“Capacidad Legitimación Personalidad Representación en el Juicio de Amparo” Amparo” ADA GUADALUPE VELARDE ESCOBAR ADOLFO MORALES OSUNA MANUEL ALONSO ROMO RIVERA
DERECHO CONSTITUCIONAL III AMPARO Lic. ARTURO ROCHA PERALTA Viernes 12 de octubre de 2012
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Las disposiciones de la Ley de Amparo que se
“
refieren al quejoso, conducen desde luego a la siguiente afirmación: las disposiciones relativas a
amparo en esta materia, suponen excepciones a las normas que en el procedimiento judicial ordinario conciernen a personalidad y a capacidad general para comparecer en juicio”. Mariano Azuela Rivera
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Las disposiciones de la Ley de Amparo que se
“
refieren al quejoso, conducen desde luego a la siguiente afirmación: las disposiciones relativas a
amparo en esta materia, suponen excepciones a las normas que en el procedimiento judicial ordinario conciernen a personalidad y a capacidad general para comparecer en juicio”. Mariano Azuela Rivera
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Algunas figuras procesales en el Juicio de Amparo son: La Capacidad. La Legitimación. La Personalidad. La Representación.
La Capacidad.
Según el Derecho Civil, existen dos especies de capacidades: La de goce, y La de ejercicio.
La de goce equivale a la idea de persona jurídica, es decir, al summum de facultades consistentes en poder ser sujeto de derecho y obligaciones. La capacidad de ejercicio es, en cambio, la posibilid ad, aptitud o facultad que tiene el sujeto para desempeñar por sí mismo los derechos 3 de que es titular.
La Capacidad Según el Derecho Civil, existen dos especies de capacidad
La de goce
Equivale a la idea de persona jurídica, es decir, al summum de facultades consistentes en poder ser sujeto de derecho y obligaciones.
La de ejercicio
Esta es, en cambio, la posibilidad, aptitud o facultad que tiene el sujeto para desempeñar por sí mismo los derechos de que es titular.
Summum ius - Exceso de derecho es injusticia. No cabe ser demasiado riguroso según Cicerón 4
En el ámbito procesal, la capacidad es la aptitud o facultad para comparecer en juicio, por sí mismo o en representación de otro. La capacidad procesal es, por ende, una especie de la capacidad de ejercicio in genere. De ahí que, quien sea incapaz para ejercitar por sí mismo sus derechos, no pueda comparecer judicialmente sino por conducto de su representante legal. El juicio de Amparo, Burgoa Ignacio, p. 355
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Personas que tienen capacidad para promover Juicio de Amparo
Cualquier gobernado que se estime agraviado por un acto de autoridad puede promover el juicio de amparo, ya sea por si, o a través de su representante, defensor — si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal—, o por medio de algún pariente o persona extraña — en los casos en que la ley lo permite — y, por ende, adquirir el carácter de quejoso. Las personas físicas. Las
personas morales privadas, a través de sus legítimos representantes. Las personas morales oficiales, por medio de los funcionarios o representantes que designen las leyes. 6
Los menores de edad, los cuales, incluso, pueden pedir amparo sin la
intervención de su legítimo representante, si este se halla ausente o impedido. Los extranjeros, personas físicas o morales, en defensa de los
derechos que tengan en el territorio nacional. Los ejidos y las comunidades agrarias, por medio de sus respectivos
comisariados ejidales o de bienes comunales, e incluso, mediante cualquiera de sus miembros. Manual del Justiciable
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Materia de Amparo - SCJN
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La legitimación.
Si la capacidad es una posibilidad o aptitud general en los términos que hemos señalado, Ia legitimación, es una calidad específica en un juicio determinado, vinculándose a la causa remota de la acción. Ello indica que el actor y el demandado estarán legitimados activa o pasivamente, en sus respectivos casos, si son sujetos reales de la relación sustantiva que implica la mencionada causa. Por consiguiente, si el que ejercita una acción no tiene o no demuestra su calidad de sujeto en dicha relación, no estará legitimado activamente; y bajo los mismos supuestos, si el demandado carece de ella, no tendrá legitimación pasiva.
