejecutivo típico de sistemas parlamentarios y que se caracteriza por contar a su interior con dos órganos, en donde uno ejerce la función de Jefe de Estado y el otro de Jefe de Gobierno. ELECCIÓN: En un régimen democrático es el procedimiento para designar las autoridades políticas del Estado, a través del voto de los ciudadanos. ELECTORADO: Conjunto de personas que gozan del derecho de sufragio en plebiscitos y elecciones de autoridades representativas del Estado o toman decisiones de Poder Constituyente originario o derivadas. ÉLITE: Sector privilegiado o beneficiado en relación con el resto de la sociedad.


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ENAJENAR: acto por cual se produce la transferencia del dominio o la constitución de un derecho real a favor de una persona. ENSEÑANZA: Método o sistema que transmite automáticamente información y conocimiento sobre una ciencia, técnica o sobre las artes y humanidades. ESCRUTINIO: Recuento de los votos. ESTADO: Agrupación humana, fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción. ESTADO DE DERECHO: Existencia de un ordenamiento jurídico objetivo que se impone a gobernantes y gobernados, determinando su completa e integral sujeción a la Constitución y la ley. ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL: Régimen jurídico especial, cuya procedencia y vigencia está prevista por la Constitución, reservada para hacer frente a situaciones críticas dentro del Estado y que autoriza para restringir el ejercicio de ciertos derechos individuales. En Chile existen los siguientes estados de excepción constitucional: asamblea, sitio, emergencia y catástrofe. ETAPA: Conjunto determinado de eventos a través de los cuales se obtiene el pronunciamiento de cada una de las Cámaras, de las comisiones mixtas, del Tribunal Constitucional y del Presidente de la República sobre el contenido de un proyecto. En las etapas legislativas así definidas, quedan incluidos los trámites legislativos establecidos en la Constitución, así como otros pronunciamientos que se requieren para la completa ejecución del proceso de formación de la ley.

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EXCUSAS: Causas o razones válidas que impiden participar en una votación: 1) Estar enfermo el día de la elección; 2) Estar ausente del país; 3) Encontrarse el día de la elección a más de 200 kilómetros del lugar en que se encuentra inscrito; 4) Otro impedimento grave debidamente comprobado ante el juez. * El votante que no presente una excusa válida será penado con multa a beneficio municipal, de media a tres unidades tributarias mensuales. EXPROPIACIÓN: Acto Administrativo por el que se ordena el traspaso de un determinado bien desde el patrimonio privado al público, previo pago de la indemnización respectiva, por razones de utilidad pública o interés nacional. EXPROPIADO: persona natural o jurídica sujeto de la expropiación. –F– FALLO JUDICIAL: Resolución dictada por un juez sobre un asunto sometido a su conocimiento. FINANCIACIÓN: Dineros que privados o empresas aportan a los partidos políticos para desarrollar sus campañas electorales. FONDO COMÚN MUNICIPAL: (Ley Orgánica Constitucional sobre Municipalidades). Mecanismo de redistribución solidaria de recursos financieros entre las municipalidades del país. Tal fondo está integrado por diferentes elementos dentro de los que se encuentran entre otros: Permisos de Circulación, Patentes, etc.


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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL: (Ley Orgánica Constitucional sobre Gobiernos Regionales). Programa de inversiones públicas, con finalidades de compensación territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región, con el objeto de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo. El objetivo de este fondo es establecer un mecanismo de distribución de los recursos entre las regiones, de modo que las más necesitadas reciban más que las regiones menos necesitadas. Para lograr esta finalidad se consideran una serie de factores que determinan la distribución de este fondo. FORMAS DE ESTADO: Modo como se estructura el Estado mismo y como se organizan y relacionan los diversos elementos de éste. Apunta a resolver el problema de cómo se organiza el Estado o cómo se ejerce el poder. Los elementos del Estado que se organizan son: Territorio, Población y Poder o Soberanía. FORMAS DE GOBIERNO: Modo como se estructura un elemento del Estado que es el Poder. Establece la manera de organizar y distribuir la estructura y competencia de los órganos que componen el Gobierno. Apunta a la pregunta de quién ejerce el poder. FORMALIDADES: Requisitos externos con que algunos actos, según la ley, deben celebrarse. Ejemplos: para extender un testamento o para la celebración del matrimonio deben concurrir testigos; la compraventa de inmuebles debe realizarse por escritura pública. FUERO: Prerrogativa de que gozan los parlamentarios en orden a no ser sometidos a proceso ni privados de su libertad sin que previamente un Tribunal Superior de Justicia declare que ha lugar a la formación de causa en su contra. En definitiva, constituye una autorización previa que debe otorgar la Corte de Apelaciones respectiva a objeto de proceder vía juicio criminal en contra de los parlamentarios. FUNCIONARIO DE EXCLUSIVA CONFIANZA: Funcionarios nombrados por el jerarca máximo del órgano administrativo res-

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pectivo, que se mantienen en sus cargos en tanto cuenten con la confianza de dicho jerarca; esto es, son removidos a la sola voluntad de este último. FUNCIONES COLEGIADAS: Capacidad de acción común de un cuerpo constituido por hombres de la misma dignidad o profesión. –G– GARANTÍA CONSTITUCIONAL: Mecanismos de reconocimiento, protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas y que otorgan la posibilidad de recurrir ante un tribunal de justicia, a fin de que éste restablezca un derecho que ha sido vulnerado. GOBERNAR: Decidir acerca de la orientación política de una comunidad. En este sentido se identifica el gobierno con la actividad estatal, e incluye la actividad legislativa y la jurisdiccional. En un segundo sentido, se alude con la expresión “gobierno” al conjunto de órganos que conforman el poder ejecutivo del Estado. GOLPE DE ESTADO: Toma del poder político, de un modo repentino y violento, por parte de un grupo de poder, vulnerando la legitimidad institucional establecida en un Estado, es decir, las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad. Se distingue de los conceptos revuelta, motín, rebelión, “putsch”, revolución o guerra civil. Usualmente estos términos se utilizan con poca propiedad o con intenciones propagandísticas, y en el transcurso de los hechos y procesos históricos se suelen combinar entre sí. Atendiendo a la identidad de sus autores, suele presentar dos formas: el golpe de palacio o golpe de estado constitucional, cuando la toma del poder es ejecutada por elementos internos del propio gobierno, incluso de la misma cúspide gubernamental; el golpe militar o pronunciamiento militar, cuando la toma del poder es realizada por miembros de las fuerzas armadas. El pretorianismo es la influencia excesiva del poder militar en el


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gobierno civil, que en muchos de los casos lo llevan a cabo mediante los golpes de Estado o pronunciamientos. Más recientemente se ha usado el término golpe de mercado para referirse a los cambios institucionales producidos por presiones de grupos económicos, utilizando mecanismos de desestabilización y caos en la economía. GRAVAMEN: Carga que se impone a un individuo ya sea respecto de su persona o de sus bienes. GRUPOS INTERMEDIOS: Asociaciones de personas existentes al interior de la sociedad y que persiguen fines propios y específicos. Por ejemplo: la familia, los clubes deportivos, los partidos políticos, la iglesia, etc. –H– HABEAS CORPUS: Nombre con el que también se denomina al Recurso de Amparo y que alude al origen de la institución. Esta última tiene por objeto proteger una de las garantías fundamentales de las personas: la libertad individual. Dicho recurso se encuentra consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política de la República. HORA DE INCIDENTES: Última parte de una sesión ordinaria en la que los señores diputados y senadores hacen presente en sus respectivas Cámaras temas de interés público y general. –I– IGUALDAD: Otorgar similar tratamiento a quienes se encuentren vinculados por un elemento esencial común que sea el más relevante para el objetivo lícito del acto. IMPERATIVO: Cualidad de mando o imperio que se atribuye a una persona, la que debe ser acatada o cumplida por otros.

