Comportamiento político y sociología electoral

GRADO

Comportamiento político y sociología electoral

IRENE DELGADO SOTILLOS LOURDES LÓPEZ NIETO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

COMPORTAMIENTO POLÍTICO Y SOCIOLOGÍA ELECTORAL 6901411GR01A01 Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamos públicos. © Universidad Nacional de Educación a Distancia Madrid 2012 Librería UNED: c/ Bravo Murillo, 38 - 28015 Madrid Tels.: 91 398 75 60 / 73 73 e-mail: [email protected] © Irene Delgado Sotillos y Lourdes López Nieto Todas nuestras publicaciones han sido sometidas a un sistema de evaluación antes de ser editadas. ISBN: 978-84-362-6412-8 Depósito legal: M. 16.396-2012 Primera edición: agosto de 2012 Impreso en España - Printed in Spain Imprime y encuaderna: Grafo, S.A. Avda. Cervantes, 51, edif. 21, (Vizcaya)

ÍNDICE

Tema 1. EN

TORNO A LA DEMOCRACIA LIBERAL REPRESENTATIVA: BREVE

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS REPRESENTATIVOS Y ALGUNOS

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Notas sobre la evolución histórica del concepto de representación Representación nacional y general .................................................... Representación libre ........................................................................... Representación política ...................................................................... Algunos problemas de la representación política en los sistemas democráticos representativos y pluralistas .......................................

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PROBLEMAS ACTUALES

1. 2. 3. 4. 5.

Tema 2. NOTAS

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PARA EL ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PARTIDOS

....................................................................................

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Tema 3. ELECCIONES, SISTEMAS REPRESENTATIVOS Y SISTEMAS ELECTORALES ..........................................................................................

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POLÍTICOS

1. 2. 3. 4.

Elecciones y sistemas representativos ............................................... 47 Evolución de los sistemas electorales ................................................ 54 Notas sobre las elecciones en sistemas no democráticos ................. 82 Estudios sobre los sistemas electorales ............................................. 103

Tema 4. EFECTOS DE LOS SISTEMAS ELECTORALES ................................... 125 1. Tipología de sistemas electorales ....................................................... 127 2. Efectos de los sistemas electorales .................................................... 131 3. Sistema electoral y cambio en el ejercicio de gobierno .................... 150 Tema 5. COMPORTAMIENTO Y ANÁLISIS ELECTORAL .................................. 155 1. Los estudios electorales ...................................................................... 157 2. Los datos electorales ........................................................................... 177 3. Los resultados electorales ................................................................... 185

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COMPORTAMIENTO POLÍTICO Y SOCIOLOGÍA ELECTORAL

4. El sistema electoral y sus efectos sobre la representación y el comportamiento electoral en España ....................................................... 200 Tema 6. LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL .................................................... 237 1. Aproximación al estudio de la participación electoral ..................... 2. Niveles de participación electoral en las elecciones generales (19772011) .................................................................................................... 3. La participación en elecciones municipales y autonómicas (19792012) .................................................................................................... 4. La participación en las elecciones al Parlamento Europeo ..............

239 241 251 267

Tema 7. ELECCIONES GENERALES AL CONGRESO Y AL SENADO ................. 285 1. Introducción y normas electorales .................................................... 2. Las elecciones al Congreso de los Diputados .................................... 3. Rendimiento político y proporcionalidad del sistema electoral del Congreso .............................................................................................. 4. La competitividad: ejemplo de aplicación de indicador a las elecciones al Congreso .............................................................................. 5. De las urnas a las instituciones (1977-2011) ..................................... 6. Las elecciones al Senado .................................................................... 7. Reflexiones finales ..............................................................................

287 295 320 330 340 351 361

Tema 8. ELECCIONES AUTONÓMICAS ......................................................... 375 1. 2. 3. 4.

Introducción ........................................................................................ Las reglas de juego y su funcionamiento .......................................... Resultados: participación, sistemas de partidos y competitividad .. Un ejemplo de análisis de casos comparados y su evolución: las elecciones autonómicas en el País Vasco y Galicia de 2001 y 2005 .. 5. Resultados institucionales de los comicios: parlamentos y gobiernos autonómicos ........................................................................................ 6. Recapitulación ....................................................................................

377 382 394 421 431 458

Tema 9. ELECCIONES MUNICIPALES .......................................................... 461 1. 2. 3. 4.

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El objeto de estudio ............................................................................ El sistema electoral municipal ........................................................... Las preferencias electorales (1977-2011) .......................................... La representación política municipal ................................................

463 465 484 508

ÍNDICE

Tema 10. ELECCIONES EUROPEAS ............................................................. 519 1. 2. 3. 4.

Introducción ........................................................................................ El sistema electoral y la circunscripción electoral europea ............. La orientación del voto europeo en España ...................................... Conclusiones .......................................................................................

521 522 527 536

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Tema 1

En torno a la democracia liberal representativa: breve introducción a los sistemas representativos y algunos problemas actuales Lourdes López Nieto

1. Notas sobre la evolución histórica del concepto de representación. 2. Representación nacional y general. 3. Representación libre. 4. Representación política. 5. Algunos problemas de la representación política en los sistemas democráticos representativos y pluralistas.

1. NOTAS SOBRE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE REPRESENTACIÓN Durante la Edad Media y la monarquía absoluta, la relación entre representantes y representados era de estrecha dependencia de los primeros respecto a los segundos, que se plasmaba en estrictas instrucciones que el representante no podía desconocer o modificar. La introducción de cuestiones nuevas en el orden del día no contempladas en las instrucciones originarias, exigían que el representante las sometiera a sus representados y actuase según lo decidido por ellos. Es decir, el mandato era imperativo y frecuentemente revocable, de tal modo que el representante lo sería en tanto observase fielmente los términos de las instrucciones recibidas teniendo que responder, por otra parte, ante sus mandantes del desempeño de su gestión. Esta circunstancia ha llevado a numerosos autores (Burdeau, Kelsen, Weber, etc.) a hablar de estos representantes estamentales como «portavoces», «servidores», «funcionarios», etc., de sus representados subrayando su situación de vinculación o dependencia respecto a éstos y la dejación de voluntad y criterios propios por parte de aquellos. Las necesidades perentorias de los monarcas para obtener con urgencia subsidios o acuerdos favorables a sus intereses y planteados fuera del orden del día, sin tener que suspender las sesiones mientras los representantes evacuaban consultas con sus cuerpos representados, comenzaría a erosionar este principio del mandato imperativo cerrado y monolítico, iniciando un proceso que la revolución liberal consumaría. Esta representación estamental o vinculada tiene un cierto carácter mixto, pues si no parece discutible su naturaleza de representación de intereses y corporativa (de grupos privilegiados, cuerpos sociales, municipalidades celosas de sus exenciones y prerrogativas) contiene también un germen nada irrelevante de representación política, viendo en los delegados la personificación del reino en su conjunto, lo que se aprecia en algunos actos propios de estas asambleas y que son algo más que protocolarios: oír la exposición de la política real, jurar al heredero, recibir su juramento al suceder a su antecesor

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en el trono, etc. Con sus limitaciones de corporativismo, vinculación y localismo en esta variante de representación están las raíces de la representación política moderna. No obstante, excepción hecha de Inglaterra, las asambleas y dietas de los países continentales entrarían con el asentamiento de la monarquía absoluta en un profundo declive que las llevaría más veces a una existencia puramente nominal y que señala, por tanto, una neta diferencia con las formas representativas que habrían de surgir después. Hay que mencionar, que esta representación asamblearia o parlamentaria no es la única que conocen los tiempos medios y el Antiguo Régimen; por el contrario en el ámbito de las distintas corporaciones o en las municipalidades existen también fórmulas representativas. Las hay, al menos parcialmente, en los gobiernos urbanos por más que en muchos casos resultase puramente teórica al patrimonializar las familias patricias los oficios y cargos representativos; la hay con limitaciones análogas en el seno de los gremios, la hay en algunas universidades y colegios con rectores electos y consiliarios también electos en representación de las diversas facultades; la hay en el seno de la Iglesia, especialmente en el gobierno de las órdenes monásticas, como el capítulo general cisterciense integrado por representantes de cada una de las casas de la orden dotados de plenos poderes. El período de apogeo de la monarquía absoluta si conserva las fórmulas representativas es vaciándolas de todo contenido político, especialmente en los países continentales, pues también es el momento en que se acentúan las diferencias entre el modelo inglés parlamentario y el de los restantes países; en éstos la representación política subsiste solo como un vago principio moral en virtud del cual el Príncipe es representante del conjunto de sus súbditos, pero no del Estado, puesto que más que representarlo se funde y confunde con él. Igualmente, el pensamiento político del Barroco y la Ilustración aporta algunos materiales nuevos para la edificación del concepto moderno de representación. Estaría fuera de lugar proceder aquí a su exposición y examen con detalle, pero son de rigor las referencias (muy sucintas) a tres señeros pensadores Hobbes, Rousseau y Montesquieu. La teoría hobbesiana de la representación (contenida especialmente en el capítulo 16.o de Leviatán) representa una ingeniosa fusión de principio representativo y poder absoluto. En él la representación es corolario de la teoría del pacto: cuando los hombres acuerdan abdicar de sus derechos y se transforman en hombre o persona artificial otorgan el derecho de representar a esa persona a un hombre o asamblea que materializa su unidad. Este representante que, en la

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EN TORNO A LA DEMOCRACIA LIBERAL REPRESENTATIVA: BREVE INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS...

opinión de Hobbes, debe ser el titular de un poder monárquico, es un representante ilimitado e irresponsable. Ilimitado porque nada de cuanto decida o haga deja de vincular a sus súbditos sin que le quepa otra responsabilidad que ante la divinidad, es un poder absoluto irresponsable y vitalicio, es una pura entelequia y en nada coincidente con el principio de representación política real. Posición muy alejada de la de Hobbes es la de Rousseau que en lo concerniente a la representación queda recogida (Contrato Social, lib. III, cap. 15.o). Introduce el ginebrino un concepto básico para la moderna teoría de la representación, el de voluntad general, esencial y funcionalmente unitaria y solo encarnado en el pueblo entendido como totalidad. Desde esos supuestos únicamente hay una fórmula legítima de ejercicio de la función legislativa: de forma directa e inmediata por el pueblo, o lo que es lo mismo, sin representación alguna; la voluntad general no es susceptible de representación, el ejercicio democrático del poder ha de ser directo y toda mediatización, incluida la representativa, supone una distorsión de la democracia. Tal formulación adolece de una notoria limitación en su dificultad para ser viable en comunidades políticas numerosas y extendidas, o más bien de dimensiones superiores a las de una mediana ciudad-estado. Por ello sostendrá Montesquieu, tercera y última de estas referencias teóricas (Espíritu de las leyes, lib. XI, cap. VI), que la representación política queda justificada por razones funcionales, por las dificultades materiales del ejercicio directo de la soberanía. La cuestión que se planteará la teoría política en adelante será la de salvaguardar y garantizar el gobierno del pueblo mediante el sistema representativo. Los sistemas representativos, su fundamento teórico, su articulación técnica y los problemas que todo ello entraña, surgen de dos prototipos básicos: la vía inglesa, empírica y paulatina, resultado de un cauto e ininterrumpido desarrollo a partir del esquema bajomedieval, sin que falten ciertamente elementos doctrinarios (y baste recordar a los levellers y el Agreement of People en plena revolución), y la vía francesa, doctrinal y revolucionaria que no conserva vínculos funcionales relevantes con las instituciones representativas abortadas por el absolutismo y que es, en este sentido, análoga a las más de los países europeos. En el modelo inglés la pérdida de la soberanía absoluta por parte del rey no sería en beneficio directo del pueblo, a quien lógicamente, tendría que ir a parar sino que se la arrogaría el Parlamento «interponiéndose», entre uno y otro. Si tal es el origen de la soberanía parlamentaria inglesa, lo es también de la concepción

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del gobierno representativo. Si bien el sistema electoral, por lo menos hasta la reforma de 1832, al impedir que el pueblo pudiera realmente expresar su voluntad consagró una oligarquía gobernante asentada no ya en la Cámara de los Lores sino en los Comunes. La soberanía parlamentaria implicaba una concepción muy relativa del principio de representación que habría de dejar a salvo en todo caso la independencia y autonomía del parlamentario-representante. En Francia la creación del sistema representativo fue obra de la Asamblea Constituyente, plasmándose en el artículo 2.o de la Constitución de 1791 por el que se consagra a sí misma como representativa y se apoyó en la combinación de dos principios esenciales, el de la unidad e indivisibilidad de la soberanía nacional y el de la identidad entre la voluntad nacional y la de los representantes. Por una u otra vía el resultado vino a ser análogo, alumbrándose los principios cimentadores de la representación política moderna, la del Estado liberal, cuya esencia se advierte por contraste con las líneas maestras de la representación estamental y que podría resumirse en la consumación de tres mutaciones: 1) De la representación territorial y particular a la nacional y general. 2) De la representación vinculada a la representación libre. 3) De la representación corporativa y de intereses a la representación política.

2. REPRESENTACIÓN NACIONAL Y GENERAL El nuevo orden representativo tendrá como uno de los pilares básicos la idea de que el representante no lo es exclusiva y únicamente del grupo concreto de ciudadanos que le haya elegido, sino que, una vez electo, pasa a ser representante de la nación entera sea cual fuere su origen geográfico o procedencia social. El particularismo local y estamental queda así radicalmente invalidado como objeto específico de representación, al tiempo que se puede dar por representados a todos aquellos que no han intervenido en la designación del representante: menores, incapacitados, mujeres y todos los amplios sectores sociales excluidos del sufragio por los sistemas censitarios. El fundamento individual de este principio clave se encuentra en la filosofía individualista cuya plasmación política sería la negación de toda entidad intermedia entre el ciudadano y el Estado. Según esta óptica el derecho de representación residiría en todos y cada uno de los ciudadanos pero, los revolucionarios franceses (aún reconociéndolo en algunos de sus textos

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capitales) procedieron con cierta inconsecuencia al conjugar ese principio con el de la unidad e indivisibilidad de la soberanía nacional, estableciendo que el derecho a la representación reside, no ya individual y separadamente en cada uno de los ciudadanos, sino indivisiblemente en la nación formada por la totalidad de los mismos. De este modo, los ciudadanos vienen a estar representados indirectamente y de modo reflejo a través de la nación. Esto es, al tener la nación como totalidad una representación, y formar los ciudadanos el cuerpo nacional, se ven ellos representados pero no disfrutan de un derecho individual de representación distinto del de la nación como unidad indivisible. La formulación de esta doctrina se halla por doquier en la constituyente francesa, por ejemplo la meticulosa redacción del articulo 7.o de la Constitución de 1791 al establecer que «los representantes nombrados en (no «por») los departamentos no serán representantes de uno particular, sino de la nación entera», o el articulo 29.o de la de 1793 declarando que cada diputado pertenece a la nación entera. Razones de conveniencia política aconsejaban también en aquella situación, como la de toda colectividad nacional a la hora de soltar amarras con el Antiguo Régimen, proceder de este modo, pues el reconocimiento de una representación vinculada al territorio hubiera significado dejar subsistentes las vías hacia el particularismo y los intereses parciales entorpeciendo el proceso de unificación que los revolucionarios querían imponer. Superados estos recelos, y para acallar otros de signo opuesto, el principio de representación territorial ha quedado recogido en muchos textos constitucionales modernos, especialmente en las segundas cámaras de los estados federales en los que los habitantes de los estados son representados sin dejar de existir un principio de vinculación representante y territorio. En los sistemas anglosajones de distrito mayoritario uninominal el territorio también juega un papel especial, ya que aunque formalmente el electo represente a toda la nación, el parlamentario actúa de valedor y portavoz de los intereses de la circunscripción. Otra disfunción del principio liberal originario deriva de la práctica francesa mediante la cual el diputado puede acumular también el cargo de alcalde, lo que en la práctica dificulta ese tipo de desdoblamiento sea tan neto. Todo ello contribuye a que en la práctica moderna de las democracias representativas la circunscripción, además de delimitación electoral, una agrupación espacial de electores-representados, venga a convertirse en ámbito de ejercicio de la política, el asiento del poder del elegido, negándose por la vía del hecho el postulado liberal originario. Esa negación ha tenido lugar a veces de forma más honda por parte de los propios poderes de los estados y de sus

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parlamentos en casos extraordinarios, como los de separación de territorios de un Estado. Cuando eso ha sucedido los diputados electos y proclamados por los distritos de esos territorios han podido perder su condición, aunque la doctrina común era terminante respecto a su carácter de representantes de la nación como conjunto y no de ningún territorio determinado y debieran, por ello, haber continuado en el ejercicio de sus funciones hasta el final de la legislatura de no renunciar voluntariamente antes. Valgan dos ejemplos para aclararlo: el de los diputados y senadores elegidos en las circunscripciones argelinas que cuando Francia otorgó la independencia a ese país en 1962 fueron destituidos, o los procuradores de las Cortes españolas elegidos en el territorio del Sahara y que decayeron anómalamente de su condición al entregar España la administración de aquél territorio en noviembre de 1975.

3. REPRESENTACIÓN LIBRE Lo peculiar del moderno esquema político de Occidente no es tanto la representación en sí, sino el carácter libre de la misma y su plasmación en corporaciones parlamentarias. Por representación libre se entiende aquella no condicionada ni lastrada por compromisos o limitaciones impuestas por los representados, lo que implica la autonomía plena del representante, así como la inexistencia de un compromiso u obligación de rendir formalmente cuenta de sus acciones y omisiones ante los representados. La moderna idea de representación repugna y excluye la idea de mandato. El diputado es elegido por los ciudadanos pero no mandatario suyo. De la misma manera, la reunión de los representantes no extrae su autoridad de los poderes que hayan podido transmitirle sus electores, sino que la contiene en sí mismo como una prerrogativa propia. Y finalmente no está sujeto a ninguna obligación de explicar su gestión ni puede ser objeto de medida jurídica alguna por parte de representados disconformes con la misma, ni ser desposeído por igual razón de la condición de representante mientras que con concluya el período de su diputación. La doctrina formulada a este respecto por los revolucionarios franceses es inequívoca y tiene en Sieyés su más destacado y completo representante. Según su argumentación el derecho de la circunscripción electoral se reduce a enviar sus diputados a la asamblea, pero esa es su única participación

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en la formación de la voluntad general y no puede concurrir a ella por instrucciones imperativas ya que la voluntad general, que ha de deducirse del seno de la asamblea, no depende de las voluntades particulares de los distritos sino que es superior a ellas y se les impone. Si un distrito impusiera a un diputado su voluntad sobre un asunto determinado usurparía una voluntad que solo pertenece a la nación toda. La razón de principio se completa por otra aducida fuera de la tradición francesa, por ejemplo por Burke: admitir el mandato imperativo sería negar la esencia del parlamento, como ámbito para la discusión, el razonamiento y la persuasión. Si cada representante llegara a él instruido y condicionado por sus representados, con una decisión firme e inamovible sobre los asuntos planteados, la función deliberativa de la cámara estaría de más, las decisiones preexistirían a la discusión. La posibilidad del mandato imperativo choca igualmente con el principio de la unidad de la soberanía nacional, pues aquél sólo es comprensible si se admite que la soberanía se encuentra fraccionada entre los componentes del cuerpo nacional. Pero Sieyés, y las corrientes liberales que en él se inspiran, esgrimen otras razones que apuntan a la esencia misma del régimen representativo en su contraposición con la democracia como sistema de participación directa del pueblo en la creación de la ley. Tal sistema es descalificado no sólo por la razón práctica habitualmente aducida de la imposibilidad material de congregar a todos los ciudadanos, sino porque la mayoría de éstos no tienen ni instrucción ni ocio para dedicarse personalmente a la cuestión, por lo que han de limitarse a elegir a quienes siendo más capaces que ellos y a modo de especia listas, puedan conocer el interés general e interpretar su voluntad. El ciudadano legislador de la democracia queda así convertido en ciudadano elector, y a esa reducción cualitativa la distinción entre ciudadanos activos y pasivos, esto es con y sin derecho a voto, de los distintos sistemas censitarios añadirá su propia restricción cualitativa. El sistema representativo es una concreción aristocrática de la democracia. De la concepción del representante intelectualmente más y mejor capacitado que sus representados, se deriva un nuevo argumento en pro de la independencia y libertad de actuación. Los representantes conocen o tienen condiciones para descubrir los verdaderos mecanismos de la acción política y por tanto no es menester que reciban instrucciones de quienes solo pueden ver los asuntos de forma volitiva. Se acepta de forma universal la representación libre, aunque ha sido objeto de larga controversia, aunque los argumentos sobre la primacía del

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interés y voluntad de los representados han ido perdiendo peso por la complejidad y especialización de la práctica política, hasta reducirse a subrayar la obligación, más ética, que real, de atender, conocer, pulsar el sentir de sus representados, de la opinión pública ante determinadas cuestiones. Con todo lo que parece más trascendente en esta visión liberal de la representación es la reelaboración del concepto y las consecuencias que ello implica. Del modo de entender la representación política que acuñaron los revolucionarios franceses se abandona la idea tradicional de una dualidad de voluntades (representante y representado) reduciéndolas al monismo de la voluntad única de la nación representada, que se representa así misma en el parlamento. En consecuencia y desde el punto de vista político, la nación empieza y termina donde se forma su voluntad lo que conlleva diversas consecuencias, siempre y cuando el punto de partida sea la lealtad al sistema político constitucional y la asunción de su principios por parte de los representantes, que no estarán sujetos a mandato imperativo alguno. En consecuencia no se debe distinguir entre país real y formal, se condenarían formas de participación directa o plebiscitaria y se descalificaría toda opción antiparlamentaria. Esta concepción genera como no podía ser de otra forma críticas, especialmente desde la última década del siglo XIX hasta la II Guerra Mundial de nombres tan dispares como Pareto, Lenin, Jellinek, Carré de Malberg o Kelsen entre otros, basadas en la idea de que esta concepción de la representación minimizaba el papel del representado. Algunas de las tesis, se amparan bajo el rótulo del organicismo, que presume que el órgano carece de personalidad propia, salvo la de la nación organizada y en consecuencia no existe contrato posible, porque las colectividades adquieren personalidad jurídica por al posesión de órganos, al presuponer la existencia de los mismos. Las tesis orgánicas sostienen que el pueblo es órgano primario del Estado, entendiendo por pueblo una realidad más concreta que la nación, concepto utilizado más por los franceses. Pueblo o cuerpo electoral es el conjunto de individuos que constituyen un órgano de creación y la cámara, no es un órgano de la voluntad del pueblo, sino que ambos, pueblo y cámara son órganos del Estado. En todo caso, tanto la teoría francesa del mandato, como la del órgano brevemente citada, presentan un alto grado de abstracción, que impide explicar adecuadamente la representación occidental. En parte, la explicación de esta fractura entre teoría y hechos se puede deber a la óptica esencialmente jurídica, del negocio jurídico privado, con que se movieron quie-

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nes las formularon. Pero la representación política tiene una naturaleza distinta: el representado no propone sus ideas y deseos para que el representante los asuma, sino que el elector acepta de antemano, en términos amplios, ideas y propósitos del candidato a representante para, una vez investido de sus funciones, modificar aspectos concretos de su oferta programática por razón de la coyuntura política. El representado acepta hacerse representar por un sujeto, programa o partido, o las tres cosas al tiempo en función de la confianza que le inspiren. No es otra la base de la teoría de la confianza (trust) desarrollada históricamente por los teóricos ingleses. La cuestión es el carácter impreciso de la obligación que, cara a sus electores y representados, asume el depositario de confianza. Evidentemente la reelección con la posibilidad teórica que encierra retirar la confianza a representantes a los que se juzgue inmerecedores de volver a recibirla puede forzar la fidelidad de los representantes, pero nada más materializa las posibles obligaciones de esa confianza que queda así, como exponía Burke ante sus electores de Bristol, en un inconcreto derecho (por no contar con medios para ejercitarlo) de los representados a no sentirse defraudados por el representante. En los actuales esquemas del régimen representativo y de partidos ese teórico derecho es aún más espúreo en la práctica pues ni siquiera la posibilidad de recurrir a fórmulas de participación directa, como el referéndum, impide que los representantes puedan actuar al margen del tácito compromiso establecido al recibir la confianza los electores. De este modo sólo la ética y la consecuencia de un representante que no aspire a revalidar su mandato le ata a los deseos y preferencias de sus votantes. Los ejemplos citados pueden ilustrar tanto al versatilidad del concepto de representación como la vigencia de ciertos elementos del mandato imperativo, pese a la muy generalizada, pero desgraciadamente, no universal vigencia del mandato represenattivo libre. Sin duda el significado de ese mandato imperativo no puede dejar de analziarse más que relación con el conjunto del sistema político de partido único propio de las democracias populares (ver sobre este tema el capítulo 3.o).

4. REPRESENTACIÓN POLÍTICA El desarrollo del principio de representación política es paralelo al del parlamento, o mejor, del sistema parlamentario. Como dice Sartori, la representación política moderna surge cuando una delegación de mandatarios,

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encargada de negociar y tratar con la corona, se transforma de contraparte del soberano en órgano del Estado. Loewenstein, por su parte, participa de la misma idea en su original teoría del significado de la representación, y sostiene que fue esa técnica la que hizo posible la institución del parlamento como órgano de poder separado e independiente del gobierno. Ciertamente se puede interpretar que las asambleas estamentales tuvieron contenido político, entendiendo lo político en su sentido más genérico y amplio; pero en una acepción más precisa es obligado distinguir aquella representación de órdenes e intereses de la moderna representación política. Entendida ésta, no como la de objetivos, necesidades y principios singulares y concretos, sino como la de opciones generales en las que no se trata tanto, o primariamente, de dar satisfacción directa e inmediata a intereses concretos, sino de establecer situaciones legales genéricas para que esos intereses puedan satisfacerse y en todo caso teniendo presentes los intereses generales u otros intereses que, en su concurrencia, exigen relativizarlos. Entre otras cosas la política viene a ser la técnica que, de acuerdo con principios y preferencias, ordena y atiende la satisfacción de demandas distintas. Si la primitiva representación de intereses buscaba obtener del monarca concesiones singulares, es decir favorecerse con su poder, la moderna representación política entraña asumir una cuota de ese poder, condicionar de modo estable el poder del gobierno. En razón de esta función de control o de respaldo y cooperación en su caso de la decisión política gubernamental, la moderna representación es básicamente política, siendo tres los instrumentos que le permiten serlo: constitución, parlamento y elecciones periódicas. Se debe a Carré de Malberg la distinción entre régimen representativo y régimen parlamentario, entendido éste como un régimen de gobierno del país por el país o un gobierno de opinión, en el que en virtud de las elecciones periódicas, el pueblo, o al menos los electores, pueden orientar ciertos aspectos de la vida política nacional. Las diferencias respecto al régimen representativo concebido por los revolucionarios franceses son manifiestas, pues las elecciones no se entienden sólo como el mecanismo para la designación de representantes sino también como medio para que el electorado se pronuncie sobre opciones políticas concretas. Al mismo tiempo, la asamblea parlamentaria resulta reforzada en su prestigio y en su autoridad política ya que no se basa tan sólo en su origen electivo, sino que sus decisiones responden efectivamente a un sentimiento público y a unos deseos mayoritarios. Así, pues, el parlamentarismo introdujo en el régimen representativo inicial y teórico el factor de representación real de la que carecía. Si este segundo tendía en el fondo,

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como quedó establecido más arriba, a excluir a los ciudadanos de la acción de gobierno, el régimen parlamentario entraña el principio de vincularlos a ella aunque sea de un modo limitado o indirecto. Desde el punto de vista de la teoría constitucional ha habido cierta indecisión a la hora de tipificar el sistema parlamentario cuando se ha tratado de diferenciarlo del régimen representativo puro y de la participación política directa. Existen posiciones muy encontradas sobre su acepción, aunque existe bastante coincidencia en señalar que en la práctica la idea de la representación acuñada por los constitucionalistas revolucionarios franceses fue inoperante al ignorar al pueblo. El sistema parlamentario de representación constituye un medio para la expresión de la voluntad popular y concurre además a legitimar a los gobernantes y fundamentar una mayoría de gobierno. En este último supuesto, cobran relieve los sistemas electorales, los partidos políticos y el comportamiento electoral, objetos de estudios destacados por parte de la Ciencia Política, y en concreto en estas asignaturas.

5. ALGUNOS PROBLEMAS DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN LOS SISTEMAS DEMOCRÁTICOS REPRESENTATIVOS Y PLURALISTAS Las cuestiones que se examinarán seguidamente forman parte de un asunto complejo en el que figuran múltiples factores: el uso y abuso del concepto de democracia; el desarrollo del ejecutivo y las dificultades del legislativo para su control; la crisis del parlamentarismo, la del equilibrio mayoría-oposición; el papel de los partidos en las diversas instancias del proceso político y de los grupos de presión en su caso, etc., buena parte de los cuales fueron resumidos por Hauriou como crisis representantes-representados. Al igual que el moderno Estado social ha tenido que ir incrementando su estructura burocrática, el hermetismo y la rigidez jerárquica en la medida que ha asumido y ha dado respuesta a nuevas exigencias de sectores de población más amplios, también el sistema representativo y el funcionamiento de sus componentes ha conocido un proceso de mutaciones que ha venido a transformar ciertos perfiles de la relación representativa. El acceso al sufragio, es decir, a una representación electiva real, por parte de la mayoría de ciudadanos supuso desde el punto de vista de la representación dos circunstancias al menos trascendentes. La necesidad por par-

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te de los representantes de ser mucho más receptivos a los intereses y aspiraciones más diversificadas y generales y, en parte debido a ello, articular la representación, de modo ya definitivo y cerrando una evolución larga, mediante partidos sólidos y estables, lo que hace casi imposible e ilusorio que un candidato solitario pueda acceder a la condición de representante. Como se ha señalado ya, sucesivamente se ha ido negando la representación política desde diferentes perspectivas, tanto teórica como empírica. Se produce un sustancial cambio debido a la discordancia entre realidad democrática contemporánea y la teoría clásica de la representación. La generalización del sufragio, el pluralismo social provoca procesos de cambio social imparables, una realidad que ya no puede ser negada. Ante esta nueva situación, se producen diversas respuestas que van desde las críticas que pretenderán mantener los principios teóricos del Estado liberal representativo, negando por tanto la realidad o pretendiendo confundir teoría y práctica de la democracia, hasta posiciones que plantean la necesidad de modificar la teoría sin destruirla; caben asimismo posiciones más extremas que cuestionarían la democracia representativa, para sustituirla por la deliberativa, o la participativa, junto a otras aparentemente conciliadoras que pretenderían la coexistencia de este tipo de democracia y de la participativa, aunque el objetivo final pudiera ser la sustitución de la representativa. Sabemos, tal como señala Sartori (2003), que la teoría de la democracia se funda conjuntamente sobre definiciones de carácter prescriptivo (lo que debería ser) y descriptivas (lo que es en la práctica), las cuales al compararse tienden a trasvasarse. Cuando se encuentran suficientes semejanzas entre prescripción y hechos, entre el ideal y la realidad, podemos afirmar que estamos ante una democracia. La democracia tiene una definición normativa, pero de ello no se concluye que el deber ser de la democracia sea la democracia y que el ideal democrático defina la realidad democrática. Es un grave error cambiar una prescripción por una verificación y cuanto más frecuente es el error, tanto más las democracias quedan expuestas a malentendidos y trampas. Este es el caso de una tesis difundida y aceptada durante buena parte del siglo XX acerca de la existencia de dos tipos de democracias, la llamada occidental y la comunista. Esta tesis se sustentaba en una comparación engañosa, ya que entrecruzaba el ser y el deber ser, en concreto, los ideales no realizados del comunismo, con los hechos y sus correspondientes errores de las democracias liberales. Las democracias populares eran ideales sin realidad.

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Otras disfunciones en torno al concepto de democracia proceden de los apellidos que se le atribuyen, como la denominada democracia social y la económica. En ambos casos, amplían y completan la democracia en sentido político, aunque en la práctica se refieran a micro-democracias, de mucha calidad democrática, pero poco sólidas. Por ello, la democracia sin adjetivos se asimila a la política, que es la que ordena y condiciona a los otros tipos, por lo que se teoriza como sistema político. Aunque la práctica política muestra que existen diversos tipos de democracia (parlamentaria, presidencial, mayoritaria y de consenso). Pero si en el ámbito empírico se advierte con claridad esa diversidad, resulta más incierto verificar lo que ocurre en el ámbito de la prescripción. En efecto, hay quienes plantean la existencia de una o varias teorías de la democracia, que se contraponen, como por ejemplo, la diferencia entre la democracia representativa y la participativa. La primera, que es una teoría de conjunto difícilmente se puede comparar con la segunda que solo es parcial, o que maneja una parte del engranaje, gracias a la falacia de suplantar el todo por una parte, al usar un grupo de porciones de teorías o sub-teorías incompletas por el todo. Veamos el desarrollo de esta cuestión en relación a la llamada democracia participativa, que se lanzó en los años sesenta, no sin antes recordar que la democracia representativa es una democracia indirecta en la que el pueblo elige representantes que lo gobiernan, que incluye la participación y el referéndum, pero como elementos subordinados. Participación significa tomar parte activa y personalmente, lo que excluye ponerse en movimiento por otros, que se identifica con el concepto movilización. Los impulsores de la participación en aquellas fechas, tal como recuerda entre otros Sartori, defendían las prácticas de asamblea, esto es activistas que atraían a otros. Desde el punto de vista teórico la democracia participativa bascula entre la representativa y la directa, siendo esta segunda el referente y objetivo ideal, lo que al menos al inicio no excluye que sobrevivan las elecciones y la representación, aunque esta teoría no considera la participación electoral como auténtica. En este punto parece razonable considerar que parece poco deseable que la participación se reduzca a la emisión del voto, pese a las importantes consecuencias que este tiene en la democracia representativa. El llamamiento a participar más es meritorio, pero la democracia no se puede resolver con la participación y además, desde que se planteara esta opción que ha tenido un nuevo rebrote recientemente, la realidad nos indica que el ciudadano europeo sigue muy alejado de interesarse en participar de forma más activa en política (ver los datos de la Encuesta Social Europea). La falta de explicación adecuada y

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suficiente sobre muchos aspectos no definidos sobre el particular (su naturaleza, lugar, etc.) explica que se pueda considerar como una subespecie de la democracia directa y la referendaria. Conocidas suficientemente las posiciones sobre cuestiones más genéricas, nos centraremos en aquellas más concretas que con más o menos intensidad han ido conformando la realidad política actual, tejiendo con este fin un complejo mecanismo de pesos y contrapesos que en determinadas cuestiones resulte complicado interpretar el sentido y funcionamiento de los sistemas políticos actúales. Hay acuerdo casi general sobre el papel del Parlamento en el que reside la representación política del pueblo pese a la crisis en la que está inmersa, que exige modificación para adecuarla a la realidad. Es te cambio de la teoría entraña consecuencias trascendentales en los regímenes políticos y van más allá de los cambios constitucionales que se realizan en ocasiones y por modificaciones más o menos convencionales que se ponen en práctica. Sobre el papel de las elecciones para llevar a cabo la representación política, también hay acuerdo, siempre y cuando se contemple en una perspectiva dinámica y como una pieza del engranaje socio-político de la que es una variable dependiente. Este asunto lo hemos tratado detenidamente por ser este instrumento el medio habilitado regularmente para canalizar la representación política. Sin embargo, hemos de ocuparnos de otras variables dependientes, igualmente importantes en el proceso de conformación de la representación política hoy y que la Ciencia Política ha de contemplar. Nos referimos al papel de los partidos políticos, del funcionamiento de los Parlamentos y de su relación con los gobiernos, así como a los instrumentos de democracia directa o de participación política. Partiendo de la premisa de la representación política liberal y su praxis, los sistemas representativos correspondientes, chocan en la realidad del Estado democrático. Esta muestra una situación de transformación en la que aparecen desde el punto de vista jurídico-constitucional, diversas alternativas: el reconocimiento explícito del papel de los partidos políticos como instrumentos que forman y manifiestan la voluntad popular, entendiendo algunos autores que los sitúan como auténtico centro de poder frente a los poderes clásicos. Otros textos constitucionales los ignoran y otros les atribuyen funciones menos explícitas. Por su parte, la praxis política es bastante homogénea: en todos los países los partidos, actuando como grupos, desempeñan un papel esencial a lo largo de todo el proceso electoral (remitimos al texto de A. Ware de la bibliografía obligatoria en el que se recoge de

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forma extensa esta práctica política). En todo caso, estos hechos no distorsionan los sistemas representativos, ni están cuestionados por la mayoría de los ciudadanos, que pese a plantear determinadas críticas a los políticos individualmente, consideran que los partidos son la forma racional de organizar los poderes del estado canalizando el mandato representativo a través de los partidos. La supremacía de los partidos sobre los representantes se deja ver también en la organización y desempeño de las funciones parlamentarias, dominadas por la acción del grupo parlamentario y por la disciplina de voto, que en todo caso entraña el riesgo de una automatización de la actividad parlamentaria en función de las instrucciones de voto de las direcciones de los partidos y de los grupos parlamentarios que llevan al representante a veces a pronunciarse con su voto sobre cuestiones que desconoce o sustentar proposiciones elaboradas por grupos técnicos de trabajo que pueden incluso ser ajenos a las cámaras o por la propia administración. Del funcionamiento de otros órganos parlamentarios, debido a la creciente complejidad de la sociedad industrial y aparentemente con relaciones menos explícitas con los partidos (comisiones, junta de portavoces, mesa), pero con atribuciones superiores de hecho, al pleno, en el que tradicionalmente se asentaba la representación política, se desprende asimismo las nuevas manifestaciones de la misma. Este profundo cambio en el complejo orgánico que es el Parlamento, son una respuesta a una necesidad práctica. Pero son una respuesta producida sin una previa reflexión teórica, lo que ha generado importantes disfunciones y vaciedades que se originan por el sometimiento a estructuras y reglas de funcionamiento que proceden del pasado y no se adecuan a la realidad. Los partidos políticos son al final el blanco de las críticas vinculadas estrechamente a una mentalidad burguesa parlamentaria, que no llega a asumir que en sociedades industriales avanzadas los partidos resulten ser la forma racional de organizar los poderes del Estado, canalizando pues el mandato representativo a través de los partidos. Es claro que el tipo de partidos existentes, políticos parlamentarios, el reglamento y las relaciones del Gobierno con el Parlamento, condicionarán de modo diverso la práctica de representación política clásica, esto es de los sistemas representativos en sentido amplio. Nos referimos al concepto clásico de representación política porque buena parte de la doctrina sigue vinculada al mismo. El Parlamento sigue siendo la representación política del pueblo, siempre que se cambie, para su adecuación con la realidad, la teoría de la representación política admitiendo el papel de los partidos parlamentarios, modificaciones doctrinales que tienen conse-

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cuencias muy significativas respecto del derecho parlamentario. Las reformas convencionales o reglamentarias ocasionales generan disfunciones que pueden ser utilizadas en detrimento del sistema parlamentario representativo. La formalización jurídica y la jurisprudencia que también surten tan mayoritariamente la concepción tradicional incluso cuando admiten formalmente la presencia activa de los partidos en la formalización y canalización de representación, establecen cautelas normativas que contrarrestan las nuevas formas establecidas como consecuencia de la mencionada «realidad constitucional». Las sentencias del Tribunal Constitucional Español, aunque aplicadas al ámbito de la representación local, son muestra clara de la situación crítica (de crisis o conflicto) en la que estamos inmersos tanto por las posiciones explícitamente encontradas acerca de esta cuestión entre los miembros del tribunal, consecuencia de las posibles contradicciones entre los preceptos del texto, como por la distancia entre la realidad jurídica. En Europa, ningún político tiene expectativa seria de ser elegido, si no cuenta con el respaldo de un partido. La prohibición expresa en la Constitución española del mandato imperativo es otra cautela añadida a sostener la representación clásica, tal como ocurre con la mayoría de los textos constitucionales europeos aprobados después de la II Guerra Mundial. Ello a pesar de su eficacia práctica es relativa ante la disciplina de voto parlamentaria y las dimisiones firmadas en blanco de antemano por los diputados. Por otra parte, los instrumentos de democracia participativa o semidirecta, como instrumentos que limitan la representación política, pero que también contribuyen a reforzar la democracia (referéndum, iniciativa legislativa popular, derecho de petición), adquieren en consecuencia un carácter ambiguo. Por una parte estas instituciones reconocen en el pueblo una voluntad diferente a la de los representantes, lo que supone una contradicción con el principio clásico de representación política que doctrinal, política y jurídicamente pervive. Su reconocimiento en algunos textos constitucionales pretendía atenuar las posiciones más críticas en relación a la representación política y a las limitaciones a la democracia, en las que sin embargo por la complejidad que entraña esta cuestión es defendida tanto por posiciones conservadoras como radicales y entroncan con posiciones de un u otro modo recelosas u opuestas a los partidos. En todo caso, su alcance práctico y real, salvo en el caso de Suiza o Estados Unidos, suele ser limita-

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do por las cautelas y contra pesos que se establecen en su formalización jurídica predominando el carácter consultivo de los referenda. Los requisitos confieren un carácter rígido a su desarrollo y práctica, sobre todo de los referenda, dado el escaso reconocimiento jurídico de la iniciativa legislativa popular. Cabe pensar que estas razones motivan la limitada participación popular en estos mecanismos (siempre menor que en los procesos electorales y con porcentajes en torno a la mitad del electorado), unido claro está, a la menor implicación que los partidos políticos suelen adoptar entorno a estas convocatorias y quizá por ello los electores siguen menos dócilmente las directrices de los partidos en los referenda que en las elecciones. La repercusión política de los referenda otras veces es muy grande, por ejemplo muchos de los celebrados en el proceso de construcción europea, que pueden tener consecuencias paralizadoras de hecho. Ante la realidad de los partidos en democracias avanzadas y de modo simplificado, cabe advertir diversas situaciones y extremas de un continuo: dada la complejidad doctrinal de la representación política, la práctica de los sistemas representativos a través de los cuales ésta se lleva a cabo (sistemas electorales, partidos, parlamento esencialmente) y la polémica en la que hoy estamos inmersos, no pretendemos realizar más que una simple recapitulación: en Estados Unidos donde los partidos políticos son débiles y se produce una estrecha vinculación del representante con el representado se encuentra una mayor adecuación con la doctrina clásica de la representación en cuanto a la desvirtualización de los partidos políticos en sistema representativo (elección y parlamento); no obsta, sin embargo, que la presencia de otros centros de poder (predominio del Ejecutivo, papel de grupos de presión) modifiquen o limiten en su caso la representación política. En contraste con el modelo anterior, conviene recordar lo ocurrido en la República Federal de Alemania. Fue un proceso de progresiva adecuación del derecho a la realidad constitucional en torno al papel de los partidos políticos a lo largo del proceso político. Se estableció un sistema electoral mixto para el Bundestag con elementos de representación mayoritaria y proporcional y con voto personal o individual y de listas con barreras que pese a la proporcionalidad que genera el sistema, permite sin embargo, un sistema de partidos parlamentarios que propician un alto grado de gobernabilidad. Con cautelas democratizadoras al interior de los partidos al menos en lo que a la elaboración de las candidaturas se refiere, asegura el control de los partidos en el sistema electoral, pero introduciendo garantías de democracia

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interna. Es el Bundestag el órgano legislativo más importante en el que junto al funcionamiento racionalizado del mismo, se produce una disciplina en las relaciones entre las fracciones parlamentarias con los partidos, ya que se establece una composición proporcional de los órganos lo que viene a su vez a realzar el predominio de los partidos. Ello genera crítica por parte de la doctrina que sustenta los principios de la representación clásica debido a que se ha vertebrado la adecuación jurídica a la realidad. Situaciones intermedias entre las mencionadas se producen bien por ignorancia constitucional, pese a la presencia y en ocasiones reconocimiento normativo en la práctica electoral o parlamentaria de fuertes organizaciones partidistas; la situación inversa con partidos respaldados por el ordenamiento, con relativa fuerza de los mismos se produce en el caso de España. En ambos casos no obstante, se desprende un predominio de la doctrina clásica de representación, lo que complica y dificulta la práctica coherente y adecuada de los sistemas representativos. Esta enumeración de cuestiones, que no se tratan aquí detenidamente por ser objeto de otras asignaturas o parcelaciones académicas, sirven para poner de relieve el carácter central de la representación política en los problemas de las democracias modernas y la amplitud del campo de trabajo que se extiende ante los estudiosos de esta parte de la Ciencia Política que habrá de ser estimulante, sin duda, para estudiantes y profesores. En todo caso es esencial para el estudio tanto del Comportamiento Político como de la Sociología Electoral.

BIBLIOGRAFÍA SARTORI, G. (2003): ¿Qué es la Democracia?, Madrid, Taurus, Encuesta Social Europea, ESS a través de la web del Centro de Investigaciones Sociológicas: www.cis.es.

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Tema 2

Notas para el estudio de la evolución de los partidos políticos Lourdes López Nieto

La Democracia, en singular o plural, con apellidos (representativa, liberal...) o sin ellos, no puede entenderse ni estudiarse, sin conocer a fondo a las organizaciones o asociaciones políticas conocidas como partidos políticos. La Ciencia Política desde sus orígenes ha dedicado atención al análisis de estos objetos de estudio (Ostrogorski, Mitchels, Weber). Después, la importancia que los partidos políticos tienen para el desarrollo de la vida pública, incluso en sistemas totalitarios y autoritarios1, explicaría que solo en Europa Occidental durante la segunda mitad del siglo XX, se hayan escrito casi 12.000 textos2 sobre estos actores políticos como objetos de estudio. Sin embargo, los partidos han venido afrontando diversos retos y cambios que no han sido en su mayoría detectados por los estudiosos. Por ello siguen abiertas muchas preguntas que requieren más investigación y análisis tanto teóricos como empíricos. En el último cuarto del pasado siglo XX las transformaciones sociales, económicas y culturales habidas en las democracias occidentales (migraciones, mayor educación, información y bienestar ciudadanos, etc.) han repercutido en muchos aspectos de las relaciones entre la sociedad y los ciudadanos, entre ellas la disminución de la afiliación y de la identificación partidistas, cuando los partidos pierden el control sobre la opinión pública en buena medida debido a la influencia de la revolución tecnológica. Otros factores que así mismo, han contribuido al cambio en las relaciones entre la sociedad y los partidos se debe al impacto de los procesos de descentralización introducidos en muchos sistemas políticos desde los años setenta, que incrementa la competitividad entre los diferentes niveles de gobierno y en consecuencia de los partidos en los cargos públicos. La tercera «ola» democratizadora en diversas partes del mundo conlleva el renacimiento de partidos, la reconversión de otros y la creación de nuevas organizaciones políticas, en contextos sin tradición democrática. Pero este resurgir

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Con los respectivos partidos únicos. Artículos, libros o monografías.

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y desaparición de partidos también ocurre en países democráticos, como aquellos que dan respuesta a nuevos movimientos sociales creados al amparo de nuevas demandas sociales, como el medio ambiente. En este contexto surgen tesis contrapuestas sobre la nueva realidad de los partidos. Unos defienden la de las tres «D»: declinar, decadencia y descomposición de los partidos, y otros autores sostienen que debe sustituirse por la de las tres «R»: reemergencia, revitalización y resurgir de los partidos. Ambas tesis pueden ser complementarias, ya que muchos trabajos se han ceñido a enfoques y métodos rígidos y parciales, que en palabras de Rokkan son menos útiles que los utilizados bajo criterios multidimensionales para captar resultados, que de esta forma permite descubrir el impacto en diferentes contextos y con diversas dimensiones. Por ello, los académicos más exhaustivos mezclan enfoques para captar la naturaleza esencial de muchos partidos existentes en el mundo, porque muchos modelos han coexistido. Ello exige reexaminar criticamente las viejas tipologías, conceptos y presupuestos de los que parten y aprovechar su posible utilidad para estudiarlos hoy. Estas tesis son defendidas en varias obras, especialmente una de ellas en las que me baso3 para incluir este capítulo en esta Unidad Didáctica con objeto de destacar la importancia de estos actores políticos cuando se estudian los sistemas representativos. Con frecuencia se diluye su centralidad, en contraste con la otorgada a los sistemas electorales o al comportamiento político. Los partidos como organizaciones que canalizan las demandas de los ciudadanos y les representan ante el Estado han evolucionado y se han adaptado a los cambios de la sociedad. Sin embargo, a lo largo de su breve historia (siglo XVIII en Inglaterra), estas transformaciones han sido consideradas críticas a posteriori y se ha cuestionado la dirección de esos cambios e incluso de la democracia representativa, en ocasiones por sectores minoritarios y en otros momentos y lugares apoyadas de forma mayoritaria. En la actualidad, han entrado en el debate, aunque de forma minoritaria, tres tipos de propuestas críticas: la forma alternativa más radical e incompatible con el actual modelo de democracia, sería la participativa. Entre ambos modelos, la deliberativa, centrada en el ámbito local y la democracia inclusiva, basada en el gobierno «multinivel», aunque en ambos casos aprovecharían elementos de las anteriores. Al tiempo, parte de la opinión pública

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R. Gunther, J. R. Montero, J. J. Linz, 2002.

NOTAS PARA EL ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

occidental, quizá al amparo del cinismo post-materialista, considera la democracia la mejor forma de gobierno, pero el grado de satisfacción con ella es relativo4 y la actitud ante los partidos y los políticos suele ser parcialmente crítica. Esta postura ambivalente acerca de estos actores políticos, no tiene los riesgos de las posturas antidemocráticas que existieron en el siglo XX (comunismo, fascismo, autoritarismo militar, corporativismo), ya que existe un gran consenso sobre la vigencia de la democracia tal como la entendemos hoy. Dicho de otra forma, las críticas mayoritarias de hoy a esta forma de gobierno y a sus actores individuales (políticos) o asociados (partidos) no plantean alternativas como las ya citadas que se formularon e institucionalizaron durante el siglo XX, cuando hablaban de la democracia formal, burguesa o capitalista. ¿Cuáles son los retos y los problemas que presentan hoy el funcionamiento de las democracias representativas que han generado estas propuestas y estas críticas? A ello se tratará de dar alguna respuesta, ya que parece útil conocer los problemas y ventajas que los partidos presentan en el funcionamiento de la democracia representativa actual. ¿En qué han consistido las principales aproximaciones para estudiar los partidos? Hay bastante coincidencia al señalar que estos se pueden agrupar en tres categorías: las de carácter teórico, las centradas en aspectos ideológicos y las que se ocupan de la organización y funciones de los partidos en las elecciones. ¿Cuáles han sido las principales etapas y por qué pierden capacidad explicativa muchos de estos trabajos en el último cuarto de siglo? La extensa bibliografía sobre los partidos, especialmente las tipologías que se han ido construyendo, no ha sido capaz de anticipar los problemas que podían generar. Una tercera parte han sido aportaciones teóricas, otro tercio se han centrado en aspectos ideológicos y otro en cuestiones electorales y organizativas. Algunos trabajos han planteado el declive o la crisis de los partidos y las alternativas a la democracia representativa, alguna de las cuales cuestiona el papel de los partidos. Otros estudiosos siguen defendiendo que los partidos son los actores políticos más importantes y constituyen el corazón de la democracia. ¿A qué obedece esta situación y en que se basan las tesis críticas? Resulta difícil sintetizar las múltiples explicaciones que se han formulado, pero algunos autores5 sostienen que unas críticas proceden de determinadas posiciones ideo-

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Eurobarómetros. Daalder, H,; Pulhe, J; Katz, R., Mair, P 2002.

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lógicas (por ejemplo, de defensores del individualismo a ultranza, de nostálgicos de un determinado orden político). Otras tienen su origen en la defensa del modelo anglosajón de gobierno basado en el bipartidismo. Algunos autores (Daalder) argumentan que las posiciones que sostienen la crisis de los partidos surgen y tienen un origen diverso, posiciones que no se pueden se separar de las convicciones que este autor holandés tiene del sistema político de su país. Una de las tesis críticas, procederían de nostálgicos de un determinado orden político, vinculado al origen de la representación política en Reino Unido a finales del siglo XVIII, cuando los delegados, dependían de una parte restringida de los ciudadanos, que eran votantes individuales. Estas críticas rechazan a los partidos a pesar de que Hume y Burke los legitiman al defender al representante que llenarían la fractura entre los delegados individuales y el creciente número de votantes. Otras críticas parecidas surgen de individualistas que consideran que los partidos son organizaciones tiránicas y antidemocráticas. Verían a los partidos como la subordinación de los individuos a la organización o a los líderes (Ostrogorski o Mitchels). En suma advierten del riesgo del «Estado de partidos», tanto los individualistas como los defensores del poder del Estado y de la armonía preexistente que acabaría con la competición entre partidos. Por ello rechazan el mandato representativo, que permitiría conformar el deseo y el objetivo interés entre el estado y los ciudadanos. Para que los partidos existan y adquieran legitimidad se requiere que los ciudadanos acepten que todos votan en igualdad para promover el interés nacional, sobre los intereses o principios particulares y que el gobierno descanse en lo que Schumpeter llamó «la contienda competitiva por el voto de la gente». Un segundo grupo de críticas procederían de quienes generan un rechazo selectivo de algunos partidos, en concreto de los partidos de masas, que subyacen en algunas tipologías (Duverger o Neumann) dadas las dificultades de este tipo de partidos para estructurar el voto como actores unificados, que contribuyan a la estabilidad y permitan el ejercicio del liderazgo y del gobierno responsable. Otro grupo de críticas a este tipo de partidos se justifican por el alto grado de ideologización en la búsqueda de votantes y del Estado, lo que anularía el debate libre. Lógicamente esta tesis presume la existencia de un Estado monolítico y en una noción idealizada del parlamentarismo y de la democracia directa. También se ha cuestionado el sistema multipartidista, a partir de estudios sobre el modelo anglosajón de gobierno, de su bipartidismo y del gobierno

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mayoritario, que de esta forma es responsable ante los electores. Se considera que estas críticas se basan en partidos concretos, de unos países y etapas determinadas sobre los que se hacen generalizaciones y proposiciones normativas. En concreto estarían basadas en la práctica política de la III y IV República Francesa, y de los gobiernos de Italia y de la República Federal de Alemania de posguerra, con problemas de gobernabilidad, «debido» según este argumento al sistema multipartidista. Sin embargo, esta tesis se cuestiona cuando se puede demostrar, gracias a investigaciones politológicas más sofisticadas y profundas sobre los sistemas políticos antedichos, la falsificación de las proposiciones normativas que vinculaban bipartidismo con ingobernabilidad. Al introducir otros indicadores en las investigaciones, como el modelo consociativo de Lijphardt, se advierte el rendimiento positivo tanto de los sistemas políticos con multipartidismo (por ejemplo, Bélgica y Holanda) como de los países citados antes como ingobernables. De esta forma es posible comparar el modelo de consenso al mayoritario y destacar las ventajas e inconvenientes que tiene cada modelo. Otro grupo de críticas hacia los partidos se fundamentan en la tesis de la redundancia o superación de los partidos como actores políticos esenciales. Según esta tesis una vez que los partidos han logrado movilizar y alinear a los diversos grupos de ciudadanos en el cuerpo político con la extensión del derecho a voto, estas organizaciones perderían su razón de ser. Después algunos analistas sostienen (Schumpeter, Downs, Kirchheimer) que, cuando se «descongela» el sistema de partidos (años sesenta) en un contexto de grandes transformaciones de las sociedades europeas, los partidos solo buscarían maximizar votos y se convierten en una fuerza de mercado y su papel sería también su razón de ser originaria. Otras tesis que defienden el declinar de los partidos, también de carácter normativo estuvieron influidas por los cambios en la teoría democrática. Consideran que los grupos sociales y la acción colectiva serían son los sustitutos de los partidos como agentes de representación. Según esta tesis, en la que básicamente convergen neo-corporativistas, neo-pluralistas y neo-marxistas, se habría superado la vía partidista y electoral. La función mediadora de los partidos sería sustituida por el pluralismo corporativo a través de agencias estatales, grupos de interés especializados o de mecanismos de democracia directa (referenda, teledemocracia, etc.). A partir de los años setenta la ciencia política se especializa y se segmenta, fenómeno que conlleva la pérdida de perspectiva. Los partidos se

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estudian vinculados a diversas escuelas teóricas, lo que determinó el diseño de diversas tipologías, centradas en los factores que habrían influido en su quehacer: dimensiones electorales, vinculación territorial, su organización, sistemas de partidos o la formulación e implementación de políticas. Por su parte, Mair, sostiene que durante los años sesenta se aplica al estudio de los partidos el enfoque estructural funcional coincidiendo con la institucionalización definitiva de los partidos en Europa y el desarrollo en nuevas democracias en Asia y África tras la descolonización. Este enfoque permitiría comparar las funciones de los partidos en escenarios institucionales y sociales diversas. Sin embargo, esta aproximación falló por diversas razones, como el etnocentrismo de algunos estudiosos. Simultáneamente se aplica el enfoque racionalista al caso norteamericano centrado en los partidos de gobierno «responsables» ante sus votantes en el mercado político, en el que los políticos compiten por las cargos públicos. Estos estudios tienen poco éxito porque presumen que los actores actúan racionalmente todo el tiempo y con el único objetivo de ganar elecciones, lo que supone una excesiva reducción del papel de los partidos. Por ello, estos trabajos son superados por otros que analizan los condicionantes institucionales en los que se ven inmersos los partidos para la formación de los gobiernos en estructuras institucionales diversas. Otro grupo de estudios se basa en el enfoque inductivo para comparar los nuevos partidos con los modelos y tipologías anteriores. Estas estaban basadas en explicaciones históricas de Europa occidental elaboradas antes de los años sesenta. Llegados a este punto, cabe preguntar ¿hasta qué punto son ciertas y sólidas estas críticas o se fundamentan en enfoques o análisis parciales de la complejidad de los partidos? Primero es menester revisar los rasgos básicos de la bibliografía sobre partidos y verificar los diferentes criterios utilizados para juzgar los partidos, en su mayoría complementarios, más que excluyentes, tal como se ha hecho de forma sintética. Después conviene revisar que tipo de organización y funciones de los partidos han cambiado y si estas han sido sustituidas por otras. Para ello se requiere contar con estudios profundos y sistemáticos en el tiempo y en diversas partes del mundo, sobre la relación de los partidos con otros actores políticos en su quehacer en las diversas instituciones de los gobiernos. Entre este tipo de investigaciones merece destacarse las realizadas por quienes identificaron el modelo de partido cartel, resultante de la evolución y adaptación a los cambios en el final del siglo XX. En una de sus investigaciones Katz, y Mair (1993) explican

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la evolución sufrida por las relaciones entre las tres «caras» de la organización de los partidos (militantes, organización central y cargos públicos). Los cambios habrían sido dinámicos y reflejarían la secuencia natural de las respuestas organizativas dadas a los estímulos del contexto en que actuaban los partidos. En la etapa inicial de sufragio censitario (siglo XIX), funcionaban los partidos de cuadros, que carecían en la práctica de «organización» central ya que estaba integrada por quienes estaban en el parlamento, es decir, por los cargos públicos. La esencia de este tipo de partido elitista son los diputados, con recursos propios para acceder al Parlamento, sin necesidad de apoyos de una organización central. Recordar que en este momento se asiste a la pugna del poder legislativo por restringir el poder real. Los «militantes» eran grupos sociales locales también con recursos, lo que les habilitaba para tener reconocido el derecho de sufragio restringido. A finales de siglo se conforma en el sur de Europa una versión propia de este tipo de partido (caciquismo en España y «transformismo» en Italia) con unas relaciones entre los diputados y sus distritos. En todo caso este formato de partido no difiere mucho del que existe en otras partes de Europa, o del Continente Americano en aquel siglo. Los cambios que se producen cuando comienza a extenderse el derecho de sufragio, afectan también al modelo de partido. La necesidad de movilizar a los nuevos electores y conseguir recursos para ganar las elecciones, requiere establecer una relación simbiótica entre la organización central y los militantes. La oficina central proveerá la ideología y la organización formal para los militantes gracias a profesionales de la política dedicados a estas actividades con dedicación exclusiva. Esta «cara» será la dominante, ya que además de coordinar y controlar las organizaciones territoriales, dirige a los militantes, quienes sostienen financieramente la sede central. Por su parte los cargos públicos (diputados y electos locales) son responsables ante el distrito y el partido, al actuar con dos tipos de legitimidad, como agente del partido y como mandatario público, lo que en ocasiones genera conflictos. Este modelo de organización de partido tiene diferencias significativas debido en unos casos a la influencia del poder central como en España o en gran Bretaña, en este segundo caso debido a la presencia de los fuertes líderes sindicales en dicha organización central. Entre los factores que más influyen en el desarrollo del partido «atrapalotodo», debemos señalar los cambios en la sociedad (económicos, culturales, tecnológicos, etc) que tiene como consecuencia la dificultad por encap-

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sular a las nuevas clases medias y la necesidad que tienen los líderes y las organizaciones centrales para satisfacer las demandas ciudadanas. En este modelo y a diferencia de lo que ocurre en los dos anteriores, las relaciones son más conflictivas y afectan a las tres caras, porque requiere responder a cuestiones como: si en el partido de cuadros los cargos públicos son dominantes y en el de masas domina la fusión de militantes y organización central, en el modelo «atrapalotodo» es difícil determinar cómo se jerarquizan y ordenan las relaciones en la práctica. Para ello hay que analizar los diversos casos y responder a algunas de las siguientes preguntas: ¿Debe el líder ostentar el cargo de presidente del partido y del grupo parlamentario? O ¿quién debe dirigir las negociaciones sobre las políticas públicas y la formación de los gobiernos: la organización central o los cargos públicos? Y también ¿qué papel tienen los militantes sobre los programas de gobierno en los congresos del partido? La casuística es enorme y en todo caso muestra que estamos ante un nuevo tipo de organización política que culmina en el denominado partido cártel, modelo según el cual el partido que ocupa cargos en las instituciones públicas domina a las otras. El partido cártel, o moderno partido de cuadros y también llamado partido electoral-profesional, tiene como principal indicador de las nuevas relaciones de poder la distribución y uso de la creciente financiación pública. Al principio estaba solo reducida al grupo parlamentario y, a medida que estos recursos aumentan, llegan también a la oficina central y en menor medida a las organizaciones territoriales. El incremento de recursos materiales procedentes de la financiación pública, favorece también el aumento de los medios humanos. Ello permite tanto la contratación de asesores en las instituciones públicas, pero también en las oficinas centrales, algunos de ellos externos. Este sería el caso de los profesionales de la publicidad, que sustituirían a los burócratas del partido. Estas prácticas en parte despolitizarían parcialmente tanto la organización central como el partido de los militantes, otorgando al líder mayor autonomía para ganar nuevos electores. Estas políticas suponen al menos dos tipos de retos vinculados, por una parte medir el impacto electoral dirigido a incrementar el techo electoral, pero al tiempo mantener movilizados a los electores propios. Una de las evidencias de este doble reto, es que las campañas electorales canalizadas a través de los medios de comunicación, mantienen tanto las prácticas tradicionales basadas en mítines a los que asiste el «partido de militantes», entre otras cosas porque estos se difunden a través de los

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medios de comunicación, como los debates y entrevistas de los líderes. En todo caso, los partidos cártel están más profesionalizados y orientados hacia afuera a partir del partido en los cargos públicos y la organización central responden a las demandas de los líderes del partido en el parlamento y en el gobierno. Pero sin duda el mejor criterio para identificar este modelo de partido cártel, es el acceso de la mayoría de los partidos a los gobiernos y la consiguiente «parlamentarización» y «gubernamentalización» de estos, lo que supone enormes riesgos para las otras dos caras. De esta forma sobre todo los militantes, se ven sometidos a la autonomía y a los enormes recursos con que cuentan el partido en los cargos públicos6. ¿Supone esto la marginalización del partido de los militantes? En la práctica esta cara del partido es inseparable de las otras dos y a veces se han producido fenómenos paradójicos. La militancia ha ido disminuyendo desde los años ochenta, debido a múltiples factores entre otros la sensación de pérdida de protagonismo. Al tiempo muchos partidos se habrían democratizado, abriendo a los militantes la toma de decisiones, la selección de candidatos, en contraste con etapas anteriores y también ocupando cargos de asesoría. Otras formaciones no se molestan en conseguir afiliaciones lo que supone que en la práctica se asemejan a los antiguos partidos de cuadros. Entre ambos extremos, algunos partidos combinan políticas para aprovechar a los militantes, con el reconocimiento de los simpatizantes y de los asesores profesionales. Esta solución mixta obedece a la dificultad de realizar reformas profundas respecto al legado histórico, porque además la democratización interna legitima al líder y demás cargos públicos y porque, como hemos señalado, no está demostrado que se pueda prescindir totalmente de la militancia. Esto último se pone de manifiesto al comprobar como los requisitos para afiliarse se han simplificado (por ejemplo, a través de internet). De esta forma la hipotética pérdida de peso del partido en los cargos públicos, se compensa con su mayor protagonismo y otros incentivos, como la creciente autonomía de las organizaciones locales en la selección de candidatos y en la definición de ciertas políticas territoriales. Esta solución está vinculada al proceso de descentralización política introducida en la

6 Sin embargo, en ocasiones los partidos aúnan en las mismas personas los más altos cargos de responsabilidad pública (por ejemplo, presidencia y vicepresidencia de gobierno con el liderazgo del partido) aunque otros momentos hay clara bicefalia.

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mayoría de las democracias y, por tanto, a la creación de instituciones representativas y de gobierno subnacionales. Ello incentiva a los militantes y organizaciones territoriales de los partidos para acceder a los citados gobiernos multinivel, que gozan de mayor descentralización para acceder a la información y para tomar decisiones, lo que por otra parte dificulta la cohesión interna de las partidos. En efecto, el escenario político es más competitivo y la toma de decisiones más multilateral, compleja y flexible. También es más difícil contar con la lealtad e identificación entre representantes y representados de épocas anteriores. Pero la capacidad de adaptación de los partidos a la nueva realidad ha permitido que superen las críticas sobre todo porque no hay alternativas sólidas. Una vez realizada esta breve exposición relativa a la evolución de los modelos organizativos de los partidos, cabe preguntarse si existe una única forma de organización o si hay un modelo ideal de partido. La respuesta sería negativa. Los partidos responden a modelos originarios, influidos después por aspectos sociales, económicos e institucionales diversos. Las organizaciones partidistas se adaptan a las necesidades de las democracias contemporáneas y a las necesidades e incentivos de los partidos en los cargos públicos. Los cambios del entorno que más han influido en el proceso de adaptación y que han sido más estudiados son los relativos al sistema electoral. En efecto, hay que recordar que el origen y desarrollo de los partidos se vincula a la extensión del sufragio por lo que se hizo necesaria la burocracia partidista para forjar la relación y comunicación con los electores cada vez más extensos. Después la introducción del voto de lista incrementó el protagonismo de los partidos en el proceso de reclutamiento de las candidaturas que debían integrar la pluralidad de la numerosa militancia. Así mismo, la influencia de los partidos disminuye cuando entran en escena los nuevos medios de comunicación que adquieren un gran protagonismo en la campaña electoral, sustituyendo a la prensa de partido elaborada por la burocracia partidista. Por su parte, la financiación pública anula la dependencia de los partidos de la contribución de sus militantes. No se puede obviar que el sistema de integración social altamente estructurado durante buena parte del siglo XX alrededor de los conflictos más relevantes (clase, religión, etc.) desaparecen cuando la población se hace más homogénea gracias a la extensión del bienestar y de la comunicaciones. En este contexto, los partidos pierden sus tradicionales bases humanas y se incrementa la competencia inter-partidista para captar electores. Se supone que estos serían

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más educados y tendrían criterio propio ya que no dependerían de los partidos para relacionarse con el mundo externo. Esta premisa sostenida por muchos autores, sin embargo, se ve cuestionada de hecho por otros cuando se advierten las contradictorias demandas y expectativas que los ciudadanos tienen y exigen a los partidos y a los políticos. Los electores, por ejemplo, quieren que los diputados representen «sus» intereses (los de un sector concreto), pero también critican que defiendan los de «otros» y pretenden que formulen políticas coherentes para conseguir el interés «general». También cuestionan los liderazgos fuertes o los políticos profesionales, pero así mismo quieren lo contrario, partidos sólidos sin tensiones internas y que los políticos sean eficaces en las instituciones representativas. Todavía hay pocos estudios que respondan adecuadamente al origen y consecuencias que tienen para las democracias la desafección política y las posturas ambivalentes que los ciudadanos tienen hacia los partidos y políticos. En todo caso, parece necesario reforzar la educación cívica y los valores democráticos entre los ciudadanos y reflexionar sobre los efectos de la falta de identificación partidista y las citadas paradojas. Una perspectiva complementaria acerca de la adaptación de los partidos a los cambios externos, plantea como interrogante si estos no habrían sido meros agentes pasivos de la transformación citada, sino impulsores de la misma. Sostienen por ejemplo, que han sido los gobiernos quienes han aprobado la financiación pública, el acceso a los medios de comunicación y en la práctica la menor identificación partidista habría sido propiciada por los partidos, para de este modo, evitar la presión de sus militantes y votantes. Dicho de otra forma, al reforzar la «cara del partido en los cargos públicos» y el consiguiente desarrollo del partido cártel, habrían conseguido mayor autonomía de este modelo de organización política, respecto de los anteriores. Esta tesis sin embargo, requiere verificar si la mayor autonomía de los partidos respecto de las otras caras, no se habría visto sustituida por la de los electores. Cuando los partidos no siguen los dictados de la sociedad son desalojados del poder, como respuesta al clásico dilema democrático: gobernar siempre a favor de la opinión pública o tratar de ejercer pedagogía política trazando nuevas perspectivas que la modifiquen o que al menos ofrezcan suficientes referencias cuando los cambios del contexto social y político así lo exijan.

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BIBLIOGRAFÍA DAALDER, H.; PULHE, J.; KATZ, R. y MAIR, P. (2002): Political parties, Oxford University Press. GUNTHER, R.; MONTERO, J. R. y LINZ, J. J. (2002): Political parties: old concepts and new challenges, Oxford: Oxford University Press (versión en español en editorial Trotta, Madrid, 2007). KATZ, R. y MAIR, P. (1993): «The three faces of party organizations», en W. CROTTY, «Party politics in a changing era» en American Review of politics, 14. KATZ, R. y MAIR, P. (1994): How parties organize, Sage, Londres.

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Tema 3

Elecciones, sistemas representativos y sistemas electorales Lourdes López Nieto

1. Elecciones y sistemas representativos. 2. Evolución de los sistemas electorales. 2.1. Definición de los sistemas electorales: evolución y funciones. 2.2. Evolución y rasgos básicos de los elementos fundamentales de los sistemas electorales. 2.3. Garantías del proceso electoral. 3. Notas sobre las elecciones en sistemas no democráticos. 3.1. Rasgos básicos de las elecciones no competitivas. 3.2. Ideas básicas sobre el control clientelista del sufragio en elecciones no competitivas. 3.3. Notas sobre las elecciones en países socialistas: el mandato imperativo. 3.4. Críticas y alternativas a la democracia representativa desde la defensa de la representación corporativa. 3.5. Sistemas electorales en los procesos de transición. 4. Estudios sobre los sistemas electorales. 4.1. La falta de especialización de los trabajos realizados. 4.2. El carácter dependiente atribuido a los sistemas electorales. 4.3. Escasa producción y carácter monotemático de los trabajos realizados. 4.4. Avances en la historia de los estudios electorales. 4.5. Errores en los análisis y en la clasificación de los temas abordados.

1. ELECCIONES Y SISTEMAS REPRESENTATIVOS La política cuenta con varias definiciones una de las cuales destaca por su concisión —«quién consigue qué, cuándo y cómo» (Lasswell)— y que es también útil para una aproximación a las elecciones y a los sistemas electorales. ¿En qué medida las elecciones constituyen uno de los métodos para determinar la distribución de bienes o valores en una colectividad? Las elecciones son uno de los posibles mecanismos por medio de los cuales las preferencias de los individuos para seleccionar las personas que tomarán decisiones se traducen en resultados. Por ello conviene preguntar ¿En qué medida es preferible usar una elección para determinar el resultado? En síntesis una elección es el mecanismo formal para seleccionar una persona para un cargo o dignidad. El propósito de una elección es seleccionar personas que tomarán ciertas decisiones. Conviene recordar que la forma originaria de adoptar decisiones la establecen primero los griegos y, después, los romanos, quienes recurrían al sorteo para resolver las decisiones a adoptar y como práctica para tomar decisiones, aunque este mecanismo carecía de fundamento teórico de apoyo. Las primeras técnicas electorales se utilizaron en las comunas medievales por las órdenes religiosas de los monjes enclaustrados que tuvieron que decidir la forma de elegir a sus superiores. Al no poder recurrir al principio hereditario, ni al de la fuerza, optaron por el voto para elegir al superior y «jefe» absoluto. Para lo cual idearon mecanismos que garantizaran el carácter secreto y la regla mayoritaria del voto, ya que la elección del mejor tenía que ir unida al de la mayoría. La elección final se basaba en la unanimidad, principio vigente hasta finales del siglo XVII. Después el principio en que se fundamenta el origen de la representación mayoritaria de prevalecer sobre la o las minorías, lo establece Locke. Otras formas para adoptar decisiones son la competición, la anarquía, el autoritarismo, el mercado y la democracia. Nos extenderemos sobre este últi-

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mo método debido a las implicaciones y vinculación con la práctica política occidental. Es difícil resumir adecuadamente la diferencia entre democracia y otros procedimientos, debido a que la idea de democracia es en sí misma controvertida. La democracia está directa y estrechamente vinculada a la libertad e igualdad y sugiere que para que un proceso se pueda calificar como tal, aunque solo se aplique a un grupo pequeño, exigiría que se cumplieran al menos cuatro requisitos: 1) Las propuestas sobre lo que se debe hacer pueden introducirse por cualquier miembro del grupo. 2) Todos pueden opinar sobre las decisiones a adoptar. 3) Todos los miembros están en pie de igualdad para participar en los asuntos del grupo. 4) Al final del debate se utiliza un procedimiento para decidir cómo actuar. Se puede optar por prácticas informales para llegar a consensos, o formales, como el voto. Los mecanismos y procedimientos de votación proveen una vía de vincular puntos de vista, opiniones y preferencias de los miembros a las políticas aprobadas por el grupo. En consecuencia en sentido puro, la democracia solo puede funcionar en pequeños grupos, lo que los teóricos denominan democracia directa. Los grupos grandes no pueden usar esta forma de democracia por lo que para estos casos y tal como recuerda la definición del diccionario, la democracia supone elegir por medio del voto. Por ello muchos teóricos de la democracia han visto que las elecciones son un mecanismo clave para extender la democracia a grandes grupos. Se argumenta que al elegir unos pocos que representen opiniones e intereses, un grupo de personas más amplio se puede beneficiar de la democracia como un instrumento para la toma de decisiones. En todo caso, la elección de representantes no excluye la utilización de algunos instrumentos de democracia directa como los referenda. Las elecciones permiten hacer que la democracia sea posible en electorados amplios, donde la democracia directa no es posible. Pero hay muchas instancias en las que la elección se utiliza para seleccionar a una persona que decida, aunque esta selección no vaya asociada a la idea de la democracia. ¿Por qué se utilizan entonces las elecciones? Porque los órganos e instituciones que han sido elegidos tienen a su favor tres ventajas: extienden la democracia, producen decisiones «sólidas» y legitiman instituciones. Estas ventajas motivan que con frecuencia el principio electoral se «utilice» unido a procedimientos no democráticos en órganos que adoptan decisiones. En todo caso, resulta muy difícil resumir adecuadamente las diferencias entre democracia y otros procedimientos ya que este concepto es en si mismo controvertido. Declararse a favor de la democracia es hacerlo hacia la libertad e igualdad, lo que requiere ciertas condiciones para que el

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ELECCIONES, SISTEMAS REPRESENTATIVOS Y SISTEMAS ELECTORALES

proceso pueda considerarse como tal. Entre ellas que las propuestas sobre lo que se debe hacer se puedan introducir por cualquier miembro del grupo, que los miembros debatan formal o informalmente acerca de los diversos asuntos planteados. Para ello es preciso que los miembros estén en pie de igualdad en el uso de todo tipo de recursos para la toma de decisión, que finalizará con la adopción de decisiones, de manera informal, a través del consenso o a través de mecanismos formales, como los sistemas de votación. Como aproximación imperfecta a la democracia ideal, se forjan convenios institucionales, entre los cuales las poliarquías serían los sistemas actuales más próximos a dicho ideal. Para que estos requisitos mínimos de igualdad sean reales, deberían ir acompañados según la definición de Dahl, de al menos ocho garantías institucionales, que son: • Libertad para constituir e integrarse en organizaciones. • Libertad de expresión. • Derecho de voto. • Elegibilidad para cargo público. • Fuentes alternativas de información. • Elecciones libres y limpias. • Derecho de los líderes políticos a competir por el voto. • Que las instituciones para hacer política de gobierno dependan del voto y de otros signos de preferencia. Como se puede advertir todas estas garantías están vinculadas a la democracia, en dos de sus formatos posibles, directa cuando se practica en un grupo pequeño e indirecta cuando se practica a través de representantes, aunque en ocasiones se combinen ambos formatos en un mismo sistema político. Otra forma de aproximarse a los requisitos legales y socio-económicos básicos que definirían las elecciones democráticas o competitivas serían, siguiendo a Vallés y Bosch: • Derecho universal al sufragio. • Convocatoria regular y periódica de elecciones. • Libertad de asociación para presentar candidatos. • Igualdad tendencial de oportunidades de los candidatos para el acceso a los medios de información y publicidad. • Neutralidad del gobierno en la organización del proceso electoral.

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• Garantías para una libre emisión del voto (ausencia de coacciones, protección del secreto, etc.). • Recuento público de los votos emitidos. • Aplicación de las reglas preestablecidas para adjudicar los escaños entre candidatos. • Existencia de una instancia independiente para dirimir conflictos por la aplicación de normas electorales. Hemos querido recoger de forma explícita el conjunto de requisitos en su forma ideal institucional y en la básica, que matiza y complementa a los primeros (por ejemplo, el carácter universal del voto), con objeto de contar con los instrumentos necesarios para poder definir y verificar que las elecciones se fundamentan y garantizan el carácter suficientemente democrático y competitivo para todos los electores. En ambos grupos de rasgos predominan los elementos que salvaguardan las características y garantías vinculadas al voto, lo que demuestra el carácter vehicular y esencial del sufragio en las elecciones. Otro concepto que conviene aclarar desde un punto de vista general y desde una perspectiva dinámica, es el de sistema representativo, que sería el regido por normas, instituciones y procedimientos técnicos que permiten asegurar las funciones de la representación política, dentro de las estructuras sociales y políticas vigentes en un momento dado. En conjunto, configura unos sistemas políticos denominados representativos precisamente, porque se caracterizan por asegurar la participación y presencia de los gobernados en el ejercicio del poder político que de este modo garantiza su legitimidad. No existe unanimidad entre los especialistas a la hora de determinar el papel que los distintos elementos de un sistema representativo juegan en el funcionamiento de cada régimen político, y ni tan siquiera sobre cuántas y cuáles son las funciones de los mismos. Así, entorno a uno de los elementos básicos como las elecciones, Nolhen, haciéndose eco de diversos autores, recoge hasta trece funciones posibles. El mismo autor establece en las «nueve tesis» de su libro las condiciones para la constitución de los sistemas electorales, los criterios para juzgarlos, así como sus efectos. Sartori distingue seis funciones en los sistemas representativos y destaca seis estadios posibles, aunque otros señalan que los procedimientos electorales pueden estudiarse históricamente en función de la difusión de un modelo social y de su variación en diversas situaciones. Se señala que el que hace la ley electoral tiene el poder de conformar el proceso político y con ello el régimen polí-

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tico existente. A mediados del siglo pasado, un autor señalaba que «la Constitución es la sociedad en reposo; la ley electoral la sociedad en marcha». Partiendo de esta posición general sobre el concepto, naturaleza y funciones de la representación política y de su perspectiva dinámica, se intentará describir, analizar y explicar el desarrollo de los sistemas representativos, no sin precisar previamente una cuestión terminológica: representación política y sistemas representativos tienen un carácter amplio dentro de unas coordenadas concretas (democracia, sistemas democráticos, etc.), pero es práctica habitual entre los científicos de la política realizar una sinécdoque (pars pro toto) e identificar estos conceptos con elección y sistemas electorales, y aunque elección es distinto de representación, la primera es una técnica indispensable en los procesos de representación, aunque otros autores (Sartori) afirman que no cabe hablar de otro tipo de representación política sin elección. En todo caso la mayoría de los sistemas representativos se articulan por medio la elección, su formulación jurídica y su desarrollo práctico. De ahí que tal vez sea preferible utilizar el término sistema representativo, frente al de sistema electoral, en la medida que es un concepto más amplio que permite estudiar: a) la práctica de la representación política inmersa en las estructuras sociales y políticas de cada ámbito territorial en cada momento histórico; b) los mecanismos jurídicos que regulan el procedimiento utilizado incluso en los regímenes políticos autocráticos por la validez que el ropaje democrático confiere, y c) los actores que intervienen en el proceso y las instituciones u órganos sobre los que revierte la representación política, parlamento, gobierno y en ocasiones la jefatura del Estado. Este concepto sistema representativo, en el sentido extenso arriba citado, tiene ventajas adicionales, como permitir construir y diseñar una de las tipologías o modelos de democracia que cuentan con mayor capacidad explicativa. Nos referimos al establecido por Lijphart (2003, de la bibliografía complementaria a la que remitimos para ser estudiado aquí) que incluye el análisis de una serie de variables para ubicar los casos nacionales en alguno de ellos. De estas, casi todas se incluyen en el estudio de sistema representativo: • Tipo de sistema electoral. • Democracia exclusivamente representativa. • Tipo de sistema de partidos, en función del número y relaciones entre ellos. • Tipo de sistema de partidos en relación con los conflictos o dimensiones sociales (unidimensional o pluridimensional).

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• Tipo de gobierno o concentración de poder ejecutivo. • Alcance de la hegemonía o dominio del ejecutivo sobre los otros poderes. A partir de estas variables y alguna otra (por ejemplo, tipo de organización territorial del poder o el carácter escrito de la Constitución) el citado autor define los dos grandes modelos de democracia, mayoritario o Westminster y democracia consenso, en los que se incluyen los diversos sistemas políticos democráticos de Occidente, con objeto poder compararlos. Por otra parte, el citado concepto, permite asimismo atender al estudio de otras prácticas de representación política en los que la elección o no existe o es limitada o tiene sólo un alcance puramente formal y legitimador, o mejor, que juegan en ellos un papel secundario que la limitan como son las instituciones de democracia semi-directa o otras formas de representación de intereses o corporativa, o las elecciones no competitivas. Debido a la complejidad terminológica señalada es menester responder de forma concreta la pregunta ¿Para qué sirven las elecciones? Para regular la designación de quienes ejercen el poder político de una comunidad por los miembros de la misma para que los electos ostenten su representación. Este proceso de designación se realiza a través de uno sistemas electorales o reglas del juego, que analizaremos después. El objetivo de las elecciones según la teoría liberal encierra unas funciones que pueden resumirse en la producción de representación y gobierno, así como en ofrecer legitimación. Sin embargo, a lo largo del tiempo el alcance e importancia de los objetivos citados ha variado. En el siglo XIX la producción de gobierno tiende a arrebatar a los monarcas el poder de nombramiento para dárselo a los parlamentos, dominados por sectores de extracción burguesa gracias al sufragio censitario que estos establecen. Después durante el siglo XX, los partidos políticos atenúan progresivamente la acción de los individuos electos y distancian a los electores de esa función. Junto a las funciones clásicas adaptadas a la actualidad, se destacan entre otros los siguientes argumentos. Unos autores otorgan a las elecciones un alcance fundacional en el inicio de la transición política, para definir los modelos de transición e incluso para los modelos de consolidación dada la tendencia de los sistemas electorales a perpetuarse e institucionalizarse después, por inercia o como decíamos antes, por las ventajas que algunas fuerzas políticas obtienen después. Para muchos, son la parte central del proceso

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democrático, con un doble significado simbólico y práctico, en este segundo sentido porque producen parlamentos y juegan una parte esencial en la determinación de quién formará parte de la elite política. Además, orientan la formación de los gobiernos, aunque dada la frecuencia de los gobiernos de coalición hoy, su impacto es indirecto. Llevando al extremo la segunda función clásica, la de formación de gobierno, perdería relevancia en favor de quienes han pasado a sustituir a los sujetos primeros de la representación, a los partidos políticos, que centran su actividad en las elecciones en sustitución de los candidatos individuales, seleccionados antes por sus cualidades personales. Los partidos serían entonces más funcionales para la formación de los gobiernos, hecho que se acentúa en los parlamentos pluripartidistas. Esta situación evaluada en términos extremos, cuestionaría la prohibición liberal del mandato imperativo, que sin embargo, se mantiene en casi todos los textos constitucionales y en el caso español dificultaría la resolución del problema político denominado «transfugismo» (ya que el Tribunal Constitucional Español ampara a los cargos electos aunque abandonen el partido, en cuyas listas y gracias al cual fueron elegidos). Esta interpretación serviría como muestra de los cambios y de la ocasional desconexión con los principios clásicos de la representación y de sus funciones con la realidad actual, que ha motivado la intervención de los tribunales constitucionales. Esta situación es por otra parte a veces inevitable porque los cambios sociales y políticos no se suelen producir con brusquedad. De hecho, las funciones clásicas de las elecciones siguen jugando un papel hoy con un valor primordial. Legitiman a los ojos de los ciudadanos el sistema político, ofrecen al individuo una forma de participación en política a un relativo bajo costo en términos de dinero, tiempo y esfuerzo personal y solucionan la formación de quienes adoptan decisiones. Para la mayoría de los ciudadanos esta es la única forma de participación política y ofrecen a los ciudadanos el sentimiento de que están ejerciendo opciones no solo sobre quienes les podrían representar en el parlamento, sino sobre quienes podrían conformar el próximo gobierno, aunque de hecho el voto de cualquier elector individual no tienen apenas impacto efectivo en estos asuntos. Recordemos que hoy los partidos han perdido afiliados y algunas de sus funciones como las de socialización política, debido a los cambios de costumbres y hábitos en los medios urbanos, tipos de ocio de los fines de semana y al papel de los medios de comunicación, especialmente de la televisión. No obstante, a pesar de la disfunciones que producen, no dejan de ser los actores políticos esenciales de los sistemas democráticos, junto al papel temporal pero esencial de los ciudadanos.

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2. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS ELECTORALES 2.1. Definición de los sistemas electorales: evolución y funciones Los sistemas electorales son un conjunto de reglas, usos e incluso costumbres que a lo largo de la historia se han establecido para articular la representación de unos ciudadanos por otros. Recordemos el caso de Grecia, donde unas piedras de colores diferentes permitían elegir algunos cargos públicos, pero también en la Edad Media en instancias seculares y religiosas había procedimientos establecidos para lograr que unos ciudadanos representasen a otros. En ellos se recurría con frecuencia al sorteo, como procedimiento de selección (por ejemplo, en España, para las Cortes de Cádiz, elección indirecta en varios grados y sorteo entre los candidatos) o a la elección. Pero si a lo largo de casi diecisiete siglos este conjunto de prácticas apenas sufren modificaciones, en los dos últimos (XIX y XX) esta situación ha variado enormemente; la complejidad y sofisticación ha alcanzado unas cotas tan significativas que las expresiones «cocina electoral» o «ingeniería política» se utilizan como calificativos y referentes de los sistemas electorales. Los efectos de estos sobre otros elementos de los sistemas políticos, constituyen un instrumento práctico para la ingeniería política, cuando se quiere introducir cambios en los mismos (Francia, Italia y Grecia en los últimos 50 años son claro ejemplo de lo que decimos). Esto ha ocurrido con frecuencia, aunque también hay que decir que al mismo tiempo, la presencia de otros intereses contrapuestos impedían antes e impiden hoy la modificación de los mismos, como ocurriera a lo largo de más de un siglo con las vicisitudes y dificultades para lograr el sufragio universal. Históricamente los sistemas representativos surgen por contraposición al poder absoluto de los soberanos, pero en los principios jurídicos encontraron la justificación para marginar a aquellos sectores de la población que no interesaba que accedieran al juego político de pugna por el poder. En consecuencia, el principio de la soberanía nacional y su corolario, la teoría del electorado función, justificaron la restricción del sufragio, es decir la vigencia del sufragio censitario y de capacidades. Después y considerando la consecución y generalización del sufragio universal e igual, pasó por varias fases, reflejo de sucesivas transformaciones sociales y nuevas orientaciones sociales e ideológicas. Primero se produce una paulatina ampliación del sufragio, seguido de la abolición de criterios económicos y sociales de exclu-

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sión del derecho de voto a partir de cierta edad, consagrando primero el sufragio universal masculino y más tarde el femenino. En la tercera etapa se trata de lograr la igualdad real del voto, evitando que el voto valga lo mismo independientemente de su lugar de emisión y también todo tipo de fraudes o manipulación. El conocimiento del sistema electoral es un factor clave en la determinación de resultados electorales. ¿Importan o influyen los sistemas electorales? La respuesta es afirmativa, el resultado de las elecciones influye porque establece que candidatos o partidos obtienen representación y en consecuencia la oportunidad de participar en la puesta en práctica de las políticas públicas. Un sistema electoral puede establecer la diferencia que permite ganar a un partido y también en que medida su victoria es decisiva. Su influencia también se manifiesta al determinar qué partidos perdedores pueden seguir compitiendo y cuáles son eliminados de la competición. Los sistemas electorales surgen de un debate y conflicto político. Reflejan el momento político de su creación y se cambian cuando esta cambia y el sistema resulta muy restrictivo. Cuando duran, como cuando lo hace la Constitución, perfilan la política, retrasan o ejercen presión en políticas y estrategias que permiten mostrar las especificidades. ¿Influyen los sistemas electorales en la estabilidad del sistema político? La estabilidad requiere el funcionamiento satisfactorio de muchos componentes diferentes. Incluso, el mejor sistema electoral no puede compensar las posibles disfunciones del sistema, como la de la estructura política o la de la cultura cívica. Por si solo, no puede desestabilizar el régimen, aunque cabe la posibilidad de introducir algunos cambios que alivien los efectos negativos de otros componentes del sistema político. En momentos muy problemáticos, los sistemas electorales se han convertido en parte de la solución, pero en otros casos, en parte del problema, debido a la interrelación entre las diversas instancias. En todo caso conviene recordar que existe una distancia entre objetivos ideales de las elecciones y resultados alcanzados en la aplicación de cada sistema electoral concreto. Muchas veces se registran desviaciones o distorsiones de desigual entidad, que motiva que en ocasiones se hable de patologías de un sistema electoral, como si estas tuvieran un origen externo al sistema. La realidad muestra que tales anomalías que acompañan al sistema electoral, son consustanciales al mismo, porque los defectos compensaban las ventajas del sistema electoral, elegido. En efecto, la adopción de un sistema electoral u otro no es indiferente.

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Los cambios de ley electoral, como los de una Constitución no son inocentes: detrás de cada propuesta existe una «cocina electoral» con intereses específicos, como se puede comprobar al estudiar las diferentes coyunturas políticas en las que se producen los cambios de sistema electoral. Desde una perspectiva más concreta, el legislador concibe el sistema electoral como una manera de reforzar uno de los aspectos que caracterizan los sistemas parlamentarios. • Por un lado, la necesaria acción de un gobierno fuerte que, por imperativos de eficacia, debe estar apoyado en una mayoría parlamentaria, así mismo sólida. • Por otro, la deliberación de un parlamento que refleje de la forma más precisa posible, la fuerza real de las distintas corrientes de opinión. Quienes ponen el énfasis en una mayor equidad en la representación, tienden a adoptar sistemas de representación proporcional, mientras que quienes subrayan la eficacia de la acción de gobierno, propugnan sistemas mayoritarios.

2.2. Evolución y rasgos básicos de los elementos fundamentales de los sistemas electorales Entendidos los sistemas electorales en sentido estricto, sus tres elementos esenciales son el voto, el ámbito territorial donde se emite el sufragio y la fórmula de reparto de los votos en escaños. Estos han variado especialmente en el siglo XX, como consecuencia de la presión de diversos sectores sociales empeñados en hacer realidad el viejo principio liberal «un hombre, un voto». Así mismo han influido las presiones políticas concretas, en sentido opuesto, para lograr la exclusión de esa amplia gama de sectores sociales a los que se quería o se quiere otorgar una representación aunque sea minoritaria. La representación de las minorías, es objeto de debate entre otras razones porque pueden dificultar uno de los objetivos prioritarios de la democracia, como es el de la gobernabilidad. Su influencia puede ser decisiva cuando no hay un gobierno mayoritario, pero esta se puede transformar en chantaje cuando esos grupos no son leales a la nación. En todo caso, el voto o sufragio es el elemento que vertebra el sistema electoral dado que sus características esenciales de ser libre, igual, secreto y universal, se extienden al fun-

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cionamiento de los demás elementos del sistema y por ello se analiza en profundidad. El voto como el elemento que en su larga y compleja evolución ha sido utilizado tanto para garantizar la presencia exclusiva de sectores de la burguesía, el sufragio censitario en función de criterios económicos y culturales, como después para garantizar la igualdad política a los diversos sexos, razas y grupos sociales con el objetivo de lograr el sufragio universal. Es conocida esta evolución, y el ejemplo del reconocimiento de los derechos políticos a las mujeres ilustra perfectamente lo que ocurrió en este proceso a los demás grupos sociales. Este se caracteriza porque su reconocimiento es desigual en el tiempo y desde un punto de vista territorial. En los países nórdicos este se produce antes porque hubo un tránsito muy rápido desde formas medievales a democráticas y más lento en países con más tradición liberal (Gran Bretaña y Suiza). En ocasiones no es un proceso de reconocimiento inmediato, sino que varía en su alcance: es frecuente que se reconozca primero el sufragio pasivo y para elecciones consideradas secundarias, como las locales, para después extenderlo al sufragio activo y a las elecciones políticas, tal como ocurriera en España y en otros muchos países, como en Suiza. En la actualidad vemos que esta tradición se mantiene, como en Kuwait, donde primero se ha otorgado a las mujeres el sufragio pasivo. En todo caso, los procesos son complejos y tienen diversos efectos. Tomando como ejemplo la variable sexo entre las características actuales de las elites políticas, cabe señalar las siguientes características en Europa: como consecuencia de los cambios sociales y políticos de los últimos años, que atenúan el alcance de los valores tradicionales respecto a etapas anteriores (edad, sexo, religión, etc.) se advierte como las mujeres hoy tienen un comportamiento electoral menos diferenciado. Además, el porcentaje de mujeres candidatas y elegidas se ha ido incrementando progresivamente; las elegidas son más instruidas y tienen un estatus social más elevado: sus recursos económicos, sociales y culturales son más altos, aunque su importancia varía según los partidos, ya que estos recursos se pueden suplir a través de las vías de acceso partidista, de la carrera política. Pero cuando su presencia se generaliza, estos rasgos diferenciados tienden a desaparecer. Que el pueblo elija a sus representantes para la Cámara o Cámaras parlamentarias es el fin inmediato que persigue la celebración de unas elecciones generales. La representación política moderna es una «representación electiva», es decir, las elecciones son el medio necesario para el estableci-

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miento de un sistema político representativo. Las elecciones cumplen además un papel en la representación política equivalente al de la revocación en la representación jurídica, según el cual el pueblo-elector lleva a cabo la reelección o la renovación de sus representantes, gracias a las elecciones celebradas periódicamente. No podemos olvidar, sin embargo, la existencia en la relación representante-representado de una instancia intermedia fundamental: los partidos políticos. El desarrollo de los partidos en la fase del sufragio universal ha transformado profundamente el hecho de la elección y la doctrina de la representación, alterando así el proceso de elección de los gobernantes por los gobernados, mediante la introducción de esta instancia intermedia, que da lugar a un doble mandato del elegido: el de sus electores y el de su partido. La existencia de partidos políticos perdería su razón de ser, dentro de los regímenes representativos pluralistas, si no lograran cumplir la función de canalizar y transmitir hasta las esferas de poder la demanda social de los diversos sectores de opinión. Pero dicha función se traduce prácticamente en la búsqueda, por parte de los partidos, de un apoyo popular a través de las elecciones. Es decir, la dimensión de servicio a la comunidad que han de cubrir no se puede deslindar de aquella que podríamos llamar de instinto de supervivencia de la organización-partido, cuyo peso específico dentro de la vida política, e incluso su propia existencia, depende del resultado que obtenga en los comicios. Conviene recordar que las elecciones son el procedimiento por el cual el pueblo, el electorado, delega la soberanía de la que es titular pleno en unos órganos representativos, compuestos por personas elegidas que durante su mandato asumirán la difícil misión de ser la voz y la voluntad del pueblo y, como tales, responsables igualmente de su protagonismo. Personas, eso sí, vinculadas o encuadradas mayoritariamente en partidos políticos, en cuya línea deben actuar, pero cuyo papel supera frecuentemente el de meros hombres de partido, para protagonizar fenómenos de liderazgo y personalización democrática de la vida política y del poder. En algunos países nos encontramos en la actualidad ante situaciones donde los partidos políticos han dejado de ser «transmisores» para convertirse en auténticos protagonistas del proceso electoral. En efecto, si analizamos detenidamente cualquier proceso electoral democrático, podemos distinguir dos momentos de elección: una pre-elección, que tiene lugar en el seno de los partidos con el fin de nominar a los candidatos del partido, y una elección, que tiene lugar en los colegios electorales con el fin de que el pue-

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blo elija a sus representantes. Se plantea el problema de que las nominaciones de los partidos, en las que no suele participar el electorado y normalmente tampoco la base del partido, en ocasiones se convierten en la elección decisiva; la pre-elección pasa así a ser la elección real, en tanto que el elector se limita a apoyar con su voto la elección realizada previamente por el partido. De aquí nuestro interés en considerar algunos aspectos de la pre-elección. La normativa electoral, y en algunos casos la propia legislación constitucional, es la encargada de establecer las condiciones de elegibilidad, es decir, las condiciones y requisitos que ha de cumplir un ciudadano para ser candidato en unas elecciones. Estas normas pueden tener muy variado carácter y, de hecho, cada legislador ha previsto unas condiciones diferentes. Resulta significativo que estas normas no contemplen, por lo general, a los partidos políticos como elementos que mediatizan en la nominación de los candidatos. Nos encontramos ante la realidad un tanto contradictoria al constatar que cuando de facto son los partidos los principales responsables de las nominaciones, de iure no se les atribuye dicha función1. La variedad de situaciones existente se encuentra entre dos casos límite. Algunas legislaciones establecen únicamente un requisito de edad y el pago de una fianza que es devuelta en caso de que el candidato alcance un número de votos determinado previamente por la ley2. En el otro extremo, se llega a exigir que sean los partidos quienes presenten a los candidatos3. La mayor parte de las democracias occidentales se mueven dentro de una situación intermedia, exigiéndose como requisito formal que cada candidato esté apoyado por un cierto número de electores4, e incluso otras formalidades adi1 Recordemos que nos estamos refiriendo a la pre-elección en el interior de los partidos políticos. A pesar de todo, encontramos excepciones como, por ejemplo, la legislación austriaca y la norteamericana. 2 La Constitución de la República Irlandesa establece que «Todo ciudadano sin distinción de sexo que haya alcanzado la edad de 21 anos, y que no incurra en las situaciones de incapacidad establecidas por esta Constitución o por ley, será elegible como miembro del Dail Eireann» (art. 16.1.10). La Ley Electoral estipula que cualquier persona puede presentarse como candidato, debiendo depositar una fianza de 100 libras, que le serán devueltas si obtiene un número de votos igual o superior a 1/3 de la cuota electoral (arts. 20 y 21 del Electoral Act de 1963). 3 La legislación austriaca sólo acepta los candidatos presentados por partidos políticos, exigiendo además que la lista del partido esté suscrita bien por un número de firmas (entre 200 y 500, según la población del Land), bien por tres o más diputados de la legislatura anterior, exigencia ésta que busca descalificar a los partidos excesivamente pequeños 4 La «Ley Orgánica de la Cámara de Representantes» de Finlandia señala que cualquier ciudadano con derecho de voto es también elegible (art. 7). Pero la legislación finlandesa prevé la formación de unas «Asociaciones de votantes», grupos de al menos 30 ciudadanos con derecho de voto que se constituyen fir-

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cionales5. También hay legislaciones que, aunque establecen que las candidaturas sean presentadas por los partidos políticos, suavizan la norma, permitiendo a los electores presentar listas no partidistas mediante el procedimiento de recoger un cierto número de firmas de presentación6. No obstante, frente a esta variedad de situaciones contenidas en las reglas de juego o de iure, nos encontramos ante una única situación de facto: la selección de los candidatos que van a tomar parte en unas elecciones tiene lugar en el seno de los partidos políticos y siguiendo los procedimientos, más o menos centralizadores, que establezcan sus estatutos. Siendo realistas, hemos de aceptar que cualquier normativa que prevea la elección de los candidatos por los propios electores7, no suele ser más que una pretensión de añadir un barniz democrático a la designación del partido. No debemos, sin embargo, despreciar estas normas por inútiles, pues permiten la entrada en el juego electoral a personalidades independientes, e incluso en algunos casos a grupos políticos no legalizados8. La elección de los candidatos por los partidos, que hemos venido llamando pre-elección, comporta decisiones distintas en función del sistema electoral en cuyo marco se lleve a cabo. Así, en un sistema de escrutinio mayoritario uninominal, los partidos habrán de decidir quién va a ser su candidato en cada circunscripción electoral; mientras que en un sistema

mando un documento-tipo que ha de presentarse dentro de un plazo determinado ante la Junta Electoral Central. Cada una puede nominar a un candidato. La legislación belga exige la necesidad de que cada candidato esté respaldado por las firmas de un número determinado de electores de su circunscripción, que varía entre 200 y 500, según el tamaño del distrito. Se exigen 500 firmas en el distrito de Bruselas, 400 en los de Lieja, Amberes, Gante y Charleroi, y 200 en los restantes 5 La «Ley Orgánica de la Cámara de Representantes» de Finlandia señala que cualquier ciudadano con derecho de voto es también elegible (art. 7). Pero la legislación finlandesa prevé la formación de unas «Asociaciones de votantes», grupos de al menos 30 ciudadanos con derecho de voto que se constituyen firmando un documento-tipo que ha de presentarse dentro de un plazo determinado ante la Junta Electoral Central. Cada una puede nominar a un candidato. La legislación belga exige la necesidad de que cada candidato esté respaldado por las firmas de un número determinado de electores de su circunscripción, que varía entre 200 y 500, según el tamaño del distrito. Se exigen 500 firmas en el distrito de Bruselas, 400 en los de Lieja, Amberes, Gante y Charleroi, y 200 en los restantes 6 Esta posibilidad se utilizó en Italia, hasta las reformas de los años noventa. 7 En Finlandia (véase nota 5), la elección de los candidatos se hace en el seno de los partidos, que posteriormente reúnen 30 firmas con el fin de formar una «Asociación de votantes» que nomine a cada uno de los candidatos del partido. 8 Por ejemplo, las candidaturas madrileñas «Frente por la Unidad de los Trabajadores», «Trabajadores de Madrid» y «Candidatura de Unidad Popular» en las elecciones constituyentes de 1977.

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de representación proporcional, los partidos habrán de tomar dos tipos de decisiones: la relativa a quiénes van a ser incluidos en sus listas y el orden en que aparecerán en ellas, situación ésta que tiende a concentrar poder en manos de los partidos, en la medida en que los «cabeza de lista» tienen mayores posibilidades de ser elegidos. Pero evitemos caer en afirmaciones simplistas. El orden de prelación de los candidatos en el interior de cada lista no siempre permite prever quiénes van a ser los candidatos elegidos9, pues han de tenerse en cuenta otras variables del sistema que despojan al orden de colocación de parte de su importancia: en los sistemas de voto preferencial transferible10 o no transferible11, el orden en que aparecen los candidatos en la lista carece de significación teórica, por lo que, o bien se establece un orden alfabético12, o bien se realiza por sorteo13. Sin embargo, cuando el sistema es de lista bloqueada14, nos encontramos ante una situación diametralmente opuesta: el orden de prelación de los candidatos en la lista define a priori quiénes tienen mayores posibilidades de ser elegidos. Hemos considerado la posible significación del orden en que son presentados los candidatos en las listas electorales, olvidándonos por un momento de un paso que es previo, y que es tema fundamental de la pre-elección: la elección de los candidatos de un partido, el quiénes van a ser éstos. Como indicamos anteriormente, la designación de los candidatos se realiza normalmente en el seno del partido de acuerdo con sus estatutos o costumbres, siendo raros los casos en que el legislador interfiere en esta tarea tradicionalmente partidista creando una normativa ad hoc. Los métodos adoptados por los partidos políticos para la selección de sus candidatos son variados, cubriendo un amplio espectro de posibilidades, que podemos, sin 9

En las elecciones austriacas para el Bundesrat, se sabe desde el momento de ser hechas públicas las listas de los partidos quiénes serán el 90 por 100 de los miembros del futuro Parlamento. La elección sólo es decisiva para un reducido número de candidatos. 10 Sistema utilizado en la República de Irlanda, la República de Malta y Australia. Los escaño se distribuyen en función de las preferencias manifestadas por los votantes de cada distrito entre los nombres de una lista única en la que se incluyen los candidatos de todos los partidos concurrentes a la elección, junto a candidatos independientes, presentados todos según un orden alfabético. 11 Sistema utilizado en los cantones helvéticos. Los votos individuales se computan para el partido en cuyo nombre se presentan los candidatos, pero el orden de prelación dentro de la lista de cada partido queda establecido en función del número de votos obtenido por cada candidato. 12 Es el caso, por ejemplo, de las listas de candidatos en la República de Irlanda (véase nota 11). 13 En Finlandia, por ejemplo, se sortea el orden en que los candidatos aparecerán en la lista. 14 Lista que es votada tal como la presenta el partido, sin que el elector pueda introducir otros nombres ni hacer cambio alguno en el orden de candidatos establecido.

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embargo, reunir en tres grandes grupos: a) Algunos partidos forman sus listas mediante la designación desde las instancias dirigentes15, haciéndose la elección por un reducido grupo de militantes en la cabeza del partido y sin debate con la base. b) Un segundo método es la elección de los candidatos por una Convención de representantes del partido16. En este caso son los afiliados quienes designan a los candidatos, bien directamente en Asambleas Generales, bien indirectamente enviando delegados a un Congreso Nacional, sistema éste más generalizado. En la práctica, los representantes en la Convención sólo suelen deliberar sobre los candidatos más significados y se limitan a corroborar la lista que el partido ha preparado para el resto de los candidatos. c) Finalmente, el método que supone una consulta más amplia a la base es el de las elecciones primarias17, pues son los afiliados al partido, o los propios votantes, quienes eligen a los candidatos. Este sistema está casi completamente generalizado en Estados Unidos, pero dada la magnitud del cuerpo electoral del país, surge la necesidad de hacer la elección primaria en dos fases, convirtiéndose así en una elección indirecta: los «afiliados» o los votantes que lo deseen, según las variantes, eligen a unos compromisarios

15 Es el método utilizado, por ejemplo, por el Partido Comunista Belga. Para ser candidato por el P. C. B. se exige ser militante, lo que implica el haber sido aceptado por el Partido a propuesta de algunos afiliados y tras haber examinado detenidamente su historial. Además no es el militante quien propone su candidatura, sino el Partido quien le elige con toda libertad. Los candidatos así designados tienen que firmar una carta de dimisión en blanco que será conservada por el Partido; deben aceptar que la dieta que les corresponde como parlamentarios, caso de ser elegidos, sea abonada al Partido, quien, a su vez, pagará un salario a «sus» parlamentarios. 16 En la República de Irlanda, por ejemplo, son las organizaciones locales del partido en cada distrito electoral quienes tienen la iniciativa real para la nominación de candidatos que se seleccionan en Convenciones de distrito, compuestas por representantes de cada sección del partido, quienes proponen nombres y los votan. La Ejecutiva Nacional juega, no obstante, un papel importante: decide cuántos candidatos se presentarán en cada distrito, cuestión que en el contexto del sistema electoral irlandés es de gran trascendencia si se quiere obtener el máximo rendimiento de la fuerza del partido en la circunscripción. En segundo lugar, el presidente de las Convenciones es nombrado por la Ejecutiva Nacional, y ha de procurar limar diferencias entre los representantes de las secciones al tiempo que cumplir los deseos de la Ejecutiva. Finalmente, las nominaciones aprobadas en cada Convención han de ser ratificadas por la dirección de Dublín, que puede añadir nombres, aunque rara vez se haga uso de esta facultad para no correr el riesgo de que las secciones locales lo interpreten como una ingerencia centralista. En los partidos más pequeños la decisión de presentar un candidato depende por completo de la sección local, siendo normalmente el tema de los fondos disponibles el factor determinante de la decisión. 17 Es el método utilizado en la mayor parte de los Estados de Estados Unidos y en Europa por el Partido Social-Demócrata Finlandés, e. g., que es el único de su país que en la actualidad celebra con regularidad elecciones primarias para nominar sus candidatos a las elecciones parlamentarias y municipales. Son elecciones primarias cerradas, pues sólo participan los afiliados al partido.

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que, en un segundo momento, elegirán a los candidatos. Entre los sistemas de elecciones primarias, se pueden distinguir dos grandes variantes: las elecciones primarias abiertas, que son aquellas organizadas como una elección propiamente dicha, en la que puede participar todo el cuerpo electoral para seleccionar a los candidatos de uno u otro partido, sin que se produzca ningún control por parte del aparato del partido. La inscripción para participar depende solo del elector que decide inscribir a tal efecto. Este hecho y otros factores, como que la financiación de los contendientes depende de ellos y no del partido, hacen que la utilización de las llamadas elecciones primarias por partidos europeos para seleccionar a sus líderes, sean un mero sucedáneo de las verdaderas elecciones primarias norteamericanas. La segunda variante son las elecciones primarias cerradas que reconocen sólo a sus «afiliados» el derecho a votar las candidaturas y el lugar de los candidatos en la lista. De todas formas, hemos de advertir que el carácter democrático de estos métodos de selección de candidatos no depende demasiado de los estadios de participación formal de la base. Sabidas son las posibilidades en poder de los órganos de dirección de los partidos de cara a influir en la dinámica de Asambleas, Convenciones o Congresos, hasta llegar a convertirlos en exclusivamente para ratificar. También es discutible el carácter democrático de las elecciones primarias norteamericanas. Existen toda una serie de factores que además inciden de hecho en estos procesos de selección, facilitando en mayor o menor grado la intervención de las organizaciones. La intensidad de la intervención de los partidos en el proceso de selección de candidatos depende, pues, de multitud de variables que además se pueden combinar de muy diversa forma entre sí. Señalemos las principales. En primer lugar juega la amplitud del cuerpo electoral que históricamente va unida a un determinado tipo de partido. En la fase del sufragio censitario, con un censo reducido de votantes y partidos de cuadros, la intervención de los notables era muy amplia, hasta el punto de que a veces eran ellos mismos quienes se proponían como candidatos al partido. La relación candidato-electores estaba facilitada por el sistema censitario, y la personalidad de los candidatos y sus clientelas predominaban sobre los partidos aún embrionarios. En la fase de sufragio universal aparecen los partidos de masas y aumenta el papel de la organización-partido en la selección de candidatos, entre otras razones porque se desvirtúan las relaciones directas elector-candidato.

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En segundo lugar interviene el tamaño de las circunscripciones. En las grandes, aumentará la influencia de los partidos, al despersonalizarse los contactos entre elegibles y electores y al incrementarse el coste de la elección, difícil de soportar por candidatos individuales sin apoyo fuerte de los partidos u organizaciones. Por el contrario, en circunscripciones pequeñas seguirán primando las relaciones personales y de clientela. Por tanto, la influencia de los partidos en la pre-elección es directamente proporcional al tamaño de los distritos. Finalmente, el tipo de escrutinio. Como regla general, los sistemas de representación proporcional aumentan la influencia del partido sobre las candidaturas, mientras que los mayoritarios —sobre todo si son a varias vueltas— favorecen la libertad de los candidatos. Por otro lado, todo escrutinio de lista propicia en mayor grado que el uninominal la superioridad del partido. Estos factores, y alguno más que podrían señalarse, solos o combinados entre sí, determinarán el grado de intervención de los grupos políticos en la fijación de las candidaturas. Todos ellos están establecidos por las normas electorales, aunque también influyan elementos históricos y de mentalidad18, así como el tipo de estructura interna del partido. Las leyes electorales contemplan de forma especial la relación electorcandidato-partido. Las diferentes legislaciones han resuelto la cuestión de muy diversa forma, pero, en definitiva, siempre depende de que el sistema ponga mayor énfasis en el aspecto partido o en el aspecto candidato de la elección. En un extremo se hallaría el sistema de lista cerrada y bloqueada, y en el otro extremo el del panachage sin limitación alguna19. Así que, puntualizados los límites, vamos a intentar a continuación examinar una tipología de casos recogidos por la legislación electoral contemporánea. — Sistema de lista cerrada y bloqueada20. Dentro de él, no se le reconoce al votante ninguna posibilidad de expresar sus preferencias en favor de determinados candidatos, sino que, por el contrario, su papel se reduce a votar a la lista de un partido, tal y como éste la ha presentado21. No obstante, junto al «modelo puro» de listas bloqueadas, 18 Pensemos, por ejemplo, en el caso británico, donde legalmente no hace falta presentación de candidatos por el partido, pero donde no existen de hecho candidatos independientes. 19 Es el caso de la «lista manuscrita» Suiza. 20 Lo denominamos así a efectos de una mayor claridad, aunque no deja de ser una redundancia: toda lista bloqueada es también cerrada. 21 Este es el caso contemplado por la legislación portuguesa, así como por el Real Decreto Ley de 183-1977 que regula las elecciones españolas desde las de 1977 y que pasa a le ley electoral en 1985.

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puede existir alguna variante, como la de presentar al elector varias listas por un mismo partido, y aunque el voto se computa para el partido, los escaños por él obtenidos se distribuyen entre las listas que logran mayor número de sufragios (caso sueco): una modalidad que permite que afloren abiertamente en el proceso electoral las diversas corrientes de los partidos. — Sistema de lista cerrada y no bloqueada (lista flexible). Aquí el elector posee la facultad de intervenir en la fijación del orden de prelación de los candidatos en el interior de la lista por la que vota, a través de diversos mecanismos mediante los cuales, al tiempo que emite el voto, expresa sus preferencias22 con respecto a algunos candidatos. Este voto preferencial23 puede aplicarse para el conjunto de candidatos que integran la lista o bien para una cierta parte de éstos, normalmente en proporción a la amplitud de la lista o, lo que es lo mismo, al tamaño del distrito24. También puede ocurrir que para que los votos preferenciales tengan una traducción práctica, se exijan unos requisitos difíciles de cubrir normalmente, y que, por tanto, los inutiliza25. — El voto acumulado. Se da en aquellos sistemas que otorgan al elector hasta tantos votos como escaños hay que proveer, con la peculiaridad de que puede concentrar o «acumular» varios votos —o incluso todos— en el mismo candidato, según las legislaciones. Puede utilizarse tanto en los sistemas mayoritarios como en los de representación proporcional. Asimismo, su aplicación puede estar admitida 22 Puede hacerlo marcando unos nombres (con una cruz en el respectivo cuadro, subrayándolos, etc.), como es el caso de Bélgica o Italia, o bien tachando otros, como en Suiza o Noruega. Si no se desea cambiar el orden presentado por el partido, no se hace ninguna anotación especial, o se señala al cabeza de lista (Bélgica, e. g.). 23 También llamado «voto preferente» o «voto de preferencia». Aunque la acepción más específica de este término se refiere al voto dentro de listas cerradas y no bloqueadas, en adelante lo utilizaremos en sentido más amplio, como equivalente a voto que expresa las preferencias del elector respecto de los candidatos, al margen de su orientación hacia una determinada lista. 24 Por ejemplo, en las elecciones legislativas para el Congreso de Diputados italiano, desde 1947 hasta los años noventa, el elector puede indicar hasta tres nombres en aquellos distritos a los que corresponde un número de diputados no superior a 15, y hasta cuatro nombres en el resto de los distritos. 25 En Noruega, para que se pueda alterar el orden de prelación establecido por el partido es necesario que así lo exprese la mitad de sus votantes. En los Países Bajos, sólo se aplica el voto preferencial a favor de los candidatos que obtengan un numero de votos igual o superior a la mitad de la cuota de lista (= N.o de votos obtenidos por la lista /N.o de escaños).

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sólo para candidatos pertenecientes a una misma lista (modalidad, pues, de voto preferencial con lista cerrada y no bloqueada) o bien para todo candidato, cualquiera que sea la lista a que pertenezca (modalidad de panachage, como veremos a continuación). Convencionalmente se atribuye al sistema de voto acumulado la función de posibilitar una cierta representación de las minorías26. — El voto único transferible. Este sistema otorga al elector un voto único, pero invitándole a establecer el orden de sus preferencias respecto de los candidatos que aparecen en la lista electoral, que es una sola por distrito. El elector no está obligado a manifestar más de una preferencia, pero puede manifestar tantas como candidatos haya en la lista, siempre que siga la serie completa de números naturales. El voto así emitido es «transferible» en cuanto que puede ser transferido de una preferencia a la siguiente en caso de que el voto no sea ya necesario para que la primera preferencia obtenga el cociente electoral necesario para lograr el escaño, o si la primera preferencia manifestada ha obtenido tan pocos votos que es eliminada de la distribución de escaños. Los votos son clasificados conforme a las primeras preferencias, y los candidatos que hayan alcanzado o sobrepasado el cociente electoral27 son declarados elegidos. Pero, como normalmente del primer cálculo no surgen suficientes candidatos que lleguen a dicho cociente, se procede a transferir votos en cálculos sucesivos hasta que todos los escaños sean adjudicados, empezándose por la transferencia de los votos «excedentes» de los candidatos ya elegidos28. En caso de quedar escaños por adjudicar y haber sido distri26

Sistema usado en Inglaterra entre 1870-1902. Actualmente existe, en Suiza, bajo ciertas condiciones, y en Luxemburgo, aunque no se pueden acumular más de dos votos en un mismo candidato. 27 El método fue inventado por Thomas H. Axs en 1857, aplicándolo con el hoy en día llamado cociente electoral Hare, que se expresa con la siguiente fórmula: Número de votos válidos emitidos Q= Número de escaños a distribuir Posteriormente, en 1869, H. R. Droop propondría un nuevo cociente electoral, que sería el menor número de votos necesario para otorgar todos los escaños a distribuir en el distrito, siendo a la vez un número lo suficientemente elevado para evitar que alcancen el cociente más candidatos que escaños haya disponibles. El cociente electoral Droop se expresaría, por tanto, con la fórmula matemática que sigue: Número de votos válidos emitidos Q =+ 1, Número de escaños a distribuir + 1. El cociente Droop utilizado en la República de Irlanda, e. g. 28 Son los votos en que el candidato elegido supera el cociente electoral. Estos votos se distribuyen entre las segundas preferencias transferibles, siguiéndose la proporción manifestada en el total de los votos recibidos por el candidato ya elegido, buscándose así el evitar toda posible arbitrariedad respecto de «cuáles» son los votos que han de ser transferidos.

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buidos todos los «excedentes» transferibles, el candidato con menor número de votos es eliminado y sus votos son redistribuidos en función de la segunda preferencia de sus electores. El proceso continúa hasta que quedan adjudicados todos los escaños del distrito. Este sistema, de enorme aceptación en los países anglosajones, es considerado como uno de los métodos de Representación Proporcional que mejor recoge los deseos de los votantes con respecto a los candidatos, si bien es contestado en algunos sectores por las enormes complicaciones que comporta la sofisticación del recuento. — El «panachage» o voto combinado: Con este sistema el elector puede incluir en su papeleta candidatos de diferentes listas, o dicho en otras palabras, se pueden combinar candidatos de listas libres (no cerradas ni bloqueadas). Su utilización podría llevar, teóricamente, a alterar la propia naturaleza del sistema de lista, imprimiéndole una flexibilidad que le aproximaría a un sistema de voto único transferible, aunque sus efectos reales son, de hecho, muy diferentes. Como ya hemos visto, hay países que practican el sistema de «panachage» combinado con el de voto acumulado, como Suiza y Luxemburgo. Veamos ahora las probables consecuencias de utilizar los diversos sistemas, a efectos de comportamiento político. Aunque todos los sistemas de lista refuerzan las tendencias oligárquicas de los partidos, no es difícil detectar que los de lista bloqueada o cerrada conducen a una mayor concentración de poder en manos de éstos y a una clara preponderancia sobre los candidatos. Gran parte de la lucha por los escaños se traslada de las urnas al interior de los partidos, lo que propicia una mayor organización y disciplina interna, dado que cualquier «desviación» respecto de la ortodoxia del partido puede provocar el fin, de la carrera política de un parlamentario. Por el contrario, los diferentes sistemas de voto preferencial proporcionan a los candidatos un mayor peso dentro de sus respectivas formaciones políticas. Convencionalmente parece estar aceptada la creencia de que la introducción de elementos preferenciales en el voto del elector asegura una más libre expresión del sufragio y consolida el carácter representativo de los elegidos. Pues bien, es menester cuestionar afirmaciones tan simples y descubrir el resto del juego político que esconde este mecanismo. Estudios electorales realizados en diversos países con sistemas de lista cerrada y no bloqueada demuestran que, al menos en las legislativas, la mayor parte de los electores vota a listas tal y como son presentadas por los partidos, y sólo aplica el voto preferencial

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en las elecciones locales. Las razones de este comportamiento son ciertamente diversas, pero quizás una de las de mayor peso sea el que los votos preferenciales, salvo si son obligatorios, como es el caso de Irlanda, rara vez contribuyen a modificar el orden establecido por el partido. La tendencia del electorado a votar a los candidatos en el orden establecido en la lista se corrobora por la experiencia de aquellos sistemas en que los partidos no fijan a priori un orden de prelación de sus candidatos, sino que sus nombres aparecen ordenados alfabéticamente29. Por otra parte, y también en contra de lo que pudiera pensarse en un principio, el voto preferencial en los sistemas de lista cerrada y no bloqueada puede no reducir, sino reforzar el papel a jugar por el aparato formal del partido. El voto preferencial, cuando se utiliza, tiende a aplicarse para un número muy reducido de candidatos, que suelen ser los dirigentes del partido o de sus organizaciones paralelas. Es un arma en la confrontación entre líderes o corrientes, y cuanto mayor es la pugna dentro del partido, más se utiliza el voto preferencial; pero está demostrado que pocas veces reporta beneficios para los candidatos disidentes o representantes de tendencias minoritarias. Se detecta igualmente un mayor uso del voto preferencial en aquellas zonas subdesarrolladas de baja cultura política, más proclives a fenómenos de clientelismo30. En cuanto al panachage, es decir, al voto que mezcla candidatos de varias listas, diremos que «el voto a favor del partido tiene importancia primordial y es relativamente pequeño el número de electores que se aparta de las listas de éste, especialmente si el resultado no beneficia al candidato individual, sino a otro partido». El sistema de panachage está sujeto, por otra parte, a efectos coyunturales difícilmente previsibles, por lo que sus resultados pueden suponer importantes distorsiones en el sistema de partidos; como caso comprobado, indiquemos en este sentido la experiencia noruega del voto femenino (feminista) en favor sólo de candidatos-mujeres de los diversos partidos, lo que constituyó en parte la razón de que se suprimiera el sistema de panachage en 1975. Otro procedimiento, no estrictamente preferencial, pero que aporta interesantes matices, es el del mal llamado sistema mixto vigente en Alemania.

29 Basil Chubb ha demostrado que en Irlanda existe una distorsión alfabética entre los diputados que favorece a aquellos candidatos cuyos apellidos empiezan por las primeras letras del alfabeto (Chubb, B, 1970). 30 Cazzola, F. 1975.

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La mitad de los miembros del Bundestag son elegidos por escrutinio mayoritario uninominal simple, y la otra mitad por escrutinio de representación proporcional de lista a nivel de Land. Cada elector puede emitir un «doble voto»: uno a favor de un candidato en la circunscripción uninominal respectiva, y otro a favor de una lista de partido en cada Land. Normalmente, este doble voto se orienta hacia el mismo partido, pero la peculiaridad del sistema deja abierta una posibilidad para que el elector oriente sus votos en sentido diferente, reflejando fenómenos de liderazgo y de personalización del poder31. La formación de alianzas electorales entre partidos depende normalmente de la decisión de los respectivos órganos dirigentes, lo que obliga a los electores a orientar su voto en función de acuerdos que le vienen impuestos. El grado de libertad del elector se reduce así una vez más en favor de los partidos, aunque en este caso tenga como contrapartida conseguir el mayor número posible de «votos útiles», reduciendo al mínimo los votos perdidos y favoreciendo la obtención de escaños. A su vez, la libertad del partido para establecer alianzas se ve limitada por la incidencia de diversas variables, como pueden ser: el modo de escrutinio, el sistema de partidos, el nivel de implantación territorial de los partidos, la propia dimensión de éstos en relación con otros ideológica o estratégicamente afines, el carácter expreso o tácito con que se lleven a cabo, o las pretensiones de la propia alianza. La más decisiva de estas variables quizá sea el sistema de escrutinio. En efecto, los sistemas mayoritarios, especialmente si son a dos o más vueltas, inducen en general a la formación de alianzas. Por el contrario, el sistemas de representación proporcional es un tipo de escrutinio que tiende a dar a cada partido mayor autonomía electoral, por lo que teóricamente la aplicación de la R. P. integral es contraria a las alianzas electorales; si éstas se establecen es debido a los correctivos y degeneraciones que algunos sistemas presentan, que, al reducir la capacidad de acción de los pequeños partidos, potencian las coaliciones de lista y los «emparentamientos»32. La eficacia de las alianzas también está muy relacionada con otro tema fundamental,

31 Un caso, en concreto, fue el protagonizado por Willy Brandt, que, a escala de su circunscripción, obtenía mayor número de votos que el partido Social-Demócrata. 32 El emparentamiento consiste en permitir a dos o más listas de partidos o agrupaciones electorales hacer una declaración previa a la elección por la que se alían» o «emparentan», lo que equivale a declarar que los votos de cada lista no utilizados sean usados en beneficio de las otras listas, y tiene como resultado que las listas así emparentadas formen una única lista para el reparto de escaños en un determinado nivel de la distribución.

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como es la «disciplina de voto» de los electores33. En un principio, y a medida que se extiende el derecho de sufragio o se demanda su aplicación, se generalizan las discusiones en torno a la delimitación territorial de los distritos y los mecanismos para asignar los puestos de la representación. Inicialmente y hasta finales del siglo XIX, y por la identificación con el principio de la representación nacional, fundamentalmente (ya que Inglaterra utilizaba este sistema desde la Edad Media) de que la voluntad de una parte del electorado vinculaba por derecho a la totalidad, se utilizan fórmulas de atribución de escaños basadas en sistemas de representación mayoritaria, que implícitamente anula los votos de la minoría. Así pues, los sistemas electorales comenzaron siendo mayoritarios hasta que el desarrollo de la sociedad liberal introdujo el escrutinio proporcional, en muchos casos para frenar el avance de los adversarios políticos cuando se extiende el sufragio, como veremos después. Las fórmulas podían tener lugar en colegios uninominales o plurinominales, con mayoría relativa o absoluta. Inicialmente, los distritos electorales, siempre eran uninominales, es decir, en los que se elegía un solo escaño y junto con las fórmulas de representación mayoritaria ocasionalmente se han podido usar «perversamente» para limitar la representación de algunos sectores sociales o de algunas razas. También a veces se han utilizado de forma inadecuada al diseñar los distritos o al no redistribuirlos como consecuencia de cambios de población, debidos a factores bélicos, socioeconómicos o los debidos a la emigración laboral. El sistema mayoritario hace que el valor del voto varíe ostensiblemente en función del lugar donde se haya emitido y con frecuencia este valor llega a ser nulo cuando está orientado a candidaturas perdedoras. Sin embargo, es un defecto del que tampoco están exentos los sistemas proporcionales, ya que cuando operan en distritos pequeños (inferiores a seis escaños, tal como señalara Rae) también se pierden votos, es decir, la proporcionalidad es limitada. De lo anterior se desprende que una posible delimitación de distritos en términos poco equitativos puede provocar importantes distorsiones o pérdida de sufragios. Aparte de los desequilibrios algunos inevitables por razones técnicas, no resulta extraño que detrás de la fortuna del trazado se esconda la voluntad de favorecer una tendencia o partido, potenciando la posibilidad de que un determinado electorado se trans-

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Otros recursos posibles del elector que afectan a este tema son el «voto de protesta» y el «voto de eliminación».

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forme eficazmente en escaños dada la estructura censal de dicha circunscripción. Por otra parte la vieja reivindicación de distritos electorales iguales desde el punto de vista demográfico, referida sobre todo a los distritos uninominales (en Gran Bretaña) debe ser matizada ya que los distritos han de abarcar siempre un territorio coherente de intereses. En todo caso en los sistemas de escrutinio mayoritario se acentúa la necesidad de revisar periódicamente sus límites. Por el contrario, en los sistemas de proporcionales los límites de los distritos son más duraderos, aunque hay que ajustar el número de escaños que corresponde a cada distrito con la evolución demográfica. A veces el número de escaños a proveer no es fijo y por tanto la distribución en cada distrito estará en función del volumen de su población basada en una relación fijada con antelación (1 escaño por cada x n.o de habitantes). En otros casos hay un número fijo de escaños a proveer y se atribuye a cada distrito tantos escaños como veces su población contenga un cociente que resulta de dividir el número de habitantes de la nación por el número total de escaños. De ambas opciones surgen dos problemas de no poca importancia y de signo contrario. Por una parte al calcular el número de escaños con arreglo al volumen de población y no al censo electoral, se favorece a los distritos predominantemente rurales. Por otro lado, el fenómeno de los movimientos migratorios dentro de una misma nación, el trasvase de población de las zonas rurales y más pobres a las urbanas y ricas, provoca que las primeras se encuentren cada vez más subrepresentadas en el Parlamento, aunque todavía los parlamentarios representan al conjunto de la nación. Para evitar este desequilibrio de representación entre unidades administrativas o políticas de distinto peso demográfico, se ha acudido a veces a conceder un número mínimo de escaños para todos los distritos y atribuir el resto en función de la población (por ejemplo, en España desde el decreto ley de 1977, solución que se mantiene después en La Ley Orgánica de Régimen Electoral General). Otra opción que palía el desequilibrio antedicho consiste en establecer una segunda cámara que refleje la representación de las entidades territoriales en un plano de mayor igualdad, como ocurre con el Senado de Estados Unidos. En esta breve exposición de la evolución histórica de los elementos básicos de los sistemas electorales hemos visto como a lo largo del siglo XX se reformaron primero las prácticas políticas y después las leyes electorales, encaminadas a introducir garantías en todo el proceso electoral, reformas

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que en su mayoría se iniciaron en Gran Bretaña. ¿Cuáles fueron las soluciones planteadas para alcanzar los diversos tipos de representación y mayoría entre los distritos y fórmulas? En colegios uninominales, en los que solo se elige un representante, la mayoría se puede conseguir de cuatro formas: cuando un candidato alcanza un número de votos superior a los demás, esto es por mayoría relativa. Tradicionalmente fue utilizada en Inglaterra con excepción de que algunos distritos eran binominales al principio y que es aplicada hasta hoy en un casi insólito ejemplo de continuidad y estabilidad y cabe una variante con quórum que se extendió asimismo a antiguas colonias. Otra fórmula es la de mayoría absoluta, que algún autor vincula a una concepción orgánica de la sociedad, en tanto que los colegios electorales se considerarían como asambleas, cuyas decisiones exigen al menos el asentimiento de la mayor parte de sus miembros. Parece también significativa aquí la influencia de la Iglesia Católica, que desde la Edad Media practicaba estos usos. Con esta fórmula a diferencia de la anterior, no concluye la operación electoral, sino que exige nueva o nuevas elecciones, sujetas casi siempre a quórums y otras técnicas que actúan como barreras. Al final era proclamado electo. Para acelerar el proceso de sucesivas elecciones se ideó un sistema que permitía la transferencia de votos de un candidato a otro, como el voto alternativo en colegio uninominal, usado en alguna provincia de Canadá. Estas fórmulas también se aplican en colegios plurinominales, esto es, con lista, primándose a la candidatura mayoritaria (Italia durante el fascismo) o permitiendo una representación de las minorías por medio del voto limitado (II República y Senado actual en España). La aplicación de estas fórmulas mayoritarias desde un punto de vista político doctrinal se vincula a la idea de la representación política liberal de modo que los individuos capacitados y vinculados al poder por intereses representan a la nación. Mediante la combinación de los distritos pequeños, a veces con voto indirecto, y estas fórmulas mayoritarias se asegura una representación adecuada de la sociedad liberal que permite la alternancia de las opciones políticas dominantes, así como una práctica de gobierno marcadamente estable. Básicamente estas consecuencias de los sistemas de representación mayoritaria se mantienen en la actualidad aunque con matizaciones respecto a estos planteamientos políticos tradicionales, dado que la decisión mayoritaria había aparecido desvinculada del planteamiento democrático, aunque se introducía asimismo el dogma de la omnipotencia de la mayoría a la que se ha de someter la minoría, junto a otra ficción que permite la sustitución de la mayoría del electorado por la

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mayoría del pueblo. Tocqueville y S. Mill ya denunciaron estas ficciones, planteando al menos la posibilidad de que en algún momento las minorías pudieran convertirse en mayoría. Coincidiendo con este argumento, con la inestabilidad política derivada de la existencia de minorías en algunos países y con el proceso de extensión del sufragio en países culturalmente más homogéneos, se plantea como alternativa la introducción de mecanismos electorales que asegurasen la representación de estos sectores, entendido como una necesidad de justicia o de exactitud. Entre los primeros, el ya mencionado voto limitado, el voto acumulativo y el voto único no transferible; entre los segundos, el voto único transferible o sistema Hare muy parecido a una de las variantes antedichas y manifestación de la evolución lógica de estas fórmulas. Vinculadas a la filosofía de la Ilustración y a la utilización de métodos propios de las matemáticas y de las ciencias naturales se plantean diversas propuestas, para que otros formulen una propuesta concreta (1846) sobre el argumento de que en la Cámara las decisiones se aplican por mayoría: la mayoría supone el principio de proporcionalidad y ésta el de representación; en sus propios términos: «La decisión es el derecho de las mayorías; pero la representación es de todos los electores». A partir de aquí se abren debates en Europa, elaborándose sistemas practicables de representación proporcional tras un amplio desarrollo teórico y técnico, de modo que se advirtió como una idea misma pudo plasmarse en diversos países de modo independiente. En concreto se inicia en Dinamarca en 1885 bajo un sistema ideado por Hare; si bien hasta los últimos años del siglo no tiene mayores aplicaciones, utilizándose entonces fórmulas más simples de los matemáticos D’Hont y Hagenbach-Bischoff, estableciendo los procedimientos técnicos que permitieran garantizar el funcionamiento de la elección proporcional. En ocasiones sin embargo, la introducción de estos mecanismos trataron de asegurar la representación de las fuerzas políticas liberales y conservadoras ante el auge que en determinados países alcanzaban los sectores políticos progresistas, en lo que se considera la segunda fase de la difusión de la representación proporcional y que la sitúa temporalmente después de la I Guerra Mundial. No obstante, hay que recordar que ya a finales de siglo se insta a introducir estas fórmulas por las hasta entonces fuerzas hegemónicas para evitar ser excluidos del Parlamento (por ejemplo, liberales en Bélgica). En síntesis la representación proporcional trata de asegurar una fiel traducción de los votos en escaños; sin embargo sólo en ocasiones se consigue este objetivo: cuando el país es considerado como un distrito único (República Weimar, Israel, Holanda) y

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cuando utilizando ajustes en las circunscripciones y en las distribuciones de escaños, se consigue que los partidos tengan porcentajes proporcionados de votos y escaños (Dinamarca). Junto a estas fórmulas, también cabe una gradación de mecanismos matemáticos, sin olvidar sus implicaciones con otros instrumentos o elementos de los sistemas electorales: barreras, delimitaciones de circunscripciones, etc., tal como demuestran los estudios empíricos de Rae, sin perder de vista tantas otras consideraciones políticas en función de los objetivos buscados (bipartidismo, multipartidismo). Entre estos mecanismos el voto único transferible (Irlanda) que se considera como el menos proporcional de todas las variantes, produce consecuencias aún más mayoritarias en distritos pequeños. En general, en este tipo de unidades electorales, las fórmulas proporcionales se asemejan a mayoritarias. En menor grado, la fórmula D’Hondt atenúa estas características, gracias a sus variantes nórdicas (Saint-Laque, St. Laque modificado, danés, etc.) que atenúan parcialmente los efectos del más clásico y aplicado método de divisor que es el D’Hondt, al disminuir la distancia entre la candidatura más votada y las situadas a continuación alcanzándose resultados similares a fórmulas de mayores restos. Otros son los procedimientos del cociente electoral que facilitan mejor la consecución de la proporcionalidad, sobre todo la fórmula del mayor resto, combinada con más de un reparto. Otras variantes, como la denominada Hagenbach-Bischoff que corrige los cocientes, atenúan la distancia entre los escaños de las diversas listas. La aplicación de estas fórmulas tiene consecuencias específicas y su proceso de implantación sería muy prolijo de detallar entre otras razones por la existencia de fórmulas, o mejor dicho de sistemas electorales mixtos que son procedimientos electorales clasificables a caballo de fórmulas mayoritarias y proporcionales, al utilizar elementos de ambos, por ejemplo en Alemania. Como reflexión, cabe señalar que la práctica electoral demuestra que no siempre se garantiza el objetivo pretendido, lo que abrió el debate político y científico que sigue hasta hoy, acerca del rendimiento y efectos políticos de las fórmulas y la adecuación representativa, con la necesidad de estabilidad y gobernabilidad. La combinación de fórmulas con otros elementos del proceso electoral, como las garantías del mismo especialmente durante las campañas electorales, su regulación y financiación han logrado mantener una importante estabilidad de los gobiernos especialmente tras las graves crisis políticas del periodo de entreguerras en gran medida debidas a estos

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elementos a que hacemos referencia, caso de la República Federal de Alemania, Italia o Francia.

