Art 295 CP

(c) Copyright 2009, vLex. Todos los Derechos Reservados. Copia exclusivamente para uso personal. Se prohibe su distribución o reproducción.

Administración desleal o fraudulenta (art. 295 Código penal) Ismael Moreno Chamarro - Magistrado-Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional Seccion: Sumario Delitos societarios. Las diferentes figuras delictivas y su aplicacion en los Tribunales (Enero 2005)

Id. vLex: VLEX-296628 http://www.vlex.com/vid/296628

Resumen 1. Bien jurídico protegido. 2. Sujetos del delito. 2.1. Sujetos activos. 2.2. Sujetos pasivos. 3. Conducta punible. 3.1. Actos de disposición. 3.2. Contraer obligaciones. 3.3. Abuso de funciones. 3.4. Negocios de riesgo. 3.5. Conclusión. 4. Objeto material. 5. Resultado delictivo. 6. Elementos subjetivos. 6.1. Beneficio propio o de tercero. 6.2. Abuso de funciones propias del cargo. 6.3. Disposición fraudulenta. 7. Concursos delictivos: administración fraudulenta y apropiación indebida. 7.1. Caracteres de la apropiación indebida. 7.2. Caracteres de la administración fraudulenta. 7.3. Diferencias entre ambas figuras delictivas. 7.4. Evolución jurisprudencial. 8. Penalidad. 9. Legislación mercantil de referencia. r eferencia. 9.1. Ley de sociedades anónimas. 9.2. Ley de sociedades de responsabilidad limitada.

Texto Art. 295. Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan

Versión generada por el usuario madrid10 18 Mayo 2009

obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al

Página 1 de 26

Administración desleal o fraudulenta (art. 295 Código penal) http://www.vlex.com/vid/296628

triplo del beneficio obtenido.

dispuesto[100] dispuesto[100].. 

1. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

Este precepto regula los supuestos de administración desleal, protegiendo el patrimonio social o individual del abuso de poder o infracción de los deberes de lealtad o infidelidad por parte de los administradores de hecho o de derecho de una sociedad[101] sociedad [101].. 

Respecto del bien jurídico protegido, como señala la doctrina será el patrimonio en el mismo sentido genérico del delito de estafa, pero incluso hay autores como González Rus, que añade que además del patrimonio de los sujetos relacionados, también puede considerarse bien jurídico protegido el buen funcionamiento de las sociedades. Señala Faraldo que posee relación la administración social fraudulenta con intereses no puramente individuales. Para esta autora la transparencia y el buen funcionamiento f uncionamiento de las sociedades en relación a su papel en la economía de mercado, posee relación con el supuesto de infidelidad patrimonial del art. 295, por lo menos como objetivo público criminal. Por ello concluye que se trata de un delito mixto, patrimonial-económico, con influencia, por [99].  tanto, en los dos ámbitos [99]. El bien jurídico protegido por el delito es la integridad del patrimonio social junto con la defensa de los patrimonios de los sujetos recogidos en el precepto entre ellos los socios (-y el interés de la sociedad no ha de coincidir necesariamente con el interés de los socios y un socio puede causar un perjuicio a los demás «socios» (perjudicados) en su propio y personal beneficio-) y los denominados «titulares de los bienes, valores o capital que administren», es decir la propia sociedad puede ser también sujeto pasivo idóneo del delito, por lo que el perjuicio causado a la sociedad también es típico, ya que si la disposición de los bienes de la sociedad causa un perjuicio a sus socios es porque previa o simultáneamente se la ha causado igualmente al patrimonio de la sociedad, que se verá obligada por ejemplo a reponer o resarcir la parte correspondiente del patrimonio social fraudulentamente


El delito de administración desleal plantea una primera cuestión desde el punto de vista del bien jurídico protegido. La doctrina mayoritaria entiende que, se contrae al patrimonio de los socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que se administran, dejando completamente inerte frente a estos ataques al patrimonio social. A diferencia de lo previsto en el art. 302 del Proyecto de CP de 1992 donde se preveía el perjuicio de la Sociedad, en el actual art. 295 este perjuicio no se exige, y por ello el patrimonio social, por extraño que [102].  parezca, carece de protección penal [102]. 2. SUJETOS DEL DELITO  2.1. Sujetos Activos Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación son los posibles sujetos activos del delito de administración desleal.  Sentado lo anterior, en cuanto al sujeto activo del delito merece especial atención el hecho de la inclusión de los socios en el tipo delictivo, ya que éstos poseen en general, una capacidad muy limitada de gestión. Para algún autor, este hecho puede considerarse justificado tomando casos como los de la sociedad en formación o sociedad personalísima, en las cuales el socio goza de determinadas facultades para disponer de los bienes o en la gestión de la sociedad (Martínez-Buján). Para otros autores la

Página 2 de 26


previsión puede responder a la posición del socio como órgano social (Junta General ) o a los casos de titularidad única del capital social (Moreno Canoves-Ruiz Marco).  Parece que, sin embargo, la posible excepcionalidad de tales casos, no debiera haber conducido al legislador a la inclusión del socio, pues, por una parte, es posible acudir al concepto de administrador de hecho, que si bien en su perspectiva mercantil puede resultar más restringido, desde la óptica penal puede acoger estos supuestos, sin inconvenientes y, por otra parte, la mención del socio como autor no deja de representar una cierta incoherencia con el elemento referente al autor de los hechos del «abuso de las funciones propias del cargo», al que le hace perder fuerza.  En todo caso el supuesto que sin duda se presentará habitualmente en la práctica será relativo al administrador. El administrador, en el ejercicio del cargo, está obligado a desempeñar el mismo con «la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal», de manera que la configuración doctrinal y jurisprudencial de estos deberes alcanzará una alta significación en este campo. Entre los comportamientos que pueden resultar incluidos en el precepto lo serán los de realización de actividades en concurrencia desleal con la sociedad, utilización en interés propio o de un tercero de informaciones reservadas, relaciones patrimoniales ilícitas con la sociedad, participación en las deliberaciones de los órganos de la sociedad en los casos en que deba abstenerse debido a conflicto de intereses[103].  El delito de Administración desleal de sociedades se ha configurado, como el resto de los delitos societarios, tanto en los sucesivos Anteproyectos y Proyectos de


Código Penal como en el art. 295 del C.P. 1.995 como un delito especial propio ya que, por un lado, requiere unas especiales condiciones para los sujetos activos (ser socio o administrador de una sociedad) y, por otro, no se corresponde con ningún otro tipo común que castigue la misma conducta sin requerir tal cualificación personal, se ha de reducido el marco de los posibles sujetos activos a un determinado colectivo de personas, seleccionadas en el tipo por tener un deber especial o una obligación mayor de actuar de un determinado modo del que tendrían el resto de las personas no pertenecientes a ese colectivo; se ha elegido a los socios y administradores como sujetos activos porque se parte de la idea de que éstos y no otros están obligados por encima del resto a velar por el correcto funcionamiento de la sociedad a la que representan.  El art. 127 LSA, relativo al ejercicio del cargo de administrador, establece que los administradores desempeñarán el cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal (también, en este sentido, arts. 255 núm. 2 Código de Comercio o 1258 Código Civil) [104], precepto éste coincidente con el art. 61 de la LSRL[105].  También hemos considerado el que precisamente y en virtud de la misma disposición transitoria sexta de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989 todos los cargos nombrados en aquellas sociedades que no se hubieran acomodado a la nueva ley antes del 31 de diciembre de 1995 quedaban sin efecto.  Es evidente, que este aspecto digamos "derogatorio de los cargos" no afecta a la calidad en este caso concreto de la titularidad del administrador de la sociedad, pues por razones muy fáciles de comprender, el

Página 3 de 26


legislador quiso que el tipo del artículo 295 del Código Penal sancionara las conductas no sólo de los administradores de derecho, sino también de los de simple hecho.  Además es importante resaltar que la disolución de pleno derecho obliga, en virtud del propio tenor del artículo 264 de la ley de Sociedades Anónimas, a su liquidación y que son precisamente los administradores los que están obligados a poner en marcha el proceso de liquidación y en tanto no se nombre los liquidadores son los administradores los que continúan de hecho gestionando la sociedad.  Aunque la Ley de Sociedades Anónimas no contiene un procedimiento específico para la disolución de pleno derecho hay que entender que lo establecido en el artículo 267 de la misma obliga a que sean los administradores los que abran el propio proceso de liquidación¹⁰⁶. 2.2. Sujetos Pasivos En este punto puede ser útil distinguir entre el sujeto pasivo de la acción (aquel sobre el que recae la conducta delictiva) y el sujeto pasivo del delito (titular del bien jurídico protegido y, al mismo tiempo en este caso, perjudicado).  La propia sociedad puede ser también sujeto pasivo idóneo del delito, por lo que el perjuicio causado a la sociedad también es típico, ya que si la disposición de los bienes de la sociedad causa un perjuicio a sus socios es porque previa o simultáneamente se la ha causado igualmente al patrimonio de la sociedad, que se verá obligada por ejemplo a reponer o resarcir la parte correspondiente del patrimonio social fraudulentamente dispuesto[107].  3. CONDUCTA PUNIBLE


El art. 61 de la LSRL, relativo al ejercicio del cargo de administrador, establece que los administradores desempeñarán el cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal, es decir, debe aplicar el nivel de atención, prudencia, dedicación y competencia en su actuación que requiera el género de comercio al que se dedique la sociedad y el deber de fidelidad le obligaría a anteponer los intereses sociales a los propios, o dicho desde la perspectiva inversa, posponer sus intereses personales en beneficio de los intereses de la sociedad (también, en este sentido, arts. 255 núm. 2 del CCom o 1258 del CC)[108].  En el ejercicio de la actividad propia, el administrador, o en este caso también el socio, pueden proceder ajustándose a los parámetros y normas marcados por los usos y necesidades de la sociedad que administra, comportándose fiel y lealmente, y su postura resulta como es lógico atípica. Tampoco nos encontraríamos ante ninguna figura delictiva en los casos en que el administrador realiza operaciones erróneas o de riesgo que entran dentro de las previsiones normales de desenvolvimiento del mundo mercantil. Si, por el contrario el administrador o el socio no sólo incumple los deberes de fidelidad sino que actúa, prevaliéndose de las funciones propias de su cargo, con las miras puestas en obtener un beneficio propio o de procurárselo a un tercero, el comportamiento tiene los perfiles netos de una administración desleal [109].  Este beneficio propio o de tercero del que habla el artículo 295 del Código Penal no supone ingresar en el patrimonio propio bienes pertenecientes a la sociedad, bastando simplemente con procurarse alguna utilidad o ventaja derivada de su comportamiento desleal. La utilidad o ventaja puede tener cualquier forma o revestir diferentes

