EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN MÉXICO. * Lic. Jabibi Bobadilla López.
ANTECEDENTES: Con fecha 25 de agosto de 1974, el C. Rosendo Radilla Pacheco, fue presuntivamente víctima de desaparición forzada por elementos del Ejército Mexicano en el Estado de Guerrero; por lo cual desde el año de 1992, sus familiares realizaron diversas denuncias ante autoridades internas con la finalidad de conocer el paradero del señor Radilla, sin obtener resultado alguno. En virtud de lo anterior el 15 de noviembre de 2001, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, presentaron una denuncia contra el Estado Mexicano ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, misma que fue radicada bajo el número 777/01.1 El 11 de agosto de 2005, se consignó al General Francisco Quirós Hermosillo, como probable responsable (averiguación previa PGR/FEMOSPP/033/2002), asunto respecto del cual el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero declinó su competencia a favor del fuero militar, actuación confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sustento en el artículo 13 constitucional, en razón de que el presunto responsable era Teniente Coronel de Infantería en el Ejército Mexicano, adscrito a la Costa Grande del Estado de Guerrero en la población de Atoyac de Álvarez, encargado de los puestos de revisión y que el delito que se le imputaba era considerado como contrario a la disciplina militar. 2
* Licenciada en Derecho, Especialista en Derecho Constitucional, y Maestra en Derecho por Derecho por la la Universidad Nacional Universidad Nacional Autónoma Autónoma de México. 1
http://www.cidh.oas.org/demandas/12.511%20Rosendo%20 http://www.cidh.oas.org/demandas/12.511%2 0Rosendo%20Radilla%20Pach Radilla%20Pacheco%20M eco%20M exico%2015%20marzo%2008%20ESP.pdf 2
Resolución dictada en el expediente varios 912/2010 , Diario Oficial de la Federación Segunda Sección, México, 04 de octubre de 2011. p. 11 1
Por su parte, el 27 de julio de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el informe número 60/07, concluyendo que el Estado mexicano era responsable de violaciones contra el derecho a la vida, libertad personal, integridad personal, las garantías judiciales y a la protección judicial, contenidos en los artículos 1.1, 2, 3, 4, 7, 5, 8 y 25, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El 13 de marzo de 2008, al considerar la Comisión Internacional de Derechos Humanos que el Estado Mexicano no había dado cumplimiento pleno a sus recomendaciones y por petición de los familiares del señor Radilla, decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma que dictó la sentencia respectiva el 23 de noviembre de 2009, notificada el 15 de diciembre del mismo año, cuyos párrafos 338 y 339 en su parte conducente establecen: “338… Es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. En términos prácticos, la interpretación del artículo 13 de la Constitución Política mexicana debe ser coherente con los principios convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia, contenidos en el artículo 8.1 de la Convención Americana y las normas pertinentes de la Constitución mexicana. 339. En relación con las prácticas judiciales, … el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”
POSTURA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. En relación con la sentencia emitida el 23 de noviembre de 2009 por la Corte Internacional de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de febrero de dos mil diez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la formación del expediente “varios” 489/2010, encargando 2
al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, la realización de una consulta con la finalidad de determinar las medidas y tramites que debía realizar el Poder Judicial de la Federación para atender la sentencia de la Corte Interamericana, misma que en su parte conducente establece: -
El Estado Mexicano tiene el deber de cumplir con las obligaciones
adquiridas al adherirse a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos en que el Estado Mexicano sea parte, en las que no, serán un criterio interpretativo relevante a los derechos humanos y un parámetro para cumplir obligaciones derivadas de t ratados internacionales. 3 En el caso concreto de la sentencia del 23 de noviembre de 2009, los tribunales deberán ajustar todas sus decisiones a la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, únicamente en lo que respecta a la jurisdicción militar, en otros otros ámbitos no es obligatorio. obligatorio. -
Por lo que respecta al control de convencionalidad, convencionalidad, es decir, a la
interpretación de derechos y libertades acordes a los tratados internacionales, solicitado por la Corte Interamericana, es una obligación que tienen los Poderes Judiciales y los órganos del Estado, derivada de la adhesión de México a la Convención Americana, con lo cual forma parte de la Ley Suprema de nuestro país. -
Es posible, adecuado y obligatorio dar cumplimiento a las medidas de
reparación fijadas por la Corte Interamericana. -
Medidas que debe observar el Poder Judicial de la Federación para dar
cabal cumplimiento al la sentencia dictada en el caso Radilla Pacheco, consistentes en la emisión de un acuerdo y establecimiento de una comisión encargada de dar seguimiento al conjunto de acciones encaminadas al cumplimiento.