2.3. Garantías del proceso electoral Bajo este concepto se engloban otros elementos del sistema electoral decisivos para asegurar la libertad e igualdad en las elecciones, aunque menos visibles. En este epígrafe nos detendremos a hacer explícitas alguna de las garantías que se manifiestan en las distintas fases del proceso electoral en los sistemas políticos liberal democráticos. Ello nos permitirá contar con el esquema básico para aplicarlo después a los procesos electorales en España que integran la segunda parte de la asignatura. Así mismo, en los dos siguientes epígrafes, presentamos un sucinto análisis de las garantías en los procesos electorales tanto en sistemas no democráticos como en las etapas de transición desde las elecciones no competitivas a las democráticas. En este epígrafe no pretendemos exponer una síntesis exhaustiva sobre las garantías de unas elecciones libres, tarea propia de quienes elaboran una ley electoral. Para que se produzcan unos comicios en libertad es menester señalar algunos aspectos relativos a las garantías electorales, quizá poco brillantes y no muy conocidos, pero que son decisivos por una u otra razón. En efecto, normalmente señalamos que el tipo de voto, el tipo y tamaño de distrito, así como la fórmula electoral que se utiliza para atribuir los escaños, son los elementos que más condicionan los efectos de un sistema electoral. Sin embargo, las leyes electorales regulan innumerables aspectos que tienen lugar durante el largo proceso electoral, que en los sistemas políticos liberal democráticos, se inicia con la decisión y fijación por la autoridad política correspondiente de la fecha de convocatoria de la elección. El proceso concluye cuando finalizan los plazos establecidos para la resolución por la autoridad correspondiente de los recursos que pudieran haberse interpuesto. Los conceptos de libertad e igualdad a fuerza de ser complementarios llegan a resultar equivalentes. El sufragio no libre está en franca desventaja respecto de aquel emitido sin presión ni deformación alguna. Estos principios de libertad e igualdad del sufragio, han de alcanzar a todas y cada una de las fases del proceso electoral, esto es desde el momento en que se convocan elecciones hasta la publicación de los resultados definitivos y tanto por lo que se refiere a los electores como en lo relativo a los candidatos, a los partidos y demás elementos que intervienen en el proceso. La libertad, como la

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igualdad o como la propia democracia, no son estados que se puedan poseer por el hecho de utilizar un procedimiento u otro para legitimar el poder. La búsqueda de la mejor solución posible no permite olvidar que se inserta en la lucha política entre el poder y la oposición y que pocos gobiernos resisten la tentación de utilizar las instituciones y demás medios públicos en su propio provecho. Por lo tanto es imprescindible conocer las fases del proceso electoral y analizar la manifestación de la libertad e igualdad en todas y cada una de las etapas de cada elección. A lo largo de la historia política de los siglos XIX y XX se han ido extendiendo las garantías en las diversas fases de las elecciones comenzando por las que necesariamente han de poseer el sufragio. En el proceso de evolución del sufragio, cuyas fundamentales etapas las clasifica Rokkan adecuadamente, cabe destacar las funciones atribuidas al voto (derecho, el consiguiente deber que en ocasiones se consagra a través del voto obligatorio, Italia, Bélgica o función). La progresiva aceptación de los principios característicos del sufragio (libre, igual, secreto y directo) es también producto de una evolución compleja ya que su grado de cumplimiento está en estrecha relación con la regulación y conformación de otros elementos del proceso electoral (la igualdad por ejemplo con la demarcación de los distritos y con la asignación de los espacios en los medios de comunicación públicos con la financiación de los comicios, con la fórmula de reparto de escaños por citar sólo alguno; y en una perspectiva más amplia con otros mecanismos del sistema político. El secreto del voto también está prácticamente asegurado por las garantías establecidas (urnas lacradas, secciones electorales amplias, cabinas, celebración de los comicios en un único día frente a los tres o cuatro del siglo XIX), aunque su práctica pueda verse dificultada en ámbitos territoriales pequeños. En ocasiones se utiliza este principio en contra de la introducción de procedimientos que permiten la emisión de un voto no personal: por correo, por delegación, aunque en términos generales no parece que existan demasiadas prácticas corruptas por ello. Por el contrario otras como el establecimiento de urnas separadas para distintos candidatos comprometen las garantías del secreto. En todo caso, se ha de relacionar con la libertad en su ejercicio. En cuanto al carácter directo del voto, está generalizado con excepciones que se centran en la elección de las segundas cámaras, total o parcialmente, o de algunos otros cargos individuales (como los alcaldes) como vestigio histórico; en la mayoría de los comicios del siglo pasado se establecían varios grados

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de elección, combinando incluso con prácticas no electivas como el sorteo (elección de 1810 en España). En cuanto a la libertad de voto, debe garantizar la libre expresión del mismo, sin coacción material o moral al emitir el propio sufragio por una determinada lista o por la persona de un determinado candidato; este principio, por tanto, se relaciona con el del ya mencionado secreto del voto. No se puede excluir la influencia de los instrumentos que la propaganda y las modernas campañas puedan ejercer sobre el elector en sus opciones, incluyendo la de no votar. En relación a este principio hay que señalar las limitaciones derivadas de las opciones del elector en sentido estricto, relativas al tipo de listas o en términos más genéricos por la ausencia de programas políticos con alternativas reales. Las garantías se han ido formalizando en normas de muy distinto rango como respuesta a las demandas ciudadanas que han otorgado un mayor protagonismo a los partidos políticos, que se han convertido en los actores políticos esenciales entre las instituciones y los ciudadanos. La presencia plural de los partidos, en la práctica totalidad de las fases del proceso electoral en las que intervienen las instituciones y administraciones públicas o en organismo independientes, son sin duda garantía de la salvaguarda de los principios y características esenciales del sufragio. Superada la etapa inicial en la que los escasos electores tenían un único voto a emitir en los pequeños distritos uninominales, mantenido a medida que se ampliaba el cuerpo electoral con el voto plural o el de clase. Otra fórmula era la imposibilidad de ejercer este derecho cuando no había más que un candidato (recogido por ejemplo en el artículo 299 de la ley electoral española de 1907). Hoy existen diversos tipos de voto único en sistemas de representación mayoritaria, basado en distritos uninominales y con sistemas de representación proporcional con lista cerrada y bloqueada. En el otro extremo del abanico de posibilidades considerado por algunos como garantía de mayor libertad, se sitúan los procedimientos de panachage con listas abiertas, voto múltiple e incluso, con posibilidad de acumular votos (Suiza). Este último sistema que, en teoría favorece más la libertad del elector, es un procedimiento poco utilizado por el electorado y considerado en ocasiones como un instrumento que puede conducir a maniobras políticas de selección de mediocres. Caben fórmulas intermedias, como el voto de preferencia con posibles consecuencias y connotaciones clientelares ampliamente analizado en Italia, o el voto acumulado, así como procedimientos mixtos, como votación de lista y voto personal en el caso de

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la República Federal de Alemania con la posibilidad de emitir los dos votos con que cuenta cada elector entre dos fuerzas políticas distintas. Todas estas técnicas se considera por algunos que refuerzan o limitan en sentido estricto la libertad de voto, aunque como hemos indicado su práctica política genera consecuencias que cuestionan las teóricas ventajas. Sin duda hemos de mencionar aquí, aunque se desarrolla en extenso en un epígrafe específico, el problema que plantea de falta de libertad de opciones en regímenes no democráticos, que por la legitimidad que se deriva de la representación electoral utilizan estos procedimientos, incluso con sufragio universal pero sin que quepa nada más que una opción real, por lo cual más que elección, se produce ratificación, tal como explicaremos después. El voto clientelista no se puede reducir a las elecciones no competitivas. En un continuo que iría del voto cautivo y obligado al voto de opinión libre, hay lugar para diversos tipos de voto dependiente en los contextos tanto de pluralismo abierto como de no competencia estricta. Las democracias europeas conocen diversos grados de redes de patronazgo en algunas regiones, en las cuales los resultados electorales están más o menos marcados, por la importancia de los votos clientelistas. Sin embargo, las complejas características de la sociedad liberal moderna atenúan las posibilidades de dominación personal, aunque estas prácticas persistirían todavía en determinados territorios con población esencialmente rural. La capacidad jurídica de ser electo está vinculada a la elegibilidad como capacidad jurídica de presentar la propia candidatura electoral. Desde los orígenes el sufragio pasivo es aún más restringido que el activo. Hoy se mantienen en ciertos ordenamientos limitaciones al sufragio pasivo como requisitos personales basados en criterios de madurez política (edad superior para ser candidato), de vinculación domiciliaria y otras garantías de carácter más general: económicas caución o fianza a la presentación de la candidatura) considerado también por otros como obstáculos económicos y sociales que limitan la libertad e igualdad de los ciudadanos y la exigencia de firmas de electores que avalen la presentación de la candidatura, tiene asimismo una interpretación negativa (iría contra el secreto del voto si no va acompañado de discreción); caución y firmas aval tienen así un sentido positivo tendente a garantizar un mínimo de «seriedad», señalando asimismo el carácter simbólico que suelen tener. Junto a estas cuestiones, sin embargo hay que destacar las causas de inelegibilidad que varían según la naturaleza del órgano representativo electivo, y basadas en la voluntad del legislador en

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aras de impedir a las personas que ocupan cargos públicos vinculados a la administración estatal, la utilización para sí de la situación de ventaja en que se encuentran. Hoy día, es práctica generalizada, la transformación de las causas de inelegibilidad en incompatibilidad para los elegidos, con la consiguiente exigencia de optar. Otra cuestión fundamental en el desarrollo de la representación electoral se centra en la posibilidad de emitir el sufragio. Las demarcaciones territoriales en las que electores con derecho emiten su voto y a las que se les asigna un determinado número de escaños del total de puestos a cubrir en el órgano que se va a elegir, en función de criterios demográficos población o electores, aunque lo normal sea respetar las demarcaciones administrativas. Al igual que ocurriera con la evolución del sufragio, el proceso consigue, no sin grandes complicaciones, una progresiva adecuación, evidente atendiendo a la distancia que media entre la Inglaterra de los «burgos podridos» y la generalizada práctica actual que establece la periódica revisión de las demarcaciones electorales. En el camino habrán de surgir prácticas manipuladoras tan poco sutiles como el «gerrymandering» junto a otras más «fundamentadas» como las derivadas del establecimiento de los distritos, versus circunscripciones (utilizando la clásica distinción termino lógica de nuestra historia electoral) y que no logran remedar las consecuencias prácticas, que como el caciquismo están muy estrechamente unidas a ella, hasta que no se generaliza las fórmulas de representación proporcional. En todo caso, para tener un conocimiento adecuado de esta cuestión, es conveniente estudiar este epígrafe con una ley electoral y alguna de las normas que la desarrollan porque permite primero identificar las fases del proceso y después verificar en cada elección el grado de libertad e igualdad habido en cada una de las etapas del mismo. También sería adecuado analizar el papel de los distintos actores del proceso: elites, partidos, ciudadanos individuales así como de los diferentes grupos de presión e interés. El protagonismo que han tenido, ha variado a lo largo de los casi dos siglos de historia electoral en los sistemas democráticos occidentales. Remitimos al otro texto de la bibliografía obligatoria para preparar el papel de los partidos en el proceso. Además, es menester distinguir tres periodos básicos que presenta el proceso electoral. El primero se inicia con la convocatoria electoral hasta el comienzo de la campaña; la segunda fase desde el día citado hasta el de las elecciones y la última que engloba el día del escrutinio hasta la proclamación de los elegidos. Como es lógico, en estos doscientos años ha variado mucho

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la normativa y la práctica política de cada una de las etapas de las elecciones, así como su importancia y las garantías de cada momento. Principales manifestaciones de las garantías electorales en el proceso electoral. La neutralidad y profesionalidad de las administraciones públicas en la elaboración del censo constituye el primer elemento objeto de atención en el proceso. A continuación, un dato aparentemente nimio como la propia fecha de la convocatoria de elecciones puede servir de ejemplo de la necesidad de verificar las causas, origen y efectos sobre el proceso: una crisis parlamentaria, una disolución del parlamento puede ser provocada o congelada en virtud de que la coyuntura política sea favorable para unos partidos u otros. También el plazo comprendido entre el anuncio de elecciones y su celebración puede otorgar más ventajas a unos que a otros. No hemos de olvidar que la fijación del día o días de la semana en que se celebre la elección puede tener efectos sobre la participación de los diversos grupos sociales. En los países que no han superado totalmente las consecuencias de un cambio político brusco de un régimen no democrático a la democracia, en el que las organizaciones políticas solo han conocido una corta vida legal, unas elecciones celebradas en un plazo excesivamente breve, benefician sin duda a aquellas fuerzas sociales organizadas de hecho durante el régimen anterior. En especial cuando cuentan con el apoyo de una infraestructura oficial heredada muy significada políticamente que, por residual que sea, posee un poder de presión social importante sobre todo a escala social. Otro de los aspectos más relevantes en la preparación de las elecciones es la elaboración del censo. Sin un censo electoral que englobe fielmente a todos los ciudadanos con derecho de voto, las elecciones no pueden alcanzar su finalidad de reflejar el espectro de actitudes políticas del país. Dos son los métodos generalmente utilizados para su elaboración: la inscripción automática, una vez cumplida la edad requerida, en la actualidad a los 18 años, o la voluntaria a petición del interesado. Este segundo modelo origina de hecho una importante masa de no inscritos, que exige tenerlos en cuenta para evitar desvirtuar la significación de ciertos datos como la participación. Además el censo electoral también puede ser utilizado como arma política: cuando sus errores superan lo considerado como normal, porque se concentra en ciertas áreas geográficas o en ciertos escalones de edad y categorías sociales, se puede perjudicar al electorado potencial de algún partido. La revisión frecuente de las listas de censados y su exposición pública durante un periodo amplio, y mejor aún la implantación de un sima de censo continuo, pueden atenuar en

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gran medida la posibilidad de estos fraudes. Deben existir además facilidades para interponer recursos contra errores del censo por inclusión o exclusión. La igualdad también ha de ser igualdad de oportunidades de las opciones que participan en el proceso. Ello supone el reconocimiento efectivo de unas condiciones imprescindibles y por todos conocidos: el ejercicio de los derechos de reunión, asociación, libre expresión sujetos a las reglas de juego genéricas de la democracia. En efecto, estas condiciones se manifiestan especialmente durante la campaña electoral, de la que es menester conocer su regulación, duración, el papel de los medios de comunicación, públicos y privados, por ejemplo, en la emisión de la propaganda o la libertad o restricción a las difusión de los sondeos preelectorales. Al regular la igualdad de acceso a los medios públicos de financiación e instalaciones públicas, en ocasiones su adjudicación puede generar o en su caso reproducir desigualdades entre partidos. En la práctica se recurre a diversos sistemas de distribución de tiempos y espacios, en la mayoría de los países en función del número o porcentaje de escaños obtenidos en la última elección. Otros criterios utilizados, a veces de forma complementaria al anterior son, el número o porcentaje de candidaturas presentadas, el número de militantes o la antigüedad del partido. Obviamente la contrapartida de la financiación pública es la publicación y control de los gastos de los partidos y candidatos en las campañas, criterio que también se extiende a la financiación privada aquellos países en los que se autoriza. Otras cuestiones que conviene también tener en cuenta son aspectos específicos del formato de las papeletas: quién las hace y, en caso de que no sea sólo el Estado, cómo es su distribución y su financiación, el orden de las candidaturas o de los candidatos. También es muy importante conocer cuál es el criterio utilizado para ordenar las candidaturas o candidatos cuando se trata de una única papeleta, por ejemplo el sorteo, o el orden alfabético. Reglas sobre la duración de las campañas y de los sondeos, su alcance y efectos. Las facilidades dadas al elector para acceder al proceso electoral, el grado de coincidencia o sucesión de los diversos procesos electorales a celebrar, el horario de las votaciones, carácter festivo o laboral de la jornada o jornadas electorales, el número y localización de los colegios electorales, la protección del derecho de voto contra la intimidación o contra el fraude, son todos ellos aspectos y opciones que merecen analizarse para evaluar el alcance de las garantías electorales. También conviene evaluar el alcance de los principios de libertad e igualdad el día de las elecciones. Entre ellas se encuentran la localización de

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colegios electorales, la posibilidad efectiva de supervisar las operaciones, o las facultades de los presidentes de mesa que, actuando al nivel más ínfimo, pueden influir en el resultado forzando la legalidad, o también dejando que determinados interventores puedan llegar a influir o confundir en la toma de decisión. Finalmente hay que destacar el papel de la última fase del proceso electoral, el contencioso, que incluye toda la variedad de impugnaciones que pueden introducirse a lo largo de todo el proceso electoral. Estas pueden abarcar el posible fraude electoral, los conflictos derivados de la aplicación de reglas electorales o la represión del fraude. La financiación del proceso, especialmente las campañas, la regulación del gasto, así como las posibles limitaciones del mismo, deben dirimirse en unas instancias político administrativas, o judiciales o en ambos tipos ámbitos sucesivamente, para facilitar la deseada neutralidad del proceso. En caso de no existir instituciones suficientemente fiables, cabe establecer órganos ad hoc en los diferentes niveles, con representación de todos los partidos que participan en las elecciones.

3. NOTAS SOBRE LAS ELECCIONES EN SISTEMAS NO DEMOCRÁTICOS Con objeto de conocer algunos aspectos de las elecciones no democráticas, aportamos cuatro tipo de reflexiones. Por una parte algunos rasgos básicos de las elecciones no competitivas y acerca del control clientelista del sufragio en dicho tipo de elecciones, reflexiones basadas en trabajos de G. Hermet y A. Rouquie. La validez democrática del sufragio universal practicado en los sistemas políticos parlamentarios tiene muchos detractores, desde las posiciones elitistas (Mosca, Schumpeter) hasta las críticas desde el marxismo. Marx cuestiona este tipo de voto entre otras razones si los elegidos no podían revocarse, aspecto que se analiza brevemente en este mismo epígrafe. Críticas y alternativas a la democracia representativa desde la defensa de la representación corporativa.

3.1. Rasgos básicos de las elecciones no competitivas Bajo este rótulo se incluyen las elecciones celebradas en los regímenes autoritarios y socialistas en diversas partes del mundo y en determinados

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momentos de su historia respectiva (por ejemplo en España en el franquismo, los regímenes militares y populistas en países iberoamericanos, en la URSS y demás países socialistas, o en estados poscoloniales). La principal característica es el control intensivo que ejerce el poder central y sus representantes locales. Las elecciones no competitivas no se pueden comparar a las consultas liberal democráticas o liberal pluralistas, aunque no se prestan a una interpretación uniforme. Muchas veces las elecciones falsamente competitivas aunque han emanado de un prototipo europeo, al exportarse a contextos autoritarios diversos eliminan todo rasgo competitivo, aunque reflejan contextos históricos y sociales diversos. El análisis de las elecciones no competitivas puede contribuir por una parte a enriquecer y a matizar la comprensión de los fenómenos electorales y permite verificar las desviaciones y manipulaciones del poder y así mismo la forma en que la población percibe esas maniobras. Los mecanismos utilizados para poner en marcha este tipo de elecciones falsamente competitivas son múltiples y afectan a múltiples aspectos, aunque es posible verificar su alcance y manifestación en torno a tres aspectos principales: la noción de libertad o de control sobre el derecho de voto, el grado de competencia o concurrencia de opciones y el «enjeu» o lo que está en juego en las elecciones. La libertad o control del sufragio se refiere a la facultad que tiene o no el elector de ver reconocida su capacidad electoral, bien para inscribirse en una lista, ejercer su derecho sin coacción exterior, depositar la papeleta que estime oportuna y de que esta se contabilice de manera no fraudulenta, guste o no a los deseos de quienes ocupan el poder político. Hay que recordar que en muchos procesos electorales no competitivos formalmente el sufragio es universal, aunque en ocasiones se excluye a determinados grupos (blancos, analfabetos, etc.). En todo caso, como se ha indicado, basta que el control se realice sobre alguno de los aspectos señalados, para que la elección no se pueda considerar libre. La ausencia de concurrencia o competencia concierne a las candidaturas ofrecidas para que los electores puedan elegir representantes (listas o candidaturas) o para que puedan optar entre propuestas (en el caso de los referenda). La falsa competencia se manifiesta en las elecciones no competitivas con la autorización de un solo partido o movimiento único, pero en ocasiones dicho de otra forma se permite la presencia de más de un partido, un bipartidismo o multipartidismo, pero este es coercitivo y excluyente: en unos casos de la derecha, en otros de organizaciones específicas o determi-

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nados sectores políticos o sociales. Finalmente, el tercer criterio que permite discriminar las elecciones no competitivas se manifiesta cuando el resultado del proceso electoral no vincula al poder, es decir, no tiene efectos políticos o institucionales; utilizan las elecciones como barómetro, pero no crean ninguna obligación al gobierno.

3.2. Ideas básicas sobre el control clientelista del sufragio en elecciones no competitivas La imposibilidad de separar a través de la elección un dirigente político y elegir otro, puede provenir de la imposición o control que limita las libertades de los candidatos y de los electores y falsifica los resultados, prácticas que se realizan en los regímenes autoritarios. También el control sobre los electores puede provenir del control social. Denominamos control clientelista las diferentes modalidades control social que permiten dirigir imperativamente las opciones del electorado. Las relaciones patrón-cliente cubren un gran abanico de formas de cooperación social basado en relaciones de ventajas mutuas entre partes desiguales. El clientelismo comporta siempre tres elementos: una relación entre dos partes de estatus desigual, un intercambio de bienes o servicios no homogéneos y una relación interpersonal, donde los criterios particularistas presiden este intercambio. Si la relación clientelar presenta la orientación instrumental de una parte y de otra, fundada a veces sobre un cierto cálculo racional no deja de ser asimétrica. Esta asimetría condiciona el conjunto de la relación. El intercambio es desigual antes que recíproco. El fuerte puede ofrecer su protección al débil, a cambio de un apoyo político y social multiforme. Pero es el patrón quién dirige la relación y define lo que debe ser cambiado y cuando. Aunque el voto clientelista no se puede reducir a las elecciones no competitivas, está en su origen y es una característica esencial de este tipo de elecciones. Las autoridades locales y políticas pueden crear verdaderas relaciones de patronazgo, si las circunstancias se prestan a través de la multiplicación de favores personales o de intervenciones individuales cerca de los poderes públicos. El voto manifiesta a la vez el reconocimiento y la voluntad de preservar una situación juzgada favorable. Igualmente, muchas presiones económicas directas o indirectas, vienen a revelar estos medios de influencia legítimos. Sin embargo, las complejas características de la sociedad liberal

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moderna atenúan las posibilidades de dominación personal. El contexto social en que domina la clientela presenta tres aspectos íntimamente imbricados y necesarios para que este cobre virtualidad: el aislamiento, la inseguridad y las situaciones tanto de privatización como de concentración de poder. El voto clientelista presenta dos polos extremos que constituyen en cierto modo dos tipos ideales. De una parte el «voto vendido» y de otra el «voto gregario». En función del grado de autonomía del elector en relación al patrón. Es evidente que en realidad el voto que nosotros llamamos gregario, comporta casi siempre una cierta gratificación. En el primer caso, el sufragio es un valor cuyo cambio es de carácter económico, más que político y muchas veces se cambia por bienes escasos más que por dinero. En todo caso no es un voto libre. El voto gregario a diferencia del sufragio intercambio que es de naturaleza individual, es esencialmente colectivo y pasivo. Supone una organización del electorado para el día del escrutinio. Los electores son transportados, albergados, alimentados y entretenidos, reciben igualmente pequeños regalos. El resultado de la elección, es conocido desde antes y su éxito depende de la disciplina o no de los electores allí reunidos.

3.3. Notas sobre las elecciones en países socialistas: el mandato imperativo Un ámbito particular en el que ha regido con plenitud el mandato imperativo o representación vincular, son los sistemas basados en el centralismo democrático y la dictadura de clase, especialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Las sumarias indicaciones de Lenin respecto a la cuestión de la representación formuladas en el período revolucionario, fundamentan una estructura radicalmente distinta a la vigente en las democracias occidentales. Las consideraciones más extensas se encuentran, además de en algunos escritos o alocuciones de circunstancias, en El Estado y la Revolución donde partiendo de las reflexiones marxistas sobre la Comuna Paris contrapone al sistema parlamentario «burgués», instituciones en las que los parlamentarios tienen que trabajar ellos mismos, ejecutar ellos mismos sus leyes, comprobar sus resultados y responder directamente ante sus electores. Con lo cual supone Lenin que subsisten las instituciones representativas pero desaparece el parlamentarismo como pieza esencial en la separación legislativo-ejecutivo, de esta forma la democracia proletaria vertebrará su representación al margen del parlamento.

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Las ideas leninistas se materializan en el sistema soviético recogido en su última versión por la Ley Fundamental de 1977. Disponía que los soviets de diputados populares en sus distintos niveles estarían integrados por diputados quienes «son representantes plenipotenciarios del pueblo» (artículo 103.o). Estos diputados,(a) pueden ser objeto de mandato por sus electores (artículo 1022); (b) procuran el cumplimiento del mandato de los electores conjugándolo con los intereses del Estado (artículo 103.o); (c) están obligados a rendir cuenta de su gestión a los electores; (d) pueden ser recusados en cualquier momento por decisión de la mayoría de los electores si no «justifican» su confianza. Los mismos principios inspiran la representación política en Albania, tal como queda estructurada en la Constitución de 1976. Ese código establece dos órganos representativos, la Asamblea Popular y los Consejos Populares, que se conciben como órganos para el ejercicio del poder por parte de la clase trabajadora y ante los que responden todos los órganos del Estado. Son, pues, indistintamente instancias legislativas y ejecutivas. La constitución consagra expresamente (articulo 8.o) el derecho de los electores a revocar a sus representantes en cualquier momento por pérdida de confianza y el deber por parte del diputado de mantener relaciones estrechas con sus electores rindiéndoles cuentas de su gestión (articulo 74.o). Dentro del mismo principio de unidad de poder o de indistinción de funciones es digna de especial atención la estructura representativa del régimen yugoslavo centrada en el gobierno de asamblea, de unidad democrática de poder o de democracia socialista de autogestión según definición de sus propios textos legales. Aunque Loewenstein, que no llegó a conocer la fase de su evolución marcada por la Constitución de 1974, llamó a este sistema neo-corporativo, la inspiración marxista-leninista y la singularidad de su estructura representativa parecen aconsejar su examen en este contexto. Dicha estructura arranca de la Ley Constitucional de 1953 y de la Ley General de Comités Populares de 1952, refundiéndose en forma más elaborada y matizada en la Constitución de 1974. En esencia vienen a determinar (a) una doble vía de participación social y política, representativa y directa, entendida ésta última de un modo peculiar pues si recoge instituciones y prácticas comunes en las democracias occidentales, incluye formas singulares, como consejos ciudadanos y reuniones de electores, pero también la elección, lo que parece remitir a la forma representativa; (b) la existencia de diversos niveles o instancias de representación, de los comités populares y comunes a la Asamblea Popular Federada; esto es, una articulación por ámbitos políticos, administrativos y sociales de la aldea a la Asamblea de república fede-

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rada y a la Asamblea Federal. Se trata de una representación en las distintas esferas locales. (c) La presencia junto a los cuerpos representativos de los ciudadanos, o políticos, de otros cuerpos representativos de los productores o económicos. Así, en los comités populares y comunas figuran junto a la instancia política, consejos de distrito o de ciudad una cámara económica, los consejos de productores. En la Asamblea Federal, junto a la cámara política o Consejo Federal, aparece la económica o Consejo de Productores. Estos consejos de productores no representan a los trabajadores individualmente sino a las organizaciones económicas en que se encuadran, cooperativas, etc. y reunidos en grupo electorales de producción, cada uno de los cuales posee un número de mandatos proporcionada al porcentaje de su aportación al producto social. Por lo demás, los representantes están obligados a informar a los comités populares de que proceden, y trasmitir a la Asamblea Federal, todo proyecto o indicación que le encomiende el comité popular. La Constitución de 1974 señala con mayor claridad la doble vía de participación política y social: directa, mediante referendum y asamblea, indirecta, por mediación de delegados denominación que se prefiere siempre a la de representantes (preámbulo, VI; título II). Estos delegados elegidos en las organización autogestionarias de base, las asociaciones locales, etc., no pueden pronunciarse sin haber consultado previamente a sus electores, son revocables y en algunos casos reelegibles para el mismo puesto. Los ejemplos tan sumariamente esbozados pueden ilustrar tanto la versatilidad del concepto de representación como la vigencia de ciertos elementos del mandato imperativo, pese a la muy generalizada, pero no universal, vigencia del mandato representativo libre. Sin duda el significado de ese mandato imperativo no puede dejar de analizarse más que en relación con el conjunto del sistema político de partido único o hegemónico propio de las democracias socialistas populares.

3.4. Críticas y alternativas a la democracia representativa desde la defensa de la representación corporativa La contraposición entre representación política vinculada al régimen parlamentario y concepciones de la representación que se pretenden más vinculadas al entramado social profundo, es fundamento no solo de la teoría y práctica marxista leninista de la representación, sino que también se ha

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producido en regímenes de tradición liberal originaria que después han pretendido hacerla coexistir con fórmulas que preconizan complementar la representación articulada por partidos y parlamento, por la sustitución de este tipo de representación mediante sistemas corporativos, y por su legitimación carismática sin mecanismos especiales formalizados. La concepción originaria de la representación, la de la Nación entendida como unidad integral no podía recoger en teoría la representación singularizada de intereses económicos, profesionales o de cualquier otro tipo. Algunas cartas otorgadas y constituciones del siglo XIX incluyeron sin embargo, junto a los representantes políticos, otros salidos de categorías sociales o profesionales específicas situándolos por lo general en las segundas cámaras. La práctica del sistema parlamentario los redujo y llevó a la desaparición efectiva aunque en el periodo de entreguerras volvieron a demandar la representación de grupos sociales concretos, ya que sostenían que los mecanismos que articulaban la representación actuaban desconectados de las fuerzas reales del país. La Constitución de Weimar establece un organismo de este tipo (Consejo Económico) y después se constituyeron los consejos obreros regionales y nacionales y los correspondientes territoriales patronales. En Francia el Cartel de la izquierda de 1924 crea un consejo económico nacional de nombramiento gubernamental que después desarrollará el Frente Popular y es el antecedente del introducido por la Constitución de 1946 y en Italia en el texto constitucional de 1947. Estos organismos e ideas críticas con el sistema representativo parlamentario se explican también por las complicaciones económicas e intensas convulsiones sociales que se originan con la primera posguerra y la crisis de 1929 y por la asunción por parte del estado de tareas más amplias de atención social. El limitado alcance y efectividad representativa y funcional de estos organismos ha sido reiteradamente señalado ya que genera múltiples problemas teóricos y prácticos y cuyo efecto, más que mejorar y potenciar la democracia representativa clásica, tendía a debilitarla, como denunciara en su momento Kelsen. Prueba de ello, es que los ejemplos más elaborados de fórmulas de representación de grupos e intereses han tenido lugar en marcos políticos autoritarios y totalitarios, la Austria de Dolffuss, la Alemania nacional-socialista, la Italia fascista, el Portugal salazarista, la España franquista y la Unión Soviética anterior a la Constitución de 1936. El llamado por algunos, corporativismo integral se complementa en el terreno de la representación con la teoría de la representación carismática, la cual

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considera al pueblo como unidad política vinculada al caudillo o líder y la representación más que para crear instituciones y controlarlas, sirve para respaldar y exaltar el poder ejercido de arriba abajo. Ello supone en la práctica el manifiesto divorcio entre representación y democracia.

3.5. Sistemas electorales en los procesos de transición Las reflexiones que siguen tratan de evaluar las reformas de los sistemas de representación en la últimas décadas del siglo XX en países que evolucionaron hacia la democracia desde sistemas políticos no democráticos, especialmente en el Sur y Este de Europa, así como en Iberoámerica. La comparación de distintos aspectos y estrategias de los nuevos o reformados sistemas políticos y la búsqueda de similitudes e influencia recíprocas preocupan, tanto desde el ámbito intelectual como desde el más pragmático de la práctica política (caso del debate sobre parlamentarismo versus presidencialismo). El grado de similitud, que por mimetismo, influencia u otras razones se encuentra entre los diversos casos, ofrece ya un primer motivo de interés. En segundo lugar, conviene destacar que ciertos rasgos esenciales de estos procesos de transición tienden a perpetuarse, a institucionalizarse después por inercia u otras razones. En gran medida estas características pierden el carácter temporal o transitorio: usos y reglas de esta etapa adquieren autonomía respecto a quienes los instauraron y se mantienen después. Al tiempo, los procesos de transición incorporan elementos de continuidad y otros de ruptura, de tradicionales usos y prácticas partidistas y electorales cuyo impacto merece analizar; en algunas de estas soluciones es posible encontrar rasgos de modernidad. Otras serían «exportables» si no se hubiesen ignorado. Finalmente, no se puede olvidar que los modelos políticos de referencia, las democracias occidentales, sufren coincidiendo con el tiempo, crisis o cambios sustanciales, tras un largo periodo de estabilidad. Los sistemas políticos occidentales han desarrollado mecanismos de respuesta al impacto que la revolución tecnológica, los cambios de mentalidades y las sucesivas crisis económicas han producido en los mismos. La creciente complejidad de la realidad se plasma también en la vida de los partidos. Las relaciones entre los miembros del partido que están en los gobiernos, la burocracia partidista y la organización voluntaria o de militantes adquieren gran complejidad. Son razones que contribuyen a un progresivo distanciamiento de la sociedad respecto a lo público, al menos si

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tomamos como referencia los parámetros tradicionales de participación política. Criterios como pragmatismo, flexibilidad y consenso presiden el quehacer de los líderes de los partidos, especialmente de aquellos que están en las instituciones. La extensión de la financiación pública originariamente institucionalizada para afrontar las costosas campañas a través de los medios de comunicación, ha generado extensas burocracias partidistas y en ocasiones corrupción, en la que también se implican a veces miembros del partido en las oficinas gubernamentales. Por su parte, en la organización voluntaria, los militantes asisten perplejos a estos nuevos acontecimientos, en los que los incentivos personales para esta participación se han modificado: los de identificación con los ideales partidistas por el consenso y pragmatismo que preside la toma de decisiones en los gobiernos y los materiales, por el cuestionamiento de las tradicionales carreras políticas, por ejemplo, mayor movilidad en los cargos de representación, protagonismo de los asesores o expertos. Por su parte, los ciudadanos con mayor nivel intelectual y material, demandan de los políticos, a través de las elecciones o de las encuestas de opinión, fundamentalmente eficacia y eficiencia en la gestión de lo público. En núcleos urbanos se dibuja la denominada nueva cultura política, como manifestación de la creciente complejidad de las sociedades actuales: debilidad de la estratificación social al surgir entre cada clase diferentes estilos de vida y organización de la política en función de lealtades distintas a la pertenencia a una clase social. Razonablemente superados los riesgos del pasado etnocentrismo en la realización de análisis comparados y teniendo en cuenta el alcance de la globalización de los problemas actuales, las hipótesis que hemos planteado tratarán de conocer el grado de influencia, interacción o adaptación entre las soluciones que las democracias occidentales plantean hoy con las de los países en vías de consolidación democrática (Alcántara, 1992). Las reflexiones que siguen tratan de presentar algunos ejemplos o pistas sobre las hipótesis, que naturalmente requieren contraste y profundización por los expertos de cada caso nacional. Quisiera precisar en este punto, que dado el carácter general de este análisis, consideramos de igual modo la interrupción de la democracia por un breve o un largo periodo de tiempo; entre otras razones, porque especialmente los sistemas políticos iberoamericanos en muchos aspectos se desconocían y sólo en los últimos tiempos, cuando la comparación adquiere nuevas perspectivas, se habla del carácter «atrapalotodo» de algunos partidos del continente desde hace décadas, de los diversos

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tipos de sistemas presidencialistas o del paradigmático sistema electoral uruguayo. Por lo tanto analizaremos el grado de similitud/contagio, nuevos/ viejos elementos e intercambios posibles y reflexiones sobre en algunos aspectos de la estrategia de elecciones, la cocina electoral, las garantías, los partidos (líderes, elites partidistas) y de los electores en los comicios en las nuevas democracias (sur y este de Europa e Iberoamérica) teniendo presentes los cambios en las democracias tradicionales. En algunos casos el proceso de transición y la estrategia en las primeras elecciones, se inicia por la decisión de reforma tomada por sectores vinculados de una u otra forma al régimen autoritario: como miembros del o de los partidos en el gobierno o por ostentar cargos en diversas instancias gubernamentales, incluidos sectores militares. Se produce una fractura en el seno de las fuerzas políticas autoritarias, que debido a diversas causas (agotamiento físico o político de los líderes autoritarios, económicos o internacionales), pretenden de una u otra forma mantenerse en el poder tras las reformas. No parece que en principio tengan ideas muy claras sobre el diseño, calendario y contenido del proceso, lo que parece positivo, porque significaría que tendrían presente la necesaria flexibilidad para negociar con las fuerzas no reformistas y las opositoras. Se trata de un proceso en el que las propuestas de reforma, en su mayoría de alcance limitado, se suceden hasta que la colisión de factores antes mencionados, dinamizan de tal modo la situación que se inicia, de hecho, la transición. Por ello a veces se ofrecen distintas fechas como punto de partida de las transiciones. En la mayoría de los casos el proceso es similar: celebración de negociaciones («mesas redondas») en momentos próximos entre los distintos grupos, reformistas y opositores, estos últimos a veces en dos bloques enfrentados. Los reformistas juegan un papel dominante, aunque concitan más apoyos que desafectos por parte de sus interlocutores. En gran medida, porque programan a corto plazo la celebración de unas elecciones legislativas con unas garantías mínimas, que permiten a todas las partes tener suficientes expectativas de éxito. También porque la singularidad de la mayoría de los sistemas electorales, en principio aseguran la representación de los grupos políticos más importantes que participan en la negociación. En las primeras elecciones los gobiernos al borde de la transición, tratarán de conjugar dos principios: representación, tratando que los elementos de la «cocina electoral» aseguren la representación de la mayoría de fuerzas políticas y el principio de la gobernabilidad, evitando la excesiva fragmentación parla-

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mentaria. Ambos objetivos se han alcanzado con relativo éxito en la práctica totalidad de los casos. Aunque los ejecutivos «controlan» estos primeros comicios al utilizar abusivamente recursos públicos que afectan fundamentalmente a las garantías electorales la resolución de estas y otras cuestiones conflictivas se aplazan hasta después de la celebración de los primeros comicios o se recurre, antes o después de éstos, a instituciones de carácter semi-directo o plebiscitario para solventarlos. El carácter elitista del proceso es otra nota que caracteriza esta fase y que se perpetuará después por diversas razones. La legalización de los partidos es también un proceso que suele ser controlado por los gobiernos reformistas, adaptando progresivamente la legislación autoritaria. Este proceso, en términos generales, se acompaña de diversas medidas y decisiones políticas que permiten en la práctica el desarrollo de actividades partidistas y asociativas, incluso antes de haber concluido el proceso legal. Ello permite la progresiva institucionalización de los sectores más activos de estas sociedades. Los sistemas electorales que se establecen o reestablecen, total o parcialmente, ofrecen una amplia gama de soluciones que los hace muy singulares; ello se debe a que las fuerzas políticas más importantes influyen de algún modo en el diseño del sistema electoral. Se trataba de lograr la representación de los supuestos apoyos electorales de cada grupo: de los inmovilistas y partidos agrarios históricos; los gobiernos reformistas y grupos populistas esperan lograr apoyos entre electores rurales y urbanos; otros grupos opositores esperan lograr los votos de electores urbanos y apoyan en muchos casos la representación de ciertas minorías étnicas en sus enclaves. Además, en la mayoría de los casos tratan de asegurar mayorías suficientes para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad. Los sistemas electorales o cocina electoral resultantes (distritos, barreras, fórmulas) son una mezcla de sistemas semi-proporcionales (o semi-mayoritarios). En algunos casos la reutilización de los peculiares sistemas anteriores a las etapas autoritarias, evidencian el positivo rendimiento que para las principales fuerzas habían tenido tan singulares modelos. En todo caso, algunos de los efectos producidos por estos sistemas electorales serían: cámaras bastante pequeñas en relación a la población total; gran desigualdad en el tamaño de los distritos, que sigue considerándose un factor de gran impacto sobre la proporcionalidad: la relación habitantes/escaños oscila mucho (muchas veces la diferencia supera los 100.000 hab.); en parte esta desigualdad obedece a que, junto al

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criterio demográfico, se suman otros (como la asignación de un número mínimo de escaños por distritos); este criterio, que funciona como corrector, es impuesto por las fuerzas que esperan conseguir más votos de los ámbitos rurales en un contexto de negociación política en los momentos de tránsito político. Además, en varios casos se establecen barreras mínimas de votos para la obtención de escaños, aunque en la práctica, la distorsión producida por el desigual diseño de los distritos, anula o atempera el carácter restrictivo de este otro correctivo. La mayor complejidad proviene de conjugar los elementos mencionados, con sucesivos repartos de escaños en distintos tipos de distritos (desde el uninominal al nacional, pasando por los de ámbito departamental o intermedio). Además de establecer sistemas diferenciados para las segundas cámaras, en consonancia con la larga tradición histórica, se aprecia el carácter peculiar cuando se conjugan mecanismos proporcionales y mayoritarios, como variaciones del modelo alemán. Los tipos de voto ofrecen también un amplio surtido de opciones: las listas cerradas y bloqueadas son una opción junto a las numerosas soluciones que se ofrecen para la emisión del voto. Cabría pensar que la introducción de mecanismos que aumenten la libertad del elector frente a los partidos obedecería a la perpetuación de elementos de una cultura personalista y localista, propia de sistemas con débil tradición democrática: esta afectaría tanto a las elites como a los ciudadanos; sin embargo, hay que tener presente que en este final de siglo la participación política se ha debilitado incluso en las tradicionales sistemas democráticos: en muchos casos el voto es prácticamente la única forma de acción política para la mayoría de los ciudadanos, que reclaman un mayor acercamiento entre candidatos y electores. En todo caso, es frecuente la presencia de numerosas candidaturas, muchas de independientes sobre todo en las primeras elecciones locales, que quizá obedezca también a la debilidad de las organizaciones partidistas. En las democracias asentadas aparece en los últimos años un fenómeno similar en cuanto a la presencia de nuevas organizaciones políticas, aunque en estos casos, obedece más al descrédito de los partidos tradicionales; en el fondo es otra manifestación de la debilidad o quizá de los cambios de los partidos en la actualidad. No está claro que la solución alternativa, listas cerradas y bloqueadas, para favorecer la hegemonía de las cúpulas partidistas resuelva el problema de la cultura de las elites políticas, si tenemos presente el impacto de fenómenos como el «transfugismo», las fracturas de grupos políticos que concurren unidos en las elecciones fun-

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dacionales o el creciente protagonismo de las facciones en algunos partidos. El intento de fortalecer la hegemonía de los partidos sigue siendo un objetivo prioritario para la estabilidad democrática. Pero quizá merezca mayor atención para encontrar alternativas que permitan combinar la búsqueda de mayor acercamiento y de más incentivos a los electores, con la necesaria coherencia y eficacia en los partidos; en suma, buscar soluciones que permitan la adaptación de estos tradicionales actores políticos a la compleja y plural realidad actual. En cuanto a las garantías electorales se advierte con claridad el consenso que se produce entre todas las fuerzas políticas a la hora de dar por buenas las deficiencias que presumiblemente se iban a producir, y que de hecho se produjeron, en relación con las garantías de estos primeros procesos electorales. Los gobiernos contaron con recursos extraordinarios; además transcurrió poco tiempo entre la celebración de las mesas redondas y las elecciones. Por otra parte, se advierte cierta inexperiencia tanto entre los electores, militantes de los partidos, como en los funcionarios públicos o en los medios de comunicación o empresas de marketing. Tácitamente todas las partes convalidan errores y falta de garantías en algunos casos. Como ejemplos de estos problemas: duplicidades y lagunas en los censos de electores, aunque parece haberse demostrado que buena parte de ellos se compensan (duplicaciones con no inscritos); las encuestas suelen tener deficiencias y normalmente el conocimiento detallado de los resultados de estos primeros comicios casi nunca es exacto o completo. En este último aspecto, los errores no parece que afectaran a la distribución de escaños, ni al sistema de partidos resultante; pero normalmente los sumandos no cuadran y a veces no se han podido subsanar, lo que dificulta el trabajo para quienes los utilizamos como fuente primaria de análisis; en este caso los problemas tienen su origen en el nivel inferior del escrutinio y solo una larga práctica de las partes implicadas (electores, interventores y administración electoral) puede resolver la situación. El problema se planteará después debido a la tendencia ya significada, a que prácticas de las primeras elecciones se perpetúen en posteriores comicios; además hay que tener en cuenta que la sucesión de convocatorias próximas en el tiempo es otro de los rasgos de estos nuevos sistemas políticos; esta circunstancia sin embargo no se produce en Iberoamérica donde los comicios a diferentes instancias suelen coincidir en el tiempo. La periodicidad para renovar cargos políticos (de los diversos órganos subnacionales), que en los momentos iniciales de la tran-

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sición muchas veces se acumulan y suceden en breves espacios temporales, suelen institucionalizarse siendo difícil romper después esa dinámica. Sin embargo, las fuerzas políticas contendientes exigen el cumplimiento de ciertas garantías relativas a la campaña electoral. La utilización de medios de comunicación públicos, especialmente de la televisión, es uno de los temas que suele concitar el consenso de las fuerzas políticas, tema que se presenta en las negociaciones de las «mesas redondas». Se suele conseguir una cierta neutralidad de los medios de comunicación públicos cuyo impacto es superior en los ámbitos rurales, aunque en muchos de estos países se atenúa por el limitado número de televisiones. También se suele poner sobre la mesa la exigencia de algún tipo de financiación pública, que con diferente alcance se institucionaliza; este es un rasgo «modernizador» en la medida que la extensión de esta financiación responde a la necesidad de contribuir al mayor costo de las campañas electorales en las que se utiliza nuevos recursos tecnológicos. Además se suponía que este tipo de financiación llevaría aparejada una serie de mecanismos de control, que evitaría las prácticas perversas de la financiación privada sin controles. En muchos casos la evaluación de esta financiación es menos positiva de lo que en principio se presumía: por una parte parece que como consecuencia indirecta está la congelación del sistema de partidos ya que hace difícil la articulación de nuevas fuerzas políticas. En este aspecto en las nuevas democracias el efecto sería más beneficioso por la tendencia ya señalada a la proliferación de numerosas candidaturas, en su mayoría basadas en criterios personalistas. Sin embargo el balance es menos positivo si tenemos en cuenta que muchas veces los fondos públicos van a la organización central de los partidos y por tanto consolidan las oligarquías partidistas sobre organizaciones locales. Ello puede contribuir a fomentar una menor participación política entre ciudadanos y militantes; además se ha observado que en otros casos algunos miembros de los partidos han considerado insuficientes estas aportaciones públicas y han conseguido más recursos financieros, en ocasiones fraudulentamente. Las campañas suelen tener un carácter mixto, combinación de las clásicas a base de numerosos y pequeños actos electorales, e incorporando nuevas prácticas como el uso de medios tecnológicos (televisión y marketing político). De nuevo es posible que la inercia haga que se perpetúe este modelo combinado de campaña, que entre otras consecuencias encarece el proceso. Estos nuevos sistema políticos en algunos aspectos son innovadores, en parte porque adolecen del peso de la tradición, pero en otros, como el que

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acabamos de referir, parece que les cuesta romper con prácticas en desuso en democracias consolidadas, a pesar de haber bastante unanimidad en considerar el limitado alcance de las campañas clásicas y del costo que supone realizarlas al tener que recurrir a empresas de servicios, ante la falta de medios y especialistas en los partidos. Los partidos han sido considerados los actores políticos en las transiciones llegando a ser pronto exclusivos y excluyentes agentes, quizá por la protección que consiguen de los nuevos sistemas políticos; sin embargo ese protagonismo se apoya en unas estructuras débiles desde el punto de vista ideológico y organizativo, al menos si tomamos como referencia los ya clásicos partidos de masas. En efecto, los objetivos «tradicionales» de los estudios sobre partidos de masas, estaban basados en el principio de representatividad, muy asociado al de democracia: los ciudadanos exigían que sus representantes reflejasen los diversos grupos sociales (sexo, edad, grupos étnicos, religiosos, etc.) de cada comunidad. Por ello las candidaturas los incorporaban, aunque el perfil de los elegidos contrastaba con el de los ciudadanos: pocas mujeres, edad media concentrada en los grupos de más edad y progresiva sobre-representación de profesiones y sectores más instruidos a medida que el Estado asume mayor protagonismo, lo que exige una mayor profesionalización de los parlamentarios; otros cambios socioeconómicos también quedan reflejados en la composición de los parlamentarios: así, los agricultores, que constituían un 30% de los parlamentos europeos de la segunda posguerra pero hoy son residuales. Estos criterios también se aplicaban en el interior de los partidos, con más rigor ya que era un instrumento de cohesión interna (en los partidos de izquierda la representación sindical y trabajadora en los cargos del partido era mayoritaria); pero resultaba relativamente fácil adecuar estos principios en la medida que los militantes de cada partido integraban a grupos sociales más homogéneos. Hoy, como es sabido, la situación es distinta: la sociedad exige eficacia y eficiencia de los partidos en los gobiernos. Por ello, desde las pasadas décadas muchos análisis sobre estos actores se centran en averiguar el quehacer de los partidos en las distintas oficinas gubernamentales. Después se ha vuelto a retomar el análisis de las organizaciones, pero incluyendo el enfoque antes mencionado. Una de las conclusiones más significativas es la gran complejidad de los partidos (del grupo que gobierna, de su burocracia y de los que voluntariamente se asocian); todo ello abre nuevas perspectivas de análisis y mucho trabajo por delante. De los representantes políticos intere-

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sa saber, por ejemplo, los incentivos que tienen al ejercer esta profesión cada vez más compleja que exige participar en organismos públicos, el liderazgo en el partido, con los electores y con los medios de comunicación. Cuando se analiza la realidad subnacional se manifiestan comportamientos y lealtades diferenciadas de las elites en los gobiernos respecto a sus partidos: la política se orienta a afrontar problemas específicos, los líderes no son reclutados solo de las grupos dominantes tradicionales y orientan la dinámica gubernativa en sentido cooperativo más que de conflicto. Se debate sobre la viabilidad de las tradicionales carreras políticas o posibles itinerarios alternativos que permitan una mayor flexibilidad en la ocupación de cargos en el seno del partido o como representante del mismo; incluso la utilidad de limitar temporalmente las estancias en puestos públicos, que eviten la pérdida de contacto con el entorno, la dependencia exclusiva del partido o las tentaciones de prácticas corruptas; la puesta en marcha de fórmulas de participación o colaboración partidista, como la de expertos y asesores, pero analizando las repercusiones entre los miembros de la organización. En suma, la búsqueda de mecanismos que garanticen la necesaria adaptación a las nuevas demandas sociales y a los retos de dinámica política, que permitan cierta movilidad que puede resultar hoy más adecuada para responder a los cambios actuales. En el caso de las nuevas democracias junto a estos desafíos y en parte en contraste con los problemas antes mencionados habría que encontrar fórmulas que limitaran prácticas disfuncionales derivadas del personalismo y quizá de falta de incentivos entre las elites políticas muchas veces desprestigiadas. Fenómenos como la movilidad intra-partidista, tensiones internas que desembocan en divisiones e incluso en la desaparición de partidos, son prácticas que generan incertidumbre y a veces gran perplejidad en los electores ante fenómenos como la denominada «volatilidad de los partidos». Sin embargo la menor rigidez (ideológica y organizativa) de la mayoría de las organizaciones políticas de las nuevas democracias permite encontrar respuestas adecuadas a fenómenos como los mencionados antes. Otros aspectos relativos a la cultura política de las elites con raíces en el pasado, quizá sea en principio disfuncional, aunque la habilidad para realizar acuerdos que permitan la consolidación, como ya hicieran en las transiciones permite abrigar esperanzas sobre el protagonismo positivo de las elites partidistas; en todo caso habría que contrastar más estas hipótesis con análisis en profundidad. Las primeras elecciones son el momento «heroico» para los partidos

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que actúan más como agentes de control político y social que de movilización; el objetivo es ser incluidos en el proceso democrático. Ello genera tensiones internas especialmente en el seno de las formaciones con programas, a la hora de definir estrategias concretas o acuerdos coyunturales entre elites políticas en un marco de consenso en el que participan un amplio número de fuerzas políticas. La debilidad de los partidos, en gran medida debido a las etapas autoritarias previas o la canalización de las principales demandas de la sociedad por otras vías, exige la búsqueda de líderes que aseguren dosis de comunicación y de negociación en momentos difíciles; pero también que los partidos consigan representar los intereses de los distintos sectores. Además representantes y representados debaten y están sometidos a una creciente tensión, en torno a quien representan (votantes en general, del partido o del distrito) y también sobre si la decisión se fundamenta en criterios individuales de los políticos o se debe someter a las decisiones del partido. Estos factores operan en una cultura de la clase política muy personalizada, lo que dificulta la toma de decisiones y por ello da más valor al proceso negociador. Las repercusiones en el seno de los partidos y coaliciones es grande toda vez que las tensiones y fracturas internas tienen gran alcance en la inestabilidad o volatilidad de partidos y afectan tanto a partidos y formaciones nuevas como a los históricos. La caracterización de los partidos por su origen es otro elemento central en el análisis de estos actores. En la práctica totalidad de los casos europeos y a diferencia de lo que ocurre en las transiciones de la segunda posguerra, surgen partidos nuevos en su mayoría como consecuencia de las «reconversiones» (entendidas en sentido amplio) de los partidos únicos o hegemónicos. Esta circunstancia no acontece en todos los casos, si bien la permanencia de los rótulos partidistas esconde cambios significativos en su interior. La aparición de liderazgos innovadores favorece el desarrollo de estas nuevas formaciones, normalmente exitosas en las primeras elecciones o las transformaciones en el seno de los partidos tradicionales, tanto europeos como iberoamericanos. La necesidad de olvidar el pasado asociado al conflicto, el desconocimiento de la historia remota por parte de las nuevas generaciones é incluso el análisis crítico que de la historia hacen ciertos sectores de la clase política, explica en parte la aparición de nuevos partidos, pero también la renovación de los partidos históricos antes de las primeras elecciones ó inmediatamente después del fracaso electoral. Estos procesos de adaptación favorecen el desarrollo de nuevas formaciones,

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toda vez que aunque se intente mantener la unidad de los partidos, no siempre se consigue institucionalizar las facciones y paralizar la proliferación de grupos en torno a personajes. El peso de ciertos cleavages o conflictos, como el centro-periferia o rural-urbano, también explican el desarrollo de nuevos partidos o el resurgir de históricas formaciones regionalistas o étnicas. Las circunstancias específicas que rodean el nacimiento y desarrollo de los partidos, básicamente pragmatismo y consenso en los momentos iniciales de la transición, marcarán características esenciales de sus principales actores, así como de las funciones que realizarán después. Pero no podemos olvidar la coincidencia temporal de las transiciones con los cambios en los sistemas políticos occidentales y que afectan de forma notable a sus sistemas representativos de los nuevos y clásicos sistemas políticos. Por ejemplo, los movimientos migratorios de los años cincuenta y sesenta, alteran la relación habitante/escaño de muchos distritos y origina que amplios sectores de la población no puedan ejercer el derecho a voto. Para responder a estos retos se redistribuyen los distritos antes de cada elección y se actualizan anualmente los censos; la mayor movilidad profesional de la población explica la introducción del voto por correo o procuración. Estos cambios también se proyectan sobre los partidos: por ejemplo, el impacto de la televisión sobre la opinión pública repercute en la percepción que los electores tienen sobre la imagen de los líderes. Estos, que pasan a representar al tiempo al partido y a su programa, importan e influyen más que las diferencias de los manifiestos electorales. De este modo y a pesar del alcance relativo de la televisión, especialmente en ámbitos rurales en los países en transición, los liderazgos innovadores que surgen además de tener en cuenta a la mayoría silenciosa y no activista, de tener que adoptar decisiones, muchas arriesgadas e impopulares, de ser flexibles en las negociaciones, han de ejercer su autoridad en el partido y ser capaces de ganar votos entre los hipotéticos electores. Todo ello produce un enorme desgaste y las consiguientes crisis que motivan la escasa duración de los líderes dada la identificación partido-líder, al que por otra parte le están vetadas las tentaciones hegemónicas por el rechazo generacional que producen estas prácticas. Esto explica la debilidad de los líderes en transiciones pactadas en relación a aquellos en sistemas consolidados. En cuanto a la caracterización de los partidos en función de la organización y funciones, pasan a la época postindustrial directamente, como partidos atrapa-lotodo dirigidos a amplios sectores de la sociedad; en algunos aspectos también participan de las caracte-

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rísticas del partido «cartel» en cuanto a la mayor identificación con el Estado (por la financiación pública, por la cooperación entre los partidos que están en los gobiernos nacionales y subnacionales ó por el menor protagonismo de los militantes): actuando como intermediarios. Sin entrar en la polémica acerca de la crisis de los partidos, que discurre paralela a los cambios mencionados, la práctica política ha puesto de manifiesto que mantienen y tienen reforzadas sus funciones modificando sustancialmente la realidad sobre la que operan. Como hemos visto, en la transición su papel es mayor puesto que son los actores fundamentales que dinamizan y ejecutan el calendario de las reformas. Después de las primeras elecciones se ha venido reforzando su posición a través de una fuerte institucionalización. Esta «protección» recibida por parte de los nuevos sistemas políticos también se justifica por la debilidad de sus organizaciones internas. La etapa autoritaria normalmente acarrea un mayor distanciamiento de lo público tanto en los modelos de movilización política autoritaria, como en los contrarios. Por otra parte, al ser la oferta partidista dirigida a amplios y complejos sectores sociales, se reducen los atractivos a una mayor participación política, ya que los ciudadanos muchas veces no encuentran ventajas inmediatas a este tipo de participación más activa. En este punto habría que preguntarse por la posición de las elites acerca de perpetuación/modificación de la cultura política autoritaria como veremos después. En principio cabe pensar que las afiliaciones iniciales se producen entre sectores más politizados y que suele ser más débil entre los partidos de centro-derecha, especialmente en aquellos impulsados desde arriba. En todo caso es difícil demostrar que los movimientos sociales o los medios de comunicación hayan desplazado en el terreno electoral a la acción organizada de los partidos; cabe pensar que los mensajes emitidos a través de los medios requieren un primer círculo de líderes de opinión, y los partidos son una red organizada de estos, quienes a su vez repercuten sus mensajes hacia sectores más amplios. Por lo tanto parece necesaria la existencia de una estructura organizativa fuerte que articule y ejerza de eslabón (elites intermedias de los partidos) entre los electores y el líder. Son pues partidos débiles especialmente por los problemas que afectan a líderes y militantes lo que contribuye a explicar fenómenos como la abstención, volatilidad, fragmentación de los sistemas de partidos en las nuevas democracias. Por el contrario, la polarización es escasa, fenómeno que corre paralelo al pragmatismo y flexibilidad de las elites partidistas.

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Finalmente, quiero presentar unas breves notas relativas al comportamiento de los electores, en las primeras elecciones en los países europeos. La participación no suele ser muy alta, incluso en los países en que existe voto obligatorio. Estos porcentajes se sitúan en las cifras medias de muchas democracias consolidadas en la actualidad y difieren de las altas tasas de participación lograda en la segunda posguerra mundial. Se han aportado diversas e interesantes interpretaciones atribuibles en parte a la abstención técnica, pero también debido a un relativo grado de madurez democrática, de escepticismo sobre lo que la democracia puede facilitar, hasta argumentos sustentados en el cansancio motivado por las sucesivas convocatorias en un breve lapso de tiempo (constituyentes, presidenciales, locales, algunas a dos vueltas y también en ocasiones referenda). En todo caso la limitada participación política es hoy un fenómeno generalizado en la mayoría de los sistemas políticos; el carácter elitista de los procesos de transición no parece ser el único o principal responsable de la menor actividad política de los ciudadanos. Con un mínimo de perspectiva temporal hay que preguntarse no obstante en qué medida las elites partidistas son responsables de perpetuar elementos fundamentales de la cultura política autoritaria (desinformación, acriticismo y pasividad); en muchos casos no han puesto en marcha una política de educación cívica y tampoco comunican ni explican habitualmente su quehacer político. Por ello partidos y analistas buscan fórmulas que incentiven y faciliten la comunicación y participación política: las encuestas son hoy una de las vías, que tienen los ciudadanos para comunicarse con los políticos y que parece ser un mecanismo eficaz, si tenemos en cuenta los gastos que las administraciones dedican a la periódica realización de barómetros y sondeos. No obstante la extensa oferta de elecciones, y de candidaturas concurrentes, parece que los electores muestran un significativo grado de madurez y pragmatismo y, aunque desconociendo la influencia del sistema electoral sobre el sistema de partidos, la mayoría opta por cierto grado de voto útil. Mayoritariamente (dos tercios del electorado) rechazan opciones radicales en favor de ofertas moderadas de derecha e izquierda del espectro político. Algunos electores escinden su voto cuando coinciden elecciones un mismo día o cambian de partido ante elecciones de diversa importancia. En muchos casos estas opciones son más fáciles de ejercer por las opciones que ofrecen a los electores los modelos de candidaturas. En general la identificación partidista no es muy alta. De este modo se sancionan gestiones eficaces, lide-

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razgos estables o realizan voto de castigo en sentido contrario; paralelamente hay un componente significativo de voto clientelar sobre todo en ámbitos rurales: este tradicional cleavage o conflicto poco innovador adquiere significado en muchos de estos países debido en gran medida a las condiciones sociales y económicas en gran parte de estas sociedades. En menor medida destacan los otros cleavages. De estos rasgos parece desprenderse la relativa importancia del sistema electoral en las primeras elecciones: la imagen de los líderes sería una variable determinante del comportamiento. Por otra parte, los sistemas electorales en la práctica, cumplen los objetivos prefijados por voluntad de los sectores más inmovilistas con el acuerdo tácito de las fuerzas reformistas y garantizan la sobre-representación de las zonas más atrasadas. Al tiempo aseguran una gran representación de las fuerzas mayoritarias, normalmente dos, uno de los cuales suele ser un partido de reciente creación; el otro suele ser uno reformado, o que se reformará si no alcanza sus objetivos en los primeros comicios. Ello explica la casi generalizada baja proporcionalidad de estos sistemas electorales, pero también aseguran uno de los objetivos propuestos en los momentos iniciales de las transiciones, conseguir mayorías estables. Uno de los riesgos sería la posterior consolidación e institucionalización del modelo antagónico de la política extendido al resto del sistema político; este modelo no parece ser la mejor solución a la complejidad de las sociedades en la actualidad. Además estos sistemas electorales permiten la representación de otras formaciones minoritarias, que finalmente quedan infrarepresentadas. Por ello se suele hablar de sistemas bipartidistas imperfectos o de pluralismo limitado, que también tienden a perpetuarse, aunque la mencionada volatilidad de los partidos, y a veces de los electores, exige con perspectiva temporal, introducir variables, como los análisis cíclicos que expliquen los vuelcos electorales. En ocasiones, el optimismo producido por el éxito de los procesos de transición ha oscurecido problemas y también ventajas de los nuevos sistemas políticos. Entre los primeros el escaso cambio en muchos aspectos de la cultura política autoritaria de elites políticas y de los ciudadanos; entre las ventajas la mayor flexibilidad en los procesos de toma de decisiones políticas, que permite, por ejemplo, interpretar el faccionalismo en los procesos de transición en un sentido menos negativo que el tradicionalmente acuñado por los estudios sobre partidos. En este contexto parecería que los procesos de adaptación de los partidos en los sistemas europeos son más complejos que el desarrollo de los partidos en las nuevas democracias. Las reflexiones

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de estas páginas se acompañan necesariamente de muchos interrogantes, dada la dimensión de los cambios políticos a los que estamos asistiendo en este final de siglo (y milenio) y que alcanzan tanto a las viejas como a las nuevas democracias. De ahí el valor tentativo de las reflexiones y análisis realizados, que por otra parte se enmarcan en los habituales usos de los análisis políticos actuales.

4. ESTUDIOS SOBRE LOS SISTEMAS ELECTORALES Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial cobran notable trascendencia los estudios de Hermens, Lakeman y Duverger. Posteriormente, una decena escasa de libros, la mayoría de los últimos años, han seguido debatiendo los presupuestos básicos de estas obras clásicas, aunque los trabajos más recientes presentan una posición crítica respecto al estado de las investigaciones en el campo de las implicaciones de los sistemas electorales en una perspectiva comparada. Pero, también, alguno de estos estudios ha contribuido a la construcción de la denominada ingeniería política (Sartori, 1968), que ha sido tenida en cuenta por los políticos. Esta situación ha alcanzado una mayor trascendencia cuando las elecciones se han considerado el momento heroico (Schmitter y O’Donnell, 1986) de las distintas transiciones habidas en los últimos quince años del siglo XX. Pero también cuando se considera que el sistema electoral, así como la relación de los poderes la organización territorial, constituyen las opciones centrales de los sistemas constitucionales (Lipjhardt). La adecuación representativa es, asimismo, tema central en los debates y prácticas sobre la consolidación democrática. Por otra parte, los cambios acaecidos en los sistemas políticos occidentales en los últimos veinte años han repercutido en los respectivos sistemas de representación, que se concreta en las relaciones de electores y elegidos, de partidos y representantes, de programas y políticas; en suma, cambios en la participación y representación políticas y su relación con el rendimiento de los sistemas políticos, por lo que se buscan alternativas que palien la creciente distancia entre la sociedad civil y lo político: prácticas como la oleada de referenda (Ranney, 1991), así como reformas constitucionales, incorporan estos asuntos en los debates y cuestiones objeto de reforma (Japón, Francia, Italia, Bélgica, Gran Bretaña, etc.). La adecuación de los sucesivos tratados de la Unión Europea a los textos constitucionales nacionales también han incidido en la modificación de

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diversas cuestiones relativas al sistema electoral. Las repercusiones de los cambios de los sistemas representativos han tenido, pues, un alcance directo sobre los sistemas políticos, han motivado algunas crisis de gobierno (Japón), han sido utilizadas para modificar el curso de los acontecimientos (Argelia), sancionar segregaciones estatales (en casi toda la ex URSS) e incluso están en la base de la legitimación y recambio de líderes en procesos de transición (Yeltsin). Los sistemas electorales, como criaturas políticas, se pueden alterar por razones políticas (Taagepera, 1989), por lo que la generalización de prácticas consensuales, fundamentada en el pragmatismo, incide en la necesaria compensación de principios que garanticen la representación de intereses minoritarios, pero también la gobernabilidad. La opción por sistemas electorales mixtos aparece en buena parte de los nuevos sistemas electorales, como, asimismo, se encuentra en la filosofía de las mencionadas reformas electorales en curso. De igual modo, no faltan trabajos que se ocupan de evaluar el impacto de los cambios habidos en las sociedades occidentales sobre el comportamiento electoral y sobre los principales actores de los sistemas políticos, los sistemas de partidos. El avance industrial se acompaña de unos niveles de bienestar que se traducen en modificaciones en los comportamientos individuales, que han de competir en unas redes sociales más complejas, que dividen sus lealtades y que afectan también a las relaciones interpersonales e institucionales, que se hacen más fluidas y que se manifiestan en una creciente volatilidad en el comportamiento político. Los cambios económicos y sociales se unen a la expansión de las oportunidades educativas y al incremento de los recursos tecnológicos de información y comunicación, en los primeros años a través de la televisión y después a través de internet, por lo que se genera un electorado más sofisticado. El realineamiento, o la aparición de nuevos conflictos informan el comportamiento de los electores (superando alguno de los cuatro clásicos de Rokkan), cuya identificación con los partidos ha disminuido sensiblemente. También la pérdida de importancia de los partidos políticos clásicos ante nuevos grupos sociales supuso la aparición de nuevos partidos o la reformulación de otros, así como un mayor fraccionamiento del sistema de partidos y la volatilidad electoral, son objeto, asimismo, de polémica hoy: hay quienes sostienen una posición más radical en cuanto al alcance de los cambios (Dalton, Flanagan y Beck, 1984, y Crewe y Denver, 1985) y otros para quienes se produce una continuidad en el cambio, modificaciones peri-

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féricas, sin que trasvasen los bloques izquierda-derecha (Gallagher, Laver y Mair, 1992). En este contexto, cabe preguntarse si la nueva oleada de bibliografía «autocrítica» no se justifica por todo lo mencionado antes: la convulsión del objeto se acompaña de otra de sus analistas. La revisión que se ha hecho sobre los estudios comparados de los sistemas representativos han considerado que su situación es de subdesarrollo (Lijphart, 1984, 1985). No es casual que uno de los autores que más ha contribuido a avanzar en este tipo de estudios (Lipjhart, 1987) haya realizado un exhaustivo balance de las investigaciones realizadas en torno a los estudios comparados de los sistemas electorales (Lijphart, 1984, 1985, 1986, 1990). Considera que éstos, junto al sistema de distribución de poderes (parlamentarismo-presidencialismo) y a la organización territorial de los mismos, constituyen las opciones constitucionales básicas que las democracias han de adoptar, por lo que su estudio es prioritario (Lipjhart, 1991). Su conclusión es que existe un desajuste conceptual y metodológico. Se considera que los trabajos sobre partidos, elecciones y comportamiento al menos han contribuido con una extensa base empírica, aunque esta se ha realizado sobre débiles argumentos teóricos (Mayer, 1991). Sin embargo, en términos coloquiales hay pocos estudios, y la mayoría resultan poco satisfactorios. El objetivo de las páginas que siguen es dar cuenta de ello y apuntar posibles alternativas. De forma sistemática, los problemas que se detectan, todos íntimamente relacionados, son los que siguen.

4.1. La falta de especialización de los trabajos realizados Gran parte de las aportaciones ha sido realizada por autores de disciplinas ajenas a la Ciencia Política, con las que apenas ha habido comunicación, y ni siquiera entre algunos campos próximos a la propia ciencia política, como la geografía política, en cuyo ámbito se han llevado a cabo algunos trabajos. Parece existir una cierta indiferencia hacia los problemas electorales, especialmente en los EE. UU., donde ha dominado el interés por vertientes más genéricas de la Política Comparada en áreas del Globo donde estas cuestiones no tenían significado por no ser sistemas democráticos. A pesar del constante intercambio intelectual entre el continente europeo y americano, los trabajos en ambos lugares apenas han incorporado los casos del otro lado del océano. Al divorcio entre comparatistas y analistas de cada sistema político, por la pervivencia de un cierto parroquialismo, hay que añadir

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el que se produce entre comparatistas de los sistemas electorales y los que trabajan en modelos formales de las teorías de la elección racional; estos últimos se suelen interesar en descubrir el mejor método de elección para un único ámbito, mientras que los primeros se centran en los legislativos nacionales fundamentalmente.

4.2. El carácter dependiente atribuido a los sistemas electorales Se trata de evaluar las implicaciones institucionales y políticas de la llamada, en su acepción clásica, «cocina electoral» y, en términos actuales, «ingeniería política» (Sartori, 1968). Los sistemas electorales se derivan de la evolución política general de los países que, a través de modelos diversos, se han organizado conforme a las reglas fundamentales de la democracia representativa. Este carácter dependiente de los sistemas electorales estará presente en el momento de describir la justificación teórica de las normas, sus funciones reales y sus efectos políticos en el marco de una sociedad determinada. Analizar los diversos sistemas electorales como si se tratara de instrumentos científicos o mecánicos de comportamiento exacto e invariable sería desconocer que las disposiciones que regulan son resultado de factores históricos, socioeconómicos y políticos que les asignan determinadas funciones. Hoy casi doscientos años después de que se establecieran los primeros sistemas electorales, es necesario investigar las motivaciones que están en el origen de los mismos, así como los cambios que en ellos se han producido y descubrir las consecuencias de los diferentes aspectos de las reglas electorales, lo que exige considerarlos como variables independientes. Los politólogos no han prestado apenas atención a las reglas electorales desde un punto de vista comparado; una escasa docena de libros, en más de cincuenta años son buena muestra de ello. Sorprende porque, además de los conocidos efectos sobre otros elementos de los sistemas políticos, ofrecen un instrumento práctico para la ingeniería política, cuando se quiere introducir cambios en el sistema político. Sartori (1968) habló de los sistemas electorales como el instrumento de la política más específico para ejercer la manipulación. Por ejemplo, dos países occidentales, Francia y Grecia, son buena muestra de cómo los gobernantes han modificado las reglas electorales para lograr ventajas políticas: en Grecia, desde 1921 se han utilizado quince diferentes sistemas, con consecuencias concretas (Panayote, 1991); en Francia, los cambios en los últimos anos de la III República, pero también al princi-

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pio de la IV y otros más recientes. Quizá la explicación más satisfactoria del hecho de que las reglas electorales no hayan sido reconocidas de forma más amplia se deba a que se piensa que el sistema electoral es una constante, más que una variable. De este modo, las reglas electorales pueden ser manipulables en principio, pero en muchos países tienden a estar firmemente establecidas y asentadas y es difícil cambiarlas en la práctica; la inercia y el contagio son considerados por muchos como argumento sustentador de esta cuestión, tanto por políticos (véase preámbulo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, LOREG) como por politólogos (Lijphart, 1985). Otros autores (Katz, 1980) sostienen que normalmente se registran ajustes mínimos y, si se produce la reforma, los políticos deben estar convencidos de que el cambio se produce sobre reglas del juego en las que van a seguir ganando y que la reforma sólo se producirá en casos extremos de verdadero colapso. Estas premisas son cuestionadas por la historia electoral y, también hoy, ante la relativa frecuencia con que se suscitan discusiones sobre las reformas político-electorales en democracias estables (Japón, Gran Bretaña, Francia, Italia, Irlanda), junto a las derivadas de la Unión Política Europea, y la popularidad de los modelos mixtos (principalmente los elementos básicos de los sistemas electorales de Alemania e Irlanda) en los países mencionados. En las nuevas democracias y en las recuperadas democracias iberoamericanas, también se conjugan elementos mayoritarios y proporcionales, en la medida que sus efectos se alejan del principio de decisión que los inspira (caso de los sistemas proporcionales de España y Argentina, por ejemplo). Quizá estemos asistiendo a un momento de colapso, del que hablara Katz, que justificaría las reformas en curso. Es posible, pues, que la escasa atención prestada a los sistemas electorales esté condicionada por la ambigüedad de todo análisis o crítica de los diversos aspectos de ellos, dado que no son un instrumento neutro de medición, sino un recurso o medio sometido a exigencias políticas de signo distinto, cuando no contradictorio. Interesará, por lo tanto, señalar cuáles son las funciones atribuidas a un sistema electoral y cómo éstas son objeto de desviación o distorsión en la práctica política. Originariamente, y desde enfoques normativos que prevalecen hasta la Segunda Guerra Mundial, algunos autores hablaban de «situaciones patológicas» de un sistema electoral, como si se tratara de deformaciones no pretendidas y de origen externo al sistema electoral. Desde un enfoque dinámico de las reglas electorales se advierte que, a veces, las supuestas «anomalías» son consustanciales al propio sistema electoral puesto que los efectos perturbadores han sido pretendidos en el momento de articular la ley que

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regula el proceso electoral: así, por ejemplo, la introducción del sistema de listas cerradas y bloqueadas en las normas electorales españolas de 1977 tenía como objetivo prioritario contribuir a la institucionalización, de los partidos políticos, de clara debilidad en ese preciso momento. La introducción de avales para la presentación de candidaturas, la celebración de comicios en épocas benignas desde el punto de vista climatológico en países nórdicos, son ejemplos que justifican y explican el significado no patológico, sino querido, de los elementos que conforman los sistemas electorales. La teoría liberal atribuía a los S.E. el objetivo de regular las elecciones por los ciudadanos de quienes ejercen el poder político en una comunidad ostentando su. representación. El citado objetivo encierra unas funciones que pueden resumirse en tres efectos principales: producir representación, producir gobierno y ofrecer legitimación. El alcance e importancia de los mismos ha variado a lo largo del tiempo. Así recordemos de forma muy breve, la producción de gobierno en el siglo xix tiende a arrebatar a los monarcas el poder de nombramiento para dárselo a los parlamentos, dominados entonces por oligarquías de extracción burguesa gracias al sufragio censitario establecido. Después, los partidos políticos atenúan progresivamente la acción de los individuos electos y distancian a los electores de esa función de elección. A finales del siglo XX junto a las funciones clásicas adaptadas, unos autores otorgan a los procesos electorales un alcance fundacional en el inicio de la transición política (Schmitter y O’Donnell, 1986), para la determinación de los tipos de transición (Alcántara, 1992), e importantes consecuencias después, dada la tendencia a perpetuarse e institucionalizarse por inercia u otras razones. Usos y reglas de esta primera etapa adquieren autonomía respecto a quienes las instauraron y se mantienen en la consolidación (López Nieto, 1992). Otros consideran que las elecciones se han convertido en la parte central del proceso democrático en los países occidentales (Gallagher, Mayer y Mair, 1992). En el caso de los países europeos, las elecciones tienen un doble significado práctico y simbólico. Desde el primer punto de vista, producen parlamentos y juegan un papel central en la determinación de quién formará parte de la elite política. Además, influyen en la formación de los gobiernos, si bien, dada la frecuencia de los gobiernos de coalición hoy, su impacto, es indirecto. Llevando al extremo este argumento, la segunda función clásica, la de formación de gobierno, perdería relevancia en favor de quienes han pasado a sustituir a los sujetos primeros de la representación, esto es, a los partidos políticos, que centran su actividad en las elecciones en sustitución de los candidatos individuales, seleccionados

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antes por sus cualidades personales. Los partidos serían entonces más funcionales para la formación de los gobiernos, hecho que se acentúa en los parlamentos pluripartidistas, pero también en los bipartidistas, donde el primer ministro y su equipo son preparados por los partidos. Esta situación, evaluada en términos extremos, cuestionaría la prohibición liberal del mandato imperativo. El progresivo incremento del poder político de los gobiernos sobre los parlamentos y la generalización de los gobiernos de coalición. En todo caso, esta interpretación es extrema y sirve sólo como muestra de los cambios y desconexión con los principios clásicos de la representación y de sus funciones, con la realidad actual, que ha motivado la intervención de los tribunales constitucionales en la resolución de estas cuestiones, como la sentencia del Tribunal Constitucional que derogó el artículo 11 de la Ley de elecciones locales de 1978 en España, que autorizaba a los partidos a disponer del escaño del concejal que abandonara el partido; se consideró por la alta magistratura que conculcaba el principio constitucional que prohíbe el mandato imperativo. Sin embargo, las funciones clásicas siguen jugando un papel hoy. Las elecciones tienen en tal sentido importancia simbólica y también política, legitimando al sistema político nacional a los ojos de los ciudadanos. Ofrecen a los individuos una forma de participación en política a un relativo bajo costo. en términos de tiempo, dinero y esfuerzo personal. Para mucha gente, la mayoría, ésta es la única forma de participación política. Además, ofrecen a los ciudadanos el sentimiento de que están ejerciendo opciones no sólo sobre quienes les podrían representar en el parlamento, sino sobre quienes podrían conformar el próximo gobierno, aunque, de hecho, el voto de cualquier elector individual no tiene apenas impacto efectivo en estos asuntos.

4.3. Escasa producción y carácter monotemático de los trabajos realizados Veamos ahora qué se ha estudiado y cómo se ha analizado este objeto cambiante y contradictorio, que también dará luz sobre su estado de subdesarrollo. Los primeros trabajos sobre las elecciones se podrían encuadrar en un marco geográfico, debido al carácter parroquial nacional de los primeros enfoques en los albores de la Ciencia Política; en Francia, Gran Bretaña y España se producen trabajos de historia electoral, creando una tradición que pervive hasta hoy. En Estados Unidos, al amparo de los enfoques

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individualistas, se estudia el comportamiento electoral, que también llega a nuestros días. A la hora de analizar y distinguir los sistemas electorales según los principios de la representación política, a cuya evolución histórica, doctrinal y sistemática de sus elementos más significativos, hemos dedicado breve atención en las páginas anteriores, caben diversos enfoques; éstos tendrían mucho que ver con las diferentes escuelas de investigación empíricoelectoral que han funcionado desde principio de siglo (A. Siegfried) pero que cobran gran auge después de la II Guerra Mundial en los países occidentales, coincidiendo claro está, con el florecimiento de la Ciencia Política; las investigaciones en materia de representación política constituyen en su seno parte significativa, y, dentro de ésta, los estudios electorales por ser los que tratan más próximamente el problema de la representación (Sartori). En Francia desde el originario enfoque centrado en la geografía electoral de la escuela fundada por A. Siegfried y que continuó posteriormente (Goguel), se interesa en verificar los efectos del sistema electoral sobre los partidos políticos (Duverger con una perspectiva eminentemente formalista) y sobre la competencia política (abstencionismo, etc.). En Estados Unidos se establecieron los fundamentos para una investigación electoral de carácter empírica y sociológica, centrándose y desarrollándose a continuación un análisis de conducta y motivación (Lazarsfeld), pudiendo medir los comportamientos políticos por medio de indicadores socioeconómicos; surgen allí sin embargo otras orientaciones, como las de D. W. Rae con enfoques formalistas, y otras centradas en candidatos y temas políticos centrales (Campbell). En Gran Bretaña, D. E. Butler y su equipo analizan preferentemente aspectos de la lucha electoral y otras cuestiones del análisis conductista: también florecen estudios de carácter histórico (no sólo en este país) entre los que destacaremos los de Craig y los enfoques de comportamiento electoral aportados por Rose y Mackie. Las escuelas italianas han desarrollado por su parte, desde una perspectiva histórica y politológica, teorías sobre la dinámica e influencia del sistema electoral en relación al contexto político-nacional (Caciagli, Spreaffico). En la República Federal Alemana, se ha tratado de establecer una justificación teórica y práctica de los diversos tipos de soluciones técnicas hipotéticas (Meyer, Nolhen y otros profesores de la Universidad de Heidelberg). En los países nórdicos, Rokkan y otros, también realizan investigaciones estadísticas procesando material empírico, histórico y actual. También en España se realizan investigaciones de carácter histórico y actual en la mayoría de los casos circunscritos a territorios concretos. Desde una perspectiva temática y centrada en los libros sobre los sistemas

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electorales en sentido estricto, la práctica totalidad de las investigaciones se ha centrado en la cuestión considerada esencial y determinante de los sistemas electorales desde hace un siglo y medio: los procedimientos para la atribución de los escaños, mayoritario y proporcional. La práctica electoral demostró enseguida que el objetivo pretendido no siempre se garantizaba, lo que abrió dos grandes etapas y áreas de debate político e investigador que llegan hasta nuestros días normalmente ensambladas: rendimiento y efectos políticos del sistema electoral, la adecuación representativa y la estabilidad y gobernabilidad, así como la medición concreta de estas cuestiones. Los primeros estudios se centran en los aspectos y efectos políticos más genéricos. Después, las investigaciones analizan y evalúan con mayor precisión empírica y comparada el alcance de esta opción constitucional, al amparo de nuevos recursos técnicos y de los principios políticos mencionados, pero sobre todo debido a la creencia en el carácter de variable independiente de los sistemas electorales. Así, la primera etapa se inicia con una generación de empiristas que tomó parte en la controversia sobre las dos opciones de la representación y que enlaza con las propuestas del siglo anterior. En los años veinte aparece en USA un libro, denominado Representación proporcional (Hoag y Hallet, 1926), que presenta ejemplos de las anomalías potenciales que pueden producir las elecciones por sistema de mayoría relativa: cómo las minorías concentradas territorialmente pueden conseguir escaños en detrimento de partidos de ámbito nacional, como sigue ocurriendo hoy en Gran Bretaña con el partido liberal, por ejemplo. Este trabajo, con aportaciones empíricas sobre las primeras elecciones con representación proporcional en países como los bálticos, adopta una actitud casi misionera en favor de la proporcional al tiempo que establece una gradación de las opciones: consideran la fórmula del voto único transferible, adoptada en Irlanda, la opción mejor, situándose las fórmulas proporcionales con lista en el otro extremo, aunque aventajando siempre a la mejor fórmula de representación mayoritaria, el voto alternativo. En la misma tradición, Lakeman y Lambert (1955), y a partir de la realidad electoral británica, defienden las opciones proporcionales de la mayoría de los sistemas políticos europeos. Esta obra, reeditada después sólo por la autora británica, que encabeza una sociedad en favor de la reforma del sistema electoral de su país, es, asimismo, una respuesta a una publicación aparecida unos años antes en la que se ha considerado la crítica más virulenta a la R.P.; me refiero al trabajo de Hermens (1941), por considerarla respon-

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sable del acceso de Hitler al poder. Por su parte, Duverger produjo el primer trabajo (1951) embrionario, presentando cuestiones que hoy todavía son objeto de debate. Considera al mundo dualista por naturaleza: el sistema de mayoría simple lo refuerza, mientras que la representación proporcional multiplica las opciones y mantiene muchos partidos. Las consecuencias son el alcance de los sistemas electorales sobre el sistema de partidos y la posible influencia psicológica del sistema electoral sobre los votantes. Pronto surgen las críticas a esta obra; así, Grumm (1958) sostiene que el sistema de partidos precede al sistema electoral, por lo que la R.P. se introduce allí donde existía multipartidismo para evitar las diferencias entre votos y escaños, caso de RFA, de Dinamarca y de Noruega. Desde una perspectiva distinta, dos trabajos (Downs, 1957, y después Quintal, 1970) aplican el modelo económico de costes y beneficios para explicar cómo se eligen los sistemas electorales. Las importantes aportaciones de Rokkan y Lipset (1967) consideran que las reglas del juego, las leyes electorales, actúan en favor de la persistencia de los partidos que las idean. Después, Rokkan también dedica atención especial a las explicaciones sobre la variedad de los sistemas electorales (1970). La introducción de la R.P. está condicionada por la necesidad de proteger a las minorías para mantener la unidad de los estados y, también, por la extensión del sufragio universal. Respecto a los efectos psicológicos de los sistemas electorales, que también planteara Duverger, hay diversos estudios referidos a casos nacionales, cuya evaluación es positiva en los casos de Spafford (1972), para Gran Bretaña, y de Fisher (1973), para la República Federal de Alemania. En una perspectiva comparada y sobre este mismo tema, Sartori (1968) atribuye un lugar fundamental a la «ingeniería política» en la adopción de los sistemas electorales, al posibilitar éstos constreñir las tendencias centrífugas de las nuevas naciones. En relación a la otra cuestión planteada por Duverger, Sartori sostiene que la fórmula proporcional en distritos grandes, no multiplica los partidos; sólo representa un debilitamiento de los efectos de contrapeso que producen los sistemas de mayoría simple; así, los sistemas menos proporcionales pueden limitar el alcance de las tendencias centrífugas. Coincide con Duverger en la idea del impacto de los sistemas electorales en los sistemas políticos, aunque discrepa de que éstos tengan efectos sobre el dualismo. Después, Nolhen (1978) discrepa de Sartori en cuanto a la ubicación de los citados sistemas. Sostiene, con otros autores (Grum, Quintal), que existen dos principios de representación incompatibles, sistema de mayoría simple y de representación proporcional, aunque admite la existencia de casos intermedios; reafirma el

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modelo bipolar de Duverger y mantiene que las clasificaciones se deben hacer teniendo en cuenta la adecuación entre su funcionamiento y el principio con el que fueron adoptados, entre objetivo y rendimiento. En síntesis, los primeros creen que los sistemas electorales afectan a la política, y los segundos, que ocurre lo contrario. Se puede decir que todos tienen razón, ya que nadie rechaza explícitamente la hipótesis contraria: política y sistemas electorales pueden interactuar en los dos sentidos, de forma compleja. Vemos pues, que la mayor parte de la bibliografía aparece en forma de artículos cortos en revistas muy diversas y es, fundamentalmente, descriptiva y centrada en favor de un sistema electoral concreto sin apenas alcance teórico. Sin embargo, cuando se consideran los sistemas electorales como variables independientes, además de estudiar las principales opciones de los mismos, sus causas y efectos, es fundamental conocer también las consecuencias de los demás aspectos que integran las reglas electorales. En este sentido, se advierte cómo hay una importante serie de variables que habitualmente se han omitido en los trabajos realizados, puesto que cuando se han estudiado sólo se ha hecho a nivel micro y casi nunca de alcance nacional; no podemos olvidar, sin embargo, el interés de este tipo de trabajos, como aquellos realizados por Scaramozzino sobre el voto de preferencia en Italia, que han permitido conocer en sucesivas aportaciones el alcance de este aspecto de las reglas electorales, aunque con escasa inserción fuera del ámbito nacional italiano. Conviene recordar con Lijphart que los efectos de las diversas opciones que ofrecen las reglas de juego sobre las diversas etapas del proceso electoral apenas han sido estudiados. Se trata de todos los elementos que hemos incluido bajo el rótulo de garantías electorales, como por ejemplo, aspectos específicos del formato de las papeletas: quién las hace y, en caso de que no sea sólo el Estado, su distribución y/o financiación, el orden de las candidaturas y o de los candidatos, el criterio utilizado, sorteo, alfabético. La mayoría de las reglas que afectan a estas cuestiones han sido objeto de reforma en los años sesenta en Europa, como la introducción del voto por correo o la redistribución de los distritos, debido a los movimientos migratorios; la financiación pública, como consecuencia del impacto de la revolución tecnológica en las campanas electorales. Casi nunca estos asuntos merecieron mucha atención de los estudiosos, como tampoco después, cuando las nuevas democracias debaten e introducen mecanismos electorales que les permitan afrontar y resolver cuestiones diversas a las que se enfrentaron hace años las viejas democracias: por ejemplo, las relativas a la debilidad de los partidos, pero al tiempo buscando vías que canalicen la cultura perso-

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nalista de las elites y de los ciudadanos, o se garantice la representación de las minorías, por lo que en muchos casos se combinan diversos tipos de voto, caso de España y de muchos países del Este y, también, en Iberoamérica. Sería, pues, deseable e importante analizar estas cuestiones, aparentemente de menor alcance a los ojos de los investigadores hasta ahora, pero que se muestran, sin duda, importantes desde el punto de vista político.

4.4. Avances en la historia de los estudios electorales En una segunda etapa se desarrollan un grupo de investigaciones de tipo transnacional y comparado, partiendo de la premisa del carácter independiente de los sistemas electorales, considerados en sentido estricto, fórmulas, distritos y tipos de voto; se avanza, pero se siguen obviando análisis sobre otros aspectos de los SE que ya hemos visto que tienen importantes efectos en los actuales procesos electorales. El pionero de estos trabajos es la ya clásica obra de Rae (1967), que, a partir del análisis de resultados electorales en numerosos países, evaluará los efectos de tres elementos de las leyes electorales (el tipo de voto, el tamaño del distrito y la fórmula electoral) sobre la competencia entre los partidos, distinguiendo efectos próximos y a medio plazo, cuyo resultado se concreta en una serie de leyes. Así, el grado de multipartidismo (índice de fragmentación electoral y parlamentaria), la proporción entre votos y escaños (índice de proporcionalidad) y la tendencia de los SE a manufacturar mayorías, a dar la mayoría de los escaños a quien no ha alcanzado la mayoría de los votos. Luego, coincidiendo con las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo, se inicia un amplio debate con la pretensión de encontrar un sistema electoral lo más unificado posible; se publican diversos libros sobre los sistemas electorales europeos que de forma sistemática abordan bastantes aspectos de las leyes electorales v presentan alguna propuesta, y se reedita el libro de Lakeman (1974), Finer (1975), Georgel, Sasse y Hand (1979) y Bognador y Butler (1983). Katz (1980) se interesa por las relaciones entre partidos, agregando a la variable tipo de voto de Rae el alcance de la preferencia de voto en el seno de los partidos y entre los electores; presume que los candidatos se comportan racionalmente para lograr ser elegidos o para su reelección; también trata la competencia de candidatos con miembros de otros partidos; todo ello a partir de tres casos nacionales: Irlanda, Italia y Gran Bretaña. Quedan, sin embargo, muchos otros efectos por evaluar, por no haber sido apenas estu-

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diados. Algunos ya son apuntados por Lijphart en su estudio sobre la democracia (1987), al plantear la necesidad de estudiar los sistemas electorales en los análisis sobre los sistemas políticos. No se puede olvidar, sin embargo, que Rae (1967) había sugerido tres direcciones para investigaciones futuras: volver a los análisis sobre el desarrollo de los sistema electoral de que se ocupó Rokkan en los trabajos mencionados. En segundo lugar, penetrar en las complejidades de los comportamientos de los sistemas electorales, abordado por Katz y finalmente, analizar las consecuencias de los SE para la política en general, lo que es analizado en el citado libro de Lijphart, con el que inicia una larga serie de aportaciones. En ese estudio de 21 países encuentra que tanto los sistemas de mayoría relativa como los proporcionales favorecen al principal partido electoral, por lo que a menudo se manufactura la mayoría, aunque en menos ocasiones cuando se utiliza la representación proporcional; también se ocupa de los conflictos partidistas y de la duración de los gabinetes, abriendo de este modo nuevas líneas de investigación, en las que él proseguirá de modo fructífero, en trabajos colectivos e individuales, pero también de forma indirecta inspirando otros en la que ya se puede considerar una nueva y renovada etapa de este campo. Destacaré dos valiosos volúmenes coeditados por el mismo (Lijphart y Grofman, 1984, 1986), que tienen las ventajas de toda publicación colectiva: sus autores individuales son los mayores especialistas en sus temas, pero tienen el inconveniente de los solapamientos y redundancias, que impiden lograr un enfoque unificado. Sin embargo, ha permitido presentar análisis sobre cuestiones anteriormente apenas analizadas y casi nunca de forma comparada; así, la polarización ideológica de los electorados, sólo estudiada parcialmente sobre la base de las fórmulas; la participación electoral, en el sentido de eficacia del voto, incluyendo el grado de relación o contacto entre elector y representante; los incentivos al voto estratégico; la legitimación del proceso electoral y del sistema político en la percepción del votante, cuestión relacionada con la participación en el gobierno de los partidos; también la representación de las minorías étnicas, culturales, religiosas y su integración territorial. Después, siguiendo el esquema cronológico que estoy utilizando, hay que destacar el libro de Taagepera y Soberg (1989), que, de modo cuantitativo y quizá más complejo desde el punto de vista matemático que los de Rae y Lijpahrt, estudia el papel que las elecciones y los S.E. juegan en la vida política; cómo las reglas electorales conforman el centro del sistema, condicionado en la medida en que los S.E. son criaturas políticas y se pueden alterar por este tipo de razones, pero también condicionando los sistemas políticos y socia-

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les; no se puede olvidar, sin embargo, que, aunque los S.E. sean estables, hay que tener en cuenta otras dimensiones políticas, como los conflictos de las sociedades, que mantendrán inmutable el alto número de partidos a pesar de los efectos psicológicos y mecánicos de los S.E.; los primeros los obvian al considerar que todavía tienen un carácter incierto; se centran, pues, en los aspectos mecánicos de los S.E. que ofrecen una llave cuantitativa para los sistemas democráticos; el número efectivo de partidos es una de las variables más novedosa que introducen y que está siendo muy utilizada en posteriores estudios.

4.5. Errores en los análisis y en la clasificación de los temas abordados Además de las críticas ya expuestas y con las que están muy conectadas, es fácil encontrar errores de método, concepto y de falta de rigor científico. En muchas ocasiones, esto obedece a la carencia de datos acumulados suficientes y, otras, por no contar con bastantes ejemplos de los diversos sistemas electorales; en parte, esta laguna documental ha sido colmada recientemente gracias al Almanaque Internacional de Historia Electoral, que desde 1974 inicia su andadura con adendas anuales del European Journal of Political Research, que incluye y actualiza una importante serie de datos y leyes electorales. No debemos olvidar, sin embargo, que en ocasiones el problema de las fuentes se encuentra en el contexto nacional, como ocurrió en el caso de España (López Nieto y Ruiz de Azúa, 1984) en los primeros años de la transición y como, de hecho, sigue ocurriendo con las leyes y resultados electorales de las nuevas democracias, que resulta difícil estudiar por carecer de datos precisos. La falta de especialización de los que abordan con frecuencia estos estudios, y que casi nunca se suple con comunicación con expertos, explica que habitualmente nos encontremos con errores en la definición de los elementos, en su clasificación y en sus análisis; a modo de ejemplo, señalaré algunos de los más frecuentes. La expresión «magnitud del distrito», que significa el número de escaños atribuidos a ese distrito electoral, a veces se utiliza confusamente para referirse a otras cuestiones. El sistema de voto único transferible, que se utiliza en Irlanda, es proporcional, aunque a veces se confunde con el sistema de voto único no transferible, usado en Japón, que es semi-proporcional y que suele incluirse entre los sistemas mayoritarios. Algunos autores, el sistema Sainte-Lague no lo identifican

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con el Droop. En los sistemas mayoritarios a dos vueltas, la comparación entre el porcentaje de votos y escaños se suele hacer sobre el porcentaje de votos de la primera vuelta, cuando, teóricamente y en la mayoría de los casos, la segunda es la decisiva. Para otros, el sistema luxemburgués (D’Hondt) es muy proporcional. Unos mantienen que el método del mayor resto facilita la representación de los pequeños partidos y, en algunos casos, tiende a infrarrepresentar al partido mayor. Después han aparecido las críticas más densas y sistemáticas de Lijphart (1990) y, en menor medida, de Gallagher (1991) y Blais (1991) que, junto a cuestiones antes mencionadas, han producido una nueva y sustancial innovación en estos trabajos. Interesa mostrar cómo investigaciones formuladas como «leyes» (Duverger, Rae) luego se pueden mostrar falsas empíricamente, muchas veces por problemas de medición o de método. Así, por ejemplo, Rae (1967) presentaba conclusiones sobre la existencia de relaciones mutuas de dos variables independientes de los sistemas electorales, la fórmula y el tamaño del distrito, con efectos próximos, la proporcionalidad, y con otros indirectos, el multipartidismo. Por su parte, la investigación de Lijphardt (1990) muestra cómo las variables mencionadas producen una mayor correlación sobre la proporcionalidad que la señalada por Rae y, por el contrario, una muy débil relación sobre los efectos indirectos, esto es, sobre el multipartidismo. Las razones que explican estas diferencias son fundamentalmente de método, hipótesis y datos. En concreto, Lijphart utiliza para su estudio las elecciones en veinte democracias, como Rae, pero hasta 1985, por lo que se duplica el período de análisis incluyendo las variaciones en los sistemas de partidos de los últimos años. Mayor alcance tienen las cuestiones metodológicas, entre las que cabe destacar que la unidad de análisis no es cada elección, su número, sino el sistema electoral de cada país y, en su caso, las modificaciones que en él se introdujeran, optando por el nivel de mayor alcance cuando se utilizan distintas fórmulas en función del tipo de comicio. Tiene en cuenta las influencias mutuas de las variables independientes, fórmulas y tamaño de distrito, sobre los efectos, al presumir la posible interacción de las mismas, aspecto omitido en el trabajo pionero del autor norteamericano. Finalmente, Lipjhardt aprovecha índices de medición ideados por especialistas, como el de desproporcionalidad de Loosemore y Hanby (1971) y el de número efectivo de partidos de Laakso y Taagepera (1978), para medir los efectos sobre el multipartidismo, por considerar que su aplicación en diversas investigaciones ha sido más fructífera que los indicadores pro-

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puestos por Rae, y ello por varias razones: en el caso de la proporcionalidad, el índice de Rae tiene como divisor el número de partidos, que sobredimensiona el valor y alcance de los partidos pequeños. El multipartidismo tiene una lectura más comprensiva con el indicador del número efectivo de partidos (un sistema de tres partidos se valora con el índice de fragmentación 0,67 y con el de número efectivo con 3, o de 0,60 y 2,5, respectivamente, en el caso de dos partidos grandes y uno pequeño). Se puede advertir que este conjunto de métodos alternativos, sin duda, son suficientes para justificar las diferencias entre ambos trabajos. Merece la pena, sin embargo, presentar alguna puntualización sobre las conclusiones, y que obedecen al contenido de las hipótesis de las que parten ambos autores. Por ejemplo, los efectos próximos, la proporcionalidad con la fórmula electoral. La divergencia se plantea en relación a la clasificación de las fórmulas proporcionales, puesto que Lijphart asegura que el grado de proporcionalidad está condicionado por el tipo de cuota (Hare, Droop o Imperialii) utilizado en las fórmulas de cociente y por el particular divisor (D’Hont, Sainte-Lague o Sainte-Lague corregido) aplicado en las de divisor, es decir, que las diferencias en la proporcionalidad ocurren en el seno de cada grupo y no entre las opciones cociente v divisor: las fórmulas Hare y Sainte-Lague son las más proporcionales y la D’Hondt la de menor alcance, conclusión que contrasta con la de Rae, para el que las fórmulas de divisor favorecen menos la proporcionalidad, conclusión que, además, puede estar distorsionada porque la fórmula D’Hondt es la que se utiliza con mayor frecuencia. Coinciden, sin embargo, en que el sistema de mayoría simple y el de mayoría absoluta producen siempre menor proporcionalidad que cualquiera de los otros. En relación al tamaño del distrito, se ha venido manteniendo desde la investigación de Rae, y después Taagepera y Grofman (1985), que esta variable tiene una mayor fuerza explicativa que la fórmula, siempre, corrige Lijphart, que permanezca invariable la fórmula, puesto que considera imprescindible relacionar ambas variables. Después, y como parte de esta revisión de los presupuestos utilizados en estos estudios, Gallagher (1991) reitera la tesis de la mayor importancia del tamaño del distrito en la evaluación de la proporcionalidad; sin embargo, su principal argumento se centra en la escasa atención prestada al significado de la proporcionalidad y su medición; las diferentes fórmulas proporcionales producen diversos resultados porque incluyen concepciones variadas sobre el significado de la proporcionalidad y su alcance, por lo que en cada fórmula este electo varía y disminuye en

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función de los principios que pretende conseguir; su investigación se centra en las fórmulas proporcionales, a las que aplica los seis índices utilizados para evaluar los efectos desproporcionales, como, por ejemplo, el de Rae, el Sainte-Lague, el D’Hondt. Por su parte, Blais (1991) sostiene que las aseveraciones empíricas presentadas se han mostrado dudosas o erróneas, por lo que el debate actualmente se ha de centrar en analizar las consecuencias de los sistemas electorales y sobre el valor o mérito de cada opción, evaluado en términos de estabilidad, liderazgo, orden, legitimidad o adecuación. Complementa la discusión de carácter metodológico con la inserción en los objetivos que considera prioritarios, ordenar las dimensiones empíricas y normativas del debate, estableciendo la validez de sus presupuestos e identificar los valores básicos del debate en un ámbito más genérico de los sistemas políticos. Los tres artículos sucintamente comentados forman parte de una serie de trabajos que desde una pluralidad de enfoques, en ocasiones con predominio de un empirismo «duro», han seguido evaluando y, en algunos casos, reformulando las leyes y principios va clásicos (Duverger, Rae). Las revisiones e institucionalización de nuevos sistemas electorales, han facilitado la tarea, por lo que parece posible superar la situación de subdesarrollo anterior de esta rama de la Ciencia Política. Evaluar el impacto y las consecuencias de los sistemas electorales en la dinámica política comparada, en la gobernabilidad y en el comportamiento electoral son perspectivas de análisis, que aunque formuladas anteriormente, requieren respuestas a las nuevas relaciones entre los elementos fundamentales de los sistemas políticos. Al hacer recapitulación sobre los análisis empíricos que se realizan, no pretendíamos un análisis exhaustivo. Se pretendía mostrar sus múltiples enfoques, sus valiosas conclusiones pero a las que hay que atribuir su parcialidad. En general en las dos últimas décadas y especialmente con la recepción de las investigaciones americanas, se plantean en Europa estudios que tienen en cuenta diversos materiales empíricos (estadístico-electorales, socioeconómicos y su evolución, datos de encuestas, etc.); junto a otras fuentes como las normativas y que con estudios de otros elementos e instituciones de los sistemas representativos (como las de las elites parlamentarias) desde un punto de vista comparado, tienden a posibilitar análisis exhaustivos. Estos permitirán tener un conocimiento más exacto de los sistemas representativos, insertos en el marco de la investigación sobre la democracia (como los estudios de economistas de Downs, Mueller, etc.). Se pretende conocer el

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papel de las elecciones en las actuales condiciones estructurales de las sociedades democráticas. Por todo ello, con Meyer «si la elección, especialmente la del Parlamento en una democracia parlamentaria, es el procedimiento más importante para convertir voluntades políticas en posiciones de poder estatal y si las reglas de procedimiento determinan las posibilidades de los participantes al establecer las condiciones de esta conversión, y con ellas su eficacia, entonces, las formas especiales de procedimiento, los sistemas electorales, únicamente pueden definirse de modo adecuado si se relaciona su carácter condicional y los efectos del sistema electoral con las fuerzas políticas»

y aún más sus efectos sobre la representación política en los regímenes políticos democráticos, dadas las funciones atribuidas a este principio y el papel que adquiere cuando se llega a la constitucionalización de los sistemas electorales; la inserción de criterios fundamentales de un sistema electoral en las constituciones, adoptar unos u otros, deviene de una opción política concreta y fundamental, objeto de un debate y fruto de negociaciones. Es así como resultaría prolijo extendernos sobre las consecuencias de los sistemas electorales por cuanto tanto los estudios empíricos realizados como las aportaciones teóricas nos muestran hoy la necesidad de llevar a cabo análisis exhaustivos para conocer y explicar la realidad de este complejo fenómeno. Las clasificaciones y tipologías suelen poseer elementos contradictorios y además tienden a aislar de la organización política unos elementos que están perfectamente imbricados y cuyo desarrollo y funcionamiento están insertos en pautas más amplias de la vida política. El criterio de representatividad, el quantium y su contrapunto, el grado de falta de representatividad es el efecto principal de los sistemas electorales, pero de él arrancan efectos subsiguientes sobre otras instancias del sistema político. El acto del ejercicio directo de la soberanía popular es precisamente la elección política de los representantes en las asambleas parlamentarias y la acción por estos titulares de la función legislativa asume una preeminente relevancia en la estructura del ordenamiento constitucional democrático, consideradas las atribuciones conferidas al Parlamento (formalmente al menos), de modo que la eficacia y vitalidad del ordenamiento constitucional democrático, está en correlación directa con la elección. Hoy toda la literatura parece haber superado las radicales posiciones difundidas en las pasadas décadas, a veces condicionadas por la con moción ante acontecimientos dramáticos (crisis de la República de Weimar, por ejemplo), posiciones que tendían a atribuir al

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sistema electoral la caída de regímenes democráticos (Hermens). Las investigaciones históricas empíricas y comparadas demuestran que las consecuencias políticas no son subsumibles en modelos abstractos, atemporales ni reconducibles a un rígido causalismo. Una correlación mecánica entre sistema electoral y estructura y funcionamiento del sistema político (sobre todo en lo que al sistema de partidos y estabilidad de los gobiernos se refiere), es hoy rechazada tanto por los que analizan los efectos de la ingeniería electoral desde el punto de vista comparado, ya por quienes han recogido datos sobre los temas actuales e históricos y han extraído sobre análisis empíricos, la conclusión de que los sistemas electorales han de ser juzgados por sus efectos y examinados en su concreto funcionamiento, encuadrados en el ámbito de las transformaciones histórico-sociales, de estructuras socioeconómicas, de tradiciones políticas, religiosas, étnicas, de clase, de comportamiento de los actores, así como sobre la base de las relaciones de poder de estos últimos. Es una variable dependiente cuya importancia será medida en función de diversos factores

BIBLIOGRAFÍA ALCÁNTARA M. (l991): «Las transiciones a la democracia en América Latina y Europa Oriental», Cuadernos Capel, n.o 35, Costa Rica. — (1992): «Una comparación entre modelos de transición hacia la democracia», en Cuadernos de Capel, n.o 35, Costa Rica, pp. 13-55. BARNES, R. et al. (1986): «Volatile parties and stable voters in Spain», in Government and Opposition, n.o 21, pp. 56-75. BOGNADOR, et al. (1990): «Elections in Eastern Europe», in Electoral Studies, vol. 9, n.o 4. BOTANA, N. y MUSTAPIC, A. (1988): «La reforma constitucional frente al régimen político argentino», Buenos Aires, Centro de Investigaciones Sociales, Doc. 101. CANTORI, L. J. y ZIEGLER, A. H. (1988): Comparative politics in the postbehavioral era, Colorado, Lynne Rienner Pub., Introduction. CAZZOLA, F.: «Partíti, correnti e voto di preferenza», en CACIAGLI, M., y SPREAFICO, A., Un sistema politico alla prova, Bologna, Il Mulino, 1975. COLLIER, D. (1991): «New perspectives on comparative method», en Rustow y Erickson, Comparative political dynamics, Harper Collins Pub., pp. 7-32.

121


CREWE, I. y DENVER, D. (eds.) (1985): Electoral change in Western democracies, London, Croom Helm. CHUBB, Basil: The Government and Politics of Ireland, Stanford Univ. Press, 1970, pp. 145-165. DAHL, R. (1990): La Poliarquía: participación y oposición, Madrid, Tecnos. DAALDER, H. (1987): «Countries in comparative european politics., European Journal of Political Research, 15 (1), 2-21. DAALTON, R. J.; FLANAGAN, S. C. y BECK, P. (eds.) (1985): Electoral change in advanced industrial societies, Princeton Univ. Press. DOWNS, A. (1957): An economic theory of democracy, N. Y., Harper and Row. DUVERGER, M. (1951): Les partis politiques, París, Seuil. Hay versiones castellanas en Ariel. EISENDSTAD, S. N. (1991): «The civilizational dimensions of politics», en RUSTOW y ERICKSON, Comparative political dynamics, Harper Collins Pub., pp. 54-75. FINER, S. E. (1975): Política de adversarios y reforma electoral, México, F. Cultura Económica. FISHER, S. L. (1973): «The wasted vote thesis: west German evidence», Comparative Politics, 5, 293-299. GALLAGER, M. (1991): «Proportionality, disproportionality and electoral systems», Electoral Studies, vol. 19, 33-5 1. GALLAGER, M.; LAVER, M. y MAIR, P. (1992): Representative government in Western Europe, N. Y., McGraw Hill Inc. GRUMM, J. G. (1958): «Theories of electoral systems», Midwest Journal of Political Science, 2, 357-376. HAND, G.; GOERGEL, J. y SAASSE, Ch. (1979): European electoral systems handbook, London, Butterworths. HERMENS, F. A. (1941): Democracy or anarchy? A study of proportional representation, Univ. Notre Dame Press. HOAG, C. y HALLET, Jr. (1926): Proportional representation, N. Y., MacMillan. KATZ, R. S. (1980): Theory of parties and electoral systems, London, John Hopkins Univ. Press.

122


LAAKSO, M. y TAAGEPERA, R. (1978): «Proportional representation in Scandinavia», Scandinavian Political Studies, 12, 3-27. LAKEMAN, E. y LAMBERT, J. D. (1955): Voting in democracies: a study of mayoritarian and proportional electoral systems, London, Faber and Faber. LAKEMAN, E. (1974): How democracies vote: a study of electoral systems, London, Faber and Faber. LASWELL (1951): Who gets what, when and how, N. York, Free Press. LIPJHARDT, A. (1984): «Advances in the comparative study of electoral systems», World Politics, 36, 424-436. — (1985): «The field of electoral systems: a critical survey», Electoral Studies, 4, 1, 3-14. — (1987): Las democracias conternpordneas, Barcelona, Ariel. — (1990): «The political consequences of electoral laws, 1945-85», American Political Science Review, 84, 2, 481-496. — (1991): «Forms of democracy: north south comparisons», Berlín, mimeo. LIPJIIARDT, A., V GROFMAN, B. (1986): Electoral laws and their political consequences, N. Y., Agathon Press. — (2001): Modelos de democracia, Barcelona, Ariel. LOOSEMORE, J. y HANBY, J. (1971): «The theoretical limits of maximum distortion», British Journal of Political Science, 1, 467-477. LÓPEZ NIETO, L. (1992): «Las elecciones de la transición», en R. Cotarelo (ed.), La transición política, Madrid, CIS (en prensa). — (1992): «Los sistemas representativos en las nuevas democracias», Cuadernos de Capel, n.o 35, Costa Rica. LÓPEZ NIETO, L. y RUIZ DE AZUA, M. A. (1984): «La población oficial de los resultados electorales de 28-10-82», REIS, 28, 245-264. MAYER, L. C. (1989): Redefining comparative politics, London, Sage Publications. NEUMANN (1957): «The development of the study of comparative politics», en Comparative politics in the postbehavioral era, Colorado, Lynne Rienner Pub., pp. 5-23. NOLHEN, D. (1978): Wahlsysteme der Welt, Munich, Piper. Hay versión castellana (1981): Los sistemas electorales del mundo, Madrid, CEC. O’DONNELL, G. y SCHMITTER, P. (1986): Transitions front autoritarian rule. Tentative conclusions about uncertain democracies, John Hopkins Press.

123


QUINTAL, D. P. (1970): «The theory of electoral systems», Western Political Quarterly, 23, 752-761. PANAYOTE, E. (1991): «Electoral systems in Greece», Argentina, IPSA, mimeo. PANEBIANCO, A. (1991): «Comparazione e sipiegazione», en SARTORI y MORLINO (eds.), Comparazione nelle science sociali, II Mulino, pp. 141-165. PASQUINO, G. et al. (1988): Manual de Ciencia Política, Madrid, Alianza. RANNEY, A. (1991): Consultazioni referendarie: move pratiche e vecchia teoria, Pratto, SISE, mimeo. RAE, D. W. (1967): The political consequences of electoral laws, New Haven, Yale Univ. Press. Hay versión castellana (1977): Madrid, CITEP. ROKKAN, S. y LIPSET, S. M. (1967): Party systems and voter alignients: cross national perspectives, N. Y., Free Press. ROKKAN, S. (1970): Citizens, elections, parties: approaches to the comparative svudv of the process of development, Oslo, Universitesforlaget. RUSTOW, D. A. y ERICKSON, K. P. (1991): Comparative Political dvnamics, Harper Collins Pub., Introduction. SARTORI, G. (1968): «Political development and political engineering», en Publica Policy, vol. 17, ed. Montgomery, Hirschman, Cambridge Univ. Press. — (2003): ¿Qué es la Democracia?, Madrid, Taurus. SOAFFORD, D. (1972): «Electoral systems and voter’s behaviour: comment and a father test», Comparative Politics, 5, 129-134. TAAGEPERA, R. y GROFMAN, B. (1985): «Rethinking Duverger’s law: preciting the effective number of parties in plurality and proportional representation systems», European Journal of Political, Research, 13, 341-352. TAAGEPERA, R. y SOBERG, S. (1989): Seats and votes, London, Yale Univ. Press. VALLÉS, J. M. y CARRERAS, F. (1977): Las elecciones, Barcelona, Blume. VALLÉS, J. M. y BOSCH, A. (1997): Sistemas electorales y gobierno representativo, Barcelona, Ariel. WIARDA, H. (1985): New directions in comparative politics, Boulder (Colorado), West% icw Pub. WOLLMANN, H. (1980): Politik im Dickricht der burokratie. N’esterdeuscher verlag, citado por Ludquist (1985).

124

Tema 4

Efectos de los sistemas electorales Irene Delgado

1. Tipología de sistemas electorales. 2. Efectos de los sistemas electorales. 2.1. Efectos de la adopción de fórmulas electorales. 2.2. Efecto de la magnitud del distrito. 2.3. Efectos de las listas electorales. 2.4. Efectos de la conversión de votos en escaños. 2.5. Efectos sobre el sistema de partidos. 3. Sistema electoral y cambio en el ejercicio de gobierno. Bibliografía.

1. TIPOLOGÍA DE SISTEMAS ELECTORALES Los sistemas electorales son un capítulo fundamental de la constitución material de la democracia. Contienen las reglas que regulan y rigen la competición entre los partidos políticos y precisamente esa competición constituye el arco de la bóveda del sistema democrático. Los sistemas electorales son estructuras complejas compuestas de un gran número de elementos y su importancia radica en que son instrumento para llevar a cabo la representación de todas las realidades de la estructura social, la cultura política y las divisiones ideológicas (Hermens, 1984:19). Establecen normas para la distribución de las circunscripciones, para las candidaturas, para el proceso de votación y contienen el método de conversión de votos en escaños. Estas reglas técnicas de cada área pueden combinarse de múltiples formas y de ahí, que sus resultados originen procesos y tengan consecuencias políticas muy distintas, aunque rara vez estos efectos políticos van a depender de un sólo elemento. Los efectos se comprueban en los resultados electorales y los partidos según sus propios intereses valorarán estos efectos mecánicos. Los sistemas electorales son de una gran importancia ya que ellos depende, en muchas ocasiones, el destino de la democracia de un país1. Por tanto es comúnmente aceptado que el impacto del sistema electoral va a depender del contexto político y también social donde se aplique (Harrop y Miller, 1987: 41) y que las mismas leyes electorales pueden producir resultados diferentes (Rose, 1984: 73). El sistema electoral posee contrastados «efectos inmediatos» —mecánicos y psicológicos— (Duverger, 1965; Rae, 1971; Sartori, 1984 y 1986; Lijphart, 1990) y, bajo determinadas condiciones, puede llegar a tener algunos 1

Este fue el caso de la caída de la República de Weimar, por los efectos que generó el sistema proporcional.

127


efectos «no inmediatos» sobre las élites políticas y el sistema de partidos (Gunther, 1989). Su clasificación en sistemas con principio de elección mayoritaria y sistemas con principio de elección proporcional está sujeta a las funciones y a las intenciones políticas inherentes de los propios sistemas. El debate sobre estos dos métodos electorales es una cuestión que sigue abierta. Los que están a favor de los sistemas mayoritarios argumentan su gran ventaja para la formación de gobiernos estables, o en otro sentido, que estos sistemas son más propensos a conseguir una estabilidad gubernamental que los sistemas proporcionales. Al «discriminar» a los pequeños partidos refuerzan el sistema de dos partidos que confiere una mayor estabilidad a un partido de gobierno, o permite al elector elegir directamente quiénes deben gobernar. Por el contrario, el argumento de los defensores de los sistemas proporcionales mantiene la gran representatividad de estos sistemas, permitiendo la representación de una mayor pluralidad de intereses sociales y puntos de vista del electorado. Sin embargo, a la hora de analizar los efectos proporcionales de ambos sistemas, se reconoce una mayor proporcionalidad en los sistemas proporcionales, aun considerando sus efectos desproporcionales, frente al sistema mayoritario. La constitución de mayorías parlamentarias con la aplicación de la fórmula mayoritaria en circunscripciones uninominales tiene unos resultados particulares. En el hipotético caso de que tengamos cinco circunscripciones diferentes (ver tabla 1) y cuatro partidos políticos se presenten a las elecciones, los resultados de la representación por mayoría sólo permite a dos de los cuatro partidos obtener escaños parlamentarios. El partido B alcanza la mayoría absoluta de los escaños (60%), aunque conquistó una mayoría absoluta de votos en una sola circunscripción (en la 1.a). En la circunscripción 3.a, con 4 candidatos, basta el 40% de los votos para ganar. Lo decisivo de este sistema es ganar la circunscripción electoral. Sólo los partidos que ganan una circunscripción, por lo menos, tienen representación parlamentaria. Frente a ello la elección proporcional produce un reflejo, a nivel parlamentario, de la pluralidad de opiniones y agrupaciones políticas a nivel del electorado. Entre ambos sistemas de elección lo que no se discute tanto es que la proporcionalidad, como la estabilidad gubernamental son objetivos deseables. El debate se centra en determinar cuál es la prioridad entre ambos fines, para lo cual los defensores de uno y otro sistemas tienen puntos de vista opuestos. En ocasiones, se acep-

128

EFECTOS DE LOS SISTEMAS ELECTORALES

Tabla 1. Representación por mayoría Circunscripción

Resultados

Partido ganador

1.a

Partido A: 40% Partido B: 60%

B

2.a

Partido A: 50% Partido B: 33% Partido C: 17%

A

3.a

Partido A: 25% Partido B: 37,5% Partido C: 12,5% Partido D: 25%

B

4.a


A

5.a


B

Parlamento

AA

BBB

Fuente: elaboración propia.

ta que los sistemas mayoritarios se sometan a una serie de ajustes para lograr una mayor proporcionalidad, o al menos limitar la desproporcionalidad (Hermens, 1984: 21). Por otra parte, Taylor (1984) mantiene que aunque los sistemas proporcionales permiten que tanto los partidos grandes como los pequeños obtengan escaños, a menudo esto no favorece la estabilidad gubernamental porque en la mayoría de las ocasiones son irrelevantes a la hora de formar coaliciones de gobierno. Muchas otras ventajas y desventajas podrían ser citadas de ambos sistemas2. Pero para los que apoyan los sistemas mayoritarios tiene gran importancia: la cercanía y el contacto entre los representantes y los electores de su circunscripción; y la simplicidad del método de votación. Y una ventaja adicional de los sistemas representativos es que permiten la representación de las minorías, no sólo de partidos pequeños, sino también de minorías étnicas y culturales. 2

Ver por ejemplo Mackenzie, 1962:69-71.

129


Nohlen (1984: 217) propone una distinción entre los métodos de proporcionalidad y los principios de proporcionalidad, para lo cuál a los sistemas proporcionales habría que añadirles una serie de modificaciones que evitaran esa desproporcionalidad, sobre todo en lo relativo al tamaño de las circunscripciones y a las barreras legales, como veremos después. Al considerar las reformas de los sistemas electorales existe un número infinito de posibilidades para elegir. Pero cuando se tratan de situaciones en concreto, las posibilidades se limitan considerablemente. En primer lugar, las presiones para reformar el sistema electoral son más acusadas en sistemas mayoritarios que en los sistemas proporcionales. Se ha destacado en ocasiones que una vez que se adopta un sistema proporcional éste es un criterio que tiende a ser «irreversible». En segundo lugar, si los actuales sistemas mayoritarios se plantean un cambio, adoptarán mayormente representación proporcional sin lista con voto único transferible, como el utilizado en Irlanda y en Malta; o bien, optarán por la representación proporcional personalizada, como en la República Federal de Alemania. La ventaja que se otorga al voto único transferible es que permite que el elector elija, de manera preferencia al candidato, incluso del mismo partido. La distorsión electoral en término medio en Irlanda, a pesar de las grandes variaciones, permanece muy por debajo del efecto desproporcional del sistema de mayoría relativa en circunscripciones uninominales (Nohlen, 1994: 233) y depende de diferentes variables que pueden fortalecerse recíprocamente, pero también compensarse (Gallagher, 1975: 508). El sistema de representación proporcional «personalizado» intenta combinar la fórmula mayoritaria con el principio de la representación proporcional, puesto que aplica la fórmula decisoria mayoritaria para la mitad de los diputados y en escala de circunscripciones uninominales, mientras que para la distribución de la totalidad de los escaños rige la representación proporcional. Nadie se planteaba en Alemania, implantar de nuevo la representación proporcional de estilo weberiano. Pero además, la mayoría de la Comisión de Derecho Electoral del Consejo Parlamentario también rechazó el sistema de mayoría relativa propuesto por la CDU/CSU. La Comisión consideraba que su tarea consistiría, únicamente, en crear un sistema electoral que contuviera elementos de la representación proporcional y de la representación por mayoría y que debía estar configurado de tal modo que contrarrestara con eficacia un posible frac-

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cionamiento de los partidos. Como Kaase destaca (1984: 160) este sistema ha funcionado bien, pero se ha debido fundamentalmente a factores intrínsecos al propio sistema. El 90% de los electores no practica el voto diferencial (split vote), eligen con el primer voto al candidato de la circunscripción y con el segundo voto la lista del Land del mismo partido. Sin embargo, el 10% restante que emite un voto diferencial se comporta tácticamente y tiene una gran influencia en el resultado electoral. De esta forma, no es falso sostener que esto ayuda a determinar la formación de coaliciones de gobierno. Desde los años setenta se ha producido mucho debate en torno a las reformas electorales, y muchos países han modificado sus sistemas. Estos casos presentados mostrarían cómo los sistemas electorales son al menos potencialmente variables y no son completamente constantes, pero ello no quiere decir que sea una tarea fácil el manejar y manipularlos. Así, algunos cambios menores se realizan sin muchas dificultades, pero un cambio de un sistema mayoritario a uno proporcional o viceversa son extremadamente difíciles (Nohlen, 1984: 222).

2. EFECTOS DE LOS SISTEMAS ELECTORALES Los efectos de los sistemas electorales sólo se pueden determinar si se analizan tres dimensiones: los detalles técnicos, sus efectos conjuntos dentro del sistema político y la conducta de las fuerzas políticas, es decir, de los partidos y sus electores (Nohlen, 1994: 85). No obstante, este tipo de efectos se identifica con facilidad en el campo de la conversión de votos en escaños. ¿Cuán proporcionales son los resultados de este proceso de conversión y qué consecuencias tiene para la representación política? ¿Se excluye a algún partido por medio del sistema electoral? ¿Se dan mayorías parlamentarias para un partido? El «efecto mecánico» de la conversión de votos en escaños es quizá la primera variable a analizar, ya que sus reglas intrínsecas van a determinar el tipo de consecuencias que se genera en el sistema. Pero las consecuencias que generan las leyes electorales en la competición política tienen también en cuenta: la fórmula electoral que se aplica; la magnitud del distrito, es decir, el número de representantes a elegir, y la estructura de las listas, si favorecen o no las transferencias de votos de unas formaciones a otras en sistemas multipartidistas (Rae, 1969: 15-46). La combinación de

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estos elementos tiene consecuencias políticas muy diversas. Mucho se ha estudiado respecto a este tema y se ha originado una gran variedad de estudios sobre el impacto que las leyes electorales tienen en la estructura del sistema de partidos, demostrándose estos resultados en numerosas aportaciones científicas3.

2.1. Efectos de la adopción de fórmulas electorales Tradicionalmente, se habla de representación por mayoría cuando el candidato es elegido por haber alcanzado la mayoría —absoluta o relativa— de los votos. Si no se obtiene, se presenta la necesidad de realizar una segunda vuelta, pues sólo pocos candidatos suelen obtener la mayoría absoluta de los votos en la primera vuelta. La participación en la segunda vuelta se encuentra a menudo limitada a los dos candidatos con mayor votación. La fórmula decisoria está en conexión con las circunscripciones electorales, en este caso serán circunscripciones uninominales, donde según la fórmula de mayoría absoluta, el candidato o partido que haya obtenido más votos que todos los otros candidatos o partidos juntos ganará el escaño. Con la fórmula de la mayoría relativa, el candidato o partido que haya obtenido más votos que el segundo competidor, obtendrá el escaño. ¿Cuál es el objetivo político? En este caso es alcanzar una mayoría parlamentaria para un partido o una alianza de partidos. En la fórmula de representación proporcional, el hecho de ganar o no un escaño generalmente depende de la proporción de votos que obtengan los diversos candidatos o partidos políticos. Los candidatos o partidos que hayan sido capaces de conseguir la cantidad/proporción necesaria de votos (cociente) serán elegidos. El principio proporcional requiere utilizar uno de los métodos del cómputo existentes: el procedimiento del divisor (o de la cifra mayor) o el procedimiento del cociente electoral. El procedimiento del cociente electoral, se caracteriza por la división de los votos obtenidos por los diferentes partidos entre series de divisores, lo que produce secuencias de cocientes decrecientes para cada partido, asignán3 Duverger, 1972:226, y 1986; Rae, 1971; Lakeman, 1974; Hand, Georgel y Sasse, 1979; Laakso y Taagepera, 1979; Carstairs, 1980; Katz, 1980; Bogdanor y Butler, 1983; Rose, 1984; Lijphart y Grofman, 1984; Taagepera y Grofman, 1985; Riker, 1986; Sartori, 1986; Taagepera y Shugart, 1989; Lijphart, 1990:481.

132


dose los escaños a los partidos con mayores cocientes, es decir, los que obtengan las cifras mayores. De entre los procedimientos del divisor el más comúnmente utilizado es el método D’Hondt. Utiliza una regla propuesta por un profesor de matemáticas belga Víctor D’Hondt que se basa en dividir los votos obtenidos por los partidos por la serie de números naturales. La asignación de los escaños se rige por el cociente mayor. Es la empleada en España, Portugal, Bélgica, Holanda y Finlandia. Existe también otra serie de procedimientos que se derivan de éste y son la fórmula Sainte-Laguë —empleada en Dinamarca durante parte del siglo XX—, con divisiones entre los números naturales impares, la fórmula Sainte-Laguë modificada, que a excepción de la anterior el primer número por el que se dividen los votos de los partidos es el 1,4, continuándose de la misma forma que la anterior, que se utiliza en Suecia, Noruega y en parte de asignación de los escaños de Dinamarca. También, aunque nunca se ha utilizado, la fórmula danesa, que realiza el cómputo de los escaños sobre los resultados mayores de los cocientes de los votos válidos entre la serie de divisores, 1, 4, 7, 10, 13... Todos estos divisores determinan con exactitud la proporción entre los votos y los escaños, aunque las diferencias entre ellas son mínimas, pues dentro de una circunscripción electoral, es sólo un escaño el que puede pasar de un partido a otro (como apreciaremos posteriormente en los ejemplos). Además, no es siempre el partido mayoritario el que se beneficia de la posible ventaja. En el caso que presentamos, si comparamos los efectos de la serie de divisores de D’Hondt con la del método SainteLaguë o Sainte-Laguë modificado, nos damos cuenta que tan solo un escaño cambia a costa de un partido menor, sin que en muchos casos se pueda predecir con exactitud a qué partido beneficia. Cabe la posibilidad de que el escaño adicional beneficie al segundo partido más pequeño o al más grande, así como la pérdida del escaño puede afectar al partido más pequeño o al segundo más fuerte. Ello pone de relieve un tema de debate entre los científicos y es la desproporcionalidad que contribuye a generar el método D´Hondt favoreciendo sistemáticamente a los grandes partidos. En su defensa, Lijphart (1990: 490) afirma que la fórmula D’Hondt favorece la representación a tantos partidos como puede hacerlo el método Hare y la fórmula Sainte-Langüe pura. Lo que debemos hacer en todo caso es prestar atención a otro de los elementos configuradores de los sistemas electorales que es el distrito, como tendremos

133


ocasión de plantear y analizar en el caso español. No obstante, las ventajas de las fórmulas de divisores estriban en su sencillez y en el hecho de que permiten asignar en una sola operación todos los escaños, cosa que no ocurre con las fórmulas del cociente electoral. Las fórmulas del cociente electoral se caracterizan por la determinación de una cantidad mínima de votos para obtener un escaño. Los partidos obtienen tantos escaños como veces quepa el cociente electoral dentro del número de votos por ellos recibidos. Este cociente electoral se obtiene dividiendo el número de votos válidos emitidos en la circunscripción entre el número de escaños a repartir en esa circunscripción, y corresponde a la fórmula del cociente electoral simple o natural o fórmula Hare. En todas las modalidades que existen de este procedimiento, el cociente de la división se mantiene siempre igual, mientras que lo que se modifica es el denominador. Así en la fórmula Hagenbach-Bischoff, el dividendo es el número de escaños a repartir más uno. Y en la fórmula del cociente electoral modificado o Imperiali, en el dividendo al número de escaños se le añaden dos (ver tabla 2). En las fórmulas Hare y en la Hagenbach-Bischoff hay escaños restantes que deben ser asignados en una segunda operación. Éstos, se aprovechan para mejorar o limitar la proporcionalidad de votos y escaños. Su resultado

Tabla 2. Aplicación de las fórmulas de cociente electoral Hare Cociente electoral

Votos por partido

Partido A

Partido B

Partido C

Partido D

Escaños restantes

423.000/8

52.875

3

2

1

—

2

Hagenbach-Bischoff Cociente electoral

Votos por partido

Partido A

Partido B

Partido C

Partido D

Escaños restantes

423.000/8+1

47.000

3

2

1

—

2

Imperiali o Cociente electoral modificado Cociente electoral

Votos por partido

Partido A

Partido B

Partido C

Partido D

Escaños restantes

423.000/8+2

42.300

4

3

1

—

0


134


va a depender de la fórmula de conversión y también de si todos los partidos participan en la asignación, o si son sólo aquellos que obtuvieron escaños en el primer cómputo. Los escaños restantes se asignan aplicando uno de los métodos siguientes: el método del resto mayor; el método del resto menor; el método del reparto de restos o series de divisores similar a D’Hondt.

Tabla 3. Asignación de escaños según diversos métodos Partido B

Partido C

Partido D

Votos:

Partido A 171.000

132.000

84.000

36.000

Cociente electoral:

52.875

52.875

52.875

Votos restantes

12.375

26.250

31.125

36.000

—

1

1

1

—

—

Método del resto mayor Escaños

—

Método del resto menor Escaños

1

Método del reparto de restos :1

12.375

26.250

31.125 (2)

36.000 (1)

:2

6.187

13.125

15.562

18.000

:3

4.125

8.750

10.375

12.000

Escaños

—

—

1

1

13.125

15.562

36.000

—

1

1

Método del medio mayor Medio mayor:

6.187

Escaños

—


A través de este ejemplo queda claro que el reparto de los escaños restantes depende de la fórmula que se adopte. En general podemos afirmar que el método del resto mayor, el medio mayor y ocasionalmente el reparto de restos favorece a los pequeños partidos, mientras que el método del resto menor beneficia a los grandes partidos. Estas fórmulas se

135


aplican en un gran número de países con sistemas de representación proporcional que pretenden perfeccionar al máximo la proporcionalidad del sistema electoral.

Tabla 4. Diferentes países con sistema de representación proporcional y aplicación de fórmulas con cociente electoral País Brasil Costa Rica Ecuador Francia Israel Liechtenstein Luxemburgo Nicaragua Países Bajos Suiza Turquía

Fórmula del cociente Hagenbach-Bischoff electoral Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí

No No No No No Sí Sí No No Sí No

Escaños restantes medio mayor resto mayor resto mayor medio mayor resto mayor medio mayor reparto del resto resto mayor medio mayor medio mayor resto mayor

Fuente: Nohlen 1994.

El método de proporciones matemáticas, que es parecido al Hare, consiste en que la cantidad de votos que obtiene cada partido se divide entre el número total de votos y se multiplica por el número de escaños a repartir en la circunscripción. Ofrece el mismo reparto de escaños que la Sainte-Laguë modificada y favorece más a los pequeños partidos que el método D’Hondt. Veamos un ejemplo en el que se deben asignar 8 escaños y se ha obtenido un total de 423.000 votos, quedando repartidos entre los partidos políticos de la siguiente manera: El partido A obtiene 171.000 votos, lo que representa un 40,4% del total de los votos. El partido B obtiene 132.000 votos, lo que representa un 31,2% del total. El partido C obtiene 84.000 votos, lo que representa un 19,8% del total. El partido D obtiene 36.000 votos, lo que representa un 8,5% del total.

136


Tabla 5. Método de proporciones matemáticas: aplicación de un caso práctico Partido A

171.000 : 423.000 x 8 = 3,23

3

Partido B

132.000 : 423.000 x 8 = 2,49

2+1=3

Partido C

84.000 : 423.000 x 8 = 1,58

1+1 = 2

Partido D

36.000 : 423.000 x 8 = 0,11

0

Total

6 + (2) = 8 escaños


2.2. Efecto de la magnitud del distrito Es significativamente importante en todo caso el efecto de la magnitud de las circunscripciones que va a incidir en el grado de proporcionalidad del sistema electoral (Rae, 1971) y, la fórmula electoral se convertiría en este momento, en un factor secundario (Montero et al., 1992: 27). La circunscripción o distrito electoral es el conjunto de electores que pertenecen a una unidad territorial en la que una vez realizada la votación, y en función de los votos emitidos en las elecciones, se procede a su distribución según los escaños que tiene asignada. Sin embargo, un aspecto importante aquí es la diferencia entre el volumen demográfico de la circunscripción o su extensión territorial, con su tamaño. El tamaño de una circunscripción se refiere al número de escaños que tiene asignados. La distribución de los distritos es quizá un elemento de la mayor importancia para los partidos políticos y de hecho su reparto es un tema de debate político de gran envergadura4. Por un lado se une la influencia e importancia numérica que tienen los partidos en el sistema, y, por otro, el tamaño de la asamblea, que va a determinar el número de escaños total a repartirse entre los representantes. Es cierto que la desproporcionalidad de un sistema es mayor cuanto más reducida sea la asamblea de representantes y cuando a unas circunscripciones les corres-

4 Nohlen (1994:47) destaca a este respecto como por ejemplo, el prejuicio sufrido por la socialdemocracia alemana en las elecciones imperiales tenía su origen en la distribución de las circunscripciones electorales, ya que éstas no se ajustaban al cambio demográfico, de forma que en las áreas urbanas, donde la socialdemocracia tenía una mayor fuerza, la proporción de la población por escaño era mucho mayor que en las áreas rurales, que eran de tendencia más conservadora. De esta manera la socialdemocracia luchó por la representación proporcional que finalmente fue introducida en la República de Weimar.

137


ponde más escaños que a otras en relación a su volumen geográfico (Gallagher, 1991). En ciertos casos, la proporción de diputados por circunscripción electoral puede determinar de modo decisivo los efectos de un sistema electoral y sabemos que los sistemas proporcionales son más sensibles a la distribución de votos entre los partidos. En teoría, dos partidos serían muy competitivos en cada circunscripción si en cada distrito electoral el mismo partido siempre ganara un 51% de los votos, ya que significa que obtiene el 100% de los escaños. Sin embargo, los votos tienden a estar distribuidos territorialmente de manera que la distribución de los escaños será proporcional, incluso en los sistemas mayoritarios. Entre los sistemas proporcionales europeos existen diferencias significativas en la magnitud de los distritos. La razón de estas disparidades se debe al deseo de mantener cierta ligazón entre las fronteras geográficas y los límites de las circunscripciones electorales. De esta manera las cuotas para que los partidos obtengan representación van a variar también significativamente. Tabla 6. Circunscripciones en sistemas electorales proporcionales País Austria Bélgica Dinamarca Finlandia RFA directo proporcional Irlanda Israel Italia Luxemburgo Holanda Noruega España Suecia Suiza

Tamaño del Parlamento

Número de circunscripciones

183 212 175 200 248 248 166 120 630 59 150 155 350 349 200

Fuente: Mackie y Rose (1982).

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Escaños por circunscripción Media

Rango

9 30 18 15

20 7 10 13

6-39 5-48 2-40 1-26

248 1 41 1 31 4 1 19 52 29 26

1 248 4 120 20 15 150 8 6 12 8

0 0 3-5 0 1-35 6-24 0 4-15 1-33 2-49 1-35


El tamaño y la variación espacial de los votos de los partidos se convierte en el segundo determinante del grado de proporcionalidad de un sistema electoral. Generalmente ocurre que hay sobrerrepresentación de las zonas rurales en detrimento de las zonas más pobladas, de ahí que como ya hemos visto, las circunscripciones tendrían que contemplar el componente poblacional, más que el territorial, aunque en contrapartida debería prestarse atención a los movimientos migratorios. La aplicación del principio de igualdad en la representación política mediante la fijación de un promedio de habitantes por escaño, tiene dos variantes: una, que implica una distribución de circunscripciones electorales con un número de habitantes cercano a la proporción por escaño. Se aplica dividiendo el país en circunscripciones uninominales cuyos límites deben ajustarse constantemente a la variación demográfica; y otra que implica el cómputo de la proporción de escaños atribuible a una circunscripción electoral con base en el número total —o parcial— de habitantes. Este método se aplica en los sistemas con circunscripciones plurinominales y el número de escaños varía con arreglo a la variación demográfica. Las variaciones entre el contexto nacional y el subnacional producen efectos muy diferentes de un mismo sistema electoral. Si clasificamos las circunscripciones plurinominales variables, en circunscripción pequeña (de dos a cinco escaños), mediana (de seis a diez escaños) y grande (de más de diez escaños por circunscripción) el efecto que deriva es que cuanto más pequeña sea la circunscripción menor es el efecto proporcional del sistema, afectando directamente a los partidos pequeños que compiten electoralmente. En relación a este proceso, los umbrales de representación, o las barreras legales, de los partidos políticos van a variar significativamente. Este índice se refiere al porcentaje mínimo de votos que necesita obtener un partido en una circunscripción para ganar su primer representante bajo las condiciones más favorables (Rokkan, 1968; Rae et ál., 1971; Lijphart y Gibberd, 1977; Laakso y Taagepera, 1979). Este límite se va reduciendo a la vez que aumentamos el número de escaños, por lo que si crece el tamaño de las circunscripciones electorales, la proporcionalidad se incrementa. La asignación de escaños va a depender entonces, de que los partidos obtengan un mínimo de votos, que suele estar en relación con los votos válidos emitidos. Contrariamente a las barreras fácticas que existen en los diferentes tamaños de circunscripciones, la barrera legal está determinada por ley. Es importante además, conocer si la barrera legal comprende a todo el territorio, es decir

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que un partido debe lograr el porcentaje de votos exigido en todo el país o si sólo debe obtenerlo en la circunscripción. También es determinante en qué fase del proceso de asignación de escaños se aplica la barrera legal (en el primero, segundo o posteriores procedimientos de asignación de escaños). Tabla 7. Barrera legal en diferentes países, en 1994 País

%

Forma de utilización

Alemania

5

A nivel nacional o ganar tres circunscripciones uninominales

Argentina

3

En la circunscripción

Dinamarca

2

A nivel nacional para participar en el segundo procedimiento de asignación de escaños

España

3


Israel

1,5

A nivel nacional

Italia

4

A nivel nacional

Japón

4

A nivel nacional

Liechtenstein

8

—

Nueva Zelanda

4

A nivel nacional

Sri Lanka

12,5


Suecia

4

A nivel nacional (o 12% en la circunscripción)

Fuente: Nohlen (1994:65).

La barrera legal tiene que ver con la relación que se produce entre el tamaño del distrito electoral y las fórmulas electorales (Taagepera y Shugart, 1989: 133). Sus efectos han sido diversos y tan sólo destacar las consecuencias que tuvo en la República Federal de Alemania, que produjo una concentración del sistema en los grandes partidos reduciendo las oportunidades de representación de partidos menores y limitó la posibilidad de que partidos nuevos se establecieran en el sistema. Mediante la variación de la relación entre escaños y población se puede modificar la representación favoreciendo mayoritariamente a los partidos. El gerrymandering es aquel procedimiento en el que se distribuyen las circunscripciones electorales en función a consideraciones partidistas. Es una manipulación consciente e intencionada, aprovechando las variaciones de la distribución geográfica de los simpatizantes de los partidos políticos. El origen de esta técnica provie-

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ne de Mister Gerry, quién creó una circunscripción con triunfo garantizado y forma geográfica de salamandra en la ciudad de Boston (gerrymandra). Con esta manipulación se pretende buscar el triunfo pleno de un candidato o un aumento o disminución de la representación política de un grupo social o partido. Pasamos a ilustrar con un ejemplo esta técnica. Supongamos: 1.o) Que tenemos un territorio electoral que contiene una aglomeración urbana que está rodeada de zonas rurales. Domina un partido progresista (A) en la zona urbana, mientras que en los ámbitos rurales tiene un mayor predominio un partido conservador (B). 2.o) Que tanto la zona urbana como las rurales forman cada una de ellas una circunscripción uninominal. 3.o) Que hemos de repartir cuatro escaños en igual número de circunscripciones electorales: una urbana y tres rurales. El resultado más probable será que el partido A logre la victoria en la circunscripción urbana, mientras que el partido B lo haga en los distritos rurales. Si la distribución de las circunscripciones es diferente, si se opta por mezclar la zona urbana con la rural podemos tener como resultados: a) que el partido A gane más de 1 escaño, o b) que no logre obtener ningún representante. Esta última se parece a la que se propone con el guerrymandering. Se elimina la posibilidad de que obtenga representación una formación política, reduciéndola al mínimo de «bastiones», ya que los votos excedentes no producen escaños. Sin embargo, al existir la posibilidad de que el partido A gane tantos escaños como el partido B se opta por realizar una distribución diferente de las circunscripciones. Este fenómeno se complica mucho más en el caso de las circunscripciones plurinominales y los efectos que pueden llegar a ocurrir son mucho más complicados de estimar (Gunther, 1994: 51). La mejor prueba de la proporcionalidad de un sistema reside, más que en los resultados obtenidos en el nivel nacional, en los efectos que se aprecian en cada una de las circunscripciones. Los distritos pequeños penalizan a los pequeños partidos, de forma que el número de partidos decrece según se reduce el tamaño de la circunscripción. Este efecto ha sido observado en varios estudios utilizando índices diferentes. Otra forma de medir las fuerza de los efectos mecánicos, es determinar la reducción relativa en el número

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efectivo de partidos tanto a nivel de votos como de escaños. Este efecto reductivo se percibe en todos los sistemas electorales y se puede identificar en el número de partidos que compiten, comparándolo con el número de partidos que obtienen mandatos parlamentarios. Los efectos reductivos no dependen sólo del sistema electoral, sino también del sistema de partidos, cuyo formato no está determinado solamente por aquel. Fueron Laakso y Taagepera (1979: 2) y Lijphart (1984: 160) quienes tuvieron en cuenta este factor, y posteriormente se operacionalizó a través del número efectivo de partidos.

2.3. Efectos de las listas electorales Sería interesante proponer aquí el efecto que tiene la estructura del voto y las listas electorales. La relación que se establece entre el procedimiento de la votación y la forma de las listas va a determinar un comportamiento electoral que influye en la percepción psicológica que los ciudadanos tienen del rendimiento del sistema electoral. Si bien la dicotomía genérica se establece entre voto único y voto múltiple, las posibilidades de configuración de la votación son más extensas. En Irlanda, donde existe voto único transferible, sí aparecen efectos del procedimiento de votación sobre el sistema de partidos y las relaciones de fuerza. Los partidos de segundo y tercer rango pueden influir en la votación preferencial mediante recomendaciones a los electores, de tal forma que juntos logran superar al partido mayoritario en número de escaños. Las experiencias de otros países (Finlandia, Países Bajos, Austria...) demuestran sin embargo, que los electores tienden a no hacer uso del voto preferencial o que las modificaciones son tan difíciles de lograr que los efectos de las listas cerradas y no bloqueadas o de las listas abiertas sobre la composición partidista del parlamento son insignificantes. La lista representa para el elector más bien una posibilidad para influir respecto a las personas que componen el parlamento, modificando su orden mediante un voto preferencial.

2.4. Efectos de la conversión de votos en escaños Un problema especial es el que plantea la conversión de los resultados de votos en resultados de escaños, esto es, el sesgo. Significa que un partido sale

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beneficiado de los resultados en detrimento de otro(s). El sesgo se puede dar de manera que para que un partido gane un determinado número de escaños necesita más votos que otro; o incluso cuando el partido que alcanza más votos (mayoría relativa) puede obtener menos escaños que otro partido. Se aducen como causas de este fenómeno que la ventaja que logra un determinado partido no queda establecida estructuralmente en el sistema electoral sino que es coyuntural, periódico, en el sentido de que no siempre ocurre, y puede llegar a ser alternativo, es decir, entre partidos diferentes. Lo que sí es cierto es que las causas más importantes que motivan la aparición de este fenómeno se deben a la dispersión geográfica de los apoyos electorales de los partidos políticos; a los votos sobrantes en las circunscripciones electorales que no contribuyen a obtener escaños adicionales; y al número de partidos que compiten, siempre y cuando éste es mayor de tres. Los sistemas de mayoría pueden otorgar una mayoría de escaños a una minoría de electores que ha elegido a un solo partido. Es preciso admitir sin más que, en estos casos, los sistemas de mayoría producen aquí sus mayorías fabricadas políticamente más problemáticas. También en los sistemas proporcionales se producen mayorías de escaños, aunque son menos frecuentes que en los sistemas de representación por mayoría. Como ya se ha puntualizado, la relación entre votos y escaños, varía bastante en la categoría de la representación proporcional. En 1945 en Noruega, país que presenta el mayor número de ejemplos de mayorías fabricadas, bastó un 41% del total de los votos para conseguir la mayoría parlamentaria. Por el contrario, en la RFA, en las elecciones de 1976, la CDU/CSU, a pesar de haber conseguido el 48,6% de los votos, no logró la mayoría de los escaños en el Bundestag. Las mayorías fabricadas con representación proporcional no son deviant cases de los efectos «normales» de los sistemas proporcionales y tampoco contradicen una sistemática electoral que se fundamenta sobre los efectos producidos por los sistemas electorales; antes bien, lo correcto es la consideración relativizadora de que las mayorías fabricadas son menos frecuentes en el sistema proporcional que en el sistema mayoritario, debido al menor efecto desproporcional de los sistemas proporcionales. La tabla siguiente recoge con claridad la diversidad de los efectos que generan ambos tipos de sistemas electorales en relación a la desviación entre votos y escaños. Los sistemas mayoritarios además de evidenciar la

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relación directa entre el voto y el resultado electoral, denotan cómo esta relación se traslada a la representación. Las desproporciones entre votos y escaños obtenidos es amplia con el 42% de los votos se obtiene la mayoría de representantes del Parlamento británico; pero quizá es mayor esta desviación en el caso de Canadá, donde con el 50% de los votos se alcanzó en 1984 más del 74% de los escaños. En cambio los sistemas proporcionales permiten que un partido pequeño obtenga representación parlamentaria con apenas un 0,2% de los votos, mientras que un partido grande queda por debajo de la mayoría absoluta de escaños en el parlamento aunque le falte muy poco para la mayoría absoluta de los votos.