Página 4 de 26


modalidades, y también se puede hablar de beneficio propio cuando se busca una posición más ventajosa dentro del entramado societario que se administra[110].  La conducta delictiva hace referencia a aquellos casos en que el administrador contrae obligaciones a cargo de la sociedad. Dicha modalidad debe entenderse, naturalmente, en conjunto con el resto de los elementos del supuesto, es decir, causando un perjuicio económicamente evaluable y con abuso de funciones propias del cargo. Por tanto, el administrador, lo que hace es contraer obligaciones a cargo de la sociedad, de forma que ésta aparece como responsable de determinadas obligaciones que no pueden ampararse en el interés social.  En definitiva, estamos ante actos de gestión de la sociedad que deben ir referidos a la disposición fraudulenta de bienes de la sociedad o contraer obligaciones a cargo de la misma, dirigidas a obtener beneficio propio o de un tercero. Puede entenderse, en sentido genérico, y en concordancia con la interpretación doctrinal alemana, según indica Rodríguez Montañés, que « la conducta típica consiste en el abuso de una facultad limitada de disponer del Patrimonio social o de contraer obligaciones a su cargo, de forma jurídicamente válida y eficaz en la esfera externa (frente a terceros), en el ejercicio de las facultades de representación que ostenta el administrador, pero que viola deberes existentes en la esfera interna (en la relación del autor con el titular del patrimonio)[111].  Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 2000, la distracción tiene lugar cuando no se da al dinero recibido el destino que le corresponde, sin que sea necesario que se haya demostrado también cuál es el destino final dado al mismo, pues el


delito del art. 252 CP, en la hipótesis de administración desleal estructurada en torno al verbo «distraer», no constituye un delito de enriquecimiento propio o de un tercero, sino que se consuma con el perjuicio patrimonial del sujeto pasivo[112].  La conducta consiste en una disminución patrimonial directa por la disposición de determinados bienes a favor del autor o de un tercero, aminoración del activo, o bien en el aumento de las obligaciones, deudas y gravámenes que pesan sobre el patrimonio social, o lo que es igual un incremento del pasivo.  En definitiva, se trata de la utilización patrimonial indebida, que se concreta en una apropiación o distracción, con el provecho propio o ajeno y la realización de perjuicio a los sujetos expresados en el precepto[113].  La conducta típica de este delito consiste en el abuso de las funciones propias del cargo; concretándose en la disposición fraudulenta de bienes de la sociedad o en contraer obligaciones a cargo de ésta [114].  3.1. Actos de disposición En primer lugar, el autor puede disponer fraudulentamente de los bienes de la sociedad. Esta disposición sobre los bienes de la sociedad puede ser entendida de dos maneras: bien en un sentido semejante a la disposición inherente al delito de apropiación indebida, o en distinto sentido.  Dicho disponer debe entenderse como toda clase de ilícitos no dominicales capaces de perjudicar el patrimonio social. El comportamiento fraudulento debe realizarse con abuso de funciones propias del cargo, que es lo que constituye el específico desvalor de la acción del delito. El desvalor de la acción

Página 5 de 26


es concebido aquí en sentido objetivo, tomando en consideración las características y propiedades materiales de la acción, que la hacen real y efectivamente peligrosa para el bien jurídico protegido, el patrimonio social. El abuso de funciones por parte del administrador o socio atañe a la legitimidad de los medios empleados para disponer de los bienes o contraer una determinada obligación y no tanto a los resultados concretos producidos por ese hecho. No se puede exigir unos resultados concretos, pero si una gestión acorde con los principios de lealtad y fidelidad a la sociedad[115].  Además, cabe señalar que no podemos considerar que no todo ilícito civil ni toda gestión desleal de un administrador pueden incardinarse en las figuras típicas de la apropiación indebida y del delito societario, artículos 252 y 295 del Código Penal.  Debemos llegar a esta conclusión, porque los administradores de las sociedades mercantiles no sólo tienen un régimen de responsabilidad penal, sino también civil, artículos 127, 133 y 135 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículos 61 y 69 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.  Así pues, la conducta desleal penal debe revestir unos caracteres de antijuricidad superiores al mero incumplimiento civil de los deberes del administrador, ya que siempre debemos interpretar el Derecho Penal como ultima ratio sancionadora, en virtud del principio de intervención mínima, y porque el mismo ordenamiento jurídico debe entenderse como un todo complejo y coordinado entre sí.  De esta forma debe considerarse que no puede haber un solapamiento entre la exigencia civil y penal de responsabilidad a los administradores societarios[116]. 


3.2. Contraer obligaciones La segunda modalidad alternativa de acción típica se refiere a aquellos casos en que el administrador contrae obligaciones a cargo de la sociedad, siendo múltiples y variados los supuestos por los que pueden contraerse dichas obligaciones, tales como las de carácter dinerario, hipotecario, garante de créditos, avales, etc.  3.3. Abuso de funciones Otro de los requisitos que incorpora la descripción típica es el de que el actor de la acción típica de administración desleal que causa directamente un perjuicio económicamente evaluable, actúe, en todo caso, con abuso de las funciones propias del cargo. Por tanto, se condiciona la tipicidad de la conducta a que el administrador efectúe el comportamiento fraudulento con abuso de las funciones propias del cargo, es decir, sin sujeción a los deberes de lealtad y fidelidad que deben acompañar el ejercicio de estas funciones.  El abuso de las funciones propias del cargo no es la razón de la incriminación, sino el medio a través del cual se realiza la ofensa al patrimonio; dicho de otra manera, la expresión «abuso de funciones» hace referencia a las situaciones en las que el sujeto activo usa de las funciones o facultades de que goza para finalidades diversas de aquellas para las cuales le fueron otorgadas. Esta cláusula pertenece a la antijuridicidad de la conducta, de forma que si faltase no concurriría el injusto típico [117].  3.4. Negocios de riesgo Uno de los grupos de casos que pueden plantearse en relación con una posible

Página 6 de 26


administración desleal, guarda una estrecha conexión con el elemento de abuso de funciones propias del cargo. Es el grupo de supuestos conocidos como «negocios de riesgo» (Risikogeschäft), en los cuales se compromete a la sociedad en una opción cuyo riesgo de fracaso es tan elevado que tal compromiso no puede estimarse compatible con el interés social.  En el caso de los «negocios de riesgo», el criterio adecuado para la determinación del tipo objetivo no es un resultado objetivo, sino la creación de un riesgo desautorizado mediante en la conclusión del negocio jurídico. Por tanto, es claro que no se trata simplemente del conocimiento de la no improbabilidad del resultado de lesión material de ciertos valores patrimoniales, sino de la conciencia de que se realiza un negocio que supone un abuso de sus atribuciones, en la medida que sobrepasa los límites de la «relación interna».  Por ello las conductas consistentes en actuaciones del administrador o socio generadoras de algún tipo de riesgo para el resto de socios o poco diligentes con las instrucciones recibidas, pero huérfanas del dolo directo exigido en el tipo penal, podrán generar responsabilidades en el ámbito civil a exigir por medio de las acciones de responsabilidad contra los administradores y en función de la diligencia exigida a los mismos en el ejercicio de sus cargos, por el art. 127.1 de la Ley Sociedades Anónimas. Una labor de interpretación bajo los principios de taxatividad e intervención mínima así lo aconseja[118].  3.5. Conclusión Las dos conductas expuestas en el tipo delictivo, en régimen alternativo, son disponer fraudulentamente de los bienes de la sociedad


y contraer obligaciones a cargo de la misma. Disponer es sin duda un acto dominical aunque más amplio que apropiarse, si bien se puede identificar en parte con la moderna interpretación del término «distraer» contenido en el tipo de la apropiación indebida (art. 252), en el sentido de ser la distracción un acto de disposición de un bien, con destino desconocido o distinto del debido; disponer significa en definitiva la separación indebida y perjudicial de un bien perteneciente al patrimonio administrado, se lo apropie o no el administrador.  4. OBJETO MATERIAL El objeto material del delito lo constituyen los bienes sociales, es decir, cada uno de los elementos con contenido económico que forman el patrimonio de la sociedad[119].  El objeto material lo constituyen además las propiedades sociales, e incluso del llamado patrimonio de afectación que lo conforman, la masa de bienes o valores que de cualquier modo corresponde administrar a la sociedad[120].  5. RESULTADO DELICTIVO Por último el tipo legal exige también que se haya producido una lesión o perjuicio en el sujeto pasivo del delito, es decir en los socios, depositarios, etc[121].  Este delito es de resultado, exigiéndose un perjuicio que el Código califica de directo (que no es sino expresión de una relación de causalidad y de imputación objetiva entre la acción por ejemplo de disposición y el perjuicio) y además debe ser económicamente evaluable, con significado patrimonial cierto, de posible traducción y determinación económica [122]. 