No obstante, la discusión llevada a cabo en agosto de 2010 en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a dicho proyecto, se centró en determinar si con la falta de la notificación personal al Poder Judicial Federal, existía o no obligación de iniciar las acciones a fin de dar cumplimiento a la multicitada sentencia, a pesar de que dicho fallo ya había sido notificado al Estado Mexicano (entendido como una unidad, dentro de la cual se encuentra
3
http://www.scjn.gob.mx/PLENO/Documents/2010/ag http://www.scjn.gob.mx/PLENO /Documents/2010/ago14.pdf o14.pdf p. 6 3
el Poder Judicial Federal), dicha sesión concluyó con una mayoría de ocho votos en el sentido de que la Suprema Corte sí puede analizar si le resultan obligaciones del fallo de la Corte Interamericana. Los días 2, 6 y 7 de septiembre de dos mil diez, se sometió nuevamente a discusión el proyecto del Ministro Ortíz Mayagoitia, considerando que: 1. Ante una sentencia dictada por la Corte Interamericana, en la cual se establecen obligaciones directas y específicas a cargo del Poder Judicial de la Federación, éste sí puede proceder de a su cumplimiento, 2. El análisis de las obligaciones específicas y directas al Poder Judicial de la Federación debe realizarse atendiendo a la totalidad de la sentencia y no solo a los puntos resolutivos y a la remisión a algunos párrafos del fallo a cumplimentar. 3. El proyecto había excedido los fines de la consulta, por lo que fue desechado por una mayoría de 8 votos. 4 Finalmente, en la última sesión (7 de septiembre de 2010), se resolvió que: - Debe emitirse una declaración acerca de la posible participación del Poder Judicial de la Federación en la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana, - Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de mil 1999, el Estado Mexicano reconoció, con el carácter de obligatoria de pleno derecho, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que implica el deber de cumplir con las decisiones que tome respecto de los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; - Deberá definirse que obligaciones concretas le resultan al Poder Judicial de la Federación y la forma de instrumentarlas. Con base en lo anterior, se determinó abrir el expediente “varios” 912/2010, del cual le correspondió conocer a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, encargándose el engrose del proyecto al Ministro Cossío Díaz, cuya resolución del 14 de julio de 2011 determinó que:
4
Ibidem, nota 3. P. 54 4
A) La Suprema Corte Corte de Justicia de la Nación, Nación, aún como tribunal constitucional, constitucional, no puede cuestionar la competencia de la Corte Internacional, sólo limitarse al cumplimiento de las sentencias donde el Estado Mexicano sea parte, y únicamente respecto de las obligaciones concretas establecidas para el Poder Judicial, toda vez que se trata de cosa juzgada. B) Los Jueces deberán llevar a cabo un Control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad, C) Deberá restringirse el fuero militar a casos en los cuales la comisión de delitos o faltas cometidas por militares atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar, y no aplicarse cuando se conculquen derechos humanos de civiles, D) El Poder Judicial de la Federación deberá implementar medidas administrativas, consistentes en la capacitación permanente respecto al Sistema Internacional de Derechos Humanos, respecto de los límites de la jurisdicción militar, garantías judiciales, protección judicial y jurisprudencia jurisprudencia de la Corte Interamericana; Interamericana; y lo mismo sucede en el caso del delito de desaparición forzada de personas, en el cual se deberán enfatizar los elementos legales, técnicos y científicos necesarios par a conseguir la una valoración correcta e integral de este tipo de casos. 5
