Apuntes Davor Harasic

D E P A R T A M E N T O

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CURSO DE DERECHO PROCESAL I APUNTES DE ESTUDIO PARA LA CÁTEDRA DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y.

(Preparados por el ayudante Alvaro Rosenblut G., sobre la base de apuntes de clases, separatas de apoyo y bibliografía especializada en la materia.)

SANTIAGO, ENERO 2003.


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INDICE CAPITULO I – PARTE GENERAL I.-

Concepto de Derecho Procesal.

II.II.-

Evol Evoluc ució ión n His Histó tóri rica ca del del Dere Derech cho o Proc Proces esal al..

III. III.-IV.IV.-

Cara Caract cter erís ísti tica cass del del Dere Derech cho o Pro Proce cesa sal. l. El Dere Derecho cho Proc Proces esal al y Otr Otras as Rama Ramass del del Dere Derech cho. o.

V.-

Fuentes de del De Derecho Pr Proces cesal. al.

CAPITULO II – LA JURISDICCION. I.-

Generalidades.

II.III.-

Concepto. Características.

IV.-

Clasificación.

V.V.-

Juri Jurisd sdic icci ción ón,, Admi Admini nist stra raci ción ón y Leg Legis isla laci ción ón..

VI.VI.-

Lím Límites ites de la Jur Jurisdi sdicció cción. n.

VII. VII.--

Mome Moment ntos os Juri Jurisd sdic icci cion onal ales es..

VIII VIII..-

Equi Equiva vale lent ntes es Juri Jurisdi sdicc ccio iona nale les. s.

IX.-

Atribuciones Conexas xas.

X.X.-

Acto Actoss Judi Judici cial ales es No No Conte Contenc ncio ioso soss (Jur (Juris isdi dicc cció ión n Volu Volunt ntar aria ia). ).

XI.XI.-

Base Basess del del Eje Ejerc rcic icio io de la Juri Jurisd sdic icci ción ón..

CAPITULO III – LA COMPETENCIA. I.-

Concepto y Nociones Ge Generales.

II.-

Clasificaciones.

III. III.--

Regl Reglas as Gene Genera rale less d dee la la Com Compe pete tenc ncia ia..

IV.IV.-

Regl Reglas as Especi Especial ales es de la Comp Compet eten enci ciaa Abs Absol olut uta. a.

V.V.VI.VI.-

Regl Reglas as Espe Especi cial ales es de la Comp Compet eten enci ciaa Rel Relat ativ iva. a. Cues Cuesti tion ones es y Con Conti tien enda dass de Com Compe pete tenc ncia ia..

VII. VII.--

Regl Reglas as de de Dist Distri ribu buci ción ón d dee Caus Causas as..

CAPITULO IV – ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA. I.-

Introducción.

II.I.-

Clas Clasif ifiicac cación ión de los Tri Tribuna bunalles. es.


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III.-

Jueces de Letras.

IV.IV.-

Trib Tribun unal ales es Uni Unipe pers rson onal ales es de de Exce Excepc pció ión. n.

V.-

Corte d dee Ap Apelaciones.

VI.-

Corte Suprema.

VII. VII.--

Tri Tribun bunales ales Espe Especcial iales. es.

VIII VIII..-

Trib Tribun unal ales es Arb Arbit itra rale les. s.

CAPITULO V – TEORIA DEL PROCESO. I.-

Concepto.

II.-

Naturaleza del Proceso.

III.II.-

Conc Concep epttuali ualiza zaci ción ón del del Pro Proce ceso so..

IV.V.-

Objeto del Proceso. Clasificaci ación del Pro Proceso.

VI.-

Element entos del Pro Proceso. so.

VII. VII.--

Pres Presup upue uest stos os Proc Proces esal ales es..

VIII VIII..-

Acto Actoss Jurí Jurídi dico coss Proc Procesa esale les. s.

CAPITULO VI – TEORIA DE LA ACCION. I.-

Naturaleza Jurídica.

II.I.-

Conc Concep eptto, Elem Elemen ento toss y Cond Condiicion ciones es..

III.II.-

Clas Clasif ifiicac cación ión de de las las Acci Accion ones es..

IV.IV.-

Prin Princi cipi pios os Rect Rector ores es de la Acci Acción ón..

V.-

El Emplazamiento.

VI.-

La Re Reacción de del De Demand andado.


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CAPITULO I - PARTE GENERAL I.- CONCEPTO DE DERECHO PROCESAL. El Derecho Procesal, al igual que las distintas ramas o especialidades de la ciencia jurídica, ha sido estudiado y analizado por una gran cantidad de autores, cada uno de los cuales ha intentado esbozar un concepto del mismo, sobre la base de sus elementos y características fundamentales: 1.

Giusseppe Ciovenda: “Conjunto de normas que regulan la acción de la ley en el proceso, y particularmente la relación procesal.” Esta definición se centra en el objetivo que persigue el Derecho Procesal, el cual es meramente funcional. Sobre la base de este concepto, el Derecho Procesal es instrumental, no es un fin en si mismo, sino un medio para la aplicación del derecho sustantivo; es el instrumento para la aplicación de la ley sustancial.. Este concepto es relativamente moderno, y está elaborado sobre la base de la teoría que considera al proceso como una relación jurídica.

2.

Goldschmidt: “Conjunto de normas relativas al método que se sigue ante los tribunales, con el fin de que se reconozca frente al Estado, la existencia del derecho a ser tutelado jurídicamente, y a que se otorgue esa tutela si el derecho que se invoca existe.” Hay que diferenciar entre el derecho sustancial, la acción y la pretensión. Dentro del ordenamiento jurídico sustancial, se contemplan derechos y obligaciones para los procesos. El conflicto surge por contra-posición de intereses, cuyo resultado es el Derecho Procesal, que no tiene nada que ver con el Derecho sustancial. El Derecho Procesal tiene rango constitucional, es inherente al ser humano y se tiene incluso antes de nacer. La

pretensión es la petición que formula el actor, de que se subordine el interés ajeno al propio; es una manifestación de voluntad distinta del derecho sustantivo en sí. La pretensión se satisface dependiendo de si corresponde o no con el derecho sustancial. El objetivo que se persigue a través de la acción es satisfacer la pretensión. Cuando se ejerce la acción se hace valer la pretensión, no el derecho sustancial. El derecho cumple un fin social (asegurar la paz social), y un fin particular (sucede intereses particulares). 3.

Carnelutti: “Conjunto de reglas que establecen los requisitos y efectos del proceso.”

4.

Alsina: “Conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado, para la aplicación de las leyes de fondo, y su estudio comprende la organización, la determinación de la competencia de los funcionarios que la integran, y la actuación del juez y las partes en la sustanciación del proceso.” (definición meramente descriptiva) Estas normas, que en conjunto forman el Derecho Procesal, reciben el nombre de leyes procesales.


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Sobre la base de los conceptos precedentemente enunciados, e incluyendo las nuevas doctrinas que existen a este respecto, podemos decir que el Derecho Procesal es “aquel

conjunto de normas y principios que regulan la organización

de la actividad

jurisdiccional del Estado para la aplicación del derecho, y los procedimientos a través de los cuales se verifica tal actividad.” Lo importante de este concepto es que nos permite clasificar las dos grandes áreas del Derecho Procesal, cuales son el Derecho Procesal Orgánico , y el Derecho Procesal Funcional o

Procedimental. El primero de ellos, es el que comprende el estudio de la organización del poder judicial, de los órganos que lo integran, y de la competencia que ellos poseen. El segundo, se refiere al estudio del proceso y de los procedimientos. Del mismo modo, y según la naturaleza de las leyes de fondo que se apliquen, podemos distinguir entre Derecho Procesal

Penal y Derecho Procesal Civil . Este último comprende todo aquello que no es de naturaleza penal (laboral, menores, etc.)

II.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL Dº PROCESAL. La evolución del Derecho Procesal a lo largo de la historia, se divide fundamentalmente en tres etapas, que coinciden con los grandes períodos históricos: antiguo, moderno, y contemporáneo. 1.

Antiguo: Esta primera fase se verifica durante la Antigüedad, la Edad Media y parte de los Tiempos Modernos hasta la Revolución Francesa. La característica fundamental es que el Poder Judicial no es independiente, sino que reside directamente en las divinidades, o posteriormente en el monarca. Es la época de las ordalías y otras pruebas de fe.

2.

Moderno: Desde la revolución francesa y hasta la formulación publicista del Derecho Procesal (1856). Al Derecho Procesal se le pone un énfasis privatista, considerándolo como una rama mas del Derecho Civil. A diferencia de la época anterior, el Poder Judicial se independiza. El gran problema durante esta fase fue intentar encontrar explicaciones privatistas para instituciones que evidentemente son de Derecho Público, llegando a producirse algunas aberraciones de proporciones.

3.

Contemporáneo: Producto de los inconvenientes antes indicados, comienza a rediscutirse la naturaleza de este derecho. Se verifica entonces un cambio de mentalidad respecto de la forma de concebir el Derecho Procesal. El nuevo enfoque, lo considera como un derecho fundamentalmente de carácter público, o a lo menos de orden público. Empieza a nacer el Derecho Procesal como una rama distinta del Derecho, independiente y con identidad propia. Se reconoce que el Derecho Procesal tiene y estudia instituciones que le son propias, independiente de las otras ramas, tales como la acción, jurisdicción, proceso, cosa juzgada, etc. Los principales autores que posibilitaron la concepción del Derecho Procesal como una rama independiente, son los siguientes:


a)

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Italianos: José Chiovenda, Piero Calamandrei, Francisco Carnelutti y posteriormente Enrico Tulio Liebman. Este creó el concepto de la cosa juzgada como cualidad de los efectos de la sentencia.

b)

Españoles: Jaime Guasp. Este crea "Teoría del proceso como situación procesal.

c)

Americanos: Eduardo Couture (uruguayo), Robert Wagner Miller (USA). Este escribe "Los principios formativos del procedimiento."

d)

Chilenos: David Benavente y Fernando Alessandri, quienes fueron los iniciadores de la cátedra de Derecho Procesal en la Universidad de Chile. Del mismo modo, tiene relevancia otros autores como Mario Cassarino, Juan Colombo, Francisco Hoyos y Hugo Pereira.

III.- CARACTERISTICAS DEL DERECHO PROCESAL. 1.

Es una Unidad: En la primera sección de este capítulo, indicamos que del concepto moderno de Derecho Procesal, en relación con la naturaleza de las normas sustantivas que se aplican, se distinguen fundamentalmente dos ramas del mismo. Lo anterior, ha hecho que los autores se pregunten sin en realidad existe un solo Derecho Procesal, o si por el contrario, existe uno civil y otro penal. Por una parte, están aquellos llamados separatistas, quienes postulan la existencia de dos Derechos Procesales: uno civil y otro penal. La mayoría de los autores separatistas son profesores de Derecho Penal, cuya pretensión es extraer del Derecho Procesal el Derecho Procesal Penal y ubicarlo dentro de la cátedra de Derecho Penal, para hacer un análisis mas completo. Los principales argumentos de los separatistas son los siguientes:

a) La naturaleza de los Derechos en juego son diferentes. b) El proceso penal es necesario, en tanto que el proceso civil es sólo contingente. La única forma de aplicar la ley penal es el proceso, mientras que en el proceso civil existen otras formas de solución, tales como la autocomposición.

c) En el proceso penal no existe la voluntariedad y disponibilidad, la cual sólo tiene cabida en el Derecho Procesal Civil. d)

En el Derecho Procesal Penal lo que se busca es la verdad real, a través de la dictación de una sentencia histórico-judicial. En cambio en el Derecho Procesal Civil, se busca la verdad formal, o mejor dicho, la certeza histórico legal.

Por la otra parte, existe la llamada teoría unitarista del Derecho Procesal, la cual defiende la idea de que el Derecho Procesal es uno sólo, con independencia de las normas sustantivas que deban aplicarse en uno u otro procedimiento. Argumentos:

a) Existe una unidad en la diversidad.


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b) El Derecho Procesal se conforma por instituciones básicas, comunes a todos los ámbitos, tales como la acción, jurisdicción, proceso, etc.

c) No siempre se aplica el Derecho Procesal para que se hagan efectivas estas normas. Las formas en que se aplican son diversas. d)

En nuestro Derecho no existe un derecho procesal puramente penal, por la remisión a las normas comunes civiles del artículo 43 CPP .

Como en la mayoría de los casos en que se plantean estas discusiones polarizadas, la alternativa o posición mas acertada a nuestro juicio es la intermedia. En efecto, si bien compartimos la posición unitarista, en cuanto entendemos que no se justifica la separación, toda vez que del mismo modo podría entenderse que el Derecho Procesal Civil debiera estar arraigado al Derecho Civil, creemos del mismo modo que es necesario y saludable que existan distintos procesos para unas y otras materias.

El proceso es unitario en cuanto a las instituciones que lo sustentan, sin perjuicio de que pueda manifestarse a través de distintos procedimientos. 2.

Es Derecho Público: Habiendo dilucidado ya el primer problema doctrinario en relación con esta rama del derecho, corresponde preguntarse ahora respecto a la naturaleza jurídica de las normas que conforman al Derecho Procesal, y sin éstas son normas de Derecho Público o de Derecho Privado. Decimos que el Derecho Procesal es una rama del Derecho Público, por cuanto regula el ejercicio de una función pública o estatal.

3.

Sus Normas son de Orden Público: Decimos que sus normas son de orden público, pero no sin antes hacer algunas precisiones. En efecto, es preciso analizar separadamente cada una de las clases de normas procesales que existen, según el siguiente detalle: a)

Leyes Procesales de Organización: Estas normas son claramente de derecho público, toda vez que son irrenunciables e inmodificables por los actores procesales.

b)

Leyes Procesales de Competencia: En este punto, debemos distinguir entre: i.

Competencia Absoluta: Al igual que las normas de organización, son claramente de derecho público, toda vez que son irrenunciables e inmodificables por los actores procesales.

ii.

Competencia Relativa: En general son normas de orden privado, toda vez que las partes pueden modificarlas a través de la prórroga. No obstante, en ciertas materias desaparece esta posibilidad, caso en el cual se transforman en normas de orden público (materias criminales, actos judiciales no contenciosos, etc.)

c)

Leyes Procesales de Procedimiento: Antes de su aplicación son de orden público (irrenunciables), pero una vez que empiezan a actuar dentro del procedimiento, en su gran mayoría son renunciables, ya sea expresa o tácitamente. En caso de duda, se entiende que las normas de procedimiento son de orden público, porque el legislador contempla casos expresos en que las partes pueden renunciar o modificar el procedimiento. Entonces la regla general es la contraria. Hay dos casos idénticos en


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nuestros códigos procesales, en que el legislador contempla con carácter de orden público dos trámites procesales a los cuales nunca es posible renunciar: i.

Derecho de defensa en el proceso penal: El trámite de contestación a la acusación siempre debe llevarse a cabo; no se puede tener por evacuado en rebeldía; y,

ii.

La Consulta: Trámite procesal que tiene por objeto obtener que el tribunal superior jerárquico revise la resolución pronunciada por un inferior cuando no se ha interpuesto el recurso de apelación, o habiéndose interpuesto, no se haya revisado la sentencia a través de este recurso. En materia civil es la excepción, y sólo procede en tres casos: -

Sentencia de Juicios de Hacienda, desfavorable al interés fiscal;

-

Sentencias que acogen la demanda de nulidad de matrimonio; y,

-

Sentencias que acogen la demanda de divorcio perpetuo.

En materia penal en cambio, tiene mucho mayor aplicación, y procede respecto de diversas resoluciones dictadas en el curso del proceso penal (sobreseimiento definitivo o temporal en delito que merece pena aflictiva, sentencia absolutoria o condenatoria en delito que merece pena aflictiva, otorgamiento de libertad provisional, sentencia condenatoria cuando imponga pena privativa o restrictiva de la libertad superior a un año, etc.) 4.

Es un Derecho Instrumental: esta característica dice relación con el carácter de las normas del Derecho Procesal, en cuanto a determinar si estas son puramente formales o adjetivas, como argumenta Chiovenda en su concepto de Derecho Procesal, o si por el contrario es Derecho sustantivo o material. Según Bentham, las normas jurídicas se dividen en sustantivas o materiales, y adjetivas o formales. A nuestro juicio, el Derecho Procesal no puede ser catalogado puramente en ninguna de estas categorías. Se trata mas bien de un derecho instrumental, no sustancial ni adjetivo. Decimos que es instrumental, toda vez que es un instrumento para la justa composición del conflicto dentro de la sociedad. No es meramente adjetivo porque contiene nociones que forman parte del Derecho sustancial, pero tampoco es meramente material.

IV.- EL DERECHO PROCESAL Y OTRAS RAMAS DEL DERECHO: 1.

Derecho Constitucional: Del análisis de la Constitución Política de la República, podemos apreciar que existen numerosos instituciones relativas al proceso, tales como: a)

Establecimiento y Regulación del Poder Judicial, como el ente encargado de resolver el conflicto (artículo 73 ).

b)

Organización y atribuciones de los Tribunales, entregado a una L.O.C. ( artículo 74 )

c)

Debido Proceso (artículo 19 N°3 )

d)

Inavocabilidad: Los otros poderes no pueden conferirse las atribuciones del Poder Judicial. (artículos 6 y 7 )

e) Recursos de Protección y Amparo.


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f) Etc. 2.

Derecho Privado: El Derecho Procesal es el instrumento para el ejercicio de los derechos y obligaciones civiles y mercantiles. Inclusive, durante el proceso se verifican una gran cantidad de actos de naturaleza eminentemente civil, tales como la prescripción, la transacción, el pago, etc.

3.

Derecho Penal: El Derecho Procesal es el instrumento para la aplicación de la pena, y para solucionar el conflicto entre la libertad del individuo y el poder punitivo del Estado.

4.

Derecho Internacional: Adquiere importancia cuando se trata de aplicar normas extranjeras en nuestro país, o viceversa, existiendo consagraciones expresas en cuanto a la extraterritorialidad de la ley y a las inmunidades de jurisdicción. Para estos efectos, además de las normas especiales que existen en cada caso, rige el Código de Bustamante.

5.

Derecho Administrativo: Los integrantes del Poder Judicial están sometidos a las normas del Estatuto Administrativo.

V.- FUENTES DEL Dº PROCESAL. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define la palabra fuente como el

“principio, origen o fundamento de una cosa.” Adaptando este concepto a la doctrina jurídica, podemos decir que fuente es todo aquel elemento que compone un rama determinada del derecho. Las fuentes del derecho, admiten diversas clasificaciones, según analizaremos a continuación. La primera gran división es aquella que distingue entre Fuentes Internas y Externas.

Fuentes internas son todos aquellos hechos, actos o principios connaturales al ser humano, que obligan al legislador a normar esta rama del derecho de una forma determinada. Para los iusnaturalistas, las fuentes internas se identifican con el Derecho Natural, en tanto que para los iuspositivistas, serían los principios fundamentales que emanan de la naturaleza humana. La importancia de las fuentes internas es que permiten al Juez fallar a falta de ley positiva, velando por el respeto al principio de inexcusabilidad. Fuentes Externas en cambio, son aquellas normas o elementos, pasados o presentes, que contienen disposiciones de carácter procesal, su tratamiento y sistematización y su aplicación jurisdiccional práctica. Las fuentes externas pueden a su vez clasificarse en fuentes jurídicas e históricas.

Fuentes Jurídicas son todas aquellas fuentes externas derivadas de los órganos legislativos y jurisdiccionales, de los autores y/o de los particulares que actúan en el proceso. Las Fuentes

Históricas en cambio, se constituyen de los derechos a partir de los cuales el nuestro ha


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evolucionado, tomando de aquellos las líneas centrales de instituciones procesales hoy vigentes, y que básicamente se refieren al derecho romano, germano, español y francés. Las fuentes jurídicas, pueden subclasificarse en directas e indirectas.

Fuentes Directas son aquellas que contienen un mandato general, coactivo y abstracto (norma jurídica procesal). Entre estas fuentes podemos mencionar la constitución, los tratados internacionales de rango constitucional, la ley, los tratados internacionales con rango de ley y los autos acordados. Por su parte, las Fuentes Indirectas son los hechos o actos de carácter jurídico que determinan el contenido, evolución, interpretación, integración y alcance de la norma jurídica procesal. Sin fundamentalmente la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre.

A continuación analizaremos las fuentes directas e indirectas del Derecho Procesal. 1.

Constitución Política de la República: Generalmente no suele indicarse como una fuente distinta, sino dentro de la ley en concepto amplio. A nuestro juicio es una fuente de distinto carácter, y evidentemente mas importante que la ley en cuanto a calidad, aunque no en cuanto a cantidad. Las normas fundamentales que consagra nuestra carta fundamental y que la constituyen en fuente de derecho procesal, son las siguientes: a)

Artículo 19 N°3: Establece los principios básicos del debido proceso, el derecho a defensa, la presunción de inocencia y la legalidad y oportunidad del tribunal

b)

Artículo 19 N°7: Garantías Penales.

c)

Artículos 73 al 80: Establece la estructura y organización básica del Poder Judicial y el Recurso de Inaplicabilidad por Incosnstitucionalidad de la Ley.

d)

2.

Artículos 80 A a 80 F: Ministerio Público.