Página 7 de 26


Como ha venido estableciendo la doctrina del Tribunal Supremo en numerosas sentencias este delito requiere la producción de un daño patrimonial antijurídico, no resultando por tanto típicas aquellas acciones que solo frustren una pretensión carente de aprobación jurídica, y así mismo que requiere la administración fraudulenta una disposición del dinero que se administra en perjuicio de la persona jurídica titular del patrimonio administrado, y un dolo genérico consistente en el conocimiento y consentimiento del perjuicio que se ocasiona a la entidad administrada; S. T. S de 26 de febrero de 1998 y 14 de julio de 2000[123].  Además, al tratarse de un delito de resultado es esencial que se produzca un beneficio al sujeto activo o a un tercero y un perjuicio a los sujetos pasivos a que se refiere el precepto. Lo que supone de igual modo la necesidad de un dolo directo en la comisión del delito [124]. Además de ello, la exigencia de que las acciones típicas causen directamente un perjuicio económico en el patrimonio de los socios u otros titulares, impone serias condiciones en relación a la causalidad e imputación objetiva; dicho de otra manera, al configurarse el tipo como d e resultado de lesión, exigiendo que las dos modalidades delictivas causen directamente un perjuicio económicamente evaluable a los socios o demás titulares, se deberá de acreditar por quien acuse por esta modalidad delictiva, que la disminución del valor económico del patrimonio de un socio está directamente relacionado con el comportamiento determinado de un administrador o de varios; nexo causal e imputación objetiva deberán de quedar acreditados. El verbo causare denota el resultado material, dando cobertura típica a comportamientos con virtualidad causal respecto al perjuicio, sin proceder a una


posterior delimitación típica de la acción. Por ello un importante sector doctrinal entiende que este delito se asemeja al delito de ruptura de la fidelidad o de la deslealtad del páragrafo 266 del CP Alemán (Treubruchtatbestand). Si esto es así, el desvalor de acción del art. 295, objeto de estudio, se centra en la infracción por parte del sujeto activo de los deberes de lealtad y fidelidad que le incumben en relación con la sociedad y con los socios[125].  El tipo penal de gestión desleal se realiza aunque no se pruebe que el dinero ha quedado incorporado al patrimonio del administrador, únicamente con el perjuicio que sufre el patrimonio del administrado como consecuencia de la gestión desleal de aquél, esto es, como consecuencia de una gestión en que el mismo ha violado los deberes de fidelidad inherentes a su status, tal como dice la sentencia de la Sala 2.ª del TS de 26 Feb. 1998, según la cual no es imprescindible en este tipo -aunque tampoco quepa descartarlala concurrencia del animus rem sibi habendi sino solo la del dolo genérico que consiste en el conocimiento y consentimiento del perjuicio que se ocasiona o, por decirlo con una conocida expresión sumamente plástica, el que consiste en saber lo que se hace y querer lo que se sabe[126].  Finalmente se infiere que, aunque de ordinario así sea, no basta con que la sociedad sufra un perjuicio para entender que se ha cometido el delito, pues a tenor de la letra del precepto, resulta necesario que lo sufran directamente los sujetos pasivos. De ello se desprende, que sufrido un daño por la sociedad, el indicado perjuicio deberá acreditarse y no suponerse o presumirse[127].  6. ELEMENTOS SUBJETIVOS Desde el punto de vista subjetivo el tipo de

Página 8 de 26


administración desleal de dinero (art. 535 CP/1973; art. 252 CP) sólo requiere que el autor haya tenido conocimiento de que la disposición patrimonial dirigida a fines diversos de los que fueron encomendados produciría un perjuicio al titular [128].  Se exige, por una parte, el dolo (resultando impune la comisión imprudente, art. 12 C.P.), es decir, conciencia y voluntad de realización y concurrencia de los elementos objetivos del tipo, y, por otra, el elemento subjetivo de lo injusto representado por la actuación del sujeto activo con la intención de obtener un beneficio para sí mismo o un tercero, beneficio también económicamente evaluable[129].  La exigencia de dicho elemento subjetivo en el tipo de administración desleal de dinero es constante y reiterada en las resoluciones judiciales[130].  Además para considerar la existencia del delito deben concurrir los otros dos requisitos exigidos de actuar en beneficio propio o de tercero y así mismo ocasionar un perjuicio directo; es decir, al exigirle que sea directo no cabe que sea potencial o mediato en el patrimonio de los socios, depositarios o titulares de bienes o de capital[131].  6.1. Beneficio propio o de tercero El elemento subjetivo del tipo lo constituye el propósito de conseguir un beneficio propio que no necesariamente debe ser de carácter económico, ya que las actuaciones desleales pueden estar encaminadas a obtener beneficios sociales o posición dominante en el seno de la sociedad. La posible expectativa de un beneficio económico más o menos realizable en el acto dota a la figura delictiva de un matiz semejante a los delitos contra el patrimonio. 


Este matiz aparece más perfectamente definido cuando es el propio administrador, desbordado la confianza recibida, el que actúa exclusivamente en su interés económico en perjuicio de los intereses sociales o de alguno de los demás socios.  Cuando la actuación se dirige en beneficio de los terceros e incluso de un sector definido de socios, se debe contemplar la existencia de un concierto delictivo que nos lleva a figuras de coautoría contempladas en el artículo 28 del C.P.[132].  En primer término hay que aludir a la presencia de un elemento subjetivo del injusto consistente en actuar «en beneficio propio o de un tercero», que viene a ser la otra cara de la moneda respecto al perjuicio. Parece pues que el perjudicar sin ánimo de beneficiar a nadie resultaría atípico. Se trata también de un aditamento innecesario.  Este beneficio propio o de tercero del que habla el artículo 295 del Código Penal no supone ingresar en el patrimonio propio bienes pertenecientes a la sociedad, bastando simplemente con procurarse alguna utilidad o ventaja derivada de su comportamiento desleal. La utilidad o ventaja puede tener cualquier forma o revestir diferentes modalidades, y también se puede hablar de beneficio propio cuando se busca una posición más ventajosa dentro del entramado societario que se administra. El elemento objetivo del tipo del artículo 295 contempla la realización material de estas conductas de administración desleal a través de la disposición fraudulenta de bienes o contrayendo obligaciones con cargo a la sociedad que originan un perjuicio económicamente evaluable a los socios depositantes, cuentapartícipes o titulares de bienes, valores o capital que administren. El

Página 9 de 26


legislador en lugar de fijar la multa en relación con el perjuicio económico causado, toma en consideración el beneficio obtenido estableciendo una multa del tanto al triplo de dicha suma. Ello pone de relieve que el elemento esencial del tipo que es el beneficio, no consiste en el apoderamiento de la totalidad o parte del patrimonio de la sociedad administrada[133].  Esta conducta puede venir determinada por el hecho de que terceros o normalmente competidores le proporcionen dinero o cualquier otro tipo de utilidad por faltar a los deberes propios de su cargo. En este caso nos encontraríamos ante una especie de cohecho pero cometido por particulares. La utilidad o ventaja puede tener cualquier otra forma o revestir diferentes modalidades, como puede ser el proporcionarle una colocación o empleo sustancialmente retribuido en otras empresas o actividades que directa o indirectamente hayan resultado beneficiados. También se puede hablar de beneficio propio cuando se busca una posición más ventajosa dentro del entramado societario que se administra, pero insistimos sin que se produzca apropiación del patrimonio social, incluso pudiera comprenderse dentro de este concepto de beneficio que configura la administración desleal, los usos temporales ilícitos de bienes, posteriormente restituidos y que por tanto aún proporcionando beneficios no constituyen una definitiva apropiación indebida[134].  Es esencial que se produzca un beneficio al sujeto activo o a un tercero y un perjuicio a los sujetos pasivos a que se refiere el precepto. Lo que supone de igual modo la necesidad de un dolo directo en la comisión del delito [135]. 6.2. Abuso de funciones propias del cargo


El reproche penal que se realiza a los autores de un delito de administración desleal radica, esencialmente, en el abuso de las funciones de su cargo, actuando con deslealtad, es decir, siendo infiel a las obligaciones que como administrador de hecho o de derecho le exigen por un lado, con carácter genérico el art. 719 del Código Civil, y por otro y con carácter específico el artículo 127 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y otros preceptos análogos, que imponen un deber de diligencia y lealtad. Se trata de un delito que se consuma por la realización de las actividades desleales y la consiguiente derivación del perjuicio económicamente evaluado[136].  El abuso de las funciones propias del cargo no es la razón de la incriminación, sino el medio a través del cual se realiza la ofensa al patrimonio; dicho de otra manera, la expresión «abuso de funciones» hace referencia a las situaciones en las que el sujeto activo usa de las funciones o facultades de que goza para finalidades diversas de aquellas para las cuales le fueron otorgadas. Esta cláusula pertenece a la antijuridicidad de la conducta, de forma que si faltase no concurriría el injusto típico [137].  Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 12 Mayo 2000, los actos de administración fraudulenta no se producen, por lo general, en virtud de una inicial, previa e intencionada maniobra engañosa sino por el ulterior, consciente e interesado quebrantamiento a posteriori de la genuina relación de confianza que vincula al administrador del patrimonio ajeno con el titular del mismo, aprovechamiento que aparece con claridad en el caso enjuiciado. Y también concurre el dolo genérico que consiste en el convencimiento y consentimiento del perjuicio que se ocasiona, desde el momento en que el acusado tuvo

