EXPEDIENTE
:
ESPECIALISTA : ESCRITO
: 01
SUMILLA
: Interpongo demanda de
Hábeas Data SEÑOR(A) JUEZ(A) DEL JUZGADO CONSTITUCIONAL DE LIMA ERICK AMERICO IRIARTE AHON , identificado con DNI N° 10803692, con domicilio procesal en Jr. Miroquesada 191, Of. 510, Distrito de Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima; a Ud. respetuosamente digo:
Al amparo de lo dispuesto por el artículo 200° inciso 3) de la Constitución Política del Perú, recurro a su despacho para interponer demanda de hábeas data, por vulneración de mi derecho de acceso a la información pública, reconocido en el inciso 5) del artículo 2 de la Constitución. I.
DEMANDADOS:
La presente demanda de hábeas data es dirigida contra la OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES – ONPE , ubicada en Jr. Washington N° 1894, Distrito de Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima. II.
PETITORIO:
Interpongo demanda de hábeas data para que se ordene a la entidad demandada la entrega de la información requerida mediante Solicitud de Acceso a la Información Pública con Registro N° 7961-2016/ONPE, presentada por mi persona el día 21 de marzo de 2016, así como el pago de costos del proceso conforme al artículo 56° del Código Procesal Constitucional. III.
1.
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO:
El 21 de marzo de 2016 presente una solicitud de acceso a la información pública, la cual fue signada con el Registro N° 7961-2016/ONPE, requiriendo los siguientes documentos: a) Registro de software de voto electrónico a usarse en las elecciones generales 2016. b) Contratos laborales de técnicos y/o programadores de software de voto electrónico de ONPE. c) Bases, propuestas y decisiones de contratación de software de voto electrónico de ONPE.
d) Auditorías Externas del software de voto electrónico a usarse en elecciones generales 2016. 2. El 07 de abril, luego de vencido el plazo de siete días hábiles que estipula el literal b) del artículo 11° de la Ley de Transparencia para dar respuesta a mi pedido y sin que hayan comunicado la necesidad de hacer uso de la prórroga excepcional, me notifican la Carta N° 000322-2016-TRA/ONPE en la que el Abog. Henry Paricahua Carcausto, Funcionario Titular Responsable de brindar información de acceso público, expresa: -
Respecto al Registro de software de voto electrónico: Que el mismo se encuentra en proceso de registro ante INDECOPI con el Exp. N° 631-2016.
-
Respecto a los contratos laborales de los técnicos y/o programadores de software de voto electrónico de ONPE: Que dicha información es de carácter confidencial.
-
Respecto a las bases, propuestas y decisiones de contratación de software de voto electrónico: Que no se han realizado contrataciones en relación al software del voto electrónico.
-
Respecto a las Auditorías Externas de software: Que se viene realizando el servicio de Auditoría de Seguridad en el Proceso de Voto Electrónico.
3. Al no encontrarme conforme con dicha respuesta, el 26 de abril de 2016 presento Recurso de Apelación respecto a la denegatoria de acceso a la información señalada en los puntos 2, 3 y 4 de mi solicitud. 4. El 11 de mayo de 2016 me notificaron la Resolución N° 000005-2016-SG/ONPE, en la que Frieda Roxana Del Aguila Tuesta, Secretaria General de la ONPE, declara infundado mi Recurso de Apelación por similares fundamentos, señalando que: -
Respecto a los contratos laborales de los técnicos y/o programadores de software de voto electrónico de ONPE: Que la publicidad de remuneraciones de trabajadores públicos sólo rige para quienes están en la obligación de presentar declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas.
-
Respecto a las bases, propuestas y decisiones de contratación de software de voto electrónico: Que los procesos señalados en el recurso de apelación “no son de contratación de software”.
-
Respecto a las Auditorías Externas de software: Que la información solicitada constituye un hecho posterior a la petición inicial.