Tratados Internacionales ratificados por Chile: Al mencionar las fuentes directas, distinguimos dos clases de tratados internacionales. Si bien todos tienen la misma naturaleza, y en definitiva todos serán fuente de derecho procesal, es necesario tener presente que según sea el objeto sobre el que traten, podran tener una mayor o menor jerarquía respecto de las otras fuentes .En efecto, de conformidad al artículo 5 CPR , los tratados que versan sobre los derechos fundamentales de las personas, tendrán jerarquía superior a la ley. Destacan el Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, etc.

3.

Ley Procesal: La ley procesal, es la norma reguladora de los modos y condiciones de la actuación de la ley en el proceso, así como de la relación jurídica procesal. Existen fundamentalmente tres doctrinas en cuanto al elemento determinante para que estemos en presencia de una ley procesal. La primera de ellas postula que son leyes procesales aquellas que se contienen en los códigos procesales. Evidentemente esta teoría es errada, toda vez que sabemos que en los códigos sustanciales también se establecen normas procesales (ej: artículo1698 CC) La segunda teoría, dice relación con el lugar en que se aplica, en términos tales que será ley procesal aquella que se aplique ante el órgano jurisdiccional. Al igual que la anterior adolece de errores en cuanto no considera que en el


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proceso se aplica igualmente la ley material. Finalmente, el criterio mas aceptado es aquel que establece que la ley procesal se distingue por producir efectos en el proceso. Respecto de la ley procesal, es preciso analizar los efectos que esta produce, tanto en cuanto al elemento temporal como espacial, así como, las particularidades que se presentan en cuanto a su interpretación. a)

Efectos de la Ley Procesal en el Tiempo: La ley procesal, al momento de dictarse puede enfrentarse a un proceso en tres etapas distintas. Si el proceso no se ha

iniciado, la ley procesal que se dicta rige in actum; si el proceso se encuentra terminado, la nueva ley no lo afectará, pues no puede afectar actos realizados en procesos con autoridad de cosa juzgada; finalmente, si el proceso se encuentra

pendiente, la regla general es la establecida en el artículo 24 L.E.R.L. , conforme a la cual las normas de Derecho Procesal que sean de Derecho Público rigen in actum. No obstante, es preciso analizar las diversas situaciones especiales que contempla dicha ley: i.

Plazos: Si la nueva ley modifica los plazos para realizar las actuaciones dentro del proceso, es preciso distinguir tres situaciones: -

El plazo no ha comenzado a correr: rige la nueva ley procesal.

-

El plazo ya transcurrió: La situación permanece inamovible y no se genera una

nueva oportunidad por dictación de la nueva ley. ii.

El plazo comenzó a correr, pero no ha expirado: Rige el plazo de la antigua ley.

Recursos: Según la doctrina y la jurisprudencia, los recursos quedan comprendidos dentro del concepto de actuaciones judiciales. En consecuencia, se rigen por la ley vigente al tiempo de su interposición.

iii.

Actuaciones y diligencias en general: Rigen las mismas normas del recursos.

iv.

La Prueba: Si el medio de prueba es además la solemnidad del acto o contrato, el

artículo 23 L.E.R.L. , dispone que actos o contratos deben probarse por la ley vigente al momento de su celebración. Por el contrario, si es un simple medio probatorio, los actos o contratos podrán probarse por el medio probatorio de la antigua ley o el contemplado en la nueva ley. v.

Competencia Absoluta: Algunos autores sostienen que si bien estas normas son de orden público, no puede dárseles vigencia inmediata, apoyándose en los siguientes argumentos: -

Regla de la Radicación

-

Artículo 24 L.E.R.L.

-

Artículo 19 N°3 CPR.

Otros, sostienen que se le puede otorgar una vigencia inmediata y hacer perder la vigencia a los tribunales que la poseen, toda vez que: -

La radicación es norma legal y puede ser modificada por otra ley.

-

Rigen in actum por ser de Derecho Público.

-

El Artículo 24 L.E.R.L. no se refiere a normas de competencia, sino que a las normas de procedimiento.


-

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El artículo 19 N°3 CPR prohibe el juzgamiento por comisiones especiales, no por tribunales permanentes que pertenecen a una organización normal del Estado..

b)

Efectos de la Ley Procesal en el Espacio: La regla general en esta materia, es la territorialidad de la ley procesal, lo cual significa que se aplica dentro de los límites del territorio de la república de la cual emana, y respecto de todos quienes se encuentran en dicho territorio. Al igual que en el caso de los efectos temporales de la ley, es preciso analizar las distintas situaciones que pueden presentarse:

i. La regla general es que la ley sólo se aplica dentro del territorio del Estado. ii.

Respecto de la competencia, formas de procedimiento, deberes y derechos de las partes y carga de la prueba, rige la “lex fori”

iii. Los medios de prueba se rigen por la ley del lugar de celebración del acto o contrato, pero en cuanto a la forma de rendirlos, rige la lex fori. iv. La validez de los actos jurídicos procesales se rige por la ley del lugar en que se verificaron, salvo que hayan de tener efecto en Chile, en cuyo caso deberá estarse a la legislación nacional.

v. Es nulo el pacto de someterse en Chile a una jurisdicción extranjera. vi. Las resoluciones extranjeras eventualmente pueden cumplirse en Chile, previo trámite de Exequator o Pase Regio. Sin perjuicio de todas estas reglas, cabe señalar que nuestro derecho consagra expresamente la extraterritorialidad de la ley procesal, específicamente en materia criminal, mediante las excepciones del artículo 6 COT . c)

Interpretación de la Ley Procesal: La doctrina define el concepto de “interpretar”, como “fijar el verdadero sentido y alcance de la ley.” El Código Civil, en sus

artículos 19 a 24 , establece los elementos de interpretación de la ley, los cuales son el gramatical, lógico, histórico y sistemático. Decimos que la ley es clara, cuando todos los elementos me conducen a darle a la ley un alcance determinado. Pero muchas veces, estos 4 argumentos no bastan, por lo cual es preciso recurrir a otros principios o elementos: Principio de Especialidad: Las leyes especiales priman sobre las generales en las

i.

materias que ellas regulan. Por ejemplo, el CPC en relación con el CC, es una ley especial (articulos 4 y 13 CC ). ii.

Art. 23 Código Civil:" Lo favorable u odioso..."

iii. Analogía iv. Principio de Contradicción. v.

Principio de Supletoriedad: (artículo 3° CPC )

vi.

Principio de remisión: (artículo 43 CPP )

vii. Principio In Dubio Pro Reo: viii.

En la duda se beneficia al sujeto pasivo.

Principio In Dubio Pro Trabajador: En la duda se protege al trabajador.

ix. Aforismos Jurídicos: No obstante, al interpretar la Ley procesal, es preciso siempre tener en cuenta que se trata de una norma instrumental, dirigida a obtener la adecuada solución de los


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conflictos jurídicos que se suscitan en sociedad. En paralelo a los elementos y principios antes indicados, algunos autores como Chiovenda o Couture establecen principios adicionales que según ellos deben tenerse presentes al momento de interpretar la ley procesal:

i. Chiovenda: Habla de la existencia de los siguientes principios o elementos: lógico o de selección de los medios aptos para descubrir la verdad, jurídico o de igualdad en la contienda, político o de la debida jurisdicción del Estado y económico o de economía procesal

ii. Couture: Apela a los principios de probidad o buena fe, concentración, consumación o preclusión, y principio general de la protección. La interpretación de la ley procesal, en cuanto a la fuente u origen del cual emana, puede ser de tres clases.

i. Doctrinal: Es aquella que efectúan los autores o estudiosos del derecho procesal. Se caracteriza por ser privada y carecer de fuerza obligatoria.

ii. De Autoridad: Es aquella que emana de los poderes públicos, y que su vez puede subclasificarse en: -

Judicial: es aquella que se contiene en la sentencia del tribunal y que sólo tiene

efecto vinculante para las partes del proceso ( artículo 3 CC). -

Legal: Emana del poder legislativo o ejecutivo, y se contiene en leyes

interpretativas, por lo que tiene carácter general y obligatorio. 4.

Autos Acordados: “Son normas jurídicas dictadas en ejercicio de las facultades económicas de nuestros tribunales superiores de Justicia, las cuales a su vez se definen como aquellas que la ley entrega a los tribunales para que velen por un mejor servicio judicial, así como, para que complementen materias no expresamente reguladas por la ley.” Los autos acordados contienen prescripciones de conducta que deben ser obedecidas por los miembros del poder judicial y por toda persona que acude al poder judicial. La facultad de dictarlos se les da exclusivamente a los Tribunales

Superiores de Justicia. Su finalidad es semejante a la potestad reglamentaria del presidente de la república, en cuanto los que se persigue a través de ellos es velar por el cumplimiento y buen funcionamiento del servicio judicial, así como, aclarar, interpretar o complementar la ley de organización y procedimiento para el mejor servicio judicial. Los

Auto Acordados deben someterse a la ley y a la Constitución , aunque algunos han sido dictados expresamente por indicación o mandato legal (ej: auto acordado sobre las formas de la sentencia o constitucional) o constitucional (ej: auto acordado sobre recurso de protección). Si un auto acordado infringe una norma de mayor rango, o se inmiscuye en materias de reserva legal, puede ser impugnado, ya sea a través del ejercicio del Derecho de Petición, o bien, haciendo uso de la responsabilidad ministerial contemplada en la Constitución.

Los Autos Acordados admiten una doble clasificación:


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a) Según sus efectos o alcance de sus disposiciones: i.

Meramente Internos: Prácticamente son instrucciones que se imparten por los superiores jerárquicos del poder judicial. Su incumplimiento acarrea sanciones disciplinarias.

ii.

Externos: No solo afectan a los funcionarios del Poder judicial, sino también a terceros. Establecen o regulan determinados procedimientos

b) Según el Tribunal del Cual Emanan y de su Extensión: i.

De la Corte Suprema: Tienen efectos en todo el territorio de la república, y eventualmente pueden derogar expresa o tácitamente a un auto acordado de Corte de Apelaciones. Según el artículo 96 COT cuando son externos o generales, deben ser publicados en el Diario Oficial.

ii.

De las Cortes de Apelaciones: Sólo tienen aplicación en el territorio jurisdiccional de cada corte.

5.

Jurisprudencia: Es fuente indirecta del Derecho Procesal, en cuanto carece de carácter obligatorio, sin perjuicio de ser un elemento muy importante a la hora de fundamentar las alegaciones (carácter informativo), aunque siempre existe la posibilidad de obtener fallos opuestos. Se define como el conjunto de fallos y resoluciones de los Tribunales

Superiores de Justicia . Con el objeto de uniformar la jurisprudencia y de evitar fallos contradictorios, nuestro legislador instituye el Recurso de Casación en el Fondo, y posteriormente se establece la especialización de las salas de la Corte Suprema. 6.

Costumbre: Esta consagrada en el artículo 2 CC . En el derecho procesal, no existe ninguna norma que se remita expresamente a la costumbre para regular situaciones específicas o generales, por lo cual en principio no constituye fuente de esta rama del derecho. No obstante lo anterior, en la práctica la costumbre es muy importante en lo que a la forma de rendir la prueba se refiere, así como, a diversas prácticas que no están contempladas en nuestros códigos, o que peor aún, están reguladas de manera enteramente diferente a como se aplican. En síntesis, decimos que la costumbre, si bien no es fuente del derecho procesal, por cuanto no tiene la fuerza para derogar o modificar normas positivas, si es fuente de la práctica forense.


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CAPITULO II - LA JURISDICCION I.- GENERALIDADES. En términos generales, la jurisdicción ha sido concebida como aquella de las funciones del Estado encargada de resolver conflictos, consagrado a nivel constitucional recién en la Constitución d 1980, en los artículos 19 N°3 inciso 5° y 73. Como toda función pública, la jurisdicción no es más que una emanación del principio de soberanía, consagrado en los artículos 5, 7 y 7 C.P.R. El objetivo perseguido a través del ejercicio de la función jurisdiccional es la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la república, a través de los tribunales establecidos por la ley

II.- CONCEPTO. En relación con el tema de la jurisdicción, merece un capítulo especial lo relativo a su definición, toda vez que la cantidad que existen es realmente inmensa: 1.

Etimología: Etimológicamente, viene del latín "Iuris Dictio" : decir, mostrar o declarar el Derecho. Evidentemente, este concepto no es suficiente, toda vez que adolece de una serie de imperfecciones:

a) Es demasiado amplio; así entendida la jurisdicción, podría ser el derecho no solo usado por el poder judicial sino por cualquier persona o ente.

b) No se comprende la equidad, que según nuestro ordenamiento, puede ser esgrimida por un tribunal para resolver los conflictos a falta de ley.

c) Se restringe el ejercicio de la jurisdicción a los actos meramente declarativos, siendo que como veremos mas adelante, la sentencia puede tener efectos declarativos, constitutivos y de condena. d)

Dado que la definición literal es claramente insuficiente, podemos tratar de definirla haciendo uso de las distintas normas positivas en las que se utiliza la expresión

jurisdicción: 2.

Ambito Territorial: (artículos 28 y sig. C.O.T.) Se emplea como delimitación territorial, pero la jurisdicción claramente no es el ámbito territorial dentro del cual se emplea una determinada acción; puede ser un límite a una pretensión determinada, pero no la acción misma.

3.

Como Sinónimo de Competencia: (artículos 181 y siguientes C.O.T. ) Se confunden los conceptos, pero son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, se habla de la prórroga de la jurisdicción, cuando en realidad lo que se prorroga es la competencia. También se


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habla de declinatoria de jurisdicción, cuando debería decir declinatoria de competencia. Entre la jurisdicción y la competencia hay relación de género a especie. La jurisdicción es la función, la competencia es la delimitación del ámbito o esfera en la cual se ejerce la función. Todo órgano que tiene jurisdicción es tribunal, todo tribunal posee jurisdicción, pero no todo tribunal que posee jurisdicción es competente para conocer de un asunto. No puede haber un tribunal con competencia sin jurisdicción. 4.

Como Sinónimo de Poder en sentido orgánico: Capítulo VI de la Constitución referente al poder judicial. Si se identifica jurisdicción con poder judicial, no se explican las funciones jurisdiccionales que ejercen los tribunales militares en tiempos de guerra, la Contraloría General de la República, el Director del S.I.I., etc. Existen organismos que ejercen jurisdicción sin ser parte del poder judicial. Por lo demás la jurisdicción no es solo un poder, sino además es un deber: los tribunales deben ejercer la función jurisdiccional, exista o no ley que solucione el conflicto.

5.

Como Sinónimo de Poder en sentido funcional: Se dice que la jurisdicción es una función pública cuya finalidad es conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. No obstante, función judicial no es sinónimo de función jurisdiccional, toda vez que los jueces no siempre ejercen jurisdicción, como por ejemplo cuando conocen de los asuntos judiciales no contenciosos, que en definitiva no son jurisdiccionales sino que son de carácter administrativo, o cuando actúan en ejercicio de sus atribuciones conexas. Decir que son jurisdiccionales todos los actos emanados del poder judicial, sólo tiene hoy un valor histórico que nadie acepta en realidad. Se lleva a un carácter absoluto en la teoría de la separación de poderes.

6.

Como Facultad de Administrar Justicia: El C.O.T. hace uso de esta expresión, fundamentalmente cuando regula a los auxiliares de la administración de justicia. Sin embargo, hoy no tiene sentido esta expresión, toda vez que la jurisdicción: a)

No es Facultad: Es un poder – deber. Cuando se ejerce un poder jurídico, se puede hablar de potestad, de derecho subjetivo, o de facultad. La función jurisdiccional se identifica mas con el ejercicio de una potestad, no una facultad.

b)

No se administra: La justicia no es empresa ni negocio, sino un valor que se persigue como término absoluto. Los tribunales ejercen una función, que consiste básicamente en ejercer la potestad de aplicar las leyes para la resolución de los conflictos.

c) No necesariamente se obtiene justicia. Dado que ninguna de las aproximaciones precedentes al concepto de jurisdicción, han dado los resultados esperados, debemos recurrir a los conceptos elaborados por los estudiosos del derecho procesal. En efecto, podemos decir sin temor a caer en exageraciones, que todos quienes se han abocado al estudio de la jurisdicción, han intentado esbozar un concepto, por cierto no todos acertados.


1.

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José Chiovenda: “Es la función del Estado, que tiene por fin la actuación de la voluntad concreta de la ley, mediante la sustitución por la actividad de los órganos públicos, de la actividad de los particulares o de otros órganos públicos, sea al afirmar la existencia de la ley, sea al hacerla prácticamente efectiva.” Crítica: La sustitución material adolece de un pequeño defecto: no siempre el cumplimiento de la sentencia se realiza en sede de carácter jurisdiccional, también se hace en sede de carácter administrativo. La definición sirve en sede jurisdiccional.

2.

Redenti: “La jurisdicción es la función judicial que tiene por objeto la aplicación de sanción, en caso de incumplimiento de la conducta contenida en la norma legal” Crítica: No satisface porque no precisa el concepto de sanción, y porque existen sentencias meramente declarativas.

3.

Jaime Guasp: “Es la función específica estatal, por la cual el poder público satisface pretensiones, para mantener la paz social y la justicia en la comunidad.”

4.

Carnelutti: “Es la función pública para la justa composición de la litis.” La litis es el conflicto intersubjetivo de interés jurídicamente trascendente, reglado o regulable por el derecho objetivo, y caracterizado por la existencia de una pretensión resistida. Crítica: Desconoce la existencia de actos no contenciosos o atribuciones conexas.

5.

Piero Calamandrei: “La potestad o función que el Estado ejerce en el proceso, por medio de sus órganos jurisdiccionales como garantía para la observancia de las normas jurídicas.” Cuando no surge el cumplimiento espontáneo de la norma jurídica, el Eº debe asegurar el cumplimiento. La función jurisdiccional es el brazo armado de la ley. Crítica: No dice que pasa a falta de norma.

6.

Jorge Eduardo Couture: “Es la función pública realizada por órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la ley, en virtud del cual por un acto de juicio se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos o controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada y eventualmente factibles de ejecución.”

7.

Juan Colombo: “Es el poder – deber que tienen los tribunales para conocer y resolver por medio del proceso y con efecto de cosa juzgada, los conflictos de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal dentro del territorio de la república y en cuya solución les corresponde intervenir.”

Dado que todos los conceptos previamente enunciados adolecen de alguna clase de defectos, o bien, son incompletos, o bien, no se aplican correctamente a nuestro derecho, la doctrina procesal nacional reconoce como el concepto mas aceptado, aquel elaborado por el profesor

Mario Mosquera, el cual a continuación enunciamos:


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“PODER-DEBER DEL ESTADO, RADICADO PREFERENTEMENTE EN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, PARA QUE ÉSTOS, COMO ÓRGANOS IMPARCIALES, RESUELVAN DE MANERA DEFINITIVA E INALTERABLE, Y CON POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN, LOS CONFLICTOS DE RELEVANCIA JURÍDICA SUSCITADOS ENTRE LAS PARTES O QUE SURJAN DE UNA VIOLACIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO O SOCIAL, EN EL ORDEN TEMPORAL Y DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA.” Habiendo enunciado el concepto aceptado por la cátedra, a continuación lo analizaremos detalladamente, examinando cada uno de sus elementos esenciales: 1.

Poder-Deber: La Jurisdicción tiene un doble carácter; por un lado es un poder, lo cual implica que lleva implícita la compulsividad, pero a la vez no es una simple facultad, sino que es una obligación para el órgano encargado de ella. Es un poder por mandato constitucional (artículo 73 C.P.R. ), y como consecuencia directa de ello, y del monopolio que el Estado ejerce respecto de la jurisdicción, es un deber para éste ( Principio de

Inexcusabilidad ). 2.

Radicado Preferentemente en los Tribunales de Justicia: Dice “preferentemente” , porque en nuestro país existen otros órganos distintos de los tribunales de justicia, que eventualmente ejercen funciones jurisdiccionales (Senado, S.I.I., Contraloría, etc.) En efecto, cualquier organismo o persona que dice el derecho del caso concreto, ejerce jurisdicción. En este caso, la función hace al órgano. Sin embargo, si bien todos los tribunales de justicia son órganos jurisdiccionales, no todos los órganos jurisdiccionales son tribunales de Justicia.

3.

Para que éstos, como órganos imparciales: El Juez no sólo no debe ser parte en el asunto del cual conoce, sino que además tiene la obligación de proteger la integridad del ordenamiento jurídico. Para ello, existen una serie de normas que velan por esta imparcialidad. Las principales manifestaciones son las normas sobre implicancias y recusaciones (artículos 194 a 196 C.O.T. ), el artículo 223 del C.P. , que sanciona como delito las acciones de parcialidad, y la norma del artículo 109 C.P.P. , que establece el deber de investigar los hechos delictivos, poniendo igual celo tanto en los agravantes como en los atenuantes o eximentes.

4.

Resuelvan de manera definitiva e inalterable: Es la consagración de la autoridad de cosa juzgada, derivada del principio consagrado en el artículo 73 C.P.R. . Del mismo modo, se reconoce el otro gran efecto de las resoluciones judiciales, cual es el desasimiento del tribunal.

5.

Y con posibilidad de ejecución: Mucho se ha discutido en la doctrina procesal si este elemento es o no de la esencia de la jurisdicción. La conclusión mas aceptada es que si lo es, porque aunque el tribunal no ejecuta directamente sus resoluciones, si las manda a ejecutar, y con ello se satisface este requisito.