Página 10 de 26


conocimiento de que la disposición patrimonial dirigida a fines diversos de los que fueron encomendados produciría un perjuicio al titular, además del dolo concreto de hacer suyo parte del dinero (el transferido desde las cuentas de la sociedad a la suya particular)[138].  6.3. Disposición fraudulenta El precepto del art. 295 lo que sanciona es la administración desleal, de modo que la disposición de los bienes sociales se lleve a cabo «fraudulentamente». Se trata, pues, de un uso torticero o abusivo de las funciones de gestión de la sociedad en perjuicio patrimonial de ésta y en beneficio propio o de un tercero, con formas como la desviación de activos patrimoniales de la sociedad mediante contratos de colusión o similares. Entendemos, por tanto, que la apropiación directa de bienes que son propiedad de la sociedad y cuya posesión se detenta no se integra en el precepto y sigue estando sancionada por el art. 252 del CP. Por ello no se plantearía aquí la supuesta laguna, que muchos autores señalan, respecto de la administración desleal de patrimonios ajenos fuera del ámbito societario desde el momento en que no hay fraude, sino apropiación pura y dura de bienes materiales concretos en cuya posesión se encontraba y en la que, por tanto, concurren todos y cada uno de los elementos del tipo de la apropiación indebida común¹³⁹. Los denominados negocios civiles criminalizados son aquellos en los que el contrato se erige en instrumento disimulador, de ocultación, fingimiento y fraude. Son contratos procedentes del orden jurídico privado, civil o mercantil, con apariencia de cuantos elementos son precisos para su existencia correcta, aunque la intención inicial, o antecedente, de no hacer efectiva la


contraprestación, o el conocimiento de la imposibilidad de hacerlo, defina la existencia del tipo penal. Entendiendo que ese engaño, simulación artera de una seriedad en los pactos que en realidad no existe, ha de provocar en cadena el error, el desplazamiento patrimonial, el perjuicio y el lucro injusto, de manera antecedente y no sobrevenida. El Código Civil se refiere al dolo civil como un supuesto de nulidad del consentimiento, arts. 1265, 1269 y 1270, lo que significa pues, de acuerdo con lo arriba señalado, que ese dolo no genera sin más la infracción penal, independientemente de que en la pura esfera del Derecho Civil tampoco se llegue siempre a la nulidad de la relación (Sentencia de 1 de diciembre de 1993). El negocio criminalizado será puerta de la estafa, cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude (Sentencia de 24 de marzo de 1992, 28 de marzo de 2000, 8 de marzo, 12 de julio y 19 de septiembre de 2001, entre otras) a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno. (Sentencia de 13 de mayo de 1994 y 1 de abril de 1985, entre otras)[140].  Un ejemplo muy claro puede presentarse en los denominados «negocios de riesgo», en los que el autor emprende determinadas actividades económicas de alto riesgo empresarial con la esperanza de que tengan un buen resultado. Este sujeto actúa siempre, en cuanto se refiere al resultado del tipo, en la forma del «dolo eventual» (conocimiento del peligro concreto del perjuicio), pero sólo cuando lo hace «en beneficio propio o de un tercero» su comportamiento es típico. Por ese motivo, existen «negocios de riesgo» típicos de administración desleal fundados precisamente en que el dolo eventual es posible en estos delitos y compatible con el elemento subjetivo del tipo.  7.

CONCURSOS

DELICTIVOS:

Página 11 de 26


ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA APROPIACIÓN INDEBIDA

Y

En relación con la aplicación de los delitos de apropiación indebida del art. 252 C.P. y societario del art. 295 C.P como dos conductas diferenciadas, cuando la acción delictiva de distracción de bienes societarios se imputa en el contexto de la gestión social, se plantea el problema del carácter diferenciado de ambos preceptos o de su aplicación conjunta como concurso de leyes. Sobre este particular procede recordar lo dispuesto por la STS 2ª, S 15-12-2000 Pte: Conde-Pumpido Tourón, Cándido donde se dice:  «Como ha señalado la doctrina, en los supuestos de especialidad el delito principal y el especial se comportan como círculos concéntricos en el que el menor o especial está comprendido íntegramente en el círculo mayor o tipo general, de manera que todos los elementos integradores del tipo especial cumplen la hipótesis típica del tipo general, es decir se encuentran comprendidos en él, aún cuando concurra además algún elemento típico adicional; por el contrario en los delitos que se encuentran en relación de alternatividad, la imagen correspondiente es la de círculos secantes, que tienen una zona común en la que los comportamientos delictivos satisfacen ambas hipótesis típicas, pero que también tienen zonas exclusivas, en las que los comportamientos únicamente satisfacen la hipótesis típica de uno de ellos pero no del alternativo. Esta es precisamente la situación que concurre entre el tipo delictivo de apropiación indebida del art. 252 y el de administración desleal del art. 295, pues en el primero se incluyen conductas de apropiación ajenas al ámbito de la administración societaria y en el segundo comportamientos, como la disposición fraudulenta de bienes inmuebles o la asunción abusiva de


obligaciones, ajenos al ámbito típico de la apropiación indebida. La relación entre ambos tipos es la de alternatividad y no de especialidad, lo cual resulta, además, coherente con el dato evidente de que no se aprecian razones que pudiesen explicar un tratamiento injustificadamente privilegiado para los delitos de apropiación indebida cometidos en el ámbito de la administración societaria"[141].  Como resumen las importantes SSTS de 26 de febrero de 1998, 12 de mayo de 2000, y de 16 de febrero de 2001, conductas de distracción de fondos por los administradores de una sociedad, bajo acción de defraudar, se perseguían tradicionalmente como estafas, pero después de la reforma del tipo de estafa por LO 8/1983 en el derogado CP, tuvieron que buscar socaire en el tipo de apropiación indebida, ya que el elemento esencial del engaño, ahora exigido -antecedente, bastante y eficiente-, no suele aparecer. El art. 535 del CP 1973 y el art. 252 del vigente contiene, en esta doctrina, dos tipos distintos de apropiación indebida: El clásico de apropiación indebida de cosas muebles ajenas que comete el poseedor legítimo que las incorpora a su patrimonio con ánimo de lucro, difícilmente aprovechable en la disposición de un bien fungible como el dinero por quien es titular del poder de disposición y se prevale de un cargo de confianza; y el de gestión desleal que comete el administrador cuando perjudica patrimonialmente a su principal distrayendo el dinero cuya disposición tiene a su alcance.  En esta segunda hipótesis, como ya se ha señalado con anterioridad, el tipo se realiza, aunque no se pruebe que el dinero haya quedado incorporado al patrimonio del administrador, únicamente con el perjuicio que sufre el patrimonio del administrado como consecuencia de la gestión desleal de aquel,

Página 12 de 26


esto es, como consecuencia de una gestión en que el mismo ha violado los deberes de fidelidad inherentes a su «status». De acuerdo con esta interpretación de la norma que describe el delito de apropiación indebida, se separa a la apropiación en sentido estricto, en que resulta precisa la incorporación de la cosa mueble ajena al patrimonio del que obra con ánimo de lucro, de la gestión fraudulenta en que la acción típica es la disposición del dinero que se administra en perjuicio de la persona física o jurídica titular del patrimonio administrado, sin que sea imprescindible en este tipo -aunque tampoco quepa descartarlala concurrencia del animus rem sibi habendi , sino sólo la del dolo genérico que consiste en el conocimiento y consentimiento del perjuicio que se ocasiona. Esta doctrina, pues, entiende que la administración desleal o fraudulenta no está únicamente en el novedoso art. 295 CP, sino también en el mismo art. 252 CP, de distracción indebida como tipo de infidelidad. Divergen en las modalidades de la acción, en el abuso de funciones de cargo social, en el objeto material sobre que recae la acción, que no siempre es el patrimonio social, etc. Pero desde el punto psicológico, los dos tipos sólo requieren que el autor haya tenido conocimiento de que la disposición patrimonial o asunción de obligaciones dirigida a fines diversos de los que fueron encomendados, que es cabalmente lo defraudatorio, produciría un perjuicio al titular[142].  Ha de ser rechazada la pretensión según la cual la administración desleal o fraudulenta, antes comprendida en el delito de apropiación indebida del art. 535 del CP derogado, hoy lo está únicamente en el art. 295 del vigente que sería de aplicación al acusado por resultarle más favorable. Debe tenerse en


cuenta que el viejo art. 535 no ha sido sustituido por el nuevo art. 295 sino por el 252 que reproduce sustancialmente, con algunas adiciones clarificadoras, el contenido del primero de los citados, por lo que en la nueva normativa subsiste el delito de apropiación indebida con la misma amplitud -e incluso con una amplitud ligeramente ensanchada que tenía en el CP de 1973. El art. 295 del CP vigente ha venido a complementar las previsiones sancionadoras del 252 pero no a establecer un régimen sancionador más benévolo, para hechos que se consideraban y se consideran delitos de apropiación indebida, en el supuesto de que los mismos se perpetraran en un contexto societario. Será inevitable en adelante que ciertos actos de administración desleal o fraudulenta sean subsumibles al mismo tiempo en el art. 252 y en el 295 del CP vigente, porque los tipos en ellos descritos están en una relación semejante a la de los círculos secantes, de suerte que ambos artículos parcialmente se solapan. Pero este concurso de normas se ha de resolver de acuerdo con lo dispuesto en el art. 8.4 del CP vigente, es decir, optando por el precepto que imponga la pena más grave[143].  Por lo que respecta al delito de administración desleal del art. 295, el Tribunal Supremo subraya que puede haber «un perjuicio económicamente evaluable» (a los socios) que no se identifica con «la evaluación y concreción del perjuicio económico [144].  Sin perjuicio de estar de acuerdo con la solución dada, conforme antes de ha señalado, creemos que debe hacerse algunas matizaciones respecto a la identidad parcial o a la diferencia radical, entre los delitos de apropiación indebida, cometidos por los administradores de hecho o de derecho en una sociedad y las administraciones desleales, en que las mismas personas puedan incurrir.

