EXP.Nº13052-2008 JCC11 CHAAR MARCELO ALEJANDRO C/ VOLKSWAGEN CIA FINANCIERA SA Y OTRO/A S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES Mar del Plata, 21 de abril de 2014. AUTOS Y VISTOS: “CHAAR MARCELO ALEJANDRO C/ VOLKSWAGEN CIA. FINANCIERA S.A. Y OTRO S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ”, Expediente N° 13.552/2008, de trámite por ante este Juzgado Civil y Comercial N° 11, ingresados a despacho para dictar sentencia. RESULTA: 1°) Que a fs. 39 se presenta el Sr. MARCELO ALEJANDRO CHAAR con patrocinio letrado de la Dra. Gabriela Judith De Sábato, y promueve acción judicial por cumplimiento de contrato y por daños y perjuicios contra VOLKSWAGEN SOCIEDAD ANONIMA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS y contra ROMERA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA. Refiere que el día 5 de julio de 2007 suscribió un Plan de Ahorro con 30 cuotas pagas, a los fines de la adquisición de un automóvil marca VOLKSWAGEN FOX, plan cedido por la firma SUGUBA S.A., e individualizado como FOX 70/30 Grupo 8255 Orden 023; por medio de un contrato de cesión contra entrega de la suma de $ 7000 en la Concesionaria Romera Hnos. S.A.; que fue quien intermedió en la compra del plan y quien extendió recibos de pago, tal como surge de la documental adjunta con la demanda. Continúa diciendo que el día 05-07-2007 pagó la seña de $1.000 y el día 12 -072007 canceló el precio abonando los restantes $ 6.000. Que el 16 -8-2007 -fecha del acto de adjudicación- para adquirir el vehículo abonó a Romera Hnos S.A. la suma de $ 12.447,60, previa oferta de licitación de $ 12.300. Manifiesta que el 03-10-2007 le notificaron que su solicitud de crédito correspondiente al grupo 825 Orden 023 gestionada ante la concesionaria Romera Hnos. S.A. había sido aprobada. Destaca que no se le entregó el contrato original sino sólo una copia del contrato de adhesión. Refiere que realizó la licitación del plan, pero optó por cambiar el vehículo tipo del plan adquirido por otro modelo: Gol Country Trend Line Plus 1.9 SD. Consigna que conforme el art. 7 de las Condiciones Generales de la S olic i tud de A dhes ión, ió n, para la hipótesis de licitación, la sociedad administradora tiene la obligación de entregar el vehículo dentro de los 75 días corridos desde que el adjudicatario cumpla con todos los requisitos contractuales, plazo que se extiende 60 días más cuando como en autos se opta por el cambio de modelo del automotor,totalizando el término de entrega los 135 días a rt. 8). Señala que la fecha a partir de la cual c ual días corri dos (ver art.
comienza a contarse el plazo de 135 días corridos es el de la licitación , en este caso, el día 16-08-2007 , venciendo el día 29-12-2007. Manifiesta que al no haber recibido noticia alguna sobre sobr e la entrega del automotor y fenecido el referido plazo, concurrió en varias oportunidades a Romera Hnos. S.A. sin que se diera solución a sus reclamos. Añade que tampoco obtuvo respuesta satisfactoria de Autoahorro Volkswagen. Que por ello remitió sendas cartas documento a ambas firmas, exigiendo el cumplimiento del contrato celebrado bajo apercibimiento derescisión y reclamo de los daños y perjuicios ocasionados. Que Romera SA rechazó la misiva argumentando que la accionante había suscripto el negocio con Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados y no con Volkswagen. Que ésta respondió también por carta documento rechazando la intimación. En cuanto a su pretensión, indica que el objeto de esta acción es que las demandada demandadass cumplan cumplan c on lo c ontractualm ontractualmente ente acor acor dado y le hag an entreg a del automóvil automóvil lic itado, tal tal lo lo conveni c onvenido do (art. 1204 Código Civil). Solicita el dictado de medida cautelar innovativa tendiente a s us pender el pag o de las cuotas del plan adquirido hasta tanto se haga efectiva entrega del automóvil licitado, porque -aduce- seguir abonando cuotas le agrava el daño padecido. Funda en derecho. Explica que la relación se subsume en las previsiones de Ley de Defensa del Consumidor y que además son aplicables los arts. 1198, 1204, 508, 509, 511, 512, 519, 520, 522, 901, 902, 903 y ccdts. del Cód. Civil. Acto seguido, explica que además del de l cumplimiento del contrato celebrado, s e reclaman los daños y perjuicios irrogados por el incumplimiento de su contratante, que detalla en su demanda. Ofrece prueba. Pide el beneficio de litigar sin gastos. 2°) A 2°) A fs. 53 se corre traslado de la demanda a ambos coaccionados y se dicta la medida cautelar innovativa solicitada, ordenándose la suspensión en el pago de las cuotas correspondientes al plan de ahorro hasta tanto se resuelva el presente. 3°) A 3°) A fs. 82/102 se presenta el Dr. César Andrés Romera en carácter de apoderado de ROMERA HERMANOS S.A., y contesta la demanda solicitando su rechazo con expresa imposición de costas. En el apartado III se explaya en cuanto a los hechos, formulando una negativa genérica y específica de los afirmados por la contraria, y ofreciendo su versión.