Tabla 8. Relación entre votos y escaños: ejemplos entre diferentes países País

Año

Sistema electoral

Partido político

Porcentaje Porcentaje Diferencia de votos de escaños (E-V) (V) (E)

Gran Bretaña 1983

Mayoritario

Conservador Liberales y SDP

42,2 25,4

61,6 3,5

+ 19,2 – 21,9

Canadá

1984

Mayoritario

Conservador

50,0

74,8

+ 24,8

Sri Lanka

1970

Mayoritario

SLFP

36,9

60,2

+ 23,3

Alemania

1983 Proporcional CDU/CSU

48,8

49,0

+ 0,2

Italia

1983 Proporcional

Partido de Acción de Cerdeña

0,2

0,2

0

Países Bajos

1982 Proporcional

Partido Popular Protestante

0,7

0,7

0

Fuente: Nohlen, 1994.

A nivel de distrito las desviaciones de la proporcionalidad son también en muchas ocasiones, significativas. Veamos por ejemplo el caso de España en las elecciones legislativas. El tamaño del distrito tiene un efecto directo en la desproporcionalidad tal y como se desprende del cuadro 9. Si agrupamos los distritos en cinco tipos (I de 1 escaño; II, de 3 a 5 escaños; III, de 6 a 8 escaños, IV, de 9 a 16 escaños; V, de más de 30 escaños) se aprecia la evolución de los valores a medida que se celebran las elecciones y en función de los distritos que se consideren.

144


Tabla 9. Evolución de la desproporcionalidad en distritos en elecciones legislativas en España: índice de desproporcionalidad de mínimos cuadrados de Lijphart Elecciones

Tipos de distrito según tamaño I

II

III

IV

V

Media

1977

44,66

17,30

13,98

10,26

4,09

16,14

1979

40,50

16,04

11,45

9,48

5,02

14,56

1982

43,46

15,29

11,58

8,93

4,55

14,22

1986

46,63

14,19

10,56

8,35

4,49

13,39

1989

46,38

16,51

12,68

8,73

4,35

15,11

1993

46,62

13,74

10,09

7,50

2,85

12,73

1996

44,14

12,38

9,08

5,10

1,54

11,23

Media

44,62

15,06

11,35

8,34

3,84

Fuente: Adaptado de Oñate y Ocaña (1996: 56).

2.5. Efectos sobre el sistema de partidos De cualquier manera hay otros elementos de los sistemas electorales que pueden afectar al sistema de partidos con efectos sobre la estabilidad del sistema político, sobre la naturaleza de los partidos (el grado de cohesión y disciplina interna; las alianzas y las posibilidades de cooperación con otros partidos) e incidiendo sobre la relación entre los representantes y los electores de las circunscripciones e incluso sobre la estrategia de las campañas y el reclutamiento político (Bogdanor, 1983). Las primeras varían según sean las normas electorales. Cuando se permite una competición intrapartidista y los candidatos tienen como oponentes a candidatos de su mismo partido, el objetivo de la estrategia de una campaña centralizada se reduce. Por el contrario un sistema de listas rígido y cerrado, permitirá una mayor centralización del control de las campañas por parte de los partidos políticos, afectando profundamente a las relaciones entre los representantes y el electorado. La relación será muy débil en sistemas de listas donde el elector no tiene posibilidades de elegir a un candidato en concreto. Mientras que cuando tiene alguna posibilidad para destacar una preferencia por un candidato, implica mayor dependencia del representante de su elector, debilitando en

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cierta manera una rígida disciplina partidista. En sistemas donde el partido determina los candidatos que van a componer las listas que se presentan a la competición, y el reclutamiento de los representantes depende del partido, se detectan cuotas de candidaturas de mujeres, de minorías étnicas, ya que los partidos los sitúan en los puestos de las listas donde tienen posibilidades de salir elegidos. También los candidatos van a racionalizar sus perspectivas tendiendo a formar coaliciones, con el objeto de maximizar su representación. Los actores políticos tienden en cierta medida a tomar decisiones que se sitúan ligeramente fuera del ámbito estrictamente electoral para poner en marcha políticas. Pero ¿se tiene en cuenta este factor «estratégico» electoral? Gunther (1989: 845), examina tres tomas de decisiones realizadas por líderes políticos nacionales durante el período 1982-1986. Observa la complejidad y la naturaleza multidimensional de estas opciones y explica porqué los efectos de las leyes electorales en el sistema de partidos no son directos, uniformes y determinantes. Centrando su análisis en las simulaciones de estrategias de coalición hechas por Sani y Gunther (1986), una de las conclusiones a las que llega es que las leyes electorales influyen en los costes/beneficios que los líderes obtienen, y por consiguiente en su comportamiento hacia la posible formación de coaliciones. Pero también existen irracionalidades, es decir, animosidades personales, deseos de preservar la tradición ideológica y la integridad de los partidos. Observa, por tanto, ciertas incompatibilidades entre actores respecto hacia alguna forma de coalición5. Si hay un tema que subyace en toda esta problemática, éste es el de que las inferencias de los efectos de las leyes electorales en el sistema de partidos, «... deben hacerse con precaución ya que las asociaciones observadas pueden reflejar la influencia de terceros factores o factores subyacentes al sistema político que son independientes de la ley electoral» (Rae, 1971: 68).

La decisión acerca del sistema electoral se toma en el campo concreto de las fuerzas sociales y políticas de un país, dado que puede afectar a las posibilidades que tienen los grupos sociales y los partidos políticos de articular sus intereses e imponer sus objetivos. La decisión sobre el sistema electoral es una cuestión eminentemente política, ésta es la cuestión que subyace en el

5 Afirma que la UCD hubiera sobrevivido si se hubiera aliado con la derecha, pero existían animosidades personales contra Fraga. La ley electoral juega así un papel que en algunos casos puede llegar a desestabilizar el sistema. Un ejemplo de este fenómeno lo encontramos en el colapso de la UCD en 1982.

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cálculo de los grupos políticos, en relación con las ventajas o inconvenientes que de ella se espera. Es evidente, por tanto, el carácter político-instrumental que toma el sistema electoral en las luchas políticas. En realidad, no basta preguntar por el efecto de los sistemas electorales sobre el sistema de partidos. Este modo de proceder no puede abarcar la cuestión de la conexión entre sociedad, sistema electoral y sistema de partidos. La importancia y la función de los sistemas electorales siguen sin estar claras. Es preciso preguntar, cuáles son las condiciones constitutivas, sociales y políticas, de los sistemas electorales. Aquellos factores que fueron decisivos a la hora de implantar, mantener o reformar un sistema electoral, que son los responsables de que éste tenga unos efectos y no otros. Allí donde la fragmentación étnica de una sociedad se cristaliza en la decisión del modelo de representación proporcional, la representación política se corresponderá con el fraccionamiento étnico de la sociedad. Los sistemas electorales y los resultados electorales, así como los sistemas de partido, son reflejos de las estructuras sociales y políticas; las dos son variables dependientes. Si se da el caso, los sistemas electorales son reformados «para tener en cuenta el carácter cambiado del sistema de partidos. En estos casos, el sistema de partidos determina al sistema electoral y no al contrario» (Lipson, 1969: 513). Ya que los presupuestos políticos y sociales de los diferentes países son muy distintos, un análisis aceptable de los efectos de los sistemas electorales no podrá sino investigar los datos sociopolíticos concretos. Como ya se sabe, un mismo sistema electoral puede producir diferentes efectos en distintos países, o incluso en un mismo país en distintos momentos de su historia (Bogdanor, 1983: 251). En consecuencia, una observación estática de la relación entre sociedad, sistema electoral y sistema de partidos con un conjunto de efectos y de funciones supuestas es erróneo y no solamente en los que se refiere al estudio de diversos países sino también, en una dimensión nacional histórica. Lo que está claro es que los sistemas mayoritarios serán menos efectivos a la hora de representar cuando se aplican en sociedades étnicamente divididas o más heterogéneas. Las medidas que han adoptado los sistemas electorales mayoritarios con minorías étnicas se ha centrado fundamentalmente en protegerlas mediante otros mecanismos, tales como instituciones federales o una carta de derechos. Los efectos de un sistema mayoritario y un sistema proporcional varían si en una sociedad el federalismo crea centros alternativos de poder a otra en la que la doctrina tradicional de la supre-

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macía del parlamento tiende a moderarla. Cualquier teoría que propugne al sistema electoral como un factor incidente en el desarrollo de los sistemas de partidos no puede ser sustentada enteramente. Cuando se determina que los sistemas de representación proporcional tienden invariablemente a generar gobiernos inestables y fragmentación partidista (Hermens, 1941), mientras que por el contrario los sistemas mayoritarios producen sistemas bipartidistas y estabilidad política (Duverger, 1972), no se están teniendo en cuenta otra serie de variables independientes de gran peso. Así, las diferencias entre Gran Bretaña y Nueva Zelanda, donde por un lado, dos partidos con bases ideológicas y socioeconómicas muy diferentes compiten por el poder de una estructura política unitaria, y por otro, Estados Unidos, una sociedad fragmentada asentada en una descentralización y donde la competición entre «catch-all parties» marca las líneas de actuación partidista, difiere enormemente. De la misma manera no se puede hacer una generalización sobre los sistemas multipartidistas, como los escandinavos o los del sur de Europa. El desarrollo de los sistemas de partidos depende no sólo del sistema electoral, ni de los factores institucionales, sino también de la existencia de cleavages en la sociedad. De otra forma, la correlación entre sistemas proporcionales y sistemas multipartidistas no podría estar solamente explicada por el sistema electoral sino por otra serie de factores políticos. Siguiendo las explicaciones de Särlvik para el caso escandinavo, «los cambios electorales han sido causados como resultado de un cambio en la balanza de las fuerzas o en la estructura del sistema de partidos. Los sistemas electorales son ideados por los partidos políticos en respuesta a las circunstancias políticas».

Cuando una sociedad cambia, un sistema proporcional reflejará más adecuadamente ese cambio. Los sistemas electorales se convertirían en consecuencias y no en causas de los sistemas de partidos. La relación entre las leyes electorales, los sistemas de partidos y los procesos de cambio social son recíprocos y extremadamente complejos. Sin embargo para entender el funcionamiento de los sistemas electorales han de considerarse, «...tanto las propiedades genéricas del sistema como los contextos nacionales específicos... El funcionamiento de un sistema electoral no puede entenderse simplemente en términos de propiedades definitorias y abstractas; tiene que evaluarse mediante el análisis de un sistema electoral en un sistema político.» (Rose, 1984: 78).

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El sistema electoral no es más que un factor entre otros que influyen en la configuración del sistema de partidos. Su importancia real es variable. Es preciso un análisis histórico concreto en cada caso para averiguar si el sistema electoral tiene una función mayor o menor entre los elementos constitutivos de un sistema de partidos. Por lo demás no es posible determinar la existencia de ninguna tendencia unívoca que actúe con independencia de los datos sociales y políticos concretos del caso aislado, a no ser aquélla que constituye el fundamentos terminológico de la diferenciación entre la representación por mayoría y la proporcional. Las mejores condiciones para estudiar los efectos de los diversos sistemas electorales sobre el sistema de partidos se dan, sin duda, allí donde las elecciones se celebran según distintos sistemas electorales al mismo tiempo, como es el caso de Japón; o allí donde se han producido cambios reales de sistemas electorales. Pero ni siquiera en estos casos se puede explicar los cambios en el sistema de partidos en función exclusiva de factores sistemático-electorales. En el estudio de los cambios de sistema electoral debe tenerse muy presente que los efectos de los sistemas electorales dependen de condiciones socioestructurales que, a su vez, se encuentran en proceso de transformación, aun cuando sea evidente que esta transformación se realiza de modo paulatino y que el factor socioestructural parece ser estable en comparación con las influencias político-coyunturales. Pero lo que sin duda subyace en el debate es que la mayoría de las veces se constituyen mayorías partidistas como consecuencia del efecto de la desproporción de los sistemas electorales. Debemos distinguir dos formas de constitución de mayorías: por un lado, mayorías conseguidas por un partido por medio de los votos, esto es, un partido alcanza ya una mayoría de votos, que con independencia del sistema electoral, se traduce forzosamente en una mayoría de escaños (mayoría merecida). Teóricamente no es éste siempre el caso (el sistema de proporciones aritméticas puede conducir a otro resultado). Por otro lado, una mayoría partidista que no se corresponde con una mayoría absoluta de votos para ese partido, sino que se consigue gracias al sistema electoral y a través de su efecto de desproporción más o menos fuerte en la relación entre votos y escaños (mayoría fabricada). Rae, estableció en 1967 que la mayor parte de las mayorías partidistas no son consecuencia de que un partido haya conseguido una mayoría absoluta de votos, sino que son consecuencia del efecto desproporcional de los sistema electorales. Tomando 20 países y 117 elecciones entre 1945 y 1965, en total 43

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resultados, en los cuales un partido alcanzó la mayoría absoluta de escaños, Rae descubrió que 16, el 37,5%, fueron mayorías merecidas; 27, el 62,5% fueron mayorías fabricadas. Respecto a la variable «sistema electoral», Rae comprobó que 17, o el 63% de las 27 mayorías partidistas se habían producido con representación por mayoría en circunscripciones uninominales, mientras que el 27% se dieron bajo formas diversas de sistemas electorales proporcionales.

3. SISTEMA ELECTORAL Y CAMBIO EN EL EJERCICIO DE GOBIERNO El problema de la relación entre el sistema electoral y la alternancia en el gobierno tiene gran importancia para la teoría liberal de la democracia. El modelo de democracia competitiva depende del axioma de que las mayorías pueden cambiar. Con las elecciones los partidos se disputan la obtención de un mandato, periódicamente renovado, para la conducción de los asuntos de gobierno. El elector es el que reparte las funciones: un partido, el mayoritario, adquiere la responsabilidad de gobierno y el otro partido, el minoritario cumple la función de oposición. La realización de diversas funciones sistemáticas de la oposición siempre fue dependiente de la posibilidad real que tuviera la minoría de alcanzar una mayoría parlamentaria en las siguientes elecciones. Esta concepción funcional de la democracia valora al sistema electoral según esté en condiciones de fomentar o no un cambio de gobierno. Dentro de este modelo de democracia y sus premisas sociales es donde hay que ubicar la tesis de que los sistemas de representación por mayoría, especialmente el sistema de mayoría relativa en circunscripciones uninominales, aumentan las posibilidades de cambio de gobierno. De hecho, el sistema de mayoría relativa puede convertir pequeñas diferencias de votos en grandes desviaciones de escaños, siempre que se de el supuesto de un sistema de dos partidos con una fortaleza aproximadamente igual (swing). Los electores que deciden sobre la victoria o la derrota electoral son aquellos que no mantienen fidelidad a un partido y que determinan sus preferencias renovadamente de elección en elección. Así, Erwin K. Scheuch (1967: 67) llega a la conclusión de que «...el sistema mayoritario aumenta casi siempre las posibilidades de que los electores que han cambiado de preferencias obliguen a un cambio de gobierno». Sin embargo, lo que casi nunca, por no decir nunca, se explici-

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ta es el presupuesto decisivo para la validez de este teorema: esto es, el hecho de que los dos partidos han de tener aproximadamente la misma fuerza y el electorado que cambia preferencias ha de ser suficientemente numeroso para que el resultado electoral pueda ocasionar este cambio de la función de la mayoría en el ejercicio de las funciones de gobierno. Este teorema no solo carece de toda validez, sino que llega a contradecir los efectos empíricamente observables de los sistemas de mayoría, donde haya sistemas asimétricos de partidos o donde el electorado fluctuante sea muy escaso debido a factores confesionales, lingüísticos y/o socioestructurales, que son los causantes de los vínculos firmes entre los electores y sus partidos. Gran Bretaña puede servir de ejemplo. Mediante la disminución del porcentaje de votos y escaños de los laboristas y el fortalecimiento de una tercera fuerza política —liberales, o la alianza liberales/SPD en las elecciones de 1987—, esa condición de que existían partidos con igualdad de fuerzas (conservadores y laboristas) no se ha producido más. Los laboristas necesitaron en aquellas elecciones un swing de más del 8% y 97 escaños complementarios para alcanzar la mayoría en las siguientes elecciones (Butler y Kavanagh, 1988: 271). La proporcionalidad, o más aún, la mejora de la proporcionalidad dentro de los sistemas electorales proporcionales ha sido siempre, en Noruega y en Suecia, la condición para la alternancia en el gobierno. En estos países, los partidos mayoritarios se han estructurado de tal modo que el elector puede decidirse por un partido o por una coalición de partidos. La estructura en dos bloques se ha revelado como necesaria para la alternancia en el gobierno. En consecuencia, no es posible pronunciar sin más acerca de la cuestión de qué sistemas electorales favorecen o dificultan el cambio de gobierno. Es preciso siempre mencionar las condiciones bajo las cuales pretende tener validez un enunciado. Si no se toman en consideración las estructuras sociales y políticas concretas, no es posible mostrar de modo satisfactorio los efectos reales o hipotéticos de los sistemas electorales, en relación con el fomento o la dificultad del cambio de gobierno. Cabe observar, sin embargo, que la representación proporcional produce una tendencia creciente al cambio en el ejercicio de las funciones de gobierno. Se manifiestan aquí modelos diversos de gobiernos alternativos. El cambio habitual en un sistema pluripartidista con representación proporcional consiste en el intercambio de compañeros de coalición, cambio que únicamente puede conce-

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birse como alternancia cuando la dirección del gobierno se transfiere a otro partido. Bajo los sistemas pluripartidistas existe una forma de alternancia en el gobierno y que se ha de considerar en toda su importancia, puesto que evidentemente, en este caso no cabe esperar que se produzca una alternancia típica del sistema bipartidista. No obstante, en último término, la cuestión del cambio en el gobierno depende de las estructuras y de los cambios dinámicos del comportamiento electoral. Esto es lo que hay que tener en cuenta para decidir, en cada caso concreto, qué sistema electoral es el que favorece la alternancia.

BIBLIOGRAFÍA CACIAGLI, M. (1998): «Hacia la Segunda república: los nuevos sistemas electorales de Italia», en J. MONTABES (ed.): El sistema electoral a debate. Veinte años de rendimiento del sistema electoral español (1977-1997), Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas-Parlamento de Andalucía. COX, G. W. y SHUGART, M. S. (1991): «Comment on Gallagher’s proportionality, disproportionality and electoral systems», Electoral Studies, 10: 348-352. DUNLEAVY, P. y MARGETTS, H. (1995): «Understanding the dynamics of electoral reform», International Political Science Review, 16: 9-29. FRY, V. y MCLEAN, I. (1991): «A note on Rose’s proportionality index», Electoral Studies, 10: 52-59. GALLAGHER, M. (1991): «Proportionality, disproportionality and electoral systems», Electoral Studies, 10: 33-51. KATZ, R. (1980): A theory of parties and electoral systems, Baltimore: John Hopkins University Press. KATZ, R. S. (1996): «Electoral reform and the transformation of party politics in Italy», Party Politics, 2: 31-55. LIJPHART, A. (1985): «The field of electoral system research: a critical survey», Electoral Studies, 4: 3-14. LIJPHART, A. (1987): «The demise of the last Westminster system? Comments on the report of New Zealand’s Royal Commission on the Electoral System», Electoral Studies, 6: 97-103.

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LIJPHART, A. (1990): Electoral systems and party systems, Oxford: Oxford University Press (edición en castellano, Sistemas electorales y sistemas de partidos, Madrid: CEC, 1995). LIJPHART, A. (1994): Electoral systems and party system: a case study of 27 democracies, 1945-1990, Oxford: Oxford University Press. LINZ, J. J. (1998): «Problemas de la democracia hoy», en J. MONTABES (ed.): El sistema electoral a debate. Veinte años de rendimiento del sistema electoral español (1977-1997), Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas-Parlamento de Andalucía. LOOSEMORE, J. y HANBY, V. J. (1971): «The theoretical limits of maximun distortion: some analytic expression for electoral systems», British Journal of Political Science, 1: 467-477. MONROE, B. L. (1994): «Disproportionality and malapportionament: measuring electoral iniquity», Electoral Studies, 13: 132-149. MONTERO, J. R. (1998): «Sobre el sistema electoral español: rendimientos políticos y criterios de reforma», en J. MONTABES (ed.): El sistema electoral a debate. Veinte años de rendimientos del sistema electoral español (1977-1997), Madrid: CISParlamento de Andalucía. NOHLEN, D. (1989): «Changes and choices in electoral systems», en A. LIJPHART y B. GROFMAN (comps.): Choosing an electoral system: issues and alternatives, Nueva York: Praeger. NOHLEN, D. (1994): Sistemas electorales y partidos políticos, México: Fondo de Cultura Económica. OÑATE, P. y OCAÑA, F. A. (1996): Análisis de datos electorales, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. PAPPALARDO, A. (1995): «La nueva ley electoral italiana», Revista de Estudios políticos, 89: 61-80. PENNISI, A. (1998): «Disproportionality indexes and robutness of proportional allocation methods», Electoral Studies, 17: 3-19. RAE, D. W. (1971): The political consequences of electoral laws, New Haven: Yale University Press. ROSE, R. (1984): «Electoral systems: a question of degree or of principle?», en A. LIJPHART y B. GROFMAN (eds.): Choosing an electoral system: issues and alternatives, Nueva York: Praeger.

153


SANTAMARÍA, J. (1994): «Listas cerradas, abiertas y entreabiertas», en J. R. MONTERO, R. GUTHER y otros: La reforma del régimen electoral, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. VIDAL, C. (1995): El sistema electoral español: una propuesta de reforma, Granada: Molino Ediciones.

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Tema 5

Comportamiento y análisis electoral Irene Delgado

1. Los estudios electorales. 1.1. Enfoques analíticos sobre comportamiento electoral: planteamientos y debate. 1.2. El estudio de las elecciones nacionales. 2. Los datos electorales. 2.1. Los datos electorales agregados. 2.2. Datos de encuestas. 2.1.1. Técnica de recogida y obtención de datos. 2.2.2. Análisis de los datos de encuestas. 3. Los resultados electorales. 3.1. Los resultados agregados. 3.2. La proporcionalidad del sistema electoral. 3.3. Indicadores del formato del sistema de partidos: fragmentación, número efectivo de partidos, volatilidad y escisión de voto. 3.4. Las preferencias electorales: competitividad y polarización ideológica. 3.5. La identificación partidista y el continuum izquierda-derecha como elementos decisorios del voto. 4. El sistema electoral y sus efectos sobre la representación y el comportamiento electoral en España. 4.1. La proporcionalidad y la fragmentación. 4.2. La competitividad y la volatilidad electoral y parlamentaria. 4.3. La polarización ideológica del electorado y de los partidos. 4.4. Factores socioestructurales y comportamiento electoral. Bibliografía.

1. LOS ESTUDIOS ELECTORALES 1.1. Enfoques analíticos sobre comportamiento electoral: planteamientos y debate Uno de los papeles centrales que desempeñan los ciudadanos en las democracias es la toma de decisiones sobre asuntos políticos, tales como qué candidatos elegir o qué partidos apoyar en elecciones, así como qué posturas adoptar ante cuestiones políticas e incluso participar en política. Estos comportamientos electorales encierran en su definición aspectos que entroncan con la representación política y con la teoría de la democracia. Si ya de por sí una de las funciones de las elecciones es la de producir representación, los estudios electorales van a tratar de aislar los condicionantes principales que inciden sobre los ciudadanos de sociedades democráticas en el acto de votar. Se desciende al plano individual y los votantes se convierten en objeto indiscutible de análisis. Los factores sociodemográficos y sus orientaciones políticas, junto con la lógica de la toma de decisiones al analizar su entorno más inmediato, van a configurar las tres grandes tradiciones que dominan los estudios electorales: la sociológica, la psicológica y la racional. Todas ellas pretenden desarrollar generalizaciones sobre la naturaleza del comportamiento electoral que puedan ser probadas empíricamente con datos procedentes de encuestas. El énfasis se centra en la descripción, en la identificación de uniformidades observables, en la validación de resultados a partir de investigación contrastada y en la acumulación de conocimiento a través de teorías generales (Seidelman, 1985). El inicio de los estudios electorales centrados en los votantes individuales se remonta a mediados de los años cuarenta cuando Lazarsfeld, Berelson y Gaudet, publican el resultado de su investigación. The people’s choice (1944) establecerá un duradero paradigma intelectual al analizar las opciones políticas de los votantes norteamericanos y tratar de explicar lo observado en

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forma de datos cuantificables utilizando como herramienta la encuesta1. Esta tradición sociológica, que se conoce como Escuela de Columbia, basaba sus postulados en el determinismo social que conectaba con las preferencias políticas de los individuos2. Los rasgos sociales y las características geográficas se relacionan con determinadas opciones electorales, de forma que con tan solo considerar la pertenencia o no a determinadas asociaciones, o considerar la religión del elector se podía establecer con exactitud la orientación política del votante. En síntesis, «las características sociales determinan las preferencias políticas» (1944: 27). El estudio de Berelson, Lazarsfeld y McPhee Voting (1954) aportó un ingrediente más a esta ecuación al encontrar cierta influencia de los grupos sobre las decisiones de los votantes. La experiencia del grupo pasa a configurar con mayor intensidad las opciones electorales, evitando que el individuo decida individualmente, necesitando adquirir para ello un cierto nivel de información. De nuevo, la ubicación en la estructura social del votante se convierte en factor determinante de su orientación electoral debido a que incide en el acceso a la información política (McPhee et ál., 1954). Los contextos se configuran desde entonces como el medio que ejerce la influencia sobre la opciones electorales y escapan al control individual. Este modelo concede a la integración social una posición dominante. En íntima conexión con el status socioeconómico, el ambiente va a generar unos estímulos que facultan el acceso a la información y a la cultura, además de favorecer una red más densa de comunicaciones interpersonales. Las desigualdades sociodemográficas se traducen en desigualdades políticas (Lipset, 1960; Verba, Nie y Kim, 1978). El cambio más importante en los análisis electorales se produjo en 1960 cuando Campbell, Converse, Miller y Stokes intentaron explicar el comportamiento electoral aplicando el que se conoce como modelo de Michigan. Siguiendo la estela marcada por The Voter decides (1954) de Campbell, Gurin y Miller, la publicación de The American voter (1960) puso de manifiesto nuevos elementos explicativos de las orientaciones partidistas, en los que el 1 El estudio se realizó con motivo de la campaña presidencial de 1940 en Elmira, Nueva York y a pesar de que en algunos aspectos era todavía «primitivo» sentó las bases para el análisis de estudios de voto y significó el inicio de la moderna investigación del comportamiento político (Carmines y Huckfeldt, 2001:329). 2 Este determinismo social relegó a un segundo plano a la ciencia política, quien pasa a convertirse en aquel momento, en un subcampo de la investigación científica. La respuesta crítica ante esta situación procedió de Key y Munger (1959), quienes a través de su estudio sobre Indiana, refutaron la causalidad de la pertenencia social sobre las preferencias políticas.

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COMPORTAMIENTO Y ANÁLISIS ELECTORAL

ingrediente político, más en concreto la identificación partidista, tenía la mayor relevancia3. Esta obra supuso la convergencia de un número de aproximaciones del análisis de la ciencia política de la posguerra que incluían cambios en la metodología, las estructuras institucionales y los recursos financieros, y fue fuente de inspiración de los análisis electorales en el continente europeo, apareciendo como resultado bajo la autoría de Butler y Stokes, Political Change in Britain (1969)4. Ambas obras fueron reconocidas a finales de los años sesenta y principios de los setenta como los estudios «marco» sobre comportamiento electoral y sirvieron de guía para posteriores análisis centrados en el votante individualizado. Además sin el impulso de fundaciones privadas como la Ford que creó el Centro de Estudios Avanzados en las Ciencias del Comportamiento, o la Rockefeller, que proporcionaron la ayuda económica necesaria para poner en marcha este tipo de estudios, las actividades de investigación en comportamiento político y electoral no habrían alcanzado el desarrollo que experimentaron durante los años cincuenta y sesenta. A raíz de estos apoyos institucionales nacen organizaciones ligadas a centros de investigación que tienen por objeto avanzar en programas con aplicación de nuevos métodos de análisis de datos5. Es la herramienta clave que desarrolla este modelo psicosocial, donde se incluyen indicadores que ayudan a comprender el grado de influencia que sobre el voto tienen los factores políticos a corto y a largo plazo. Entre los primeros, se encuentran las valoraciones de los candidatos o los problemas más relevantes (issues) teniendo un mayor efecto factores tales como la lealtad hacia los partidos políticos, y la identificación partidista, que se convierte en concepto clave de este modelo de voto. Las cuestiones relacionadas con este último indicador, medidas relacionadas con el issue voting, el papel 3

No obstante como destaca Miller la tradición sociológica en The American Voter se constata en el tratamiento de numerosos aspectos sociológicos en la obra (2001: 434). 4 Los estudios electorales norteamericanos anteriores a 1960 dependían principalmente de tres fuentes de datos: resultados agregados; un número limitado de variables procedentes de encuestas realizadas por Gallup desde 1945 y por la NOP desde 1957; y encuestas «restringidas» procedentes de determinadas áreas locales (Milne y Mackenzie, 1954, 1958; Birch, 1959; Bealey et ál., 1965). La acumulación de datos procedentes de los American National Election Surveys van a formar el núcleo central de los estudios electorales en EE. UU. A pesar de que los análisis han incrementado su sofisticación, el grueso de las variables permanece estable con objeto de permitir comparaciones longitudinales. 5 El Michigan Survey Research Center (SRC) inició entonces los primeros trabajos de campo que originariamente se centraron en estudios de comunidad. Los ya clásicos trabajos de Dahl (1961) y de Prothro y Matthews (1966) son solo una muestra de las pioneras investigaciones realizadas en la Universidad de Michigan.

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de las ideologías, la estabilidad de los sistemas políticos y la influencia de los anclajes partidistas modificaron a la vez que ampliaron este modelo básico de análisis electoral. Las diferencias entre los modelos de voto americano y británico fueron puestas pronto de relieve en los estudios, mientras que las conexiones metodológicas, conceptuales y teóricas fueron significativamente más similares. Siguiendo a Butler y a Stokes, durante los períodos de estabilidad política los anclajes partidistas de los votantes británicos fueron relevantes, con una relativa lealtad durante elecciones subsiguientes (Butler y Stokes, 1974: 211-228). La mayoría de los electores tenían escaso interés en asuntos políticos y la política se encontraba fuera de sus vidas a pesar de que la mayoría de ellos participaba en los procesos electorales. Como resultado, el electorado votaba siguiendo la tendencia de otros a su alrededor desarrollando de esta forma una identificación estable con los partidos que guiaba sus opciones electorales en el futuro. Esta lealtad se reforzaba con el paso del tiempo y a través de los procesos electorales. A diferencia del variado número de cleavages encontrados entre los votantes norteamericanos, el factor primordial que influía en la decisión de la mayoría de los votantes británicos era su clase social (Pulzer, 1967), frente al postulado de Michigan en el que una vez conformada la identificación partidista se mantiene independiente de la variable social. Posteriores estudios han mostrado la menor influencia sobre los británicos en la predisposición a votar a uno u otro partido, además de poner de relieve el surgimiento de terceros partidos aumentando considerablemente los índices de volatilidad, factores ambos en íntima conexión con el debilitamiento de la identificación partidista (Särlvick y Crewe, 1983; Heath et ál., 1988 y 1991). Pero sin caer en el reduccionismo comparado de los países anglosajones, factores tales como, el debilitamiento de la identificación partidista en Europa, el papel secundario que se otorgaba a la política, la dificultad de exportar el modelo Michigan a países europeos por su escasa adecuación (Campbell y Valen, 1964; Thomassen, 1976; Daalder, 1983: 7) además de la falta de dinamismo, la incapacidad de encontrar explicaciones a los cambios electorales que comenzaban a producirse, todos ellos fueron detonantes que pusieron en entredicho la operatividad de este modelo para ser aplicado a la realidad del momento. La identificación partidista había simplificado el universo de información necesario y facilitado al elector la decisión del voto. Sin embargo esta organización coherente de la complejidad del fenómeno político no permitía estructurar con claridad las opciones electorales en el contexto europeo.

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Más aún, el indicador utilizado para medir este fenómeno (party attachment) tuvo que adaptarse a la realidad continental. Si en EE. UU. se había operacionalizado a través de la identificación partidista (party identification), en Europa adquiría la forma de party closeness dado que se encontró evidencia suficiente para sugerir la necesidad de modificar la formulación de la pregunta6. En esta línea se abre un extenso debate sobre la exactitud en la formulación y en la extracción de resultados comparados7. La clásica escala de siete puntos del modelo de Michigan se transforma en escala izquierdaderecha, conceptos que se configuran como referentes indispensables para la compresión de la política y la evaluación de sus actores (Knutsen, 1988; Fuchs y Klingemann, 1990). Esta escala se convierte en el instrumento indispensable para abordar las preferencias partidistas y «predecir» la orientación del voto. Aquí surge la cuestión de la estabilidad de las preferencias en períodos electorales consecutivos y el «hábito» a votar de una forma específica, no teniendo cabida aspectos específicos relacionados con la información política. Esto generaría una actitud estable hacia un partido o un candidato que deja fuera del ámbito de actuación la toma de decisiones adaptadas al contexto (Ronis et ál., 1989). La naturaleza y las consecuencias de la identificación partidista centraron el debate entre los académicos. Algunos exploraron las consideraciones teóricas de este indicador (Beck, 1974; Converse y Pierce, 1987); la gran mayoría abordó una reconceptualización del mismo (Converse, 1976; Page y Jones, 1979; Weisberg, 1980; Fiorina, 1981; Miller, 1992), o incluso otros se centraron en la búsqueda de indicadores más precisos (Carmines et ál., 1987; Green y Palmquist, 1990; Mattei y Niemi, 1991; Abramson y Ostrom, 1991). Simultáneamente la conceptualización de «izquierda» y «derecha» ha sido otro de los asuntos más debatido en la literatura sobre comportamien-

6 Converse y Pierce (1985) utilizaron en su estudio esta conceptualización del indicador, «Quel est le parti dont vous vous sentez habituellment plus proche?» para aplicarlo a la realidad francesa después de haber contrastado que esta construcción terminológica era la más adecuada. En esta misma línea Kaase (1976) demostró los efectos de aplicar incorrectamente este indicador en el contexto alemán, así como Heath y Pierce (1992) quienes consiguieron con ello seleccionar a un mayor número de «verdaderos» electores identificados con algún partido. 7 Los análisis comparados sobre identificación partidista tomaban la mayoría como base los datos procedentes del Eurobarómetro. Sin embargo se puso en entredicho la formulación de esta cuestión al apreciarse cambios sustantivos en los resultados en los países una vez que se compararon datos procedentes de encuestas en las que se había aplicado la lengua original del país (Katz, 1985; Barnes et al., 1988; Schmitt, 1989; Sinnot, 1998).

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to electoral. La comprensión de los términos es aceptable, pero se identifica con mayor facilidad si lo que se pone en cuestión es un partido o un líder político (Laponce, 1981). La conexión con imágenes y símbolos parece estar más arraigada y permite un mayor vínculo con los partidos e incluso una orientación más estable hacia la política (Barnes et ál., 1985). A pesar de que las nociones de izquierda y derecha no son precisas ni estables, y tampoco son etiquetas rígidas, sino que su contenido varía con el tiempo, ello las dota de mayor riqueza conceptual y mantiene la esencia del desempeño de sus funciones organizativas y valorativas. De hecho no tienen por qué gozar de precisión o de especificidad entre los electores sino que deben de ser adaptables a las situaciones políticas. El notable desarrollo experimentado en las sociedades industrializadas provocó que numerosos científicos señalaran como consecuencia las limitaciones que la escala izquierda-derecha manifestaba para estructurar el componente ideológico. El cambio de valores reveló la multidimensionalidad de la ideología política a pesar de que permanecían estereotipos ligados a la ubicación que seguían reflejando vínculos partidistas, toda vez que los análisis a través de técnicas multidimensionales no proporcionaban una evidencia específica (Weisberg, 1980), e incluso los nuevos issues emergentes tampoco contribuían a la ubicación del electorado en la dimensión izquierda-derecha al no transformarse en preferencias partidistas (Van der Eijk y Niemöller, 1980). Fueron, en todo caso los factores coyunturales los que se revelaron como elementos de peso en la operacionalización de la identificación ideológica (Miller, 1991). Era incuestionable que el modelo avanzaba en la existencia de vínculos psicológicos entre el electorado y los partidos, lo que suponía un ingrediente fundamental de la competencia partidista. Pero la demostración empírica del debilitamiento de la identificación partidista comienza a detectarse tras un amplio crecimiento de votantes que se consideraban independientes, ciudadanos más sofisticados con mayor racionalidad en su comportamiento, que tenían un mayor nivel de información política y no se sentían anclados a los partidos (Rusk y Norpoth, 1982). Se pone en entredicho la validez del modelo y se inicia un amplio y sugerente debate académico que encuentra en el cambio electoral en las democracias occidentales la principal variable a explicar (Dalton et ál., 1984; Inglehart y Barbier, 1986; van Deth y Janssen, 1994). Si la existencia de fuertes niveles de identificación partidista había constituido un elemento de estabilidad política que atenuaba la posibilidad de cambios bruscos en el sistema de partidos (Converse, 1969), su debilita-

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miento se dejó notar en los sistemas de partidos. Los principales indicadores que clasificaban y definían ideológicamente a los partidos habían tenido una capacidad de organización indiscutible. La relación de los partidos políticos con determinados cleavages o divisiones sociales, se encuentran ya en el estudio de Siegfried (1913) que no solo determinó un estilo de análisis de geografía electoral, sino que también sentó los precedentes para una duradera interpretación de los conflictos políticos y sus implicaciones sobre la realidad política. Más aún, los cleavages adquirieron una posición relevante para explicar la evolución de los apoyos electorales de los partidos en el contexto continental (Rokkan y Valen, 1962; Allart, 1964; Dogan, 1967; Dogan y Rokkan, 1969). La forma en que los partidos políticos generan vínculos con los electores se ubica en el período de extensión del sufragio universal. Los partidos enarbolaron las alternativas electorales fruto de las fracturas acontecidas en las sociedades europeas del siglo XIX. Quizá también la proliferación de encuestas contribuyó a incrementar la popularidad de estudios que encontraban en las divisiones sociales una variable explicativa de las orientaciones partidistas. En Michigan, los estudios de opinión enfatizaban la influencia de los grupos sociales en las preferencias partidistas, y su exportación a Europa se orientó además hacia la inclusión de otros indicadores como la edad, la religión o la clase social. La realidad política se operacionaliza a través del análisis de la influencia que tienen estas fracturas en los sistemas de partidos europeos y su reflejo en las preferencias electorales (Rokkan y Valen, 1964). Rokkan aducía que las diferencias en el sistema de partidos estaban causadas por la modalidad adoptada por las fracturas sociales al politizarse (Rokkan, 1970)8, y demostró la estabilidad de los sistemas de partidos, al no haberse producido cambios significativos en los mismos desde los años veinte —freezing hyphotesis (Lipset y Rokkan, 1967: 50)—, fenómeno posteriormente validado en otros estudios que demostraban que en períodos de cambio el apoyo electoral a los partidos permanecía estable. El rápido crecimiento económico, las nuevas funciones del Estado del bienestar, el período de descolonización acontecido durante 1945 a 1969, todo 8 Lipset y Rokkan (1967:14) proponen que los partidos surgen en torno al desarrollo de una serie de cleavages con que se enfrenta la construcción del estado-nación: centro-periferia origina partidos con un fuerte componente nacionalista; iglesia-estado, favorece el surgimiento de partidos confesionales o laicos; rural-urbano favorece el nacimiento de partidos campesinos, propios de países del norte de Europa; y la fractura social, trabajo asalariado-capital, que articula el mayor número de partidos. La propuesta de estas disyuntivas contenía en sí una aportación singular sobre el análisis de voto desde una perspectiva sociológica.

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ello no pareció influir en los resultados electorales del momento (Unwin y Rose, 1970). Más aún, la segmentación cultural o verzuiling, establecía un vínculo duradero entre los partidos y los grupos sociales, al producir un entrecruzamiento entre las organizaciones de los partidos que persiguen la movilización electoral y las organizaciones sociales (Rokkan, 1977: 565). Esta idea fue posteriormente desarrollada por Bartolini y Mair (1990: 231) quienes adjudicaron un carácter más directo a esta vinculación entre partidos y ciudadanos. Estos autores definen el nivel de encapsulamiento organizativo como el indicador del grado de vinculación directa entre ambos actores, siempre y cuando exista un alto nivel de penetración de las organizaciones políticas en la sociedad. Sin entrar en los detalles de toda la extensa producción académica, al menos reseñar que una sugerente literatura establece lazos de interacción entre los electores y los partidos a través de los cleavages. La mayoría vincula los análisis electorales con el sistema de partidos contextualizado por países y otros muchos resultan en estudios comparados en el ámbito europeo. Si nos remontamos a 1960 Lipset había reunido suficiente evidencia empírica y demostró el alcance del cambio de la estructura de clases en el voto a los partidos de izquierda (Lipset, 1967) revalidado y actualizado por Bartolini (1983), pero también será un proyecto sobre la influencia de los cleavages sobre las preferencias electorales en diferentes países, el marco de referencia que sentará las bases de posteriores estudios comparados (Rose, 1974). Aún a pesar de que en ambos casos se criticó el excesivo reduccionismo sociológico de los análisis (Sartori, 1968), y a pesar de que los partidos reflejaban en estas obras las «viejas» fracturas sociales, ello no fue óbice para que los cambios en el alineamiento partidista, en el aumento de la movilidad geográfica, o en el declive del factor religioso sugirieran el nacimiento de «nuevos» cleavages con particular influencia en la realidad política (Inglehart, 1979). La ausencia en el modelo de Michigan de información sobre el contexto social donde se ubican las convocatorias electorales obliga a reorientar los análisis hacia la influencia que los medios de comunicación social ejercen en el voto y hacia el papel que desempeñan los candidatos en los procesos electorales9. Además, la falta de dinamismo del modelo Michigan no con-

9 Tan solo encontramos como antecedentes tres estudios realizados con motivo de las elecciones norteamericanas de 1974 que se centraban en los votantes, las campañas y los medios, los tres interconectados entre sí (Miller, 2001: 435-436).

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templaba el desalineamiento de los votantes en los espacios ideológicos, ni clarificaba las consecuencias sobre los sistemas de partidos (Sarlvick y Crewe, 1983). Las variables hasta entonces utilizadas no explicaban el cambio electoral que comienza a percibirse durante los años ochenta (Dalton, Flanagan y Beck, 1984). La reducción del poder explicativo que habían tenido los indicadores sociales —la educación, la religión, la clase social, la edad, el género...— en las preferencias partidistas es un fenómeno nuevo (Franklin, Mackie y Valen, 1992; Nieuweerta, 1995; Evans, 1999). Este proceso había corrido paralelo al declive de la identificación partidista (Dalton y Wattenberg, 2000). Estudios ponen de manifiesto que el nuevo orden electoral incluye también un cambio que afecta a la relación del elector con el candidato, cuya imagen se convierte en factor influyente sobre las opciones electorales como consecuencia de una creciente personalización de las campañas electorales (Bean, 1993; Swanson y Mancini, 1996). La inestabilidad de la identificación partidista, que no explicaba los cambios, se hallaba condicionada por factores políticos a corto plazo, tales como la evaluación de los candidatos (Pages y Jones, 1979), la valoración retrospectiva de la gestión política (Brody y Rothernberg, 1988; Fiorina, 1981) o la proximidad ideológica a los partidos (Franklin y Jackson, 1983; Jackson, 1975). Simultáneamente, la creciente volatilidad electoral modificó el patrón vigente desde los años veinte de los sistemas de partidos y proliferaron estudios que ponían de relieve la inestabilidad causada por el debilitamiento de los lazos entre los cleavages y los partidos, demostrando con nuevos indicadores la magnitud del cambio. El índice de fraccionalización de Rae (1967), el número efectivo de partidos políticos (Taagepera y Shugart, 1989: 79) o la volatilidad electoral (Pedersen, 1978, 1980), fueron todas ellas medidas que documentaban la descomposición que sufrían los sistemas de partidos, reflejando las semejanzas y las diferencias en los patrones seguidos por los partidos en los diferentes contextos occidentales (Rose y Unwin, 1970; Przeworski, 1975; Ascher y Tarrow, 1975): el número de partidos competidores se incrementa notablemente en los países del norte de Europa y su fuerza electoral sufrió un cambio impredecible (Pedersen, 1983: 35); en otros países, los partidos adoptaron posiciones flexibles para abordar los nuevos issues inducidos por una elevada volatilidad (Dalton et ál., 1984: 11). Esta señal de alarma atrajo la atención de numerosos académicos que descubrieron una tendencia de cambio de orientación hacia nuevos partidos que no podían ser clasificados ni como partidos tradicionales de masas, ni como partidos «atrapalotodo» (Kirchheimer, 1966). Además vieron emerger mecanismos de acción

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política bajo fórmulas no convencionales generados en gran medida por la desafección de los votantes hacia los partidos políticos «clásicos». Otro objeto de estudio ligado al comportamiento de los ciudadanos en su vertiente política y electoral encuentra en la movilización política un campo analítico de amplias perspectivas. Los estudios sobre participación se habían centrado en su vertiente convencional, esto es, en el voto (Merriam y Gosnell, 1924; Tingsten, 1937; Verba y Nie, 1972; Verba et ál., 1978), en actividades durante las campañas electorales, en contacto con candidatos a apoyo a los partidos (Lazarsfeld et ál., 1944; Berelson y McPhee, 1954). La participación electoral se ubicaba dentro de un marco de referencia más general, el de la teoría de la democracia, que cuestionaba los tipos de acción política aceptables en el sistema, trataba de identificar a los actores implicados en las acciones y profundizaba en la intensidad del fenómeno participativo (Verba y Nie, 1972:7; Milbrath y Goel, 1977), valorando las consecuencias que tenían para el funcionamiento democrático, los denominados «ciudadanos pasivos» (Berelson et. al, 1954; Eckstein, 1966b; Ranney, 1983, Pateman, 1970). Las elevadas tasas de abstención detectadas en países occidentales (Powell, 1980; Crewe, 1981) y más concretamente en sistemas con larga tradición democrática (Abramson y Aldrich, 1982; Powell, 1986) reorienta el debate sobre este tipo de actitud política y su significado (Rose, 1980). La apatía y la alienación se confrontan con la satisfacción con la vida política y las instituciones del sistema (Morlan, 1984:464) discriminando en todo caso, variables como la clase social, el nivel educativo y el género. Las características contextuales también han sido objeto de análisis en profundidad y se convirtieron en una variable explicativa importante para comparar este fenómeno en los diferentes sistemas políticos. El marco institucional que impone los procedimientos de registros electorales, la obligatoriedad del voto, las características propias de los sistemas electorales, unido a los elementos definitorios del sistema de partidos y a los efectos que produce la sistemática electoral sobre la configuración partidista fueron objeto de estudio. Pero el surgimiento de nuevas modalidades de acción política no convencional que había sido escasamente analizadas dado que se había relacionado generalmente con violencia y desobediencia política en contextos de inestabilidad política, cobra cierto auge en los análisis. El debate se orienta hacia el significado de esta participación que se relaciona con la legitimidad del sistema democrático y con el cambio cultural experimentado en las sociedades avanzadas (Inglehart, 1979). Se traslada en énfasis hacia la multidimensionalidad

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de la participación, incluyéndose un variado número de actividades políticas voluntarias que van más allá de las realizadas a través de los mecanismos legítimos marcados por las reglas del juego democrático (Nagel, 1987; Conway, 1991). Se desarrolla un ecléctico y egocéntrico patrón de acción política (Dalton, 2000: 932). La aportación del racionalismo impulsó una nueva perspectiva analítica a los estudios electorales con la aplicación de aspectos procedentes del ámbito económico. Downs en An economic theory of democracy (1957) había planteado ya algunas paradojas que afectaban a la decisión de votar bajo unas premisas racionales básicas que explicaban la orientación partidista. El contexto y los recursos a disposición de los votantes son elementos que junto con la posibilidad de efectuar un análisis de los costes y de los beneficios que intrínsecamente están ligados al voto, permite aportar una dosis de racionalidad al complejo hecho de votar. Los ciudadanos tienden a reducir los costes no solo de forma individual sino también colectivamente, dado que la pertenencia grupos facilita y filtra el acceso a la información toda vez que los beneficios resultantes del hecho de votar son mínimos. Entronca con la estrategias a desarrollar por los partidos, quienes bajo un marco institucional estrecho en el que el margen de actuación de los políticos es reducido, definen sus objetivos considerando la existencia de un grupo de electores que no vota (Budge et ál., 1983:31). Los partidos se dirigen hacia el mayor grupo de electores posible mediante el reclamo de issues que no entran en conflicto con la posición de otros partidos (Robertson, 1976: 64; Budge y Farlie, 1982). No obstante, la distinción entre la posición de los partidos —gobierno/oposición— será determinante para dirigir las propuestas de los partidos y la percepción que de ellas tendrá el votante en términos del balance costesbeneficios (Colomer, 1991: 315). Las preferencias personales, las promesas de los candidatos de los partidos y la valoración de la gestión de la labor del gobierno —el denominado «voto retrospectivo»—, son claves para determinar las opciones electorales. La íntima conexión entre economía y política abre nuevas posibilidades para investigar la relación existente entre las condiciones económicas y la popularidad gubernamental, bien utilizando datos agregados o bien procedentes de sondeos de opinión (Paldam, 1981). Son prolíficos los análisis que discuten las controversias de los indicadores que miden el aspecto racional de este tipo de voto: el tiempo necesario para evaluar la acción del gobierno (Lewis-Beck, 1988; Miller y Watternberg, 1984); el papel que juegan los sentimientos y las

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opiniones en el voto (Conover et ál., 1986); la influencia de factores sociales (Clarke et ál., 1986; Gopoian y Yantek, 1988); el impacto de las circunstancias económicas personales en relación a la situación económica del país (Kiewiet, 1983; Kinder y Kiewiet, 1979); la relación entre las condiciones económicas del momento y la percepción que tiene de las mismas el votante (Conover et ál., 1986; Eulau y Lewis-Beck, 1988); o los ciclos de popularidad del gobierno condicionados por la situación económica (Kiewiet, 1983). Pero a pesar de que los ciudadanos no tengan una visión clara de las políticas en concreto, sí tienen una cantidad significativa de información en la cuál basar su voto (Fiorina, 1981). Lo importante era distinguir entre la influencia que tienen simples valoraciones que son el resultado de opiniones constreñidas por las condiciones personales de los electores y las valoraciones mediadas a través de las estimaciones de la actuación del gobierno. Desde esta perspectiva el elector no está influido únicamente por sus condiciones económicas sino también por las experiencias procedentes de las acciones gubernamentales.

1.2. El estudio de las elecciones nacionales La regularidad de series de estudios electorales en la mayoría de los países occidentales es hoy en día una realidad indiscutible. Si bien sus orígenes se localizan en los años sesenta en Estados Unidos, también es cierto que un balance de su evolución en términos globales muestra ritmos diversos. Los países que primero instauraron este tipo de programas, y por ende su trayectoria es hoy ya larga, son principalmente Gran Bretaña, Holanda, Noruega, Suecia y Alemania. Al abordar la historia de los estudios electorales resulta obligado hacer una mención especial al desarrollo de estos trabajos en los Estados Unidos. La influencia que ejerció la Escuela de Michigan y más concretamente de un grupo específico de investigadores10 sobre el desarrollo de estos estudios en otros países europeos ha de ser ampliamente destacada. Si bien la publicación en 1960 de The American Voter se convierte en la fuente de inspiración de los análisis electorales que poco después se realizan en Europa. También las estancias en el Survey Research Center (SRC) de Ann Arbor de la Universidad de Michigan de un nutrido grupo de investigadores europeos

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Nos referimos en concreto a Angus Campbell, Philip Converse, Warren Miller y Donald Stokes.


será un factor que determinará la exportación de conocimientos a otros países en los que paulatinamente adquieren auge los estudios electorales. Esta estrecha cooperación e intercambio de profesionales en los años sesenta será el origen de la puesta en marcha de programas de estudios electorales nacionales11 cuyo objetivo principal y resultado fue la articulación de análisis comparados todavía escasos en un campo, el comportamiento electoral, uno de los más desarrollados de la ciencia política (Van der Eijk y Schmitt, 1991: 260). La encuesta preelectoral realizada por el SRC de la Universidad de Michigan en 1948 sitúa el origen de la serie de estudios electorales estadounidenses. La particularidad de aquel estudio fue que puso en entredicho los resultados de la encuesta realizada por Roper-Gallup y ajustó con gran perfección la intención de voto de la población norteamericana y consecuentemente la victoria del que fue presidente, H. Truman12. Este éxito dio lugar a que en las siguientes elecciones de 1952 se le encargara una encuesta a la Universidad de Michigan y desde entonces, un comité compuesto por destacados científicos sociales de aquella universidad elaborará los contenidos de los cuestionarios. La pretensión de mantener cierta continuidad en los indicadores se rompe con el estudio de 1958, quien por otra parte se convirtió en un referente indiscutible para los análisis sobre representación política. La obra de Berelson, Lazarsfeld y McPhee, Voting, fue el aliciente para incluir nuevos contenidos en los cuestionarios electorales a pesar del predominio de los enfoques normativos en el ámbito científico del momento. El resultado fue un interesante análisis sobre la conexión entre elites políticas y ciudadanos, que se convirtió en el primer estudio electoral que utilizaba la técnica de panel13. La institucionalización de los estudios electorales y la centralización de la base de datos en la Universidad de Michigan promovió una abundante literatura sobre comportamiento electoral estadounidense que se publicó en la American Political Science Review. Este área de investigación adquirió un auge de significativas consecuencias para el desarrollo de la ciencia política. 11

Basta recordar que Angus Campbell realizó una estancia de investigación en Oslo que favoreció la implantación de los análisis electorales en este país. De igual manera Philip Converse tuvo mucho que ver en el diseño de la encuesta postelectoral noruega de 1965. Y por último destacar a Donald Stokes junto con David Butler fueron los fundadores de los British Election Studies. 12 Se introdujo una única pregunta sobre intención de voto en una encuesta sobre política exterior. 13 La muestra de ciudadanos de 1956 fue de nuevo seleccionada para el estudio de 1956.

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Con el tiempo, en el diseño de los cuestionarios se plasmaron importantes innovaciones, entre ellas la aplicación de la escala de siete puntos para la ubicación ideológica de los entrevistados, de líderes políticos y de partidos así como para determinar la posición respecto a determinados issues. Posteriores diseños tuvieron en cuenta no sólo los avances y los cambios que habían operado en la política norteamericana sino que se reflejó la influencia de expertos investigadores no pertenecientes a la institución de Michigan. Este fenómeno tuvo lugar poco antes de que se transformaran los estudios electorales en una fuente de datos nacionales y que en 1977 se convirtiera oficialmente en lo que hoy se conoce como American National Election Studies. La nueva dirección del programa facilitó la entrada de novedosos contenidos temáticos aunque en la actualidad muchos de ellos siguen manteniendo su vigencia (Miller, 1994: 261-262). La importancia que desde Michigan se otorgó al intercambio de experiencias con otros países occidentales tuvo fiel reflejo en la cooperación que se inicia a mediados de los años sesenta con otros centros de investigación europeos y que se extendió al principio, hacia los países escandinavos. El Instituto de Investigación Social de Oslo fue el principal beneficiario gracias a la estancia que realizó en Michigan Stein Rokkan y posteriormente Henry Valen. Y no podemos tampoco olvidar el enlace Westerstahl, Sarlvik y Holmberg, fruto del cual se inicia en Goteburgo, la serie de estudios electorales suecos14. Aunque se importan de Estados Unidos los indicadores clásicos de la Escuela de Michigan, principalmente la identificación partidista, tuvieron que adaptarse al contexto en el que se aplicaban15 ya que no era posible «transplantarlo» al contexto europeo (Valen, 1999: 2). Se incluyen en los estudios otros, como es el voto de clase, que entronca con aspectos socioeconómicos; el voto táctico ligado a un componente racional; y la influencia de los issues como factores determinantes de la decisión del voto (Holmberg, 1994: 315). Paralelamente tuvo especial impacto la relación que se inicia entre investigadores de Michigan y de la universidad de Essex —sobre todo de Jean Blondel que contó con el apoyo de Stein Rokkan—, con objeto de fomentar la

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A pesar de que los estudios electorales pioneros en Suecia estuvieron íntimamente ligados al Instituto Gallup sueco y a la Universidad de Estocolmo influidos principalmente por la escuela de Columbia (Holmberg, 1994:310). 15 Lo mismo ocurrió con un estudio sobre representación política llevado a cabo en 1968 y 1969. Aunque similar al realizado por Miller y Stokes, su adaptación al ámbito sueco es perceptible, aunque no hay duda de la influencia del modelo estadounidense.

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creación de archivos de datos electorales en Europa16 y de extender los foros de discusión sobre temas electorales. Para tal fin se ponen en marcha programas de verano de estudios electorales donde se imparten orientaciones sobre innovadores avances teóricos del análisis electoral así como de su metodología. El contacto entre investigadores de numerosos países17 que allí se reúnen impulsa notablemente los estudios electorales comparados. Aún a pesar de que en Gran Bretaña el desarrollo de estos análisis electorales fue lento, los primeros estudios basados en encuestas se realizaron en este país quince años después de los americanos y el enfoque nunca tuvo el mismo grado de aprobación entre los politólogos que el que se alcanzó en los EE. UU., quizá debido a que los estudios electorales anteriores a 1960 se nutrían de tres fuentes: resultados agregados; un número limitado de variables procedentes de encuestas llevadas a cabo por Gallup desde 1945 y por la NOP desde 1957; y encuestas «restringidas» procedentes de determinadas áreas locales (Milne y Mackenzie, 1954, 1958; Birch, 1959; Bealey et ál., 1965). El principal trabajo en Gran Bretaña anterior a los estudios nacionales sobre elecciones se nutre de los 13 estudios de Nuffield y se inicia con The British General Elections of 1945 y llega hasta The British General Elections of 1987, todos ellos dirigidos desde 1951 por Butler. En la actualidad, ningún otro país tiene una serie tan consistente de estudios que proporcionen tan excelente información de cada proceso electoral. La primera encuesta electoral académica la realizaron en el verano de 1963 Butler (Nuffield College, Oxford) y Stokes (Universidad de Michigan). Sus principales resultados originaron una publicación que ha tenido una influencia sin precedentes en los análisis del comportamiento electoral británico (Curtice, 1994: 272). A pesar de que la serie de encuestas se continuó desde entonces, se modifican los integrantes del equipo que las dirige. El diseño de los nuevos estudios pasan a confeccionarse por un grupo de expertos de la Universidad de Essex bajo la supervisión de Creve, Särlvik —que había dirigido ya el estudio sueco—, y Alt. Ellos fueron los encargados de

16 Hoy en día son de gran importancia los archivos de datos electorales de Essex, Colonia y Amsterdam, lugar de visita obligada para todo investigador con interés en los análisis de comportamiento electoral. 17 Los programas de verano de la Universidad de Michigan y de la Universidad de Essex son ampliamente reconocidos entre los politólogos. Allí se han formado un significativo número de investigadores dedicados al estudio del comportamiento electoral y allí han aprendido las técnicas más novedosas aplicables a los análisis electorales.

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poner en marcha la serie electoral de 1974 hasta 1979, momento en que adquirieron entre la comunidad científica británica, el carácter de estudios electorales «oficiales»18. Posteriormente dirección pasa a manos de un variado grupo de investigadores de distintas instituciones: Heath (Jesus College, Oxford), Jowell, Field y Witherspoon (Social and Community Planning Research) y Curtice (Universidad de Liverpool). También la financiación de la serie de estudios electorales procedió de varias fuentes entre ellas el Nuffield College, el Economic and Social Research Council (ESRC) además de otras organizaciones científicas. A pesar de este panorama de continuidad, estos estudios no gozaron de la institucionalización ni de la seguridad en términos financieros que ofrecía el SRC en Michigan. Sin embargo, esta serie de ocho estudios electorales con diseño panel, significó una fuente de información de gran riqueza y rigor científico que ha sentado las bases para el análisis de numerosos elementos ligados con el comportamiento electoral en Gran Bretaña. Más recientemente los datos electorales procedentes de estas serie fueron completados por el Social Attitudes Study llevado a cabo por el Social and Community Planning Research, disponible anualmente desde 1983. En todo caso, el enfoque de Butler y Stokes dominó los estudios electorales durante los años sesenta y setenta y en ellos se hizo patente su conexión con los estudios electorales de Estados Unidos. Aunque existen importantes distinciones entre ambos modelos de voto, las conexiones metodológicas, conceptuales y teóricas fueron significativas. De los resultados de los análisis de Butler y a Stokes se desprende que, durante los períodos de estabilidad política los anclajes partidistas de los votantes británicos fueron relevantes, con una relativa lealtad durante elecciones subsiguientes (Butler y Stokes, 1974: 211-228). La mayoría de los electores tenían escaso interés en asuntos políticos y la política se encontraba fuera de sus vidas a pesar de que la mayoría de ellos participaba en los procesos electorales. Como resultado, el electorado votaba siguiendo la tendencia de otros a su alrededor, desarrollando de esta forma una identificación estable con los partidos que se reforzaba con el paso del tiempo y a través de siguientes procesos electorales. A diferencia del variado número de «cleavages» que guiaban a los votantes norteamericanos, el factor primordial que influía en la mayoría de los votantes

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Simplemente añadir que ya por entonces en 1979, 1983 y 1987 proliferaron otro tipo de encuestas electorales financiadas por los medios de comunicación, concretamente por la BBC.

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británicos era su clase social (Pulzer, 1967). Posteriores estudios han mostrado su menor influencia en la predisposición a votar a uno u otro partido, además de poner de relieve el surgimiento de terceros partidos aumentando considerablemente los índices de volatilidad, factores ambos en íntima conexión con el debilitamiento de la identificación partidista (Särlvick y Crewe, 1983; Heath et ál., 1988 y 1991). The American Voter y Political Change in Britain fueron reconocidos a finales de los años sesenta y principios de los setenta como los pilares fundamentales para ubicar los estudios sobre comportamiento electoral y posteriormente sirvieron de guía para numerosos análisis electorales. Cuestiones a cerca de la identificación partidista, medidas relacionadas con el issue voting, el papel de las ideologías, la estabilidad de los sistemas políticos y la influencia de los anclajes partidistas modificaron, a la vez que ampliaron este modelo básico. Pero las deficiencias del modelo de Michigan han sido resaltadas por los politólogos británicos, quienes destacan la ausencia de información sobre el contexto social donde se ubican las convocatorias electorales. A resultas, optan por conectar la ya clásica serie de estudios electorales con otros proyectos de investigación sobre la influencia de los medios de comunicación social en el voto y sobre elites, centrándose principalmente en los candidatos. Quienes han demostrado una mayor confluencia de enfoques en sus estudios electorales han sido los politólogos holandeses. La institucionalización de estos estudios a principios de los años setenta abrió las puertas para que un grupo de expertos en la materia procedentes de diversos ámbitos académicos, formara un programa interuniversitario que se encarga del diseño e implementación de estos estudios. De hecho algunos de estos integrantes tradujeron la influencia de la Escuela de Michigan en los ítems del cuestionario, mientras que también se perciben otras perspectivas teóricas, dando todo ellos como resultado una amplia heterogeneidad de orientaciones y dotando a los estudios de un marcado eclecticismo. Lógicamente los datos son de gran riqueza y la ausencia de medidas de embargo ha fomentado la proliferación de estudios sobre el comportamiento electoral holandés convirtiéndose en material de análisis para numerosos cursos académicos y tesis doctorales. Las publicaciones emanadas no fueron en un principio de gran calidad por cuanto tenían un carácter meramente descriptivo; sin embargo, los cada vez más profundos conocimientos en técnicas estadísticas para los análisis han promovido interesantes estudios y sugerentes monografías. Al

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igual que las tendencias marcadas en Gran Bretaña, los diseñadores del cuestionario de 1998 se plantearon incluir indicadores relacionados con la influencia de la campaña electoral, aún incluso cuando las encuestas pronosticaban que en las elecciones nacionales precedentes, las de 1994, una gran proporción de votantes decidió su opción durante los últimos días de la campaña electoral (Aarts y Van der Kolk, 1998: 12). La responsabilidad del proyecto, alternativa entre las diferentes instituciones académicas que conforman el programa, es otro elemento que confiere a estos estudios un carácter particular19. También la diversidad temática de las primeras encuestas electorales en Alemania es la nota predominante. Sin embargo, la evolución en el tiempo ha constatado un giro orientado hacia los temas de campaña electoral y medios de comunicación. El interés tras la II Guerra Mundial por conocer las actitudes de los ciudadanos ante la cuestión democrática fue el eje conductor del diseño de los primeros cuestionarios (Crespi, 1952). Se fundaron entonces institutos de opinión pública y se importaron las técnicas además de recibir, al principio, fondos de los EE. UU. En este momento se sitúa el origen de uno de los más importantes archivos de datos electorales que existen en Europa, el Central Archive for Empirical Social Research (ZA) de la Universidad de Colonia. Y a mitad de los años setenta se crea el Center for Survey Research, Methodology and Data Analysis (ZUMA) en Mannheim, institución académica financiada con fondos públicos. Todo ello en un ambiente caracterizado por la falta de institucionalización universitaria que tenían por entonces las ciencias sociales al estar claramente privilegiadas las ciencias naturales (Kaase y Klingemann, 1994: 345). Al igual que en otros países, el influjo de la Escuela de Michigan se percibe tras la estancia de investigación de Kaase en Ann Arbor. Desde entonces, los clásicos indicadores psicológicos del comportamiento electoral son introducidos en los cuestionarios; pero la herencia política en este país y el temor a la reorganización de los partidos de la derecha dirigieron la mayoría de los estudios sobre comportamiento electoral alemán hacia esquemas basados en las creencias políticas y orientaciones democráticas. Quizá uno de los aspectos más relevantes del caso alemán es la íntima conexión que el grupo de estudios electorales establece con los medios de comunicación y con los partidos políticos. Si ya a principio de los años setenta la comunidad científica había desarrollado 19 En 1971 la encargada de dirigir este tipo de estudios fue la Universidad de Amsterdam, en 1972 la universidad de Nijmegen y la Universidad de Leiden en 1977. Desde entonces la responsabilidad parece haberse concentrado en la Universidad de Amsterdam (Van der Eijk y Niemöller, 1994: 330).

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numerosa literatura sobre los efectos de los medios en el comportamiento electoral, definitivamente se operacionaliza con la inclusión de un gran número de indicadores sobre campaña y medios de comunicación en los estudios electorales. Asimismo la estrecha colaboración de científicos sociales con los partidos políticos convirtió a las encuestas electorales en plataforma para medir las orientaciones del voto de los ciudadanos alemanes y predecir resultados electorales. La consecuencia de todo ello fue la proliferación de este tipo de estudios y de datos en diferentes institutos sociales, a los que se tuvo acceso una vez que se estableció una cooperación entre el ZUMA, el ZA y el Interconsortium for Political and Social Research (ICPSR) en Ann Arbor. Toda esta situación no llevó aparejado una verdadera institucionalización de los estudios electorales en este país hasta fines de los setenta e incluso hoy en día la falta de continuidad de los indicadores es un fenómeno detectado20. Esta situación fue puesta en relieve a mediados de los años noventa con objeto de destacar la falta de «unidad» de los estudios electorales y la necesidad de institucionalizar un único grupo21. El resultado ha sido satisfactorio al establecerse un grupo permanente de expertos de diferentes centros universitarios cuyo objetivo principal fue la puesta en marcha del nuevo cuestionario para las elecciones alemanas de 1998. En él se pretendió aglutinar las diferentes corrientes ideológicas y los indicadores que ya habían sido testados en anteriores estudios —para continuar las series y realizar comparaciones longitudinales— además de incluir elementos nuevos que conectan con otros estudios internacionales (Schmitt, 1999: 10)22. En España la historia política ha marcado el ritmo de la institucionalización de los estudios electorales. La discontinuidad democrática ha tenido serias consecuencias en este devenir académico. Al igual que en otros países europeos, en España las ciencias sociales no fueron privilegiadas y su

20 Para mayor heterogeneidad, desde las elecciones de 1953, la Oficina del Censo realiza una encuesta electoral representativa de la población alemana, que se amplió tras la unificación, y que permite hacer análisis por grupos de edad, género y región. 21 Tan sólo recordar que las universidades de Colonia, Mannheim, Kiel y Friburgo han sido centros donde tradicionalmente los estudios electorales han tenido cierta relevancia. Posteriormente se unen otros como Berlin, Mainz, Bamberg y Stuttgart. Pero no se puede olvidar tampoco los institutos sociales tales como Allensbach, Infas, FORSA (encargado de realizar las encuestas para la Radio Televisión Luxemburguesa) e Infratest. 22 Por ejemplo con los estudios realizados por el International Committee for Research into Elections and Representative Democracy (ICORE), el European Election Studies (EES) y el Comparative Study of Electoral Systems (CSES).

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expansión en los años setenta ha redundado en una abundancia, en ocasiones deficiente de rigor científico, de los análisis electorales (Vallés, 1978). Dejando a un lado aquellas investigaciones centradas en la II República y en las consecuencias de su sistema electoral23, fueron la consolidación de un sistema democrático y sus sucesivas convocatorias electorales los fenómenos que impulsan este campo de análisis y generan estudios científicos. Aunque en un principio no se utilizaron técnicas complejas de tratamiento de los datos, paulatinamente adquirieron más profundidad y se aplicaron en investigaciones electorales24. La proliferación de encuestas preelectorales y postelectorales realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas desde 1977 ha supuesto, sin duda, un avance significativo en los análisis sobre el comportamiento electoral. Hoy en día el balance es ciertamente satisfactorio. El fortalecimiento de los estudios electorales se ha logrado y numerosas causas han contribuido a ello: la propia institucionalización de la disciplina, que se imparte en ya un elevado número de facultades; el interés de un sugerente número de investigadores por estudiar el comportamiento electoral, para lo cual se forman en centros extranjeros e importan sus principales técnicas de análisis25. Se estrechan los lazos entre diversas instituciones y se promueve la participación de nuestros politólogos en proyectos comparados sobre comportamiento electoral. Y, aún más, dentro de nuestras fronteras es singular el esfuerzo realizado por los organismos oficiales para generar bases de datos electorales —agregados y muestrales—, que permitan abundar en este tipo de análisis. Una vez que se han superado las deficiencias de los datos estadísticos; se dispone de recursos personales y materiales que faciliten la investigación; y se posee una profundización metodológica y pluridisciplinar que sitúa los resultados en esferas de conocimiento diversas, se impulsa una rama del conocimiento social rigurosa en sus planteamientos y ambiciosa en sus pretensiones teóricas (Montero y Pallarés, 1992: 43).

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Sin enumerar cada uno de ellos, sí resaltamos que este tipo de estudios de raíz histórica tenían como nexo destacar la importancia y el papel que jugaron los procesos electorales en el sistema político republicano. 24 Tan solo en un principio las actividades del Equip de Sociología Electoral impulsaron la sistematización de los datos y primeros análisis sobre el comportamiento electoral aplicando técnicas más avanzadas. 25 Esto tiene cierta similitud con las estancias en centros extranjeros que realizaron numerosos investigadores europeos en los años sesenta contribuyendo a enriquecer los estudios electorales de sus países de origen.

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2. LOS DATOS ELECTORALES 2.1. Los datos electorales agregados La mayoría de los métodos de investigación tienen la característica de proporcionar al científico datos sobre los cuales tiene relativamente poco control. Cuando se utiliza el método de la observación, participante o no, se puede centrar la atención sobre aspectos de la conducta de la población que interesan desde un punto de vista teórico. Si se usan cuestionarios se confecciona el instrumento que satisfaga las necesidades científicas; en la entrevista, el entrevistador puede guiar al sujeto y, si algunos puntos fundamentales no quedan claros, se puede completar con cuestionarios para profundizar en el tema en cuestión. Junto a estas modalidades los documentos, registros e índices llegan confeccionados a manos del investigador, y alguna otra persona ha determinado previamente la forma de los datos. Con frecuencia, el científico debe vaciar estos materiales en nuevos moldes acordes con el problema investigado para que sean totalmente utilizables. Los datos elaborados no dependen del investigador mientras que la información obtenida mediante la observación científica, cuestionarios y entrevistas poseen un propósito específico acorde al diseño de investigación. No obstante la mayor parte de estos datos documentales los obtienen científicos ajenos a las ciencias sociales por razones distintas a la investigación. Por lo tanto, muchas veces no parecen tener sino una relación tangencial con nuestra labor de investigación. De hecho, por ejemplo, a primera vista, hay escasos motivos para creer que un experto en ciencia política se sienta interesado por el número de aparatos de radio comparados en una nación o por el de suscripciones a los periódicos. Pero esas cifras pueden servir como indicadores parciales del volumen de comunicación política que existe en una nación o de su nivel de desarrollo económico, y es obvio que éstos son asuntos de interés para el experto en ciencia política. La cuestión es que, a menudo, los datos globales carecen de interés intrínseco y se han de transformar de algún modo para poder utilizarlos. No habrá que buscar tan sólo indicadores de conceptos ya preparados, sino que además se tendrá que prever la posibilidad de combinar medidas aparentemente no relacionadas entre sí para obtener indicadores útiles. Los gobiernos e instituciones reúnen un gran cuerpo de datos estadísticos relativos a poblaciones humanas. Cuando los investigadores individuales

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planean sus propias investigaciones, muy a menudo ignoran los datos disponibles en este tipo de fuentes. Aunque estos datos deben usarse con cautela, pueden proporcionar valiosas ayudas en muchas fases de la investigación. Los datos de registro son los informes efectuados en el momento en que sucede un hecho según las regulaciones legales o administrativas vinculadas con ese hecho. Tales datos abarcan una gama muy amplia de sucesos y constituyen un registro masivo de la vida política y social. Dentro de estos encontramos los datos de los procesos electorales (padrones, comicios...) o de organizaciones políticas (afiliados a partidos políticos, miembros de organizaciones patronales, sindicatos..). En esta línea, obviamente, todo investigador de la realidad política y social tiene acceso a los datos oficiales, datos recopilados por las administraciones públicas que suelen formar parte de los archivos públicos y están fácilmente disponibles, y más recientemente a través de sus páginas web26. Un problema puede llegar a ser que el contenido y calidad de los datos pueden ser muy diversos, con la consiguiente dificultad para establecer comparaciones y generalizaciones coherentes sobre ellos. Además, si ignoramos cómo se han recogido los datos, lo más probable es que no sepamos la confianza que podemos depositar en las cifras. El Ministerio del Interior en su página web27 dispone toda la normativa electoral que rige los procesos electorales que se convocan en España. Recoge asimismo, los resultados de las elecciones municipales, generales, europeas y de los referendos convocados desde la Transición. Los resultados autonómicos, además de publicarse en los boletines oficiales de las respectivas CC. AA., se presentan de forma más dispersa y menos homogénea en las páginas web de los parlamentos de cada Comunidad Autónoma.

2.2. Datos de encuestas La investigación basada en encuestas está destinada a recoger datos individualizados. Cuando las encuestas se basan en muestras representativas de una población es posible utilizar sus resultados en forma de datos agre26

Como fuente secundaria, el anuario de datos electorales del European Journal of Political Reserach es un referente al contener un balance de los acontecimientos políticos y electorales de un elevado número de democracias occidentales y permite confeccionar bases de datos electorales de todos los tipos de comicios que acontecen en dichos países. 27 www.elecciones.mir.es

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gados. Supongamos, por ejemplo, que hemos de comparar el grado de información política de los ciudadanos de dos naciones. Si cada nación tiene un instituto de opinión pública que efectúa regularmente una muestra nacional (como es el caso del Centro de Investigaciones Sociológicas —www.cis.es— y las agencias Gallup y Roper en los Estados Unidos) y que formula preguntas sobre comportamientos tales como la frecuencia con que se siguen las noticias de tipo político en los medios de comunicación podríamos servirnos de los resultados para construir medidas agregadas de nuestra variable. A veces se pueden utilizar de igual modo las encuestas individualizadas realizadas con fines académicos. Los datos de encuesta, si han sido adecuadamente obtenidos, tienen la ventaja de que son bastante fiables, y su validez correrá pareja con el acierto con que el investigador construya sus indicadores. Asimismo, por lo general se pueden consultar en los organismos que los han obtenido, o conseguirlos de los especialistas, y a menudo en forma de fácil lectura.

2.2.1. Técnica de recogida y obtención de datos La encuesta es el método de obtención de datos más utilizado, especialmente cuando los actores son personas. Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas o subjetivas de la población. Las encuestas se apoyan fundamentalmente en dos grandes tipos de teorías: por un lado, en una teoría matemática rigurosa, el teorema del límite central y su correlato, la ley de los grandes números; y por otro lado, en la teoría de las probabilidades y en la teoría del muestreo. Estos principios de estadística matemática son los que regulan las relaciones existentes entre una población y las muestras extraídas de ella. En las encuestas se suele trabajar con muestras de las que se obtienen unos resultados llamados estadísticos, que sirven para estimar parámetros, o valores de la población, con unos márgenes de error y unos niveles de probabilidad previamente determinados. Por otro lado, las encuestas descansan en una teoría sociopsicológica de la comunicación, en la entrevista o conversación entre dos interlocutores, el entrevistado y el entrevistador. La entrevista, es una encuesta, se repite tantas veces como unidades muestrales se hallan extraído,

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y esta operación es la que condiciona en buena medida la organización de la investigación social a través de encuesta, ya que al tener que realizar cientos de entrevistas repetidas en una misma encuesta, hace falta contar con un equipo de entrevistadores bien entrenados para llevarlas a cabo, del mismo modo que hay que disponer de los medios organizacionales suficientes para recoger la información, procesarla, tabularla y analizarla. Nos hemos referido a las encuestas a través de cuestionario como la forma de investigación social empírica que, por lo general, requiere una organización del trabajo en equipo más compleja y costosa. El cuestionario es el instrumento más utilizado para la obtención de datos. Pese a su rigidez se trata de un listado de preguntas que se han de formular de idéntica manera a todos los entrevistados. La función del cuestionario es doble: por un lado, pretende colocar a todos los entrevistados en la misma situación psicológica y, por otro lado, mediante un sistema de notaciones simples, facilita el examen y asegura la compatibilidad de las respuestas. Este es el instrumento más utilizado para la obtención de datos en los estudios empíricos. Pese a su rigidez, pese a que se trata de un listado de preguntas que se han de formular de idéntica manera a todos los entrevistados, presenta otras ventajas que superan claramente a sus inconvenientes. La función del cuestionario en el proceso de investigación social es doble. Por un lado, pretende colocar a todos los entrevistados en la misma situación psicológica y, por otro lado, mediante un sistema de notaciones simples, facilita el examen y asegura la comparabilidad de las respuestas. Todas las estrategias y técnicas para construir y administrar buenos cuestionarios se dirigen a satisfacer ambas funciones. El cuestionario ocupa un lugar preciso en el proceso global de la investigación. Se debe construir después de haber formulado los temas de investigación, de haber explicitado sus objetivos y de haber redactado las preguntas que se vayan a realizar. Si se tienen claros los objetivos de la investigación, será más fácil decidir y escoger las preguntas que conviene realizar. Una de las principales decisiones que se han de tomar en la formulación de preguntas está relacionada con la forma de la respuesta: esto es, si el entrevistado ha de responder en sus propias palabras o, por el contrario, debe seleccionar de una serie preasignada de categorías la respuesta que mejor se aproxima a su opinión. Si ocurre lo primero, se trata de preguntas abiertas, y si ocurre lo segundo, se trata de preguntas cerradas. Se ha discutido mucho sobre el tipo de preguntas que resulta más adecuada para la obtener buenos resultados, aunque conviene decir desde un principio que la ten-

180


Ilustración 1. Tipos de preguntas en cuestionarios Pregunta abierta ¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. (o el cabeza de familia) trabajaba? (Ejemplos: fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.). (Anotar) ________________________________________________________ N.C. ......................................................................................................................................................... 99 Pregunta cerrada ¿Cuándo decidió Ud. votar al partido o coalición al que finalmente votó? — Lo tenía decidido desde hace bastante tiempo (antes del inicio de la campaña electoral) ... 1 — Lo decidió al comienzo de la campaña electoral ..................................................................... 2 — Lo decidió durante la última semana de la campaña electoral, unos días antes de las elecciones .................................................................................................................................... 3 — Lo decidió el mismo día de las elecciones ................................................................................ 4 — N.C. ............................................................................................................................................. 9 Pregunta cerrada de respuesta dicotómica Veinte años después de aprobarse nuestra Constitución, ¿cree Ud. que la forma en que se llevó a cabo la transición a la democracia en España constituye un motivo de orgullo para los españoles? — — — —

Sí .................................................................................................................................... No ................................................................................................................................... N.S. ................................................................................................................................ N.C. ................................................................................................................................

1 2 8 9

Pregunta cerrada de multirespuesta ¿Y por qué motivos, principalmente, prefirió Ud. no votar en las pasadas elecciones generales? (Máximo dos respuestas). — — — — — — — — — —

No hay ninguna alternativa que me satisfaga ............................................................. Estoy harto/a de política y elecciones .......................................................................... Da lo mismo votar que no votar, no sirve para nada .................................................. Estoy desorientado/a, no sé a quien votar ................................................................... No me inspira confianza ningún partido ni ningún político ...................................... Para demostrar mi descontento ................................................................................... Por motivos de salud, de trabajo, familiares ............................................................... No estoy censado ........................................................................................................... N.S ................................................................................................................................. N.C .................................................................................................................................

01 02 03 04 05 06 07 08 98 99

Pregunta cerrada de multirespuesta A continuación, me gustaría que me dijese el grado de confianza que tiene Ud. en una serie de instituciones fundamentales para el funcionamiento de la democracia en España. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de 0 a 10 puntos. ¿En qué casilla colocaría a cada una de dichas instituciones, sabiendo que 0 significa que no tiene Ud. ninguna confianza en ella y 10 que tiene mucha confianza? Escala 00-10 — — — — — — — — —

NS

NC

La Monarquía El Gobierno de la Nación El Parlamento de la Nación El Consejo General del Poder Judicial El Tribunal Constitucional El Defensor del Pueblo El Gobierno de su Comunidad Autónoma El tribunal de Cuentas (del Estado) El Ayuntamiento de su pueblo o ciudad

Fuente: Cuestionario del estudio 2.309 del Centro de Investigaciones Sociológicas, diciembre 1998 y Cuestionario del estudio 2.384 del Centro de Investigaciones Sociológicas, marzo-abril 2000.

181


dencia en los cuestionarios estandarizados es a utilizar preferentemente preguntas cerradas y dejar las preguntas abiertas para indagar sobre aspectos muy puntuales. Desde el punto de vista de la economía del esfuerzo, es más ventajoso operar con preguntas cerradas, ya que resulta más sencillo el examen comparativo de las respuestas dadas por todos los entrevistados. Sin embargo, no siempre es posible construir el cuestionario sólo con preguntas cerradas, y entonces se han de introducir preguntas abiertas. Al considerar el nivel de información de la población se puede decir de manera general que la pregunta abierta suministra una oportunidad para que el entrevistador compruebe el grado de información o la ambigüedad de los entrevistados, mientras que la pregunta cerrada no lo permite. Si se tiene la sospecha de que el tema a discusión se encuentra fuera de la experiencia de una parte importante de la población, es conveniente adoptar la pregunta abierta y evitar la forma cerrada. Así, pues, la pregunta abierta resulta más apropiada en las investigaciones dirigidas a poblaciones con niveles de información muy diversos o desconocidos para el investigador. En términos generales, el entrevistado que utiliza la pregunta cerrada corre menos riesgos de enfrentarse con ausencias de respuestas o con el «no sabe». Pero esta aparente ventaja de la pregunta cerrada tiene sus riesgos, ya que en situaciones en que la persona entrevistada desea evitar una situación ambigua o azarosa, puede elegir la palabra o frase sin traicionar su confusión o ansiedad. En tal caso la elección de la respuesta la puede hacer más en función de tratar de evitar esta situación, que por su motivación a ofrecer una información válida. Existen dos tipos de preguntas cerradas, las de respuesta alternativa dicotómica y las de respuesta de elección múltiple. Las primeras se usan preferentemente para clasificar a la población en torno a comportamientos, actitudes u opiniones bien definidos y que admiten sólo alternativas a favor o en contra, positivas o negativas. Por ejemplo: «¿piensa usted votar en las próximas elecciones?», admite en principio sólo la respuesta afirmativa o la negativa, aunque se podría incluir una tercera respuesta alternativa para los que todavía no lo han decidido. En temas más complejos el número de alternativas de respuestas suele ser superior a dos, en cuyo caso tenemos las preguntas de respuesta múltiple. En tales preguntas el entrevistado ha de seleccionar una de las respuestas apuntadas, aunque en ocasioness puede elegir simultáneamente dos o más respuestas. Por ejemplo, en la pregunta «En general ¿se interesa mucho, regular, poco o nada por la política?», el entrevistado ha de elegir necesariamente una sola respuesta. En cambio, en

182


la pregunta «De los problemas que a continuación le voy a enumerar ¿cuál o cuáles de ellos le parecen los más graves?», el entrevistado puede elegir una, dos o tres de los problemas alternativos que se presenten.

2.2.2. Análisis de los datos de encuestas Los objetivos de diferentes investigaciones son normalmente diversos; de igual manera tiene que serlo el tipo de análisis a realizar en los datos de cada investigación. A este respecto cabe agrupar los diseños de investigación en tres categorías: 1) las investigaciones que tienen como objeto la descripción de una realidad; 2) aquellas cuya meta es explicar; y 3) las investigaciones con un carácter exploratorio. En este sentido, el análisis de datos de cualquier tipo de investigación electoral debe seguir una línea jerárquica/ascendente: en primer lugar, descripción/exploración de los datos; y, en segundo lugar, el análisis explicativo/confirmatorio. Los datos recogidos en una investigación se resumen en una matriz de datos N x M, donde N es el número de unidades de análisis utilizados (número de casos) y M es el número de características de dichas unidades que hemos medido, es decir, unidades de las que disponemos de información. La misma matriz constituye ya una descripción de la realidad estudiada, pero resulta evidente que es difícil de interpretar y recordar. Por ello se recurre a medidas que resumen la información reflejada en dicha matriz. Cuando las Gráfico 1. Evolución de la autoubicación ideológica de los electores (1979-2011)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos en Torcal y Medina (2002:64). Actualización con datos procedentes del CIS.

183


características de las unidades de análisis se han medidoa través de escalas de intervalo o razón se utilizan medidas de tendencia central, de dispersión y de forma de las distribuciones de frecuencias de cada variable. Cuando las características están medidas con escalas nominales no es posible utilizar estas mismas medidas, puesto que los valores de dichas características son categorías de clasificación, no siendo posible efectuar con ellas operaciones de cálculo. A modo de ejemplo de técnicas de análisis descriptivo presentamos la ideología de los españoles medida en una escala de autoubicación de 1 a 10 puntos como una pregunta de una encuesta a una muestra representativa de la población española. De los cuatro estadísticos que podrían utilizarse para disponer de de un modo resumido y fácilmente interpretable —media, moda mediana y desviación estándar— hemos seleccionado las medias de una serie que se distribuye a lo largo del tiempo, lo que permite hacer algunas valoraciones respecto a las tendencias que se aprecian. La tabulación cruzada y comparativa de dos variables da lugar a una tabla compuesta de filas y columnas, utilizándose las categorías de cada variable para designar, respectivamente, las filas y las columnas. Se suele seguir la convención de situar la variable dependiente en las filas y la independiente en las columnas. Habitualmente, las tablas bivariables se presentan con números que reflejan porcentajes en lugar de frecuencias absolutas. Con ello se facilita la realización de comparaciones numéricas entre las distribuciones condicionales que se desean comparar. Tabla 1. Tabla bivariada de valoración del funcionamiento de la democracia y el recuerdo de voto en elecciones generales En conjunto, ¿está Ud. muy satisfecho, bastante satisfecho, poco o nada satisfecho con la forma en que funciona la democracia en España? Recuerdo de voto en elecciones generales de 1996 IU

PP

PSOE

PNV

CiU

Otros

Muy satisfecho Bastante satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho N.S. N.C.

3,0 50,3 35,7 8,7 0,3 2,0

10,1 62,0 20,9 4,2 2,5 0,3

7,0 60,8 24,3 4,7 2,7 0,4

0,0 52,6 23,7 13,2 10,5 0,0

7,6 59,2 31,2 1,9 0,0 0,0

7,8 46,1 26,2 18,4 1,0 0,5

(N)

(300)

(1219)

(1183)

(38)

(157)

(206)

Fuente: Datos del estudio 2.309 del Centro de Investigaciones Sociológicas, Diciembre 1998.

184


El análisis de datos de encuesta es útil cuando se intenta buscar la respuesta a qué características individuales inciden sobre el comportamiento electoral. Sin entrar a detallar los tipos de análisis multivariables, que son frecuentemente utilizados por los investigadores, debemos tener presente que es fundamental realizar el análisis de los propios resultados electorales.

3. LOS RESULTADOS ELECTORALES El análisis de todo proceso electoral requiere en primer lugar conocer las reglas del juego esto es, el sistema electoral; después es obligado analizar los resultados que se han generado de esta consulta electoral; y finalmente, se deben relacionar ambas cuestiones teniendo en cuenta que se analiza un comportamiento —específico en cada convocatoria—, que manifiestan los ciudadanos con su voto y lógicamente también si han decido abstenerse de participar. Tanto algunos elementos de la primera dimensión como los indicadores que más comúnmente son utilizados para interpretar la influencia que genera el sistema electoral sobre los resultados desde la perspectiva agregada y desde la perspectiva psicológica, van a ser objeto de discusión en las páginas que siguen. 3.1. Los resultados agregados Los resultados agregados de una convocatoria electoral ofrecen el número total de votos, así como los porcentajes que obtienen las candidaturas presentadas a la contienda electoral. Los porcentajes se calculan sobre los votos emitidos, sobre los votos válidos (que contiene los votos emitidos en blanco), sobre votos a candidaturas o sobre el total del electorado. De forma habitual, se ofrecen los porcentajes sobre los votos válidos para conocer el peso que ha obtenido el partido en relación a los demás. Las cifras sobre el número de votos emitidos en una determinada elección junto con el número de electores con edad de votar que está registrado en el censo electoral mide el nivel de participación electoral. Para este indicador, no es necesario tener en cuenta el contenido del voto, es decir, no se hace ningún tipo de distinción entre los votos blancos y los votos a candidaturas, se toman como referencia el número total de votos válidos emitidos.

185


Tabla 2. Resultados de candidaturas en las elecciones generales de 2004 Electorado Total votos Votos válidos Votos en blanco Votos nulos Abstención

34.571.831 26.155.436 25.891.299 406.789 261.590 7.628.756

22,7 %

Partidos

Número de votos

Porcentaje de votos*

Número de escaños

Porcentaje de escaños

11.026.163 9.763.144 1.284.081 835.471 652.196 420.980 235.221 208.688 94.252 80.905 61.045 1.229.154

42,6 37,7 5,0 3,2 2,5 1,6 0,9 0,8 0,3 0,3 0,2 4,9

164 148 5 10 8 7 3 2 1 1 1 —

46,9 42,3 1,4 2,9 2,3 2,0 0,9 0,6 0,3 0,3 0,3 —

PSOE PP IU CiU ERC PNV CC BNG ChA EA Na-Bai Otros

77,3% 99,0%

* El porcentaje se ha calculado sobre votos válidos. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior.

Los resultados obtenidos por las candidaturas que se presentan a una determinada elección es el punto de arranque para comprender y avanzar en la orientación del voto. La conversión de votos en escaños permite además ofrecer resultados de presencia de las candidaturas en los parlamentos. De esta forma es corriente encontrarse con candidaturas que aún a pesar de haber obtenido un determinado número de votos, éste no puede convertirse en representación, bien porque no alcanza el umbral mínimo establecido en la legislación, bien por los efectos del sistema electoral.

3.2. La proporcionalidad del sistema electoral La idea que subyace en un sistema proporcional, en su más puro significado es que el porcentaje de votos obtenido por un partido adjudica esta misma proporción a los escaños de que dispondrá en la asamblea. O lo que sig-

186


nifica la fórmula: escaños = votos obtenidos por la formación política en concreto. O en su defecto, escaños / votos = 1. De esta forma la simetría sería perfecta, pero como bien es sabido, esta es una condición hipotética, ya que todos los sistemas electorales, incluso los proporcionales, producen tendencias desviantes. La proporcionalidad que se alcanza es más baja de lo que es matemáticamente (Lijphart, 1986: 177). El análisis de las desviaciones respecto a la proporcionalidad de los sistemas puede realizarse para los partidos de forma individual, o bien para las elecciones en conjunto. Se propone determinar el índice de ventaja para determinar la sobre e infrarrepresentación de los partidos, pero en determinadas ocasiones, la proporcionalidad puede analizarse en unidades menores, como en las propias circunscripciones. Para cuantificar estos niveles y conocer la magnitud de la desproporcionalidad de los sistemas electorales se han confeccionado un variado número de índices que se aplican de forma y manera indiferente con resultados también diversos. Tienen en común destacar las diferencias entre los escaños y los votos obtenidos por los partidos. El índice I propuesto por D. Rae (1967: 84-86) es el más simple por cuanto se centra en la desviación entre las respectivas cantidades de votos y escaños a través del sumatorio de las diferencias absolutas entre los porcentajes de votos (vi) y de escaños (si) y se divide el resultado por el número de partidos (n) que ha alcanzado al menos el 1,5% del total de los votos.

I=

1 ∑ vi − si n

Este índice ha despertado numerosas críticas dado que tiene el grave defecto de dar mucho peso a los pequeños partidos. Si el número infinito de (hipotéticos) partidos que no obtienen votos ni tampoco escaños se incluyen en el cálculo, cada sistema proporcional sería perfectamente proporcional (Katz, 1980: 140). Rae intenta solucionar este grave problema proponiendo establecer un límite y excluyendo de los cálculos a los partidos que obtengan menos del cinco por ciento de los votos, con la grave deficiencia, no obstante, de que en un gran número de sistemas políticos son numerosos los partidos que se sitúan bajo este umbral. Un índice que logra evitar este problema es el índice D propuesto por J. Loosemore y V. J. Hanby (1971), que remite al porcentaje total por el cual los partidos sobrerrepresentados son sobrerrepresentados. D es el valor absolu-

187


to de la suma de las diferencias entre los porcentajes de votos y escaños del conjunto de partidos políticos sobrerrepresentado, o en su defecto la diferencia total entre la cantidad de votos y escaños de cada uno de los partidos infrarrepresentados. Se calcula sumando los valores absolutos de las diferencias entre votos y escaños, de manera similar al índice de Rae, pero dividiendo la cantidad obtenida por 2.

D=

1 ∑ vi − si 2

Con la excepción de un caso de sistema bipartidista puro, el índice D otorga mayores valores que el índice de Rae (ver tabla 3). La realidad es que este índice es muy sensible al número de partidos políticos que compiten y se contabiliza todos los pequeños partidos sin agruparlos bajo las ya conocidas etiquetas de «otros». Son partidos que siempre estarán infrarrepresentados. En lugar de utilizar el índice en su vertiente original negativa, Mackie y Rose optan por utilizar el índice D ligeramente modificado. Tratan de realizar un análisis más en positivo sustrayendo al valor que arroja el índice 100. En otras palabras, suman las diferencias de votos y escaños obtenidas por cada partido dividido por dos y restado de 100. Este cálculo matemático también ha provocado cierta polémica y enfrentamiento entre los científicos sociales28. Otra solución para determinar con acierto la proporcionalidad de los sistemas electorales viene propuesto por Gallagher. Su índice de mínimos cuadrados (least-squares index) proyecta más ajustadamente las desviaciones. Se calcula mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

)

2 LSq = 1 / 2∑ ( vi − si   

Gallagher (1991) introduce en el cálculo el porcentaje de votos y escaños de «otros» partidos de manera agregada como si fueran un único actor político, lo que ha sido criticado por Lijphart (1994: 61). No obstante existen más posibilidades de calcular los niveles de desproporcionalidad y se han propuesto más índices que han sido utilizados en menor medida y no cierra las 28

188

Ver a este respecto W. P. Irvine (1988) y V. Fry e I. McLean (1991).


Tabla 3. Medidas de desproporcionalidad aplicados a tres resultados electorales Casos

Número de partidos

Porcentaje de votos (% v)

Porcentaje de escaños (% e)

Diferencia absoluta (% v - % e)

1 1

55 45

60 40

5 5

I = 5,00 D = 5,00 LSq = 5,00 b = 2,00

50 40 1

55 45 0

5 5 1

I = 1,67 D = 10,00 LSq = 5,48 b = 1,13

15 5

16 4

1 1

I = 1,00 D = 5,00 LSq = 2,24 b = 1,20

A

Índices de proporcionalidad

(2)

B

1 1 10 (12) 5 5

C (10)

* I = índice de Rae; D = índice de Loosemore-Hanby; LSQ = índice de mínimos cuadrados; y b = coeficiente de regresión. Fuente: adaptado de Lijphart (1994:59).

posibilidades de que se postulen nuevos más adecuados o con más ventajas que los anteriores. De hecho Grofman ha sugerido un cálculo en el que se tiene en cuenta la desviación total entre el porcentaje de votos y de escaños dividida no por el número de partidos, como hace Rae, tampoco por 2, como la propuesta de Loosemore-Hanby, sino por el número efectivo de partidos, índice que analizaremos a continuación. Y Lijphart propone un índice que promedia las diferencias entre votos y escaños de los partidos más grandes. En sus propias palabras es la desviación media de la diferencia cuota de votocuota de escaños de los dos mayores partidos (Lijphart, 1987: 178). La tabla es ilustrativa de las diferencias a la hora de cuantificar que producen los diferentes índices comentados. En un sistema bipartidista perfecto (caso A) las desviaciones no existen. El problema comienza a producirse cuando el sistema electoral permite la presencia de un mayor número de partidos políticos, en fin, sistemas multipartidistas, y máxime cuando hay muchos partidos menores.

189


3.3. Indicadores del formato del sistema de partidos: fragmentación, número efectivo de partidos, volatilidad y escisión de voto Los resultados electorales cristalizan en nuevas dimensiones: la que se refiere al número de partidos que compiten y la que expresa los cambios que se producen en dos elecciones sucesivas. Ambas son rasgos estructurales que proceden de los resultados agregados y definen el sistema de partidos que se configura tras las elecciones. El índice de fragmentación (F) de Rae (1969) permite apreciar la concentración de voto, la relación entre el número de partidos y su tamaño y además es indicativo de la competencia interpartidista y de la división de las preferencias electorales. Tiene aplicación al ámbito electoral y al parlamentario, es decir, hace referencia al número de partidos que se presentan en las elecciones y a los que obtienen representación en el parlamento. El índice se calcula sobre el sumatorio de los porcentajes de votos (electoral) y de escaños (parlamentario) con la siguiente fórmula:

F = 1−

(∑ p ) 2 i

donde pi es el porcentaje de votos (o de escaños) de cada partido. El índice oscila entre el 0, que significaría que todos los votantes se inclinan por el mismo partido, o bien que todos los parlamentarios perteneciesen al mismo partido; y el 1, en la que se daría la hipotética situación contraria para los electores y los parlamentarios. Este índice parece ser poco ilustrativo de la competencia interpartidista y de las preferencias electorales dado que no nos permite conocer el número de partidos que en realidad compiten en el escenario electoral. Es una medida que arroja información a cerca de cuántos son los partidos que compiten, pero va mucho más allá y nos informa del tamaño que tienen. La medida sobrevalora a los partidos mayores y comprime a los pequeños debido a que el sumatorio se eleva al cuadrado (Sartori, 1980:362). Una corrección la indica Flanagan en su índice de fragmentación IF. Este índice sugiere que cuando no existe fragmentación, esto es, un sistema de un solo partido, el valor del índice es 1; mientras que cuando la fragmentación es infinita, el valor es 0.

IF =

190

∑ Vi2


La diferencia entre este índice y el de Rae no es tanta, ya que ambas medidas se basan en la suma de los porcentajes al cuadrado y no corrige las deficiencias destacadas en el de Rae. La falta de proporcionalidad de los sistemas electorales suele favorecer a los partidos más grandes en detrimento de los más pequeños, resultando en una reducción del número efectivo de partidos. Este indicador muestra también la fragmentación de los votos y de los escaños y se aplica tanto al campo electoral como al parlamentario (Laakso y Taagepera, 1979: 3; Taagepera y Shugart, 1989: 77). Aunque contiene prácticamente la misma información que el índice de fragmentación su expresión es más adecuada y permite ver más claramente cuántos partidos compiten electoralmente y cuántos existen parlamentariamente. Este índice coincide con el número de los realmente existentes sólo si cumple que todos cuenten con apoyos electorales iguales o muy similares. Este índice será más bajo que el real cuando no todos los partidos políticos tengan la misma importancia, que es obviamente el caso más frecuente. El número efectivo de partidos electorales (N) se calcula como sigue:

N = 1 / ∑ Pi2 , donde Pi, es la proporción de votos o escaños del partido i. Este índice se ha convertido en la medida más utilizada para determinar con precisión el número de partidos que conforman los sistemas (Lijphart, 1994: 70; Cox, 1997: 29; Taagepera, 1997: 145). De hecho, este reconocimiento se ha hecho patente en los recientes análisis sobre la evolución de los partidos en Polonia (Jasiewicz, 1996), Rusia (Moser, 1996) y en las más actuales democracias (Goodson, 1996). Asimismo se extiende su aplicación a otro tipo de estudios que conectan la evolución de los sistemas de partidos y los sistemas económicos (Chhibber y Kollman, 1996; Hallerberg y von Hagen, 1996). Los avances en las numerosas aplicaciones que se han realizado con este indicador han obligado a su autor a reconocer la posibilidad de añadir alguna corrección a través de un índice suplementario que permite traducir, en determinadas coyunturas, con una mayor exactitud el número de partidos de un sistema político en concreto (Taagepera, 1999a). Este nuevo índice se propone a consecuencia del peso tan diverso que los partidos pueden llegar a tener en términos de votos logrados y de representación en

191


los parlamentos que desvirtúan realmente las ya clásicas tipologías de sistemas multipartidistas29. También bajo esta óptica de ajustar al máximo la configuración del sistema partidista, ha sido propuesto por Molinar (1991) el índice NP que pretende corregir las desviaciones que ya se detectaban en algunos sistemas de partidos:

NP = 1 + N [1 / N − (1 / N∞ )2 ] / [1 / N ] = 1 + N − ( N / N∞ )2 La tabla siguiente ilustra todo el debate en torno a la determinación exacta del número efectivo de partidos políticos de un sistema. Las diferentes composiciones de un parlamento de 100 escaños permiten una multiplicidad de configuraciones partidistas que tienen como elemento común que su número efectivo de partidos N sea igual a 3, frente a un número real (N0) muy diverso y un número de partidos relevantes (en términos de Sartori, 1976) que oscila entre el 1 y el 4. La propuesta de añadir el índice N∞ a los datos para mejorar la caracterización del sistema de partidos perfila con más exactitud la tipología de los mismos, si bien difiere ligeramente de los resultados que se desprenden del índice NP. En cualquier caso, ambos índices permiten calificar como sistema de partidos hegemónico a los que figuran en la segunda fila del cuadro 5 (tipos H, I, J y K). No obstante, para concluir, el índice de fragmentación y el relativo al del formato de partidos son igualmente útiles. Las propiedades matemáticas del índice de Rae son indudables, pero es posible que la «posición» de los partidos permita una comprensión más realista del escenario político (Sartori, 1980:372). La estabilidad/inestabilidad electoral que se genera de los cambios de los apoyos por parte de los votantes es otro factor que se extrae de los resultados de los procesos electorales, y que suele medirse a través de la volatilidad electoral. Con este índice se representa el grado de heterogeneidad que se extrae de los cambios y de la pertenencia partidista en un sistema político. A la hora de interpretar sus resultados hay que tomar cautelas dado que los niveles de participación en elecciones sucesivas suelen, por término general, variar. 29 Tal y como propone Taagepera (1999a:498) sería poco exacto considerar como un sistema de diez partidos al que sobre una base de un parlamento de 100 escaños se distribuyera de la siguiente forma: 4030-11-9-5-1-1-1-1-1. De ahí que proponga la siguiente corrección: N∞ = 1 /p1

192


Tabla 4. Diversas configuraciones de sistemas de partidos con el mismo número efectivo de partidos Sistema de partidos (%)

N0

N

N∞

NP

Número de partidos relevantes

A B C D E F G

0,33-0,33-0,33 0,35-0,33-0,32 0,39-0,32-0,28-0,01 0,45-0,29-0,21-0,05 0,47-0,22-0,22-0,07 0,48-0,23-0,21-0,08 0,48-0,30-20 de 0,011

3 3 4 4 4 4 22

3,00 3,00 3,00 3,00 3,01 3,00 2,99

3,00 2,86 2,56 2,22 2,13 2,08 2,08

3,00 2,90 2,63 2,17 2,01 1,93 1,93

3 3 3 3 4 4 1ó2

H I J K

0,53-0,15-0,10-0,10-0,10-0,02 0,55- 6 de 0,07- 0,03 0,57-21 de 0,02 -0,01 0,577 y un número indeterminado de partidos cuyo porcentaje tiende a 0 : ε→0

6 8 23 indet.

3,00 3,00 3,00 3,00

1,89 1,82 1,75 1,73

1,48 1,28 1,06 1,00

1 1 1 1

1

Significa que existen 20 partidos políticos con un porcentaje de representación de 0.01. Fuente: adaptado de R. Taagepera (1999a:498).

Este índice mide, el cambio neto en el sistema de partidos que resulta de las transferencias individuales de voto. La fórmula para calcular la volatilidad electoral agregada (VT) es la siguiente:

VT = ∑

Pi,t − Pi( t +1) 2

donde Pi representa el apoyo electoral en porcentaje sobre el voto válido para el partido i en los tiempos t y t+1, es decir, en dos elecciones sucesivas. El índice varía desde un mínimo de 0 hasta un máximo de 100. Si se quiere concentrar la atención en el formato del cambio de los partidos, el índice de volatilidad electoral se deriva de: pi,t siendo el porcentaje de voto obtenido por el partido i en la elección t. El cambio de fuerza de i desde la elección anterior será:

∆pi,t = pi,t − pi,t −1

193


Si no se tienen en cuenta las diferencias de los signos, tendremos la siguiente relación para el sistema de partidos:

Cambio Neto Total (CNTt ) = ∑ ∆pi,t 0 ≤ CNTt ≤ 200 Si mantenemos que las ganancias netas de los partidos vencedores son numéricamente iguales a las pérdidas netas de los partidos derrotados en la elección, sería deseable usar otro indicador que fuera más fácil de interpretar, así:

Volatilidad (Vt ) = 1 / 2 × TNCt 0 ≤ Vt ≤ 100 Vt representa simplemente las ganancias acumuladas de todos los partidos vencedores en el sistema de partidos, o de otra forma, el valor numérico de las pérdidas acumuladas de todos los partidos derrotados. La volatilidad electoral entre bloques de partidos (VB) se obtiene de la siguiente fórmula:

VB =

PiV + PjV + ...PkV + PxV + PyV + ...PnV 2

donde V es la volatilidad de cada partido, es decir, la diferencia entre sus resultados electorales en dos consultas sucesivas. Y la volatilidad dentro de los bloques (VIB) viene dada por el resultado que se obtenga del siguiente cálculo: VIB = VT – VB La estimación de cualquier análisis sobre volatilidad necesita completarse con datos procedentes de su dimensión individual, esto es de las transferencias individuales de voto que se han producido en una determinada consulta electoral. Este tipo de movilidad sólo es posible deducirla utilizando datos de sondeos postelectorales pero prestando especial atención a no cometer inferencias del nivel agregado al individual, ni viceversa. Las traslaciones entre ambos niveles pueden ocasionar admitir como válidos ciertos

194


errores, aún a pesar de haberse reconocido una elevada correlación entre ambos indicadores (Denver, 1985: 405). Los datos muestrales si se interpretan con prudencia son útiles para confeccionar una tipología de votantes: en primer lugar, por votantes leales entendemos aquellos que en elecciones sucesivas mantienen su apoyo a un partido determinado; votantes transferidos, en cambio, configurarían el grupo volátil que modifica su orientación de voto entre dos elecciones sucesivas. Y finalmente los electores movilizados serían aquellos que en una elección determinada no han acudido a las urnas pero sí lo ha hecho en la siguiente; por el contrario electores desmovilizados son los que han actuado de forma inversa, han participado en una elección pero en la siguiente han optado por la abstención; y por último, los abstencionistas de entre los que también podríamos clasificar a los denominados «crónicos», que no modifican en largo período su comportamiento, y los «coyunturales», esto es los que se han visto obligados a no participar en una convocatoria electoral debido a causas ajenas a su voluntad.

Tabla 5. Volatilidad electoral individual

Tiempo electoral

Tipología de votantes Leales

Transferidos

Movilizados

Desmovilizados

Abstencionista crónico

T1

Vota partido A Vota partido A

No vota

Vota

No vota

T2

Vota partido A Vota partido B

Vota

No vota

No vota


Estas transferencias de voto se traducen en los índices de viscosidad y de fluidez del electorado (Barbagli et ál., 1979: 62), que consiste, para el primer indicador, en determinar la proporción de votantes que en elecciones sucesivas se muestran leales al mismo partido político, o por el contrario, la proporción de los que transfieren su voto bien a un partido diferente al de la elección anterior, bien engrosan las cifras de abstencionistas o bien procede de ella, sin contabilizar entre ellos el número de electores que configura la renovación del censo.

195


Al estudiar la dimensión espacial de un sistema de partidos hemos de considerar también el índice de escisión de voto o voto dual de Arian y Weiss (1969) que mide la variación del comportamiento electoral de los ciudadanos en dos elecciones de diferente tipo. Este índice se calcula con la fórmula siguiente:

IEV =

1 n ∑ ( X i − Yi )2 n i=1

Una explicación fiable de este comportamiento electoral requiere de datos individuales y debe ser aplicado a elecciones celebradas en la misma fecha para evitar de esa forma que intervengan otro tipo de variables diferentes en la explicación de ese distinto comportamiento, fundamentalmente, factores de tipo coyuntural. Los ejemplos más ilustrativos de este comportamiento se localizan en el comportamiento de los electores catalanes o aragoneses, en cuyas CC. AA. este índice alcanza una dimensión considerable dado que el número de electores que opta por votar a un partido de ámbito nacional en elecciones legislativas y en elecciones autonómicas a un partido diferente es elevado.

3.4. Las preferencias electorales: competitividad y polarización ideológica La competitividad es una característica que hace referencia a la competencia democrática, de manera que este indicador hará referencia a la proximidad entre los resultados y/o a la frecuencia con que unos partidos suceden a otros en el poder (Sartori, 1980: 261-262). De esta forma este índice adquiere una doble dimensión: la competitividad electoral mide la distancia entre el porcentaje de voto obtenido por el primer y el segundo partido. Y de igual manera, la competitividad parlamentaria hace referencia a esa distancia pero calculada sobre la base del porcentaje de escaños. Este índice explica de manera simple cuál es el «ambiente competitivo» de las elecciones (Milder, 1974: 432). En aquellas en las que el índice es elevado, el margen de maniobra del primer partido respecto al siguiente es amplia de forma que se puede argumentar que la victoria es más rotunda. De manera inversa, si las distancias son muy estrechas traducen un clima de alta competitividad y de ajustada victoria del primer partido. Lo que trata de medirse, en definitiva, es

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la influencia que ejercen los partidos sobre los votantes y, en consecuencia, sobre el resultado electoral. Esto lleva a considerar la existencia de votantes abiertos a la persuasión y, por ende, a que esos movimientos afecten a los resultados electorales agregados. Para establecer los niveles de intensidad de la competición se utilizan unos márgenes que se aplican tanto a la diferencia entre el porcentaje de votos obtenido por los dos primeros partidos como para el porcentaje de escaños alcanzado por las dos primeras fuerzas políticas en el distrito o a nivel agregado nacional. Por regla general se han venido aplicando la escala siguiente: de 0 a 5% de distancia entre partidos, competitividad muy estrecha; de 5,1% a 10%, competitividad estrecha; de 10,1% a 15%, competitividad media; de 15,1% a 20%, competitividad amplia; más de 20%, competitividad muy amplia. Esta graduación de la intensidad facilita la lectura tanto de la competitividad electoral como parlamentaria y permite apreciar la «pulsión» entre los dos primeros partidos, o incluso determinar las distancias respecto a otros. La mejor prueba de la proporcionalidad de un sistema reside más que en los resultados obtenidos en el nivel nacional, en los efectos que se aprecian en cada una de las circunscripciones. Los distritos pequeños penalizan a los pequeños partidos, de forma que el número de partidos decrece según se reduce el tamaño de la circunscripción. Este efecto ha sido observado en varios estudios utilizando índices diferentes, comenzando al menos con Rae (1967). Así, otra forma de medir las fuerza de los efectos mecánicos, es determinar la reducción relativa en el número efectivo de partidos tanto a nivel de votos, esto es electoral, como de escaños o parlamentario. Este efecto reductivo se percibe en todos los sistemas electorales y se puede identificar en el número de partidos que compiten, comparándolo con el número de partidos que obtienen mandatos parlamentarios. Junto a la competitividad, la polarización ideológica contribuye a explicar la evolución y los cambios de los sistemas políticos. La polarización hace referencia a la distancia ideológica existente en el sistema de partidos o entre dos partidos relevantes medida a través de las preferencias de los votantes. Comúnmente se aplican los índices de distancia y de superposición entre pares de partidos para analizar los efectos de la distribución de los partidos en la escala de ideología y a apreciar la polarización ideológica del sistema de partidos reflejando los espacios electorales por los cuáles compiten los partidos. El índice de distancia se calcula entre la mayor y la menor posi-

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ción atribuida a los partidos. Para ello es necesario tener los datos de la ubicación que estiman los electores de cada uno de los partidos políticos en la escala izquierda (0) y derecha (10) e implica la necesidad de utilizar datos de encuestas de opinión. A través de ellas se miden las distancias que se deducen de las atribuciones medias de cada uno de los partidos. Se refleja así la proximidad entre ellos o, la distancia. El índice de superposición expresa la medida en la que los votantes de los partidos ocupan los mismos espacios ideológicos en la escala izquierda-derecha. El índice se obtiene dividiendo la suma absoluta de las diferencias en cada posición por el máximo teórico, que es 200 y sustrayendo el resultado de 1.

3.5. La identificación partidista y el continuum izquierda-derecha como elementos decisorios del voto La conceptualización de las medidas de la identificación partidista ha recibido una atención considerable. La mayor o menor cercanía a los partidos políticos junto con la escala de autoubicación ideológica han sido aplicados para medir la intensidad y la extensión de los vínculos que establecen los partidos con el electorado. Aunque el concepto continúa sometido a un debate que enfrenta a científicos norteamericanos —escuela de Michigan— y europeos, existen un amplio acuerdo en que es un factor que delimita el voto, poniendo en conexión la ideología del elector con el partido político. Esta medida puede variar con el tiempo pero también en determinadas ocasiones los electores mantienen cierta estabilidad o ‘anclaje‘ en un espacio ideológico. Si bien la identificación partidista, coherente de la complejidad del fenómeno político americano, había simplificado el universo de información necesario y facilitado al elector la decisión del voto, no permitía estructurar con claridad las opciones electorales en el contexto europeo. De ahí que el indicador utilizado para medir este fenómeno (party attachment) tuvo que adaptarse a la realidad continental. La conocida como escala de Michigan se construye sobre la base de que el elector debe identificarse con uno de los tres partidos. La formulación clásica que se propone es la siguiente: «En términos generales, ¿usted se considera republicano, demócrata, independiente u otro? En caso de identificarse, ¿se considera un firme (partido elegido) o un no muy firme (partido elegido)? Si es independiente, ¿se considera usted cercano al partido republicano o al partido demócrata?

198


Y la escala de ubicación ideológica a la que se hace referencia se construye sobre la base de siete categorías contiguas y se formula de la siguiente manera: En esta tarjeta hay una escala que tiene en un extremo «demócrata», en el otro «republicano» y en el centro «independiente». ¿Dónde se ubicaría usted en la escala? Las etiquetas de cada una de las casillas son: (1) prefiero firmemente a los demócratas, (2) prefiero a los demócratas, (3) soy básicamente independiente pero me inclino hacia los demócratas, (4) soy independiente, no tengo preferencia por ningún partido, (5) soy fundamentalmente independiente pero me inclino hacia los republicanos, (6) prefiero a los republicanos, (7) prefiero firmemente a los republicanos.

En Europa esta medida de identificación partidista adquiriría la forma de cercanía al partido (party closeness) dado que se encontró evidencia suficiente para sugerir la necesidad de modificar la formulación de la pregunta. La clásica escala de siete puntos del modelo de Michigan se transforma en escala de izquierda-derecha, conceptos que se configuran como referentes indispensables para la compresión de la política e instrumento indispensable para abordar las preferencias partidistas y «predecir» la orientación del voto de los electores europeos. Esta simplificación del universo político en polos opuestos permite ubicar a los objetos políticamente relevantes en un continuum, establecer relaciones de proximidad o distancia respecto a otros elementos políticos y ayudar a generar una «identidad política» propia de los elementos del juego ideológico. En la actualidad la formulación que más ampliamente se utiliza es: Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. ¿Dónde se colocaría Ud.? (1 significa «izquierda» y 10 «derecha»).

Converse y Pierce (1985) utilizaron en su estudio esta conceptualización del indicador, «Quel est le parti dont vous vous sentez habituellment plus proche?» para aplicarlo a la realidad francesa después de haber contrastado que esta construcción terminológica era la más adecuada. Así también podemos encontrarnos con otras formulaciones que arrojan información a este respecto, como por ejemplo: ¿Podría indicarme si se siente Ud. cercano o próximo a algún partido o coalición política? (Indique el grado de cercanía).

199


En la actualidad este indicador parece tener un efecto potencial sobre las orientaciones electorales. Viene a ser el factor determinante del voto ideológico y es uno de los elementos más importantes que posibilitan los anclajes del voto.

4. EL SISTEMA ELECTORAL Y SUS EFECTOS SOBRE LA REPRESENTACIÓN Y EL COMPORTAMIENTO ELECTORAL EN ESPAÑA Los efectos de los sistemas electorales sólo se pueden determinar si se analizan tres dimensiones: los detalles técnicos, sus efectos conjuntos dentro del sistema político y la conducta de las fuerzas políticas, es decir, de los partidos y sus electores (Nohlen, 1994: 85). Los efectos electorales pueden precisarse más fácil y directamente en el campo de la conversión de votos en escaños. ¿Cuán proporcionales son los resultados de este proceso de conversión y qué consecuencias tiene para la representación política? ¿Se excluye a algún partido por medio del sistema electoral? ¿Se dan mayorías parlamentarias para un partido?

4.1. La proporcionalidad y la fragmentación El «efecto mecánico» de la conversión de votos en escaños es la primera variable a considerar ya que sus reglas intrínsecas van a determinar las consecuencias que se genera en el sistema30. Obvia recordar que se han realizado interesantes análisis que contemplan los efectos que generan la adopción de determinadas normativas electorales en la estructura del sistema de partidos. Entre ellos las desviaciones respecto a la proporcionalidad que caracterizan a los sistemas electorales. En otras palabras, la proporcionalidad es uno de los objetivos, aunque no necesariamente el más importante, de la mayoría de los sistemas electorales. Analizar los grados de desproporcionalidad es importante para determinar hasta dónde se lleva a cabo este 30

Pero las consecuencias que generan las leyes electorales en la competición política tienen también en cuenta la fórmula electoral que se aplica; la magnitud del distrito, es decir el número de representantes a elegir, y la estructura de las listas, si favorecen o no las transferencias de votos de unas formaciones a otras en sistemas multipartidistas (Rae, 1969: 15-46) elementos todos que no van a ser objeto de análisis en este momento.

200


objetivo. Además, es importante analizar el grado de influencia de las diferentes dimensiones de los sistemas electorales en la proporcionalidad o desproporcionalidad de los resultados electorales. Recordemos que los índices que miden la desproporcionalidad de los sistemas alcanzan valor cero en el improbable caso de que el reparto de escaños resulte totalmente conforme a la fuerza en votos de los partidos. Los valores de los índices son mayores cuanto más numerosas sean las desviaciones del reparto proporcional. Tabla 6. Índices de desproporcionalidad en elecciones en países europeos, 1979-1990 País Holanda Austria Suecia Dinamarca Alemania Italia Finlandia Luxemburgo Bélgica Irlanda Grecia Portugal España Gran Bretaña Francia

MC

D

Np

Ne

Diferencia (Ne-Np)

1,32 1,43 1,67 1,74 2,18 2,71 2,86 3,11 3,23 3,49 4,06 4,19 8,95 10,55 11,84

2,96 2,17 2,55 3,34 3,31 2,71 5,06 4,78 5,98 5,22 5,85 8,05 15,11 12,91 19,68

4,92 2,51 3,57 5,22 3,17 4,08 5,50 3,64 5,19 3,10 2,64 3,58 3,89 2,65 4,40

4,59 2,42 3,40 4,92 2,95 3,62 5,03 3,30 4,63 2,79 2,37 3,05 2,72 2,10 3,07

0,33 0,09 0,17 0,30 0,22 0,46 0,47 0,34 0,55 0,31 0,27 0,53 1,17 0,55 1,33

MC: índice de Mínimos Cuadrados; D: índice de Loosemore y Hanby; Ne: índice del número efectivo de partidos electorales; Np: índice del número efectivo de partidos parlamentarios. Fuente: Adaptado de A. Penadés (1996: 301).

Frente a estos datos es necesario hacer varias observaciones. En primer lugar, conviene aclarar algo sobre la distinta naturaleza de los dos índices que ya hemos destacado anteriormente: el índice D es igualmente sensible a todo tipo de desviaciones de la desproporcionalidad, mientras que el índice

201


MC, al contener un exponente, es sensible a la concentración de grandes desviaciones pero no a la multiplicación de las desviaciones pequeñas. Esto explica la diferente posición relativa de España y Gran Bretaña según se considere uno u otro índice, a la vez que nos da cierta información sobre el sistema de partidos. Mientras que en España muchos pequeños partidos (que influyen en el índice D), y alguno mediano, resultan perjudicados en beneficio de los dos mayores, en Gran Bretaña las pérdidas se concentran en gran medida en un único tercer partido, a expensas del cual se benefician los dos primeros. En cuanto a los elevados valores de ambos índices, hay que notar que se trata de valores medios de una serie de elecciones cuya tendencia, en el caso de España, es al aumento de la proporcionalidad. De hecho, la media, incluyendo las elecciones de 1993 y 1996, es algo hoy más baja: MC= 8,30 y D= 13,86. La progresiva adaptación del sistema de partidos al sistema electoral explica que los índices de desproporcionalidad de las sucesivas elecciones sean cada vez menores. Así, en las elecciones de 1996 —las más proporcionales de nuestra historia electoral reciente— los índices se aproximaron a lo que en términos comparados puede ser una franja más «normal» de valores (MC= 5,71 y D= 8,21). Ya era predecible que la proporcionalidad siguiera aumentando en elecciones sucesivas, aunque no necesariamente sin altibajos. De hecho las elecciones de 2000 y de 2004 han arrojado unas cifras de 6,12 y 5,10 respectivamente; y el índice de Loosemore y Hanby alcanza la cifra del 7,28 en las elecciones de 2000 y de 6,91 en las de 2004. En definitiva, lo que podemos destacar de la aplicación de los resultados es que han demostrado elevados índices de desproporcionalidad en la mayor parte de los sistemas proporcionales. Estos resultados no pueden ser interpretados como una «desgracia», dado que el sistema regula la competición entre partidos permitiendo la continuidad de la oposición, permitiendo la presencia de las múltiples preferencias de los electores en el parlamento y consiguiendo que el partido más fuerte gobierne respondiendo de sus acciones ante el electorado (Rae, 1993: 27). Además, no niega completamente las preferencias de los electores al existir correlación entre el porcentaje de votos y el de escaños (Rose, 1984: 74). No obstante, en las propuestas de modificación de los sistemas electorales está presente la búsqueda de una proporcionalidad que permita la representación de un mayor número de fuerzas políticas, pero que a su vez no desestabilice el sis-

202


tema, que favorezca la formación de mayorías de gobierno y con ello asegure la gobernabilidad. La proporcionalidad de un sistema de elección también puede entenderse como un indicador del mayor o menor efecto reductor que el reparto de escaños produce sobre la fragmentación electoral. Si bien cabe considerar, en abstracto, que la desproporcionalidad puede ser ocasionada por cualquier tipo de reparto «injusto» de escaños, lo cierto es que, empíricamente, la desproporcionalidad de los resultados electorales viene ocasionada por la sobrerrepresentación de los grandes partidos y la infrarrepresentación de los pequeños, más bien que al contrario. Los índices de desproporcionalidad de los sistemas europeos han subrayado ya con más nitidez las peculiaridades del caso español. Nuestro sistema electoral manifiesta las mayores dosis de desproporcionalidad dentro del grupo de países con sistemas de representación proporcional, y aparece en lugares próximos a los que cuentan con sistemas mayoritarios, es decir, Francia y el Reino Unido. La desproporcionalidad española se mantiene sistemáticamente por encima de la media en todos los índices. Como consecuencia de esta «insuficiente proporcionalidad» los grandes partidos (UCD, PSOE y PP) han resultado sistemáticamente primados en todas las elecciones celebradas hasta hoy, mientras que otros partidos menores de implantación nacional —PCE/IU y CDS— han sido duramente penalizados en la distribución de escaños. Sólo las fuerzas «nacionalistas» con representación concentrada en determinados distritos son tratadas de manera «justa», al obtener un número de escaños adecuado a su fuerza electoral. La tabla siguiente ilustra numéricamente este fenómeno, no exento de complejidades y que subyace en la base de las críticas al sistema electoral. La única fuerza política con representación en el Parlamento español actual que se ha visto a lo largo de toda la serie electoral penalizado ha sido IU. Ello significa que a pesar de haber obtenido un número determinado y variable de votos en cada una de las elecciones legislativas convocadas, el número de escaños que obtiene en la Cámara baja siempre ha sido menor que sus resultados electorales. Hay multitud de cuestiones que están en juego y que afectan directamente a esta distribución. La proporcionalidad del sistema se logra entre los principales partidos nacionalistas, PNV y CiU, frente a las «primas» que continuadamente y con ciertas desigualdades obtienen los partidos mayoritarios. Siempre que se han obtenidos mayorías absolutas los partidos en cuestión se han visto grata-

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mente premiados por el sistema electoral, como ha sido en las elecciones de 1982, 1986, 1989, 2000 y 2011. El partido vencedor llegó a obtener alrededor de un 8%-10% más de representación parlamentaria respecto a la proporción de votos.

Tabla 7. Evolución de los efectos desproporcionales: diferencia entre la proporción de escaños y votos en las elecciones legislativas (1977-2011) % escaños - % votos 1977

1979

1982

1986

1989

1993

1996

2000

2004

2008

2011

UCD +12,8 +13,0 PSOE +4,4 +4,1 AP/PP –4,2 –3,5 PCE/IU –3,7 –4,2 CDS — — CiU +0,3 –0,5 PNV +0,6 +0,5

–3,1 +9,3 +3,8 –3,2 –2,3 –0,3 +0,4

— +8,0 +3,7 –2,5 –3,8 0,0 +0,1

— +10,1 +4,7 –4,3 –3,9 0,0 +0,2

— +6,6 +5,5 –4,5 — 0,0 +0,2

— +3,0 +5,9 –4,5 — 0,0 +0,1

— +1,5 +7,8 –3,2 — +0,1 +0,5

— +4,2 +4,6 –3,5 — –0,4 +0,4

— +4,60 +3,60 –3,23 — +0,10 +0,50

— +2,7 +8,5 –3,8 — +0,4 +0,1

Fuente: elaboración propia. Datos procedentes del Ministerio del Interior.

Ciertamente el funcionamiento de la fórmula D’Hondt contribuye por sí misma a generar una cierta desproporcionalidad. Pero conviene insistir en que el efecto de la magnitud de las circunscripciones resulta en todos los casos tan extraordinariamente importante que la incidencia de la fórmula electoral es secundaria31 (Montero et al., 1992: 27). De hecho otra prueba evidente de la proporcionalidad de un sistema reside, más que en los datos agregados del nivel nacional, en los efectos que se aprecien en cada una de las circunscripciones, de ahí que tenga sentido la observación realizada para los partidos nacionalistas. La distribución de las circunscripciones electorales para el Congreso de los Diputados en España, según la LOREG se establece en un mínimo de dos diputados por provincia, y se van añadiendo el resto en función de la

31 El preámbulo del Real Decreto-ley de 1977 destacaba sólo la incidencia de la fórmula D’Hondt, caracterizada como un «poderoso correctivo del fraccionamiento» parlamentario, pero no mencionaba los efectos específicos de la reducida magnitud de las circunscripciones electorales.

204


población32, de forma que las circunscripciones pueden aumentar o disminuir de tamaño (aunque ocasional y ligeramente). El efecto de la proporcionalidad se detecta claramente teniendo el cuenta el coeficiente electoral, es decir, la cifra que se desprende de calcular el número de electores potenciales que representa cada parlamentario. Un coeficiente bajo implicará una mayor dosis de cercanía entre el elector y elegido. La desigualdad del valor de la representación del voto entre los electores de una circunscripción respecto a otros es patente. Pero un aspecto importante aquí es la diferencia entre el volumen demográfico de la circunscripción o su extensión territorial, con su tamaño. El tamaño de una circunscripción se refiere al número de escaños que tiene asignados. La distribución de los distritos es quizá un elemento de la mayor importancia para los partidos políticos y de hecho su reparto es un tema de debate político de gran envergadura33. Por un lado se une la influencia e importancia numérica que tienen los partidos en el sistema, y por otro, el tamaño de la asamblea, que va a determinar el número de escaños total a repartirse en los representantes. Es cierto que la desproporcionalidad de un sistema es mayor cuanto más reducida sea la asamblea de representantes y cuando a unas circunscripciones les corresponde más escaños en relación a su volumen geográfico que a otras (Gallagher, 1991). La desviación de la proporcionalidad se debe a la existencia de un número muy importante de distritos con baja magnitud. Se puede comprobar que 34 distritos —que corresponden al 65% del total— se hallan por debajo de la magnitud considerada como adecuada para obtener un resultado efectiva32 El artículo 162.3. de la LOREG establece que «para la distribución de los doscientos cuarenta y ocho diputados entre las provincias en proporción a la población se sigue el siguiente procedimiento: a) se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir doscientos cuarenta y ocho y la cifra total de la población de derecho de las provincias peninsulares e insulares. b) se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resulten, en números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto. c) los Diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción decimal mayor». 33 Nohlen (1994: 47) destaca a este respecto como por ejemplo, el prejuicio sufrido por la socialdemocracia alemana en las elecciones imperiales tenía su originen la distribución de las circunscripciones electorales, ya que éstas no se ajustaban al cambio demográfico, de forma que en las áreas urbanas, donde la socialdemocracia tenía una mayor fuerza, la proporción de la población por escaño era mucho mayor que en las áreas rurales, que eran de tendencia más conservadora. De esta manera la socialdemocracia luchó por la representación proporcional que finalmente fue introducida en la República de Weimar.

205


mente proporcional de la aplicación de las correspondientes fórmulas electorales. A estos distritos corresponden la elección de 140 diputados —un 40% del total. Utilizando ahora el índice de mínimos cuadrados de Gallagher, resultan patentes las diferencias producidas entre los distintos tipos de distritos. Y se manifiestan desde luego, en la dirección que cabría esperar: los índices disminuyen progresivamente a medida que aumenta el tamaño de las circunscripciones. Cabe también destacar la persistencia sistemática de las diferencias a través de las sucesivas elecciones, desarrolladas en el marco de los distintos sistemas de partidos. De esta forma la importancia de la variable relativa al tamaño de la circunscripción queda nuevamente subrayada. Tabla 8. Magnitud de los distritos electorales para la elección del Congreso de los Diputados (2008) Número de distritos

Número de escaños

Porcentaje sobre el total de escaños

Índice de desproporcionalidad medioa

1 escaño Entre 2-6 escaños Entre 7-8 escaños Entre 9-16 escaños Más de 16 escaños

2 33 9 6 2

2 145 68 69 66

0,5 41,4 19,4 19,7 18,8

48,1 16,0 11,3 8,9 3,0

Total

52

350

100,0

Magnitud del distrito Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V

a

Índice de desproporcionalidad de mínimos cuadrados. Se ha calculado la media para el período 19772008 por tamaño de distritos. Fuente: elaboración propia.

En ciertos casos, también la proporción de diputados por circunscripción electoral puede determinar de modo decisivo los efectos de un sistema electoral. Los sistemas proporcionales son más sensibles a la distribución de votos entre los partidos. En teoría, dos partidos serían muy competitivos en cada circunscripción si en cada distrito electoral el mismo partido siempre gana un 51% de los votos, ya que el partido que gana obtiene el 100% de los escaños. Sin embargo, los votos tienden a estar distribuidos territorialmente de manera que la distribución de los escaños sea proporcional, incluso en los sistemas mayoritarios.

206


Tabla 9. Votos y escaños en distritos en las elecciones legislativas de 2008 N.o votos

% votos

N.o escaños

% escaños

Votos por escaño

3.510.681

13,76

35

10,00

100.305

Circunscripción mediana 4 (6-10 escaños): Murcia

766.281

3,00

10

2,85

76.628

Circunscripción pequeña (2-5 escaños): Soria

56.248

0,22

2

0,57

28.124

Partidos políticos Circunscripción grande (+ de 10 escaños): Madrid

Fuente: elaboración propia. Datos del Ministerio del Interior.

Las variaciones entre el contexto nacional y el subnacional producen efectos muy diferentes de un mismo sistema electoral. Si clasificamos las circunscripciones plurinominales variables, en circunscripción pequeña (de 2 a 5 escaños), mediana (de 6 a 10 escaños) y grande (de más de diez escaños por circunscripción) el efecto que deriva es que cuanto más pequeña sea la circunscripción menor es la proporcionalidad del sistema, afectando directamente a los partidos pequeños que compiten electoralmente. Añadiremos que la desigualdad del voto queda claramente reflejada en la tabla que a continuación se detalla. El número de votos que son necesarios para obtener un escaño en Soria frente a los de Madrid arroja una gran diferencia. O lo que es lo mismo, la desigualdad del voto de los ciudadanos se refleja con claridad según la circunscripción en la que voten. A ello, el impacto de la baja desproporcionalidad de los distritos menores, que son los mayoritarios, suponen un elemento añadido sobre los efectos desproporcionales del sistema electoral. En síntesis, la mejor prueba de la proporcionalidad de un sistema reside más que en los resultados obtenidos en el nivel nacional, en los efectos que se aprecian en cada una de las circunscripciones. Este fenómeno será la consecuencia directa de que fuerzas pequeñas con representación en el ámbito nacional vean reducida su representación en el Parlamento. La fórmula D’Hondt aplicada a nivel de distrito refleja esta desproporcionalidad. Si tomamos un distrito pequeño como es el caso de la provincia de Soria con tan sólo 3 escaños asignados (distrito tipo II), un distrito

207


Tabla 10. Aplicación de la fórmula D’Hondt en distritos en las elecciones legislativas de 2004 Divisores

PSOE :1 21.943 (2.o) :2 10.971 1 N.o escaños Divisores

PSOE :1 295.787 (2.o) :2 147.893 (4.o) :3 98.596 (6.o) :4 73.947 (8.o) o 4 N. escaños Divisores

PSOE

636.829 (1.o) 318.414 (2.o) 212.276 (4.o) 159.207 (5.o) 127.366 (7.o) 106.138 (8.o) 90.975 (10.o) 79.603 (11.o) o 8 N. escaños :1 :2 :3 :4 :5 :6 :7 :8

Divisores :1 :2 :3 :4 :5 :6 :7 :8 :9 :10 :11 :12 :13 :14 :15

Tipo II – Soria (3 escaños) PP IU I.DE.S o 1.212 2.886 28.674 (1. ) 606 1.443 14.337 (3.o) 2 0 0 Tipo III – Asturias (8 escaños) PP IU-BA Verdes 58.487 4.733 300.791 (1.o) 29.243 2.316 150.395 (3.o) 19.496 1.544 100.264 (5.o) 14.622 1.158 75.198 (7.o) 4 0 0 Tipo IV – Sevilla (12 escaños) PP IULV-CA 305.129 (3.o) 152.564 (6.o) 101.709 (9.o) 76.282 (12.o)

4 Tipo V – PSC-PSOE CiU 1.260.637 (1.o) 582.054 (3.o) 948.733 (2.o) 291.027 (8.o) 420.212 (6.o) 194.018 (14.o) 315.159 (7.o) 145.513 (18.o) 252.127 (9.o) 116.410 (23.o) 210.106 (12.o) 97.009 (21.o) 180.091 (15.o) 83.150 157.579 (17.o) 140.071 (20.o) 126.064 (21.o) 114.603 (24.o) 105.053 (26.o) 96.972 (29.o) 90.045 (31.o) 84.042 14 6

73.046 36.523

0 Barcelona (31 escaños) PP ERC 481.026 (4.o) 428.133 (5.o) 240.513 (10.o) 214.066 (11.o) 160.342 (16.o) 142.711 (19.o) 120.256 (22.o) 107.033 (25.o) 96.205 (30.o) 85.626 71.355 80.171 61.162 68.718

5


208

4

ICV 197.319 (13.o) 98.659 (27.o) 65.773 49.330

2


tipo III, Asturias con 8 escaños, Sevilla (tipo IV) con 12 escaños asignados y Barcelona con 31 distrito tipo V, y aplicamos mecánicamente la fórmula electoral en los resultados electorales de 2004, podemos apreciar también el sentido de la proporcionalidad del sistema. Obvia recordar que la fórmula D’Hondt se basa en la división de los resultados electorales por cocientes de números naturales sucesivos (1,2,3,4...). La selección de los escaños se realiza tomando el valor de los resultados obtenidos de cada divisor hasta llegar a cocientes, que como veremos a través de los ejemplos pueden llegar a oscilar muy ligeramente. Este tipo de fórmula basada en la media más alta es más beneficiosa para los partidos mayores aunque también dificulta menos la obtención del primer escaños por parte de los partidos menores (ejemplo, el primer escaño logrado por CiU en Barcelona en las elecciones legislativas de 2004). Aunque también, esta fórmula prima al partido más votado en la circunscripción, casi siempre en perjuicio del tercer o cuarto partido en la circunscripción (ver el ejemplo para la circunscripción de Sevilla: las diferencias de voto entre los partidos políticos para el reparto de los dos últimos escaños se concentran en los dos partidos con mayor número de votos obtenidos, quedándose el tercer partido, en este caso, a tan sólo 3.236 votos de la última asignación de escaños, y por tanto sin ningún tipo de representación en el distrito). La desproporcionalidad indica siempre una reducción de la fragmentación parlamentaria con respecto a la fragmentación electoral. La fragmentación del sistema de partidos en España se sitúa en la franja intermedia en cuanto a niveles absolutos, con menos de tres partidos efectivos Tabla 11. Índices de fragmentación y número efectivo de partidos en elecciones legislativas (1977-2011) 1977 1979 1982 1986 1989 1993 1996 2000 2004 2008 2011 Media Fragmentación Electoral (Fe) 0,76 Parlamentaria (Fp) 0,66 Fe – Fp 0,09

0,76 0,65 0,11

0,69 0,58 0,10

0,72 0,63 0,08

0,75 0,65 0,10

0,71 0,63 0,08

0,69 0,64 0,05

0,68 0,60 0,08

0,67 0,60 0,07

0,64 0,57 0,07

0,71 0,61 0,10

0,70 0,62 0,08

Número efectivo Electoral (Ne) 4,16 Parlamentario (Np) 2,85 Ne – Np 1,31

4,16 2,77 1,39

3,33 2,32 1,01

3,57 2,63 0,94

4,16 2,77 1,39

3,53 2,70 0,83

3,28 2,72 0,56

3,18 2,52 0,66

3,10 2,50 0,60

2,82 2,35 0,47

3,41 2,60 0,81

3,52 2,62 0,91


209


en el parlamento y casi cuatro partidos electorales. El sistema electoral español se manifiesta como un potente reductor de la pluralidad partidista y concentra la representación parlamentaria en medida superior a la de la mayoría de los sistemas electorales europeos. Las elecciones de 2004 y 2008 han reproducido los patrones de mayorías minoritarias. Con una elevada competitividad electoral (4,5 puntos y 3,5 puntos respectivamente) la escasa diferencia entre PSOE y PP y la mayor concentración de votos y escaños entre estos dos primeros partidos en el Parlamento ha obligado en esas dos legislaturas a configurar un sistema de Tabla 12. Concentración de votos y escaños por partidos, 1977-2011

Elecciones

Dos primeros partidos

Otros partidos de ámbito nacional

Partidos nacionalistas y regionalistas

% votos

% escaños

% votos

% escaños

1977

63,7 (UCD+PSOE)

81,1 (UCD+PSOE)

17,5 (PCE+AP)

10,3 (PCE+AP)

18,8

8,6

1979

65,2 (UCD+PSOE)

82,6 (UCD+PSOE)

16,9 (PCE+AP)

9,5 (PCE+AP)

17,9

8,0

1982

74,5 (PSOE+AP)

88,3 (PSOE+AP)

12,0

6,9

1986

70,0 (PSOE+AP)

82,6 (PSOE+AP)

13,8 (CDS+IU)

7,4 (CDS+IU)

16,2

10,0

1989

65,4 (PSOE+PP)

80,6 (PSOE+PP)

17,0 (IU+CDS)

8,8 (IU+CDS)

17,6

10,6

1993

73,6 (PSOE+PP)

85,7 (PSOE+PP)

9,6 (IU)

5,1 (IU)

16,8

9,2

1996

76,4 (PP+PSOE)

84,9 (PP+PSOE)

10,5 (IU)

6,0 (IU)

13,1

9,1

2000

78,7 (PP+PSOE)

88,0 (PP+PSOE)

5,5 (IU)

2,3 (IU)

15,8

9,7

2004

80,3 (PSOE+PP)

89,1 (PSOE+PP)

9,5 (IU)

1,4 (IU)

10,2

9,5

2008

82,7 (PSOE+PP)

92,0 (PSOE+PP)

5,0 (IU+UPyD)

0,8 (IU+UPyD)

12,3

7,2

2011

73,3 (PP+PSOE)

84,6 ( PP+PSOE)

11,6 (IU+UPyD)

4,6 (IU+UPyD)

15,0

12,3

13,5 4,8 (UCD+PCE+CDS) (UCD+PCE+CDS)

Fuente: elaboración propia. Datos procedentes del Ministerio del Interior.