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Así, por ejemplo, si una persona ostentándose como arrendador ejercita la acción de desahucio y no tiene o demuestra este carácter, no estará legitimada activamente en el juicio respectivo; y si el demandado no es el arrendatario, no habrá legitimación pasiva. Del muy somero concepto de legitimación procesal que hemos esbozado sin la deliberada pretensión de ahondar en el tema, se advierte que esta idea diverge de la de capacidad, pues independientemente de que el actor o el demandado sean capaces o incapaces, pueden estar o no legitimados activa o pasivamente en un juicio de determinado. El juicio de Amparo, Burgoa Ignacio, pp. 355-356. 9
La legitimación es la permisión que la ley otorga a una persona para que desarrolle una determinada actividad. En materia procesal, la legitimación es la posibilidad de intervenir en un juicio, ya sea como actor (legitimación activa) o como demandad o (legitimación pasiva), instando al órgano judicial para que dirima una controversia; con motivo de la legitimación, las partes en un juicio pueden motivar que el tribunal que esté conociendo de un negocio, dé avance al mismo; así también, puede recurrirse una resolución judicial u ofrecer pruebas.
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Legitimación Legitimación del quejoso. Legitimación de la autoridad responsable. Legitimación del tercero perjudicado. Legitimación del Agente del Ministerio Público de la Federación.
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Legitimación del quejoso 1. Regla general . Siendo el quejoso el sujeto agraviado por cualquier acto de autoridad que estime violatorio de la Constitución y específicamente de sus garantías individuales, es obvio que está legitimado activamente para entablar la acción de amparo. Es suficiente el solo agravio que dicho acto cause a todo gobernado, para que éste se convierta en quejoso al promover el juicio constitucional, pues el mencionado acto se considera prima facie como lesivo de los derechos públicos subjetivos derivados en favor del agraviado de la relación sustantiva que entraña la garantía individual, relación que es, según dijimos, la causa remota de la acción de amparo como vínculo jurídico entre aquel y cualquier autoridad del Estado.
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La legitimación activa en el juicio de amparo se deduce de lo dispuesto por el articulo 4 de la Ley que considera a todo sujeto perjudicado por la ley o actos reclamados, habilitado para ejercitar la acción respectiva. El juicio de Amparo, Burgoa Ignacio
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Legitimación Activa " Art. 4 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor". En este precepto legal se establecen las bases de la capacidad dentro del juicio de amparo, en relación al quejoso o promovente de la acción constitucional, llamado en este numeral como 'la parte a quien perjudique la ley ...'. Ley de Amparo Comentada, Alberto del Castillo del Valle
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2. Algunas excepciones. Si todo gobernado que se considere agraviado por algún acto de autoridad puede promover el amparo, hay casos, sin embargo, en que esta posibilidad no existe por vedarla la ley. En otras palabras, la improcedencia del amparo en razón de ciertas categorías de sujetos equivale a su falta de legitimación activa. Tal vez esta equivalencia no sea muy ortodoxa desde el punto de vista de la teoría general del proceso; pero si se toma en cuenta lo que un distinguido procesalista italiano, Chiovenda, estima como legitimación activa, nuestra aseveración no se antoja muy desacertada. En efecto, el tratadista citado entiende por legitimación la identidad del "actor con la persona en cuyo favor está la ley ". Consiguientemente, si la ley prohíbe a una cierta clase de sujetos el ejercicio de la acción de amparo, es decir, si no existe una adecuación entre dicha categoría y la norma jurídica que permite tal ejercicio, no habrá legitimación activa. El juicio de Amparo, Burgoa Ignacio 15
Legitimación de la autoridad responsable La legitimación de toda autoridad del Estado en el juicio de amparo deriva de la posibilidad fáctica que tiene de violar las garantías individuales o el régimen federativo conforme al artículo 103 constitucional , posibilidad que se actualiza cuando emite el acto que se reclama. Por consiguiente, estará legitimada pasivamente toda autoridad del Estado conforme a la fracción I del mencionado precepto, al contravenir en perjuicio de cualquier gobernado las garantías individuales, o al producir la interferencia competencial entre la Federación y los Estados en los casos a que se refieren sus fracciones II y III. El juicio de Amparo, Burgoa Ignacio
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Legitimación del tercero perjudicado La legitimación de este sujeto procesal para intervenir en el juicio de amparo se encuentra estrechamente vinculada a su condición de parte prevista en el artículo 5, fracción III, de la Ley y que ya analizamos. Consiguientemente, para obviar repeticiones, nos remitimos a las consideraciones que en el capítulo respectivo exponemos, subrayando la idea general de que el tercero perjudicado estará legitimado para intervenir en el juicio de garantías en todos los supuestos a que dicho precepto se refiere y en los que le otorga la condición de parte. El juicio de Amparo, Burgoa Ignacio
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Legitimación del Agente del Ministerio Público de la Federación La legitimación de esta institución estatal también emana directamente de su condición de parte en el juicio de amparo y que le reconoce la Ley en su artículo 5, fracción IV , que ya estudiamos, corroborándose este reconocimiento por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada el 29 de mayo de 2009, cuyo artículo 4, dispone que: "Corresponde al Ministerio Público de la Federación... B) Ante los órganos jurisdiccionales II. Vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las atribuciones que legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas. En ejercicio de esta atribución el Ministerio Público de la Federación deberá: a) Intervenir como parte en el juicio de amparo, en los términos previstos por el artículo 107 constitucional y en los demás casos en que la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponga o autorice esta intervención “. …
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Representación en el Juicio de Amparo Representación legal. Representación voluntaria. Representación del quejoso. Representación del tercero perjudicado. Representación de la autoridad responsable.