Manifiesta que su mandante resulta ser conces ionaria oficial de la fábrica Volkswagen Argentina S.A. y de Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados y en tal carácter su principal actividad es recibir pedidos de adquisición de vehículos de dicha marca a través de distintas modalidades de contratación. Que no es mandataria ni apoderada de las firmas mencionadas, y que no tiene ninguna clase de facultades para determinar condiciones de comercialización como las disponibilidades en stock, plazos de entrega, etc. Manifiesta que el 5-7-2007 el Sr. Chaar suscribió la aceptación a su favor de la cesión de un contrato de círculo cerrado, contenido en un instrumento denominado "solicitud de adhesión", mediante el cual ingresó al sistema de un plan de ahorro para adquirir un automotor Volkswagen Modelo Fox 3 D 1.6 Confortline. Expresa que se le comunicaron al actor los valores, condiciones y modalidades de la operatoria, que quedaron aprobadas de conformidad. Y de la misma forma se le hizo conocer que debería cumplir una serie de requisitos que constaban debidamente explicitados en el art. 7 de la solicitud que se le entregó, informándosele también que el plazo para entrega del vehículo comenzaría a correr a partir de encontrarse debidamente cumplimentados los referidos recaudos. Recalca que tratándose de un comerciante, el Sr. Chaar sabía muy bien que debía recabar toda la información atinente al negocio antes de aceptar la cesión del contrato. Relata que el 21-08-2007 el Sr. Chaar se presentó en la sucursal de Romera Hnos. ubicada en Salta 2545, manifestó su voluntad de cambiar el modelo del vehículo licitado por un Volkswagen Gol Country 1.9 Trendline Plus, y s e le explicó que debía abonar la diferencia por el cambio a un modelo más costoso, importe que nunca abonó, y se le hizo saber que había serias dificultades para adquirir el nuevo vehículo porque no estaba disponible en stock, ni en la terminal automotriz fabricante, ni en ninguna de las filiales de Romera Hnos., no obstante lo cual no se lo pudo convencer para que pida el modelo originario u otro parecido al que él pretendía. Que hubo varias comunicaciones entre personal de su mandante y el Sr. Chaar y que incluso Romera Hnos. ofreció a éste un Volkswagen Country 1.9 SD interior plus, porque era el modelo más próximo al requerido por el cliente, al que se le equipararía de manera de asimilarlo, pero el adjudicatario no aceptó la propuesta. Desmiente que se le haya dicho al hoy demandante que el modelo pretendido se encontraba disponible en la terminal. Manifiesta la sorpresa que causó la recepción de carta documento en enero de 2008 y el posterior conocimiento de denuncia en Defensa del Consumidor. Luego analiza la relación jurídica, sosteniendo que el Sr. Chaar y Volkswagen Argentina S.A. de Ahorro para Fines Determinados se vinculan por un contrato del plan de círculo cerrado, en el que el organizador se obliga a entregar el bien
en las condiciones pactadas una vez que el suscriptor las reune mediante licitación o sorteo. Que al Sr. Chaar como cesionario de un plan se le transmitió el contrato y ocupa la posición del suscriptor original. De esta forma el actor aceptó la totalidad de derechos y obligaciones que emergen de la solicitud de adhesión, cuyos términos se encuentran aprobados por la Inspección Gral. de Justicia de la Nación. En cuanto a Romera Hnos. S.A., siguiendo a LORENZETTI, expresa que siendo concesionario, no es vendedor en los términos del art. 450 del Cód. de Comercio, sólo es un simple ejecutor de un acto jurídico como mandatario o agente del fabricante, y no es parte del contrato de plan de ahorro. Con relación al cumplimiento del contrato expresa que no existen elementos de convicción de los que surjan que las firmas demandadas se encuentren obligadas a entregar el vehículo, porque el Sr. Chaar nunca abonó el valor de la diferencia entre el modelo licitado y el pretendido , y como pasaron treinta días corridos sin que el actor cumpliera con todos los recaudos exigidos, Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados se encuentra en condiciones de dejar la adjudicación sin efecto. En cuanto al contrato, sostiene que sus cláusulas se encuadran dentro de los cánones vigentes, a la luz de la ley 24.240, las normas constitucionales y demás normativa, que incluye la tipología propia del contrato de plan de ahorro y no son abusivas. Posteriormente rechaza cada uno de los rubros indemnizatorios reclamados por la contraria. Ofrece prueba. Ofrece por treinta días corridos a partir de su presentación a la actora, la opción por uno de dos modelos: a) Fox 3 D 1.6 Confortline color plata refex, o b) Gol Country 1.9 SD Interior Plus, color plata ligth, con equipamiento adicional a cargo del cliente, siempre que éste cumpla con las condiciones impuestas por el art. 7 del contrato de adhesión, debiendo estar al día el pago de las cuotas del plan y abonar si correspondiere la diferencia por el cambio de modelo. 4°) A fojas 104 se presenta nuevamente el Dr. Romera y denuncia como hecho nuevo la pues ta a dis pos ic ión del actor por parte de la vendedora y de la conces ionaria de un G ol Country 1.9 Tr endline P lus , por un plazo de treinta días, siempre y cuando abone la diferencia por el cambio de modelo, $ 16.835,80, con más los gastos de pedido y de patentamiento e inscripción ($ 876,92 + $ 1.590,40), el día 9 de junio de 2008. 5º) A fs. 108 el actor contesta el traslado del hecho nuevo , aceptando la propuesta y pidiendo se intime a Romera Hnos. S.A . para que denuncie todos los datos del vehículo -para gestionar el certificado de cobertura del bien- y en