5. Es por ello que recurro a su despacho para interponer la presente demanda de hábeas data, ya que la información denegada por la entidad demandada constituye información pública, conforme a los siguientes fundamentos: A. Respecto a los contratos laborales de técnicos y/o programadores de software de voto electrónico de la ONPE.
6. La ONPE ha sustentado la negativa de entregar la información solicitada argumentando que “dicha información es de naturaleza personal y constituye, de acuerdo a las disposiciones de la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29733 Ley de Protección de Datos Personales, Información Confidencial al contener datos personales así como información sobre sus ingresos”. 7. No obstante, contrario a lo señalado por la ONPE, las únicas excepciones por las cuales puede denegarse un pedido de acceso a la información pública, son las establecidas en los artículos 15°, 16° y 17° del T.U.O. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP). La Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733) no crea nuevas excepciones para el ejercicio del derecho de acceso a la información, únicamente especifica los tipos de datos personales a ser considerados como información confidencial, de acuerdo al artículo 17° numeral 5) del T.U.O. de la LTAIP. 8. En efecto, la Ley de Protección de Datos Personales (LPDP) precisa en su Octava Disposición Complementaria Final que “la información confidencial a que se refiere el numeral 5) del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley 28706, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, constituye dato sensible conforme a los alcances de esta Ley” . 9. Asimismo, el artículo numeral 5) del artículo 2° de la LPDP, define a los datos sensibles como: “Datos personales constituidos por los datos biométricos que por sí mismos pueden puede n identificar identifica r al titular; datos referidos referid os al origen racial y étnico; ingresos económicos, opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales; afiliación sindical; sindical; e información relacionada a la salud o a la vida sexual.”
10. A su vez, el numeral 5) del 17° del T.U.O. de la LTAIP establece: 5. La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar. La información referida a la salud personal, person al, se considera conside ra compren co mprendida dida dentro de la intimidad intimida d personal. per sonal. En este e ste caso, ca so, sólo el juez puede ordenar la publicación sin perjuicio de lo establecido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado.
11. En ese sentido, de la lectura conjunta de ambas leyes, se entiende que todos los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar constituyen datos sensibles y deben sujetarse a las normas de tratamiento que establece la LPDP. 12. Ello se encuentra acorde a lo establecido por el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 00441-2012-PHD/TC, el sentido de que “para que una determinada información sea considerada confidencial y, por ende, inaccesible al conocimiento de terceros, no basta con que se alegue su carácter meramente particular o personal, sino que, además, es preciso que su publicidad constituya una “invasión a la intimidad personal y familiar” familiar ” en en los términos en que ello viene exigido por la ley de la materia.”
(Las negritas son mías) 13. Sin embargo, em bargo, si bien la legislación ha considerado prima facie los “ingresos económicos” de la población en general como dato sensible, en el caso de los ingresos públicos de funcionarios o trabajadores estatales, el Tribunal Constitucional ha señalado que su publicidad no afecta el derecho a la intimidad personal de éstos. 14. A saber, en el Exp. N° 04407-2007-PHD/TC sobre la publicidad de la sección primera de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de funcionarios públicos, el Tribunal Constitucional señaló que: “21. Situación similar se produce respecto respecto de los ingresos y bienes provenientes del sector público que deberá declarar el funcionario o servidor público, ya que dicha información debe ser de posible acceso a través de los portales de transparencia de la entidad responsable, información que deberá ser completa y actualizada. Así pues, este Colegiado considera que en lo relativo a la difusión de todos aquellos bienes e ingresos provenientes del sector público, no se afectaría el derecho constitucional a la intimidad personal.” (El subrayado y
las negritas son mías) 15. El Poder Judicial también ha concluido que la publicidad de los datos personales de funcionarios y trabajadores públicos no constituye una invasión a la intimidad personal y familiar . Por ejemplo, en el Exp. N° 23243-2007-0-1801-JR-CI-21, el Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, declaró fundado el hábeas data interpuesto por la entonces Congresista de la República Elsa Canchaya, en el que solicitaba “la relación de todos los trabajadores que han sido contratados desde el mes de Julio de 2006 a la fecha de su demanda, correspondiente al nivel SP-6, personal de confianza de los 120 despachos congresales, especificando el nivel educativo (secundaria y/o superior), profesión y/o grado académico de cada uno de ellos, así como la duración de cada contrato y si éste se encuentra actualmente vigente”. En dicho caso, el Poder Judicial concluyó que:
“la información solicitada ( ! ) corresponde corres ponde a la actuación actuació n de la Administración Adminis tración Pública; esto es que, si bien el Congreso de la República tiene la facultad de contratar a sus empleados, entre ellos el personal de confianza de los señores congresistas, se trata de cargos de la Administración Pública, aún cuando estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada, siendo remunerados con dinero del Estado, por lo que resulta razonable conocer por parte de cualquier persona, datos como son el nivel educativo, profesión y/o grado académico del citado personal, person al, en la medida que se trata de aspectos aspecto s que guardan guarda n relación con la capacidad profesional de la persona que desempeña el cargo público.” (El subrayado es mío)
16. Incluso, existe una obligación legal de transparencia activa por parte de las entidades estatales de difundir los nombres y las remuneraciones de todo su personal a través de los Portales de Transparencia, establecida en el artículo 5° numeral 2 del T.U.O. de la LTAIP, el cual dispone: “Artículo 5.- Publicación en los portales de las dependencias públicas Las entidades de la Administración Pública establecerán progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la difusión a través de Internet de la siguiente información: ( ! ) 2. La información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos ejecutados, proyectos de inversión, partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios y el personal en general, así como sus remuneraciones.” (El subrayado es mío)
17. Así como también el artículo 25° numeral 3 del mismo cuerpo normativo, que además aclara que no importa el cargo o el régimen laboral al que se encuentren sujetos: “Artículo 25.- Información que deben publicar todas las Entidades de la Administración Adminis tración Pública P ública Toda Entidad de la Administración Pública publicará, trimestralmente, lo siguiente: ( ! ) 3. Información de su personal especificando: personal activo y, de ser el caso, pasivo, número númer o de funciona f uncionarios, rios, directivos, dir ectivos, profesionales, profesio nales, técnicos, t écnicos, auxiliares, auxiliare s, sean éstos nombrados o contratados por un período mayor a tres (3) meses en el plazo de un año, sin importar el régimen laboral al que se encuentren sujetos, o la denominación del presupuesto o cargo que desempeñen; rango salarial por categoría y el total del gasto de remuneraciones, bonificaciones, y cualquier otro concepto de índole remunerativo, sea pensionable o no .”
18. Dicha obligación además ha sido desarrollada por la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP, “Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las
Entidades de la Administración Pública”, modificada por Resolución Ministerial N° 2522013-PCM. “10.6 Información de Personal, conforme al inc. 2) del art. 5 e inc. 3) del art. 25 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. La información de personal debe presentarse en un formato estándar que contemple de manera desagregada, las remuneraciones, bonificaciones, gratificaciones o aguinaldos, beneficios u otros conceptos que puedan pueda n percibir los altos funcionarios funcion arios y el personal persona l de la entidad, entidad , permitiendo permit iendo además colocar las notas explicativas que sean necesarias para una mejor comprensión de la información por parte de la ciudadanía. Esta información comprende todos los montos percibidos por las personas al servicio del Estado, identificando a las mismas, independientemente de la denominación que reciban aquellos o el régimen jurídico que los regule.” (El subrayado es mío)
19. Como puede observarse de las normas antes descritas, el carácter público de las remuneraciones percibidas por trabajadores estatales no sólo es aplicable a los funcionarios y servidores obligados a presentar declaración jurada de bienes y rentas, como pretende sostener la ONPE en la Resolución N° 000005-2016-SG/ONPE que declara infundado mi recurso de apelación, sino que dicha obligación de publicidad se extiende a todo el personal de la entidad. 20. Sorprende de sobremanera la insistencia insis tencia de la ONPE de considerar cons iderar las remuneraciones de sus trabajadores como información confidencial, cuando su propia Directiva “Política de Seguridad de la Información”, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 000370-2015-J/ONPE, establece la publicidad de dicha información: “6.4.2. Clasificación de información ( ! ) a.4) Pública: Es la información a ser publicada o entregada de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en las excepciones de la Ley de Protección de Datos Personales. Ejemplos: ( ! ) 4. Información detallada sobre todos los montos percibidos por las personas al servicio del Estado, identificando a las m ismas.”
