BLOQUE 5: EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD (Primera sesión)
¿Qué es el control de convencionalidad?
1.- Noción
Punto de partida: obligaciones de respeto y garantía y responsabilidad internacional del Estado por violaciones a DDHH Alcance del control de convencionalida convencionalidad: d: -No aplicación de leyes contrarias a la CADH (Función de vigilancia de órganos nacionales) -Efecto vinculante de la jurisprudencia 124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones disposici ones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos efectos jurídicos. jurídicos. En otras otras palabras, palabras, el Poder Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.
-Plus o añadido del control de convencionalidad
2.- Antecedentes a) Caso “La Última Tentación de Cristo“ (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile, sentencia de 5 de febrero de 2001. b) Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. sentencia de 21 de junio de 2002.
c) Otros 3.- Factores desencadenantes a) Constitucionalización de los DDHH b) Desarrollo de la justicia constitucional c) Reflexión sobre el papel de la Corte IDH La Corte IDH se sirve del control de constitucionalidad: 128. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad”1 ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones. (Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú) -Voto razonado Juez Sergio García Ramírez: 4. En otras ocasiones he cotejado la función de los tribunales internacionales de derechos humanos con la misión de las cortes constitucionales internas. Estas tienen a su cargo velar por el Estado 1
Cfr., en similar sentido, Caso Almonacid Arellano y otros, supra nota 3, párr. 124.
de Derecho a través del juzgamiento sobre la subordinación de actos de autoridades a la ley suprema de la nación. En el desarrollo de la justicia constitucional ha aparecido una jurisprudencia de principios y valores --principios y valores del sistema democrático-- que ilustra el rumbo del Estado, brinda seguridad a los particulares y establece el derrotero y las fronteras en el quehacer de los órganos del Estado. Desde otro ángulo, el control de constitucionalidad, como valoración y decisión sobre el acto de autoridad sometido a juicio, se encomienda a un órgano de elevada jerarquía dentro de la estructura jurisdiccional del Estado (control concentrado) o se asigna a los diversos órganos jurisdiccionales en lo que respecta a los asuntos de los que toman conocimiento conforme a sus respectivas competencias (control difuso).
5. De manera semejante a la descrita en el párrafo anterior, existe un “control de convencionalidad” depositado en tribunales internacionales --o supranacionales--, creados por convenciones de aquella naturaleza, que encomienda a tales órganos de la nueva justicia regional de los derechos humanos interpretar y aplicar los tratados de esta materia y pronunciarse sobre hechos supuestamente violatorios de las obligaciones estipuladas en esos convenios, que generan responsabilidad internacional para el Estado que ratificó la convención o adhirió a ella. 8. Dentro de la lógica jurisdiccional que sustenta la creación y operación de la Corte, no cabría esperar que ésta se viese en la necesidad de juzgar centenares o millares de casos sobre un solo tema convencional --lo que entrañaría un enorme desvalimiento para los individuos--, es decir, todos los litigios que se presenten en todo tiempo y en todos los países, resolviendo uno a uno los hechos violatorios y garantizando, también uno a uno, los derechos y libertades particulares. La única posibilidad tutelar razonable implica que una vez fijado el “criterio de interpretación y aplicación”, éste sea recogido por los Estados en el conjunto de su aparato jurídico: a través de políticas, leyes, sentencias que den trascendencia, universalidad y eficacia a los pronunciamientos de la Corte constituida --insisto-merced a la voluntad soberana de los Estados y para servir a decisiones fundamentales de éstos, explícitas en sus constituciones nacionales y, desde luego, en sus compromisos convencionales
internacionales.