que cuenta corresponde el depósito de los importes referidos. A fs. 109 se ordena la intimación a Romera Hnos. para que informe al actor los datos solicitados a los fines de concretar la entrega del rodado ofrecido, y se le n otifica la manda a la empresa mediante la cédula obrante a fojas 110, el día 14 de julio de 2007. En contestación, Romera Hnos. S.A. a fojas 125/126, pone en conocimiento los datos identificatorios completos del vehículo objeto de la oferta y todas las sumas a pagar por la contraria, que incluyen además de las señaladas a fojas 104, las cuotas impagas (capital) por un valor de $ 1.554,38; a lo que debía adicionarse los intereses y recargos adeudados al día 14/07/2008 por cuotas del plan de ahorro vencidas e impagas. E informa que el pago deberá hacerse en efectivo o cheque certificado en la Sucursal de Salta 2545 de Mar del Plata.El escrito lleva cargo del 17 de julio de 2008. 6º) A fs. 138/140 el actor denuncia como hecho nuevo la pretensión de Romera Hnos. S.A. de cobro de los intereses y recargos sobre las cuotas del plan, negándose rotúndamente al pago de tales conceptos, no así de las cuotas por capital, alega temeridad y malicia. El escrito lleva cargo del 14 de agosto de 2008. 7º) A fojas 149/151, el 16 de septiembre de 2008, el co-demandado Romera Hnos. S.A. contesta traslado en relación al "hecho nuevo" denunciado por la actora y solicita se fije audiencia de conciliación, la que se fija para el día 22 de octubre de 2008. Celebrada la audiencia -ver acta de fojas 156-, se encuentran presentes el apoderado de Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados, el apoderado de Romera Hnos. S.A. y la parte actora. En la misma, ante el ofrecimiento allí formulado por la codemandada Romera Hnos. S.A., el actor manifestó que estaba imposibilitado de aceptar el automóvil ofrecido por la aludida coaccioanda, en virtud de que el día 15 de septiembre de 2008 adquirió un automotor marca Ford Escort dominio SAB 574 exhibiendo el título en ese acto. 8°) A fs. 164/165 se presenta el Dr. Alfredo Fernando Jozami en representación de VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS y contesta la demanda instaurada en su contra. En el apartado II de su presentación formula una negativa genérica y específica de los hechos alegados por la contraria y acto seguido, brinda su versión de los mismos. Niega incluso los pagos denunciados en la demanda y los recibos acompañados con ese escrito y atribuidos a Romera Hnos. S.A. Expresa que su mandante resulta administradora de los fondos de personas que forman grupos de inversores, adherentes o ahorristas, con los que adquiere de la fabricante dos unidades automotrices para entregar al mes a dos
adjudicatarios dentro de cada grupo y de acuerdo a la disponibilidad de éste, uno por sorteo y otro por licitación. Manifiesta que una vez adjudicada la unidad, el adjudicatario debe cumplimentar una serie de recaudos, y una vez cumplidos ellos, comienza a correr el plazo de la empresa para entregar el automotor. Y en este orden de ideas, expone que el actor, resultando adjudicatario el 16 de julio de 2007, no cumplió adecuadamente con todos los recaudos previstos en el art. 7 de la suscripción de adhesión, pues no abonó la diferencia de valor entre el modelo adjudicado y el modelo pretendido, siéndole oponible la "exceptio non adimpleti contractus": Posteriormente se encarga de cada uno de los rubros indemnizatorios reclamados y solicita puntualmente su rechazo. Ofrece prueba. Formula rese rva del caso federal. 9°) A fs. 177 se corre traslado de los "hechos nuevos" denunciados la codemandada Romera Hnos. S.A. y por la actora, ya referenciados, a la codemandada Volkswagen S.A. por el plazo de cinco días, quien lo contesta a fojas 179. 10º) A fojas 181 se admiten los hechos nuevos referidos por la parte actora y por la codemandada Romera Hnos. S.A., en las presentaciones de fojas 104/106 y 138/140, disponiéndose que los mismos también habrían de ser objeto de la prueba respectiva. 11º) A fojas 187 se decreta la apertura a prueba de las presentes actuaciones. 12º) A fojas 203/204 se proveen las pruebas ofrecidas por las partes. 13º) A fojas 227 se amplía el certificado de prueba glosado a fs. 203-204. 14º) A fojas 811 se certifica en cuanto al vencimiento del término probatorio y su resultado. 15º) A fojas 842 se actualiza el certificado de prueba obrante a fs. 811. 16º) A fojas 849/850 luce glosado el dictamen de la Fiscalía General en conformidad a lo dispuesto por los arts. 52 de laey 24.240 y 27 de la ley 13.133. 17º) Finalmente, a fs. 856 se dispone el llamado de autos para sentencia, providencia que se encuentra firme y consentida.
CONSIDERANDO: Analizadas las constancias sumariales y valoradas las probanzas colectadas en autos en acto único y a la luz de las reglas de la sana crítica, se concluye sin hesitación, a menos a criterio de la proveyente, que corresponde hacer lugar a la demanda en su justo alcance, en mérito a los siguientes argumentos: I.- Efectos del llamado de autos firme y consentido en el proceso: En primer lugar, corresponde poner de relieve que el llamado de autos para sentencia, una vez firme, subsana cualquier deficiencia en el procedimiento, tornando al mismo inobjetable. II.- La acción por cumplimiento de contrato: 1°) La relación jurídica en examen se encuadra dentro de las previsiones del decr. 142.277/43 que regula las distintas modalidades de los"planes de ahorro y préstamo" (conf. GUASTAVINO; "Contrato de ahorro previo, pág. 46), o "sistemas de capitalización y ahorro para fines determinados" como los denomina la res. gral. 26/04 de la Inspección General de Justicia de la Nación, y más concretamente dentro de los "circulos de ahorro previo para fines determinados". Los suscriptores de estos círculos se obligan a aportar periódicamente a la entidad administradora del círculo, una suma determinada a los efectos de formar un fondo de ahorro común, sin que se genere vínculo asociativo entre los ahorristas. El vínculo jurídico se da entre cada ahorrista por sí y la entidad administradora. El total del fondo común deberá, periódicamente, resultar suficiente para que cada aportante, por turno, pueda adquirir el bien para cuya compra adhirió al grupo (conf. FARINA, "Contratos comerciales modernos", Astrea, 2005, pág. 149). En el subexamine el ahorro tiene por finalidad la adquisición de un bien concreto, por lo que la relación que encierra el negocio se puede calificar como compraventa, sujeta a la modalidad y plazos previstos, tanto para completar el pago del precio como para la entrega de la cosa, pues se cumplen las disposiciones del art. 1323 del Cód. Civil y del art. 450 del Cód. de Comercio, que caracterizan la compraventa como el contrato en el cual una parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa -en este caso la sociedad administradoray la otra asume la obligación de pagar un precio cierto en dinero -el adherente(conf. FARINA, op. cit., pág. 162; GHERSI, "Contratos civiles y comerciales", tomo 2, Astrea, 2002, pág. 291). Tal enunciado se ajusta al contenido de la "solicitud de adhesión" que liga a las partes -ver instrumento de fojas 5/7, expresamente reconocido por todos los