21. Más aún cuando en el numeral 3.3 de de dicha dic ha “Política de Seguridad de la Información” se deja constancia expresa de que se tomó en consideración para su elaboración y aprobación la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento.
22. Cabe señalar que se ha solicitado copia de la totalidad de los contratos laborales de técnicos y/o programadores de software de voto electrónico de ONPE, no sólo el monto de sus remuneraciones, puesto que los contratos laborales de funcionarios y trabajadores públicos son información pública. 23. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 00330-2009-PHD/TC, en el que declaró fundado una demanda de hábeas data al constatar que el Gobierno Regional de Arequipa no había atendido el pedido de acceso a la información pública de un ciudadano en su totalidad, habiendo omitido entregar información relacionada al “monto de las remuneraciones y a los contratos de trabajo de los funcionarios de la entidad (contratados, estables estables y de confianza)” . 24. El Poder Judicial ha establecido lo mismo a través de la Sala Mixta de Nasca de la Corte Superior de Justicia de Ica, al declarar fundado el proceso de hábeas del Exp. N° 00292-2014-0-1409-SP-CI-01, en el que una ciudadana solicitó a la Municipalidad Distrital de Vista Alegre copia de los expedientes sobre procesos de concurso de personal de los trabajadores contratados por planillas, así como la copia de los contratos. B. Respecto a las bases, propuestas propuestas y decisiones de contratación de software de voto electrónico:
25. En mi solicitud de acceso acc eso a la información púb lica de fecha 21 de m arzo de 2016 solicité las “bases, propuestas y decisiones de contratación de software de voto electrónico de ONPE” , especificando en mi recurso de apelación que “la solicitud abarca las bases, propuestas y decisiones de contratación para el desarrollo de la solución del voto electrónico presencial (VEP) como también del voto electrónico no presencial presen cial (VENP). (VEN P). 26. La ONPE ha denegado mi pedido argumentando que dicha información no existe ya que “la Solución de Voto Electrónico Presencial para las Elecciones Generales 2016 fue desarrollada por la ONPE”. 27. No obstante, he podido identificar a través de la página web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) que se ha contratado el “SERVICIO DE CONSULTORIA Y CONTRATACIÓN DE EXPERTOS EN INVESTIGACIÓN - VOTO ELECTRONICO PRESENCIAL – EG” y el “SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD CRIPTOGRÁFICA PARA EL VOTO ELECTRONICO NO PRESENCIAL: VENP Y LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS TECNOLÓGI CAS DE VOTO ELECTRONICO EG2016”. 28. Si bien la ONPE sostiene que dichos procesos no son de “contratación de software” , en la apelación se aclaró que el pedido estaba referido a todas las bases, propuestas y decisiones de contratación para el desarrollo de las soluciones tecnológicas del voto electrónico. Ello implica que la ONPE debe entregar toda la información relacionada a
las adquisiciones de bienes y/o servicios que coadyuven al desarrollo del software de la ONPE como, por ejemplo, los servicios de consultoría y seguridad criptográfica señalados en el párrafo anterior. 29. Cabe señalar además que el pedido de información no se limita a las contrataciones realizadas en el marco de las Elecciones Presidenciales 2016, pues no se establece un límite temporal en la solicitud . Los dos procesos antes mencionados han sido utilizados sólo a manera de ejemplo. Ahora último, también he tomado conocimiento que en el año 2008 se contrató al Ingeniero VELASQUEZ TORRES GEFFREY EUGENIO, para una consultoría en temas de seguridad de datos para la implementación del voto electrónico. En ese sentido, la ONPE debe entregar la información de todas las contrataciones realizadas desde la elaboración de los primeros prototipos de soluciones tecnológicas de voto electrónico y todos sus elementos. 