11. Si existe esa conexión clara y rotunda --o al menos suficiente, inteligible, que no naufrague en la duda o la diversidad de interpretaciones--, y en tal virtud los instrumentos internacionales son inmediatamente aplicables en el ámbito interno, los tribunales nacionales pueden y deben llevar a cabo su propio “control de convencionalidad”. Así lo han hecho diversos órganos de la justicia interna, despejando el horizonte que se hallaba ensombrecido, inaugurando una nueva etapa de mejor protección de los seres humanos y acreditando la idea --que he reiterado-- de que la gran batalla por los derechos humanos se ganará en el ámbito interno, del que es coadyuvante o complemento, pero no sustituto, el internacional. 4.- La evolución en la jurisprudencia de la Corte IDH (hitos fundamentales)
a)
Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006.
b)
Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, sentencia de 24 de noviembre de 2006.
c)
Caso Boyce y otros vs. Barbados, sentencia de 20 de noviembre de 2007.
d)
Caso Radilla Pacheco Vs. México, sentencia de 23 de Noviembre de 2009.
e)
Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, sentencia de 24 de agosto de 2010.
f)
Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil, sentencia de 24 de noviembre de 2010.
g)
Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, sentencia de 26 de noviembre de 2010.
h)
Caso Gelman Vs. Uruguay, sentencia de 24 de febrero de 2011.
i)
Caso López Mendoza Vs. Venezuela, sentencia de 1 de septiembre de 2011.
j)
Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina, sentencia de 29 de noviembre de 2011.
5.- Funciones que cumple
6.- Fundamentos jurídicos a) Pacta sunt servanda b) Principio del “efecto útil” en la interpretación y aplicación de los tratados c) Arts.62.3 y 69.
7.- Sujetos que lo realizan a) Principalmente los jueces b) Otras autoridades con restricciones
239. …instancias democráticas, en las cuales también debe primar un “control de convencionalidad” (supra párr. 193), que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial. 193. Cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las
disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana 2. 226. En ese sentido, las leyes de amnistía, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu del Pacto de San José, pues infringen lo dispuesto por sus artículos 1.1.y 2, es decir, en cuanto impiden la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos y, consecuentemente, el acceso de las víctimas y sus familiares a la verdad de lo ocurrido y a las reparaciones correspondientes, obstaculizando así el pleno, oportuno y efectivo imperio de la justicia en los casos pertinentes, favoreciendo, en cambio, la impunidad y la arbitrariedad, afectando, además, seriamente el estado de derecho, motivos por los que se ha declarado que, a la luz del Derecho Internacional ellas carecen de efectos jurídicos. 8.- Características Ex officio Difuso
9.- Efectos
10.- Tensiones subsistentes y principios o conceptos que las mitigan Principio pro homine. Bloque de constitucionalidad o de derechos humanos. Referencia al llamado bloque de la convencionalidad. 11.- Análisis comparado con otros sistemas regionales de protección de los DDHH 12.- El control de convencionalidad según la SCJN a raíz de la consulta a trámite en relación con la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco de la Corte IDH. Expediente Varios 912/2010. a) Control de la convencionalidad y de la constitucionalidad por todos los jueces 1. Los jueces del Poder Judicial de la Federación al conocer de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de amparo, pueden declarar la invalidez de las normas que contravengan la Constitución Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos. 2. Los demás jueces del país, en los asuntos de su competencia, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos, sólo para efectos del caso concreto y sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones. 3. Las autoridades del país que no ejerzan funciones jurisdiccionales, deben interpretar los derechos humanos de la manera que más los favorezca, sin que estén facultadas para declarar la invalidez de las normas o para desaplicarlas en los casos concretos. b) Carácter orientador de la jurisprudencia de la Corte IDH
Diálogo jurisprudencial entre las Cortes nacionales y la Corte IDH 1.- Dificultades operativas (¿mecanismos de articulación?) 2.- El control de convencionalidad y el control de constitucionalidad.
3.- Mecanismos de coordinación, tareas compartidas entre la Corte IDH y las Cortes nacionales.
Retos del control de convencionalidad 1.- El reto del trabajo compartido (interpretación) 2.- El reto de la incorporación de nuevos actores o de nuevas funciones 3.- El reto del conocimiento de la jurisprudencia interamericana 4.- El reto del conocimiento de la jurisprudencia constitucional de DDHH