Con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, se garantiza la protección a los derechos humanos establecidos en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, los cuales tienen rango de ley suprema, incorporándose nuevos conceptos como el Control de Convencionalidad, el cual consiste en la interpretación adecuada a los Tratados Internacionales celebrados por nuestro país, cuya aplicación se encuentre vigente. “… si como en el caso de México, los tratados internacionales se ubican por debajo de la Constitución y por encima de las demás leyes, ninguna ley puede ser contraria ni afectar los derechos y libertades contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y ésta, al haber sido aprobada de conformidad con la Constitución, presupone que no puede oponerse al contenido de ésta última, pues lo contrario no habría 5
Idem, nota 2, pp. 16-25 5
permitido su incorporación al sistema normativo del Estado. Por lo que el Poder Judicial, en cualquiera de sus niveles, está obligado, pro lo antes dicho, a que en caso de que una ley o acto se opongan al contenido del tratado, ordenar que éstos se dejen de aplicar o ejecutar por contravenir lo dispuesto en una norma de mayor jerarquía, como ocurre normalmente en el caso que los jueces analizan el contenido de reglamentos frente a las leyes o de las leyes de diferentes jerarquías normativas… ”6 En virtud de lo anterior, ya no solo se alegaran violaciones a la constitución sino también a los derechos humanos establecidos en los Tratados Internacionales; es decir, en lugar de alegar violaciones únicamente a los artículos constituciones, también podrá citarse la clausula respectiva del Tratado Internacional que se considere transgredido; por lo que algunos autores consideran que el control de la convencionalidad es la versión del control de la constitucionalidad, pero aplicado a los Tratados Internacionales.
CONCEPTO. Se trata de un mecanismo que se ejerce para verificar que una ley, reglamento o acto de las autoridad, se ajustan a las normas, principios y obligaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos principalmente; es decir, se trata de una herramienta para el respeto, la garantía y la efectivización de los derechos descritos en la Convención Americana de Derechos Humanos, asimismo es de utilidad para la práctica e inmediata elaboración de un ius commune en la región.7
Por ende, consiste en que el juzgador, al resolver la litis planteada estudie si los actos reclamados son o no acordes a las obligaciones estipuladas en los
6
Castilla, Karlos, El control de convencionalidad: un nuevo debate en México a partir de la sentencia del Caso Radilla Pacheco, A nuario mexicano de derecho internacional, Vol. XI, México, 2011, pág. pág. 598 7
Bustillo Marín, Roselia,
El control de convencionalidad: La idea del bloque de constitucionalidad y su relación con el control de constitucionalidad en materia electoral, Líneas Jurisprudenciales, http://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/Control_de_Con http://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/Con trol_de_Convencionalida vencionalidad.pdf d.pdf 6
Tratados Internacionales que han sido debidamente ratificados por el Estado Mexicano, que sean aplicables al caso concreto. Para los autores García Ramírez y Morales Sánchez el control de convencionalidad: “… implica valorar los actos de la autoridad interna a la luz del Derecho Internacional de los derechos humanos, expresados en tratados o convenciones
e
interpretado,
en
su
caso,
por
los
órganos
supranacionales que poseen esta atribución. Equivale, en su propio ámbito, al control de constitucionalidad que ejercen los tribunales de esta especialidad (o bien, todos los tribunales en supuestos de control difuso) cuando aprecian un acto desde la perspectiva de su conformidad o incompatibilidad con las normas constitucionales internas...”8 El Magistrado Humberto Suárez Camacho, señala que se trata de un concepto que surge en el sistema interamericano, principalmente a partir del caso Almonacid Arellano y otros contra c ontra el Estado de Chile9, cuya sentencia emitida el 26 de septiembre de 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció: “124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un
Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe
ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las
8
9
op. cit .