210

% votos % escaños


partidos que recuerda al de principios de los años noventa. No resulta paradójico, sin embargo, que los efectos del sistema electoral sobre el sistema de partidos sea singularmente acusado en las elecciones de 2004 y 2008. Debido a la ya mencionada concentración de la representación, el partido de ámbito nacional con apoyo territorialmente disperso, Izquierda Unida, ha sido desplazado de la Cámara. Esta simplificación del panorama ha estado propiciada también por el denominado «voto útil» al que se une el efecto desproporcional del sistema electoral sobre esta fuerza política. 4.2. La competitividad y la volatilidad electoral y parlamentaria El reflejo de estas cuestiones analizadas lo encontramos en el sistema de partidos resultante de los procesos electorales. Orientado hacia una bipolarización o más concretamente, hacia un sistema de «dos partidos y medio» consecuencia de una elevada concentración de votos en un número reducido de fuerzas políticas. El crecimiento paulatino de la distancia electoral entre los dos primeros partidos alcanza su máximo referente a principio de los años ochenta. Desde entonces estos niveles de competitividad inician un progresivo declive que culmina en las elecciones de 1996 cuando se reproduce el cambio en el formato de los gobiernos que se había iniciado tras las elecciones de 1993. Más exactamente, los índices de competitividad parlamentaria —siempre mayores que en su correlato electoral a lo largo de toda la serie analizada—, muestran las etapas de mayorías parlamentarias engendrando sistemas de partido predominante, con hegemonía del PSOE hasta las elecciones de 1989, con formación de gobiernos monocolores socialistas, y, por otro lado, el impasse que aconteció a principios de los años noventa con gobiernos de apoyo, tanto del PSOE como del PP, y de nuevo gobiernos monocolores del PP con distancias parlamentarias que tienden a aproximarse a las acontecidas a finales de la década de los ochenta. Las cifras cuantifican una competitividad parlamentaria baja por cuanto las distancias son grandes: 27.1 en 1982, 22.6 en 1986 y 19.4 en 1989. Una de las posibles argumentaciones a aplicar a raíz del análisis de estos niveles de competitividad se orienta hacia el seno de los partidos políticos. Las deficiencias de organización de la derecha española que tendieron a reducirse progresivamente tras el cambio de liderazgo en el partido y el paulatino aumento de representación de los partidos nacionalistas —fundamentalmente CiU— favorece el aumento de la competitividad entre dos los parti-

211


dos mayoritarios durante los años ochenta. Hasta las elecciones de 1989 no existen indicios de una alternancia política viable en la cámara baja y la etapa de mayoría absoluta del partido gobernante impulsó una dinámica política donde se redujo, durante tres legislaturas consecutivas, la importancia del Parlamento como institución. En las elecciones de 1993 el PSOE pierde por primera vez la mayoría absoluta y con ello su posición de hegemonía respecto al resto de los partidos con representación parlamentaria. Los resultados de estas elecciones legislativas suponen un cambio en el rumbo político y dan inicio a un modelo de sistema pluripartidista limitado y no polarizado, con mayores componentes de moderación. Una vez que se desintegró el CDS, el centro político no aparece absolutamente controlado por una sola fuerza a nivel estatal y esta situación genera una mayor fluidez del sistema tal y como se apreciará al analizar los niveles de volatilidad electoral. A pesar de que los resultados electorales de 1993 demuestran la relevancia del PSOE en la esfera política española al lograr imponerse sobre el PP, su ventaja se reduce considerablemente, tal y se desprende de los niveles de competitividad (electoral 4.0 y parlamentaria 5.1, frente al 14.0 y 19.4 respectivamente del año anterior). El PSOE no obtiene la mayoría absoluta que le había permitido gobernar en solitario durante los años ochenta y, en esta ocasión, necesita apoyo de fuerzas menores. Los pactos con los nacionalistas catalanes, con CiU, hacen posible que los socialistas mantengan su posición de partido gobernante aunque los riesgos de inestabilidad se acentúan gradualmente. Desde este momento el sistema de partido dominante se rompe y se inaugura un período de transición hacia un pluralismo moderado puro, se potencia el papel de los partidos de la oposición y se acentúa la competencia centrípeta. La alternancia del poder de 1996 —vemos como el orden de los partidos en la tabla 13 se invierte— fue el resultado de las séptimas elecciones legislativas españolas confirmándose por vez primera desde los años ochenta un cambio en la esfera del poder político. La victoria del PP sobre el PSOE no fue amplia, pues logra la mayoría simple de la representación en el Congreso y su distancia respecto al PSOE es de tan solo 1.3 en términos electorales y 4.3 en términos parlamentarios. Las elecciones legislativas de 2000 ofrecen una menor competencia entre los dos primeros partidos lo que arroja unos índices de competitividad electoral y parlamentaria mayores (10.3 y 16.6, respectivamente) y crecen las distancias entre los dos partidos. Las elecciones de 2004 y las siguientes de 2008 confirman un reajuste y una mayor competencia por los votos.

212


Tabla 13. Niveles de competitividad en elecciones legislativas (1977-2011)

Elecciones

Competitividad electoral Ce

Competitividad parlamentaria Cp

Diferencia Ce-Cp

1977

5.3 (UCD-PSOE)

13.7 (UCD-PSOE)

8.4

1979

4.5 (UCD-PSOE)

13.4 (UCD-PSOE)

8.9

1982

21.9 (PSOE-PP)

27.1 (PSOE-PP)

5.2

1986

18.3 (PSOE-PP)

22.6 (PSOE-PP)

4.3

1989

14.0 (PSOE-PP)

19.4 (PSOE-PP)

5.4

1993

4.0 (PSOE-PP)

5.1 (PSOE-PP)

1.1

1996

1.3 (PP-PSOE)

4.3 (PP-PSOE)

3.0

2000

10.3 (PP-PSOE)

16.6 (PP-PSOE)

6.3

2004

5.0 (PSOE-PP)

4.6 (PSOE-PP)

0.4

2008

4.0 (PSOE-PP)

4.3 (PSOE-PP)

0.3

2011

15.9 (PP-PSOE)

21.7 (PP-PSOE)

5.8


La competición electoral en 2011 se aborda en un escenario de certidumbre respecto a sus resultados, vinculado frecuentemente con la probabilidad de alternancia en el gobierno. Comparando con situaciones de similares características, la diferencia en porcentaje de votos entre el PP y el PSOE en 2011 alcanzó los quince puntos, superando en más de diez a los de las elecciones de la alternancia de 2004 y en cinco a los de las elecciones de 2000. Los niveles de concentración y fragmentación del voto que nos permiten observar en qué medida los ciudadanos han distribuido sus preferencias entre las formación políticas que compiten en el escenario electoral, se ha debilitado en 2011 pese a la mayoría absoluta del PP, afectando sobre el for-

213


mato del sistema de partidos. Los datos del índice del número efectivo de partidos son similares a los resultantes de las elecciones generales de 1993, cuando el PSOE obtiene una mayoría simple en el Congreso. Adicionalmente la volatilidad nos proporciona información acerca de la dimensión dinámica del comportamiento electoral. Los cambios de voto que se producen en elecciones consecutivas y que afectan al formato del sistema de partidos está íntimamente ligado con los cambios en las preferencias partidistas y los trasvases de voto que acontecen entre partidos del mismo o de diferente bloque ideológico. Es particularmente interesante comprobar hacia donde se dirigen los votos en caso de (des)aparición de partidos políticos, como lo fue para la UCD y el CDS en la década de los setenta y ochenta respectivamente. Y también controlar el efecto que produce los elevados niveles de competitividad resultan de gran interés. En las elecciones legislativas de 2000, los cambios de preferencias entre partidos de los dos bloques ideológicamente más distantes es grande (7.9), como lo fue también en las elecciones de 2004 (7.8). La particularidad que se desprende de estas elecciones legislativas es el incremento del cambio acontecido dentro de los bloques ideológicos del espacio de la izquierda y que cifra en 2.4 la volatilidad intrabloques. Tras las elecciones de 2011 el sistema bipartidista se ha debilitado por la entrada de 13 partidos a la cámara baja. Por otra parte, la inestabilidad del comportamiento electoral, medida a través de la volatilidad electoral, alcanza unas cotas que recuerdan a la experimentada a mediados de los años ochenta. Los cambios electorales netos que se han producido en el sistema de partidos debidos a las transferencias individuales de voto arrojan cifras acordes al formato del sistema de partidos resultante, y más directamente vinculados a la oferta de partidos. Si como ya hemos mencionado son numerosos los partidos políticos que obtienen representación tras las elecciones generales de 2011, más alta que en anteriores ocasiones ha sido también la probabilidad de que se hayan producido transferencias de electores de un partido a otro. Merece la pena en este sentido señalar que exceptuando las elecciones generales de 1982, en las que al menos un 40 por ciento de los electores cambio su opción partidistas respecto a las elecciones de 1979, en las elecciones de 2011 cerca de un 16 por ciento de electores ha modificado el sentido de su voto, y aún más estos cambios se han percibido con mayor rotundidad entre bloques ideológicos, es decir, prácticamente todos esos votantes fluctuantes lo han hecho cambiando su voto a partidos distantes ideológicamente hablando. La extraordinaria intensidad de las transferencias de voto ocurridas en las elecciones de

214


2011 ha conducido a un realineamiento de grandes proporciones por la fluidez del electorado manteniéndose prácticamente estables las ofertas partidistas. Pero la volatilidad también puede ser interpretada en términos de transferencias declaradas de los votantes. De ahí que se pueda cuantificar a través de los datos de las encuestas postelectorales los votantes que han modificado sus orientaciones partidistas en dos convocatorias consecutivas. Los motivos para cambiar pueden ser muy variados y en este momento no entramos a analizarlos, pero debemos de considerar en cualquier caso que el período inmediatamente anterior a la jornada electoral, la campaña electoral puede ser una etapa importante para lograr los cambios. Las campañas electorales engloban un conjunto muy diverso de actividades que realizan los partidos políticos encaminadas a lograr el refuerzo de las convicciones de sus votantes, activar las predisposiciones convenciendo a los indecisos y movilizando a los abstencionistas, además de influir sobre los electores para que modifiquen la orientación de su voto. Todo este proceso que está limitado en el tiempo desemboca en la votación para elegir a los gobernantes de manera que conlleva implícitamente la legitimación de cualquier sistema político. El éxito de una campaña puede ser medido por los índices de volatilidad que se desprenden de los resultados electorales. Las tasas de fidelidad hacia los partidos, la movilidad entre actores competidores, la desmovilización o movilización de los antiguos votantes y la orientación del voto del electorado que, por motivos de edad, accede por primera vez a las urnas son indicadores que Tabla 14. Niveles de volatilidad en las elecciones legislativas (1977-2011) Elecciones 1977-1979 1979-1982 1982-1986 1986-1989 1989-1993 1993-1996 1996-2000 2000-2004 2004-2008 2008-2011 Media

Volatilidad agregada (VT) 10,8 42,3 11,9 8,9 9,5 4,4 8,2 10,2 4,6 15,9 12,7

Volatilidad entrebloques (VB) 2,2 6,7 2,4 1,7 1,7 1,7 7,9 7,8 4,4 15,1 5,2

Volatilidad intrabloques (VIB) 8,6 35,6 9,5 7,2 7,8 2,7 0,3 2,4 0,2 0,8 7,5


215


Tabla 15. Desplazamientos del electorado en tres períodos electorales

Votantes leales Votantes transferidos Movilizados Desmovilizados Nuevos votantes (N)

1982

1993

2000

47,8 33,4 7,5 4,5 6,7 (3.876)

60,5 16,7 9,7 8,2 4,9 (4.167)

63,4 16,2 11,8 2,7 5,8 (3.509)

Fuente: los datos de 1982 tomados de Sani (1986: 8); los de 1993 proceden de Del Castillo y Delgado (1994:136) y para las elecciones de 2000 elaboración propia a partir de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (estudios n.o 2382 y 2384).

nos aproximan a la realidad electoral. De hecho la huida de los electores de algunos partidos hacia otros repercute seriamente en el resultado final. Los votantes continuos, los que dicen haber votado en dos elecciones consecutivas, son sin duda, casi siempre el grueso de los electores. Durante toda la década de los años noventa este grupo estaba conformado por más de ocho electores de entre diez. Y dentro de ellos los que mantienen una lealtad hacia su partido son la mayoría. En términos de anclajes partidistas la proporción de volatilidad, el flujo de entradas y salidas entre los partidos, en los años ochenta fue elevada. Los trasvases entre partidos se han estabilizado con el tiempo, si bien se debe recordar que las elecciones 1982 fueron las que mayores niveles de volatilidad total experimentaron como consecuencia de los realineamientos partidistas que acontecieron entonces.

4.3. La polarización ideológica del electorado y de los partidos Las preferencias de los votantes ofrecen más datos que refuerzan los argumentos extraídos de los análisis de los resultados electorales agregados. De ellos se ha desprendido cómo las orientaciones electorales se concentraban claramente en dos bloques ideológicos en los que durante algún tiempo imperó un partido centrista pero con escasa supervivencia. Si bien en términos generales el comportamiento de los electores españoles se ha caracterizado por su moderación ideológica, las opciones de los votantes se han concentrado en un partido de centro-derecha (la UCD) en los años setenta, seguidamente durante los años ochenta y principios de los noventa en un partido de centroizquierda (el PSOE), para dirigirse desde entonces hacia un partido de centro-

216


derecha (el PP). En todo caso, queda patente cómo durante todo este período el centro ideológico estaba presente en la mayoría de las preferencias de los electores. En los casos, que los ha habido, de presencia de posiciones extremas (fundamentalmente organizaciones antisistema de derecha, como fue la Unión Nacional en 1979, y la presencia del nacionalismo radical de izquierdas, con la presencia en el parlamento de HB desde 1979 hasta 1996), su debilitamiento ha ido parejo al devenir de los procesos electorales. En cualquier caso las ubicaciones medias a lo largo de todo el proceso democrático han oscilado desde el 4,4 de 1986 al 4,9 de 2000 (ver gráfico 2). Con ello se percibe la tendencia centrípeta del electorado, esto es, los electores tienden a ocupar mayoritariamente las posiciones centrales del espectro ideológico. Como se aprecia en el gráfico el número de ciudadanos que se ubican en cada una de las posiciones de la escala ha fluctuado en los últimos años a que hacen referencia los datos. En todo caso, es ilustrativo que en todo este período el grueso se ha concentrado siempre en las posiciones centrales (5-6) de la escala compartiendo espacio con el espacio más a la izquierda (3-4). Gráfico 2. Evolución de la distribución ideológica de los españoles (1996-2011)

Fuente: Elaboración propia. Los datos para 1979 y 1982 tomados de Montero (1994:83); para el resto, datos procedentes del Centro de Investigaciones Sociológicas.

217


Los espacios ideológicos que tradicionalmente controlaban los partidos relevantes tienden a carecer de una delimitación específica, y se alteran las distancias entre las formaciones mayoritarias. Entre pares de partidos ideológicamente cercanos como es el caso del PSOE e IU las distancias se acentúan como resultado de la orientación centrípeta que experimenta el PSOE quien, por otra parte, reduce su distancia respecto al PP. Lógicamente esta tendencia implica solapamientos de los espacios ideológicos, al pretender los partidos captar a un mayor número de electores. De ahí que, en los años noventa la competitividad entre los dos principales partidos se agudice. Desaparece la elevada distancia ideológica entre el partido del gobierno y los de la oposición, debilitándose la polarización del sistema de partidos y por ende el predominio de un partido, lo que podría generar tensiones graves para la estabilidad del sistema político (Sani y Shabad, 1986). La ubicación ideológica de los españoles en posiciones centrales y moderadas de la escala no permitían suponer a finales de los años noventa un traspaso entre las fronteras ideológicas de los partidos, aún a pesar de que los criterios programáticos perseguían la captación del segmento del electorado centristas situado respectivamente a ambos lados de estas formaciones. Lo que atendía a unas lógicas de competición electoral «norma-

Tabla 16. Niveles de polarización ideológica del sistema de partidos (1979-2000) Posiciones medias atribuidas a los partidos políticos UCD

PSOE

AP/PP

PCE/IU

CDS

(N)

Distancia*

1979

6,5

3,7

8,0

2,2

—

(5.439)

5,8

1982

6,2

3,5

8,5

1,8

5,7

(5.463)

6,7

1986

—

3,7

8,5

2,0

5,5

(6.573)

6,3

1989

—

4,2

8,2

2,2

6,0

(3.084)

6,0

1993

—

4,2

8,2

2,4

5,5

(1.448)

5,8

1996

—

4,5

7,9

2,5

—

(5.338)

5,4

2000

—

4,4

7,6

2,4

—

(24.011)

5,2

Media

6,3

4,0

8,1

2,2

5,6

—

5,9

* Distancia: calculada entre la mayor y la menor posición atribuida a los partidos. Fuente: elaboración propia con datos procedentes del Banco de Datos del CIS.

218


les» resultó, en las elecciones legislativas de 2000, un cambio en el sistema de partidos de grandes e inesperadas consecuencias políticas. La mayoría absoluta obtenida por el PP en marzo de 2000 transformó el formato del sistema imperante en las dos legislaturas precedentes configurando un sistema de partido predominante, con un partido mayoritario (PP), acompañado de dos partidos de ámbito nacional, uno de los cuáles había reducido significativamente su representación parlamentaria y por tanto con escasas posibilidades de actuación (IU sólo obtiene 8 escaños en el Congreso) y, con nueve fuerzas nacionalistas y regionalistas cuya representación supone el 9,7% del total de la cámara baja. Entre estas últimas CiU y PNV, que mantienen su presencia frente a otros menores con presencia inestable (BNG, PA, ERC, CHA). A diferencia del sistema que predominó desde las elecciones de 1982 hasta las de 1993, este nuevo formato traduce la consolidación del sistema político español permitiendo la alternancia en el poder político.

Tabla 17. Índices de distancia y superposición entre pares de partidos, 1979-2000 Índice de distancia

PSOE-UCD PSOE-AP/PP PSOE-PCE/IU UCD-AP UCD-PCE AP/PP-PCE/IU

1979

1982

1986

1993

1989

1993

1996

2000

0,22 0,34 0,13 0,12 0,35 0,47

0,18 0,34 0,15 0,16 0,33 0,49

— 0,38 0,11 — — 0,49

— 0,42 0,08 — — 0,51

— 0,35 0,11 — — 0,46

— 0,38 0,08 — — 0,46

— 0,34 0,20 — — 0,54

— 0,32 0,20 — — 0,52

Índice de superposición

PSOE-UCD PSOE-AP/PP PSOE-PCE/IU UCD-AP UCD-PCE AP/PP-PCE/IU

1979

1993

1996

2000

0,31 0,25 0,56 0,58 0,12 0,15

— 0,20 0,68 — — 0,11

— 0,28 0,39 — — 0,08

— 0,64 0,79 — — 0,58

Fuente: para 1979, 1982 elaboración propia a partir de datos de Montero (1997: 404); para el resto de los procesos electorales elaboración propia con datos procedentes del Centro de Investigaciones Sociológicas.

219


En 2010 la opinión pública demuestra a través de las encuestas un crecimiento del voto directo al PP a la vez que se detecta un importante deterioro de los apoyos sociales y electorales de los socialistas. La erosión de la popularidad del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, el notable y progresivo descenso en la intención directa de voto al PSOE, especialmente entre electores de la izquierda y la valoración de la gestión de la crisis económica fueron señales que enfocaban la atención hacia el debilidad del sustrato ideológico socialista. Y, la ideología no fue capaz de amortiguar el impacto de la economía sobre la supervivencia del Gobierno. La pérdida de fuerza del PSOE en la izquierda y el centro-izquierda venía percibiéndose ya desde los finales de los años noventa. Pero desde 2008, el PSOE pierde progresivamente el voto de los electores situados en todos los espacios ideológicos. Sorprende que cerca del 26 por ciento de los electores situados en la izquierda (categorías 3 y 4 de la escala ideológica) declaren abandonar su intención de votar al PSOE en 2011. Y que de un 50 por ciento de votantes socialistas en 2008 que se sitúan en posiciones de izquierda más extrema (categorías 1 y 2 de la escala) sólo un 38 por ciento manifieste su intención de volver a apoyar a este partido en 2011. Y así podríamos hacer los cálculos para todos los electores situados en cualquier posición de la escala ideológica. El desgaste en los apoyos electorales del PSOE ha sido intenso y a la par que equilibrado a nivel ideológico. En otro sentido, el avance del PP en esta década se loca-

Tabla 18. Evolución de la intención de voto según ideología (2008-2011) PSOE

PP

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Izquierda (1-2)

50,3

47,2

33,8

38,0

1,6

2,8

2,0

0,6

(3-4)

69,5

61,5

54,9

43,6

1,5

1,8

3,0

5,6

(5-6)

22,9

15,9

11,4

12,4

29,4

30,2

26,5

34,3

(7-8)

4,1

2,8

1,3

0,4

80,7

77,8

79,7

84,0

Derecha (9-10)

6,9

4,1

2,0

3,7

75,9

75,5

78,0

79,6

Fuente: Barómetros del CIS. Estudios 2761, 2798, 2834 y 2885.

220


liza en todas las categorías de la escala, siendo ésta menor —lógicamente— entre los votantes situados más a la izquierda (categorías 1 y 2 de la escala). También es cierto que el anclaje electoral ideológico ha sufrido fluctuaciones que planten, como en otras ocasiones, el surgimiento de nuevos realineamientos electorales.

4.4. Factores socioestructurales y comportamiento electoral Numerosos estudios sobre comportamiento electoral español han demostrado que las dos variables con mayor influencia a la hora de predecir el voto son el liderazgo y la ideología. Los resultados traducían que en el escenario electoral ni las posiciones de clase ni las orientaciones religiosas de los votantes eran cleavages que dividían las preferencias partidistas de los votantes (Montero y Gunther, 1994). Si bien el comportamiento de los españoles a finales de la década de los noventa ha sufrido variaciones en las que las clásicas variables discriminatorias del voto parecen ceder paso en un escenario de secularización a la religión y su práctica, se relacionan con los alineamientos de los votantes, definiendo la composición de los apoyos electorales de los dos partidos mayoritarios. El comportamiento de las élites partidistas en la configuración del sistema de partidos democráticos fue, en el caso español, un factor de peso con importancia decisiva en el desarrollo de las preferencias partidistas. Durante la transición, la necesidad de evitar una polarización partidista profunda contribuyó a una moderación de las posiciones políticas. Los partidos se forjaron más cercanos a la configuración de catch-all, absteniéndose de establecer fuertes vínculos institucionales, excepto en el caso de los partidos de la izquierda con los sindicatos. Se implantó por parte de todas las fuerzas una política de consenso con el fin de evitar caer en los errores ocurridos en la etapa política anterior. Aunque las lealtades partidistas de los votantes españoles podrían haberse debilitado por las relaciones consensuales de los líderes políticos, éste fue un elemento decisivo en el proceso de transición a la democracia. Así, hasta principios de los años ochenta en los análisis multivariables las imágenes de los líderes políticos son predictores con gran fuerza explicativa para determinar el comportamiento electoral español (Gunther, 1991). Además, los cleavages tradicionales jugaron un papel secundario a la hora de configurar las

221


preferencias electorales de los españoles, ya que las elites políticas fueron, en esta etapa, las artífices de adoptar estrategias electorales capaces de captar los votos de los diferentes sectores de la sociedad. De hecho, la composición de los votantes de los partidos en la primera etapa democrática es socialmente muy heterogénea y sus apoyos electorales apenas difieren en términos sociales. El estudio de Gunther y Montero (1994) sobre la influencia de los elementos socioestructurales en los anclajes de los partidos españoles determina la influencia que tienen los indicadores básicos de clase —estatus ocupacional, los ingresos y la dicotomía asalariado/autónomo— en el comportamiento electoral en la etapa democrática. Los resultados muestran cómo las elecciones españolas de 1982 produjeron una cristalización del voto mayor que en 1979. Se fortalece el apoyo electoral basado en las clases sociales en los principales partidos políticos. Incluso se descubre que en el caso de Alianza Popular, la polarización de clase era mucho mayor que la que separaba a los partidos laborista y conservador en Gran Bretaña. Además el colapso de la UCD en 1982, y el aumento del apoyo electoral hacia AP produjo que la polarización de clase en el electorado se acentuara más, afectando al sistema de partidos quien contenía una clara diferenciación partidista en función de variables de clase social. AP y PCE se situaban dentro del grupo de partidos de Europa occidental en las que las raíces socioestructurales eran más profundas. Si en las elecciones legislativas de 1979 la pertenencia a los sindicatos y la religiosidad fueron factores que tuvieron alguna relación significativa con el voto —aunque su incidencia fue secundaria (Gunther, 1991)—, en las elecciones de 1982 estos elementos redujeron significativamente su influencia a la hora de predecir el comportamiento electoral. Entre las explicaciones que se han argumentado destacan la débil penetración de las organizaciones sindicales a principios de los ochenta, así como la reducción de la influencia de la Iglesia en la política. No sólo disminuye la práctica religiosa entre los españoles, sino que mayoritariamente los ciudadanos consideraban impropio que la Iglesia interviniera en los asuntos políticos35.

35

Una encuesta llevada a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas en 1984, muestra como sólo el 17% de los españoles está de acuerdo con que «la Iglesia debería apoyar en las elecciones a los candidatos y a los partidos que defiendan sus ideas e intereses», mientras que el 63% no comparte esta idea. De la misma forma, un 67% de españoles no aceptaba el hecho de que «la Iglesia debería participar activamente en política para fomentar la moralidad de la vida pública».

222


La clase social explicaba en 1982 más de un tercio del voto en los casos de AP y PCE. Mientras que el conjunto de las variables de clase tenían una «fuerza moderada» a finales de los años setenta y a principios de los ochenta, la identificación de clase subjetiva sólo tuvo un débil impacto en España en las elecciones de 1993. Hasta entonces, según Gunther y Montero, el partidismo español contenía fuertes anclajes socioestructurales, lo que concuerda con los niveles de volatilidad entrebloques que se alcanzan en este período electoral. En su análisis multivariable en el que contrastan los partidos políticos (UCD frente a PSOE en 1979; y AP/PP frente a PSOE en 1982 y 1993) se descubre como todas las variables de clase aportan para la explicación del voto un 0,23 en 1979; un 0,36 en 1982, y este valor se reduce al 0,18 en las elecciones de 1993. Ello es percibido por los autores como una muestra de la erosión que experimentan las bases socioestructurales de los partidos políticos. Factores como el enfrentamiento y la separación del PSOE de su sindicato aliado, la UGT; la adopción por parte del gobierno socialista de políticas fiscales y monetarias moderadas; el temor al desempleo extendido entre toda la sociedad española; y la entrada de nuevas cohortes de votantes fueron, entre otros, elementos que potenciaron la debilidad en la relación entre los factores socioestructurales y el partidismo36. Estudios posteriores han demostrado sin embargo, la emergencia en los años noventa del voto de clase, alterando la composición social de los apoyos electorales de los dos principales partidos (Torcal y Chhibber, 1995). En 1986 se corrobora ya la escasa incidencia de los cleavages sociales en las preferencias sociales del electorado, siendo el liderazgo el elemento que destaca por tener la mayor fuerza predictora en el voto (Justel, 1992). A partir de 1989, las políticas fiscal y redistributiva adoptadas por el gobierno, junto con las nuevas estrategias puestas en práctica por el PP, se reconocen como elementos influyentes en la relación clase social y voto. Incluso controlando la incidencia de variables como la ideología y el liderazgo —que aún se mantienen con fuerza—, la clase social emerge como variable definitoria de los apoyos electorales. En los años noventa el PSOE deja de recibir el apoyo de 36

Según loa autores, el contenido ideológico asociado a los términos de derecha e izquierda, afecta a las imágenes político-partidistas y, más concretamente, permiten a los electores diferenciar las posiciones y la competencia que se establece entre el PSOE y el PP. De esta forma, la identificación ideológica va a actuar como mecanismo sustitutivo de los anclajes socioestructurales, tesis que posteriormente será discutida por otros autores.

223


todos los sectores sociales, desapareciendo su composición social heterogénea y convirtiendo a la clase social en una variable decisoria de la competición electoral (Torcal y Chhibber, 1995). Ya no se puede entender la clase social como el «conflicto» sino más bien se ha producido una transformación de la dinámica clasista desde un modelo bipolar —contradicción capital y trabajo— hacia un modelo multipolar, donde la entrada de las nuevas clases medias junto con otros grupos sociales alteran su tradicional dicotomía (González, 1996). Las sociedades postindustriales modifican la naturaleza y el alcance del fenómeno clasista. El Estado del Bienestar ofrece a los partidos la posibilidad de contener las desigualdades sociales y los efectos de las depresiones en los ciclos económicos (Espín-Andersen, 1990; Merkel, 1995). En realidad, los alineamientos «clasistas» no están reñidos con la experiencia política del presente, sino que su mayor o menor incidencia viene determinada por la correlación de fuerzas en cada momento político. Traducida esta realidad a la competición partidista, se debe tomar en consideración, en términos electorales, las variables que actúan del lado de la oferta política y más concretamente las políticas gubernamentales. Los programas que presentaron los dos principales partidos políticos en 1989 ya diferían significativamente de los anteriores y se centraban en los temas económicos y fiscales. Este ha sido el factor que hizo que el PSOE se moviera hacia la izquierda del espectro político, dejando que el PP, tras su cambio de imagen, optara por captar el voto del centro que hasta entonces había proporcionado el éxito al PSOE, además de moderar sus posiciones ideológicas. Junto a estas estrategias partidistas, el gobierno socialista trató de poner en marcha medidas que favorecían a los pensionistas y desempleados y que contribuyeron a la «decepción» de sectores de las clases medias y altas que hasta entonces habían apoyado al partido del gobierno (Torcal y Chhubbert, 1995). Si el perfil del votante de PSOE en 1982, es de un individuo urbano, joven e ilustrado, en 1993 éste se caracteriza por ser rural, viejo y de bajo nivel educativo. Se desplaza su composición hacia las «clases pasivas» de jubilados y de amas de casa (González, 1996). Los rasgos sociodemográficos de los votantes del PSOE y de AP-PDP en 1982 contrastaban significativamente. El electorado del PSOE reflejaba, en fuerte medida, la estratificación de la sociedad española, y lo hace en clara oposición al electorado de APPDP, que se manifiesta como un partido de clases más altas y con mayores

224


ingresos (Puhle, 1986). Los electores del PSOE que se consideran de clase alta y media alta representan un escaso 5 por ciento, mientras que el 70 por ciento se califica como clase trabajadora. Respecto a los datos de 1979, en 1982 se detecta un ligero desplazamiento en términos de clase social subjetiva, reduciéndose el porcentaje de aquellos que manifiestan ser de clase alta y clase media: del 8 por ciento que en 1979 se consideraban de clase alta y de clase media-alta, pasan al 5 por ciento en 1982; y del 21 por ciento de clase media y media-baja en 1979 se aumenta hasta el 25 por ciento en 1982. Otros rasgos evidencian que el PSOE ha sido un partido tradicional de los trabajadores y que representaba a esta clase, sin embargo se extiende a otros grupos, sobre todo a los empleados por cuenta ajena, también a los de quienes no ejercen una actividad remunerada. La composición en 1982 del electorado socialistas permite percibir las cuotas del colectivo de amas de casa —el 32 por ciento— y de los jubilados —10 por ciento—, lo que se corresponde con el promedio español; por otra parte, los estudiantes están ligeramente infrarrepresentados, mientras que los parados están levemente sobrerrepresentados. En definitiva, el electorado socialista ya en los años ochenta era muy heterogéneo (Puhle, 1986). Los perfiles que se desprenden de la composición del electorado de las dos convocatorias de los años noventa permiten detectar composiciones muy diferentes en lo que se refiere al electorado del PP y del PSOE. Los votantes del PSOE se caracterizan por ser un grupo social que no habita en las grandes ciudades, sino que se concentra principalmente en ciudades intermedias. El grupo social de edades más avanzadas y jubilados continúa siendo un valuarte del voto socialista. Aunque los parados ya eran un segmento social típicamente socialista, su incremento respecto a la composición del PP es de más de 4 puntos porcentuales frente a una significativa pérdida del grupo de estudiantes que tenía en 1993. A pesar de que en 1996 el PP logra captar a un mayor porcentaje de jóvenes, en 1996 y 2000 no ha sido determinante. Si bien la edad es una variable significativa en lo que respecta a determinar los grupos con mayores tasas de abstención (los jóvenes) frente a los menores (los mayores), en sentido inversamente proporcional, no se detectan grandes diferencias entre los dos principales partidos. Tan sólo se percibe una mayor concentración de votantes de más edad entre los apoyos del PP. Pero quizá resulta más característico e influyente en términos de clase social lo referente a la ocupación e indirectamente al nivel de estudios. El

225


electorado más culto del PP refleja su composición ocupacional concentrándose entre el grupo de empresarios, propietarios, profesionales por cuenta ajena y técnicos. Frente a ellos, la composición socialista engloba mayoritariamente a trabajadores cualificados, trabajadores agrícolas y personal de servicios. Incluso a finales de los años noventa y en el presente siglo, las variables de clase social son elementos indiscutibles de los alineamientos electorales, aún a pesar de los profundos y continuos cambios que han acontecido con el devenir del tiempo. Actualmente, el PP continúa captando en mayor medida sus votantes entre las clases más favorecidas frente a un electorado socialista con mayores apoyos sociales entre la clase trabajadora manual (cualificada y no cualificada). En este escenario baste recordar la moderación ideológica de la sociedad española que se proyecta también en las distintas subculturas partidistas. La configuración bipolar del sistema de partidos incentiva la competencia electoral de naturaleza centrípeta en línea con la ausencia de un gran partido de centro y con la distribución mayoritaria de las preferencias ideológicas de los españoles.

BIBLIOGRAFÍA AARTS, K. y VAN DER KOLK, H. (1998): The design of the Dutch parliamentary election study, Paper presentado en el Annual Meeting of the American Political Science Association, Boston. ABRAMSON, P. R. y ALDRICH, J. H. (1982): «The decline of electoral participation in America», American Political Science Review, 70:469-478. ABRAMSON, P. R. y OSTROM, C. W. (1991): «Macropartisanship: an empirical reassessment», American Political Science Review, 85:181-192. ALLART, E. (1964): «Social sources of Finnish communism: traditional and emerging radicalism», International Journal of Comparative Sociology, 5 (1):49-72. ALT, J. E. (1984): «Dealignment and the dynamics of partisanship in Britain», en R. J. DALTON et al. (eds.): Electoral change in Advanced Industrial Democracies, Princeton: Princeton University Press. ARIAN Y WEISS (1969): «Split-ticket voting in Israel», Western Political Quarterly, 24: 375-389.

226


ASCHER, W. y TARROW, S. (1975): «The stability of communist electorates: evidence from a longitudinal analysis of French und Italian aggregate data», American Journal of Political Science, 19 (3):475-499. BARBAGLI, M. (1979): Fluidità elettorale e classi sociali in Italia, Bolonia: Il Mulino. BARNES, S. H.; JENNINGS, M. K.; INGLEHART, R. y FARAH, B. (1988): «Party identification und party closeness in comparative perspective», Political Behaviour, 10: 215-231. BARTOLINI, S. (1983): «The European left since Worid War l: size, composition and patterns of electoral development», en H. Daalder y P. Mair (eds.) Western European Party Systems, Londres: Sage. BARTOLINI, S. y MAIR, P. (1990): Identity competition und electoral availability. The stabilisation of European electorates, Cambridge: Cambridge University Press. BEALEY, F.; BLONDEL, J. y MCCANN, W. J. (1965): Constituency politics, Londres: Faber and Faber. BEAN, C. (1993): «The electoral influence of party leader images in Australia und New Zealand», Comparative Political Studies, 26:111-132. BECK, P. A. (1974): «Environment und party: the impact of political and demographic county characteristics on party behavior», American Political Science Review, 68 (1):229-1.244. BERELSON, B. R.; LAZARSFELD, P. y MCPHEE, W. N. (1954): Voting: a study of opinion formation in a presidential campaign, Chicago: Chicago Uníversity Press. BIRCH, A. H. (1959): Small Town Politics, Oxford: Oxford University Press. BRODY, R. A. y ROTHENBERG, L. S. (1988): «The instability of partisanship: an analysis of the 1980 presidential election», British Joumal of Political Science, 18:45-465. BUDGE, I. FARLIE, D. y LAVER, M. (1983): «What is a “rational” choice? Shifts of meaning within explanations of voting und party competition”, Electoral Studies, 2 (1): 23-38. BUDGE, I. y FARLLE, D. (1982): Explaining and predicting elections: strategies, issues and outcomes in twenty-two démocracies, Londres: Allen & Unwin. BUTLER, D. y STOKES, D. (1974): Political Change in Britain Londres: Macmillan. CAMPBELL, A. y VALEN, H. (1964): «Party identification in Norway und the United States», en A. Campbell et al., Elections und the political arder, Nueva York: Wiley.

227


CAMPBELL, A.; GURIN, G. y MILLER, W. E. (1954): The Voter decides, Evanston: Row Peterson. CARMINES, E. G.; MCLVER, J. P. y STIMSON, J. A. (1987): «Unrealized partisanship: a theory of realignment», Journal of Politics, 49:376-400. CHHIBBER, P. y KOLLMAN, K. (1996): Party aggregation and number of parties in India and the United States. Annual meeting of the American Political Science Association, San Francisco, 28-31 Agosto. CLARKE, H. D.; STEWART, M. y ZUK, G. (1986): «Politics, economics and party popularity in Britain, 1979-1983», Electoral Studies, 5 (2):123-141. COLOMER, J. M. (1991): El arte de la manipulación política, Barcelona: Anagrama. CONOVER, P.; FELDMAN, S. y KNIGHT, K. (1986): «Judging inflation and unemployment: the origins of retrospective evaluations», Journal of Politics, 48 (3):565-588. CONVERSE, P. E. (1969): «Of time and partisan stability», Comparative Politics Studies, 2:139-171. CONVERSE, P. E. (1976): The dynamics of party support: cohort analyzing party identification, Beverly Hills: Sage. CONVERSE, P. E. y PIERCE, R. (1985): «Measuring partisanship», Political Methodology, 11, 143-166. CONVERSE, P. E. y PIERCE, R. (1985): «Measuring partisanship», Political Methodology, 11:143-166. CONWAY, M. M. (1991): Political participation in the United States, Washington: Congressional Quarterly. COX, G. W. (1997): Making votes count: strategic coordination in the World’s electoral systems, Cambridge: Cambridge University Press. CRESPI, L. P. (1952): «America’s interest in German survey research», en Institut zur Förderung öffentlicher Angelegenheiten (ed.) Frankfurt: Frankfurt am Main. CREWE, I. (1982): «Electoral participation», en D. Butler, H. Penniman y H. Ranney (eds.) Democracy at the polls, Washington, DC: Ameritan Enterprise Institute. CREWE, I. (1985): «Great Britain» en I. CREWE y D. DENVER (eds.): Electoral change in Western Democracies, Londres: Croom Helm. CREWE, I. (1986): «On the death and resurrection of class voting: some comments on “How Britain votes”», Political Studies XXXIV: 620-638.

228


CREWE, I.; ALT, J. y SARLVIK, B. (1977): «Partisan dealignment in Britain 1964-1974», British Journal of Political Science, 7:129-190. CURTICE, J.; HEATH, A. y JOWELL, R. (1999): The design of the British election study: a history and an evaluation, Paper presentado en la National Election Studies Conference, Biblioteca del Mulino, Bolonia, Italia. DAALDER, H. (1983): «The comparative study of European parties und party systems: an overview», en H. Daalder y P. Mair (eds.) Western European Party Systems, Londres: Sage. DAHL, R. A. (1960): «The analysis of influence in local communities», en C. R. Adrian (ed.) Social Science and Community Action, Michigan: Michigan University Press. DAHL, R. A. (1992): Democracy and its critics, New Haven: Yale University Press. DALTON, R. J. y WATTENBERG, M. (eds.) (2000): Parties without partisans: political change in advanced industrial democracies, Oxford: Oxford University Press. DALTON, R. J., FLANAGAN, S. C. y ALLEN BECK, P. (eds.) (1984): Electoral change in advanced industrial democracies: realignment or dealignment?, Princeton: Princeton University Press. DENVER, D. (1985): «Conclusion», en I. Crewe y D. Denver (comps.): Electoral change in Western democracies. Patterns and sources of electoral volatility, Londres: Croom Helm. DOGAN, M. (1967): «Political change and social stratification in France and Italy», en S. M. Lipset y S. Rokkan (eds.) Party system and voter alignments, Nueva York: Free Press. DOGAN, M. y ROKKAN, S. (1969): Quantitative ecological analysis, Cambridge: Cambridge University Press. DOWNS, A. (1957): An Economic Theory of Democracy, Nueva York: Harper & Row. ECKSTEIN, H. (1966b): A theory of stable democracy, Princeton: Princeton University Press. EULAU, H. y LEWIS-BECK, M. (1988): Economic conditions and electoral outcomes: the United States and Western Europe, New York: Agathon. EVANS, G. (ed.) (1999): The end of class politics? Class voting in comparative perspective, Oxford: Oxford University Press.

229


FIORINA, M. (1981): Retrospective voting in American National elections, New Haven: Yale University Press. FIORINA, M. P. (1981): Retrospective voting in American national elections, New Haven: Yale University Press. FRANKLIN, C. H. y JACKSON, J. E. (1983): «The dynamics of party identification», American Political Science Review, 77:957-973. FRANKLIN, M. (1984): «Issue preferences, socialization and the evaluation of party identification», American Journal of Political Science, 28:459-475. FRANKLIN, M. (1985): The decline of class voting in Britain, Oxford: Clarendon Press. FRANKLIN, M.; MACKIE, T. y VALEN, H. (ed.) (1992): Electoral change: responses to evolving social and attitudinal structures in Western countries, Nueva York: Cambridge University Press. FRY, V. y MCLEAN, I. (1991): «A note on Rose’s proportionality index», Electoral Studies, 10, 52-59. FUCHS, D. y KLINGEMANN, H. D. (1990): «The left-right schema», en M. Kent Jennings y J. W. van Deth et al., Continuities in political action: a longitudinal study of political orientations in three Westem democracies, Berlin/Nueva York: De Gruyter. GALLAGHER, M. (1991): «Proportionality, Disproportionality and Electoral Systems», en Electoral Studies, 10:33-51. GOODSON, L. P. (1996): «Electoral systems and party systems in Third Wave democracies». Annual meeting of the American Political Science Association, San Francisco, 28-31 Agosto. GOPOIAN, J. D. y YANTEK, T. (1988): «Cross-pressured economic voting in America: the 1984 election», Political Behaviour, 10, 1: 37-51. GREEN, D. P. y PALMQUIST, B. (1990): «Of artifacts and partisan instability», American Journal of Political Science, 34:57-74. HALLEBERG, M. y VON HAGEN, J. (1996): «Electoral institutions, cabinet negotiations and budget deficits within the European Union». Annual meeting of the American Political Science Association, San Francisco, 28-31 Agosto. HEATH, A. y PIERCE, P. (1992): «It was party identification all along: question order effects on reports on party identification in Britain”, Electoral Studies, 11:93-105. HEATH, A.; JOWELL, R. y CURTICE, J. (1988): «Class dealignment and the explanation of political change: a reply to Dunleavy», en West European Politics, 11: 146-148.

230


HEATH, A.; JOWELL, R.; CURTICE, J.; FIELD, J. y WITHERSPOON, S. (1991): Understanding political change: the British voter 1964-1987, Oxford: Pergamon. HOLMBERG, S. (1994): «Election studies the Swedish way», European Journal of Political Research, 25:309-322. INGLEHART, R. (1979): The silent revolution: changing values and political styles among western publics, Princeton: Princeton University Press. INGLEHART, R. y BARBIER, J. R. (1986): «Political realignment in advanced insdustrial society: from class-based politics to quality-of-life politics», Government and Opposition, 21:456-479. IRVINE, W. P. (1988): «Measuring the effects of regionalism», Electoral Studies, 7, 15-26. JACKSON, J. E. (1975): «Issues, party choices and presidential voting», American Journal of Political Science, 19:161-186. JACKSON, J. E. (1975): «Issues, party choices and presidential votes», American Journal of Political Science, 19:161-185. JASIEWICZ, K. (1996): «The enfranchised, the re-enfranchised and self-disenfranchised: the politics of electoral reforms in post-communist Poland». Annual meeting of the American Political Science Association, San Francisco, 28-31 Agosto. KAASE, M. (1976): «Party identification and voting behaviour in the West German election of 1969», en I. Budge, I. Crewe y D. Farlle (eds.) Party identification and beyond: representations of voting and party competition, Londres: Wiley. KAASE, M. y KLINGEMANN, H. D. (1994): «Electoral research in the Federal Republic of Germany», European Journal of Political Research, 25, 3: 343-366. KATZ, R. (1980): A theory of parties and electoral systems, Baltimor: Johns Hopkins University Press. KATZ, R. (1985): «Measuring party identification with Eurobarometer data: a warning note», West European Politics, 8:104-108. KEITH, B. E.; MAGELBY, D. R.; NELSON, C. J.; ORR, E.; WESTLYE, M. y WOLFINGER, R. E. (1986): «The partisan identificación of independiente “leaners”», British Journal of Political Science, 16:155-186. KEY, V. O. y KUNGER, F. (1959): «Social determinism and electoral decision: the case of Indiana» en E. Burdick y A. J. Brodbeck (eds.) American voter Behavoir, Glencor: Free Press.

231


KIEWIET, D. R. (1983): Macroeconomics and micropolitics, Chicago: University of Chicago Press. KINDER, D. y KIEWIET, D. R. (1979): «Economic discontent and political behaviour: the role of personal grievances and collective economic judgements in congressional voting», American Journal of Political Science, 23:495-527. KIRCHHELMER, O. (1966): «The transformation of Western European party systems», en J. La Palombara y M. Weiner (eds.) Political parties and political development, Princeton: Princeton Uníversity Press. KNUTSEN, O. (1988): «The impact of structural and ideological party cleavages in West European democracies: a comparative empirical analysis», British Journal of Political Science, 18:323-352. LAAKSO, M. y TAAGEPERA, R. (1979): «Effective number of parties. A measure with application to West Europe» Comparative Political Studies, 12. LAPONCE, J. A. (1981): Left and right. The topography of political perceptions, Toronto: Uníversity of Toronto Press. LAZARSFELD, P.F.; BERELSON, B. R. y GAUDET, H. (1944): The people’s choice, Nueva York: Columbia University Press. LEWIS-BECK, M. (1988): «Economics and the American voter: past, present, future», Political Behaviour, 10(19):5-21. LIJPHART, A. (1986): «Degrees of proportionality of propportional representation formulas», en B. Grofman y A. Lijphart (eds.) Electoral laws and their political consequences, Nueva York: Agathon. LIJPHART, A. (1987): Las democracias contemporáneas, Barcelona: Ariel. LIJPHART, A. (1994): Electoral systems and party systems, Oxford: Oxford University Press. LIPSET, S. M. (1960): Political Man, Londres: Heinemann (Edición en castellano, El hombre político, 1981). LIPSET, S. M. y ROKKAN, S. (1967): Party system and voter alignments: cross national perspectives, Nueva York: Free Press. LOOSEMORE, J. y HANBY, V. J. (1971): «The theoretical limits of maximun distortion: some analytic expressions for electoral systems», British Journal of Political Science, 1, 467-477.

232


MARKUS, G. B. (1979): «The political environment and the dynamics of public attitudes: a panel study», American Journal of Political Science, 23:338-359. MATTEI, F. y NIEMI, R. G. (1991): «Unrealized partisans, realized independents and the intergenerational transmission of partisan identification», Journal of Politics, 53:161-174. MERRIAM, C. E. y GOSNELL, H. F. (1924): Non-voting, Chicago: University of Chicago Press. MILBRATH, L. W. y GOEL, M. L. (1977): Political participation. How and why do people get involved in politics?, Chicago: Rand McNally. MILDER, D. N. (1974): «Definitions and measures of the degree of macro-level party competition in multiparty systems», Comparative Political Studies, 6, 431-456. MILLER, A. y WATTENBERG, M. P. (1984): «Throwing the rascals out: policy and performance evaluations of presidential candidates, 1952-1980», American Political Science Review, 78:359-372. MILLER, W. E. (1991): «Party identification, realignment and party voting: back to the basics», American Political Science Review, 85:557-568. MILLER, W. E. (1992): «Generational changes and party identification», Political Behavior, 14:333-360. MILLER, W. E. (1994): «An organizational history of the intellectual origins of the American National Elections Studies», European Journal of Political Research, 25: 247-266. MILLER, W. E. (2001): «Comportamiento político: lo viejo y lo nuevo», en R. Goodin y H. D. Klingemann (eds.) Nuevo Manual de ciencia política, Madrid: Istmo. MILNE, R. S. y MACKENZIE, H. C. (1954): Straight Fight, Londres: Hansard Society. MILNE, R. S. y MACKENZIE, H. C. (1958): Marginal Seat, Londres: Hansard Society. MOLINAR, J. (1991): «Counting the number of parties: an alternative index», American Political Science Review, 85: 1383-1391. MONTERO, J. R. (1997): «Elecciones en España», en R. DEL ÁGUILA (ed.): Manual de Ciencia Política, Madrid: Trotta. MONTERO, J. R. y PALLARÉS, F. (1992): Los estudios electorales en España: un balance bibliográfico (1977-1991), Working Paper/49, Barcelona: ICPS. MORLAN (1984): «Municipal vs. national election voter turnout: Europe and the United States», Political Science Quarterly, 99:457-470.

233


MOSER, R. G. (1996): The impact of the electoral system on post-communist party development: a comparison of the 1993 and 1995 Russian parliamentary elections. Annual meeting of the American Political Science Association, San Francisco, 28-31 Agosto. NAGEL, J.H. (1987): Participation, Englewood: Prentice-Hall. NIEUWEERTA, P. (1995): The democratic class struggle in twenty countries, 1945-1990, Amsterdam: Thesis. PAGE, B. I. y JONES, C. C. (1979): «Reciprocal effects of policy preferences, party loyalties und the vote», American Political Science Review, 73:1071-1089. PALDAM, M. (1981): «A preliminary survey of the series and findings on vote and popularity functions», European Journal of Political Research, 9:181-199. PATEMAN, C. (1970). Participation and democratic theory, Cambridge: Cambridge Uníversity Press. PEDERSEN, M. (1978): «La misurazione del mutamento nei sustemi partitici: una critica», Rivista Italiana di Scienza Politica, 8:243-261. PEDERSEN, M. (1980): «On measuring party system changa: a methodological critique and a suggestion», Comparative Political Studies, 12 (4):387-403. PEDERSEN, M. (1983): «Changing patterns of electoral volatility in European party systems, 1948-1977: explorations in explanation», en H. Daalder y P. Mair (eds.) Westem. POWELL, G. B. (1980): «Voting turnout in thirty democracies», en R. Rose (ed.) Electoral participation, Londres: Sage. POWELL, G. B. (1986): «American voter turnout in comparative perspective», American Political Science Review, 80 (1):17-43. PROTHRO, J. y MATTHEWS, R. (1966): Negroes and the New Southern Politics, Chapel Hill: University of North Carolina. PRZEWORSKI, A. (1975): «Institutionalization of voting patterns, or is mobilization the source of decay?», American Political Science Review, 69 (1):49-67. PULZER, P. (1967): Political Representation and Elections Londres: Allen and Unwin. RAE, D. W. (1967): The political consequences of electoral laws, New Haven: Yale University Press. RANNEY, A. (1983): «Non-voting is not social disease», Public Opinion, 16-19.

234


ROKKAN, S. (1970): Citizens, elections and Parties, Oslo: Oslo University Press. ROKKAN, S. y VALEN, H. (1962): «The mobilization of the peripherry: data on turnout, memebership and candidate recruitment in Norway», en S. Rokkan (ed.) Approaches to the study of political participation, Bergen: Michelsen Institute. RONIS, D. L.; YATES, J. F. y KIRSCHT, J. P. (1989): «Attitudes, decisions and habits as determinants of repeated behavior», en R. P. Breckler, J. Steven y A. G. Greenwald (eds.) Attitude, structure and function, Hillsdale: Lawrence Eribaum Associates. ROSE, R. (1974): Electoral behaviour: a comparative handbook, Nueva York: Free Press. ROSE, R. y MCALLISTER, I. (1986): Voters begin to choose, Londres: Sage. SANI, G. (1986): «Los desplazamientos del electorado», en J. J. LINZ y J. R. MONTERO (comps.): Crisis y cambio: electores y partidos en la España de los años ochenta, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. SANI, G. y SHABAD, G. (1986): «¿Adversarios o competidores?: la polarización del electorado», en J. J. LINZ y J. R. MONTERO (comps.): Crisis y cambio: electores y partidos en la España de los años ochenta, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. SARLVICK, B. y CREWE, I. (1983): Decade of Dealignment, Cambridge: Cambridgde University Press. SARTORI, G. (1980): Partidos y sistemas de partidos. Marco para un análisis, Madrid: Alianza. SCHMITT, H. (1999): German National Election Studies, Paper presentado en la National Election Studies Conference, Biblioteca del Mulino, Bolonia, Italia. SEIDELMAN, R. (1985): Disenchanted Realists: political sicence and the American crisis, 1884-1984, New York: State University. SMITH, E. (1980): «The levels of conceptualization: false measures of ideological sophistication», American Political Science Review, 74:685-696. SULLIVAN, J. L.; PIERSON, J. E. y MARCUS, G. E. (1976): «Ideological constraints in the mass public: a methodological critique and some new findings», American Journal of Political Science, 22:250-269. TAAGEPERA, R. (1997): «Effective number of parties for imcomplete data», Electoral Studies, 16, 2:145-151.

235


TAAGEPERA, R. (1999a): «Supplementing the effective number of parties», Electoral Studies, 18: 497-504. TAAGEPERA, R. (1999b): «The number of parties as a function of heterogeneity and electoral system», Comparative Political Studies, 32, 5:531-548. TAAGEPERA, R. y SHUGART, S. (1989): Seats and votes. The effects and determinants of electoral systems, New Haven: Yale University Press. VALEN, H. (1999): Elections studies in Norway, Paper presentado en la National Election Studies Conference, Biblioteca del Mulino, Bolonia, Italia. VALLÉS, J. M.a (1978): «Sobre la sociología electoral en España: un balance provisional», en Estudis electorals /1, Barcelona: Jaume Bofill. VAN DER EIJK, C. y NIEMÖLLER, K. (1994): «Election studies in the Netherlands: pluralism and accommodation», en European Journal of Political Research, 25, 3:323-342. VAN DER EIJK, C. y SCHMITT, H. (1991): «The role of the Eurobarometer in the study of European elections and the development of comparative electoral research», en K. REIF y R. INGLEHART (eds.): Eurobarometer: the dynamics of European public opinion. Essays in honour of Jacques-René Barbier, Londres: MacMillan. VERBA, S.; NIE, N. H. y KIM, J. (1978): Participatian and political aquality. A seven nation companisom. Cambridge: Cambbridge University Press.

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Tema 6

La participacion electoral Irene Delgado

1. Aproximación al estudio de la participación electoral. 2. Niveles de participación electoral en las elecciones generales (1977-2011). 3. La participación en elecciones municipales y autonómicas (1979-2012). 3.1. Coyuntura política y participación electoral municipal. 3.2. La dimensión territorial de las elecciones municipales. 3.3. La participación en las elecciones autonómicas en España (1983-2012). 3.4. El factor «aislamiento» en el calendario electoral. 4. La participación en las elecciones al Parlamento Europeo. 4.1. Las elecciones europeas en el contexto español: evolución de los niveles de participación electoral. Bibliografía.

1. APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL Las elecciones son indudablemente el mecanismo más empleado en las democracias occidentales para emitir juicios valorativos sobre la política. Estos procesos constituyen una modalidad entre otras actividades, hoy en día muy numerosas, que existen para participar en política e influir en las decisiones gubernamentales (Verba, Nie y Kim, 1978: 46; Manin, 1998: 215). Consecuentemente el término participación electoral se utiliza como sinónimo de votar, fruto de la relevancia de los procesos electorales dentro de las democracias representativas. El voto es una acción política que se encuadra dentro de las formas convencionales de participación derivada del reconocimiento del derecho de todos los ciudadanos a intervenir en política y los grados e intensidad de esta modalidad de participación difiere según el tipo de consulta a que hagan referencia, así como en el nivel territorial donde se efectúen. La participación total es un ideal inalcanzable, tanto en su vertiente electoral como la relativa a otras formas de acción políticas (Justel, 1995: 3) de ahí que el problema a resolver se centre en el significado que aquella pueda tener (Rose, 1980: 1). Dentro del contexto democrático un cierto grado de participación electoral es necesario para asegurar la competición entre los actores políticos, pero una elevada movilización electoral no es un requisito esencial para asegurar la estabilidad democrática y se ha relacionado incluso con el desarrollo de fenómenos «totalitarios»1. De hecho, dos de las democracias más estables, Suiza y Estados Unidos, presentan en la actualidad los índices más bajos de movilización electoral. También una participación electoral reducida puede generar un problema de legitimidad dado que solo una reducida parte de la ciudadanía toma parte en el proceso representativo. El 1

La elevada participación electoral en la IV República francesa y en la República de Weimar tuvieron como sabemos consecuencias adversas para estos sistemas políticos.

239


escaso interés y compromiso político mostrados por la mayoría de los ciudadanos han sido interpretados por algunos autores como resultado de la satisfacción con el funcionamiento del sistema democrático. Mientras que por el contrario, niveles elevados de movilización electoral pueden ser signo de descontento con el sistema político y de la demanda de cambios (Berelson, Lazarsfeld y McPhee 1954; Almond y Verba 1963; Lipset 1969). Las diferentes corrientes polítológicas que han analizado las variaciones de la participación electoral como fenómeno específico de las democracias industriales toman diversos factores como elementos explicativos de esta conducta social. El modelo socioeconómico analiza la estrecha relación entre elevados niveles de participación y determinados rasgos sociales. La estructura social se ha mostrado como determinante de la participación en política, dado que recursos individuales tales como el acceso a la información y las relaciones personales que se establecen, favorecen o delimitan los niveles de implicación en política (Deutsch, 1961; Nie, Powell y Prewitt, 1969). La teoría instrumentalista o racional concibe la participación como el medio que establecen ciertos grupos para alcanzar unos determinados fines y así obtener unos beneficios específicos (Downs, 1957; Olson, 1971). Son las preferencias de los ciudadanos y sus propias necesidades las que marcan las distinciones. Los costes de reunir información sobre los candidatos, la decisión a tomar entre las opciones políticas y el mismo acto de votar demostrarían las tendencias participativas en función de los beneficios a alcanzar. Estos serían fundamentalmente que obtenga la victoria el candidato o partido favorito del elector para que, durante el mandato gubernamental, implemente las políticas de su programa político. Factores legales e institucionales estructuran también comportamientos políticos específicos. El voto obligatorio y el registro automático de inscripción en las listas electorales inciden en el aumento de la participación (Kim, Petrocik y Enokson, 1975; Rosenstone y Wolfinger, 1978: 412). También la convocatoria electoral en días festivos es otro elemento que influye positivamente en los niveles de participación electoral (Powell, 1980; Crewe, 1981; Franklin, 1996). Pero las exigencias legales tampoco garantizan la participación. La imposición de multas en caso de no respetar la normativa del voto obligatorio así lo ha demostrado (Powell, 1980: 10). Además, se ha de considerar que los partidos políticos juegan un papel funda2 Rosenstone y Wolfinger (1978) en un estudio realizados sobre las elecciones presidenciales de 1972 en Estados Unidos observaron como la participación habría aumentado en un 9% si se hubiera facilitado a los ciudadanos el proceso de inscripción en las listas electorales.

240

LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL

mental en la movilización del electorado. Su postura hacia determinados issues y la estimulación del interés político afecta al comportamiento y despierta la atención de los ciudadanos o de determinados grupos sociales. La pertenencia a un ámbito territorial con el que poder identificarse también tiende a favorecer la participación política (Putnam, 1978: 648). El ciudadano puede sentirse más motivado por un espíritu comunitario que por un interés personal, buscando alcanzar el interés del conjunto de la comunidad local y no procurando exclusivamente ventajas a grupos específicos o a elementos particulares de la comunidad (Mabileau et ál., 1987: 15). Sin embargo, esto plantea el problema de definir qué es una comunidad, qué identidad colectiva subyace en ella y cuál es el tamaño óptimo que facilitaría la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas (Dahl y Tufte, 1974; Finifter y Abranson, 1975; Laurent y Wallon-Leducq, 1985). Las características de una comunidad son evidentemente perceptibles puesto que son el resultado de un conjunto de consideraciones aplicables a una identidad espacial, a un fuerte arraigo de integración social y a una cierta autonomía política. Otro sentido tiene el hecho de que un ciudadano participe en política según las interacciones que como individuo desarrolla en el escenario político que le es más cercano. En distribuciones geográficas más reducidas el ciudadano forma parte más activamente en la política, pero también el hecho de tomar parte en otros ámbitos de la sociedad, como ya hemos destacado, favorece la participación en política (Pettersen y Rose, 1993). En definitiva, las grandes variaciones que se descubren en los niveles de participación entre las sociedades industriales radican en la cultura política de cada una de ellas, es decir, en términos de «orientación subjetiva hacia la política» por parte de sus ciudadanos, pero sin olvidar la importancia que tienen las instituciones y las leyes electorales sobre esta modalidad de comportamiento (Wolfinger y Rosenstone, 1980; Patterson y Caldeira, 1983; Powell, 1986; Jackman, 1987).

2. NIVELES DE PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN LAS ELECCIONES GENERALES (1977-2011) España es una democracia con índices de participación electoral que han sido calificados como «débiles» cuando han sido contrastados con otros países de nuestro entorno (Montero y Torcal, 1990: 131; Botella, 1992: 127). Recordemos que el cálculo de los índices de participación electoral difiere de

241


unos países a otros. Europa generalmente, se realiza sobre la base de los electores incluidos en el censo electoral, mientras que en otros países se toma al conjunto de la población en edad de votar. No obstante, las diferencias más significativas se detectan en aquellos países donde el registro electoral debe realizarlo el propio ciudadano para así tener reconocido el derecho de voto, como es el caso de Estados Unidos, que junto con Guatemala, Colombia, Suiza y Jamaica forman el grupo de los países menos participativos (International IDEA, 2008). Tabla 1. Participación electoral en las elecciones a los Parlamentos nacionales en democracias, 1990-2007 (en porcentajes) País

Media

Máxima

Mínima

Diferencias máxima-mínima

91,5 88,8 84,9 84,4 84,0 83,8 79,1 77,7 77,7 74,8 67,5 67,2 65,7 65,7 64,5

92,7 91,7 87,1 86,1 88,1 86,1 82,2 83,0 80,0 78,1 77,8 68,6 68,9 68,5 68,2

90,6 86,5 82,8 81,4 80,1 80,4 77,7 75,0 73,2 68,7 59,4 65,3 60,3 62,6 61,0

2,1 5,2 4,3 4,7 8,0 5,7 4,5 8,0 6,8 9,4 18,4 3,6 8,6 5,9 7,2

82,4 58,5 33,8 43,5 30,0 46,8 61,0 77,9 25,1

83,4 63,9 40,5 55,1 41,0 48,8 74,9 83,0 39,7

81,7 54,6 25,6 34,7 14,5 44,7 44,9 72,5 34,9

1,7 9,3 14,9 20,4 26,5 4,1 30,0 10,5 4,8

Europa de los 15 Bélgica Luxemburgo Dinamarca Italia Suecia Austria Alemania Grecia Holanda España Reino Unido Finlandia Francia Irlanda Portugal Otras democracias Australia Canadá Colombia Estados Unidos Guatemala Jamaica Japón Nueva Zelanda Suiza

Fuente: Adaptado de Font y Mateos (2007:146) y elaboración propia sobre datos de IDEA (2008).

242


El nivel de desarrollo económico de las sociedades no es un factor explicativo de las variaciones en los índices de participación. Permita clasificar algunas de las democracias más avanzadas que de modo paralelo mantienen también elevados índices de participación electoral. Pero otros, como los mencionados anteriormente —EE. UU. y Suiza— no hacen sino desvirtuar esta correlación positiva. El país centroeuropeo de larga tradición democrática refleja niveles de abstención elevados cuya explicación ha sido objeto de interesantes estudios. Los escasos incentivos del electorado para ir a votar, los reducidos esfuerzos de los partidos políticos para movilizar a los ciudadanos, la política de consenso que, desde Berna, facilita el desinterés por los asuntos políticos de la Confederación Helvética, junto con el alto grado de descentralización y la relevancia de las asambleas legislativas de los cantones para tomar decisiones sobre asuntos de gran transcendencia, son sólo una muestra de las posibles causas que inciden en la reducida participación electoral (Kobach, 1993). En España el porcentaje medio de participación se sitúa por debajo de la media de los países de la Unión Europea y a gran distancia de países como Bélgica en el que el voto es obligatorio y de Portugal en el que el índice de participación electoral arroja las menores cifras. Por encima de los niveles de participación electoral de España se localizan la mayor parte de los países de su entorno europeo, ya sean sus vecinos mediterráneos, los países nórdicos y, lógicamente, aquellos con voto obligatorio, como ya hemos destacado. La evolución a lo largo de las elecciones generales que se han convocado en España ha sido irregular tal y como se aprecia en el gráfico 1. La participación electoral no sigue una pauta constante sino que varía notablemente de unas convocatorias electorales a otras (Anduiza et al., 2003). Las primeras elecciones generales de 1977 alcanzaron los mayores niveles de movilización y en esta misma tendencia de elevada participación, las elecciones que trajeron como resultado la alternancia política, las de 1982 y 1996 alcanzaron también cotas cercanas al 80 por ciento. Estas convocatorias tienen como elemento común que se trataban de consultas donde se ofrecían oportunidades concretas de un cambio político (Botella, 1992: 127). El electorado había percibido su trascendencia política. La convocatoria de junio de 1977, las denominadas «founding elections» supusieron para los electores el despertar a un nuevo proceso político y social, viviéndose con el entusiasmo y participación que las caracterizan, pero dentro de unos niveles relativamente inferiores a los esperados por los analistas políticos (O’Donnell, Shmitter y Whitehead, 1988) tras un modelo de transición de reforma pactada-ruptura

243


pactada, que ha servido de ejemplo a imitar por otros países (Linz, 1992: 432). La configuración de un sistema de partidos que se iniciaba en una nueva arena política impulsó a los ciudadanos a tomar parte activa en la creación del nuevo orden político español. Era el nacimiento de la etapa democrática española después de más de cuarenta años de dictadura y el primer paso para configurar el marco político-legislativo en que se instauraría la recién nacida etapa democrática. Se sentaban las bases para un nuevo período donde los actores políticos se enfrentaban al reto de un marco sociopolítico distinto (López Nieto, 1992: 80), y se cumplió el objetivo estabilizador y legitimador del nuevo régimen. Sin embargo, las elecciones legislativas de octubre de 1982 son las elecciones «del cambio»3, las que alcanzan los límites más altos de participación electoral. Finalizan un largo proceso de cambio político, comienzan un nuevo período histórico y marcan un hito en la historia electoral europea (Santamaría, 1984:7). Los líderes políticos llamaron a las urnas con el objeto de disminuir las tasas de abstencionismo, aconsejando la participación en los comicios y el voto en blanco a aquellos que no tuvieran conformada una preferencia partidista (Montero, 1986b: 103). Diversos analistas afirman que si se cumplen ciertos requisitos como la mayor competitividad en el sistema de partidos, la presencia de nuevos actores o la «puesta en escena» de intereses confrontados, las tasas de participación aumentan considerablemente (Kim, Petrocik y Enokson, 1975; Milbrath y Goel, 1977). La percepción de voto útil que tiene el elector en estas ocasiones le permite un mayor juego dentro del sistema político obligándole implícitamente a tomar parte en la decisión de sus propios intereses personales como elemento inmerso en el sistema político. Esta tesis puede ayudarnos a comprender cómo los españoles se movilizaron en octubre de 1982. El panorama político había sido sacudido en 1981 por el intento de golpe de estado militar que amenazó la estabilidad política del país, sintiéndose en el seno de la sociedad como un elemento desmovilizador y deslegitimador del orden democrático. El partido del gobierno se debilitaba, sufría escisiones internas y abandono de sus máximos representantes. El clima era favorable para reforzar el sistema democrático y este incremento de participación se entendió por muchos como una consolidación y legitimación a través de los partidos y a favor de la democracia (Ramírez, 1982: 8).

3 Hay muchos calificativos para adjetivar estas elecciones que supusieron el despertar a un nuevo proceso de consolidación y legitimación del sistema de partidos en España. Se han calificado como elecciones «críticas» porque supusieron un realineamiento de las preferencias electorales y de las lealtades partidistas; o bien como elecciones «excepcionales» o «cataclismáticas».

244


Gráfico 1. Evolución de los niveles de participación en elecciones generales en España (1977-2011) 100 90 80

79,9

78,6 68

70

76,4 70,5

69,7

1986

1989

77,4

75,7 73,8

68,7

68,9

60 50 40 30 20 10 0 1977

1979

1982

1993

1996

2000

2004

2008

2011

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Junta Electoral Central.

Las elecciones generales de 1996 también se contagiaron de un clima de elevada competitividad y fueron las primeras elecciones en las que el partido de la oposición había desarrollado gestión política como partido vencedor tras su victoria en las elecciones europeas de 1994 y, habiendo sido el partido con mayor número de votos en las elecciones municipales de 1995. En este escenario se especulaba con las posibilidades de un cambio político de ahí la mayor afluencia de votantes. Previamente, las elecciones generales de 1993 tuvieron un significado especial por cuanto tradujeron una continuidad política, pero con matices, dado que una posible alternancia en el poder elevó el nivel de participación hasta superar el 76 por ciento. Esta misma tendencia se percibe en marzo de 2004. La coyuntura política que se vio afectada por acontecimientos externos al propio proceso electoral generaron un clima de movilización que se consolidó con una asistencia a las urnas de algo más de 26 millones de electores, o en términos porcentuales, del 75,7% de los españoles con derecho a voto. Supuso un incremento de 7 puntos con respecto a las elecciones de 2000 e implicaron un cambio de las preferencias electorales de los españoles. Aunque las elecciones de 2008 tampoco se hayan distinguido por una participación excepcional, las elecciones de 2011 arrojan cifras similares a las de las elecciones generales de 2000, con un descenso significativo en los niveles de movilización electoral respecto a las

245


elecciones precedentes, y sumándose al grupo de las elecciones de 1979, 1986 y 1989 que basculan en una horquilla participativa situada entre el 68 y el 70 por ciento. Esta variación induce a plantear cierta inestabilidad en el comportamiento electoral de los españoles y reabre el debate sobre el declive de las elecciones generales en las democracias occidentales y el sesgo ideológico de la participación.

Tabla 2. Electores y votantes en elecciones legislativas (1977-2011)

Electores Votantes Votos válidos Votos a candidaturas Votos en blanco Votos nulos Abstención


1977

1979

1982

1986

1989

23.656.421 18.590.130 18.324.333 18.278.085 46.248 265.797 5.066.291

26.836.490 18.259.192 17.990.915 17.933.648 57.267 268.277 8.577.298

26.847.240 21.469.274 21.050.038 20.951.600 98.438 419.236 5.377.966

29.117.613 20.524.858 20.202.919 20.081.733 121.186 321.939 8.592.755

29.604.055 20.646.365 20.493.682 20.351.887 141.795 152.683 8.957.690

1993

1996

2000

2004

2008

31.030.511 23.718.816 23.591.864 23.403.185 188.679 126.952 7.311.695

32.531.833 25.172.058 25.046.276 24.802.931 243.345 125.782 7.359.775

33.969.640 23.339.490 23.181.290 22.814.467 366.823 158.200 10.630.150

34.571.831 26.155.436 25.891.299 25.483.504 407.795 264.137 8.416.395

35.073.179 25.900.439 25.734.863 25.448.681 286.182 165.576 9.172.740

2011


Número

%

35.779.491 24.666.392 24.348.837 24.015.376 333.461 317.555 11.113.099

100,00 68,94 98,71 98,63 1,37 1,29 31,06

Fuente: Datos procedentes del Ministerio del Interior y de la Junta Electoral Central.

246


Las elecciones denominadas de «continuidad», los comicios de 1979, 1986, 1989 y 2000, reflejan un descenso significativo en los niveles de movilización electoral respecto a los anteriormente comentados, basculan entre 60 y el 70 por ciento. Las elecciones de 1979 se convocan tres meses después del referéndum sobre la Constitución y en un clima de estabilidad política. Los ciudadanos traducen al igual que en 1986 y 1989 cierta pasividad en términos políticos y a través de ellas se renueva la confianza en la gestión gubernamental. Sin embargo, es necesario constatar que en las segundas elecciones generales el incremento del censo electoral fue de más de tres millones de electores, lo que supuso un cambio cuantitativo muy importante respecto al censo de 1977. El repunte de los niveles de participación electoral en 2004 obliga, en cierta medida, a realizar un análisis más pormenorizado para conocer dónde se ha concentrado la movilización de los españoles con respecto a las tendencias de las elecciones de 2000. Reconociendo que el censo electoral no ha sufrido variaciones relevantes, excepto las propias de la inclusión de españoles con derecho a votar en el 2004 y la reducción del mismo de aquellas que han fallecido, pues bien el censo en estas elecciones legislativas experimenta un crecimiento de 602.191 votantes4. En todas las provincias españolas se incremente el porcentaje de participación electoral (ver tabla 3). En Guipúzcoa han sido más de 17 puntos porcentuales y en Barcelona más de 13. En la Comunidad catalana las cuatro provincias se sitúan a la cabeza de las circunscripciones más participativas en diferente intensidad. El caso de Barcelona ya se ha apuntado, le sigue Lérida, Gerona y Tarragona. Dentro de este conjunto de provincias también se sitúan Navarra (+10,15) y Vizcaya (+8,84). En el otro extremo encontramos las provincias de Cuenca (+2,80), Orense (+2,85), Toledo (+3,26) y Cáceres (+3,41) en las que apenas las variaciones son importantes. Prácticamente la mayoría pertenece a la ya denominada «meseta participativa» (Delgado, 1997) y sus aledaños. En ellas la estabilidad es un rasgo característico que domina junto con niveles de participación altos respecto al resto de las provincias españolas. Quizá aquí se debería explicar que al hacer referencia los datos al saldo entre las elecciones de 2000 y 2004, los datos son ilustrativos primero de la tendencia abstencionista que dominó en 2000 y por el contrario, de la movilización de 2004,

4

No contamos en este momento con datos de localización geográfica de la distribución de este incremento.

247


lo supone que las diferencias con respecto a las elecciones de 2000 arrojen en todas las provincias saldos positivos. Para completar la argumentación de estas cifras de participación electoral deberíamos contar con resultados de sondeos de opinión pública que nos permitirían profundizar en estos cambios de actitudes de los españoles, aunque lamentablemente no podemos ofrecerlos en este momento, además de ampliar estas interpretaciones contando con la evolución de las preferencias de los españoles y analizando con detenimiento las circunstancias de cambio que han generado en el sistema de partidos y en el sistema político en sentido más amplio. Sin lugar a dudas la coyuntura política nacional ha sido un factor de peso. No entramos a enjuiciar la intensidad de esa influencia, lo que sí nos atrevemos a afirmar es que los acontecimientos que desgraciadamente ocurrieron en vísperas de la jornada electoral de 2004 son un elemento añadido a considerar para un análisis más completo, en el que lógi-

Tabla 3. Variación de los niveles de participación por distritos en las elecciones legislativas de 2000-2008 Porcentajes de participación electoral Provincias Álava Albacete Alicante Almería Asturias Ávila Badajoz Barcelona Baleares Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba Coruña

248

2000

2004

Variación 00-04

2008

Variación 04-08

70,28 75,58 73,34 66,99 74,69 74.69 75,19 63,78 61,43 73,60 75,77 63,09 71,81 73,70 74,76 74,77 63,84

77,23 79,27 77,52 71,94 71,73 79,86 79,32 76,17 68,84 78,27 79,18 69,91 77,23 78,41 78,57 78,51 70,60

+6,95 +3,69 +4,18 +3,80 +4,47 +5,17 +4,13 +12,39 +7,41 +4,67 +3,41 +6,82 +5,42 +4,71 +3,75 +3,74 +6,76

70,28 80,45 79,47 74,75 73,81 82,04 79,38 71,57 68,21 78,89 79,87 68,26 78,33 78,26 79,02 76,81 74,05

–6,95 +1,18 +1,95 +2,81 +2,08 +2,18 +0,06 –5,13 –0,63 +0,62 +0,69 –1,65 +1,10 –0,15 +0,45 –1,70 +3,45


Tabla 3. (Continuación) Porcentajes de participación electoral Provincias Cuenca Gerona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén León Lérida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Orense Palencia Palmas, Las Pontevedra Rioja Salamanca Santa Cruz Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla

2000

2004

Variación 00-04

2008

Variación 04-08

78,65 64,96 69,60 75,46 55,88 66,60 70,76 76,72 69,63 64,53 67,73 72,08 65,02 73,54 66,07 65,18 75,35 61,58 65,32 74,21 71,18 59,70 75,61 69,74 69,30 64,61 72,19 77,58 72,12 75,22 66,99 68,73 71,41 55,15 54,00

81,45 76,03 75,72 80,15 72,55 73,20 76,62 80,40 74,82 74,99 72,31 78,93 71,90 77,76 76,22 68,03 79,44 67,72 72,13 79,46 76,62 65,67 81,11 77,08 75,22 74,88 76,36 80,84 77,68 81,16 75,83 74,44 77,25 63,45 55,84

+2,80 +11,07 +6,12 +4,69 +16,67 +6,60 +5,86 +3,68 +5,19 +10,46 +4,58 +6,85 +6,88 +3,52 +10,15 +2,85 +4,09 +6,14 +6,81 +5,25 +5,44 +5,97 +5,50 +7,34 +5,92 +10,27 +4,17 +3,26 +5,56 +5,94 +8,84 +4,71 +5,84 +8,30 +1,84

82,22 69,44 76,03 80,34 58,18 70,48 76,44 79,37 77,54 70,32 76,54 80,84 72,47 80,46 73,25 77,81 80,69 67,55 75,74 80,76 79,42 67,61 81,98 74,50 75,99 70,51 77,71 81,59 80,02 81,90 67,51 77,23 76,71 64,73 66,58

+0,77 –6,59 +0,31 +0,19 –14,37 –2,72 –0,18 –1,03 +2,72 –4,67 +4,23 +1,91 +0,57 +2,70 –2,97 +9,78 +1,25 –0,17 +3,61 +1,30 +2,80 +1,94 +0,87 –2,58 +0,77 –4,37 +1,35 +0,75 +2,34 +0,74 –8,32 +2,79 –0,54 +1,28 +10,74


249


camente también ha de tenerse en cuenta que los cambios de comportamiento electoral de los ciudadanos son un proceso complejo que se desarrolla con el tiempo y se ancla definitivamente durante el período anterior a las campañas electorales (Delgado, 2003). Las elecciones de 2008 confirman las pautas participativas en las circunscripciones. Si, como acabamos de mostrar, el efecto movilizador de las elecciones de 2004 inundó toda la península, las de 2008 denotan cambios significativos. En primer lugar, detectamos provincias en las que los índices de participación han disminuido. En este grupo son significativas las provincias del País Vasco, en las que las pérdidas han alcanzado cifras importantes: Guipúzcoa (–14,37), Vizcaya (–8,32) y Álava (–6,95). Este mismo fenómeno se extiende por las provincias de Gerona (–6,59), Barcelona (–5,13) y Lérida (–4,67), que junto con Sevilla (–4,37), Navarra (–2,97) y Huelva (–2,72) configuran el grupo de circunscripciones menos participativas en las elecciones de 2008. En segundo lugar, y a pesar de que las elecciones de 2004 movilizaron a la ciudadanía en todas las provincias, en las de 2008 todavía hay circunscripciones en las que se incrementó la participación. El caso más llamativo es el de las provincias gallegas en las que destaca el aumento experimentado en Orense (+9,78), Lugo (+4,23), Pontevedra (+3,61) y Coruña (+3,45). A ellas se unirían Almería (+2,81), Salamanca (+2,80), León (+2,71), Murcia (+2,70) y Valencia (+2,34), mientras que el resto de las provincias españolas también incrementaron sus índices de participación aunque en menor medida. Reconociendo que el censo electoral en 2011 no ha sufrido variaciones relevantes, excepto las propias de la inclusión de españoles con derecho a votar y la reducción del mismo de aquellas que han fallecido, lo realmente destacable es señalar en las últimas elecciones generales al Congreso de los Diputados es que los mayores aumentos de abstención se producen de forma generalizada en todas las provincias españolas, con las excepciones de Vizcaya y Jaén, donde la participación ha incrementado ligeramente: un 1,7 por ciento y un 0,7 por ciento respectivamente. Sin contar a Ceuta y Melilla que arrojan la mayor desviación con respecto a 2008 (ambas superan los siete puntos), las tres provincias catalanas de Lérida, Gerona y Tarragona junto con Mallorca y León han sido en 2011 los ámbitos territoriales más abstencionistas en estas elecciones generales. Por el contrario, en la Comunidad andaluza, las provincias de Almería, Córdoba, Granada y Sevilla son las que han mantenido una mayor pauta de estabilidad en términos de movilización electoral.

250


3. LA PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS (1979-2012) En España el nivel de participación en elecciones municipales se sitúa siempre por debajo del nivel de participación en elecciones legislativas. De todas maneras la tendencia ha seguido una evolución irregular, ubicándose en el clima más o menos participativo derivado de la coyuntura política que se construye alrededor de las elecciones generales. Desde esta perspectiva se confirma claramente la hipótesis de elecciones de primer y segundo orden respectivamente: los índices de desmovilización electoral son más altos en las elecciones municipales o autonómicas que en las legislativas. Ello no sucede sin embargo de manera sistemática en la comparación entre todo par consecutivo de elecciones generales y municipales. Algunas elecciones municipales han presentado niveles de participación prácticamente idénticos a sus más cercanas consultas generales. La diferencia se observa en el proceso: es en las elecciones generales, en la arena de primer orden, donde se expresan los momentos de mayor movilización, vinculados a la expectativa de cambio político de la elección. Por el contrario, las depresiones participativas encuentran su expresión en elecciones de segundo orden, las convocatorias europeas cuando se celebran aisladamente principalmente. De todas maneras, dejando a un lado las mencionadas situaciones excepcionales los niveles de participación municipal en España se sitúan normalmente entre el 70-62% de los electores, una «banda» de oscilación relativamente estrecha. En todo caso, la interpretación de estos flujos participativos requiere un análisis pormenorizado de los mismos que nos muestran la vinculación del nivel de participación en las elecciones municipales a la coyuntura general referida a la arena de primer orden.

3.1 Coyuntura política y participación electoral municipal Los primeros comicios municipales de 1979 no despertaron el entusiasmo esperado por las fuerzas políticas por haberse convocado un mes antes de elecciones legislativas, y en un marco de cierto cansancio en un período de gran excitación política y electoral, que los convertían en la 5.a consulta en 28 meses. La participación aumenta en las elecciones municipales de 1983, en el marco de la celebración simultánea de las primeras elecciones autonómicas en 13 comunidades y precedidas de la fuerte movilización genera-

251


da por el «cambio» socialista en las elecciones de 1982. En las elecciones de 1987 se mantiene prácticamente el mismo nivel de participación de cuatro años antes, celebrándose por primera vez de manera simultáneamente elecciones europeas, además de las autonómicas en 13 CC. AA. Si bien las elecciones europeas, no presentan en general incentivos a la movilización, el «estreno» de la plena participación democrática en la largamente deseada Europa pudo actuar como incentivo para sectores de electores, además de la expresión de satisfacción con los gobiernos locales que indica la gran continuidad en los resultados. Las elecciones municipales convocadas cuatro años más tarde, en mayo de 1991, no lograron superar ni siquiera mantener esas cifras, más bien al contrario, la movilización fue seis puntos menores (62,8%). El fuerte incremento de la abstención en las elecciones municipales y autonómicas de 1991, especialmente en las zonas urbanas, fue la primera reacción del electorado a los escándalos políticos que empezaron a aparecer durante 1990. Este aumento de la abstención afectó especialmente al PSOE, el partido más imputado en los casos de corrupción y financiación ilegal que iban apareciendo. Sin embargo la «refundación» del PP estaba todavía cercana, no se percibía esta fuerza como alternativa y la abstención fue el principal refugio para el descontento con los socialistas o la desorientación, especialmente en las zonas urbanas. Las elecciones europeas de 1994 así como las municipales5, y autonómicas de 1995 se celebran en este marco de expectativa de cambio y en ellas se da también una participación claramente superior a las elecciones homólogas de 1989 y 1991. Los resultados son claramente favorables al PP en el marco de un proceso de movilización/desmovilización selectivo respecto a las anteriores elecciones: el contexto político ofrecía incentivos a la movilización a los partidarios del PP, en base a la expectativa de cambio, mientras no los ofrecía a sectores de anteriores votantes socialistas en el marco de la continuada erosión de la imagen del PSOE (Delgado y López Nieto, 1997: 251), que además es el partido en el gobierno central, que suele ser el más «castigado» por la abstención en este tipo de elecciones de segundo orden (Reif, 1985: 24), tal como sucede en general a nivel comparado. Lógicamente la elevada participación se mantiene en las elecciones generales de 1996, con un nivel incluso ligeramente superior al de 1993. La victoria del PP 5 Se reconoce por primera vez en estas elecciones municipales el derecho de sufragio activo a ciudadanos no españoles residentes en España. Y en virtud de los tratados de reciprocidad con Suecia, Holanda, Noruega y Dinamarca se incluye en el censo electoral a un porcentaje nuevo de electores.

252


en unas elecciones de «primer orden» supone la realización de la expectativa de cambio y la culminación del proceso. El significado de la alta dosis de movilización tiene, en estos casos, interpretaciones diferentes. Las elecciones de 1987 supusieron un «premio» y dieron continuidad a la labor municipal socialista llevada a cabo en la mayoría de los municipios españoles, mientras que la movilización de 1995 contenía una dosis de «castigo» al gobierno nacional por los escándalos políticos iniciados en el escenario nacional en 1990, si bien ya se reflejó en los resultados de los grandes municipios en 1991. Las elecciones municipales de 1991 en las zonas urbanas ya fueron los primeros testigos del cambio que ocurrió en 1995 y que se extendió al resto de los municipios. Entonces, al no ofrecerse todavía el PP como alternativa fuerte la mayor parte de los electores se refugiaran en la abstención. Mientras, los cambios acontecidos durante el transcurso de esos cuatro años a nivel nacional ofrecieron un panorama del que el PP salía fortalecido. La interpretación de la movilización de 1995 está condicionada por una serie de variables exógenas al propio proceso que rige a unas elecciones de segundo orden y pueden ser consideradas en mayor medida que las de 1991 —por sus índices de movilización y por sus resultados electorales—, desde la perspectiva de una convocatoria con tintes de «barómetro» sobre la situación política nacional (Game, 1981: 63; Corbetta y Parissi, 1985: 73; Curtice y Payne, 1991: 6). En ellas influyeron los resultados de las elecciones legislativas de 1993, adelantadas por el PSOE, que proyectaron una posibilidad de cambio, confirmando al PP como una opción política, factor que claramente movilizó al electorado en 1995. Este ambiente también fue percibido en las elecciones europeas de 1994, donde la participación fue significativamente mayor a la de 1989, obteniendo el PP por primera vez una victoria a nivel nacional. Las elecciones de 1999 expresan ya el reflujo de la situación de «excitación» electoral vivida entre 1993 y 1996, y presentan un notable descenso de la participación con respecto a las de 1995. El proceso de desmovilización es general y afecta a todos los partidos, como consecuencia de menores incentivos ante unas elecciones fundamentalmente «de continuidad», de la menor tensión electoral en los partidos y en el clima transmitido por los medios de comunicación. De todas maneras, existen otros factores de tipo contextual o coyuntural que inciden también en la movilización/desmovilización electoral. Así, como partido en el gobierno central el PP tiende a verse más afectado por el descenso de la participación

253


en las elecciones de segundo orden. Por otra parte, la crisis de IU es un desincentivo a la movilización para sectores de su electorado anterior. Hay que tener en cuenta este conjunto de elementos para leer los resultados de 1999 y hacer cualquier proyección hacia las futuras legislativas6. La participación en las elecciones municipales de 1999 supuso una caída respecto a la convocatoria previa de seis puntos porcentuales. Aunque el techo electoral en la convocatoria anterior era complejo de alcanzar, en 1999 los electores no sintieron que lo que estaba en juego era de tan singular importancia como anteriormente ya que de hecho, el cambio del ciclo electoral se había producido en aquella ocasión. Fue por tanto una movilización que apenas se distancia dos puntos de la media de todo el período electoral. La coyuntura política nacional ha podido ser el detonante movilizador de las elecciones municipales de 2003. Precedidas de un clima político marcado por movilizaciones y presencia masiva de ciudadanos en la calle en protesta por decisiones tomadas por el gobierno de la nación respecto a cuestiones de ámbito internacional y nacional. Este escenario parecía augurar un incremento de los niveles de participación electoral. No obstante, el índice de participación agregado en la jornada electoral de 25 de mayo no fue elevado: respecto a 1999 la cifra se incrementa en algo más de tres puntos porcentuales. Son unas elecciones con índices cercanos a la media de todo el período (que se sitúa en el 66,2%). Mantienen los mismos niveles que las elecciones legislativas de 2000. En 2011 el incremento en la participación electoral se cifra en un 2,3 por ciento con respecto a la anterior convocatoria. Son unas elecciones en las que la movilización se acerca a la experimentada en 2003 sin llegar a alcanzarla, pero en la que la contienda electoral se desarrollaba en un contexto económico de crisis que eclipsaba la dimensión político-territorial de las elecciones y en un escenario político caracterizado por una fuerte tensión competitiva entre los dos partidos mayoritarios consecuencia de la proximidad temporal respecto a las siguientes elecciones generales, anticipadas por el Gobierno. 6

Las elecciones generales de marzo del 2000 han dado una amplia victoria al PP, en el marco de un incremento de la abstención respecto a las generales de 1996 y 1993, tal como era de esperar siguiendo la tónica de las elecciones celebradas después de 1996. La bien valorada gestión de gobierno del PP le ha permitido mejorar el carácter centrista de su imagen y ofrecer más incentivos a la movilización a su electorado en unas elecciones de primer orden; al mismo tiempo que diluir las prevenciones en su contra que existían en sectores de electores que votaban socialista y que en el 2000 se han abstenido o han pasado a votar PP.

254


Gráfico 2. Niveles de participación en elecciones municipales en España, 1979-2011

Fuente: I. Delgado (1997). Actualización con datos del Ministerio del Interior.

También movilizaron poco al electorado las elecciones municipales de 2007 y confirman una tendencia de continuidad municipal. Convocadas tres años después del acceso del PSOE y del primer gobierno de Zapatero, en un contexto marcado por el brutal atentado terrorista y que se reflejó en aquel momento por unos elevados niveles de participación electoral (Font y Mateos, 2007: 144), las elecciones municipales de 2007 asientan definitivamente el realineamiento electoral que se inicia a fines de los años noventa en el escenario municipal. La distancia entre la convocatoria legislativa de 2004 y la de 2007 fue tiempo suficiente para que la normalización y la pauta general impere en este escenario, reacomodándose los niveles de participación medios habituales de este tipo de elecciones: la movilización es de 4 puntos menos que en la convocatoria de 2003. Aunque a las elecciones de 2007 les haya afectado el clima de fuerte tensión competitiva entre las dos grandes fuerzas políticas agudizado por la personalización del liderazgo de sus respectivos líderes y se celebraran en un clima de fuerte política de adversarios, se produjeron diferencias de participación en la geografía espa-

255


ñola. ¿Predomina entonces este rasgo de elecciones de segundo orden y se mantienen unos patrones de movilización que anclan definitivamente el comportamiento de los electores en este tipo de elecciones, o por el contrario, la agregación de resultados no permite visualizar otros efectos no tan estructurales? Sea cual sea la razón, es cierto que la gran diversidad interna que encierran los resultados agregados, sólo ofrece una pequeña parte de la realidad y existe un claro patrón desmovilizador en aquellas Comunidades en las que no hay coincidencia electoral, tales son los casos de Cataluña, Andalucía, País Vasco y Galicia, como veremos después.

3.2. La dimensión territorial de las elecciones municipales La influencia del tamaño de población en los efectos movilizadores de los ciudadanos es una variable de gran fuerza explicativa sobre la participación electoral que ha sido ampliamente analizada (Milbrath, 1965 y 1981; Karning y Walter, 1983). Si bien en algún momento pasado el hábitat rural presentaba unos niveles de participación inferiores a los núcleos urbanos, esta tendencia se ha alterado con el paso del tiempo. El caso español ha imitado la tendencia experimentada en otros países como Francia o Japón (Nevers, 1992) con niveles de abstencionismo mayores en zonas densamente pobladas, generalmente urbanas, mientras que por el contrario en zonas rurales la movilización tiende a ser mayor. La proximidad a los órganos de decisión políticos locales podría ser una hipótesis explicativa de este tipo de comportamiento diferenciado. En España esta evolución presenta una acentuación significativa en las elecciones municipales de 1991 y en las de 1999, donde la diferencia de participación en municipios con menos de 50.000 habitantes se sitúa 13 puntos por encima de la participación en zonas urbanas de más de 50.000 habitantes. Incluso en las elecciones de 1995, la participación en municipios rurales es nueve puntos mayor que en los grandes núcleos urbanos. Este fenómeno ha de considerarse dentro de la coyuntura general de cada uno de los comicios y teniendo en cuenta el porcentaje total agregado de participación lo que nos permite señalar que en elecciones de «bajo rendimiento» o de niveles de participación relativamente bajos el predominio de este menor nivel participativo se localiza fundamentalmente en los núcleos urbanos. Esta mayor sensibilidad a los fenómenos coyunturales que presentan en general los electorados urbanos, frente a la mayor estabilidad de los muni-

256


Tabla 4. Niveles de participación en elecciones municipales en España según tamaño de hábitat (1979-1999) 1979

1983

1987

1991

1995

1999

Menos de 50.000 hab.

65,87

69,81

72,06

69,83

75,11

71.95

Más de 50.000 hab.

59,22

65,53

66,35

56,34

66,11

58,10

Variación

+ 6,65

+ 4,28

+ 5,71

+ 13,49

+ 9,00

+ 13,85

Fuente: Pallarés y Delgado, 2001.

cipios medianos y pequeños es una constante estructural. La gran dependencia mediática del comportamiento en estas áreas, frente a la dependencia de redes de relación más personales, directas y estables en los municipios de tamaño medio y pequeño, fomenta una mayor influencia de los factores de coyuntura en el comportamiento en las primeras frente a una mayor estabilidad en las segundas que incide directamente en los niveles de movilización. La participación electoral desglosada en estratos de población permite apreciar con claridad las variaciones producidas a lo largo del período. La evolución en los pequeños municipios rurales ha sufrido una tendencia creciente hasta 1987, un declinar en 1991 y un aumento en 1995. También estas elecciones supusieron un cambio en la tendencia participativa de los núcleos urbanos. Sin entrar en muchos detalles tan sólo mencionar que ya en los municipios que superan los 400.000 habitantes se acierta a despuntar este fenómeno que es progresivamente proporcional al aumento del número de habitantes: la variación de los índices de participación respecto a 1991 es de más de 10 puntos porcentuales en poblaciones cercanas al millón de habitantes y es de más de 11 puntos en aquellas que superan aquel número de habitantes. Estos datos corroboran la influencia de los efectos coyunturales sobre la movilización urbana. La participación en las elecciones municipales de 1995 fue la mayor de toda la serie electoral municipal democrática (69,9%)7, sin embargo, al considerar los datos agregados se encubren ciertas diferencias significativas. El

7 Se reconoce por primera vez en estas elecciones municipales el derecho de sufragio activo a ciudadanos no españoles residentes en España. Y en virtud de los tratados de reciprocidad con Suecia, Holanda, Noruega y Dinamarca se incluye en el censo electoral a un porcentaje nuevo de electores.

257


aumento de la participación registrado en 1995 no se repartió de manera homogénea por los municipios españoles. Quienes en mayor medida se movilizaron fueron los electores de las grandes ciudades y de las zonas más rurales confirmando el cambio que iniciaron los municipios urbanos en las elecciones de 1991 (Vallés y Sánchez, 1994; Delgado, 1996). A pesar de que estas grandes poblaciones no alcanzan la participación media nacional, la específica sensibilidad de estos núcleos a los acontecimientos políticos nacionales —en la que tuvieron decisiva influencia los medios de comunicación al facilitar la permeabilidad de los factores coyunturales—, fueron todos ellos factores que favorecieron la movilización electoral. Por otro lado, aunque los pequeños municipios establezcan una conexión más personal y directa con el ámbito local, tampoco escaparon a estos condicionantes nacionales y el electorado participó en mayor medida en las estas elecciones municipales que en las de 1991. En definitiva, fue la incidencia de factores exógenos a la naturaleza política municipal los que alentaron a los ciudadanos a expresar sus preferencias electorales de una manera distinta a la que hasta entonces les había guiado. Este rasgo coyuntural se confirma en las elecciones de 1999, donde se aprecia un singular descenso de la participación en todos los Gráfico 3. Distribución de los índices de participación en las elecciones municipales en España por tramos de población, 1987-1999


258


municipios, siendo más acusado en los municipios de mayor población. Se vuelve por tanto a ese rasgo estructural que caracterizaba al ámbito municipal español y que está en conexión con los ciclos electorales: si en 1991 las grandes ciudades preanunciaban un cambio en las orientaciones electorales, y en 1995 se produce efectivamente dicho cambio, en 1999 la estabilización de las preferencias nos remite al comportamiento de los electores de los años ochenta. En una perspectiva territorial complementaria, los avances y retrocesos en el nivel de participación durante los años 90 se han venido manifestando de forma bastante homogénea por todas las CC. AA., indicando el carácter predominante de los factores de ámbito general, no incompatible con algunas diferencias derivadas de las peculiaridades coyunturales y contextuales autonómicas. A diferencia de lo que sucede en función del tamaño de los municipios con las diferencias de participación entre ciudades y pueblos, no existe un mapa autonómico de la participación específico de las elecciones municipales. Así, tras las elecciones de 1999, la distribución territorial de la participación por CC. AA. sigue las pautas de anteriores elecciones, aunque se han producido algunos cambios. Tomando como base los niveles de participación electoral, las CC. AA. donde aquella es mayor continúan siendo Castilla-La Mancha y Extremadura (75-74%) seguidas la Cantabria, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-León (69-68%). En el polo opuesto, Cataluña vuelve a situarse como la Comunidad Autónoma más abstencionista de España en elecciones municipales, como ya lo fuera en 1991, pero ahora con mayor rotundidad. Baleares, seguida de Canarias y Madrid, completan el cuadro del abstencionismo en 1999. En una perspectiva evolutiva en relación a 1995, si bien el descenso de la participación ha sido general destacando la menor participación de Cataluña —especialmente en Barcelona— y Madrid, es decir, las dos CC. AA. más urbanas. La única excepción al incremento generalizado de la abstención ha sido el País Vasco, donde la participación aumenta en casi 1 punto. Factores específicos de la situación política vasca en el marco de las expectativas generadas por la tregua de ETA, han generado incentivos a la participación que contrarrestan los de signo contrario, de reflujo participativo a nivel general. En las elecciones de 2003 también la especial situación que vive el País Vasco culmina alcanzando los mayores niveles de participación en elecciones municipales de toda la serie democrática: se sitúa más de dos

259


puntos y medio por encima de la media nacional de esa convocatoria y supera significativamente los datos alcanzados en los comicios más participativos de 1995. En definitiva, son factores exógenos a la naturaleza local de la elección, factores coyunturales de ámbito general, los que han venido marcando el ritmo de evolución de la participación electoral en las elecciones municipales. En este marco, el contexto autonómico tan sólo en casos excepcionales muestra influencia sobre la evolución del nivel de participación en las elecciones municipales. En cambio una característica del contexto local de la elección, el tamaño de municipio, se muestra relevante tanto en relación al nivel de participación como a su ritmo de oscilación. Es significativo no obstante apreciar que nuevamente fenómenos coyunturales afectan a los índices de movilización. Tabla 5. Evolución de la participación por CC. AA. en elecciones municipales en España, 1983-2011 CC.AA

1983

1987

1991

1995

1999

2003

2007

2011

Media

Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla La Mancha Castilla León Cataluña Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco Rioja Valencia Ceuta Melilla Total

66,2 68,0 65,3 65,3 62,5 74,2 74,4 71,4 68,4 73,7 58,0 69,7 68,9 70,8 63,9 70,3 73,1 — — 67,8

66,1 69,5 67,1 67,8 67,9 76,5 74,4 72,5 68,8 74,2 61,9 69,1 72,0 72,1 67,5 69,3 75,0 — — 69,1

61,0 64,4 58,7 60,2 61,9 71,8 72,9 67,8 57,8 71,7 62,1 59,0 67,3 65,8 59,3 67,9 69,4 — — 62,9

68,8 71,1 69,3 64,2 64,7 74,3 79,1 74,0 64,8 78,7 67,9 70,2 75,5 69,1 64,2 76,0 76,1 56,6 61,7 69,9

64,6 65,0 64,1 57,4 61,3 70,7 75,2 68,2 55,8 74,7 63,9 60,9 68,2 66,5 65,0 69,1 68,3 61,3 60,4 64,0

65,5 70,7 62,9 62,8 63,8 72,9 75,2 72,5 61,5 75,8 66,2 69,0 69,8 70,8 70,3 75,0 71,5 59,2 57,4 67,7

61,6 66,3 61,1 59,8 61,4 71,6 73,4 70,6 53,9 74,9 63,5 66,6 67,9 73,2 60,3 72,7 69,8 60,3 57,6 63,3

65,8 69,3 67,1 59,3 62,7 73,1 76,7 71,4 55,0 76,3 69,5 67,9 67,6 69,7 63,6 72,7 70,5 53,1 62,1 66,2

64,9 68,1 64,9 62,1 63,3 73,1 72,2 71,0 60,7 75,0 64,1 66,5 69,6 69,7 64,3 71,6 71,7 58,1 59,8 66,4

Fuente: elaboración propia sobre datos del Ministerio del Interior.

260


Las elecciones municipales de 2007 permiten constar un claro patrón desmovilizador en aquellas Comunidades en las que no ha habido coincidencia electoral, tales son los casos de País Vasco (–10,0%), Cataluña (–7,6%), Andalucía (–3,9%) y Galicia (–2,7%). Este fenómeno ha estado presente también en el resto de las regiones, destacando en intensidad Aragón (–4,1%) Baleares (–3,0%), Canarias (–2,4) que no han superado la media nacional. Las elecciones de 2011 muestran sin embargo que la movilización se extiende por todas las Comunidades Autónomas, aunque con desigual intensidad. Asturias y Galicia incrementan seis puntos la participación, Andalucía lo hace en cuatro así como País Vasco, Castilla la Mancha y Aragón que suben tres. Los incrementos más moderados se detectan en Cantabria, Extremadura, Canarias y Madrid y Cataluña, todas ellas superan el punto porcentual. Más alejadas se localizan Castilla León y Valencia. El caso más singular en esta ocasión es Navarra donde la participación cae en más de tres puntos, en un contexto en el que la media supera esa misma cifra con respecto a 2007.

3.3. La participación en las elecciones autonómicas en España (1983-2012) La participación a nivel de CC. AA. delimita un mapa electoral que configura la existencia de modelos y arenas de competición diferenciadas. Si bien ha sido ampliamente analizada la dimensión territorial electoral, y se han sintetizado sus resultados en estudios de comportamientos específicos de las Comunidades Autónomas «excéntricas» —Cataluña. Navarra, País Vasco y Galicia— (Montero, 1984). Aún y con eso es constatable la influencia de dos factores: uno es, la simultaneidad de la convocatoria desde 1983 con las elecciones municipales. Este fenómeno reproduce patrones de comportamiento ligados a la rentabilidad electoral dado que los índices de participación en uno y otro tipo de comicios establecen pautas casi simétricas, siendo en todo caso las elecciones autonómicas las que arrojan un ligero retroceso participativo respecto a las municipales. Esto entronca con la percepción subjetiva de los electores quienes otorgan la menor importancia a los procesos electorales autonómicos. No obstante, la dinámica política electoral en términos de competición añade un contenido específico a cada una de las contiendas electorales circunscribiendo el ámbito a las arenas regionales. Otro factor que hay que reseñar es el ciclo político nacional en que se convocan las elecciones autonómicas. Las dinámicas más/menos participati-

261


vas enraízan con el clima político nacional: si hasta entonces las elecciones autonómicas de 1987 denotaban un incremento significativo de la participación por configurar una triple convocatoria, el repunte participativo experimentado con ocasión de las elecciones de 1995 revalida la hipótesis del predominio de lo nacional sobre lo regional. Resulta paradójico cómo en algunos casos en particular, la tendencia parece alterarse en los años noventa: el desplome de los niveles de participación de Madrid y Baleares debe analizarse teniendo en cuenta la idiosincrasia propia de estas regiones y la especificidad de la competición electoral en estas Comunidades. Las tipologías participativas de la competición autonómica no hacen si no reflejar patrones participativos culturales en el sentido de estar en conexión con las subculturas políticas de cada Comunidad (Wert, 1998). El electorado asturiano junto con el canario y el balear han sido uno de los más abstencionistas de España. Si bien los datos demuestran que las elecciones de 1999 alcanzan las cotas menores de participación, la evolución experimentada a lo largo de la serie democrática no hace sino destacar y asentar este comportamiento electoral regional. El insularismo sería un factor explicativo para argumentar la evolución de la baja participación en nuestros dos archipiélagos. Madrid y Aragón presentan fluctuaciones que ya, en los años noventa, les califica como regiones poco participativas. En el caso de Madrid se debe hacer constar que la concentración del electorado en el municipio más poblado se contagia de la dinámica abstencionista de estos núcleos de población. Y también la especificidad de esta Comunidad en términos de dinámica electoral: los electores ubicados ideológicamente a la izquierda son más renuentes a votar y optan en mayor medida por la abstención de forma que esta explicación permite valorar el hecho de que Madrid, en 1991, sea la Comunidad Autónoma menos participativa, dada la desmovilización del electorado socialista en aquella convocatoria. Sin embargo, ello no explica la totalidad del comportamiento de los madrileños dado que de nuevo en 1999 y en 2007 se sitúa entre las CC. AA. menos participacionistas. Dentro de los niveles de máxima participación, se perciben pautas continuistas. Se establecen como CC. AA. «clásicas» Extremadura y Castilla la Mancha, siendo más variable la composición de este grupo a lo largo de las convocatorias. Ciertamente las dos CC. AA. antes mencionadas configuran la denominada «meseta participativa» marcada por la estabilidad a lo largo de los procesos autonómicos convocados. Destacar en todo caso que los períodos de «compromiso» y de «repliegue» se pueden hacer extensibles a la evolución de

262


Tabla 6. Tipología de CC. AA. según niveles de participación electoral en comicios autonómicos (1983-2011) CC.AA más participativas Elecciones de 1983 Media nacional: 69,3 % Extremadura Castilla la Mancha Cantabria Comunidad Valenciana Elecciones de 1987 Cantabria Castilla la Mancha Extremadura Rioja Elecciones de 1991 Castilla la Mancha Extremadura Comunidad Valenciana Rioja Elecciones de 1995 Extremadura Castilla la Mancha Rioja Comunidad Valenciana Elecciones de 1999 Extremadura Castilla la Mancha Castilla y León Rioja Elecciones de 2003 Extremadura Castilla la Mancha Rioja Cantabria Elecciones de 2007 Extremadura Castilla la Mancha Navarra Rioja Elecciones de 2011 Castilla la Mancha Extremadura Cantabria Rioja

73,9 % 73,7 % 73,6 % 72,7 %

CC.AA menos participativas

Canarias Baleares Asturias Aragón

61,2 % 64,8 % 65,0 % 67,0 %

Media nacional: 71,8 % 76,3% 75,1% 74,7% 73,5%

Canarias Asturias Baleares Aragón

66,1 % 66,9 % 67,2 % 69,7 %

Media nacional: 66,1 % 72,9 % 71,6 % 69,2 % 68,9 %

Madrid Asturias Baleares Canarias

58,5 % 58,7 % 60,3 % 60,8 %

Media nacional: 72,6 % 78,9 % 78,8 % 76,7 % 76,6 %

Baleares Canarias Navarra Asturias

63,6 % 65,0 % 69,1 % 69,4 %

Media nacional: 66,6 % 75,8 % 74,9 % 69,4 % 68,5 %

Baleares Madrid Aragón Asturias

57,4 % 60,9 % 64,6 % 64,8 %

Media nacional: 71,8 % 77,0 % 77,0 % 76,4 % 75,4 %

Baleares Asturias Canarias Murcia

63,4 % 65,6 % 66,4 % 70,9 %

Media nacional: 69,1 % 76,0 % 74,0 % 73,1 % 72,3 %

Canarias Madrid Asturias Murcia

61,2 % 62,5 % 64,3 % 67,5 %

Media nacional: 69,8 % 76,9 % 76,2 % 73,4 % 72,8 %

Baleares Canarias Asturias Murcia

59,9 % 63,2 % 66,9 % 67,8 %

Fuente: elaboración propia. Datos procedentes de las Juntas Electorales de las CC. AA.

263


los indicadores participativos de la gran mayoría de las CC. AA., de ahí que el contexto nacional ejerza una influencia compleja para delimitar con exactitud. Todo ello lleva a plantearnos ¿qué ocurriría en el caso de que estas CC. AA. tuvieran un ritmo diferenciado y separado de la convocatoria de las elecciones municipales? Podríamos arriesgarnos a contestar que los niveles de participación se reducirían además de someter a los ciudadanos a un ritmo acelerado de asistencia a las urnas; pero por otro lado, surge la cuestión en torno a la influencia que tendrían sobre estos procesos los niveles de competencias adquiridos hoy en día por las CC. AA. Los factores de tipo institucional serían una variable a analizar por cuanto el efecto que genera sobre la movilización ciudadana. Esta hipótesis de aislamiento, techo competencial y sentimiento regionalista es fácilmente verificable el caso de las CC. AA. del artículo 151. La realidad a la vista de los datos está, sin embargo, lejos de permitirnos una argumentación sólida. La reducida participación de las CC. AA. «históricas» en estos procesos electorales autonómicos se convierte en una característica endémica además de, ciertamente paradójica. Cabe pensar que al ser unas Comunidades con un sentimiento nacionalista más arraigado, ello redundaría en un mayor nivel de participación en los procesos electorales regionales. Pues bien, esto no ha sido así a lo largo del tiempo. El coste de convocar estas elecciones de forma separada respecto a las elecciones municipales ha supuesto un desgaste que se traduce directamente en términos de movilización.

3.4. El factor «aislamiento» en el calendario electoral Las CC. AA. que convocan elecciones regionales de forma aislada se configuran como unidades de análisis diferenciados destacando por ello su individualidad. En la mayoría de estas regiones, salvo contadas excepciones, el calendario electoral se ha respetado y se suceden las convocatorias con regularidad cada cuatro años, iniciando la serie el País Vasco que, ya en 1980, celebra elecciones autonómicas y arranca el proceso de diseño institucional de la Comunidad. La complejidad de la realidad vasca ha sido un factor que incide sobremanera en los procesos electorales y en la competencia electoral. Paradójicamente las elecciones autonómicas inaugurales son, junto con las de 1994 las que menor movilización electoral despertaron. No obstante, en las siguientes convocatorias se produce un progresivo incremento y culmina en 1986, como consecuencia de la alta competitividad de aquellas en un escenario de crisis del PNV. La involución de esta tendencia

264


se percibe con claridad en las dos siguientes elecciones autonómicas de 1990 y 1994, quizá debido al predominio de la percepción de «continuidad política» entre el electorado vasco. Esta afirmación nos permite justificar el fenómeno contrario acontecido en las convocatorias de 1998 y 2001, en las que se han remontado progresivamente los niveles de participación, alcanzándose el 70,6% y el 79% respectivamente. La particular situación política y social vivida en esta Comunidad desde finales de los años noventa es un elemento influyente y a considerar a la hora de analizar la participación electoral. En este sentido las elecciones de 2005 constatan una disminución de los niveles de movilización que se cifran en más de once puntos con respecto a las elecciones autonómicas anteriores y que continúa en descenso en 2009. La media de participación electoral de todo el período democrático se sitúa en el 66,7% y permite clasificar los procesos electorales entre aquellos que han superado la media (las elecciones de 1984, 1986, 1998, 2001 y 2005) y aquellas que no la han hecho (las elecciones de 1980, 1990, 1994 y 2009). Andalucía es una de las CC. AA. que claramente ve afectados sus niveles de participación ante la influencia del calendario electoral en el que convoca los procesos electorales. Las primeras elecciones autonómicas se celebran a la par que las elecciones legislativas de 1982. Lo mismo ocurre cuatro años más tarde, en 1986, y con el adelanto electoral en la IV legislatura, simultanean nuevamente en el año 2000, 2004 y 2008. Este fenómeno de coincidencia con comicios generales indudablemente incrementa los niveles de asistencia a las urnas de los votantes de manera que no es sorpresa que la participación en las convocatorias «aisladas» de 1990 y 1994 sea menor. En contraste, la Comunidad catalana ha intentado evitar la convocatoria dual con elecciones generales para que el solapamiento encubriera la realidad política catalana. Concretamente si su calendario electoral autonómico se inicia en el año 1980, la coincidencia con elecciones legislativas se hubiese producido en 1996, de manera que el adelanto al otoño de 1995 evitó la duplicidad electoral e impuso un nuevo ritmo. Los mayores índices de participación en Cataluña se sitúan tras las elecciones fundacionales de 1980 en 1984. El índice puede explicarse por la gran movilización de las bases electorales de CiU que le permitió por primera vez alcanzar la mayoría absoluta el Parlamento regional. Si bien la evolución de la tendencia participativa ha sufrido altibajos significativos a lo largo de la serie temporal, situando a esta Comunidad como la segunda más abstencionista detrás de Galicia, es relevante destacar que participación en las elecciones autonómicas es incluso menor que la participación en las eleccio-

265


Tabla 7. Evolución de los índices de participación electoral en las elecciones autonómicas en Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco (1980-2012) Participación electoral

Participación electoral

Andalucía

Elecciones

Galicia

1982

66,2

1981

46,3

1986

70,7

1985

57,4

1990

55,3

1989

59,5

1994

67,3

1993

64,7

1996

77,9

1997

62,5

2000

68,4

2001

60,2

2004

74,7

2005

64,2

2008

73,6

2009

63,8

2012

62,2

Media

59,8

Media

68,5

Elecciones

Cataluña

Elecciones

País Vasco

1980

61,4

1980

59,8

1984

64,3

1984

69,1

1988

58,8

1986

69,6

1992

55,0

1990

61,0

1995

63,6

1994

59,7

1999

59,2

1998

70,0

2003

62,5

2001

79,0

2006

56,0

2005

67,8

2010

58,8

2009

64,7

Media

59,9

Media

66,7

Elecciones

Fuente: Elaboración propia. Datos de fuentes oficiales.

nes municipales (Delgado, 1997: 54). La alarma que produjo, en un principio la escasa participación electoral de 1980, pronto se convirtió en un fenómeno endémico y en un rasgo específico del electorado catalán. No obstante en 1988 se produjo una desmovilización importante que se reproduce en 2010 y en 1992 se alcanzan las cotas bajas como consecuencia del abstencionismo de votantes de zonas urbanas e industriales del litoral, de inmigrantes y de electores socialistas (Pallarés y Font, 1994: 252). Y en las elecciones de 2006 pre-

266


domina esta tendencia y se registraron los menores niveles de participación de toda la serie autonómica. Aunque este fenómeno de menor participación en procesos autonómicos es un hecho constatable y generalizable para las CC. AA. del art. 151, Galicia representa este rasgo diferenciador específico de su comportamiento electoral. Se han aducido cuestiones que entroncan con la geografía de esta región, con su peculiar cultura política, con razones técnicas o incluso constituir una consecuencia de la propia configuración del sistema de partidos. Pero también es innegable que la baja participación electoral ha sufrido con el paso del tiempo una evolución tendente a acercarse a los niveles de otras CC. AA. (Rivera et al., 1998: 288). Las primeras elecciones autonómicas de 1981 son las que mayores índices de abstención representan, mientras que progresivamente desde finales de los años ochenta en el electorado gallego se detecta una actitud más participativa. Una de las razones explicativas de este comportamiento tiene que ver con la movilización de una bolsa de «abstencionistas crónicos» que, ante la presencia de un líder fuerte y para evitar el incremento de votos de la derecha opta por la movilización. Es a partir de entonces cuando la presencia de fuerzas nacionalistas en el escenario político define una estructura de competición electoral tripartita que se asienta definitivamente a raíz de las elecciones de 1993, convocatoria que alcanza los mayores índices de participación electoral de todo el período. El efecto «movilizador» de las elecciones generales de ese mismo año tuvo su reflejo en esta mayor movilización y con consecuencias directas en el formato del sistema de partidos resultante. La involución se produce en las elecciones autonómicas de 1997 con un lento descenso de la participación que es más acusado en las elecciones de 2001. El factor «estabilidad» y la lejana expectativa política de cambio podrían ser claves para interpretar este fenómeno electoral.

4. LA PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO Es indudable que la participación en las elecciones europeas es menor que en los comicios nacionales y siguen las pautas que las clasifican dentro del grupo de elecciones de segundo orden: los niveles de movilización electoral son menores ya que se considera que lo que están en juego tiene una menor influencia.

267


Bien es cierto que la participación en las elecciones al Parlamento europeo ha evidenciado a lo largo del tiempo signos de una escasa movilización por parte de los ciudadanos y de escasos incentivos por parte de los partidos políticos para llamar a las urnas. Los candidatos se sumergen principalmente en discursos políticos carentes de contenidos europeos específicos, factores que han aflorado y han sido la expresión de los resultados de la convocatoria electoral de 1999 y de 2004. Parece perpetuarse un déficit político en los asuntos europeos que es tan preocupante como el déficit democrático (Norris, 1997: 279). En este contexto es donde se debe plantear qué influencia o qué papel desempeñan las motivaciones propias de los electores: si en cada país se responde a circunstancias políticas diferentes relacionadas con la esfera política nacional, o si por el contrario existe una tendencia ligada a actitudes europeístas (Kuechler, 1991: 81). Si la participación de los electores en los comicios europeos se debe únicamente a la lealtad que mantienen hacia un determinado partido, si está condicionada por los hábitos de participación y por el sentido del deber cívico, entonces poco podremos concluir ya que estos comportamientos continuarán estables a lo largo del tiempo y se irán adaptando a pesar de los cambios políticos e institucionales que se generen dentro de la UE. Si por el contrario encontramos electores concienciados con la necesidad de cambiar el curso de los acontecimientos políticos europeos o bien de mantenerlos por la idoneidad de la puesta en marcha de las políticas, estaremos frente a dos comportamientos electorales europeos conscientes de la naturaleza de la convocatoria electoral, y en definitiva, aportarán cierta diferencia. Lógicamente aunque las elecciones europeas no determinen directamente la composición de un gobierno europeo, pueden mostrar hacia dónde se dirigen las orientaciones y preferencias de los asuntos europeos de los votantes de los países miembros (van der Eijk y Franklin, 1996: 34), siempre y cuando el significado del voto tenga un componente europeo, es decir, que las elecciones europeas tengan su propia naturaleza8. Quizá esta es la cuestión que determina la interpretación de los resultados dado que si los ciudadanos se movilizan o dejan de participar en estas elecciones según su

8 Es difícil delimitar y establecer las fronteras entre lo europeo y lo nacional en el voto, pero lógicamente las razones que aduzcan los votantes serán el elemento de juicio que permitirá establecer el grado y la intensidad del factor europeo frente al nacional.

268


apoyo o rechazo hacia la unificación europea, o en función de sus actitudes frente a una determinada política europea; o incluso, votan a partidos diferentes de los que votarían en elecciones nacionales, como consecuencia de la importancia y la estrategia que se adopta frente a los asuntos europeos, entonces, nos encontramos con que la naturaleza de las elecciones europeas tiene entidad en sí misma como para arrastrar a los ciudadanos a las urnas. Para tratar de conocer más la realidad electoral europea vamos a intentar, en primer lugar a partir de datos agregados y posteriormente con de datos de opinión, de identificar el significado, las orientaciones y las motivaciones de los electores europeos en estos comicios supranacionales. Tendremos en cuenta, 1.o la influencia que puede presuponer que las elecciones europeas se hayan convocado simultáneamente con otros comicios9; 2.o la incidencia de las actitudes hacia la UE y la relación que se establece con los motivos aducidos para participar; 3.o la influencia de los issues europeos frente a los meramente nacionales para determinar el impacto nacional de los resultados de la convocatoria electoral. 4.1. Las elecciones europeas en el contexto español: evolución de los niveles de participación electoral Si a las personas que no votan se las ha calificado como ‘periféricas’ (Lane, 1965), entonces, este adjetivo podría utilizarse también para caracterizar a las elecciones europeas, comicios en los que la movilización electoral alcanza cotas bajas en comparación con otras convocatorias electorales. La trayectoria de la participación en las elecciones europeas en España muestra en primer lugar, que son unas elecciones en las que el abstencionismo es alto. La excepción se localiza en las elecciones «fundacionales» de 1987, cuyos niveles de participación más altos denotan un comportamiento marcado por la incorporación a un proyecto europeo10. También se convocaban junto con elecciones municipales y autonómicas de forma que tuvo un efecto movilizador para el electorado. El 68,5% de los españoles acudió a las urnas por vez primera

9 Está empíricamente comprobado que el nivel de participación al Parlamento Europeo covaría con la movilización electoral adicional que se produce cuando se celebran simultáneamente elecciones nacionales: esto ocurrió por ejemplo en Irlanda en 1979 y en 1989 cuando la participación superó el 60%; y en este mismo país en 1984 y en 1994 la participación en las elecciones al PE apenas alcanzó el 40%. 10 Esta actitud no se ha proyectado en el caso de las elecciones de 2004 en los ocho de los diez países que integrados al proyecto europeo el 1 de mayo convocaban por vez primera elecciones europeas.

269


para elegir a 64 eurodiputados de distintas formaciones políticas que compondrían la aportación española a la Eurocámara. Estas primeras elecciones fueron como hemos destacado, las que mayores índices de participación han alcanzado. Esta cifra se reduce dos años más tarde al 54,7% que representa a los votantes españoles que acudió a votar ya en una convocatoria única. La interpretación de estos segundos resultados induce a detectar el «aislamiento» y cierta fatiga electoral puesto que distan escaso tiempo de las anteriores (y cuatro meses después el calendario electoral español llamaba a las urnas para un proceso legislativo). Los españoles tan sólo dos años después acuden de nuevo a las urnas para renovar a sus europarlamentarios y uniformizar las convocatorias con el resto de los países miembros, aún a pesar del todavía gran desconocimiento de las instituciones y de la cuestión europea. La convocatoria de 1994 fue única, no obstante experimenta una ligera variación al alza, puesto que un 59,2% de los españoles participa, sin duda en unas elecciones cargadas de una alta dosis de nacionalización11. A pesar de que este porcentaje de participación electoral sigue siendo reducido, la coyuntura política nacional favoreció la movilización ensombreciendo el verdadero significado de este tipo de convocatoria. El peso de los factores políticos nacionales fue más alto que en las elecciones europeas de 1989 y las preferencias de los electores estuvieron en mayor medida que en las elecciones europeas anteriores, determinadas por la dimensión política nacional. Incluso en términos comparados España pasa a ser el país con el porcentaje más elevado de participación de la UE, si excluimos a los que tienen voto obligatorio. En 1999 los españoles superan los niveles movilización de las elecciones europeas precedentes. Aun teniendo como rasgo común a las elecciones de 1987 la influencia del factor «arrastre» de la convocatoria múltiple, las elecciones de 1999 no alcanzaron los índices de participación de aquellas. Se puede desprender de este panorama cómo el aunar en el mismo día la convocatoria electoral, municipal y la de los 13 Parlamentos regionales es un factor que eleva el nivel propio de estos comicios europeos e incide en la

11 Estas elecciones europeas de 1994 estuvieron convocadas en un clima nacional teñido por escándalos que afectaban al partido del gobierno. Años antes, en la convocatoria electoral de 1991 se produjeron cambios que afectaban a la composición política y al cambio de orientación del comportamiento de los electores españoles, y la movilización en las grandes ciudades fue un signo del cambio político que se podría generar. De hecho las elecciones legislativas de 1993 marcaron el inicio del cambio político al no conseguir el PSOE la mayoría absoluta para gobernar en solitario, todo lo cuál favoreció la movilización de las elecciones europeas de 1994.

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Gráfico 4. Índices de participación en elecciones europeas en España (1987-2009)

Fuente: elaboración propia a partir. Datos del Ministerio del Interior.

movilización alcanzándose cotas superiores a las convocatorias únicas. Las elecciones de 2004 convocadas apenas tres meses tras una convocatoria de elecciones generales se convierten junto con las de 2009 en los comicios que menor interés han despertado entre los españoles de todas las elecciones convocadas en España, y no únicamente entre las europeas. Sólo el 45,9% de votantes y el 44,9% respectivamente acudió a depositar su voto en las urnas. Unas cifras ciertamente «alarmantes» por su significado y como consecuencia del descenso de diecisiete y dieciocho puntos respecto a las elecciones europeas precedentes. La horquilla entre la que ha basculado la participación electoral media en España en elecciones europeas oscila entre el 68,9% de las elecciones inaugurales de 1987 —que por otra parte se celebran simultáneamente con elecciones municipales y autonómicas— y el 44,9% de las convocadas en junio de 2011, lo que supone cerca de veinticuatro puntos de diferencia entre uno y otro comicio. Bien que desde 1987 hasta 2011 el censo electoral haya crecido en 7.050.219 electores, la distancia entre el índice de participación más bajo y el más alto traduce una diferencia absoluta de 3.661.631 votos. El censo ha aumentado progresivamente en este tiempo, y los votantes también han seguido ejerciendo su derecho al voto.

271


Gráfico 5. Distribución del censo y de los votantes en las elecciones al Parlamento Europeo en España

Fuente: elaboración propia. Datos del Parlamento Europeo.

Se ha comprobado sobradamente que la participación en elecciones europeas es significativamente menor que en elecciones legislativas, y en España el calendario electoral no las ha hecho coincidir a pesar de que sí ha ocurrido en otros países miembros de la UE12. En cambio nuestro país permite estudiar los efectos de convocatorias de segundo orden simultáneas. De las cuatro elecciones al PE habidas en España, dos han coincidido con convocatorias municipales y autonómicas. A pesar de que hay notables diferencias entre los sistemas electorales13 no ha influido negativamente en la participación. En esta dinámica política, ¿se ha producido un efecto movilizador en las elecciones europeas en las convocatorias múltiples de 1987 y 1999? A todos los efectos la respuesta debe ser afir-

12

En 2004 las elecciones legislativas y europeas se han celebrado con una diferencia de tres meses, este no es un argumento para hablar de coincidencia aunque a la hora de interpretar sus resultados, en términos de participación, los efectos de las primeras sobre las segundas son importantes. 13 El sistema electoral de las elecciones europeas es al igual que el de las elecciones municipales un sistema proporcional de listas cerradas y bloqueadas en el que se adopta la fórmula D’Hondt para la distribución de los representantes. A diferencias de aquellas, en las elecciones europeas el distrito electoral es único y desaparece el techo del 5% como umbral mínimo necesario para obtener representación. Estos elementos diferenciadores han obligado a los partidos regionales y listas menores a buscar socios con el objeto de obtener algún escaño en el Parlamento Europeo.

272


mativa tras haber comparado los índices de participación. Este fenómeno tiene importantes consecuencias en el análisis del comportamiento electoral ya que por una parte es complejo extraer conclusiones específicas referidas al PE debido al efecto de «arrastre» a las urnas, homogeneizando el comportamiento. La triple convocatoria de 1987 elevó el nivel propio de las elecciones al PE (Pallarés, 1994: 176), al observarse cómo la movilización dos años más tarde experimenta una caída de 14 puntos. Las elecciones europeas de 1987 fueron, comparadas con el resto de las elecciones subnacionales convocadas conjuntamente, las que menor participación experimentaron a pesar de que fueron elecciones inaugurales y por ende, podrían haber despertado un grado de movilización superior. Sin embargo esto no fue así por dos razones: en primer lugar, no nos encontrabamos en la inauguración de un período democrático tal y como ocurrió en España en 1979; al contrario, se estaba poniendo en marcha un proyecto europeo común del que muchos españoles no tenían conocimiento alguno, ni de sus instituciones (pensemos que se está eligiendo un parlamento), ni tampoco de las competencias en materia europea. Era por tanto una esfera de actuación política lejana para los ciudadanos españoles. El nivel de participación en estas elecciones fue similar —0,4 puntos porcentuales menos— que el de la convocatoria municipal, pero se distancia en 3,2 puntos de los resultados de las elecciones autonómicas. Desde esta óptica, predominó una conciencia regional por encima de un componente europeo. La coincidencia electoral de 1999 vuelve a ofrecer este mismo comportamiento. De cualquier forma lo que se desprende de las cifras y queda reflejado en el gráfico es la desigual movilización electoral que se produce cuando los comicios europeos se celebran simultáneamente con elecciones subnacionales y cuando lo hace en solitario. Estos datos sólo ofrecen indicios para afirmar que el interés, el conocimiento y los resultados de las elecciones europeas están todavía condicionados por factores ajenos a la propia naturaleza de esta convocatoria. En los comicios múltiples o simultáneos, el voto europeo parece estar ‘contaminado’ de rasgos específicamente no europeos en la decisión electoral. Las elecciones de 2004 y 2011 han supuesto una inflexión en el comportamiento electoral de los españoles que plantea numerosas cuestiones con, a nuestro juicio, una compleja respuesta. Entre los interrogantes que se plantean ¿existe un nivel de conocimiento de las instituciones de la UE, o más concretamente del PE que permita a los

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Gráfico 6. Participación en elecciones de segundo orden en España (1987-2011)


ciudadanos mostrar unas preferencias?; o bien, ¿las tendencias ideológicas propias de cada uno de los electores están arraigadas de forma que independientemente del tipo de convocatoria votan por la misma formación política? ¿Se comprende el significado que tiene la celebración de comicios europeos, o bien existe todavía un desconocimiento acerca de las consecuencias políticas que genera un tipo u otro de composición de la Eurocámara? ¿Saben los ciudadanos qué es lo que está en juego? ¿Qué efectos tiene la ampliación de la UE? Son múltiples preguntas muchas de las cuáles no tienen una respuesta inmediata. Deberá hacerse una valoración conjunta tomando en consideración el comportamiento electoral de los países miembros. Los niveles de participación electoral media de los países comunitarios en el Parlamento Europeo han sufrido desde la primera convocatoria un descenso progresivo: desde 1979 hasta las elecciones de 2011 han sido algo más de diecinueve puntos porcentuales, cifra ciertamente elevada. El salto cualitativo más importante se produce entre la convocatoria de 1994 y la de 1999 en la que se reduce la participación en más de siete puntos. Menor aunque también importante, es el descenso producido desde 1999

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hasta 2004: alrededor de cuatro puntos14 y se reduce esta cifra a la mitad entre 2004 y 2009. El escenario de los niveles de participación en los países que integran la Unión Europea aporta otros ingredientes al análisis. Si en España la participación ha oscilados al convocarse de forma coincidentes con otros comicios o en solitario, si realizamos una comparativa con los índices de movilización medios en Europa se detectan dos tendencias: 1.a. Casi siempre la participación en España ha sido mayor que en el resto de los países miembros, excepto en 1989 y 2004; la desviación más acusada fue en los comicios de 1999, España se distancia de los promedios europeos en cerca de catorce puntos por encima de la media. A pesar de este crecimiento las variaciones respecto de la participación media europea han sido en términos generales reducidas y lo sorprendente sin duda es el comportamiento que se desprende de los resultados de la movilización en las elecciones de 2004 y 2009 en Europa. En 2004 el contexto estuvo dominado por la desmovilización electoral, de los diez nuevos miembros de la UE: Eslovaquia batió el récord (20% de participación) y a escasa distancia Polonia (20,7%), seguido de Eslovenia (26,7%), Estonia (27%), República Checa (29%), Hungría (38,5%), Letonia (40,7%), Lituania (43%). De estos nuevos miembros los países con mayor participación fueron Malta (82%) y Chipre, donde el voto es obligatorio (71,1%). En el resto de los países, aunque las variaciones son muy diferentes, destacan los resultados de 1999 respecto a 1994. En Finlandia la participación desciende en 28,9 puntos y se produce un cambio importante en su comportamiento electoral. En Austria (–18,3), Alemania (–14,8) y Reino Unido (–12,4) la reducción es también significativa, quedando Holanda (–5,7) y Francia (–6,0) ocupando las siguientes posiciones y configurando un grupo de países en los que las variaciones se sitúan por encima del descenso medio de la UE. En este sentido países como Suecia (–2,8) y Dinamarca (–2,4) son los que menor índice de desmovilización alcanza. Pero la excepcionalidad a este proceso de abstención que ha inundado Europa en 1999 se 14 Las primeras elecciones al PE de 1979 en los siete países comunitarios (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo) y las posteriores elecciones de 1984 han sido consideradas como elecciones de segundo orden por cuanto no reflejaban la composición de los siete parlamentos nacionales. La participación y las preferencias partidistas se explicaron por los mismos factores que determinan estos indicadores en las elecciones legislativas o de primer orden. Incluso a pesar de que las elecciones europeas de 1989 se celebraban ya conjuntamente en doce países comunitarios, los pasos dados por el Acta Unica de 1986 a favor de una mayor integración hacía plausible considerar un comportamiento electoral influido por factores europeos.

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Tabla 8. Variaciones de participación electoral entre España y la media europea Porcentaje de participación electoral Elecciones

1979 1984 1987 1989 1994 1999 2004 2009

España

Media países comunitarios

Variación

— — 68,5 54,7 59,2 63,0 45,1 44,9

61,9 59,0 — 58,4 56,7 49,5 45,5 43,0

— — + 9,5* – 3,7 + 2,5 + 13,5 – 0,4 + 1,9

* Se toma como referencia el porcentaje de participación medio europeo de 1984. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Parlamento Europeo (www.europarl.europa.eu).

localiza en Irlanda, país que junto con Portugal y España incrementan los porcentajes de participación. Los casos de Grecia, Luxemburgo y Bélgica no pueden ser interpretados de la misma forma porque en estos países como sabemos el voto es obligatorio. Observando estos cambios de participación electoral, las claves para entender esta situación se encuentran en el seno de cada uno de los países miembros dado que la política doméstica dominó el panorama europeo en la gran mayoría de los casos. Numerosos analistas han demostrado que la participación en las elecciones europeas está fuertemente determinada por factores nacionales, incrementándose las consecuencias si la convocatoria es dual, como ha sido el caso en Luxemburgo y en Bélgica. En el caso británico la aplicación del sistema de voto proporcional, muy a pesar de lo que se pensaba15, no favoreció la movilización en las elecciones de 1999, fundamentalmente por el desconocimiento de este sistema entre la 15

Las bajas tasas de participación en Gran Bretaña se relacionaban con el voto mayoritario, sistema que se consideraban no favorecía la movilización electoral, más bien al contrario, desanimaba a los votantes (Schmitt y Mannheimer, 1994: 406), Este factor institucional modificado en las elecciones de 1999 y por tanto unificado para todos los países miembros, ha demostrado no tener efecto. Si Gran Bretaña es el país con las tasas más bajas de movilización (Blondel et al.: 245) en las elecciones de 1999 sus niveles han caído aún más (del 36,4% al 24%).

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población británica, y por el marcado desinterés y apatía hacia los asuntos europeos que demuestra tener la población británica. En otro orden de cosas Suecia, en noviembre de 1994, vota a favor de la entrada en la UE e ingresa definitivamente a principios del año siguiente. Pero en 1999 la participación sólo alcanza el 38,8%, cifra alejada en cerca de tres puntos de la arrojada en las elecciones europeas anteriores celebradas en septiembre de 1995. Este carácter también ha inundado el comportamiento de los alemanes en las elecciones de finales de los años noventa: la cifra del 45,2% que representó la movilización electoral en 1999 se situaba entonces como el índice más bajo de todas las convocatorias europeas; traducía elementos nacionales por cuanto ser un voto de castigo al partido del gobierno y a sus socios parlamentarios, tal y como volvió a ocurrir en las elecciones de 2004. Las elecciones europeas de 2004 merecen una atención especial. Los datos de abstención superan las expectativas previstas. A pesar de que en algunos países se simultanearon las elecciones europeas con otro tipo de elecciones. Ha sido el caso de Reino Unido, donde la movilización se incrementa en cerca de quince puntos con respecto a 1999. También en Irlanda se convocaba a la vez un referéndum para restringir el derecho a la nacionalidad lo que pudo favorecer el aumento de casi diez puntos la participación electoral. En Italia que incrementa en cerca de tres puntos porcentuales la participación se celebraban elecciones municipales en Milán, Bolonia y Florencia. Pero quizás es digno de señalar el comportamiento que acontece en 2004. Como ya hemos señalado la participación se reduce de forma significativa, y se alcanzan los mayores niveles de abstención. Pero en el contexto de los quince países que venimos señalando las variaciones son ostensibles en Dinamarca y en Suecia. La desmovilización es intensa, cerca de doce y más de ocho puntos respectivamente. Y es algo menor en Austria y prácticamente es similar en Alemania. Por el contrario, se contiene en el resto de países, oscilando entre España (+0,2) e Italia (+8,1). La participación es alta en sistemas políticos donde el voto es obligatorio16 o donde la traducción de votos a escaños asegura un nivel de proporcionalidad. Votar en domingos ayuda, pero más importante es la cuestión de

16 Recordemos que las leyes electorales de Bélgica. Luxemburgo y Grecia establecen la obligatoriedad del voto, de ahí la distorsión que provocan al realizar un análisis comparado con el resto de los países miembros. De hecho además en 2004 se convocan en Bélgica junto a las elecciones europeas elecciones regionales.

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Tabla 9. Niveles de participación en elecciones al Parlamento Europeo de los 15 países miembros (1994-2009) Elecciones

Variación Elecciones Variación Elecciones Variación 1999–1994 2004–1999 2004–2009 1994 1999 2004 2009 Alemania

60

45,2

–14,8

43

–2,2

43,3

–0,3

Austria

67,7

49,4

–18,3

41,8

–7,6

46

–4,2

Bélgica

90,7

91

0,3

90,8

–0,2

90,4

0,4

Dinamarca

52,9

50,5

–2,4

47,8

–2,7

59,5

–11,7

España

59,2

63

3,8

45,1

–17,9

44,9

0,2

Finlandia

60,3

31,4

–28,9

41,1

9,7

40,3

0,8

Francia

52,7

46,7

–6

–3,7

40,6

2,4

Grecia

71,7

75,3

3,6

–12,5

52,6

10,2

Holanda

35,6

29,9

–5,7

39,1

9,2

36,7

2,4

Irlanda

44

50,2

6,2

59,7

9,5

58,6

1,1

Italia

74,8

70,8

–4

73,1

2,3

65

Luxemburgo

88,5

87,3

–1,2

90

2,7

90,7

–0,7

Portugal

35,5

40

4,5

38,7

–1,3

36,8

1,9

Reino Unido

36,4

24

–12,4

38,9

14,9

34,7

4,2

Suecia

41,6*

38,8

–2,8

37,2

–1,6

45,5

–8,3

43 62,8

8,1

* Los datos corresponden a las elecciones celebradas en 1995. Fuente: elaboración propia. Datos del Parlamento Europeo (www.europarl.europa.eu).

si/qué poder político está en juego, indicado principalmente por la simultaneidad de elecciones nacionales y europeas. La nacionalización que adquieren estas elecciones correlaciona positivamente con la movilización electoral pero no tiene suficiente fuerza explicativa. Se debe prestar atención a otro tipo de variables explicativas actitudinales que afectan a la política contemporánea y tienen cierto valor para aplicarlas al comportamiento electoral europeo. ¿Cuál es el motivo que induce a los electores a abstenerse o a participar? Se ha confirmado la relevancia del interés político, la cercanía a los partidos —o en otros términos, la identificación partidista—, y las actitudes hacia la UE, como las principales variables que explican el comportamiento de los europeos frente a las convocatorias electorales. De hecho a través de otras convocatorias se ha podido comprobar que los factores para abstenerse no varían significativamente de unos países a otros. Pero antes de introducirnos en esta proble-

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mática nos facilitaría mucho considerar la tipología de los votantes y de los abstencionistas para poder identificar las causas específicas que inciden en unos comportamientos diferenciados. Por este motivo es útil realizar una clasificación que permite distinguir entre cuatro tipos de electores: 1.o aquellos que votan en elecciones europeas y también en elecciones legislativas; 2.o los electores que votan en comicios europeos pero que se abstienen en elecciones nacionales; 3.o ciudadanos que no votan en elecciones europeas mientras que sí participan en elecciones nacionales; y 4.o electores que se abstienen en ambos tipos de comicios. Las razones para abstenerse pueden ser en ambos casos, circunstanciales o voluntarias (desinterés, desinformación, críticos con la UE, descrédito hacia los políticos....). Se aduce también cierta fatiga si estos comicios se celebran muy seguidos de otros; o si existe falta de interés por parte de los partidos para movilizar al electorado. A raíz de los resultados de los comicios de 1999 se planteó el «eurocansancio» que indujo la inflación de noticias europeas tras la introducción del euro y la unidad monetaria y la ampliación a veinticinco. También se atribuyó la desidia electoral y el desconocimiento general de los europeos de su Parlamento. Junto a ello, la falsa imagen que trasmite la institución europea de «cementerio de elefantes» para los políticos retirados de la vida nacional o «trampolín de lanzamiento» para las jóvenes promesas que aún no se han forjado un lugar en las carreras políticas nacionales. Y sin duda también un tema interesante es la relación que existe entre el grado de participación electoral y la legitimidad de la UE17 por ser una institución que no tiene potestad plena para nombrar «un gobierno» como resulta del resto de las elecciones. Todas estas causas tienen una cierta razón de ser o justifica un comportamiento periférico caracterizado en las elecciones por un alto nivel de abstención que preanunciado en 1999 ha sido más acusado en las elecciones de 2004 y en las siguientes celebradas en 2009. Sea cual fuere quizá la pregunta clave a la que deberíamos encontrar respuesta es simplemente, si los electores están motivados para participar en las elecciones europeas, porque en un sentido más general aún se sabe muy poco a cerca de los motivos que inducen a unos abstenerse y a otros a participar (Schmitt y Mannheimer, 1991).

17 Se puedan localizar excepcionalidades como el caso holandés país en el que estas dos variables no covarían ya que en 1994 en Holanda votó 1 de 3 electores y este porcentaje se ha reducido aún más en 1999, pasando a ser la tasa de participación más baja de su historia electoral, pero sin que ello implique que la legitimación sea menor puesto que son los defensores más acérrimos de la integración europea.