litigantes- (conf. arts. 332, 354 inc. 1° del CPCC, principio de congruencia, arts. 34 inc. 4° y 163 inc. 6° del CPCC). 2°) De tal modo, existiendo al tiempo de la presentación de la demanda obligaciones pendientes a cargo del actor -adquirente del bien-, resulta subsumible la controversia en las previsiones del art. 1201 del Cód. Civil, que determina: "En los contratos bilaterales una de las partes no pod rá demandar su cumplimiento, si no probase haberlo ella cumplido u ofreciese cumplirlo, o que su obligación es a plazo." La simultaneidad en el cumplimiento de las prestaciones pactadas, para que prospere la regla contenida en el art. 1201 y la "excepción de incumplimiento contractual", configura uno de los recaudos que permiten invocar esta defensa, por lo que no es aplicable en cualquier clase de contratos bilaterales (conf. CNCom., Sala B, 28/10/2008, DJ, 08-04-2009, 920; AR/JUR/15380/2008; fallo citado por SANTOS CIFUENTES en "Código Civil, comentado y anotado, La Ley, 2011, tomo III, pág. 137). Con respecto a este punto, en el devenir de las actuaciones se sucedieron diversos hechos y dentro de tal contexto, algunos marcan definitivamente el rumbo de la litis. 3°) Hemos reseñado que la acción contiene dos pretensiones básicas: la relativa al cumplimiento de lo acordado y la reparación de los daños ocasionados por la morosidad denunciada. Sin embargo en la postulación liminar , no ofrece la accionante el cumplimiento de sus obligaciones pendientes, lo que debió plantear expresamente en arás del objeto perseguido, habida cuenta que el negocio encierra obligaciones reciprocas y simultáneas, y le es de aplicación el mencionado art. 1201. Con posterioridad y al tiempo de las contestaciones, estando pendiente la traba definitiva de la litis, recibió varios ofrecimientos de entrega de un bien automotor, el último, el correspondiente al modelo elegido al resultar adjudicatario, lo que llevó a la actora a aceptar la propuesta y a manifestar la voluntad de cumplimiento de sus obligaciones pendientes : pago de las cuotas restantes, del valor mayor por el cambio de modelo y de los distintos gastos de patentamiento, quedando saneada de esta manera la omisión sobre el tópico. Luego sobrevino el intento del cobro de recargos e intereses a lo que la actora se negó rotundamente, para llegar a la audiencia de conciliación del 22 de octubre de 2008. Es lo actuado en dicha audiencia, lo que marca el resultado del objeto principal del pleito: "Abierto el acto, el Dr. D'Aurelio -apoderado de Romera Hnos. S.A.- pone de manifiesto que el vehículo VW identificado a fojas 125
vuelta, continúa en poder de Romera Hnos. S.A. hasta el momento de esta audiencia, ..." "El Dr. Jozami agrega: la propuesta de VW consiste en no cobrar los intereses correspondientes por las seis cuotas vencidas de los meses de mayo a octubre de 2008...." "...y los intereses por la demora en la entrega que están a cargo de VW..." "...se le ofrece al actor, aplicar dicha suma para cancelar en forma anticipada las últimas cuotas del plan. Si esta alternativa no fuera aceptada, se puede aplicar esta suma de $ 6.014,00, al pago del monto por cambio de modelo..." ..."El actor manifiesta que actualmente se encuentra imposibilitado de aceptar el automóvil ofrecido por Romera en virtud que el día 15/9/2008, adquirió un automotor Ford Scort dominio SAB 574, cuyo título exhibe en este acto, ello en virtud de los hechos denunciados a fs. 138, habiendo tenido en cuenta el plazo por el cual fue puesto a disposición el automóvil por parte de Romera, conforme surge de fs. 104/6, 119, 131 y 137." (conf. principios dispositivo, de congruencia y buena fe procesal arts. 34 inc. 4°, 36, 163 inc. 6° del CPCC, 1198 del Cód. Civil).
4°) Lo cierto es que más allá de que Romera Hnos. S.A. haya puesto un plazo para la aceptación y cumplimiento de las obligaciones a cargo del comprador de treinta días y que éste se hallaba vencido, el hecho trascendente es que el actor lueg o de aceptar c umplir con las pres taciones a s u carg o, s e colocó en la impos ibi lidad de hacerlo de manera voluntari a, frustando la adecuada realización de la regla de derecho que obliga a quien pretende el cumplimiento de lo contratado por parte de su deudor, cumplir u ofrecer cumplir con lo que le toca, si a su vez es deudor de una obligación vencida. El argumento de que el plazo de treinta días impuesto por la contraria había fenecido, no justifica su proceder, porque no lo eximía, ni lo exime al tiempo de la sentencia y de su ejecución, de efectivizar la obligación impuesta por el art. 1201, sea pagando lo adeudado, sea ofreciendo hacerlo. Máxime si se tiene en cuenta que de acuerdo a la naturaleza de la relación negocial; el vendedor, quien asume en principio la obligación de la entrega del vehículo, resulta ser la Firma Administradora y ésta, para la época de la celebración de la audiencia ni siquiera había contestado la demanda (conf. arts. 1° y 7° del "pedido de adhesión", ver fojas 5, conf. 1026, 1197 del Cód. Civil, 208 inc. 3°, 450 del Cód. de Comercio ). 5°) El art. 163 inc. 6° del CPCC, en su segundo párrafo establece: "La sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados como hechos nuevos." Bajo tal prisma, juzgo trascendente la decisión del actor de adquirir otro bien, pues tal conducta, relatadas las condiciones económicas en las que vivía a la
época de la promoción de la demanda y que lo llevaron a solicitar el beneficio de litigar sin gastos, lo colocó en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones pendientes -desde que en autos, pasados los años, no se han acreditado circunstancias que permitan merituar una mejora de fortuna-, y sella la suerte del cumplimiento de contrato reclamado, el que en orden a lo señalado y lo dispuesto por el art. 1201 del Cód. Civil debe ser rechazado con costas por su orden, teniendo presente que quien primero incurrió en mora fue la accionada (arts. 68 y 163 del CPCC). III.- La acción de daños y perjuicios: 6°) Que se haya desestimado la pretensión de cumplimiento contractual, no nos permite evadir el análisis de los hechos y derechos en juego, en pos de determinar si subsiste la obligación de responder patrimonialmente por la frustración del negocio en cabeza de las empresas contratantes, entuerto que aún no ha sido resuelto. Para que haya responsabilidad civil en todos los casos debe haber un daño configurado, pero en materia de contratos aparece el incumplimiento de la obligación como otro presupuesto “constante” en terminología de la Dra.