Suárez Camacho, Humberto, Apuntes tomados del seminario: La reforma
constitucional en materia de derechos humanos y su impacto en la actividad jurisdiccional , conferencia llevada a cabo el 26 de junio de 2012, en el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distrito Federal. 7
normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.” 10 De lo anterior, se desprende que el Poder Judicial de un Estado está obligado a observar lo establecido en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado al que pertenece y por ello no puede permitir que se merme lo estipulado en dichas disposiciones aplicando leyes contrarias a su objeto y fin. El Mtro. Karlos Castilla, considera que este tipo de control está claramente previsto desde el origen mismo del sistema interamericano, siendo una función esencial de la Corte Interamericana con base en los artículos 48, 49 y 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
TIPOS DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. A nivel internacional, atendiendo a los órganos encargados de ejercer dicho control, existen dos tipos: 11 A. Concentrado.- Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando verifica que las disposiciones internas, las conductas y los actos de los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sean acordes y no violenten su contenido, en este caso los Estados son responsables frente a la Corte Interamericana, la cual puede declarar que el acto es contrario a la convención y solicitar al Estado que lo modifique o lo repare. B. Difuso.- Ejercido por todas las autoridades de los Estados que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el 10
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_15 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos /articulos/seriec_154_esp.pdf 4_esp.pdf
11
Costas),
Bustillo Marín, Roselia, El control de convencionalidad: La idea del bloque de
constitucionalidad y su relación con el control de constitucionalidad en materia electoral, Líneas Jurisprudenciales, http://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/Control_de_Con http://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/Con trol_de_Convencionalida vencionalidad.pdf d.pdf 8
ámbito de sus competencias, en estos casos los jueces nacionales deben hacer la misma revisión que haría la Corte, sobre la legislación que aplican o las conductas que realizan los distintos órganos del Estado para asegurarse que estos no contraríen a la Convención Americana, ello tomando en cuenta que las disposiciones contenidas en la Convención forman parte del derecho interno, por lo que los Estados debían velar por ella también en el ámbito nacional. Lo cual fue plasmado en la sentencia dictada en el caso Almonacid Arellano contra el Estado de Chile, al determinar que serían los jueces del Estado quienes también estaban obligados a realizar el control de convencionalidad, criterio confirmado en el caso de los Trabajadores cesados del Congreso en contra del Estado de Perú (2006), donde se agregó que el control de convencionalidad debía ejercerse de oficio. Por su parte, en nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la resolución dictada en el expediente varios 912/2010 (en atención a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el día 23 de noviembre de 2009, en el caso Radilla Pacheco contra el Estado Mexicano), establece: “22. SEXTO. Obligaciones concretas que debe realizar el Poder
Judicial. Derivado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla, resultan las siguientes obligaciones para el Poder Judicial como parte del Estado mexicano, aclarando que aquí únicamente se identifican de manera enunciativa y serán desarrolladas en los considerandos subsecuentes: A) Los Jueces deberán debe rán llevar a cabo un Control de convencionalidad convencional idad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad…
… De este modo, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no solo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable al
9
derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. 28. Estos mandatos contenidos en el nuevo artículo 1o. constitucional, deben leerse junto con lo establecido por el diverso artículo 133 de la Constitución Federal para determinar el marco dentro del que debe realizarse este control de convencionalidad, lo cual claramente será distinto al control concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro sistema jurídico.”12 En razón de lo anterior, el control de convencionalidad podrá ser desarrollado en el interior de los Estados por los Jueces (Locales y Federales), quienes deberán aplicar las normas correspondientes al caso concreto, tomando en cuenta la interpretación más favorable a la persona (principio pro persona), dando preferencia a los derechos humanos contenidos de la Constitución y de los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano en esta materia; contario al control concentrado que por jurisprudencia se aplicaba en nuestro país, el cual consistía en que el control constitucional solamente era ejercicio exclusivo del Poder Judicial Federal. Cabe señalar que algunos juristas consideran que dicho control difuso ya estaba contemplado en el artículo 133 constitucional, toda vez que en el mismo se señala: “Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.” Fue mediante la sentencia al caso Cabrera García y Montiel Flores contra el Estado Mexicano de 26 de noviembre de 2010, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó algunas precisiones respecto a la aplicación interna del control de convencionalidad en nuestro país, al señalar en el párrafo 225 de 12
Resolución dictada por el Tribunal Pleno en el expediente varios 912/2010 y Votos Particulares, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diario Oficial de la Federación
Segunda Sección, México, 04 de octubre de 2011. Pág. 17 10
ese fallo, que dicho control no sólo está a cargo de los juzgadores, sino que también de los órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles.” 13 De la interpretación realizada a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el expediente del caso Radilla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, mismos que son acordes con el modelo de control de convencionalidad: 14 a) Concentrado.- Para resolver controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo, el cual será aplicado por el Poder Judicial Federal. Dentro de este tipo de control, se encuentran los juicios resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, considerado como un control concentrado por determinación constitucional específica. b) Control difuso.- Se lleva a cabo por el resto de los jueces del país (de manera incidental), permite la inaplicación de normas en caso de incompatibilidad con la Constitución y Tratados en materia de derechos humanos, lo que deberán fundar y motivar adecuadamente, sin que ello implique que puedan emitir alguna declaración de inconstitucionalidad.