6.

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Los conflictos de relevancia jurídica suscitados entre las partes o que surjan de una violación al ordenamiento jurídico – social: Lo que hace esta parte de la definición es reconocer la existencia de dos clases fundamentales de conflictos que pueden y deben ser conocidos por los órganos jurisdiccionales. En efecto, cuando se hace referencia a los conflictos entre partes, normalmente lo asociamos con las causas civiles, en tanto que cuando se presenta una violación del orden jurídico-social, estamos en presencia de un conflicto de naturaleza penal. Ambas clases de asuntos podrán ser materia de conocimiento jurisdiccional, siempre y cuando reúnan el otro elemento contenido en esta parte, cual es la relevancia jurídica.

7.

En el Orden Temporal: Esta frase es hoy en día, mas bien una referencia histórica a la época en que no existía la división entre Estado e Iglesia, y su objeto era precisamente dejar en claro que la función jurisdiccional del Estado se limita únicamente a conocer de conflictos suscitados en el orden temporal, y no en el espiritual.

8.

Dentro del territorio de la República: Es la consagración de uno de los principios más elementales de la jurisdicción, cual es el principio de la territorialidad, tanto de la ley procesal como de la jurisdicción.

III.- CARACTERISTICAS. Las características de la jurisdicción son las siguientes: 1.

Es una Función Pública: En cuanto su ejercicio corresponde a órganos estatatales debidamente establecidos por ley.

2.

Es Inexcusable: Una vez que el órgano jurisdiccional es requerido, no puede negarse a conocer y resolver el asunto de que se trate.

3.

Ejercicio Restringido: Sólo por aquellos órganos que establece la ley.

4.

Es Reglada: La ley establece expresamente qué y cómo corresponde conocer, así como, quién es el órgano jurisdiccional apto para ello.

5.

Es Irrevocable: No cabe la revisión de sus resoluciones (cosa juzgada)

6.

Es Pasiva: A excepción de los asuntos criminales, lo normal es que la actuación oficiosa del órgano jurisdiccional se encuentra limitada.

7.

Es Territorial: Se ejerce dentro del territorio y con la ley de un Estado determinado.

8.

Es Improrrogable: Los órganos jurisdiccionales solamente actúan en el marco de su órbita de competencia legal.

9.

Es Temporal: No versa sobre materias espirituales o morales.

10.

Es Jerarquizada: La propia C.P.R. establece la jerarquía, y el C.O.T. la complementa.

11.

Es Plena: Capaz de conocer y resolver toda clase de asuntos.

12.

Es Coactiva: Existe posibilidad de ejecutar compulsivamente lo resuelto.

13.

Es Imparcial: Existen sanciones a la parcialidad.


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14.

Es Unica: No pueden coexistir dos jurisdicciones en el territorio de un Estado.

15.

Es Particular: Sus efectos alcanzan sólo al caso concreto.

16.

Es Axiológica: En cuanto su ejercicio corresponde a seres humanos.

IV.- CLASIFICACION. No obstante hemos dicho precedentemente que la jurisdicción es única y que no es posible ni viable la coexistencia de dos jurisdicciones en un mismo Estado, algunos autores han formulado criterios de clasificación que, como veremos en los párrafos siguientes, se refieren mas bien a conceptos teóricos mas que a realidades prácticas. 1.

De Derecho o de Equidad: La Jurisdicción persigue resolver los conflictos jurídicos, por medio de la dictación de sentencias, las cuales deben ser fundadas, de forma tal que cualquier miembro de la sociedad pueda entender los motivos por los cuales se adapta la decisión. Pero la fundamentación del fallo puede basarse tanto en la ley como en la equidad, dando origen a esta clasificación: a)

Jurisdicción de Equidad: Es característica del Common Law , en que el juez, enfrentado a un caso concreto, busca un precedente, es decir, un caso anterior resuelto y que sea lo más cercano posible en el tiempo. Si no existe el precedente el juez está facultado para crear la norma jurídica y aplicarla resolviendo el asunto al dictar sentencia. El juez de equidad oficia de legislador y de juzgador para el caso particular. Debe fallar conforme a su personal sentimiento de lo equitativo que deberá establecer con anterioridad a su pronunciamiento.

b)

Jurisdicción de Derecho : En este sistema la ley ya está dada por el legislador, existiendo la codificación legal previa. El juez se limita a aplicar el ordenamiento jurídico creado por el legislador con anterioridad al ejercicio de la función jurisdiccional. En Chile, se aplica en forma preferente el sistema de la Jurisdicción de Derecho. No obstante se reconoce la existencia de jurisdicción de equidad, sobre la base del

principio de inexcusabilidad , y en determinados casos particulares como los árbitros arbitradores, el Senado cuando resuelve como jurado de rigiendo acusación constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones ( artículos 84 y 85 C.P.R. ), etc. 2.

Jurisdicción Contenciosa y No Contenciosa: Esta clasificación es absolutamente errada: el objetivo de la jurisdicción es resolver conflictos. En los casos sin conflictos podría haber otra función, pero nunca la función jurisdiccional. Es un error hablar de jurisdicción no contenciosa o jurisdicción voluntaria, toda vez que en dichas asuntos, los tribunales no ejercen jurisdicción sino facultades administrativas.

3.

Jurisdicción Civil o Penal: De acuerdo a la materia en la cual ella se ejerce. Algunos autores admiten esta clasificación, en tanto otros sostienen que no es admisible, pues dice relación más bien con la competencia en atención a la materia.


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V.- JURISDICCION, ADMINISTRACION Y LEGISLACION. Habiendo examinado a lo menos someramente los elementos y característica fundamentales que definen a la función jurisdiccional, es conveniente proceder a analizarla a la luz de las otras dos funciones primordiales del Estado, cuales son la función administrativa y la función legislativa. En el cuadro comparativo que se desarrolla a continuación, analizaremos cada uno de estos poderes del Estado, reflejados en el acto característico de cada uno de ellos, a la luz de una serie de criterios formales y de fondo. CRITERIO REVOCABILIDAD ALCANCE ORGANO OBJETO FORMACIÓN CONTROL SUBORDINACIÓN

SENTENCIA

Irrevocable Especial y Concreto Organo Jurisdiccional Hechos pasados Un solo acto No hay control externo Subordinada a la ley

ACTO ADMINISTRATIVO

LEY

Generalmente Modificable General o Especial Administración Pública Rige para el futuro Formación simple Legal y Jurisdiccional Subordinado a la ley

Revocable General y Abstracto Congreso y Presidente Rige para el futuro Proceso complejo Control jurisdiccional Sin subordinación

“La jurisdicción precede a la legislación tanto histórica como ontológicamente”. Efectivamente, la legislación aparece como la necesidad de recopilar las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Mientras la legislación produce normas, la jurisdicción satisface pretensiones.

VI.- LIMITES DE LA JURISDICCION. En general, existen diversos factores que delimitan el ejercicio de la función jurisdiccional, tales como el factor materia (no se resuelven conflictos de orden espiritual), el factor personal (el ejercicio de la función jurisdiccional es indelegable), y el factor temporal (existen tribunales temporales, aunque la mayoría son permanentes). Sin embargo, cuando hablamos de límites de la jurisdicción, normalmente nos estamos refiriendo a los dos elementos fundamentales en la materia, cuales son el territorio y las

inmunidades de jurisdicción. 1.

Territorio: Es el límite natural de la jurisdicción. La jurisdicción debe ejercerse dentro del territorio del Estado, por el principio de soberanía, aunque hay algunas excepciones o casos de extraterritorialidad de la jurisdicción, consagrados a nivel legal en el artículo 6° C.O.T.

2.

Inmunidades de Jurisdicción: Por aplicación del principio de igualdad ante la ley, la jurisdicción debiera ejercerse en los mismos términos respecto de todos. Sin embargo, la


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excepción la constituyen aquellas personas o actos que gozan de inmunidad. Entre las personas, la inmunidad de jurisdicción es la imposibilidad de que un Estado, un organismo, persona, institución o empresa, sea juzgada por tribunales extranjeros. Respecto de los actos, también se eximen de la jurisdicción de un estado aquellos respecto de los cuales las partes convinieron en someter sus diferencias a una jurisdicción extranjera (respetando el

artículo 1462 C.C. ) o aquellos revestidos de la llamada inmunidad de ejecución, que implica que no podrán ser embargados o utilizados medios coercitivos en contra de los bienes de un Estado u organismo estatal para los efectos de hacer cumplir una sentencia. Todas las inmunidades son renunciables por el Estado beneficiario. El precepto básico es el

D.L. N°2349: a)

Inmunidad de Actos: Se permite en los contratos internacionales que se celebren por el Estado, sus organismos o empresas, con organismos, instituciones o empresas internacionales o extranjeras, a) someterse al derecho extranjero; b) someter la resolución de conflictos a la jurisdicción de tribunales extranjeros.

b)

Inmunidad de Ejecución: Contempla la posibilidad de renunciar a la inmunidad de ejecución, pero no respecto de los bienes inmuebles o inmobiliaria destinados a mantener una misión diplomática o consular. Tampoco con respecto de bienes destinados a fines militares.

c)

Inmunidades Personales: Rige la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares: i.

Art.31: Un presidente, ministro, jefe de gobierno o agente diplomático, goza de inmunidad de jurisdicción plena en materia penal, civil y administrativa. No está obligado a testificar; no puede ser sujeto a ninguna medida de ejecución.

ii.

Art.32: Se puede renunciar expresamente a la jurisdicción para permitir el juzgamiento.

iii.

Art.37: También se protege a miembros de la familia del agente diplomático, miembros del personal técnico y administrativo de la misión y sus familiares, siempre que no sean nacionales del Estado receptor, y no tengan residencia en él, pero sólo respecto de actos realizados en ejercicio de sus funciones. El personal de servicio tiene la inmunidad que les reconozca el Estado receptor.

iv.

Art.43: Inmunidad de jurisdicción respecto de los cónsules y sus empleados.

v.

Art.45: Renuncia por el Estado extranjero a la inmunidad de jurisdicción.

Algunos autores, también agregan como límites de la jurisdicción, la necesaria separación con las demás funciones del Estado. El principio de la separación de los poderes sigue vigente, pero no en forma absoluta, por lo que perfectamente es posible que se planteen conflictos entre los diferentes poderes en determinadas materias (ej: entre Estados, entre autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia, etc.)


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VII.- MOMENTOS JURISDICCIONALES. Se encuentran reconocidos en los artículos 73 C.P.R. y 1° C.O.T. , y corresponden a las tres etapas esenciales de la función jurisdiccional, cuales son conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Para la resolución de todo conflicto, las dos primeras etapas son esenciales; no pueden faltar. La última fase en tanto, no siempre concurre y se dice que es una fase eventual. En efecto, en materia civil por ejemplo, la existencia de esta fase depende de la naturaleza de la sentencia (no concurre si la sentencia es meramente declarativa o constitutiva). Inclusive si la sentencia civil es condenatoria, depende de la conducta del condenado, pues si este cumple voluntariamente, no es necesario hacer cumplir lo juzgado. Del mismo modo, en materia penal la ejecución material de lo juzgado respecto de penas privativas de la vida o restrictivas de la libertad se cumplen en sede administrativa. 1.

Conocimiento, Cognición o “Cognitio”: El propio mensaje del Código de Procedimiento Civil, reconoce la dificultad y a la vez la importancia que reviste el proceso cognoscitivo al interior de un proceso. El Juez, para resolver un conflicto, debe previamente impregnarse de los hechos, actuando casi como un historiador, reconstituyendo hechos pasados, sobre la base de versiones parciales e inclusive contradictorias. El proceso de cognición de los hechos se verifica siguiendo una serie de pasos que en su conjunto conforman el procedimiento, el cual a su vez está inspirado fundamentalmente por los principios de bilateralidad de la audiencia y de legalidad. Pero este procedimiento será distinto según si nos encontramos en presencia de una contienda de carácter civil (el Juez debe estarse preferentemente a lo que hagan y digan las partes), o penal (existen mayores facultades para actuar de oficio). No obstante, e independiente de la naturaleza del conflicto, siempre es posible identificar aquellas actuaciones jurídico procesales que componen el momento jurisdiccional del conocimiento. A modo de ejemplo podemos analizar el siguiente cuadro comparativo: INICIACION

En general se inicia y a través de Medidas Prejudiciales y/o Gestión Preparatoria. PROCEDIMIENTO Querella, Denuncia, ORDINARIO por Ministerio Público CRIMINAL o de Oficio por el Tribunal. PROCEDIMIENTO por Demanda ORDINARIO CIVIL excepcionalmente

2.

DISCUSION

PRUEBA

DISCUSION DE LA PRUEBA

Esta compuesto Período probatorio 10 días de plazo por contestación, de 20 días para desde terminado el réplica y dúplica. usar todos los probatorio. medios de prueba. Se compone básicamente de la Acusación y la Contestación.

Como período 10 días de plazo propiamente tal se verifica en la etapa de Plenario.

Juzgamiento, Decisión o “Descisio”: A través de este momento jurisdiccional es que se cumple efectivamente el objetivo de la jurisdicción, cual es decir lo justo del caso concreto. Esta etapa se materializa a través de la sentencia definitiva, regulada específicamente en los artículos 170 del CPC y 500 del CPP . Dicha sentencia, luego de salvar las eventuales


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impugnaciones y/o revisiones propias de un sistema procesal como el nuestro, en que se consagra el principio de la doble instancia, tomará el nombre de “sentencia de término” y pondrá fin al proceso, resolviendo el conflicto. Las normas precedentemente citadas señalan en detalle el camino que debe recorrer el Juez al momento de dictarla, con el objeto que ésta logre la socialización del fallo, y efectivamente restablezca la paz social. 3.

Ejecución: Es el momento de hacer ejecutar lo juzgado, y se relaciona directamente con la acción de cosa juzgada. Para algunos es una fase tan sólo de la naturaleza del ejercicio de la función jurisdiccional por cuanto ella no es necesaria de ser ejercida respecto de algunas sentencias como las meramente declarativas o cuando el sujeto condenado a satisfacer una situación que lo hace en forma espontánea. Sin embargo, se ha replicado indicando que lo importante es que el Juez detenta el imperio, y la posibilidad de mandar a cumplir un fallo si es que ello es necesario. Según el profesor Colombo, la esencia de este momento jurisdiccional, radica en la fuerza que tiene el tribunal para hacer cumplir la sentencia; el como se materializa es un asunto subsidiario. Esta facultad de imperio está consagrada a nivel constitucional en el artículo 73 CPR , y a nivel legal en el artículo 11 COT . A este respecto es necesario hacer una serie de precisiones: a)

Resoluciones que requieren cumplimiento: En términos generales, podemos decir que se pueden cumplir las sentencias definitivas e interlocutorias que se encuentren firmes o ejecutoriadas, o que al menos causen ejecutoria.

b) Cumplimiento según el contenido de la resolución: i.

Sentencias Declarativas: Son aquellas que se limitan a declarar un derecho. No requieren cumplimiento pues producen efectos inmediatos e incl uso retroactivos.

ii.

Sentencias Constitutivas: Son las que crean derechos. También se cumplen normalmente con su sola dictación o a través de simples procedimientos administrativos (ej: separación de bienes = requiere inscripción)

iii.

Sentencias de Condena: Son aquellas que imponen una prestación. Estas son las que requieren cumplimiento.

c) Procedimientos de Ejecución: i. Procedimiento Ejecutivo General: Se aplica a la generalidad de las resoluciones, y normalmente se identifica con el Juicio Ejecutivo, tratado en el CPC. Se puede recurrir al mismo Juez que dictó la resolución, o bien, al que fuere competente conforme a las reglas generales. ii.

Cumplimiento Incidental: Emana de los artículos 113 COT, 231 y 233 CPC . Es aquel que se tramite incidentalmente, ante el mismo tribunal que dictó la resolución, dentro del plazo de un año desde que la prestación contenida en la sentencia se ha hecho exigible.

iii.

Procedimiento Supletorio General: Consagrado en el artículo 238 CPC , se aplica en casos excepcionalísimos, cuando no procede aplicar ninguno de los procedimientos anteriores.


iv.

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Ejecución de Sentencias Penales: Mientras no hay sentencia, no hay pena, porque el sujeto se presume inocente, y sólo se verifican medidas cautelares personales. El sujeto empieza a cumplir pena cuando la sentencia está ejecutoriada. Las medidas cautelares personales se imputan al cumplimiento de la pena. La forma en que se cumplen las penas está regulada en CP, y normalmente se encomienda la labor a Gendarmería, salvo respecto de multas o sanciones patrimoniales.

v. Procedimientos Especiales de Ejecución: -

Juicio de Hacienda: Las sentencias en contra del fisco deben cumplirse

mediante D.S. del ministerio respectivo ( artículo 752 CPC), No procede embargo ni remate. -

Procedimiento de Alimentos: La

Ley N°14.908, establece 3 formas alternativas

de cumplimiento de estas sentencias: procedimiento ejecutivo ( artículo 8), retención y pago directo por parte del empleador ( artículo 9) y apremio (artículos 15, 16 y 17 ). Además se puede utilizar el procedimiento ejecutivo general, pero con algunas modificaciones. -

Sentencias Extranjeras: Para poder ejecutarse en Chile, y contar con mérito

ejecutivo, previamente deben cumplir con los trámites del “Exequator” o “Pase Regio” (artículos 242 y siguientes CPC ). -

Resoluciones Arbitrales: Cuando se requieren medidas compulsivas, se cumplen

a través del tribunal ordinario que hubiere sido competente para conocer del asunto conforme a las reglas generales ( artículo 635 CPC )

VIII.- EQUIVALENTES JURISDICCIONALES. En una aproximación amplia del concepto, se dice que un equivalente jurisdiccional es cualquier medio diverso de la jurisdicción nacional apto para la legítima composición del litigio. Sin embargo, el concepto mas aceptado es más estricto, y es aquel que los define como “aquellos

actos jurídicos procesales equivalentes a la sentencia definitiva en cuento tienen la capacidad de poner término a la contienda con los mismos caracteres de incuestionabilidad e invariabilidad, y con posibilidad de ejecución.” 1.

Transacción: Jurídicamente es un contrato, regulado como tal en los artículos 2446 y siguientes del CC, en virtud del cual las partes ponen término a un litigio pendiente o precaven un litigio eventual, efectuándose concesiones recíprocas (requisito doctrinal o jurisprudencial). Es un acto jurídico extrajudicial, pero que está destinado a producir efectos en el proceso. Su principal característica es que produce el efecto de cosa juzgada en última instancia, una vez que es aprobada por el Juez de la causa, pero de todos modos, para ser título ejecutivo, debe constar por escritura pública. Si bien es un equivalente jurisdiccional, no deja de tener el carácter de contrato, por lo cual se puede pedir su nulidad material, aún cuando produzca los efectos propios de una sentencia.


2.

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Avenimiento: Se suele confundir este concepto con el de conciliación, sobre todo porque el CPC los confunde y utiliza como sinónimos en reiteradas oportunidades, y porque ambos se caracterizan fundamentalmente por consistir en el acuerdo directo entre las partes al interior del proceso. Sin embargo, son dos instituciones procesales distintas. El avenimiento se caracteriza porque el acuerdo para poner término al conflicto por las partes, total o parcialmente, se genera sin la intervención del tribunal, al que sólo se da cuenta posteriormente y por escrito. En términos simples, podemos decir que es una transacción judicial. Su principal importancia radica en que, de cumplir con los requisitos del artículo

464 N°3 CPC, constituye título ejecutivo perfecto. 3.

Conciliación: La diferencia básica con el avenimiento es la actitud que asume el tribunal. En la conciliación el tribunal interviene en forma activa con el fin de que las partes lleguen a un acuerdo para poner fin total o parcialmente al conflicto: “el juez obrará como amigable componedor; tratará de obtener avenimiento total o parcial del proceso; las opiniones que emita no lo inhabilitarán para seguir conociendo del proceso." En el avenimiento en tribunal

no toma parte activa. A partir de la Ley N°19.334 , la conciliación puede producirse con motivo de un llamado a conciliación obligatorio (en casi todo juicio civil en que sea admisible la transacción – artículo 795 N°2 CPC ), o un llamado a conciliación facultativo o voluntario (a discreción del juez), en cualquier momento después de evacuado el trámite de contestación a la demanda. La conciliación se produce en torno al conflicto generado en el proceso, por lo que forma parte de los denominados contratos o negocios procesales . No obstante sus diferencias con el avenimiento, produce en definitiva el mismo efecto, cual es tener mérito ejecutivo, toda vez que el artículo 267 CPC le otorga el carácter de sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales. 4.

Sentencia Extranjera: Se incluye dentro de los equivalentes jurisdiccionales porque si bien técnicamente no es una sentencia (no emana de tribunales chilenos), existe la posibilidad que se pueda pedir su cumplimiento en Chile, previo trámite de Exequator o Pase Regio. Sin embargo, si adoptamos el concepto amplio de equivalente, la sentencia extranjera no lo sería, toda vez que es un acto jurisdiccional propiamente tal.

5.

Sobreseimiento Definitivo Penal: Es una forma particular de poner término al proceso penal, con igual fuerza que una sentencia definitiva, y con los mismos caracteres de irrevocabilidad e imperio. Es equivalente a la sentencia absolutoria. Sin embargo, nuevamente si optamos por el concepto amplio, el sobreseimiento, al ser un acto jurisdiccional, no sería equivalente.