ZAVALA DE GONZALEZ, con lo que se pone de resalto que es un recaudo que no puede faltar para que se deba responder civilmente a causa de un contrato. El acto “antijurídico” -o disconforme en un sentido amplio-, lo es en función del incumplimiento. El art. 1 197 del Cód. Civil preceptúa que “las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma.” Cuando los contratantes incumplen con las
obligaciones asumidas en los contratos, su comportamiento se califica de antijurídico porque se transgrede el ordenamiento jurídico que manda a cumplirlo. 7°) En este caso el incumplimiento por el cual se reclama indemnización, consiste en la no "entrega" en término del vehículo adquirido en la concesionaria. Ha quedado probado que al tiempo de la adjudicación y posterior elección del adherente de un modelo distinto al que era objeto del plan, no se encontraba en el stock de la concesionaria el vehículo solicitado, porque la fábrica y la sociedad administradora no entregaban el modelo en cuestión. Tal argumento no sólo ha sido esgrimido por la parte actora sino que la propia concesionaria lo reconoce (conf. principios dispositivo y de congruencia, arts. 34 inc. 5°, 163 inc. 6° y ccdts. del CPCC). Surge de todos los testimonios obtenidos, especialmente de los brindados a fojas 325/327, 328/331 y 344/347 (conf. arts. 375, 384, 456 y ccdts. del CPCC). Puedo afirmar que el automotor Gol Country 5 puertas, 1.9 Trenline, solicitado por el adjudicatario luego de la licitación recién fue ofrecido en pago con
posterioridad a la demanda, lo que además, como veremos, surje de la prueba producida (conf. sana crítica, art. 384 del CPCC). 8°) Llegados a este punto, el análisis debe centrarse en determinar, sí, como plantean los coaccionados, el actor cayó en mora después de adjudicada la unidad, es decir, si resulta procedente la excepción de incumplimiento alegada. Mi respuesta a este interrogante es negativa: el actor no incurrió en incumplimiento de sus obligaciones. Los testigos dan cuenta de que el actor "...realizó el pedido de unidad entre julio y agosto de 2007" (respuesta a la quinta repregunta de la testigo María Mercedes Lebeaud, a fojas 326 vta.), y luego "...ha llamado en varias oportunidades porque pidió una unidad que no estaba en fábrica disponible y en reiteradas oportunidades se le ha ofrecido otras unidades" (respuesta de la testigo mencionada a la sexta pregunta, a fojas 325 vta.) La circunstancia fue confirmada por la testigo Gladys Miriam Farenga (ver respuestas a la sexta pregunta y siguientes a fojas 329) y por el testigo Diego Alberto Moral (ver respuestas a las preguntas quinta y siguientes a fojas 345/345vta.). Las declarantes trabajan para Romera Hnos. S.A. y el restante en la firma Suguba S.A., que comercializa planes de ésta, por lo que no hay dudas de la veracidad de lo relatado (conf. art. 456 del CPCC). 9°) De los testimonios se extrae otro dato trascendente: es Romera Hnos. S.A. la que recibe los pedidos de adhesión y las envía a Volkswagen Cía Financiera S.A. y ésta es la que acepta o rechaza el pedido de adhesión y la solicitud de unidad, y es quien la adquiere de la fábrica y la entrega a la concesionaria (respuesta a la cuarta repregunta del testigo Moral, a fojas 346; respuestas a la segunda y tercera preguntas de la testigo Farenga, a fojas 328 vta.), es la sociedad que ejerce los derechos y asume las obligaciones en ellas contenidas, con motivo de la administración del sistema dentro de cada Grupo y hasta la liquidación de cada uno de ellos." (conf. arts. 1197, 1198 y ccdts. del Cód. Civil; 332, 354 inc. 1° y 375 del CPCC, 317 del Cód. de Comercio, ver fojas 6/6vta.); conforme surge del art. 7 y 8 del contrato. El actor, como adherente a un plan de ahorro por círculo cerrado, queda limitado a seguir las instrucciones que recibe de la vendedora a través de la concesionaria. Tal nota es característica de esta clase de negocio y de su operatoria, que se configura a través de un contrato de adhesión. En este contexto, una vez adjudicado el vehículo, "se espera la aprobación de VW y el envío de las unidades para ser entregadas a los clientes" (conf. testimonio de Gladys Miriam Farenga, respuesta a segunda repregunta, a fojas 329 vta./330, arts. 7 y 8 de la solicitud de adhesión). Al revisar la conducta de los contratantes, vencido el plazo de envío del automotor, contado a partir de la fecha de la adjudicación por licitación - adjudicación acaecida el 16 de agosto de 2007 según reconoce la propia Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados, ver contestación de
demanda a fojas 168-, el actor envió cartas documento a las firmas codemandadas intimando al cumplimiento, y en lo que interesa, Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados contestó textualmente, por carta documento del 25 de enero de 2008, al actor expresando: "Nos dirigimos a Ud. en respuesta a su carta documento 878535098, cuyos términos rechazamos por improcedentes e inexactos.- Al respecto le informamos que hemos tomado debida nota de su petición y trasladado su inquietud a la Fabricante Automotriz, cuyos representantes se encuentran abocados a la resolución de su planteo.- Una vez disponible la unidad, se lo comunicaremos .-" (el enmarcado me pertenece, ver fojas 401, conf. art. 394 del CPCC ). Vale decir que en ese instante no se le requirió al Sr. Chaar la realización de determinadas prestaciones como contraprestación a la efectivización de la entrega del vehículo o su puesta a disposición en la sede de la concesionaria, ni se le imputó mora alguna, en la misiva se reconoce la falta de disponibilidad de la unidad (conf. arts. 6°, 7° y 8° de las condiciones generales de la "solicitud de adhesión", arts. 1197 y 1198 del Cód. Civil, 217 y 218 inc. 4° del Cód. de Comercio, principio de buena fe). Por último, el ofrecimiento de cumplimiento del contrato en los términos manifestados en la audiencia de fojas 156 por parte de la firma administradora ut supra transcripto, denota, en consonancia con los demás elementos probatorios, la sin razón de la empresa en su argumentación defensiva y permite concluir, que el Sr. Chaar no incumplió con sus obligaciones (conf. arts. 163 inc. 6° del CPCC, 218 inc. 4° del Cód. de Comercio y 1198 del Cód. Civil). 10º) Sentado entonces que el Sr. Chaar no incurrió en mora, es el administrador del plan de ahorro previo quien debe velar por la entrega al suscriptor en tiempo y forma del bien comprometido, y asume obligación por la inejecución de tal obligación, pues en virtud del art. 1° de la Res. IGJ 8/82 (Adla, XLIII-A, 555), las sociedades administradoras deben cuidar de la correcta y leal ejecución del contrato hasta la entrega del bien y liquidación final, respondiendo incluso por los actos de los concesionarios y agentes de los fabricantes e importadores de los bienes a adjudicar (conf. arts. 1° y ccdts. del decr. 142.277/43). 11º) Tal conclusión sin embargo, no enerva la responsabilidad de la concesionaria, sin perjuicio de los términos en que se une en su relación comercial con la administradora -términos que en autos no se conocen con exactitud desde que no se acompañó el o los contratos que ligan a los codemandados. Considero que debe hacerse extensiva la responsabilidad de los perjuicios a la concesionaria. en primer lugar porque, recalando una vez más en el art. 163 inc. 6°, segundo párrafo, del Cód. Procesal, no puedo dejar pasar la circunstancia