30. Es la ONPE, la que debe identificar ident ificar cuáles son s on todas las bases, propuestas y decisiones de contratación ejecutadas, incluso desde antes del año 2008 -si las hubiere- hasta la fecha. La entidad demandada no puede pretender que sean los ciudadanos los que identifiquen a través de la página web del SEACE todas las contrataciones relacionadas al desarrollo del software del voto electrónico, ni que éstos se especifiquen puntualmente en el pedido de información, por una evidente cuestión de asimetría informativa. 31. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en el Exp. N° 03351-2013-PHD/TC que: “pretender que ( ! ) el demandante deman dante especifique, especifiq ue, puntual y concretamente concret amente,, qué documentos son los que concretamente peticiona de antemano resulta a todas luces irrazonable por una obvia cuestión de asimetría informativa. Es la emplazada y no el accionante quien conoce qué documentos se encuentran relacionados con tales adquisiciones C. Respecto a las Auditorías Auditorías Externas del del software de voto voto electrónico 2016
32. La ONPE señaló en su respuesta a mi pedido de informac ión, mediante Carta N° 000322-2016-TRA/ONPE, que se estaban ejecutando el “Servicio de Ethical Hacking” y y el “Servicio de Auditoría de Seguridad en el P roceso de Voto Electrónico” . 33. En mi escrito de apelación solicite los resultados de las auditorías antes señaladas, debido a que el plazo para su ejecución ya había concluido. A lo que la ONPE respondió, mediante Resolución N° 000005-2016-SG/ONPE, que dicha información constituye un hecho posterior a la petición inicial.
34. No obstante, tal como ha señalado el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 003132013-PHD/TC: “en aplicación de los principios de impulso de oficio, informalidad y razonabilidad (Ley N.º 27444, artículo IV, incisos 1.3, 1.4 y 1.5), así como de los principios de celeridad y economía procesal inherentes al debido proceso se exige de la Administración Adminis tración y de sus funcionarios funcionari os una conducta proactiva proactiv a cuando se trate de facilitar el acceso a la información pública.” (Las (Las negritas son mías)
35. Exigir que se presente un nuevo pedido de acceso a la información para acceder a lo solicitado constituye una maniobra dilatoria por parte de la entidad demanda, más aún cuando hemos tomado conocimiento que la ONPE ha denegado solicitudes de acceso a la información pública similares. 36. A saber, el día 22 de abril del presente año, la ciudadana Dania Coz Barón solicitó a la ONPE los “Entregables del Servicio de Auditoría de Seguridad en el Proceso del Software del Voto Electrónico elaborados por la empresa PRIME PROFESIONAL SAC” , mediante solicitud de acceso a la información pública con registro N° 13972. Ante lo cual, la ONPE respondió a través de la Carta N° 000409-2016-TRA/ONPE de fecha 03 de mayo de 2016, que “no es factible la entrega de la información solicitada, por encontrarse encontr arse clasificada como reservada, reserva da, de conformidad conform idad con lo establecido estable cido en el artículo 16° del TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. 37. En ese sentido, puede preverse que un nuevo pedido de acceso a la información pública tendría el mismo resultado negativo , siendo injustificada la postura de la ONPE de negarse a entregar la información solicitada porque “constituye un hecho posterior”. posterio r”. 