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La representación en el juicio de amparo En términos generales, pues, la personalidad del quejoso en el juicio de amparo consiste en su actuación procesal per se o en la injerencia que, en su nombre, tiene un tercero, bien sea a titulo, de representante, mandatario, defensor, etc. Ahora bien, la personalidad originaria en el juicio de amparo, como en cualquier juicio, sólo es variable tratándose de personas físicas, puesto que, en vista de su sustantividad y unidad individuales, pueden lógicamente comparecer por sí mismas en un proceso determinado.
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Por lo que respecta a la Ley de Amparo, pueden citarse numerosos artículos de ella que aluden al juicio de amparo. Citemos como ejemplo el artículo 1° que en su primer párrafo determina el objeto del juicio de amparo; el artículo 5° que precisa quiénes son partes en el juicio de amparo; el artículo 12 que determina los modos de justificar la personalidad en el juicio de amparo; el artículo 19 que se refiere a la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo; el artículo 20 que alude a la representación de varias personas que presenten demanda en el juicio de amparo.
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En cuanto a la capacidad En el ámbito procesal, la capacidad es la aptitud o facultad para comparecer en juicio por sí mismo o en representación de otro. La capacidad procesal es, por ende, una especie de la capacidad de ejercicio in genere. De ahí que, quien sea incapaz para ejercitar por sí mismo sus derechos, no pueda comparecer judicialmente sino por conducto de su representante legal .
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Por ende, a los actos procesales subsecuentes, implícitamente la hace extensiva a los casos en que falten la capacidad o la personalidad, puesto que expresa, a contrario sensu, que solamente habrá validez en aquéllas cuando se hagan directamente a las partes - personalidad originaria- o a sus representantes legítimos en sentido amplio - personalidad derivada-, las cuales presuponen, como ya dijimos, la capacidad procesal.
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Lo concerniente a la representación, debe tratarse desde sus dos aspectos fundamentales, a saber: Representación legal .- es aquella que en virtud de una norma
jurídica, una persona (representante) puede actuar en nombre y por cuenta de otro, reconociéndose la validez a los actos que realiza para afectar a la persona y al patrimonio de éste (representado), y Representación voluntaria.- Emana esencialmente del contrato
de mandato.
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Representación del quejoso Para establecer la representación del quejoso en el Juicio de Amparo hay que atender a dos conceptos fundamentales, los cuales engloban a la representación y que son: Capacidad, y Personalidad.
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Representación del tercero perjudicado La falta de capacidad, de legitimación pasiva o de representación legal o convencional del sujeto que se ostente como tercero perjudicado o como mandatario de éste, origina el rechazamiento de su intervención en el juicio de amparo, con todas las consecuencias procesales inherentes.