de que es la concesionaria la que le supeditó la propuesta de entrega que formuló la administradora del vehículo objeto de la litis, a un p lazo de treinta días para la aceptación y cumplimiento de las demás prestaciones por parte del adjudicatario, dato que evidentemente ha sido en mayor o en menor medida, motivante para que éste decida la adquisición de otro vehículo. Son gráficas al respecto las manifestaciones vertidas a fojas 149 vuelta, segundo párrafo por el apoderado de Romera Hnos. S.A.: "Si bien se le ha cursado a la parte actora que el cambio de asignación del rodado sería inminente, posteriormente mi mandante decidió prorrogar dicho plazo, hasta tanto Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Deteminados le brinde instrucciones respecto del reclamo formulado por el actor respecto de la inclusión del valor del seguro en las cuotas del plan (ver que se adjunta copia simple de los mails respectivos)." En segundo lugar porque la concesionaria debió informar la existencia de dificultades o retardo en la entrega del modelo al tiempo en que el adjudicatario hizo uso de la opción de elección. Por ello siendo la obligación principal la entrega del vehículo, ella se integra con la comunicación al comprador de la fecha en que se hará la dación (conf. arts. 1137, 1197, 1198 y ccdts. del Cód. Civil; 217, 218 y 219 del Cód. de Comercio). 12º) Por último, porque el art. 10 de la Ley de Defensa del Consumidor establece que el incumplimiento de la oferta o del contrato por parte del proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor a su libre elección a exigir el cumplimiento forzado; aceptar otro producto o prestación u optar por rescindir el contrato, todo ello sin perjuicio de las acciones por daños y perjuicios que correspondan (lo enmarcado es incorporado por ley 24.784); y el art. 40 de la ley determina que si el daño al consumidor resulta de la prestación del servicio, responderan el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. Es cierto que la concesión se caracteriza por la subordinación técnica y económica del concesionario, quien enajena en todo o en parte su independencia al concedente, y que éste domina y controla todas las partes de la comercialización. Sin embargo el concesionario ofreceun servicio permanente, organizado e integrado para la comercialización de productos. Los servicios que debe prestar el concesionario son de venta, mantenimiento y reparación (service) de los bienes de la marca que comercializa, y dar explicaciones técnicas e información a los clientes. Y desde que lucra con la intermediación que ejerce, es responsable por la organización y explotación que asume por cuenta propia y riesgo, de los servicios que están a su cargo. El concesionario cumple una función económica de distribución de los productos que se le conceden en la zona que se le asigna para que opere y por esa razón resulta sujeto de la cadena descripta por el art. 40 de la LDC como "distribuidor"
y responsable en los términos del propio artículo que juega en armonía con el art. 10 bis de la ley. 13º) El citado art. 40 en su segundo párrafo establece que la responsabilidad de los que intervienen en la cadena de comercialización del producto o servicio, es solidaria . Conforme FARINA , "Defensa del consumidor y del usuario", Astrea, 2009, pág. 452, entiendo que la obligación de responder por daños y perjuicios en examen no es solidaria sino "in solidum o concurrente", desde que a) hay identidad de acreedor, b) identidad de objeto debido al que se refieren las obligaciones que concurren, c) diversidad de deudores, d) diversidad de causas del deber, distintas e independientes entre sí y e) engendran deudas distintas, a diferencia de las solidarias, en que la deuda es única. Es que Volkswagen S.A. Para Fines Determinados responde en tanto vendedora y Romera Hnos. S.A. en calidad de concesionaria y distribuidora, asumiendo frente al suscriptor obligaciones diferentes. IV.- Los conceptos reclamados: 14º) Reclama el actor por daño patrimonial emergente, la devolución de lo erogado en concepto de comunicaciones efectuadas vía telefónica y por cartadocumento. Tales gastos aparecen debidamente probados a través de las declaraciones vertidas por los testigos mencionados expresamente en el considerando octavo, de las cartas-documento acompañadas con la demanda y de los informes emanados del correo central (ver fojas 31/34, 148, 325/327,328/330 vta., 344/346, 397/409, 552/562; conf. arts. 332, 375, 38 4, 394, 496 del CPCC). Se recepta entonces el rubro en su totalidad en la suma de Pesos ciento cincuenta y ocho ($ 158.-) con más intereses a la tasa del Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de depósito a 30 días desde la fecha de erogación de las cartas documento y de la demanda para las llamadas telefónicas, a falta, en este caso, de una fecha exacta en que se efectuó el gasto (conf. art. 622 del Cód. Civil ; SCBA, Ac 77434 S 19-4-2006 ). 15º) Requiere también por pérdida de chance, el menoscabo patrimonial sufrido por la frustración de la posibilidad de trabajar, al no poder contar en el tiempo previsto para la entrega, con el vehículo que necesitaba para viajar en la zona de la Costa, Necochea y Tres Arroyos, ante el ofrecimiento de insumos de computación. "Con la expresión pérdida de una chance se indican todos los casos en los cuales el sujeto afectado podía realizar un provecho, obtener una ganancia o
beneficio, o evitar una pérdida, lo que fue impedido por el hecho antijurídico de un tercero, generando de tal modo la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se habría o no producido, pero que, evidentemente, ha cercenado una expectativa, una probabilidad de una ventaja" SCBA, Ac 91262 S 23-52007; C 101593 S 14-4-2010; conf. sumario de JUBA B29014). He de hacer lugar al rubro, desde que aparece debidamente probada la posibilidad cierta de acceder a la actividad laboral si hubiera obtenido la posesión en término del automotor adjudicado. Ello surge del testimonio del Sr. Juan Carlos Martínez, obrante a fojas 319/320, quien confirma el relato del a ctor, en cuanto que fue él quien le ofreció el trabajo (conf. arts. 375, 384 y 456 del CPCC). En suma, corresponde indemnizar al actor por pérdida de chance en la suma de Pesos tres mil ($ 3000.-) (conf. arts. 519, 520, 1198 y ccdts. del Cód. Civil). más intereses a la tasa del Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de depósito a 30 días. (conf. art. 622 del Cód. Civil ; SCBA, Ac 77434 S 19-4-2006 ). 