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IMPRESCRIPTIBLE: Imposibilidad de adquirir una cosa o extinguir un derecho o acción de cualquier clase por el transcurso del tiempo, en las condiciones previstas por la ley. INALIENABLE: Que no se puede enajenar o transferir. INAMOVILIDAD: Prerrogativa que se otorga a ciertos funcionarios públicos en orden a mantenerse en sus cargos o empleos sin posibilidad de remoción, salvo que se configure una específica causal regulada constitucional o legalmente. INCAPACIDADES: Ciertas prohibiciones de nombramiento de una persona para ejercer determinadas funciones. INCISO: Cada una de las partes de un artículo de una norma jurídica, separada de las otras por un punto aparte. INCOMPATIBILIDAD: Imposibilidad legal de ejercer conjuntamente dos cargos o empleos públicos o remunerados por el Estado. INCONSTITUCIONALIDAD: Sanción que reciben aquellos actos que infringen la Constitución. Puede ser de forma o de fondo. INDICACIÓN: Proposición de sustitución, modificación o adición al texto de un proyecto de ley. INDICACIONES: Proposiciones de enmienda a un proyecto de ley presentadas por los parlamentarios o por el Presidente de la República, con el objeto de adicionar un precepto legal, suprimirlo o sustituirlo por otro. Todas las indicaciones presentadas se votan en la instancia en que fueron presentadas, vale decir, o en una comisión, o en la Sala. Las indicaciones se presentan durante el primer o segundo trámite constitucional, y respecto de un proyecto en su etapa de discusión general o en particular.


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INDULTO: Gracia o beneficio por la cual el Presidente de la República remite todo o parte de una pena, o la conmuta. INFORME: – Documento final del trabajo encomendado a una comisión para el estudio de una ley. – Documento emanado de una comisión que contiene un resumen del debate y la proposición dirigida a la Sala, de aprobar un determinado proyecto de ley (que también se incorpora al informe), o de rechazarlo, en su caso. INHABILIDAD: Imposibilidad de postular a ser elegido en algún cargo por encontrarse ejerciendo ciertas funciones o por encontrarse en determinadas situaciones señaladas en la Constitución. INHABILIDADES PARLAMENTARIAS: – Imposibilidad de postular a ser elegido para un cargo parlamentario por encontrarse ejerciendo ciertas funciones o por hallarse en determinadas situaciones señaladas en la Constitución. – Carencia de las calidades y condiciones necesarias para asumir o servir un cargo o dignidad, referidas a lo legislativo. INICIATIVA: Facultad constitucional que tienen, tanto los diputados, los senadores y el Presidente de la República, para presentar proyectos de ley. Hay ciertas materias en las que sólo tiene iniciativa el Presidente de la República (entre otras: impuestos, presupuesto, empleos públicos, negociación colectiva, seguridad social). Existen otras materias de iniciativa común, vale decir, aquellas en que tienen competencia indistintamente cualquiera de los órganos colegisladores: Presidente de la República, diputados y senadores. INJURIA: Toda acción ejecutada o expresión proferida en daño, descrédito o menoscabo de otro. INMUNIDADES PARLAMENTARIAS: Prerrogativas de los Senadores y Diputados que los eximen de ser detenidos, (salvo en

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caso de delito flagrante), procesados o juzgados sin autorización previa por el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, que declare haber lugar a la formación de la causa. INSCRIPCIÓN ELECTORAL: Trámite que se realiza para ejercer el derecho de sufragio. Tiene carácter voluntario, personal, gratuito, público y formal. INTERVENCIÓN ELECTORAL: Manipulación de la voluntad ciudadana por cualquier medio, con el objeto de inducirla a un determinado comportamiento o realización de acciones fraudulentas. INVESTIDURA: Designación o nombramiento legal del titular de un órgano o autoridad que ejerce una función pública. INVIOLABILIDAD: Prerrogativa de los parlamentarios y consiste en que no pueden ser objeto de acciones judiciales por opiniones o votos emitidos en sala o en comisión, esto es, en el ejercicio de su función parlamentaria. –J– JEFE DE BANCADA O COMITÉ: Diputado o senador que representa a una Bancada o Comité Parlamentario, o al conjunto de ellos, si existieren varios comités de un mismo partido. El Jefe de Bancada, a través de su relación con la Mesa de la Corporación, hace más expedito el trámite de los asuntos legislativos. JEFE DE CAMPAÑA: Persona elegida por una alianza o partido político para liderar la campaña electoral de su candidato. JERARQUÍA: Principio Administrativo mediante el cual se produce un vínculo que une a los servicios centralizados y desconcentrados. Implica un órgano inferior supeditado a uno superior. La jerarquía otorga el poder de dar órdenes en todo momento por


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parte del órgano delegante al órgano delegatorio y la facultad de imponer sanciones disciplinarias. JERARQUÍA NORMATIVA: Principio fundante del Ordenamiento Jurídico por medio del cual se ordenan las diferentes fuentes que lo constituyen, de acuerdo a su importancia, partiendo desde la Constitución hasta las normas de rango inferior. JUNTA ELECTORAL: Organismo que funciona en las capitales de provincias, cuyas funciones son proponer al Director del Servicio Electoral la nómina de postulantes para ser designados miembros de Juntas Inscriptoras, designar los locales en que se constituirán y funcionarán las Juntas Inscriptoras, y locales donde funcionarán los Colegios Escrutadores. JUNTA INSCRIPTORA: Aquella que tiene como funciones inscribir a los ciudadanos y a los extranjeros con derecho a sufragio en los Registros Electorales y certificar el hecho de haberse efectuado la inscripción, otorgando el comprobante correspondiente al inscrito. JURISDICCIÓN: Poder o autoridad de los magistrados para conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. JURISPRUDENCIA: Doctrina que emana de los fallos o sentencias de los tribunales de justicia. –L– LEGISLATURA: Período de sesiones celebradas regularmente por cada una de las ramas del Congreso Nacional. Puede ser Ordinaria o Extraordinaria. LEGISLATURA EXTRAORDINARIA: La que se inicia después del 18 de septiembre, a proposición del Presidente de la Repúbli-

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ca o por auto convocatoria del Congreso Nacional y se extiende hasta el 20 de mayo del año siguiente. En esta legislatura sólo se entienden convocados los proyectos de ley incluidos expresamente en la propia convocatoria. Habitualmente, la convocatoria a legislatura extraordinaria ha sido declarada cada año por el Presidente de la República. LEGISLATURA ORDINARIA: La que se inicia el 21 de mayo y corre hasta el 18 de septiembre de cada año. Durante este período se entienden convocados para su estudio en la Cámara y el Senado todos los proyectos de ley en trámite. LEGITIMIDAD: Calidad de lo que se conforma a la ley o a derecho y que es protegido jurídicamente. LEY: – Declaración de los órganos legislativos, creada según el procedimiento señalado en la Constitución, y que tiene por objeto mandar, prohibir o permitir una determinada conducta. – Declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Art. 1° Código Civil. LEY DE PRESUPUESTOS: Cuerpo legal que comprende una estimación de gastos y de ingresos del Estado durante un año calendario. LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL: Tipo de norma legal establecida por la Constitución y que requiere para su aprobación, modificación y derogación, de los cuatro séptimos de los Diputados y Senadores en ejercicio. –M– MAYORÍA ABSOLUTA: Mitad más uno de los votos válidamente emitidos. MENSAJE: Iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo.