38. En palabras del Tribunal Constitucional: “resultaría injustificado y contrario a los principios de celeridad y economía procesal proces al disponer dispone r que se reinicie el proceso, proceso , pues su resultado resultad o asoma como previsible, previsib le, además ademá s del pleno conocimiento conocim iento de la actitud asumida por la demandada. Tal consideración, por otra parte, es plenamente congruente con la idea de anteponer los fines de todo proceso constitucional a las exigencias de tipo procedimental proced imental o formal, for mal, tal ta l cual lo enuncia enu ncia el tercer párrafo párraf o del artículo III del de l Título Preliminar del Código Procesal Constitucional”. (Exp. N° Nº 04602-2008-PHD/TC)
39. Por otro lado, la fundamentación por la cual la ONPE considera como “reservada” los los resultados de las auditorías solicitadas es inconstitucional y contraria a ley. 40. La negativa de información por parte de ONPE se sustenta en la Resolución N° 003– 2016-SG/ONPE, que resuelve clasificar como información reservada:
“los Activos de Información que se encuentran en posesión o control de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, constituidos por: i) los Productos Software y sus Código Fuente; ii) los documentos técnicos que describen de forma detallada la arquitectura de los sistemas informáticos y aplicaciones que por sus características, uso y tratamiento de información protegida por ley requiere su protección protec ción para evitar riesgos de vulnerabilidad vulnera bilidad técnica; iii) los documentos docume ntos con la información detallada de los nombre de los servidores, aplicaciones de bases de datos, almacenamiento y conexiones de bases de datos; y, iv) los documentos técnicos que describen de forma detallada la arquitectura de la infraestructura de Tecnología de la Información.”
41. No obstante, obst ante, como c omo hemos señalado supra, las únicas excepciones por las cuales puede denegarse un pedido de acceso a la información pública, son las establecidas en los artículos 15°, 16° y 17° del T.U.O. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 42. El artículo 16° de la norma antes mencionada establece expresamente, en un sistema de numerus clausus, los únicos supuestos bajos los cuales determinada información puede considerarse como “reservada” . Éste artículo dispone: “Artículo 16.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información reservada El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la información clasificada como reservada. En consecuencia la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos: 1. La información que por razones de seguridad nacional en el ámbito del orden interno cuya revelación originaría un riesgo a la integridad territorial y/o la subsistencia del sistema democrático. En consecuencia se considera reservada la información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país y cuya revelación puede entorpecerla y comprende únicamente:
a) Los planes de operaciones policiales y de inteligencia, así como aquellos destinados a combatir el terrorismo, tráfico ilícito de drogas y organizaciones criminales, así como los oficios, partes y comunicaciones que se refieran expresamente a ellos. b) Las informaciones que impidan el curso de las investigaciones en su etapa policial dentro de los límites de la ley, incluyendo los sistemas de recompensa, colaboración eficaz y protección de testigos, así como la interceptación de comunicaciones amparadas por la ley. c)Los planes de seguridad y defensa de instalaciones policiales, establecimientos penitenciarios, locales públicos y los de protección de dignatarios, así como los oficios, partes y comunicaciones que se refieran expresamente a ellos.