Página 13 de 26


Adhiriéndonos, por su grafismo y expresividad a la metáfora de los círculos, estimamos que la figura geométrica más adecuada para representar las diferencias entre la administración desleal y la apropiación indebida, resultaría de tensar sus extremos y convertirlos en círculos tangentes.  El administrador se sitúa en el punto de contacto o confluencia entre ambos círculos y desde esta posición puede desarrollar diversas y variadas conductas. En el caso de que proceda ajustándose a los parámetros y normas marcados por los usos y necesidades de la sociedad que administra, comportándose fiel y lealmente, su postura resulta como es lógico atípica. Tampoco nos encontraríamos ante ninguna figura delictiva en los casos en que el administrador realiza operaciones erróneas o de riesgo que entran dentro de las previsiones normales de desenvolvimiento del mundo mercantil. Si, por el contrario el administrador no sólo incumple los deberes de fidelidad sino que actúa, prevaliéndose de las funciones propias de su cargo, con las miras puestas en obtener un beneficio propio o de procurárselo a un tercero, el comportamiento tiene los perfiles netos de una administración desleal.  El elemento objetivo del tipo contempla la realización material de estas conductas de administración desleal a través de la disposición fraudulenta de bienes o contrayendo obligaciones con cargo a la sociedad que originan un perjuicio económicamente evaluable a los socios depositantes, cuentapartícipes o titulares de bienes, valores o capital que administren. El legislador en lugar de fijar la multa en relación con el perjuicio económico causado, toma en consideración el beneficio obtenido estableciendo una multa del tanto al triplo de dicha suma. Ello pone de relieve que el


elemento esencial del tipo que es el beneficio, no consiste en el apoderamiento de la totalidad o parte del patrimonio de la sociedad administrada.  Por último cuando el administrador, prevaliéndose como es lógico de su cargo y de su posición en la entidad societaria realiza actos materiales encaminados a la adjudicación en beneficio y lucro propio de bienes pertenecientes a la sociedad, nos encontramos con un típico delito de apropiación indebida absolutamente diferenciado de la administración desleal. A estos efectos resulta indiferente que la apropiación recaiga sobre bienes muebles o valores, o sobre dinero.  Es por tanto más grave la conducta del administrador que se apropia de los bienes administrados que la del que los administra deslealmente y causa así un perjuicio económico a la sociedad.  Resumiendo todo lo anteriormente expuesto afirmamos que en la apropiación indebida se tutela el patrimonio de las personas físicas o jurídicas frente a maniobras de apropiación o distracción en beneficio propio, mientras que en la administración desleal se reprueba una conducta societaria que rompe los vínculos de fidelidad y lealtad que unen a los administradores con la sociedad.  La apropiación indebida y la administración desleal, reúnen, como único factor común la condición de que el sujeto activo es el administrador de un patrimonio que, en el caso de la administración desleal tiene que ser necesariamente de carácter social, es decir, pertenecer a una sociedad constituida o en formación¹⁴⁵.  7.1. Caracteres de la Apropiación Indebida

Página 14 de 26


Se han señalado como requisitos o elementos definidores del delito del artículo 252 del Código Penal los siguientes:  a) En cuanto al sujeto activo, que se halle en posesión legítima del dinero o efectos, o cualquier otra clase de bienes muebles.  b) Sujeto pasivo sería el titular o dueño de éstos que voluntariamente consintió o autorizó que otro los recibiese, poseyese o retuviese, con la temporalidad impuesta por la naturaleza de la relación que entre ellos mediara.  c) En lo concerniente al título, que la posesión de los objetos referidos haya surgido en la esfera del agente a virtud de depósito, comisión, administración, comodato, arrendamiento de obras o servicios, o cualquier otro que, transmitiendo legítimamente la posesión, no atribuya el dominio o propiedad de las cosas, antes bien, produzca obligación de entregarlas o devolverlas, es decir, que se tengan por un título traslativo de posesión civil.  d) En lo tocante a la acción se precisa que el sujeto, aprovechándose de las posibilidades y facilidades que la tenencia de las cosas u objetos le brindan, traicionando la lealtad y conculcando los deberes que la relación jurídica generadora de la situación exige e impone, transmute la posesión legítima inicial, con fines predeterminados en propiedad claramente antijurídica, o al menos, asuma facultades de disposición que solo al dueño competen, incorporando las cosas a su patrimonio, disponiendo de ellas en provecho propio, distrayéndolas de su pactado o natural destino o negando haberlas recibido, todo ello de forma exteriorizada o a través de actos concluyentes, unisignificativos, reveladores de la voluntad


inequívoca de arrogación de poderes de dueño.  e) Resultado bifronte de apropiación, por un lado, y perjudicialidad patrimonial por otro, afectante al depositante, comitente, mandante, etc., es decir, al titular dominical de los objetos apropiados.  f) Ánimo de lucro, presidiendo e impulsando toda la actividad del agente y que según jurisprudencia reiterada, puede consistir en cualquier ventaja, utilidad o beneficio, incluso de finalidad meramente contemplativa o de ulterior beneficencia o liberalidad; todo ello, y en cuanto a la detectación de la culpabilidad, teñido por el dolo referido a la ajenidad de la cosa y al propósito de incorporación al propio patrimonio, exigencias, las enumeradas, a las que, de una u otra forma, viene refiriéndose la Sala 2ª del T.S. en muy varias sentencias, así las de 27 de junio de 1975, 14 de enero de 1976, 4 de julio de 1980 y 20 de enero de 1984; resaltándose por otras- sentencias de 3 de marzo de 1981, y las más recientes -de 3 de enero y 26 de febrero de 1985-, la presencia en el delito que nos ocupa de dos fases o etapas perfectamente diferenciadas, suponiendo la primera una situación inicial lícita, ordinariamente de origen contractual, en que la posesión de los muebles tiene lugar en el marco de la legalidad, y abriéndose la segunda, presente ya el dolo específico de apropiación, disposición o distracción, con la actividad propiamente delictiva del agente encaminada al logro de tales fines, abusando de la tenencia material de la cosa y de la confianza en él depositada (Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 25 de junio de 1985, considerando segundo). Respecto al requisito o elemento del ánimo de lucro, se ha insistido por la doctrina legal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en lo ya dicho; así, en la Sentencia de 24 de marzo de 1987 se insiste en lo antes dicho,

Página 15 de 26


«presidiendo e impulsando toda la actividad del individuo y que, según jurisprudencia reiterada, puede consistir en cualquier ventaja, utilidad o beneficio, incluso de finalidad meramente contemplativa o de ulterior beneficencia o liberalidad»; la Sentencia de 6 de noviembre de 1995, al decir en sus Fundamentos de Derecho:  «... y 3º) como elemento subjetivo del injusto, el propósito del sujeto agente de lucrarse, bien incorporando la cosa o el dinero a su patrimonio, bien obteniendo de ellos cualquier ventaja o beneficio en lo que se ha de incluir su utilización con fines de entrega a otras personas aun con finalidades benéficas o de liberalidad (Sentencias de 24 de marzo 1987, ya citada, 19 mayo 1988, 8 junio 1990,7 febrero y 30 marzo 1991, 10 febrero 1992,31 mayo y 16 junio 1993 y 15 febrero 1994) ...».  La Sentencia de 17 marzo de 2000, al expresar en sus Fundamentos de Derecho..., y la Sentencia de 12 de julio de 2000, al decir en sus Fundamentos de Derechos «Primero»:  «... Reiteradamente nuestros precedentes ha puesto de manifiesto que el delito del art. 535 CP. 1973 (art. 250 CP.) no requiere enriquecimiento del sujeto activo, sino perjuicio del sujeto pasivo. Ello rige tanto en el supuesto de apropiación de cosas, donde se requiere sólo el «animus rem sibi habendi», como en el de administración desleal consistente en la distracción de dinero. Por lo tanto, carece de toda significación que el acusado haya desviado el dinero al pago de deudas de la empresa que administraba, toda vez que, de todos modos, el perjuicio patrimonial del sujeto pasivo resultaba precisamente de que su mandatario no le entregó el dinero recibido para él.  Por otra parte- sigue diciendo-, el destino dado al dinero distraído es también irrelevante a


los efectos del elemento subjetivo del delito y también lo sería si entendiera que el tipo contenido en los arts. 535 CP 1973 y 250 CP. exige que el autor obre con «animus rem sibi habendi». En efecto, el propósito de tener el dinero para sí sería de apreciar aunque el autor sólo persiguiera una tenencia transitoria, como ocurren en todos los casos como el presente, en los que no se comprueba un enriquecimiento personal definitivo del autor, sino sólo una disposición antijurídica del dinero admitido (cfr. TS S 224/1998 de 26 Feb. 1988 -a la que, por cierto, luego aludiremos)...».  En relación con el tipo básico de Apropiación Indebida la más reciente jurisprudencia establece (STS 2ª, S 23-072002, núm. 1396/2002): «Cuando el delito de apropiación indebida tiene como objeto un bien tan extremadamente fungible como el dinero -véanse, entre otras, las Sentencias de esta Sala de 31-5-93, 15-11-94, 1-7-97 y 11-298- la acción típica consiste en distraer el dinero que se recibe en virtud de un título que obliga a darle un determinado destino, abusando de la confianza de quien lo ha entregado e irrogándole el consiguiente perjuicio patrimonial» y la STS 2ª, S 15-072002, añade: «Es doctrina de esta Sala -entre otras SS 15-11-94, 1-7-97, 27-11-98, 1566/2001 de 4 de noviembre, 445/2002 de 8 de marzo y 2189/02 de 24 de mayo y 1311/2000 de 21 de julio- que en el delito de apropiación indebida, el título por el que se recibe la cosa ha de originar la obligación de entregarla o devolverla a su legítimo propietario. Esa jurisprudencia también ha establecido que la obligación surge cualquiera que sea la relación jurídica que la genere, pues los títulos que el precepto relaciona específicamente, como el depósito, la comisión y la administración no constituyen un numerus clausus sino una fórmula abierta como lo pone de manifiesto la propia