16º) Por penalidad convenida solicita el actor se le reconozcan los intereses pactados para el caso de entrega tardía. No cuantifica el concepto porque considera aplicable la cláusula a partir del valor del bien adquirido a la fecha de la efectiva entrega, hecho que, como sabemos, no ocurrió. Sin perjuicio de ello, debe receptarse el rubro. Establece la cláusula octava, primer párrafo, segunda parte de la "solicitud de adhesión" que el retardo en la entrega del vehículo, generará en favor del adjudicatario una "penalidad equivalente al importe que surja de los intereses no capitalizables mensualmente conforme la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para operaciones comerciales, los cuales se aplicarán sobre el valor del Bien Tipo vigente al vencimiento del plazo de entrega adicional, por el término transcurrido desde la fecha que hubiera correspondido su entrega hasta el de su efectivización." Debe receptarse el rubro por aplicación de los arts. 574, 576, 621, 622, 1197 y 1198 del Cód. Civil. 16º) a.- Y cabe realizar una aclaración sobre la virtualidad de esta cláusula conjuntamente a otros rubros indemnizatorios. Si bien en principio en los casos en que corresponde aplicar la cláusula penal el art. 655 del Cód. Civil dispone que: "La pena o multa impuesta en la obligación, entra en lugar de la indemnización de perjuicios e intereses, cuando el deudor se hubiese constituido en mora; y el acreedor no tendrá derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es indemnización suficiente"; entiendo que en este caso resultando ínfima la misma, violaría el principio
contenido en el art. 37 de la ley de Defensa del Consumidor, y por lo tanto es inaplicable. En efecto, el art. 37 de la Ley de Defensa del Consumidor establece que: "Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: a) las cláusulas que..." "...limiten la responsabilidad por daños." El mismo artículo en su párrafo segundo dispone: "La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor." Por lo tanto, la cláusula octava, no puede entenderse sino como una cláusula válida en tanto determina la aplicación de intereses por mora en la entrega del vehículo, pero sin que pueda invalidar la pertinencia de otros rubros indemnizatorios (conf. arts. 3°, 37, 38 y 65 de la LDC). 16º) b.- En este caso corresponde aplicar intereses a la tasa pactada, desde la fecha de vencimiento del plazo adicional, esto es el 29 de diciembre de 2007, tomando como referencia el valor del vehículo objeto de la acción. Al respecto, usaré como valor del bien el informado por la firma administradora a fojas 800/801 ($ 51.790.-) para agosto de 2007, que es la fecha de referencia más cercana al vencimiento del plazo adicional (conf. art. 394 del CPCC). Los intereses correrán desde la caída en mora de la firma administradora hasta el 15 de septiembre de 2008, fecha en que, según lo manifestado por el actor en la audiencia, adquirió un vehículo y se colocó en imposibilidad de cumplimentar las prestaciones a su cargo como adjucatario. En base a estas pautas, se cuantifica el rubro en la suma de Pesos Seis mil novecientos ochenta y tres c/88 ctvos. ($ 6.983,88.-) (tasa: activa del Banco Nación Argentina, plazo: desde 29/12/07 hasta 15/9/08, días tran scurridos: 265; tasa: 1,5500; intereses: 13, 4850 %, conf. WWW.COLPROBA.ORG.AR); sin intereses dado que no han sido solicitados, conforme principio de congruencia (art. 163 inc. 6º del CPCC). 17º) Por daño moral solicita la suma de $ 10.000. Alega la privación de uso de automotor, desde que el automotor importa un capital para su dueño y por la indignación causada ante la indisponibilidad del bien. La doctrina elaborada por la Corte Provincial, sostiene el principio de que el daño moral en materia contractual requiere necesariamente la prueba de la relación causal inmediata entre el incumplimiento -en este caso no entrega del bien- y el daño cuantificable (conf. SCBA, Ac. 41381 del 22/5/90, autos caratulados: "Chairo Raul c/ Club Atlético San Lorenzo de Mar del Plata s/ Cumplimiento de contrato y daños y perjuicios"., AyS 1990-II-199, entre otros). La privación de uso del bien ante el incumplimiento del contrato, no habilita por sí a tener por configurado el daño moral y la pretensión en este rubro, debe ser desestimada (doc. art. 522 del Cód. Civil).
Ha quedado acreditado que el actor debió, a raíz del incumplimiento, concurrir en varias oportunidades a la sede de la Concesionaria, y que los propios testigos, dependientes de ésta, reconocieron que a más de la comunicación directa, fueron varios los llamados telefónicos a la empresa sin obtener una respuesta positiva al reclamo. A ello se suma, que ante la no entrega en plazo del automotor, el actor se vió privado de obtener un trabajo de venta, que requería poseer una movilidad. Sin dudas todas estas circunstancias causaron en los meses de peregrinación a la firma, un desgaste producto de la inseguridad e impotencia propia de estas situaciones, porque es sabido, y la práctica así lo índica, que ninguno de los casuales interlocutores con los que debió tratar el actor, son los contratantes. Las firmas, verdaderas responsables, son entes abstractos. Es que, ante esta clase de situaciones, se sabe que el adjudicatario, persona física, no visualiza un responsable en calidad de par porque quienes negocian con él son dependientes, y trasladan una situación o circunstancia que les es ajena, como es, la falta de la unidad contratada, a areas de mayor jerarquía dentro de la propia empresa y lo mismo ocurre entre las empresas que forman parte de la cadena de venta del automotor (de la concesionaria a la administradora, de la administradora a la fabricante). Este tipo de relación, ante el incumplimiento, causa, repito, frustración e impotencia porque normalmente la solución no depende de la persona que recibe el reclamo y lo comunica. Este no es más que un engranaje en la empresa (conf. sana crítica, art. 384 del CPCC). Esta impotencia, a más de la frustración, crea sentimientos de destrato e indignación, y de padecer un injusto sufrimiento. Así lo afirma -en este caso- la psicóloga Ana Isabel Redondo, quien citada en calidad de testigo, manifiesta que el actor ha padecido de depresión a causa de la no entrega del vehículo, porque el Sr. Chaar "se sintió traicionado por el incumplimiento", afectándolo desde lo psicológico y lo moral, dada su "cultura de trabajo" (ver testimonio de fojas 320/321, conf. arts. 375 y 456 del CPCC). Por todo ello, se recepta el rubro que se cuantifica en la suma de Pesos tres mil ($ 3.000.-), con más intereses a la tasa del Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de depósito a 30 días desde la fecha de erogación de las cartas documento y de la demanda para las llamadas telefónicas, a falta, en este caso, de una fecha exacta en que se efectuó el gasto (conf. art. 622 del Cód. Civil ; SCBA, Ac 77434 S 19-4-2006 ). 18º) Resta tratar el daño punitivo reclamado. Dispone el art. 52 bis de LDC, incorporado por la ley 26.361 -art. 25-: "Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a
favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor; sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan." El art. 3° del Cód. Civil sienta el principio de que a partir de su entrada en vigencia, las leyes deben aplicarse con la máxima extensión. No sólo para el futuro, sino también a los hechos y relaciones producidos durante la ley anterior vigente al dictarse la nueva ley (conf. "Cód. Civil anotado., SANTOS CIFUENTES -SAGARNA, edit. La Ley, 2° ed., 2011, tomo I, pág. 7). Siendo que la ley 26.361 entró en vigencia el 16 de abril de 2008 y tratándose de una normativa de orden público (conf. art. 65 LDC), corresponde su aplicación en autos al contrato base de la litis, que a la fecha se encontraba en curso de ejecución (conf. arts. 1°, 2° y 3° del Cód. civil, 17 de la Const. Nnal.). "El daño punitivo consiste en un plus que se concede al perjudicado, que e xcede el monto de la indemnización que corresponde según la naturaleza y el alcance de los daños" (conf. FARINA, op. cit., pág. 566). Adelanto que considero procedente el acogimiento de la pretensión, ya que, revisada la actuación de la Firma Administradora, se advierte una negligente conducta de su parte: el citado art. 8 de la "solicitud de adhesión" establece concretamente que: El Adherente que haya resultado adjudicatario del Bien Tipo,..." "...podrá solicitar la entrega de un bien de producción local o importado distinto del Bien Tipo, de menor o de mayor valor, dentro de los 10 (diez) días corridos de haber sido notificado de la adjudicación, siendo facultativo de la Sociedad Administradora aceptar o denegar dicha solicitud, condicionada a las disponibilidades del Fabricante, Importador, y/o Representante exclusivo, dentro de los diez (10) días corridos de ingresada la nota de pedido de la unidad a la Sociedad Administradora, debiendo entenderse aceptada en caso de n o resultar denegada en dicho lapso." (conf. cláusula citada, primer párrafo, primera parte). "Dicho plazo adicional -dispone el artículo en su segundo párrafo- será aplicado por la Sociedad Administradora en caso de que existieran dificultades objetivas en la fabricación o importación del bien elegido, y le será comunicado al adherente adjudicado en el momento de completar la nota de pedido de la unidad al realizar la elección del bien distinto." Ni la administradora cumplió con esta norma, ni tampoco la concesionaria, que en definitiva, era la que se entendía con el cliente. La norma es más que clara, el plazo adicional de 60 días para proceder a la entrega del vehículo es consecuencia del pedido de cambio de modelo, y precisamente, para resolver cualquier problema que pudiera suscitarse a raíz de tal decisión. Pero además, antes que ello, la administradora -y la concesionaria-
, tenían la facultad de desestimar el pedido de cambio de modelo, para evitar situaciones como la que llevó al actor a iniciar la demanda. Se advierte un obrar negligente, que constituye un abuso de la posición dominante de las demandadas, y su gravedad estriba en que, por un lado se violenta la norma en mención, que se sujeta a la normativa de la Autoridad Administrativa encargada de controlar la validez del contrato (la IGJ y su resol. gral. N° 26/04); y por el otro, el accionar irregular, puede ser visto, objetivamente, desde la perspectiva de una empresa, que como terminal de una organización multinacional y multiempresarial encargada de la fabricación y venta de automotores, cuenta con toda clase de recursos económicos, técnicos y humanos encaminados a evitar esta clase de disfuncionalidades entre la conducta asumida y la efectivamente corroborada en la ejecución de sus obligaciones, que terminan menospreciando los derechos del cliente en tanto persona, y su dignidad. En cuanto a la cuantificación del daño punitivo, la norma establece en forma genérica la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso como pautas orientadoras a los fines de la determinación de la sanción, pudiendo establecerse valores hasta un tope de cinco millones de pesos (conf. art. 47 de la ley). Ante tal amplitud de límites crece la responsabilidad de juez, quien no debe perder el norte de la justa composición de la litis cuando se enfrenta al deber de establecer una sanción o pena que puede derivar en resultados económicos de los más dispares y sin embargo, amparados por un mismo marco legal que los legitima. Deberá extremar su prudencia y razonabilidad para no caer en decisiones que trasunten una arbitrariedad o exceso. En este sentido, "...Una interpretación razonable de la norma exige su adecuación a los principios informadores del Derecho Privado y el resguardo de derechos constitucionales..." (conf. Despacho 3 de las conclusiones de la Comisión interdisciplinaria de las XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, citada por CARLOS A. HERNANDEZ y GONZALO SOZZO, "La construcción judicial de los daños punitivos. Antecedentes y funciones de la figura en la Argentina", Revista de derecho de daños, "daño punitivo", 2011-2, Rubinzal Culzoni, 2011, pág. 378). Los mencionados autores agregan en aclaración al punto: " La racionalidad que guía ese punto de vista es que los jueces logren un manejo en el cual consigan adecuar la regulación legal por un lado a la Constitución Nacional y, por otro, a los "principios uniformadores del Derecho Privado". Por último he de precisar que, siendo que los daños punitivos se adicionan a las indemnizaciones por daños que eventualmente pueda haber experimentado el damnificado, su destino en favor del consumidor no genera en su favor un
enriquecimiento indebido o incausado, desde que la ley considera al ilícito del proveedor como justa causa o motivo legitimante, para el desplazamiento patrimonial. En orden a lo expuesto y, atendiendo a los valores en juego o prestaciones a cargo de las partes, la inconducta acreditada por parte de las firmas accionadas, el caudal económico de los obligados y el principio de equidad (arts. 907, 1071 y 1198 del Cód. Civil), fijo el daño punitivo en la suma de $ 300.000. - equivalente aproximadamente al valor de dos vehículos de similares características al que ha sido objeto de la litis, (conf. arts. 165 último párrafo, 511 y ccdts. del CPCC); sin intereses dado que no han sido solicitados, conforme principio de congruencia (art. 163 inc. 6º del CPCC). Por todo ello, normas legales y jurisprudenciales citadas; F A L L O : 1°) Desestimando la demanda por cumplimiento de contrato con costas por su orden atento a las circunstancias devenidas en las actuaciones (conf. arts. 68 segundo párrafo, 163 y ccdts. del CPCC). 2°) Haciendo lugar a la indemnización de daños y perjuicios iniciada por MARCELO ALEJANDRO CHAAR contra VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS y ROMERA HERMANOS S.A. , debiendo abonar éstos, solidariamente a áquel, la suma de Pesos Seis mil ciento cincuenta y ocho ($ 6.158.-) con más intereses conforme lo expresado en los respectivos considerandos; y Pesos Seis mil novecientos ochenta y tres con 88/100 ($ 6.983,88.-) en concepto de penalidad convenida sin intereses atento no haber sido solicitado (art. 163 inc. 6º CPCC) y Pesos trescientos mil ($ 300.000.) equivalente aproximadamente al valor de dos vehículos de similares características al que ha sido objeto de la controversia -en razón que ya no se fabrica-, en concepto de daño punitivo sin intereses atento no haber sido solicitado (art. 163 inc. 6º del CPCC); todo ello en el plazo de 10 días (conf. arts. 163, 165, 511 y ccdts. del CPCC). 3°) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (conf. art. 51 dec.ley 8904). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. PATRICIA NOEMI JUAREZ JUEZA CIVIL Y COMERCIAL