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MESA: Autoridades elegidas por los propios parlamentarios, para dirigir la corporación. MESA RECEPTORA: La que tiene por finalidad recibir los votos emitidos por los votantes y hacer el escrutinio o recuento de sufragios de la respectiva mesa. Cada Mesa está integrada por cinco vocales elegidos de entre 15 nombres del respectivo Registro Electoral, escogidos por los miembros de la respectiva Junta Electoral. MILITANTE: Persona afiliada a un partido político o agrupación y que sigue sus doctrinas. MINISTRO DE FE: Funcionario público que da fe pública de los actos y hechos que constata a través de sus sentidos y de los documentos que guarda en sus registros. Por ejemplo, notarios, conservadores de bienes raíces. MOCIÓN: Iniciativa de ley presentada por parlamentarios y que, según sea el caso, puede ser suscrita por hasta cinco senadores o por hasta diez diputados. MONOPOLIO: Ejercicio exclusivo de una actividad, con el consiguiente dominio o influencia. –N– NACIÓN: Sustrato espiritual que recorre el cuerpo social, que tiene su origen en una multiplicidad de elementos de tipo geológico, étnico, ideológico, religioso y cultural, que reconoce un pasado y un destino futuro común. NORMA: Regla o precepto a la que se debe ajustar una acción o conducta. NORMAS PROCESALES: Normas que regulan el proceso o juicio.

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NULIDAD DE DERECHO PÚBLICO: Sanción que establece la Constitución para aquellos actos a los que faltan los requisitos de validez que la Constitución exige, cuales son, investidura regular de quien emana, competencia de quien emana y formalidad legal del acto. NÚMERO DE BOLETÍN: Es un número, asignado en forma correlativa, que permite identificar los proyectos de ley. –O– OLIGARQUÍA: Gobierno ejercido por un reducido grupo de personas que pertenecen a un estrato o clase social. ORDENAMIENTO JURÍDICO: Conjunto de normas por medio de las cuales se ordena u organiza jurídicamente un Estado. ORDEN PÚBLICO: Conjunto de condiciones mínimas que permiten la existencia y conservación del Estado. Se constituye en una situación de normalidad constitucional con tranquilidad y seguridad pública. –P– PACTO ELECTORAL: Alianza de partidos con fines electorales. PAREO: Acuerdo entre dos parlamentarios, de distintas bancadas o comités, a través del cual durante un plazo determinado, se comprometen a no participar en ninguna votación si uno de ellos está ausente. Los parlamentarios pueden parearse entre sí, por escrito, obligándose entonces a no participar en ninguna votación o elección durante el plazo que convengan, o en aquellas votaciones o elecciones específicas que indiquen. PARTIDO CON REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA: Aquel que tiene en el Congreso a diputados o senadores de su mili-


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tancia. Un Partido extraparlamentario no tiene representación popular. PARTIDOS POLÍTICOS: – Sociedades intermedias políticas que tienden a buscar la conducción del Estado o ejercer influencia directa o indirectamente en la conducción de éste. – Asociación voluntaria, dotada de personalidad jurídica, integrada por ciudadanos que comparten una misma doctrina política, cuyo objetivo es contribuir al funcionamiento del régimen democrático y ejercer una legítima influencia en la conducción del Estado. En Chile están impedidos de afiliarse a partidos el personal de las FFAA y de Orden y Seguridad Pública (Carabineros e Investigaciones), los funcionarios y empleados de los distintos escalafones del Poder Judicial, los del Tribunal Calificador de Elecciones, los del Servicio Electoral, los ciudadanos que estén cumpliendo el servicio militar obligatorio, mientras se encuentran en él. Los ciudadanos que se hubieren afiliado con anterioridad a un partido político y tuvieren que desarrollar el servicio militar obligatorio quedan suspendidos durante dicho tiempo de sus derechos y obligaciones de afiliado al partido. PENA AFLICTIVA: Sanción impuesta al que ha cometido un delito y cuya entidad es igual o superior a tres años y un día de privación de libertad, o aquella que la ley asimile a dicha categoría. PERÍODO LEGISLATIVO: Período de cuatro años, al cabo del cual la Cámara de Diputados se renueva en su totalidad y el Senado en forma parcial. PERJURIO: Delito que consiste en prestar una declaración falsa en materia que no sea contenciosa ante un tribunal. “El que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales”. (Art. 210. Código Penal).

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PERSONALIDAD JURÍDICA: Ficción jurídica por la cual se atribuye a entes abstractos o agrupaciones de personas la cualidad de ser sujeto de derechos y obligaciones a fin de permitirles actuar en el ámbito jurídico como las personas naturales. Ejemplos: el Fisco, las sociedades, etc. PLAN COMUNAL DE DESARROLLO: Instrumento rector del desarrollo en la comuna que contempla las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y de esa manera promover su avance social, económico y cultural. PLAN REGIONAL DE DESARROLLO: Instrumento rector del desarrollo en la región que contempla las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad regional y de esa manera promover su avance social, económico y cultural. Este Plan considera los planes de desarrollo de las distintas comunas de la región y a su vez es considerado por las comunas para la elaboración de sus propios planes de desarrollo. PLAN REGULADOR COMUNAL: Instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento, lo que permite llevar a cabo la planificación urbana comunal. PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL: Instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios intercomunales, y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento. PLEBISCITO: Consulta que se realiza al soberano político (pueblo) para que emita su pronunciamiento en torno a una propuesta concreta que se somete a su decisión. POBLACIÓN: Conjunto de personas humanas racionales y trascendentales, que conviven con el grupo o sociedad mayor, forma-


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do por los individuos y sus familias y, al mismo tiempo, por todos los grupos menores y sociedades naturales y voluntarias, que desarrollan sus actividades en el seno de la colectividad. PODER: Facultad para mandar hacer o no hacer algo respaldado por una amenaza de sanción en caso de no conseguir obediencia. PODER AUTÓNOMO: Poder que goza de entera independencia política, lo que implica personalidad jurídica y patrimonio propios. PODER CONSTITUYENTE: – Es aquél que tiene la facultad para establecer la Constitución Política del Estado y se encuentra radicado en el pueblo o Nación. – Clase de poder en el Estado de cuyo ejercicio es titular el pueblo a través del cual actúa soberanamente dándose una organización política o la modifica total o parcialmente, en caso necesario. PODER PÚBLICO: El que detentan los órganos públicos. POTESTAD REGLAMENTARIA: Atribución que se otorga expresamente a organismos públicos para dictar reglamentos. PRECEPTO LEGAL: Norma jurídica que tiene rango de ley. PRESCRIBIR: Ordenar, mandar una cosa. Adquirir o extinguir un derecho o una acción por el transcurso del tiempo en las condiciones prescritas por la ley. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: Jefe de gobierno y el jefe de Estado. Tiene la responsabilidad de nombrar y remover a su voluntad ministros y subsecretarios, intendentes regionales y gobernadores provinciales, así como a embajadores y personal diplomático, y al personal del Estado que la ley designe de su exclusiva confianza. El Presidente juega un papel de colegislador