APLICACIÓN DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN MÉXICO. El Control de convencionalidad ex officio, se aplicará aunque no sea alegado por las partes de la litis (por lo que está muy vinculado a la suplencia de la queja), e implica que cada juzgador en el ámbito de sus competencias puede dejar de aplicar normas que estime contrarias a los derechos humanos Sánchez Cordero, Olga, E l control de convencionalidad, a un año de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, conferencia impartida en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el día 20 de junio de 2012,
13
http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/ministra/conferen http://www.scjn.gob.mx/conocela corte/ministra/conferencia20120620 cia20120620.pdf .pdf 14
Resolución dictada por el Tribunal Pleno en el expediente varios 912/2010 y Votos Particulares, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diario Oficial de la Federación
Segunda Sección, México, 04 de octubre de 2011. Pág. 20 11
reconocidos por la Constitución y los Instrumentos Internacionales ratificados por nuestro país, tomando en cuenta los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que México haya sido parte, así como la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia, determinó det erminó al dictar la resolución en e n el expediente varios 912/2010 que el control de convencionalidad se desarrollara en tres vertientes: 15 1. Interpretación conforme, en sentido amplio.- En términos del artículo 1° constitucional, los Jueces y demás autoridades del Estado Mexicano deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales ratificados por México en atención al principio pro persona, En este caso, los Tratados Internacionales pueden expandir los conceptos que nuestra Constitución y Leyes no desarrollen dándole mayor amplitud a los derechos humanos. 2. Interpretación conforme, en sentido estricto.- Cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las Leyes, preferir aquella que hace a la Ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales vigentes; es decir, quedarnos con la interpretación más favorable, siempre y cuando sea coherente y razonable con lo establecido tanto en nuestra Constitución, como en los tratados internacionales vigentes en nuestro país. “…Como lo apunta Sagüés, el control de convencionalidad puede tener un efecto positivo y no meramente negativo, el que se logra a través de la interpretación conforme con el corpus iuris interamericano.