Página 16 de 26


expresión utilizada por el precepto («o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos»), de tal suerte que hay que incluir en el ámbito del tipo penal todas aquellas relaciones jurídicas que generan la obligación mencionada «incluso las de carácter complejo o atípico que no encajan en ninguna de las figuras creadas por la ley o el uso civil o mercantil, sin otro requisito que el exigido en la norma penal, esto es, que se origine la obligación de entregar o devolver». El delito de apropiación indebida se caracteriza, en suma, por la transformación que el sujeto activo hace convirtiendo el título inicialmente legítimo y lícito en titularidad ilegítima cuando se rompe dolosamente el fundamento de la confianza que determinó la entrega del dinero o efectos.  En el iter criminis se distinguen dos momentos, el inicial cuando se produce la recepción válida y el subsiguiente cuando se produce la apropiación con ánimo de lucro de lo recibido, lo que constituye deslealtad o incumplimiento del encargo recibido, que colma el «tipo de infidelidad» que tras una importante evolución doctrinal y jurisprudencial es una de las modalidades de apropiación indebida sin que, por otra parte, sea imprescindible, de ordinario, la necesidad de una liquidación previa para que la consumación del delito se produzca. (S. 2016/2001, de 2 de noviembre)»[146].  7.2. Caracteres de la Administración Fraudulenta Como dice la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 29 de diciembre de 1999, en sus Fundamentos de Derecho: «... en el nuevo tipo de delito societario, ya que, aunque los perfiles de esta nueva modalidad delictiva no están totalmente definidos por la escasa


jurisprudencia que sobre ellos todavía existe, tal figura parece que requiere, concretamente la del art. 295 CP... que los administradores de hecho o de derecho o de una sociedad mercantil -constituida o en formaciónabusando de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad; pero no dice que esta disposición sea para sí en su beneficio particular; sino que más bien parece, que se refiere a que tales administradores con actuaciones de la llamada «ingeniería financiera» dispongan de los bienes sociales, con abuso de poder o con fraude, para lograr fines no autorizados por la sociedad, que luego resulta que producen un perjuicio económico a los socios, copartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren...».  La Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2000, en sus Fundamentos de Derecho «Tercero» ha declarado:  «Como señala la sentencia núm. 224/1998 antes ya citada- de 26 Feb., debe tenerse en cuenta que el viejo art. 535 no ha sido sustituido por el nuevo art. 295, sino por el 252, que reproduce sustancialmente con algunas adiciones clarificadoras el contenido del primero de los citados, por lo que en la nueva normativa subsiste el delito de apropiación indebida con la misma amplitud -e incluso con una amplitud ligeramente ensanchada- que tenía en el CP de 1973. El art. 295 del CP vigente ha venido a complementar las previsiones sancionadoras del art. 252 pero no a establecer un régimen sancionador más benévolo para hechos que se consideraban y se consideran delitos de apropiación indebida, en el supuesto de que los mismos se perpetraran en un contexto societario. Será inevitable en adelante que ciertos actos de administración desleal o fraudulenta sean subsumibles al mismo tiempo

Página 17 de 26


en el art. 252 y en el 295 del CP vigente, porque los tipos en ellos descritos están en una relación semejante a la de los círculos secantes, de suerte que ambos artículos parcialmente se solapan...»  Y la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1998 caso «Argentia Trust»-, en sus Fundamentos de Derecho «Séptimo» ha señalado que: «no sugiere, como ha dicho algún autor, la sutil diferencia que existe entre la apropiación directa o descarada y la taimada, sino lo que claramente separa a la apropiación en sentido estricto, en que es precisa la incorporación de la cosa mueble ajena al patrimonio del que obra con ánimo de lucro, de la gestión fraudulenta en que la acción típica es la disposición del dinero que se administra en perjuicio de la persona física o jurídica titular del patrimonio administrado, sin que sea imprescindible en este tipo -aunque tampoco quepa descartarlala concurrencia del «animus rem sibi habendi» sino sólo la del dolo genérico que consiste en el conocimiento y consentimiento del perjuicio que se ocasiona o, por decirlo con una conocida expresión sumamente plástica, el que consiste en «saber lo que se hace y querer lo que se sabe»[147].  7.3. Diferencias entre ambas figuras delictivas Esta es precisamente la situación que concurre entre el tipo delictivo de apropiación indebida del art. 252 y el de administración desleal del art. 295, pues en el primero se incluyen conductas de apropiación ajenas al ámbito de la administración societaria y en el segundo comportamientos, como la disposición fraudulenta de bienes inmuebles o la asunción abusiva de obligaciones, ajenos al ámbito típico de la apropiación indebida. La relación entre ambos tipos es la de


alternatividad y no de especialidad, lo cual resulta, además, coherente con el dato evidente de que no se aprecian razones que pudiesen explicar un tratamiento injustificadamente privilegiado para los delitos de apropiación indebida cometidos en el ámbito de la administración societaria.  Conforme hemos señalado reiteradamente, el tipo penal de gestión desleal se realiza «aunque no se pruebe que el dinero ha quedado incorporado al patrimonio del administrador, únicamente con el perjuicio que sufre el patrimonio del administrado como consecuencia de la gestión desleal de aquél, esto es, como consecuencia de una gestión en que el mismo ha violado los deberes de fidelidad inherentes a su 'status'», tal como dice la sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 26-2-1998, según la cual no es «imprescindible en este tipo -aunque tampoco quepa descartarlala concurrencia del «animus rem sibi habendi» sino sólo la del dolo genérico que consiste en el conocimiento y consentimiento del perjuicio que se ocasiona o, por decirlo con una conocida expresión sumamente plástica, el que consiste en «saber lo que se hace y querer lo que se sabe»[148].  7.4. Evolución Jurisprudencial Así, únicamente a título de ejemplo, cabe citar las TS SS de 4 Jun. 2001, núm. 1129/2001 (Pte: Granados Pérez, Carlos); 12 May. 2000, núm. 840/2000 (Pte: Aparicio Calvo-Rubio, José); y de 18 Feb. 2000, núm. 216/2000, rec. (Pte: García-Calvo y Montiel, Roberto). Las dos primeras recuerdan que es doctrina del TS que el art. 535 del CP de 1973, igual que el vigente art. 252, sanciona dos tipos distintos de apropiación indebida: el clásico de apropiación indebida de cosas muebles ajenas que comete el poseedor legítimo que las incorpora a su patrimonio

Página 18 de 26


con ánimo de lucro, o niega haberlas recibido y el de gestión desleal que comete el administrador cuando perjudica patrimonialmente a su principal distrayendo el dinero cuya disposición tiene a su alcance; mientras que la última de las resoluciones citadas confirma la condena de quien siendo administrador de una sociedad, recibió dinero debido a esta y se lo apropió¹⁴⁹. Posteriormente, la doctrina y la jurisprudencia evolucionaron hacia un nuevo entendimiento del art. 535 CP de 1973 -actual 252- según el cual en él se yuxtaponen dos tipos distintos de apropiación indebida: el tradicional de apropiación de cosas muebles ajenas que comete el poseedor legítimo que las incorpora a su patrimonio con ánimo de lucro (delito contra la propiedad, ilícita transmutación de la posesión en propiedad), y el moderno de gestión o infidelidad en la administración de un patrimonio ajeno, una de cuyas modalidades es la distracción del dinero respecto del fin legal o contractualmente impuesto (delito contra el patrimonio). En este segundo supuesto el tipo se integra cuando el administrador, con su proceder, perjudica patrimonialmente a su principal distrayendo de su fin legal o convencional el dinero que le ha sido encomendado, sin que en tal caso sea necesario que correlativamente lo haya incorporado a su patrimonio. Es decir, basta con la producción del perjuicio y que éste sea consecuencia de la violación por el gestor de los deberes de fidelidad inherentes a su estatus (SsTS de 7 y 14 Mar. 1994 y 30 Oct. 1997).  Este tipo penal específico no requiere el enriquecimiento del autor, sino el perjuicio patrimonial del titular del patrimonio administrado y no requiere, por lo tanto, que el dinero distraído se haya incorporado al


patrimonio del autor.  En cuanto a la segunda, la tesis según la cual la administración desleal o fraudulenta, comprendida antes en el tipo del art. 535 CP de 1973, lo está hoy, exclusivamente, en el actual 295 para acciones realizadas en el ámbito societario, no es correcta:  El art. 535 CP 1973, no ha sido sustituido por el 295 CP 1995 sino por el art. 252 vigente que incluso amplía el tipo objetivo del delito. Por tanto, las conductas que ya eran ilícitas por integrar el tipo objetivo y subjetivo del delito con aquel Código lo son también ahora, tanto porque pueden subsumirse en el actual art. 252 cuanto porque lo sean en el art. 295. Y aquellos supuestos en que la acción pueda incluirse en la descripción típica de ambos preceptos deberán de resolverse conforme a las reglas del concurso de normas, aplicando aquella que imponga mayor pena (art. 8.4 CP 1995).  En conclusión, ni era atípica la administración desleal o fraudulenta de patrimonios ajenos con anterioridad a 1995, ni se ha despenalizado tras la entrada en vigor del CP de 1995, ni tampoco se ha limitado su punición a aquellas conductas que se desarrollen exclusivamente en el ámbito societario.  Así pues, en Derecho Penal apropiarse indebidamente de un bien no equivale necesariamente a convertirse ilícitamente en su dueño, sino a actuar ilícitamente sobre el bien, disponiendo del mismo como si se fuese su dueño, prescindiendo con ello de las limitaciones insitas en el título de recepción, establecidas en garantía de los legítimos intereses de quiénes lo entregaron (TS S 27 Nov. 1998)[150].  El art. 535, no ha sido sustituido por el art. 295