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ya que, en una serie de materias, los proyectos de ley pueden proceder solamente de él. En general son aquellos que necesitan un presupuesto. Se elige en votación directa por la mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos (50% más uno). Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta en primera vuelta, se procede a una segunda vuelta 30 días después de la primera, entre los candidatos con las dos primeras mayorías. PREVARICACIÓN: – Delito cometido por los empleados públicos, dictando o proponiendo a sabiendas o por ignorancia inexcusable una resolución de manifiesta injusticia. – Delito que comete el funcionario que incumple los deberes legales propios de su cargo. PRIMER INFORME: Informe de la comisión presentado a la Sala para la Discusión General. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Todo el proceso de discusión del que es objeto un proyecto de ley en la Cámara donde fue presentado originalmente (Cámara de origen). Es decir, incluye la discusión general de sus ideas fundamentales, informes de comisiones y la discusión en particular de la Sala que revisa artículo por artículo. PRINCIPIO DE AUTONOMÍAS SOCIALES: Derecho de las sociedades de autogobernarse con libertad hacia su propio fin, con independencia de cualquier otra sociedad intermedia mayor y del Estado. PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD: En su definición más amplia, dispone que un asunto debe ser resuelto por la autoridad (normativa, política o económica) más próxima al objeto del problema. Este principio tiene sus raíces teóricas en la doctrina social de la Iglesia católica, pero en su aplicación se ha independizado en


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gran parte de ella y es empleada en el Derecho para justificar la abstención de regulación. PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD EN EL DERECHO: Principio jurídico que puede plantearse en situaciones jurídicas en las que se dan dos alternativas, de manera que a una de ellas sólo se podrá acudir en defecto de la otra. Se contrapone al principio de solidaridad, en virtud del cual no se establece un orden de prelación de alternativas, sino que se deja a disposición de un determinado actuante. El principio de subsidiariedad se manifiesta en campos tan dispares como el Derecho Civil, el Penal o el Constitucional. PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD EN LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA: Principio en virtud del cual el Estado ejecuta una labor orientada al bien común cuando advierte que los particulares no la realizan adecuadamente, sea por imposibilidad o por cualquier otra razón. La subsidiariedad dicta que la autoridad debe resolver los asuntos en las instancias más cercanas a los interesados. Por tanto, la autoridad central asume su función subsidiaria cuando participa en aquellas cuestiones que, por diferentes razones, no puedan resolverse eficientemente en el ámbito local o más inmediato. El principio de subsidiariedad es aplicable en los campos del gobierno, la ciencia política, la cibernética y la gestión de toda índole. La subsidiariedad es, idealmente o en principio, una de las características del federalismo. PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL: Principio me diante el cual se establece que todas las normas de un ordenamiento jurídico deben encontrarse en conformidad con la Constitución. PRINCIPIO DE VINCULACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN: Principio por el que todo acto al interior del Estado debe ubicarse en el ámbito de la Supremacía Constitucional.

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PROCEDIMIENTO: Conjunto de actos encadenados y la forma de ejecutarlos destinado a la consecución de un determinado fin. Ejemplo: El procedimiento Penal, reúne todos los trámites que hay que realizar para llevar a efecto la investigación de un hecho punible, la determinación del responsable, la dictación de sentencia y la ejecución de la misma. PROCLAMACIÓN: Acto en virtud del cual el Tribunal Calificador de Elecciones declara formal y públicamente cuál es el candidato que ha obtenido la titularidad de un determinado cargo público por elección popular. PROCURADOR: Funcionario auxiliar de la Administración de Justicia que tiene a su cargo la representación de las personas en juicio. PROMULGACIÓN: Acto formal de aprobación del proyecto de ley por el Presidente de la República, quien debe dictar un decreto promulgatorio en un plazo de 10 días desde que es aprobado el proyecto. Por este acto, se atestigua sobre la existencia de la ley y se ordena su ejecución. PROPIEDAD: Derecho real que se ejerce sobre un bien corporal o incorporal que permite usar, gozar y disponer de él, no siendo contrario a la ley o como dominio ajeno. PROTOCOLO: En el contexto del Derecho y la práctica de los tratados, tiene las mismas características jurídicas que un tratado. El término protocolo se usa a menudo para describir acuerdos de un carácter menos formal que los titulados tratado o convención. En general, un protocolo enmienda, complementa o aclara un tratado multilateral. Su ventaja es que, si bien está vinculado al acuerdo matriz, puede centrarse con mayor detalle en un aspecto determinado de ese acuerdo. PROVINCIA: División político administrativa del Estado correspondiente a la unidad intermedia entre la Región y la Comuna.


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PROYECTO DE ACUERDO: Proposición que cinco o más diputados presentan por escrito a la Sala con el objeto de adoptar acuerdos o sugerir observaciones sobre los actos de Gobierno, o bien, obtener un pronunciamiento de la Cámara sobre temas de interés general. PROYECTO DE LEY: Iniciativa de ley que ingresa al Congreso Nacional para cumplir el trámite de formación de la ley. Cuando es presentada por el Ejecutivo se denomina mensaje, y si lo hacen los parlamentarios se denomina moción. PUBLICACIÓN DE LA LEY: Medio por el cual se da a conocer a los ciudadanos el texto de la ley. Desde el momento de la publicación la ley es obligatoria y se presume conocida por todos los ciudadanos. PUEBLO: Es el titular concreto de la soberanía, es decir, la fuente originaria de todos los poderes. El sufragio es el modo en que el pueblo expresa la voluntad de autogobierno. –Q– QUERELLA: Acción penal que se hace efectiva ante un juez o tribunal competente para que se investigue la comisión de un hecho punible, la determinación de sus responsables y su participación y la aplicación de la sanción que trae aparejada. QUÓRUM: Cantidad mínima de parlamentarios presentes necesaria para el inicio de una sesión o para la adopción de acuerdos. –R– RATIFICACIÓN: Acto por el cual el Congreso Nacional otorga su acuerdo con un tratado internacional afinado por el Poder Ejecutivo, concretando de este modo su compromiso de vincularse jurídicamente a él, produciendo plenos efectos jurídicos al interior del Estado.