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BIBLIOGRAFÍA ALMOND, G. y VERBA, S. (1963): The Civic Culture, Princeton: Princeton University Press. BERELSON, B.; LAZARSFELD, P. y MCPHEE, N. (1954): Voting. A study of opinion formation in a presidential campaign, Chicago: The University of Chicago Press. BOTELLA, J. (1992): «La galaxia local en el sistema político español», Revista de Estudios Políticos, 76: 145-160. CREWE, I. (1981): «Electoral participation», en D. BUTLER, H. PENNIMAN y A. RANNEY (eds.): Democracy at the Polls, Washington: American Enterprise Institute for Public Policy Research. CORBETTA, P. y PARISSI, A. (1985): «La specificità del voto amministrativo: linee interpretative a partire dalle vincende degli anni settanta», en G. MARTINOTI (eds.): Politica locale e politiche pubbliche, Milan: Franco Agneli. CURTICE, J. y PAYNE, C. (1991): «Local elections as national referendums in Great Britain», Electoral Studies, 10: 1. DAHL, R. y TUFTE, E. (1974): Size and democracy, Oxford: Oxford University Press. DELGADO, I. (1996): «Aproximación al comportamiento electoral municipal: en busca de un modelo analítico», Tesis Doctoral, Madrid: UNED. DELGADO, I. (2003): «La campaña de las elecciones legislativas de marzo de 2000 en España: la influencia de la coyuntura nacional y su interacción sobre las preferencias de los votantes», Ponencia presentada en el VIII Convegno Internazionale de la Società Italiana di Studi Elettorali, Venecia. DELGADO, I. y LÓPEZ NIETO, L. (1997): «Las especificidades de las arenas electorales», en C. ALBA y F. VANACLOCHA (eds.): El sistema político local: un nuevo escenario de gobierno, Madrid: BOE - Universidad Carlos III. DEUTSCH, K. (1961): «Social mobilization and political development», American Political Science Review, 4, 493-514. DOWNS, A. (1957): An economic theory of democracy, Nueva York: Harper & Row. FINIFTER, A. y ABRANSON, P. (1975): «City, size and feelings of political competence», Political Science Quarterly, 39, 189-198. FONT, J. y MATEOS, A. (2007): «La participación electoral», en J. R. MONTERO, I. LAGO y M. TORCAL (eds.): Elecciones generales 2004, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, págs. 143-168.

280


FRANKLIN, M. (1996): «Electoral participation», en L. LE DUC, R. NIEMI y P. NORRIS (eds.): Comparing democracies, Londres: Sage. GAME, C. (1981): «Local elections», Local Government Studies, 7, 2. INGLEHART, R. (1997): The Silent Revolution. Changing values and political styles among Western publics, New Jersey: Princeton University Press. JACKMAN, R. W. (1987): «Political institutions and voter turnout in the industrial democracies», American Political Science Review, 81: 2. JUSTEL, M. (1995): La abstención electoral en España, 1977-1993, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. KARNING, A. y WALTER, B. O. (1977): «Municipal elections: registration, incumbent succes and voter participation», en The municipal yearbook 1977, Chicago: International City Managers Association. KIM, J.; PERTROCIK, J. y ENOKSON, S. (1975): «Voter turnout among the American states: systemic and individual components», American Political Science Review, 69, 107-131. KOBACH, K. W. (1993): «Recents developments in Swiss direct democracy», Electoral Studies, 12, 4:342-365. KUECHLER, M. (1991): «Issues and voting in the European elections 1989», en European Journal of Political Research, 19, 1. LANE, R. E. (1965): Political Life, Nueva York: Free Press. LAURENT, A. y WALLON-LEDUCQ, C. M. (1985): «Vote, offre electorale et territoire», en D. GAXIE (dir.): L’explication du vote, Paris: Presses de la Fondation Nationale de Science Politique. LINZ, J. J. (1992): «La transición a la democracia en España en perspectiva comparada» en R. COTARELO (comp.): Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986), Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. LIPSET, S. M. (1969): Political Man, Londres: Heinemann. LÓPEZ NIETO, L. (1992): «Las elecciones de la transición», en R. COTARELO (comp.): Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986), Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. MANIN, B. (1998): Los principios del gobierno representativo, Madrid: Alianza Editorial.

281


MILBRATH, L. (1965): Political participation: how and why do people get involved in politics?, Chicago: Rand McNally. MILBRATH, L. (1981): «Political participation», en S. L. LONG (comp.): The handbook of political behavior, Nueva York: Plenum Press. NIE, N. H.; POWELL, G. B. y PREWITT, K. (1969): «Social structure and political participation», American Political Science Review, 63: 361-378. MABILEAU, A.; MOYSER, G.; PARRY, G. y QUANTIN, P. (1987): Les citoyens et la politique locale, Paris: Pedone. MONTERO, J. R. y TORCAL, M. (1990): «Autonomías y Comunidades Autónomas en España: dimensiones, preferencias y orientaciones políticas», Revista de Estudios Políticos, 70: 33-91. O’DONNELL, G.; SHMITTER, C. y WHITEHEAD, L. (1988): Transitions from authoritarian rule, Baltimore: The Johns Hopkins University Press. PALLARÉS, F. (1994): «Las elecciones autonómicas en España, 1980-1992», en P. DEL CASTILLO (ed.): Comportamiento político y electoral, Madrid: CIS. PALLARÉS, F. y DELGADO, I. (2001): «Le sei tornate di elezioni comunali in Spagna dal 1979 al 1999», Quaderni dell’ Osservatorio elettorale, 46: 97-136. PALLARÉS, F. y FONT, J. (1994): «Las elecciones autonómicas en Cataluña (19801992)», en P. Del Castillo (ed.): Comportamiento político y electoral, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. PATTERSON, S. y CALDEIRA, G. (1983): «Getting out the vote», American Political Science Review, 77: 675-689. PETTERSEN, P. A. y ROSE, L. (1993): «Participation in local politics: the Norwegian experience», paper presentado en el Seminario franco-noruego Local government in Norway and France, Talence: Centre d’Etude et de Recherche sur la Vie Locale. POWELL, G. B. (1980): «Voting turnout in thirty democracies», en R. ROSE (ed.): Electoral Participation, Londres: Sage. POWELL, G. B. (1986): «American voter turnout in comparative perspective» American Political Science Review, 80: 17-43. PUTNAM, R. (1978): «Political attitudes and local community», American Political Science Review, 4: 640-655. REIF, K. (1985): «Ten second-order national elections», en K. REIF (ed.): Ten European elections, Aldershot: Gower.

282


RIVERA, J. M.; LAGARES, N.; CASTRO, A. y DIZ, I. (1998): «Las elecciones autonómicas en Galicia», en M. ALCÁNTARA y A. MARTÍNEZ (eds.): Las elecciones autonómicas en España, 1980-1997, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. ROSE, R. (1980): Electoral participation, Sage: Beverly Hills, California. ROSENSTONE, S. y WOLFINGER, R. (1978): «The effect of registration laws on voter turnout», American Political Science Review, 72: 22-45. SANTAMARÍA, J. (1984): «Elecciones generales de 1982 y consolidación de la democracia: a modo de introducción», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 28: 7-17. SCHMITT, H. y MANNHEIMER, R. (1991): «About voting and non-voting in the European elections of June 1989», European Journal of Political Research, 19, 1. SCHMITT, H. y MANNHEIMER, R. (1994): «Votantes y no votantes en las elecciones europeas de junio de 1989», en P. DEL CASTILLO (ed.): Comportamiento político y electoral, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. VALLÉS, J. M.a y SÁNCHEZ, J. (1994): «Las elecciones municipales en España entre 1979 y 1991: balance provisional», en P. DEL CASTILLO (ed.): Comportamiento Político y Electoral, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. VAN DER EIJK, C. y FRANKLIN, M. (1996): Choosing Europe, Michigan: The Michigan University Press. VERBA, S.; NIE, N. H. y KIM, J. (1978): Participation and political equality, Cambridge: Cambridge University Press. WOLFINGER, R. E. y ROSENSTONE, S. J. (1980): Who votes?, New Haven: Yale University Press.

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Tema 7

Elecciones generales al Congreso y al Senado Lourdes López Nieto

1. Introducción y normas electorales. 2. Las elecciones al Congreso de los Diputados. 2.1. Convocatoria y candidaturas. 2.2. Análisis del censo, de la participación y de la distribución de votos a las diversas candidaturas agregados a nivel nacional en las diez elecciones legislativas celebradas (1977-2011). 3. Rendimiento político y proporcionalidad del sistema electoral del congreso. 3.1. Un análisis agregado. 3.2. Estudio de casos desagregados por distritos provinciales. 4. La competitividad: ejemplo de aplicación de indicador a las elecciones al congreso. 4.1. Un análisis agregado. 4.2. Estudio de casos desagregados por provincias. 5. De las urnas a las instituciones (1977-2012). 5.1. Composición de los grupos parlamentarios y de las mesas del Congreso de los Diputados. 5.2. Los presidentes de gobierno. 6. Las elecciones al Senado. 6.1. El sistema electoral y análisis de resultados agregados. 6.2. Análisis comparado entre los resultados del Senado y Congreso. 7. Reflexiones finales. 7.1. Las elecciones al Congreso y las demás elecciones españolas. 7.2. Fundamentos y realidad sobre las propuestas de reforma electoral.

1. INTRODUCCIÓN Y NORMAS ELECTORALES El análisis de todo proceso electoral requiere como mínimo conocer las reglas de juego del mismo, el sistema electoral y después analizar los resultados que se han producido en términos electorales e institucionales. Un análisis político electoral completo requiere además, estudiar el proceso electoral en su totalidad, desde el contexto político, social y económico en que se produce la convocatoria, hasta el rendimiento y adecuación de los resultados con el grado de cumplimiento de los objetivos de todo comicio. Dicho de otra forma, estaríamos ante el estudio de una de las partes esenciales del funcionamiento de la democracia. La historia electoral de las Cortes Españolas, como la del resto de las naciones Occidentales más importantes, comienza en los albores del siglo XIX, al acabar con el Antiguo Régimen. Se introducen las elecciones inorgánicas, con sufragio censitario, distritos uninominales y sistema mayoritario a veces indirecto. A finales del siglo XIX ya se usa el sufragio universal masculino y los distritos plurinominales con voto limitado en algunos distritos urbanos. Durante el siglo XX se van introduciendo garantías electorales a lo largo del proceso electoral, aunque su implantación y salvaguarda real, no solo jurídica, son efectivas cuando se consolidan los sistemas democráticos tras los periodos totalitarios y bélicos, que afectaron a las naciones europeas con mayor o menor intensidad durante el citado siglo. En efecto, se trata de una historia compleja con etapas más o menos democráticas y con otras en las que las elecciones servían para legitimar regímenes autoritarios, tal como ocurriera en países con tradición autoritaria, como Francia, Italia, Alemania, España, Portugal, Grecia o Austria. Estados Unidos y Suiza quedan al margen de estas contingencias, lo que unido a otras singularidades de sus respectivas historias política y constitucional hacen que sus respectivos sistemas políticos y procesos representativos sean singulares. Hecha esta brevísima introducción histórica, vamos a detenernos en el periodo en el que el

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sistema electoral y los procesos electorales democráticos en España han durado más tiempo, es decir desde 1978. Recordemos que los fines de las elecciones, producir representación, gobierno y legitimidad, no se pueden cumplir de forma absoluta, porque ya al diseñar el sistema electoral el legislador tiene en cuenta criterios de tipo muy diverso (políticos, históricos, etc.). Así, los elementos básicos del sistema electoral del Congreso y del Senado se pactan inicialmente entre el presidente del segundo gobierno de la monarquía A. Súarez y los procuradores de la última legislatura de las Cortes franquistas. El acuerdo se recoge en la Ley para la Reforma Política, que una vez que fue aprobada en Referéndum en diciembre de 1976 y después promulgada (BOE, 5 de enero de 1977). Esta ley establece el número de escaños del Congreso (350), que el reparto de los mismos se inspiraría en criterios proporcionales, que los distritos serían las provincias y también que estas tendrían un número mínimo de escaños en cada una; además señala que habría unos mecanismos correctores para evitar la excesiva fragmentación del Congreso. El Senado sería la cámara de representación de las entidades territoriales (4 por provincia, más uno por cada isla y uno por Ceuta y otro por Melilla) y sus 208 miembros serían elegidos de acuerdo con criterios mayoritarios por los residentes en los citados territorios. Además el Rey podría designar un número de senadores inferior a la quinta parte de los elegidos, hecho que se produjo solo en las primeras elecciones de 1977, ya que después esta norma no fue recogida por la Constitución. Después, el gobierno consultó a las fuerzas políticas recién legalizadas y aprobó el decreto ley de 18 de marzo de 1977, en el que se desarrollan algunos de estos aspectos; el gobierno optó por atribuir para la elección del Congreso dos escaños mínimo por provincia y el resto en función de la población; también decidió que la fórmula de atribución de escaños fuera la D’Hondt así como el tipo de voto: lista cerrada y bloqueada para fortalecer a los entonces débiles partidos. Es posible, que con objeto de compensar este reforzamiento de los partidos políticos a través de las listas cerradas y bloqueadas y de otros instrumentos constitucionales y normativos, se decidiera que la elección de los senadores se realizaría por sistema mayoritario con lista abierta y voto limitado. De esta forma, los electores tienen plena libertad para elegir tres candidatos entre las normalmente numerosas candidaturas que se le ofrecen.

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ELECCIONES GENERALES AL CONGRESO Y AL SENADO

Estos elementos del sistema electoral de ambas cámaras fueron después recogidos en la Constitución de 1978 por lo que tras la aprobación del referéndum constitucional se legitimaron democráticamente los citados sistemas electorales y los principios en los que se fundamentaron, como ocurre con numerosos aspectos del actual sistema político español, que como ocurre en las demás democracias, hunde sus raíces en los respectivos regímenes políticos anteriores. No hay ejemplos en la historia política occidental que muestren que tras un proceso de ruptura política con el anterior régimen, todas las instituciones, normas y prácticas políticas sean de nuevo cuño. Conviven unas que se recuperan de etapas anteriores y otras de nueva creación o con elementos mixtos, tal como acontece con las reglas electorales que analizamos. El citado decreto-ley estuvo vigente hasta que en 1985 se aprobó la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), en cuyo preámbulo se defiende la utilidad de estos sistemas electorales durante casi una década democrática. La práctica política comparada demuestra que son mayoría los casos de sistemas políticos que no han alterado «las reglas de juego» cuando estas funcionan de forma adecuada, un ejemplo más de cómo la inercia en política constituye un criterio frecuente por sus efectos mayoritariamente aceptados. De hecho, ha ocurrido con los sistemas electorales recogidos en la LOREG, que solo se han reformado en algún aspecto puntual y apoyado siempre por amplias mayorías, salvo lo ocurrido en la legislatura VIII con la llamada «ley de igualdad» y su impacto en la LOREG de facto. La respuesta a las sucesivas propuestas de reforma electoral presentadas durante la VIII legislatura en el ámbito académico, pero sobre todo político en forma de iniciativas legislativas y recogidas en los programas electorales de varios partidos parlamentarios, hizo que el gobierno solicitara al Consejo de Estado emitir un informe sobre las diversas propuestas de reforma al comienzo de la IX legislatura (junio de 2008). En febrero de 2009 dicho Consejo emitió el correspondiente informe (www.consejodeestado.es)1 que fue utilizado por los miembros de una subcomisión en el Congreso de los Diputados, quienes en enero de 2011 aprobaron dos Leyes Orgánicas (2 y 3/2011, BOE, 29 de enero) que modificaron varios artículos de la L.O.R.E.G. con el acuerdo de los partidos mayoritarios2 1

Buscar, el «Informe del Consejo de Estado sobre las propuestas de modificación del Régimen Electoral General» de 24 de febrero de 2009. 2 Recoge el texto de la LOREG con enlace a las diversas modificaciones introducidas por ambas leyes. También se puede consultar el «Texto consolidado de la LOREG» en el enlace de la página del Ministerio del Interior (www.ministeriointerior.es) sobre normativa electoral, que recoge la referencia a las leyes y el texto de los artículos reformados desde de 1985.

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(www.juntaelectoralcentral.es). Se trata de unas reformas importantes que produjeron algunas consecuencias inmediatas como veremos después y que han sido objeto de diversos análisis que explican el contenido de las mismas3. Estas opciones fueron estudiadas teniendo en cuenta muy diversos factores, que evitaran los inconvenientes que habían producido los sistemas electorales en España en épocas anteriores: entre ellos, la excesiva fragmentación del Congreso, la indisciplina de los diputados y la inestabilidad gubernamental. Al tiempo se pretendía conseguir que el sistema electoral lograra cumplir los otros dos fines de toda elección, producir legitimidad y que permitiera una amplia representación de las opiniones de los electores. La LOREG, aprobada por consenso, además regula extensamente todas las fases del proceso electoral, la mayoría de las cuales son comunes de hecho a todos los comicios que se celebran es España4 y aunque ha sufrido algunas modificaciones, los aspectos sustanciales se han mantenido inalterados. Consta de cinco títulos divididos en diversos capítulos y secciones, a cuyo amparo se han aprobado y desarrollado normas complementarias4. El título I recoge «las disposiciones comunes para las elecciones por sufragio universal directo» y consta de ocho capítulos, que regulan desde los requisitos para el ejercicio del sufragio activo y pasivo, la administración electoral (juntas electorales, mesas, censo electoral, convocatoria electoral, candidaturas, papeletas, encuestas, escrutinio, contencioso y delitos. Los demás títulos son muy breves y recogen las disposiciones especiales para las elecciones de diputados y senadores (título II), municipales (III) cabildos insulares (IV) y diputados provinciales (V). A lo largo de estos años se han venido realizando balances sobre el funcionamiento de los sistemas electorales, que en términos globales han sido positivos, ya que han permitido cumplir los objetivos básicos de las elecciones: ha concurrido una pluralidad de opciones políticas, como trataré de 3

Entre ellos, mi capítulo junto a textos de 16 profesores: LÓPEZ NIETO, L., «Reflexiones sobre las reformas electorales en España» en ÁLVAREZ CONDE, E. y LÓPEZ DE LOS MOZOS, A. (directores) Estudios sobre la reforma de la Ley Orgánica del Régimen electoral general: la reforma continua y discontinua» Madrid, IDP, 2011, ISBN: 978-84-608-1210-4, pp. 79-101. 4 Las Comunidades Autónomas pueden elaborar sus propias leyes electorales, como así lo han hecho estableciendo las especificidades básicamente en el tamaño del parlamento, distritos y barrera (ver el siguiente capítulo). Por el contrario los demás elementos del proceso electoral son comunes a las que recoge la LOREG. 5 Por ejemplo la ley de financiación de partidos que desarrolla la sección II del capítulo VII del título I.

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mostrar más adelante, en la tabla sobre el número de candidaturas al Congreso y al Senado en las convocatorias electorales. El número de candidaturas ha ido aumentando siempre, quizá porque la normativa ofrece muchos incentivos para concurrir: financiación de la campaña en medios públicos y edición de las papeletas, obtención del censo electoral, etc. Muchas legislaciones europeas establecen estos sistemas de financiación, pero al tiempo exigen como compensación de los gastos que generan al erario público, el depósito de una fianza que se recupera si se obtiene un porcentaje mínimo de votos. Por otra parte, el porcentaje de votos sin representación parlamentaria ha sido muy pequeño, similar a aquel que se produce en todos los sistemas proporcionales europeos. Dicho de otra forma, la mayoría de las fuerzas políticas mayoritarias o minoritarias, muchas localizadas en territorios concretos de España han logrado una representación similar al de sus apoyos electorales. Esta realidad constituyó uno de los objetivos del legislador que pretendió integrar a las formaciones nacionalistas en la gobernabilidad de España, como de hecho habría ocurrido hasta el momento. Pero como toda decisión tiene su reverso, las terceras y cuartas fuerzas políticas de ámbito nacional (Alianza Popular en las dos primeras elecciones, Partido Comunista-Izquierda Unida, Centro Democrático y Social) o Unión Progreso y Democracia, se han visto penalizados, lo que viene motivando críticas desde el primer momento6. Las actitudes desleales de determinadas posiciones nacionalistas hacia el modelo constitucional vigente, habría motivado las diversas propuestas de reforma del sistema electoral7, asunto que trataremos al final de este capítulo. En todo caso, la barrera del 3% establecida para evitar la fragmentación parlamentaria no ha sido casi nunca obstáculo para alcanzar escaños. Además, las diversas simulaciones con otras fórmulas de distribución de voto, ampliando el número de escaños al techo constitucional (400) han mostrado que los resultados no difieren mucho de los que se han producido en las diversas elecciones celebradas. Entre otros factores por la solidez de los diversos bloques electorales que han configurado un claro sistema bipartidista. Pero además los resultados de estas elecciones han producido gobiernos diferentes: algunos representan opciones políticas distintas ya que ha habido 6 Por ejemplo, en las elecciones de 2000 IU obtuvo 1.263.043 votos y ocho diputados, mientras que CIU, con 300.000 votos menos, pero concentrados en Cataluña, obtuvo quince escaños. 7 Por ejemplo del presidente de Extremadura, Rodríguez Ibarra, quién ha defendido en varias ocasiones reducir la «ventaja parlamentaria» de las citadas formaciones nacionalistas.

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alternancia política como los gobiernos de la Unión de Centro Democrático (UCD), del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del Partido Popular (PP). Esta realidad en parte se ha debido a que el sistema electoral del Congreso ha permitido canalizar la voluntad de los ciudadanos, que ha ido modificándose en el tiempo por diversas razones: por ejemplo, el censo electoral ha aumentado desde 1977 en diez millones seiscientas mil personas, lo que ha introducido nuevas cohortes de electores; la participación ha variado en los diversos procesos. Es así mismo posible que esta versatilidad obedezca a la competitividad electoral: la distancia medida en porcentaje de voto entre el primer y segundo partido ha cambiado en casi todos los distritos en las elecciones celebradas lo que ha producido que el primer partido haya sido superado por el segundo en muchos distritos (primero la UCD por el PSOE y luego el PSOE por el PP). Ha habido gobiernos mayoritarios (1982, 1986, 2000 y 2011, más el de 1989) y minoritarios, con apoyos parlamentarios diversos: los dos de la UCD en 1977 y 1979, que consiguieron que las grandes fuerzas parlamentarias votaran las iniciativas gubernamentales en algún momento de las legislaturas. Después el gobierno del PSOE de 1993 con Convergencia y Unión (CiU) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV); finalmente el del PP en 1996, con los anteriores apoyos parlamentarios mas el del Coalición Canaria CC). Tras las convulsas elecciones de 2004 hubo un gobierno del PSOE en minoría con apoyo parlamentario de todos los grupos parlamentarios a excepción del Partido Popular, cumpliéndose así uno de los acuerdos del Pacto del Tinell. El Partido Socialista también obtuvo la victoria en las elecciones de 2008 y quedó solo a seis escaños de la mayoría absoluta, lo que supuso un nuevo gobierno en minoría, aunque en este caso no requiere apoyos estables para garantizar la gobernabilidad. Ninguno de los citados gobiernos ha sido de coalición, es decir, los gobiernos han estado integrados por miembros de un solo partido, aunque algunos gabinetes tuvieran ministros independientes. Salvo el de 1996 ninguno de los gobiernos minoritarios formalizó el apoyo parlamentario en forma de documento público. Por otra parte, el votante en las elecciones al Congreso y al Senado puede emitir dos votos, además de hacerlo en blanco, en este último caso contabilizado como voto válido, cuya magnitud siempre favorece al primer partido. En el caso del Congreso votando una lista propuesta por el partido que decida, que previamente recluta a los candidatos con objeto de que representen a los diversos grupos sociales (mujeres, jóvenes, etc.) y tendencias o

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sensibilidades ideológicas internas. Además cuando confecciona la candidatura el partido ha de tener en cuenta otros criterios relativos a la necesidad de premiar el trabajo de ciertos militantes y con la profesionalidad, lealtad y experiencia de sus potenciales diputados. La libertad de voto del elector estriba en seleccionar la candidatura del partido por el que opte, aunque el votante dispone de un segundo voto: una lista abierta para elegir a los tres senadores (menos en las islas, Ceuta y Melilla) que eventualmente prefiera. Los candidatos al Senado no realizan campaña individual, lo que quizá redundaría en que un mayor número de electores utilizara a fondo la libertad de voto que le ofrece el sistema electoral. Con ello quizá se obviaría la crítica que se hace a la lista cerrada y bloqueada sobre todo en ciertos medios de comunicación, que suelen desconocer que en aquellos sistemas electorales de la Europa continental que tienen lista abierta o que permiten el voto de preferencia solo una minoría de los electores utiliza estas opciones de los sistemas citados. Además, los partidos políticos siguen siendo los actores políticos fundamentales entre el Estado y los ciudadanos en el ejercicio de la democracia representativa y su constitucionalización. La defensa y protección que el sistema electoral hace de los mismos, sin duda han sido esenciales para el funcionamiento exitoso de la democracia española. La «ingeniería» normativa en favor de los partidos, tanto en la Constitución, como en la LOREG y otras leyes, han contribuido a ello. Con perspectiva temporal conviene destacar la visión política del legislador en aquel momento habida cuenta de la compleja vida que los partidos han tenido desde la transición hasta nuestros días, aunque tiene sus antecedentes y raíces en la historia política española desde el siglo XIX. Pese a ello, algunos partidos han desparecido (por ejemplo, la Unión de Centro Democrático, UCD), otros se han dividido (como Eusko Alkartasuna del Partido Nacionalista Vasco) y hubo procesos de coalición inestable, como las diversas coaliciones establecidas por Alianza Popular desde su creación hasta su refundación en 1989 como Partido Popular, PP. Este tipo de hechos han sido más numerosas en el ámbito de las fuerzas del centro y la derecha entroncando con la tradición antedicha que justifica que se llegara a hablar de «la volatilidad de las elites». Hay que recordar, no obstante que también se han producido procesos de integración de partidos (por ejemplo de diversos partidos socialistas en el PSOE en 1979) o de acuerdos o coaliciones estables (por ejemplo, la Unión del Pueblo del Pueblo Navarro con el PP, similar a lo que ocurre en Alemania con la formación

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democristiana en Baviera). En las elecciones celebradas en el nuevo siglo ha aumentado el número de parlamentarios de formaciones de izquierda alguna de las cuales surge como consecuencia de una escisión del PSOE, caso de UPyD y otras son fruto de diversos tipos de acomodos o reorganización de fuerzas nacionalistas de izquierdas (NBai, Amaiur) En suma, las elecciones celebradas con estos sistemas electorales han realizado las funciones pretendidas por quienes diseñaron y después mantuvieron estos sistemas, pero al tiempo han sido funcionales para plasmar las cambiantes preferencias electorales de una parte de los ciudadanos. Esta breve reflexión se sustenta en el análisis de los resultados que contiene este estudio junto a numerosos cuadros que recogen los datos básicos agregados en el ámbito nacional. También se incluyen algunos resultados electorales por distritos, por lo que la combinación de ambos tipos de información y análisis, permite conocer extensamente lo ocurrido en las elecciones al Congreso de los Diputados. En primer lugar analizamos de forma agregada los resultados básicos (censo, participación, votos y escaños por partidos) para las elecciones celebradas, prestando atención a la evolución en el tiempo y a los efectos e influencia en términos de representación parlamentaria. Luego se analizan algunos de los efectos de los sistemas electorales, de forma agregada y por distritos, en este segundo caso para verificar la relación entre escaños y votos en las elecciones de 1986 y 2000 en las 52 provincias, así como la participación y votos sin representación parlamentaria. Permitirán evaluar donde, en que medida y a que formaciones benefician las hipotéticas ventajas del sistema electoral en dos elecciones en las que ha habido una participación idéntica y en las que dos partidos distintos (PS y PP) han logrado una mayoría absoluta. Después, como ejemplo de utilización de uno de los indicadores para efectuar análisis precisos sobre el rendimiento de los sistemas electorales8, hemos elaborado unos cuadros de competitividad electoral de los partidos con representación parlamentaria en todas las elecciones celebradas en los 52 distritos, que permiten medir el impacto que la evolución de las preferencias electorales, ha tenido sobre la distancia, competitividad entre los dos principales partidos de forma desagregada. Finalmente se incluye la composición de los grupos parlamentarios, de la mesa del Congreso en cada legislatura así datos básicos de los gobiernos, para tener la traducción completa del proceso representativo de los votos a las instituciones. 8

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Cuya explicación y fórmulas están recogidas en anteriores capítulos de la presente Unidad Didáctica.


El sistema electoral del Senado, así como los principales resultados habidos en esta Cámara también se analizan siguiendo el mismo esquema que el utilizado para las elecciones al Congreso de los Diputados, lo que permite también realizar un estudio comparando de ambos procesos dado que se celebran simultáneamente. El capítulo concluye con unas reflexiones finales sobre los apoyos electorales de las dos formaciones mayoritarias y la alta competitividad habida en los últimos quince años, que se altera con un hipotético inicio de un nuevo ciclo. Además contiene un análisis de las posibles especificidades de las elecciones generales respecto de los demás procesos y sumariamente reflexiona sobre las propuestas de reforma electoral.

2. LAS ELECCIONES AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 2.1. Convocatoria y candidaturas A lo largo de los 34 años transcurridos desde 1977 se han celebrado once comicios generales, seis de los cuales por distintos motivos, lo han sido anticipadamente. Las primeras (junio de 1977) fueron de hecho elecciones constituyentes ya que los diputados y senadores tuvieron como principal objetivo elaborar y aprobar el texto constitucional, luego ratificado por los ciudadanos en el Referendum (diciembre de 1978). Inmediatamente después se convocaron nuevas elecciones generales (marzo de 1979) que dieron lugar a la I legislatura de las Cortes Españolas9. Por lo tanto, la legislatura constituyente tuvo una duración de año y medio. La I legislatura (1979-1982) tampoco agotó el mandato de cuatro años, debido a la crisis política suscitada por la crisis interna de la Unión de Centro Democrático (UCD), formación o coalición política del presidente de gobierno A. Suárez. Esta obedeció tanto a factores internos, como a graves conflictos económicos, sociales y de terrorismo, en cuyo interín y mientras se votaba la investidura del sucesor del presidente, L. Calvo Sotelo, se produjo el intento de golpe de estado (1981). El citado presidente convocó anticipadamente las elecciones para elegir los diputados y senadores de la II legislatura (octubre de 1982). Este primer mandato socialista con mayo9

Recordemos que esta es la denominación que reciben en la Constitución española (CE) ambas cámaras legislativas, Congreso de los Diputados y Senado.

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ría absoluta duró cuatro años menos cuatro meses, hasta junio de 1986. En la III legislatura el presidente F. González contó también con mayoría absoluta, pero solo duró tres años ya que de nuevo anticipó la convocatoria electoral motivado por diversas circunstancias: conflictos sociales y económicos y casos de corrupción que implicaban a cargos públicos socialistas (octubre de 1989). La IV legislatura prácticamente agotó el mandato como en la II, a pesar de que el gobierno tuvo la escueta mayoría absoluta de 175 escaños, gracias a que los diputados de HB no acudieron al Congreso durante ese mandato. La V legislatura, tuvo su origen en una de las elecciones más competitivas de la democracia y en este caso tampoco agotó el mandato (tres años), ya que el presidente F. González convocó las que fueron sus últimas elecciones generales como presidente para marzo de 1996. En la VII legislatura el Partido Popular (PP) por primera vez permitió la elección de J. M. Aznar como presidente del gobierno. A pesar de que solo obtuvo la mayoría relativa, esta legislatura duró cuatro años agotándola (marzo de 2000), por lo que las dos legislaturas populares han cumplido el mandato en su integridad. La VIII legislatura comenzó tras las elecciones de marzo de 2004 en las que el presidente Zapatero alcanzó su primer mandato y a pesar de no contar con mayoría absoluta agotó la legislatura, revalidando su cargo tras los comicios de marzo de 2008. Las décimas elecciones se celebraron de forma anticipada y han sido singulares por el temprano anuncio de su fecha ya que el presidente Rodríguez Zapatero comunicó al comienzo del verano el adelanto de los comicios y señaló la fecha del 20 de Noviembre para ello. Sin embargo, la disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones se realizó por Real Decreto 1329/2011 el 26 de septiembre. Los comicios dieron como resultado un gobierno del partido Popular con mayoría absoluta, que rompe con el periodo de alta competitividad entre los dos partidos mayoritarios que se había iniciado en 1993 y que se mantuvo hasta 2011, con la salvedad de la mayoría absoluta alcanzada por el PP en las elecciones de 2000. El número de candidaturas ha sufrido oscilaciones en las distintas convocatorias, pero lo más significativo es su elevado número. Esta circunstancia obedece en gran medida a las facilidades dadas por las normas electorales: los requisitos para la presentación de las mismas son mínimos. Pero también porque indirectamente se incentiva la numerosa presentación gracias a los mecanismos de financiación electoral contemplados por las normas: se les facilita el censo electoral, cuyo uso en ocasiones se aprove-

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cha para fines no electorales, como terroristas o comerciales lo que ha producido algunas intervenciones judiciales. Pero además si las candidaturas cumplen unos requisitos mínimos (por ejemplo, presentarse en un número determinado de distritos), tienen derecho a beneficiarse de mecanismos adicionales de financiación pública, como espacios gratuitos de televisión o envío de propaganda electoral. Esta práctica realizada normalmente por peculiares y minoritarios grupos sociales, contrasta con el comportamiento electoral que desde los albores de la democracia ha optado por dirigir su voto hacia un número limitado de candidaturas, en parte, como resultado de los hipotéticos efectos sicológicos del sistema electoral, pero quizá también porque los políticos no han querido limitar la libertad de presentación de candidatura. Esta decisión política tiene aspectos positivos ya que incentiva la pluralidad política, aunque cuando se plantean los costes materiales de los procesos electorales y a la vista de la imagen de despilfarro que supone ver (en los colegios electorales al cierre de las jornadas electorales) miles de papeletas inutilizadas, convendría quizá recurrir a prácticas políticas comparadas europeas, como la introducción y regulación de la denominada «fianza electoral», que exige a toda candidatura el depósito de una suma de dinero, que le será devuelta en caso de alcanzar un determinado porcentaje de votos. Sin embargo, la drástica reducción de las candidaturas en las elecciones de 2011, obedece a la eficacia de los cambios introducidos en la reforma de la L.O.R.E.G (artículo 169,2) que perseguía disminuir el número de listas, aumentando el número de firmas, alternativa distinta a la mencionada de la fianza. Esta solución ha resultado adecuada para los alcanzar los objetivos perseguidos, especialmente en un momento de crisis económica y que como es lógico, provocó la crítica de más de quince formaciones que no pudieron recoger las firmas requeridas de acuerdo con el texto reformado.

Tabla 1. Número de candidaturas presentadas a las elecciones generales, 1977-2011 Número de 1977 1979 1982 1986 1989 1993 1996 2000 2004 2008 2011 Candidaturas Congreso

585

Senado

937

753

778

684

812

795

530

773

790

1.114

593

1.366 1.465

600

782

752

659

752

765

773

597

Fuente: López Nieto, L., 2012, sobre fuentes oficiales de la Junta Electoral Central.

297


2.2. Análisis del censo, de la participación y de la distribución de votos a las diversas candidaturas agregados a nivel nacional en las diez elecciones legislativas celebradas (1977-2011) Para analizar los resultados electorales del Congreso y del Senado es preciso contar con los resultados oficiales cuyo resumen es publicado a instancia de la Junta Electoral Central (JEC) en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La publicación oficial de resultados se produce una vez que se han resuelto las reclamaciones o los recursos que se hubiesen podido presentar a la proclamación provisional de los resultados. Este segundo tipo de fuente que es oficiosa, la ofrece el Ministerio de Interior el día de las elecciones, antes de que las actas de las mesas electorales envíen sus datos a las juntas electorales (de zona, municipales, provinciales, etc.). Uno de los primeros indicadores que permiten analizar los resultados y el comportamiento electoral es la participación habida en los comicios. Para averiguar este dato hay que conocer el censo electoral, que como el lógico, es menor que la población de derecho. En las elecciones constituyentes el censo electoral era de 23.583.762 y en las últimas ha aumentado en 12.489.417 millones de electores (tabla 2). Este dato debe ser tenido en cuenta, a la hora de analizar y comparar cualquiera de los indicadores para un periodo como el que nos ocupa y que suele ser esgrimido en las disputas entre partidos10. El censo electoral incluye desde que la LOREG así lo establece y por tanto desde las elecciones de 1986, a los Residentes Ausentes en un censo específico (CERA) que aumenta en cada elección pasando de los 165.576 censados en 1968 hasta casi un millón en las de 2000 (tabla 2). Este censo se escruta después, cuando llegan los resultados de los ciudadanos españoles residentes ausentes que han votado en las embajadas y consulados. Durante la VIII se ha modificado parcialmente la LOREG con objeto de dar respuesta a la creciente movilidad de ciudadanos que de forma temporal residen fuera de España, por ejemplo los estudiantes de Erasmus. De esta forma, se ha recogido el derecho que les asiste a este tipo de ciudadanos a poder votar en las representaciones diplomáticas, como es lógico bajo ciertas condiciones. Las importantes refor10 Cuando un partido asevera que ha ganado por más número de votantes que otros, independientemente del porcentaje: por ejemplo, en las elecciones de 1982, el PSOE consiguió el 48,11% de votos y el PP cuando consiguió mayor porcentaje de apoyo fue en las de 2.000 con 44,5% de los votos. Sin embargo, en números absolutos el PP consiguió 193.786 votos más que el PSOE, independientemente de la desigual participación que se produjo en ambas elecciones.

298


Tabla 2. Censo, participación, votos válidos y nulos en las elecciones al Congreso de los Diputados, 1977-2011 Fecha

Censo**

Participación***

v. nulos

v. candidatura*

v. blanco*

1977

23.583.762

18.590.130 78,83%

265.797 1,43%

18.278.085 99,75%

46.248 0,25%

1979

26.836.490

18.256.192 68,04%

268.277 1,47%

17.933.648 99,68%

57.267 0,32%

1982

26.846.940

21.469.274 79,97%

419.236 1,95%

20.951.600 99,53%

98.438 0,47%

1986

29.117.613

20.524.858 70,49%

321.939 1,57%

20.081.733 99,40%

121.186 0,60%

1989

29.604.055

20.646.365 69,74%

152.683 0,74%

20.351.887 99,31%

141.795 0,69%

1993

31.030.511

23.718.816 76,4%

126.952 0,5%

23.403.185 98,7%

188.679 0,8%

1996

32.531.833

25.172.580 77,4%

125.782 0,5%

24.802.931 99,03%

243.345 0,97%

2000

33.969.640

23.339.490 68,7%

158.200 0,68%

22.814.451 98,42%

366.823 1,58%

2004

34.571.831

26.155.436 75,65%

264.137 1,01%

25.483.504 98,42%

407.795 1,58%

2008

35.073.179

25.900.439 73,8%

165.576 0,64%

25.448.681 98,89%

286.182 1,11%

2011

35.779.491

24.666.392 68,9%

317.555 1,3%

24.015.376 97,35%

333.461 1,4%

Fuente; López Nieto, L., 2012, sobre datos de Ministerio de Interior y de la Junta Electoral Central que coinciden con los del Ministerio de Interior para 2011. (**), desde las elecciones de 1986 incluye los datos del (*) la suma de los votos a candidatura más los votos en blanco, son los votos válidos. (**) Incluye el Censo Electoral de Residentes Ausentes (C.E.R.A.) que en 1986 fue 257.169 electores de los cuales votaron el 20,6%; en las de 1989 fue de 165.576 y los votantes fueron el 36,1%; en las de 1993 el CERA casi se duplica ya que era de 381.731 electores y votaron 35,9%; en 1996 de 526.065 y votó el 34,6%; el C.E.R.A. de nuevo se duplica en 2000, 930.914 y votó 22,97%. El censo C.E.R.A en 2008 fue de 1.205.329 y votó un 31,74% . El censo en las de 2011 fue de 1.482.786 y participó un 4,95%. (***) El porcentaje de votos por correo fue de 1,3% (1993) y de 1,5% (1996).

299


mas introducidas sobre el voto C.E.R.A. en las leyes de 2011 ya citadas, explica en buena medida la reducción de votantes en las citadas elecciones, que entre otros cambios exige la solicitud expresa de las papeletas y la utilización de la red consular en lugar del voto por correo. Los parlamentarios utilizaron a fondo los razonamientos del citado Informe del Consejo de Estado y optaron por sustituir el voto por correo por los indicios de problemas que este tipo de voto genera en los sistemas electorales, lo que ha motivado su reforma. El porcentaje de participación se obtiene al dividir el número de votantes por el censo y multiplicar el cociente por cien y después podemos calcular la abstención. Como se puede advertir en la tabla adjunta, los índices de participación reflejan una de las características del comportamiento electoral español: los cambios progresivos que se han producido a lo largo de veintitrés años. En cuatro ocasiones se produce una fuerte movilización motivada por el interés que esos cuatro comicios concitan: las constituyentes obviamente presentan una de las más altas tasas de participación, como las de 1982, en las que se prevé la alternancia política, pero también como respuesta a la crisis política que culminara con el intento de golpe de estado. Después la abstención sube, como también había ocurrido en las de 1979, en este caso motivado por el «cansancio»11. En las de 1986 y 1989 hubo una fuerte desmovilización ya que la abstención subió casi en 10%. En las dos siguientes elecciones, de nuevo sube la participación aunque sin llegar al 79% de 1977 y 1982 para descender de nuevo en las de 2000 y 2011 en las que prácticamente se reproduce la misma tasa de participación que en las de 1979, 1986. En las últimas elecciones sube primero y desciende ligeramente aunque sin alcanzar las cotas máximas. Como es sabido hay muchos factores que influyen en la participación relativos al contexto político, social y económico en el que se celebran las elecciones, que afectan tanto a este indicador como a los votos a las distintas opciones políticas y complementan el interés por lo que está en juego en las elecciones. En principio y de acuerdo con todas las encuestas, las elecciones generales de las que surge el gobierno de la nación, son las que concitan mayor interés a los ciudadanos y en consecuencia generarían mayor movilización. Sin embargo, ya hemos visto que se han producido diferencias de hasta 10% entre unas y otras elecciones legislativas o también llamadas generales.

11

Recordemos que los españoles fueron convocados a participar en dos Referenda para aprobar la Ley de Reforma Política en 1976 y la Constitución en 1978, además de las elecciones constituyentes.

300


Los votos nulos y blancos suelen ser muy pocos, aunque, como se comprueba en la tabla adjunta, los nulos superaron a los blancos hasta las elecciones de 1989 en que casi se igualan. Después, los blancos, que son considerados como votos válidos junto a los votos a candidaturas por quienes ejercen su derecho a voto, pero rechazan las numerosas y diversas candidaturas proclamadas como destino de su voto, superan a los nulos y aumentan en cada elección, especialmente en la singular elección de 2004. A falta de estudios cualitativos concluyentes, cabe plantear como hipótesis que esta tendencia respondería a una mayor madurez cívica, ya que los votos nulos, mayoritariamente sería un voto antisistema, aunque también obedecen a errores del elector. Trataremos de comprobar esta circunstancia al analizar los datos del Senado, aunque ya podemos avanzar que salvo en las elecciones de 1982, los votos nulos del Senado han superado a los que se han producido en el Congreso. Los votos y escaños a las candidaturas constituyen uno de los datos que concitan mayor interés para el análisis de las elecciones, dado que reflejan la composición de las dos instituciones que surgen de las elecciones, en este caso el Congreso de los Diputados y el gobierno nacional. En primer lugar analizamos los resultados de los votos y escaños obtenidos por los partidos que obtuvieron diputados al Congreso en las diez elecciones celebradas. El estudio cronológico permite definir algunas de las características del sistema de partidos, así como la evolución de los apoyos electorales de los partidos en treinta y un años. El cambio del comportamiento electoral es una de las principales características del mismo que ha reflejado tanto la voluntad de los electores que mantienen o modifican su apoyo a determinados programas, partidos y líderes, como también la compleja y volátil historia de los partidos ya mencionada. Este último factor lo tienen muy en cuenta los electores al votar, premiando al partido cohesionado, frente a los que sufren rupturas o escisiones, tal como se desprende de los barómetros y encuestas de opinión. Esta opinión es contradictoria, con aquella que demanda listas abiertas o primarias, que siempre generan tensiones y disputas en el seno de los partidos. Otro factor que también ha podido ser tenido en cuenta por los electores a lo largo de estos años ha sido la influencia del sistema electoral a la hora de traducir los votos en escaños. En este sentido el sistema electoral ha logrado los objetivos planteados, ya que a pesar de la gran concurrencia de candidaturas, ha producido un sistema de partidos electoral bipartidista, en ocasiones hegemóni-

301


co. En las elecciones de 2008 la suma de votos de los dos partidos mayoritarios ha alcanzado la cota máxima. Este sistema de partidos se ha visto reforzado en términos parlamentarios, porque el tamaño del Congreso y sobre todo de los 30 distritos que eligen menos de seis escaños que suman 116 escaños (33% del total) refuerzan la ventaja o prima electoral de los dos primeros partidos. Este escenario se modificó en las elecciones de 2011 en las que aumentó la presencia de otras formaciones junto a la caída de los apoyos al PSOE. La traducción de los votos en escaños de los partidos nacionalistas y regionalistas, ha sido bastante fiel ya que han conseguido una gran proporcionalidad, esto es que sus porcentajes de votos y escaños sean prácticamente idénticos. De esta forma, se ha conseguido otra meta política que se pretendió en la transición, la integración en el sistema político nacional de estos partidos. Además de asegurar su presencia en el Congreso, cuando ningún partido obtuvo mayoría absoluta, han dado apoyo parlamentario a los gobiernos en minoría colaborando en la gobernabilidad, pero también obteniendo a cambio ventajas para sus respectivas Comunidades Autónomas. Entonces ¿de dónde obtienen la prima los dos primeros partidos? La respuesta la veremos tanto en el análisis agregado que sigue, como en el desagregado más adelante. Los partidos penalizados son aquellos que concurren en todo el territorio nacional, que quedan en tercer o cuarto puesto y cuyo porcentaje de escaños será siempre inferior al de los votos obtenidos. Esta situación, hará que una parte del electorado opte por el voto útil, como uno de los efectos sicológicos producidos por la influencia de los sistemas electorales. Los resultados de las primeras elecciones establecen una de las primeras pautas de las elecciones generales en esta legislatura denominada Constituyente, que lo fue de hecho, aunque cuando se convocaron las citadas elecciones no fueron acompañadas por tal denominación o calificativo. La Unión de Centro Democrático (UCD), formación del presidente de gobierno A. Suárez, gana las elecciones con un 34% de los votos (tabla 3) seguido a poca distancia por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) liderado por F. González. Ambos partidos obtienen una prima o ventaja en términos parlamentarios, que es muy importante en el caso del primer partido, de casi 13%, pero que sin embargo no le permite alcanzar la mayoría absoluta. Son las primeras elecciones de la democracia y prima el espíritu de consenso que presidió todo este periodo, lo que facilitó que la UCD gobernara en minoría con apoyos puntuales, en ocasiones de todos los grupos parlamen-

302


Tabla 3. Elecciones al Congreso: número y porcentaje de votos y escaños de los partidos parlamentarios, 1977-2011 Junio de 1977 Votos UCD 6.310.391 PSOE 5.371.866 PCE 1.709.890 AP/CD** 1.504.771 CIU*** 687.438 PNV 269.193 ERC**** 143.954 E.E. 61.417 PAR^ 37.183 PSP-US 816.582 PSA-Pa H.B. U.N. UPC^^ Total 16.939.685

Marzo de 1979

%V

Escaños

%E

Votos

%V

Escaños

%E

34,4 29,3 9,3 8,2 3,7 1,6 0,8 0,3 0,2 4,5

166 118 20 16 13 8 1 1 1 6

47,4 33,7 5,7 4,6 3,7 2,3 0,3 0,3 0,3 1,7

6.268.593 5.469.813 1.938.487 1.088.578 483.353 296.597 123.452 85.677 38.042

34,8 30,4 10,8 6,1 2,7 1,6 0,7 0,5 0,2

168 121 23 10 8 7 1 1 1

48,0 34,6 6,6 2,9 2,3 2,0 0,3 0,3 0,3

325.842 172.110 378.964 58.953 100,00 16.728.461

1,8 0,9 2,1 0,3 92,9

5 3 1 1 350

1,4 0,7 0,3 0,3 100,00

92,3

350

Fuente: López Nieto, L., 2012; elaboración propia sobre datos del Ministerio del Interior. (*) La tabla incluye los votos de formaciones que obtienen diputado en alguna de las legislaturas, con objeto de ver la evolución de sus apoyos electorales; pero cuando no logran escaño, sus votos deben sumarse a los de las formaciones sin representación. (**) En las de 1979 suma los votos y el escaño de Unión del Pueblo Navarro. (***) En las elecciones de 1977 concurrieron de forma separada el Pacto Democrático por Cataluña (11 escaños) y la Unión del Centro y la Democracia Cristiana de Cataluña (2 escaños). (****) En 1977 Coalición Izquierda de Cataluña, en 1979 Izquierda Republicana-Frente nacional. (^) En 1977 Candidatura Aragonesa Independiente de Centro. (^^) Unión del Pueblo Canario.

tarios, pero muchas veces con el de algunos. El sistema de partidos presenta otras dos formaciones cada una de un espectro ideológico distinto, pero presentes en todo el territorio español, el Partido Comunista (PCE), liderado por S. Carrillo y la federación de partidos de Alianza Popular (AP), presidida por M. Fraga, que obtiene 200.000 votos menos que el PCE. Con la mitad de votos de los anteriores se sitúa el Partido Socialista Popular, dirigido por E. Tierno, que como los dos partidos antedichos se ven penalizados en su representación parlamentaria. Finalmente el sistema de partidos se completa

303


con cinco formaciones12 que se presentan solo en determinados distritos, dos en Cataluña, dos en el País Vasco y otra en Aragón. Sus apoyos electorales son pequeños, pero el sistema electoral los traduce exactamente, incluso en algún caso los premia, por ejemplo al PNV. Entre los diputados electos por estas formaciones estuvieron J. Pujol y J. Arzallus, conformando una legislatura constituyente que contó con dirigentes políticos destacados tanto de la oposición, como de los sectores reformistas del régimen autoritario. La celebración de las segundas elecciones democráticas tuvo lugar tres meses después de la aprobación del Referéndum Constitucional y se eligieron los diputados de la I legislatura. El sistema de partidos prácticamente se mantuvo intacto, aunque algunos partidos perdieron votos y escaños (UCD, AP, CIU), otros se mantuvieron igual (PNV, PAR) y otros subieron (PSOE, que había conseguido la integración del PSP en sus filas, el PCE y EE). Otra nota destacable es que consiguen diputados cuatro nuevas formaciones, una de ámbito nacional de extrema derecha, Unión Nacional (UN) liderada por B. Piñar y otra de extrema izquierda y brazo político de la organización terrorista etarra, Herri Batasuna (HB), la Unión del Pueblo Canario y el Partido Socialista Andaluz. La traducción de votos en escaños produce prácticamente los mismos resultados que en las elecciones anteriores. El primer partido, con menos votos que en 1977, sin embargo aumenta ligeramente la prima que obtiene entonces. Por el contrario, el PSOE mantiene la misma prima, 4% aunque consiguió más votos y escaños. Ello se debe a que en estas dos primeras elecciones el PSOE tuvo menos votos que la UCD en esos 30 distritos que eligen menos de seis escaños. El tercer y cuarto partido, de nuevo se ven penalizados, mucho más que UN, mientras que las formaciones nacionalistas y regionalistas obtienen prácticamente la misma proporción de votos y escaños. La UCD había ganado las elecciones y volvió a gobernar en minoría con apoyos diversos, aunque con mayores problemas, debido a diversas tensiones internas en esta formación, que motivó el abandono del cargo y del partido por el presidente A. Suárez, en mitad de esta I legislatura. Cuando se estaba votando la investidura de su sucesor, L. Calvo Sotelo, se produjo el intento de golpe de estado. Además estos dos importantes conflictos se producen en un contexto de crisis económica y social y una gran ofensiva del terrorismo etarra. Ante la imposibilidad de gobernar el presidente L. Calvo Sotelo, disuelve las Cortes de forma anticipada.

12

De hecho son seis, porque he agregado en la tabla dos formaciones que ya en las siguientes concurren en la coalición CIU.

304


Tabla 3 (continuación). Elecciones al Congreso: número y porcentaje de votos y escaños de los partidos parlamentarios, 1977-2011 Octubre de 1982 PSOE AP/PDP U.C.D. C,D.S. PCE-IU C.I.U. P.N.V. H.B. E.R.C. E.E. C.G. P.A.R. A.I.C. U.V. Total

Junio de 1986

Votos

%V

Escaños

%E

Votos

%V

Escaños

%E

10.127.392 5.548.107 1.425.093 604.309 846.515 772.726 395.656 210.601 138.118 100.326

48,1 26,4 6,7 2,8 4,0 3,7 1,8 1,0 0,7 0,5

202 107 11 2 4 12 8 2 1 1

57,7 30,6 3,1 0,6 1,1 3,4 2,3 0,6 0,3 0,3

8.901.718 5.247.677

44,1 25,9

184 105

52,6 30,0

1.861.912 935.504 1.014.258 309.610 231.722

9,2 4,6 5,0 1,5 1,1

19 7 18 6 5

5,4 2,0 5,1 1,7 1,4

20.168.843

95,7

350

107.053 79.972 73.004 65.664 64.403 100,00 18.892.497

0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 93,2

2 1 1 1 1 350

0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 100,00

Fuente: López Nieto, L., 2012; elaboración propia sobre datos del Ministerio del Interior.

Los resultados de las elecciones de 1982 suponen un vuelco importante en el comportamiento y ello no tanto porque el PSOE ganara las elecciones, habiendo sido la segunda fuerza política en los dos anteriores comicios (a unos 800.000 votos de la UCD). Sería más significativo destacar que lo fue porque obtuvo una mayoría absoluta con un muy importante respaldo electoral, más de diez millones de votos, cifra que no se alcanzó hasta las elecciones de 2.000, aunque desde entonces se ha superado en las siguientes elecciones por los dos principales partidos. Sin duda los precedentes políticos de estos comicios debieron influir en este comportamiento, entre los que hay que destacar por una parte el interés ciudadano por conseguir un gobierno fuerte como por lograr la alternancia de un partido que bajo el liderazgo de F. González había conseguido una importante integración de fuerzas afines y una fuerte cohesión interna, así como una moderación ideológica al haber asumido desde 1979 los principios de la socialdemocracia y haber rechazado entre otros el principio de autodeterminación en la política territorial. Esta victoria fue por lo tanto el resultado del rendimiento

305


positivo del PSOE pero también motivado por los errores del hasta entonces principal adversario, la UCD. Esta formación desde la salida del presidente Suárez, se fragmentó y sus miembros concurrieron en tres formaciones diferentes: como UCD, como Centro Democrático y Social (CDS) y otros relevantes miembros se presentaron en coalición con AP y algunos se habían integrado en este partido. Entre estas tres fuerzas del centro derecha sumaron el 36% de los votos, porcentaje similar al que obtuviera la UCD en anteriores comicios pero inferior a la suma con AP Parte de su electorado castigó su división en términos electorales, punición que no afectó al partido que se convirtió en segundo partido parlamentario (AP) que tuvo una prima positiva de 4 puntos. Sin embargo, aumentó la penalización en términos parlamentarios al concurrir en todo el territorio especialmente en el caso de UCD, que tuvo una penalización de más de 3 puntos13. Similar desventaja en términos parlamentarios la tuvo el PCE como siempre le ha venido ocurriendo a esta formación. Tres formaciones nacionalistas aumentaron sus apoyos electorales., especialmente CIU y en menor medida el PNV y EE. El vuelco y cambio de apoyos capitalizado esencialmente por el PSOE también explica que se redujera el número de formaciones parlamentarias, respecto a los comicios anteriores. Las cuartas elecciones que eligieron a los diputados de la III legislatura, mantuvieron esencialmente el mismo formato del sistema de partidos, aunque con ciertas matizaciones. Recordemos que bajó la participación lo que quizá afectara al PSOE que perdió casi un millón de votos, aunque mantuvo su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. AP, PNV, EE, HB y PCE, que desde ahora concurre como coalición (Izquierda Unida) mantienen similar porcentaje de apoyos. El estancamiento electoral de AP, tuvo efectos internos importantes ya que su líder M. Fraga, abandonó la presidencia del partido, por lo que entró en un periodo que duró toda la legislatura de convulsión interna14. Por su parte, CIU y CDS aumentan significativamente el respaldo electoral, especialmente el segundo, que consigue 1.257.603 votos más que en los comicios anteriores. Conviene recordar que la UCD había desaparecido definitivamente y que ERC tampoco consigue representación 13

Los 11 escaños de UCD representan el 3,1%, es decir casi 4 puntos menos que su porcentaje de

votos. 14 En el congreso de 1987 salió elegido presidente de AP, A. Hernández Mancha frente a M. Herrero de Miñón, que procedía de UCD, pero que contó con apoyos de importantes dirigentes de AP, como R. Rato o Aznar, aunque este último aceptó la propuesta del presidente para ser candidato a la presidencia del gobierno de Castilla León.

306


parlamentaria. Por el contrario cuatro formaciones regionalistas, situadas en el centro derecha del espectro ideológico, producto de escisiones de AP y UCD, consiguen un diputado en el Congreso, Coalición Galega (CG), Coalición Agrupaciones Independientes de Canarias (CAIC), Unión Valenciana (UV) y el PAR que ya obtuviera un escaño en las dos primeras elecciones. De nuevo es menester recordar que todas ellas obtienen su respectivo diputado gracias a la fiel traducción de sus votos en escaños. En suma, se trata de unas elecciones de esencialmente de continuidad, en las que el PSOE mantiene su gobierno mayoritario, pero no agota la legislatura. Las elecciones de 1989 se celebran en un contexto de cierta crisis que afecta al gobierno socialista por diversas circunstancias relativas a las políticas sociales, económicas y antiterroristas adoptadas el gobierno socialista. Este escenario hizo que el presidente F. González convocara las elecciones anticipadamente en un intento de fortalecer su posición debilitada en términos de opinión pública. Se celebran unos comicios que por primera vez exigen la repetición de los mismos en varios distritos, por lo que la tercera legislatura en la que F. González se somete a la investidura solo obtuvo 167 votos porque faltaban 18 diputados. Tras la proclamación definitiva de los resultados, el ya entonces presidente González se somete a la cuestión de confianza, en la que obtiene la mayoría absoluta, gracias a la ausencia de los cuatro diputados de HB que deciden no participar en las actividades parlamentarias, por lo que el PSOE aunque obtuvo justo la mitad de los escaños, 175, contó con el 50,5%15 de los mismos. Ello le permitió gobernar al Partido Socialista con ese tipo de mayoría absoluta, que se vio reforzada a lo largo de la misma con apoyos de las demás fuerzas parlamentarias, menos el PP, primer partido de la oposición al que excluyó del llamado «Pacto Constitucional» no escrito. El PSOE había perdido desde su triunfo en 1982 un 10% de votos, pero se mantiene como fuerza mayoritaria y muy superior a su principal adversario, el recientemente refundado Partido Popular. Conviene tener presente de nuevo, que en democracia, como en otros órdenes de la vida, se compensan los errores propios y ajenos. En este caso, AP había pasado desde 1986 por una crisis interna, que se trató de resolver con la vuelta de M. Fraga a la presidencia del partido en el congreso de refundación de enero de 1989. 15 Dicho de otra forma, el número de diputados pasa a ser de hecho de 346 y no 350 de derecho, que hubieran supuesto que con 175 diputados tuviera el 50,0 exacto sin alcanzar la mayoría absoluta.

307


Tabla 3 (continuación). Elecciones al Congreso: número y porcentaje de votos y escaños de los partidos parlamentarios, 1977-2011 Octubre de 1989

Junio de 1993

Votos

%V

Escaños

%E

Votos

%V

Escaños

%E

PSOE

8.115.568

39,6

175

50,0

9.150.083

38,8

159

45,4

P.P.

5.285.972

25,8

107

30,6

8.201.463

34,8

141

40,3

I.U.

1.858.588

9,1

17

4,8

2.253.722

9,6

18

5,1

C.I.U.

1.032.243

5,0

18

5,1

1.165.783

4,9

17

4,9

P.N.V

254.681

1,2

5

1,4

291.448

1,2

5

1,4

64.767

0,3

1

0,3

207.077

0,9

4

1,1

217.278

1,1

4

1,1

206.876

0,9

2

0,6

189.632

0,8

1

0,3

AIC-CC H.B. E.R.C. E.A.

136. 955

0,5

2

0,6

129.293

0,6

1

0,3

U.V.

144.924

0,7

2

0,6

112.341

0,5

1

0,3

P.A.

212.687

1,0

2

0,6

71.733

0,3

1

0,3

144.544

0,6

1

0,3

1.617.716

7,9

14

4,0

E.E.*

105.238

0,5

2

0,6

Total

19.118.350

93,0

350

100,00 22.052.962

93,6

350

P.A.R. C.D. S.

100,00

Fuente, López Nieto, L., 2012, sobre resultados oficiales; (*), Después de estas elecciones Euskadiko Esquerra se coaliga con el PSE-PSOE.

Adoptó el nombre de Partido Popular integrando a los democristianos de la UCD e ingresando en el Partido Popular Europeo. Durante el verano el presidente Fraga aceptó la propuesta de tres líderes del PP, Rato, Cascos y Trillo nombró candidato a la presidencia de gobierno a J. M.a Aznar, frente a su propuesta que era la dirigente popular I. Tocino. Cabe pensar que el adelanto de las elecciones también tuviera presente la desventaja que supuso para el PP «estrenar» al adversario de F. González un mes antes de las elecciones. De hecho el PP mantuvo el mismo porcentaje de votos que en las elecciones de 1986, aunque ganó dos escaños. Lo mismo le ocurrió a CIU, a EE, al PAR y a CAIC, aunque no aumentan sus diputados, por los ya mencionados efectos del sistema electoral. La única formación que creció y que realmente

308


duplicó el porcentaje de votos fue IU, aunque de nuevo tuvo una penalización en términos parlamentarios de más de cuatro puntos, que demostraría la fidelidad de sus votantes. Por el contrario, el CDS también castigado en la misma proporción, pierde apoyos porque quizá algunos pasaran al PP16, pero también porque algunos de sus antiguos votantes optaran por el voto útil. Fueron las últimas elecciones en las que el ex presidente A. Suárez se mantuvo como presidente de este partido. También pierden votos y escaños el PNV y HB, pero consiguen diputados dos nuevas formaciones, el PSA-PA que recupera el escaño que tuviese en 1977 y Eusko Alkartasuna, formación escindida del PNV. Por su parte Unión Valenciana aumenta sus apoyos y consigue un escaño más. En suma en esta legislatura hay diputados de 13 formaciones17, la cifra más alta desde las elecciones de 1979, aunque en esta ocasión el presidente González agotó la legislatura, con los apoyos de CIU, PNV y CDS. En efecto, el citado presidente convocó las sextas elecciones para junio de 1993, en un contexto de críticas por casos de corrupción que afectaban a miembros de su partido, aunque también rentabilizaba los importantes y exitosos resultados de los Juegos Olímpicos y de la Exposición de Sevilla. Durante esta V legislatura, el nuevo liderazgo del PP se consolidaba haciendo una oposición importante, lo que en un contexto de gran competitividad por la posibilidad de alternancia como algunos sondeos señalaban, se produjo una gran participación. El PP aumentó en tres millones los votos recibidos que se tradujeron en 34 escaños más respecto a las anteriores. El PSOE por su parte, aumentó un millón de votos en estas elecciones porque movilizó electores que temían la alternancia en el gobierno, aunque perdió 16 escaños y su prima se redujo en 2,5 puntos. Otro hecho significativo de estos resultados fue que el CDS que había obtenido en las elecciones de 1989, casi un 8% de votos (1.600.000), se disuelve después de las elecciones municipales y autonómicas de 1991, debido al fracaso electoral (véase el capítulo correspondiente). Por su parte Izquierda Unida (IU), que duplicó sus resultados en las elecciones de 1989 coincidiendo con la reorganización y el nuevo liderazgo de J. Anguita, sigue incrementando su voto, aunque en menor medida sus escaños, ya que solo gana uno más. Entre las formaciones nacionalistas y regionalistas debemos destacar el éxito de las AIC desde ahora bajo las siglas Coalición Canaria (CC), que consigue tres escaños 16 17

Recordemos la incorporación de los democristianos y de otros ex líderes de la UCD al PP. CG no consigue escaño.

309


más. CIU aumenta ligeramente sus apoyos, aunque pierde un escaño. Por su parte, el PNV y PAR suben un poco y mantienen sus escaños, mientras que HB y UV pierden votos y escaños. El PA pierde su escaño, ERC lo recupera, y EE se coaliga con el PSOE del País Vasco. Durante este mandato, el PSOE gobierna por primera vez en minoría gracias al pacto de legislatura que formaliza con el PNV y CIU, no obstante el presidente F. González convoca las séptimas elecciones generales que se celebran en marzo de 1996, sin agotar la legislatura Después de cuatro mandatos consecutivos al frente del gobierno nacional en las séptimas elecciones, de 1996, el PSOE fue superado por el PP en unas elecciones, que como las anteriores se caracterizaron por haber concitado una gran participación. Se produce la alternancia política, a pesar de que el PSOE volvió a aumentar sus apoyos electorales (en unos 275.000 votos) aunque fue superado por el PP cuya subida fue mayor (un millón quinientos mil votos). La ventaja del PP en términos parlamentarios fue similar a la obtenida en los comicios anteriores (0,3%) por las razones expuestas anteriorTabla 3 (continuación). Elecciones al Congreso: número y porcentaje de votos y escaños de los partidos parlamentarios, 1977-2011 Marzo de 1996

Marzo de 2000

Votos

%V

Escaños

%E

Votos

%V

Escaños

%E

P.P.

9.716.006

38,8

156

44,6

10.321.178

44,5

183

52,3

PSOE

9.425.678

37,6

141

40,3

7.918.752

34,2

125

35,7

IU–ICV

2.639.774

10,5

21

6,0

1.483.075

5,8

9

2,6

CiU

1.151.633

4,6

16

4,6

970.421

4,2

15

4,2

P.N.V.

318.951

1,3

5

1,4

353.953

1,5

7

2,0

C.C.

220.418

0,9

4

1,1

248.261

1,1

4

B.N.G

220.147

0,1

2

0,6

306.268

1,3

3

0,8

H.B.

181.304

0,7

2

0,6

E.R.C

167.641

0,7

1

0,3

194.715

0,8

1

0,3

E.A.

115.861

0,5

1

0,3

100.742

0,4

1

0,3

U.V.

91.575

0,4

1

0,3 206.255

0,9

1

0,3

75.356

0,3

1

0,3

100,00 22.078.234

95,0

350

P.A. CH.A. Total

24.248.988

96, 1

350

Fuente: López Nieto, L., 2012; elaboración propia sobre datos oficiales.

310

100,00


mente y cuyo detalle se puede verificar en la tabla 6, al quedar en los distritos menos proporcionales por delante del PSOE, a la inversa de lo que ocurriera en 1982 y 1986 cuando los socialistas se beneficiaron. La otra formación que sigue creciendo como el PP, fue IU que aumenta sus apoyos electorales (en casi 400.000 votos) y además consigue el mayor número de diputados electos del periodo, 21, aunque siguió sufriendo la tradicional penalización del sistema electoral. El número de candidaturas con representación parlamentaria se mantiene igual, ya que entra en el Congreso por primera vez, el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), con dos escaños, pero el PAR pierde su diputado. Las demás fuerzas nacionalistas y regionalistas pierden votos, pero mantienen sus escaños, salvo CIU que pierde uno. El PP gobierna en minoría y suscribe un pacto de legislatura escrito y público con tres de estas fuerzas (CIU, PNV y CC) pero en este caso agota el mandato de cuatro años de gobierno. Las octavas elecciones generales se convocaron de nuevo en marzo de 2000 con una participación menor y en ellas el PP consigue la mayoría absoluta. Obtiene seiscientos mil votos más que en la anterior elección y 27 escaños más, alcanzando una prima importante, aunque sin llegar a las que obtuvo el PSOE anteriormente (ver el detalle en la tabla 5). Por su parte el PSOE pierde un millón quinientos mil votos y con un porcentaje de voto intermedio entre el que obtuvo en las elecciones de 1979 (5% más) aunque con dos millones más de votos y el que alcanzó en la década posterior, consigue un prima inferior. Por su parte, IU en la siguiente elección sufre una enorme pérdida de votos (millón y medio) y de escaños (13 menos), en gran medida vinculado a la sustitución de su líder, J. Anguita por G. Llamazares. Las demás fuerzas parlamentarias reciben durante este periodo un porcentaje similar de votos y escaños, aunque cabe señalar que el número de partidos parlamentarios es prácticamente idéntico, porque algunas formaciones pierden su representación en el Congreso (UV y HB) aunque se incorporan otras (Chunta Aragonesista, CHA e Iniciativa por Cataluña). PNV aumenta sus apoyos y consigue dos escaños más y el BNG también otro más, mientras que CIU sigue perdiendo apoyos y un escaño. Pero se puede ver que el número de votos de cada partido que consigue un escaño es muy desigual. Esto se explica porque se trata de unos cuadros que recogen resultados agregados y en ella aparecen los votos de cada partido en todas las provincias donde se presenta, aunque solo en una obtiene el escaño: por ejemplo, el Partido Andalucista consigue el escaño en Sevilla con 54.570 votos y el resto,

311


hasta los 206.255 los logra en las otras siete provincias andaluzas, en las que no consigue escaño. Estos datos sin duda permiten ver que los cambios en la orientación del voto y los consiguientes apoyos que reciben los partidos son progresivos. En otras palabras no se producen cambios bruscos, ya que el contexto político, las fracturas o tensiones de los partidos y el cambio en las percepciones que los ciudadanos tienen de todos estos factores, influyen en el comportamiento electoral, pero sin producir grandes vuelcos, en suma los cambios en el comportamiento afectarían en esta década solo a una parte minoritaria de los electores, que bien participa, se abstiene o apoya a otro partido. Al comenzar el análisis de las novenas elecciones, de 14 de marzo de 2004, debo recordar que un enfoque científico riguroso para estudiar adecuadamente cualquier elección, requiere estudiar todas las fases del proceso electoral: desde la convocatoria hasta la constitución de las instituciones representativas. Una de las características de las dos legislaturas en las que gobernó del P. Popular ha sido haber agotado el mandato de gobierno en su integridad, situación sin precedentes en las demás legislaturas del último cuarto de siglo, que concluyeron anticipadamente, aunque también se ha agotado el mandato en la VIII legislatura (2004-2008). Para cumplir este objetivo, adoptado por el presidente de gobierno en el uso de sus facultades, convocó las elecciones para el 14 de marzo, veinticinco días antes de finalizar el mandato, tal como establecen las normas. Esta fecha era la última opción legal posible que tenía el gobierno junto a la del 7 de marzo tal como se trató en su día en la prensa. ¿Por qué vale la pena detenerse sobre esta cuestión? La razón es sencilla: el análisis de estas elecciones, por diferentes razones, no puede en modo alguno desvincularse del atentado ocurrido tres días antes de la fecha elegida para su celebración. No hay acuerdo sobre qué alcance, sentido o grado de influencia tuvo el atentado y sus consecuencias sobre los resultados, pero hay unanimidad al señalar que este hecho execrable y sin precedentes en las democracias occidentales habría influido en los citados comicios. Un año después, la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno cierra la comisión de investigación creada en el Congreso de los Diputados y considera que esta ha aclarado suficientemente el atentado. Sin embargo, entonces y tras el juicio y la sentencia, para una parte de la opinión pública continúan abiertos interrogantes sobre dicho acontecimiento. En cualquier caso, no parece razonable dejar de formular la siguiente pregunta, aunque quizá nunca llegue a responderse convincente-

312


mente: Quienes planearon el atentado ¿fijaron la fecha antes de que se concretara la de las elecciones o por el contrario esta decisión la adoptaron una vez que el presidente Aznar eligió como fecha de la cita electoral el 14 de marzo? Aunque de momento esta pregunta carece de respuesta no es lícito cuestionar en modo alguno que las elecciones del día 14 cumplieron los tres objetivos básicos de todo comicio: produjeron legitimidad, representación y gobierno. Pero ello no significa que puedan consignarse como unas elecciones comunes y normales: se celebraron en un contexto excepcional y sin precedentes y por ello pueden ser adjetivadas como singulares. Además de la singularidad más relevante ya comentada de estas elecciones, existen otros hechos específicos de los comicios generales celebrados en marzo de 2004, respecto a las ocho elecciones legislativas celebradas, con las que se han de comparar. Algunas características de las 8 elecciones legislativas anteriores: • Dos se celebran con circunstancias singulares: 1977 por ser constituyentes en la práctica y 1982 por desintegración del partido de gobierno (UCD) (21 meses después intento golpe militar). • 4 competidas y con mucha participación: en dos casos por lo ya señalado (1977 y 1982) y en otros dos casos por la enorme competitividad entre los dos principales partidos (4 y 1,2 respectivamente) y la posibilidad de alternancia (1993 y 1996). • En dos ocasiones se produce alternancia (1982 y 1996). Además cuatro de ellas produjeron gobiernos con mayoría absoluta: 1982, 1986, 1989 esta por la no asistencia de los diputados de HB a recoger las actas, lo que redujo el quórum y 2000. Indicadores singulares que no se manifiestan en las elecciones de marzo de 2004 respecto a las ocho anteriores, aplicando las plantillas de análisis habituales: • Contexto normal, pacífico, más o menos disputado o competido entre las fuerzas políticas. • La política internacional se sitúa como el 4.o ámbito de interés de los ciudadano, después de la nacional, local y autonómico. • La campaña electoral habitualmente tiene una influencia limitada, ya que es seguida sobre todo por electores con mayor compromiso e inte-

313


rés político. La comunidad científica internacional está dividida sin embargo, a la hora de analizar el efecto, positivo o negativo de las mismas para la movilización o para el desapego. Los estudios realizados para las elecciones españolas muestran la misma falta de acuerdo. • Cumplimiento impecable de las reglas del juego democrático, aunque sabemos que desde un punto de vista de la calidad democrática, en el País Vasco, los candidatos y electores no nacionalistas no gozan de la misma cantidad y calidad para disfrutar y ejercer las garantías y derechos democráticos, que en el resto de España. • Los partidos de gobierno normalmente pierden apoyos, pero en los casos de empate técnico en las encuestas, las urnas favorecen al gobierno. Es difícil encontrar precedentes internacionales de partidos gobernantes con mayoría absoluta que pierdan las siguientes elecciones. En España solo ha ocurrido en el caso la Región de Murcia (1995), pero en ese caso el presidente había dimitido por corrupción a mitad de legislatura. Otras singularidades del proceso electoral de las elecciones del 14 de marzo, algunas de las cuales servirían de argumento a las diversas interpretaciones: • Por primera vez el presidente de gobierno que convoca las elecciones no concurre a la reelección por decisión propia al optar por autolimitar su mandato a dos legislaturas. • Los candidatos de las dos formaciones mayoritarias optan por primera vez al cargo de presidente. • Todas las encuestas coincidían en destacar la ventaja del Partido Popular y la seguridad, para algunos inevitable y no deseable, de la victoria popular. Las últimas encuestas sin embargo avanzaban la reducción de la distancia socialista respecto al Partido Popular, ninguna señalaba la victoria del PSOE y solo alguna en los últimos días señalaba un empate técnico. • Los barómetros de los últimos seis meses, mostraban que la percepción de la situación económica y política seguía siendo mayoritariamente buena, aunque la política había perdido algunos adeptos. La mayoría opinaba que en ambos casos la situación no cambiaría en el futuro. El paro seguido del terrorismo eran los dos problemas consignados por

314


más ciudadanos, aunque en el segundo aspecto había descendido en enero respecto a septiembre y solo era señalado por el 37%, cifra que sube hasta el 76% en el barómetro de marzo, posterior al atentado. • La campaña electoral habría sido decisiva para el vuelco electoral. • Los actos de la campaña electoral programados previamente se interrumpen bruscamente, aunque desde el atentado hasta el mismo día electoral se producen hechos diversos sin precedentes en la historia electoral. • No hay precedentes en España ni en las democracias occidentales de que se hayan celebrado unas elecciones tres días después de un magno atentado terrorista. • Incumplimiento de las reglas de juego en la jornada de reflexión e inicio de la jornada electoral, con manifestaciones ilegales con participación directa de ciudadanos e indirecta de algunos dirigentes políticos ante las sedes del PP, circunstancia que carece de precedentes. Una vez descritas algunas singularidades relativas al contexto de las elecciones de 14 de marzo analizaré los resultados en ambas Cámaras. En primer lugar, para poder analizar adecuadamente estas elecciones, hay que destacar que los cambios en la población habidos desde las elecciones anteriores, provocó alteración en la asignación de 4 escaños en los distritos para la elección de los Diputados, lo que aumenta o disminuye las posibilidades de atribución del último escaño para el primer partido. Los distritos que ganan un escaño son Baleares, Gerona, Madrid y Las Palmas, en detrimento de Asturias, Cáceres, Pontevedra y Soria. Por su parte el Senado aumenta su tamaño, a partir de los senadores designados por las Comunidades Autónomas, en este caso por la Comunidad de Madrid. Concurrieron numerosas candidaturas al Congreso y unas pocas más por el Senado, sumando unas 1.700, de las que como siempre solo once acceden a la representación parlamentaria. Esta situación se origina, en gran medida, debido a los incentivos que tienen las normas electorales para concurrir, especialmente en términos de financiación pública, como la obtención del censo, que parece compensa el seguro fracaso electoral. Por ello la mayoría se presenta en todos los distritos, especialmente en Madrid, Valencia y Barcelona. No obstante, cabe pensar que hay formaciones de sólido arraigo ideológico, que sin duda concurren con objeto de dar respuesta a los ciudadanos afines, aunque sean minoritarios. La renovación de las candidaturas siguió siendo muy

315


Tabla 3 (continuación). Elecciones al Congreso: número y porcentaje de votos y escaños de los partidos parlamentarios, 1977-2011 Marzo de 2004 Votos

%V

Escaños

%E

11.026.163

42,6

164

46,8

9.763.144

37,7

148

42,3

CiU

835.471

3,2

10

2,8

ERC

652.196

2,5

8

2,3

PSOE PP

PNV

420.980

1,6

7

2,0

IU

1.284.081

4,9

5

1,4

CC

253.221

0,9

3

0,8

BNG

208.688

0,8

2

0,6

CHA

94.252

0,4

1

0,3

EA

80.905

0,3

1

0,3

Na-Bai Total

61.045 25.891.299

0,2 100,00

1 350

0,3 100,00

Fuente: López Nieto, L., 2012 sobre datos oficiales.

alta: en el caso del PP casi la mitad de sus cabezas de lista son nuevos (44%), y en menor medida el resto de los candidatos, cuya edad media fue de 49 años. Por su parte el PSOE renovó el 60% de sus candidatos. Las encuestas además de coincidir en la victoria popular aunque la ventaja inicial se fuera reduciendo, destacaban una alta tasa de participación (por ejemplo, el estudio 2555 del CIS preveía un 75,1%) así como un 23% de indecisos. El resultado real fue idéntico en cuanto a la movilización, prácticamente idéntica para ambas Cámaras, en un censo que había aumentado en 600.000 electores respecto a las elecciones municipales18. La movilización de los Residentes Ausentes, fue de 27%, un 4% más que en las anteriores de un censo que había aumentado en casi 200.000 electores. El PSOE gana las elecciones con 1.263.019 votos más que el PP, porcentaje similar en términos parlamentarios, ya que como se puede ver en la 18 Hay que recordar no obstante que en aquellas tienen derecho a voto algunos electores extranjeros, que carecen de el en las legislativas. Pero, lo importante es destacar que se incorporan medio millón de nuevos electores, por lo que el censo de estas elecciones fue de 34.571.831.

316


tabla adjunta, los dos primeros partidos, que han sumado el 80,3% de los votos y el 89,1% de los escaños, obtienen la misma ventaja o prima en términos parlamentarios, es decir tienen un porcentaje de escaños superior al de votos. La formación más perjudicada por el sistema electoral de nuevo es IU con casi 4 puntos de prima negativa en escaños, no así en votos que sigue siendo la tercera fuerza más votada, pero su presencia en todo el territorio nacional, le resulta perjudicial en términos parlamentarios. La coalición «Navarra Si» consigue por primera vez un escaño, junto a otras siete formaciones regionalistas y nacionalistas, que consiguen un total de 15% de los votos en diferentes distritos de Aragón, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco. El sistema electoral traduce fielmente en escaños los votos obtenidos con una proporcionalidad pura, debido a que los distritos en los que obtienen escaño, son de tamaño grande o medio y los dos elementos del sistema electoral producen resultados proporcionales. Las diversas candidaturas que no obtienen representación alcanzaron un 3,2% de los votos válidos emitidos a candidaturas. Otro rasgo de estos resultados es que se produce una alta competitividad electoral (tabla 5), porque la diferencia de votos entre los dos principales partidos es significativa en términos agregados, pero pequeña en muchos distritos. El resultado del voto emitido antes de producirse el atentado, es decir el CERA (Censo de Residentes Ausentes) es un nuevo indicador de la singularidad de estos comicios. La participación de estos electores siempre ha sido mucho menor que la que se produce entre los residentes en España. Sin embargo, la distribución de este voto siempre ha coincidido con los resultados en España, salvo en las elecciones de 1996. Sin embargo, en los comicios de 2004, los votantes del CERA cuyos votos terminaron de emitirse el 7 de marzo, otorgaron el 44,9% al PP y el 36,0% al PSOE, otro indicio de la influencia del atentado en los resultados finales. Una vez analizados los principales resultados de estas elecciones, es preciso explicar la fase final del proceso electoral, esto es la traducción en términos institucionales lo ocurrido en las urnas. También en este terreno ha habido singularidades respecto a los comicios anteriores, con excepción de la alta renovación entre los parlamentarios de ambas Cámaras, ya que más del 48% de los diputados acceden por primera vez a su escaño, porcentaje que aumenta en el caso del los senadores. Parlamentarios de varias formaciones toman posesión de sus actas al amparo de la fórmula «por imperativo legal» ideada por diputados de Herri Batasuna en legislaturas anteriores.

317


Tabla 3 (continuación). Elecciones al Congreso: número y porcentaje de votos y escaños de los partidos parlamentarios, 1977-2011 Marzo 2008*

Noviembre 2011

Votos

%V

Escaños

%E

Votos

%V

Escaños

%E

PSOE

11.288.698

43,9

169

48,28

7.003.511

28,4

110

31,4

PP

10.277.809

39,9

154

44,0

10.866.566

44,1

186

53,1

CiU

779.425

3,0

10

2,8

1.014.263

4,2

16

4,6

PNV

306,128

1,2

6

1,7

323.517

1,3

5

1,4

ERC

291.532

1,1

3

0,9

256.393

1,1

3

0,9

IU

969.871

3,8

2

0,6

1.680.810

6,9

11

3,1

BNG

212.543

0,8

2

0,6

183.279

0,8

2

0,6

CC

174.629

0,7

2

0,6

143.550

0,6

2

0,6

UPyD

306.178

1,2

1

0,3

1.140.242

4,7

5

1,4

Nbai

62.398

0,2

1

0,3

42.411

0,2

1

0,3

Amaiur

333.628

1,4

7

2,0

Compro

125.150

0,5

1

0,3

FAC Total

99.173 25.448.681

100

350

100

23.146.989

0,4 100

1 350

0,3 100

Fuente: López Nieto, L., 2012 sobre datos oficiales de la J.E.C. (*) Aparecen separados los datos de PSOE y PSC pese a la reclamación del PSOE en sentido contrario y aquí se han sumado. También se han agregado al PP los votos del PAR, EU y UPN que en los datos de la JEC vienen separados.

Las décimas elecciones legislativas fueron las terceras que se convocaron y celebraron habiendo agotado la legislatura (marzo de 2008), a pesar de la tensión habida durante todo el periodo citado motivado por dos factores que marcaron desde el inicio este mandato. Me refiero al Pacto del Tinell: «Ningún acuerdo con el PP ni en la Generalitat ni en el Estado… Igualmente estas fuerzas se comprometen a impedir la presencia del PP en el gobierno del Estado, y renuncian a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales»19. Este principio consignado en el citado acuerdo firmado por el PSC, partido federado con el PSOE excluyó desde el inicio hasta el final de la legislatura al único partido que quedó como oposición gubernamental y parlamentaria. El otro factor reforzó la singularidad de la citada legislatura fue el impacto del atentado, sin 19

318

Anexo al Pacto del Tinell, 14-12-2003, firmado por PSC, ERC e IC.


embargo la mayoría parlamentaria imputó al PP la actitud aislacionista y «crispante» de este partido durante todo el periodo. Este escenario polarizado en términos políticos de la legislatura, se refleja en el resultado del décimo proceso electoral. Una participación alta, sin llegar a cotas máximas, pero sobre todo, estas elecciones se singularizan porque la suma de las dos fuerzas mayoritarias ha alcanzado la cifra más alta de todos los comicios. Se ha reforzado el bipartidismo electoral (83,81% fue la suma de los dos principales partidos) y parlamentario (92,28%) así como de la competitividad entre ambas fuerzas, como veremos más adelante. La otra cara de estos resultados la muestran las demás fuerzas parlamentarias, que salvo CiU pierden votos y escaños, especialmente IU y ERC. Accede una nueva fuerza política al Congreso Unión Progreso y Democracia (UPyD) que consigue un escaño para la ex militante socialista R. Diez. Estos resultados tienen un impacto significativo en todos los partidos y sus líderes, que motiva la convocatoria de congresos en todos ellos para dilucidar el futuro, aunque en algún caso se había aplazado por la convocatoria electoral. Este escenario y ciclo político caracterizado por un marcado bipartidismo, polarizado y competitivo entre los dos partidos mayoritarios vigente de 1993, con la excepción de las elecciones de 2000, se modifica de nuevo en las elecciones legislativas anticipadas celebradas en 2011. Los resultados de los undécimos comicios arrojan una ventaja del PP sobre el PSOE de 16 puntos, cinco más que la obtenida por el PP en 2000. La competitividad entre ambos partidos se ha reducido de forma notable al haber descendido los votos socialistas a la misma cantidad que obtiene en las elecciones municipales del periodo (ver más adelante en este capítulo, tabla 19). Los comicios celebrados cinco meses antes, anticiparon como ocurriera también en el caso de las elecciones municipales y autonómicas de 1995, la alternancia política y no solo la ventaja electoral del PP sobre el PSOE. Otra singularidad de estos comicios es el aumento del apoyo electoral a otros partidos parlamentarios que han recibido casi un millón y medio más de votos que en los comicios de 2008. Además, entran nuevos partidos en el Congreso con fuerza como Amaiur y aumenta el apoyo de forma significativa en algunos como CiU, IU, UPyD. Junto a ello, conviene recordar otras diferencias que señalamos antes, como ha sido el aumento de la abstención, así como de los votos nulos y blancos.

319


3. RENDIMIENTO POLÍTICO Y PROPORCIONALIDAD DEL SISTEMA ELECTORAL DEL CONGRESO En este epígrafe trataremos de completar los argumentos expuestos anteriormente, para lo cual presentamos primero un análisis agregado de resultados hasta ahora no contemplados (por ejemplo, los votos que no han conseguido representación parlamentaria), así como las primas o ventaja en términos parlamentarios obtenidas por los dos principales partidos en todas las elecciones. Después y a modo de ejemplo de como se consiguen estas primas, que pueden ser positivas, negativas o pueden traducir fielmente los votos en escaños, hemos recogido los resultados por distritos de dos elecciones generales para verificar el funcionamiento de la proporcionalidad del sistema electoral español. Para ello conviene recordar como el desigual tamaño de los cincuenta distritos es un factor que índice en el grado de proporcionalidad. De forma agregada resultan las primas ya explicadas, pero el análisis por distritos ilustrará sobre el origen de estas. En las circunscripciones pequeñas (de menos de seis escaños) hay una baja proporcionalidad ya que se benefician los primeros solo, en los intermedios depende del sistema de partidos electoral y en los grandes (de más de quince) es bastante proporcional para todas las formaciones.

3.1. Un análisis agregado Veamos ahora unos datos agregados sobre las ocho elecciones, que permiten ilustrar sobre ciertos aspectos de la función representativa de las elecciones concretado en los efectos del sistema electoral para rendimiento positivo del sistema electoral del Congreso. Primero advertimos (tabla 4) dos datos esenciales del estudio electoral: el censo electoral, que ha aumentado en 10 millones de electores potenciales y hasta este momento no se ha visto afectado por la caída de la población en España, lo que sin duda se verá reflejado en los próximos censos electorales. A continuación encontramos el porcentaje de participación, que ha oscilado como máximo en 11%, entre los comicios con mayor participación (1982) y los de menor (1979). Cabe señalar que ha habido cuatro elecciones con más del 75% de participación y otras cuatro en torno al 70%. A continuación, se recoge el número de candidaturas que han alcanzado representación parlamentaria, que ha sido bastante parecida en todas las elecciones y el número de votos de las formaciones parlamentarias, que legiti-

320


man todos los procesos por la alta representación, por la alta participación y también por la alta proporcionalidad que en términos agregados produce el sistema electoral ya que son muy pocos los votos que quedan sin representar. Estos resultados son rotundos al demostrar que la gran mayoría de los votos a candidaturas consiguen representación parlamentaria, ya que las que no consiguen escaño son muchas, pero con escasos apoyos electorales (como máximo, un 7,1% en las elecciones constituyentes y muy pocos en las elecciones más competidas). En todo caso la media de votos sin representar en términos agregados, son similares a los que se producen en otros países europeos.

Tabla 4. Candidaturas (cad) y votos Representados (R) y No Representados (NR) en las elecciones generales de 1977-2011: Congreso de los Diputados % part N.o cadR N.o voto R N.o cad NR N.o v. NR % voto NR

Año E

Censo

1977

23.543.414

78,6

10

16.939.685

575

338.400

7,7

1979

26.836.500

68,1

13

16.728.461

739

1.205.187

7,1

1982

26.847.240

79,9

10

20.168.843

768

782.757

4,3

1986

29.117.613

70,9

12

18.892.497

672

1.189.236

6,8

1989

29.604.055

69,7

13

19.118.350

799

1.233.537

7,0

1993

31.030.511

76,4

11

24.248.988

784

1.350.223

6,4

1996

32.531.833

77,4

11

22.156.499

519

553.943

3,9

2000

33.038.726

68,7

12

22.078.234

761

736.217

5,0

2004

34.571.831

75,6

11

24.538.287

790

945.217

3,7

2008

35.073.179

73,9

10

24.669.111

1.114

779.570

3,1

2011

35.779.491

68,9

13

23.146.989

580

792.587

3,2

Fuente: López Nieto, L., 2012; elaboración propia sobre resultados oficiales.

Otra de las formas de aproximarse al análisis electoral consiste en analizar el efecto que tiene el sistema electoral cuando «traduce» los votos en escaños. En la tabla 5 se recoge de forma agregada la «prima» o ventaja que obtienen los dos primeros partidos de la relación entre porcentaje de escaños y votos. Teóricamente en un sistema proporcional puro todos los partidos tendrían carecerían de prima o ventaja. En ese tipo de sistemas (Holanda o Israel), la gobernabilidad es mucho más compleja y difícil. Por ello, en esta tabla se recoge también el tipo de gobierno resultante de los comicios. La

321


Tabla 5. Algunos efectos agregados del sistema electoral sobre los dos primeros partidos: elecciones legislativas 1977-2011 Año

Primer partido

1977

UCD

1979

N.o voto y % votos

N.o y % escaños

N.o voto y % votos

N.o y % escaños

Prima

Segundo partido

6.337.288 166 47,4% 34,6%

+12,8

PSOE

5.358.781 118 33,7% 29,3%

+4,4

UCD

6.268.890 168 48,0% 34,9%

+13,1

PSOE

5.469.813 121 34,6% 30,5%

+4,1

1982

PSOE

10.127.392 202 57,7% 48,4%

+ 9,3

AP

5.548.377 107 26,5% 26,5%

+4,1

1986

PSOE

7.601.985 184 52,6% 44,6%

+ 8,0

AP

5.247.677 105 30,0% 26,3%

+3,7

1989

PSOE

8.115.568 175 50,0% 39,9%

+10,1

PP

5.285.972 107 30,6% 25,9%

+4,7

1993

PSOE

9.150.083 159 45,4% 38,8%

+ 6,7

PP

8.201.463 141 40.3% 34,8%

+5,5

1996

PP

9.716.006 156 44,6% 38,8%

+ 5,8

PSOE

9.425.678 141 40,3% 37,6%

+ 2,7

2000

PP

10.321.178 183 52,3% 44,5%

+ 7,8

PSOE

7918.752 34,2%

125 35,7%

+1,5

2004

PSOE

11.026.163 164 46,8% 42,6%

+ 4,2

PP

9.763.144 148 42,3% 37,7%

+ 4,6

2008

PSOE

11.288.698 169 48,3% 43,9%

+ 4,4

PP

10.277.809 154 44,0% 39,9%

+4,0

2011

PP

10.866.566 186 53,1% 44,1%

+ 9,0

PSOE

7.003.511 110 31,4% 28,4%

+3,0

Prima

(*) La ausencia de los diputados de HB en el hemiciclo, permite que el PSOE tenga la mayoría absoluta con 175 escaños. Fuente: López Nieto, L., 2012. Elaboración propia sobre resultados oficiales.

ventaja fue mayor en las dos primeras elecciones y en general en aquellas en que se produce menor competitividad. También se advierte que el primer partido tiene una prima mayor que el segundo. Obviamente el dato relativo a la distorsión o desproporcionalidad que produce el sistema electoral se obtiene del número de votos obtenidos por los dos primeros partidos en todas las elecciones legislativas, así como el número de escaños logrados en el Congreso.

322


3.2. Estudio de casos desagregados por distritos provinciales Anteriormente hemos ido viendo las primas que obtienen tanto los partidos parlamentarios pero sobre todo las de los dos primeros partidos y también que las del primero son mayores que las del segundo y que esta ventaja varía en cada elección. ¿Por qué ocurre esto? Para tratar de determinarlo hemos realizado dos tablas que recogen la diferencia entre los escaños y los votos de cada uno de los dos primeros partidos (y también de los demás partidos parlamentarios) y otra con la participación y los votos sin representar en todos los distritos en las elecciones de 1986 y 2000 que tienen varios rasgos comunes y alguna diferencia. En ambas hubo la misma participación; en las dos el primer partido tiene el mismo porcentaje de votos, de escaños y la misma «prima». Pero los resultados del segundo partido son diferentes: en las de 1986 el PP tiene una prima mayor que el PS en las de 2000 a pesar de que el PP tuvo menos escaños que los alcanzados por el PS en las últimas elecciones. Además antes (tabla n.o 4) hemos visto como el porcentaje votos sin representar en las elecciones de 1986 es el doble que en las de 2000. En ambas tablas (n.o 6 y 7) los distritos están ordenados en función del tamaño de los: mismos, es decir, según el número de escaños que se eligen en cada uno. Esta clasificación permite comparar las hipotéticas «primas» primero entre los distritos del mismo tamaño y luego con aquellos que tienen más escaños; además ayuda a verificar hasta que punto el tamaño del distrito es un factor decisivo en beneficiar a uno u otro partido o puede haber otros que expliquen el efecto del sistema electoral cuando traduce los votos en escaños y así la proporcionalidad. Recordemos que hay 116 escaños que suponen el 33,1% y distribuidos en 30 distritos, en los que la proporcionalidad es muy baja porque eligen menos de seis escaños. Por otra parte hay 81 escaños (23,1%) que son los grandes, que eligen a más de 16 diputados y en los que habría una proporcionalidad alta para todos los partidos que superen la barrera electoral. Finalmente los 153 escaños restantes se eligen en distritos de tamaño intermedio en los habría mayor proporcionalidad que en los pequeños, pero que habría que verificar en detalle los efectos que produce la fórmula D´Hondt en combinación con el sistema de partidos. Pasemos a analizar en concreto los resultados con las supuestas ventajas en escaños de los primeros partidos. La tabla n.o 6 es compleja porque tiene muchos indicadores, pero es posible ir estudiando los datos en función de las hipótesis y premisas preestablecidas. Por ejemplo, vamos a tratar de verificar

323


si la prima del primer partido disminuye a medida que aumenta el tamaño del distrito. Para ello hay que comprobar en cuantas provincias ocurre esto y puesto que contamos con datos de dos elecciones, cabe verificar si esta ventaja se produce en ambas. En los dos distritos uninominales (Ceuta y Melilla) la atribución del escaño se realiza con un sistema mayoritario. En estos casos, las primas son altas (más de 50 puntos) y obviamente el segundo partido no alcanza representación. En los nueve distritos en los que se eligen tres diputados, las primas del primer partido son muy altas, sobre todo en 1986; en estos casos (Cuenca, Guadalajara, Palencia y Soria) el segundo partido (PP o PS) tiene prima negativa. En las dos ocasiones en las que hay tres partidos que logran escaño, el primero está penalizado (CDS en Ávila y PP en Segovia 1986) o tiene la prima más reducida que el segundo (PP en Zamora). En las elecciones de 2000 cuando las primas del primer partido son más reducidas, también lo son las penalizaciones del segundo. Cuando estudiamos la otra tabla necesaria para este análisis vemos que en ambas elecciones en estos distritos la participación es similar, pero el porcentaje de votos sin representar es muy alto en todos estos distritos en las elecciones de 1986, con la lógica excepción de aquellos en los que hay tres partidos parlamentarios (Ávila, Segovia y Zamora); o dicho de otra forma, donde el primer partido tiene una prima alta, el segundo partido está penalizado y hay muchos votos sin representación; la excepción es Huesca. Estas afirmaciones de momento solo sirven para este grupo de distritos y en estas dos elecciones, en las que parece que la ventaja del sistema electoral está más relacionada con la distancia o competitividad electoral de los partidos (dos o tres), que con el tamaño del distrito; en todo caso no favorecen siempre a un mismo partido; cuando una tercera formación obtiene escaño, el segundo suele estar penalizado.

Tabla 6. Diferencia de escaños y votos de los partidos parlamentarios por distritos: elecciones generales de 1986 y 2000 Distritos y n.o Escaños

Ceuta (1) Melilla (1)

324

Primer partido

Primer partido

Segundo Partido

Segundo partido

Tercer Partido

Tercer partido

1986

2000

1986

2000

1986

2000

+54,5 PS +53,4 PP

+52,3 PP +50,0 PP


Tabla 6. (Continuación) Distritos y n.o Escaños 3 escaños Ávila Cuenca Guadalajara Huesca Palencia Segovia Soria Teruel Zamora 4 escaños Álava Albacete Burgos Lérida Lugo Orense Rioja Salamanca 5 escaños Almería Cáceres Cantabria Castellón C.Real Gerona Huelva León Navarra Toledo Valladolid 6 escaños Badajoz Guipúzcoa Jaén Tarragona

Primer partido

Primer partido

Segundo Partido

Segundo partido

Tercer Partido

Tercer partido

1986

2000

1986

2000

1986

2000

–8,2 CDS +21,1 PS +24,4 PP +21,8 PS +26,2 PS –3,5 PP +24,1 PP +25,3 PS +8,7 PP

+1,0 PP +13,3 PP +12,3 PP +21,5 PP +11,1 PP +9,1 PP +8,1 PP +18,7 PP +7,6 PP

+3,7 PP –5,9 PP –5,0 PS +8,0 PP –6,7 PP +0,5 PS –2,9 PS +0,2 PP +12,2PS

+6,9 PS –7,8 PS –2,8 PS –3,7 PS –2,4 PS +2,5 PS +1,4 PS –0,4 PS +1,2 PS

+8,6 PS

+16,6 PS +23,6 PS +10,1 PP +9,1 CIU +12,9 PP +13,0 PP +5,7 PS +10,9 PS

+10,9 PP –1,3 PP +16,7 PP +10,9 CIU +17,0 PP +18,0 PP +20,9 PP +16,3 PP

+5,8 PNV –7,1 PP +12,4 PS –5,7 PS +10,2 PS +3,0 PS +10,4 PP –11,2 PP

+0,6 PS +8,9 PS –4,0 PS –2,5 PS +2,5 PS +2,2 PS –9,9 PS –7,5 PS

+9,1 PP

+4,2 PNV

+8,8 PP

+4,0 PP

+26,7 PS +6,0 PS +15,3 PS +13,5 PS +8,1 PS +13,9 CIU +17,5 PS +14,4 PS +4,1 PS +13,5 PS –2,1 PS

+11,2 PP +12,0 PP +3,0 PP +6,2 PP +8,3 PP –1,1 CIU +13,2 PS +11,1 PP +10,1 PP +7,2 PP +6,8 PP

–6,0 PP +12,2 PP +5,7 PP +6,4 PP +7,8 PP +8,4 PS –1,5 PP +5,5 PP +10,1 PP +4,2 PP +7,8 PP

+2,0 PS –4,5 PS +6,7 PS +4,5 PS –2,5 PS +11,7 PS +0,2 PP +8,3 PS +12,8 PS –0,2 PS +4,9 PS

+9,1 PS

+2,9 PP

+7,1 PP

+5,3 PS

–0,2 PNV

+5,5 PNV

+5,3 PS

+8,7 PP

+6,3 PP +8,1 CiU

+9,6 PP +12,2 CiU

+11,4 PS +1,9 PS

+2,3 PS +0,9 PS

+9,5 CD

+6,1 CG

+4,1 PP

+5,9 HB +2,9 CDS

+5,4 HB +3,5 EE

–6,9 PS +2,6 EA

+4,3 PP

+8,9 PP

325


Tabla 6. Diferencia de escaños y votos de los partidos parlamentarios por distritos: elecciones generales de 1986 y 2000 Distritos y n.o Escaños

Primer partido

Primer partido

Segundo Partido

Segundo partido

Tercer Partido

Tercer partido

1986

2000

1986

2000

1986

2000

+17,6 PP +2,5 PP +13,2 PS +9,0 PP

+15,4 PP +6,8 PP +2,2 PP +0,4 PP

–0,7 PS +2,5 PS 0,0 PP +2,9 CC

+2,1 IU

+2,4 IU

+4,2 CDS –1,4 PP +4,4 CDS

–4,1 PS

Diversos escaños Baleares (7) +9,4 PS Córdoba (7) +3,2 PS Granada (7) +18,2 PS Palmas,L (7) +10,2 PS Tenerife (7)

+10,0 PS

+7,7 PP

–1,7 AIC

–4,8 CC

Zaragoza (7)

+6,1 PS

+9,4 PP

+0,4 PP

–0,5 PS

Pontevedra (8)

+9,9 PP

+9,2 PP

+2,2 PS

+2,2 PS

Asturias (9)

+9,3 PS

+9,1 PP

–5,2 PP

–3,5 PS

Cádiz (9) Coruña (9) Murcia (9)

+16,8 PS +5,0 PS +13,4 PS

+3,2 PP +3,9 PP +8,5 PP

+2,3 PP +8,1 PP +3,0 PP

+5,1 PS –2,3 PS +1,1 PS

+3,3 PS

+6,1 PP

Vizcaya (9)

+0,5 PNV +10,2 PNV

Málaga (10) Alicante (11) Sevilla (13)

+9,0 PS +10,4 PS +7,3 PS

+6,4 PP +9,3 PP +4,8 PS

+0,2 PP +0,4 PP +3,7 PP

Valencia (16)

+9,3 PS

+5,8 PP

+3,7 PP

Barcelona (31)

+5,1 PS

+3,2 PS

+3,3 CIU

Madrid (34)

+4,3 PS

+3,4 PP

+1,0 PP

+0,8 PAR +1,5 CDS +3,5 CDS +1,8 IU –1,5 CDS +0,9 CDS

+4,0 HB –0,7 PP +1,6 EE +1,1 PS –2,6 IU +1,7 PS +0,3 CDS +3,5 PP 0 IU –2,0 CDS +4,5 PS +1,1 UV +1,3 PP –1,2 IU +2,7 CIU –1,6 CDS +1,1 CDS +2,4 PS 0,0 IU

–2,1 PS +1,5 CHA –7,6 BNG +0,8 IU +1,2 PA +2,4 BNG

–0,6 PS +1,9 IU –0,6 IU –0,2 IU +2,3 PP –1,9 ERC –0,9 IU –0,3 IU

Fuente: López Nieto, L., 2012; elaboración propia sobre resultados oficiales. Hay varios distritos cuyo número de escaños varía en el periodo estudiado: por ejemplo, en 1986: Barcelona tenía 33, Madrid 33,Málaga 9, Tenerife 8.

Las afirmaciones anteriores también sirven para los distritos de cuatro escaños, incluso cuando aumenta la participación (Álava, Lugo y Orense): el tercer partido que obtiene escaño tiene más ventaja que el segundo. Otro

326


efecto que no se produjo en los anteriores distritos es que en dos provincias la ventaja del segundo (PS y PP) es superior a la del primero (Burgos y La Rioja). En Salamanca el segundo partido está penalizado en ambas elecciones y el porcentaje sin representar es el más pequeño de este tipo de distritos. En los once distritos de cinco escaños, advertimos que en los tres casos que hay tres partidos que obtienen escaños, el partido que tiene más votos está penalizado (CiU en 2000 y PS en 1986) o tiene una prima pequeña (PS en Navarra en 1986). En las dos provincias en las que el primer partido tiene primas altas (el PS en Almería y Huelva) el segundo partido (PP) está penalizado. Pero este grupo de distritos hay muchas más excepciones, o quizá curiosidades: en Cáceres en las elecciones de 1986, el segundo partido (PP) tiene más ventaja que el primero y queda un 18% de votos sin representar; en las elecciones de 2000, con un 5% más de participación, quedan solo 6,6% votos sin representar y en esta ocasión el segundo partido está penalizado, mientras que el primero (PP) tiene una prima de 12 puntos: la posible explicación pueda estar en la competitividad, muy pequeña en las de 1986 y muy grande en las de 2000; una situación muy parecida se produce en Ciudad Real, aunque en este caso la participación es idéntica en ambas elecciones y en Toledo, donde la diferencia está en que la competitividad en los dos procesos es similar. En las cuatro provincias que eligen seis diputados, una vez más el primer partido tiene prima pequeña, cuando hay más de dos partidos con representación; en los otros dos distritos (Badajoz y Jaén), cuando la competitividad es pequeña (1986), el primer y el segundo partido tienen la misma prima; por el contrario, cuando la competitividad es alta (2000), el segundo partido (PS en Badajoz y PP en Jaén) tiene una ventaja mayor que el primero, con idénticos niveles de participación. Hay distritos como León, Pontevedra, Murcia, Málaga y los cinco de mayor tamaño en los que las primas son similares para los primeros partidos, que casi todos son distintos en cada elección; lo mismo ocurre con las ventajas de los segundos, que también cambian. Finalmente, encontramos el grupo más numeroso, 18 circunscripciones grandes en las que se elige entre 7 y 34 escaños y como se advierte en la tabla adjunta presenta algunas singularidades respecto a los otros tipos de distritos: hay una mayor presencia de terceros y cuartos partidos parlamentarios y en general las primas de los dos primeros, especialmente las del primer partido, son menores que las que obtienen en los distritos más peque-

327


Tabla 7. Participación (%) y votos sin representación parlamentaria (%) en los distritos. Elecciones de 1986 y 2000 Distritos (*)

% participación % participación

% votos sin % votos sin representación representación

1986

2000

1986

2000

Ceuta (1 escaño)

56,7

56,2

54,5

50,7

Melilla

60,0

55,9

17,0

48,1

Ávila (3 escaños)

76,7

76,4

4,2

6,3

Cuenca

74,9

79,4

15,2

4,2

Guadalajara

76,2

76,0

19,4

7,6

Huesca

70,1

75,5

19,4

7,6

Palencia

76,2

76,8

19,5

6,8

Segovia

79,2

76,4

6,6

9,4

Soria

72,1

70,7

21,2

6,8

Teruel

71,0

73,4

25,5

17,0

Zamora

70,1

72,1

26,9

7,0

Álava (4 esc.)

66,7

70,7

31,5

11,5

Albacete

73,6

76,5

16,5

6,0

Burgos

71,5

74,9

22,5

10,1

Lérida

67,7

65,8

12,3

11,1

Lugo

56,7

71,9

23,1

18,4

Orense

50,7

72,7

13,5

19,3

Rioja

74,3

75,4

16,1

9,5

Salamanca

75,9

74,1

6,2

6,5

Almería (5 esc.)

67,8

70,2

20,7

7,8

Cáceres

72,2

77,5

18,1

6,6

Cantabria

74,0

73,3

20,9

7,0

Castellón

77,7

75,3

19,9

9,3

Ciudad Real

73,4

75,3

15,9

4,5

Gerona

71,7

65,6

22,4

13,4

Huelva

67,8

67,2

16,4

12,0

León

68,5

72,1

19,9

18,0

Navarra

69,8

67,6

20,2

18,3

Toledo

78,4

78,2

17,7

5,9

Valladolid

73,7

70,9

8,6

9,7

Badajoz (6 esc.)

74,9

76,2

16,2

7,2

Guipúzcoa

65,5

56,4

14,1

6,4

328


Tabla 7. (Continuación) Distritos (*)

% participación % participación

% votos sin % votos sin representación representación

1986

2000

1986

2000

Jaén

75,9

77,7

17,8

11,0

Tarragona

68,9

65,2

14,2

11,0

Baleares (7 esc.)

66,0

61,9

24,9

13,1

Córdoba

76,3

75,9

12,1

5,5

Granada

69,1

71,1

20,4

11,8

Palmas, las

71,3

61,9

17,8

6,8

Tenerife

65,6

61,3

11,2

4,8

Zaragoza

70,7

72,2

8,1

9,0

Pontevedra (8 esc.)

60,0

69,4

15,6

2,6

Asturias (9 esc.)

67,8

69,3

3,9

4,7

Cádiz

66,3

63,9

19,1

8,3

Coruña, la

59,6

67,8

14,2

2,5

Murcia

76,1

74,5

16,4

8,5

Vizcaya

68,3

67,7

8,8

11,6

Málaga (10 esc.)

67,0

65,9

11,3

7,8

Alicante (11 esc.)

74,9

73,9

11,1

9,1

Sevilla (13 esc.)

73,6

70,4

11,0

6,1

Valencia (16 esc.)

76,9

72,9

11,9

8,7

Barcelona (31 esc.)

68,8

64,5

7,3

4,1

Madrid (34 esc.)

72,6

73,3

6,4

3,6

Fuente: López Nieto, L., 2012; elaboración propia sobre fuentes oficiales. Hay varios distritos cuyo número de escaños varía en el periodo estudiado: por ejemplo, Barcelona, tenía en 1986 33, Madrid 33, Málaga 9, Tenerife 8. (*) Ordenados alfabéticamente y según el tamaño de los distritos.

ños. La prima más alta se obtiene en Baleares, en parte debido a la distribución de los escaños por isla, y también al índice de competitividad y beneficia en ambos casos al PP. Por el contrario, otras primas también significativas (Granada en las dos elecciones y Murcia en 1986), en este caso benefician al PS, motivado seguramente por la baja competitividad. Hasta aquí percibimos que son más las excepciones que las posibles generalizaciones o pautas generales, por lo que este tipo de estudio sistemático permite exigir más rigor y más análisis, porque los efectos del sistema

329


electoral son múltiples y están relacionados con muchos factores y no solo el tamaño del distrito o el nivel de participación. Además, hemos visto que nunca benefician a un solo partido, porque entre otras cosas los apoyos electorales de los partidos han cambiado en la práctica totalidad de las provincias a lo largo de las ocho elecciones celebradas. En todo caso, creemos que es preciso seguir profundizando en este tipo de análisis sistemático con todas las elecciones, con todos los indicadores y en todos los distritos, para evitar incurrir en equívocos o interpretaciones incompletas de los efectos del sistema electoral. Este ha mostrado su versatilidad cuando sobre él opera un comportamiento electoral que mayoritariamente se define por opciones moderadas, aunque con significativas dosis de volatilidad.

4. LA COMPETITIVIDAD: EJEMPLO DE APLICACIÓN DE INDICADOR A LAS ELECCIONES AL CONGRESO En los capítulos anteriores de esta Unidad Didáctica hemos explicado los principales indicadores que se utilizan en los estudios electorales para profundizar en el conocimiento de los resultados, como son el número efectivo de partidos, la volatilidad o la competitividad. Todos ellos se pueden aplicar con la información que precede a este epígrafe. Sin embargo, hemos querido mostrar como ejemplo la aplicación de uno de los indicadores más relevantes puesto que aporta información relativa a la distancia entre los dos primeros partidos, por lo que es especialmente indicado habida cuenta del carácter bipartidista de las elecciones generales españolas. Así mismo es muy adecuado para este caso, porque ya sabemos que el comportamiento electoral ha variado a lo largo del tiempo y que estos cambios no han sido bruscos, realidad que veremos queda reflejada con claridad en el análisis agregado (tabla 8) y en que presentamos por distritos y para todas las elecciones (tabla 9). 4.1. Un análisis agregado Decíamos antes que el análisis de los procesos electorales y de sus resultados se puede abordar desde diversas perspectivas, Una vez estudiados los resultados de las elecciones en diversas perspectivas, cabe analizar la evolución del voto a partir del estudio de la competitividad electoral, que nos permite medir la relación y distancia entre las dos primeras fuerzas políticas de este sistema de partidos de carácter bipartidista. En primer lugar analizamos

330


la competitividad electoral agregada. Esta tabla muestra cual ha sido en cada una de las ocho elecciones la diferencia media entre el porcentaje de votos del primer y del segundo partido; las siglas que aparecen junto al porcentaje resultante de la citada resta son las del primer partido; el segundo partido en las elecciones de 1977, 1979, 1996 y 2000 fue el PS; en las demás el PP. Se produce una alta competitividad cuando la diferencia es pequeña, situación que se ha producido en cuatro ocasiones, especialmente en las elecciones de 1996. Por el contrario, la competitividad es baja, cuando la diferencia es grande: el ejemplo más significativo se produce en las elecciones de 1982, cuando el porcentaje de voto del PS superó al del PP en 22%. Una vez estudiados los resultados de las elecciones legislativas a partir del índice de competitividad electoral agregada analizaremos y mediremos los efectos que el sistema electoral tiene sobre la competitividad entre los dos primeros partidos en cada una de las elecciones. Para ello recurrimos al índice de competitividad parlamentaria. Este se calcula restando al porcentaje de escaños que obtiene el primer partido, el que obtiene el segundo. De esta forma, tal como se ve en la tabla 8, hubo una muy alta competitividad parlaTabla 8. Competitividad electoral y parlamentaria agregada, 1977-2011 y comparación entre ambas Año elección

Competitividad electoral

Competitividad parlamentaria

Comparación ambos indicadores

1977

5,3 UCD

13,7 UCD PSOE

+ 8,4

1979

3,5 UCD

13,4 UCD-PSOE

+ 9,0

1982

21,9 PSOE

31,2 PSOE-PP

+ 9,3

1986

18,3 PSOE

22,6 PSOE-PP

+ 4,3

1989

14,0 PSOE

19,4 PSOE- PP

+ 5,4

1993

4,0 PSOE

5,1 PSOE-PP

+ 1,1

1996

1,2 PP

4,3 PP-PSOE

+ 3,1

2000

10,3 PP

16,6 PP-PSOE

+ 6,2

2004

4,9 PSOE

4,5 PSOE-PP

– 0,4

2008

4,0 PSOE

4,3 PSOE-PP

+ 0,3

2011

15,7 PP

21,7 PP

+ 6,0

Fuente: López Nieto, L., 2012, sobre datos oficiales.

331


mentaria en las elecciones de 1993, 1996, especialmente en las elecciones de 1996, en las que se produjo una importante competitividad entre PP que fue el ganador y el PSOE que quedó segundo. También fue muy alta en las de 2004 cuando además esta es más baja que la electoral y en 2008. En este tipo de elecciones muy disputadas en algunos distritos, la atribución del último escaño habría sido pues muy competida, lo que explica que la competitividad parlamentaria haya sido ligeramente inferior (4,5), porque los dos partidos obtienen «primas en escaños» similares. En el extremo contrario, es decir los comicios menos competitivos fueron los de 1982 (31,2) cuando el primer partido (PSOE) obtuvo la mayor ventaja en escaños respecto a su principal adversario político (AP-PP), seguida de otros casos en los hubo mayorías absolutas (1986, 1989, 2000 y 2011). Pero la utilidad explicativa de este indicador aumenta cuando comparamos ambos índices agregados: el de la competitividad electoral y el parlamentario (tabla 8). ¿Qué es lo más relevante? Sin duda destacar que la competitividad parlamentaria es superior en todas las elecciones a la electoral a excepción de la habida en 2004. ¿Por qué? Porque refleja la influencia que produce el sistema electoral sobre las relaciones o sistemas de partidos que casi siempre consistiría en el aumento de la representación parlamentaria de los dos primeros partidos respecto a la electoral, sobre todo del primero tal como se refleja en términos agregados en la tabla 8 y por distritos en los dos siguientes, como veremos después. No obstante esta pauta a veces tiene excepciones debidas a especificidades debidas a la combinación del tamaño del distrito y del sistema de partidos, que en términos agregados no se manifiesta claramente. Aquí nos interesa advertir que la competitividad parlamentaria siempre ha superado a la electoral, especialmente en las elecciones de 1977 y en menor medida en las dos siguientes y en las de 2000 y 2011. Sin embargo, la comparación y diferencia entre ambos indicadores muestra que no hay correspondencia directa entre ambas porque como decíamos antes al tratarse de datos agregados a nivel nacional, la influencia de los diversos tamaños de distritos y de los sistemas de partidos pueden compensarse. Así en determinadas ocasiones la «prima» parlamentaria del primer partido superó mucho a la electoral (caso de las elecciones de 1982), situación que se produce en las elecciones en las que hubo mayoría absoluta. Pero también en las dos primeras debido a las especificidades de los respectivos sistemas de partidos, cuyos formatos fueron especiales. La comparación entre ambos indicadores es muy significativa en las elecciones de 2004 espe-

332


cialmente ya que además es negativa y en 2008, lo que vuelve a mostrar las singularidades de dichas elecciones. 4.2. Estudio de casos desagregados por provincias Pero también es muy útil analizar la competitividad electoral en los distritos en las ocho elecciones, es decir sin agregar los datos, porque permite saber muchas cosas: 1) Que partido gana en cada provincia y cual es el segundo en cada elección. 2) Hacer tipologías de los distritos en cada elección en función del grado de competitividad entre los dos primeros partidos. 3) Verificar en que medida la diferencia entre los porcentajes de voto de los dos primeros partidos es estable o varía en las diversas elecciones. Para elaborar esta tabla 9 en primer lugar se calcula para cada una de las elecciones la diferencia entre el porcentaje de votos de los dos primeros partidos en cada distrito o provincia; después se ubican las provincias en los seis tipos de márgenes que se utilizan habitualmente, que van de muy estrecho (la diferencia de los citados porcentajes es entre 0 y 5%) al amplísimo (más de 30%). Hay que recordar que hay una relación inversa entre el tipo de margen y la competitividad: las provincias situadas en márgenes muy estrechos significa que en ellos hay una alta competitividad, es decir que los dos primeros partidos cuentan con apoyos electorales muy parecidos; a medida que los márgenes se amplían, la competitividad disminuye, en otras palabras, el porcentaje de votos que recibe un partido tiende a aumentar, al tiempo que disminuye los del segundo. La tabla 9 consta de diversos indicadores: elecciones (ocho), la competitividad electoral (con seis tipos de márgenes) y distritos (52), lo que permite realizar diversas aproximaciones para su estudio: • Analizar cuáles y cuántos distritos permanecen con similares márgenes de competitividad y cuáles no, estos últimos son la mayoría. • Estudiar en cuantas elecciones se mantiene o cambian ese tipo de márgenes y además en que distritos el primer partido ha sido el mismo en los sucesivos comicios.

333


• Cabría hacer una tipología de provincias con comportamientos más o menos estables. • Se puede elaborar otra clasificación con las provincias «más leales» a una determinada opción política e ideológica, o dicho de otra forma, aquellos distritos en los cuáles ha ganado un mismo partido siempre o casi siempre. Como ejemplo y a la vista de los resultados, hay provincias en las que el primer partido ha sido siempre de centro derecha, bien UCD o AP como ocurre en las provincias de Ávila, Burgos, Lugo, Orense, Soria, u otras que han sido leales al partido socialista Cádiz, Barcelona, Jaén o Sevilla. Pero en la mayoría de los casos, el partido ganador solo lo ha sido en dos o tres elecciones y después hubo alternancia política: ello quiere decir que el segundo partido cosechó más votos, porque algunos electores cambiaron su voto, se abstuvieron o por la orientación de los nuevos votantes. En todo caso estas fluctuaciones del voto casi nunca son bruscas, sino que se sitúan en márgenes de competitividad cada vez más estrechos hasta que se produce la alternancia. Después en algunos distritos se vuelve a ampliar la competitividad como por ejemplo, en los casos de Zaragoza, Guadalajara, Madrid, Baleares, Badajoz, Almería, etc. Habida cuenta que en las dos últimas elecciones la competitividad ha sido muy alta conviene analizar con detalle la tabla 9 relativa a los comicios citados de los que podemos avanzar algunos datos concretos, dado que en

Tabla 9. Competitividad desagregada por distritos en las ocho elecciones generales, 1977-2011 Competitividad electoral entre los dos primeros partidos Margen

1977 PS Alicante Asturias Córdoba Sevilla

0-5

334

1979 UCD

Álava Albacete Madrid Tarragona

PS

Alicante Asturias Cádiz Córdoba Gerona Guipúzcoa Sevilla (PNV) Valencia Lérida (PDC)

1982 UCD

PS

Álava Albacete C. Real Granada Huelva Madrid Murcia Tarragona

Baleares Coruña Guadalajara Palencia Palmas Rioja Zamora

1986 PP

Ávila Segovia Soria Gerona (CiU) Vizcaya (PNV)

PS

PP

Coruña Palencia Palmas Rioja Salamanca

Burgos Guadalajara Orense Pontevedra Segovia Zamora

Vizcaya (PNV)


Tabla 9. (Continuación) Competitividad electoral entre los dos primeros partidos Margen

1977 PS

5,1 a 10

Cádiz Gerona Jaén Valencia Vizcaya (PNV)

1979 UCD

Castellón C. Real Huelva Murcia Navarra Toledo Zaragoza

PS Jaén Málaga

1982 PS

Badajoz Cáceres Castellón Lérida Toledo Valladolid Zaragoza

Álava Cantabria Lérida Teruel

Huesca Navarra Cantabria

Cuenca León Navarra Toledo

Álava Barcelona Cantabria Castellón León Murcia Toledo

Ávila (CDS) Gerona (CiU) Lérida (CiU)

Almería Baleares Rioja

Madrid Lugo Murcia Salamanca Tenerife Zaragoza

Alicante Albacete Asturias C. Real Huesca Valencia Zaragoza Almería Cáceres Granada Tenerife

Lugo

Guipúzcoa (PNV) Barcelona

Badajoz Granada Rioja Cantabria Valladolid

Málaga

Almería Huesca

10,1 a 15

Barcelona

15,1 a 20 Vizcaya (PNV)

20,1 a 30

+ 30,1

1986

UCD

Baleares Burgos Cáceres Guadalajara León Palencia Zamora

Burgos Coruña Cuenca Guadalajara León Palencia Salamanca Teruel Zamora

Ávila Coruña Cuenca Lugo Orense Palmas. L. Pontevedra Salamanca Tenerife Teruel Segovia Soria

Ávila Lugo Orense Palmas, Las Pontevedra Tenerife Segovia Soria

Alicante Albacete Asturias Barcelona Cáceres Castellón C. Real Huesca Tarragona Valencia Valladolid Almería Badajoz Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

PP

PS

Burgos Baleares Orense Cuenca Pontevedra Madrid Navarra Tarragona Teruel Guipúzcoa Valladolid (PNV)

PP Soria

Guipúzcoa (PNV)

Badajoz Cádiz Córdoba Huelva Jaén Málaga Sevilla

Los distritos en los que aparecen siglas entre paréntesis son aquellos en los que el primer partido no es ni UCD, PS o PP. En los siguientes casos, el segundo partido tampoco son los tres citados: así por ejemplo, en 1979 el 2.o partido en Lugo y Orense es el PP, en Álava en 1982 y 1986 entre PSOE y PNV; Ávila, en 1986, entre PSOE y CDS; en Barcelona en 1977 y 1979 entre PSC-PSUC y en 1982 y 1986 entre PSC y CiU; en Lugo y Orense en 1977 y 1979 entre UCD y AP.

335


Tabla 9 (continuación). Competitividad electoral desagregada en las elecciones generales, 1977-2011 Competitividad electoral entre los dos primeros partidos políticos Margen

1989

1993 PP

PSOE

Cantabria Coruña León Tarragona

Madrid Navarra Rioja Salamanca Valladolid Zamora

Teruel Asturias Cantabria Cuenca Guipúzcoa Tarragona Toledo Vizcaya Zaragoza

Alicante León Navarra Valencia

Álava Albacete Barcelona C. Real Huesca Tenerife

Castelló Coruña Madrid Murcia Orense Palencia Rioja Valladolid Zamora

0a5 Guipúzcoa (HB) Barcelona Castellón Cuenca Palmas Teruel 5,1 a 10

Vizcaya (PNV)

336

Ávila Álava Baleares Guadalajara Orense Palencia Pontevedra Segovia

Alicante Asturias Toledo Zaragoza

Burgos Lugo

Albacete Huesca Murcia Valencia

10,1 a 15

15,1 a 20

1996

PSOE

PP

PSOE Málaga C. Real

2000 PP

Álava Albacete Asturias Huesca

PSOE Cádiz Granada Tarragona

PP Badajoz Cáceres Córdoba Málaga Tenerife

Guipúzcoa (PNV)

Gerona (CiU) Almería Badajoz Cáceres Cádiz Granada Tarragona

Alicante Baleares Castellón Cuenca Navarra Teruel Toledo Guipúzcoa Tenerife (PNV) Valencia Lérida (CiU) Vizcaya (PNV)

Barcelona Huelva Jaén

Almería Asturias C. Real Huesca

Vizcaya (PNV)

Almería Cáceres Granada Lérida (CiU)

Baleares Córdoba Guadalajara Jaén Palmas Pontevedra Salamanca Soria

Cantabria Sevilla Coruña León Murcia Orense Palencia Pontevedra Rioja Gerona Valladolid (CiU) Lérida (CiU)

Álava Albacete Cuenca Teruel Toledo

Soria

Badajoz Málaga

Gerona (CiU)

Gerona (CiU)

Ávila Burgos Lugo Segovia

Guadalaja Madrid Palmas Salamanca Segovia Zamora Zaragoza

Alicante Castellón Guadalajara León Madrid Rioja Valencia Valladolid Zaragoza

Lérida (CiU)

Barcelona


Tabla 9. (Continuación) Competitividad electoral entre los dos primeros partidos políticos Margen

1989 PSOE

20,1 a 30

+ 30,1

Almería Badajoz Cáceres C. Real Granada Jaén Tenerife

Cádiz Córdoba Huelva Málaga Sevilla

1993 PP

PSOE Cádiz Córdoba Huelva Jaén Sevilla

1996 PP

PSOE Huelva Sevilla

2000 PP

Ávila Burgos Lugo Soria

PSOE

PP Baleares Burgos Cantabria Coruña Murcia Navarra Palencia Palmas Salamanca Segovia Soria Zamora Ávila Lugo Orense Pontevedra

Fuente: López Nieto, L., 2012; elaboración propia sobre resultados oficiales NOTA: en Tenerife, en 1989 es PS/UCD; en Las Palmas, en 1989 es PSOE/CDS y en ambas provincias en 1996 y 2000 la competitividad es entre PP/Coalición Canaria; en Cataluña, es PSC/CiU; Guipúzcoa en 1989 es HB/PSOE; en Guipúzcoa y Vizcaya en 1993 es PSOE/PNV; en 1996 es PNV/PSOE y en 2000, PNV/PP; en Córdoba en 1989 es PSOE/IU.

algunos distritos la competitividad fue muy alta. Como precedente destacar que en las elecciones de 1979 también hubo alta competitividad pero en 15 distritos y en las también competidas elecciones de 1996 en las que hubo 26 distritos situados en los dos tramos o márgenes de más alta competitividad. En cuanto a las elecciones de 2004 encontramos indicios de su excepcionalidad porque en ellas se concentra el mayor número de distritos (20) situados en el margen de competitividad más alto: en la mitad gana el PP y en la otra mitad el PSOE. Sin embargo es más significativo y está asociado al anterior dato, el vuelco que se produce respecto a las elecciones anteriores en las que el PP ganó por un margen amplio (por más de 15%, es decir con baja competitividad) en 25 distritos. Volviendo al análisis de las singulares elecciones de 2004 el PP fue el primer partido en 28 de los 52 distritos, el PSOE ganó en 22 y el PNV fue la primera fuerza en dos. En algunos distritos esta victoria fue muy escasa, inferior a los 2000 votos y en algún caso todavía menor: por ejemplo, el PP ganó en Albacete y Asturias por este escaso margen y el PSOE ganó en Teruel por 232 votos.

337


Tabla 9 (continuación). Competitividad electoral desagregada en las elecciones generales, 1977-2011 2004

2008

2011

Margen PSOE

PP

PSOE

PP

Albacete Castellón Cuenca Gerona (CiU-PSC) Guadalajara Guipúzcoa (PNV-PS) Lérida (CiU) Madrid Navarra Asturias Toledo Valencia Valladolid

Baleares Málaga Asturias L. Palmas Teruel

Albacete Castellón C. Real Coruña Navarra Pontevedra Cuenca

Barcelona (PSC-CiU) Sevilla

Alava Huelva Jaén Tarragona (CiU-PSC)

Cáceres Huesca L. Palmas

Alicante Baleares Coruña Rioja Palencia Pontevedra

Granada Huesca León S.C.Tenerife Zaragoza

Almería Guadalajara Rioja Lérida (CiU-PSC) Lugo Madrid Palencia Cantabria Soria Toledo Valladolid

Guipúzcoa (Amaiur-PNV)

Asturias Córdoba Granada Huesca

5,1 a 10

Vizcaya (PS-PNV) Badajoz Granada Málaga Vizcaya 10,1 a 15

338

PSOE

Alava Almería C. Real Tenerife (CC) León Teruel Zaragoza De 0 a 5

15,1 a 20

PP

Cádiz Córdoba

Burgos Lugo Cantabria Salamanca Segovia Soria Tarragona (CiU-PSC) Zamora (PNV-PS)

Badajoz Cáceres Cádiz Córdoba

Alicante Burgos Gerona (CiU) Orense Segovia Valencia Zamora

Badajoz Cáceres León Gerona (CiU-PSC) Vizcaya (PNV-PSE

Salamanca Guipúzcoa (PNV)

Málaga Navarra Teruel Zaragoza

Alava Jaén


Tabla 9. (Continuación) 2004

2008

2011

Margen PSOE Huelva Jaén

PP Avila Barcelona (CiU-PSC) Murcia Orense

PSOE Huelva Sevilla

PP Barcelona (CiU) Tarragona (CiU)

20,1 a 30

Sevilla + 30,1

PSOE

PP Albacete Alicante Almería Baleares Burgos Cantabria Castellón C.Real Coruña Cuenca Lugo Madrid Orense Palencia Palmas, Las Pontevedra Rioja, La S.C.Tenerife Segovia Soria Toledo Valencia Valladolid Zamora Avila Murcia Salamanca

Fuente: López Nieto, L., 2012; elaboración propia sobre resultados oficiales.

En las elecciones de 2008 la competitividad como todo el proceso, es de continuidad y no de abruptos cambios. En 29 distritos, es decir en el 58% de ellos, la competitividad fue muy alta (en los dos primeros tramos), reforzándose la victoria del PP, ya que en 17 de ellos el ganador fue el PP, aunque en casi todos los casos por estrecho margen, ya que en 9 de las provincias gana o pierde menos de 1.000 votos, situación que también le ocurre al PSOE en 15 distritos. El PP gana votos en 22 provincias y pierde en otras

339


21, mientras que al PSOE le ocurre algo similar, es decir gana algunos votos en 23 distritos y pierde en 14. El cambio de voto habitualmente no se produce de forma brusca y esta tabla muestra como la mayoría absoluta alcanzada por el PP en 2011 venía gestándose en comicios anteriores. Así lo que ocurre en 2011 es que disminuye mucho la competitividad porque aumenta el número de distritos en los que apenas hay competitividad: en 24 la distancia del porcentaje de votos del PP sobre el PSOE está entre 20 y 30 puntos y en otros tres supera los 30 puntos (Avila, Murcia y Salamanca). El PSOE solo gana en dos distritos frente a los 18 en que hubo ganado en 2008, aunque en buena parte de ellos la competitividad fue alta y en 2011 ganó el PP.

5. DE LAS URNAS A LAS INSTITUCIONES (1977-2011) 5.1. Composición de los grupos parlamentarios y de las mesas del Congreso de los Diputados La legislatura constituyente cuenta con seis grupos parlamentarios tal como refleja la tabla 10 que recoge el número de escaños por partido y grupo parlamentario: cuatro de ámbito nacional, dos nacionalistas (catalán y vasco respectivamente que se conformarán en todas las legislaturas estudiadas) y un grupo mixto20. La formación y composición de la Mesa del Congreso en este periodo constituyente, merece ser estudiada con detalle por la influencia que tiene después, ya que al igual que ocurre con el decreto ley sobre normas electorales, se mantienen vigentes los elementos sustantivos de carácter formal, pero también las prácticas que el principal órgano del parlamento adopta. Las fuerzas políticas en ese periodo constituyente y fundacional, recurren parcialmente a utilizar el reglamento de la cámara hasta entonces vigente de forma subsidiaria, al tiempo que aprueban normas ad hoc. La Mesa queda conformada por nueve miembros (presidente, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios). Como se advierte (tabla 11) en esta legislatura en la que ningún partido alcanza la mayoría

20 En este grupo se incluyen los diputados de formaciones minoritarias, casi todas de carácter regionalista, aunque en este caso también está un partido socialista (PSP) de ámbito nacional. Este grupo recoge e incluye también a los diputados que abandonan la disciplina de sus respectivos partidos, pero que desean abandonar el escaño.

340


absoluta, el grupo parlamentario que tiene una mayoría minoritaria (UCD) obtiene el 44% de miembros en la mesa, es decir, un 3% menos que su representación parlamentaria. Sin embargo, habrá que tener en cuenta que el presidente de este órgano, que entre otras prerrogativas y poderes ocupa el tercer lugar en el protocolo nacional21, siempre pertenecerá al mismo grupo parlamentario que quien será elegido presidente de gobierno. Por su parte, el grupo socialista obtiene un porcentaje igual en ambos órganos, un 33%, una vicepresidencia y dos secretarias. Por su parte tanto el PCE como AP obtienen respectivamente una vicepresidencia, lo que supone una representación varios puntos superior a la parlamentaria. Durante la I Legislatura los resultados de las elecciones hacen que la composición de los grupos parlamentarios y de la Mesa sean similares a lo ocurrido en la anterior legislatura, salvo en algún aspecto, como que desde esta fecha, la vicepresidencia primera será ocupada por un parlamentario del mismo grupo que el presidente de la Cámara y del gobierno. En la II Legislatura el número de grupos parlamentarios es el mismo que en anteriores legislaturas (tabla 10), aunque ahora AP pasa a ocupar el puesto de primer partido de la oposición. El formato de la Mesa en esta legislatura cambia (tabla 11) dada la composición mayoritaria de la Cámara que otorga el 60% al partido mayoritario, es decir un 3% más que el porcentaje de escaños alcanzados. Por su parte, el principal partido de la oposición (AP), que obtuvo un 30% de los escaños, obtiene un 10% menos de representación en la Mesa. Por primera vez se incorpora un miembro de un grupo parlamentario nacionalista a la Mesa junto al de IU y en ambos casos su representación en la mesa está primada respecto al porcentaje de escaños alcanzados En la III legislatura el PSOE mantuvo su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y el formato del sistema de partidos fue similar. El estancamiento electoral de AP, tuvo efectos internos importantes ya que su líder M. Fraga, abandonó la presidencia del partido, por lo que entró en un periodo que duró toda la legislatura de convulsión interna22. Por su parte, varias formaciones nacionalistas aumentan sus apoyos incluidas cuatro 21

Tras el Jefe del Estado y el Presidente del Gobierno. En un congreso específico salió elegido presidente de AP, A. Hernández Mancha frente a M. Herrero de Miñón, que procedía de UCD, pero que contó con apoyos de importantes dirigentes de AP, como R. Rato o Aznar, aunque este último aceptó la propuesta del presidente para ser candidato a la presidencia del gobierno de Castilla León. 22

341


Tabla 10. Número de partidos (pp) y de diputados por grupos parlamentarios (GP) en las legislaturas en el Congreso de los Diputados, 1977-2011 G.P

C

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

165

168

14

19

14

—

—

—

—

—

—

AP-PP

16

9

106

105

107

141

156

183

148

153

185

PSOE

118

121

202

184

175

159

141

125

164

168*

110*

PCE-IU

20

23

4

7

17

18

21

8

CIU

11

8

12

18

18

17

16

15

10

10

16

PNV

8

7

8

6

5

5

5

7

7

6

5

4

4

4

5**

—

5

10

—

—

Ucd-Cds

P.A./C. C/ UPyD

—

ERC

—

—

Mixto

11

14

N.o total pp

10 7

o

N. g. parla

5

6**

5**

11

—

—

—

—

—

—

5

12

14

6

7

8

9

6

18

13

10

12

13

11

11

11

11

10

12

7

6

7

7

7

7

7

8

6

7

—

—

—

* La JEC al publicar los datos oficiales de estas elecciones vuelve a presentar, como hiciera hasta los resultados de la VII (elecciones 2000), por separado los del PSC del PSOE, pese a que este último requirió su publicación conjunta. ** En ocasiones se ha conformado un grupo parlamentario con diputados «prestados» de grupos afines, al menos para la constitución de la cámara. Fuente: López Nieto, L., 2012.

regionalistas de centro derecha escindidas de AP y UCD, que consiguen diputados23. La distribución de los cargos de la Mesa (tabla 11) muestra que las cinco formaciones que la integran cuentan con una representación superior al de escaños. La IV legislatura contó con diputados de 13 formaciones, la cifra más alta desde las elecciones de 1979, pese a lo cual el formato de los grupos parlamentarios fue el mismo (tabla 10). En las legislaturas posteriores la cifra de partidos y grupos parlamentarios presenta cifras similares a las anteriores. El único dato significativo de la XI es el alto número de diputados del grupo mixto, motivado por la negativa a conceder grupo propio a Amaiur. El presidente González agotó la legislatura porque contó con el apoyo parla23

Coalición Gallega (CG), Coalición Agrupaciones Independientes de Canarias (CAIC), Unión Valenciana (UV) y el PAR.

342


mentario de CIU, PNV y CDS, especialmente del primero, que por ser el más numeroso en cuanto al número de escaños y en parte por el apoyo al gobierno consigue la vicepresidencia 4.a (tabla 11) que por primera vez la ocupa una formación. En la V entre las formaciones nacionalistas y regionalistas debemos destacar el éxito de las AIC desde ahora bajo las siglas Coalición Canaria (CC), formando por primera vez un grupo parlamentario propio. CIU pierde un escaño, pese a lo cual, por el apoyo al futuro presidente F. González, obtiene la vicepresidencia 3.a que venía ocupando el grupo socialista, que de esta forma pasa a estar infrarrepresentado y solo cuenta con tres miembros en la Mesa (presidencia, vicepresidencia 1.a y secretaría 1.a) (tabla 11). Lo mismo le ocurre al PNV, que al ofrecer su apoyo parlamentario, aunque no aumentó el número de escaños, obtuvo la secretaria 4.o por primera vez. Durante la VI la composición de la Mesa de nuevo reproduce en parte el formato de la anterior legislatura, en cuanto que el partido del gobierno solo cuenta con tres miembros (tabla 11) y dos formaciones nacionalistas ocupan puestos en la mesa, CiU y PNV. Lo novedoso fue que el principal par-

Tabla 11. Composición de las mesas por grupos parlamentarios en las legislaturas en el Congreso, 1977-2011

Presid

C

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

IX

Gp C

Gp C

Gp S

Gp S

Gp S

Gp S

Gp P

Gp P

Gp S

Gp S

Gp P

Vice 1.

o

Gp S

Gp C

Gp S

Gp S

Gp S

Gp S

Gp P

Gp P

Gp S

Gp S

Gp P

Vice 2.

o

Gp C

Gp S

Gp P

Gp P

Gp P

Gp P

Gp S

Gp S

GpCiu

GP P

GP S

Gp P

Gp P

Gp S

Gp S

Gp S

Gp P

GP P

GP P

GP P

o

Vicep 3.

o

Gp Ciu Gp Ciu

G IU* Gp IU* Gp C

Gp C Gp Ciu G.p P

Gp S

GCiu

GP P

Secre 1.

o

Gp C

Gp C

Gp S

Gp S

Gp S

Gp S

Gp P

Gp S

GP P

Gp S

Gp P

Secre 2.

o

Gp C

Gp S

Gp P

Gp P

Gp P

Gp P Gp IU*

Gp P

GP P

GpPNV

Gp S

Gp S

Gp C

Gp S

Gp S

Gp S

Gp P

Gp P

Gp S

GP P

Gp S

Gp S

Gp S

GCiu

G Ciu Gp IU* GPnv

GP P

Gp P

Minor S3

Absol P5

Vice 4.

o

Secr 3.

Secre 4. o

o

N. esc. Minor Minor Absol C4 S5 May parl C 4

Absol S5

Absol S5

Gp S

G Pnv GpCiu GpCIU

Minor Minor S3 P3

Absol P5

Minor S3

GpCiU GpCiU

Fuente: López Nieto, L., 2012; Gp C = centrista; Gp P = Popular; Gp S = socialista; *Gp IU = PCE –IU, en las primeras era grupo comunista; Minor: Minoritaria. Absol: Absoluta.

343


tido de la oposición, el PSOE, solo obtuvo 3 puestos en la Mesa, menos que su representación parlamentaria, porque el grupo de Izquierda Unida, que ya en la anterior legislatura supera a CiU no solo en votos sino también en escaños. En la VII legislatura, la composición de la Mesa (tabla 11) vuelve a cambiar y en ella el PP vuelve a obtener, como en las legislaturas con mayoría absoluta, el 66% de los puestos, el primer partido de la oposición logra como anteriormente dos, y en este caso CiU logra por primera vez dos puestos en la Mesa, ya que a pesar de contar el PP con mayoría absoluta. La composición de la mesa en la XI legislatura coincide con el modelo establecido cuando ha habido mayorías absolutas, con tres miembros del principal grupo de la oposición y con uno del tercer partido parlamentario, CiU. Por primera vez en la historia democrática española al inicio de la singular VIII legislatura, la mayoría en ambas Cámaras es de diverso signo político, ya que el PP obtuvo casi la mayoría absoluta en el Senado. Como es lógico, el partido mayoritario en el Congreso tomó la iniciativa para la formación de gobierno e impulsó la negociación para buscar apoyos parlamentarios. Pero al ser las mayorías distintas en las Cortes, el PSOE negoció conjuntamente la formación de las mesas del Congreso y Senado. Hay que recordar que en el ámbito nacional nunca ha habido gobiernos de coalición formales, esto es con ministros de distintos partidos y esta regla no se ha roto, por lo que el PSOE impulsa y consigue el apoyo de legislatura, no escrito como en la V legislatura (1993-96), con todas las fuerzas parlamentarias, a excepción del PP. Este acuerdo incluía la composición y representación en las mesas de ambas Cámaras de las fuerzas parlamentarias minoritarias. La propuesta socialista pretendía que el principal partido de la oposición cediese alguno de sus escaños a las citadas minorías en las mesas y así obtendría el apoyo para la presidencia del Senado. Hasta esta legislatura la presidencia de las dos Cámaras de las Cortes, que son órganos con enorme poder político y simbólico24, las habían ocupado el grupo parlamentario mayoritario, práctica política que ha sido diferente en algunas legislaturas autonómicas25, pero sin precedentes en las Cortes. Finalmente, el P. Popular rechaza esta solución sin precedentes en lo que a la presidencia 24

Recordemos que los Presidentes de las Cortes ocupan el tercer y cuarto lugar en el protocolo nacional después del Jefe del estado y del Presidente de Gobierno. 25 En el capítulo correspondiente a las elecciones autonómicas, veremos como la presidencia de algún parlamento en ocasiones se ha utilizado para negociar la formación de mayorías de gobierno autonómicos.