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Representación de la autoridad responsable El principio dominante en materia de personalidad derivada de la autoridad responsable, estriba en que ésta no puede ser representada en el juicio de amparo, como lo establece el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que dice a la letra: Las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo. pero si podrán, por medio de simple oficio. acreditar delegados en las audiencias para el solo efecto de que rindan pruebas, aleguen y hagan promociones en las mismas audiencias”. “
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Sin embargo, y no obstante la prohibición terminante y categórica, escueta, que consigna el mencionado precepto en el sentido de que la autoridad responsable no puede ser representada en el juicio de amparo, sólo se refiere a la representación convencional , esto es, a aquella autorización que se puede conferir a una persona cualquiera por medio de una especie de contrato verbal o escrito de mandato, con el fin de que sustituya a la autoridad en todos los actos procesales. Por el contrario, estimamos que la representación legal , es decir, aquella facultad que otorga la ley a determinado funcionario o entidad autoritaria o consultiva para que actúe en negocios jurídicos o políticos a nombre de una determinada autoridad no está comprendida en la prohibición del artículo 19 de la Ley de Amparo. 28
Representación en cuanto al menor de edad No obstante que el menor de edad no tiene capacidad de ejercicio, dicho menor sí puede promover el Juicio de Amparo mediante un legítimo representante. Si el legítimo representante se encuentra ausente e impedido, dicho menor podrá solicitar la protección federal, contrario sensu, pero si no se encuentra ausente o impedido el citado menor no podrá interponer el juicio de garantías por si mismo, sino que requerirá que su representante legal promueva dicho juicio, es decir, sus padres o tutores.
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Representación en cuanto a incapaces Por lo que se refiere a incapaces, cuando una ley o un acto de autoridad viole sus garantías individuales, éstos no pueden interponer un Juicio de Amparo, en virtud de que carecen de capacidad para ejercer por sí mismos sus derechos y obligaciones, y en este orden de ideas, tendrán que promover el Juicio de Amparo por conducto de sus tutores.
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Consecuencias jurídicas de la falta de personalidad Es un principio universalmente aceptado en Derecho Adjetivo, el que enseña que, cuando faltan la capacidad y la personalidad (derivada), que son presupuestos procesales de todo juicio, la actuación de las partes que carezcan de ellas, es nula, no tiene validez alguna. "las notificaciones que no fueren hechas en Ia forma que establecen las disposiciones precedentes, serán nulas “ Código Federal de Procedimientos Civiles
Esto es, cuando no se practiquen las diligencias respectivas con las partes directamente interesadas en un juicio de amparo determinado o con sus representantes legítimos. 32
La personalidad puede existir originariamente por modo derivado. El primer caso comprende al sujeto que por sí mismo
desempeña su capacidad de ejercicio al comparecer en juicio esté o no legitimado activa o pasivamente; En el segundo, la persona que la ostenta no actúa por su
propio derecho, sino como representante legal o convencional de cualquiera de las partes procesales de la legitimación, independientemente de la legitimación activa pasiva de éstas.
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La incapacidad o falta de legitimación activa en la persona que promueve un Juicio de Amparo, y cuyos casos se han estudiado anteriormente, determina el desechamiento de plano de la demanda de garantías cuando dicha incapacidad o falta sean notorias e indudables, o el sobreseimiento del juicio respectivo en el supuesto de que la demanda se hubiese admitido. La falta o la insuficiencia de la representación del quejoso ( personalidad derivada) puede originar, la aclaración de la demanda para que dentro del término legal se supla dicha falta o se corrija tal insuficiencia, la declaración de no interposición de la mencionada demanda, o bien el sobreseimiento del juicio de amparo, a pesar de que se haya admitido previamente la aparente representación por el órgano de control. 34
La falta de capacidad, de legitimación pasiva o de representación legal o convencional del sujeto que se ostente como tercero perjudicado o como mandatario de éste, origina el rechazamiento de su intervención en el juicio de amparo, con todas las consecuencias procesales inherentes.
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La falta de representación legal de la autoridad responsable produce distintos efectos en un juicio de amparo, según el momento procesal en que ocurra o aparezca. Así, los informes previos o justificados, las pruebas o las alegaciones que se hayan formulado, aducido o expuesto por quien no represente legalmente a dicha autoridad, no deben ser tomados en cuenta por el juzgador constitucional. Por otra parte, si la revisión o cualquier otro recurso procedente en materia de amparo se interpone por algún órgano o funcionario que no tenga la representación legal de la autoridad responsable, la sanción jurídica que deriva de esta circunstancia consiste en el desechamiento del medio procesal de impugnación entablado o en la declaración de improcedencia de éste, confirmándose, respecto de tal autoridad, la resolución que se hubiese intentado combatir. 36