6.

Desistimiento: Es aquel acto por el cual el demandante renuncia a la pretensión contenida en la demanda y a continuar adelante con el procedimiento. Sin embargo, para dar lugar al desistimiento, se debe dictar una resolución por parte del tribunal dándole lugar. En estos términos, no es equivalente jurisdiccional, pues siempre debe haber sentencia que acepte el desistimiento. No obstante, produce cosa juzgada si se acepta.


7.

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Sentencia Eclesiástica: En Chile ya no existe, debido a la separación entre la Iglesia y el Estado producida en 1925, e inclusive antes de ello, con la dictación de la Ley de Registro Civil de 1884. No es equivalente jurisdiccional.

IX.- ATRIBUCIONES CONEXAS. Son aquellas facultades que la Constitución o las leyes entregan a los órganos jurisdiccionales, pero que no tienen el carácter jurisdiccionales, sino que son mas bien de naturaleza administrativa. De conformidad a lo establecido en el artículo 3 COT , pueden ser de tres clases: conservadoras, económicas y disciplinarias. Son un complemento necesario de la labor jurisdiccional de nuestros tribunales de justicia. Sus objetivos o funciones primordiales, en términos generales, son los siguientes:

1. Organizar la actividad de la jurisdicción; 2. Cautelar el adecuado cumplimiento de funciones respecto de los distintos componentes de los órganos jurisdiccionales; y,

3. Tutelar y cautelar adecuadamente derechos de carácter constitucional. 1.

Facultades Conservadoras: “Son aquellas otorgadas por la Constitución y la ley a los tribunales de justicia, y cuya finalidad es la de velar por la observancia de la Constitución y las leyes y prestar una adecuada protección a las garantías individuales.” El nombre de

estas facultades tiene un antecedente histórico en la Constitución de 1833 que contemplaba como órgano público una comisión conservadora. En 1874 se modificó la Constitución, y se estableció que a la comisión conservadora le correspondía velar por la observancia de la ley y prestar protección a las garantías individuales. En 1875, el COT asume esta denominación. Dentro de estas facultades, podemos distinguir dos áreas: a)

Respecto de la Constitución y las leyes: Existen dos instituciones básicas que han sido entregadas a los tribunales para este fin: i.

Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la ley: (artículo 80 CPR ) Mas que un recurso, es una acción de declaración de que un precepto legal es inconstitucional y que en consecuencia no se puede usar para un caso concreto.

ii.

Contiendas de Competencia: Son una manifestación de estas facultades pues resuelven conflictos entre tribunales, en beneficio del cumplimiento cabal de la ley (artículos 49 N°3 CPR y 191 inc.2° COT )

b)

Adecuada protección a las garantías constitucionales: En relación con esta segunda faceta de las facultades conservadores, encontramos una gran cantidad de instituciones procesales que la manifiestan: i.

Recurso de Amparo: (artículo 21 CPR ) Protege las garantías de la libertad personal y seguridad individual de las personas. Está reglamentado en el CPP y en un Auto Acordado dictado por la Corte Suprema.


ii.

Recurso

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de Protección:

(artículo

20 CPR) Tiene por objeto

cautelar

fundamentalmente garantías individuales, señaladas en dicha norma, frente a una acción u omisión arbitraria o ilegal que importe una amenaza, perturbación o privación de ese derecho. Se regula en un Auto Acordado de la Corte Suprema. iii.

Privilegio de Pobreza: Quien goza de este privilegio no está obligado a pagar honorarios a las personas que intervienen durante la tramitación del proceso ni a soportar cargas pecuniarias para efectos de hacer valer sus derechos. Es una expresión del derecho de acceso igualitario a la justicia.

iv.

Abogados y Procuradores de Turno: Para velar por la asistencia jurídica, ( artículo

598 COT). Coexisten con la Corporación de Asistencia Judicial. v.

El Desafuero: Regulado en los artículos 611 a 622 CPP. Es la autorización que se requiere para poder someter a proceso a los senadores y diputados ( artículo 58

CPR). También existe un desafuero para jueces respecto de delitos ministeriales, denominado Querella de Capítulos. vi.

Las Visitas: A lugares de prisión o detención. Hay visitas semanales (todo juez de letras que ejerza jurisdicción en materia criminal – artículo 567 COT ), y semestrales (artículos 578 a 580 COT ) Su objeto es velar por las condiciones y el tratamiento que se da a los detenidos, presos o condenados.

vii. Recurso de Reclamación por Pérdida de Nacionalidad:

2.

(artículo 12 CPR ).

Facultades Disciplinarias: Son aquellas ligadas a la estructura priamidal del Poder Judicial, que se ejercen para mantener y resguardar el orden interno y el respeto tanto en la conducta de sus subalternos y auxiliares, como en el debate entre las partes. A mayor jerarquía, mayores facultades disciplinarias posee el tribunal. Se regulan en los artículos

530 y siguientes COT . Las medidas disciplinarias pueden clasificarse según si se decretan de oficio o a petición de parte, o bien, si tienen carácter preventivo o represivo:

a) De oficio: i.

Juez de Letras: -

Para reprimir o castigar abusos que se cometieron dentro de su sala de

despacho. Pueden aplicarse distintas sanciones en el siguiente orden: amonestación verbal, multa o arresto (solo si los 2 anteriores no sirvieron.) -

Para sancionar faltas de respeto de en los escritos , el tribunal puede: devolver el escrito y no admitirlo sin supresión de palabras o pasajes abusivos, hacer tajar por el secretario dichos pasajes y dejar copia en el libro privado que hay en el juzgado, exigir firma del patrocinante para ese escrito y los demás que presente esa parte, apercibir a la parte o abogado que redactó o firmó el escrito o a ambos, con multa y suspensión de 1 mes, imponer a la parte o abogado o ambos sanciones indicadas respecto de los abusos en la sala de despacho. El juez puede aplicar cualquiera, incluso 2 o más simultáneamente. Esto no obsta de ejercer la acción penal pública relativa a calumnias expresadas en juicio (artículo 511 COT )

-

Relativas a empleados de secretaría y demás personas que ejercen

funciones concernientes a ellas, o a auxiliares de administración de justicia


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que desempeñan funciones en presencia del tribunal. A estos 2 se aplican las medidas disciplinarias del artículo 532 COT (desde amonestación privada a suspensión de funciones por 1 mes.) En el caso de los Juzgados de Garantía y Tribunales del Juicio Oral, las atribuciones disciplinarias respecto del personal las ejerce el administrador del tribunal. ii.

Corte de Apelaciones: Sanciones similares a las anteriores, establecidas en los

artículos 535, 537, 538 y 539 COT . iii.

Corte Suprema: El artículo 79 CPR le otorga la superintendencia correccional, complementada por los artículos 540 y 541 COT .

b) A Petición de Parte: i.

Queja Disciplinaria: Consiste en la solicitud que se formula por una parte al tribunal superior jerárquico, normalmente colegiado, de aquel tribunal o funcionario auxiliar al que se pretende sancionar, para la aplicación de una medida disciplinaria con motivo de haberse incurrido en falta o abuso durante el desempeño de sus funciones, que no consisten en la dictación de una resolución judicial ( artículo 544 COT ). Lo que se persigue es única y exclusivamente la aplicación de una medida disciplinaria. Son impuestas por el pleno del tribunal.

ii.

Recurso de Queja: Se interpone en contra de él o los jueces que dictaron una determinada resolución judicial, por haberla dictado con falta o abuso grave, esto es: -

Cuando se contraviene formalmente la ley;

-

Cuando se contravienen las normas de interpretación de la ley; o,

-

Cuando se dicta la sentencia apartándose del mérito del proceso.

Además de la aplicación de medidas disciplinarias, también se apunta a la revocación o eliminación de la resolución, para eliminar la falta o abuso. Se conoce en sala del tribunal superior jerárquico, el cual si lo acoge, debe elevar los antecedentes al pleno, el que deberá aplicar una sanción disciplinaria. c)

Represivas: Son prácticamente todas las sanciones revisadas a propósito de las medidas que se adoptan de oficio por los tribunales.

d) Preventivas: i.

Calificación de los Jueces: Las medidas disciplinarias afectan directamente la calificación anual de los jueces, y les limita la posibilidad de subir en las listas.

ii.

Visitas: Aquellas actividades de carácter inspectivo que desarrollan los superiores jerárquicos respecto de los inferiores. Se pueden clasificar desde un doble punto de vista: -

Visitas Ordinarias: (artículos 553 a 558 COT ) Se realizan en forma habitual, respecto de los tribunales inferiores o de los auxiliares de la administración de justicia para constatar su buen desempeño. Existe una visita anual que efectúa la Corte de Apelaciones a los juzgados de letras. Hay otra que se debe hacer por la Corte de Apelaciones cada 3 años ( artículo 555 COT ) El ministro visitador tiene que dar por escrito un informe a la Corte y si en la inspección se detectan anomalías, se usa el ejercicio de las facultades disciplinarias.

-

Visitas Extraordinarias: Son aquellas que se efectúan en ciertos casos específicos señalados en la ley, por parte de los tribunales superiores de justicia,


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a través de alguno de sus ministros en los juzgados de su respectiva jurisdicción, cuando el mejor servicio judicial lo exigiere (causal genérica del

artículo 559 COT ). Duran lo que fije el tribunal superior. El artículo 560 COT señala los casos en que proceden esta clase de visitas: 1) Cuando se tratare de la investigación de hechos o pesquisar delitos que puedan afectar las relaciones internacionales de la República (más amplio que el artículo 52 N°2 COT – no es lo mismo un tribunal unipersonal de excepción, que un Ministro en visita, el cual ocupa jurídicamente el lugar del tribunal y ejerce sus facultades según el

artículo 561 COT ); 2) Cuando se trata de la investigación y juzgamiento de crímenes o delitos que produzcan alarma pública y exijan pronta represión por su gravedad y perjudiciales consecuencias (existe alarma pública cuando un hecho genera una impresión profunda en la sociedad toda de que el mal acaecido se vuelva a producir); 3) Siempre que sea necesario investigar hechos que afecten la conducta de los jueces en el ejercicio de sus funciones o cuando hubiere retardo notable en el despacho de los asuntos sometidos al conocimiento de dichos jueces (causal genérica para causas civiles y criminales). -

Visitas hechas a recintos carcelarios : Estas visitas son importantes porque permiten que los detenidos o presos reclamen por los malos tratos en el recinto o por el retardo injustificado en el proceso, pero se identifican preferentemente con las facultades conservadoras.

iii. Estados y Publicaciones: Regulados en los artículos 586 a 590 COT . Consisten en los informes que deben remitirse por parte de los tribunales a su superior jerárquico en las oportunidades que establece la ley, acerca del avance de las causas que sean conocidas por los tribunales: 3.

Facultades Económicas: Son aquellas que tienen los tribunales para velar por su mejor gobierno interior y para aclarar o complementar disposiciones legales que están obligados a aplicar para un mejor ejercicio de la función jurisdiccional. Algunas manifestaciones de estas facultades son las siguientes:

a) Dictación de Auto Acordados por parte de los Tribunales Superiores. b)

Discurso Anual del Presidente de la Corte Suprema (artículo 102 N°4 COT )

c)

Intervención en los Nombramientos (artículos 282 y siguientes COT ) El Poder Judicial propone una lista, el ejecutivo elige dentro de la lista (terna o quina) el funcionario a designar. En algunos casos se requiera adicionalmente la ratificación del Senado.

d)

Escalafón: En el Poder Judicial existe el escalafón primario (ministros y fiscal de la Corte Suprema, ministros y fiscales de Cortes de Apelaciones, Jueces letrados, Relatores, Secretarios de Cortes y Juzgados de letras), y el secundario (Defensores públicos, auxiliares públicos de la administración de justicia, secretarios y relatores) Ambos se dividen en 7 categorías. Este orden se considera para efectos de nombramientos y ascensos.


e)

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Confección de Listas: Es el sistema de calificación de los funcionarios del poder judicial, y va desde lista sobresaliente a deficiente ( artículo 278 COT)

f)

Instalación de los Jueces: Un juez ejerce la función jurisdiccional desde que está instalado. Para que se le considere como tal debe de haber ocurrido el nombramiento y el juramento (artículos 299 a 305 COT )

X.- ACTOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS. (Jurisdicción Voluntaria) Si bien todos los actos jurisdiccionales son actos jurídicos procesales, no todos los actos jurídicos procesales tienen el carácter de jurisdiccionales. En efecto, existe una gran cantidad de actuaciones que se verifican ante los órganos jurisdiccionales, pero que no tienen tal carácter, y son los denominados “Actos Judiciales No Contenciosos” . Están definidos en el artículo 817 CPC como “aquellos que según la ley requieren de intervención del juez y en que no se promueve contienda alguna entre partes.” Del concepto

precedentemente indicado, podemos extraer sus principales elementos distintivos:

1. No hay conflicto entre partes, sino meras solicitudes. 2. Al no haber contienda, no existen partes sino sólo interesados. 3. Debe haber llamamiento expreso de la ley, a diferencia de lo contencioso, en que los tribunales están obligados a conocer de todos los actos judiciales contenciosos.

4. No operan ciertas instituciones como el fuero o la prorroga de la competencia. En cuanto a su naturaleza jurídica, existen tres doctrinas al respecto: 1.

Asuntos de Jurisdicción Voluntaria: Es errado porque no hay jurisdicción, pues no hay conflicto entre partes y no se produce cosa juzgada. Además no es voluntaria ni para los interesados (están obligados a solicitar determinadas declaraciones no-contenciosas por mandato de la ley), ni para el tribunal (debe actuar si la ley le entregó esa competencia)

2.

Jurisdicción No Contenciosa: También es equivocado utilizar esta denominación, porque no hay jurisdicción si no hay conflicto.

3.

Asuntos Administrativos que corresponden ser ejercidos por un órgano público respecto de materias relacionadas con el Derecho Privado. Esta es la definición de Piero

Calamandrei y es la mas aceptada. No obstante su naturaleza administrativa, el conocimiento y tramitación de los actos judiciales no contenciosos está entregado a los órganos jurisdiccionales, lo cual tiene su fundamento en las siguientes razones:

1. Son asuntos de estricta índole jurídica. 2. Es muy fácil que deriven en contenciosos 3. Es preciso que intervenga un órgano publico, fundamentalmente con un rol fiscalizador.


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JURISDICCION

Existencia de un Proceso Existencia de un Litigio Existencia de Partes Ejercicio de la Acción Demanda Poder – Deber Juzgador Sentencia

ACTOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS

No hay proceso sino un mero expediente No hay litigio sino un mero asunto Sólo interesados Pedimento Solicitud Atribuciones Administrativas Funcionario Público Dictamen

La tramitación de los actos judiciales no contenciosos está regulada en el CPC. De no existir un procedimiento especial en relación con la naturaleza de la solicitud, se aplica el procedimiento general establecido en los artículos 824 y siguientes CPC. En relación con el procedimiento, especial relevancia reviste la “información sumaria” , que es una forma de rendir prueba de cualquier especie (salvo absolución de posiciones por razones obvias), sin notificación, sin señalamiento de término probatorio ni intervención de contradictor y sin previo señalamiento de término probatorio, pero que permite al tribunal resolver con conocimiento de causa (artículo 818 CPC ) Los actos judiciales no contenciosos, admiten una clasificación, atendiendo a los objetivos que se persiguen a través de ellos: 1.

De Constitución de Derechos: Otorgan a una persona el derecho de ejercer determinadas facultades o prerrogativas, tales como, el nombramiento de tutores y curadores.

2.

De Homologación: Aprobar una manifestación de voluntad o un acuerdo de partes, como por ejemplo un inventario solemne, una tasación, etc.

3.

De Constatación: Ratificar y dotar de efectos jurídicos a una circunstancia ya existente, como en el caso de la posesión efectiva.

4.

De Autorización: Autorización para enajenar bienes raíces de un menor.

XI.- BASES DEL EJERCICIO DE LA JURISDICCION. Son los principios establecidos por la ley para el adecuado y eficiente funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. La jurisdicción debe ser analizada desde dos puntos de vista, que a pesar de ser diferentes deben ser armónicos entre sí, y que son el aspecto orgánico, el aspecto funcional.

1.

Legalidad: Se puede apreciar en tres aspectos: a)

Orgánico: Se traduce en dos principios básicos: i. Sólo en virtud de una ley se pueden crear tribunales. ii.

La organización y atribuciones de los tribunales son materia de ley orgánica constitucional, que en definitiva no es otra que el COT ( artículo 5 Transitorio CPR ).


b)

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Funcional: Los tribunales deben actuar dentro del marco que les fija la ley ( artículos 6 y 7 CPR). En materia procesal se establecen a través de las normas de la competencia, cuya sanción por incumplimiento es la nulidad procesal. Los tribunales deben resolver los conflictos dando plena aplicación a la ley, lo cual debe reflejarse en su sentencia. Si se infringe la ley, para reclamar esto existe el recurso de casación en el fondo. Existen excepciones, como cuando no hay ley para la resolución del conflicto en materia civil, caso en que se puede resolver a través de la

interpretación y de los principios

generales. Otro ejemplo es el caso de los árbitros arbitradores. c)

Garantía Constitucional: Se traduce en el principio de igual protección de los derechos de la persona dentro de la actividad jurisdiccional.

2.

Independencia, Inamovilidad y Responsabilidad: Si bien son tres conceptos distintos, se encuentran sumamente relacionados entre sí, para tener un poder judicial fuerte, que se ajuste al ejercicio de la función que se la ha encomendado dentro del Estado de Derecho. a)

Independencia: Un Estado de Derecho solo puede estar sostenido en un Poder Judicial independiente y eficiente, de todo punto de vista: i. Independencia Orgánica o Política: Tiene que existir un poder judicial autónomo

respecto de los demás poderes del Estado. La autonomía se refleja en el artículo 73

CPR y en los artículos 4 y 12 COT. ii. Independencia Funcional: Se manifiesta en que el poder judicial ejerce su función sin

que los otros poderes del Estado puedan inmiscuirse de cualquier forma en el ejercicio de la jurisdicción. iii. Independencia personal: Existe cuando el juez solo está sometido a su conciencia y

a la ley para la resolución de un conflicto, es decir, cuando no está presionado por nada ni nadie. Esta independencia no es total pues si hay contacto con los otros poderes del Estado, los poderes se controlan entre sí b)

Inamovilidad: Los jueces duran en sus funciones mientras dure su buen comportamiento ( y hasta que cumplan 75 años de edad, según la Constitución). Esta garantía no es absoluta, sino que tiene un cortapisa, que es el buen comportamiento, concepto a partir del cual derivan una serie de mecanismos para ponerle término:

i. Calificación. ii.

Remoción acordada por la CS conforme al artículo 77 CPR.

iii. Juicio de Amovilidad. c)

Responsabilidad: Se debe establecer la responsabilidad para equilibrar el poder: En estos términos los jueces son responsables en todos los ámbitos: i.

Responsabilidad Común: civil o penal, considerada para efectos del fuero.

ii.

Responsabilidad Disciplinaria: la ejercen los haciendo uso de sus facultades

iii.

Responsabilidad Política: sólo se hace efectiva respecto de los tribunales superiores de justicia a través de la acusación constitucional.

iv.

Responsabilidad Ministerial: proviene del mal ejercicio de la función jurisdiccional. Se divide en dos:


-

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Responsabilidad Penal Ministerial: Examen de admisibilidad o calificación previa

de procedencia del proceso en contra del juez, a través del desafuero o Querella de Capítulos. -

Responsabilidad Civil : No se señala expresamente como se hace la calificación

previa. Para algunos es por vía incidental, y para otros debe tramitarse en procedimiento sumario. De todos modos es necesario cumplir determinados requisitos adicionales: (1) que el proceso del cual deriva la responsabilidad se encuentre terminado por sentencia ejecutoriada; (2) que se hayan entablado dentro del proceso todos los recursos que la ley contempla para la reparación del agravio causado; y, (3) la demanda para hacer efectiva la responsabilidad, debe deducirse en un plazo de seis meses, desde que se encuentre firme la sentencia de la causa. 3.

Territorialidad: El tribunal sólo puede actuar dentro de su territorio. Sin embargo, existen las siguientes excepciones: a)

Actuaciones de los Jueces del Crimen de Santiago y Chacabuco ( artículo 43 COT )

b) Inspección personal del tribunal (puede hacerlo fuera de su territorio). c) Juez del Crimen que conoce de delitos en varias comunas. d) El hecho de que un juez conozca de un asunto no impide que dicte resoluciones que se ejecutarán en otro territorio a través de exhortos. 4.

Jerarquía o Grado: Toda institución debe tener una jerarquía. En el Poder Judicial se verifica a través de su estrcturación piramidal, que reviste especial importancia porque delimita la competencia, consagra el principio de la doble instancia, y permite entender la regla general de la competencia de la jerarquía o grado.

5.

Publicidad: (artículo 9 COT ) Los actos de los tribunales son públicos, salvo excepciones expresamente establecidas en la ley. Las excepciones constituyen lo que se denomina el secreto, el cual puede ser:

6.

a)

Absoluto: El acto no puede ser dado a conocer ni a las partes ni a los terceros.

b)

Relativo: Pueden tener conocimiento del acto una o ambas partes, pero no los tercero

Sedentariedad: Los tribunales deben tener un asiento dentro del cual ejercen su jurisdicción.