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RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN, APROBACIÓN, Y ADHESIÓN: Acto internacional mediante el cual un Estado establece su consentimiento en obligarse por un tratado. RECURSOS ADMINISTRATIVOS: Acciones de impugnación de actos administrativos que se otorgan a los destinatarios de los mismos. Reposición, que se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto para que lo modifique o deje sin efecto y, recurso jerárquico, que se interpone ante el superior del órgano que dictó el acto para que lo corrija. RECURSO DE REPOSICIÓN: El que se interpone para pedir a los jueces que reformen sus resoluciones cuando éstas no son favorables para el recurrente. REFORMA CONSTITUCIONAL: Modificación o innovación que se introduce en un texto constitucional, en este caso, la Constitución Política de la República de Chile. RÉGIMEN REPUBLICANO: Régimen de gobierno en el que la autoridad del Estado reúne las características de temporalidad, electividad y responsabilidad. REGIÓN: Unidades en que se divide el territorio del Estado y que puede adoptar la calidad de ente territorial en el marco del Estado regional. REPRESENTACIÓN EXTRAJUDICIAL: Poder mediante el cual una persona está capacitada y facultada para comparecer y actuar por otra en cualquier gestión distinta a la judicial. REPRESENTACIÓN JUDICIAL: Personería o Comparecencia en juicio. Poder para comparecer en juicio en nombre y por cuenta de otro. La Representación Judicial en cuanto a su naturaleza puede ser de carácter consensual, legal, voluntaria o forzosa.


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RESPONSABILIDAD: Capacidad para aceptar las consecuencias de los actos propios. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: Consecuencia resultante atendida la comisión de un hecho ilícito que ha causado un daño a otro. Se regula esta materia de la responsabilidad civil extracontractual en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil. REQUERIMIENTO: Acto judicial por el cual se pide que se haga o se deje de ejecutar una cosa o acción. RESOLUCIÓN: Norma dictada por cualquier autoridad inferior de la administración central sobre asuntos o negocios de su competencia, en virtud una delegación de atribuciones del Presidente de la República. RETRIBUCIÓN: Recompensa o pago recibido por la realización de un acto o la entrega de una cosa. –S– SALUD: Estado de completo bienestar físico, mental y social (OMS). SANCIÓN: – Pena, castigo o mal que proviene de una equivocación o culpa. Es la consecuencia proveniente de la infracción de una norma precepto. – Autorización o aprobación que se otorga a una norma jurídica o a una costumbre cuando esta última constituye derecho. SANCIÓN DE LA LEY: Pronunciamiento de aprobación, rechazo o modificación del Ejecutivo sobre un Proyecto de Ley que ya ha sido aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados.

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SEGURIDAD NACIONAL: Toda acción encaminada a procurar la preservación del orden jurídico institucional del país, de modo de asegurar el libre ejercicio de la soberanía de la nación en el interior como en el exterior, con arreglo a las disposiciones establecidas en la Carta Fundamental, en las leyes de la República y en las normas del Derecho Internacional, según corresponda. El resguardo de la Seguridad Nacional es un deber del Estado. SESIÓN: Cada reunión celebrada por el Congreso o por alguna de sus comisiones. SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Proceso de tramitación por el que atraviesa un proyecto de ley, ya aprobado en su cámara de origen, en aquella cámara donde no fue presentado el proyecto originalmente (cámara revisora). SENADO: Una de las dos Cámaras del Congreso que forman parte del poder legislativo. Sus funciones son participar en la elaboración de las leyes. La ley contempla la elección de 38 senadores. SERVICIO ELECTORAL: Organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, entre cuyas funciones pueden mencionarse las siguientes: 1) Supervigilar y fiscalizar las Juntas Electorales y Juntas Inscriptoras y velar por el cumplimiento de las normas electorales; 2) Formar y mantener un Padrón Electoral computacional, que contiene la nómina alfabética de las personas habilitadas para sufragar en plebiscitos y elecciones; 3) Formar y mantener un registro alfabético de las personas a quienes se les haya suspendido el derecho a sufragio; 4) Formar y mantener la nómina de las personas que hayan perdido su calidad de ciudadanos; 5) Formar y mantener el Archivo Electoral General. SERVICIO PÚBLICO: Se reconocen dos acepciones. Orgánica: órganos del Estado destinados a satisfacer necesidades públicas. Funcional: toda actividad de satisfacción de necesidades públi-


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cas sea que las ejerza directamente el Estado a través de sus organismos o los particulares fiscalizados por el Estado. SERVICIOS SANITARIOS: Comprenden la explotación de servicios públicos destinados a producir y distribuir agua potable a través de redes públicas y a recolectar y disponer aguas servidas a través de redes públicas. SISTEMA DE URGENCIAS: Conjunto de disposiciones contenidas en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que permiten al Presidente de la República establecer y calificar la rapidez con que el Congreso Nacional debe analizar un proyecto de ley o de reforma constitucional. SISTEMA ELECTORAL BINOMINAL: Sistema de acuerdo al cual son elegidos senadores o diputados los dos candidatos de una misma lista que alcance el mayor número de sufragios y tenga un total de votos que exceda el doble de la lista o nómina que le sigue en votos. Si ninguna lista obtiene los dos cargos, entonces elige un cargo cada una de las listas que tengan las dos más altas mayorías de votos totales, debiendo el Tribunal Calificador de Elecciones proclamar elegidos a aquellos candidatos que, dentro de cada lista o nómina, hubieren obtenido las más altas mayorías. Este sistema electoral rige en Chile por disposición de la Constitución Política de 1980, aunque la reciente reforma constitucional aprobada el 2005 le quitó el rango constitucional dejándola en una ley de quórum calificado. SOBERANÍA: Cualidad del poder estatal que permite que las normas que éste dicta deriven su validez de sí mismas y no de un ordenamiento u órgano superior. SOBERANÍA NACIONAL: Poder supremo e ilimitado que reside en la Nación y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos. SOBERANO: Autoridad suprema del poder público, que es delegado por el pueblo.

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SONDEO: Encuesta realizada para conocer el estado de la opinión pública. SUFRAGIO: Derecho de los ciudadanos a participar organizando el poder electoral, eligiendo o siendo elegidos en cargos de elección popular y adoptando decisiones políticas en los plebiscitos para los casos expresamente previstos en la Constitución. Desde el 31 de enero de 2012 comenzó a regir en nuestro país la Ley Nº 20.568, que regula la inscripción automática y el voto voluntario. Con esto, quedan inscritas automáticamente en el registro electoral todos quienes cumplen los requisitos para votar. Esta ley no obliga a sufragar; es decir, es una votación voluntaria y, por lo tanto, si alguien no emite su voto no necesita acudir a Carabineros ni tampoco se expone a una multa. Los chilenos que residen en el extranjero no pueden votar, a menos que viajen a Chile en el período de elecciones. Según la Constitución chilena, pueden ejercer el derecho al sufragio aquellos ciudadanos, o sea, quienes han cumplido 18 años de edad y no han sido condenados a una pena aflictiva (superior a 3 años de presidio). El derecho a votar queda suspendido por interdicción en caso de demencia, por hallarse acusado por delito que merezca pena aflictiva o por delito de terrorismo y por sanción del Tribunal Constitucional (en conformidad al artículo 19 N° 15 inciso 7º de la Constitución). SUFRAGIO UNIVERSAL: Derecho de sufragio otorgado a todos quienes cumplen el mínimo de condiciones exigibles de idoneidad moral y mental para participar en los procesos de toma de decisiones políticas (idoneidad mental: no encontrarse interdicto por demencia; idoneidad moral: no haber sido condenado a pena aflictiva). SUPERINTENDENCIA: Dícese de la institución Administrativa con superioridad respecto de las demás instituciones que están bajo su vigilancia o fiscalización.


