PRÓLOGO de Jaime Rodríguez-Arana
Es muy grato para mí redactar este prólogo a un nuevo libro de Adolfo Céspedes Zavaleta. Primero, porque conozco personalmente al autor y su obra me merece todo respeto intelectual; segundo, porque se trata de un tema de gran actualidad en la llamada reforma del Estado; y, tercero, porque siempre he profesado una especial devoción a la cuestión de las autonomías como presupuesto político para el desarrollo de los pueblos y de las personas que los componen. El Perú es un país que cada vez conozco mejor. No sólo he estado en Lima. He tenido ya la ocasión de visitar diversas Universidades del norte y del sur y la verdad es que cada vez me encuentro más a gusto con los peruanos y aprecio mejor su gran y rico territorio. Por eso, prologar una obra de un profesor del Perú es una manera, también, de conocer mejor la realidad normativa y científica de un tema de gran calado que, si no me equivoco, está llamado a tener, en parte ya lo tiene, una gran futuro en los próximos años si es que se maneja con generosidad, sentido de Estado y, sobre todo, con un determinante compromiso con todos los peruanos, especialmente con los más desfavorecidos. La obra que el lector tiene en sus manos es el segundo volumen del Derecho Regional elaborada por el profesor Céspedes. Por tanto, se trata de una nueva reflexión sobre la descentralización, ahora sobre la base de unos atinados Comentarios a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, norma que constituye el fundamento normativo que, a partir de la Constitución, ha de permitir que los Gobiernos Regionales puedan ser esas instancias de gobierno y administración de asuntos públicas que hagan posible el ejercicio de la libertad solidaria de todos los peruanos. En efecto, como señala Adolfo Céspedes Zavaleta, la descentralización no es un fin en si misma. Es un instrumento al servicio de la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Esta es una reflexión que juzgo de gran relevancia porque las autonomías, la descentralización política no constituye un dogma, es una propiedad del buen gobierno siempre que, de hecho, su implantación esté presidida por un proceso de acercamiento del poder al pueblo en un contexto, insisto, de mejora permanente e integral de las condiciones de vida de los ciudadanos. Recuerdo, al hilo de esta consideración, un interesante debate en el seno de la comisión de expertos en administración pública de Naciones Unidas, del que formé parte entre los años 2002 y 2006, acerca de si la descentralización debía o no aconsejarse en un determinado problema de orden colectivo en un determinado país. Mientras que algunos de los miembros de la comisión señalaban que la descentralización siempre y en todo lugar resuelve todos los problemas, otros, entre los que me encuentro, argumentaron