7.

Pasividad: (artículo 10 COT ) Los tribunales actúan a petición de parte, salvo que la ley los faculte expresamente para actuar de oficio. La gran excepción es el Procedimiento por Crimen o Simple Delito de Acción Penal Pública, en que no sólo lo puede iniciar de oficio el juez, sino que además también investiga de oficio durante toda la fase del sumario criminal.

8.

Competencia Común: En Chile la regla general es la competencia común, esto es, que los tribunales son competentes para conocer toda clase de asuntos. Sin embargo, existen algunas manifestaciones de especialidad.


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a) Tribunales Especiales. b)

Jueces de Letras de Comunas Principales: Se divide la competencia civil y penal.

c)

Corte Suprema: A partir de la Ley N°19.374 funciona en salas especializadas, tanto en funcionamiento ordinario como extraordinario.


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CAPITULO III - LA COMPETENCIA I.- CONCEPTO Y NOCIONES GENERALES. Al Momento de enfrentarnos a un conflicto de relevancia jurídica que requiere de la intervención del órgano jurisdiccional, existen fundamentalmente dos preguntas que surgen a este respecto. La primera de ellas consiste en descubrir cual es el tribunal que deberá conocer del asunto litigioso, y la segunda consiste en averiguar de que forma el tribunal que corresponda, se aproximará a los hechos y aprehenderá el conflicto para poder posteriormente dirimirlo. La primera de estas preguntas se relaciona con las normas de competencia, las cuales no indican cual es el tribunal al cual corresponde conocer de cada asunto que pueda generarse y que sea materia de jurisdicción. La segunda interrogante en cambio, se relaciona con los distintos procedimientos establecidos en nuestros códigos procesales y en leyes especiales, y es materia del Curso de Derecho Procesal II. En relación con el tema de la competencia, podemos decir que en términos generales existen tres grandes reglas de descarte que pueden seguirse para lograr determinar el tribunal competente. 1.

Primera Regla: Analizar si existe un tribunal especial para la resolución del conflicto.

2.

Segunda Regla: Establecer la existencia de algún árbitro designado por las partes para resolver el conflicto en los casos en que la ley lo permita o exija.

3.

Tercera Regla: Son competentes los tribunales ordinarios. Estos estas ordenados jerárquicamente:

a) Corte Suprema. b) Cortes de Apelaciones. c) Tribunales Unipersonales de Excepción. d) Juzgados de Letras. e) Juzgados de Garantía. f) Tribunal Oral en lo Penal. Luego de haber seguido las reglas antes enunciadas, nos veremos enfrentados al dilema de decidir a cual de todos los tribunales ordinarios antes indicados deberemos acudir para la resolución de un determinado conflicto. En este punto, aparecen propiamente las reglas de la competencia, las cuales analizaremos con detenimiento en los párrafos siguientes. No obstante, previo a entrar derechamente a


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revisar cada una de las reglas generales o especiales, es preciso esbozar un concepto de competencia. El artículo 108 COT , contiene la definición legal de la competencia, estableciendo que esta es:

“la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones.” Sin embargo, este concepto ha sido duramente criticado, fundamentalmente porque es casi idéntico a la definición de jurisdicción que da el Código Orgánico de Tribunales en el artículo

1°. En efecto, ambas normas definen dos conceptos claramente diferentes, de la misma forma, como la “facultad de conocer”. Evidentemente existe un error en el legislador, aunque no tan grave como pudiera pensarse. En efecto, si bien jurisdicción y competencia claramente no son lo mismo, lo cierto es que existe entre ambos conceptos una relación de género y especie, siendo la jurisdicción el género y la competencia la especie. Conforme a lo anterior, que por cierto es la opinión mayoritaria de la doctrina nacional, definimos a la competencia como la esfera, órbita, medida o grado de jurisdicción,

establecida por el legislador, para que ella se ejerza por cada tribunal a través del debido proceso.” JURISDICCION Poder-Deber del Estado para resolver litigios No admite clasificaciones No es delegable No es Prorrogable Se puede tener jurisdicción sin competencia Su falta acarrea la inexistencia procesal Puede alegarse como excepción perentoria Su falta no admite saneamiento (C.J. aparente) Su falta no es susceptible de casación Si se dicta fallo, se da lugar al art.464 N°7 CPC

COMPETENCIA Esfera para el ejercicio de la jurisdicción Si es clasificable Es parcialmente delegable (exhortos) Admite prórroga en ciertos casos No existe competencia sin jurisdicción Su falta acarrea la nulidad procesal Puede alegarse como excepción dlatoria Si admite saneamiento La incompetencia es causal de casación No da lugar a esa excepción.

II.- CLASIFICACIONES. La competencia, a diferencia de la jurisdicción, admite una serie de clasificaciones, establecidas de conformidad a distintos criterios objetivos: 1.

Absoluta y Relativa: La competencia absoluta es aquella que nos permite determinar que tribunal, dentro de la estructura piramidal de nuestros tribunales de justicia, deberá conocer de un determinado asunto, sobre la base de la ponderación de elementos tales como la cuantía, la materia y el fuero. Pero una vez determinado el nivel o jerarquía del tribunal, se aplican las normas de competencia relativa, conforme a la cual no es posible determinar


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que tribunal dentro de la jerarquía previamente determinada, conocerá de un determinado negocio, sobre la base del elemento territorial COMPETENCIA ABSOLUTA

COMPETENCIA RELATIVA

Sus elementos son cuantía, materia y fuero Su elemento es el territorio Se aplica en el orden vertical de la estructura Se relaciona con el orden horizontal, de los tribunales (jerarquía) Normas son de orden público (irrenunciables) Improrrogable La incompetencia puede y debe declararse No hay plazo para alegar incompetencia

2.

dentro de un grado específico. Normas de orden privado (renunciables) Prorrogable Sólo a petición de parte. Si hay plazo (antes de prorrogarla)

Natural y Prorrogada: Competencia natural es aquella que tiene un determinado tribunal, como resultado de la aplicación de las normas de competencia absoluta y relativa. Competencia prorrogada es aquella en que las partes, expresa o tácitamente recurren a un tribunal distinto del naturalmente competente. La prórroga en todo caso, sólo procede en asuntos civiles, contenciosos, de primera instancia y e ntre tribunales de igual jerarquía.

3.

Propia y Delegada: Competencia propia es aquella que natural o prorrogadamente corresponde a un tribunal, en tanto que la competencia delegada es la que tiene un tribunal que no es competente ni conoce del conflicto, exclusivamente para realizar determinadas diligencias relacionadas con un proceso, en base a su territorio jurisdiccional. Estas diligencias y esta clase de competencia nace a través de los exhortos, y la competencia delegada se reduce exclusivamente a las atribuciones entregadas por el tribunal exhortante. Esto está establecido en el artículo 71 CPC en relación con el inciso 2° del artículo 7 COT . El exhorto es una “comunicación escrita en que un tribunal exhortante encomienda a

otro, exhortado, la realización de determinadas actuaciones judiciales dentro del territorio de este último: se exhorta uno a otro por estar en distintos territorios.” La delegación de la competencia efectuada a través del exhorto siempre es específica, no puede haber delegación de competencia total. El tribunal exhortado tiene tanta competencia como se le haya delegado. Características:

a) Para el tribunal exhortante es la única forma para realizar actuaciones judiciales fuera de su territorio. b) Para el tribunal exhortado, su cumplimiento es obligatorio y no facultativo Los casos de mayor aplicación de los exhortos son las notificaciones y la realización de diligencias de prueba (en especial la relativa a la testimonial). Hay procedimientos en que no cabe el exhorto, como por ejemplo los interdictos posesorios, en los cuales se establece expresamente que sólo se puede interrogar testigos ante el tribunal que conoce de la causa (artículo 559 CPC ). Clasificación: a)

Según la nacionalidad de los tribunales que intervienen: i.

Exhortos nacionales: Cuando sólo intervienen tribunales chilenos.

ii.

Exhortos Internacionales: Si interviene un tribunal extranjero. La comunicación no es directa. Si se dirige un juez chileno a uno extranjero, debe ir primero a la Corte Suprema y luego al Ministerio de RR. EE. para que se ponga en contacto con el


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otro país ( artículo 76 CPC ). Si es de tribunal extranjero a nacional, llega vía Ministerio de RR. EE., luego a la Corte Suprema, y de ahí al tribunal nacional.

b) En cuanto a la forma del exhorto: Simple: aquel que se dirige por el tribunal exhortante a uno exhortado para la

i.

practica de una o más diligencias. Circulante o Ambulatorio: aquel que se dirige por el tribunal exhortante a diversos

ii.

(2 o más) tribunales exhortados para que practiquen actuaciones en diferentes lugares. Esta contemplado en el artículo 74 CPC . Respecto de la tramitación de los exhortos, es preciso hacer una distinción: a)

Ante el Tribunal Exhortante: Posee competencia propia; encomienda a otro tribunal de distinto territorio jurisdiccional la práctica de una determinada actuación judicial dentro de este. El tribunal exhortante conoce del asunto y ante él debe pedirse que se remita la comunicación (regla de la extensión), al otro tribunal, con el fin de que practique una actuación judicial dentro de su territorio. El escrito debe señalar:

i.

Cual o cuales son las actuaciones judiciales que debe ordenar el tribunal exhortado.

ii.

Cual es el tribunal a que se le dirige el exhorto y que facultades se le confieren.

iii. Cual es la persona que va a tramitar el exhorto, o solicitar autorización para conducir el exhorto por el solicitante. Frente a la solicitud, el tribunal exhortante debe dictar una resolución en la cual decrete la práctica de la actuación judicial fuera de su territorio y ordene que se remita exhorto, señalando cuales son los escritos, resoluciones y demás antecedentes que deberán contenerse en él (necesarios para practicar la diligencia). Con esta resolución, hay que confeccionar materialmente el exhorto, en el cual se incluye la comunicación de un tribunal a otro encomendando la realización de una actuación determinada, la solicitud y la resolución, además de copias de actuaciones, escritos y resoluciones necesarias para tramitar el exhorto. El exhorto debe contener: i.

La designación del tribunal al cual se dirige el exhorto. Esta comunicación del tribunal exhortante al exhortado se hace en forma directa y sin intermediario alguno, sin importar jerarquía que tengan ni lugar donde se encuentren ( artículo 75 CPC ). Para determinar a cual tribunal se le remite el exhorto, se aplica la regla de turno (artículo 179 COT ). Excepcionalmente tenemos 2 autos acordados referentes a esto: -

Auto Acordado de la Corte de Apelaciones de Santiago de 4/10/82 que establece la distribución de exhortos entre los juzgados del crimen de Santiago.

-

Auto Acordado de la Corte de Apelaciones de Santiago de 4/10/82, que establece que tratándose de exhortos de tribunales extranjeros, los tramita el 1er juzgado de Santiago (civil o penal según corresponda), o el 2° de menores.

ii.

Los escritos, decretos y explicaciones necesarias para que se tramite el exhorto, dentro de las cuales siempre se debe encontrar la resolución que ordena que la actuación judicial se realice fuera del tribunal exhortante. El contenido del exhorto se determina por la actuación que quiero realizar.


iii.

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La designación de la persona facultada para tramitarlo o la designación genérica de poderse tramitar el exhorto por cualquier persona que lo presente ( artículo 73

CPC). Esta persona debe cumplir con los requisitos de la comparecencia en juicio. iv.

La firma del juez exhortante o si fue de tribunal colegiado, de su presidente (artículo 72 CPC ).

a)

Ante el Tribunal Exhortado: Posee competencia delegada; recibe el encargo de realizar u ordenar la práctica de una actuación judicial dentro de su territorio jurisdiccional. Conforme al artículo 77 CPC , el exhorto llega por correo al tribunal exhortado. Sin embargo, es posible pedírselo a una persona para que lo tramite, luego de haberlo solicitado al tribunal y que este lo haya autorizado. Se debe dictar la resolución que ordene el cumplimiento de la resolución judicial en la forma en que se le haya indicado por el tribunal exhortante. No puede decretar ninguna otra gestión que no sea de aquellas necesarias para darle curso al exhorto ( artículo 71 CPC : limita la competencia del tribunal exhortado). Realizada la actuación solicitada, el tribunal exhortado debe decretar la devolución del exhorto al tribunal de la causa para que prosiga con su tramitación, a menos que sea circulante. Luego se deberá agregar el exhorto tramitado por el tribunal exhortado al proceso que conoce el tribunal exhortante. Para saber la fecha de las actuaciones ante el tribunal exhortado, puede pedir al tribunal que se fije una audiencia para la práctica de la diligencia, y se comunique por cédula a un domicilio dentro del radio del tribunal exhortado.

4.

Común y Especial: En virtud de la competencia común, el tribunal podrá conocer toda clase de asuntos. En cambio, cuando hablamos de competencia especial, hacemos alusión al caso en que el tribunal solo es competente para conocer de ciertas causas. Esta clasificación opera sólo en primera instancia, y la regla general es la competencia común (en Santiago es al revés).

5.

Privativa y Acumulativa: En la competencia privativa existe exclusivamente un tribunal competente para conocer del asunto (ej: recurso de inaplicabilidad = Corte Suprema), mientras que en la competencia acumulativa existen al menos dos tribunales competentes, pero basta que uno de ellos prevenga en el conocimiento del asunto, para que los demás pasen a ser incompetentes.

6.

De Primera, de Segunda y de Unica Instancia: Instancia es el grado de conocimiento de un conflicto, sobre la base de la procedencia o no del recurso de apelación. En estos términos, un tribunal tiene competencia de primera instancia cuando sus resoluciones admiten apelación, de única instancia si no lo admiten, y de segunda instancia si su función es precisamente conocer de las apelaciones.

7.

Civil Contenciosa y No Contenciosa: Esta clasificación se indica sólo por inercia pedagógica, toda vez que si en los actos no contenciosos no existe jurisdicción, menos


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puede haber competencia. La diferencia fundamental entre unos y otros es la presencia o ausencia de conflicto. 8.

Objetiva y Subjetiva: La competencia objetiva es aquella que determina el órgano jurisdiccional al cual corresponde conocer de un asunto, en tanto que la competencia

subjetiva es aquella que determina el juez o jueces en particular que conocerán. Se relaciona con las inhabilidades para actuar como juez, ya sea por implicancia o recusación.

III.- REGLAS GENERALES DE LA COMPETENCIA. Se definen como “los principios generales que permiten determinar el tribunal

competente, dentro de la estructura piramidal, para conocer de un asunto.” Se caracterizan por ser reglas generales, complementarias y consecuenciales las unas de las otras, y porque no existe una sanción única para su infracción. Son las siguientes: 1.

Regla de la Radicación o Fijeza: De conformidad a lo establecido por el artículo 109 COT, “radicado con arreglo a la ley el conocimiento de un negocio ante tribunal competente, no se alterará esta competencia por causa sobreviniente.” Para los efectos de esta regla, se entiende que un asunto se encuentra radicado cuando se cumplen los siguientes requisitos:

a) Tribunal competente a lo menos absolutamente; b) Conoce de un asunto, sea de oficio o a petición de parte; c) Con arreglo a derecho; d) Existencia de relación procesal válida. Respecto del cuarto requisito, existen diversas teorías. Unos piensan que basta la interposición de la demanda, otros dicen que ésta nace sólo con la notificación de la demanda, en tanto que para otros se requiere esperar la reacción del demandado, para verificar que no alegue incompetencia (prórroga). A n uestro juicio, basta la notificación, toda vez que el asunto se radicará, a lo menos para resolver una eventual excepción de incompetencia. En materia penal, también se discute si la radicación de produce con la resolución que ordena instruir el sumario, o si se debe esperar hasta la dictación del auto de procesamiento. Independientemente de la discusión antes referida, esta regla general de la competencia tiene algunas excepciones: a)

Compromiso: Es una excepción cuando no obstante haberse radicado el asunto, las partes deciden sustraerlo del conocimiento del tribunal y entregarlo a un árbitro.

b)

Acumulación de Autos: Es una institución procesal contemplada con el objeto de evitar la dictación de sentencias contradictorias. Es una excepción cuando dos o mas procesos, radicados ante distintos tribunales, siguen siendo conocidos por uno sólo de ellos, produciendo cosa juzgada respecto de los otros. Se justifica por economía procesal. En materia de quiebra se produce una situación similar, llamada

acumulación de juicios , que también constituye excepción a esta regla. Existen ciertas materias en las cuales no procede la acumulación de autos, tales como:


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i. Juicios Posesorios; ii. Desahucio y terminación de Contrato de Arrendamiento iii. Procesos conocidos por árbitros iv. Materias de arbitraje forzoso. c)

Visitas: Cuando se habla de excepción a la regla de la radicación, se hace alusión a las visitas extraordinarias, analizadas a propósito de las atribuciones conexas de nuestros tribunales. La verdad es que no es una excepción, toda vez que, no se reemplaza la esfera de competencia, sino tan sólo la persona del juez de primera instancia.

2.

Regla del Grado o Jerarquía: Esta establecida en el artículo 110 COT , conforme al cual “una vez fijada con arreglo a la ley la competencia de un juez inferior para conocer en primera instancia de un determinado asunto, queda igualmente fijada la del tribunal superior que debe conocer del mismo asunto en segunda instancia.” La consecuencia natural de esta regla es que la apelación no puede ser prorrogada. Para que opere esta regla, se requiere que el asunto esté radicado en primera instancia, y que proceda el recurso de apelación.

3.

Regla de la Extensión: “El tribunal que es competente para conocer de un asunto lo es igualmente para conocer de todas las incidencias que en él se promuevan. Lo es también para conocer de las cuestiones que se susciten por vía de reconvención o compensación, aunque el conocimiento de estas cuestiones, atendida su cuantía, hubiere correspondido a un juez inferior si se entablaren por separado.” Es preciso reconocer los distintos conceptos o actuaciones que comprende: a)

Asunto: es la cuestión principal, el conflicto sometido a la decisión del tribunal.

b)

Incidencias: son todas aquellas cuestiones accesorias al asunto principal, pero que requieren de una resolución de parte del tribunal.

c)

Reconvención: Es la demanda del demandado, que deduce aprovechando el procedimiento iniciado por el actor.

d)

Compensación: Es un modo de extinguir obligaciones y procesalmente es además una excepción perentoria.

En materia penal la regla de la extensión incluye el asunto principal, los incidentes, las acciones civiles derivadas del hecho punible, y las cuestiones prejudiciales civiles. 4.

Regla de la Prevención o Inexcusabilidad: Consiste en que existiendo dos o mas tribunales competentes para conocer de un asunto, ninguno de ellos puede excusarse del conocimiento, alegando la existencia de otro tribunal igualmente competente, pero si uno de ello previene en el conocimiento del negocio, los demás quedan excluidos y pasan a ser incompetentes (artículo 112 COT ) En realidad son dos reglas distintas pero profundamente relacionadas. La primera parte de la norma dice relación con la inexcusabilidad, y la segunda se refiere a la prevención.


5.

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Regla de la Ejecución: La ejecución de las resoluciones judiciales, corresponde a los tribunales que las hubieren dictado en primera o en única instancia ( artículo 113 COT ) No obstante los tribunales que conocen de los recursos de apelación, casación y revisión, podrán ejecutar los fallos que dictaren para la substanciación de los recursos, y el pago de las costas adeudadas a los funcionarios que hubieren intervenido en ellos, reservando las demás para el tribunal de primera instancia. Esta regla se relaciona directamente con la regla de la extensión, e inclusive algunos autores la incluyen dentro de ella.

IV.- REGLAS ESPECIALES DE LA COMPETENCIA ABSOLUTA. Cuando hablamos de reglas especiales de la competencia absoluta, nos referimos a aquellas que permiten determinar la jerarquía del tribunal que será competente para conocer de un asunto determinado (artículos 115 a 133 COT ) Estas reglas se caracterizan por ser de orden público, irrenunciables e improrrogables por las partes. Además la incompetencia absoluta no tiene plazo para ser alegada, y mas aún, el tribunal puede y debe declararla de oficio. Existen tres elementos que determinan la competencia absoluta, y que analizaremos en detalle en los párrafos siguientes. 1.

Cuantía: Conforme a lo establecido en el artículo 115 COT , la cuantía en los asuntos civiles se identifica con “el valor de la cosa disputada”, en tanto que en materia penal corresponde a “la pena que el delito lleva consigo”. Conforme a lo anterior, en materia penal el tema es bastante simple, distinguiendo según la cuantía si estamos en presencia de crímenes, simples delitos o faltas. En materia civil, en cambio, existen una serie de reglas que es preciso analizar para determinar el valor de lo disputado:

a) Reglas Generales: i.

Asunto Avaluable: Si el asunto es susceptible de apreciación pecuniaria, habrá que hacer una segunda distinción: -

Si el demandante acompañó documentos a su demanda, la cuantía se determinará de conformidad al valor que ellos expresen.

-

Si no se acompañan documentos o en ellos no aparece el valor, el artículo 117

COT, dispone una nueva distinción:

ii.

•

Acción Personal: se estará a la apreciación contenida en la demanda.

•

Acción Real: acuerdo de partes o en subsidio determinación pericial.