d) El movimiento del personal que pudiera poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas o afectar la seguridad ciudadana. e) El armamento y material logístico comprometido en operaciones especiales y planes de seguridad y defensa del orden interno. 2. Por razones de seguridad nacional y de eficacia de la acción externa del Estado, se considerará información clasificada en el ámbito de las relaciones externas del Estado, toda aquella cuya revelación originaría un riesgo a la seguridad e integridad territorial del Estado y la defensa nacional en el ámbito externo, al curso de las negociaciones internacionales y/o la subsistencia del sistema democrático. Estas excepciones son las siguientes: a) Elementos de las negociaciones internacionales que de revelarse perjudicarían perjudic arían los procesos proceso s negociadores negocia dores o alteraran alterar an los acuerdos acuerd os adoptados, no serán públicos por lo m enos en el curso de las mismas. b) Información que al ser divulgada oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores pudiera afectar negativamente las relaciones diplomáticas con otros países. c) La información oficial referida al tratamiento en el frente externo de la información clasificada en el ámbito militar, de acuerdo a lo señalado en el inciso a) del numeral 1 del artículo 15 de la presente Ley. d) Los contratos de asesoría financiera o legal para realizar operaciones de Endeudamiento o administración de deuda del Gobierno Nacional; que de revelarse, perjudicarían o alterarían los mercados financieros, se harán públicos una vez concretadas concre tadas dichas d ichas operacion op eraciones. es. En los casos contenidos en este artículo los responsables de la clasificación son los titulares del sector correspondiente o los funcionarios designados por éste. U na vez que desaparezca la causa que motivó la clasificación, la información reservada es de acceso público.” (Las (Las negritas son mías)
43. Como puede observarse, observ arse, ninguno de los supuestos de excepción que permite el artículo 16° del T.U.O. de la LTAIP incluye el tipo de información declarada como reservada por la Resolución N° 003–2016-SG/ONPE. 44. Sobre este punto, es necesario resaltar lo dispuesto por el artículo 18° del T.U.O. de la LTAIP, que establece la prohibición de establecer más excepciones a través de normas de menor jerarquía, como lo es la Resolución N° 003–2016 del Secretario General de la ONPE, así como la interpretación extensiva de las excepciones permitidas por ley. “Artículo 18.- Regulación de las excepciones. Los casos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 son los únicos en los que se puede limitar el derecho derech o al acceso a la información informa ción pública, por lo que deben ser interpretados de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental. No se puede establecer por una norma de menor jerarquía ninguna excepción a la presente Ley.”
45. En ese mismo sentido s entido se ha manifestado manif estado el Tribunal Constitucional C onstitucional en el Exp. N° 03221-2010-PHD/TC, al establecer que: “las restricciones al derecho de acceso a la información pública “solo pueden establecerse respetando el principio de legalidad [y que] la interpretación de una limitación legalmente impuesta deberá además realizarse en términos necesariamente restrictivos, encontrándose vedada la interpretación analógica, in malam partem” IV.
DERECHOS VIOLADOS:
En el presente caso, el derecho violado es el derecho de acceso a la información pública reconocido en el artículo 2° inciso 5) de la Constitución Política del Perú en los siguientes términos: “Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.” V.
REQUISITO ESPECIAL DE LA DEMANDA:
De acuerdo al artículo 62º del Código Procesal Constitucional, para la procedencia del hábeas data se requerirá que el demandante previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el respeto de su derecho de acceso a la información y que el demandado se haya ratificado en su incumplimiento o no lo haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes de presentada la solicitud. En el presente caso, se ha cumplido con el requisito especial de la demanda que establece el artículo 62° del Código Procesal Constitucional, a través de la Solicitud de Acceso a la Información Pública con Registro N° 7961-2016/ONPE, de fecha 21 de marzo de 2016. VI.
ANEXOS:
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ANEXO N° 1: Solicitud de acceso a la información pública con Registro N° 79612016/ONPE, de fecha 21 de marzo de 2016
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ANEXO N° 2: Documento Nacional de Identidad de Erick Americo Iriarte Ahón
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ANEXO N° 3: Carta N° 000322-2016-TRA/ONPE, de fecha 07 de abril.
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ANEXO N° 4: Escrito de apelación, de fecha 26 de abril de 2016.
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ANEXO N° 5: Resolución N° 000005-2016-SG/ONPE, de fecha 11 de mayo de 2016.
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ANEXO N° 6: Solicitud de acceso a la información pública con Registro N° 139722016/ONPE, de fecha 22 de abril de 2016
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ANEXO N° 7: Carta N° 000409-2016-TRA/ONPE, de fecha 03 de mayo de 2016.
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ANEXO N° 8: Resolución N° 003–2016-SG/ONPE, de fecha 01 de abril de 2016. POR LO EXPUESTO:
Solicito a Ud. Señor Juez, se sirva ADMITIR a trámite la presente demanda de hábeas data, declararla FUNDADA en su oportunidad en todos sus extremos y ORDENAR a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la entrega de la información pública solicitada.
Lima, 20 de junio de 2016.