Página 19 de 26


sino por el art. 252 ambos CP 1.995. En realidad, el art. 295 ha venido a complementar las previsiones incriminatorias del art. 252, ante la constatación de la existencia de comportamientos lesivos para el patrimonio en la administración desleal de éstos y las dificultades que se oponían a su subsunción entre los delitos patrimoniales típicos, especialmente la apropiación indebida y, en menor medida la estafa, al no existir en ellos una apropiación, definitiva y directa de los fondos sociales por parte de los administradores, sino usos (dominicales o no) del patrimonio social que con violación de los deberes propios del cargo, comprometían a aquél seriamente, empero debían restar impunes; complemento que no implica, dada la descripción de la primera de sus modalidades típicas «disponer fraudulentamente de los bienes de la Sociedad» que el sujeto activo del art. 295 pueda cumplir el tipo del delito de apropiación indebida (en los supuestos de disposición que impliquen una atribución de dominio definitiva) suscitándose así una concurrencia normativa a resolver conforme al art. 8.4° CP, en criterio doctrinal mayoritario refrendado jurisprudencialmente en STS de 26 de Febrero de 1998[151].  A propósito de este delito ha señalado la Jurisprudencia que «en su modalidad de disposición fraudulenta de bienes entra en concurso normativo con el delito de apropiación indebida del artículo 252 C.P. pues lo que en el primero se castiga (295) no es sino una apropiación indebida, con la particularidad de que la realiza el administrador o socio, y el perjuicio recae sobre las personas o entidades que poseen intereses en la Sociedad. Pero como quiera que el artículo 252 no establece una tipificación especial del sujeto activo, ni distingue perjudicados, también encajaría en él el tipo delictivo, siempre que el valor de lo apropiado o sustraído excediera de 50.000


pesetas -hoy 400 Euros-. La colisión entre el artículo 295 y el 252, dos modalidades tipológicas distintas de un mismo delito de apropiación indebida, y que más de una vez resultarán simultáneamente aplicables, debe resolverse por la vía del artículo 8.4 (precepto que imponga mayor sanción) según ha dejado sentado la doctrina de la Sala 2ª T.S. (S.T.S. 125/02, de 31/01, que cita las precedentes 224/98, 530/98, 359/98, 840/00, 1248/00). La Jurisprudencia ha entendido que la administración desleal o fraudulenta entraba a formar parte de las conductas agrupadas en el tipo pluriforme del artículo mencionado. No existe disposición fraudulenta por parte del administrador cuando la causa de la misma es la existencia de deudas ciertas a cargo de la sociedad administrada aunque la acreedora esté participada por el primero, si no concurren otras circunstancias que acrediten en todo caso la existencia de un perjuicio directo económicamente evaluable a los socios, pero no se puede incluir en ello el pago de deudas contraídas y no satisfechas. Evidentemente, de seguirse la doctrina según la cual la descripción del artículo 295 es independiente de la apropiación indebida entonces se trataría de un supuesto de tipos heterogéneos [152].  Bien sea siguiendo, por tanto, tal reiterado criterio de la Sala 2ª del TS, que acude al principio de alternatividad y al concurso de normas para sancionar, como infracción más gravemente castigada (art. 8.4 CP), la apropiación indebida concurrente en ciertos supuestos, de acuerdo con la descripción gráfica que de ambos tipos se hace como correspondientes a «dos círculos secantes» entre sí; bien lo sea de acuerdo con la opinión, al menos igual de convincente, expresada por algún autor, de que nos hallamos ante dos descripciones típicas independientes e, incluso, heterogéneas entre

Página 20 de 26


sí, para cuya sanción hay que acudir al principio de especialidad, favorable al artículo 252, apropiación indebida, puesto que las conductas apropiatorias y de distracción siempre deben sancionarse a través de este ilícito, lo cierto es que la conducta aquí enjuiciada era por igual punible con el Código de 1973 (art. 535) que con el actual (art. 252)[153]. 

administración

Conforme establece la STS de 22 de septiembre de 2000 «El tipo de la estafa, por otra parte, no debe ser entendido como una forma de deslealtad patrimonial en el sentido de la apropiación indebida o de la administración desleal que aparece en los arts. 252 y 295 CP (Cfr. SSTS de 31-1-1991, 22-5-1991 y 20-4-1993). En los delitos de apropiación indebida y de administración desleal no se requiere que el sujeto pasivo actúe para producir el perjuicio patrimonial, sino que el perjuicio es el resultado directo, es decir, sin mediación del sujeto pasivo, de la deslealtad del administrador. Se trata, por lo tanto, de dos estructuras típicas que sólo tienen en común el perjuicio patrimonial que ocasionan a la víctima [154]. 

Precepto redactado en su rúbrica y contenido por art. segundo cuatro Ley 26/2003 de 17 julio. 

8. PENALIDAD El Código Penal establece la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.  9. LEGISLACION REFERENCIA 

MERCANTIL

DE

9.1. Ley de Sociedades Anónimas (Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas).  Artículo

127.

Deber

de

diligente


1. Los administradores desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal.  2. Cada uno de los administradores deberá informarse diligentemente sobre la marcha de la sociedad. 

Artículo 127 bis. Deberes de fidelidad

Los administradores deberán cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con fidelidad al interés social, entendido como interés de la sociedad.  Artículo 127 ter. Deberes de lealtad

1. Los administradores no podrán utilizar el nombre de la sociedad ni invocar su condición de administradores de la misma para la realización de operaciones por cuenta propia o de personas a ellos vinculadas.  2. Ningún administrador podrá realizar, en beneficio propio o de personas a él vinculadas, inversiones o cualesquiera operaciones ligadas a los bienes de la sociedad, de las que haya tenido conocimiento con ocasión del ejercicio del cargo, cuando la inversión o la operación hubiera sido ofrecida a la sociedad o la sociedad tuviera interés en ella, siempre que la sociedad no haya desestimado dicha inversión u operación sin mediar influencia del administrador.  3. Los administradores deberán comunicar al consejo de administración cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener, con el interés de la sociedad. En caso

Página 21 de 26


de conflicto, el administrador afectado se abstendrá de intervenir en la operación a que el conflicto se refiera.  En todo caso, las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los administradores de la sociedad serán objeto de información en el informe anual de gobierno corporativo.  4. Los administradores deberán comunicar la participación que tuvieran en el capital de una sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto social, así como los cargos o las funciones que en ella ejerzan, así como la realización por cuenta propia o ajena, del mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituya el objeto social. Dicha información se incluirá en la memoria.  5. A efectos del presente artículo, tendrán la consideración de personas vinculadas a los administradores:  1º El cónyuge del administrador o las personas con análoga relación de afectividad.  2º Los ascendientes, descendientes y hermanos del administrador o del cónyuge del administrador.  3º Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del administrador.  4º Las sociedades en las que el administrador, por sí o por persona interpuesta, se encuentre en alguna de las situaciones contempladas en el art. 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.  Respecto del administrador persona jurídica,


se entenderán que son personas vinculadas las siguientes:  1º Los socios que se encuentren, respecto del administrador persona jurídica, en alguna de las situaciones contempladas en el art. 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.  2º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores, y los apoderados con poderes generales del administrador persona jurídica.  3º Las sociedades que formen parte del mismo grupo, tal y como éste se define en el art. 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y sus socios.  4º Las personas que respecto del representante del administrador persona jurídica tengan la consideración de personas vinculadas a los administradores de conformidad con lo que se establece en el párrafo anterior.  Artículo 127 quáter. Deber de secreto

1. Los administradores, aun después de cesar en sus funciones, deberán guardar secreto de las informaciones de carácter confidencial, estando obligados a guardar reserva de las informaciones, datos, informes o antecedentes que conozcan como consecuencia del ejercicio del cargo, sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros o ser objeto de divulgación cuando pudiera tener consecuencias perjudiciales para el interés social.  Se exceptúan del deber a que se refiere el párrafo anterior los supuestos en que las leyes permitan su comunicación o divulgación a tercero o que, en su caso, sean requeridos o hayan de remitir a las respectivas autoridades

Página 22 de 26


de supervisión, en cuyo caso la cesión de información deberá ajustarse a lo dispuesto por las leyes.  2. Cuando el administrador sea persona jurídica, el deber de secreto recaerá sobre el representante de ésta, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación que tengan de informar a aquélla.  Artículo 133. Responsabilidad

1. Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo.  2. El que actúe como administrador de hecho de la sociedad responderá personalmente frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores del daño que cause por actos contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes que esta ley impone a quienes formalmente ostenten con arreglo a ésta la condición de administrador.  3. Responderán solidariamente todos los miembros del órgano de administración que realizó el acto o adoptó el acuerdo lesivo, menos los que prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieren expresamente a aquél.  4. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general. 


Precepto redactado por art. segundo seis Ley 26/2003 de 17 julio.  Artículo 135. Acción responsabilidad

individual

de

No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a terceros por actos de los administradores que lesionen directamente los intereses de aquéllos.  9.2. Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada).  Artículo 61. Ejercicio del cargo

1. Los administradores desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal.  2. Deberán guardar secreto sobre las informaciones de carácter confidencial, aun después de cesar en sus funciones.  Artículo 69. Responsabilidad administradores

de

los

1. La responsabilidad de los administradores de la sociedad de responsabilidad limitada se regirá por lo establecido para los administradores de la sociedad anónima.  2. El acuerdo de la Junta General que decida sobre el ejercicio de la acción de responsabilidad requerirá la mayoría prevista en el apartado 1 art. 53, que no podrá ser modificada por los estatutos.  -----------------------------

Página 23 de 26


[99] AN Sala de lo Penal, sec. 4ª, A 26-7-1999, rec. 55/1999. Pte: López Ortega, Juan José. [100] AP Castellón , sec. 2ª , A 23-09-2002, núm. 255/2002, rec. 165/2002.  [101] AP Cantabria , sec. 2ª , S 08-06-2001, núm. 48/2001, rec. 33/2001. Pte: Llaria Ibáñez, Blanca. En el mismo sentido: AP Cantabria , sec. 2ª , S 31-07-2000, núm. 102/2000, rec. 58/2000. Pte: Llaria Ibáñez, Blanca.  [102] AP Jaén , sec. 1ª , S 03-11-1999, núm. 69/1999, rec. 31/1999. Pte: Molina Romero, Lourdes.  [103] AP Girona. (Seccion 3.ª). Sentencia 4 mayo 2000. Nº de Recurso: 87/1999. Pte.: Lacaba Sánchez.  [104] AP Castellón , sec. 2ª , A 23-09-2002, núm. 255/2002, rec. 165/2002.  [105] AP Cantabria , sec. 2ª , S 08-06-2001, núm. 48/2001, rec. 33/2001. Pte: Llaria Ibáñez, Blanca.  [106] AP Cantabria , sec. 2ª , S 31-07-2000, núm. 102/2000, rec. 58/2000. Pte: Llaria Ibáñez, Blanca; AP Málaga , sec. 2ª , S 2211-2002, núm. 338/2002, rec. 181/2002. Pte: García Ortiz, Lourdes. 