Asunto No Avaluable: Se reputarán de mayor cuantía los negocios que no estén sujetos a una determinada apreciación pecuniaria, como por ejemplo los siguientes (artículo 130 COT ) -

Cuestiones relativas al estado civil;

-

Separación de bienes y crianza y cuidado de los hijos;

-

Validez o nulidad de disposiciones testamentarias, petición de herencia, apertura y protocolización de testamento y demás relacionadas con apertura de sucesión;


-

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Nombramiento de Tutores y Curadores, administración, responsabilidad, excusas y remoción de éstos;

-

Derecho al goce del rédito de un capital acensuado; y,

-

Cuestiones de quiebras y convenios entre el deudor y los acreedores.

b) Reglas Subsidiarias: (artículo 120 COT) i. Si no se ha podido esclarecer el valor de lo disputado por los medios antes indicados, cualquiera de las partes podrá hacer las gestiones que estime convenientes a este respecto, antes de que se pronuncie el fallo.

ii. Podrá también el juez de oficio decretar las medidas que estime convenientes para el mismo efecto.

c) Reglas Específicas: i.

Pluralidad de Acciones: se deben sumar las cuantías de todas las acciones.

ii.

Pluralidad de Demandados: Se estará al valor de la cosa, aún cuando no exista solidaridad y no pueda demandarse el total a cada uno.

iii.

Reconvención: - Para efectos legales: suma de la acción principal y reconvencional. - Para efectos de competencia: se consideran separadamente los valores.

iv.

Juicios de Arrendamiento: - Desahucio y Restitución: monto de la renta convenida para cada período. - Reconvención de Pago: total de las rentas insolutas.

v.

Resto Insoluto: valor del resto insoluto.

vi. Pensiones Periódicas: - Futuras: suma de dichas pensiones en un año. - Devengadas: monto a que ellas ascendieren. d)

Regla de la Radicación de la Cuantía: (artículo 128 COT) Una vez determinada la cuantía, esta no se alterará aun cuando la cosa aumentare o disminuyere su valor durante el juicio, o aún cuando existieren frutos o intereses devengados después de la fecha de la demanda.

En la actualidad, y fundamentalmente a partir de la supresión de los juzgados de departamento y subdelegación, la cuantía ha perdido importancia como elemento determinante de la competencia absoluta. No obstante lo anterior, aún es un factor relevante en otras materias tales como: a)

Procedimiento Aplicable: En materia civil existe un procedimiento de mayor cuantía (juicio ordinario), uno de menor cuantía y otro de mínima. A partir de la dictación de la Ley N°19.594, que elevó los valores, se hizo mucho mas vigente el procedimiento de menor cuantía. En materia penal, también existen procedimientos diferenciados según si se trata de faltas, o de crímenes y simples delitos.

b)

Artículo 45 COT: Conforme a lo establecido en esta norma, según si la cuantía es superior o inferior a 10 UTM, el tribunal conocerá en primera o en única instancia.

2.

Materia: Se define como “la naturaleza del asunto controvertido y sometido al conocimiento del órgano jurisdiccional” En la actualidad, la materia juez un doble papel,


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tanto para el establecimiento de tribunales especiales, como para determinar la jerarquía del tribunal que conocerá del asunto. En efecto, conocida la materia, lo primero que deberá analizarse, según se indicó en la primera parte de este capítulo, es la existencia de un tribunal especial, y si no lo hay, veremos cual de los tribunales ordinarios es el competente. Por regla general, el factor materia opera mediante la sustracción de un asunto de un determinado tribunal, y su radicación en otro de mayor jerarquía. A continuación analizaremos los distintos casos expresamente regulados: a)

Juicios de Hacienda: Son aquellos procesos en los que el Fisco es parte. Será competente para conocer de ellos un Juez de Letras de comuna Asiento de Corte cuando el fisco es demandado. Si es demandante, puede elegir entre este y el juez de Letras del domicilio del demandado.

b)

Asuntos No Contenciosos: Jueces de Letras.

c)

Artículo 50 N°1 COT: Delitos contra la seguridad interior del Estado, Delitos de los Títulos II y VI del CP (contra la seguridad interior del Estado o contra el orden y la seguridad públicas), y Delitos contra la seguridad interior del Estado y sedición o motines (Títulos IV y V del CJM) todos los anteriores, cuando hubieren sido cometidos exclusivamente por civiles.

3.

d)

Extradición Pasiva: Presidente de la Corte Suprema

e)

Responsabilidad Ministerial de Jueces de Letras: Minstro de Corte de Apelaciones.

f)

Amovilidad de Ministros de Corte Suprema: Presidente Corte Apelaciones Santiago.

g)

Amovilidad de Ministros de Corte de Apelaciones: Presidente Corte Suprema.

h)

Delitos que afecten las relaciones internacionales: Ministro de Corte Suprema.

Fuero: Este elemento, dice relación con el grado o dignidad que tiene alguna de las partes que participa en un proceso, y en virtud del cual se somete el conocimiento del asunto a un tribunal distinto, normalmente de mayor jerarquía. El fuero es un beneficio establecido a favor de la contraparte de la persona que detenta la dignidad o grado, a fin de asegurar una mayor independencia del tribunal, y que éste no se vea intimidado. No debe confundirse con el fuero como privilegio, que detentan determinadas autoridades del país, y en virtud del cual no pueden ser sometidos a proceso sino previo desafuero o querella de capítulos. Doctrinariamente, se distinguen dos clases de fuero: a)

Fuero Mayor o Grande: (artículo 50 N°s 2 y 3 COT ) Los asuntos deberán ser conocidos por un Ministro de Corte de Apelaciones, actuando como tribunal unipersonal de excepción, cuando se trate de causas civiles o criminales en que sean parte o tengan interés:

i. Presidente de la República; ii. Ex – Presidentes; iii. Ministros de Estado, Intendentes y Gobernadores; iv. Agentes Diplomáticos chilenos, Embajadores y Ministros Diplomáticos acreditados o en tránsito;

v. Arzobispos, Obispos, Vicarios Generales, Provisores y Vicarios Capitulares.


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Además pertenecen a este fuero las causas por delitos comunes en que sean parte o tengan interés los miembros de la Corte Suprema o de las Cortes de Apelaciones, sus fiscales y los Jueces de Letras de Asiento de Corte. b)

Fuero Menor: Es el contemplado en el artículo 45 letra g) COT , y en virtud del cual, interviniendo las personas indicadas, el tribunal conocerá en primera instancia y no en única, a pesar que la cuantía sea inferior a 10 UTM.

El artículo 133 COT establece una serie de casos en los cuales no rige el fuero, a pesar de intervenir las personas que dan lugar a su aplicación, Dichos casos son los siguientes:

a) Juicios de Minas; b) Juicios Posesorios; c) Juicios sobre distribución de Aguas; d) Particiones; e) Los que se tramiten breve y sumariamente; f) Quiebras; g) Asuntos No Contenciosos; y, h) Demás que determinen las leyes.

V.- REGLAS ESPECIALES DE LA COMPETENCIA RELATIVA. Son aquellas que persiguen establecer, cual de aquellos tribunales pertenecientes a la jerarquía determinada tras la aplicación de las reglas de la competencia absoluta, será el que deberá conocer del asunto controvertido. Sus características fundamentales es que sus normas son de orden privado, y por lo tanto renunciables y prorrogables (sólo en determinados casos) por las partes. Además, existe un menor plazo para alegar la incompetencia y su factor determinante es el territorio. En cuanto a este elemento, normalmente los tribunales están divididos de acuerdo a las normas de la regionalización, teniendo competencia ya sea sobre regiones, provincias, comunas o agrupaciones de comunas. A continuación analizaremos las reglas específicas que determinan al tribunal competente, distinguiendo según la naturaleza del asunto litigioso. 1.

Asuntos Civiles Contenciosos: Para determinar que tribunal de la jerarquía será el competente, hay que seguir un proceso de descarte. a)

Existe o no Prórroga de Competencia: La prórroga de la competencia es “la facultad legal o convencional de un Juez para conocer asuntos que naturalmente no le corresponden.” En doctrina, existen distintas clases de prórroga según cual es el factor

determinante. Así, se habla de prórroga persona a persona en el caso de existir fuero y de que el aforado arrastre a los demás involucrados en el proceso; prórroga cantidad

a cantidad cuando el tribunal conocerá de asuntos de mayor cuantía de la que normalmente le corresponden; y, prórroga lugar a lugar cuando el tribunal conoce de asuntos correspondientes a otro territorio que el que se le ha asignado por ley. En nuestro país, sólo existe esta última clase de prórroga, entre tribunales de distintos


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territorios jurisdiccionales. Según el concepto antes indicado, la prórroga de la competencia de clasifica en legal ( artículos 111, 124 y 161 COT = mas que prórroga son reglas generales de competencia) y convencional. Esta última, que es la que se establece de común acuerdo entre las partes, puede ser de dos clases: Expresa: Cuando las partes han pactado con anterioridad al juicio, que el asunto

i.

será sometido al conocimiento de un tribunal distinto del naturalmente competente. Tácita: Hay prórroga tácita del demandante cuando interpone su demanda ante un

ii.

tribunal relativamente incompetente, y del demandado cuando realiza en dicho proceso cualquier gestión distinta de alegar la incompetencia. Los requisitos para que proceda la prórroga de la competencia es que se trate de: 1) Asuntos civiles; 2) Contenciosos; 3) De primera instancia; 4) Entre tribunales de igual jerarquía; y, 5) Existiendo capacidad de las partes para prorrogar. Una vez que ha operado la prórroga, podemos realmente decir que un asunto se ha radicado, y que en consecuencia operan las reglas de la radicación, grado, extensión, etc.

b) Existen o No Reglas Especiales: i.

Obligaciones que deben cumplirse en varios lugares: será competente el tribunal del lugar en que se reclame el cumplimiento de la obligación.

ii.

Pluralidad de Domicilios del Demandado: cualquiera de ellos es competente.

iii.

Pluralidad de demandados con distintos domicilios: cualquiera de ellos.

iv.

Demandado es Persona Jurídica: La demanda debe interponerse en el lugar en que se encuentre el asiento principal de la persona, y en caso de tener varios, aquel en el cual se celebró el acto o contrato.

v.

Acciones e Interdictos Posesorios: lugar en que se ubiquen los inmuebles. si están en varios es competente el juez de cualquiera de ellos.

vi.

Juicios de Aguas: ubicación del predio del demandado (cualquiera de ellos si el predio abarca varios territorios jurisdiccionales)

vii.

Avería Común: (artículo 1092 C.Com.)

- Se arregla fuera de Chile, es competente el juez del puerto de descarga - Se arregla en Chile, es competente el tribunal del lugar en que se arregle. viii.

Juicio de Alimentos: Domicilio del alimentario, salvo que éste lo haya cambiado por abandono o rapto, en cuyo caso es competente el juez del domicilio del alimentante.

ix.

Juicios Hereditarios: (petición de herencia, desheredamiento y validez o nulidad del testamento) Lugar en que su hubiere abierto la sucesión, conforme al artículo 955

CC (último domicilio del causante en Chile). c) Existen o No Reglas Vinculadas a la Naturaleza de la Acción: i.

Acción o Pretensión Inmueble: Es competente el juez del lugar que las partes hayan estipulado en la convención. A falta de estipulación, el demandante tiene la opción de elegir entre:

- Lugar donde se contrajo la obligación; o, - Lugar en que se encuentre el inmueble.


ii.

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Acción o Pretensión Mueble: Si la acción es mueble o se reputa mueble conforme a los artículos 580 y 581 CC es competente el Juez del territorio estipulado por las partes, y a falta de estipulación, el del domicilio del demandado.

iii. d)

Acción o Pretensión Mixta: Lugar en que estén los inmuebles.

Regla Supletoria o de Clausura: Si no es posible aplicar ninguna de las reglas precedentemente establecidas, será competente para conocer del asunto, el juez del domicilio del demandado.

2.

Asuntos Civiles No Contenciosos: Existe el mismo proceso de descarte, pero reducido exclusivamente a la existencia de reglas especiales. Si no es posible aplicar ninguna de las reglas especiales, será competente el juez del domicilio del solicitante. Las reglas especiales son las siguientes: a)

Sucesiones: Ultimo domicilio del causante en Chile.

b)

Nombramiento de Tutores y Curadores: Domicilio del pupilo.

c)

Muerte Presunta y Designación de Curador de Ausentes: Ultimo domicilio del desaparecido o ausente.

3.

d)

Autorizaciones para Enajenar Inmuebles: Ubicación de los inmuebles.

e)

Goce de un Censo: Lugar en que se inscribió el censo.

Asuntos Mineros: Es competente el juez de la comuna o agrupación de comunas en que se encuentre ubicada la pertenencia, inclusive para conocer de pedimentos o manifestaciones, que son actos no contenciosos. Como el factor territorial está ligado al yacimiento, no procede la prórroga de la competencia. Si la pertenencia abarca mas de un territorio jurisdiccional, será competente el tribunal de aquel en el cual se encuentra el punto medio o de interés.

4.

Asuntos Concursales: Se definen como aquellos en los cuales intervienen los acreedores de una persona, con el objeto de repartirse los bienes del deudor y proceder al pago de sus créditos. Se trata fundamentalmente del Juicio de Quiebra, de la Cesión de Bienes y de los Convenios Judiciales, sean preventivos o de solución. Es competente el juez del lugar en que se encuentre el domicilio del deudor o fallido.

5.

Asuntos Penales: A diferencia de en materia civil, se trata de normas de orden público, y por lo tanto no procede la prórroga de la competencia. Sin embargo, también es preciso seguir un procedimiento de descarte: a)

Comisión de un solo Delito o de varios Delitos en un mismo Territorio: Es competente el tribunal del lugar en que se cometió el hecho que da motivo al juicio (donde se dio principio a su ejecución = artículo 157 COT ) El Juzgado de garantía de ese lugar conocerá de todas las gestiones previas al juicio oral.

b)

Comisión de varios Delitos en distintos territorios: Si el Ministerio Público decidiere investigar en forma conjunta delitos que conforme a la regla anterior requieran la intervención de mas de un juez de garantía, será competente el Juez de Garantía del territorio en que se cometió el primero de los hechos investigados. Para ello en todo


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caso, debe citarse a una audiencia judicial a todos los intervinientes. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad del Ministerio Público de solicitar la separación de las investigaciones. c)

Delitos Cometidos en el Extranjero o del Artículo 6° COT: Serán competente el Juez de Garantía de Santiago que esté de turno.

d)

Participación Criminal y Fuero: La regla general es que el tribunal competente para juzgar al autor, lo es también para juzgar a los cómplices y encubridores. Por lo tanto, si el autor tiene fuero, arrastra a los cómplices y encubridores al tribunal de mayor jerarquía, así como a los coautores no aforados si los hubiere. La situación se altera un tanto en el fuero militar. Si entre los responsables de un delito, hay algunos que deben ser juzgados por tribunales militares, arrastran a los demás, el tribunal competente para juzgar a quienes gozan de fuero, juzgará a todos los demás.

e)

Delito de Giro Doloso de Cheques: Es Competente el Juez de Garantía del domicilio que tenga registrado el librador del cheque en el Banco respectivo.

6.

Asuntos Laborales: Lo normal es que su conocimiento y resolución corresponda a los Juzgados de Letras del Trabajo, aunque excepcionalmente, en las comunas en que estos no existen, puede conocer un juez de letras civil. Es competente el juez del domicilio del demandado, o bien del lugar en que se prestan los servicios, a elección del demandante.

VI.- CUESTIONES Y CONTIENDAS DE COMPETENCIA. Son los distintos conflictos que pueden producirse, entre los distintos tribunales, ya sea con las partes, con otras autoridades de la república, o bien, directamente entre sí, para determinar cual será finalmente el tribunal competente para conocer de un determinado asunto.

1. Contiendas de Competencia: Son aquellas que se verifican entre dos tribunales, o entre uno de éstos y una autoridad política o administrativa que eventualmente tiene atribuciones jurisdiccionales. La contienda puede ser positiva, cuando ambos órganos se arrogan la competencia para conocer de un asunto, o negativa, cuando ninguno de éstos quiere conocer del negocio. Se resuelven siempre en única instancia, y según quienes sean las partes en disputa, podremos determinar cual será el ó rgano encargado de dirimirlas:

a) Entre Tribunales Ordinarios: i.

Tribunales de igual jerarquía con superior común: Resuelve el superior jerárquico.

ii.

Tribunales de igual jerarquía y diferente superior: Resuelve el superior del tribunal que previno en el conocimiento del asunto. Si ninguno ha prevenido, resuelve la Corte Suprema.

iii. Tribunales de distinta jerarquía: Resuelve el superior del de mas alto rango. b) Entre Tribunales Arbitrales o entre Ordinarios y Arbitrales: Se aplican las mismas reglas antes detalladas, considerando a la Corte de Apelaciones respectiva como el superior jerárquico del tribunal arbitral.


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c) Entre Tribunales Tribunales Especiales Especiales o entre entre Ordinario Ordinarioss y Especial Especiales: es: i.

Dependen de la misma Corte de Apelaciones: Resuelve dicha Corte.

ii.

Dependen de distinta Corte de Apelaciones: Resuelve el superior de aquel de los tribunales que hubiere prevenido en el conocimiento del negocio. Si ninguno ha prevenido, resuelve la Corte Suprema.

d) Entre Tribuna Tribunales les de Justici Justiciaa y Autoridades Autoridades Político Político – Admini Administrat strativas: ivas: i. Si se trata de Tribunales Inferiores: Resuelve la Corte Suprema. ii. 2.

Si se trata de Tribunales Superiores: Resuelve el Senado.

Cuestiones de Competencia: Son aquellos conflictos que se producen entre un tribunal, y una de las partes del conflicto sometido a su conocimiento y resolución. Se promueven incidentalmente, ya sea por vía de inhibitoria, o por vía dclinatoria. a)

Inhibitoria: Una vez que un tribunal ha comenzado a conocer de un asunto, el afectado (normalmente el demandado) solicita al tribunal que cree competente y que no está conoci conociend endo o que asuma asuma la compet competenc encia ia del asunto asunto.. Pueden Pueden verifi verificar carse se entonc entonces es distintas situaciones, según la actitud que asuman los tribunales involucrados: i.

El tribunal accede a la solicitud: Debe oficiar al que está conociendo y que es incompeten incompetente, te, para que se inhiba de seguir seguir conociendo conociendo y le remita el expediente. expediente. Frente a esto, el tribunal que está conociendo puede asumir dos actitudes:

- Inhibirse: Debe remitir el expediente al tribunal oficiante, sin perjuicio de lo cual el demandante,

que interpuso su demanda ante él, puede apelar de esta resolución. - Negarse: Se forma una contienda de competencia, debiendo remitirse los autos al órgano

encargado de resolverla. ii.

El tribunal deniega la solicitud: El solicitante puede apelar.

Todas las apelaciones precedentemente referidas, serán conocidas no necesariamente por el superior jerárquico, sino por el tribunal al cual correspondería resolver la eventual contienda de competencia. b)

Declinatoria: En este caso, el demandado concurre concurre directamente directamente al tribunal tribunal que está conociendo y que él estima incompetente, solicitándole que deje de conocer y se declare incompetente. A diferencia de la inhibitoria, esta vía suspende el conocimiento del asunto. Ambas vías son alternativas alternativas e independient independientes, es, no pudiendo pudiendo hacerse hacerse valer conjuntamente.

INHIBITORIA Se pro promu muev eve e ante ante el el trib tribun unal al com compe pete tent nte e Se prom promuev ueve e ante ante el el tribun tribunal al que que no no conoc conoce e No susp suspen ende de el cono conoci cimi mien ento to del del asu asunt nto o Es un Incidente Especial

DECLINATORIA Se pro promu muev eve e ante ante el el trib tribun unal al inc incom ompe pete tent nte e Se prom promuev ueve e ante ante el el tribun tribunal al que que conoc conoce. e. Susp Suspen ende de el cono conoci cimi mien ento to del del asu asunt nto o Es un incidente Especial

VII.- REGLAS DE DISTRIBUCION DE CAUSAS.


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Una vez que, que, luego luego de aplicar aplicar las reglas reglas de compet competenc encia ia absolut absoluta a y relati relativa, va, logramos logramos determinar determinar cual es el tribunal tribunal competente competente para conocer de un determinado determinado asunto, asunto, es posible posible que todavía se nos presente un problema adicional. Dicho problema, dice relación con la existencia de mas de un tribunal competente en un mismo territorio y dentro de una misma jerarquía. Tal es el caso, por ejemplo, de los Jueces de Letras en lo civil de Santiago, donde nos encontramos con 30 tribunales con la misma competencia. En este plano es donde tienen tienen aplicación aplicación las reglas de distribución distribución de causas, causas, definidas definidas como

“aquellas que nos permiten determinar cual tribunal, luego de aplicadas las reglas de la competencia absoluta y relativa, va a conocer del asunto, cuando existen en el lugar dos o más tribunales competentes.” De acuerdo a la doctrina mayoritaria, así como, a los fallos de nuestros tribunales superiores, no se trata de reglas de competencia relativa, sino medidas de orden y de carácter administrativo, establ estableci ecidas das en virtud virtud de faculta facultades des económ económica icass destin destinadas adas a produc producir ir una adecua adecuada da distribución de la carga de trabajo de nuestro tribunales de justicia. No obstante lo anterior, se trata de reglas de orden público, que no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes. En nuestro país, la materia se encuentra regulada en los artículos 175 y siguientes COT , complementada a través de decretos del Presidente de la República (ej: determinación de territorios jurisdiccionales de jueces de letras del crimen de Santiago), y a través de Autos Acordados. A continuación analizaremos dichas reglas, distinguiéndolas según la naturaleza del asunto controvertido:

1. Asun Asunto toss Civi Civile les: s: a) Comu Comuna na no es asie asient nto o de Cort Corte: e: Se aplica la regla del turno, salvo que la ley hubiere cometido a uno de ellos el conocimiento de determinadas especies de causas. El turno es semanal, y comienza a ejercerlo el juez mas antiguo. A cada juzgado tocará conocer de todos los asuntos que se promuevan durante su turno, y hasta su conclusión.

b) Comu Comuna na Asi Asien ento to de de Cort Corte: e: Se aplica la regla de distribución distribución de causas. causas. Consiste en que todas las demandas y demás gestiones, se presentan en la Secretaría de la Corte de Apelaciones respectiva, a fin de que el presidente de dicho tribunal, previa cuenta del Secretario, designe el juez a quien corresponderá su conocimiento, asignando a cada causa un número de orden según su naturaleza, y dejando constancia en un libro que no puede ser examinado sin autorización del tribunal (caso de secreto relativo). En Santiago, por Auto Acordado de 29 de Diciembre de 1989, se realiza un distribución computacional, para lo cual se exige la presuma, haciendo mas expedito el trámite. Existen dos clases de excepciones a la distribución de causas: i.