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SUPRANACIONAL: Poder ejercido por una institución que se encuentra por encima de los Estados o Naciones. SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL: Condición de superioridad que reviste la Constitución en orden a que toda norma jurídica inferior a ella debe someterse a sus normas. La Carta Fundamental es la cúspide de la pirámide normativa. –T– TABLA: – Documento que incluye los asuntos a tratar durante una sesión. – Conjunto de proyectos de ley u otras materias de las que pueden ocuparse las Cámaras o sus comisiones en una determinada sesión. TECNOCRACIA: – Cuerpo de funcionarios que maneja la técnica y la tecnología, el cómo hacer las cosas al margen de consideraciones valóricas. – Control político, económico y social que ejercen en la sociedad expertos de diversas ramas del conocimiento. TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Proceso por el que debe atravesar un proyecto de ley una vez que ha cumplido su tramitación en la Cámara revisora, y han surgido discrepancias con lo aprobado por la Cámara de origen. TERRITORIO: Espacio físico donde se desarrolla el Estado. TERRITORIO JURISDICCIONAL: Territorio en el que el juez ejerce sus facultades o atribuciones. Corresponde al ámbito donde la autoridad jurisdiccional ejerce sus funciones. TOMA DE RAZÓN: Trámite realizado por la Contraloría General de la República y que consiste en examinar la legalidad y constitucionalidad de los actos dictados por la autoridad adminis-

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trativa. Dicho trámite se ejerce en forma previa a que tal acto adquiera fuerza obligatoria. TRÁMITE: Proceso, en el mecanismo de formación de la ley, que requiere de un pronunciamiento de la Sala de la Cámara de Diputados o del Senado, para lo cual consideran distintos quórum. TRÁMITES: Cada uno de los pasos que deben ser seguidos para el proceso de formación de una ley o de una reforma constitucional en cada una de las dos ramas del Congreso Nacional. TRATADOS: Acuerdos internacionales suscritos entre Estados y regidos por el derecho internacional, jurídicamente vinculantes. Un tratado puede ser bilateral o multilateral: entre dos partes o entre más de dos partes. Abarca todos los instrumentos vinculantes del derecho internacional, los cuales tienen características comunes, y se rigen por las mismas normas. En consecuencia, las convenciones, los acuerdos, los protocolos y los canjes de cartas o notas pueden todos ellos constituir tratados. Normalmente el término Tratado se utiliza para instrumentos de cierta importancia y solemnidad. En Chile, la conducción de las relaciones internacionales del país es atribución exclusiva del Presidente de la República. El rol que se le asigna al Congreso Nacional en esta materia es aprobar o rechazar los tratados internacionales que el Presidente de la República ha negociado y suscrito. Para que obliguen al país, requieren la aprobación del Congreso Nacional. La tramitación a que se somete un tratado internacional en Chile es la misma que la que se aplica a la tramitación de un proyecto de ley. TRIBUNAL CALIFICADOR: El que practica el escrutinio general de la elección o plebiscito y lo califica, vale decir, determina si se realizó legítima y legalmente. TRIBUTOS: Toda exacción patrimonial forzosa por parte del Estado a los particulares.


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TUTELA O SUPERVIGILANCIA: Vínculo que otorga un poder de carácter limitado y concebido por la ley a una autoridad central sobre los agentes descentralizados y sobre sus actos, con el fin de proteger el interés general. –U– URGENCIA: Facultad constitucional, privativa del Presidente de la República, para otorgar preferencia al conocimiento y despacho de ciertos proyectos de ley por el Congreso Nacional. Existen tres tipos de urgencias: 1.- Simple urgencia, significa que el proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva Cámara en el plazo de 30 días. 2.- Suma urgencia, el proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva Cámara en el plazo de 10 días. 3.- Discusión inmediata, el proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva Cámara en el plazo de 3 días. Recapitulando, el Presidente de la República está facultado para otorgar preferencia al despacho de proyectos de ley o de acuerdo por el Congreso Nacional, para lo cual puede declarar su urgencia en uno o todos sus trámites. La urgencia, como ya se dijo, puede ser simple, suma o discusión inmediata. Los plazos constitucionales para la tramitación de los proyectos con urgencia simple son de 30 días para la discusión y votación de la Cámara requerida, los con suma urgencia admiten un plazo de 10 días y los calificados con discusión inmediata tienen un plazo de 3 días. Los plazos para la Comisión Mixta serán, en el caso de la urgencia simple, de 10 días, lo mismo si se trata del pronunciamiento de cada una de las Cámaras respecto del informe de dicha comisión. En el caso de la suma urgencia, la Comisión Mixta tendrá 4 días para despachar su informe y 3 para cada una de las Cámaras. En el caso de la discusión inmediata los plazos son de 1 día para cada una de las instancias. URNA: Caja donde se depositan las papeletas durante una elección.

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–V– VIGENCIA: Situación en que los preceptos normativos se encuentran en vigor y producen efectos jurídicos. VOCAL: Miembro de la mesa receptora de sufragios. Cualquier vocal podrá excusarse de desempeñar el cargo. Las excusas deben ser formuladas por escrito ante el Secretario de la Junta Electoral respectiva. VOLUNTAD SOBERANA: Intención, ánimo o resolución de quien ejerce la autoridad suprema. VOTANTE: Persona que tiene derecho a voto. VOTO: Opinión emitida por la persona que sufraga. VOTO DIRIMENTE: Facultad de decidir la controversia surgida ante el empate en una votación. VOTO CASTIGO: Cuando se vota por un candidato o una candidata que se sabe no va a salir y que tampoco representa la postura del votante, pero sí engrosará los porcentajes de la marginalidad. VOTO EN BLANCO: Aquellos que aparecen sin la señal que debe hacer el elector para votar por una de las alternativas establecidas en él. VOTOS MARCADOS: Aquellos con dobleces distintos a los que establece la ley. Deben escrutarse y dejar constancia de las marcas y preferencia que contengan. VOTO NULO. Aquel que tiene marcadas más de una preferencia.


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VOTO ÚTIL: Cuando se vota por un candidato que podría eventualmente ganar, o bien por el candidato que permitiría mantener el trabajo en determinada empresa, municipalidad, ministerio u otro.

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DERECHO CONSTITUCIONAL en Preguntas y Respuestas® BIBLIOGRAFÍA

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BIBLIOGRAFÍA

– Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Glosario legislativo. – Banca Fácil, el sitio educativo de SBIF. – Consejos Regionales de Desarrollo. (Maximiano Errázuriz. E). – Constitución Política de la República de Chile. Concordancias, anotaciones y Fuentes. (Luz Bulnes Aldunate). – Convención de Viena del Derecho de los Tratados. – Derecho Administrativo Chileno y Comparado. (Enrique Silva Cimma). – Derecho Constitucional. (Mario Cerda Medina). – Derecho Constitucional. (Hernán Molina Guaita). – Derecho Constitucional e Instituciones Políticas. (Sergio Galaz Ulloa). – Derecho de la Seguridad Social. (Eduardo Vial). – Diccionario Jurídico Elemental. (Guillermo Canabellas de Torres). – Elementos de Derecho Constitucional. (Carlos Estévez Gazmuri). – Elementos de Derecho Constitucional Chileno. (Carlos Andrade Geywitz).