344


del Senado concierne y rechaza participar en el acuerdo. En el Congreso, el grupo parlamentario socialista mayoritario, tuvo tres miembros y el principal grupo de la oposición cuatro, la misma distribución que en la V legislatura, aunque no en cuanto a la atribución de cargos26 (tabla 11). La composición de la mesa del Senado también es singular ya que el partido mayoritario tiene tres miembros, el segundo, el socialista la presidencia y los restantes las ocupan grupos nacionalistas27.

5.2. Los presidentes de gobierno La dinámica política del sistema parlamentario español, como es sabido, ha producido un modelo de relaciones entre el legislativo y el ejecutivo caracterizadas por el claro predominio del gobierno, en el que cobra especial relevancia la figura del Presidente de gobierno. Este protagonismo en origen puede deberse, entre otros factores, al carácter explícito del voto de investidura, dada la importancia política que este procedimiento adquiere, en contraste con los países donde esto no ocurre. También debido a las dificultades para derribarle que establece el voto de censura constructivo y por la superioridad que le otorga la Constitución en cuanto que le encarga de la dirección de la política nacional, así como de la designación de los miembros del gobierno. Desde el punto de vista de la práctica política cabe pensar que el liderazgo que jugó A. Suárez como presidente predemocrático tuvo clara influencia política después en las decisiones adoptadas por los gobiernos que presidió en minoría, ejerciendo extensamente las competencias del cargo. De la misma forma que ocurrió con el sistema electoral, la inercia política ha influido en la perpetuación de un modelo parlamentario pero de facto presidencialista o de canciller, haya sido «copiado» y ejercido por la mayoría de los presidentes nacionales y buena parte de los autonómicos. Este protagonismo presidencial estaría siendo disfuncional para el funcionamiento del Estado

26

En aquella legislatura (1993-1996) el PSOE cedió la vicepresidencia y secretaria 4.a respectivamente a CiU y PNV y en esta legislatura el PSOE ha cedido la vicepresidencia 2.a a CiU y la secretaría 4.a a IU. 27 El grupo popular mayoritario obtiene la vicepresidencia 2.a y las secretarias 3.a y 4.a. El socialista la presidencia y la vicepresidencia 1.a la preside ahora un socialista, miembro de Entesa. Las secretarias 1.a ocupada por un senador del PNV y la 2.a por uno de CiU.

345


Tabla 12. Presidentes y Gobiernos a principio de Legislatura Legislaturas / años

Presidentes

Partido político

Tipo de Gobierno

Finalización

Constituyente (1977-1979)

Suárez

UCD

Gobierno Minoritario Acaba legislatura

I (1979-1982)

Suárez

UCD

No acaba. Dimite. Gobierno Minoritario Nuevo presidente: L. Calvo Sotelo

II (1982-1986)

F. González

PSOE

Mayoría Absoluta

Acaba

III (1986-1989)

F. González

PSOE

Mayoría Absoluta

Adelanto electoral

IV (1989-1993)

F. González

PSOE

Mayoría Absoluta*

Adelanto electoral

V (1993-1996)

F. González

PSOE

Gobierno Minoritario Adelanto electoral

VI (1996-2000)

J. M. Aznar

PP

Gobierno minoritario

Acaba

VII (2000-2004)

J. M. Aznar

PP

Mayoría Absoluta

Acaba

VIII (2004-2008)

J. L. Zapatero

PSOE


Acaba

IX (2008-2011)

J. L. Zapatero

PSOE


Adelanto electoral

IX (2011-

M. Rajoy

PP

Mayoría Absoluta

Fuente; López Nieto, L., 2011. (*) La ausencia de los diputados de HB en el hemiciclo, permite que el PSOE tenga la mayoría absoluta con 175 escaños.

autonómico, cuando los denominados «barones» término periodístico utilizado para denominar a los presidentes autonómicos socialistas quienes comenzaron a pretender influir en las decisiones nacionales del PSOE y también en la política territorial nacional, como forma de reforzar su poder territorial, aumentar su poder a costa de los recursos y poderes de la nación, cuando no había un liderazgo fuerte, es decir desde que en 1998 el presidente González abandonó su puesto hasta hoy. Algo parecido habría ocurrido con algunos barones del PP alguno de los cuales intentó ampliar su poder en 2001, pero fue frenado por el presidente Aznar, situación que no parece haber conseguido su sucesor como también ha ocurrido en el PSOE. El análisis abarca 34 años, desde junio 1977 a noviembre de 2011 (tabla 12). Las decisiones adoptadas por los dos primeros presidentes, el ya

346


citado A. Suárez y su sucesor L. Calvo Sotelo, son importantes habida cuenta que en ese periodo se fragua el citado modelo de relaciones ejecutivo legislativo que podría haber condicionado el devenir posterior Después hubo 2 presidentes que han ejercido un gran liderazgo político y partidista F. González, que lo fue durante cuatro legislaturas, y J. M. Aznar en dos. Este último ha sido el único con experiencia de gobierno previa en un ejecutivo autonómico, factor que merece ser tenido en cuenta en la medida que esta circunstancia pudiera haber influido de alguna forma en las relaciones con los presidentes o con los gobiernos de las CCAA. La presidencia de Rodríguez Zapatero se ha caracterizado por las singularidades que la han rodeado desde su comienzo y que han continuado después. El primer presidente de la democracia Adolfo Súarez procede del régimen franquista, en el ocupaba una cartera ministerial, la Secretaría General del Movimiento, y fue el segundo presidente de gobierno tras la muerte de Franco. Conformó una coalición electoral, con pretensiones de partido, la Unión de Centro Democrático (UCD), integrada por algunos altos cargos del régimen y profesionales conocidos de centro derecha opositores al régimen autoritario. La UCD había ganado las primeras elecciones y tras la sesión de investidura el candidato a presidente Suárez fue elegido presidente con los apoyos de la UCD, de AP y algún miembro del grupo mixto. Esta legislatura, que fue constituyente en la práctica, solo tuvo una duración de año y medio, ya que una vez aprobado el texto constitucional el presidente Suárez convocó nuevas elecciones. El citado presidente fue elegido inmediatamente después de pronunciar el discurso de investidura con el 53% de los votos, aunque durante el resto de legislatura volvió a gobernar en minoría con apoyos de diversas formaciones según las políticas y las decisiones. Sin embargo, en esta legislatura la gobernabilidad se tornó más compleja que en la anterior debido a que, como no podía ser de otra forma, el consenso de la transición y del periodo constituyente se limitó mucho, y al tiempo iban afluyendo los problemas latentes que se habían aparcado temporalmente. El protagonismo y liderazgo de Suárez en este periodo incluye su directa implicación en la negociación del Estatuto de Autonomía del País Vasco y en menor medida, porque fue menos complicado, del de Cataluña. Cabe pensar que la sensibilidad desarrollada por Suárez para los problemas regionales le llevó a imponer soluciones, que provocaron mucha tensión con las fuerzas nacionalistas, a las que se sumaron los socialistas y comunistas. Pero la prioridad otorgada por Suárez a la resolución de las demandas nacionalistas, cuando

347


había una fuerte presión terrorista y una crisis económica importante, provocaron también el rechazo de gran parte de la opinión pública. Además la solución política que se otorgó a las exigencias nacionalistas, generó agravios comparativos en el resto de España entre los ciudadanos y entre muchos políticos. Esta pérdida de legitimidad de su anteriormente fuerte liderazgo en todos los ámbitos tuvo claras repercusiones políticas ya que afloraron las tensiones internas en la UCD. Entre otros de uno de sus ministros, el andaluz M. Clavero, que abandonó su cargo por desacuerdo con la opción que el gobierno adoptó sobre el referéndum de autonomía para Andalucía. Tiempo después el presidente A. Suárez abandonó su cargo, en mitad de esta I legislatura. De hecho durante el considerado año horrible para la UCD (1980) el grupo socialista presentó una moción de censura que no ganó, el presidente realizó una remodelación de gobierno, se sometió a una cuestión de confianza y se suspendió el congreso de la UCD por las tensiones internas. El año 1980 comienza con la dimisión irrevocable de A. Suárez. Cuando se estaba votando la investidura de su sucesor, L. Calvo Sotelo, que él designó de acuerdo con su formación, se produjo el intento de golpe de Estado. Una vez superada esta circunstancia excepcional el recién estrenado presidente (26 de febrero de 1981), obtuvo en la segunda votación de investidura incluso más apoyo que A. Suárez al comienzo de la legislatura. Tuvo ante sí los mismos problemas que su antecesor, pero menos legitimidad y liderazgo, especialmente en el seno de su propio grupo parlamentario, en el que continuaban las tensiones. En concreto durante su mandato continuaron muy virulentos los problemas heredados, entre los que se encontraban las cuestiones autonómicas. Pese a ello, consiguió aprobar con el PSOE la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), ejemplo claro de cómo las dos principales formaciones se unen en defensa de un determinado modelo de estado autonómico (EA). Se celebraron las elecciones autonómicas en Galicia y Andalucía28 y en ambos casos Alianza Popular superó a la UCD, lo que provocó decepciones importantes en el seno de la UCD. Paralelamente las relaciones internas en el gobierno y en el seno del grupo parlamentario iban produciendo más tensión interna, lo que junto a los problemas generales (especialmente el paro y el terrorismo) motivan que, ante la imposibilidad de gobernar, el presidente L. Calvo Sotelo, disuelva las Cortes de forma anticipada, por lo que la legislatura duró tres años y medio. 28

348

Las de Andalucía se celebraron el 23 de mayo.


El presidente socialista F. González, quien ejercía un fuerte liderazgo en su partido, especialmente desde los dos congresos celebrados en 1979, fue elegido en 1982 por mayoría absoluta. En buena medida los resultados obtenidos por las diversas candidaturas socialistas, especialmente las del PSOE, en las elecciones fundacionales, le otorgaron una fortaleza para liderar un partido socialista sólido y homologable en Europa. Ello motivó que abandonara en los citados congresos diversos postulados y principios, como el marxismo o la autodeterminación. Junto a ello, integró a otros grupos socialistas, como el PSP, que había obtenido escaños en las elecciones de 1977, bajo las siglas del PSOE. Este liderazgo y orientación programática equiparable a las fuerzas socialdemócratas europeas estuvo presente durante las cuatro legislaturas en las que F. González fue presidente del gobierno español. En las dos últimas elecciones recurrió además al apoyo parlamentario de formaciones nacionalistas (CiU y PNV). Pese a ello, y por paradójico que pueda parecer, durante la IV legislatura se firmó el segundo gran pacto autonómico entre los dos grandes partidos nacionales (PSOE y PP), el llamado Acuerdo de 1992, que causó tanto impacto en el devenir del EA y de las relaciones intergubernamentales (rig). En plena aplicación de los Acuerdos de 1992 que suponían la reforma de los Estatutos de Autonomía en varias CCAA así como un gran impulso a las relaciones intergubernamentales (rig), se produce una nueva alternancia política. Tras haber sido elegido presidente el popular J. M. Aznar el PP gobierna en minoría y suscribe un pacto de legislatura escrito y público con tres fuerzas parlamentarias nacionalistas (CIU, PNV y CC) pero en este caso agota el mandato de cuatro años de gobierno. El presidente J. M. Aznar fue el primer presidente de gobierno que había ocupado el cargo de presidente autonómico, lo que confiere una singularidad en relación al desarrollo e impulso del EA. Hay que destacar que al igual que F. González, desde que fue elegido presidente de su partido adquirió un fuerte liderazgo sobre el mismo y sobre los presidentes autonómicos de sus respectivos partidos, cada vez que estos en el gobierno o en la oposición pretendían defender e introducir fórmulas confederales contrarias a los principios establecidos en la Constitución. Tras las elecciones de 2000 vuelve a presidir el gobierno, en este caso con mayoría absoluta y a mitad de mandato anuncia que no concurrirá a ninguna reelección. Las dos legislaturas populares han sido las primeras que cumplieron el mandato en su integridad y en ambas gobernó con los citados apoyos parlamentarios, que en el caso de CiU y CC continúan en

349


la VII legislatura aunque formalmente no los necesitaba. En esta última legislatura objeto de análisis el EA y las RIG adquieren uno de los mayores impulsos del periodo, en parte debido a los pactos de legislatura, pero también motivado por el liderazgo del presidente del gobierno y del PP sobre los presidentes autonómicos de su partido que presionaban para conseguir ventajas bilaterales o parcialmente multilaterales. Obviamente hubo otros factores que también influyeron en el resultado positivo del periodo para el EA y las rig, en la medida que hubo acuerdos sobre el modelo y se frenaron demandas nacionalistas debido, por ejemplo, a que en las elecciones autonómicas catalanas fue elegido de nuevo J. Pujol, si bien en minoría, lo que limitó su capacidad de presión sobre el presidente J. M. Aznar, ya que necesitaba el apoyo del grupo popular en el parlamento de Cataluña para poder gobernar. Este es un ejemplo del interés e importancia de conocer el efecto de los resultados electorales sobre las relaciones institucionales entre los principales actores políticos como son los presidentes de gobierno. El vuelco electoral en términos tras las elecciones de 2004 que dieron la presidencia de gobierno a J. L. Rodríguez no se tradujo en una mayoría absoluta parlamentaria en el Congreso, lo que obligó al PSOE a buscar soluciones para gobernar. Otras singularidades de la fase final de este proceso representativo, se produjeron poco después de la formación de las mesas y antes de la sesión de investidura. El candidato a presidente, Rodríguez Zapatero, informó al Rey y anunció públicamente su presunto gobierno antes de que el Jefe del Estado iniciara la ronda de consultas a los portavoces de las fuerzas parlamentarias del Congreso, a las que acude el dirigente de ERC que había renunciado a su acta diputado. Algunos entonces ministros in pectore (o de mentidero) hacen declaraciones (exteriores) o inician la actividad ministerial (viajes al extranjero a título formalmente personal). En la sesión de investidura de esta legislatura, el presidente fue elegido con el apoyo de 183 diputados y su toma de posesión así como la de su gabinete se realizó durante un fin de semana, de nuevo una circunstancia sin precedentes. A modo de reflexión, habría que destacar la imposibilidad de demostrar científicamente el resultado que se hubiera producido en estos comicios sin el atentado y sus efectos en víspera de la celebración de los mismos. Es de desear por el bien de la democracia que no vuelvan celebrarse elecciones en un contexto tan dramático y excepcional y que el terrorismo no se convierta en un elemento de distorsión de los mecanismos legitimadores de esta forma de gobierno en el siglo XXI.

350


Finalmente, el presidente Zapatero renueva su mandato tras las elecciones de 2008 en una legislatura en la que continúan manifestándose algunas singularidades respecto a las de los presidentes anteriores. De hecho, a diferencia de lo que ocurriera en 1996, el resultado electoral produjo una clara mayoría absoluta del presidente del partido que liderara la oposición durante las dos legislaturas del presidente Zapatero que no concurría a las elecciones. En efecto, en los comicios de 2011 se produce una nueva alternancia política, la cuarta del periodo siendo elegido M. Rajoy como el sexto presidente de gobierno de esta etapa democrática.

6. LAS ELECCIONES AL SENADO 6.1. El sistema electoral y análisis de resultados agregados Los rasgos básicos del sistema electoral para elegir el Senado no han variado a lo largo de estos años, aunque de facto han desaparecido las candidaturas de independientes. Además se han suprimido las elecciones parciales, por las disfunciones que producían (dificultades para movilizar a los votantes, costes económicos, etc.), simplemente introduciendo unos suplentes. Otra modificación que ha sufrido este proceso electoral ha sido suprimir la obligatoriedad de emitir dos votos (Congreso y Senado), por lo que el número de votantes de ambas cámaras no coincide. En una de las reformas electorales sufridas por la LOREG, en concreto la que se produjo en 2010 se modificaron dos aspectos que refuerzan el predominio de los partidos parlamentarios sobre los candidatos al Senado. Se sustituye el sorteo para colocar las candidaturas en las papeletas de Senado, por el orden alcanzado en votos en las elecciones precedentes. También se sustituye el orden alfabético de los candidatos por el que establezca el partido. Ambas reformas se aplicaron en las elecciones de Noviembre de 2011 y aun es pronto para analizar los posibles efectos que estos generaron. Por otra parte, el número de votos nulos y en blanco para elegir la Cámara Alta es mayor, quizá porque a pesar de la larga práctica democrática, hay errores al emitir el voto, de ahí el mayor número de votos nulos. Pero también porque la menor importancia política de esta Cámara, puede influir en algunos votantes a quienes les lleva a no votar o hacerlo en blanco. En este sentido, en la tabla 13 se recogen de la fuente oficial y de la oficiosa más completa, los datos básicos agregados para el análisis de las elecciones al Senado en los comicios celebrados desde

351


Tabla 13. Resultados del Senado: 1993-2011 Año

Censo

Votantes

v. nulos

v. blanco

v. candidaturas

1993

31.030.511

23.735.995 76,4%

546.821 2,3%

376.829 1,6%

22.812.345 98,4%

1996

32.531.833

25.155.510 77,3%

652.656 2,6%

482.601 1,9%

24.020.253 98,1%

2000

33.969.640

23.382.667 68,7%

583.192 2,5%

642.682 2,8%

22.156,793 97,2%

2004

34.571.831

26.187.162 75,8%

761.055 2,9%

679.816 2,7%

24.746.291 97,3%

2008

35.073.179

26.125.239 74,5%

597.299 2,3%

524.750 2,1%

25.003.190 97,9%

2011

35.779.491

24.483.672 68,4%

904.772 3,7%

1.264.947 5,4%

22.314.003 94,6%

Fuente: López Nieto, L., 2012; elaboración propia sobre resultados oficiales de la Junta Electoral Central para las elecciones de 1993 y 1996, oficiosos del Ministerio de Interior para 2000, 2004, 2008 y 2011.

1993 a 2008, aunque falta información que impide aportar la información y el análisis completos. El Senado ha contado siempre con todos tipos de miembros: los elegidos y los designados. Los primeros son 208 (cuatro por provincia, dos para Ceuta y Melilla respectivamente y uno por cada isla). En la tabla 14 se recoge la distribución de los senadores elegidos del primer y del segundo partido en las ocho elecciones celebradas. Los representantes de las demás formaciones los hemos agrupado, aunque la mayoría pertenecen a CiU (desde las terceras elecciones, ya que antes iban en otro tipo de coalición), al PNV y desde 1993 Coalición Canaria. Dado que el sistema electoral para elegir el Senado consiste en un voto limitado a una lista abierta, la forma más sencilla de presentar los resultados agregados, es la que se recoge en la tabla adjunta. Como se puede advertir, el número de senadores de cada uno de los dos partidos mayoritarios en esta cámara (UCD, PS y PP), ha fluctuado bastante, convirtiéndose de nuevo en otra manifestación de la evolución de las preferencias electorales. Ello se produce a pesar de que en la práctica, la mayoría de los electores no utiliza extensamente la libertad de voto que le ofrece la lista abierta, ya que como veremos después la mayoría de los electores vota a los tres senadores de la formación a la que votan para el Congreso. De todas formas, hay que recordar que los 208 senadores elegidos no son los únicos miembros de la Cámara Alta. En las elecciones constituyentes (1977) el rey designó a un grupo de personalidades en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley para la Reforma Política. Desde 1980 el Senado ha ido

352


Tabla 14. Número de senadores elegidos en los comicios, 1977-2011 y su adscripción partidista Partidos

1977

1979

1982

N.o escaños Primer partido

106 UCD

118 UCD

134 124 107 96 PSOE PSOE PSOE PSOE

N.o escaños 47 71 Segundo PSOE PSOE partido N.o escaños del resto Total

1986

1989

1993

54 PP

61 PP

79 PP

93 PP

1996

2000

2004

2008

2011

112 PP

127 PP

102 PP

101 PP

134 PP

81 61 81 86 48 PSOE PSOE PSOE PSOE PSOE

59

19

20

23

22

19

15

20

25

21

26

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

Fuente: López Nieto, L., 2012; elaboración propia sobre fuentes oficiales.

incrementando el número de miembros, con los senadores designados por los parlamentos autonómicos y que en el año 2000 eran 50, mientras que al comienzo de la IX legislatura han llegado a 56 debido a que el incremento de población ha motivado la ampliación de los senadores autonómicos (tabla 15). Como es sabido cada vez que se celebran elecciones autonómicas (por ejemplo en el año 2001 las del Parlamento Vasco y el de Galicia y en 2003 las de 13 CCAA) puede cambiar la distribución de los senadores autonómicos por partidos, si los apoyos de estos han cambiado en las elecciones citadas. Dado que las elecciones autonómicas no se celebran al tiempo que las de las Cortes (con excepción de las andaluzas en varias ocasiones), el número de miembros de cada grupo parlamentario del Senado no coincide con la composición de los elegidos. Cuando el grupo mayoritario en las Cortes, lo es también en la mayoría de los parlamentos autonómicos, su grupo parlamentario del Senado se refuerza: por ejemplo esto ocurrió con el grupo socialista durante la II y IV legislaturas (1982-1989) o con el grupo popular desde 1996 aunque desde entonces no siempre ganó el PP las elecciones en el Congreso, si tuvo mayoría en el Senado. Pero también ha ocurrido que el partido con más senadores elegidos (el PS en 1993) tuviera un grupo parlamentario más reducido que el segundo, el popular: esta situación se produjo en mitad de la V legislatura cuando el PP consigue más senadores designados por los par-

353


lamentos autonómicos, tras la victoria de este partido en las elecciones autonómicas de 1995. Estos ejemplos quedan reflejados en las dos tablas sobre la composición de los senadores elegidos y con la de los designados en las últimas legislaturas. Esta segunda tabla aporta también la distribución de los senadores designados por comunidades autónomas y por partidos, que se realiza en proporción a la representación que los grupos parlamentarios tienen en cada asamblea autonómica y está actualizado al inicio de la X legislatura. Como ejemplo de análisis del voto al Senado en unas elecciones utilizamos las de 2004. Los resultados de los votos a los candidatos como ocurre siempre no pueden computarse de forma agregada, salvo la distribución de escaños. En todos los distritos peninsulares, salvo en Teruel y Toledo, cuyos cuatro senadores se repartieron por igual entre el PP y el PSOE, se distribuyeron de acuerdo a los efectos que produce el sistema de mayoritario con voto limitado, es decir, tres al primer partido y uno al segundo. En los distritos insulares, el PP ganó en Baleares y en Canarias se distribuyeron entre 3 formaciones29. Tal como se desprende de la tabla 14 el PP obtuvo un 10% más de senadores que el PSOE. Este resultado es otro aspecto singular de estos comicios, ya que en todos los anteriores el partido vencedor en el Congreso, también lo fue entre los 208 senadores elegidos simultáneamente. Solo en 1995 tras la victoria del PP en muchas Comunidades Autónomas (CCAA) los senadores populares designados por las CCAA, superaron a los 3 senadores por elección directa con que aventajaba el PSOE tras las elecciones de 1993. Por todo ello, es necesario profundizar en el análisis del voto al Senado en los diversos distritos para ver el alcance de la escisión de voto, lo que podría ayudar a evaluar estas elecciones30. ¿Qué factores pueden influir en este tipo de comportamiento diferenciado?, dicho de otra forma ¿Por qué hay un porcentaje de electores, en algunos casos alto, que no vota a los tres candidatos propuestos por el partido al que han otorgado su voto para el Congreso? Apenas hay estudios al respecto, pero cabe pensar que obedece a muchos factores: dificultades para hacer uso correcto de este tipo de voto, o simplemente libertad de ejercerlo. El resultado es que muchos electores votan solo al primer candidato del partido (están ordenados alfabéticamente), ya que estos siempre 29 En Baleares el PP obtuvo 4 de los cinco senadores y en Canarias, el PSOE obtuvo 5, y el PP y Coalición Canaria tres cada uno. 30 Por ello, a quienes estén más interesados les recomiendo analicen y comparen los resultados del Congreso y del Senado en algunos distritos, para que vean el diverso comportamiento electoral.

354


obtienen más votos que el segundo o tercero. Salvo alguna excepción (en estas elecciones en Barcelona31), los senadores elegidos tienen menos votos que la candidatura del Congreso, y casi siempre el primer candidato tiene más votos que el segundo y tercero32. Para finalizar este análisis conviene explicar la composición completa del Senado en la VIII legislatura, lo que requiere incluir los 51 senadores designados por los parlamentos autonómicos, en función de su población33 (tabla 15). Estos se suman a los electos por los ciudadanos tabla 14 por lo que el Senado estuvo compuesto por 259 miembros y hoy por 265 al haber aumentado el número de senadores designados, tal como se recoge en la última fila de la tabla 15. Una vez designados los senadores por el Parlamento de Andalucía, tras las elecciones celebradas al tiempo que las legislativas, el Partido Popular había obtenido 24 senadores autonómicos, por lo que su grupo parlamentario suma un total de 126 senadores (48,6%). Por su parte el PSOE tiene 15 senadores autonómicos, lo que hace que su grupo parlamentario alcance la cifra de 96 (37,1%). Los demás senadores (14%) pertenecen a diversas formaciones nacionalistas y regionalistas, agrupadas en cuatro grupos parlamentarios34. Se puede advertir que el formato de comportamiento electoral y el sistema de partidos bipartidista resultante del Congreso de los Diputados, prácticamente se reproduce en el Senado. Incluso el bipartidismo se manifiesta con claridad entre los senadores con representación autonómica aunque no siempre ha coincidido la mayoría del Senado con la gubernamental, como ocurrió en la VIII y IX Legislaturas. 6.2. Análisis comparado entre los resultados del Senado y Congreso Una de formas de estudiar el grado de libertad que los ciudadanos ejercen con el tipo de voto establecido para elegir a los senadores, consiste en comparar los votos obtenidos por los senadores elegidos y los que obtuvo la 31

El senador elegido por CiU obtuvo más votos que la lista de CiU en el Congreso. Por ejemplo, en Córdoba, el primer senador elegido por el PSOE tuvo 10.000 votos menos que la lista al Congreso, el segundo obtuvo 15.000 votos menos y el 3.o 20.000 menos; en Madrid estas diferencias son aún mayores el primer elegido por el PP, tuvo 69.000 votos menos y el 2.o y 3.o 98.000 menos; el senador socialista elegido tuvo 61.000 votos menos que la lista del Congreso, y los otros 2 candidatos socialistas no elegidos tuvieron 111.000 y 141.000 votos menos. 33 Por ello, Andalucía designa a 8, Cataluña a 7, C. de Madrid y C. Valenciana a 6 y 5 respectivamente. 34 Entesa Catalana, con 16, PNV con 7, CiU con 6, C.Canaria con 4; y el grupo mixto integrado por 2 senadores, 1 del BNG y otro del PAR, los cuatro designados por diversos Parlamentos Autonómicos. 32

355


Tabla 15. Número de senadores designados en las legislaturas V a X por partidos y Comunidades Autónomas

CCAA

1989-1993 V

1993-1996 VI

1996-2000 VII

2000-2004 VIII

2004-2008 IX

2008-2011 X

PP PS Re PP PS Re PP PS Re PP PS Re PP PS Re PP PS Re Andalucía Aragón Asturias Baleares** Canarias** Cantabria Castilla Mancha Castilla León Cataluña* Extremadura Galicia Madrid (*) Murcia Navarra C. Valenciana* País Vasco Rioja, TOTAL Total legislatura

3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1

4 1 1

1

1 1 1 2 1 1 1 1 2

4

1 1 1 3

3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2

4 1

1

3 1 1

1 1 1 2 1 1 1 1 2

4

1 1 1 3

4 1 1 1

1 1 2 1 1 2 4 1

1 1 2 1 1 2 1 1 2

1

1 1

4

3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 3

5 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1

3 2 1 3 1 1 1 1 1 21 16 12 23 15 12 23 19 10 23 20 49 50 52 51

2 1 1

4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1

5 1

4 1

1 1 1 1 1

1 1

7 1 1 3 1

1

1 1 1 2 2 1 1 2 5 2

5 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2

1 3

2 8

2 1

4 2 1 1 1 1 23 19 14 29 21 56 58 2

1 1

4

1 1 8

Fuente: López Nieto, L., 2008, sobre fuentes oficiales del Senado. RE= resto de senadores pertenecientes a otros grupos. (*) **= por diversas razones durante la legislatura en estas CCAA los senadores sustituidos no pertenecen a la misma formación política que su antecesor. Desde 2004 los senadores del PSC en coalición con ERC e IC en ENTESA. El número y distribución de senadores designados varía durante la legislatura por aumento de la población: así en la IX aumentan también en Baleares, Canarias, Andalucía, Cataluña y Madrid; la distribución por grupos también varía porque renuncian al escaño o por cambio de grupo en los parlamentos autonómicos. En la X legislatura no incluye los cambios de los senadores designados tras las elecciones celebradas en marzo de 2012 en Andalucía y Asturias. Incluyo en los senadores socialistas designados los de Entesa, que incluye a senadores de otras formaciones como IC.

candidatura del mismo partido en el Congreso. Aunque esta cuestión está poco estudiada, conviene abordarla con objeto de medir cuantos ciudadanos utilizan la lista abierta y que alcance e influencia tiene en la elección de los senadores. Este análisis sirve además para un segundo propósito, ya que en los últimos años se vienen prodigando numerosas demandas en favor de sus-

356


tituir la lista cerrada y bloqueada, por una lista que permita el voto de preferencia, olvidando que el sistema electoral del Senado reconoce ese derecho y esa posibilidad. Cabe pensar que quienes realizan esas peticiones desconozcan los inconvenientes del voto de preferencia (por ejemplo en Italia entre 1945 y 1990, este tipo de voto era ejercido sobre todo por votantes de la Democracia Cristiana en el Sur de Italia y en muchas ocasiones vinculado a prácticas clientelares); en los países que reconocen la lista abierta (Suiza, Dinamarca, etc.), solo una minoría de los electores ejerce a fondo este tipo de voto: la mayoría de los ciudadanos vota la lista propuesta por el partido. En el caso español, si realmente existe esa demanda ciudadana, cabe proponer que en lugar de modificar el tipo de voto para el Congreso, se fomente el actual voto senatorial de lista abierta y voto limitado; se trataría simplemente de que los partidos fomentaran una campaña personalizada de los candidatos y que después si los ciudadanos lo estiman oportuno, utilizaran la libertad de voto que siempre han tenido reconocida. El análisis comparado de los datos básicos para ambas cámaras (tabla 16), muestran que la mayoría de los electores depositan dos votos en las respectivas urnas del Congreso y del Senado. Las diferencias en la participación son muy pequeñas, aunque de las siete elecciones seleccionadas, en tres ocasiones ha habido más participación en el Senado y en la excepcional de 2004 el único caso en que hubo igual porcentaje. Los resultados de 2011 muestran la singularidad del comportamiento en el Senado: la participación es inferior como también son singulares los otros datos porque las diferencias de votos nulos, blancos y candidaturas han sido mayores que en anteriores comicios. Siempre ha habido menos votos a candidaturas en las elecciones al Senado que a las del Congreso, sencillamente porque los votos nulos en la Cámara Alta, han doblado a los de la Cámara Baja. Cabe pensar que este hecho obedece en parte a los errores que quizá involuntariamente realizan los electores cuando señalan sus preferencias en la normalmente extensa papeleta del Senado. Como se puede advertir en las elecciones 2004, lo más destacado de estos datos es la ligera diferencia entre los resultados entre ambas Cámaras, porque hay más votos nulos en el Senado, por lo que el número y porcentaje de voto válido es menor en esta Cámara35. El voto en blanco, que como se contabiliza como válido junto con los votos a candidaturas, también es superior en el Senado. 35

Los votos válidos del Congreso fueron 25.891.299 y 465.192 menos en el Senado.

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Tabla 16. Comparación de algunos resultados entre Congreso y Senado (**) Fecha

Participación***

v. nulos

v. candidatura*

v. blanco*

1979

18.256.192 68,0% 18.454.010 68,7%

268.277 1,5% 513.445 2,8%

17.933.648 99,7% 17.667.150 98,5%

57.267 0,3% 263.415 1,5%

1986

20.524.858 70,5% 20.474.119 70,3%

321.939 1,6% 678.993 3,3%

20.081.733 99,4% 19.483.821 98,4%

121.186 0,6% 311.305 1,6%

1993

23.718.816 76,4% 23.735.995 76,8%

126.952 0,5% 546.821 2,3%

23.403.185 98,7% 22.812.345 98,4%

188.679 0,8% 376.829 1,6%

2000

23.339.490 68,7% 23.382.667 68,8%

158.200 0,7% 583.192 2,5%

22.814.451 98,4% 22.156.793 97,2%

366.823 1,6% 642.682 2,8%

2004

26.155.436 75,7% 26.187.162 75,7%

264.137 1,0% 761.055 2,9%

25.483.504 98,4% 24.746.291 97,3%

407.795 1,6% 679.816 2,7%

2008

25.514.671 75,3% 25.752.839 76,0%

162.416 0,6% 580.989 2,3%

25.448.681 98,9% 25.003.190 97,9%

284.868 1,1% 519.409 2,2%

2008

24.666.392 68,9% 24.483.672 68,4%

317.555 1,3% 904.722 3,7%

24.015.376 98,6% 22.314.003 94,6%

333.461 1,4% 1.264.947 5,4%

Fuente, López Nieto, L., 2011, sobre datos oficiosos del Ministerio de Interior y por tanto no siempre coinciden con los de otras tablas cuya fuente son los datos oficiales de la Junta Electoral Central. El significado de los diversos asteriscos (*) ver en la tabla 1. (**) la segunda fila y en negrita los datos del Senado. La suma de votos a candidatura y blancos, constituyen los votos válidos, que a su vez junto a los nulos, son los votantes, dicho de otra forma la participación.

La escisión de voto, que es realizado solo por un porcentaje pequeño de electores, obedece en parte a la mayor complejidad del voto limitado sobre todo cuando hay muchos candidatos, o quizá también a la menor importancia atribuida por los políticos y ciudadanos al Senado. Sin embargo, cuando no hay mayoría absoluta, la composición partidista de esta Cámara puede ser esencial, como ocurriera durante los últimos periodos de sesiones de la V legislatura. Pero después de once comicios de práctica electoral, también es posible pensar que algunos electores voluntariamente realizan este voto nulo expresamente. Hasta ahora hay pocos estudios sobre los resultados del Senado, que sin duda responderían a estos interrogantes. Mientras tanto, solo cabe señalar que este segundo componente del comportamiento electoral del Senado, de alguna manera crítico con este tipo de voto, se refuerza cuando analizamos los datos de los votos en blanco. Se

358


advierte que estos han ido aumentando con el paso del tiempo, aunque en los cuatro casos analizados han doblado el porcentaje de los que se emitieron al Congreso de los diputados. En todo caso este tipo de comportamiento, aunque sea minoritario, produce la denominada escisión de voto, cuando en elecciones simultáneas. Ocurre cuando ciertos electores votan por distintas opciones, bien como voto nulo o blanco en el Senado y a una candidatura en el Congreso, como hemos analizado, o porque apoyan a distintas candidaturas en cada cámara. Con objeto de mostrar algún de estos comportamientos diferenciados, hemos seleccionado algunos distritos en los se han producido tanto escisión de voto, como comportamientos similares para ambas Cámaras. La mayoría de los electores otorga al mismo partido sus dos votos para elegir las dos cámaras de las Cortes (tabla 17) comportamiento representado en los casos de Ciudad Real y Jaén. En consecuencia el partido que obtiene más votos en el Congreso, consigue tres senadores y ello a pesar de que como se comprueba en la mencionada tabla, todos los elegidos obtienen menos votos que la lista del Congreso; además los que están situados por su partido como segundo y tercer candidato tienen menos votos que el primero. El senador elegido, en representación de la minoría, gracias al voto limitado, también recibe menos votos que la candidatura de su partido al Congreso. Esto se puede explicar porque algunos electores solo hacen una cruz en el primer candidato, o porque votan en el Senado a candidatos de partido distinto al que votaron en el Congreso, escindiendo su voto. En estas elecciones se formuló un pacto PS e IU que funcionó parcialmente en algunos distritos como en Madrid, Alicante, todas las provincias de Castilla León, Murcia o La Rioja: en ellos los senadores de la coalición progresista elegidos, obtuvieron más votos que el PS en el Congreso, aunque en ningún caso la coalición obtuvo los votos de todos los electores de PS e IU. Este pacto también funcionó en Cádiz, ya que el senador progresista elegido, obtuvo más votos que el segundo y tercer senador del PP; pero sobre todo este acuerdo fue eficaz en Córdoba: el partido más votado en el Congreso (PP) solo obtuvo un senador; en todo caso este tipo de resultados es excepcional y también se explica porque allí se produjo una alta competitividad. Otra situación excepcional se produjo en la provincia de Valencia en las elecciones de 1993: el PP aventajó al PS en 10.000 votos en el Congreso; los senadores elegidos fueron dos de cada partido (el 1.o y 3.o del PP y el 2.o y 4.o del PS).

359


Tabla 17. Comparación entre el voto al Congreso y el Senado en algunas provincias, elecciones de 2000

Distrito

N.o votos Congreso primer Primer partido partido Segundo partido N.o votos Congreso segundo partido PP

226 612

PS

216.014

PP

187.955

PS

185.359

PP

150.558

PS

123.717

PS

189.901

PP

160.855

PP

149.957

PS

97.248

PP

1.612.662

PS

1.009.776

PS

903.792

CiU

669.539

PP

210.146

CC

112.467

PP

213.389

PS

116.121

Cádiz

Córdoba

Ciudad Real

Jaén

León

Madrid

Barcelona

Las Palmas

Baleares

N.o votos senadores elegidos (*) PP: 213.900 PS: 207.382 PP: 205.542 PP: 204.422 PS: 181.277 PP: 178.372 PS: 177.470 PS: 176.258 PP: 141.944 PP: 141.241 PP: 140.199 PS: 120.292 PS: 185.824 PS: 181.099 PS: 180.600 PP: 152.832 PP: 139.856 PP: 137.238 PP: 135.936 PS: 99.210 PP: 1.459.876 PP: 1.415.415 PP: 1.394.888 PS: 1.101.165 PSC: 978.269 (+) PSC: 945.957 PSC: 937.054 CIU: 673.173 PP: 180.830 PP: 176.001 CC: 93.523 PIL: 13.498 CC: 9.101 PP: 158.362 PP: 151.062 PS: 90.347 PP: 16.810 PP: 22.173

Fuente: López Nieto, L., 2003; elaboración propia sobre fuentes oficiales. (*). Ordenados de acuerdo con el número de votos recibidos, que en todos los casos respetan el orden que el partido les asigna en cada candidatura. (+). En coalición con ERC e IC.

360


El pacto en Cataluña entre PSC, ERC e IC funcionó mejor en Barcelona y en menor medida en Tarragona, ya que en ambas esta coalición obtuvo tres senadores; en Barcelona logró más votos que en el Congreso, pero muy lejos de la suma de votos del PSC y de las otras formaciones de la coalición. Las provincias insulares eligen un número diferente de senadores. Así en Gran Canaria y en Tenerife eligen tres y en cada una de las islas restantes eligen otro, al margen de la desigual población de las islas pequeñas: en la tabla adjunta el senador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL) y el último de las Palmas de Coalición Canaria, fue elegido en Fuerteventura. En Mallorca eligen tres senadores y uno en Menorca y otro en Ibiza-Formentera.

7. REFLEXIONES FINALES 7.1. Las elecciones al Congreso y las demás elecciones españolas Antes de concluir este breve estudio sobre las elecciones a Cortes y comenzar el de los otros procesos electorales en los siguientes capítulos de esta Unidad Didáctica, conviene recordar una de las tesis de este análisis es que el comportamiento político español tiene entre sus características el progresivo cambio de orientación del voto, que se manifiesta poco a poco, pero de forma clara en todos los procesos electorales. Otro rasgo definitorio del comportamiento en la década de los noventa es el incremento de competitividad entre las dos formaciones mayoritarias que continúa en el inicio de nuevo siglo, hasta los diversos comicios celebrados en 2011, si bien el cambio comienza a manifestarse a partir de las elecciones al Parlamento Europeo de 2009. Desde entonces podría hablarse tentativamente del inicio de un nuevo ciclo. Para verificar y medir ambas tendencias he elaborado la tabla 18 en la que se recogen tres variables básicas de todo estudio electoral, en porcentajes: participación, votos logrados por los dos primeros partidos del sistema bipartidista más el voto agregado de las demás fuerzas. Al utilizar estas variables y antes de comenzar el estudio de los otros tres tipos de elecciones españolas, pretendo mostrar tanto el bipartidismo, como los cambios de orientación del voto que no son bruscos, sino pausados en el tiempo. A veces estas alteraciones se producen antes en las elecciones municipales, autonómicas o europeas, pero como he destacado, son muchos los factores que originan e influyen en estas nuevas orientaciones del electorado.

361


Proceden tanto del contexto social, económico o político, pero también por el quehacer de los representantes públicos. Por otra parte, en los últimos años del siglo XX y en los primeros del nuevo, advertimos que en los países occidentales, cada vez es más manifiesta la influencia que se produce entre los distintos gobiernos y decisiones políticas, por lo que hablamos tanto de globalización de las decisiones políticas, como de la interacción de los gobiernos territoriales. Obviamente esta realidad también se manifiesta en los comportamientos electorales, caracterizados por la volatilidad, por los cambios sin brusquedad, por su ubicación mayoritaria en las posiciones centristas y en consecuencia por la complejidad de las demandas que realizan los ciudadanos. Esta realidad exigió reformular la clásica tipología de «izquierdas» versus «derechas» con que claramente se había podido clasificar el comportamiento político y electoral. Por ello se ideó la denominación de «nueva cultura política», para definir esta situación. De forma sintética, se sustenta en la tesis de que la mayoría de los ciudadanos, sobre todo los que habitan en núcleos urbanos, solicitan de los gobiernos y de los políticos, políticas sociales (pensiones, educación y demás servicios públicos), pero también seguridad, todo ello sin que se incrementen sus impuestos. De esta forma, la gobernabilidad es compleja, a veces muy gerencial o técnica, pero obviamente con diferencias en cuanto a la respuesta a determinados valores que se podrían seguir identificando con los de derecha e izquierda. Estas posiciones adversas habrían quedado reducidas en el último cuarto de siglo en las sociedades occidentales post-materialistas a determinadas políticas y valores estrictamente vinculados a las «políticas más políticas». Sin embargo al comienzo del siglo XXI cuando muchos dirigentes políticos seguían ocupándose en la captación del volátil electorado centrista, que en buena medida decidía las elecciones especialmente cuando eran competidas, se plantean nuevos interrogantes: ¿Se podría hablar en las democracias Occidentales del resurgir de ciertos valores y posiciones ideológicas «muy políticas» que introducirían nuevos rasgos en el comportamiento electoral? ¿Cuál sería su origen? La respuesta tentativa al primer interrogante sería afirmativa y su origen habría que relacionarlo con varios hechos. Por una parte, el proceso de globalización estaría produciendo un tipo de impacto (emigración, seguridad, avances científicos, secularización) que con frecuencia estarían haciendo resurgir o fortalecer posiciones ideológicas antagónicas, aunque con una mayor complejidad que en etapas ante-

362


riores: por ejemplo, algunos partidos de extrema derecha, como el francés de Le Pen, cuenta entre sus votantes con porcentajes muy significativos de antiguos votantes de la izquierda, como reacción a las consecuencias que les produciría la emigración a esos grupos. Otro ejemplo sería que datos y ciertos estudios post electorales en USA realizados tras las elecciones presidenciales de 2003 habrían confirmado la movilización de electores habitualmente abstencionistas, como respuesta a la campaña dura que se produjo especialmente contra la reelección del presidente Bush. Al tiempo, y como contrapunto hay posiciones que defienden cambios de los principios sociales que implicarían la modificación paulatina de algunas reglas de juego así como de otras instituciones políticas y sociales. Las posiciones más radicales estarían defendidas por los movimientos antiglobalización, aunque parte de los partidos socialistas y otras formaciones de izquierdas en los gobiernos estarían aplicando estos cambios en los diversos gobiernos multinivel. Este escenario se complementa con el impacto que determinados acontecimientos de la política internacional, tradicionalmente de menor interés que la de los ámbitos domésticos (local, nacional o regional) para la opinión pública, habrían cobrado relevancia real en un mundo globalizado debido a la interconexión e influencia real en la política nacional. Por ejemplo, la posible repercusión en las elecciones nacionales de las posiciones en torno a las decisiones adoptadas por los gobiernos nacionales en relación a la guerra y posterior presencia en Irak. En USA, Reino Unido y Australia a pesar de las encuestas o manifestaciones contrarias no afectó a la reelección de sus dirigentes. Otro ejemplo sería el proceso de ratificación del proyecto de Tratado de Constitución Europea que ha mostrado también las conexiones entre las decisiones nacionales e internacionales con gran claridad. Además la influencia de la política internacional estaría afectando y en ocasiones dividiendo bastante a la opinión pública, incluso en el seno de los propios partidos políticos en los que se manifiestan posiciones opuestas (por ejemplo el Partido Socialista de Francia). En ocasiones, estaría generando alianzas inter -partidistas distintas a las establecidas por las organizaciones partidistas internacionales (la socialista y la democristiana – centrista), por ejemplo Chirac y Schroder o Aznar y Blair, aunque estos ejemplos tienen antecedentes en la década anterior, por ejemplo la estrecha relación entre González y Kohl. La compleja y multiforme crisis que se ha manifestado desde 2008, ha tenido repercusiones e impacto en las democracias occidentales, especialmente en los procesos políticos y electorales de muchos países de la

363


Unión Europea. Por ejemplo, varios partidos socialistas han perdido elecciones y crece la abstención. Por todo ello, el estudio del comportamiento político y electoral es complejo, se visualiza en todo tipo de elecciones, aunque las diferencias entre los diversos comicios de una misma nación como veremos son limitadas. En la tabla 18 quedan reflejados los resultados en un periodo de 25 años, con comportamientos similares, especialmente entre generales y municipales y en menor medida en las europeas cuando se han celebrado aisladamente de las anteriores (1989 y 1994). Las diferencias entre municipales y europeas es + / – 15 puntos contando la participación y los votos a «otras» formaciones. El voto a estas últimas ha sido mayor en las municipales y la abstención es más alta en las elecciones europeas cuando se convocan solas. Por otra parte, los apoyos de los dos primeros se ha ido igualando con el paso del tiempo excepto en las legislativas de 2011. En efecto, otro rasgo propio del comportamiento político español desde 1993 viene definido por el creciente bipartidismo y competitividad entre los dos partidos mayoritarios: a partir de las elecciones de 1993 el porcentaje de apoyo del PP supera el que obtienen el resto de formaciones políticas (otros). Los grupos minoritarios obtienen su peor resultado del periodo en las elecciones de 2004 y en las de 2008, solo un 19,7% y un 16,2% respectivamente, aunque paradójicamente en la VIII legislatura el gobierno les atribuyó un protagonismo político mayor en detrimento del PP, con las consecuencias que ello ha generado para el sistema político constitucional habida cuenta el limitado grado de lealtad constitucional mostrado por las distintas formaciones parlamentarias que han sostenido al gobierno. Los resultados electorales tan competidos en la década de los noventa sin duda influidos desde la refundación del PP por el positivo liderazgo que su presidente Aznar ejerció en su partido, entre otras razones porque consigue la unidad del centro derecha español. Ello contrasta con lo ocurrido en los años ochenta cuando estuvo fracturado en formaciones políticas de ámbito nacional como la UCD primero y luego el CDS junto a otras formaciones más pequeñas. Esta circunstancia explicaba para algunos los continuos fracasos de este partido, aunque otros defendían, a partir de los resultados de las sucesivas elecciones, la superioridad de votantes del centro izquierda. A la vista de los datos de la tabla adjunta esta hipótesis parece cuanto menos discutible y ello tanto en las elecciones en las que vence el PP, como en las que gana el PS.

364


Tabla 18. Cambio progresivo en la distribución de voto: porcentajes de participación y de voto agregado al PS, PP y demás partidos en las elecciones en España,1986-2011 Participación

PSOE

PP

Otros

Generales 1986

71,0

44,6

26,3

29,1

Europeas 1987

68,9

39,1

24,7

36,2

Municipales 1987

69,5

37,2

20,3

42,5

Europeas 1989

54,6

39,5

21,4

39,1

Generales 1989

69,7

39,9

25,9

34,2

Municipales 1991

62,8

38,4

25,3

36,3

Generales 1993

76,4

38,8

34,8

26,4

Europeas 1994

59,1

30,8

40,1

29,1

Municipales 1995

69,9

30,8

35,3

33,9

Generales 1996

77,4

37,5

38,8

23,7

Europeas 1999

64,4

35,3

39,7

25,0

Municipales1999

65,1

34,2

34,4

31,4

Generales 2000

70,0

34,1

44,5

21,4

Municipales 2003

67,4

34,8

34,2

31,0

Generales 2004

75,6

42,6

37,7

19,7

Europeas 2004

45,9

43,6

41,4

15,0

Municipales 2007

63,9

35,3

36,0

28,4

Generales 2008

73,9

43,9

39,9

16,2

Europeas 2009

44,9

38,8

42,1

19,1

Municipales 2011

66,2

27,8

37,5

34,7

Generales 2011

68,9

28,8

44,6

26,6

Fuente: López Nieto, L., 2012. Elaboración propia sobre fuentes oficiales y oficiosas para los tres últimos comicios.

No obstante desde las elecciones de 1989 hasta las de 2008, con la única excepción de las celebradas en 2000 y en 2011, se advierte que ninguno de los dos grandes partidos de implantación nacional consigue obtener una mayoría suficiente para gobernar en solitario. ¿Cuál es la explicación más plausible?, ¿Obedecería al rechazo de los ciudadanos hacia las mayorías absolutas? Sabemos que en las democracias europeas se han producido todo tipo de gobier-

365


Tabla 19. Diferencias de voto entre las dos principales formaciones y respecto al resto partidos parlamentarios, 1993-2011 Censo

Abstención

Votos PP

Votos PSOE

Diferencia voto entre PP y PSOE

Resto partidos p.

Leg. 93

31.030.511

7.311.695

8.201.463

9.150.083

948.620 + PS

6.367.270

Eur. 94

31.558.999

12.894.944

7.453.900

5.719.707

1.734.193 + PP

5.191.187

Mun. 95

31.953.812

9.628.960

7.820.392

6.838.607

981.785 + PP

7.189.234

Leg. 96

32.531.833

7.359.775

9.716.006

9.425.678

290.328 + PP

5.661.247

Mun. 99 Eur. 99

33.585.957 33.840.432

12.093.973 12.505.484

7.334.135 8.410.993

7.296.484 7.477.823

37.651 + PP 933.170 + PP

6.250.994 4.919.865

Leg. 00

33.969.640

10.630.166

10.321.178

7.918.752

2.402.426 + PP

4.574.521

Mun. 03

34.386.462

11.116.390

7.875.762

7.999.178

123.416 + PS

6.688.129

Leg. 04

34.571.831

8.416.395

9.763.144

11.026.163

1.263.019 + PS

4.694.197

Eur. 04

34.706.044

19.039.553

6.393.192

6.741.112

347.920 + PS

2.282.964

Mun. 07

35.244.188

12.773.269

7.914.084

7.758.093

155.991 + PP

6.819.393

Leg. 08

35.075.179

9.172.740

10.277.809

11.288.698

1.010.889 + PS

3.882.174

Eur. 09

35.492.567

19.557.420

6.670.377

6.141.784

528.593 + PP

2.243.298

Mun. 11

34.713.813

11.745.532

8.476.138

6.275.314

2.200.824 + PP

5.736.088

Leg. 11

35.779.491

11.113.099

10.866.566

7.003.511

3.863.055 + PP

5.343.688

Fuente: López Nieto, L., 2012 sobre datos oficiales y oficiosos para las europeas de 2009 y municipales de 2011.

nos, incluidos aquellos en los que hubo gobiernos de coalición o concentración entre las dos formaciones más importantes y numerosas, como las que se forjaron entre los partidos socialistas y democristianos en las décadas posteriores a la II Guerra Mundial. Cabe pensar que esta respuesta es parcialmente válida, ya que no es posible encontrar una única razón que explique una realidad política como la que nos ocupa. Es posible que los ciudadanos rechazasen los comportamientos de los presidentes González y Aznar cuando gobernaron con mayoría absoluta. Pero al tiempo la capacidad de chantaje o influencia de las formaciones nacionalistas también puede ser contestada por otros ciudadanos debido en muchos casos a la deficitaria lealtad constitucional que muestran ante numerosas cuestiones, que en ocasiones bordean

366


el sistema36. La victoria del PP en 2011 por mayoría absoluta sin embargo, responde a varios factores como el rechazo de una parte de los ciudadanos a los gobiernos débiles especialmente en momentos de crisis. El recuerdo de la positiva gestión de los gobiernos Aznar durante la anterior crisis y la crisis y debilidad del liderazgo en el PSOE sin duda también han sido factores que han contribuido a una nueva mayoría absoluta popular. En este periodo el censo se incrementa en casi cinco millones de electores y la participación oscila de forma significativa, tal como se desprende en la tabla 19, que recoge los datos brutos con objeto de puedan visualizar esta realidad de forma adecuada. La penúltima columna de la citada tabla muestra la diferencia de votos entre los dos principales partidos, que son significativas en términos absolutos y en menor medida en porcentajes. Obviamente esta realidad no es contradictoria con las afirmaciones expuestas con anterioridad, sobre el incremento del bipartidismo y la competitividad, especialmente en términos parlamentarios. Los factores relativos al contexto de cada elección, explican los cambios de participación, así como la volatilidad, escisión de voto o voto dual de una parte del electorado, que es quien en última instancia vendría decidiendo el vencedor de cada comicio. Veamos algunos ejemplos a partir de la tabla adjunta: en las elecciones europeas de 2004 y 2009 se produce la mayor abstención del periodo: casi 20 millones de electores no acuden a las urnas, mientras que en las legislativas de 1993 y 1996 esta cifra que es la menor del periodo se reduce a la mitad (siete millones no ejercen este derecho). A la vista de estos datos, que son los que realmente se han emitido37, cabe señalar que los dos partidos más importantes, contarían cada uno con un electorado fiel de más de seis millones de votantes en todas estas elecciones, lo que supone aproximadamente la mitad del censo. El resto de las fuerzas políticas parlamentarias como mínimo tiene unos cuatro millones de votantes en las legislativas que les serían fieles, aunque aumenta ligeramente su apoyo porcentual en otras elecciones, salvo en las europeas de 2004 y 2009. La suma de los abstencionistas fijos, unos siete millones, más los trece fieles de PSOE y PP y los del resto de fuerzas, arroja una cifra de 24 millones de per36

Conviene recordar que era costumbre que los partidos antisistema, aquellos cuyo objetivo final es producir un cambio radical del sistema y su oposición a las prácticas preexistentes, apoyaran partidos de su tendencia desde fuera del gobierno (tal como ocurriera con la mayoría de los partidos comunistas en los países europeos desde 1945) en BUDGE, H. & KEMAN, H. (1990): Parties and Democracy, Oxford, O.U.Press. 37 Para ello basta con sumar los votos de PP y PSOE de las distintas elecciones a partir de los datos consignados en la Addenda.

367


sonas que tendrían un comportamiento similar en todas las elecciones. Los demás electores tendrían un comportamiento más complejo, variable y volátil, entre abstención y participación y en este segundo caso distribuirían su voto entre diversas opciones, en ocasiones como voto dual y en otros escindiendo su voto. Ejemplo claro de este último tipo de comportamiento, se produce en 1999 con un porcentaje de participación similar, el PP obtiene 900.000 votos más que el PSOE en las elecciones europeas respecto a las municipales celebradas el mismo día. La diferencia del censo que es pequeña, no llega a 300.000 electores, sería otra variable que podría contribuir a explicar esa diferencia. Este análisis está realizado sobre datos reales agregados, aunque se puede y debe complementar con estudios pre y post electorales, lo cual escapa al objeto de esta recapitulación. Como reflexión final acerca de los sistemas representativos de las Cortes conviene tener presente las enormes dificultades que presenta el sistema político español a la hora de ubicarlo en alguna de las dos grandes tipologías de texto Lijphart objeto de estudio (ver bibliografía complementaria). La perspectiva politológica exige analizar las reglas de juego junto a las prácticas políticas, tal como hace el texto citado, y entre los elementos que sirven para definir el modelo se encuentran varios elementos de los citados sistemas representativos. Por ello el análisis realizado de las Cortes ofrece muchos elementos de análisis y en una perspectiva dinámica. Formalmente habría sido durante la transición un sistema intermedio, predominantemente de consenso, aunque poco después (desde 1982) se habría identificado más con el modelo mayoritario, situación que llegaría hasta hoy, con independencia del tipo de gobierno o de que se utilice un sistema formalmente proporcional para el Congreso de los Diputados. En todo caso, les animo a que apliquen como ejercicio de este capítulo, los diversos indicadores del texto Lijphart a todas las elecciones a Cortes, así como a las autonómicas y traten de justificar la tipología elegida. 7.2. Fundamentos y realidad sobre las propuestas de reforma electoral Finalmente no quiero dejar de referirme brevemente a las propuestas de reforma electoral que se han planteado en los últimos años, ante el comportamiento desleal hacia el sistema político vigente que han mostrado en determinados momentos ciertos partidos. Las reglas de juego electoral son difíciles

368


de modificar debido al peso que sobre ellas tiene la inercia de la práctica, tal como se recoge en el preámbulo de la LOREG. Hay que recordar brevemente que en su origen estuvieron condicionadas tanto por la negociación con los representantes del régimen autoritario, como con las fuerzas democráticas. Y entre estas últimas, pesó más el objetivo de integrar en el sistema político a las fuerzas nacionalistas, como de hecho ha ocurrido durante más de veinticinco años. Por otra parte las reglas han permitido tanto la alternancia como los gobiernos estables y fuertes y otros minoritarios. Por ello parece más razonable exigir primero el cumplimiento de las reglas del juego vigentes, que incluye la democrática lealtad constitucional, a todas las fuerzas políticas que participan en el juego democrático, que la modificación de las reglas. Conviene recordar en este punto, que las modificaciones sustantivas de las reglas de juego exige el apoyo de las dos fuerzas políticas mayoritarias. Desde 1920 no ha cambiado ningún sistema electoral (de representación mayoritaria a proporcional o viceversa) salvo después de una dictadura, guerra para instaurar un nuevo régimen y nunca entre 1945 y 1986. Después solo en 4 casos: Francia, que solo utiliza una vez el sistema proporcional y después cambian sus sistemas por otros mixtos en Nueva Zelanda, Japón e Italia. En este último país, la reforma electoral pretendía promover la alternancia política, conseguir la estabilidad de los gobiernos y disminuir el número de partidos pequeños estimulando la agregación. Estas reformas han sido profundas e influidas tanto por los cambios en las reglas de juego, que no estaban constitucionalizadas, como en el comportamiento ciudadano y han afectado a todos los procesos electorales. Se trata de sistemas electorales híbridos o mixtos (elementos mayoritarios y proporcionales), con premio a la mayoría, barreras efectivas e incentivos a las coaliciones. Los partidos se benefician de las ventajas que ofrece el sistema electoral para acceder al reparto de escaños: la coalición preelectoral. Les obliga a declarar la coalición, depositar un programa común y nombrar el jefe de la coalición. Los objetivos políticos que perseguían las reformas italianas se han conseguido en parte: se ha producido una fuerte bipolarización y sobre todo los electores antes de votar tienen la posibilidad de optar por una de las dos grandes coaliciones que podrán encargarse de formar el gobierno, conociendo de antemano los programas y los líderes. Esta reforma ha facilitado la alternancia aunque no se ha garantizado la estabilidad de los gobiernos entre otras razones porque pese a los factores mayoritarios que premian a la coalición ganadora, el empate técnico entre las dos grandes opciones diluye el citado

369


premio. Este tipo de resultado de alta competitividad entre las dos fuerzas mayoritarias está muy extendido hoy en numerosas democracias, como Estados Unidos donde incluso el sistema mayoritario no ha evitado que los jueces resolvieran una elección. Años antes, en dos ocasiones en las elecciones británicas gobernó un partido que no había obtenido la mayoría de los votos. ¿Por qué se demanda la reforma electoral en España?, ¿quién lo hace? En teoría se trataría de dar respuesta a la creciente desafección y perplejidad ciudadanas ante el aumento de «soluciones» de gobierno contrarias al sentido de los resultados electorales: por ejemplo, la multiplicación de los gobiernos locales y autonómicos presididos por el partido perdedor y también la presentación de mociones de censura a la semana de constituirse un consistorio. Quizá las que generan más rechazo son las coaliciones de gobierno postelectorales no anunciadas antes y forjadas contra el partido mayoritario, que en algunos casos estaba a escasos votos y solo un escaño de la mayoría absoluta (Galicia y Baleares y varios ayuntamientos). A ello se suma el desconcierto y en buena medida descontento de parte de los políticos (del Partido Popular y de algunos socialistas), intelectuales, movimientos cívicos, grupos mediáticos y también de ciudadanos, ante diversas decisiones políticas adoptadas por el primer gobierno de Zapatero vinculadas de alguna forma a los procesos electorales. Entre ellas las singulares y discriminadas intervenciones gubernamentales, vía fiscalía, en relación a las diversas candidaturas vinculadas a ETA. Quizá no sea casualidad que los comicios que legitiman este gobierno nacieran con ciertas «taras» jurídico-electorales, como las ocurridas en vísperas electorales. Obviamente la falta de garantías y calidad democrática en las elecciones en el País Vasco, son otros ejemplos que muestran la extensión de factores vinculados a problemas electorales. Otro argumento habría sido la ruptura de los consensos constitucionales básicos por parte del gobierno con el principal partido de la oposición, como el territorial, valiéndose del apoyo parlamentario de fuerzas políticas que en numerosas decisiones y comportamientos estarían demostrando su carácter radical y antisistema. Esta situación habría influido en la creación de dos nuevas formaciones políticas, que plantean entre sus objetivos prioritarios la modificación del sistema electoral. En suma, por primera vez las propuestas de reforma electoral, hasta ahora ambiguas en sus objetivos y en los mecanismos y elementos a reformar, han conseguido más apoyos y tienen que ver con argumentos más profundos que los esgrimidos con anterioridad, como los relativos al desbloqueo de las listas.

370


Otras demandas de reforma se sustentan en la idea de que los partidos que concurren en todo el territorio nacional pierden o no pueden aprovechar muchos votos. Como complemento a las simulaciones contenidas en el Anexo del Informe del Consejo de Estado sobre Régimen Electoral citado al comienzo del capítulo, que realizó el profesor J.R. Montero, adjunto la tabla 20 que trata de dar respuesta a una de las demandas de reforma citada. ¿Cuántos votos pierde o no aprovecha cada partido?

Tabla 20. Restos sobrantes tras la atribución de escaños o votos no utilizados, 1996 y 2011 Elecciones generales 1996 Distritos

Restos PP

Restos PSOE

Restos IU

Elecciones generales 2011 Restos PP

Restos PSOE

Restos UPyD

Alava

15.177

21.146

19.503

22.945

19.789

4.649

Albacete

35.055

34.242

22.581

31.970

34.881

11.600

Alicante

63.585

55.402

44.282

54.366

47.765

49.566

Almeria

38.505

33.306

28.450

35.976

30.912

12.180

Asturias

58.962

56.467

55.887

55.544

45.792

24.583

Avila

22.716

17.476

8.888

21.823

12.082

8.208

Badajoz

41.638

51.816

42.299

41.419

51.113

14.155

Baleares

38.840

38.811

33.169

36.134

31.586

18.489

Barcelona

77.916

85.367

86.745

68.395

65.969

33.013

Burgos

31.524

35.549

25.785

28.912

29.785

16.012

Cáceres

38.350

32.608

19.957

43.994

30.783

8.707

Cádiz

43.459

53.565

40.456

48.612

50.757

29.725

Cantabria

43.717

40.821

39.399

36.530

44.052

12.547

Castellón

35.092

40.226

22.947

39.136

29.153

11.980

C. Real

47.122

35.412

25.627

41.171

31.745

13.075

Córdoba

54.244

43.642

45.696

57.172

42.508

17.973

La Coruña

52.860

55.950

29.483

56.701

59.837

8.751

Cuenca

23.371

29.496

7.796

23.305

20.588

4.454

Gerona

39.347

39.702

11.038

24.751

32.735

1.787

Granada

48.861

58.552

30.466

47.396

46.223

26.180

Guadalajara

17.856

17.977

11.032

23.760

18.247

9.933

Guipúzcoa

28.124

29.545

28.521

25.544

39.050

5.686

371


Tabla 20 (continuación). Restos sobrantes tras la atribución de escaños o votos no utilizados, 1996 y 2011 Elecciones generales 1996 Distritos

Restos PP

Restos PSOE

Restos IU

Elecciones generales 2011 Restos PP

Restos PSOE

Restos UPyD

Huelva

29.923

34.436

27.004

28.874

35.575

9.026

Huesca

20.555

27.516

10.142

19.419

20.211

5.387

Jaén

38.938

51.194

49.448

45.630

41.273

13.703

León

40.381

41.348

25.455

37.943

33.031

13.609

Lérida

20.110

36.804

7.508

18.649

19.488

1.064

La Rioja

29.189

21.586

15.485

23.643

26.848

10.328

Lugo

31.835

37.426

6.292

29.971

30.081

1.986

Madrid

90.605

86.212

77.888

85.428

79.549

69.244

Málaga

52.639

47.390

51.726

51.014

56.668

40.315

Murcia

58.289

66.112

36.860

52.372

51.224

45.909

Navarra

39.036

32.650

20.275

42.033

36.328

6.827

Orense

36.036

26.259

3.915

28.493

28.102

1.760

Palencia

20.960

23.155

9.740

19.526

16.601

4.674

Las Palmas

48.647

39.405

26.308

40.110

41.052

13.178

Pontevedra

50.847

42.679

22.136

56.333

51.784

7.499

Salamanca

32.491

41.436

19.356

32.089

27.822

13.203

S.C.Tenerife

45.104

35.579

21.833

40.995

35.772

11.293

Segovia

18.068

15.880

8.796

17.366

12.355

6.877

Sevilla

65.269

64.852

46.466

63.093

68.257

45.684

Soria

10.777

10.018

4.639

14.029

8.029

2.192

Tarragona

35.000

33.036

17.582

27.278

30.068

3.655

Teruel

15.004

18.694

5.462

13.363

12.601

2.786

Toledo

40.995

47.152

27.770

44.062

37.460

19.071

Valencia

75.835

75.897

57.980

72.462

73.880

42.138

Valladolid

41.154

40.154

42.726

43.081

31.416

23.482

Vizcaya

42.705

54.852

33.890

56.510

45.475

10.830

Zamora

24.880

25.193

7.763

22.624

17.345

4.618

Zaragoza

52.625

43.310

54.832

48.112

52.538

32.849

2.004.218

2.027.303

1.419.284

1.940.058

1.836.185

806.440

Total

Fuente: López Nieto, con datos de J. Diez Nicolás de su artículo, «Predicción de escaños electorales mediante encuestas», REIS, n.º 74, Madrid, pp. 272-282 para las de 1996. Para las de 2011, López Nieto, sobre fuentes del Ministerio del Interior.

372


La respuesta en la tabla adjunta parece clara. Se recogen los votos de PSOE y PP que no se aprovechan en cada provincia, una vez asignados los escaños correspondientes en dos elecciones. Para el caso de IU en las elecciones de 1996 y de UPyD en las de 2011 aparecen los votos que no se aprovechan en los distritos en los que obtuvieron escaños, así como los votos que lograron aunque no les sirvieron para alcanzar escaño. En síntesis, se advierte, que nunca se aprovechan todos los votos ni en este sistema electoral ni en ningún otro caso. La suma de los votos que sobran o no aprovechados del PP y del PSOE son más numerosos que los de las otras dos formaciones. Es posible que con estos datos se pueda dar respuesta aunque parcial a alguna de las demandas de reforma electoral que no constituyen una panacea para resolver cuestiones muy diversas. Concluimos con una última pregunta ¿Puede una reforma del sistema electoral solventar los diversos y complejos retos sin relación directa en ocasiones con las reglas de juego electoral?. En la mayoría de los casos se pretende dar respuesta a prácticas políticas que se manifiestan en los procesos electorales, pero cuya alternativa no es jurídica sino política. En buena medida los antecedentes remotos de las soluciones de gobierno que han provocado un importante rechazo en la opinión pública vienen de lejos. No existe ningún sistema electoral ideal. Los defectos y expectativas de un sistema electoral dependen de distintos factores. A un sistema electoral se le pueden plantear diversas exigencias, que se han de valorar y jerarquizar en el tiempo y en cuanto a su alcance. Ningún sistema electoral solventa de forma óptima los diversos retos, con el consenso y la legitimidad suficientes. Además, las reglas de juego electoral no son neutrales y cualquier cambio en ellas implicaría alguna ventaja junto a alguna nueva dificultad y problema. Por ejemplo, la constitucionalización de los elementos básicos de los sistemas electorales de las Cortes habría extendido tal consideración a la LOREG. De esta forma ahora es difícil modificar la citada ley, pero como contrapartida se habría evitado que cualquier gobierno, hubiera podido alterar las garantías democráticas esenciales de los procesos electorales. Hasta ahora esto no había ocurrido. Pese a ello, en la VIII singular legislatura se ha alterado uno de los elementos importantes del sistema electoral sin que ello modificara formalmente la LOREG. Me refiero a la paridad de las listas, que de facto la ha modificado y veremos también su impacto en las candidaturas al Senado. También habría alterado otro artículo de la Constitución ya que estaría limitando la libertad de los partidos (art. 6.o de la CE) en su tarea de seleccionar

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candidatos. Es un ejemplo más de la ruptura de los consensos constitucionales y la consiguiente deslealtad propiciada por el primer gobierno de Zapatero y sus socios parlamentarios. Pese a ello, el efecto en términos de representación femenina en las Cortes ha sido muy limitado, porque en la IX Legislatura hay menos diputadas. El Tribunal Constitucional, por su parte, sostiene la constitucionalidad de dicha norma.

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Tema 8

Elecciones autonómicas Lourdes López Nieto

1. Introducción. 2. Las reglas de juego y su funcionamiento. 3. Resultados: participación, sistemas de partidos y competitividad. 3.1. Introducción. 3.2. La participación. Los subsistemas de partidos. 3.3. Competitividad electoral y parlamentaria. 4. Un ejemplo de análisis de casos comparados y su evolución: las elecciones autonómicas en el País Vasco y Galicia de 2001 y 2005. 4.1. Introducción. 4.2. El caso de la Comunidad Autónoma de Galicia. 4.3. El caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 5. Resultados institucionales de los comicios: parlamentos y gobiernos autonómicos. 5.1. Los formatos «mayoritarios» de las mesas y de los gobiernos autonómicos. 5.2. Formatos de las mesas y de los gobiernos cuando no hubo mayoría absoluta. 5.3. Notas sobre los presidentes autonómicos. 6. Recapitulación.

1. INTRODUCCIÓN Bajo el rótulo «elecciones autonómicas» designamos los comicios que sirven para elegir los parlamentos autonómicos, que reciben diversas denominaciones, de los que como en todo sistema parlamentario surgen los gobiernos de las Comunidades Autónomas (CCAA) (ver tabla 1). En este capítulo vamos a abordar no solo los aspectos estrictamente electorales (normas y resultados), sino que también analizaremos el impacto que los comicios han tenido en la composición de las instituciones que surgen de ellas, los parlamentos y los gobiernos. De esta forma el objeto de estudio trasciende el marco meramente electoral y se identifica con el de sistema representativo. La transformación de España de un estado centralizado que existía al inicio de la transición política española en un Estado Autonómico o Estado de las Autonomías, ha supuesto la creación y puesta en marcha de las instituciones citadas y de los consiguientes subsistemas políticos autonómicos. Estos como parte del Estado tienen competencias similares a las de otros estados compuestos occidentales, lo que entre otras cosas significa que la actual distribución del gasto público en España en manos de la Administración General del Estado (AGE) y de las CCAA en partes casi equivalente, aunque ligeramente superior el de la AGE al contabilizar la caja de la Seguridad Social. Por su parte los Entes Locales siguen gestionando hoy el mismo porcentaje que en 1980, mientras que la AGE, que en ese momento gestionaba el 86% del gasto público al ir transfiriendo competencias a todas las CCAA también ha hecho lo propio con los recursos financieros. Además las CCAA dirigen a más de un millón de empleados, han aprobado más de 3.000 leyes y esta realidad ha logrado que desde finales de la década anterior el porcentaje de apoyo ciudadano al Estado de las Autonomías llegue al 70% frente al 39% que apoyaba esta opción en 1978. Esta opinión se ha modificado en parte en los últimos años cuando la crisis económica se ha puesto de manifiesto a través de diversos informes el crecimiento institucional considerado desmesurado

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por diversos grupos de interés1, y también por parte de los ciudadanos. Así aumentó opinión crítica sobre el modelo de organización territorial del Estado en 2010 respecto a siete años antes: aumentó un 11% quienes se mostraron contrarios a incrementar las competencias de las CCAA, que habría que sumar a otro 12,5% que se manifestó favorable a reducir las competencias autonómicas, pregunta introducida en 2010 que no lo estaba en 2003. Disminuye también en un 2% quienes estaban a favor del modelo vigente y aumenta en similar porcentaje quienes se manifiestan a favor de un Estado sin CCAA2: Sin embargo, la valoración que los ciudadanos hacen del rendimiento de las tres principales instituciones autonómicas es desigual3. En todas las CCAA el presidente es mejor valorado que los gobiernos y estos lo son mejor los parlamentos, preferencias similares a las que se producen en el ámbito nacional. No obstante, el grado de satisfacción que otorgan sus ciudadanos a estas instituciones ha aumentado en el tiempo, aunque varía según CCAA: las de Cataluña y Castilla la Mancha se situaban a la cabeza, mientras que Canarias y Cantabria ocupaban el último lugar. En todo caso cuando prácticamente está completado el diseño constitucional de transferencias a las CCAA, las elecciones autonómicas adquieren mucha importancia habida cuenta las enormes competencias legislativas y financieras de sus gobiernos. Por ello actualmente no deben ser consideradas como elecciones de segundo orden. Ello no quiere decir que durante los treinta años que durado el proceso de institucionalización y consolidación del Estado de las Autonomías, haya hecho que los resultados de estos comicios tuviesen ese carácter secundario. Esto ha ocurrido en todas las CCAA e independientemente del calendario electoral que haya regido para la celebración de las elecciones autonómicas y para los tres indicadores que normalmente se han utilizado para medir el carácter secundario de unas elecciones4. Por ello, aunque desde una perspectiva meramente electoral podrían tener este carácter en algunos casos, desde la perspectiva política más amplia y que las engloba, como sistema representativo que abordamos aquí, deberíamos obviarlo. 1

Entre otros muchos el Colegio Libre de Eméritos, las fundaciones: Ciudadanía y Valores, FAES, Alternativas, Ortega-Marañón; el Foro de la Sociedad Civil, GEES, AMChamSpain, Transforma España, así como diversos grupos mediáticos. 2 Pregunta 8 del Estudio 2535 septiembre 2003 del CIS y Pregunta 25 del Estudio 2834 de abril 2010 del CIS. 3 Parlamento, gobierno y presidente. 4 Menor participación, menor apoyo a los partidos de gobierno y ascenso de las «otras» o minoritarias formaciones.

378

ELECCIONES AUTONÓMICAS

Entre las razones que nos asisten para reivindicar la importancia de estos sistemas representativos autonómicos, además de las ya mencionadas, destacaríamos que el comportamiento de los actores que intervienen en los procesos (políticos, partidos y ciudadanos), partiendo de unas reglas de juego bastante parecidas, han producido unos resultados electorales e institucionales diversos. Las similitudes y diferencias que han generado los sistemas representativos de las CCAA desdibujan las tipologías establecidas en la Constitución y también de las esgrimidas por algunos partidos, políticos y académicos5. De esta forma, veremos como después de ocho (o nueve en el caso de cinco CCAA) elecciones, por ejemplo, ha habido solo una CCAA donde siempre ha gobernando el mismo partido, incluso han tenido el mismo presidente y casos opuestos, con alternancia y gobiernos minoritarios. Otra prueba sería que la abstención a veces ha sido muy baja en CCAA donde existen fuertes demandas y partidos nacionalistas (por ejemplo en Cataluña). En suma, el interés por conocer el funcionamiento de estos comicios es alto desde muchos puntos de vista y a ello nos dedicaremos, estudiando en primer lugar las normas electorales o reglas de juego. En este punto, conviene recordar que en aplicación de las competencias que la Constitución reserva al Estado, la práctica totalidad de los primeros cinco títulos de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) no pueden ser modificados o sustituidos por las leyes autonómicas. Al amparo de los procesos de reforma estatutaria iniciados en algunas CCAA y alentados desde el gobierno nacional del presidente Rodríguez Zapatero, comienzan a plantearse en algunas CCAA alternativas a las normas electorales vigentes, o en el caso de Cataluña, la consecución de un consenso para aprobar una ley electoral de la aun carece la citada región. Sin embargo, y quizá debido al convulso proceso de reforma estatutaria ha motivado que no se haya llegado al consenso suficiente para elaborarla. Otros factores que contribuyen a plantear la reforma están vinculados la solución de las disfunciones producidas en determinados procesos electorales, como el caso del voto por correo de los emigrantes gallegos para acortar el periodo de incertidumbre en elecciones como la de 2005. El objetivo sería aplicar el mismo sistema que el del resto de los Residentes Ausentes (CERA) que se utiliza en las elecciones legislativas, o europeas, es decir el voto por correo pero a través de las embajadas 5 Especialmente la distinción entre CCAA reguladas al amparo de los artículos 143 y 151, o las que diferencian entre CCAA más o menos desarrolladas.

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obviando el voto por correo a España, tal como se institucionaliza tras la reforma de la LOREG de enero de 2011 No obstante hay que recordar que existen bastantes sistemas electorales que no autorizan el voto por correo, debido a los fraudes que puede ocasionar. Los efectos políticos de los sistemas representativos tal como haremos en estos análisis, dependerán no solo de las reglas de juego electoral y no tanto de los resultados concretos, como de la capacidad de los partidos para soslayar adecuadamente las relaciones internas entre líderes, pero sobre todo entre las diversas caras y partes de los partidos. Otra posible consecuencia de los procesos electorales celebrados en España en los prolegómenos del siglo XXI cuando y donde existe fuerte competitividad y con gobiernos mayoritarios, es el impacto que puede tener en el sistema político nacional y en los subsistemas autonómicos, determinados partidos. En efecto algunas manifestaciones de ciertas formaciones nacionalistas en gobiernos de coalición o que los apoyan, son de muy dudosa lealtad constitucional exigida en los sistemas democráticos occidentales y en ocasiones bordean los límites del sistema político. Esto ocurre por ejemplo, cuando alguna de las citadas formaciones lleva en su programa y en su discurso, como también hiciera el presidente Rodríguez Zapatero definiciones con las que se pretende extraer consecuencias políticas del concepto nación, que son incompatibles con lo que al respecto asienta la Constitución española. Hay que mencionar aquí cómo sistemas políticos democráticos pero con antecedentes totalitarios, como Alemania, introdujeron en su texto constitucional y en otras muchas normas, cautelas y garantías hacia los partidos previsiblemente desleales, a fin de evitar que se pueda repetir la experiencia de la dictadura nacionalsocialista, que recordemos, llegó al poder a través de los mecanismos del sistema representativo democrático. Por ello, cuando algunos líderes políticos reclaman la revisión de las reglas del juego, quizá convenga plantear previamente el cumplimiento de las reglas en vigor, antes que su modificación. Otros aspectos de las reglas de juego, son comunes aunque también hay diferencias sobre todo en el diseño y tamaño de los distritos y en las barreras. Por ello el funcionamiento y los efectos que producen en los resultados electorales e institucionales son diversos. Obviamente estas diferencias también vienen determinadas por el desigual número y tipo de candidaturas que concurren y por la diversa respuesta que los ciudadanos otorgan a los parti-

380


dos con su voto. Aunque los datos se presentan agregados en el ámbito autonómico, hemos insertado como ejemplo un análisis de caso desagregado por distritos, para verificar en su totalidad el funcionamiento del sistema electoral. Las respuestas de los actores se traducen en los resultados electorales, en los sistemas de partidos electorales y parlamentarios o en los tipos de competitividad, de fragmentación o volatilidad. A modo de ejemplo, solo aplicaré el índice de competitividad a todas las CCAA, siendo posible que los demás los puedan aplicar Vds. con facilidad. Con objeto de verificar el funcionamiento completo de las normas y de los resultados y de nuevo, como muestra presentamos el análisis de dos elecciones autonómicas cuyos efectos fueron muy diversos en todos los aspectos. También se incluye un ejemplo de distribución de escaños por la fórmula D’Hont. La escisión de voto que se produce en las elecciones autonómicas andaluzas cuando coinciden con las generales son una realidad que vale la pena que los alumnos analicen comparando los diversos porcentajes de votos que reciben los partidos en las dos elecciones que se celebran el mismo día. Finalmente, los procesos electorales se concretan en términos institucionales en la formación de los parlamentos que eligen a los presidentes y estos a sus gobiernos, cuya información y análisis básicos también será objeto de estudio en este capítulo. Los diversos y plurales tipos de gobierno que han producido los sistemas representativos autonómicos cuando no hubo mayoría absoluta, tienen una importancia enorme, porque al igual que los gobiernos municipales han diseñado modalidades de gobierno democráticas no utilizadas en los gobiernos nacionales (como los ejecutivos de coalición). Por otra parte, de igual modo que es muy alto el porcentaje de renovación de los diputados al inicio de cada legislatura (la mitad solo está un solo mandato), la discontinuidad aumenta cuando se contabilizan los que son sustituidos durante la legislatura. Ambas prácticas, sobre todo la sustitución de los presidentes durante las legislaturas han sido muy frecuentes, debidas a diversas causas como también analizaremos después. Parlamentos y gobiernos autonómicos una vez conformados, designan o eligen a otros muchos consejos, órganos e instituciones autonómicas. Entre ellas los senadores de designación autonómica. El análisis se centra en las 17 CCAA excluyendo del mismo los dos casos de ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, debido a que las singularidades que presentan sus sistemas representativos no admiten la comparación, que es el fundamento de este capítulo.

381


2. LAS REGLAS DE JUEGO Y SU FUNCIONAMIENTO Todas las CCAA tienen recogidos aspectos de sus sistemas electorales en los Estatutos de Autonomía y todas menos Cataluña han aprobado leyes electorales en las que forma sistemática se recoge las normas de los comicios. Los sistemas electorales autonómicos comparten los rasgos básicos de los restantes procesos españoles, en los que se ha socializado la ciudadanía, cuestión sin duda a tener en cuenta, cuando se plantean iniciativas de reforma de las normas electorales. Los elementos del sistema electoral que comparten y son comunes a todos los sistemas electorales en todo tipo de comicios que se celebran en España son: el tipo de voto, que es la lista cerrada y bloqueada y la fórmula para la atribución de votos en escaños, que es la D’Hondt. Los otros tres elementos de todos los sistemas electorales, el tamaño del parlamento, es decir el número de diputados a elegir, el tipo y tamaño del distrito, así como la barrera electoral, varían en mayor o menor medida entre los diversos sistemas electorales autonómicos, e incluso en algunos casos pueden cambiarse como de hecho ha ocurrido en algún caso. Esta diversidad y casuística responde en cada CCAA a diversas lógicas con las que los dirigentes políticos hubieron de enfrentarse al legislar y definir estos importantes elementos del sistema electoral. Las razones y fundamentos de estas cuestiones se pueden encontrar en limitaciones de carácter jurídico, pero también en argumentos que abarcan muchas otras ramas de las ciencias sociales (geográficos, demográficos, históricos, sociales y políticos), que además suelen combinarse o acumularse. En todo caso, el resultado es complejo y fruto de los consensos alcanzados en la transición política. Las explicaciones y fundamentos de las decisiones adoptadas se pueden encontrar en los debates parlamentarios (diarios de sesiones de las Cortes o de los parlamentos autonómicos) producidos con ocasión de la discusión de estas normas electorales o en algunos análisis concretos (ver bibliografía complementaria de la asignatura). Veamos la casuística fundamental. El tamaño de los parlamentos es diverso y así va desde el catalán, que es el más grande (135 escaños) al de la Rioja con 33, en todo caso todos tienen un gran tamaño lo que favorece en principio el funcionamiento proporcional de los mismos. Pero la relación electores y diputados es diversa, porque el tamaño de la cámara, así como la distribución de escaños por distritos, obedece a razones complejas y además ha cambiado en algunas CCAA a lo largo del tiempo. De hecho en 2003 el número total de parlamentarios autonómicos

382


es de 1.186, veintidós más que en las primeras elecciones autonómicas. En 9 CCAA ha cambiado el número de escaños al menos una vez, casi siempre aumentaron en la Comunidad de Madrid (menos en 1999), como también ocurrió en 2008 en la citada Comunidad, en Castilla León y Comunidad Valenciana en 2008 y en La Rioja donde disminuyeron (ver tabla 1). El caso más paradigmático de alteración del número de escaños se produce en la Asamblea de Madrid, ya que tal como establece su Estatuto de Autonomía el número de diputados se define en función de la población y por ello en cada elección ha variado, casi siempre ampliándose, especialmente en las de 2003 y solo en las de 1999 disminuyó al haber perdido población. Como veremos esta decisión, como siempre, tiene diversos efectos, ya que por una parte permite que se mantenga el mismo coeficiente electoral, es decir la relación electores diputados y la proporcionalidad; pero al mismo tiempo, y como de hecho ha ocurrido en las elecciones de 2003, alcanzar la mayoría absoluta exige conseguir un mayor porcentaje de votos, lo que en este caso ha perjudicado al primer partido en favor del tercero. Por su parte, las Cortes de Castilla León han perdido dos escaños desde las primeras elecciones autonómicas y han ido redistribuyendo escaños en función de los cambios de población, aunque en las últimas aumentó un escaño en Valladolid6. En otras CCAA estas alteraciones afectan solo a la redistribución de los escaños entre los distritos, sin que se modifique el tamaño del parlamento; este sería el caso de CA de Aragón en 2003, donde Zaragoza habría incrementado un escaño en detrimento de Teruel y también en la Comunidad Valenciana donde los diputados de Castellón sumaron un diputado y Valencia lo perdió. Así mismo, en 2008 Asturias y Murcia han redistribuido los escaños entre sus distritos7. En otras siete CCAA (Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla la Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja) por razones diferentes, también se altera el número inicial de parlamentarios, aumentando el tamaño de la cámara, menos en Cantabria y la Rioja, que reducen cinco y dos escaños respectivamente. En estos casos no se han producido modificaciones después. En suma, en la mitad de las CCAA ha cambiado el tamaño de la cámara en algún momento. En cuanto al tipo de distritos hay que señalar que al menos hay tres tipos diferentes, uniprovinciales, provinciales e insulares. Entre los primeros 6 Por ejemplo Zamora llegó a tener 8 procuradores y hoy tiene un menos y por su parte Burgos hoy tiene 11, uno más. 7 En Asturias la zona Occidente perdió un escaño a favor de la zona Centro y en la Región de Murcia la zona segunda aumentó un escaño en detrimento de la zona tercera.

383


Tabla 1. Elementos diferentes de los sistemas electorales autonómicos, 1980-2011 Nombre de las cámaras autonómicas

N.o escaños

Distritos: tipo y número

Tamaño distritos

N.o esc./ distrito

Barreras

11 12 13 15 16 18

3% distrito

109

Provinciales 8

Almería y Huelva Jaén Córdoba y Granada Cádiz Málaga Sevilla

Cortes de Aragón *

67

Provinciales 3

Huesca Teruel Zaragoza

18 14 35

3% distrito

Junta General del Principado de Asturias

45

Zonas

3

Oriente Occidente Centro

5 6 34

3% distrito

4

Formentera Ibiza Menorca Mallorca

1 12 13 33

5% distrito

7

Fuerteventura Lanzarote Gran Canaria Hierro La Gomera La Palma Tenerife

7 8 15 3 4 8 15

3% CA o 20 distrito

39

5% CA

Provinciales 5

Cuenca y Guadalajara Albacete C. Real Toledo

8 10 11 12

3% distrito

Provinciales 9

Soria Segovia Avila,Palencia, Zamora Burgos y Salamanca León Valladolid

5 7 7 11 14 15

3% distrito

Parlamento de Andalucía

Parlamento de las Islas Baleares *

59

Insulares

Parlamento de Canarias

60

Insulares

Parlamento de Cantabria *

39

Único

Cortes de Castilla Mancha *

Cortes de Castilla León*

384

49

84


Tabla 1. (Continuación) Nombre de las cámaras autonómicas

N.o escaños

Distritos: tipo y número

Tamaño distritos

N.o esc./ distrito

Barreras

15 17 18 85

3% distrito

Parlamento de Cataluña

135

Provinciales 4

Lérida Gerona Tarragona Barcelona

Asamblea de Extremadura

65

Provinciales 2

Cáceres Badajoz

30 35

3% distrito

75

Provinciales 4

Orense Lugo Pontevedra Coruña, la

14 15 22 24

3% distrito

129

Distrito único

129

5% CA

3 4 7 11 20

5% CA

50

3% CA

25 25 25

3% distrito

33

5% CA

24 35 40

5% CA

Parlamento de Galicia * Asamblea de Madrid ***

Asamblea Regional de Murcia *

45

Zonas

Parlamento de Navarra

50

Distrito único

Parlamento del País Vasco *

75

Provinciales 3

Parlamento de la Rioja *

33

Distrito único

Cortes Valencianas

99

Provinciales 3

5

Quinta Cuarta Primera Segunda Tercera

Alava, Guipúzcoa Vizcaya

Castellón Alicante Valencia

Fuente: López Nieto, L., 2012; elaboración propia sobre fuentes oficiales. (*) El número total de escaños en las siguientes CCAA se modifica por diversos motivos.: en las elecciones de 1983 y se mantiene después: Aragón tuvo 66 escaños, Baleares 54; Cantabria 44, Castilla la Mancha, tuvo 44, y en las elecciones de 2011 ha aumentado 2 escaños, Murcia 43 y la Rioja 35; en las elecciones de 1981 y de 1985 Galicia tuvo 71; Castilla León ha perdido dos escaños desde 1983, aunque en 2011 aumentó uno en Segovia. En los primeros comicios vascos (1980) cada distrito tuvo 20 escaños y desde entonces cada uno 25. (***) En la Comunidad de Madrid su Asamblea tuvo 94 escaños en las elecciones de 1983; 96 en las de 1987; 101 en las de 1991, 103 en las de 1995, 102 en las de 1999, 111 en las de 2003, 9 más en 2008 y 129 en 2011. En C. Valenciana ha aumentado 10 en 2008 y Castilla León 1. Castilla la Mancha reforma su ley electoral en 2008, aumenta la Cámara en 2 escaños y redistribuye el número de escaños de sus distritos.

385


hay dos modelos. En dos de ellos Asturias y Murcia han establecido distritos electorales en sus territorios de tamaño diverso, ya que en el primer caso una de las circunscripciones engloba las dos ciudades más pobladas de la CCAA (Oviedo y Gijón) y en el otro Murcia y Cartagena forman parte de distintos distritos. Este tipo de distribución de escaños podría basarse en criterios objetivos, como la población, o por el contrario beneficiar a un tipo de municipios en detrimento de otros8 Las cuatro restantes CCAA uniprovinciales (Cantabria, Madrid, Navarra y La Rioja) utilizan todo el territorio como distrito único. Las demás CCAA peninsulares tienen las provincias como circunscripción electoral, por lo que este tipo de distrito es el mayoritario. En las dos CCAA insulares cada isla constituye un distrito y por lo tanto en Canarias hay 7 distritos y en Baleares cuatro. Otra variable a tener en cuenta por su influencia en los posibles efectos proporcionales de la fórmula D’Hondt y en consecuencia en el sistema electoral es el tamaño de los distritos. Conviene recordar que en aquellos que eligen menos de seis diputados, producirían efectos mayoritarios, generando primas positivas a los dos primeros partidos. De un total de 64 distritos, siete de ellos (10,9%) son pequeños, cifra muy inferior a la de sus equivalentes en las elecciones generales (ver capítulo anterior), cuestión que en teoría explicaría que los sistemas electorales autonómicos fueran más proporcionales que los de las elecciones generales. El 40% de los distritos son grandes (más de 15 escaños) y en ellos y en los intermedios los partidos parlamentarios conseguirían un porcentaje de escaños equivalente al de los votos. Sin embargo, esta premisa en la práctica puede verse afectada por otras variables, que también influyen en el rendimiento y efectos del sistema electoral en su conjunto. Entre ellos, estaría el coeficiente electoral, esto es el cociente entre el censo electoral y los escaños a repartir en cada distrito. En la mayoría de los casos, los escaños se atribuyen en función de la población, pero como hemos visto, la mayoría de los distritos no se han modificado, aunque en algunos de ellos después de más de veinte años se han podido producir cambios en la población. Pero además en algunos distritos no tuvieron en cuenta la población cuando se diseñaron. El caso más paradigmático de inadecuación entre el censo y los escaños lo constituye el País Vasco, donde aduciendo razones históricas cada provincia está representada por el mismo número de diputados, independientemente de las diferencias de población. En las CCAA insulares, cada 8

386

Por ejemplo, los núcleos urbanos en detrimento de los rurales o al contrario.


isla, por pequeña que sea tiene representación en su respectivo parlamento, cuestión que como veremos tiene importantes efectos en el funcionamiento del sistema electoral, ya que en las islas pequeñas, el coste del escaño es menor que en las grandes, especialmente en el caso de Formentera, en el Hierro y en la Gomera. El problema es que la alternativa, es decir si los electores de esas islas carecieran de diputados, se podrían generan desigualdades. Independientemente de las razones, incluidas las jurídicas, que se hayan utilizado para mantener o alterar el tamaño de los parlamentos y de los distritos autonómicos, lo cierto es que cualquiera que hubiese sido la decisión adoptada habría tenido influencia en la representación. ¿En que aspectos habría podido influir? Por una parte en el cociente electoral, esto es el número de electores por escaño. De acuerdo con los datos de 1991 las cuatro CCAA más pobladas tenían los cocientes electorales mayores, mientras que en Baleares, Navarra y La Rioja, estos eran muy pequeños, es decir cada diputado representaba a un número pequeño de electores9. Desde entonces los cambios en la población pueden haber alterado estos cocientes10, aunque no siempre la ampliación del número de escaños disminuye los citados cocientes. Por ello lo importante es determinar este indicador al inicio del nuevo sistema electoral, porque luego la inercia política se establece y es difícil cambiarla. No obstante, ya hemos señalado antes que en cada CCAA determinados factores explican que no se haya alterado el tamaño de la cámara, aunque en algunas se ha redistribuido los escaños. Como es sabido todos los elementos de los sistemas electorales producen efectos políticos y a veces los promotores de un determinado cambio en los mismos, por ejemplo en el tamaño de la cámara, pueden verse perjudicados. Otras veces las modificaciones son beneficiosas, para unos o para todos. Por ejemplo casi todos los parlamentos tienen un número impar de escaños aunque no fue así en las primeras elecciones11 ni en las Cortes de Castilla León hasta la ampliación del escaño por Valladolid en 2008, lo que puede significar que los cambios pretendían entre otras cosas obviar empates en las decisiones que allí se adoptan cuando no hay un partido 9 Andalucía, 45. 941; Cataluña, 35.842; Madrid, 37.937 y la Comunidad Valenciana 32. 676; por el contrario el cociente electoral en Baleares era de 9.585, en Navarra de 8.242 (MONTERO, J.R., LLERA, F. y TORCAL, M.: «Sistemas electorales en España: una recapitulación», REIS). 10 Por ejemplo el cociente en Cataluña en las celebradas en1999 se incrementó en casi 4.000 electores por diputado, fue de 39.212; en el caso de la CA de Madrid el nuevo cociente en 2003 fue de 40.149, es decir a pesar del aumento de escaños el cociente ha crecido, lo mismo que en Navarra que fue de 9.626, aunque en este último caso no se haya ampliado el número de escaños. 11 Aragón, Baleares, Cantabria.

387


mayoritario. En otros casos las alteraciones, por ejemplo la redistribución entre distritos podría afectar a la gobernabilidad. El alcance de la barrera electoral es otro de los elementos de los sistemas electorales autonómicos que son diferentes y que solo en un caso se ha modificado. Todas las CCAA han introducido una barrera mínima de votos para acceder al reparto de escaños, aunque esta es diversa, (tabla 1). La barrera excluye del reparto de escaños a las formaciones que no hayan alcanzado el 3% de los votos válidos del distrito o el 5% de la CA, en el caso de las uniprovinciales. Las excepciones la presenta el País Vasco y en las CCAA insulares. En el primer caso, que establecía hasta las elecciones de 2001 un 5% por distrito y lo rebajó al 3% para conseguir el acceso al reparto de escaños de IU, quién entró de esta forma en el necesario gobierno de coalición. En la CA de las Islas Baleares, cada isla constituye un distrito y en cada uno se exige un 5% desde la modificación de la ley electoral en 1995 que lo subió del 3% anterior; sin embargo, esta alteración no impidió que las fuerzas parlamentarias preexistentes accedieran al reparto. En la CA Canaria se exige un 20% en cada distrito o un 3% en la CA. El objetivo de esta barrera es compartido con el resto del sistema electoral español, evitar una excesiva fragmentación parlamentaria. Sin embargo, su influencia es diversa, ya que como hemos señalado, los distritos y parlamentos son grandes lo que en principio favorece la proporcionalidad del sistema, que existan más partidos parlamentarios y que pocos votos queden sin representación. Una vez conocidas las reglas de juego conviene conocer su funcionamiento, sus efectos y rendimiento de los sistemas electorales autonómicos. Para ello presento un ejemplo de análisis desagregado por distritos (tabla 2). El análisis agregado desde una perspectiva nacional que se recoge a lo largo del capítulo permite comparar todos los procesos electorales y esta aproximación es la que exigimos como requisito básico para superar las asignaturas. Pero es obvio, que un análisis micro y desagregado nos ayuda entender muchas dudas y resolver muchas preguntas. Por ello, del mismo modo que en el análisis del sistema electoral del Congreso que aparece en la Unidad Didáctica, he dedicado una parte a presentar datos desagregados y a analizarlos brevemente, porque ayudan a entender mejor los efectos y el rendimiento del sistema electoral, lo que sigue persigue los mismos objetivos. La elección del caso de las elecciones al Parlamento de Cataluña de 1999, para presentar el análisis desagregado obedece a que sus resultados

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causaron interrogantes en la opinión pública, que mayoritariamente desconoce el funcionamiento de los sistemas electorales. Por lo tanto este caso es solo un ejemplo de una realidad compleja, que comparten todos los procesos electorales, por lo que les prevengo considerar este caso como una excepción. Les animo a que verifiquen esta afirmación estudiando de forma desagregada el caso de su CCAA o de la que Vds. elijan. Uno de los interrogantes que plantearon las elecciones autonómicas de Cataluña de 1999 pretendía averiguar por que el partido que obtuvo más votos (PS) no había conseguido también ocupar el primer lugar en cuanto al número de escaños. La respuesta es clara cuando se conocen y analizan los resultados desagregados que contiene la tabla 2. El PS de Cataluña solo gana en un distrito, en Barcelona, que es el más grande de los cuatro y por

Tabla 2. Datos, resultados y efectos de las elecciones al Parlamento de Cataluña de 1999, por distritos % escaños

%votos

% escaños

Primas

% v.s.r.

62,9%

PS 39,9 CIU 35,1 PP 9,9 ERC 7,7 IC-V 3,3

42,3 36,5 9,4 8,2 3,5

PS CIU PP ERC IC-V

+ 2,4 + 1,4 – 0,5 + 0,5 + 0,2

3,0%

12,6%

CIU 48,6 PS* 29,2 ERC 12,8 PP 6,1

52,9 29,4 11,8 5,8

CIU PS ERC PP

+ 4,3 + 0,2 – 1,0 – 0,3

2,5%

11,1%

CIU 48,1 PS* 29,5 ERC 11,6 PP 7,9

53,3 33,3 6,7 6,7

CIU PS ERC PP

+ 5,2 + 3,8 – 4,9 – 1,2

1,8%

Tarragona

13,3%

CIU PS* PP ERC

41,3 34,1 10,6 10,5

44,4 33,3 11,1 11,1

CIU PS PP ERC

+ 3,1 – 0,8 + 0,5 + 0,4

2,5%

Cataluña

100% N=135 Escaño

PS 37,8 CIU 37,7 PP 9,5 ERC 8,7 IC 2,5

38,6 41,4 8,9 8,9 2,2

PS CIU PP ERC IC*

+ 0,8 + 3,7 – 0,6 + 0,2 – 0,3

2,8%

Barcelona

Gerona

Lérida

389


Tabla 2. (Continuación) Competitividad electoral


4,9 PS

5,8 PS

Gerona*

19,3 CIU

23,5 CIU

Lérida*

18,6 CIU

20,0 CIU

Tarragona*

7,2 CIU

11,1 CIU

Cataluña

0,1 PS

2,8 CIU

Barcelona

Fuente: López Nieto, L., 2004. (*) En estos distritos, el PSC se presentó coaligado con IC-V.; en consecuencia los datos de IC-V en el total de Cataluña, solo corresponden a los obtenidos en el distrito de Barcelona.

ello en el se eligen dos tercios del total de escaños del Parlamento (62,9%). La ventaja que obtiene en este distrito es de casi un 5%, pero en Gerona y Lérida CIU aventaja al PS en casi 20% de votos y en Tarragona en 7% y ello pese a ir coaligado en los otros tres distritos con Iniciativa por Cataluña-los Verdes, porque en estos territorios habitualmente ganaba CIU y de esta forma pretendían reducir la tradicional ventaja. Dicho de otra forma, la competitividad electoral es alta en Barcelona y en menor medida en Tarragona, pero aquí el primer partido es CIU; en los otros dos distritos la competitividad es baja y también en ambos casos CIU es el ganador. ¿Cómo traduce el sistema electoral las preferencias de los electores? La respuesta la encontramos en las primas que los partidos obtienen en los distritos y en los votos sin representar (v.s.r.) (ambos datos en la tabla 2). En Barcelona, que es el distrito mayor (elige a 85 diputados) prácticamente todos los partidos parlamentarios tienen una prima positiva, especialmente el primer partido (PS, con +2,4); el tercer partido tiene una penalización pequeña (PP con –0,5), mientras que el 4.º y 5.º partido están ligeramente premiados. Esta penalización del tercer partido (PP), se habría debido a que no alcanzó el último escaño por muy pocos votos, aspecto que explicaré para el distrito de Lérida. Por lo tanto cabe decir que el sistema habría traducido adecuadamente la voluntad popular, ya que el 3% de votos sin representar, corresponde a diversas candidaturas ninguna de las cuales superó la barrera del 3% en el distrito (ver tabla 6) y por lo tanto no se habría tratado de una disfunción de la fórmula. Esto ocurre en los cuatro distritos, en los que los votos sin representar corresponden a candidaturas que nunca obtienen siquiera el 1% de los votos en sus distritos.

390


En la provincia de Gerona, con una baja competitividad electoral y parlamentaria, el primer partido (CIU) obtiene una fuerte prima (+4); los otros tres partidos parlamentarios alcanzan una representación bastante fiel a sus apoyos electorales. El caso de Lérida ejemplifica perfectamente como al traducir los votos en escaños, especialmente los últimos escaños, se puede alterar la proporcionalidad. En este distrito vemos como el primer y segundo partido obtienen las primas más altas de todos los distritos (CIU +5,2 y PS +3,8, ver tabla 2). A su vez el tercer partido (ERC) tiene la penalización más alta de los cuatro distritos, con una prima negativa de –4,9, que es además muy superior al del cuarto partido (PP, con –1,2). ¿Cúal es la explicación a este hecho? Es fácil encontrarla cuando realizamos la operación matemática de la fórmula D’Hondt (ver tabla 3). En la columna de la izquierda se recogen los votos, y el cociente resultante de dividir por 1 de las cuatro candidaturas que superaron la barrera del 3% en el distrito y que por lo tanto tienen derecho a participar en el reparto de los 15 escaños. Se trata de un distrito relativamente grande, donde teóricamente la proporcionalidad juega adecuadamente. En las siguientes columnas de izquierda a derecha encontramos los cocientes de los cuatro partidos que acceden al reparto de escaños resultantes de dividirlos por 2,3 4, etc. Hecha esta operación se comienza a atribuir los escaños entre los mayores cocientes. Así el primer escaño lo obtiene el cociente 91.199 de CIU, el segundo lo obtiene el cociente 55.963 del PSC y así sucesivamente hasta llegar a la atribución del decimoquinto escaño. En este Tabla 3. Atribución de los 15 escaños en el distrito de Lérida en las elecciones autonómicas de 1999 Cocientes Divisor 1

Cocientes Divisor 2

Cocientes divisor 3

Cocientes divisor 4

Cocientes divisor 5

CIU 91.199 (1)

45.599 (3)

30.399 (4)

22.799 (6)

PSC 55.963 (2)

27.981 (5)

18.654 (8)

13.990 (12) 11.192* (15)

ERC 22.011 (7)

11.005*

7.337

5.502

PP 15.121 (11)

7.560

2.520

3.780

18.239 (9)

Cocientes divisor 6

Cocientes divisor 7

Cocientes divisor 8

15.199 (10)

13.028 (13)

11.399 (14)

9.327

7.994

6.995

4.402

3.668

3.144

2.751

3.024

2.520

2.160

1.890

Fuente: López Nieto, L., 2004; En negrita el escaño que se asigna a cada uno de los correspondientes cocientes, así como los dos últimos cocientes en litigio para acceder al último escaño, también identificados con *.

391


caso, ERC por tan solo 187 votos (diferencia entre el cuarto cociente del PSC, 11.192 y el segundo cociente de ERC 11.005 ambas cifras en negrita) no consigue el último escaño. Por esta razón, el escrutinio es una fase esencial del proceso electoral para los partidos. También lo es contar con interventores en todas las mesas, con objeto de poder reclamar y dirimir en el escrutinio, cuando con mucha frecuencia el último escaño (a veces son más de uno los que se disputan) se gana o pierde por una pequeña diferencia de votos. El partido que pierde el escaño, tampoco aprovecha esos últimos votos y por ello, se produce esa prima negativa tan alta. En el distrito de Tarragona con una competitividad relativamente alta, el sistema electoral habría traducido de forma adecuada los votos en escaños, con la excepción del segundo partido, que tuvo una pequeña penalización (–0,8). Como reflexión señalar que las diferentes aproximaciones, enfoques y métodos que utiliza la Ciencia Política, de los cuales aquí solo he utilizado algunos de ellos, son imprescindibles para conocer adecuadamente los objetos complejos, como son los sistemas representativos y de esta forma evitar aproximaciones parciales y por lo tanto erróneas. Finalmente hay que tener en cuenta la influencia de otra regla de juego como es el calendario diferenciado en cuatro CCAA que celebran las primeras elecciones autonómicas tan pronto como se aprueban sus referenda autonómicos (País Vasco y Cataluña en 1980, Galicia en 1981 y Andalucía en 1982). En las otras trece CCAA coinciden con las elecciones municipales y han de celebrarse en cuarto domingo de mayo cada cuatro años y en 1987 y 1999 también se convocaron simultáneamente las europeas, ya que desde el principio el Estado ejerció mayor tutela. La celebración de varios comicios el mismo día puede tener implicaciones en el comportamiento electoral al influir en la participación, pero también cuando desarrollan dos tipos de comportamientos alternativos: el contagio electoral y la escisión de voto, dicho de otra forma, votar a la misma opción en todas las elecciones que se celebran ese día o la escisión, optar por distintas formaciones. Estos comportamientos, aunque son minoritarios deben tenerse en cuenta. Además, hay que recordar que el contexto social y político, por ejemplo tensiones en el seno de los partidos, son factores que también influyen en el comportamiento de los votantes. Aunque cada proceso tiene sus propios plazos legales, la simultaneidad de elecciones tiene la ventaja de ahorrar gastos electorales y evitar cansancio cuando se celebran varios comicios en un corto periodo de tiempo (ver en el anexo, la cronografía).

392


En la actualidad todos los presidentes de gobierno autonómicos pueden disolver los parlamentos y convocar elecciones, pero solo los de las cuatro CCAA citadas, la han tenido desde el inicio y además son los únicos que tienen potestad para convocar nuevas elecciones antes de que acabe el mandato de cuatro años. Este recurso jurídico político fue utilizado por los presidentes de Andalucía, Cataluña y País Vasco12. Por su parte, los presidentes, elegidos o en funciones, de las otras 13 CCAA (la las que se refiere el artículo 143 de la Constitución Española) pueden convocar nuevas elecciones, cuando se hayan agotado determinados requisitos y plazos y no sea posible formar nuevo gobierno. La singularidad de estas 13 CCAA es que esa legislatura durará solo el periodo que reste hasta la siguiente convocatoria electoral coincidiendo con las restantes CCAA. Este ha sido el caso de las nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid convocadas por el presidente en funciones, Gallardón cuando se agotaron todas las posibilidades de formar gobierno, desde que dos diputados socialistas incumplieron la disciplina de su grupo, al amparo del principio constitucional que prohíbe el mandato imperativo. Por lo tanto la VII legislatura en la Comunidad de Madrid duró cinco meses menos que en las otras 12 CCAA, ya que las siguientes se celebraron con las trece regiones en mayo de 2007. Lo mismo ocurre con las elecciones al Principado de Asturias celebradas el 25 de marzo de 2012. Su nuevo parlamento solo durará tras años, hasta mayo de 2015. Como veremos después, hay precedentes en los que se tuvieron que agotar los plazos y los requisitos preestablecidos, para sustituir a los presidentes sin convocar elecciones: por ejemplo en la I legislatura de Navarra, no tuvo presidente hasta ocho meses después de las elecciones y el la IV fue nombrado de forma automática el primer candidato de la lista más votada13. Otro tipo de soluciones, todas ellas sin acarrear la convocatoria de elecciones, aunque si la sustitución de presidentes, han tenido lugar en III legislatura en Aragón y Asturias, en Baleares en la IV, en Cantabria en la I y en Murcia en la III. Además, siguiendo el modelo constitucional esta prevista la sustitución de presidentes sin celebración de elecciones en las 17 CCAA cuando han

12

En Andalucía en la IV legislatura, el presidente disolvió dos años antes (1996) el parlamento ante la imposibilidad de gobernar; en Cataluña por igual motivo esto ocurrió también en la IV un año antes (1995) y en el País Vasco en la II (1986) y en la VI (2001). 13 En Navarra hubo cuatro votaciones de investidura y después hubo que esperar la resolución de determinados procedimientos judiciales que afectaban a los candidatos por lo que mientras tanto siguió en funciones el presidente el gobierno preautonómico en funciones.

393


prosperado mociones de censura (en Aragón y Canarias en la III; en Cantabria, Galicia y la Rioja en la II) o por pérdida de la cuestión de confianza del presidente (Canarias en la II). Algunas de estas mociones tuvieron éxito o se frustraron porque hubo prácticas transfugistas14.

3. RESULTADOS: PARTICIPACIÓN, SISTEMAS DE PARTIDOS Y COMPETITIVIDAD 3.1. Introducción Una vez que concluye el proceso electoral en el que intervienen tanto las administraciones públicas, como los partidos, candidatos y los electores, llega el momento de analizar los resultados. Para ello lo primero obviamente es menester disponer de las diversas variables electorales, como son la participación, los votos y los escaños obtenidos por los partidos. En este tipo de comicios los encargados de facilitar estos datos son las juntas electorales autonómicas, que los publican una vez resueltos los recursos, en los boletines oficiales de las CCAA. Estos resultados, así como todas las normas aprobadas por dichas instancias y que los presentan de forma agregada o solo desagregada por distritos, se recogen en el enlace de las Juntas electorales de las CCAA que tiene la página web de la Junta Electoral Central, una vez resueltos todos los recursos de estos comicios www.juntaelectoralcentral.es/. También cuenta con enlace a los parlamentos autonómicos en los que se puede encontrar información sobre la votación de investidura o sobre la composición de los órganos de dicha institución como las mesas. Los resultados deben presentar el censo electoral, número de votantes, así como el de votos nulos y los válidos, es decir la suma de los blancos y votos a candidaturas. A continuación se explicita el número de votos que ha obtenido cada una de las candidaturas. Así mismo el acta de escrutinio oficial expresa el número de escaños que corresponden a cada candidatura, así como el nombre de los parlamentarios elegidos. Una vez que contamos con los resultados oficiales estamos en condiciones de elaborar esta información, primero en forma de cuadros, con objeto 14 En Aragón un diputado del gobierno de coalición PAR-PP apoyó la moción del PSOE y cayó el gobierno; en Galicia el diputado del gobierno minoritario popular apoyó la moción de censura socialista y pasó a gobernar el PSOE; en la Comunidad de Madrid en la II legislatura, la moción del PP y CDS no prosperó porque un diputado popular, Piñeiro no la apoyó.

394


de poder sistematizar y comparar los resultados. Las variables básicas y esenciales para analizar cualquier elección son la participación (tabla 4), los votos o los porcentajes de votos y escaños de los partidos parlamentarios (tabla 5) y los porcentajes de votos sin representación parlamentaria (tabla 6). Después se pueden aplicar determinados indicadores, como los de competitividad electoral (tabla 7) y parlamentaria (tabla 8).

3.2. La participación. Los subsistemas de partidos La participación muestra oscilaciones significativas en cada CCAA e incluso varía a lo largo del tiempo, aunque suele ser más baja en aquellas CCAA que celebran sus elecciones en fecha distinta a las del resto de España. Sin embargo, la casuística es enorme porque el contexto social y político en que se celebra cada elección influye también en la movilización. Así, en Galicia comunidad históricamente abstencionista, se ha producido un progresivo aumento de la participación, aunque en las dos últimas elecciones ha vuelto a disminuir aunque siempre por encima del 60% sin volver al 45% de las primeras. Si nos fijamos atentamente en la tabla 4, advertimos que los niveles más bajos de participación (menos de 60%) se han producido en las CCAA donde las demandas y los partidos nacionalistas son más fuertes (Cataluña en seis ocasiones), Galicia en las tres primeras y en el País Vasco (primeras y quintas). Pero en las séptimas elecciones vascas se alcanzó la cota más alta de participación en autonómicas y casi de todas las elecciones españolas debido al alto interés político que concitaron porque entre otras razones estaba en juego la posible alternancia política después de veinte años de gobierno del PNV. La Comunidad de Canarias tradicionalmente abstencionista, ha alcanzado en dos ocasiones (1987 y 2003) un 66% participación, pero nunca ha bajado del 60%. En otras CCAA (Andalucía, Asturias y Madrid) en una elección también la participación fue inferior al 60%. Pero es preciso recordar la importancia que tiene en todo análisis electoral el contexto político, social y económico en el que se realizan los comicios, además de la variable del calendario electoral. Solo hay dos CCAA en las que la participación ha superado, en las elecciones analizadas, el 70% (C. Mancha y Extremadura), aunque con inflexiones. En términos generales, se puede decir, que la participación ha oscilado de forma intermitente, y así se advierte como en las

395


Tabla 4. Porcentajes de participación en las elecciones a los parlamentos autonómicos (*) CCAA

1983

1987

1991

1995

1999

2003

2007

2011

2012

Andalucía *

66,3

70,7

55,3

67,7

77,9

69,7

75,9

72,7

60,8

Aragón

67,0

69,7

64,5

71,1

64,6

71,3

69,4

67,9

Asturias

65,0

66,9

58,7

69,4

64,8

65,6

64,3

66,9

Baleares

64,8

67,2

60,3

63,6

57,4

63,4

59,5

59,9

Canarias

61,2

66,1

60,8

65,0

61,0

66,4

61,2

63,2

Cantabria

73,8

76,3

72,3

74,0

68,8

75,4

71,2

69,8

C.-La Mancha

73,7

75,1

72,9

78,8

74,9

77,0

74,0

76,0

C. y León

69,8

72,9

67,5

74,4

69,2

74,7

72,0

67,7

Cataluña *

62,1

64,3

59,4

54,9

63,6

59,2

62,5

56,8

Extremadura

73,9

74,7

71,6

78,9

73,4

77,9

76,0

74,4

Galicia *

45,2

56,3

59,3

64,7

62,5

60,2

64,2

64,4

Madrid

69,7

69,9

58,5

70,4

60,9

71,6

62,5

67,3

Murcia

68,5

72,8

67,2

75,3

67,7

70,9

67,5

67,7

Navarra

70,9

73,5

66, 7

69,1

66,2

72,3

73,1

67,4

País Vasco *

59,8

68,5

69,6

61,0

59,7

70,0

79,0

69,0

Rioja, la

70,2

73,5

68,9

76,7

68,5

76,4

72,3

69,8

C. Valenciana

72,7

74,5

69,2

76,6

68,5

72,3

71,0

70,2

56,0

58,8

65,9

64,7

Fuente: López Nieto, L., 2012 (*); las fechas de las elecciones en estas CCAA están recogidas en la nota de la tabla n.º 5.

elecciones de 1987, 1995, 2003 y 2007 se ha producido mayor participación que en las restantes, aunque como hemos visto hay excepciones. La participación media en las 13 CCAA que celebraron elecciones en mayo de 2007 fue de 69,1%, ligeramente superior a la que tuvo lugar en 2003 (67,4%). Por el contrario, en Cataluña en 2007 la participación fue mucho menor (6 puntos menos) que en las anteriores y con una participación similar en las de 2010. Entre los argumentos esgrimidos para explicar para este descenso, por ejemplo, el cansancio dado que se celebraron unos meses después del referéndum sobre la reforma estatutaria (18 de junio de 2006), que también obtuvo poca participación (48,8%). Sin embargo sorprende tan baja participación en ambos procesos y quedó de manifiesto el diverso interés de los representantes, que mayoritariamente habían impulsado la citada reforma, respecto a las cifras de participación de los ciudadanos.

396


En todas las CCAA menos en Madrid, la participación en las segundas elecciones fue superior a la que se produjo en las «constituyentes»; quizá porque los comicios para elegir la II legislatura fueron los más competidos. En las terceras elecciones se participa más que en los cuartos (menos en Cataluña y País Vasco). En todo caso, las excepciones son tan significativas que parecería necesario profundizar en el marco político de cada CCAA y en consecuencia matizar la idea de la hipotética nacionalización de los comicios y su supuesto carácter secundario. Ambos argumentos desde el punto de vista político serían falaces desde una perspectiva temporal, habida cuenta de la creciente autonomía de las CCAA en el desempeño de sus competencias y en el ejercicio del quehacer político. Este aspecto ha sido omitido casi siempre, ya que la atribución de ambos calificativos se basan en criterios o indicadores esencialmente electorales15 en el caso de las elecciones secundarias y siempre en términos comparados con las elecciones generales. En este caso, como hemos visto los datos de participación son suficientemente diversos y cabría pensar que responden en muchos casos a lógicas políticas propias derivadas de la relación entre las tres caras o entre los tres tipos de partidos mencionados y sus electores en cada CCAA. Quizá sea interesante comprobar en que medida en las CCAA en las que hubiese aumentado la participación pudiera encontrase una posible relación entre este indicador y unos índices de competitividad altos. Por el contrario sería útil tratar de verificar si las CCAA menos participativas se pueden asociar con aquellas en las que hubo mayorías absolutas. Esta hipótesis se cumple para algunos casos en las elecciones de 2007: por ejemplo en la Comunidad Valenciana, Región Murcia o Castilla León baja ligeramente la participación y hubo mayoría absoluta, mientras que por el contrario, en la Comunidad de Madrid y Castilla la Mancha subió la participación aunque hubo mayoría absoluta. De estas reflexiones se desprende una vez más, que los motivos que explican la participación son complejos. Otro indicador importante para analizar los sistemas representativos es el porcentaje de votos de cada uno de los partidos parlamentarios, ordenados en función de la dimensión de sus apoyos electorales (tabla 5). Este cuadro permite visualizar como el sistema electoral traduce estos resultados, dicho de otra forma, comparar el porcentaje de escaños alcanzados por cada partido con el de votos y de este modo verificar a que formaciones ha

15

Menor participación, pérdida de votos del partido de gobierno y aumento de otras formaciones (Reif, 1984) y las críticas (Marsh & Franlin, 1996).

397


Tabla 5. Porcentaje de votos y de escaños de los partidos parlamentarios en las elecciones autonómicas, 1980-2012 CCAA

1983 (*)

1987 (*)

Partido

%v

Andalucía (*)

PS PP UCD IU PA

52,5 17,0 13,0 8,6 5,4

60,5 15,6 13,8 7,3 2,8

PS PP IU PA

47,7 22,2 17,8 5,9

55,0 25,7 17,5 1,8

Aragón

PS PP PAR IU CDS

46,8 22,6 20,5 4,0 3,3

50,0 27,3 19,7 1,5 1,5

PS PAR PP CDS IU

35,7 28,1 15,5 10,2 4,9

PS PP IU

52,1 30,3 10,7

57,8 31,1 11,1

PS PP CDS IU

Baleares

PP PS UM EN* PDL CiM

35,6 34,7 15,2 6,7 1,3 1,1

39,0 39,0 11,5 6,9 1,8 1,8

Canarias

PS PP UPC CDS IU CCN AM AGI AHI

41,4 29,0 8,2 7,2 4,4 4,3 0,9 0,5 0,1

PP PS PRC PS PP

Asturias

Cantabria

Castilla-La Mancha

398

%es Partido

%v

1991 (*) %es Partido

%v

% es

PS PP IU PA

49,6 22,2 12,7 10,7

56,9 23,8 10,1 9,2

40,3 28,4 19,4 8,9 3,0

PS PAR PP IU

40,3 24,7 20,7 6,7

44,8 25,4 25,4 4,4

39,3 25,5 18,7 12,2

44,4 28,9 17,8 8,9

PS PP IU CDS PAS

41,5 30,7 15,1 6,8 2,7

46,7 33,4 13,3 4,4 2,2

PP PS CDS UM EN*

36,6 32,4 10,2 9,0 6,2

42,3 35,6 8,5 6,7 6,9

PP# PS EN* IU FIEF

47,3 30,1 8,0 2,5 2,2

52,5 35,7 8,4 1,7 1,7

45,0 28,2 3,3 10,0 1,4 1,4 5,0 3,3 1,4

PS AIC CDS PP AC IU AM AHI

27,8 20,2 19,5 11,3 6,9 6,1 0,8 0,2

35,0 18,3 21,8 10,0 3,3 3,3 5,0 3,3

PS AIC CDS PP IU AM AHI

33,3 22,9 14,5 12,9 12,3 0,7 0,2

38,3 26,7 11,7 10,0 8,3 3,3 1,7

43,9 38,4 6,7

51,4 42,9 5,7

PP PS PRC CDS

41,3 29,6 12,9 6,6

46,2 33,3 12,8 7,7

PS UPC PP PRC

34,8 33,5 14,4 6,3

41,0 38,5 15,4 5,1

47,0 41,2

52,3 47,7

PS PP CDS

46,7 34,4 10,7

53,2 38,3 8,5

PS PP IU

52,7 36,3 6,2

57,4 40,4 2,2


Tabla 5. (Continuación) CCAA

Castilla y León

Cataluña (*)

Extremadura

Galicia (*)

Madrid

Murcia

Navarra

1983 (*)


%v

1991 (*)

Partido

%v

%es Partido

%v

% es

PS PP CDS PDL

44,8 40,0 6,0 2,7

50,0 46,2 2,2 1,2

PP PS CDS PDL SI

34,9 34,5 19,6 2,4 1,3

39,3 38,2 20,1 1,2 1,2

PP PS CDS IU

44,2 37,0 8,2 5,4

51,2 41,7 5,9 1,2

CiU PS IU UCD ERC PA

27,7 22,3 18,7 10,5 8,9 2,6

31,9 24,4 18,5 13,3 10,4 1,5

Ciu PS PP IU ERC

46,6 30,0 7,7 5,6 4,4

53,3 30,4 8,2 4,4 3,7

Ciu PS IU PP ERC CDS

45,5 29,6 7,7 5,3 4,1 3,8

51,3 30,6 6,8 4,5 4,5 2,3

PS PP EU IU

53,2 30,1 8,5 6,5

53,9 30,4 9,4 6,3

PS PP CDS EU IU

49,2 24,2 12,4 5,8 5,4

52,3 26,2 12,3 6,1 3,1

PS PP IU CDS

54,2 26,8 5,7 2,5

60,0 29,3 6,1 4,6

PP UCD PS BNG IU EG

30,2 27,5 19,4 6,2 3,8 3,3

36,7 33,8 22,5 4,2 1,4 1,4

PP PS CG EG BNG

41,2 28,8 13,1 5,7 4,2

47,9 31,1 15,5 4,1 1,4

PP PS BNG CG EG

44,1 32,5 8,0 3,7 3,8

50,7 37,2 6,7 2,7 2,7

PS PP IU

50,8 34,3 8,9

54,2 36,3 9,5

PS PP Cds IU

39,1 31,9 16,9 7,6

41,6 33,3 17,6 7,6

PP PS IU

43,2 37,1 12,2

46,5 40,6 12,9

PS PP IU

52,2 35,4 7,0

60,5 37,2 2,3

PS PP Cds IU

43,7 31,5 11,9 7,5

55,6 35,6 6,6 2,2

PS PP IU

45,3 33,5 10,2

53,3 37,8 8,9

PS UPN PP HB PNV

35,8 23,5 14,2 10,6 6,8

40,0 26,0 16,0 12,0 6,0

PS Upn HB Cds EA UDF FAP EE

28,0 24,8 13,6 7,5 7,1 6,3 4,2 3,4

30,0 28,0 14,0 8,0 8,0 6,0 4,0 2,0

UPN PS HB EA IU

35,4 33,8 11,3 5,5 4,1

40,0 38,0 12,0 6,0 4,0

399



País Vasco (*)

Rioja

C. Valenciana

1983 (*)


%v

1991 (*)

Partido

%v

%es Partido

%v

% es

PNV HB PS EE UCD PP IU

38,1 16,5 14,2 9,8 8,5 4,8 4,0

41,7 18,3 15,0 10,0 10,0 3,3 1,7

PNV PS HB PP EE

42,4 23,0 14,7 9,4 8,0

42,7 25,3 14,7 9,3 8,0

PNV PS HB EA EE PP CDS

23,6 22,0 17,4 15,8 10,8 4,8 3,5

22,7 25,3 17,3 17,3 12,0 2,7 2,7

PS PP PRP

47,2 40,0 7,5

51,4 42,9 5,7

PS PP CDS PRP

39,6 34,8 10,8 6,4

42,3 39,5 12,1 6,1

PS PP PR

42,4 41,7 5,4

48,4 45,4 6,2

PS PP IU

51,4 31,9 7,5

57,3 35,9 6,8

PS PP CDS UV IU

41,3 23,7 11,2 9,1 7,9

47,2 28,2 11,2 6,7 6,7

PS PP UV IU

42,8 27,8 10,4 7,5

50,6 34,8 7,9 6,7

Fuente: ver al final del cuadro.

beneficiado el sistema electoral (cuando el porcentaje de escaños supera al de los votos) o cuando ha perjudicado (cuando ocurre lo contrario). Los datos aquí presentados también permiten determinar el número de partidos electorales y parlamentarios en cada CCAA, así como su posible evolución en el tiempo, ya que en algunas CCAA siempre ha ganado el mismo partido, independientemente de que gobernara o no (Andalucía, Baleares, Castilla la Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y País Vasco). En las demás, en una o más elecciones el primer partido ha variado y en todas el comportamiento electoral ha ido cambiando, aunque esta evolución casi siempre se ha producido sin brusquedades. Para verificar esta cuestión con detalle, conviene señalar que los porcentajes de voto están ordenados de mayor a menor en cada elección lo que permite detectar con claridad los posibles cambios. Otro indicador para observar la evolución de los apoyos electorales lo veremos más adelante al analizar la competitividad, porque otra de las utilidades de la información que se recoge en este tabla n.º 5, es que per-

400


mite aplicar los indicadores habituales para analizar bien la proporcionalidad, volatilidad, fragmentación o la mencionada competitividad. Finalmente estos resultados permiten determinar los sistemas de partidos electorales y parlamentarios, es decir las relaciones entre ellos y de esta forma definir en cada CCAA y en cada elección si el sistema de partidos es bipartidista (C. de Madrid, Murcia entre otros), multipartidista (Aragón, Canarias, etc.) o de partido dominante (Castilla la Mancha, Cataluña, etc). También contribuye a definir si este tipo de relaciones es permanente o se modifica en alguna elección. Finalmente al contar con toda esta información sobre las 17 CCAA podemos comparar los modelos de comportamiento electoral entre ellas, para después estudiar los resultados en términos institucionales. A pesar de contar con una ingente información, podemos definir algunos de los rasgos esenciales que se han producido en los sistemas de partidos electorales y parlamentarios en las siete u ocho elecciones celebradas, en gran medida pero no solo por ello, debidos a la influencia combinada de los elementos del sistema electoral16: • En la mayoría de las CCAA la competencia se produce entre dos formaciones (PSOE/ PP o PP/ PSOE, aunque en Cataluña ha sido CIU/ PSC-PSOE) con una suma de más de 60%, lo que permite definirlo como sistema de partidos bipartidista, tanto electoral como parlamentario. • En otras pocas CCAA (Aragón, Baleares, Canarias, Navarra y País Vasco) la competencia se produce entre diversos partidos y el formato de partidos casi nunca es bipartidista. • En todas las CCAA los dos primeros partidos suelen tener una prima o ventaja cuando se convierten los votos en escaños, aunque su amplitud varía en función de la competitividad entre ambos: cuando esta es alta, la prima suele afectar por igual a ambos y en el caso contrario, beneficia al primero, por ejemplo, en las dos CCAA Castellanas o Galicia. • En las dos CCAA insulares este efecto varía porque los cocientes electorales son diversos al contar cada isla, algunas muy poco pobladas, con al menos un escaño (por ejemplo, el segundo partido, PP, en varias elecciones ha tenido menos prima que el tercero PSOE). 16

El comportamiento de los electores es esencial y a través del mismo premia, castiga o avala determinadas opciones políticas y candidatos.

401


En algunas CCAA todos los partidos (Cantabria, Navarra) o casi todos (Andalucía, Aragón y Asturias, menos IU) tiene una prima positiva. Esto también ocurre en el sistema más pluripartidista como es el País Vasco, ya que las primas negativas son muy reducidas. En casi todas las CCAA los partidos nacionalistas y regionalistas cuando no son las dos primeras fuerzas políticas, tienen una representación parlamentaria proporcional a sus votos. Tabla 5. (Continuación) CCAA

1995 (*) Partido

%v


%v

2003 (*) (##) %es Partido

%v

% es

Andalucía (*)

PS PP IU PA

38,6 34,5 19,2 5,8

41,3 37,6 18,3 2,8

PS PP IU PA

43,8 33,7 13,9 6,6

47,7 37,6 18,3 3,7

PS PP IU PA

44,2 38,1 8,1 7,3

47,7 42,2 5,5 4,6

Aragón

PP PS PAR IU ChA

37,5 25,7 20,4 9,2 4,8

40,3 28,4 20,9 7,5 2,9

PP PS PAR CHa IU

39,0 31,5 13,5 11,3 3,9

41,8 34,3 14,9 7,5 1,5

PS PP CHA PAR IU

37,9 30,8 13,7 11,2 3,0

40,3 32,9 13,4 11,9 1,5

Asturias

PP PS IU PAS

42,0 33,8 16,4 3,2

46,7 37,8 13,3 2,2

PS PP IU URA

46,3 32,8 9,1 7,1

53,3 33,3 6,7 6,7

PS PP IU

40,3 39,3 11,2

48,9 42,2 8,9

Baleares

PP# PS PSM IU UM Evif Aipf

45,1 23,9 12,2 6,6 5,3 3,1 0,3

50,8 27,1 10,2 5,1 3,4 1,7 1,7

PP PS Psm UM IU Ppro Cop

43,9 22,0 11,8 7,3 5,4 4,5 0,4

47,5 22,0 8,5 5,1 5,1 10,2 1,6

PP PS Pact Psm UM IU aipf

44,7 24,6 3,6 8,0 7,5 4,9 0,4

49,1 25,4 8,5 6,8 5,1 3,4 1,7

Canarias

CC PP PS PNC AHI

32,8 31,1 23,0 3,0 0,3

36,7 30,0 26,6 5,0 1,7

CC PP PS AHI

37,5 27,6 24,4 3,3

40,0 25,0 31,7 3,3

CC PP PS FNC

32,6 30,8 25,5 4,9

36,7 28,3 30,0 5,0

Cantabria

PP PS UPC PRC IU

32,5 33,3 25,1 25,6 16,6 17,9 14,6 15,5 7,4 7,7

PP PS PRC

43,6 33,9 13,9

48,7 35,8 15,4

PP PS PRC

42,4 29,9 19,5

46,2 33,3 20,5

402



1995 (*)

1999 (*)

Partido

%v

PS PP IU PP PS IU UPL

45,7 44,3 7,6 52,3 29,6 9,6 2,6

51,1 46,8 2,1 59,5 32,1 6,0 2,4

CiU PS ERC IC PP PS PP IU EU PP PS BNG PP PS IU

46,0 27,4 7,9 6,5 5,9 43,9 39,5 10,6 3,8 52,2 26,8 18,8 50,9 29,7 16,0

51,6 31,1 7,1 5,1 5,1 47,7 41,5 9,2 1,5 57,3 25,4 17,3 52,4 31,1 16,5

Murcia

PP PS IU

52,3 31,9 12,5

Navara

UPN PS CDN IU HB EA

País Vasco (*)

PNV PS HB EA PP EE UA

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña (*)

Extremadura

Galicia (*)

Madrid

%es Partido

%v

2003 (*) (##) %es Partido

%v

% es

PS PP

54,2 44,0

55,3 44,7

PS PP

57,8 36,7

61,7 38,3

PP PS IU UPL TC CIU PS PP IU ERC PS PP IU

52,0 33,9 5,6 3,8 1,4 40,9 24,9 13,1 9,7 9,5 49,0 40,5 6,1

57,8 36,2 1,2 3,6 1,2 44,4 25,2 12,7 8,1 9,6 52,3 43,1 4,6

PP PS UPL

48,6 36,7 3,9

58,5 37,8 3,7

PS CiU PP ERC IC PS PP IU

37,8 37,7 9,5 8,7 2,5 51,6 38,7 6,3

38,6 41,4 8,9 8,9 2,2 55,4 40,0

PP BNG PS PP PS IU

52,2 24,8 19,5 52,2 37,2 7,9

56,0 24,0 20,0 53,9 38,3 7,8

PP Bng PS PP PS IU

51,6 22,6 21,8 46,7 40,0 7,7

54,6 22,7 22,7 49,5 42,3 8,2

57,8 33,3 8,9

PP PS IU

53,6 36,4 7,1

57,8 40,0 2,2

PP PS IU

56,7 34,0 5,7

62,2 35,6 2,2

31,4 20,8 18,5 9,4 9,2 4,6

34,0 22,0 20,0 10,0 10,0 4,0

UPN PS HB IU CDN PNV

39,9 20,3 15,8 6,8 6,8 6,7

44,0 22,0 16,0 6,0 6,0 6,0

Upn PS IU Aral Cdn Pnv

41,4 21,1 8,8 7,7 7,6 7,4

46,0 22,0 8,0 8,0 8,0 8,0

28,5 19,9 18,3 11,4 8,2 7,8 1,4

29,3 21,3 17,3 12,0 8,1 8,0 4,0

PNv PS HB PP EA IU UA

29,3 16,8 16,0 14,2 10,1 9,0 2,7

29,2 16,0 14,7 14,7 10,7 8,0 6,7

PNV PP HB PS EA IU UA

27,6 19,9 17,7 17,3 8,6 5,6 1,3

28,0 21,2 18,7 18,7 8,0 2,7 2,7

403



1995 (*)


%v

2003 (*) (##)

Partido

%v

%es Partido

Rioja

PP PS IU PR

49,5 34,0 7,2 6,7

51,5 36,3 6,1 6,1

PP PS PR

52,4 36,1 5,9

54,5 39,4 6,1

C. Valenciana

PP PS IU UV

42,9 33,9 11,5 7,0

47,2 36,1 11,2 5,5

PP PS IU

48,6 34,4 6,1

55,1 39,3 5,6

%v

% es

PP PS PR

48,4 38,3 6,8

51,5 42,4 6,1

PP PS IU

46,9 35,7 6,3

53,9 40,4 5,7

Fuente: López Nieto, L., 2012, sobre diversas fuentes oficiales. No se incluyen Ceuta y Melilla por carecer de datos oficiales. Los partidos parlamentarios están ordenados en función del número y porcentaje de votos. En Baleares: #, PP en coalición con UM; EN = coalición de diversas formaciones socialistas y nacionalistas de las Islas. (##)

Lo primero que cabe destacar es la enorme riqueza de los resultados al estar ante un universo de 141 casos, ya se que se han celebrado ocho elecciones en doce CCAA y nueve en Andalucía, Cataluña, Madrid, Asturias y País Vasco en un periodo de 33 años. Tenemos por lo tanto un material para estudiar unos comicios en los que como ya sabemos influyen muchos factores. Nuestro análisis es comparado y pretende determinar las posibles similitudes y diferencias que se ha producido en el comportamiento electoral en las CCAA a lo largo de un largo periodo. Presentamos algunas pautas esenciales a modo de ejemplo, que denotan también las características contrarias que son complementarias y que aunque no se explicitan deben ser igualmente tenidas en cuenta. • En algunas CCAA el partido que ha tenido más votos y escaños siempre ha sido el mismo: PS en Andalucía, en Castilla La Mancha y Extremadura hasta 2012 y 2011 respectivamente; el PP en Baleares y Galicia y el PNV en País Vasco. Sin embargo, no siempre ha alcanzado más del 50% de los votos. • Los dos partidos con más votos en la mayoría de CCAA han sido el Partido Socialista y el Partido Popular, aunque en los años ochenta obtuvo más apoyo el PS y en la siguiente el PP. Desde 1999 los resultados de ambas formaciones están muy equilibradas y son muy competidos en numerosas CCAA.

404


• Se ha producido cambios en los apoyos electorales, pero salvo en la Región de Murcia, estos no han sido bruscos. • La cantidad de apoyo electoral del primer y segundo partido, es decir el porcentaje de votos ha variado en las dos o tres últimas elecciones en todas las CCAA. • En ninguna CCAA el número de partidos parlamentarios ha sido el mismo No se encuentra tampoco una única tendencia en el tiempo, sino que en la mayoría de las CCAA aumenta o disminuye el número de partidos parlamentarios, salvo alguna excepción17. • Solo tres CCAA han tenido un número pequeño y estable de partidos parlamentarios, con la excepción ocurrida en las segundas elecciones por la presencia del CDS son Castilla la Mancha, Madrid y Murcia. • Las CCAA con un marcado bipartidismo en todo el periodo son las tres anteriores más Castilla León, La Rioja y La Comunidad Valenciana. • Conviene destacar los significativos apoyos electorales de otros dos partidos de implantación nacional (CDS en 1987 y 1991) y de IU (1991 y 1995) en varias CCAA18, que producen legislaturas parlamentarias inestables debido a la pérdida de las mayorías absolutas alcanzadas en las elecciones de 1983. • Las CCAA con una presencia mayor de partidos parlamentarios han sido cinco, las dos insulares, más Cataluña, Navarra y el País Vasco. En ellas se combina la presencia mayoritaria de dos partidos, uno de ámbito nacional (PP o PS) con otros nacionalistas o regionalistas (CIU, PNV, CC) cuyos apoyos se han modificado en el tiempo. En algunas la fragmentación del sistema produce claro formato pluripartidista, especialmente en el caso del País Vasco y tripartidista en Aragón, Canarias y Navarra. • Los apoyos electorales y parlamentarios de ciertas formaciones políticas de distinto ámbito territorial e ideario19 en otras CCAA (Andalucía, Ara17 Por ejemplo, en Asturias, Baleares y Cantabria ha aumentado el citado número, pero en Galicia han ido disminuyendo. 18 Asturias, Canarias, Castilla la Mancha y Castilla León; en menor medida en Madrid, Murcia, Navarra, la Rioja y Comunidad Valenciana. 19 De ámbito nacional IU y CDS, este último especialmente en las elecciones de 1987. Los partidos regionalistas que han tenido suficiente apoyo para influir han sido el PAR y la Chunta en Aragón, UPC o PRC en Cantabria, PR en la Rioja, HB, EE y EA en el País Vasco y UV en la C. Valenciana.

405


gón, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana) han dado lugar a un sistema multipartidista y habrían sido decisivos en la gobernabilidad de estas CCAA en al menos dos legislaturas. • La presencia de estas formaciones menores en algunas CCAA ha ido aumentando (por ejemplo, Canarias) y en otras ha seguido ambas pautas, aunque en la mayoría de los casos se ha estabilizado, independientemente de la influencia que hayan producido en la gobernabilidad (por ejemplo, Aragón, Galicia). • En todo caso el número de partidos parlamentarios se ha ido reduciendo ya que en Canarias en la I legislatura hubo nueve y en Navarra en la II hubo ocho. En algunas de las 3 o 4 últimas elecciones las CCAA con mayor número han sido Baleares, Cataluña y País Vasco, seguidas de Navarra (seis) Aragón, Asturias y Canarias con cinco.

Tabla 5. (Continuación). Porcentaje de votos y de escaños de los partidos parlamentarios en las 7.a, 8.a y 9.ª elecciones autonómicas Comunidad 2007 * 2007* % 2011** Candidatura Candidatura Autónoma % votos escaños % votos

Andalucía

Aragón

Asturias

2011 % Candidatura 2012 escaños

PSOE

50,3

55,9

PS

48,4

51,4

PP

40,7

45,8

PP

31,8

33,9

PP

38,4

44,1

PS

39,6

43,1

IU

7,5

5,5

IU

5,5

7,1

IU

11,3

11,0

PA

6,2

4,6

PSOE

41,0

44,7

PP

39,7

44,8

PP

31,1

34,3

PS

29,0

32,8

PAR

12,1

13,4

PAR

9,1

10,4

CHA

8,2

5,9

CHA

8,2

5,0

IU

4,1

1,5

IU

6,2

5,0

PP

41,8

44,4

PS

29,9

33,3

PS

32,0

35,6

PSOE

41,6

46,6

Foro

29,7

35,6

Foro

24,8

28,9

9,8

8,8

PP

20,0

22,2

PP

21,5

22,2

IU

10,3

8,9

IU

13,8

11,1

3,7

2,2

IU

UPyD

Baleares

406

2012

PP

46,0

47,4

PP

44,4

59,3

PSOE

31,8

37,3

PS

20,5

23,7

Bloque

9,8

8,5

PSM

8,2

6,8

UM

6,6

5,1

PS-Evis

2,9

6,8

AIPF

0,4

1,7

PSM

0,9

1,7

G. Formt

0,4

1,7


Tabla 5. (Continuación) Comunidad 2007 * 2007* % 2011** Candidatura Candidatura Autónoma % votos escaños % votos

Canarias

PSOE

34,7

43,3

PP

31,9

PP

24,4

25,0

CC+PNC+CCN

24,7

33,3

CC

23,4

28,3

PS

21,0

25,0

0,3

3,3

NC

9,1

5,0

AHI-CC

0,2

1,7

CC-AHI

Cantabria CastillaLa Mancha Castilla y León

Cataluña*

41,5

43,6

PP

46,1

51,3

PRC

28,9

30,7

PRC

29,1

30,8

PSOE

24,3

25,6

PS

16,4

17,9

PSOE

51,9

55,3

PP

48,1

51,9

PP

42,5

44,7

PS

43,4

49,0

PP

49,41

57,83

PP

51,4

63,1

PSOE

37,49

39,75

PS

29,6

34,0

2,74

2,40

IU

4,9

1,2

UPL

1,8

1,2

UPL CIU

30,8

34,1

CiU

31,5

35,6

CiU

37,1

45,9

PSC

31,3

31,1

PS

26,8

27,4

PS

17,8

20,7

ERC

16,4

17,0

ERC

14,1

15,6

PP

11,9

13,3

PP

11,9

11,1

PP

10,6

10,4

ERC

6,8

7,4

ICV

7,3

6,7

ICV

9,6

8,9

ICV

7,1

7,4

Ciud

3,0

2,2

Ciud

3,3

2,2

S.I.