Cas Casos en que se puede uede recur ecurri rirr dir directa ectam mente ente a un trib tribu unal nal prev previa iam mente nte determinado: Se trata de aquellos casos en que el juicio ya se ha iniciado:

- Por medidas prejudiciales; - Por Gestiones Preparatorias de la Vía Ejecutiva; - Por Acción de Desposeimiento (artículo 758 CPC );


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- En general, todas las gestiones que se susciten en un juicio ya iniciado; y, - Aquellas a que de lugar el cumplimiento de la sentencia, salvo el caso previsto en la parte final

del artículo 114 COT (cumplimiento incidental) ii. ii.

Caso Casoss en que que deb debe e volv volver erse se a la la regla regla del del tur turno no::

- Facultades que corresponden a los jueces para proceder de oficio; - Exhortos Nacionales; - Cumplimiento de resoluciones o decretos de juzgados o tribunales; y, - Asuntos de Jurisdicción Voluntaria.

En Santiago, este turno se complementa con distribución de causas, toda vez que la gestión debe presentarse en la Corte, para que sea asignada a uno de los 5 juzgados de turno que lo están cada semana.

2. Asun Asunto toss Pena Penale les: s: a) Juzg Juzgad ados os de Gara Garant ntía ía:: La distribución de causas se realizará de acuerdo a un procedimiento objetivo y general que deberá ser anualmente a nualmente aprobado por el Comité de Jueces a propuesta del juez presidente.

b) Trib Tribun unal al Ora Orall en lo lo Pena Penal: l: La distribución de causas entre las salas del tribunal, se realizará de acuerdo a un procedimiento objetivo y general que deberá ser anualmente aprobado por el Comité de Jueces a propuesta del juez presidente.


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CAPITULO IV - ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA I.- INTRODUCCION. La jurisdicción es una función pública que es realizada por el Estado, a través de determinados órganos que actúan en su nombre. Estos son los denominados órganos jurisdiccionales, comúnmente denominados “tribunales”, pese a que sabemos que existen otros organismos que ejercen jurisdicción sin ser tribunales. Sin perjuicio de ello el presente trabajo tiene por objeto estudiar a fondo a los órganos jurisdiccionales por naturaleza, cuales son los Tribunales de Justicia. La organización y estructura de estos órganos, se basa en dos principios fundamentales, cuales son el “Principio de Especialización” , conforme al cual los tribunales se encargan exclusivamente de ejercer la función jurisdiccional, y el “Principio de Pluralidad” , en virtud del cual se requiere la existencia de una gran cantidad de tribunales, para satisfacer las exigencias que plantea la administración de justicia. En nuestro país. el artículo 1° del D.L. N°573, dividió a nuestro país en 13 regiones, y a su vez a estas en provincias, y a estas en comunas. Posteriormente, la Ley N°18.776, dispuso la adecuación de la estructura judicial al proceso de regionalización, fijando los territorios jurisdiccionales, suprimiendo los jueces de distrito y los de subdelegación. Como consecuencia de esta nueva estructuración, hoy en día nuestro sistema piramidal judicial se encuentra conformado por la Corte Suprema a la cabeza, luego las Cortes de Apelaciones, repartidas a lo largo del territorio nacional y que fijan los territorios jurisdiccionales mas amplios, y finalmente los Juzgados de Letras, ya sean civiles, criminales o con competencia común. Sin embargo, existen otros tribunales además de estos, todos los cuales analizaremos en detalle a continuación.

II.1.

CLASIFICACION DE LOS TRIBUNALES.

Según su Clase o Naturaleza: Este es el criterio de clasificación mas importante, toda vez que es aquel establecido expresamente por el legislador ( artículo 5 C.O.T. ) a)

Ordinarios: Los tribunales ordinarios son aquellos que se encuentran reglamentados en el C.O.T., y son los siguientes:

i. Jueces de Letras en lo Civil ii. Juzgados de Garantía iii. Tribunal Oral en lo Penal


iv.

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Tribunales Tribunales Unipersonale Unipersonaless de Excepción Excepción: Actúan Actúan en este carácter los Ministros Ministros de Cortes de Apelaciones, Ministros de Corte Suprema, Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago y el Presidente de la Corte Suprema

v. Cortes de Apelaciones vi. Corte Suprema b)

Especiales: Los tribunales especiales especiales son aquellos que se encuentran encuentran tratados tratados fuera del C.O.T. Pueden o no pertenecer al Poder Judicial. Entre los que pertenecen al Poder Judicial, y que en consecuencia se encuentran supeditados a la superintendencia de la Corte Corte Suprem Suprema, a, destac destacan an Juzgado Juzgadoss del Trabaj Trabajo, o, los Juzgad Juzgados os de Menore Menoress y los Tribunales Militares en Tiempos de Paz. Ejemplos de aquellos que no pertenecen al Poder Judicial, son el Senado, el Director del S.I.I., el Tribunal de Aduanas, el Tribunal Constitucional, etc.

c)

Arbitrales: Son aquellos jueces designados designados por las partes partes o el Juez en subsidio, subsidio, para conocer de materias específicamente determinadas. Algunos autores no incluyen a los tribun tribunales ales arbitr arbitrales ales como como una catego categoría ría aparte aparte,, consid considerá erándo ndolos los simplem simplement ente e especiales. Otros autores distinguen entre tribunales perpetuos y temporales, ubicando a los árbitros en esta segunda categoría y a todos los demás tribunales en la primera.

2.

Según su Composición: Pueden ser Unipersonales o Colegiados. La principal diferencia entre ellos, además del número de miembros de que esta formado (uno o varios jueces), es que los primeros conocen directamente el proceso, mientras que en los otros opera la relaci relación. ón. En genera general,l, los tribun tribunales ales inferi inferiore oress son uniper uniperson sonale aless y los superi superiore oress son colegiados colegiados (la excepción es el tribunal oral en lo penal). Entre los unipersonal unipersonales es podemos distinguir los permanentes y los de excepción.

3.

Según la Continuidad de las Funciones: Conforme a este criterio, los tribunales pueden ser Permanentes o Accidentales (o de excepción). Estos últimos, no violan en caso alguno el principio de oportunidad del tribunal, establecido en la Constitución ( artículo 19

N°3 C.P.R.), porque si bien no están activos en forma permanente, siempre existen como tales en la legislación, constituidos, organizados y con competencia definida. 4.

Según la Calidad de sus Miembros: Serán Letrados si los jueces que lo componen son abogados, e Iletrados en caso contrario.

5.

Según la Observancia de la Ley: Son tribunales De derecho aquellos que tramitan y fallan con observancia estricta a los preceptos legales. Por su parte, son De equidad, aquellos aquellos que no fallan en derecho derecho sino conforme conforme a su convicción convicción interna. Se ha dicho que estos últimos en definitiva también son tribunales de derecho, pues es la propia ley la que los faculta a fallar en conciencia.

6.

Según sus Funciones en el Proceso: Existen tribunales Substanciadores (sólo actúan en la etapa de tramitación o investigación), Sentenciadores (se limitan exclusivamente a pronunciar pronunciar el fallo) y Mixtos. La reforma procesal procesal penal ha incorporado incorporado un cambio cambio radical radical


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en este punto, toda vez que dejan de existir los tribunales son mixtos en materia penal, disgregando la investigación en un ente administrativo (Ministerio Público), la sustanciación procedimental al Juez de Garantía y el fallo al Tribunal Tribunal Oral en lo Penal. 7.

Según su Jerarquía: Existen tribunales Inferiores y Superiores de justicia. La importancia de esta clasificación radica esencialmente en la procedencia de la acusación constitucional (artículo 48 C.P.R. ) y en que son los fallos de los tribunales superiores los que constituyen la jurisprudencia como fuente de derecho.

8.

Según su Instancia: Instancia: De acuerdo a la instancia en que el respectivo tribunal conoce del negocio, existen tribunales de Primera, de Segunda y de Única Instancia. Es necesario precisar que un mismo tribunal puede conocer determinados asuntos en primera instancia, otros en segunda y algunos mas en única.

9.

Según su Fuente u Origen: Podemos Podemos distinguir distinguir tribunales tribunales de Origen Legal, Judicial y Convencional.

III.- JUZGADOS DE GARANTIA Y TRIBUNALES ORALES EN LO PENAL . 1.

Concepto: Son Son nuev nuevas as cate catego gorí rías as de trib tribun unal ales es ordi ordina nari rios os de prim primer era a inst instan anci cia, a, incorporados por la reforma procesal penal. Los Juzgados de Garantía son “tribunales unipersonales, ordinarios, letrados, de derecho y permanentes, que ejercen sus facultades sobre una comuna o agrupación de comunas, y que conocen en primera instancia de todos los asuntos de orden criminal relacionados con la sustanciación previa al juicio oral.” Por su

parte, los Tribunales Orales en lo Penal son “tribunales colegiados, ordinarios, letrados, de derecho y permanentes, que ejercen sus facultades sobre una comuna o agrupación de comunas, y que conocen en primera instancia de todos los asuntos de orden criminal.”

Estos jueces están regulados fundamentalmente en los artículos 14 a 26 C.O.T. 2.

Requisitos para ser Juez de Garantía y/o de Tribunal Oral en lo Penal: Conforme a lo dispuesto en el art. 248 C.O.T., todas las regulaciones relativas a esta materia para los Jueces de Letras, se aplican igualmente a los jueces de juzgados de garantía y a los jueces de tribunales orales en lo penal ( artículo 252 C.O.T. )

a) Ser chileno. b) Tener el título de Abogado. c)

Haber cumplido con el Programa de Formación para postulantes al Escalafón Primario, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 284 bis COT .

d) Requi Requisi sito toss Espec Especia iale les: s: i.

Abogados Ajenos a la Administración de Justicia: Si postulan al cargo de Juez de Comuna o Agrupación de Comuna, se requiere experiencia profesional de a lo menos un año.


ii.

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Juez de Capital de Provincia o Asiento de Corte: Se exigen los requisitos adicionales del artículo 284 letra b) COT .

e)

No tener incompatibilidades o inhabilidades. ( artículos 256 a 261 C.O.T. )

f)

Además de los requisitos antes indicados, es necesario tener en consideración lo dispuesto por el artículo 280 C.O.T., respecto a los requisitos de antigüedad para los ascensos y promociones.

g)

Finalmente, Finalmente, es necesario necesario tener presente que los Jueces, cualquiera sea su categoría, cesan su actividad a los 75 años como tope, a excepción del presidente de la Corte Suprema (artículo 77 inciso 2° CPR ) y de los jueces que se encontraban encontraban activos activos a la fecha de entrada en vigencia de la Constitución ( artículo 8° transitorio CPR )

3.

Nombramiento: Para proceder al nombramiento, la Corte de Apelaciones respectiva debe llamar a concurso por el lapso de 10 días, a fin de reunir candidatos suficientes para integrar la terna que se envía al Presidente de la República para que este elija. Las ternas para el cargo de Juez de Garantía Garantía o del Tribunal Tribunal Oral en lo Penal, deben integrarse integrarse por el juez de garantía, juez de tribunal de juicio oral o juez de letras mas antiguo de la categoría inferior calificado en lista de méritos y dos integrantes de la misma categoría o de la inmediatamente inferior, que se hayan opuesto al concurso, el egidos por mérito.

4.

Territorio Jurisdiccional: El artículo 16 C.O.T. establece que en cada comuna habrá a lo menos un Juzgado de Garantía, señalando a continuación su número en cada región y provincia, su comuna de asiento, el territorio jurisdiccional que corresponde a cada uno de ellos y su competencia. A modo de ejemplo, en el territorio de Región Metropolitana existirán 195 Juzgados de Garantía 6y 196 Jueces de Tribunal Oral, distribuidos en las distintas comunas de la región.

5. Com Compete peten ncia: cia: a) Juec Jueces es de de Gara Garant ntía ía:: i.

Asegurar los derechos del imputado y demás intervinientes en el proceso penal;

ii.

Dirigir las audiencias que procedan conforme a la ley procesal penal;

iii. Dictar sentencia cuando corresponda, en el procedimiento p rocedimiento abreviado; iv. Conocer y fallar las faltas penales; v. Conocer y fallar las faltas a la ley de alcoholes; vi. Hacer Hacer ejecut ejecutar ar las conden condenas as crimin criminale aless y medida medidass de seguri seguridad dad y resolv resolver er solicitudes y reclamos relativos a dicha dicha ejecución; y,

vii. Conocer y resolver otras cuestiones que la ley les encomiende b) Trib Tribun unal al Ora Orall en lo lo Pena Penal: l: i.

Conocer y juzgar las causas por crimen o simple delito, salvo aquellas cuyo fallo corresponda al Juzgado de Garantía;

ii.

Resolver, en su caso, sobre la libertad o prisión preventiva de los acusados puestos a su disposición;

iii. Resolver todos los incidentes que se promuevan durante el curso del juicio oral; y, iv. Conocer y resolver otras cuestiones que la ley les encomiende.


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6. Organización: a)

Juzgados de Garantía: Estarán conformados por uno o mas jueces con competencia en un mismo territorio jurisdiccional, que actúan y resuelven unipersonalmente los asuntos sometidos a su conocimiento.

b)

Tribunal Oral en lo Penal: Funcionarán en una o mas salas integradas por tres de sus miembros. Podrán integrar la sala también otros jueces en calidad de alternos, solo en casos en que sea preciso subrogar en caso de que existan jueces inhabilitados o que opere la situación prevista en el art. 281 inc. final CPP.

c)

Comité de Jueces: Existe en los juzgados de garantía con 3 o mas jueces y en todos los tribunales orales en lo penal y se integra de la siguiente forma: i.

Juzgados o Tribunales con 5 jueces o menos: Se integra por todos ellos.

ii.

Juzgados o Tribunales con mas de 5 jueces: Se integra por 5 jueces elegidos por mayoría cada 2 años.

El Comité elige un presidente que dura dos años reelegible, quien tiene voto dirimente en caso de empate. Las funciones del Comité son las siguientes:

i.

Aprobar el procedimiento de distribución de causas;

ii.

Designar al administrador del tribunal, de entre una terna presentada por el presidente;

iii. Calificar anualmente al administrador del tribunal; iv. Resolver acerca de la remoción del administrador; v.

Designar al personal del juzgado, de entre ternas presentadas por el administrador;

vi. Conocer

de

apelaciones

contra

el

administrador

por

remoción

del

subadministrador, jefes de unidades o personal del juzgado;

vii. Definir el proyecto de plan presupuestario que presente el presidente para ser enviado a la Corporación Administrativa del Poder Judicial;

viii. Las demás materias que señale la ley. d)

Organización Administrativa: Los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal se organizarán en unidades administrativas para el cumplimiento de las siguientes funciones: i.

Sala: organización y asistencia a las audiencias;

ii.

Atención de Público: Otorgar una adecuada atención, información y orientación.

iii.

Servicios: Labores de soporte técnico computacional, contabilidad, apoyo a la labor administrativa, abastecimiento, etc.

iv.

Administración de Causas: Manejo de causas, registro de los procesos, notificaciones, audiencias, archivo, ingresos, rolaje de expedientes, audiencias de los detenidos, actualización de base de datos de causas y estadísticas básicas.

v.

Apoyo a Terceros: Adecuada atención, información y orientación a testigos y peritos. Esto solo existe en los Tribunales del Juicio Oral en lo Penal.


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IV.- JUECES DE LETRAS. 1.

Concepto: “Son tribunales unipersonales, ordinarios, letrados, de derecho y permanentes, que ejercen sus facultades sobre una comuna o agrupación de comunas, y que conocen en primera instancia de todos los asuntos no entregados a otros tribunales.” (Principio de

“Plenitud de competencia en primera instancia” ). Estos jueces están regulados fundamentalmente en los artículos 28 a 48 C.O.T. 2.

Requisitos para ser Juez de Letras: (artículo 252 C.O.T. ) a) Ser chileno. b) Tener el título de Abogado. c)

Haber cumplido con el Programa de Formación para postulantes al Escalafón Primario, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 284 bis COT .

d) Requisitos Especiales: Abogados Ajenos a la Administración de Justicia: Si postulan al cargo de Juez de

i.

Comuna o Agrupación de Comuna, se requiere experiencia profesional de a lo menos un año. Juez de Capital de Provincia o Asiento de Corte: Se exigen los requisitos

ii.

adicionales del artículo 284 letra b) COT . e)


f)

Además de los requisitos antes indicados, es necesario tener en consideración lo dispuesto por el artículo 280 C.O.T., respecto a los requisitos de antigüedad para los ascensos y promociones.

g)

Finalmente, es necesario tener presente que los Jueces, cualquiera sea su categoría, cesan su actividad a los 75 años como tope, a excepción del presidente de la Corte Suprema (artículo 77 inciso 2° CPR ) y de los jueces que se encontraban activos a la fecha de entrada en vigencia de la Constitución ( artículo 8° transitorio CPR )

3.

Nombramiento: Para proceder al nombramiento, la Corte de Apelaciones respectiva debe llamar a concurso por el lapso de 10 días, a fin de reunir candidatos suficientes para integrar la terna que se envía al Presidente de la República para que este elija. Las ternas para el cargo de Juez de Letras deben integrarse de la siguiente forma: a)

Juez de Letras de Capital de Provincia o Asiento de Corte: Se forma por el juez mas antiguo de la categoría inferior y dos integrantes de la misma categoría o de la inmediatamente inferior, por mérito.

b)

Jueces de Letras de Comuna o Agrupación de Comunas: Se forma por el funcionario mas antiguo de la categoría inferior y con uno o d os integrantes de la misma categoría o de la inmediatamente inferior, por mérito, o con uno o dos abogados ajenos al poder judicial conforme al artículo 284 bis COT.

4.

Características: Se infieren principalmente del concepto y de los criterios de clasificación de los tribunales precedentemente indicados:

a) Ordinarios.


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b) Unipersonales. c) Letrados. d) De Derecho. e) Permanentes. f) Responsables (civil, penal y disciplinariamente). g) Poseen la competencia plena en primera instancia (ya sea común o especial). 5.

Territorio Jurisdiccional: El artículo 27 C.O.T. establece que en cada comuna habrá a lo menos un Juez de Letras, en tanto que los artículos 28 a 40 C.O.T. establecen su número en cada región, su comuna de asiento, el territorio jurisdiccional que corresponde a cada uno de ellos y su competencia. A modo de ejemplo, en el territorio de Región Metropolitana existen: a)

Juzgados Civiles: (todos sin embargo tienen categoría de Juzgados Asiento de Corte). i. 30 Juzgados con asiento en la comuna de Santiago y jurisdicción sobre las comunas de la provincia de Santiago, con excepción de determinadas comunas.

ii. 4 Juzgados con jurisdicción para las comunas excluidas del grupo anterior (San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón, San Miguel, La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo)

iii. Un juzgado con asiento en Puente Alto y jurisdicción en las comunas de la Provincia de Cordillera. b)

Juzgados del Crimen: (antes de la reforma) i. 36 Juzgados con jurisdicción en la provincia de Santiago ii. 11 Juzgados para las comunas exceptuadas o que pertenecen a la Corte de Apelaciones de San Miguel.

iii. 3 Juzgados con asiento en Puente Alto y jurisdicción en las comunas de la Provincia de Cordillera.

c) Juzgados con Competencia Común: i. 3 con asiento en San Bernardo y jurisdicción en esa comuna y en Calera de Tango. ii. 2 con asiento en Talagante y jurisdicción allí, en El Monte y en Isla de Maipo. iii. 1 con asiento en Peñaflor y jurisdicción en esa comuna y en Padre Hurtado. iv. 2 con asiento en Melipilla y jurisdicción en esa provincia, salvo Curacaví. v. 2 con asiento en Buin y jurisdicción en esa comuna y en Paine. vi. 1 con asiento en Colina y jurisdicción en la provincia de Chacabuco. 6.