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ANÍBAL CORNEJO MANRÍQUEZ BIBLIOGRAFÍA

– Génesis y vigencia de los textos constitucionales chilenos. (Sergio Carrasco Delgado). – La Constitución ante el Congreso. (Jorge Huneeus). – La Constitución Chilena. (Neville Blanc Renard; Humberto Nogueira Alcalá; Emilio Pfeffer Urquiaga; Mario Verdugo Marinkovic). – La Constitución de 1925. (José Guillermo Guerra). – La Constitución Reformada de 2005. (Humberto Nogueira Alcalá). – Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos. (Ana María García Barzelatto). – Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. – Los Derechos Constitucionales. (Enrique Evans de La Cuadra). – Manual de Derecho Administrativo. (Hugo Caldera Delgado). – Manual de Derecho Constitucional. (Jorge M. Quinzio Figueiredo). – Manual de Derecho Constitucional. (Germán Urzúa Valenzuela). – Manual de Derecho Constitucional. (Gabriel Amunátegui Jordán). – Manuel de Derecho Constitucional. (Mario Bernaschina González). – Manual Educativo de Educación Cívica para Profesores. Ministerio de Educación. – Reforma Constitucional. (Francisco Urbina Zúñiga). – Recurso de Protección. (Eduardo Soto Kloss). – Reforma Regional, Provincial y Municipal. (Paulino Varas Alfonso, y Salvador Mohor Abuabuad).

DERECHO CONSTITUCIONAL en Preguntas y Respuestas® BIBLIOGRAFÍA

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– Reglamento de la Cámara de Diputados. – Reglamento del Senado. – Repertorio de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. (Eugenio Valenzuela Somarriva). – Teoría de la Constitución. (Francisco Cumplido y Humberto Nogueira). – Tratado de Derecho Constitucional. (Universidad la República). – Tratado de Derecho Constitucional. (Alejandro Silva Bascuñán). – Tratado de la Constitución de 1980. (José Luis Cea Egaña).

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DERECHO CONSTITUCIONAL ÍNDICE en Preguntas y Respuestas®

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ÍNDICE

Presentación.................................................................................

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TEMA I DERECHO CONSTITUCIONAL Y SUS FUENTES CAPÍTULO I Conceptos y Características.......................................................... 11 Capítulo II Fuentes del Derecho Constitucional.............................................. 12 CAPÍTULO III Fuentes Positivas o Directas respecto de la Constitución............... 13 CAPÍTULO IV Ley de Reforma Constitucional...................................................... 19 CAPÍTULO V Proyecto de Reforma Constitucional.............................................. 21 CAPÍTULO VI Respecto de las Leyes Interpretativas de la Constitución............... 22 CAPÍTULO VII Los Tratados Internacionales........................................................ 26 CAPÍTULO VIII Preceptos Legales y Ley................................................................. 28

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ANÍBAL CORNEJO ÍNDICEMANRÍQUEZ

CAPÍTULO IX Respecto de la Legislación Complementaria.................................. a) Leyes Orgánicas Constitucionales............................................. b) Leyes de Quórum Calificado..................................................... c) Leyes de Amnistía e Indultos Generales y Amnistía a Terro ristas........................................................................................ d) Leyes Comunes u Ordinarias Propiamente Tales...................... e) Decretos con Fuerza de Ley...................................................... f) Decretos Leyes.........................................................................

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CAPÍTULO X Reglamento de las Cámaras del Congreso Nacional....................... 49 CAPÍTULO XI Los Autos Acordados de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales......................................................... 50 CAPÍTULO XII Fuentes Racionales o Indirectas.................................................... a) Respecto de la Costumbre........................................................ b) Respecto de la Jurisprudencia.................................................. c) Respecto de los dictámenes de la contraloría y de otros órganos consultivos............................................................................... d) Respecto de la Doctrina............................................................

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TEMA II BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD CAPÍTULO I Valores Básicos del Ordenamiento Constitucional y Principios Técnico-Jurídicos......................................................................... 56 CAPÍTULO II Principios Jurídico-Políticos contenidos en las Bases de la Institucionalidad................................................................................. 68

DERECHO CONSTITUCIONAL en Preguntas y Respuestas® ÍNDICE

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Capítulo III Respecto de la Democracia............................................................ 70 CAPÍTULO IV La Responsabilidad....................................................................... 83 CAPÍTULO V Principios Económico-Sociales...................................................... 87 TEMA III NACIONALIDAD CAPÍTULO I Concepto y Fuentes...................................................................... 89 CAPÍTULO II Ius Soli y Ius Sanguinis................................................................ 92 CAPÍTULO III Nacionalización por Carta............................................................. 95 CAPÍTULO IV Doble Nacionalidad....................................................................... 97 CAPÍTULO V Nacionalización por Gracia........................................................... 97 CAPÍTULO VI Pérdida de la Nacionalidad............................................................ 98 TEMA IV CIUDADANÍA CAPÍTULO I Concepto y Requisitos................................................................... 101

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CAPÍTULO II El Sufragio.................................................................................... 103 CAPÍTULO III Pérdida y Recuperación de la Ciudadanía..................................... 106 CAPÍTULO IV Sistema Electoral.......................................................................... 107 CAPÍTULO V El Servicio Electoral...................................................................... 109 CAPÍTULO VI Juntas Electorales........................................................................ 111 CAPÍTULO VII Inscripción Electoral..................................................................... 112 CAPÍTULO VIII Actos Previos a las Elecciones....................................................... 115 1. Respecto de la Presentación de candidaturas............................ 115 2. Respecto de la Inscripción de candidaturas.............................. 116 3. Respecto de las Cédulas Electorales......................................... 117 4. Respecto de la propaganda y publicidad electoral..................... 118 5. Respecto de las mesas receptoras de sufragio........................... 119 6. Respecto de los Locales de Votación.......................................... 120 7. Respecto de los Útiles Electorales............................................ 121 CAPÍTULO X Acto Electoral............................................................................... 122 1. Respecto de la Instalación de las mesas receptoras de sufragios... 122 2. Respecto de la Votación............................................................ 124 3. Respecto del Escrutinio por mesas........................................... 126 4. Respecto de la devolución de cédulas y útiles........................... 128 CAPÍTULO XI Procedimientos Posteriores al Acto Electoral................................. 128


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1. Respecto de los Colegios Escrutadores...................................... 128 2. Respecto del Orden Público y su resguardo por las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile............................................... 131 3. Respecto de los apoderados de partido o candidato indepen diente....................................................................................... 131 4. Respecto de las reclamaciones electorales................................. 132 5. Respecto del escrutinio general y de la calificación de elec ciones...................................................................................... 134 CAPÍTULO XII Partidos Políticos.......................................................................... 135 1. Respecto de su Constitución..................................................... 138 2. Respecto de la afiliación........................................................... 138 CAPÍTULO XIII Tribunal Calificador de Elecciones................................................ 139 1. Respecto de la Integración y Organización del Tribunal Califi cador de Elecciones.................................................................. 139 2. Respecto de las atribuciones del tribunal calificador de elec ciones...................................................................................... 139 3. Respecto de los Tribunales Electorales Regionales.................... 140