3,2

3,0

55,8

PSOE Extremadura PP

Madrid

Murcia

52,9

58,5

PP

46,1

49,2

38,8

41,5

PS

43,4

46,2

IU

5,7

4,6

PP

45,0

49,3

PP

46,7

50,7

PSOE

33,1

33,3

PS

33,3

33,3

BNG

18,6

17,3

BNG

16,0

16,0

PP

48,5

51,4

PP

53,3

55,8

PP

51,7

PSOE

39,0

40,5

PS

33,5

35,0

PS

26,3

27,9

IU

8,5

8,1

IU

8,9

9,2

IU

9,6

10,1

UPyD

6,3

6,2

PP

58,5

64,4

PP

58,8

73,3

PSOE

31,8

33,3

PS

23,9

24,4

IU

IU

Navarra

2012

35,0

PP

CIUD

Galicia*


6,2

2,2

7,8

2,2

UPN

42,2

44,0

UPN

34,5

38,0

NB

23,7

24,0

PS

15,9

18,0

PSN

22,4

24,0

NA-BAI

15,4

16,0

CDN

4,4

4,0

BildEA

13,3

14,0

PP

7,3

8,0

IU

4,4

4,0

IU

5,7

6,0

407


Tabla 5. (Continuación) Comunidad 2007 * 2007* % 2011** Candidatura Candidatura Autónoma % votos escaños % votos

País Vasco*

PNV EA

42,4

44,0

PNV

38,6

38,7

PNV

38,6

40,0

17,8

17,0

PS

22,7

24,0

PS

30,7

33,3

PP+UA

22,9

25,0

PP

17,4

20,0

PP

14,1

17,3

HB/PCTV

10,0

9,0

PCTV

12,4

12,0

Aralar

6,3

5,3

5,5

4,0

IU

5,4

4,0

EA

3,7

1,3

Aralar

2,3

1,3

IU

3,5

1,3

UPyD

2,2

1,3

Aralar

C.omunidad Valenciana

2012

PSE

IU

La Rioja


PP

48,7

51,5

PSOE

PP

52,0

60,6 33,3

40,4

42,4

PS

30,3

PR

6,0

6,1

PR

5,4

6,1

PP

52,5

54,5

PP

49,4

61,8

PSOE

34,5

38,4

PS

8,0

7,1

IU

28,0

33,3

Compr

7,2

6,1

IU

5,9

5,1

Fuente: López Nieto, L., 2012 sobre datos oficiales de las J.E. CCAA. (*) Las fechas de las elecciones en estas CCAA, anteriores y más próximas a las de las 13 restantes fueron: Andalucía: 1982, 1986, 1990, 1994, 1996, 2000, 2004, 2008 y 2012. En Cataluña 1980, 1984, 1988, 1992, 1995, 1999, 2003, 2006 y 2010. En Galicia: 1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005 y 2009. En el País Vasco: 1980, 1984, 1986, 1990, 1994, 1998, 2001, 2005 y 2009; Madrid: 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003 Mayo, 2003 octubre y 2007. En Asturias: 2012 ** En 2009 el PNV va solo.

Obviamente las trece ideas o pautas sistematizadas se multiplican por dos dado que se pueden también destacar las características opuestas y complementarias: por ejemplo, la primera pauta se puede completar con la afirmación de que en once CCAA, no ha ganado nunca el mismo partido. Esto quiere decir también, que en la mayoría de las CCAA el comportamiento ha cambiado y evolucionado en algún momento, frente a otras CCAA que habrían manifestado un mayor conservadurismo y lealtad a un único partido. En todo caso, la evolución ha sido progresiva y casi nunca brusca. Cuando esto ha ocurrido (por ejemplo en C. de Murcia o Asturias20) obedece a graves tensiones internas en los partidos, que motivan un vuelco electoral, como ocurriera en las legislativas de 1982 con la rotunda victoria del PSOE tras la ruptura de la UCD.

20

En las cuartas elecciones en Murcia el PP consigue la mayoría absoluta después de tres socialistas anteriores.

408


Además es posible hacer un análisis comparado por elección y determinar los hipotéticos cambios producidos en el periodo estudiado. Señalábamos antes por ejemplo que en las elecciones de 1987 la fuerte presencia de CDS modificó el sistema de partidos en muchas CCAA, influencia que durante la legislatura se tradujo, como veremos después, en una mayoría de gobiernos minoritarios, pero por ello, de gran relevancia de los parlamentos. Otra característica que se advierte del análisis temporal, es que a partir de las cuartas elecciones en diversas CCAA21 el P. Popular se convierte en la fuerza más votada, aunque en las elecciones de 2003 la diferencia respecto al PSOE ha disminuido22. A partir de ese año, se puede hablar de una nueva etapa de mayor competitividad entre los dos principales partidos políticos, que también se ha producido en términos parlamentarios. En las elecciones de 2007 hubo parlamentos en los que se mantuvo el orden de los partidos (Andalucía, las dos Castillas, Extremadura, Madrid, Murcia… ) mientras que en otras cambió el primer partido (Canarias donde el PSOE que fue 3.º pasó a ocupar el primer lugar en detrimento de Coalición canaria que pasó del primer al tercer puesto), Cataluña donde CiU pasó al PSOE por poco, igual que en Asturias, donde el PP ganó por unos votos al PSOE que fue primer partido en las anteriores o Navarra donde el PSOE perdió el 2.º puesto a favor de Nafarroa Bai. Otro aspecto que se puede analizar es el porcentaje de votos alcanzados por el primer partido: en algunos casos se reforzó la mayoría (Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares Extremadura… ), mientras que en otros disminuyó la distancia respecto al segundo partido cuadros que recogen la competitividad electoral y parlamentaria. Tras la mencionada etapa de alta competitividad PSOE y PP, los resultados de las elecciones de 2011 muestran un nuevo cambio que se concreta en el aumento del apoyo electoral al PP y la disminución de los socialistas, que pierden la mayoría en algunas CCAA. En algunas regiones IU incrementa su voto y acceden a algunos parlamentos Bildu y UPyD (Unión Progreso y Democracia). Este plural escenario, en parte, se debe a la volatilidad de los partidos y de algunos políticos, que provocan la fractura y la aparición de nuevos partidos, que se fraguan en el ámbito autonómico y especialmente entre las formaciones del centro derecha y muchas veces con las tradicionales connotaciones 21

Aragón, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana. Sumando los resultados de las dos últimas elecciones, a pesar de la diferente celebración de ellas en cuatro CCAA, el PP ha aventajado en ambos casos al PSOE, aunque en las de 2003 esta ha sido tan solo de 2,5%. 22

409


regionalistas (CDS, AIC, CG, UPCA, UV, UA, CDN, PAR-PA, PSA-PA, UPyD etc.). Esta pauta serviría para argumentar algunas de las ideas centrales de este análisis: las relaciones entre las diversas «caras» o partes de los partidos desde las instituciones en las que actúan (organizaciones territoriales de los partidos, grupo parlamentario, partido en el gobierno) influyen y condicionan en mayor o menor medida en el devenir de los comportamientos y prácticas políticas de las CCAA. Tal como se ha puesto de manifiesto al analizar los resultados de los comicios, las similitudes y diferencias electorales, no se explican solo casi nunca en función del tipo y alcance de competencias, ni por la ubicación geográfica o desarrollo económico, ni por la orientación programática de los partidos. Sin embargo, el protagonismo de los lideres regionales, de la intrahistoria de los partidos, suelen tener una mayor capacidad explicativa de la rica y plural historia electoral autonómica. Todo análisis de los resultados y del efecto del sistema electoral sería parcial sino contara con la información sobre los votos que quedan sin representar (tabla 6) ya que permite observar que en algunas CCAA las variaciones son enormes, como también ocurre si analizamos los datos en términos comparados entre ellas. Solo en Cantabria esta cifra es muy significativa en tres elecciones; en otros casos tiende a disminuir (Galicia) y en otras ocasionalmente presentan un alto porcentaje23. De nuevo, la explicación de estas cuestiones exige buscar en los indicadores habituales (proporcionalidad, competitividad, primas, etc.) de cada proceso y de cada CCAA. Entre los casos mencionados como singulares, encontramos por ejemplo el de Madrid en 1991 debido a que el CDS se quedó a muy pocos votos de conseguir el escaño o en la Comunidad Valenciana en las quintas y sextas elecciones, donde le ocurrió lo mismo al Bloque-Izquierda Valenciana. Estos casos diferenciados ocurren tanto en CCAA con distrito único, como con varios de desigual tamaño. El coeficiente electoral de los mismos también es muy variado. Es sabido que estos elementos del sistema electoral suelen influir en la proporcionalidad, como también ocurre con el número y tipo de sistema de partidos, sobre todo cuando una candidatura queda a muy pocos votos para acceder al escaño. Este sería uno de los factores con mayor carácter explicativo, ya que apenas hay elementos comunes entre los casos excepcionales citados, por lo que habría que seguir investigando, 23

En la Rioja, Extremadura y Murcia una ocasión, en Asturias y C. Mancha en las primeras elecciones y en Murcia y Valencia en las terceras, quintas y sextas.

410


Tabla 6. Porcentajes de votos sin representación en las elecciones autonómicas, 1980-2012 CCAA

1983

1987

1991

1995

1999

2003

2007

2011

2012

Andalucía *

3,5

6,4

4,8

1,9

2,0

2,3

2,6

6,1

7,3

Aragón

2,8

5,6

7,6

2,4

0,8

3,4

3,5

4,6

Asturias

6,9

4,3

3,2

4,6

5,6

9,2

6,8

7,6

Baleares

5,4

5,6

9,9

3,5

4,7

4,7

5,3

15,6

Canarias

3,9

7,5

3,2

9,8

7,2

6,2

17,2

10,3

Cantabria

11,0

9,6

11,0

3,8

8,6

8,2

5,3

8,7

Castilla-La Mancha

11,8

8,2

4,8

1,4

1,8

5,5

5,6

6,9

Castilla y Léon

6,5

7,3

5,2

5,9

3,3

10,8

10,4

12,3

Cataluña *

9,3

5,7

3,0

6,3

1,9

2,8

2,5

4,3

Extremadura

1,7

3,0

10,8

2,2

4,4

3,4

8,3

3,7

Galicia *

9,6

7,0

7,9

2,2

3,5

4,0

2,9

4,6

Madrid

6,0

4,3

7,5

3,4

2,7

5,7

2,3

4,3

Murcia

4,4

5,4

11,0

3,3

2,9

3,5

3,5

7,1

Navarra

9,1

5,1

9,9

6,1

4,2

5,8

3,3

5,5

País Vasco *

4,1

2,5

2,1

4,5

1,9

2,0

1,3

1,4

Rioja, la

5,3

8,4

10,5

2,6

5,6

4,5

5,1

9,8

C. Valenciana

9,2

6,8

11,5

4,7

10,9

11,1

5,0

9,8

3,1

6,3

3,7

1,2

Fuente: López Nieto, L., 2012, (*) las fechas de las elecciones en estas CCAA están consignadas en la tabla 5.

teniendo en cuenta que la competitividad electoral y parlamentaria son también diferentes. El aumento de voto sin representar en las últimas elecciones en parte obedece que las normas electorales autonómicas no han reducido ni las subvenciones para las candidaturas concurrentes ni han aumentado los requisitos para concurrir, en contraste con las reformas introducidas en la L.O.R.E.G, (enero de 2011). Como se advierte en el capítulo anterior, dichas modificaciones han reducido el número de candidaturas concurrentes a las elecciones legislativas de 2011. Además, hay que recordar que existe un número de electores que modifica su comportamiento y opta por participar o abstenerse y en este segundo caso por mantener o cambiar su apoyo electoral a determinadas formaciones. Es decir, también se debe al incremento de la volatilidad electoral.

411


3.3. Competitividad electoral y parlamentaria Para analizar la competitividad electoral presentamos la tabla 7 que tiene doble entrada. Por una parte están los intervalos, de menor a mayor, recordando que cuanto menor es el intervalo (0-05%) mayor es la competitividad y en el extremo opuesto (+30,1%) menor es la competitividad. Además el cuadro tiene otra entrada en la que aparecen las siglas de los dos primeros partidos, donde se colocan las CCAA cuyo primer partido sea PSOE o PP y en los intervalos correspondientes la diferencia entre el porcentaje de votos de ambos24. Al leer el cuadro se puede ver en cada elección que partido ha ganado y cuanta es la ventaja obtenida en porcentaje de votos. Así mismo se identifican en el tiempo los cambios, bien porque hay más CCAA en los intervalos de más competitividad, bien porque la columna de cada partido concentra más CCAA. En concreto en las tres primeras elecciones las columnas del PSOE indican que este partido ganó en más CCAA, lo mismo que ocurrió con el PP en las tres siguientes. En todo caso, la competitividad electoral en las elecciones autonómicas analizadas vuelve a mostrar la pluralidad y ausencia de sistemática en los resultados producidos, así como la dificultad de encontrar pautas interpretativas a los mismos. No hay ninguna CCAA que se haya mantenido en el mismo margen de competitividad en las elecciones celebradas. Las CCAA con mayor competitividad han sido Asturias, Cataluña y Castilla León en tres comicios entre los mismos partidos, salvo en Asturias en 2012 aunque con cambio del primer partido; y en Canarias (1995 y 2003) y La Rioja dos veces (1987 y 1991). También fue importante la competitividad, aunque situada en el siguiente intervalo, en seis CCAA en tres elecciones en Cantabria, Aragón y Madrid y en dos comicios en Andalucía, Canarias, Cataluña y País Vasco. En el polo opuesto, el de menor competitividad se sitúa Andalucía hasta las dos últimas elecciones y en el siguiente intervalo también Extremadura y Castilla la Mancha con poca competitividad en las primeras tres elecciones, lo que podría también indicar un sistema de partidos electorales hegemónico, pero en la década de los ochenta, ya que después en estas CCAA y en dos elecciones hubo alta competitividad. En la siguientes décadas en 24

Cuando el primer partido es otro se hace constar en el propios cuadro, por ejemplo, CIU, PNV o C. Canaria.

412


Tabla 7. Competitividad electoral en las elecciones autonómicas, 1980-2012 Margen

1983* PS

1987* PP

PS

PP Baleares Castilla y León

0-5

Castilla y León

Baleares Galicia

Navarra Rioja

5,1 a 10

Castilla-La Mancha Rioja

Cantabria Cataluña (CIU)

Aragón Canarias Madrid

10,1 a 15

Canarias Navarra

Asturias Castilla-La Mancha Murcia

Madrid Murcia 15,1 a 20 C. Valenciana

20,1 a 30

Aragón Asturias Extremadura

+ 30,1

Andalucía

P. Vasco (PNV)

1991* PS

PP

Cantabria Rioja

Castilla y León Navarra P. Vasco (PNV) Madrid

Asturias Canarias Murcia

Galicia

Cataluña (CIU) C. Valenciana P. Vasco (PNV)

Aragón Castilla-La Mancha C. Valenciana

Baleares Cataluña (CIU)

Andalucía Extremadura

Extremadura

Cantabria Galicia

Andalucía

Fuente: López Nieto, L., 2012 (*) las fechas de las elecciones en estas CC. AA. están consignadas en la tabla 5.

Castilla y León y Madrid en dos ocasiones hay poca competitividad, Galicia pasa a ser tener un partido hegemónico en tres elecciones y Baleares y Murcia en cuatro. En los dos intervalos intermedios, con poca competitividad (de 15,1 a 20) se sitúan Cataluña en cuatro ocasiones, la C. Valenciana en tres comicios y La Rioja y País Vasco en dos. En el otro intervalo intermedio, pero con mayor competitividad (10,1 a 15) hay ocho CCAA, dos de ellas en tres elecciones (Navarra 1983,1995 y 1999) y Asturias (1987, 1991 y 1995) y las otras seis (Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Galicia, Murcia y C. Valenciana) en dos comicios.

413


Otro aspecto que diferencia estos casos es que en Asturias, Castilla la Mancha, Galicia, Murcia y la C. Valenciana compiten los dos mismos partidos y en el mismo orden. Sin embargo, en Cantabria y Navarra el primer partido (PS) pasa a ser segundo en la otra elección (1995) y en Canarias el segundo partido (PP) en 1983 pasa a ser AIC en las de 1991. Por lo tanto, en la mayoría de las CCAA la distancia entre los dos primeros partidos electorales ha variado prácticamente en cada elección, dicho de otro forma, el alcance de los apoyos electorales ha cambiado en términos cuantitativos en cada comicio, tanto en elecciones simultáneas, como en las que se cele-

Tabla 7. (Continuación) Margen

0-5

5,1 a 10

1995*

1999*

PS

PP

Castilla-La Mancha Extremadura

Canarias (CC)

Andalucía

Asturias Cantabria P. Vasco Extremadura (PNV) C. Valenciana

10,1 a 15,0

Aragón Navarra

15,1 a 20

Cataluña (CiU) La Rioja

20,1 a 30

Baleares Castilla y León Galicia Madrid Murcia

PS

Andalucía Asturias Castilla-La Mancha

2003* PP

Aragón Canarias (CC) Cantabria

PS

PP

Asturias Cataluña

Canarias (CC)

Andalucía Aragón

P. Vasco (PNV) Madrid

Madrid Cantabria Navarra Castilla y P. Vasco León Extremadura (PNV) La Rioja C. Valenciana C. Valenciana C. León Cataluña (CiU) Murcia La Rioja

Baleares Galicia

Castiila-La Mancha

Baleares Galicia Murcia Navarra

Fuente: López Nieto, L., 2012; elaboración propia sobre fuentes oficiales. (*) Las fechas de las elecciones en Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid y País Vasco, consignadas en la tabla 5.

414


Tabla 7. (Continuación). Margen

2007

2011/12*

PS

PP

PS

PP

0-5

Aragón Cataluña (PS-CiU, 2003)

Asturias Cataluña (CiU-PS, 2006)

Asturias?? (2012)

Andalucía (2012) Asturias (Foro) C. Mancha Extremadura

5,1 a 10

Andalucía (2008) Castilla Mancha

País Vasco (PNV) Madrid (octubre 2003) Rioja

Asturias PSOE-Foro (2012)

Canarias (PP-CC) País Vasco (PNV, 2009)

10,1 a 15

Canarias Extremadura

Baleares Cantabria (PP-PRC) Castilla León Galicia (2005)

Aragón Galicia (2009)

15,1 a 20

Andalucía (2004)

Madrid Navarra C. Valenciana

Cataluña (CiU, 2010) Navarra (UPN)

Murcia

Baleares Cantabria (PP-PRC ) C. León Madrid Murcia ** Rioja C. Valenciana

20,1 a 30

Fuente: López Nieto, L. 2012; elaboración propia sobre fuentes oficiales. (*) Las fechas de las elecciones en Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, Madrid y País Vasco, consignadas en la tabla 5. (**) El margen de Murcia es superior a 30 puntos.

bran aisladamente y lo mismo en comunidades gobernadas por el mismo partido, como en las que hay alternancia. Al analizar los votos sin representar y los sistemas de partidos electorales y parlamentarios, cabría deducir que en términos generales, el funcionamiento de los sistemas electorales autonómicos habría sido bastante proporcional. Este aspecto se puede complementar comparando la competitividad electoral con la parlamentaria. En términos generales, cabe decir que los sistemas electorales han traducido con bastante fidelidad los votos en

415


escaños, ya que las primas no son muy grandes y normalmente favorecen más al primer partido. Obviamente hay excepciones25, especialmente en el País Vasco, quizá la CA más proporcional y donde la competencia entre partidos altera la posición de los mismos al comparar ambos índices26. Estas excepciones se han ido manifestando con más frecuencia en las siguientes elecciones (Cataluña en las de 1999 y 2003). Con objeto de recapitular sobre los resultados y para enlazar con los resultados institucionales, se contempla de forma sistemática la competitividad parlamentaria (tabla 8), que recoge los indicadores más significativos de los resultados electorales de cara a su proyección en las instituciones, que es lo que en última instancia «se juega» en las elecciones, la presidencia de los gobiernos. En este caso el cuadro que recoge la competitividad parlamentaria (tabla 8) explicita los partidos que compiten y el índice resultante de la misma, sin distribuirlo en intervalos. Ello quiere decir que a partir de la lectura del cuadro habría que ordenar los niveles de competitividad en el tiempo por CCAA y por partidos en competencia entre otros análisis posibles. En la mayoría de los casos, los índices de la tabla 8 son mayores que los relativos a la competitividad electoral, por los efectos de los sistemas electorales. Por su parte los partidos competidores también son los mismos, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, en las sextas elecciones en Cataluña, el primer partido electoral (PS) fue el segundo parlamentario. En Canarias el segundo partido parlamentario en tres elecciones distinto al electoral por efecto de los distritos insulares, lo que provocó que el tercer partido electoral (CDS en 1987 y PP en 1999 y 2003) quedase relegado a tercer partido parlamentario. El análisis de estos resultados vuelve a mostrar la amplia casuística y las dificultades para establecer tipologías cuando se analizan los partidos competidores y la distancia entre ellos en los siete y ocho comicios. En primer lugar, destacamos que en algunas CCAA, ni elección se han producido márgenes de competitividad similar, porque la fuerza y solidez de los dos primeros partidos ha sido diversa en cada comicio. En algunas CCAA el índice ha ido creciendo con el paso del tiempo (Baleares, Castilla León, Galicia). En 25 En las segundas elecciones en Canarias, toda la ventaja la obtiene el primero muy primado; en Navarra y La Rioja (segundas) la prima del segundo partido es superior a la del primero. 26 En las terceras elecciones el primer partido electoral fue el PNV y en términos parlamentarios lo fue el PS.

416


Tabla 8. Competitividad parlamentaria entre los dos principales partidos en las elecciones autonómicas (1983-2012) CC. AA.

1983

1987

1991

1995

1999

2003

Andalucía**

PS-PP 44,9

PS-PP 29,4

PS-PP 33,0

PS-PP 3,7

PS-PP 10,1

PS-PP 5,5

Aragón

PS-PP 23,8

PS-PAR 13,0

PS-PAR 20,0

PP-PS 12,0

PP-PS 7,5

PS-PP 7,4

Asturias

PS-PP 26,6

PS-PP 15,6

PS-PP 13,3

PP-PS 8,9

PS-PP 20,0

PS-PP 6,7

Baleares

PP-PS 1,9

PP-PS 6,7

PP-PS 18,6

PP-PS 23,8

PP-PS 25,5

PP-PS 23,7

Canarias

PS-PP 16,7

PS-CDS 11,7

PS-AIC 11,6

CC-PP 6,7

CC-PS 8,7

CC-PS 6,7

Cantabria

PP-PS 8,5

PP-PS 12,9

PS-UPC 12,5

PP-PS 7,7

PP-PS 12,8

PP-PS 12,9

Castilla-La Mancha

PS-PP 4,5

PS-PP 14,9

PS-PP 17,0

PS-PP 4,3

PS-PP 11,6

PS-PP 23,4

Castilla y León

PS-PP 3,5

PP-PS 1,2

PP-PS 9,5

PP-PS 27,4

PP-PS 21,6

PP-PS 20,8

Cataluña**

CIU-PS 7,5

CIU-PS 22,9

CIU-PS 20,9

CIU-PS 20,8

CIU-PS 19,2

CIU-PS 2,8

Extremadura

PS-PP 23,7

PS-PP 26,2

PS-PP 30,8

PS-PP 6,2

PS-PP 9,2

PS-PP 15,4

Galicia**

PP-PS 7,1

PP-PS 16,9

PP-PS 13,4

PP-PS 32,0

PP-BNG 32,0

PP-BNG 31,9

Madrid

PS-PP 18,0

PS-PP 8,4

PP-PS 5,9

PP-PS 21,3

PP-PS 15,6

PP-PS 7,2

Murcia

PS-PP 23,3

PS-PP 20,0

PS-PP 15,6

PP-PS 24,5

PP-PS 17,6

PP-PS 26,6

Navarra (*)

PS-PP 14,0

PS-PP 2,0

PP-PS 2,0

PP-PS 10,6

PP-PS 22,0

PP-PS 24,0

P. Vasco**

PNV-HB 23,4

PNV-PS 17,4

PS-PNV 2,6

PNV-PS 8,0

PNV-PS 13,2

PNV-PP 6,7

La Rioja

PS-PP 8,5

PS-PP 2,8

PS-PP 3,0

PP-PS 5,1

PP-PS 15,1

PP-PS 9,1

C. Valenciana

PS-PP 21,3

PS-PP 19,1

PS-PP 15,7

PP-PS 11,2

PP-PS 15,1

PP-PS 13,5

Fuente: Lopez Nieto, L. 2008. (*) Es UPN; (**). Las fechas de las elecciones en estas CCAA fueron: Andalucía: 1982, 1986, 1990, 1994, 1996, 2000, 2004, 2008 y 2012. Cataluña1980, 1984, 1988, 1992, 1995, 1999, 2003, 2006 y 2010. Galicia: 1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005 y 2009. País Vasco: 1980, 1984, 1986, 1990, 1994, 1998, 2001, 2005 y 2009. (***) Madrid celebró dos elecciones en 2003, por lo que las de 2007 son las 8.ª. El segundo partido parlamentario (PS) es diferente del electoral debido a la influencia de los distritos insulares en la representación. Asturias celebró una elección en marzo 2012.

417



Partidos

Márgenes

Partidos

Márgenes

Partidos

Margen

2007

2007

2011

2011

2012

2012

Andalucía*

PSOE-PP

22,02

PSOE-PP

7,3

Aragón

PSOE-PP

10,40

PP-PSOE

12,0

Asturias

PSOE-PP

2,20

Baleares

PP-PSOE

10,12

PP-PSOE

Canarias

PSOE-CC

11,70

PP-C.C.

Cantabria

PP-PRC

12,90

PP-PSOE

20,5

C. La Mancha

PSOE-PP

10,63

PP-PSOE

2,0

C. León

PP-PSOE

18,08

PP-PSOE

21,8

Cataluña*

CiU-PSOE

3,00

CiU-PSOE

Foro-PSOE

2,3

PP-PSOE

2,7

PSOE-Foro

6,7

CiU-PSOE

25,2

PP-PSOE

27,9

35,6 1,7

8,15

Extremadura

PSOE-PP

16,93

PP-PSOE

5,8

Galicia*

PP-PSOE

16,00

PP-PSOE

17,4

Madrid

PP–PS0E

10,9

PP-PSOE

20,83

Murcia

PP-PSOE

31,10

PP-PSOE

48,9

Navarra

PP-NB

20,00

UPN-PSOE

20,0

País Vasco*

PNV-PP

27,10

PNV-PSOE

20,0

Rioja, La

PP-PSOE

9,09

PP-PSOE

27,3

C. Valenciana

PP-PSOE

16,16

PP-PSOE

28,5

PNV-PSOE

6,7

Fuente: López Nieto sobre datos oficiales de las J.E. CC. AA. (*) En las CC. AA. con distinto calendario ver fuentes arriba.

algunas aumenta solo en las tres últimas elecciones (Navarra), mientras que en otras (Andalucía y Extremadura) fue alto en las primeras y luego bajó. En otros casos los índices son similares en el tiempo (Murcia, C. Valenciana), pero en la mayoría de las CCAA no tienen una pauta o dirección única, suben y bajan, lo que permitiría denominar a este tipo «montaña rusa». Así, Cantabria ha tenido en 5 ocasiones competitividad media y en Murcia en seis comicios y Castilla León con cinco de baja competitividad. Mientras que en Baleares, Cataluña y Navarra se alternan ambos tipos extremos, como también en Aragón, Baleares o Canarias. Cuando nos fijamos en los partidos en competencia encontramos que en la mayoría de CCAA los dos partidos primeros partidos siempre han sido los mismos. En algunas además estos ocupan el mismo orden (Andalucía, Baleares, Castilla la Mancha y Extremadura), es decir en las CCAA que podríamos

418


denominar continuistas. En otros casos, se produjo alternancia cuando el PP superó al PS en una o más elecciones (Asturias, Castilla León, Madrid, Murcia, Navarra, Rioja y C. Valenciana). En este grupo se puede incluir también Cataluña, entre CIU y PS, cuando en las últimas elecciones la competitividad electoral fue muy alta siendo el PSC el primer partido en unas y no en las 2006, no así la competitividad parlamentaria que es más amplia y a favor de CiU. En el extremo contrario se encontraría el País Vasco, donde cuatro partidos han ocupado el segundo lugar (HB, PS, PNV y PP). En Aragón esto ha ocurrido con tres partidos (PP, PAR y PS) y en Cantabria con dos (PS y UPC), aunque en ambos casos también ha cambiado el primer partido. Por el contrario en Galicia el PP siempre ha sido el primer partido pero ha habido dos diferentes como segundo (PS y BNG). De los 124 casos analizados, solo en uno de ellos, la competición se produjo entre dos formaciones nacionalistas (primeras elecciones en el País Vasco), ya que en los demás han intervenido alguno de los dos grandes partidos nacionales. Esta afirmación se puede matizar para el caso de los socialistas de Cataluña, cuya relación con el PSOE a veces se plantea como fuerza diferenciada. Este fue el caso de la resolución de la Junta Electoral Central que otorgó al Partido Popular la consideración de primer partido en España, al reconocer al Partido Socialista de Cataluña como formación independiente27. En todo caso, ello no quiere decir que carezcan de importancia otras fuerzas, ni que el sistema de partidos esté nacionalizado, porque como veremos después, el peso de otras formaciones ha sido muy importante en las mayorías parlamentarias y en la gobernabilidad. Los resultados de las séptimas y octavas elecciones muestran que en dos CCAA (Andalucía y País Vasco), la competitividad se ha modificado bastante respecto a las elecciones anteriores y ha disminuido, en el primer caso porque el PS consigue la mayoría absoluta y en el caso vasco por la alianza electoral de PNV con EA. Por el contrario, en Cataluña y en la Comunidad de Madrid, presentan índices similares a los habidos en la anterior elección, aunque con mayor competitividad en Cataluña. En el caso de Galicia ha aumentado ligeramente la competitividad electoral y parlamentaria ya que ha bajado del primer al segundo intervalo de competitividad. En concreto y como ejemplo de lo antedicho en Asturias y Cataluña el PP y CiU respectivamente desbancan al PSOE como primer partido y pasan a ocupar su lugar, pero la com-

27

Por ello el PP cerró todos los espacios gratuitos de publicidad en la campaña del Referéndum sobre el Proyecto de Tratado sobre la Constitución Europea.

419


petitividad sigue siendo muy alta y se mantiene como en las anteriores elecciones en el mismo intervalo de máxima competitividad. El único vuelco significativo se produjo en Canarias, donde el PSOE ocupó el primer lugar y aumentó la distancia respecto al PP, segundo partido. Entre los cambios que suponen una alteración de los intervalos encontramos tres casos: la reducción de la distancia por parte del PP respecto al PSOE en Castilla La Mancha y lo contrario ocurre en La Rioja, Baleares; el tercer caso es el representado por la Comunidad de Madrid, Navarra y la Valenciana ámbitos en los aumenta la distancia respecto al PSOE y que también implica un cambio en el intervalo. En Castilla León y Cantabria no varía el margen, pero en esta última Comunidad el PRC ocupa el segundo puesto que antes ocupara el PSOE. Obviamente estos pequeños cambios también se reflejan en la competitividad parlamentaria y advertimos tanto los cambios habidos: en Canarias el PSOE pasa a ser el primer partido parlamentario y CC invirtiéndose el orden respecto a las elecciones anteriores. En La Rioja el PRC queda como segundo y en Navarra NB y ocupan el lugar del PSOE. En las novenas elecciones se vuelve a producir situaciones diversas respecto a las octavas: en Andalucia y Asturias se produce una alta competitividad en ambas; por el contrario en Cataluña y Madrid es baja, mientras que en el País Vasco hubo una baja competitividad en las octavas y alta en las novenas. Casi siempre la diversidad de tipos de competitividad, tanto por las fuerzas que compiten, como por la distancia entre ellas, son una manifestación del cambio de orientación del electorado que se manifiesta en los procesos electorales españoles periódicamente, que se anticipa muchas veces en las autonómicas y municipales. Hay que recordar que las sucesivas orientaciones de voto obedecen a factores diversos. Algunos obedecen a las fracturas entre las fuerzas del centro derecha, lo que permite la presencia como partidos competidores de fuerzas regionalistas (por ejemplo en Aragón, Cantabria o Canarias). Como vemos los resultados de estas elecciones ratifican la idea de la pluralidad de arenas electorales, que son independientes del calendario de transferencias, del nivel de desarrollo socioeconómico, de su localización geográfica o de otras circunstancias habitualmente utilizadas para establecer tipologías autonómicas. Por el contrario, la intrahistoria de los partidos28 y el quehacer de los políticos, especialmente de los presidentes de gobierno, son 28

Por ejemplo, la cohesión, fracturas o coaliciones que ocurren durante la legislatura anterior a las nuevas elecciones.

420


variables que se han de tener muy en cuenta a la hora de explicar el comportamiento de los electores en los comicios autonómicos. El premio o castigo a los presidentes por su gestión explica buena parte de los cambios de orientación de voto, que suelen ir acompañados de la confianza o desconfianza en el candidato o partido adversario. Junto a estos factores no se puede olvidar otros que habitualmente influyen en todo proceso electoral, como el contexto político, social y económico, el protagonismo de los líderes nacionales o la focalización que hagan de estos hechos las empresas de comunicación. Una vez analizados los resultados agregados y comparados de todas las elecciones autonómicas, conviene presentar un análisis de casos, que complementan el estudio de todo proceso en el que se tienen en cuenta alguna de las variables que acabamos de considerar relevantes en todo estudio electoral.

4. UN EJEMPLO DE ANÁLISIS DE CASOS COMPARADOS Y SU EVOLUCIÓN: LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS EN EL PAÍS VASCO Y GALICIA DE 2001 Y 2005 4.1. Introducción Se trata de comparar y ver los cambios habidos entre las séptimas y octavas elecciones para elegir el Parlamento Vasco y las sextas y séptimas para el Parlamento de Galicia, ambas celebradas durante el año 2001 y 2005 respectivamente. Los breves análisis que realizamos de cada una de las últimas elecciones celebradas en cada Comunidad no son idénticos, ni exhaustivos, sino complementarios y aplicables para todos los procesos representativos autonómicos. He preferido mantener los análisis consecutivamente y mantener incluso explicaciones de las primeras elecciones y después hacer la comparación. Pretendo que les sirvan de guía para que Vds. los puedan utilizar para profundizar en los contenidos de las asignaturas y en su caso para ulteriores estudios.

4.2. El caso de la Comunidad Autónoma de Galicia Conviene que los análisis electorales partan del entorno político en el que se celebran los comicios. Este contexto era diametralmente opuesto en los dos casos que nos ocupa y se podrían ubicar en los extremos de un segmento,

421


de acuerdo con diversos indicadores del sistema representativo: el sistema de partidos electoral y parlamentario, la prima de cada partido, los votos sin representar, la competitividad electoral y parlamentaria, así como los tipos de gobiernos y la alternancia política. El análisis de ambos procesos electorales no es idéntico, sino complementario; pretendo con ello, mostrar las diversas aproximaciones analíticas que se pueden hacer a este objeto de estudio. En la Comunidad Autónoma de Galicia, en el año 2001, el presidente del gobierno con mayoría absoluta M. Fraga convoca las elecciones para renovar el Parlamento cuando se agotaba prácticamente la legislatura, de acuerdo con la normativa vigente y siguiendo la tradición de quién venía convocándolas durante el mes de octubre desde 1989. La normalidad democrática e institucional que presidía estas nuevas elecciones en las que el presidente en funciones M. Fraga, concurría por cuarta vez partía como ganador absoluto en las encuestas de opinión previas, quizá contribuya a explicar que la participación descendiera en 2,3% respecto a las elecciones anteriores de 1997 y un 4,5% respecto a las de 1993, que fueron las que presentaron la tasa más alta de participación de todas las elecciones autonómicas en esta Comunidad. En todo caso, este descenso es pequeño y se mantiene en un porcentaje de abstención similar a la media nacional sin volver a la tendencia histórica de la comunidad gallega que junto con Canarias eran las regiones más abstencionistas de España. La participación en las elecciones de 2005 se asemeja a la que se produjo en las de 1993, (64%) que recordemos se celebran en un contexto de alta competitividad PSOE y PP en el ámbito nacional. La participación ha subido ligeramente respecto a las anteriores elecciones (un 4%), y constituye uno de los cambios respecto a los comicios anteriores. Otro ha sido que el presidente M. Fraga por primera vez adelanta tres meses las elecciones, tras cuatro mayorías absolutas. El desgaste habitual del gobierno después de varios mandatos y la continuidad de un candidato de edad avanzada, motivado por las tensiones internas que impidieron designar un sucesor a M. Fraga, constituyen una diferencia con la práctica habitual del PP, que cambia a sus candidatos a presidentes de una Comunidad, aunque tuviesen mayoría29. Se enfrentaba M. Fraga a dos candidatos que concurrían por primera vez, el socialista E. Pérez Touriño y A. Quintana de la coalición nacionalista BNG, tras sendos procesos de renovación interna complejos y tensos. En todo caso, la resolución de los conflictos sobre los 29

422

Por ejemplo, en Castilla León, Comunidad Valenciana, C. de Madrid o Baleares.


liderazgos en los partidos habrían estado en los prolegómenos de estas elecciones en contraste con otros procesos anteriores y ello independientemente del impacto que hayan tenido en los resultados. Estamos pues ante otra novedad que debe tenerse en cuenta a la hora de analizar estas elecciones, al que hay que añadir escenario político más competitivo con la posible pérdida de mayoría absoluta como elemento central de varios barómetros de opinión en los últimos meses. El presidente Fraga disuelve anticipadamente cuando determinados indicadores políticos y de opinión le fueron favorables, tal como se hace habitualmente en sistemas democráticos. Como en elecciones anteriores solo tres formaciones consiguen escaños en el Parlamento, aunque en este hecho el sistema electoral solo habría influido sicológicamente a favor del voto útil. De hecho el porcentaje total de votos sin representación parlamentaria fue de 2% en 2001, cifra similar al de elecciones precedentes y subió casi un punto en las de 2005 Si en las elecciones de 2001 el Partido Popular manutuvo la mayoría absoluta, en las de 2005 quedó a unas décimas de repetirla. Un rasgo específico de las elecciones de 2001 es que la prima del primer partido fue (54,6% – 51,6% = 3%) la más baja de todos comicios autonómicos gallegos. El segundo partido en términos electorales (BNG) no obtiene ventaja electoral, es decir su representación parlamentaria es estrictamente proporcional. Esto mismo le ocurre al tercer partido, el Socialista ya que tiene una prima muy pequeña (0,9%). Es decir, el sistema electoral ha traducido fielmente en escaños, los votos alcanzados por la segunda y tercera fuerza política. En las elecciones de 2005 el primer partido obtuvo una prima de 4 puntos, mientras que el segundo partido, en este caso el PS, tuvo una representación estrictamente proporcional a la de los votos obtenidos. El BNG por su parte tuvo una ligerísima penalización. Esta es otra característica del sistema electoral de esta Comunidad autónoma que al ser sus distritos relativamente grandes, los tres partidos siempre se han beneficiado de una prima, importante para el primer partido e inferior para los otros dos (verificar con las tablas 5 y 9). Esta situación se ha mantenido en las elecciones de 2005 porque la competitividad no ha variado y ha seguido siendo moderadamente baja. Pese a ello, hubo que esperar al escrutinio del voto por correo de los emigrantes, que representan una parte importante del censo, para decidir la atribución de un escaño en juego, que evitaría la mayoría absoluta del PP. El escrutinio de este voto se produjo una semana después y arrojó idéntico resultado al de las urnas en territorio nacional, es decir mayoría cuasi absoluta del PP. Por lo tanto, podemos señalar que el sis-

423


tema electoral, ha traducido de forma bastante proporcional los votos en escaños, salvo por la prima del primer partido, el Popular y por los votos sin representar, que han sido pocos en ambas elecciones. Otra consecuencia del rendimiento del sistema electoral en los comicios de 2001 pero especialmente de los propios resultados fue la consecución de una mayoría parlamentaria suficiente para elegir una mesa del parlamento y un gobierno mayoritarios y estables. De esta forma, este tipo de composición de ambas instituciones favorece la toma de decisiones con eficacia, de acuerdo con la voluntad en este caso mayoritaria del electorado. Como es lógico, la calidad de la representación democrática derivaría de la capacidad de los dirigentes políticos, del gobierno y oposición, por cumplir sus respectivas funciones institucionales de forma adecuada a la voluntad ciudadana, evitando los primeros las prácticas de «rodillo» cuando ejerzan su mayoría absoluta y realizando los segundos una oposición constructiva y sólida. En la Comunidad Autónoma de Galicia, con excepción de las dos primeras legislaturas, las cuatro restantes han tenido un sistema de partidos parlamentarios con un partido hegemónico y una competitividad parlamentaria pequeña30, que ha permitido elegir cuatro gobiernos con mayoría absoluta. Finalmente, otro rasgo asociado a lo anterior que también es un efecto del sistema representativo, es que no ha habido alternancia política. Todos los presidentes de gobierno han pertenecido al mismo partido, salvo durante los dos últimos años de la II legislatura (1987-1989), que tras una moción de censura, motivado por las tensiones internas en el seno de la coalición de gobierno popular, el socialista G. Laxe presidió un gobierno minoritario Obviamente, la ausencia de alternancia no se debe al sistema electoral, que siempre ha primado en términos parlamentarios a los tres primeros partidos, sino más bien de la debilidad del segundo y tercer partido electoral frente al primero. Sin embargo, todo el escenario analizado antes, cambia en las elecciones de 2005, en las que se produce una práctica política poco usual en países europeo occidentales vinculados al modelo de consenso que habitualmente necesitan conformar gobiernos de coalición. La citada práctica consiste en establecer coaliciones de gobierno postelectorales que no se habían hecho explícitas durante la campaña, igual que ocurriera en otras CCAA como veremos mas adelante (tabla 9), así como en los gobiernos locales. Este 30

La competitividad parlamentaria siempre a favor del P. Popular en las elecciones de 1989 (III legislatura) fue de 13,4; en las de 1993 y 1997 fue de 32,0, (IV y V legislaturas) y en las de 2001, de 31,9.

424


caso es especialmente singular habida cuenta de dos factores: la limitada competitividad parlamentaria entre las dos primeras fuerzas que alcanza 16 puntos y la prima política que obtiene el tercer partido, que pese a la pérdida de apoyos electorales tiene una capacidad de chantaje e influencia notables sobre el gobierno de coalición. De esta forma se produce la siempre saludable y democrática práctica de la alternancia política, aunque a costa de quien sigue siendo el primer partido electoral y parlamentario. Esta coalición de gobierno entre ambas fuerzas tiene precedentes en varios gobiernos locales, cuyo resultado político ha sido diverso. Los efectos políticos de este proceso electoral, como venimos señalando en estos análisis, dependerán no sólo y no tanto de las cifras concretas, como de la capacidad de los partidos para soslayar las relaciones internas entre líderes, así como entre las diversas caras y partes de los partidos. Otro posible efecto de los procesos electorales recientes cuando existe fuerte competitividad, es el impacto que puede tener en los subsistemas autonómicos el comportamiento y quehacer de ciertos partidos nacionalistas en gobiernos de coalición o que los apoyan, de muy dudosa lealtad constitucional. Finalmente, habrá que analizar el impacto que las relaciones inter e intra partidistas tienen en el devenir de esta legislatura, variable muy importante a tener en cuenta en esta Comunidad debido a la compleja historia de todos los partidos durante los pasados veinticinco años.

4.3. El caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco Las elecciones en el País Vasco, especialmente las que eligen al Parlamento Vasco, municipales y forales, se vienen celebrando desde el inicio de la Transición en un contexto político distinto del que existe en el resto de España. Independientemente de cuantos sean los electores que votan con la libertad restringida al estar amenazados por la banda terrorista ETA, porque el problema de fondo es la ausencia de ella, lo cierto es que hay electores que votan en un contexto deficitario desde el punto de vista democrático. Ello sin embargo, no cuestiona la legitimidad de las elecciones, por cuanto están garantizadas básicamente las demás garantías electorales que afectan al proceso electoral, sin olvidar que igualdad tampoco está garantizada para todas las candidaturas, porque los candidatos del Partido Socialista y del Partido Popular van escoltados y porque hay municipios en los que ni socia-

425


listas ni populares pueden realizar allí campaña electoral, o esta presenta perfiles distintos. El presidente del gobierno vasco, J. J. Ibarreche convocó elecciones para elegir los diputados de la VII legislatura del Parlamento Vasco, para Mayo de 2001 y Abril 2005 respectivamente. Se trataba de nuevo, (como por ejemplo en 1986) de una convocatoria de elecciones anticipadas, aunque en el caso de las 8.ª una anticipación de solo un mes. El presidente de los dos últimos gobiernos de coalición minoritarios, ha venido dependiendo de la presencia de Herri Batasuna y del consiguiente «préstamo» de algunos votos de esas mismas formaciones para gobernar. La convocatoria se plantea ante la incapacidad para gobernar, aprobar leyes, (presupuestos,) o renovar los principales cargos institucionales31. La composición del Parlamento en la VIII legislatura y el comportamiento de quienes se consideran sucesores de Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, como ocurriera en el largo y tenso proceso de constitución de la Mesa del Parlamento, preludian que se produzca una situación similar a la anterior legislatura. En ambas legislaturas, las formaciones más radicales y antisistema, ilegales para diversas instancias políticas, judiciales y policiales mientras esté en vigor la actual normativa sobre partidos, decidirán en todas las actuaciones que se adopten en la Cámara Vasca. En efecto, en la VI legislatura el gobierno de coalición bipartito (PNV + EA) que se formó seis meses después de las elecciones de octubre de 1998 era minoritario32 y de perfil nacionalista. De hecho en junio de 1998 el partido socialista abandonó el gobierno de coalición con el PNV tras varios años de colaboración, porque el PNV optó por suscribir acuerdos con HB. Esta nueva estrategia del PNV se concreta desde la propia convocatoria electoral de 1998 y continúa hasta la séptima legislatura. En efecto, antes de la celebración de las elecciones de 1998 el PNV, EA, IU y HB suscribieron el Pacto de Estella para lograr la soberanía nacional, al margen de la Constitución y del Estatuto33. 31 Por ejemplo, el nombramiento del consejo de la radio televisión vasca, el tribunal vasco de cuentas, o el defensor del pueblo. 32 El gobierno de coalición solo alcanzaba el 36% (ver Cuadro n.º 1, la suma de porcentaje de escaños de PNV más EA). 33 Unos días después ETA anunció una tregua, por lo que las elecciones se celebraron en un aparente clima de paz. Este tregua duró un año (diciembre de 1999) y se demostró que fue una farsa, porque la organización terrorista la aprovechó para continuar organizándose.

426


Tabla 9. Resultados de tres elecciones a los parlamentos de Galicia y País Vasco CC. AA. y año elección

% Participación

%votos por partidos

% escaños por partidos

%votos sin representar

64,2%

PP PS BNG

45,2 33,2 18,7

PP PS BNG

49,3 33,3 17,3

2,9

Galicia 2001

60,2%

PP BNG PS

51,6 22,6 21,8

PP BNG PS

54,6 22,7 22,7

2,0%

Galicia 1997

62,5%

PP BNG PS

52,2 24,8 19,5

PP BNG PS

56,0 24,0 20,0

4,0%

68,96%

PNV+EA PS PP PCTV IU Aralar

38,6 22,6 17,3 12,5 5,4 2,3

PNV+EA PS PP PCTV IU Aralar

38,7 24,0 20,0 12,0 4,0 1,3

1,1%

79,0%

PNV+EA PP+UA PS EH IU

42,4 22,9 17,8 10,0 5,5

PNV+EA 44,0 PP+UA 25,3 PS 17,3 EH 9,3 IU 4,0

1,4%

70,0%


27,6 19,9 17,7 17,3 8,6 5,6 1,3


2,0%

Galicia 2005

País Vasco 2005

País Vasco 2001

País Vasco 1998

28,0 21,3 18,7 18,7 8,0 2,7 2,7

Fuente: López Nieto, L,. 2005, sobre datos oficiales.

427


Por lo tanto, la nueva estrategia del PNV, explica que suscribiera un pacto de legislatura con E.H. con objeto de incrementar sus apoyos parlamentarios y de esta forma sacar adelante el programa de gobierno34. No obstante, esta mayoría matemática no fue efectiva políticamente y por ello, el presidente del gobierno autonómico anticipa en un año y medio la convocatoria electoral, en un clima de violencia terrorista, especialmente centrado en cargos públicos del PSOE y del PP. Uno de los cambios legislativos que pudo aprobar el gobierno de J.J. Ibarreche en esa legislatura afectó a la ley electoral. Redujo la barrera electoral por distrito del 5% al 3%. Es sabido que todo cambio en estas normas no es inocente y en este caso, el gobierno pretendía sobre todo beneficiar a IU, que en las elecciones anteriores había sido la única fuerza penalizada en términos parlamentarios35 pero que puntualmente se había sumado a las tesis nacionalistas. Además, las encuestas anunciaban una gran polarización entre las formaciones nacionalistas, entre las que se incluía IU, y las no nacionalistas y todo ello en un contexto político en el que faltaban las garantías democráticas mínimas para participar en los comicios a la mitad de las fuerzas políticas y de la población. Unidad Alavesa, concurrió en coalición con el PP y también formalizaron una coalición electoral, no parlamentaria pero si de gobierno, PNV y EA. En este contexto de fuerte polarización y tensión se celebraron las elecciones, con un 79,0% de participación (ver tabla 4). Este porcentaje es el más alto de todas los comicios en España, solo superado en 0,9% en las elecciones legislativas de 1982, celebradas tras el golpe de estado. Por lo tanto, los electores entendieron que había mucho en juego en estas elecciones. En cuanto a las elecciones de 2005 que se celebran con ciertos cambios en las reglas de juego. La ley electoral vasca aprobó la paridad en las listas electorales, como se ha hecho en otros parlamentos autonómicos, aunque esta opción podría afectar al principio de igualdad del sufragio pasivo o ser inconstitucional por alguna otra razón. Por otra parte, al amparo de la ley de partidos de 2002, y durante el plazo de presentación de candidaturas, 34

El pacto se denominaba «Acuerdo de bases de actuación colaboradora en sede parlamentaria para la legislatura 1999-2002». La suma del 36% de PNV y EA con el 18,7% de EH, alcanzan el 54,7%, es decir matemáticamente la mayoría absoluta parlamentaria. Por su parte, las fuerzas no nacionalistas sumaron 42,7% de los escaños, sin incluir el 2,7% de IU. 35 En efecto, como se advierte en los Cuadros n.º 5 y 9, IU fue la única fuerza cuyo porcentaje de escaños fue inferior al de votos (–2,9).

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el gobierno nacional instó a las instituciones correspondientes, la ilegalización de dos listas (Batasuna y «Todos elegidos» o A.G.) por su vinculación a ETA, aunque no ocurrió lo mismo con una tercera candidatura, PCTV, pese a la petición del Partido Popular que se basó en diversos informes policiales. Esta candidatura intervino muy activamente en las etapas finales del proceso electoral con mucha intensidad sorprendiendo a los analistas debido a la ausencia de actividad política previa incluso en la precampaña. Estas cuestiones concitaron buena parte de la campaña electoral entre los cabeza de lista, dos de los cuales, del PP y PS concurrían por primera vez y sobre todo afectaron a los sondeos preelectorales. Estos previendo la aplicación de la ley de partidos, solo incluían siete candidaturas como oferta electoral, salvo 2 excepciones36 y la práctica totalidad en ese escenario de ausencia de partidos pro-etarras otorgaban la mayoría a la coalición PNV con EA. En todo caso se traba de un escenario incierto, pero no tan competido como el de anteriores elecciones y quizá por ello la participación fue casi 10% inferior. Conviene tener en cuenta a la hora de analizar los resultados del proceso que el censo electoral se redujo por primera vez en contraste con lo que ocurriera en las siete elecciones anteriores, debido tal vez en gran medida a la denominada diáspora de personas amenazadas de una u otra forma. El sistema para la elección del Parlamento Vasco ha traducido con bastante fidelidad los votos en escaños en las siete elecciones, a pesar de la desigual relación entre escaños y población, ya que los tres distritos eligen 25 diputados cada uno aunque la población sea muy diferente. Esto se comprueba porque los votos sin representar son pocos (máximo 2% en las cuartas elecciones) y porque las primas de los primeros partidos han sido limitadas. En concreto, las primas positivas más altas se produjeron en las primeras elecciones, recordemos con 20 escaños por distrito, en las que las que el primer partido (PNV) y el 5.º (UCD) obtuvieron primas positivas superiores a 2,5 puntos (ver tabla 5). En las elecciones de 1984 y 1986 el 2.º partido, (PS) obtiene la primas más alta (2,3 y +3,3). En las 4.ª y 5.ª elecciones la mayor ventaja la obtiene UA, que es el séptimo partido parlamentario. En las de 1998 y 2001 las mayores primas las obtiene el segundo partido, (PP) con +1,4 en las elecciones de 1999 y con +2,4 en las de

36

La publicada en el Deia en octubre de 2004, que atribuía 6 escaños a EH y El País en 10-4-05, que le atribuía entre 2 y 4.

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2001 en coalición con UA, (tablas5 y 9). El PP, en las elecciones de 2005 en solitario, porque UA rompió la coalición y dos meses después de las elecciones se disolvió, también obtuvo la prima más alta, casi tres puntos, mientras que Aralar fue la que tuvo la pequeña penalización de un punto. Dicho de otra forma, cuando las primas positivas no son muy altas ni tampoco lo son los votos sin representar, ocurre como en este caso, que la práctica totalidad de los votos están adecuadamente traducidos en escaños. Este factor influye decisivamente cuando pasamos a analizar otros aspectos del proceso electoral. En efecto, el estudio del sistema de partidos y de la competitividad apenas muestra diferencia entre los resultados electorales y parlamentarios, porque el sistema electoral ha traducido fielmente el comportamiento ciudadano, y en consecuencia los porcentajes de voto y escaños son similares. En concreto, el sistema de partidos se ha definido a lo largo de las ocho elecciones como pluripartidista, con una manifiesta fragmentación, sin que ningún partido tuviera mayoría absoluta y casi siempre con una fuerte competitividad. Esta ha sido menor en las dos primeras y en las últimas elecciones, es decir antes de la escisión del PNV y en las últimas cuando ha ido en coalición con la formación que se escindió de este partido en la III legislatura (EA)37. En estos cuatro comicios la competitividad electoral38 fue menor, próxima a los 20 puntos y en los cuatro casos los competidores fueron partidos distintos (PNV-HB, PNV-PS, en 2001, PNV+ EA-PP+ UA y en 2005 en torno 16 puntos, entre PNV+ EA y PSE). Por el contrario, la mayor competitividad electoral se produjo en las elecciones de 1986 con un 1,6 puntos entre PNV-PS y también fue alta en las de 1990 con 8,6 (PNV-PS) y en las de 1998, con 7,7 (PNV-PP). Otro rasgo complementario es que el comportamiento electoral ha variado a lo largo del tiempo, como en el resto de España. Esta volatilidad es atribuible tanto a los cambios de orientación de los electores, como a la propia turbulencia de la historia de los partidos, con sus fracturas, desapariciones y coaliciones ha podido obligar a los votantes a cambiar sus apoyos39. En las elecciones autonómicas vascas el primer partido siempre ha sido el PNV, 37

En 1980 el PNV obtuvo el 38,1% de los votos, en las de 1984 el 42,4 y en las de 2001 el 44,4%. Para calcular la competitividad en estas elecciones ver Cuadros n.º 7 y 8. 39 En este caso hay que destacar la escisión del PNV, que motivó la creación de EA; la desaparición de la UCD o la integración de EE en el PS; a estos casos hay que añadir las coaliciones puntuales, como las producidas en las elecciones de 2001 (PNV + EA y PP + UA). 38

430


aunque el porcentaje de voto ha oscilado de forma significativa40. Los apoyos electorales del segundo partido, también han oscilado a lo largo del tiempo y además este lugar lo han ocupado tres partidos distintos (HB en 1980, el PS en cuatro elecciones, incluyendo la de 2005 y el PP en las dos que coincidieron con los gobiernos nacionales del PP41). Si analizamos los cambios en los apoyos electorales del resto de los partidos, también advertimos la misma alteración y la continuidad: IU está estable en un 5% de votos, HB-EHPCTV bajó en las elecciones de 2001 aunque en las últimas ha recuperado bastantes apoyos, aunque una parte haya ido a Aralar. Las pérdidas de PNV y EA y del PP en parte se explicarían por la menor participación. Todos estos rasgos contribuyen a explicar las dificultades para alcanzar las mayorías parlamentarias y de gobierno, que sitúa a esta Comunidad entre aquellas en las que nunca ha habido un gobierno con mayoría absoluta de un único partido. Ha habido algunos gobiernos de coalición, pero en la mayoría de los casos ha sido una coalición minoritaria. A veces la coalición se ha forjado con el partido competidor, como ha ocurrido con el PS, tanto en las elecciones con alta como baja competitividad. Otro rasgo específico de las elecciones autonómicas vascas, es que no ha habido alternancia política, ya que el presidente del parlamento y del gobierno siempre ha sido del PNV, que ha pactado casi siempre con formaciones nacionalistas, otras con el PS y en ocasiones en minoría con apoyos diversos.

5. RESULTADOS INSTITUCIONALES DE LOS COMICIOS: PARLAMENTOS Y GOBIERNOS AUTONÓMICOS 5.1. Los formatos «mayoritarios» de las mesas y de los gobiernos autonómicos A la hora de definir los modelos de gobiernos habidos en las CCAA encontramos todas las opciones posibles: mayoritarios, minoritarios y coaliciones, en su mayoría forjadas después de las elecciones. Consideramos que las complejas relaciones que se establecen entre las diferentes «caras» o 40 Las cotas más altas de voto en 2001, la mínima en las de 1986, con 22,7% y en las siguientes entre 29% y 27%. 41 HB obtuvo el 16,5 % de los votos; el PS obtuvo el 23% en 1984, 22% en 1986,19,9% en 1990; 16,6 en 1994; por su parte el PP alcanzó el 19,9% en 1998 y 22,9% en 2001.

431


partes de los partidos42 y especialmente las que tienen lugar entre los «partidos en los cargos públicos»43, constituyen una variable esencial para explicar los tipos de gobierno. En efecto la discontinuidad de los políticos (parlamentarios y consejeros) así como la volatilidad y rediseño de las relaciones en el seno de los complejos partidos podrían haber influido en los cambios en el comportamiento electoral, pero sobre todo se manifiesta en la formación de los plurales y diferentes gobiernos y en última instancia en el funcionamiento del Estado Autonómico en su totalidad. En efecto, el análisis de las relaciones parlamentos y gobiernos de las CCAA y de sus resultados políticos, muestra que se ha producido un alto grado de autonomía y singularidad en los sistemas políticos autonómicos. De los 141 casos analizados ocho elecciones en doce CCAA y nueve en cinco (Andalucía, Asturias, Cataluña, Madrid y País Vasco) hay que destacar que en 65 casos (46,1%) de ellos hubo mayorías absolutas parlamentarias y de gobierno. La VI legislatura de Madrid no produjo gobierno. En el resto como no las hubo formalizaron diversos tipos de gobierno: minoritarios, coalición o mayoría relativa, como veremos después. Como ejemplos paradigmáticos de ambos modelos, cabe situar en un extremo la Comunidad de Castilla la Mancha que ha tenido el mismo tipo de mayoría y partido de gobierno durante las siete legislaturas y cuyo formato responde al clásico modelo mayoritario: gobierno mayoritario monocolor y composición así mismo mayoritaria en el principal órgano del parlamento, la mesa44. Esto ocurrió hasta las elecciones de 2011, en las se mantuvo la mayoría absoluta de gobierno y en la mesa pero con el PP como partido mayoritario. En el polo opuesto se ubican la Comunidad de Aragón, de Canarias, la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco, con formatos de gobierno diversos pero ninguno con mayoría absoluta, alternancia política e incluso con una representación muy plural y singular de las mesas de sus parlamentos. Entre ambos extremos se sitúan el resto de CCAA, en las que las tensiones e inestabilidades habidas en la vida de los partidos en el periodo estudiado, habrían afectado a la composición de los grupos y de los principales 42 En la terminología de Katz y Mair, la «cara» de la organización u oficina central, en segundo lugar los militantes y finalmente el partido de los cargos públicos. 43 Nos referimos a la distinción entre «el partido del grupo parlamentario», el «partido del gobierno» y el «partido externo» (a ambas instituciones), que establecen KOOLE y HEIDAR (2000): Parliamentary party groups in European Democracies, London, Routledge, y que consideramos esenciales en las vida política autonómica. 44 El presidente, vicepresidente 1.º y secretario 1.º del partido mayoritario (PSOE) y el vicepresidente 2.º y secretario 2.º del primer partido de la oposición (PP).

432


órganos parlamentarios, así como a los propios gobiernos y al quehacer de ambas instituciones. Pese a ello, veremos que el funcionamiento de estos subsistemas políticos también hay que incluirlos en el modelo mayoritario. En algunas de estas CCAA siempre ha gobernado el mismo partido (en Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura el PSOE, en estas dos últimas hasta los comicios de 2011 y en Galicia el PP menos una parte de la II y en la VII Legislaturas). En todas ha habido mayoría absoluta en al menos tres legislaturas. Se trata de CCAA «más seguras», con partidos fuertes y predominantes. A este grupo se podría asimilar tres casos que comparten alguno de los rasgos antedichos. En la Comunidad de Murcia se han sucedido ocho gobiernos con mayoría absoluta, los dos primeros socialistas y los siguientes populares, es decir con alternancia, pero con gobiernos mayoritarios45. Cataluña (VII y VIII legislaturas) y Galicia (en la VII), han salido de este grupo, al haber salido del gobierno CiU y el PP por primera vez y pasan al grupo intermedio, aunque ambos partidos vuelven al gobierno en las IX y VIII elecciones respectivamente. Este modelo intermedio lo representan CCAA en las que ha habido gobiernos mayoritarios: en Castilla León, C. de Madrid, La Rioja y C. Valenciana, en seis legislaturas, Baleares en tres, en Cantabria en dos (I y VIII) y en Asturias en la I y V. Pero estas CCAA también han tenido gobiernos minoritarios y en la C. Valenciana y La Rioja también uno de coalición (cuatro en Baleares y cinco en Cantabria). En Asturias ha habido tres minoritarios, uno de mayoría relativa y tres de coalición. Además en estas CCAA ha habido alternancia política y también se han manifestado diversas crisis en el seno de los partidos del centro derecha, muchas veces debidas a liderazgos regionales que se escindieron o no quisieron consolidar su integración en AP-PP. Cuando el primer partido parlamentario ha tenido mayoría absoluta, en el pleno de constitución del nuevo parlamento se elige la mesa, órgano fundamental de todo parlamento por las competencias que tiene tanto su presidente, que lo es también del legislativo, como el resto de sus miembros. Tras la proclamación de los diputados electos por las juntas electorales autonómicas, se celebra la primera sesión del nuevo parlamento en la que se elige su órgano rector, la Mesa. En la mayoría de los parlamentos autonó45

El País Vasco debe excluirse de este grupo de CCAA (se estudiará después), porque no ha habido nunca mayoría absoluta aunque el PNV ha gobernado siempre en coalición o minoritarios.

433


micos esta integrada por el presidente, dos vicepresidentes (1.º y 2.º) y dos secretarios (1.º y 2.º). Hay dos parlamentos, el de Cataluña y el de la Comunidad de Madrid, que desde la I legislatura tienen una composición diferente, de siete miembros, con objeto de dar entrada en este órgano a otros fuerzas parlamentarias. En el caso de Cataluña tiene hay dos secretarios más (4.º y 5.º) y en la Asamblea de Madrid cuenta con un vicepresidente y secretario 3.º. En Andalucía desde la V legislatura la mesa tiene la misma organización que la C. de Madrid. Algunos Parlamentos han contado con miembro más ocasionalmente (Navarra en la I). En las elecciones y sus correspondientes legislaturas en las que un partido ha alcanzado la mayoría absoluta, la composición de la mesa de cinco miembros, refuerza o prima esta mayoría, ya que el 60% de los miembros de este órgano tan poderoso, (presidente, vicepresidente 1.º y secretario 1.º) son del partido mayoritario. Por su parte, el primer partido de la oposición consigue el 40% (vicepresidente 2.º y secretario 2.º). La composición mayoritaria de la mesa preanuncia el resultado mayoritario de la sesión de investidura a favor del candidato a presidente de gobierno del partido mayoritario. Las CCAA que se incluyen en este modelo paradigmático tendrían mayoría absoluta y por lo tanto esta composición al principio de la legislatura se mantiene a lo largo de la misma. Sin embargo, este modelo de mesas mayoritarias tiene dos tipos de excepciones. En unos casos, la composición de la mesa no lo es porque se pretendió integrar a otras formaciones parlamentarias, aunque otras veces las excluyen46. Otros casos singulares, se produjeron cuando el primer partido solo tuvo la mayoría relativa, pero consigue imponer la composición mayoritaria de la mesa con la complicidad del segundo47. En estos casos, los dos principales partidos (PS y PP), que han sido los actores políticos que más veces han intervenido en estas decisiones políticas, han optado por soluciones muy diversas al inicio de cada legislatura, incluso en la misma CA, o con los mismos portavoces o candidatos a las presidencias de gobierno. Lo mis46 Por ejemplo, en la I legislatura en Andalucía se excluye al segundo partido parlamentario (PP) de la mesa, pero entran el 3.º y 4.º (UCD e IU); en Cataluña, la 4.ª secretaría la ocupan ERC (cuarto partido en la II), IC (tercero en la III) y ERC (segundo en la IV). En la Asamblea de Madrid, la vicepresidencia 3.ª fue ocupada por IU (tercer partido en la I y IV); En la I legislatura, quizá por su carácter «constituyente»en Asturias y C. Valenciana el tercer partido consigue la secretaría 3.ª (IU); lo mismo que en Galicia en la IV (BNG) aunque en este último caso obedezca a otras razones. 47 Por ejemplo, en la I leg. en Aragón y C. León, o en la II en la C. Valenciana.

434


mo cabe decir de las soluciones adoptadas a la hora de definir los diversos tipos de gobierno como veremos después.

5.2. Formatos de las mesas y de los gobiernos cuando no hubo mayoría absoluta Hay otro grupo de CCAA en las que nunca ha habido gobiernos mayoritarios, solo minoritarios o de coalición y además ha variado la composición política de sus gobiernos: Navarra, Canarias, Aragón. En este grupo se integra también el caso del País Vasco, ya que nunca ha habido gobiernos mayoritarios, aunque el PNV siempre ha presidido los gobiernos, menos en la IX legislatura. Se trataría de las CCAA más «inseguras» e inestables, en las que los electores han castigado las complejas vicisitudes acontecidas a alguno de los principales partidos. Por ejemplo la escisión del PNV y posterior creación de Eusko Alkartasuna. En Navarra la crisis del PSOE y después la escisión del CDN de la Unión del Pueblo Navarro. En Canarias la crisis de la UCD y del CDS con gran arraigo en las islas, la posterior creación de las Agrupaciones Independientes hasta la conformación de la Coalición Canaria. En Aragón las crisis de AP y la presencia de fuerzas regionalistas desde el inicio (PAR) o posteriormente, (Chunta)48. Pero también hemos de incluir en este grupo, a algunas CCAA que al menos en una legislatura no tuvo ningún partido mayoría absoluta, lo que motivó que tanto el formato de su mesa como el de su gobierno, se incluyese en alguna de las soluciones políticas que los representantes públicos han formalizado. En este modelo incluye 75 casos (53,2%) cuyas mesas tienen una composición plural y diversa así como la presidencia de la misma y las de sus gobiernos. En algunas CCAA nunca hubo mayoría absoluta en ninguna de las legislaturas por lo que la composición al principio del mandato no siempre fue la misma durante o al final de la misma. Un caso paradigmático de los cambios mencionados ocurrió en la II legislatura en La Rioja49. En otras CCAA, al menos en una de las legislaturas no hubo mayoría absoluta, por lo que también se puede incluir a este grupo de CCAA con el paradigmático 48 Conviene recordar en este punto, que en el Congreso de los Diputados ya hubo un diputado regionalista desde las primeras elecciones de 1977. 49 Hubo cuatro cambios en la composición de diversos miembros de la mesa; la presidencia del gobierno también cambió del PP al PS tras una moción de censura.

435


antes señalado. En ellas se ha producido todo un «surtido» de soluciones, asociado en ocasiones al sistema de partidos parlamentarios y también a alguna de las fórmulas o transacciones políticas utilizadas para conformar los gobiernos autonómicos. El resultado de la negociación no suele producir adecuación entre los resultados electorales y la representación institucional, porque el primer partido parlamentario, no solo no refuerza su mayoría en las instituciones como ocurría en los casos de mayoría absoluta, sino que se ve penalizado. Las negociaciones abarcan tanto la formación de la mesa, como la del gobierno, en concreto las respectivas presidencias, ya que cada una en su institución son cargos con enorme poder. Muchas veces el primer partido parlamentario no ocupa ninguna de las dos citadas presidencias. La práctica de este proceso negociador tiene en cuenta las variables electorales y parlamentarias, pero también otras cuestiones políticas y además suelen intervenir las terceras o cuartas formaciones parlamentarias. El papel de los actores políticos, los diputados, pero también las organizaciones regionales de los partidos, son los interlocutores centrales para iniciar, desarrollar o descartar pactos, en los que no siempre las afinidades ideológicas han sido relevantes. Estas situaciones constituyen la mayoría de los 141 analizados y en todos ellos la política se manifiesta con su enorme riqueza. Para ilustrar esta realidad se puede analizar en primer lugar lo acontecido en las CCAA que se sitúan en el polo opuesto a los casos mayoritarios antes estudiados que son Canarias, Navarra y País Vasco. Se trata de tres CCAA en las que nunca el primer partido ha tenido mayoría absoluta ya que su representación parlamentaria ronda el 35% más o menos de media. Las soluciones alcanzadas en términos de composición y representación en las mesas son muy variadas. En el País Vasco en las ocho legislaturas el PNV consigue la presidencia del gobierno y en seis también la de la mesa. Merece la pena destacar la fuerza de este partido para imponerse como primera fuerza en la IV legislatura, ya que partía con un 29,3% de los escaños y pese a ello consiguió ambas presidencias. Se trata de un caso en el que de hecho el primer partido domina, en parte por la fragmentación de la oposición y también por la crisis política de esa CA, que de hecho favorece que el PNV imponga una lógica mayoritaria en todas las legislaturas a pesar de sus resultados minoritarios y que no se produzca alternancia. Esta situación se modificó en la IX legislatura cuando el PSOE obtuvo la presidencia del gobierno gracias al apoyo de legislatura del PP.

436


Lo que ocurre en las otras dos CCAA (Canarias y Navarra) representa mejor la fórmula política alternativa a la mayoritaria, la del consenso, ya que se producen diversos tipos de pactos y se «cambian cromos»: presidencias de mesas por las de gobierno tanto cuando se formalizan coaliciones como cuando no llegan a forjarse50. Además en ambas CCAA hay alternancia política y los partidos que forman parte de los gobiernos no son siempre los mismos. No obstante, ambos tipos de prácticas se han llevado a cabo en otras CCAA en alguna legislatura y los efectos en la gobernabilidad han sido diversos. Otro tipo de soluciones políticas más excepcionales y más difíciles de entender por la opinión pública y también en términos políticos, han tenido lugar cuando al inicio de la legislatura, el primer partido parlamentario no consigue ni la presidencia de la mesa ni la del gobierno, sino que queda relegado (tabla 10). Esta situación ha producido rechazo y desafección hacia los políticos, especialmente cuando el porcentaje de escaños está muy próximo al 50 % (Madrid en III Legislatura, Baleares en la V y VII, Cantabria en la VI y Galicia en la VII) y el segundo o tercer partido en votos y escaños gracias a pactos, ocupa la presidencia del gobierno. En efecto, la intrahistoria entre las diversas partes de los partidos51 y las relaciones entre sus dirigentes, explicará este tipo de soluciones políticas que no benefician al primer partido y en las que suelen que intervenir las demás fuerzas parlamentarias, aunque sean muy minoritarias. Sin embargo, estas soluciones políticas han provocado críticas en parte de los políticos y de la opinión pública y publicado acompañadas de propuestas de reforma del sistema electoral que evite estas prácticas, legales pero con déficit de legitimidad para una parte de los ciudadanos. Estas situaciones paradigmáticas se producen cuando algunos partidos se alían frente al primer partido parlamentario y forjan soluciones de gobierno alternativas a la mayoritaria. En el periodo objeto de estudio esto ha ocurrido en diez y seis ocasiones y ha afectado en seis ocasiones al PSOE, en ocho al PP y en dos a CiU. Otro tipo de prácticas ha tenido lugar cuando la lista más votada obtuvo la presidencia del gobierno, pero no la de la mesa y

50 Por ejemplo, en la III legislatura en Canarias, el primer partido, el PS ofrece a su socio de coalición de gobierno, AIC, la presidencia del parlamento; en la siguiente legislatura, CC (antes AIC) realiza el mismo intercambio de cargos con el segundo partido (PP), con quién pacta el apoyo en la legislatura. 51 Partido externo, partido del grupo parlamentario y partido del gobierno.

437


Tabla 10. Casos en los que la lista más votada se ve relegada en las instituciones representativas

CC. AA.

% escaños Primer Leg. Partido

Partidos pactan

% escaños, partido, presidente mesa

% escaños, SÍ / NO partido, agota presidente legislatura, gobierno causas

Aragón

II

PS

40,3

PAR+PP

CDS

8,9 PAR

28,4

Canarias

II

PS

35,0

AIC+PP+CDS

AIC

3,3 CDS

10,0 NO, dimite

Rioja

II

PS

42,3

PP+PR

CDS

12,1 PP

39,5

NO, M.C

Aragón

III

PS

44,8

PAR+PP

PP

25,4 PAR

25,4

NO, M.C

Cantabria

III

PS

41,0

UPC+PP

PP

15,4 UPCA 38,5

SÍ

Madrid

III

PP

46,5

PS+IU

IU

12,9 PS

40,6

SÍ

Navarra

IV

UPN 34,0

PS+CDN+EA

PS

22,0 PS

22,0 NO, dimite

Aragón

V

PP

41,8 PS+PAR+IU+CH PAR

14,9 PS

34,3

SÍ

Baleares

V

PP

47,5 PS+UM+PSM+IU G. mixto 11,8 PS

22,0

SÍ

Cantabria

VI

PP

46,2

PS+ PRC

Cataluña

VII

CiU

34,1

Galicia

VII

PP

49,3

Cataluña

VIII CiU

Baleares

VII

Canarias

VII

Cantabria País Vasco Canarias Andalucía

SÍ

PS

33,3 PRC

20,5

SÍ

PS+ERC+IU

ERC

17,0 PS

31,1

SÍ

PS+BNG

BNG

17,3 PS

33,3

SÍ

35,6

PSC+ERC+IU

ERC

15,6 PSC

27,4

SÍ

PP

47,4

PS+Bloque+UM

UM

5,1 PS

27,1

SÍ

PS

43,3

CC+PP

CC

31,6 CC

31,6

SÍ

VII

PP

43,6

PRC+PS

PS

25,6 PRC

30,8

SÍ

IX

PP

40,0

PSOE+PP

PP

17,3 PSOE 33,3

¿?

VIII PP

35,0

CC+PSOE+NC

NC

5,0 CC

33,3

¿?

46,0

PSOE + IU

PS

39,6 PS

39,6

¿?

IX

PP

Fuente: López Nieto, 2012, sobre fuentes oficiales.

con ello el presidente del parlamento pudo bloquear determinadas decisiones del gobierno, e incluso le hizo caer52. Una vez explicadas las soluciones políticas más excepcionales y extremas producidas entre los 75 casos en los que ningún partido obtuvo la mayoría absoluta, analizaremos otro tipo de alternativas adoptadas. La 52 Esto ocurre en la IV legislatura en Andalucía: el primer partido (PS) obtiene el gobierno, pero PP e IU pactan y obtienen la presidencia y la mayoría en la mesa. Dos años después, el presidente socialista disuelve el parlamento.

438


composición de las mesas en estas situaciones ha sido muy plural, a veces con los formatos antedichos, pero en la mayoría de los casos con conformación diversa. El criterio que ha guiado la tipología que presentamos es esencialmente cuantitativo, ya que definimos cuatro tipos de gobierno en función del porcentaje de votos que logran los candidatos a presidentes de gobierno, todo ello en las primeras votaciones de investidura. Pero también introducimos un criterio complementario, ya mencionado53. Estos son gobiernos de mayoría relativa, es decir cuando superan matemáticamente (50,1%) la mayoría absoluta pero la obtienen gracias al apoyo de otras formaciones parlamentarias. Sin embargo, el modelo más frecuente es el de los gobiernos minoritarios cuando no alcanzan la mayoría absoluta, incluso cuando consiguen ciertos apoyos en la investidura. Finalmente, los gobiernos de coalición, surgidos del acuerdo expreso de forjar este tipo de gobierno y que a su vez pueden ser mayoritarios cuando tienen matemáticamente la mayoría absoluta y son minoritarios cuando esto no sucede. Conviene recordar en este punto que se trata de un rasgo innovador respecto de lo que ha ocurrido en el ámbito nacional, en el que hasta ahora no se han formalizado coaliciones de gobierno. Casi siempre esta coaliciones se han forjado después de las elecciones, es decir se trata de coaliciones postelectorales, muchas veces, como veremos entre la segunda y tercera fuerza (y a veces de todas las fuerzas parlamentarias), frente al primer partido electoral y parlamentario. Esta solución, legítima, no siempre funciona adecuadamente en términos de gobierno, sobre todo cuando se coaligan fuerzas políticas con idearios diversos. Ello explicaría que en los siguientes comicios el electorado otorgue la mayoría absoluta a un partido (por ejemplo, Baleares, 2003 y 2011). Pero otras veces es valorado positivamente por los electores este tipo de solución, lo que comporta que se revalide la coalición (por ejemplo Aragón, 2003). Estas situaciones quedan reflejadas en la tabla 11, en el que se recoge la composición de la mesa por partidos. Por una parte se consignan los partidos en la mesa que no apoyan la investidura (negrita) y por otra los que votan SI a la investidura, en la primera votación. En todos los casos las ausencias y abstención también podrían servir a los propósitos del candidato a presidente de gobierno. A continuación se expresa el tipo de gobierno, al principio de la legislatura, porque a veces este formato cambia durante la misma. A la derecha del 53

Casos en los que el partido parlamentario del candidato a presidente no obtiene la mayoría absoluta por si solo, es decir antes de la investidura.

439


Tabla 11. Tipos de gobierno, composición política de las mesas de los parlamentos y los apoyos partidistas en la sesiones de investidura en las legislaturas autonómicas que carecen de un partido con mayoría absoluta

CC. AA.

Vicepr. Leg. Presidente 1.o

Vicepr. 2.o

Secret. 1.o

Secret. 2.o

Tipo de Gobierno al inicio legislatura

Partidos que votan SÍ Investidura inicio legislativa

IV

IU

PP

PS

PS

PP

MINORITARIO

PS

V**

PS

PP

PA

PP

PS

COALICIÓN

PS+PA

VI**

PS

PP

PA

PP

PS

COALICIÓN

PS+PA

IX

PS

IU

PP

PP

PP

COALICIÓN

PS+IU

I

PS

PS

PP

PS

PP

MAYORÍA RELATIVA

PS+IU+CDS

II

CDS

PS

PP

PS

PAR

MINORITARIO

PAR + PP

III

PP

PP

PS

PP

PS

COALICIÓN MAYORITARIA

PAR+PP

IV

PAR

PP

PS

PP

PAR


PP+PAR

V

PAR

PS

PP

CHA

PP


PS+PAR+ CHA+IU

VI

PS

PS

PP

PAR

PP


PS+PAR

VII

PS

PS

PP

Par

PP


PS+PAR

VIII

PAR

PP

PS

PP

PS


PP+PAR

II

PP

CDS

PS

IU

PS

MINORITARIO

PS

III

IU

PS

PP

PS

PP

MAYORÍA RELATIVA

PS+IU

IV

PP

PS

IU

PP

PS

MINORITARIO

PP

VI

PS

IU

PP

PS

PP


PS+IU

VII

PS

IU

PP

PS

PP


PS+IU

VIII

PP

PS

PP

PS

PP

MINORITARIO

FORO

IX

PS

FORO

PP

PS

UPyD

COALICIÓN

PS+UPyD

Andalucía**

Aragón

Asturias*

440


Cuadro 11. (Continuación)

CC. AA.

Leg. Presidente

Vicepr. 1.o

Vicepr. 2.o

Secret. 1.o

Secret. 2.o


I

PP

UM

PS

PP

EN

MAYORÍA RELATIVA

PP+UM+ G. Mixto

II

UM

CDS

PS

PP

EN

COALICIÓN MINORITARIA

PP+UM

V

MIX

PS

PP

MIX

PP

COALICIÓN MAYORITARA

PS+UM+IU+ PSM

VII

UM

PS

PP

PSM

PP


PS+UM+IU+ PSM

I

PS

PS

PP

PS

AM

MAYORÍA RELATIVA

PS+G. Mixto

II

AIC

PP

PS

CDS

AM


CDS+AIC+PP

III

AIC

PS

CDS

PS

PP


PS+AIC

IV

PP

CC

PS

CC

PP

MAYORÍA RELATIVA

CC+PP

V

PP

CC

PS

CC

MIX


CC+PP

VI

PP

CC

PS

CC

PP


CC+PP

VII

CC

PP

PS

CC

PS


CC+PP

VIII

NC

PS

PP

NC

PP


CC+PS+NC

II

PRC

PS

PP

CDS

PP

MINORITARIO

PP

III

PP

PP

PS

PP

PS


PP+UPCA

IV

PP

PRC

PS

PS

IU


PP+PRC

V

PRC

PP

PS

PP

PS


PP+PRC

VI

PS

PS

PP

PRC

PP


PRC+PS

VII

PS

PRC

PP

PRC

PP


PRC+PS

I

PS

PS

PP

PS

PP

MINORITARIO*

PS

II

CDS

PP

PS

PP

PS

MINORITARIO

PP+G. Mixto

Baleares

Canarias

Cantabria

Partidos que votan SI Investidura inicio legislativa

Castilla y León

441



CC. AA.

Cataluña**

Extremadura

Galicia

Comunidad Madrid**

Vicepr. 1.o

Vicepr. 2.o

Secret. 1.o

Secret. 2.o

ERC

PS

CiU

CiU

PS

MINORITARIO

CiU

Leg. Presidente

I V

PS

CiU

PP

CiU

ERC

MINORITARIO

CiU

VI

CiU

PS

PP

PS

ERC

MINORITARIO

CiU

VII

ERC

PS

CiU

CiU

PS


PS+ERC+IU

VIII

ERC

PS

CiU

PS

CiU


PS+ERC+IU

IX

CiU

CiU

PS

PP

PS

MINORITARIO

CiU

IV

IU

PP

PS

PP

PS

MINORITARIO

PS

VIII

IU

PP

PS

IU

PS

MINORITARIO

PP PP+UCD

I

UCD

PP

PS

UCD

PP

MAYORÍA RELATIVA

II

CG

PP

PS

PP

PS

MINORITARIO

PP

VII

PS

BNG

PP

PS

PP


PS+BNG

VIII

PP

PP

PS

PP

BNG

MAYORIA ABSOLUTA

PP

II

CDS

PS

PP

PS

PP

MINORITARIO

PS PS+IU

III

IU

PP

PS

PS

PP

MAYORÍA RELATIVA

VI

PP

PS

PS

PP

PS

NUEVAS ELECCIONES No hubo gobierno

VII

Navarra**

442



I

PP

PP

PS

PS

PP

MINORITARIO

PS

II III

PP

PS

PP

CDS

UDF

MINORITARIO

PS

PS

EA

PP

IU

PP

MINORITARIO

PP PS+CDN* EA

IV

PS

CDN

PP

EA

PP


V

PS

UPN

IU

UPN

PNV

MAYORÍA RELATIVA

UPN

VI

UPN

CDN

PS

UPN

IU


UPN+CDN

VII

PS

UPN

NB

IU

CDN


UPN+CDN, PS

VIII

UPN

PS

NB

PS

Bild


UPN+PS



CC. AA.

Leg. Presidente

II La Rioja

CDS


Vicepr. 1.o

Vicepr. 2.o

Secret. 1.o

Secret. 2.o


PS

PP

PS

PP

MINORITARIO

PP+PRP PS+PRP

III

PS

PR

PP

PS

PP


I

PNV

PNV

PS

PNV

EE

MINORITARIO

PNV

II

PNV

PNV

PS

PNV

PS

MINORITARIO

PNV

III

PS

EA

PNV

EE

CDS


PNV+PS+CDS

IV

PNV

PS

EA

PP

EE


PNV+PS+EE

V

PNV

PS

PP

EA

IU

COALICIÓN

PNV+PS

VI

PNV

PP

EH

PS

EA

COALICIÓN

PNV+EA

VII

PNV

EA

PP

PS

IU

COALICIÓN

PNV+EA+IU

VIII

PNV

PS

EA

PP

IU

COALICIÓN

PNV+EA+IU

IX

PS

PS

PNV

PS

PNV

MINORITARIO

PSOE+PP

II

PS

PS

PP

PS

PP

MAYORÍA RELATIVA

PS+IU

IV

UV

PP

PS

PP

PS


PP+UV

País Vasco

C. Valenciana

Fuente: López Nieto, 2012. (*) El reglamento en Asturias no permite el voto negativo en la investidura, por lo que se suman de hecho el negativo y la abstención; estos en la II, PP+CDS+IU; en la III, PP+G. Mixto; en la IV: se abstienen IU+G. Mixto, porque en la segunda votación se vota favor de los candidatos mejor situados y el del PP obtuvo 21 votos y el socialista 17. Casos en los que con mayoría absoluta el presidente dimite (por corrupción u otros motivos) y aunque hay nuevo presidente y nuevo gobierno los cambios no alteran la mayoría de gobierno, por eso no están incluidos en este cuadro, aunque si en el cuadro n.o 12 (Andalucía en la I; Baleares en la IV; Cantabria en la I y Murcia en la III). (**) En la V Legislatura de Andalucía se crea la vicepresidencia 3.a que ocupa el PS y una secretaria 3.a que ocupa IU; esa distribución de cargos y partidos se mantiene en la VI, en la IX las 3.ª las ocupa el PSOE; en la C. de Madrid en la II y VI legs., la vicepresidencia 3.a fue ocupada por IU y en la III por PS; la secretaria 3.a en la II fue ocupada por el CDS, en la III por IU y en la VI por el PP; en Cataluña, la secretaria 3.a la ocupó en la I UCD, en la V y VI por CiU y en la VII ERC; la secretaria 4.a la ocupó UCD en la I, en la V IU-IC; en la VI CiU y en la VII el PP ; en la VIII el 3.o de IU y el 4.o del PP; en la IX el 3.º y 4.º de CiU; en Navarra en la I tuvo una secretaría 3.a y 4.a ocupadas por PP y por UPN. No incluyo como gobiernos de coalición los casos de coalición preelectoral del partidos del presidente que tiene mayoría absoluta previamente: Cataluña en la II (CiU+ERC), aunque no agota esta coalición el mandato; Galicia (PP+CG) en la III.

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cuadro se recogen los partidos que expresamente, o indirectamente con su abstención o ausencia en la sesión de investidura, apoyan al candidato a presidente de gobierno. Como se puede advertir todas las CCAA menos Castilla la Mancha y Murcia, han tenido en alguna ocasión gobiernos sin mayoría absoluta, aunque en algunas, esta situación ha sido menos frecuente (Extremadura en Castilla León, Comunidad Valenciana y La Rioja, solo en dos ocasiones y en Andalucía, Baleares y Galicia en cuatro54). En estos casos se han visto afectados tanto el PS como el PP y en ocasiones los candidatos a presidentes de gobierno han cedido la presidencia del parlamento al partido que de una u otra forma les apoyaron en la investidura, a veces como parte del acuerdo de gobierno de coalición, pero en otras a cambio del pacto de legislatura. En Cantabria y Cataluña en seis y han afectado a distintos partidos produciendo diversos tipos de gobierno y acuerdos sobre la presidencia del parlamento. Las CCAA mencionadas en todo caso se incluyen como venimos analizando, entre las que presentan una situación estable desde el punto de vista de la gobernabilidad en al menos la mitad de las legislaturas analizadas. Por el contrario Aragón, Canarias, Navarra y País Vasco han sido las más inestables en todas las legislaturas, han contado con diversos tipos de gobiernos y en muchos casos han cedido la presidencia de las mesas a cambio de la inclusión en un gobierno de coalición de los partidos que apoyan la investidura o solo como parte del pacto de legislatura. Asturias se debe asimilar a este modelo ya que esta situación se ha producido en siete ocasiones. Por lo tanto, nos encontramos ante unos escenarios políticos heterogéneos, inestables, pero también plurales y competitivos, que han permitido la alternancia política, así como formas de gobierno presididas, casi la mitad de las veces por la negociación y el consenso. En la resolución de estas situaciones, los comportamientos del personal político y de las relaciones partidistas (inter e intra) que se producen después de las elecciones son «variopintas». Afectan a la mayoría de las CCAA (menos Castilla la Mancha y Murcia) en al menos una legislatura y a todos los partidos, a los grandes debido a la volatilidad en el comportamiento, como también le ocurre a las demás formaciones políticas. 54

La Comunidad de Madrid se podría incluir en este grupo excluyendo la VI legislatura por su excepcionalidad.

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La inestabilidad de la vida partidista en las CCAA es una realidad que en parte comparte con la que se produce en el ámbito nacional, aunque en este nivel territorial tiene más visibilidad. Es posible pensar que esta situación obedezca a la creciente institucionalización de los sistemas políticos autonómicos. Estos intentarían conseguir del Estado mayores cotas de competencias y recursos en un proceso creciente de competitividad entre las CCAA. Por ello, muchas veces desaparece la cohesión intra-partidista, en favor de acuerdos entre los partidos de una misma CCAA. Aumentan las tensiones entre políticos del mismo partido en diferentes CCAA, al tiempo que se llega a acuerdos y consensos entre quienes integran los parlamentos autonómicos. Pero si durante la década de los noventa que estas dinámicas negociadoras se manifiesten sobre todo en las políticas «menos partidistas», durante el final de la VI y comienzo de la VII legislaturas autonómicas se estaría ampliando a políticas más importantes. Simultáneamente, las organizaciones centrales de los partidos tratarán de «cohesionar» a sus bases autonómicas, aunque ello ha dependido siempre de la capacidad de liderazgo de los presidentes y líderes de los grandes partidos, como ocurriera con F. González y con J.M. Aznar. El proceso exigió negociaciones bilaterales que desembocaran en consensos multilaterales, en los que se reconocerán y otorgaran progresivamente mayores cotas de autonomía, sin romper la unidad y cohesión de la Nación y de cada partido. Esta realidad permitiría hablar de un modelo innovador de relaciones inter e intra partidistas que se manifiesta sobre todo en la formación de las instituciones representativas por excelencia (parlamentos y gobiernos) y en las relaciones entre ambas, lo que ha venido a enriquecer la vida política autonómica. No se puede olvidar sin embargo, que se trata de un proceso complejo e inestable, en el que quizá los actores últimos, quienes son reclutados para representar a esas CCAA, influyan sobre el mismo, sobre todo cuando subordinan la lealtad a los principios constitucional y partidistas a la defensa de posiciones nacionalistas o regionalistas. En función del tipo de gobiernos habidos, es posible proponer una nueva tipología tentativa sobre las CCAA conservadoras donde no cambia el partido de gobierno y a veces ni el presidente versus, renovadoras y con alternancia. Se trataría de seguir profundizando en aspectos como el que aquí presento parcialmente y en los análisis de los 17 casos en sus aspectos relativos al funcionamiento y a lo que han hecho las CCAA, sus parlamentos, sus gobiernos y su personal político, especialmente sus presidentes,

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algunos de los cuales son paradigmáticos al haberse perpetuado al frente de sus gobiernos durante muchos años, como Bono, Pujol o Ibarra, para después comparar y evaluar estos y otros aspectos. Al tiempo habría que analizar los por qué de la hegemonía de esos partidos y de esos presidentes, ya que el éxito político podría deberse tanto a méritos propios, como a deméritos de las fuerzas opositoras. Además, como a lo largo del periodo analizado los gobiernos autonómicos han ido incrementando sus competencias y por ende sus recursos de todo tipo 55, los partidos de gobierno actuarían como partidos cártel y podrían estar de generando nuevas fórmulas y comportamientos clientelares. Esta hipótesis se sustenta en el interrogante que se vislumbra al comprobar como el comportamiento electoral en algunas elecciones autonómicas (como en algunas locales) apenas se modifica en ciertos territorios, aunque se manifiesta el voto dual en elecciones generales. Por el contrario, en la mayoría del territorio español, el comportamiento electoral ha ido evolucionando a lo largo del tiempo en todo tipo de comicios produciéndose la alternancia política en los diversos gobiernos. Creo que las tipologías, o los estudios parciales sobre las CCAA requerirían primero conocer más y mejor esta realidad política de enorme riqueza y de esta forma tendrían más capacidad explicativa, ya que a medida que introducimos nuevos parámetros de estudio, encontramos peculiaridades y lógicas aparentemente inexplicables, por ejemplo, que un mismo gobierno con mayoría absoluta en una legislatura se someta al control parlamentario de la oposición de forma sistemática y en otras no lo haga. Las diversas prácticas políticas que se han producido en el ámbito de los sistemas parlamentarios autonómicos responden a lógicas políticas diversas y plurales, que son impulsadas a veces por políticos de un mismo partido, que de esta forma muestran diversos grados de autonomía a lo largo del proceso representativo, especialmente en las últimas etapas, en el diseño partidista de los principales órganos de las instituciones. La adecuación entre la composición de estas y otro de los objetivos de la repre55

Administraciones y puestos de patronazgo, recursos financieros, medios de comunicación públicos, etc. Ver este tema desarrollado en LÓPEZ NIETO, L.: «Notas sobre la hipotética cartelización de los partidos en el Estado autonómico» en ARENILLA, M. (Coord.) (2010): La Administración pública entre dos siglos. (Ciencia de la Administración, Ciencia Política y Derecho Administrativo). Madrid: INAP. pp. 135-157. NIPO (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL): 010-10-028-2, ISBN: 978-84-7351-396-8; ISBN en e-book: 978-84-7088-911-0

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sentación, la gobernabilidad, en ocasiones es independiente de cual sea el formato adoptado, ya que en última instancia intervienen numerosos factores, que influyen en la capacidad de llevar a término los programas de gobierno. Entre estos hay que reiterar el comportamiento de los políticos, especialmente de los candidatos a presidentes de los gobiernos autonómicos, aunque a veces el cambio de grupo de un diputado es suficiente para hacer caer un gobierno.

5.3. Notas sobre los presidentes autonómicos A lo largo de este trabajo advertimos que desde el punto de vista jurídico formal, la regulación básica del sistema representativo de las CCAA reproduce en esencia el modelo del sistema político español. Pero también hemos notado como con el paso del tiempo, las normas básicas que regulan el funcionamiento de las instituciones autonómicas han ido introduciendo especificidades por diferentes razones, aunque otras veces nos encontramos con vacíos legales para la solución de ciertos conflictos que no estaban previstos56. Entre estas podemos las derivadas de la práctica política en las relaciones parlamentos y gobiernos en determinadas CCAA57. Por su parte la dinámica política del sistema parlamentario español como es sabido ha producido un modelo de relaciones entre el legislativo y el ejecutivo caracterizadas por el claro predominio del gobierno, en el que cobra especial relevancia la figura del presidente. Este protagonismo en origen puede deberse, entre otros factores, al carácter explícito del voto de investidura, dada la importancia política que este procedimiento adquiere, en contraste con los países donde esto no ocurre. Desde el punto de vista de la práctica política cabe pensar que el liderazgo que jugó Suárez como presidente predemocrático tuvo clara influencia política después como jefe de los dos gobiernos democráticos que presidió en minoría, aunque ejerciendo extensamente las competencias del cargo. Es posible que este modelo de presidente, que se puede asociar al modelo de canciller, haya sido «copia56

Este sería el caso de la Comunidad de Madrid en 2003 ante el conflicto planteado por dos diputados socialistas en la Asamblea al no estar previsto la solución al problema que han creado y que afecta tanto a los plazos para la investidura, como a otros muchos aspectos de la constitución de los órganos de la institución y a l funcionamiento de la Comunidad. 57 Por ejemplo, son singulares los reglamentos de los parlamentos en relación a la investidura en el caso de Asturias y de Navarra.

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do» o asumido por los demás presidentes nacionales y buena parte de los autonómicos. Además, en el caso de estos últimos, los estatutos de autonomía les confieren poderes relevantes58 y que junto al peculiar proceso continuado de transferencias, habrían sido factores que han favorecido poder optar por un ejercicio extenso de sus competencias. Luego, con el paso del tiempo, el incremento de los ingentes recursos59 con que han ido contando habrían sido alicientes añadidos para ostentar el cargo de presidente autonómico. Sin embargo, los cambios en los resultados electorales, la composición de los parlamentos, las relaciones con las otras partes de sus respectivos partidos, así como la propia intrahistoria del ejercicio del cargo como presidentes, explican que pese a los teóricos incentivos con que contaban, haya habido una alta discontinuidad entre los presidentes autonómicos. Estos obedecen a múltiples factores: cambio de orientación electoral, dimisiones derivados de corrupción, ocupar cargos en el gobierno nacional, etc. De los 141 casos estudiados, ha habido 72 presidentes distintos, al inicio del mandato, porque hay que recordar que el cuadro y análisis que siguen, solo incluye los nombres de aquellos que fueron elegidos tras las elecciones. Por lo tanto estamos ante una renovación del 51%, dicho de otra forma, una tasa de discontinuidad alta, mayor que la derivada del cambio de electoral, a la que hay que sumar los casos en los que se sustituyó algún presidente entre elecciones, que son 21 más, incluidos Bono, Chaves y Camps. Hay que recordar también que en algunos de estos casos, los sustitutos a mitad de mandato, se presentaron a las siguientes elecciones y fueron presidentes, o lo fueron en alguna otra ocasión60. En este grupo podemos incluir dos casos en los que los presidentes disolvieron el parlamento y convocaron de forma anticipada elecciones, a las que volvieron a concurrir y recuperaron la presidencia61. Otras veces vuelven a con58

Desde el punto de vista simbólico se podría considerar que representan al Jefe del Estado, quién formalmente firma su nombramiento. En contraste con el jefe de gobierno, determinadas leyes autonómicas llevan solo la firma del presidente autonómico. 59 Competenciales, financieros, de patronazgo, etc., todas ellas muy importantes desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. 60 Por ejemplo, Rodríguez de la Borbolla, sustituyó al primer presidente en Andalucía a mitad de mandato y de nuevo fue presidente tras las elecciones de 1986. Otro caso lo representa J. Matas en Baleares, que sustituyó al presidente en mitad de la IV legislatura; volvió a concurrir pero no logró formar gobierno y en la VI legislatura ha sido elegido presidente. 61 M. Chaves en la IV y J.J. Ibarreche en VI.

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Tabla 12. Notas sobre los presidentes autonómicos y sus gobiernos al inicio de las legislaturas Legislatura y Nombre presidente

CCAA

Partido Político Presidente

Tipo de gobierno

Acaba Legislatura Causas

Andalucía

I II III IV V VI VII VIII IX

R. Escuredo J.R. Borbolla M. Chaves M.Chaves M. Chaves M. Chaves M. Chaves M. Chaves J.A.Griñán

PSOE PSOE PSOE PSOE PSOE PSOE PSOE PSOE PSOE

M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta Minoritario Coalición May. Coalición May. M. Absoluta M. Absoluta Coalición

NO, dimite SÍ ** SÍ NO, disolución SÍ SÍ SÍ No, dimite*** ¿?

Aragón

I II III IV V VI VII VIII

S. Marraco H.G. Roces E. Eiroa S. Lanzuela M. Iglesias M. Iglesias M. Iglesias L.F. Rudí

PSOE Par Par PP PSOE PSOE PSOE PP

M. Relativa Minoritario Coalición May. Coalición May. Coalición May. Coalición May. Coalición May. Coalición May.

SÍ SÍ NO, moción cens. SÍ SÍ SÍ SÍ ¿?

Asturias

I II III IV V VI VI VIII IX

P. Silva P. Silva J.L. Rguez. S. Marqués V. Alvarez A. V. Alvarez A. V. Alvarez A. F.A. Cascos J. Fernández

PSOE PSOE PSOE PP PSOE PSOE PSOE Foro PSOE

M. Absoluta Minoritario Mayoría relativa Minoritario M. Absoluta Coalición May. Coalición May. Minoritario Coalición

SÍ SÍ NO, dimite SÍ, SÍ SÍ SÍ No, disuelve ¿?

I. Baleares


G. Cañellas G. Cañellas G. Cañellas C. Soler F. Antich J. Matas F. Antich J.R. Bauzá

PP PP PP PP PSOE PP PSOE PP

Mayoría relativa Coalición Min. M. Absoluta M. Absoluta Coalición May. Coalición May. Coalición May. M. Absoluta

SÍ SÍ SÍ NO, dimite SÍ SÍ SÍ ¿?

Canarias


J. Saavedra F. Fdez. Martín J. Saavedra M. Hermoso R. Rodríguez A. Martín. P. Rivero P. Rivero

PS CDPS AIC AIC CC CC CC CC

Mayoría relativa Coalición May. Coalición May. Mayoría relativa Coalición May. Coalición May. Coalición May. Coalición May.

SÍ ^^^ NO, dimite NO, moción cens. SÍ, SÍ, SÍ SÍ ¿?

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Tabla 12. (Continuación) Legislatura y Nombre presidente

CCAA



Tipo de gobierno

Cantabria


J.A. Rdguez . J. Hormaechea J. Hormaechea J. Mtez. Sieso J. Mtez. Sieso M.A. Revilla M.A. Revilla J.I. Diego

PP PP Upc PP PP Prc Prc PP

M. Absoluta Minoritario Coalición May. Coalición min Coalición May. Coalición May. Coalición May. M. Absoluta

NO, dimite NO, moción cens. SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ ¿?

Castilla León


D. Madrid J.M. Aznar J.J. Lucas J.J. Lucas J.J. Lucas J.V. Herrera J.V. Herrera J.V. Herrera

PSOE PP PP PP PP PP PP PP

Minoritario * Minoritario M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta

NO, dimisión NO, dimisión SÍ SÍ No, ministro SÍ SÍ ¿?

CastillaLa Mancha


J. Bono J. Bono J. Bono J. Bono J. Bono J..Bono J.M. Barreda M.D. Cospedal

PSOE PSOE PSOE PSOE PSOE PSOE PSOE PP

M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ No, Ministro SÍ ¿?

Cataluña


J. Pujol J. Pujol J. Pujol J. Pujol J. Pujol J. Pujol P. Maragall J. Montilla A. Más

CIU CIU CIU CIU CIU CIU PSOE PSOE CiU

Minoritario M. Abs. + Coalic. M. Absoluta M. Absoluta Minoritario Minoritario Coalición May. Coalición May. Minoritario

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO, disolución SÍ ¿?

Extremadura

I II III IV V VI VIII VIII

J.C. R. Ibarra J.C. R. Ibarra J.C. R. Ibarra J.C. R. Ibarra J.C. R. Ibarra J. C. R. Ibarra G. Fdez. Vara J.A. Monago

PSOE PSOE PSOE PSOE PSOE PSOE PSOE PP

M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta Minoritario M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta Minoritario

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ ¿?

450



CCAA


Tipo de gobierno


Galicia


G. Fdez. Albor G. Fdez. Albor M. Fraga M. Fraga M. Fraga M. Fraga E.P. Touriño A. Núñez Feijóo

PP PP PP PP PP PP PSOE PP

Mayoría reltativa Minoritario M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta Coalición May. M. Absoluta

SÍ NO, moción cens. SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ ¿?

Comunid de Madrid (**)


J. Leguina J. Leguina J. Leguina A. R. Gallardón A. R. Gallardón No hubo E. Aguirre E. Aguirre E. Aguirre

PSOE PSOE PSOE PP PP PP PP PP PP

M. Absoluta Minoritario Mayoría relativa M. Absoluta M. Absoluta No hubo M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ Disolución SÍ SÍ ¿?

Murcia


A. Hdez. Ros C. Collado C. Collado R.L. Valcárcel R.L. Valcárcel R.L. Valcárcel R.L. Valcárcel R.L. Valcárcel

PSOE PSOE PSOE PP PP PP PP PP

M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta

SÍ SÍ NO,dimisión SÍ SÍ SÍ SÍ ¿?

Navarra


G. Urralburu G. Urralburu J.C. Allí J. Otano. M. Sanz S. M. Sanz S M. Sanz S Y. Barcina

PSOE PSOE PP PSOE PP PP PP UPN

Minoritario Minoritario Minoritario Coalición min. Minoritario Coalición May. Coalición Min. Coalición Min.

SÍ SÍ SÍ NO, dimisión SÍ SÍ SÍ ¿?

La Rioja


J. Miguel Cid J. Espert J. Perez S. P. Sanz A. P. Sanz A. P. Sanz A. P. Sanz A. P.Sanz A.

PS PP PS PP PP PP PP PP

M. Absoluta Minoritario Coalición May. M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta

SÍ NO, moción cens. SÍ ** SÍ SÍ SÍ SÍ ¿?

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CCAA

País Vasco

Comunidad Valenciana


Tipo de gobierno



C. Garaicoechea C. Garaicoechea JA. Ardanza JA. Ardanza J.J. Ibarreche J.J. Ibarreche J J. Ibarreche J.J. Ibarreche F. López

PNV PNV PNV PNV PNV PNV PNV PNV PSOE

Minoritario Minoritario Coalición Min. Coalición May. Coalicion Min. Coalicion Min. Coalicion Min. Coalición Min. Minoritario

SÍ NO, dimisión SÍ ** SÍ SÍ NO, disolución SÍ SÍ ¿?


J. Lerma J. Lerma J. Lerma E. Zaplana E. Zaplana F. Camps F. Camps F.Camps

PS PS PS PP PP PP PP PP

M. Absoluta Mayoría relativa M. Absoluta Coalición May. M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta M. Absoluta

SÍ SÍ SÍ SÍ NO, ministro SÍ SÍ No, dimite****

Fuente: López Nieto, 2012. (*) = incluye ocasionalmente las ausencias en la sesión investidura. (#)= dimiten para presentarse a elecciones de las CC. AA. (**) = fueron presidentes a mitad de la legislatura anterior; (^^^): agota la legislatura, aunque dimite y vuelve a ser elegido; (Ç) = Como en cuadros anteriores ponemos PP, aunque es la UPN. En la I legislatura hay 3 candidatos a presidentes que no alcanzan la mayoría, después de diversas votaciones; finalmente es nombrado G. Urralburu en abril de 1984, en aplicación de una cláusula automática de investidura, tras una sentencia del Tribunal Constitucional (6-2-1984); esta misma cláusula automática se aplica en la II legislatura. (**) Son los resultados de las segundas elecciones porque en la primera no fue posible formar gobierno. Los datos del cuadro son al principio de la legislatura, ya que ha habido segundos y terceros presidentes en una misma legislatura; los porcentajes de apoyo y abstención mas ausencias se refieren a la primera (y a veces segunda con el mismo resultado que en la primera) votación de investidura. Excepciones normativas: el reglamento de Asturias en la II, III y IV no permite el voto negativo de investidura, por eso, están sumados los negativos y la abstención. Las coaliciones preelectorales no se consignan como coalición: AP-PDP-UL en la I en diversas CC. AA.; CIU (CDC+UDC) en todas menos la segunda, porque entra ERC en una coalición postelectoral; PP+CG en la III en Galicia. (***) Tras la dimisión de Chaves por acceder a ministro, le sucede J.A. Griñán que agota la legislatura. (****) Dimite por estar incurso en proceso judicial y le sucede A. Fabra

currir pero no consiguen recuperar la presidencia, porque pierden las elecciones. De nuevo advertimos que ha habido situaciones muy diversas y que no han afectado por igual a todas las CCAA aunque esta tipología está en gran medida asociada a otras anteriores.

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• CCAA con el mismo presidente en las 8 o 9 legislaturas: Ninguno, • CCAA con el mismo presidente en seis legislaturas Castilla la Mancha y Extremadura y Cataluña. • CCAA con tres presidentes: C. de Madrid, C. Valenciana, R. de Murcia, • CCAA con cuatro presidentes diferentes: Andalucía, Castilla León, La Rioja, Galicia, País Vasco, • CCAA con cinco presidentes diferentes Baleares, Cantabria, Navarra, • CCAA con seis presidentes diferentes Aragón, Asturias, Canarias. Como se puede advertir también en este indicador el panorama es muy plural y esta tipología es independiente de algunos factores políticos (como el partido político, el tipo de competencias), salvo para el segundo grupo en el que coinciden las dos CCAA conservadoras de sus respectivos presidentes socialistas hasta las elecciones de 2011. Este apelativo solo se aplica a la falta de alternancia o la estabilidad en el sistema representativo, ya que cabe pensar que la continuidad de unos presidentes, con enormes poderes y en un proceso «constituyente»62 durante casi dos décadas, habría podido ser beneficiosa para el rendimiento político y el desarrollo de sus CCAA. Como la evaluación de esta cuestión no es objeto de este trabajo, el calificativo solo pretende describir un rasgo común y paradigmático, en un contexto de importante discontinuidad. A este grupo cabría asociar los casos de Andalucía en los que no ha habido alternancia, aunque diversos presidentes y Cataluña con el mismo presidente durante seis legislaturas y Galicia con el mismo partido en seis mandatos. En el otro extremo encontramos dos CCAA muy renovadoras o con gran discontinuidad en sus presidentes que han tenido hasta cinco diferentes y que además han pertenecido a tres partidos diferentes. Esta gran discontinuidad podría haber perjudicado el éxito político y el desarrollo de ambas CCAA, sobre todo en el caso de que la dinámica política hubiese sido de carácter antagónico, circunstancia que no se ha producido en ninguno de los dos casos. No obstante, considero que ninguna de las dos premisas son en si mismas determinantes, porque los criterios para medir el grado de cumplimiento de los objetivos no simbólicos de la descentralización política, que las 62

Utilizo este concepto desde un punto de vista politológico, pero no jurídico. Con el pretendo destacar que las CCAA han ido recibiendo competencias a lo largo de este largo periodo.

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administraciones autonómicas sirvieran para resolver mejor los problemas de los ciudadanos, son difíciles de determinar científicamente, porque todavía se han estudiado muy poco. En todo caso, esta cuestión de la continuidad o renovación de los presidentes, solo parcialmente está vinculado a los resultados electorales, especialmente en el caso de los gobiernos minoritarios, pero en estos casos y en otros (dimisiones, mociones de censura) ha influido mucho el comportamiento de los representantes públicos. Entre estos destacamos la actitud de los presidentes, pero también de algunos diputados, cuyos comportamientos individuales (por ejemplo, transfugismo) han hecho caer a determinados presidentes. Entre ambos casos extremos de presidentes continuistas y renovados, una vez más se sitúan la mayoría de las CCAA, con una cierta continuidad de los mismos (los que tienen tres) o con menor continuidad (cuatro presidentes), situación vinculada al cambio electoral, pero también a otras vicisitudes políticas de cada CA, como son las dimisiones, más o menos voluntarias (mociones de censura), que ocurren durante el transcurso de la legislaturas. No podemos olvidar tampoco las continuas crisis y tensiones en el seno de los partidos, que han repercutido tanto en la vida parlamentaria, pero sobre todo en la estabilidad o discontinuidad de los gobiernos. De hecho a la renovación que comentamos, hay que añadir las antedichas dimisiones que ocurren durante las legislaturas y que tienen lugar casi siempre con gobiernos minoritarios, de diferentes partidos, aunque a veces también se han producido con mayorías absolutas63. Prácticamente no hay ninguna CCAA en la que los todos presidentes hayan agotado la legislatura. Tampoco es posible encontrar pautas que permitan asociar los presidentes que no agotan la legislatura con un periodo temporal concreto, ya que la discontinuidad se ha producido en distintas legislaturas. Existe un ejemplo paradigmático (III en Aragón) que tuvo tres presidentes en la misma legislatura, en teoría la más inestable de las estudiadas desde esta perspectiva, aunque no necesariamente lo fuera desde un punto de vista político. En este punto conviene tener presente que la mayoría de los diputados o parlamentarios también presentan una gran discontinuidad, ya que más del 50% solo permanece en su escaño una legislatura. Esta situación la comparten los demás representantes públicos (diputados nacionales, sena63

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Andalucía y Cantabria en la I y Murcia en la III.


dores y concejales) y solo los alcaldes alcanzan cotas más altas de continuidad. Se trata de una disfunción del sistema político español, que quizá no se vea compensada por la movilidad que existe entre una parte importante de cargos públicos que ocupan puestos en las distintas administraciones y órganos territoriales. Otro tipo de análisis de este estudio es la adscripción partidista de los presidentes autonómicos, aspecto de nuevo vinculado a los resultados electorales antedichos. La distribución partidista de los presidentes muestra como casi el 80% de los mismos pertenecen a los dos principales partidos: 27 de ellos eran socialistas, 37,5% y 28 (39%) populares, la mayoría a partir de la III o IV legislatura. Los restantes han pertenecido a diversas formaciones nacionalistas y regionalistas. La renovación o continuidad han estado ligadas en algunas CCAA vinculada al ciclo electoral, las primeras legislaturas predominio socialista, después popular y en el comienzo de siglo alta competitividad. Pero algunas renovaciones de presidentes se han debido a las tensiones y problemas en el seno de sus respectivos partidos El alcance desde el punto de vista cuantitativo de los apoyos logrados en la sesión de investidura, tanto los explícitos como los conseguidos por vía de la abstención o ausencia en la citada sesión64, han sido muy dispares y de nuevo resulta difícil encontrar pautas explicativas con ciertas dosis de continuidad, con las lógicas excepciones debidas a los casos de mayoría absoluta. No obstante incluso en estos últimos casos, se advierte enseguida como los presidentes continuistas han tenido apoyos diversos, asociados en parte al ciclo político electoral general, pero también a las ventajas que les haya podido dar la oposición, directa o indirectamente65. Cuando no había mayoría absoluta, a veces el partido del candidato a presidente ha logrado altos porcentajes de votos en la investidura con resultados políticos desiguales, en ocasiones agotando la legislatura, pero no así en otras66. Por eso además de tener en cuenta las cifras de los apoyos directos e indirectos, es menester

64 Con frecuencia se han requerido al menos dos votaciones para que un presidente lograra ser investido. 65 Los apoyos directos se manifiestan por ejemplo al votar a favor de investidura y los indirectos absteniéndose o ausentándose durante la investidura. El origen de este tipo de ayudas derivan de los problemas del primer partido de la oposición y otras por la incapacidad de las fuerzas opositoras bien por apoyar al primer partido o por conformar un acuerdo alternativo. 66 Por ejemplo el 73,2% en Galicia en la I legislatura; o el 66% en Canarias en la III y IV; en la III en Canarias hubo luego una moción de censura.

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evaluar el contenido de los acuerdos, verificar la «producción política» de cada legislatura y si esta se agota. En ocasiones, ha habido gobiernos minoritarios con apoyos diversos67, que han sido ricos y productivos desde el punto de vista político y especialmente desde el parlamentario, ya que los indicadores de la actividad parlamentaria así lo indican68. Este criterio también habría que aplicarlo y verificar sus resultados en todos los casos en los que el porcentaje de abstenciones o ausencias en las sesiones de investidura ha sido alto69, para comparar su rendimiento con institucional con las legislaturas con mayoría absoluta, ya que en estos casos el parlamento habría jugado un papel relevante, aunque también sabemos que muchas veces lo que ocurre al inicio de la legislatura, en este caso los apoyos al gobierno, se modifican a lo largo de la misma. Los apoyos a veces son temporales o guadiana70, porque cambian las relaciones en el seno de los partidos, o porque algunos miembros, incluidos los presidentes pasan a ocupar otros cargos durante la legislatura. En efecto las trayectorias políticas de los presidentes autonómicos, comparten las características básicas de los demás políticos españoles, un alto grado de discontinuidad en sus cargos en sus respectivas CCAA, acompañada en ocasiones por la continuidad de sus carreras en otras instituciones políticas de diverso ámbito territorial y en otras por el abandono de la vida pública. Así entre los presidentes autonómicos objeto de nuestro estudio, algunos han sido ministros (M. Chaves, M. Fraga, E. Aguirre, Bono) o han ocupado escaño en las Cortes y de estos casi todos lo han hecho antes de «bajar» al ámbito autonómico, al que habrían llegado con una experiencia parlamentaria previa. Pero también algún presidente autonómico volvió a las Cortes, para continuar su vida política o para asumir otro tipo de responsabilidad (J.M. Aznar, J. Saavedra). Otros habían pasado del ámbito nacional o local al autonómico y después habrían cambiado de nuevo (J. Leguina, A.R. Gallardón). Junto a estos casos, habría presidentes «autóctonos» que no 67

Estas situaciones tuvieron lugar especialmente en la II legislatura en diversas CCAA en las que el CDS, como tercer partido, jugó un poco de árbitro apoyando casi siempre a los gobiernos pero exigiéndoles el acuerdo (Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla León, Galicia, Madrid, Valencia, Rioja). 68 Por ejemplo, en los casos mencionados encontramos el mayor número de proposiciones de ley aprobadas, y también de las otras iniciativas. 69 Por ejemplo, la II y III en Asturias, la II en Castilla León, la I y II en Cataluña, la II en Madrid y Valencia, la I y II en Extremadura. 70 Un caso paradigmático sería el comportamiento de HB que siempre se ausenta durante las sesiones de investidura y luego apoya al gobierno o vota en contra en determinadas ocasiones.

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habrían ocupado otros cargos en las Cortes, por distintas razones. Así en un extremo situamos a Andalucía, CA en las que todos sus presidentes han ocupado cargos en las Cortes y algunos también en el gobierno central. En el polo opuesto estarían Murcia o País Vasco. En medio las demás CCAA, con distinto grado de implicación de sus presidentes en las instituciones nacionales, alto en el caso de Castilla León, Madrid o la C. Valenciana. A la vista de esta realidad se puede encontrar cierta continuidad histórica respecto a la ausencia de elites políticas de ciertos territorios en las instituciones nacionales, aunque la casuística vuelve a ser tan plural que dificilmente permite establecer pautas de comportamiento claras y determinantes. En suma, los indicadores aportados sobre los presidentes autonómicos contribuirán a incrementar el conocimiento de los sistemas representativos y a evaluar mejor su rendimiento político e institucional, teniendo en cuenta que la compleja intrahistoria de los actores políticos autonómicos, es una variable indispensable para verificar lo que han hecho las CCAA. Ya he señalado que los presidentes autonómicos habrían tenido un protagonismo esencial en el rendimiento de estos subsistemas políticos, aunque en las dos primeras legislaturas este papel habría tenido condicionamientos externos importantes impuestos por las decisiones de las organizaciones nacionales de los partidos, en relación a la ampliación de las competencias y por tanto de sus recursos políticos. No obstante el quehacer de los presidentes, también limitados en la mayoría de los casos en su CA por otros muchos factores del sistema representativo, que he analizado a lo largo del estudio, habría servido para mostrar y definir estilos políticos diferenciados, que se habrían plasmado en la organización y definición de las consejerías y en la selección de sus consejeros. A pesar de las limitaciones que la mayoría de las CCAA tenían en las primeras legislaturas cuanto a competencias transferidas e incluso al número máximo de consejeros que podían nombrar, el análisis de ambos indicadores muestra que la denominación de las consejerías es muy plural. La mayoría de los consejeros (más de 1000) no han sido parlamentarios cifra que fue aumentando con el paso de los años. Muchos son independientes, lo que limita su adscripción partidista así como la posibilidad de otorgar a los gobiernos el carácter homogéneo de los mismos. Además los porcentajes de discontinuidad son importantes, independientemente de los avatares electorales. La decisión sobre su reclutamiento sería una de las manifestaciones del ejercicio de forma extensa de los poderes de los presidentes.

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6. RECAPITULACIÓN Este análisis pretende ser tan solo una pieza para el conocimiento de una realidad compleja y sobre todo aun desconocida, como son las CCAA. Los sistemas representativos conforman una parte esencial de las mismas, porque a través de ellos se conforman las principales instituciones y se recluta a los actores políticos fundamentales. El quehacer de los presidentes y de todos los diputados autonómicos, que son los responsables del rendimiento y de lo que han hecho las CCAA, merece una atención primordial para entender las políticas públicas autonómicas y para tipificar estas piezas esenciales del Estado de las Autonomías. Sin embargo no podemos obviar el papel que desempeñan los líderes nacionales, así como las organizaciones partidistas centrales (nacionales y regionales), de los partidos de gobierno y de la oposición, que son quienes los reclutan y cuyas decisiones políticas en otros ámbitos territoriales habrían influido en el devenir de los acontecimientos en las CCAA en mayor o medida. El comportamiento de los electores también influye como es lógico y mucho, aunque su voluntad está sujeta e influida por múltiples factores como no puede ser de otra forma: las reglas de juego como al juicio que realizan sobre el rendimiento de las políticas de gobierno, a su afinidad ideológica o de las alternativas que propongan otras formaciones que no gobiernan. Todas estas cuestiones las conocemos por diversas encuestas, en las que a pesar de las contradicciones que manifiestan en algunos temas, son coincidentes, por ejemplo, cuando manifiestan que castigarán cuando ejercen su derecho a voto a las formaciones que han tenido divisiones o tensiones internas. Por ello, aunque las CCAA se forjaran al amparo de normas bastante similares y las competencias recibidas en la mayoría de ellas se produjeran de forma simultánea, las soluciones que han adoptado sus actores políticos, son plurales y diversas independientemente de los factores mencionados y de otros muchos, ya señalados a lo largo del estudio. El resultado es que las CCAA constituyen unos objetos de estudio muy atractivos y ricos que exigen análisis profundos de cada una de ellas y después análisis comparados, que eviten adscripciones que puedan resultar poco realistas y cuya capacidad explicativa sea limitada. Por ejemplo, creo que a lo largo del texto y de lo que conocemos del quehacer de las CCAA, es posible afirmar que las elecciones autonómicas no se pueden considerar como secundarias y también cabe destacar las soluciones introducidas en los tipos de gobierno y en la formación de las mesas de los

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parlamentos, contrastan con lo ocurrido en el ámbito nacional y quizá hayan sido importadas de los gobiernos municipales. Además consideramos haber podido mostrar que utilizar las tipologías habituales (competencias iniciales, desarrollo económico, partido o tipo de gobierno, localización geográfica) pocas veces permiten aplicarlas desde una perspectiva comparada y temporal amplia a los sistemas representativos autonómicos.

Relación de siglas Con objeto de identificar de forma simplificada a los partidos, les asigno unas siglas comunes a todo el periodo, aunque estas hayan recibido diversas denominaciones en el tiempo o en algún territorio específico; en concreto: PS = Partido Socialista Obrero Español (PSC en Cataluña, con EE en el País Vasco PP = Partido Popular (antes Alianza Popular, Coalición Democrática; a veces se utiliza esta siglo por la de Unión del Pueblo Navarra, U.P.N.) IU = Izquierda Unida (antes PCE; a veces incluye IC = Iniciativa por Cataluña) UCD = Unión de Centro Democrático CiU = Convergencia y Unión PNV = Partido Nacionalista Vasco EA = Eusko Alkartasuna E E = Euskadizo Esquerra PAR = Partido Aragonés Regionalista CHU = Chunta Aragonesista. UV = Unión Valenciana BNG = Bloque Nacionalista Gallego, en 1981 con PSG HB = Herri Batasuna CDS = Centro Democrático y Social PA = Partido Andalucista (antes PSA) ERC = Esquerra Republicana de Cataluña PAS = Partido asturianista-coalición asturianista URA = Unión Renovadora Asturiana

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FIEF = Federación de independientes de Ibiza y Formentera UM = Unión Mallorquina Ppro = Pacto Progresista COP = Coalición Organización Progresista NM = Nacionalistas de Mallorca PSM = Partido Socialista de Mallorca EVIB = Los verdes AIPF = Agrupación de independientes popular de Formentera AM = Asamblea Majorera AC-INC = Unión del pueblo canario; asamblea canaria; Izquierda nacionalista canaria AGI = Asamblea Gomera independiente CNC = Coalición de Convergencia Nacionalista AHI = Agrupación herreña independiente AIC = Agrupaciones de independientes de Canarias FNC = Federación Nacionalista Canaria UPC = Unión del Pueblo Cántabro PDL = Partido Demócrata Liberal PDP = Partido Demócrata Popular S I = Solución Independiente TC = tierra comunera-partido nacionalista castellano CG = Coalición Galega E G = Esquerda Galega EU = Extremadura Unida CDN = Convergencia de Demócratas de Navarra UA = Unidad alavesa PRP = Partido Riojano Progresista PR = Partido Riojano

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Tema 9

Elecciones municipales Irene Delgado

1. El objeto de estudio. 2. El sistema electoral municipal. 2.1. Rasgos básicos. 2.2. El impacto político del sistema electoral municipal. 2.2.1. Los efectos mecánicos de la ley electoral municipal. 3. Las preferencias electorales. 3.1. Los resultados de 1979 a 2011. 3.1.1. La orientación del voto. 3.1.2. La distribución territorial de los apoyos electorales. 3.1.3. El tamaño del municipio. 4. La representación política municipal. 4.1. Concejales y alcaldes. Bibliografía.

1. EL OBJETO DE ESTUDIO La consolidación del sistema democrático en España tiene un pilar fundamental en el gobierno local democrático, en los ayuntamientos democráticos. Es el nivel de gobierno más cercano al ciudadano y aquel en relación al cual los ciudadanos expresan mayor interés político1. Ello no es extraño si pensamos que son las instituciones encargadas de velar por los intereses y los problemas del entorno más inmediato de los ciudadanos, aquellas que el ciudadano conoce más directamente. Estas instancias de descentralización de las decisiones políticas y la gestión pública son a su vez elegidas democráticamente, mediante la participación de los ciudadanos y no se produce sólo a través del voto, sino también a través de la presentación de candidatos, la provisión de numerosos cargos públicos de representación, la participación en un variado tipo de comisiones, etc. En definitiva, el nivel local es el que de modo cuantitativamente más importante enraíza las instituciones democráticas en el tejido social. En este marco, las elecciones municipales merecen consideración en una doble perspectiva. El punto de partida está en la propia finalidad de las elecciones municipales: la configuración de los ayuntamientos a partir de la expresión de las preferencias de los ciudadanos. Se trata de analizar, por una parte, el papel de las elecciones municipales como base y proceso para la provisión y configuración del gobierno local. Pero por otra parte, las elecciones municipales se ubican en el marco electoral general, es decir se trataría de abordar qué nos aportan en cuanto a las características de las preferencias electorales de los españoles y cómo se ubican en relación con los otros procesos electorales. Respecto a este último aspecto, es lugar común en la ciencia política referirse a las elecciones municipales como elecciones de «segundo orden», en el sentido de que se observa en ellas un menor nivel 1

Tal como se refleja en las encuestas de opinión tanto a nivel español como comparado.

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de participación que en las legislativas o presidenciales y una pérdida significativa de los principales partidos con incremento del voto a opciones minoritarias. Ello sería debido a la menor importancia otorgada a las decisiones a nivel local que las que se toman por el gobierno central, así como a la menor constricción o incentivo a la concentración del voto en las grandes opciones a nivel estatal y la gran diversidad de contextos locales, en comparación a la pugna por un único gobierno a nivel central que articula las elecciones legislativas. En principio no deja de ser paradójico que se atribuya menos importancia a las elecciones referidas a aquel ámbito político hacia el cual los ciudadanos expresan mayor interés. Las elecciones locales también se han interpretado como elecciones intermedias entre elecciones generales, a través de las cuales los electores anuncian sus intenciones cara a unas próximas elecciones legislativas. Se convertirían en una especie de «elecciones generales anuales» por su falta de poder explicativo hacia los temas locales y especulándose con ellas en relación a sus implicaciones para una futura elección legislativa (Newton, 1976: 16). Desde esta perspectiva las elecciones municipales se convierten en indicadores de la evolución y estado de la competición partidista a nivel político nacional traduciendo el «humor» general del país (Corbetta y Parisi, 1985)2. La interconexión política nacional versus política local está cada vez más acentuada y determina una interacción permanente entre los dos niveles de actividad política. La influencia del factor local sobre la vida política nacional no puede ser estudiada separada de la influencia que el factor nacional ejerce sobre la esfera local (Curtice y Payne, 1991: 13). Desde esta perspectiva es obvio que se establezcan constantes inferencias entre los dos escenarios políticos y se vea afectado el comportamiento de los electores. Un breve apunte sobre la estructura municipal española permitirá conocer un poco más la realidad que se aborda. Numerosas veces se ha puesto de manifiesto la gran diversidad de realidades que se ubican bajo el rótulo genérico del «nivel municipal». En tanto en cuanto las unidades políticas son los municipios, y sólo a un nivel secundario, se sitúan las provincias, nuestra unidad de análisis varía desde municipios con menos de un centenar de 2

Las elecciones locales británicas de 1978 ofrecieron una buena predicción de los resultados que se produjeron un mes más tarde en las elecciones generales. Esto hay que interpretarlo como causa principal de la cercanía de amabas convocatorias. La reducción del ciclo electoral facilita que el elector mantenga en su memoria el recuerdo del voto efectuado poco tiempo antes y emita la misma opción política bajo unas circunstancias diferentes.

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ELECCIONES MUNICIPALES

habitantes hasta las millonarias ciudades de Barcelona o Madrid. Debe tenerse siempre presente esta heterogeneidad cuando hablamos de gobierno local. Es muy distinta la forma de plantarse y de abordar los problemas políticos o la organización administrativa de un pequeño municipio que los de una gran urbe. Tabla 1. Distribución de electores y de municipios Tramo de población

Electores

% electores

% municipios

Concejales

Hasta 250 habitantes

299.491

0,9

28,9

8.680

251-5.000 habitantes

5.075.436

15,1

57,0

37.348

5.001-20.000 habitantes

6.718.903

20,0

10,5

12.306

20.001-50.000 habitantes

4.119.461

12,3

2,1

3.696

+ de 50.000 habitantes

17.372.666

51,7

1,5

3.235

Total

33.585.957

100,0

100,0

65.265

Fuente: Elecciones Locales-1999, Ministerio del Interior.

La realidad municipal española ofrece una gran diversidad asociada con la distribución de su población y de sus municipios. La proporcionalidad inversa que se establece entre los habitantes y el tamaño del municipio en el que habitan va a determinar significativamente esta complejidad a la que aludimos. 2. EL SISTEMA ELECTORAL MUNICIPAL Podría no ser enteramente apropiado hablar de «sistema electoral» si nos referimos al ámbito municipal español. La diversidad de las estructuras locales en España ha obligado a dar un tratamiento específico a un elevado número de municipios de tamaño pequeño y a entidades locales menores. El legislador hubo de tener en cuenta un panorama heterogéneo y fragmentado y estableció dos modelos electorales diferentes. A semejanza del sistema electoral que se impuso en las elecciones legislativas, se adopta un sistema mayoritario3 para los municipios más pequeños y un sistema proporcional, similar al de la elección del Congreso de los Diputados, para el resto de las circuns4

Es el aplicado en las elecciones al Senado.

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cripciones municipales. El marco general que se diseña para las elecciones legislativas va a determinar la legislación electoral municipal, de forma que es complejo aludir a reformas de la misma sin afectar a aquella. Incluso, es a raíz de la celebración de las primeras elecciones democráticas españolas cuando se plantea la modificación de la legislación electoral municipal vigente.

2.1. Rasgos básicos Los cambios sociales y económicos acaecidos durante la última etapa franquista promovieron fuertes aspiraciones de mayor participación e intentos de atenuar la centralización existente. Fruto de ello fue aprobada en 1975 la Ley de Bases de Régimen Local (derogada por la ley 47/1978 de 7 de octubre), parcialmente articulada mediante el Real Decreto 3250/1976 de 30 de diciembre, sobre ingresos de las Corporaciones Locales, por el Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre sobre función pública y contratación y por la ley 39/1978 de 7 de julio sobre elecciones locales. La disposición transitoria primera de la Ley para la Reforma Política disponía de un Real Decreto para regular las primeras elecciones al Congreso y al Senado que se celebrasen en España en el período democrático. Pero no es hasta septiembre de 1977 cuando se inicia el proceso de gestación de la legislación de elecciones locales a instancia del grupo parlamentario comunista que presenta una proposición de ley. Una consecuencia inevitable en el proceso de democratización era la celebración de unas elecciones locales que permitiesen la constitución de ayuntamientos, hasta entonces reclutados según las fórmulas de democracia orgánica. Cuando en el deseo de profundizar en la democratización del país se planteó la necesidad de celebrar unas elecciones locales, se hizo imprescindible aprobar un nuevo texto legal porque la regulación disponible resultaba inservible. El gobierno que no consideraba prioritaria la convocatoria electoral municipal responde imponiendo un aplazamiento de las elecciones locales hasta después de aprobar la Constitución. Finalmente, la ley electoral local, aprobada a finales de 1978 de forma consensuada, fue la primera que se debatió en el Parlamento hasta que, en 1985 se aprueba la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). La urgencia con la que nació la ley de 1978 y el marcado carácter de provisionalidad que la caracterizó era causa directa del desconocimiento que se tenía en ese momento sobre el futuro

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del elevado número de municipios que iniciaban su camino por la nueva etapa democrática. La Constitución de 1978 reconoce ya al municipio como un ente con autonomía política (art. 137 y 140) y se regula la elección de los concejales mediante sufragio universal, libre y directo. Pero la uniformidad con respecto a los demás entes territoriales se logra finalmente con la ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local y la LOREG que estableció un sistema electoral único para todo el Estado. Se lograba así acometer completamente la democratización del ámbito local. El legislador mantuvo para las elecciones locales los elementos básicos del sistema electoral que ya habían regido las primeras elecciones municipales aún a pesar del panorama heterogéneo y fragmentado que trataba. Estableció dos modelos electorales distintos, uno proporcional para los municipios mayores de 250 habitantes y otro mayoritario para los que no alcanzan esta cifra. Para la elección de los ayuntamientos la LOREG define a cada municipio como circunscripción electoral propia y establece una escala con el número de concejales que componen el Ayuntamiento definiendo 8 tramos según sus habitantes. Esta escala oscila desde los 5 concejales en los municipios de hasta 250 habitantes, 7 concejales en los municipios que tienen entre 251 y 1.000 habitantes aumentando progresivamente en los sucesivos tramos, hasta alcanzar 25 concejales para los municipios que tengan entre 50.000 y 100.000 habitantes. A partir de esta cifra, a los municipios con más de 100.000 habitantes les corresponde 1 concejal más por cada 100.000 habitantes adicionales o fracción, añadiéndose uno más en caso de que la cifra resultante sea par (LOREG, art. 179.1). Sobre esta base la competencia electoral para la elección de concejales se establece a partir de la presentación de listas cerradas y bloqueadas. El número de concejales se distribuye entre estas listas mediante la aplicación de una fórmula proporcional de la media más elevada, método d’Hondt, que es el mismo que se utiliza para la elección de diputados al Congreso así como la que se aplica también para la elección de la inmensa mayoría de los parlamentos autonómicos. Para poder participar en la distribución se requiere haber obtenido al menos el 5% de los votos válidos emitidos en el municipio. En estos municipios el alcalde se elige por los concejales entre los cabezas de lista de los partidos que hayan obtenido representación, requiriéndose alcanzar la mayoría absoluta de los votos de los concejales. En otro caso, queda proclamado alcalde el cabeza de la lista que haya obtenido mayor número de votos. En los municipios con menos de 250 habitantes, los

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5 puestos a elegir se proveen mediante presentación de listas abiertas y sistema mayoritario con voto limitado (se pueden votar un máximo de 4 entre los 5 candidatos que se presentan en el municipio). Quedan elegidos concejales los 5 candidatos que hayan obtenido más votos. Por su parte, es proclamado alcalde el candidato que haya obtenido el mayor número de votos4. Con la LOREG se disciplinan los comicios locales dentro de una ley electoral de carácter orgánico y no como parte de una específica ley local como había sido objeto en anteriores normativas. Introduce una armonización del calendario electoral e institucionaliza la convocatoria de elecciones municipales y autonómicas de los 13 parlamentos regionales. Desde entonces se celebran conjuntamente comicios para elegir a los representantes municipales y para configurar la mayoría de los legislativos regionales. La práctica municipal de años posteriores trajo consigo una modificación electoral en 1991. La caída de significativos ayuntamientos en 1989 fue el detonante para fortalecer y detallar en mayor medida la regulación de las mociones de censura. Fue un asunto obviado en la ley de 1978 por prudencia política en el período de la transición y por silencio consciente del legislador, pero posteriormente incorporado en 1985 y determinado con anterioridad en la Ley de Bases (art. 22.3) remitiendo su procedimiento a la legislación electoral general. Hasta llegar a la LOREG este tipo de destitución es fruto de la interpretación de la jurisprudencia5. La LOREG reglamenta la moción de censura constructiva y las intenciones de reformas legislativas contempladas en la Ley de 1991, refuerzan el consenso al establecer en vez del requerimiento de las dos terceras partes, la destitución «...mediante moción de censura adoptada por la mayoría absoluta del número de concejales (...) [y] ha de incluir el nombre del candidato propuesto que quedaría proclamado como tal en caso de que prosperase la moción (...) La vota-

4

Debe señalarse que la Ley Orgánica 1/1997 de 30 de mayo ha modificado algunos preceptos de la LOREG en orden de extender el derecho de sufragio activo y pasivo a todos los residentes no españoles ciudadanos de la Unión Europea, así como aquellos otros residentes nacionales de países con los que España acuerde reciprocidad en virtud de Tratados (arts. 176 y 177). 5 Las sentencias que contienen la doctrina que luego se incorporan y se depura en la LOREG son la de 4 de febrero, donde se asienta una clara diferencia entre la elección de concejales y la de alcaldes; la de 14 de julio de 1983, la de 27 de marzo y 10 de octubre de 1984, de 22 de mayo de 1985, de 16 y 17 de marzo de 1986, además de los Autos de 11 de enero de 1984 y 3 de julio de 1985. En la sentencia de 10 de octubre de 1984 se realiza un análisis de las alternativas y de la posición del Tribunal Supremo. Se plantea que la destitución «dependa de la voluntad de los electores» (Morell, 1988: 563).

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ción y discusión de la misma se llevará a cabo en un pleno ad hoc en el plazo de quince días, no pudiéndose suscribir más de una en un mismo mandato».

La causa de la delimitación tiene entre sus fines no obstaculizar la acción del gobierno municipal lo que pudiera originar una inestabilidad política en el seno del ayuntamiento. Numéricamente es muy difícil realizar dos mociones de censura en un solo mandato (Magra, 1995: 8), por lo que la restricción a una sola ha dado paso a lo que se ha denominado «autocensuras de protección» (Márquez, 1994: 289). Este tipo de mociones se han producido con frecuencia desde que entró en vigencia la ley de 1991 y se utilizan por parte de la mayoría que apoya al alcalde para bloquear cualquier otra posibilidad de moción alternativa durante el mandato electoral, agotando de esta forma el máximo requerido por la nueva legislación. Es, en otras palabras, un mecanismo de estrategia frente a la seguridad del gobierno municipal. La citada ley ha sido posteriormente derogada en esta materia por la Ley Orgánica 8/199 de 21 de abril, dejando la redacción del artículo 197 como sigue: «1. El Alcalde puede ser destituido mediante moción de censura, cuya presentación, tramitación y votación se regirá por las siguientes normas: a. La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier concejal, cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción. b. El escrito en el que se proponga la moción de censura deberá incluir las firmas debidamente autenticadas por notario o por el secretario general de la Corporación y deberá presentarse ante éste por cualquiera de sus firmantes. El Secretario general comprobará que la moción de censura reúne los requisitos exigidos en este artículo y extenderá en el mismo acto la correspondiente diligencia acreditativa. c. El documento así diligenciado se presentará en el registro General de la Corporación por cualquiera de los firmantes de la moción, quedando el Pleno automáticamente convocado para las doce horas del décimo día hábil siguientes al de su registro. El Secretario de la Corporación deberá remitir notificación indicativa de tal circunstancia a todos los miembros de la misma en el plazo máximo de un día, a con-

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tar desde la presentación del documento en el Registro, a los efectos de su asistencia a la sesión, especificando la fecha y hora de la misma. d. El Pleno será presidido por una Mesa de edad, integrada por los concejales de mayor y menor edad de los presentes, excluidos el Alcalde y el candidato a la Alcaldía, actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación, quien acreditará tal circunstancia. e. La Mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, a conceder la palabra durante un tiempo breve, si estuviesen presentes, al candidato a la Alcaldía, al Alcalde y a los portavoces de los grupos municipales, y a someter a votación la moción de censura. f. El candidato incluido en la moción de censura quedará proclamado Alcalde si ésta prosperase con el voto favorable de la mayoría absoluta del número de concejales que legalmente componen la Corporación. 2. Ningún concejal puede firmar durante su mandato más de una moción de censura. A dichos efectos no se tomarán en consideración aquellas mociones que no hubiesen sido tramitadas por no reunir los requisitos previstos en la letra b) del apartado 1 de este artículo. 3. La dimisión sobrevenida del Alcalde no suspenderá la tramitación y votación de la moción de censura. 4. En los municipios en los que se aplique el régimen de concejo abierto, la moción de censura se regulará por las normas contenidas en los dos números anteriores, con las siguientes especialidades: a. Las referencias hechas a los concejales a efectos de firma, presentación y votación de la moción de censura, así como a la constitución de la Mesa de edad, se entenderán efectuadas a los electores incluidos en el censo electoral del municipio, vigente en la fecha de la presentación de la moción de censura. b. Podrá ser candidato cualquier elector residente en el municipio con derecho de sufragio pasivo. c. Las referencias hechas al Pleno se entenderán efectuadas a la Asamblea vecinal. d. La notificación por el Secretario a los concejales dl día y hora de la sesión plenaria se sustituirá por un anuncio a los vecinos de tal circunstancia, efectuado de la forma localmente usada para las convocatorias de la Asamblea vecinal.

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e. La Mesa de edad concederá la palabra solamente al candidato a la Alcaldía y al Alcalde. 5. El Alcalde, en el ejercicio de sus competencias, está obligado a impedir cualquier acto que perturbe, obstaculice o impida el derecho de los miembros de la Corporación a asistir a la sesión plenaria en que se vote la moción de censura y a ejercer su derecho a voto en la misma. En especial, no son de aplicación a la moción de censura las causas de abstención y recusación previstas en la legislación de procedimiento administrativo. 6. Los cambios de Alcalde como consecuencia de una moción de censura en los municipios en los que se aplique el sistema de concejo abierto no tendrán incidencia en la composición de las Diputaciones Provinciales».

Esta ley viene a mejorar dos aspectos del gobierno local como recoge en la exposición de motivos: la nueva regulación de las mociones de censura introduciendo una convocatoria automática del Pleno obligando a los concejales interesados a interponer los recursos correspondientes; e introduce la cuestión de confianza vinculada a proyectos concretos. Con ello se pretende evitar situaciones de bloqueo en el proceso de toma de decisiones en esas materias.