Juan José.  [110] AP Almería , sec. 3ª , S 05-05-2003, núm. 96/2003, rec. 53/2003. Pte: Martínez Abad, Jesús.  [111] AP Zaragoza, sec. 1ª, S 10-4-2003, nº 122/2003, rec. 40/2001. Pte: Blasco Obedé, Rubén.  [112] AP Castellón , sec. 2ª , A 23-09-2002, núm. 255/2002, rec. 165/2002.  [113] AP Madrid , sec. 6ª , S 13-02-2002, núm. 75/2002, rec. 55/2000. Pte: Serrano Gassent, Francisco Jesús.  [114] AP Jaén , sec. 1ª , S 03-11-1999, núm. 69/1999, rec. 31/1999. Pte: Molina Romero, Lourdes; AP.Málaga, sec. 2ª , S 22-11-2002, núm. 338/2002, rec. 181/2002. Pte: García Ortiz, Lourdes.  [115] AP Zaragoza , sec. 1ª , S 26-05-2003, núm. 171/2003, rec. 31/2003. Pte: López Millán, Antonio Eloy.  [116] AP Cantabria, sec. 4ª, S 7-4-2003, nº 3/2003, rec. 11/2002. Pte: Arroyo García, María José.  [117] AP Barcelona, sec. 2ª, S 3-4-2003, nº 301/2003, rec. 2037/1996. Pte: Pons Vives, Albert. 

[107] AP Madrid , sec. 17ª , S 09-12-2002, núm. 1125/2002, rec. 56/2002. Pte: Carmena Castrillo, Manuela. 

[118] AP Granada , sec. 2ª , S 28-01-2003, núm. 45/2003, rec. 68/2002. Pte: Rodríguez Cano, Eduardo. 

[108] AP Cantabria. (Seccion 2.ª). Sentencia 8 junio 2001. Nº de Recurso: 33/2001. Pte.: Llaría Ibáñez. 

[119] AP Granada , sec. 2ª , S 28-01-2003, núm. 45/2003, rec. 68/2002. Pte: Rodríguez Cano, Eduardo. 

[109] AP Navarra, sec. 3ª, S 28-10-2003, nº 268/2003, rec. 16/2003. Pte: García Pérez,

[120] AP Cantabria , sec. 2ª , S 08-06-2001, núm. 48/2001, rec. 33/2001. Pte: Llaria


Página 24 de 26


Ibáñez, Blanca. En el mismo sentido: AP Cantabria , sec. 2ª , S 31-07-2000, núm. 102/2000, rec. 58/2000. Pte: Llaria Ibáñez, Blanca; AP Málaga , sec. 2ª , S 22-11-2002, núm. 338/2002, rec. 181/2002. Pte: García Ortiz, Lourdes.  [121] AP Jaén , sec. 1ª , S 03-11-1999, núm. 69/1999, rec. 31/1999. Pte: Molina Romero, Lourdes.  [122] AP Madrid , sec. 17ª , S 09-12-2002, núm. 1125/2002, rec. 56/2002. Pte: Carmena Castrillo, Manuela.  [123] AP Cantabria , sec. 2ª , S 08-06-2001, núm. 48/2001, rec. 33/2001. Pte: Llaria Ibáñez, Blanca. En el mismo sentido: AP Cantabria , sec. 2ª , S 31-07-2000, núm. 102/2000, rec. 58/2000. Pte: Llaria Ibáñez, Blanca; AP Málaga , sec. 2ª , S 22-11-2002, núm. 338/2002, rec. 181/2002. Pte: García Ortiz, Lourdes.  [124] AP Sevilla , sec. 1ª , S 17-12-2001, núm. 652/2001, rec. 4465/2001. Pte: Malpica Soto, Mª Paz.  [125] AP Jaén , sec. 1ª , S 03-11-1999, núm. 69/1999, rec. 31/1999. Pte: Molina Romero, Lourdes.  [126]AP Girona. (Seccion 3.ª). Sentencia 4 mayo 2000. Pte.: Lacaba Sánchez. Nº de Recurso: 87/1999 ; AP Granada , sec. 2ª , S 28-01-2003, núm. 45/2003, rec. 68/2002. Pte: Rodríguez Cano, Eduardo.  [127] AP Sevilla. (Seccion 7.ª). Sentencia 27 octubre 2000. Nº de Recurso: 224/1997. Pte.: González Fernández.  [128] AP Zaragoza, sec. 1ª , S 26-05-2003, núm. 171/2003, rec. 31/2003. Pte: López Millán, Antonio Eloy. 


[129] AP Granada, sec. 2ª , S 28-01-2003, núm. 45/2003, rec. 68/2002. Pte: Rodríguez Cano, Eduardo.  [130] AP Cantabria, sec. 2ª , S 08-06-2001, núm. 48/2001, rec. 33/2001. Pte: Llaria Ibáñez, Blanca. En el mismo sentido: AP Cantabria. (Seccion 2.ª). Sentencia 31 julio 2000. Nº de Recurso: 58/2000. Pte.: Llaría Ibáñez.; AP Málaga , sec. 2ª , S 22-112002, núm. 338/2002, rec. 181/2002. Pte: García Ortiz, Lourdes.  [131] AP Madrid, sec. 6ª , S 13-02-2002, núm. 75/2002, rec. 55/2000. Pte: Serrano Gassent, Francisco Jesús. En el mismo sentido: TS (Sala de lo Penal). Sentencia 16 febrero 2001. Nº de Recurso: 2159/1999. Pte.: Granados Pérez.  [132] AP Zaragoza , sec. 1ª , S 26-05-2003, núm. 171/2003, rec. 31/2003. Pte: López Millán, Antonio Eloy.  [133] AP Vizcaya, sec. 6ª, S 10-2-2003, nº 84/2003, rec. 317/2002. Pte: Real de Asúa Llona, Mª Jesús.  [134] AP Almería , sec. 3ª , S 05-05-2003, núm. 96/2003, rec. 53/2003. Pte: Martínez Abad, Jesús.  [135] TS Sala 2ª, S 29-7-2002, nº 867/2002, rec. 2038/2000. Pte: Martín Pallín, José Antonio.  [136] AP Málaga , sec. 2ª , S 22-11-2002, núm. 338/2002, rec. 181/2002. Pte: García Ortiz, Lourdes.  [137] AP Almería , sec. 3ª , S 05-05-2003, núm. 96/2003, rec. 53/2003. Pte: Martínez Abad, Jesús. 

Página 25 de 26


[138] AP Girona , sec. 3ª , S 04-05-2000, núm. 83/2000, rec. 87/1999. Pte: Lacaba Sánchez, Fernando.  [139] AP Madrid. (Seccion 6.ª). Sentencia 13 febrero 2002. Nº de Recurso: 55/2000. Pte.: Serrano Gassent.  [140] AP Sevilla. (Seccion 1.ª). Sentencia 18 septiembre 2000. Nº de Recurso: 4619/2000. Pte.: Carmona Ruano.  [141] AP León, sec. 2ª, A 21-1-2004, nº 7/2004, rec. 9/2004. Pte: Muñiz Díez, Antonio.  [142] AP Burgos, sec. 1ª, S 7-2-2003, rec. 30/2002. Pte: Carreras Maraña, Juan Miguel. [143] AP Vizcaya , sec. 1ª , S 27-09-2002, núm. 765/2002, rec. 286/2002. Pte: Herrera Cuevas, Edorta Josu; AP Granada , sec. 2ª , S 28-01-2003, núm. 45/2003, rec. 68/2002. Pte: Rodríguez Cano, Eduardo.  [144] AP Madrid , sec. 6ª , S 13-02-2002, núm. 75/2002, rec. 55/2000. Pte: Serrano Gassent, Francisco Jesús En el mismo sentido: TS 2ª, S 15-12-2000, núm. 1965/2000, rec. 268/1999. Pte: CondePumpido Tourón, Cándido; AP Granada , sec. 2ª , S 28-01-2003, núm. 45/2003, rec. 68/2002. Pte: Rodríguez Cano, Eduardo AP Sevilla , sec. 7ª , S 27-10-2000, rec. 224/1997. Pte: González Fernández, Javier; T.S. (Sala de lo Penal). Sentencia 27 noviembre 2001. Nº de Recurso: 2941/2000. Pte.: Soriano Soriano.

rec. 2038/2000. Pte: Martín Pallín, José Antonio.  [147] AP Burgos, sec. 1ª, S 7-2-2003, rec. 30/2002. Pte: Carreras Maraña, Juan Miguel. [148] AP Badajoz , sec. 3ª , S 31-01-2002, núm. 29/2002, rec. 14/2001. Pte: Lizasoaín Sasera, José Manuel.  [149] AP Sevilla , sec. 7ª , S 27-10-2000, rec. 224/1997. Pte: González Fernández, Javier. [150] AP Barcelona. (Seccion 8.ª). Sentencia 22 marzo 2002. Nº de Recurso: 60/2002. Pte.: Vigil Levi.  [151] AN (Sala de lo Penal). Sentencia 16 julio 2001. Nº de Recurso: 6/1999. Pte.: Gómez Bermúdez.  [152] AP Les Illes Balears. (Seccion 1.ª). Sentencia 4 mayo 2000. Nº de Recurso: 2/2000. Pte.: Beltrán Mairata.  [153] TS 2ª, S 26-11-2002, núm. 1953/2002, rec. 1131/2001. Pte: Saavedra Ruíz, Juan; TS 2ª, S 31-01-2002, núm.125/2002, rec. 1161/2000. Pte. Soriano Soriano, José Ramón.  [154] TS 2ª, S 07-11-2002, núm. 1835/2002, rec. 1024/2001. Pte: Maza Martín, José Manuel.

[145] TS (Sala de lo Penal). Sentencia 31 enero 2002. Nº de Recurso: 1161/2000. Pte.: Soriano Soriano.  [146] TS 2ª, S 29-07-2002, núm. 867/2002,


Página 26 de 26

Art 295 CP

Recommend Documents