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Suárez Camacho, Humberto, Apuntes tomados del seminario: La reforma
constitucional en materia de derechos humanos y su impacto en la actividad jurisdiccional , conferencia llevada a cabo el 26 de junio de 2012, en el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distrito Federal. 12
En tal supuesto de sentencia interpretativa conforme, el juez constitucional debe estar plenamente seguro de la compatibilidad o adecuación de la norma o disposición cuestionada con el parámetro de convencionalidad, dado que, mantener en el ordenamiento jurídico una norma irreconciliablemente contraria con el parámetro de convencionalidad bajo el disfraz o apariencia de una interpretación conforme podría acarrearle responsabilidad internacional al Estado. Lo anterior, por cuanto, la Corte Interamericana podría, a través del planteamiento del asunto respectivo, enjuiciar la interpretación conforme vertida por el Tribunal o Sala nacional…”16 3. Inaplicación de la Ley, cuando las alternativas anteriores no son posibles.- Para lo cual se exige la debida fundamentación y motivación, sin declaratoria de inconstitucionalidad, solo inaplicación para el caso concreto, la cual puede hacerse ex officio ó a petición de parte. Por ello, la Ministra Olga Sánchez Cordero considera que conforme a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la actualidad nadie debería dudar de la obligatoriedad de llevar a cabo un control difuso de convencionalidad, aplicando un método constante de cinco etapas, mismo que a continuación se señalan: 17 PRIMERA. Identificar los derechos humanos que forman parte de la litis planteada. SEGUNDA. Estudiar la compatibilidad o falta de ésta, entre las normas que se encuentran en conflicto, haciendo explícito en las resoluciones el Jinesta L., Ernesto, Coodr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, El control difuso de convencionalidad. Dialogo entre la corte Interamericana de Derechos Humanos y los jueces nacionales, control de convencionalidad convencionalidad ejercido por tribunales y salas constitucionales, Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, S.C., 16
Constitucionalismo y Derecho Público Estudios. http://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2012/derhuman http://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/201 2/derhumancontrolconvencional controlconvencionalidad/Jinesta.pdf idad/Jinesta.pdf 17
Sánchez Cordero, Olga, E l control de convencionalidad, a un año de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, conferencia impartida en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el día 20 de junio de 2012, http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/ministra/conferen http://www.scjn.gob.mx/conocela corte/ministra/conferencia20120620 cia20120620.pdf .pdf 13
marco normativo interno que se considere aplicable para resolver la controversia; operación que se debe repetir en lo que respecta respecta a la normatividad internacional. TERCERA. Aplicar el principio pro persona; es decir, pronunciarse respecto a cuál de los marcos normativos, el interno o internacional, resulta el más favorable para ampliarla protección de las personas y sus derechos humanos, ello en atención a lo establecido en el artículo 1° constitucional, segundo párrafo: “…Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia…” Lo anterior, a efecto de poder aplicar el marco normativo que resulte más favorable a la persona. CUARTA. Si del análisis anterior se desprende que la normatividad internacional es la que establece una protección más amplia para los derechos humanos que forman parte de la litis, se deberá estudiar los alcances de la Tratado Internacional que resulte aplicable, y realizar una interpretación conforme, en los términos establecidos en la resolución dictada en el expediente varios 912/2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de octubre de 2011. QUINTA. Una vez establecida la interpretación más favorable para el caso concreto, resta decidir sobre la inaplicación o invalidación, para el caso concreto, de las disposiciones nacionales que resultan contrarias a las obligaciones contenidas en los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país. Cabe destacar, que en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del 14
Estado Mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los Tratados Internacionales, previamente ratificados, en materia de derechos humanos.
COMENTARIOS FINALES. Con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, se toman en cuenta los derechos humanos establecidos en los Tratados Internacionales, que tienen rango de ley suprema, lo que tiene trascendencia para el juicio de amparo, pues se aumentan los supuestos para su procedencia, se establece un control de la convencionalidad, en virtud del cual ya no solo se alegaran violaciones a la constitución sino también a un tratado internacional. Ahora, las autoridades tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos; también se indica que la educación que imparta el Estado debe sustentarse en el fomento y respeto a los derechos humanos. Se busca la armonización la legislación respecto a los instrumentos internacionales que en tal materia ha celebrado nuestro Estado, toda vez que un problema actual es que casi nadie conoce el contenido de esos tratados o más bien cuantos son, toda vez que, antes no era importante, ya que no había un medio para hacerlos efectivos. Con la entrada en vigor de esta reforma se incrementó la responsabilidad de los Jueces y Magistrados (Locales y Federales), pues con la implementación del control de convencionalidad se vinculó de manera directa con la Constitución y los Tratados Internacionales celebrados en materia de derechos humanos, al facultarlos para pronunciarse respecto a la posible transgresión a los derechos humanos, pudiendo inaplicar la norma controvertida, si consideran que no es conforme a la Ley Suprema de nuestro país. Se estableció, dentro de nuestro ordenamiento legal el principio pro persona, es decir, que el juzgador deberá realizar una interpretación de la Constitución, las leyes que de ella emanan y de los Tratados Internacionales, buscando siempre la mayor protección a la esfera de derechos de la persona, con lo que se demuestra que la política exterior de México se basa en el respeto irrestricto a los derechos humanos. 15