2.2. El impacto político del sistema electoral municipal Los efectos de los sistemas electorales sólo se pueden determinar si se analizan los detalles técnicos; sus efectos conjuntos dentro del sistema político; y por último la conducta de las fuerzas políticas, es decir, de los partidos y sus electores (Nohlen, 1994: 85). Aunque consideramos relevante el papel que desempeñan los actores políticos y las elites de los partidos en este ámbito, éste es un aspecto de gran amplitud que no vamos a tratar aquí. Nuestro objetivo es analizar los efectos políticos que producen los elementos técnicos del sistema electoral municipal.

2.2.1. Los efectos mecánicos de la ley electoral municipal El efecto mecánico de la conversión de votos en escaños es nuestro punto de partida, ya que sus reglas intrínsecas van a determinar unas consecuencias directas en el sistema de representación. En este sentido se ha de tener en cuenta: 1.o) la fórmula electoral que se aplica; 2.o) la magnitud del

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distrito, es decir el número de representantes a elegir; y 3.o) la estructura de las listas, si favorecen o no las transferencias de votos de unas formaciones a otras en sistemas multipartidistas (Rae, 1967: 15-46). La combinación de estos elementos tiene consecuencias políticas muy diversas. Se ha estudiado mucho respecto a este tema y ello ha originado una gran variedad de estudios sobre el impacto que las leyes electorales tienen en la estructura del sistema de partidos, demostrándose estos resultados en numerosas aportaciones científicas de carácter general. 1.o) La adopción de una fórmula electoral tiene importantes consecuencias en la formación del sistema de partidos políticos. Las fórmulas basadas en la media más alta son más beneficiosas, en general, para los partidos mayores que las basadas en el mecanismo de cociente y resto mayor. Sin embargo, dentro de aquellas, según sean los divisores utilizados los resultados forzarán más o menos a la proporcionalidad. Todos los divisores determinan con exactitud la proporción entre los votos y los escaños, aunque las diferencias entre ellas son mínimas. Entre estos procedimientos el sistema d’Hondt, el método Sainte-Lagüe o el Sainte-Lagüe modificado dentro de una circunscripción electoral tan solo se altera un escaño a costa de un partido menor, sin que en muchos casos se pueda predecir con exactitud a qué partido beneficia. Cabe la posibilidad de que el escaño adicional favoreceran al segundo partido más pequeño o al más grande, así como la pérdida del escaño puede afectar al partido más pequeño o al segundo más fuerte. De forma que no es siempre el partido mayoritario el que se beneficia de la posible ventaja. Un tema discutido entre los científicos, es que el método D’Hondt contribuye a generar una cierta desproporcionalidad y favorece sistemáticamente a los grandes partidos. Lijphart defiende que la fórmula D’Hondt favorece la representación a tantos partidos como puede hacerlo el método Hare y la fórmula Sainte-Langüe pura. Algunas veces el debate sobre los sistemas electorales se centra, como en el caso de España, en responsabilizar al método D’Hondt de las distorsiones del reparto de los escaños entre los partidos. Sin embargo, no es del todo cierto que este sistema favorezca a los partidos mayoritarios, ya que el distrito tiene unos efectos muy influyentes en la desproporcionalidad y sólo un débil efecto en el multipartidismo. En España y para las elecciones legislativas se ha demostrado que la mejora de la proporcionalidad es limitada si se pasa a una fórmula de cociente y resto mayor. Para que se produzca algún desplazamiento de

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escaños es requisito necesario que un partido obtenga las dos terceras partes del cociente electoral de la circunscripción (Botella, 1998: 95). En este sentido al ser el escenario municipal un sistema más fragmentado que el nacional, se podrá percibir cierta mayor proporcionalidad. Particularmente el factor que resulta tener mayor efectos sobre la proporcionalidad es el tamaño de las circunscripciones. En este sentido, el ámbito municipal es un escenario adecuado para comprobar esta afirmación. Realmente la distribución de los escaños restantes tras la asignación sufre alteraciones que están ligadas principalmente al tamaño del municipio. La correlación es positiva entre el tamaño del municipio y en número de votos mínimos para acceder a la representación; de igual forma que también esta relación es positiva respecto al último cociente electoral elegido para repartir el último concejal. Una de las particularidades que se desprende de la tabla 2 está relacionado directamente con el tamaño de los municipios: el número de concejales a elegir varía de unos municipios a otros y está determinado por la legislación electoral en función de la población que habita en los mismos; éste va a ser un factor influyente a la hora de la asignación de concejales dado que los divisores a través de los cuáles se accede al reparto aumenta, como vemos, correlativamente con el tamaño del municipio: los últimos cocientes electorales oscilan entre el 38 del tramo 1 (municipios de 250 a 1.000 habitantes) y los 8.365 de las poblaciones de mayor tamaño. El hecho de que no se refleje una proporcionalidad justa —ya que los partidos de las poblaciones mayores obtienen menos concejales con más porcentaje de voto— no se debe al método sino definitivamente al número de concejales a repartir en cada circunscripción. La exigencia de un umbral mínimo de votos que han de superar los partidos para acceder a la distribución de escaños tiene como resultado reducir el número de partidos con representación y evitar altas dosis de fragmentación. Las elecciones municipales fijan este mínimo en el 5%, el más alto de todas las convocatorias6. Si nos fijamos el resultado es muy heterogéneo. Estas barreras electorales apenas inciden en algunos municipios mientras que en otros ayudan 6

A pesar de que siete Comunidades Autónomas han adoptado también el 5%, la mayoría de ellas reproduce el umbral establecido para el Congreso de los Diputados que se fija en torno al 3% a escala de circunscripción. Frente a ellos, en para las elecciones al Parlamento Europeo no se ha fijado umbral alguno, de forma que las elecciones municipales tienen la barrera más elevada para distribuir el número de concejales que obtienen los partidos.

473

474 348 235 165 54,3

1.160 451,7 238,7 115,7

522 352 247,5 81,5

1.740 677,5 358 173,5

2.090,5 633,5 470,5 455,5

1.044 705 495 163

3.480 1.355 716 347

4.181 1.267 941 911

CC PIL PMH PSOE T4. 5.001-10.000 hab. Votos válidos: 5.923

PP PSOE BNG AIEL T5. 10.001-20.000 hab. Votos válidos: 7.918

PP PSOE PA IU

1.393,6 422,3 313,6 303,7

85,3 76,7 67,3 54

64,3 37,3

:3

128 115 101 81

96,5 56

:2

256 230 202 162

193 112

:1

PP PSOE ACU UV T3. 2.001-5.000 hab. Votos válidos: 2.446

T2.. 1.0001-2.000 hab Votos válidos: 865

PSOE (5) PP (2)

T1. 250-1.000 hab. Votos válidos: 315

1.045,2 316,7 235,2 227,7

870 338,7 179 86,7

261 176,3 123,7 40,7

64,0 57,5 50,5 40,5

48,2 28

:4

836,2 253,4 188,2 182,2

696 271 143,2 69,4

208,8 141 99 32,6

51,2 46 40,4 32,4

38,6 22,4

:5

696,8 211,2 156,8 151,6

580 225,8 119,3 57,8

174 117 82,5 27,2

42,7 38,3 33,7 27

32,2 18,7

:6

597,2 181,1 34,4 130,1

497,2 193,5 102,3 49,6

149,1 100,7 70,7 23,3

36,5 32,8 28,8 23,1

27,5 16,0

:7

522,6 156,3 117,6 113,8

435 169,4 89,5 43,4

:8

464,5 140,7 104,5 101,2

386,7 150,5 79,5 38,5

:9

418,1 126,7 94,1 91,1

:10

Tabla 2. Distribución de concejales por partido político según tamaño de distrito: método D’Hondt (elecciones municipales de 1999)


12.547,6 8.849 4.027,6 2.308,1

125.476 88.490 40.276 23.081 :10 11.406,9 8.044,5 3.661,4 2.098,3

62.738 44.245 20.138 11.540,5 :11

1.518,7 1.395,5 212,7 :2

8.353 7.675,5 1.170 :11

16.706 15.351 2.340 :10 1.670,6 1.535,1 234 :1

2.644 2.325 723

:2

5.288 4.650 1.446

:1

10.456,3 7.374,2 3.356,3 1.923,4

41.825,3 29.496,7 13.425,3 7.693,7 :12 9.652 6.806,9 3.098,1 1.775,5

31.369 22.112,5 10.069 5.770,2 :13

:4

1.285 1.180,8 180

4.176,5 3.837,7 585 :13

5.568,7 5.117,0 780 :12 1.392,2 1.279,2 195 :3

1.312 1.162,5 361,5

:4

1.762,6 1.550 482

:3

8.962,6 6.320,7 2.876,8 1.648,6

25.095,2 17.698 8.055,2 4.616,2 :14

:5

3.341,2 3.070,2 468

1.057,6 930 289,2

:5

8.365,1 5.899,3 2.685,1 1.538,7

20.912,6 14.748,3 6.712,7 3.846,8 :15

:6

2.784,3 2.558,5 390

881,3 775 241

:6

17.925,1 12.641,4 5.753,7 3.297,3

:7

2.386,6 2.193 334,3

755,4 664,3 206,5

:7

15.684,5 11.061,2 5.034,2 2.885,1

:8

2.088,3 1.918,8 292,5

661 581,2 180,7

:8

13.941,8 9.832,2 4.475,1 2.564,6

:9

1.856,2 1.705,7 260

587,5 516,7 160,6

:9

Los municipios seleccionados para representar cada tamaño de población son los siguientes: 1. Villabánez (Valladolid), 2. Tous (Valencia); 3. Haria (Las Palmas); 4. Coristanco (Coruña), 5. Nerja (Málaga); 6. Carmona (Sevilla); 7. Toledo (Toledo); 8. Zaragoza (Zaragoza). Fuente: Elaboración propia. Datos del Ministerio del Interior.

PP PSOE CHA PAR

T8.

PP PSOE CHA PAR

T8. Más 100.000 hab. Votos válidos: 297.059

PP PSOE IU

T7.

PP PSOE IU

PSOE IU PP T7. 50.001-100.000 hab. Votos válidos: 36.622

T6. 20.001-50.00 hab. Votos válidos: 12.436

Tabla 2. (Continuación)


475


a reducir la fragmentación. Aunque los efectos del umbral pudieran afectar a un gran número de municipios, la tendencia que se observa en todo caso es una fragmentación electoral relativamente alta sobre la cuál opera el sistema electoral y por ende el umbral de exclusión, de forma que los índices de fragmentación municipales son más reducidos. En cierto sentido un elemento que se percibe claramente es la tendencia mayoritaria y la concentración de voto en un número reducido de candidaturas en las circunscripciones rurales. Las posibilidades de obtener representación por parte de partidos menores, candidaturas regionales o de independientes, es más factible en municipios entre 1.000 y 5.000 habitantes. La competición con los actores políticos de índole nacional se acentúa incrementándose por tanto la fragmentación electoral. Es a partir de poblaciones con más de 10.000 habitantes donde se percibe un efecto específico del sistema electoral: el elevado umbral establecido y la fuerte penetración de partidos nacionales concentra el voto siendo más complicado para los partidos menores obtener representación. De forma similar en municipios de mayor tamaño la mayor fragmentación viene acompañada por la presencia de fuertes partidos regionales que compiten duramente con las fuerzas políticas mayoritarias fragmentando el escenario electoral. Es en estos grandes municipios donde se impone una dura penalización a partidos menores puesto que no obtienen los rendimientos asociados a la elecTabla 3. Fragmentación por tramos de población (elecciones municipales de 1999) Índice de fragmentación Electoral (E)

Municipal (M)

E-M

T1. 250-1.000 habitantes

0,505

0,417

0,083

T2. 1.001- 2.000 habitantes

0,763

0,746

0,017

T3. 2.001- 5.000 habitantes

0,702

0,635

0,066

T4. 5.001- 10.000 habitantes

0,591

0,466

0,125

T5. 10.001-20.000 habitantes

0,678

0,610

0,067

T6. 20.001- 50.000 habitantes

0,672

0,595

0,077

T7. 50.001-100.000 habitantes

0,619

0,534

0,085

T8. Más de 100.000 habitantes

0,716

0,649

0,067

Fuente: Elaboración propia. Datos del Ministerio del Interior.

476


ción parlamentaria y, sobre sus electores, se produce un efectos psicológico: consideran la alternativa de otorgar su voto a un partido con mayores posibilidades de obtener representación. Pero a pesar de estas situaciones, que debemos recordar son muy diversas dado que el resultado en cada municipio es particular y por tanto se configuran numerosas especificidades, aún a pesar de esta realidad, el escenario electoral municipal es el ámbito más fértil para que candidaturas propias de esta arena de competición obtengan unos resultados electorales más favorables que serían impensables en otros escenarios políticos. 2.o) Como se ha puesto de manifiesto, la magnitud de las circunscripciones tiene importantes efectos sobre el grado de proporcionalidad del sistema electoral (Rae, 1967). La incidencia específica de la fórmula electoral se convertiría en este momento, en un factor secundario (Montero, 1992:27). Sabemos que la circunscripción o distrito electoral es el conjunto de electores que pertenecen a una unidad territorial en la que una vez realizada la votación, y en función de los votos emitidos en las elecciones, se procede a su distribución según los escaños que tiene asignada. Sin embargo, un aspecto a señalar es la diferencia entre el volumen demográfico de la circunscripción o su extensión territorial y su tamaño. El tamaño de una circunscripción se refiere al número de escaños que tiene asignados. La distribución de los distritos es quizá uno de los elementos de mayor importancia para los partidos políticos y de hecho su reparto es un tema de debate político de gran envergadura7, ya que la desproporcionalidad de un sistema es mayor cuanto más reducida sea la asamblea de representantes y cuando a unas circunscripciones les corresponde más escaños, en relación a su volumen geográfico, que a otras (Gallagher, 1991). En ciertos casos, la proporción de representantes por circunscripción electoral puede determinar de modo decisivo los efectos de un sistema electoral de forma que los sistemas proporcionales son más sensibles a la distribución de votos entre los partidos. En teoría, en un sistema mayori-

7

Nohlen (1994: 47) destaca a este respecto el prejuicio sufrido por la socialdemocracia alemana en las elecciones imperiales como consecuencia de la distribución de las circunscripciones electorales, ya que éstas no se ajustaban al cambio demográfico. En las áreas urbanas, donde la socialdemocracia tenía una mayor fuerza, la proporción de la población por escaño era mucho mayor que en las áreas rurales, que eran de tendencia más conservadora. De esta manera la socialdemocracia luchó por la representación proporcional que finalmente fue introducida en la República de Weimar.

477


tario, dos partidos serían muy competitivos en cada circunscripción si en cada distrito electoral el mismo partido siempre gana un 51% de los votos, ya que el partido que gana obtiene el 100% de los escaños. Sin embargo, los votos tienden a estar repartidos territorialmente de manera que la distribución de los escaños sea proporcional, incluso en los sistemas mayoritarios. El tamaño y la variación espacial de los votos de los partidos se convierten en el segundo determinante del grado de proporcionalidad de un sistema electoral. Generalmente ocurre que hay sobrerrepresentación de las zonas rurales en detrimento de las zonas más pobladas, de ahí que como ya hemos visto, las circunscripciones deben contemplar el componente poblacional, más que el territorial. La aplicación del principio de igualdad en la representación política mediante la fijación de un promedio de habitantes por representante, tiene dos variantes: una, que implica una distribución de circunscripciones electorales con un número de habitantes cercano a la proporción por escaño y se aplica dividiendo el país en circunscripciones uninominales cuyos límites deben ajustarse constantemente a la variación demográfica; y otra, que implica el cómputo de la proporción de representantes atribuible a una circunscripción electoral con base en el número total —o parcial— de habitantes. Este método se aplica en los sistemas con circunscripciones plurinominales y el número de escaños varía con arreglo a la variación demográfica. Esta última es la variante elegida para las elecciones municipales en España y es sin duda, la mejor prueba de la proporcionalidad del sistema ya que permite apreciar los efectos que se producen en cada una de las circunscripciones. Sin embargo, es paradójico hablar de un sistema proporcional con efectos desproporcionales. Las desviaciones respecto a la proporcionalidad tienen entre sus causas una muy diversa distribución de los distritos electorales. Se comprueba como 2.329 circunscripciones, que se corresponden con el —28,9% del total— se hallan por debajo de una magnitud considerada como adecuada para obtener resultados proporcionales. A estos distritos les corresponde elegir 9.187 concejales, un 14% del total. En el otro extremo, los grandes distritos que representan el 1,48% del total eligen al 4,88% de los concejales. La gran concentración se localiza en los distritos que eligen entre 7 y 11 concejales que se corresponden con municipios de 251 a 5.000 habitantes. Estos son el 57% del total de los municipios españoles y en ellos se eligen el 56,6% del total de los representantes municipales.

478


Tabla 4. Magnitud de las circunscripciones en elecciones municipales, 1995 Número de municipios

Número de concejales

Porcentaje sobre el total de concejales

5 concejales Entre 7 y 11 concejales Entre 13 y 17 concejales 21 concejales Más de 25 concejales

2.329 4.599 848 171 120

9.187 37.323 12.224 3.660 3.219

13,95 56,66 18,55 5,55 4,88

Total

8.067

65.613

100,00

Tamaño del distrito


Podemos afirmar a la vista de todo lo anterior que el sistema electoral municipal genera efectos diversos si tomamos como variable la magnitud del distrito. De hecho, es la diversidad de tamaños la que adjudica diferentes niveles de proporcionalidad. Si se analizan las desviaciones respecto a la proporcionalidad de los sistemas, éstas puede hacerse para los partidos de forma individual, o bien para las elecciones en conjunto. Para el primer caso se aplican índices de desproporcionalidad para el todos los partidos electorales. Tomando a los partidos de forma individualizada el índice de ventaja8 determina de manera efectiva la (des)proporcionalidad votos-escaños que alcanza cada partido. Uno de los efectos que produce esta ley es la consagración de los partidos políticos como protagonistas del proceso local. Pero ¿bajo qué circunstancias puede un partido obtener representantes locales? ¿Cuál es el número de votos mínimo requerido para obtener un concejal? Para responder a esta respuesta se deben analizar los efectos de la mecánica electoral en la distribución de la representación. ¿Tiene un efecto mayoritario el sistema electoral en aquellos ayuntamientos donde se elige un número más reducido de concejales? La magnitud de las circunscripciones, esto es, la distribución de concejales que tiene por ejemplo el municipio de Madrid que incluye a una gran ciudad obliga a hablar de que la España local dispone de «toda una serie de distintos sistemas electorales al amparo de un sistema» (Rae y Martínez, 1993: 10). La concentración de municipios 8 Este índice ya fue utilizado por Dahl (1956: 114) para determinar la sobre e infrarrepresentación de los estados en el Senado norteamericano. También Gallagher (1975: 506) aplicó este índice de proporcionalidad, o la razón escaños/votos para partidos individuales, en sus trabajos.

479


y de habitantes en los mismos ofrece una correlación inversa, lo cual produce unas distorsiones en la representación que afectan hasta en los niveles más reducidos. Es sabido que los índices de proporcionalidad aumentan cuando se incrementa el tamaño de las circunscripciones. El ámbito local presenta un doble efecto: por un lado, un sistema más proporcional en las grandes concentraciones urbanas y por otro lado, un efecto con tendencias mayoritarias en municipios con menor población. En otras palabras se necesitan menos votos para que un concejal de una formación política logre ser elegido en un municipio rural que en una gran urbe. En grandes municipios donde se eligen más de 25 concejales la distancia entre los dos primeros partidos (la competitividad municipal) es corta, si bien respecto al tercero y al siguiente es mayor. A pesar de las distorsiones, se puede constatar que el sistema electoral municipal tiene un carácter más proporcional que el sistema electoral nacional (Montero, 1992 y 1994) y refleja también las especificidades de las arenas de competición que se analizan. Los efectos en la distribución de la representación política ofrecen, sin embargo, ciertas distorsiones por cuanto se sobrerrepresentan a unos partidos en detrimento de otros. En las primera elecciones de 1979 la UCD fue el partido que obtiene más ventaja ya que logra un 12% más de concejales en relación a la proporción de votos obtenida. A pesar de la victoria del PSOE en 1983 tras la desaparición de la UCD, y hasta 1991 este partido va a estar infrarrepresentado. No obstante la evolución tiende a equilibrar este efecto puesto que si en 1979 obtiene un 10% menos de representantes de los que ha obtenido en votos, en 1991 esta cifra supone tan sólo el 0,2%, si bien en 1995 ya sale beneficiado en un punto y medio. La traducción de votos a concejales sufre una distorsión que beneficia en todo caso a las pequeñas formaciones políticas. Pero quien ha recoge las «primas» del efecto del sistema electoral a lo largo de todo el período va a ser AP/PP. Desde 1983 es el partido de ámbito nacional que más sobrerrepresentado está a nivel municipal aunque en la convocatoria de 1995 la tendencia parece disminuir, en 1999 la infrarrepresentación del PSOE le otorga un mayor beneficio, que se reduce ligeramente en las elecciones de mayo de 2003 y beneficia al PSOE tal y como ocurrió en 1995. Y por el contrario, el partido que sale más perjudicado es PCE/IU al ser un partido pequeño con presencia dispersa en los municipios españoles. Esta es la razón de que IU obtenga un porcentaje de concejales muy inferior a su porcentaje de votos debido a que su implantación se con-

480


Tabla 5. Diferencias entre porcentajes de escaños y de votos de las principales candidaturas en las elecciones municipales, 1979-2011 1979

1983

1987

1991

1995

1999

2003

2007

2011

% E-V

% E-V

% E-V

% E-V

% E-V

% E-V

% E-V

% E-V

% E-V

PSOE

–10,41

–8,21

–1,45

–9,21

+1,43

–0,63

+0,25

+1,02

+4,14

AP/PP

+0,50

+4,78

+4,44

+3,79

+2,35

+3,34

+1,68

–0,71

+1,27

UCD

+12,01

–4,42

–

–

–

–

–

–

–

–7,30

–0,02

–2,72

–4,44

–6,36

–2,98

–2,72

–2,47

–3,04

CDS

–

+0,71

–0,63

+0,56

–0,08

+0,14

–

–

–

CiU

–0,52

–0,28

+1,51

+1,72

+2,06

+2,63

+2,18

+1,83

+2,21

PNV

–0,60

–0,39

+0,01

–0,09

+0,13

–0,18

+0,20

+0,17

–0,10

UPyD

–

–

–

–

–

–

–

–

–1,84

PCE/IU

Bildu

–

–

–

–

–

–

–

–

+0,21

PSA

–1,00

–0,34

–0,21

–

–

–

–0,25

–0,13

–

HB

–0,50

–0,25

–0,19

–

+0,12

+0,08

–

+0,22

–

ERC

–0,34

–0,14

–0,09

–0,15

–0,12

–0,02

+0,09

+0,82

+0,85

EE

–0,21

+1,14

–0,31

–0,22

–

–

–

–

–

PAR

0,00

–

+0,71

+1,00

+1,08

–0,67

+1,01

+1,05

+1,11

EA

–

–

–0,30

–0,11

+0,02

+0,09

–

–

–

PA

–

–

–

–1,01

–0,65

–0,84

–0,43

–0,28

–0,68

UV

–

–

–

–0,44

–0,26

–0,16

–0,19

–

–

BNG

–

–

–0,10

–0,21

–0,29

–0,47

–0,52

–0,44

–0,85

Otros

+8,93

+6,49

+0,87

+0,43

+0,57

–1,14

–1,37

–1,21

–1,62

Fuente: I. Delgado (2000). Actualización con datos procedentes del Ministerio del Interior.

centra muy principalmente en las ciudades, es decir, donde el número de habitantes por concejal es más alto. Caso contrario es, por ejemplo, el de CiU en Cataluña, con una fuerte implantación en los pequeños municipios. En definitiva, las diferencias que puedan observarse en estos niveles agregados entre el porcentaje de concejales de un partido y su porcentaje de votos no pueden atribuirse a desviaciones de la proporcionalidad del sistema, sino a las diferentes características de implantación territorial de los partidos. El tamaño de las circunscripciones puede ser un elemento clarificador de las distorsiones por cuanto la gran diversidad de los mismos incide en los efectos mecánicos del sistema electoral. Haciendo una simple comparación se

481


observa en la tabla 6 de inmediato una tendencia mayoritaria en 1991 en todos los municipios, siendo mayor en los de menor población, sobrerrepresentándose a los dos primeros partidos en detrimento del tercero. Un efecto diferente se produce en 1995. La particularidad de estas elecciones se traduce también en términos de los efectos mecánicos del sistema: el PP mantiene el predominio en los municipios de menor tamaño distanciándose claramente del PSOE, mientras que el efecto se invierte en los municipios urbanos, tal y como había ocurrido en 1991. En las grandes circunscripciones la mayor proporcionalidad del sistema reduce la prima del PP, beneficiando al PSOE, quien en términos globales ha obtenido más representantes que votos en la gran mayoría de los municipios. Esta misma tendencia se aprecia en las elecciones de 1999 en el PP. A excepción de los municipios de mayor tamaño en los que la representación es más proporcional obtiene ventajas en todos los estratos municipales, marcándose así muy claramente la diferencia con IU, quien pierde representantes en todos los tamaños municipales. El efecto que tiene este fenómeno en la configuración global del sistema de partidos no rechaza o niega las preferencias de los electores toda vez que tiene consecuencias en la distribución de la representación política. La aplicación de la ley electoral en los municipios consagra a los partidos políticos como protagonistas del proceso local. La diversidad del tamaño de los distritos (de 7 concejales a más de 50, en función de la población), y una barrera electoral ligeramente superior a la de las elecciones legislativas (5 por 100) permite que entren más fuerzas políticas en el reparto de los votos. Sin Tabla 6. Diferencias entre porcentajes de escaños y de votos del PP, PSOE e IU por tamaños de población en las elecciones municipales celebradas en la década de los noventa en España 1991

1995

1999

PP

PSOE

IU

PP

PSOE

IU

PP

PSOE

IU

T1

+4,62

+2,99

+0,20

+8,80

–2,50

–0,46

+7,93

–3,34

–0,64

T2

+2,52

+0,19

–1,76

+2,96

–0,52

–2,09

+2,94

–0,19

–1,65

T3

+0,46

+2,74

–1,00

+2,19

+1,16

–1,26

+0,76

+2,34

–1,04

T4

+0,55

+4,94

–1,00

+2,53

+1,84

–0,56

+1,73

+3,26

–1,32

T5

+0,50

+4,69

–0,27

–0,67

+2,47

–0,53

–0,82

+3,56

–1,63

T1. Hasta 250 habitantes; T2. 251 a 5.000 habitantes; T3. 5.001 a 20.000 habitantes; T4. 20.001 a 50.000 habitantes; T5. Más de 50.000 habitantes. Fuente: I. Delgado (2000).

482


embargo, en los municipios menores de 250 habitantes, donde se elige un 25 por 100 de los concejales, con sistema mayoritario con voto limitado se sobrerrepresentan candidaturas de independientes, ya que hasta hace poco tiempo los grandes partidos no se han presentado en estos ayuntamientos. Mirando las cifras contenidas en la tabla siguiente podemos confirmar que la media del número efectivo de partidos políticos electorales se cifra en 4,19 y la reducción del sistema electoral data en 3,90 el número de partidos parlamentarios, siendo la diferencia entre ambos indicadores de 0,29 puntos. Esto permite constatar por un lado que en los procesos electorales municipales hay una presencia importante de fuerzas políticas que compiten por el electorado; y, que este número se reduce una vez que se convierten los votos en representación. Las elecciones municipales de 1979 y las de 1987, por diferentes razones, han sido procesos electorales donde la oferta partidista ha rentabilizado con éxito sus candidaturas. En ambos casos, el número efectivo de partidos se sitúa cercano al 5. Pero en las elecciones municipales de 1991 el valor del índice comienza una etapa de descenso paulatino hasta alcanzar cifras muy bajas tras las elecciones de 2007 para remontar en 2011. Esto hace comprender que el poder político, si estuvo algo más disperso al inicio del Tabla 7. Número efectivo de partidos y concentración de partidos en elecciones municipales, 1979-2011* Elecciones municipales 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 Media Número efectivo de partidos: Electoral (Nv) Parlamentario (Ne) Nv – Ne

4,59 3,72 5,06 3,54 4,04 4,75 1,05 –0,32 0,31

4,40 4,09 0,31

4,20 3,87 0,33

4,14 3,73 0,41

4,00 3,75 0,25

3,79 3,83 0,04

3,85 3,56 0,29

4,19 3,90 0,29

Concentración de voto**: PSOE+AP/PP

59,2

63,7

66,1

68,7

71,5

71,6

65,3

65,8

68,6

57,5

* El número efectivo de partidos electorales9 se calcula como sigue: Nv = 1/ −v2i ; y Ne = 1/ −e2i. ** Para las elecciones de 1979 la concentración de voto se ha calculado sumando los porcentajes de votos válidos de UCD y PSOE. Fuente: Elaboración propia. Datos publicados por el Ministerio del Interior.

9

REIN TAAGEPERA y MATTHEW S. SHUGART (1989): Seats and votes. The effects and determinants of electoral systems, Yale University Press, New Haven.

483


período analizado sufre una concentración progresiva con el transcurso del tiempo, de manera que el espacio electoral que dejan los dos grandes partidos es, cada vez, más estrecho. La concentración de votos entre los dos partidos mayoritarios sufre un incremento gradual con el paso del tiempo, a imagen, por otra parte, de lo que acontece también en las elecciones legislativas para decrecer en 2011 y dejar espacio a otras fuerzas políticas. Como ocurre en otras democracias occidentales, la lucha de los dos partidos mayoritarios por obtener representación es inversamente proporcional a sus resultados reales y se acentúa por el efecto concentrador que arrojan los resultados electorales.

3. LAS PREFERENCIAS ELECTORALES Razonar en términos de procesos electorales agregados implica una fuerte distorsión, en la medida en que el número de municipios, su localización geográfica y la distribución de la población ofrecen amplias diversidades. Sin embargo, en última instancia la búsqueda de la consolidación del proceso electoral municipal se ha realizado ya a través de ocho convocatorias electorales, en las que se han elegido a los representantes locales de los numerosos municipios españoles. La aportación sobre la multitud de consultas electorales convocadas en un mismo día es una labor ardua y costosa de la que se desprenden a primera vista una elevada fragmentación y una dificultad extrema, que pueden llegar a generar más complejidad en el análisis por los posibles contagios en los comportamientos electorales. Se ha aludido así a la distorsión que una aproximación municipal puede generar al concluir con resultados generales sobre aspectos muy distintos y diferenciados de cada una de las unidades de análisis (Capo, 1991: 143). Aun conociendo estos elementos contradictorios es necesario elaborar un balance del comportamiento en las elecciones municipales, de sus resultados agregados y de las preferencias electorales tomando al municipio como objeto de análisis, para lo que optaremos por una agregación geográfica y en función de los tamaños de las circunscripciones electorales municipales. 3.1. Los resultados de 1979 a 2011 El dominio de los partidos políticos nacionales en la política local es indudable. Las fuerzas políticas nacionales se convierten en los principales

484


agentes de nacionalización de la política local como resultado del apoyo que reciben de los electores, un respaldo superior al que tienen otros actores locales o regionales. Pero la respuesta a los elementos nacionales es desigual de unas zonas geográficas a otras, y es diferente según los tamaños de los distritos y la influencia que tengan los rasgos locales, que son en definitiva los neutralizadores de esa reacción nacional. En otras palabras, el tipo de respuesta difiere según el arraigo de los partidos nacionales y locales en la arena municipal, y de los cleavages que operen en el escenario de competición. El análisis de los resultados de las principales fuerzas políticas en las elecciones municipales ofrecen un panorama vasto y heterogéneo del que se pueden extraer conclusiones de particular interés. Por una parte, hemos asistido ya a ocho convocatorias electorales municipales en las que los resultados de los principales partidos políticos que compiten, ofrecen un balance con etapas de cambio y de estabilidad, a la vez que hemos sido testigos de la des-

Gráfico 1. Evolución de los apoyos electorales de los dos principales partidos políticos en las elecciones municipales (porcentaje de voto válido)

Fuente: elaboración propia a partir de datos oficiales del Ministerio del Interior.

485


aparición de algunas fuerzas políticas y al nacimiento y refundación de otras10. Por otra parte, la homogeneización del calendario electoral desde 1983 permite extrapolar mediante un cauteloso análisis la orientación del voto en las distintas arenas de competición ofreciendo la configuración de mapas electorales que toman como unidad de análisis el ámbito territorial subnacional. A pesar de las precauciones que se adoptan para no sacar conclusiones erróneas de este tipo de análisis, consideramos de gran utilidad profundizar en unidades de análisis menores configurándose el tamaño de los municipios como variable de mayor potencial explicativo. Estas diferentes y complementarias perspectivas nos permitirán ahondar más en el estudio de las elecciones municipales celebradas en la España democrática toda vez que completan un escenario político caracterizado por una elevada fragmentación y heterogeneidad.

3.1.1. La orientación del voto Como ha sido la pauta en nuestro país y sucede también a nivel comparado, el comportamiento en las elecciones locales se ubica en un marco electoral general que tiene como punto principal de referencia aunque no exclusivo, la arena nacional. En este sentido los resultados de las elecciones municipales, aún con algunas especificidades, expresan las pautas de evolución de la competencia electoral a nivel general. Por esta razón vamos, al analizar la orientación del voto, a referirnos principalmente a las fuerzas políticas de ámbito estatal además hacer una breve descripción de los denominados partidos de ámbito no estatal (PANE) con relevante presencia en la arena electoral municipal. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es un protagonista indiscutible en el escenario electoral municipal. Desde las primeras elecciones municipales hasta nuestros días ha sido una de las fuerzas mayoritarias y durante un largo período el partido que gobernaba en el mayor número de consistorios municipales. En las primeras elecciones municipales de 1979 obtiene la victoria, no tanto en número de votos ya que la UCD es el partido 10 En este sentido no vamos a analizar la evolución y los apoyos electorales de partidos que como la UCD y el CDS han dejado de ser protagonistas de la arena municipal. Tan sólo destacar que su importancia se verifica en el análisis longitudinal de los resultados electorales que se muestran en los diferentes cuadros que se presentan en este trabajo.

486


más votado, sino en términos postelectorales dado que en numerosos ayuntamientos unió sus fuerzas con el otro partido de izquierdas, el PCE y, de esta forma, derrota en un elevado número de alcaldías al partido centrista. Desde entonces, la práctica política municipal unida a la desaparición de la UCD y a la debilidad del resto de fuerzas políticas, son factores que facilitan su implantación en el ámbito municipal. La victoria de las elecciones municipales de 1983 supuso el reflejo de la mayoría absoluta lograda en las elecciones legislativas de un año antes. Obtiene en estas segundas elecciones municipales 3.317.003 votantes más que logra mantener en la siguiente convocatoria municipal de 1987, en la que revalida su posición de principal fuerza política municipal con más de siete millones de votos. Sin embargo, en términos porcentuales, en 1987 pierde un 6% del electorado como consecuencia de la presencia de un partido centrista de ámbito nacional, el CDS que obtiene un significativo apoyo municipal y ocupa un espacio dentro de la distribución del voto municipal, erosionando los apoyos de las dos principales fuerzas mayoritarias. Aún a pesar de ello, en las siguientes elecciones municipales de 1991 consigue ser la fuerza más votada revalidando su posición. En esta ocasión se percibe una reducción de su hegemonía ya que su predominio se ve amenazado por el impulso que alcanza el partido de la oposición. Las distancias respecto al segundo partido con mayor número de votos, el PP, se estrechan y estos mayores niveles de competitividad tendrán como resultado el cambio que se producirá en las siguientes convocatorias electorales. En todo caso, hasta las elecciones de 1991 el PSOE sigue siendo un actor político con una fuerte presencia en la mayoría de los municipios españoles. Es, a raíz de los acontecimientos políticos en la arena nacional que comenzaron a ocurrir en 1992 y que tuvieron como consecuencia la pérdida de la mayoría absoluta de la que había disfrutado este partido en las convocatorias legislativas, y que se produce definitivamente en 1993, cuando esta pauta de continuidad y de predominio partidista se ve alterada. Por vez primera en las elecciones europeas de 1994 el PSOE se convierte en la fuerza de la oposición y seguidamente en las elecciones municipales de 1995 su porcentaje de apoyo electoral se reduce, pasando del 38,31% al 30,83%. La pérdida de las elecciones generales de 1996, el desgaste acumulado por los años de gobierno y los múltiples casos de corrupción, propiciaron la renuncia de Felipe González a la Secretaría General del partido y una apertura de lo que se entendía como un proceso de renovación. Este se extendió también a la arena municipal y en las elecciones de 1999 el PSOE repite como segundo partido, obteniendo el 34,25% de los apoyos electorales. Aunque prácti-

487


camente se sitúa al nivel del PP, experimenta un notable avance tanto en la correlación de fuerzas (+ 3,4) como en número de votos —gana 450.000 respecto a 1995— a pesar del incremento de la abstención, beneficiándose de las grandes pérdidas de IU. Las elecciones de 2003 sitúan al PSOE como la fuerza más votada con el 34,7% de los apoyos electorales, lo que supone que cerca de ocho millones de votantes ha confiando en este actor político. Los niveles de competitividad electoral en 2003 se han invertido y este partido es la primera fuerza política; el efecto ha sido contrario en lo que a competitividad parlamentaria se refiere, dado que el PP obtiene mayor número de alcaldes y concejales. Este es, sin duda, un elemento destacable de la proyección que genera la dinámica del sistema electoral. Las elecciones de 2007, celebradas durante la primera legislatura de Zapatero, parecían augurar una pérdida de votos para el partido del gobierno como viene siendo habitual en este tipo de elecciones de segundo orden. En este sentido si consideramos los datos de votos agregados con respecto a las elecciones de 2003 el PSOE pierde en 2007 212.130 votos pero gana un 1,5% del total del porcentaje de votos. Este efecto al que tampoco escapa el principal partido de la oposición, junto con el hecho de aumentar la concentración de voto entre estas dos fuerzas políticas, suponen el predominio de los socialistas en el escenario político municipal. Pero el cambio de esta tendencia se quiebra en 2011. El resultado de las elecciones municipales de mayo dio un vuelco al mapa político con la debacle del PSOE, una derrota que le supone perder más de un 7 por ciento del voto obtenido en las elecciones municipales de 2007 y separarse diez puntos porcentuales del partido vencedor a nivel estatal. Por lo que se refiere a la trayectoria del Partido Popular (PP) difiere en gran medida del anterior partido. Desde su nacimiento tras la legalización de los partidos políticos en la transición, este actor político ha sufrido numerosos cambios en su composición, y su evolución ha estado ligada a las siglas con las que se presentaba a las contiendas electorales. Se fundó en 1976 como Alianza Popular, pero tras iniciar un proceso de moderación de sus posiciones ideológicas se constituye como Coalición Democrática (CD) y bajo estas siglas se presenta a la primera convocatoria electoral municipal. Obtiene un reducido número de votos, 513.900 que constituyen el 3% del total del electorado. Una nueva configuración del partido logra imponer una imagen de derecha democrática que tuvo sus primeros resultados en las elecciones legislativas de 1982 donde se convierte en la segunda fuerza

488


electoral del sistema. Supuso un «sub-triunfo» que también se traslada un año después a la convocatoria electoral municipal de 1983. En esta alcanza el 25,92% del total de los apoyos electorales que se traduce en un aumento de más de cuatro millones de votos. Este salto le sitúa en una posición de segundo partido en un gran número de ayuntamientos, posición que mantendrá desde entonces. Consolidará este lugar aún a pesar de la presencia de un nuevo partido político con tintes centristas, el CDS. Estas elecciones de 1983 fueron sin duda, una de las mayores conquistas electorales de este partido e intenta mantener estas bases electorales en las siguientes elecciones municipales de 1987. No logra enteramente este objetivo, si bien reduce la distancia que mantenía respecto al PSOE, con lo cual la conquista electoral fue ciertamente mayor, dado además que ambos partidos mayoritarios se vieron afectados por la captación de electorado centrista obtenido por el CDS. En 1989 el partido reorienta su estrategia nacional promoviendo una mayor apertura hacia el centro con objeto de superar el techo electoral y convertirse en partido de gobierno. Entre estos cambios la nueva denominación del partido que se convierte en Partido Popular y es liderado por J. M.a Aznar quien representa el cambio generacional del partido. La táctica fue captar apoyos del electorado centrista lo que conlleva que en las elecciones municipales de 1991 el PP amplíe sus bases electorales en detrimento del partido centrista, revalidando su porcentaje de votos y aumentándolo en un 3%. Este afianzamiento en el escenario municipal también se lograba en el ámbito nacional y las bases electorales del PP responden al cambio de la estrategia partidista. En las elecciones municipales de 1991 el PP aumenta su número de electores, que asciende a 4.769.550 votantes y representa el 25,33% del total del electorado nacional. Desde entonces, esta convocatoria de principios de los años noventa se ha interpretado en clave de «preanuncio» electoral dado que, en las elecciones legislativas de 1993, el PP logra obtener posiciones cercanas al partido del gobierno, y, finalmente en las elecciones europeas de 1994 consigue una mayoría de ámbito nacional. Siguiendo esta trayectoria el PP obtiene la victoria en el escenario municipal en 1995. Alcanza una ventaja a nivel nacional de un diez por ciento del total de los votos y el gobierno en once parlamentos regionales, en cinco de ellos con mayoría absoluta. Con los casi 8 millones de votos obtenidos en 1995 marca niveles de voto altos para unas elecciones municipales, y representa un enorme avance desde los casi 4 millones de voto que obtenía en 1987, o los 4,75 millones de 1991. Significa el 35% de los votos, con un avance de casi 10 puntos, y pasa a

489


convertirse en el partido más votado, superando por segunda vez al PSOE. Durante este período, el proceso político del PP se ha caracterizado por la estabilidad y la ausencia de conflictos internos. Paralelamente se ha ido acrecentando el liderazgo de Aznar en la opinión pública, en la dirección del Gobierno y en la organización de partido. El PP vive así, un período de progresiva consolidación y renovación política y organizativa, aunque no exento de algunos problemas internos. En las elecciones municipales de 1999 obtiene casi 7,3 millones de votos, repite como partido más votado si bien en un marco de mayor abstención experimenta un cierto retroceso respecto a 1995, perdiendo casi 500.000 votantes. Obtiene el 34,4% de los votos, un punto menos que en 1995. Como indicativo genérico de una sólida implantación con amplia difusión en el territorio, se convierte en la opción política más votada en un mayor número de circunscripciones, 3.619 (el 45% de los municipios españoles). En mayo de 2003 recupera cerca de trescientos mil votos respecto a la convocatoria municipal anterior. Es comúnmente aceptado que los apoyos de los partidos gubernamentales con ocasión de elecciones de segundo orden se reducen significativamente. Esto no ha ocurrido en el caso de las elecciones municipales de 2003 dado que el PP se mantiene casi «intacto», a diferencia de lo ocurrido en otros países de nuestro entorno europeo que han celebrado también elecciones municipales11. Las elecciones de 2007 incrementan las cifras de votantes del PP en 143.141 y se convierten en una ganancia del 1,3% de porcentaje de voto total con respecto a 2003. Analizando las cifras de votos obtenidas por este partido en 2011 observamos cómo ha sido claramente la fuerza política más votada, y también el que obtiene el mayor número de concejales, aunque su crecimiento no ha sido tan grande si lo comparamos con las elecciones municipales de 2007, ya que solamente gana algo más de medio millón de votos, un 1,5 por ciento de votos de los que obtuvo entonces. No obstante en estas elecciones logra las cotas más elevadas de votos pero en ningún caso llega a los 10 millones que logró en las elecciones generales de 2008. Por su parte Izquierda Unida (IU), quien en las primeras elecciones municipales se denominaba Partido Comunista Español (PCE) y apostaba

11 Nos referimos a Reino Unido e Italia donde los partidos de Tony Blair y Silvio Berlusconi han sufrido un duro revés en términos de apoyos electorales en las elecciones municipales celebradas en la primavera de 2003.

490


como el resto de las fuerzas políticas por un rumbo democrático, tuvo resultados satisfactorios en 1979. Con más de dos millones de votos, se convierte en el cuarto partido político, detrás de las fuerzas de independientes, que en aquella ocasión canalizaron a un importante contingente de votantes. Los ya aludidos pactos «de izquierda» con el PSOE para arrebatar alcaldías ucedistas le dotaron de una mayor presencia en un gran número de consistorios. Pero las disensiones internas y la fragmentación de este partido se sintió años más tarde. En las elecciones municipales de 1983 pierde más de medio millón de votos respecto a 1979 y únicamente obtiene el 8% del total de los apoyos electorales. La práctica política local no fue suficiente en esta ocasión para movilizar a sus bases, parte de las cuáles se dejaron arrastrar por el fenómeno que invadía al PSOE. Desde entonces, convertida en tercera fuerza municipal no logra mejorar sus resultados debido a su frágil implantación en municipios de escaso tamaño. Además, los efectos del sistema electoral en términos de «castigo» no propician el crecimiento de este fuerza. Aún a pesar de estos condicionantes, en las elecciones municipales de 1987 mantiene sus 1,5 millones de votantes y continúa siendo la tercera fuerza a nivel nacional con el 7,7% del total de los votos. No logra captar al electorado del PSOE situado más a la izquierda a pesar de haber realizado una renovación interna que trajo consigo la nueva denominación de este partido. Desde entonces, el éxito del nuevo IU en las elecciones legislativas, no se traslada al escenario municipal. No recupera el voto de la izquierda cedido al PSOE y los conflictos internos no dejan de percibirse. Pero los acontecimientos vividos en la política nacional en los años noventa facilitaron la estabilidad de esta fuerza en el ámbito municipal. Si, como ya hemos destacado, las elecciones municipales de 1991 supusieron el inicio del cambio en el rumbo electoral municipal, este fenómeno afectó también a IU y mantuvo el 1,5 millón de votantes. En las elecciones municipales de 1995 esta tendencia ascendente se percibe con mayor claridad, paralela al retroceso socialista. Recibe el apoyo de 2,6 millones de ciudadanos —el 12% de los votantes— y obtiene el hasta entonces su mejor resultado en cuanto número de votos (que después superaría por poco en las generales de 1996) y dobló la barrera de los 1,3 millones de votos alcanzados en 1987. Esta consolidación va aparejada a una mayor homogeneización de su implantación, tradicionalmente muy desequilibrada, entrando en zonas en las que su presencia era marginal. Pero las elecciones municipales de 1999 supusieron un fuerte retroceso. Pierde 1.200.000 votos —la mitad de los que obtuvo en 1995— y queda con el 6,5% de los apoyos electorales, el peor resultado de su historia (e incluso del

491

492

—

2.555.466

BNG

Indep.

Votantes

Censo

26.727.920

—

15,26

—

16.740.436 (62.63%)

—

—

—

ChA

—

—

CC

1,46

—

0,36

PA

— 0,98

245.395

—

CDS

0,35

PSA

59.194

EE

0,61

—

103.684

ERC

2,15

UV

361.172

PNV

3,05

12,78

61.346

511.318

CiU

PAR

2.139.603

PCE/IU

27,90

165.569

4.671.971

PSOE

3,06

31,34

%

HB/EH

513.900

AP/PP

1979

5.247.051

N

UCD

Partidos políticos

27.634.529

—

9,98

—

—

—

—

19.677.332 (69,1%)

28.462.337

4,90

—

— 965.841

—

—

1,12

—

0,65

1,21

—

—

221.825

0,59 —

—

129.370

0,56 —

239.010

9,66

0,54

107.354 1.902.293

0,38

1,22

241.832 75.422

5,10

7,75

1.526.806 1.004.115

36,74

7.229.782

22,35

—

— 4.398.756

%

1987 N

0,84

1,78

0,34

0,45

2,18

4,09

8,02

18.702.509 (67,67%)

—

1.867.985

—

—

—

110.780

—

105.956

158.163

333.028

65.186

85.198

407.798

765.525

1.500.017

42,71

7.988.974

—

% 25,92

1983

4.848.020

—

N

Elecciones 1991 —

%

0,05

4,13

0,57

0,75

1,82

—

0,99

0,67

1,06

3,88

—

0,49

1,59

4,86

8,38

38,31

25,33

18.828.833 (62,25%)

30.242.631

10.196

777.483

107.932

140.462

342.297

—

187.602

127.758

199.090

731.331

—

92.003

299.445

915.306

1.579.023

7.214.421

4.769.550

—

N

Tabla 8. Elecciones municipales en España, 1979-2011: resultados de las principales opciones políticas


0,83

0,52

0,59

0,39

1,17

313.183

204.095

63.457

184.742

116.447

129.759

86.895

PNV

ERC

CDS

HB/EH*

PAR

UV

PSA

—

—

—

—

UPyD

Bildu

22.333.375 (69,89%)

1999

—

—

0,26

5,95

1,36

1,26

1,67

—

0,51

0,41

1,28

0,30

1,06

1,28

3,63

6,52

34,25

34,43

%

21.491.984 (63,99%)

33.585.957

—

—

54.614

1.267.420

289.885

267.773

355.684

—

108.639

87.493

272.446

62.964

225.576

272.736

774.074

1.387.900

7.296.749

7.334.135

N

2003

—

—

0,39

3,15

1,42

1,24

1,45

0,26

0,38

0,37

—

—

1,82

1,78

3,44

6,06

33,84

34,71

%

23.270.072 (67,67%)

34.386.462

—

—

88.884

723.577

325.492

283.711

333.691

58.808

86.805

85.817

—

—

417.293

408.153

789.936

1.390.673

7.972.995

7.772.934

N

Elecciones

* Las cifras de 2007 corresponden a los resultados obtenidos por EAE-ANV. Nd: no hay datos. Fuente: I. Delgado (2000). Actualización con datos procedentes del Ministerio del Interior.

Votantes

31.953.812

0,12

27.648

ChA

Censo

0,94

2,64

208.098

806.403

Indep.

0,96

1,41

BNG

260.249

0,92

0,29

973.498

CiU

211.882

4,39

2.589.780

IU

CC

11,68

6.838.607

PSOE

PA

35,26

7.820.992

PP

30,86

%

1995

N

Partidos políticos

Tabla 8. (Continuación) 2007

—

—

0,27

Nd

1,43

0,99

1,07

0,22

—

0,43

0,43

—

1,58

1,41

3,29

5,54

35,31

36,01

%

22.243.377 (63,27%)

35.153.752

—

—

58.463

Nd

315.279

217.407

234885

48.365

—

94.079

94.253

—

347.601

310.036

723.325

1.217.030

7.760.865

7.916.075

N

2011

1,39

2,06

0,24

Nd

1,16

0,90

1,02

—

—

0,34

—

—

1,20

1,45

3,45

6,36

27,79

37,53

%

22.971.350 (66,23%)

34.682.112

313.231

465.125

53.143

Nd

261.513

202.650

230.274

—

—

77.542

—

—

271.349

327.100

778.679

1.437.158

6.276.084

8.474.031

N


493


PCE) en unas municipales. Acorde con estos flojos resultados tan sólo consigue ser el partido más votado en 122 municipios, esto es en el 1,5% del total. En la convocatoria de 2003 mantiene los votantes de 1999 y el porcentaje de representación política también se ve inalterado numéricamente. Es en las elecciones de 2007 en las que se constata el declive de esta fuerza política en el escenario municipal. Las pérdidas se cifran en 173.643 votos y un 0,5% del total de porcentaje de votos. Pero han sido las elecciones municipales de 2011 las que han supuesto una inflexión en la evolución de los apoyos electorales de IU. En esta última convocatoria recupera más de 200 mil votantes, un resultado muy positivo para esta formación que parecía ir en retroceso. Si en las elecciones generales de 2008 obtuvo cerca de un millón de votos, ahora en estas últimas elecciones municipales alcanza el millón y medio de votos. En 2011 otra formación pequeña de ámbito nacional irrumpe en el escenario municipal, UPyD. Su estreno en las elecciones generales de 2008 le supuso obtener un escaño en el Congreso de los Diputados con algo más de 300 mil votos. Esta cifra ha sido superada en las elecciones municipales al lograr 465.125 votos lo que significa que el 2,06% del total de los votantes optó por este nuevo partido. Los resultados a lo largo de toda la etapa democrática municipal de los partidos de ámbito no-estatal (PANE) son diversos. Los dos principales partidos nacionalistas, Convergencia i Unió (CiU) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), han tenido una presencia destacada en el ámbito municipal, mientras que otras formaciones más pequeñas logran apoyos de menor relevancia política, no sin por ello ser fuerzas destacadas en sus respectivos ámbitos territoriales y en determinadas ocasiones, actores claves para la gobernabilidad. A nivel nacional, desde las primeras elecciones democráticas CiU obtiene unos resultados que, con el transcurso de las convocatorias municipales, irá afirmando y progresivamente aumentado. Si en las elecciones de 1979 consigue el apoyo de medio millón de votantes, este valor crecerá en las elecciones de 1983 y se duplicará en 1987, hasta alcanzar el millón de electores. En esta ocasión obtiene el 5,1% del total del electorado y logra su máximo techo electoral municipal. Aún a pesar de continuar siendo la cuarta fuerza electoral municipal, en las elecciones de 1991 sufre cierto retroceso que se aprecia con mayor intensidad en posteriores convocatorias, llegando incluso en 1999 a debilitarse y alcanzar niveles de apoyo comparables a los de las primeras elecciones municipales. En las elecciones

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municipales de 1995, en Cataluña experimentó un retroceso notable (–3,5 puntos) si bien muy centrado en Barcelona (provincia y, sobre todo, capital) y se ubicó en el marco de una tendencia continuada al retroceso que venía experimentando esta coalición en todo tipo de elección desde 1993. En 2003 y 2007 mantiene la presencia electoral que obtuvo en las elecciones municipales precedentes, aunque el número de representantes políticos, como veremos después es ligeramente menor, y experimentará una «suave» tendencia al alza en 2011 al captar a 55.354 votantes. El PNV inicia su andadura municipal ganando el 2,1% del electorado nacional con 360.000 votantes. Las elecciones de 1983 supusieron para este partido una ocasión única donde incrementa sus apoyos electorales en términos agregados, si bien mantiene su porcentaje de votos en el 2%. No obstante, desde entonces sufre un declive pronunciado que es más significativo en 1987. En estas elecciones reduce a la mitad sus apoyos electorales, viéndose afectado por el aumento de electores conseguido por Herri Batasuna (HB). A partir de entonces, la presencia de esta fuerza independentista ejercerá presión sobre ciertas bases del PNV, entablándose una pugna electoral entre ambos partidos, de forma que las transferencias de voto entre ellos afecten a la implantación municipal y a los resultados obtenidos por ambos a lo largo de los procesos municipales. De manera inversa a esta cesión más nacionalista del electorado vasco que opta por el radicalismo extremo de HB (EH y ANV), también la presión de partidos de ámbito nacional, más concretamente, del PP durante la década de los noventa erosionará ligeramente las bases electorales más moderadas del PNV, teniendo como efecto que en las elecciones municipales de 1999 obtenga los valores más reducidos de votantes de la etapa democrática, esto es, muy similares a los de las elecciones de 1987. Las elecciones de 2003 suponían un reto. La ilegalización de las listas herederas de Batasuna ofrecía la posibilidad de canalizar alguno de los votantes de aquella formación en detrimento de los partidos constitucionalistas. El resultado fue el esperado, en un escenario de alta participación: dobla el número de votos obtenidos en 1999. Debemos destacar que el número de votos nulos, opción recomendada por la banda terrorista, supuso un 10% del total de los votos emitidos en esta Comunidad. En 2007 mantiene una bolsa de 300.000 votantes, un porcentaje de votos de apenas 1,4% del total nacional y más de un millar de concejales en las instituciones municipales vascas. Las elecciones de 2011 suponían un nuevo reto para el PNV al presentarse una nueva formación política en el escenario municipal vasco. Pocos minutos antes del comienzo de la campaña electoral, el pleno del Tribunal Constitucional rechaza, por una estrecha

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mayoría, el veto del Tribunal Supremo y permitió la concurrencia de la coalición Bildu formada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba e Independientes a los comicios autonómicos y municipales, quien obtiene 313.231 votos, de los cuales 124.772 proceden de Vizcaya, 119.537 de Guipúzcoa y 31.825 de Álava. Aún a pesar de ser mayor la competencia entre las fuerzas políticas, PNV logra gana 327.100 votos, 17.000 votantes más con respecto a sus resultados de 2007, y estas ganancias son también de mayor magnitud si se compara con los resultados de las elecciones generales de 2008. El resto de los PANE, a mucha distancia ya de los anteriores, ofrecen resultados de muy distinto signo. Su presencia en el ámbito municipal ha sido importante, por ser este un escenario favorable para su implantación. En Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), aún a pesar de sufrir ciertas oscilaciones en términos de captación de votantes, logra en las convocatorias municipales de los años noventa adquirir una mayor representación. Esta tendencia creciente de captación de voto municipal se inicia en 1991 y el salto cuantitativamente mayor se producirá en las elecciones municipales de 1995, al doblar el número de votos obtenido en la convocatoria anterior. Se presentaba por primera vez a unas elecciones después de la escisión de sus dirigentes más conocidos y superó con creces esta situación, obteniendo sus mejores resultados, resultados que revalida y amplía definitivamente en las elecciones de 1999. Esta tendencia que parecía consolidarse las elecciones de 2003 al duplicar el número de votos y alcanzar con ello un 2% a nivel nacional agregado, más de 400.000 votantes, sufre una erosión en 2007. En estas elecciones pierde cerca de 70.000 votos y un 0,2% del voto total. Y esta tendencia se confirma definitivamente en 2011 al perder de nuevo más de 70.000 votos y el 0,40% del voto total. Tanto el Bloque Nacionalista Galego (BNG) como Coalición Canaria (CC) son dos partidos que entran a formar parte del escenario municipal en las elecciones de 1991. La tendencia que se aprecia desde entonces puede valorarse con un saldo positivo al iniciar un ascenso que ambos culminan en las elecciones de 2003, síntoma de una progresiva consolidación dentro de sus respectivas Comunidades Autónomas, a pesar del ligero descenso de ambas en 2011. Por el contrario, en Valencia, los PANE están en proceso de cambio. El proyecto de Unió Valenciana (UV) parece tener escasas fuerzas, al percibirse desde 1991 un retroceso que reproduce pautas de manifiesto declive y que es ya definitivo tras las elecciones de 2003 en las que pierde un ligero porcentaje de su ya débil número de votos.

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Por su parte, el Partido Aragonés Regionalista (PAR) presente desde las primeras convocatorias electorales municipales adquiere cierto protagonismo durante la década de los ochenta y a inicios de los noventa. En las elecciones de 1983 y 1987 consigue estabilizar e incluso se puede hablar de ligero aumento de sus apoyos electorales, hasta su pérdida de posiciones que se advierte en las elecciones de 1995 y más acusadamente en 2003. Se ve amenazado en esta ocasión por el ascenso de la Chunta Aragonesista (ChA) que se consolida como la cuarta fuerza de Aragón y amenaza la tercera posición del PAR en esta región. Las elecciones de 2007, en las que predomina la concentración de votos entre el PP y el PSOE afecta a las bases de este partido regionalista, quien pierde 30.000 votos y lo mismo acontece en las elecciones de 2011 donde solo logra el 0,24% del voto total. El andalucismo representado en el Partido Socialista Andaluz (PSA) y posteriormente en el Partido Andalucista (PA) experimenta un duro revés electoral desde 1995. Las crisis internas afectaron de forma directa en el seno del partido, quien tras su refundación sufrió una escisión, factor que afectó negativamente en la estabilización de las bases electorales. Si en 1991 había incrementado el número de votantes respecto a convocatorias anteriores, las elecciones municipales de 1995 supusieron un fracaso en la estabilización de su electorado, si bien se produjo cierta recuperación en 1999 donde consigue igualar el número de votos aún a pesar de reducir ligeramente su proporción. Se podría hablar de cierta inflexión producida en 1995 desde la cual se estabilizan posteriormente los apoyos, pero que en 2003 permiten ya hablar de un debilitamiento importante de su presencia municipal que se constata tras los resultados de las elecciones de 2007 y las elecciones de 2011.

3.1.2. La distribución territorial de los apoyos electorales Las tendencias de evolución que se marcan a nivel global se han expresado de forma relativamente homogénea en el conjunto del territorio español. Sin embargo, estas variaciones presentan diversidades cuantitativas entre Comunidades Autónomas, que evidencian el papel de la Comunidad Autónoma como definidora de una arena política específica. Si bien se había venido observando esta tendencia, no se olvide que las elecciones municipales se celebraban al mismo tiempo que las autonómicas en 13

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Comunidades Autónomas, constituyendo un factor de homogeneización de la evolución electoral entre los municipios de cada Comunidad. En términos generales el PSOE ha sido el partido más votado en la gran mayoría de las Comunidades Autónomas durante la década de los ochenta. Las elecciones de los años noventa comienzan a evidenciar cambios asociados al escenario nacional que afectan directamente en la correlación de fuerzas que comienza a perfilarse desde entonces. Las elecciones de 1995 fueron el detonante del cambio y el inicio de una nueva distribución de los apoyos que afecta muy significativamente en el PSOE. En esta ocasión sólo mantiene su condición de partido más votado en Andalucía, Cataluña y Extremadura, aunque su retroceso en ellas es importante al reducir su ventaja sobre el PP. El mayor nivel de pérdida se produce en el País Vasco y en Navarra, siendo en esta última Comunidad muy acusado dado el notable avance del PP y la gran fragmentación del escenario electoral. Centrándonos en el cambio que se produce en las convocatorias de los años noventa es importante señalar cómo las elecciones de 1999 supusieron cierta recuperación el PSOE en Asturias y Castilla La Mancha, donde consigue ser la fuerza más votada. Pero su implantación territorial presenta contrastes en esta convocatoria. Obtiene los mejores resultados en Castilla-La Mancha y Extremadura (46-44%), siendo sus puntos débiles Navarra, País Vasco y Baleares (19-22%). Experimenta avances respecto a 1995 en casi todas las CC. AA., siendo especialmente notables en Asturias, Castilla-La Mancha y Madrid (7-8 puntos), mientras en otras su avance se sitúa alrededor de los 3 puntos. Sus únicos retrocesos los presenta en Galicia y en Baleares, mientras permanece prácticamente estable en Navarra, Canarias y La Rioja. En las elecciones de 2003 este panorama sufre alteraciones importantes: puede calificarse de pérdidas importantes la que se han producido en Cataluña y en Asturias, Comunidades en las que pierde cerca del 4 por ciento del voto obtenido en las elecciones municipales precedentes. No obstante las ganancias se concentran fundamentalmente en Castilla y León (+3,3%), País Vasco, La Rioja (+3% respectivamente) y en sus feudos tradicionales consigue incrementar sus apoyos un 2,7% en Castilla la Mancha y 2,2% en Extremadura. El PSOE sólo aventaja al PP en 2011, en cuatro Comunidades Autónomas —Asturias, Cataluña, País Vasco y Navarra— pero con un margen muy estrecho consecuencia de la pérdida de cerca de un diez por ciento de votantes en Asturias, un ocho por ciento en País Vasco y un siete por ciento en Cataluña. El debilitamiento de los apoyos socialistas ha sido especialmente relevante en sus feudos tradicionales, a costa del avance electoral de los populares.

498


De forma paralela al proceso de implantación territorial del PSOE, el PP es el actor indiscutible en la mayoría de las Comunidades Autónomas desde las elecciones de 1995. Estas representan el cambio de orientación de los apoyos electorales y la modificación del mapa electoral. Si bien hasta entonces, el PP había mantenido su predominio en ciertas Comunidades Autónomas, las más importantes variaciones territoriales se originan a raíz de las elecciones de 1995. Es el primer partido en las Comunidades de Aragón, Baleares, Castilla-León, Galicia, Madrid, La Rioja, la Comunidad Valenciana y Murcia. En conjunto, son aquellas Comunidades Autónomas donde el PP había vencido en las elecciones generales de 1993 y lo hace también en las simultáneas autonómicas de 1995. Es espectacular el avance que representa respecto a 1991 en Aragón, Murcia y Valencia, así como en Canarias y Cantabria. En Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha, los populares son la opción más votada pero su ventaja respecto al PSOE es menor. Lo mismo sucede en Canarias pero con un margen muy ajustado y con Coalición Canaria como segunda fuerza, en el marco de un equilibrio a tres (PP-CCPSOE). En Navarra, Unión del Pueblo Navarro (UPN) que se presenta integrada en el PP es la fuerza más votada, en un marco de elevada fragmentación del sistema de partidos, fenómeno que se agudiza en mayor medida al tratarse de unas elecciones municipales en las que se eleva el volumen de voto recogido por múltiples candidaturas locales independientes. Las Comunidades Autónomas en las que el PP obtiene los peores resultados siguen siendo País Vasco y Cataluña, en las que se sitúa por debajo de la media española. Las elecciones municipales de 1999 alteraron ligeramente este panorama territorial. El PP es el primer partido en 10 CCAA y obtiene sus mejores resultados en Murcia y La Rioja (49% de los votos). En el polo opuesto Cataluña, donde obtiene sólo el 11% de los votos, y el País Vasco (17,5%) continúan siendo los grandes puntos débiles de su implantación. En el resto de Comunidades sus resultados oscilan entre el 30% de Navarra (UPN) y el 46% de Castilla y León. Su evolución respecto a 1995 presenta moderados retrocesos en buen número de CC. AA., aunque también en algunas de ellas presenta ligeros avances. Es decir, su tónica general es de relativa estabilidad. Tan sólo merecen resaltarse, por una parte, su fuerte descenso en Asturias, en el marco de la crisis del PP y la creación de URAS en esta Comunidad; por otra, su notable avance en Cantabria y Navarra en el marco del descenso de la UPCA y CDN respectivamente.

499


Las elecciones de 2003 apenas mueven este mapa electoral si bien acontecimientos concretos como el caso del Prestige podrían estar tras el retroceso del PP en Galicia, al perder más de un 4% de su voto; o las movilizaciones ciudadanas contrarias al trasvase del Ebro, responderían a la disminución de cerca del 9% de los apoyos populares en Aragón. El PP consolida sin embargo su presencia en las Comunidades de Asturias, Murcia y Navarra. Por su parte IU obtiene notables avances en las elecciones de 1995, siendo estos más relevantes en Andalucía, Madrid y Asturias. En cambio, Galicia, Canarias, baleares y la Rioja siguen siendo su asignatura pendiente por cuanto su nivel de implantación es todavía muy bajo. En las elecciones de 1999 IU vive un proceso muy difícil. Se manifiestan problemas de proyecto político y de liderazgo, que originan crisis en la mayoría de Comunidades y llegan a la ruptura en Galicia y Cataluña, siguiendo el camino de la escisión de Nueva Izquierda, basada fundamentalmente en Madrid. Paralelamente se venía detectando un deterioro de la imagen de IU y de Anguita en la opinión pública Desde la perspectiva local, la característica que ha marcado los últimos cuatro años es una importante ausencia de IU en tareas de gobierno municipal. Concretamente, las diferencias entre PSOE e IU que impidieron en 1995 llegar a pactos que hubiesen permitido a IU asumir responsabilidades de gobierno en mayor número de municipios. En la mayoría de las Comunidades Autónomas su retroceso oscila alrededor de los 2 puntos. Las pérdidas más importantes las experimenta en Cataluña y Madrid, siendo también notables (–5 puntos) en Andalucía, Aragón y Valencia, comunidades con importante peso demográfico y en las que basaba su implantación. A pesar de este retroceso logra mantener un buen nivel de apoyo (10-13%) en Asturias y Andalucía y Madrid. En el polo opuesto, Galicia, Cataluña y Canarias son sus puntos más débiles, con una implantación testimonial (1-3%). Este escenario apenas sufre modificaciones en el 2003, a excepción del País Vasco, a consecuencia de la política de pactos que esta formación ha realizado últimamente en pos del apoyo nacionalista, que ha tenido como resultado el incremento en cerca de un 3% de sus votantes. El crecimiento experimentado por este partido en las elecciones municipales de 2011 se percibe con claridad también al analizar los apoyos territoriales. Las mayores ventajas electorales del PP se localizan en Andalucía, donde supera al PSOE en más de siete puntos, en Aragón y Castilla la Mancha, con cerca de seis puntos de diferencia respectivamente y en Extrema-

500


dura. Además el PP consolida sus apoyos en Murcia, Cantabria, Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana, a pesar de que en éstas dos últimas comunidades pierde votos. Y, de las 50 capitales de provincia, el PP gobierna en 34 de ellas, lo que supone lograr la alcaldía de 12 más que en 2007, y alcanzar gobiernos de mayoría absoluta en todos ellos a excepción de Huesca, Vitoria y Oviedo. Por su parte el PSOE logra gobernar en nueve capitales de provincia y sólo en Cuenca, Soria y Lérida lo hace con mayoría absoluta. El PA experimentó un avance como formación en 1999 (2,5 puntos a nivel andaluz), recuperando el nivel conjunto de las dos candidaturas del andalucismo en las anteriores elecciones, pero perdiendo en el 2003 un 1% de sus apoyos electorales. Continúa en las dos elecciones siguientes perdiendo voto y liberando espacio a otras formaciones como se constata de los resultados de 2011, en los que el 85,4% de los votos se distribuye entre partidos de ámbito nacional. El BNG que había logrado en 1999 el 18,5% de los votos en Galicia, lo que significó un avance de algo más de 5 puntos en relación a 1995, estabiliza su posición de tercera fuerza en 2003 incrementando en un 1% su presencia, a falta de canalizar el «voto de castigo gubernamental». En 2011, las pérdidas son ligeras, un 3% del voto, de manera que el 73% de los votos se concentra en partidos de ámbito nacional y el 10% restante se distribuye en un número elevado de pequeñas formaciones políticas. En Canarias la CC también continua su consolidación. El avance de casi 6 puntos (a nivel canario) registrado en 1999 al obtener el 32,3% de los votos que le convirtió en la fuerza más votada en la Comunidad en aquel momento, deshaciendo el virtual empate a tres, con PP y PSOE, de 1995, se invierte. En 2003 pierde un 2,5% de votos, aumentando los apoyos electorales PSOE (+1,6%) e IU (+1,5%). El desgaste de CC que se aprecia en las elecciones de 2007 se confirma cuatro años después al constatarse una pérdida de votos que se cifra en un punto y medio y refuerza la presencia de otros partidos insulares menores. En Aragón y en Valencia el espacio de los partidos regionalistas, como ya hemos destacado, está en proceso de cambio. El PAR continua retrocediendo mientras se le acerca la ChA que se va consolidando y amenazando la tercera posición del PAR en Aragón. Por su parte en la Comunidad Valenciana, el proyecto de UV parece no tener fuerza. Si ya retrocedió ligeramente en 1999, en estas elecciones queda por debajo del 5% (sólo alcanza el 3,5% de los apoyos), viéndose alcanzada por el Bloc Nacionalista Valenciano (BNV) que va avanzando como figura alternativa y alcanza el 5,7% de votos en el

501


2003. En ambos contextos, aragonés y valenciano, el avance de los PANE que se sitúan en las coordenadas de izquierda, ChA y BNV, se hace en parte sobre espacio que pierde IU. También en Baleares se consolida de forma plural el espacio de los PANE. Tanto los nacionalistas de izquierdas del PSM, se mantienen como la tercera fuerza de la Comunidad con el 8% de los votos (retrocede un 3% respecto a 1999), mientras UM va recuperándose lentamente y se sitúa cerca del 8%. En Navarra la CDN pierde fuerza. Si ya en las elecciones de 1999 quedó en situación muy precaria (4,9% de los votos) al experimentar un sensible retroceso en beneficio fundamentalmente de UPN (PP), en 2003 este camino de vuelta de la mayoría su electorado hacia la formación original, después de la ruptura de 1995 se consolida definitivamente. En esta Comunidad es importante resaltar la relevante presencia de las listas de formaciones de Independientes que atraen al 11% del electorado navarro. En Cantabria, la situación de normalidad experimentada en 1999 se consolida: el fuerte retroceso de la UPCA en aquella ocasión al quedar en una situación completamente marginal (2,9%) ha conducido a su práctica desaparición en el 2003. Paralelamente, la consolidación del PRC como protagonista del espacio regionalista, con el notable avance experimentado en la convocatoria municipal anterior al situarse en el 16% de los votos, se incrementa en el 2003 en un 3,5% más votos. En La Rioja aunque el PR ya demostró en 1999 ciertas dificultades y retrocedió ligeramente, a pesar de mantenerse en su típica posición secundaria, en las elecciones de 2003 aumenta ligeramente sus apoyos electorales en un escenario de cambio de intensidad en el equilibro entre PSOE y PP. Las elecciones de 2007 no han hecho sino confirmar el predominio en la gran mayoría de las CC. AA. de dos partidos, que acaparan más del tercio del total de los votos, dejando escaso margen de presencia a otras fuerzas menores o regionalistas (excepto el caso de Cataluña). Incluso en aquellas en las que el anclaje de fuerzas nacionalistas es un hecho singular la debilidad de los apoyos electorales obtenidos por estos partidos se constata al ver reducidos los porcentajes de voto alcanzados. A modo de ejemplo, PNV pierde un 10% de su voto en el País Vasco, cediendo espacio a ANV; CC pierde un 7% del voto obtenido en 2003, y de forma similar en Aragón la Chunta Aragonesista pierde un 4% de los votos algunos de los cuáles pasan al PSOE que ve incrementados sus resultados, mientras que posiblemente voto de opciones de la derecha se trasladan al PAR, dado que el PP también reduce sus porcentaje de votos en esta región.

502

PSOE

IU

12,2

47,6

14,3

39,3

39,9

42,2

27,1

33,5

48,1

44,4

37,3

47,3

49,7

26,5

46,7

40,9

Cataluña

Galicia

País Vasco

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-León

Castilla-La Mancha

Extremadura

Madrid

Murcia

Navarra

Rioja

C. Valenciana

19,0 34,1 32,8

49,0

43,3

31,5

28,5

41,5

38,9

30,6

49,5

44,5

38,9

42,5

29,7

27,9

39,0

46,7

24,9

26,1

24,7

34,6

33,3

39,8

27,3

16,7

38,2

17,5

26,5

32,9

10,9

45,4

33,8

31,2

Fuente: Pallarés y Delgado (2001).

31,0

5,7 10,9

35,4 34,5

10,9

44,4

7,4

9,1

46,3

19,0

7,5

32,7

11,9

7,2

31,3

35,6

4,3

26,0

17,3

5,9

21,6

36,7

15,2

8,9

41,4

33,0

18,9

7,3

5,9

3,8

6,0

7,5

10,0

7,6

4,9

5,1

3,7

2,6

4,3

12,3

3,7

5,4(UV)

7,2(PR)

5,2(EA)

10,3(PRC)

27,4(CC)

5,0(UM)

16,4(PAR)

4,8(UV)

6,2(PR)

4,6(PNV/EA)

2,7(UPL)

15,8 (PRC)

32,3(CC)

6,7 (UM)

5,9 (URA)

13,4 (PAR)

27,6(PNV) 34,2(PNV/EA)

18,6(BNG)

26,5 (CiU)

4,4

2,8

25,2

30,0(CiU)

9,5 (PA)

1999

13,1(BNG)

2,0

11,9

37,4

6,9 (PA)

1995

PANE 1

0,9

12,8

37,8

18,0

1995 1999 1995 1999 1995 1999

PP

Andalucía

CC. AA.

Partidos políticos

2,6(PA)

8,4(ChA)

7,7(ERC)

1999

8,3(CDN)

4,9(BNV)

4,9(CDN)

12,9(UPCA) 2,9(UPCA)

10,8(PSM) 11,2(PSM)

10,5(EA)

6,2(ERC)

1995

PANE 2

7,8(IC)

1999

8,4(HB)

14,9(EH)

4,1(PPE)

14,2(HB) 19,6(EH)

1995

PANE 3

Tabla 9. Evolución de las principales opciones políticas por Comunidad Autónoma en las elecciones municipales de 1995 y 1999 en España (porcentaje de voto válido)


503

504 PSOE IU

46,3

41,8

9,8

38,6

41,6

24,8

38,8

45,8

37,2

41,5

45,7

52,7

33,0

18,7

46,0

43,0

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha 40,9

11,1

Asturias

Cataluña

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra*

País Vasco

Rioja

C. Valenciana 34,9

38,3

22,1

20,7

34,6

37,3

34,7

40,3

24,4

19,1

32,5

33,0

29,0

27,0

6,0

2,7

7,9

7,3

6,4

8,6

1,2

7,0

10,4

32,2 46,4

4,4

3,9

4,0

1,5

4,1

12,5

3,5

12,8

47,0

36,7

26,9

30,2

29,2

46,6

33,2

49,0

36,0

29,9

27,6

22,2

39,7

38,5

37,0 37,8

40,1

38,2

4,3

2,9

6,8

3,7

6,6

8,7

1,4

5,6

9,0

4,9

4,1

1,6

-

0,5

10,2

4,5

12,6 8,5(PA)

2003

15,8(NB)

19,1(BNG)

1,9(Indep.)

25,2(CiU)

2,1(UPL)

21,4(PRC)

23,4(CC)

6,8(PSM)

1,85(URAS)

13,9(PAR)

5,7(Bloc-EV)

7,3(PR)

4,3(Bloc-EV)

6,4(PR)

43,8(PNV/EA) 31,1(PNV/EA)

11,1(Indep.)

3,2(Indep.)

19,4(BNG)

4,2(Indep.)

24,4(CiU)

2,5(Indep.)

2,9(UPL)

19,3(PRC)

30,7(CC)

8,2(PSM)

2,5(URAS)

2007 6,14(PA)

PANE 1

12,1(PAR)

* Las cifras de la casilla PP corresponden a los resultados de UPN. Fuente: elaboración propia sobre datos del Ministerio del Interior.

46,5

47,1

15,5

33,4

55,1

50,4

39,8

38,2

40,6

20,4

42,9

39,5

30,1

31,0

Aragón

32,1

30,8

2003 2007 2003 2007 2003 2007

PP

Andalucía

CC. AA.

Partidos políticos

3,5(UV)

2,1(Indep.)

-

3,6(PNV/EA)

1,6(EU)

12,7(ERC)

2,7(Indep.)

5,6(Indep.)

7,7(UM)

2003

2007

7,4(ANV)

6,2(ANV)

11,7(ERC)

5,7(Indep.)

8,1(UM)

PANE 2

2,6(Indep.)

1,9(EA)

2003

7,0(EA)

2007

PANE 3

Tabla 10. Evolución de las principales opciones políticas por Comunidad Autónoma en las elecciones municipales de 2003 y 2007 en España (porcentaje de voto válido)



Tabla 11. Evolución de las principales opciones políticas por CCAA en las elecciones municipales de 2011 en España CC.AA

2011 PP

PSOE

IU

UPyD

PANE 1

Andalucía

39,4

32,2

12,0

1,8

5,6 (PA)

PANE 2

PANE 3

Aragón

36,7

31,3

5,8

1,9

11,3 (PAR)

7,8 (CHA)

Asturias

23,7

29,9

13,4

2,2

20,3 (FAC)

1,0 (Indep.)

Baleares

44,1

23,7

2,3

3,5 (CxI)

2,5 (PSM)

1,9 (IB-Lliga)

Canarias

27,4

21,9

2,5

22,0 (CC)

5,6 (NCa)

1,8 (ASSPPT)

Cantabria

44,9

20,8

3,2

1,3

Castilla-La Mancha

46,5

39,7

5,6

1,3

Castilla León

48,2

30,5

5,2

2,8

Cataluña

12,7

25,1

8,4

27,1 (CiU)

9,0 (ERC)

2,3 (PxC)

Extremadura

44,4

40,2

6,1

1,1 (Indep.)

Galicia

44,8

26,0

1,9

Madrid

48,2

24,1

10,8

27, 7(UPN)

11,6 (BILDU)

11, 4 (NaBai)

30,0 (PNV)

25,4 (BILDU) 3,0 (ARALAR)

20,8 (PRC) 1,4 (UPL)

16,5 (BNG) 6,9

Navarra

6,0

15,9

4,7

Murcia

55,6

24,3

8,1

País Vasco

13,5

16,3

3,2

Rioja

49,9

33,0

3,2

2,5

5,5 (PR)

C. Valenciana

46,8

28,1

5,6

1,4

7,2 (Bloque nacionalista)

Ceuta

65,2

11,6

2,6

Melilla

53,9

8,5

3,2

2,1

14,3 (Coalición Caballas)

2,3 (PDSC)

23,7 (CpM)

6,8 (PPL)

* Partidos: CxI: Convergencia per les Illes IB-Lliga: Lliga Regionalistas de les Illes Baleares NCa: Nueva Canarias ASSPPT: Alternativa Si Se Puede por Tenerife PxC: Plataforma per Catalunya PR: Partido Riojano PDSC: Partido Democrático y Social de Ceuta CpM: Coalición por Melilla PPL: Partido Populares en Libertad Fuente: Elaboración propia. Datos publicados por el Ministerio del Interior.

El resultado de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011 dio un vuelco al mapa político con la victoria del PP en todos los niveles territoriales del poder, la debacle del PSOE, el crecimiento de IU en

505


determinadas Comunidades Autónomas, la presencia y consolidación geográfica de UPyD, la aparición de Bildu en el escenario electoral vasco y el efecto «Cascos» en Asturias. La debacle electoral del PSOE en estas elecciones no alberga dudas, ahora bien cabe preguntarse ¿dónde han ido los votantes? A la vista de los datos podríamos argumentar que este comportamiento electoral y decir que algunos de los votantes del PSOE en las anteriores elecciones habrán ido a parar al PP, otros, y no en poca cantidad, habrán cambiado su opción por UPyD —fundamentalmente en Madrid—. Indudablemente, el voto más ideologizado del PSOE habrá optado por castigar a su opción política otorgando su confianza a IU, cuyo crecimiento ha sido particularmente relevante en Canarias, Madrid, Cantabria, Baleares y Murcia. Pero también en este contexto los partidos pequeños han aumentado sus apoyos electorales y otras nuevas formaciones como UPyD, Bildu y FAC han sido claves para la formación de gobierno en incontables municipios de la geografía española, además de los ganados por sí mismos.

3.1.3. El tamaño del municipio La diferenciación entre municipios por razón de su número de habitantes es especialmente útil al analizar las elecciones municipales dadas la fragmentación y la heterogeneidad de este objeto de análisis. La distribución de las principales fuerzas políticas en los diferentes estratos de población permite apreciar en mayor medida la capacidad de captación y las transferencias de votos entre los partidos políticos. Es singularmente útil dado que la agregación de datos encubre realidades muy diversas entre sí. La segmentación poblacional va a determinar comportamientos específicos en las zonas rurales frente a otras actitudes propias de los municipios urbanos, de forma que esta diferenciación ayudará a entender los cambios en las orientaciones de voto que se produjeron en los años noventa. En los municipios mayores de 250 habitantes, los dos principales partidos presentan un nivel de implantación relativamente equilibrado, aunque sólo en el tramo de municipios entre 251 y 5.000 habitantes el equilibrio es total. Si en 1995 la penetración electoral del PSOE dibujaba una tendencia inversa al tamaño de población, en 1999 presenta un cambio muy significativo. La correlación en aquella ocasión es positiva, alcanzando las mayores proporciones de captación de votos en las grandes ciudades y capitales de

506


Tabla 11. Resultados de las principales fuerzas políticas en las elecciones municipales de la década de los noventa por tramos de municipios PP

PSOE

IU

1991

1995

1999

1991

1995

1999

1991

1995

1999

T1

23,4

44,4

43,6

18,0

24,4

26,2

0,2

0,4

1,0

T2

26,7

33,9

33,7

37,7

33,3

33,8

4,6

4,8

4,6

T3

22,4

29,9

29,5

38,6

30,0

33,7

8,0

8,5

6,8

T4

19,9

30,7

29,9

41,8

32,2

34,1

9,5

10,6

7,9

T5

27,2

38,6

37,2

37,8

28,9

34,2

10,0

11,8

6,8

T1. Hasta 250 habitantes; T2. 251-5 mil habitantes; T3. 5.001-20 mil habitantes; T4. 20.001 a 50 mil habitantes; T5. Más de 50 mil habitantes. Fuente: I. Delgado (2000).

provincia, donde pasa del 29% al 34,5%, una progresión electoral de cerca de un 5%. En el caso del PP se reproducen los mismos patrones que en las elecciones anteriores, siendo ésta algo mayor en los municipios de menor tamaño; se alcanza niveles similares en las poblaciones entre 5.000 y 20.000 habitantes y sufre una ligera disminución en las poblaciones urbanas. En definitiva, el PSOE logra una cierta ventaja en los dos tramos intermedios, mientras el PP mantiene en 1999 su posición de partido más votado en el conjunto de ciudades de más de 50.000 habitantes. Así pues, con la excepción de la clara ventaja del PP en los municipios con 250 habitantes o menos, los apoyos electorales se concentran de forma relativamente equilibrada en PP y PSOE en los demás tramos de municipios. Dadas las mayores diferencias que existen entre ambos partidos a nivel de C. A., puede decirse que en este caso, el contexto autonómico es más influyente en la orientación del voto que el tipo de municipio según su número de habitantes. Por el contrario, IU sufre su mayor quiebra en las poblaciones urbanas. Su penetración electoral había experimentado en 1995 una correlación directa al tamaño de población, y la mantiene con cierta dificultad en 1999, a pesar de ello, en las poblaciones de más de 50.000 habitantes se concentran las mayores pérdidas electorales de la coalición, esto es, más de la mitad del porcentaje de voto. En todos los estratos los resultados disminuyen respecto a 1995 de forma significativa, logrando mantener tan sólo la misma cuota de votos en los municipios de 250 a 5.000 habitantes. Pero haciendo una valoración conjunta de estos resultados, se puede observar una relación de sime-

507


tría entre las pérdidas de IU en las grandes poblaciones y las ganancias del PSOE en estas mismas, por lo que las transferencias de votos entre ambas formaciones de la izquierda han experimentado un camino de ida, incrementando la volatilidad intrabloques en estos estratos. Las principales variaciones en los comicios celebrados en los años noventa se producen en los grandes municipios y ciudades, que albergan al 50% de los electores, y donde el PSOE logra mejorar significativamente su correlación de fuerzas en el marco de las grandes pérdidas de IU y el fuerte incremento de la abstención. Sin embargo, la situación es muy distinta respecto a los resultados de las elecciones municipales anteriores a 1995, en las cuales el PSOE encabezaba los resultados en municipios de cualquier tamaño a una cómoda distancia del PP. Ello no se producía sin embargo en el tramo de municipios inferiores a los 250 habitantes, que siempre ha estado claramente dominados por el PP, sin embargo este grupo de municipios representa una parte muy pequeña dentro del conjunto español. En relación a las candidaturas independientes, cabe destacar su carácter eminentemente rural. Aunque iniciaron un descenso en todos los municipios donde se presentaban, el ligero incremento registrado en 1995 en las circunscripciones más pequeñas es un fenómeno extraordinario por el significado que puede tener. En términos cuantitativos en las elecciones de 1995 todavía hay, a nivel nacional, 806.403 votantes (3,64%) que confía su voto a listas de independientes y 4.296 concejales independientes (6,54%) tiene representación en ayuntamientos de pequeñas poblaciones. No obstante este panorama, el total de su voto se reduce claramente según aumenta el tamaño del municipio por encima de los 20 mil habitantes. En las elecciones de 2003 el porcentaje de votantes de listas de Independientes continúa representando el 3,44% del total nacional, aunque son 723.577 votos los que obtienen estas candidaturas. Su trayectoria descendente contribuye a aumentar la homogeneidad entre los actores políticos entre los niveles de gobierno y reduce la diversidad del juego político (Gyford et al. 1989:22).

4. LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA MUNICIPAL Los actores de la vida local se configuran como engranajes indispensables del sistema político general. Su relevancia es indiscutible para los partidos puesto que representan los recursos institucionales y políticos de la periferia.

508


Cada vez se incrementa el número de electos que comienza su carrera política en el escenario local, que les sirve de trampolín, y en ocasiones también se ha percibido este fenómeno en sentido contrario, aunque la cifra es menor. Pero no por ser modesta deja de ser importante ya que destacados dirigentes nacionales han renunciado a su escaño parlamentario para competir por una alcaldía12. Sin duda este fenómeno, junto con la evolución que ha experimentado nuestra élite local ha contribuido a una mayor profesionalización de nuestros electos municipales. El nivel de exigencia técnica que se demanda y el componente nacional que se percibe en el ámbito local, son dos ingredientes más a añadir (Capo et ál., 1988; Botella, 1992; Delgado y López, 1994).

4.1. Concejales y alcaldes La configuración de nuestro sistema local con una elevada presencia de unidades de análisis es uno de los elementos que más dificultan los estudios y que plantean la imposibilidad de analizar el mundo local como un objeto coherente; se destaca con más rotundidad que constituyen un mosaico variado con diversas realidades y problemáticas; y consecuentemente los escenarios municipales exigen razonar con los límites que impone la fragmentación y la dispersión. De ahí que en primer lugar, el rasgo más destacable de la composición de la clase política local sea el número tan elevado de representantes municipales que tenemos los españoles: más de 65.000 concejales y más de 8.000 alcaldes. Otro rasgo a señalar es su dispersión geográfica lo que produce una sobrerrepresentación de las áreas más despobladas de nuestro territorio, desigualdad que permite referirnos a una heterogeneidad institucional consecuencia de ese entramado territorial «minifundista»13. El efecto que se genera es la desigual distribución de la élite política municipal según tamaño de municipio que establece la LOREG14. De esta forma

12

En las elecciones municipales de 2003, el exministro Alberto Belloch se presentó candidato por el PSOE a la alcaldía de Zaragoza y el también exministro Juan Carlos Aparicio se presentó por el PP a la alcaldía de Burgos. 13 La movilidad demográfica de los años 60 no se vio acompañada por una nueva demarcación de los distritos como ocurrió en la mayoría de las democracias occidentales. Al no acometerse reformas estructurales significativas relativas a los límites territoriales, existe un gran número de municipios carentes de operatividad en muchos sentidos. 14 Recordemos que España es eminentemente rural aún a pesar de la alta concentración de población en los núcleos urbanos.

509


se condiciona que la clase política local sea la de los pequeños y medianos municipios dado que el 50% de los concejales elegidos en toda España pertenece fundamentalmente a municipios entre 251 y 5000 habitantes. Pero nuestro objeto en este momento no es contribuir a realizar una radiografía de la composición de esta élite, sino ofrecer una valoración respecto a la distribución de los concejales y de los alcaldes en términos agregados analizando su configuración por partidos políticos de manera que ayude a comprender los resultados electorales en términos institucionales15. Otra de las particularidades de este ámbito político tan variado conecta con el mayor número de formaciones políticas que se encuentra en él. No obstante, el peso de los dos partidos mayoritarios de ámbito nacional en todos los procesos electorales municipales es, y ha sido, grande. Tanto para el PP como para el PSOE se trata de una amplia red de cargos públicos, de recursos institucionales, que supone una gran capacidad de intervención política y recursos para el fortalecimiento de la propia organización de partido. Desde las elecciones de 1979, durante la década de los años ochenta y el inicio de los noventa, el PSOE ha sido el partido mayoritario en número de cargos obtenidos situándose a gran distancia del segundo partido mayoritario. El PP, mantiene desde 1983 su condición de segunda fuerza política, sin lograr en aquellas segundas elecciones municipales absorber la totalidad del espacio institucional que había detentado la UCD en 1979. La presencia del CDS erosionó los apoyos institucionales de los populares fenómeno que se acusó en mayor medida en las elecciones de 1987. En los años noventa la configuración del mapa del poder local se ve alterada como consecuencia del cambio de las orientaciones electorales. El PP es, desde las elecciones municipales de 1995 y hasta las elecciones de 2003, el partido con mayor número de concejales y el PSOE pierde su privilegiada posición como primer partido en el ámbito local16. Los cerca de 25.000 concejales obtenidos en las convocatorias de los años noventa suponen un incremento progresivo que se había iniciado en 1987. En términos globales, la distribución de la representación municipal sigue la pauta y las dinámicas que caracterizaron al mapa municipal resul15 No obstante remitimos a estudios de sumo interés que abordan con más detenimiento este aspecto de la vida municipal (Botella, 1992; Baras, 1992; Capo, 1992; Delgado y López Nieto, 1994; Delgado, 1997). 16 Este cambio fue simultáneo a la pérdida de esta posición en el nivel autonómico y a continuación, en las elecciones legislativas de 1996, perdió el gobierno nacional.

510


tante de 1995. El cambio se produce principalmente en 1991, de ahí que el balance 1995-1999 apenas aporte movilidad al escenario político, aún a pesar de que dados los resultados electorales y el cambio de ciclo político, en 1995 el índice de competitividad sea menor al de 1999. En aquella ocasión, el PSOE pierde un gran número de concejales respecto a 1991, pero en 1999 incrementa su representación política local. A grandes rasgos la evolución del PP a lo largo de los comicios municipales de los años noventa nos ofrece un panorama diferente. El gran crecimiento en términos de representación lo consigue el PP en las elecciones de 1995, al canalizar un importante segmento de la pérdida del PSOE. Se podría hacer un balance de continuidad y de estabilidad respecto a las cotas alcanzadas en 1995. IU en cambio, sufre sus mayores pérdidas en 1999 lo que le supone disminuir la representación que había alcanzado en 1995. Este partido, había disfrutado, al igual que el PP de un crecimiento, al beneficiarse de las pérdidas del PSOE. Sin embargo, las elecciones de 1999 han supuesto un reto difícil para IU. La coyuntura política y la compleja articulación que debía afrontar, le supusieron una vuelta a los índices obtenidos en 1991. Esto conlleva un retroceso en la evolución de la representación que se vio nuevamente influido por la estrecha competencia que tenía con el partido ideológicamente más cercano. Los más beneficiados sin lugar a dudas de este proceso electoral han sido las formaciones regionalistas menores. Si bien este es el escenario más apropiado para su supervivencia, en 1999 las particularidades propias de los comicios han fomentado su presencia en esta arena electoral. Todos ellos han incrementado el número de concejales lo cuál ha supuesto un desgaste en las formaciones mayoritarias, y más concretamente como hemos señalado para el PP y para IU. Si miramos hacia los resultados electorales de 1999, con una menor movilización electoral, la continuidad parece ser la pauta dominante respecto a 1995. Pero el panorama se dibuja diferente si analizamos los resultados postelectorales, y centrándonos en las negociaciones posteriores que se han producido entre el PSOE y otros partidos menores y de ámbito regional para lograr las alcaldías, tanto de capitales de provincia como otros municipios. En 1999 casi 25.000 concejales han sido elegidos en las listas del PP, una cifra muy parecida a la de 1995. Por su parte el PSOE gana casi 800 nuevos representantes, alcanzando prácticamente la cifra de 22.000 concejales. Estos avances los consigue fundamentalmente a costa de IU y son especialmente relevantes en el tramo de ciudades con más de 50.000 habitantes, donde el PSOE

511


Tabla 12. Número de concejales obtenido por las principales opciones políticas en las elecciones municipales, 1979-2011 Partidos políticos

Elecciones municipales 1979

1983

1987

1991

1995

1999

2003

2007

2011

AP/PP

2.431 21.167 16.581 19.298 24.699 24.624 24.623 23.348 26.449

PSOE

12.211 23.780 23.241 25.260 21.175 21.917 21.917 24.029 21.767

IU/PCE

3.753

2.503

2.566

2.614

3.497

2.295

2.295

2.034

2.248

CiU

1.759

3.297

4.350

4.360

4.239

4.089

4.089

3.387

3.862

PNV+EA

1.090

1.322

1.250

1327

1.011

1.206

1.019

1.043

882

HB*

276

385

669

701

623

890

890

432

—

ERC

207

155

188

228

526

677

677

1.591

1.399

CC

—

—

—

314

372

432

432

404

391

PA

—

—

—

540

345

544

544

525

470

PAR

—

1.116

—

1.115

1.050

925

925

983

992

BNG

—

—

—

241

426

585

586

661

590

30.214

1.305

5.952

2.904

142

281

281

—

—

CDS/UCD UPyD

152

BILDU

1.138

FAC

158

Independientes 17.691 13.912 11.053 y Otros Total

7.740

7.968

6.800

4.706

7.694

7.788

69.632 68.942 65.850 66.308 65.931 65.265 65.544 66.131 68.286

* En 2003 se contabilizan los concejales de Euskal Herritarrok y en 2007 los de Acción Nacionalista Vasca. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior.

obtiene el mayor incremento relativo en el número de cargos. En cambio, como consecuencia de su importante retroceso electoral IU pierde un gran número de cargos, 1.200. De esta manera con sus apenas 2.300 concejales, presenta la cota más baja de representación municipal de su historia. Esta práctica política parece consolidarse a través de las opciones electorales resultantes del proceso de 2003. Se producen cambios moderados

512


en los resultados electorales que no permiten hablar de alteraciones sustanciales en el mapa del poder local en España (así como tampoco en el autonómico). El PP, partido con mayor número de concejales, obtiene el gobierno de mayor número de municipios, quedando el PSOE en segundo lugar, pero alcanzando una situación más equilibrada con el PP y reduciendo las distancias. Progresivamente estos dos partidos han concentrando la mayor proporción de los cargos de representación municipal. En 2007 se altera este escenario y el PSOE es la fuerza política con mayor número de representantes municipales, siendo el PP el que pierde cerca de mil doscientos cargos de representación. En todo caso las alteraciones no son sustanciales, sino que vienen a confirmar una alternancia democrática. Como de hecho así ha ocurrido en 2011. Los resultados de estas últimas elecciones constatan un cambio de ciclo. La victoria del PP en el todo el territorio se percibe también a través del incremento del número de representantes en los ayuntamientos, más de 3.000 concejales. Y consecuentemente, la pérdida del PSOE que se cuantifica en más de 2.000 concejales repartidos por todos los municipios. Siguiendo esta lógica IU ha rentabilizado su victoria e incrementa en 200 los representantes municipales, así como CiU quien gana 475 concejales. La reducción del número de representantes del PNV en los ayuntamientos vascos obedece al hecho de aparecer en la escena política vasca una nueva formación, Bildu, que logra por primera vez más de mil concejales. A gran distancia UPyD, una formación que experimenta en el escenario municipal su fuerza de captación de votos y logra 158 concejales en los ayuntamientos, mayoritariamente de la Comunidad de Madrid. La finalidad última de la elección municipal es configurar el gobierno de los municipios, que tiene su elemento principal en la elección del alcalde por los concejales17 y depende, por tanto, de la configuración de mayorías en cada uno de los más de 8.000 consistorios elegidos. En el marco iniciado en los años noventa, el PP se mantiene como el partido que gobierna en mayor número de municipios, entre los cuales se encuentran la mayor parte de las capitales de provincia. En total, en 1999 consiguió la alcaldía de casi 3.500 municipios, una cifra algo menor que la de 1995. Por su parte el PSOE obtiene la alcaldía de más de 2.500 municipios, una cifra muy parecida a la

17

Recuérdese que la Alcaldía corresponde al cabeza de lista que consiga el apoyo de la mayoría absoluta de los concejales o, en su defecto, al cabeza de la lista más votada.

513


de 1995. IU pierde en 1999 la alcaldía de una parte importante de los municipios, quedando ahora tan sólo en 151 municipios. En una visión retrospectiva, tras la situación de gran predominio de mayorías absolutas del PSOE que se había producido en las elecciones municipales de 1983, la irrupción del CDS en 1987, junto a un avance de IU respecto al PCE, propiciaron una mayor fragmentación de la representación en nuestros consistorios. Esta situación se mantuvo, en general, en las elecciones de 1991, aun con cierta reducción del número de mayorías absolutas. En 1995, con la desaparición casi absoluta del CDS y el poder de atracción del PP, el gobierno local en las ciudades estuvo otra vez muy basado en mayorías absolutas. En 1999 el fuerte retroceso de IU posibilita una mayor concentración de votos, concejales y alcaldes en manos de PP y PSOE. De esta manera se incrementa ligeramente el número de mayorías absolutas de los grandes partidos, al mismo tiempo que se produce un cierto reequilibrio como consecuencia del avance electoral del PSOE y el ligero retroceso del PP. El fenómeno a nivel general no es tan notorio como en el caso de los grandes municipios, pero las tendencias son las mismas. En el conjunto de España, los resultados de las elecciones municipales han significado la existencia de un gobierno con mayoría absoluta de una opción en 6.678 de los poco más de 8.000 municipios españoles, es decir, en el 82% de los municipios españoles. Ciertamente las situaciones de mayoría absoluta abundan especialmente en los municipios más pequeños, mientras desciende en los intermedios y, sobre todo en las grandes ciudades. En todo caso son unas cifras muy importantes, consecuencia del carácter cada vez más bipartidista del sistema de partidos español. Son por otra parte, un buen contrapunto de reflexión sobre la por algunos argumentada «necesidad» de reformar nuestro sistema electoral municipal para posibilitar la gobernabilidad de los ayuntamientos. En los municipios en que ninguna fuerza ha logrado la mayoría absoluta los partidos plantean posibilidades de acuerdo o pactos con otros partidos a fin de configurar la necesaria mayoría de gobierno. El PSOE había quedado como principal referente de pactos a nivel estatal, con IU. Por otra parte tanto PP como PSOE tenían posibilidades de llegar a acuerdos con partidos regionalistas a nivel autonómico. Tradicionalmente PAR, CC, UV, UM, PRC, PR, habían llegado a acuerdos con el PP, y en algunos casos también el PA. Con el avance de algunos regionalistas de izquierdas el PSOE había ampliado su campo de posibilidades en este terreno. De todas maneras era bastante posible

514


que algunas direcciones tradicionales de pactos se rompieran esta vez, como de hecho ha ocurrido tras las elecciones municipales de 2003, como consecuencia de la gobernabilidad alcanzada en los escenarios regionales. A nivel estatal, el contexto era ahora más favorable al establecimiento de acuerdos PSOE-IU que tiempo atrás consecuencia directa de los acontecimientos desarrollados en la precampaña de las elecciones generales de 2000. Tanto PSOE como IU habían flexibilizado sus posiciones y la posibilidad de llegar a gobernar la Comunidad de Madrid a través de pactos entre los partidos de la izquierda ha servido como referente para refrendar acuerdos en el plano municipal. La experiencia había enseñado a IU que se había quedado sin importantes recursos de poder municipal, y eso era especialmente grave después del descalabro experimentado en las elecciones de 1999 que, en buena parte, se atribuía a la rudeza de las posiciones que había mantenido IU. Por su parte el PSOE veía ahora con más tranquilidad el establecimiento de pactos que le podían permitir mejoras notables en su cuota de poder local, especialmente urbano. El pacto que se alcanza finalmente entre el PSOE e IU, más que programático, se dirige fundamentalmente a la configuración de mayorías de progreso, aspecto que se deja sobre todo a la especificidad local. En general puede decirse que para los partidos regionalistas el PP no ha tenido gran capacidad de atracción como socio de gobiernos locales. Lo contrario sucede con el PSOE que ha ampliado sus alianzas. La preferencia de alianzas con el PSOE por parte de los regionalistas de izquierdas tiene una base natural de explicación. En el caso de los regionalistas de centro esta situación parece indicar que prefieren desarrollar su política reivindicativa respecto al gobierno central en aquel momento del PP sin acuerdos locales o autonómicos con este partido. Desacuerdos puntuales y/o miedo a quedar absorbidos por la potente imagen del PP, son razones diversas que también contribuyen a explicar la situación de 2003. En conclusión, se deduce que el PP era más solicitado cuando estaba en la oposición y cuando era más débil. A lo largo de todo el proceso de negociaciones para la elección del alcalde, se repitieron una vez más los planteamientos que parecen otorgar sólo legitimidad para detentar la alcaldía a la candidatura más votada, mientras se hacía aparecer como usurpadoras a las mayorías de coalición. Recordemos que las coaliciones son una forma no sólo legal, sino tan legítima para la configuración de mayorías de gobierno como pueda serlo la mayoría absoluta de una opción.

515


BIBLIOGRAFÍA BARAS, M. (1992): «Elites municipales y partidos políticos: 1983», Revista de Estudios Políticos, 76: 161-177. BOTELLA, J. (1992): «La galaxia local en el sistema político español», Revista de Estudios Políticos, 76: 145-160. BUTLER, D. y STOKES, D. (1974): Political changes in Britain, Londres: MacMillan. CACIAGLI, M. (1997): «El gobierno local en Europa: perspectivas comparadas», en C. Alba y F. Vanaclocha (eds.). El sistema político local: un nuevo escenario de gobierno, Madrid: Universidad Carlos III - BOE. CAPO, J. (1991): «Elecciones municipales pero no locales», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 56: 143-164. CAPO, J. (1992): «La élite política local en España», Revista de Estudios Políticos, 76: 127-143. CAPO, J. et ál. (1988): «La formación de una élite política local», Revista de Estudios Políticos, 59: 199-224. CORBETTA, P. y PARISI, A. (1985): «La specifità del voto amministrativo: linne interpretative a partire dalle vincende degli anni settanta», en G. Martinotti (ed.) Politica locale e politiche pubbliche, Milan: Franco Agneli. CURTICE, J. y PAYNE, C. (1991): «Local elections as national referendums in Great Britain», en Electoral Studies, 10, 1: 3-17. DELGADO, I. (1997): «Las élites políticas en España», Perfiles latinoamericanos, 11: 133-138. DELGADO, I. (2000): «Elecciones locales en España: balance de la década de los noventa», en Addenda de Comportamiento político. Sociología electoral, Madrid: UNED. DELGADO, I. y LÓPEZ, L. (1994): «Innovación urbana española: ¿una nueva clase política?», Revista de Estudios Políticos, 86: 313-343. GALLAGHER, M. (1991): «Proportionality, Disproportionality and Electoral Systems», en Electoral Studies, 10:33-51. GYFORD, S. LEACH y GAME, C. (eds.) (1989): The changing politics of local government, Londres: Allen & Unwin. MAGRA, J. (1995): Les mocions de censura a l’alcalde a Catalunya (1979-1994), Barcelona: ICPS.

516


MÁRQUEZ, G. (1994): Movilidad política y lealtad partidista en Andalucía, Madrid: CIS. MONTERO, J. R. (1992): «Las elecciones legislativas», en R. Cotarelo (comp.) Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986), Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. MONTERO, J. R. (1994): «Sobre las preferencias electorales en España: fragmentación y polarización (1977-1993)» en P. del Castillo (ed.) Comportamiento político y electoral, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. MORELL, L. (1988): El régimen local español, Madrid: Civitas. NEWTON, K. (1976): Second City Politics, Oxford: Oxford University Press. NOHLEN, D. (1994): Sistemas electorales y partidos políticos, México: Fondo de Cultura Económica. PALLARÉS, F. y DELGADO, I. (2001): «Le sei tornate di elezioni comunali in Spagna dal 1979 al 1999», Quaderni dell’ Osservatorio elettorale, 46: 97-136. RAE, D. W. (1967): The political consequences of electoral laws, New Haven: Yale University Press. RAE, D. y RAMÍREZ, V. (1993): El sistema electoral español. Quince años de experiencia, Madrid: McGraw-Hill. REIF, K. (1985): «Ten second-order national elections» en K. Reif (ed.): Ten European Elections, Aldershot, Gower.

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Tema 10

Elecciones europeas Irene Delgado

1. Introducción. 2. El sistema electoral y la circunscripción electoral europea. 3. La orientación del voto europeo en España. 4. Conclusiones. Bibliografía.

1. INTRODUCCIÓN Las elecciones europeas renuevan en cada convocatoria un Parlamento que adquiere progresivamente mayores poderes, pero ello no es óbice para que tanto en España como en otros países miembros de la Unión Europea (UE) la percepción que los votantes tienen de la Eurocámara todavía es muy distante, de manera que continúan siendo consideradas elecciones de segundo orden (Reif y Schmitt: 1980); además, la situación política nacional juega un papel determinante en los resultados de este tipo de elecciones, donde generalmente el partido del gobierno sufre una pérdida de sus apoyos electorales. A menudo los resultados de las elecciones europeas son interpretados como indicadores de la situación político-electoral nacional. De ahí que estas consultas se conviertan en «elecciones primarias» que permiten determinar el grado de apoyo que tienen los partidos políticos nacionales en el momento de la convocatoria y traducir el clima político que respiran los ciudadanos. Desde esta perspectiva se configuran como un termómetro que mide la salud política de ahí que el grado de nacionalización que inunda a estas elecciones sea elevado. Este se hace más intenso si, como ha ocurrido en algunos países, la convocatoria de elecciones europeas ha coincidido con otras convocatorias, en las que dependiendo de la naturaleza de las mismas (ya hayan sido elecciones legislativas u otras) han determinado comportamientos específicos. No obstante todo lo anterior el carácter y el significado de este tipo de elecciones están aún por determinar. La ampliación de quince a veinticinco los miembros de la Unión Europea acontecida en mayo de 2004 supone la formación de un escenario electoral diferente, con una nueva distribución de escaños por país miembro y un total de 732 representantes que conformarán la quinta legislatura de la institución europea. La mayor ampliación desde que en 1957 naciera el proyecto europeo abre las barreras a diez nuevos países: Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Chipre y Malta. Esta reali-

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dad modifica los análisis contrastando el período anterior a la ampliación, esto es hasta las elecciones europeas de 1999 y el período que se inaugura tras las elecciones europeas de 13 de junio de 2004. Tras ello la siguiente ampliación a 27 miembros acontecida en 2007, con la incorporación de Rumania y Bulgaria, hace que analicemos un escenario amplio y heterogéneo.

2. EL SISTEMA ELECTORAL Y LA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL EUROPEA Hablar del sistema electoral europeo obliga necesariamente a referirse a la influencia que tiene en el sistema político, y a su función principal que es la de producir representación a través de la conversión de votos en escaños. Este proceso lleva implícito un efecto mecánico y uno psicológico, con diferentes dimensiones e intensidades según la perspectiva desde la que se analice. En el caso de una institución que comienza o, que, progresivamente alcanza nuevas funciones y se adhieren nuevos miembros, cabe atribuir al sistema electoral una importancia básica (Llera, 1998: 247). De hecho es un elemento al que debemos prestar una atención especial puesto que es considerado pieza clave en los niveles de movilización electoral (Blondel et ál., 1997). En España la circunscripción electoral para las elecciones al Parlamento Europeo es el territorio nacional, así pues, las formaciones políticas que presentan candidaturas lo hacen mediante una lista única y común en todo el territorio nacional. Los quince estados miembros que componían la UE adoptaron ya para la convocatoria electoral de 1999 un sistema electoral común. La unificación electoral se lograba en aquellas elecciones dado que por vez primera en Gran Bretaña se implantaba el sistema proporcional para elegir a los 87 eurodiputados que los británicos debían enviar como representación al Parlamento1. Sin embargo, a pesar de que la normativa es homogénea las diferentes consecuencias políticas existen puesto que las tallas y los coeficientes de representación de cada uno de los países varían entre sí. Este es quizá un elemento con significativa repercusión sobre la movilización electoral y también sobre el tipo de comunicación que se establece entre electores y elegidos. Respecto a la magnitud del distrito, algunos

1

Francia había implantado el sistema proporcional para las convocatorias europeas, a pesar de que en el resto de los procesos electorales utilizan un sistema mayoritario a dos vueltas.

522

ELECCIONES EUROPEAS

mantienen que la participación tiende a ser menor en los distritos uninominales —donde se impone una dinámica mayoritaria—, al sentirse los ciudadanos poco inclinados a participar cuando su candidato tiene escasas posibilidades de éxito. Sin embargo esta afirmación debe precisarse en función de las modalidades que adopta la fórmula mayoritaria. No es de la misma intensidad el grado de participación cuando lo que está en juego es un voto de oposición, en otras palabras, una votación a dos vueltas o el voto alternativo tienen un impacto mayor en la participación. Una vez que la primera vuelta permite al elector expresar sus preferencias, la segunda vuelta le ofrece la posibilidad de evitar que gane el partido o el candidato más alejado de sus preferencias. De esta forma existe un mayor estímulo electoral que afecta a una menor tasa de abstención. Igualmente, el voto alternativo permite en menor intensidad, considerar la expresión de las preferencias alternativas influyendo en la selección de otros candidatos, aunque no favorece tan implícitamente la movilización como la modalidad de voto anterior. De cualquier forma esto tan sólo nos sirve para ilustrar las consecuencias que hasta las recientes elecciones europeas podría tener el comportamiento «apático» o antieuropeistas de los británicos, que se explicaba por un sistema electoral diferente al del resto de los países miembros2. Avanzamos que esta razón no ha sido causa explicativa suficiente puesto que la abstención en 1999 no ha sufrido una variación significativa atribuible a la modificación de la normativa electoral, como ya habían predicho algunos analistas. El voto obligatorio que se impone en algunos países si debe ser considerada, a efectos institucionales, como una variable explicativa con mayor fuerza (Niedermayer, 1991:5). Resulta obvio considerar que la imposición de una normativa a este respecto forzará de alguna forma a la movilización electoral. En Bélgica, Grecia y Luxemburgo el voto es obligatorio de manera que a la hora de analizar los niveles agregados de participación no sorprende que sea en estos países en los que se perciban las mayores tasas de movilización3. 2

Recordemos que en las elecciones europeas de 1989, los tres eurodiputados de Irlanda del norte fueron elegidos a través del sistema proporcional. Para profundizar más en la relación positiva que se establece entre la participación y el grado de competitividad nacional remitimos al estudio de Jackman, R.W. (1987) «Political institutions and voter turnout in the industrial democracies», American Political Science Review, 81: 405-423. 3 En Italia el voto europeo se califica como «semiobligatorio» debido a que es la única convocatoria electoral en la que el voto no es obligatorio. Esta excepcionalidad es desconocida por la práctica totalidad de los ciudadanos de manera que el efecto que produce en los resultados de la movilización tiene rasgos similares al de países con voto obligatorio (Niedermayer, 1991: 5).

523


Pero lógicamente exceptuando estas dos variables del sistema electoral que no son homogéneas y que distorsionan un análisis comparado entre los países miembros de la UE, se debe reflexionar sobre otros aspectos de la normativa que afectan de manera directa en la representación electoral. Nos referimos a la talla de la Asamblea europea y al coeficiente electoral. La talla del PE es la primera pieza de representación ejerciendo una notable influencia sobre el número de electores potenciales que por término medio puede representar cada eurodiputado, tal y como se cuantifica en el coeficiente electoral al dividir el censo electoral entre el número total de representantes que cada país envía para componer el PE. Sin duda es el componente más influyente ya que cuanto menor sea este coeficiente existe una mayor cercanía entre el eurodiputado y el ciudadano europeo; mientras que por el contrario, un elevado valor incrementa la distancia entre representante/representado, afectando psicológicamente en la orientación electoral4. Sabemos que el PE se componía hasta 1999 de 626 eurodiputados quienes representaban alrededor de 30 millones de europeos con derecho a voto de entonces. La gran oscilación en la composición demográfica de cada uno de los países miembros nos daba idea de la heterogeneidad a la que nos enfrentamos: desde la mayor que es Alemania hasta la menor en Luxemburgo, los datos traducían una variedad de tallas parlamentarias con un recorrido que oscilaba entre el mínimo de 6 y la máxima de 99 de los dos países mencionados anteriormente. Teniendo en cuenta que la talla media era de 42 eurodiputados podíamos clasificar a los quince miembros europeos en tres tipos, según su talla sea alta (más de 70 europarlamentarios), media (entre 70 y 35) y baja (menos de 35). Así, en el primer tipo estarían Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que son los países que tienen un mayor volumen demográfico. El segundo grupo estaba constituido únicamente por España con 64 euroescaños —a una distancia de 23 escaños respecto a la media—; y el tercer grupo, el más numeroso, estaba compuesto por Holanda, cuya distancia respecto a España en términos de escaños ascendía a 33, Bélgica, Grecia, Portugal, Suecia, Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda y Luxemburgo, todos ellos quedaban por debajo de 30 eurodiputados en la Eurocámara. A pesar de esta distribución tan poco equilibrada, los rangos entre los países con más y menos representantes en la Eurocámara era menor en el grupo primero (12) que en el tercero (25). Las desviaciones se producían así mayoritaria4

Bien es sabido que con la incorporación de nuevos países miembros se ha modificado el tamaño del Parlamento Europeo siendo, en el caso de España, un debate que ha trascendido a la política nacional.

524

ELECCIONES EUROPEAS

mente entre los países con una densidad de población censal por debajo de la media mientras que, respecto a aquellos que aglutinan un censo más elevado la homogeneidad era mayor. La ampliación de quince a veinticinco estados ha modificado sustancialmente este escenario y en un futuro próximas adhesiones obligarán a una nueva redistribución (ver anexo). España ha perdido diez europarlamentarios de los que tenía y han sido nueve en los casos de Italia, Francia y Reino Unido. El coeficiente electoral, otro de los elementos que influyen en la representación, arrojaba una media de un eurodiputado por cada 463.843 electores en 1999 demostrando el alejamiento que existía entre el representante y el representado. Correlaciona con su posición en el ranking demográfico, oscilando entre el mínimo de Luxemburgo (la más pequeña demográficamente con diferencia) con 38.166 electores por eurodiputado y el máximo de Alemania (con una talla demográfica mayor) con 612.182 representados por representante. Si tomamos en cuenta la media para el conjunto de los países de la UE, entonces podemos clasificar en 1999 a los países en un grupo que se encontraba por encima de dicho promedio, formado por Alemania, Italia, Reino Unido y España, frente al resto de los países miembros que eran once y entre los cuáles las diferencias eran también grandes, ya que Francia, con un coeficiente que representaba a 461.262 electores, estaba lejos del 250.778 de Dinamarca y aún más del 38.1666 de Luxemburgo. Lógicamente esta heterogeneidad tiene efectos políticos que afectan al rendimiento del sistema electoral, habiéndose identificado la magnitud del distrito como elemento que genera desigualdad y desproporcionalidad en las normativas electorales. Sin duda estos datos no pueden sino que mostrar la desproporcionalidad que tiene este sistema, que ha supuesto numerosos conflictos a raíz de la ampliación a veinticinco, avalado por el carácter de «voto útil» de esta esfera electoral en la mayoría de los países5 e incidiendo en los hábitos y niveles de movilización electoral. La insuficiente desproporcionalidad prima sistemáticamente a los grandes partidos; y aunque los partidos menores de implantación nacional suelen ser castigados —tal es el caso también en España de IU y CDS en elecciones legislativas—, logran un sobrerrepresentación aunque ésta sea muy débil. 5 El escenario europeo es un espacio en el que los electores no desarrollan especiales habilidades para un «voto útil» puesto que la propia naturaleza de las elecciones les permite «castigar» a determinados partidos nacionales y favorecer la presencia de pequeñas o nuevas formaciones políticas, como es el caso de los Verdes en Alemania o la extrema derecha en Francia.

525


Tabla 1. Proporcionalidad del sistema electoral europeo: diferencia entre la proporción de escaños y votos en las elecciones europeas en España, 1987-2009 Partidos PP PSOE IU CiU CN EP CDS HB/EH PA-PAP BNG Ruiz Mateos IP CE UPyD

Elecciones europeas 1987

1989

1994

1999

2004

2011

+3,68 +7,60 –0,25 +0,57 — -0,02 +1,40 –0,20 — — — — — —

+3,59 +5,43 +0,60 –0,87 –0,24 +0,16 +1,18 –0,03 –0,19 — –0,51 –0,16 — —

+3,63 +3,59 +0,63 +0,02 +0,33 — — — — — — — — —

+1,68 +1,57 +0,37 0,16 +0,16 — — +0,08 — –0,12 — — –0,15 —

+2,96 +2,55 –0,47 –1,48a — –0,61 — — — — — — — —

+3,88 +3,22 +0,29 — — –0,49 — — — — — — –1,10 –0,85

CN: Coalición Nacionalista; EP: Europa de los Pueblos; IP: Izquierda de los Pueblos. a En las elecciones de 2004 Galeusca agrupa a las candidaturas de CiU, PNV y BNG. Fuente: elaboración propia. Datos del Ministerio del Interior (www.mir.es).

Las elecciones de 2004 se presentan 31 candidaturas cinco menos que en las elecciones de 1999. De ellas las obtienen representación únicamente cinco traduciendo un marcado bipartidismo. Las candidaturas de los partidos mayoritarios concentran el 85,2% de los votos y el 90,7% de los escaños al Parlamento Europeo. El margen para los pequeños partidos es muy reducido y se ha visto además muy limitado en estas recientes elecciones. Además, a pesar de que los efectos del sistema electoral en estas elecciones divergen de otras en términos de proporcionalidad. Todas las formaciones menores que obtienen representación sufren cierta «infrarrepresentación», ésta es más acusada en Galeusca, coalición que agrupa a las candidaturas de CiU, PNV y BNG, y menor en la coalición Europa de los Pueblos e IU-ICV-EUiA. En este sentido se aprecia la sobrerrepresentación de las dos fuerzas mayoritarias, como se constata también de los resultados de las elecciones europeas de 2009.

526

ELECCIONES EUROPEAS

3. LA ORIENTACIÓN DEL VOTO EUROPEO EN ESPAÑA La composición del Parlamento Europeo ha experimentado una evolución en conexión con el propio devenir de esta institución. Tras las primeras elecciones convocadas en 1979 su composición no reflejaba la balanza real de fuerzas políticas en el seno de la Comunidad Europea; éstas estaban más determinadas por asuntos de política interior de cada uno de los países miembros, que por alternativas políticas originadas en el seno del Parlamento y en conexión con las nueve arenas políticas nacionales (Reif y Schmitt, 1980: 3). La fuerza de los grandes partidos políticos deja fuera de la representación nacional a otros actores de menor peso político (Reif, 1984: 247), además de ser unas elecciones en las que la situación política de la arena de primer orden juega un papel fundamental, si no es decisivo, en la determinación de los resultados electorales. Bajo esta premisa los electores españoles han demostrado una tendencia muy baja a utilizar el contexto electoral europeo para mostrar sus preferencias por partidos distintos a los que habitualmente votan en otro tipo de convocatorias y más concretamente en el caso de las elecciones legislativas (Del Castillo, 1994: 400). Las elecciones de 1987 fueron las primeras en las que los españoles acudían a las urnas para elegir a sus representantes europeos y la especificidad de ser unas elecciones inaugurales las caracterizaron por tener un escaso componente europeo. Las preferencias de los españoles estuvieron ligadas a los grandes partidos nacionales de manera que los resultados ofrecen una elevada concentración de voto en las dos principales fuerzas políticas nacionales, PSOE y PP, que aglutinan el 63,7% del total de votantes. En esta ocasión el predominio de la formación socialista es claro, con siete millones y medio de votantes, sin embargo, en términos de competitividad, como se deduce de la tabla 2, serán las siguientes elecciones las que marquen las mayores distancias entre las dos primeras formaciones políticas. En la convocatoria de 1989 ambos partidos sufren una pérdida de voto significativa: de 1.352.268 votos para el PP, y de 1.247.154 para el PSOE. Este fenómeno se ve auspiciado por la irrupción en el panorama europeo de otros actores políticos menores que favorecen la dispersión del voto y la fragmentación del sistema de partidos, de manera que en 1989 se registra el mayor índice en el número efectivo de partidos electorales y parlamentarios: un 4,7 y 3,6 respectivamente.

527

528

HB/EH

PA-PAP

Otros

10,18

—

—

1,36

—

—

—

0,28

0,96

1,70

1.009.826

—

—

290.286

164.524

608.560

—

46.052

295.047

269.094

1.133.429

238.909

303.038

666.602

961.742

6.275.552

3.395.015

Votos

1989

7,63

—

—

1,83

1,04

3,84

—

0,29

1,86

1,70

7,15

1,51

1,91

4,20

6,06

39,57

21,41

%

192.110

—

—

—

42.237

82.410

109.567

139.221

140.445

180.324

183.418

239.339

518.532

865.913

2.497.671

5.719.707

7.453.900

Votos

1994

2,18

—

—

—

0,23

0,44

0,59

0,75

0,76

0,97

0,99

1,29

2,79

4,66

13,44

30,79

40,12

%

—

137.038

296.503

—

676.287

299.464

1,44

—

3,28

1,45

0,66

—

a

—

1,68

—

1,48

347.205

—

306.508

0,20

—

41.437

2,96

a

4,52

5,88

35,93

40,51

%

611.801

934.259

1.213.254

7.420.035

8.364.767

Votos

1999

256.045

184.575

—

—

—

—

g

14.197

380.095

1,66

—

1,20

—

—

—

—

—

0,09

2,47

—

5,18

—

4,17

643.136

43,74

41,48

%

798.816b

6.741.112

6.393.192

Votos

2004

76.000

451.866

808.246

—

—

—

484.085

—

—

—

—

394.938

—

c

588.248

6.141.784

6.670.377

Votos

2009

1,90

2,85

5,10

—

—

—

3,05

—

—

—

—

2,49

—

—

3,71

38,78

42,12

%

CN: Coalición Nacionalista; EdP: Europa de los Pueblos; IP: Izquierda de los Pueblos; a Se presentan conjuntamente CN y EP; e IP y el Grupo de Los Verdes. b Galeusca agrupa las candidaturas de CiU, PNV y BNG. c Coalición por Europa integra a las candidaturas de CiU, PNV, CC, BNV, UM y PA. Fuente: Elaboración propia. Ministerio del Interior (www.mir.es).

19.071.497 100,00 15.657.676 100,00 18.364.794 100,00 20.648.558 100,00 15.411.168 100,00 15.615.296 100,00

—

1.772.125

UPyD

Total

—

CE

—

261.328

Verdes

IP

—

—

Grupo Verde

Ruiz Mateos

53.116

1,87

360.952

185.550

CDS

BNG

10,26

326.911

1.976.093

EdP

—

—

CN

5,25 4,43

853.603

1.011.830

CiU

IU-ICV-EUiA

39,06

24,65

4.747.283

7.522.706

PP

PSOE

%

Votos

1987

Tabla 2. Resultados en las elecciones europeas en España, 1987-2009


ELECCIONES EUROPEAS

Comparadas con las elecciones nacionales de 1989, las elecciones al Parlamento Europeo apenas introdujeron diferencias significativas, ya que el porcentaje de voto que sumaron los dos principales partidos fue muy similar (la diferencia a favor de las elecciones legislativas fue de tan sólo cuatro puntos). Esto no hace sino demostrar cómo por una parte, la convocatoria «individualizada» de elecciones europeas muestra una distribución de voto muy similar al de elecciones nacionales confirmando así la hipótesis de su escaso componente europeo. Su impacto en el devenir inmediato de la política nacional se puede percibir a través del adelanto de las elecciones generales ese mismo año y el cambio del liderazgo en el Partido Popular, dado que probablemente, las elecciones al Parlamento Europeo de 1989 fueron abordadas por los partidos como un ensayo general de las elecciones legislativas. Pero la nacionalización de las elecciones europeas alcanza su cota máxima en 1994. Estas elecciones supusieron un cambio en la configuración del sistema de partidos que se entendió en claves nacionales. En primer lugar, la concentración de voto en los dos partidos mayoritarios en 1994 pasó del 61 al 71%, reduciendo la fragmentación parlamentaria, y configurándose un sistema de 6 partidos en vez de 12 como antaño. Esto dejó fuera de la escena política a grupos políticos de carácter «secundario», y el formato del sistema de partidos parlamentarios queda reducido a tres fuerzas políticas. Por vez primera, el PP obtiene una amplia victoria doblando el número de votantes de 1989 y aunque su distancia respecto al PSOE no es tan grande, el gráfico muestra claramente como se alteran las preferencias electorales, toda vez que las distancias entre ambos partidos se reducen considerablemente. En términos de competitividad electoral, ésta es mayor que la que se había venido experimentando hasta entonces, de ahí la interpretación nacional que se dedujo de estos resultados. Debemos tan sólo comentar la conexión que puede establecerse en la serie electoral española en convocatorias precedentes a esta, las municipales de 1991, testimonian un cambio de las orientaciones electorales en las circunscripciones urbanas, con efecto de «eco» sobre el escenario nacional en 1995: el PP se ofrecía como un partido alternativo al PSOE, capaz de movilizar a buen segmento del electorado. Las elecciones legislativas de 1993 anunciaban el inicio del cambio en la configuración del sistema partidos y más concretamente en la gobernabilidad del escenario nacional. El balance que se desprende de los resultados de 1999 es principalmente de continuidad tras el cambio anterior. Si bien el PP es el partido que obtie-

529


Gráfico 1. Evolución del voto a los partidos de ámbito nacional en las elecciones europeas en España


ne mayor número y porcentaje de votos, el crecimiento se percibe con superioridad en el PSOE. A pesar de que es la segunda fuerza política, capta cerca de dos millones de electores, lo que le supone un incremento de 5,14% del voto, de manera que reduce su distancia respecto al PP, aumentando la competitividad electoral, cuyo indicador pasa al 4,58%. A pesar de que aumenta la concentración del voto en los dos principales partidos —asciende al 75%—, disminuye la concentración de voto en los tres partidos nacionales y aumenta por tanto la fragmentación del sistema partidista, siendo en esta ocasión ligeramente mayor el número efectivo de partidos parlamentarios: son ocho frente a los cinco anteriores los partidos que finalmente obtienen escaños en el Parlamento europeo. Un cambio electoral acontece también tras las elecciones de 2004. Si bien la primera modificación del escenario atañe a la distribución de los partidos competidores la competitividad se amolda a esta realidad y altera el orden: el PSOE con mayor número de votos es el primer partido y el PP le sigue a escasa distancia de votos, un 2,2 por ciento. Es ligeramente superior la competitividad parlamentaria un 0,36 por ciento más, consecuencia directa del efecto del sistema electoral, de la distribución de escaños y la talla del Parlamento. Bien es cierto que son estas elecciones las que menores índices

530

ELECCIONES EUROPEAS

de competitividad arrojan lo que supone que las distancias entre los dos partidos competidores se ha reducido notablemente traduciendo una elevada competencia entre los partidos para captar al electorado: en términos agregados son trescientos cincuenta mil votantes más que logra el PSOE por encima del PP pero sólo un escaño. Realizando un balance, la tendencia a lo largo de todas convocatorias ofrece una perspectiva de incremento de competencia interpartidista y una equiparación de representación entre PSOE y PP, que por otra parte ha hecho madurar un sistema bipartidista con elevada concentración de voto entre los dos partidos mayoritarios. Tabla 3. Niveles de competitividad electoral y parlamentaria europea, 1987-2009 Elecciones europeas

Partido en el Gobierno

Competitividad electoral


Total

%

Partidos

Total

%

Partidos

1987

PSOE

2.775.423

14,41

PSOE/AP

11

18,33

PSOE/AP

1989

PSOE

2.880.537

18,16

PSOE/PP

12

20,00

PSOE/PP

1994

PSOE

1.734.193

9,33

PP/PSOE

6

9,37

PP/PSOE

1999

PP

944.732

4,58

PSOE/PP

3

4,69

PP/PSOE

2004

PSOE*

347.920

2,26

PSOE/PP

1

1,86

PSOE/PP

2009

PSOE

528.593

3,34

PP/PSOE

2

4,00

PSOE/PP

* El PSOE vence en las elecciones generales de marzo de 2004 apenas unos meses antes de la celebración de las elecciones europeas. Fuente: Elaboración propia. Datos del Ministerio del Interior.

Una interpretación a añadir respecto a la competencia electoral de estas elecciones europeas debe realizarse en clave nacional: son unas elecciones que suele perder el partido del gobierno, de manera que el potencial de las mismas es especialmente relevante. En aquellos países en los que se han celebrado conjuntamente elecciones legislativas y europeas, los gobiernos nacionales han sido los principales derrotados. Los resultados de las elecciones europeas del 7 de junio de 2011 confirmaron el castigo de los electores europeos a los respectivos partidos en el gobierno6. Estas consultas se convierten 6

De los ocho gobiernos progresistas de la UE (Austria, Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, España Portugal y Reino Unido) seis han sufrido una derrota en las pasadas elecciones europeas.

531


así en una suerte de «elecciones primarias» que permiten determinar el grado de apoyo hacia la acción gubernamental y el clima político ciudadano. Sus resultados interpretados en clave nacional justifican cómo en España el PSOE —partido en el gobierno— pierde estas elecciones, con alrededor de 600.000 votos menos con respecto a las elecciones europeas anteriores. Por el contrario, el PP gana 270.000 votos y la distancia entre ambos partidos ha pasado de ser de más de tres puntos porcentuales en un contexto de similar nivel de participación electoral que el de 2004. El escenario de crisis económica en que se celebraban estas elecciones europeas pasa factura al Gobierno, pero la pérdida de votantes no ha sido de la magnitud que los populares esperaban. El PP es la primera fuerza electoral en todas las CC.AA y obtuvo además la victoria en 41 capitales de provincia (tres más que en 2004). Reduce su apoyo electoral por la presencia de otra fuerza política, UPyD, a quien ha cedido parte de sus votos procedentes concretamente de los electores de la capital. El PSOE pierde en todas las Comunidades Autónomas siendo mayores las pérdidas en Madrid (7,25% del voto), Cataluña (6,85%), Murcia (6,53%), Andalucía (6,22%) y Castilla la Mancha (5,88%). Experiencias anteriores permiten afirmar que los resultados de este tipo de procesos electorales anticipan triunfos electorales de posteriores elecciones generales. Así ocurrió en las elecciones europeas de 1987 y generales de 1989, con triunfo del PSOE, y en 1994, con la victoria del PP en las elecciones generales siguientes. En aquella ocasión se confirmó el cambio de los apoyos electorales que convirtieron al PSOE en la primera fuerza de la oposición. Sufrió un desgaste acumulado durante más de una década en el gobierno que propició finalmente la renuncia de Felipe González a la Secretaría General del partido y la apertura de lo que se entendía como un proceso de renovación. Las elecciones europeas constituyen los procesos más fértiles para que partidos de ámbito menor obtengan representación. A pesar de la incidencia de la sistemática electoral, con barreras que tienen efectos diferentes en los países7, los partidos menores obtienen mejores resultados que en elecciones nacionales. Los partidos verdes, en primer lugar, encuentran un mayor espacio electoral para desarrollarse, y de hecho parece que juegan un papel relevante en el seno de la institución europea. Los partidos menores, ya

7 Por ejemplo en Francia la barrera del 5% excluye a formaciones menores, mientras que el efecto en España, Grecia o Italia es muy diferente, dado que partidos con un reducido número de votos obtienen representación.

532

ELECCIONES EUROPEAS

sean partidos regionalistas, partidos nuevos o de ideologías más extremistas, se benefician de la escasez de «voto útil» que suele acompañar a estos procesos y rentabilizan al máximo sus opciones. En algunas ocasiones, la forma de maximizar sus resultados pasa por el hecho de acudir en coalición a las urnas. En España, queda patente esta práctica electoral a través de las sucesivas y diversas uniones de partidos regionalistas: recordemos que la Coalición Nacionalista ha integrado indistintamente a fuerzas regionalistas y nacionalistas, e incluso en las elecciones de 1999, esta coalición se ha presentado conjuntamente con Europa de los Pueblos, que a su vez aglutinaba a diferentes formaciones políticas. Y aún más, en las elecciones de 2004 presentaron candidaturas conjuntas los tres principales partidos de ámbito regional con representación en el Parlamento nacional: CiU, PNV y BNG bajo las siglas Galeusca; de forma similar se produce con la Coalición por Europa en 2011. A pesar de estas prácticas habituales en el escenario europeo, el predominio de los grandes partidos y la nacionalización de los comicios siguen siendo dos factores que debilitan la presencia de las fuerzas menores en términos de representación. La traducción de los resultados electorales a representación constriñe el número de fuerzas políticas que logra obtener representación. Si bien este fenómeno está ligado con los efectos del propio sistema electoral, también Gráfico 2. Distribución del voto europeo por áreas ideológicas


533


Tabla 4. La representación política española en Europa (1987-2009) 1987 E

%

1989 E

%

1994 E

%

1999 E

%

2004 E

%

2009 E

%

PP

17

28,33

15

25,00

28

43,75

27

42,19

24

44,44

23

46,00

PSOE

28

46,66

27

45,00

22

34,38

24

37,50

25

46,30

21

42,00

3

5,00

4

6,66

9

14,07

4

6,25

2

3,70

2

4,00

4,69

2b

3,70

c

—

—

—

—

—

IU CiU

3

5,00

2

3,33

3

4,68

3

CN

—

—

1

1,67

2

3,12

2

3,13

EdP

1

1,68

1

1,67

—

—

a

—

1

CDS

7

11,66

5

8,33

—

—

—

—

—

—

—

—

HB/EH

1

1,67

1

1,67

—

—

1

1,56

—

—

—

—

PA-PAP

—

—

1

—

—

—

—

—

BNG

—

—

—

b

—

—

—

Ruiz Mateos

—

—

IP

—

—

1,85

1

2,00

1,67

—

—

—

—

—

—

1

2

3,33

—

—

—

—

—

—

—

—

1

1,67

—

—

—

—

—

—

—

—

3,13

—

—

2

4,00

—

—

—

1

2,00

CE

—

—

—

—

—

—

2

UPyD

—

—

—

—

—

—

—

1,56

CN: Coalición Nacionalista; EdP: Europa de los Pueblos; IP: Izquierda de los Pueblos; a Se presentan conjuntamente CN y EP; e IP y el Grupo de Los Verdes. b Galeusca agrupa las candidaturas de CiU, PNV y BNG. c Coalición por Europa integra a las candidaturas de CiU, PNV, CC, BNV, UM y PA. Fuente: Elaboración propia. Ministerio del Interior (www.mir.es).

los actores políticos conocen la realidad a la que se enfrentan de manera que presentan candidaturas conjuntas para de esta manera alcanzar el mínimo requerido con mayor holgura. Este es sin duda un elemento intrínseco a la propia naturaleza de estas convocatorias, que a su vez se caracterizan por la mayor presencia de fuerzas menores que en los parlamentos nacionales. A pesar de que como hemos visto, la coyuntura de las diversas convocatorias es definitoria de los resultados de estas elecciones, también ello afecta al número de actores políticos que obtienen escaños en el Parlamento europeo. Las elecciones que han contado con una mayor diversidad de representantes han sido las de 1989, cuando los españoles acudían por segunda vez a las urnas para elegir a sus eurodiputados en convocatoria única: en aquella ocasión son 11 las formaciones políticas que envían representantes para componer el

534

ELECCIONES EUROPEAS

legislativo europeo. En el extremo contrario, las elecciones de 1994 y las de 2004 con un elevado grado de nacionalización, redujeron a 5 los actores políticos europeos. De esta forma la fragmentación del sistema de partidos ha sufrido constantes fluctuaciones que en cualquier caso no han estado siempre conectadas a la intensidad de la representación de los partidos políticos. Las dos convocatorias europeas celebradas en la década de los años noventa son elecciones caracterizadas por una alta concentración de apoyos en los dos partidos mayoritarios. En 1994, PP y PSOE obtienen el 78% del total de los escaños al PE que tiene asignados España, dejando para otros partidos menores el 7,8% de la representación. Las elecciones de 1999 permiten un abanico de representación más variada proveniente de un mayor número de fuerzas políticas que logran obtener el 14% de la representación. Esta amplitud de ofertas electorales con representación se ve fuertemente restringida de nuevo en las elecciones de 2004. La concentración que se produce es elevada (en 1999 en España, ocho partidos obtenían representación y en 2004 son solo cinco) por lo que este fenómeno hay que relacionarlo con la fragmentación del sistema y el número efectivo de partidos parlamentarios que genera el sistema electoral. La relación entre el número de partido y su tamaño, características estructurales básicas del sistema de partidos, permite hablar de una fragmentación

Tabla 5. Fragmentación y número efectivo de partidos en las elecciones europeas Número efectivo de partidos Electorales (E) Parlamentarios (P) E–P Indice de fragmentación Electoral (E) Parlamentaria (P) E–P Concentración Electoral (E) Parlamentaria (P) E–P

1987

1989

1994

1999

2004

2009

Media

4,27 3,25 1,02

4,70 3,60 1,10

3,70 3,10 0,60

3,43 3,12 0,31

2,73 2,41 0,32

3,06 2,55 0,51

3,65 3,00 0,64

0,76 0,69 0,07

0,79 0,72 0,06

0,73 0,68 0,05

0,71 0,68 0,03

0,63 0,58 0,05

0,67 0,61 0,06

0,71 0,66 0,05

63,71 74,99 –11,28

60,98 70,00 –9,02

70,91 78,13 –7,22

75,01 79,68 –4,67

84,99 90,73 –5,74

80,90 88,00 –7,10

72,75 80,25 –7,50

Fuente: Elaboración propia. Datos del Ministerio del Interior (www.mir.es).

535


electoral media baja en las elecciones europeas (0,71), que sufre alteraciones en relación a la competitividad y a la concentración de voto entre los dos grande partidos políticos: el mayor índice de fragmentación electoral (0,79 en 1989) coincide con la menor concentración de voto entre los dos primeros partidos y el mayor número efectivo de partidos electorales. Las restricciones del sistema electoral más acusadas se han producido también en 1989: la diferencia entre el número efectivo de partidos electorales y parlamentarios llega a alcanzar el valor de 1,10, aun a pesar de que la concentración parlamentaria alcanza el menor valor de la serie electoral. Podemos afirmar entonces que el número de partidos que logra representación en el Parlamento Europeo muestra una tendencia decreciente con un ligero reepunte en 2011 relacionada con una elevada concentración de la representación entre dos fuerzas políticas. 4. CONCLUSIONES Los resultados de las elecciones europeas están influidos por una lógica nacional que subyace en todos los procesos. Tanto la movilización electoral como la configuración del sistema de partidos resultante se rige mediante coordenadas de tipo nacional, que obedecen en primer lugar, a una falta de contenidos europeos en los discursos de los partidos políticos; y en segundo lugar y derivado de ello a un desconocimiento por parte de la ciudadanía de las cuestiones europeas. La paradoja se plantea cuando se aborda el incremento de competencias que va adquiriendo el Parlamento Europeo y el desigual reflejo que ello plantea en la ciudadanía. Si de por sí es ampliamente reconocido en todos los países el carácter secundario de estos comicios, el escaso interés político contribuye a considerarlas con mayor intensidad como unas elecciones con escasa relevancia política bajo coordenadas europeas. El indicador que permite en mayor medida constatar esta «desafección» es la movilización electoral: sus índices han perpetuado un descenso que es alarmante si se interpreta bajo la óptica de construcción europea, pero que no resulta excesivamente sorprendente si se tiene en cuenta que la lógica que guía tiene un marcado componente «doméstico». Los resultados, tanto en España como en el resto de los países miembros trasladan las preferencias de los electores subordinadas a la política nacional, de forma tal que los partidos del gobierno sufren sus mayores pérdidas en detrimento de los partidos de la oposición que ven potenciados sus apo-

536

ELECCIONES EUROPEAS

yos electorales. Estos procesos, en general, continúan planteando un sinfín de paradojas que difícilmente tienen un origen común y único, y necesariamente han de interpretarse dentro de una multiplicidad de contextos electorales.

BIBLIOGRAFÍA BLONDEL, J.; SINNOTT, R. y SVENSSON, P. (1997): «Representation and voter participation», European Journal of Political Research, 32: 243-272. LLERA, F. (1998): «Los rendimientos de los sistemas electorales de las Comunidades Autónomas: el predominio del bipartidismo imperfecto», en J. Montabes (ed.) El sistema electoral a debate, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. NIEDERMAYER, O. (1991): «The 1989 European elections: campaigns and results», European Journal of Political Research, 19:1. NORRIS, P. (1997): «Representation and the democratic deficit», European Journal of Political Research, 32:2. REIF, K. y SCHMITT, H. (1980): «Nine second order elections- a conceptual framework analysis of European results», European Journal of Political Research, 8:3-44.

537

Comportamiento político y sociologí­a electoral

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