TEMA V DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES CONSTITUCIONALES CAPÍTULO I Derechos Constitucionales............................................................ 143 CAPÍTULO II Derecho a la Vida.......................................................................... 146 Capítulo III Derecho a la Integridad Física y Psíquica...................................... 146 Capítulo IV Derecho a Vivir en un Ambiente Libre de Contaminación.............. 148

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CAPÍTULO V La Libertad Personal..................................................................... 151 CAPÍTULO VI Seguridad Individual..................................................................... 156 CAPÍTULO VII Garantías Constitucionales de la Persona Arrestada, Detenida o Presa............................................................................................ 157 CAPÍTULO VIII La Inviolabilidad del Hogar............................................................ 158 CAPÍTULO IX La Inviolabilidad de toda forma de Comunicación Privada............... 158 CAPÍTULO X Respeto y Protección a la Vida Privada.......................................... 159 CAPÍTULO XI La Libertad para Adquirir el Dominio de toda Clase de Bienes....... 160 CAPÍTULO XII Derecho de Propiedad o Derecho de Dominio................................ 161 a) Propiedad Minera..................................................................... 165 b) Derechos sobre las Aguas......................................................... 167 c) Derecho de Propiedad Intelectual............................................. 167 CAPÍTULO XIII Derecho a la Libertad para Desarrollar Actividades Económicas.... 171 CAPÍTULO XIV Derecho a la Igualdad en Materia Económica................................ 173 a) Orden Público Económico......................................................... 174 b) Principios Constitucionales de Orden Público Económico......... 175 CAPÍTULO XV Libertad de Opinión y la de Informar............................................. 176


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CAPÍTULO XVI Derecho a la Libertad Religiosa..................................................... 179 CAPÍTULO XVII Derecho a la Educación y a la Libertad de Enseñanza................... 181 CAPÍTULO XVIII Derecho de Petición...................................................................... 181 CAPÍTULO XIX Respeto y Protección a la Honra de la Persona y de su Familia...... 182 CAPÍTULO XX Derecho de Reunión...................................................................... 184 CAPÍTULO XXI Derecho de Asociación.................................................................. 185 CAPÍTULO XXII Derecho a la Libertad de Trabajo.................................................. 185 CAPÍTULO XXIII Derecho a la Seguridad Social....................................................... 189 CAPÍTULO XXIV Derecho a la Protección de la Salud.............................................. 190 CAPÍTULO XXV Las Igualdades.............................................................................. 192 a) Respecto de la igualdad ante la ley........................................... 192 b) Respecto de la igualdad ante la justicia.................................... 193 c) Respecto de la igualdad en el acceso a las funciones y empleos públicos................................................................................... 201 d) Respecto del derecho a la igualdad ante las cargas públicas..... 202 CAPÍTULO XXVII Deberes Constitucionales.............................................................. 204

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CAPÍTULO XXVIII Garantías Constitucionales........................................................... 206 a) Respecto del Recurso de Protección........................................... 207 b) Respecto del Recurso de Amparo............................................... 212 c) Respecto del Recurso de Amparo Económico............................. 216 TEMA VI LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN (Art. 39 a 45 C.P.R.) CAPÍTULO I Generalidades............................................................................... 219 CAPÍTULO II Estado de Asamblea...................................................................... 220 CAPÍTULO III Estado de Sitio............................................................................. 221 CAPÍTULO III Estado de Emergencia.................................................................. 223 CAPÍTULO V Estado de Catástrofe..................................................................... 223 TEMA VII Gobierno CAPÍTULO I Conceptos Generales.................................................................... 225 CAPÍTULO II Presidente de la República (Art. 24 y Ss., C.P.R.)........................... 229 a) Respecto de la duración del mandato........................................ 229 b) Respecto de la elección............................................................. 229 CAPÍTULO II Subrogación o reemplazo del Presidente de la República............... 231


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a) Respecto de la subrogación del Presidente Electo...................... 232 b) Respecto de la subrogación del Presidente en ejercicio.............. 232 CAPÍTULO III Atribuciones del Presidente de la República.................................. 234 CAPÍTULO IV Potestad Reglamentaria del Presidente de la República................. 238 CAPÍTULO V Nombramiento y Remoción de Funcionarios Públicos.................... 244 CAPÍTULO VI Atribuciones Legislativas.............................................................. 245 CAPÍTULO VII Atribuciones Judiciales o de Gracia.............................................. 245 a) Respecto de la Concesión de Jubilaciones, Retiros y Montepíos con arreglo a las Leyes............................................................. 245 b) Respecto de los indultos y su otorgamiento.............................. 246 c) Respecto de la concesión de pensiones de gracia, con arreglo a la ley..................................................................................... 247 d) Respecto de la salida del Presidente y ex Presidente de la Re pública del Territorio Nacional.................................................. 248 CAPÍTULO VIII Los Ministros de Estado................................................................ 249 CAPÍTULO IX Bases Generales de la Administración del Estado (Art. 38 C.P.R.).. 252 TEMA VIII CONGRESO NACIONAL CAPÍTULO I Cámara de Diputados y Senadores (Art. 47 y Ss., C.P.R.).............. 257

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CAPÍTULO II Formación de la Ley...................................................................... 276 CAPÍTULO III Respecto del Procedimiento Especial de la Ley de Presupuesto...... 289 TEMA IX PODER JUDICIAL (Art. 76 y Ss., C.P.R.) CAPÍTULO I Organización y Atribuciones......................................................... 293 CAPÍTULO II Responsabilidad y Duración en el Cargo de los Jueces.................. 294 TEMA X MINISTERIO PÚBLICO CAPÍTULO ÚNICO Concepto y Composición, Designaciones, Registro de Nombramientos de Fiscales y duración en sus cargos (Art. 83 y Ss., C.P.R.)...... 297 TEMA XI TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CAPÍTULO ÚNICO Concepto y Atribuciones Integrantes, Requisitos, Nombramiento, Duración en el cargo, Funcionamiento del Tribunal...................... 303 TEMA XII CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CAPÍTULO ÚNICO Concepto y Orígenes, Naturaleza Jurídica, Designación del Contralor, Duración y Cesación en el Cargo, Funciones de la Contraloría (Art. 98 y Ss., C.P.R.)............................................................. 309


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TEMA XIII FUERZAS ARMADAS, DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA CAPÍTULO I Dependencia y Conformación........................................................ 319 CAPÍTULO II Seguridad Nacional; Obediencia y no Deliberación; Procedimiento de Designación del Alto Mando..................................................... 320 TEMA XIV CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL (Art. 106 y Ss., C.P.R.) CAPÍTULO ÚNICO Concepto, Integración y Reuniones, Actas y Funciones................. 323 TEMA XV BANCO CENTRAL CAPÍTULO ÚNICO Concepto, Orígenes Dirección, Administración, Facultades y Operaciones (Art. 108 y Ss., C.P.R.)..................................................... 325 TEMA XVI REFORMAS DE LA CARTA FUNDAMENTAL CAPÍTULO ÚNICO Principales cambios hechos a la Carta Fundamental..................... 329

VOCABULARIO BÁSICO Términos Legislativos, Político-Electorales y Constitucionales....... 333 BIBLIOGRAFÍA............................................................................. 379 ÍNDICE......................................................................................... 383

Derecho Constitucional en Preguntas y Respuestas

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