Competencia: Los Jueces de Letras tienen la plenitud de la competencia en primera instancia, en todos los asuntos civiles (contenciosos o no), criminales, e incluso en materias laborales y de menores si no existieren tribunales especiales en el lugar respectivo. A continuación analizaremos los elementos de la competencia: a)

Cuantía: Determina la instancia en que conocerán de cada asunto. i.

En Unica Instancia: causas civiles y de comercio inferiores a 10 UTM.

ii.

En Primera Instancia:


-

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Causas civiles y de comercio superiores a 10 UTM o aquellas de cuantía inferior pero que intervenga una persona con fuero mayor.

-

Crímenes y Simples Delitos (salvo los entregados al conocimiento de los Juzgados de Policía Local).

-

Faltas contenidas en el Código Penal (siempre que no exista un Juez de Policía Local que sea letrado).

-

Determinadas faltas del Código Penal, cometidas en las comunas de Santiago, Quinta Normal, Ñuñoa, Providencia, Las Condes y La Reina.

-

iii. b)

Infracciones a la Ley de Alcoholes. Demás asuntos que la ley les encomiende.

Materia:

c)

i.

Juicios de Minas.

ii.

Trabajo y Menores.

iii.

Juicios de Hacienda.

iv.

Actos Judiciales No Contenciosos.

v.

Juicios Posesorios.

vi.

Distribución de Aguas.

vii.

Quiebras y Convenios.

viii.

Goce de un Censo.

Fuero o Persona: Todos aquellos asuntos de cuantía inferior a 10 UTM en que sean parte o tengan interés las personas indicadas en el artículo 45 N°1 letra g (fuero mayor). Lo relevante del fuero en este caso no es el cambio de tribunal, sino que los Jueces de Letras conocerán en primera y no en única instancia, dando lugar al principio de la doble instancia y por ende a la revisión por parte del superior jerárquico.

Existen además algunos casos de competencia especial de los Jueces de Letras de Comuna que es Asiento de Corte de Apelaciones, tales como:

a) Causas criminales en que intervenga un Juez de Comuna de esa jurisdicción. b) Juicios de Hacienda cuando el Fisco es demandado.

V.- TRIBUNALES UNIPERSONALES DE EXCEPCION. 1.

Concepto: “Son tribunales ordinarios, unipersonales, letrados, de derecho y accidentales, que ejercen sus facultades en primera instancia, conociendo de determinados asuntos que las leyes les encomiendan.” Los designa la ley para conocer de determinados asuntos, de

acuerdo al cargo que desempeñan, o por turno. Su territorio jurisdiccional coincide con el tribunal al cual pertenecen. Están tratados en los artículos 50 a 53 C.O.T. A continuación los analizaremos en detalle.


2.

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Ministro de Corte de Apelaciones: (artículo 50 C.O.T. ) Tienen competencia en primera instancia y según un turno fijado por la respectiva Corte, para conocer de los siguientes asuntos: a)

Fuero Mayor del artículo 50 N° 2 C.O.T.

b) Demandas civiles contra jueces de letras para hacer efectiva su responsabilidad civil resultante del ejercicio de sus funciones.

c) Demás que las leyes les encomienden. 3.

Ministro de la Corte Suprema: (artículo 52 C.O.T. ) Les corresponde conocer: a) Causas entre la “Corporación de Ventas del Salitre y Yodo” y sus empresas (artículo 23 de la Ley N°12.033).

b) Delitos de jurisdicción de tribunales chilenos, cuando puedan afectar las relaciones internacionales de la República con otros Estados.

c) Extradición Pasiva. d) Demás que las leyes les encomienden. 4.

Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago: (artículo 51 C.O.T. ) a) Causas sobre amovilidad de los ministros de la Corte Suprema. b) Acusaciones y demandas civiles deducidas contra el Fiscal o ministros de la Corte Suprema para hacer efectiva su responsabilidad ministerial.

5.

Presidente de la Corte Suprema: (artículo 53 C.O.T. ) a) Causas sobre amovilidad de los ministros de las Cortes de Apelaciones. b) Acusaciones y demandas civiles deducidas para hacer efectiva la responsabilidad ministerial del Fiscal o Ministros de las Cortes de Apelaciones. c) Causa de Presas, Extradición Pasiva y demás asuntos que deban juzgarse con arreglo al derecho internacional. d) Demás que las leyes les encomienden.

VI.- CORTE DE APELACIONES. 1.

Concepto: “Son tribunales ordinarios, colegiados, letrados, de derecho y permanentes, que ejercen sus funciones en una región o parte de ella, y que son depositarios de casi la totalidad de la competencia en segunda instancia.” Existen 17 Cortes de Apelaciones a lo

largo de nuestro país, en tanto que el número de sus miembros varía en cada una. Están tratadas en los artículos 54 a 92 C.O.T. 2.

Requisitos: Para ser Ministro o Fiscal de Corte de Apelaciones es preciso: a) Ser chileno. b) Tener el título de Abogado. c)

Cumplir con los requisitos del artículo 284 letra a) COT


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d) Haber aprobado el Programa de Perfeccionamiento profesional para ser Ministro de Corte de Apelaciones e)

Haberse desempañado al lo menos durante un año como Juez de Letras, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 280 COT .

f)

3.


Nombramiento: Los ministros de las Cortes de Apelaciones son designados igualmente por el Presidente de la República, eligiendo de entre una terna conformada por la Corte Suprema, Para proceder al nombramiento, se debe llamar a concurso por el lapso de 10 días, a fin de reunir candidatos suficientes para integrar la terna que se envía al Presidente de la República para que este elija. Las ternas para el cargo de Ministro de Corte de Apelaciones deben integrarse incluyendo al Juez de Letras de Asiento de Corte mas antiguo según mérito, y dos Ministros de Corte de Apelaciones o integrantes de la segunda o tercera categoría que hayan postulado al nombramiento.

4.

Organización: La composición y estructura de las Cortes de Apelaciones es la siguiente, y en este mismo orden de jerarquía: a)

Ministros: Su número es variable en las distintas cortes. En el caso de Santiago, tras la dictación de la Ley Nº 19.805 son 31 ministros, repartidos en cada una de las 9 salas en que se divide durante el funcionamiento extraordinario, mas su Presidente, quien puede integrar cualquier sala.

b)

Fiscales: Funcionarios auxiliares de la administración de justicia, que ejercen el ministerio público ante los tribunales colegiados, y cuyo superior jerárquico es el Fiscal de la Corte Suprema. Con la reforma dejarán de pertenecer a la organización de la Corte de Apelaciones, para pasar a formar parte del Ministerio Público.

c)

Relatores: Auxiliares de la administración de justicia, encargados de la relación (“exposición metódica y sistemática del contenido de un expediente” ).

d)

Secretario: Ministro de Fe del tribunal. En la Corte de Apelaciones de Santiago existen 3 secretarios, uno civil, uno criminal y otro para causas de trabajo, menores, policía local y Recursos de Protección.

e)

5.

Oficiales de Secretaría: Funcionarios subalternos.

Funcionamiento: El funcionamiento de las Cortes de Apelaciones puede ser ordinario o extraordinario, según si existe o no “retardo”. Conforme al artículo 62 COT se entiende que hay retardo en una Corte de Apelaciones, cuando el cuociente resultante de dividir el total de causas en estado de tabla y apelaciones que deban conocerse en cuenta, inclusive las criminales, por el número de salas que posee dicha corte, sea superior a 100. A continuación analizaremos estas dos formas de funcionamiento: a)

Funcionamiento Ordinario: Existe funcionamiento ordinario cuando no hay retardo. En estas condiciones, la Corte debe sesionar normalmente en pleno, salvo aquellas que tienen mas de 4 ministros (Santiago, San Miguel, Talca, Concepción, Temuco y Valdivia). En estos casos, funcionarán divididas en salas de 3 ministros cada una, sorteados anualmente en el mes de Enero (si no alcanzan los ministros se completan


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con fiscales o abogados integrantes). En el caso particular de la Corte de Apelaciones de Santiago, el funcionamiento ordinario es en 9 salas ( artículo 61 COT ) b)

Funcionamiento Extraordinario: Las cortes deberán funcionar siempre dividas en salas de 3 miembros (si no alcanzaren los ministros, se completan con fiscales o abogados integrantes). Cada sala se entiende que representa a la Corte en su

unidad. En virtud del constante “retardo” que existe en nuestros tribunales, las Cortes funcionan siempre extraordinariamente, conociendo normalmente los asuntos jurisdiccionales en sala, mientras que las atribuciones conexas suelen corresponder al pleno. El funcionamiento extraordinario de la Corte de Apelaciones de Santiago es en 10 salas.

6. Competencia: a) En única instancia: i.

Recurso de Casación en la Forma en contra de sentencias de Jueces de Letras de su territorio, por uno de sus ministros o contra sentencias definitivas de primera instancia de jueces árbitros.

ii.

Recurso de Nulidad contra sentencias definitivas dictadas por un Tribunal del Juicio Oral en lo Penal.

iii. Recurso de Queja interpuesto contra Jueces de Letras, Jueces de Policía Local, Jueces Arbitros, y demás órganos que ejerzan jurisdicción dentro de su territorio jurisdiccional.

iv. Extradición Activa. v.

Solicitudes sobre entrega de determinada información, conforme a la ley procesal penal Contiendas de Competencia entre tribunales de su territorio jurisdiccional. ( artículo

vi.

190 C.O.T.) vii. Recursos de Hecho. viii. Recusación de Jueces de Letras, de Ministros de esa misma Corte de Apelaciones o de peritos nombrados por ella.

ix. Reclamos de Ilegalidad deducidos en contra de Municipalidades. x.

Otros que le encomienden las leyes.

b) En primera instancia: i.

i.

En Sala: -

Recursos de Amparo y Protección.

-


En Pleno: -

Juicios de amovilidad de Jueces de Letras.

-

Desafuero de Diputados y Senadores.

-

Querella de Capítulos

-

Atribuciones Conexas.

c) En segunda instancia: i.

En Sala:


-

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Causas civiles, de trabajo y actos no contenciosos que hayan conocido en primera instancia Jueces de Letras o Ministros de Corte de Apelaciones dentro de su territorio.

-

Apelaciones interpuestas contra un Juez d e Garantía.

-

Consultas de sentencias civiles dictadas por un Juez de Letras.

-

Recursos de Apelación deducidos en contra de Jueces de Policía Local o del Director del S.I.I.

i.


En Pleno: -

Calificaciones de los miembros de Poder Judicial ( artículo 275 inc.3° C.O.T. ) Apelaciones, Consultas y Casación en la Forma respecto de causas conocidas por su presidente (esto es excepcional, sólo en Santiago -

7.

artículo 64 C.O.T. )

Conocimiento y Resolución de los Asuntos: Las Cortes de Apelaciones, debido a que son tribunales colegiados, no pueden físicamente tener contacto directo con el expediente, por lo cual se imponen de su contenido a través de la relación y de los alegatos de las partes. Según los trámites que se siguen para conocer el fondo del asunto, la Corte de Apelaciones puede funcionar de dos maneras distintas: a)

En Cuenta: En este caso, el tribunal falla con el sólo mérito de la cuenta que hace el relator (ej: Recurso de Apelación de Sentencia Interlocutoria.)

b)

Previa Vista de la Causa: A diferencia del anterior, en este caso, el conocimiento del asunto se obtiene tras seguir un procedimiento complejo, compuesto de una serie de actuaciones, en que la cuenta del relator es sólo una de ellas. Las etapas de la vista de la causa son las siguientes: i.

Resolución “Autos en Relación”: Esta es la resolución que nos indica que estamos en presencia de la vista de la causa, porque de lo contrario la resolución sería “dese cuenta”. Antes de su dictación, la causa pasa por un examen de admisibilidad en la sala tramitadora de la respectiva Corte, y sólo si lo aprueba se dicta la resolución. Por disposición expresa del artículo 70 COT , la tramitación previa de las causas corresponderá a la primera sala en aquellas cortes en que exista mas de una.

ii.

Notificación de la Resolución: Se verifica por el estado diario.

iii.

Fijación de la Causa en Tabla: Es la inclusión material de la causa en un listado elaborado semanalmente por el Presidente de la Corte. Normalmente, en la tabla figuran las causas ordenadas cronológicamente, según la fecha en que han quedado en estado de ser vistas (fecha del decreto “autos en relación”), pero esto puede verse alterado por distintas razones, tales como las siguientes: -

Causas Preferentes: Aquellas que conforme a la ley deben conocerse y fallarse

con anterioridad a las demás, no obstante ser cronológicamente posteriores. En la práctica, lo que ocurre es que ingresan inmediatamente a la tabla. -

Causas Agregadas: Son aquellas que figuran en una tabla aparte, elaborada día

a día, y que normalmente dicen relación con asuntos que por su gravedad, no pueden esperar para ser resueltos, tales como Recursos de Amparo y Recursos de Protección.


-

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Causas Radicadas: Estas causas si bien no alteran el orden mismo de la tabla,

son una excepción pues no se sortea sala respecto de ellas, como en todas las demás, toda vez que por algún motivo, su contenido ya ha sido conocido previamente por una sala determinada (ej: Orden de No Innovar), quien posteriormente será la única competente para conocer de cualquier otro asunto relativo a ella. Además de los casos antes indicados, existen una serie de causas que, a pesar de figurar en la tabla ordinaria, no se verán en el día indicado, ya sea por suspensión de alguna de las partes o de común acuerdo entre ellas (hasta las 12:00 del día anterior a la vista de la causa), o por recusación de alguno de los ministros de la sala o del tribunal. iv.

Anuncio de Alegatos: Conforme a las últimas disposiciones y autos acordados dictados por la Corte de Apelaciones de Santiago, es preciso que todos aquellos abogados que deseen alegar ante dicho tribunal, se lo indiquen personalmente al relator a cargo de la causa, en la primera media hora de funcionamiento del tribunal, indicando la duración del alegato, y la parte por la que se alega. De no ser así, se pierde el derecho a alegar.

v.

Anuncio de la Causa: Llegado el día indicado en la tabla para la audiencia de vista de la causa, el oficial de la sala respectiva procede a la colocación del número correspondiente a la causa que se está viendo, en un lugar visible, inclusive aplaudiendo para llamar la atención de las partes. En Santiago existen además unos monitores que registran esta información en forma computacional.

vi.

Relación: La efectúa el relator, y tal y como lo indicamos precedentemente, es “la

exposición metódica y sistemática del contenido de un expediente”. El relator debe especialmente dar cuenta de los aspectos esenciales del proceso. Además, la ley obliga al relator a dar cuenta de toda omisión sustancial que note en el proceso, así como, de las faltas disciplinarias que observe. Hasta hace poco tiempo, la relación constituía una actuación secreta, pero hoy se ha flexibilizado y los abogados también pueden escucharla (secreto relativo). vii.

Alegatos: “Son las defensas orales que pueden hacer los abogados

habilitados para el ejercicio de la profesión ante los Tribunales Superiores de Justicia” Se dice que son orales porque está expresamente prohibido leer. Además de los abogados, se permite alegar a los postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial. Normalmente duran 30 minutos y alega primero el recurrente. Finalizadas las exposiciones, pueden hacerse rectificaciones de hecho, y la sala puede solicitar a los abogados que se refieran a puntos específicos.

Concluidos los alegatos, termina la vista de la causa, pudiendo esta ser fallada de inmediato por la Corte, o dejar su decisión en acuerdo, ya sea por necesidad de solicitar medidas para mejor resolver, informes en derecho, o simplemente para proceder a un mejor estudio de la causa o a la redacción del fallo.


8.

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Acuerdos de las Cortes de Apelaciones: A fin de precaver incidencias en el examen de los antecedentes del proceso, así como, de evitar discrepancias sobre el pronunciamiento del fallo, nuestro Código Orgánico de Tribunales consagra la institución de los “Acuerdos” de los Tribunales Superiores de Justicia, estableciendo una serie de normas relativas a esta materia, transformándola en una de las mas reglamentadas del Derecho Procesal Orgánico (artículos 72 y siguientes C.O.T. ):

a) Personas que Intervienen en ellos: i.

Solo pueden tomar parte en el acuerdo los jueces que asistieron a la vista de la causa y deben estar todos

ii. Si alguno fallece, es destituido o suspendido, trasladado o jubilado, se debe repetir la vista de la causa.

iii. Si alguno se imposibilita por enfermedad, se lo espera hasta 30 días, y si no comparece se repite la vista de la causa.

iv. No obstante lo establecido precedentemente, no será necesario repetir la vista de la causa si se logra formar mayoría con los restantes.

b) Forma de Alcanzar el Acuerdo: i. Son secretos (sin perjuicio que se puede pedir la participación de un relator u otro funcionario subalterno).

ii. Si alguno de los ministros requiere mas estudio, se suspende el debate y se fija un plazo para retomarlo, no superior a 30 días si varios lo solicitan, o 15 si es uno sólo.

iii. Primero de resuelven las cuestiones de hecho. Si se suscita problema respecto de la uno o mas hechos controvertidos, cada cuestión se resolverá separadamente y aquella cuestión ya resuelta, servirá de base a la decisión de las demás.

iv. Establecidos los hechos, se procede a aplicar el derecho. Si hubiere controversia, rigen las mismas reglas que para solucionar las cuestiones de hecho. v. Resueltos todos los hechos y el derecho, las resoluciones parciales servirán de base a la dictación de la resolución final.

vi. Se vota en orden inverso a la antigüedad de los ministros. vii.Se deben adoptar por mayoría absoluta. No obstante lo anterior, se entenderá haber acuerdo cuando exista mayoría absoluta en lo resolutivo, y sobre a lo menos un fundamento de apoyo a cada punto resuelto.

c) Discordia de Votos: i. En materia civil: rigen los artículos 86 y 87 C.O.T. Cada opinión se vota separadamente. Si no hay mayoría en ninguna, se excluyen las menos votadas y se repite la votación. Sin hay empate entre las menos votadas y no se logra mayoría para acordar la exclusión, podrán llamarse tantos jueces fuere necesario para que cualquiera de las opiniones pueda formar sentencia. En este caso deberá repetirse la vista de la causa ii. En materia criminal:

(Artículo 74 COT) En caso de empate, prima la opinión mas

favorable al reo. Si se produce empate respecto de cual opinión es mas favorable, prima aquella que cuente con el voto de presidente. d)

Formalidades Posteriores al Acuerdo: Debe designarse un ministro redactor, y el fallo debe suscribirse dentro de tercero día de adoptado el acuerdo. El fallo debe


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consignar el nombre de los jueces, los votos disidentes y las “prevenciones” si las hubiere (voto a favor de la mayoría pero por razones diferentes a las expresadas en el fallo).

VII.- CORTE SUPREMA 1.

Concepto: “En un tribunal ordinario, colegiado, letrado, de derecho y permanente, detentador de la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales de la república”. Su principal misión es ser un tribunal de casación, fijando la

jurisprudencia, además de otras clases de competencia. En la actualidad se compone de 21 miembros y su sede está en Santiago. Es el superior jerárquico de todas las Cortes de Apelaciones del país y conforme lo establece la Constitución, detenta la Superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la república. Esta tratada entre los artículos 93 a 104 COT y en diversos Autos Acordados de la propia corte, siendo el último de ellos aquel dictado con fecha 1° de Abril de 1998 , el cual establece la distribución de las causas entre las salas de la Corte. 2.

Requisitos: Para ser ministro de la Corte Suprema es necesario ( artículo 254 COT ) a) Ser chileno. b) Ser abogado. c)

Cumplir con los requisitos del artículo 283 COT (designación en quinas)

d) En el caso de abogados ajenos al poder judicial, haber ejercido la profesión a lo menos por 15 años. e) No tener inhabilidades o incompatibilidades. 3.

Nombramiento: Los ministros son designados por el Presidente de la República, de entre una quina propuesta por la propia Corte Suprema, integrada por el ministro de Corte de Apelaciones mas antiguo que esté en lista de méritos y otras cuatro personas según su mérito (incluso ajenas al poder judicial).

4. Organización: a)

Ministros: Son 21, uno de los cuales es su Presidente, el cual dura 3 años en su cargo.

b) Fiscal: 1 c) Secretario: 1. Además hay un Prosecretario. d) Relatores: 8 5.

Funcionamiento: Se aplica la misma regla sobre conocimiento y resolución de los procesos que en la Corte de Apelaciones, con la sola diferencia de que las tablas las asigna el Presidente a cada sala según la materia. Por consiguiente, la Co rte Suprema puede tener dos clases de funcionamiento:


a)

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Ordinario: En esta opción, funciona en 3 salas especializadas o excepcionalmente en pleno para algunas materias específicas. Las salas se componen de no menos de 5 jueces cada una.

b)

Extraordinario: Es independiente del retardo, y es a sola discreción del Presidente de la Corte. Se divide en cuatro salas especializadas y es el que actualmente se aplica en nuestra Corte Suprema.

6.

Competencia: Las salas de la Corte Suprema, conocen de todos los asuntos que no corresponda conocer al pleno, de acuerdo al siguiente detalle:

a)

Recursos de casación en el fondo . b) Recursos de casación n la forma deducidos contra sentencias de Cortes de Apelaciones o Tribunales Arbitrales de Derecho de segunda instancia que conozcan materias de competencia de esas cortes. c) Recursos de nulidad contra sentencias definitivas del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal, cuando proceda. d) Apelaciones de Recursos de Protección y Amparo e) Recursos de revisión. f) y Consultas de Recursos de Amparo Económico; g) Apelación de sentencias dictadas por el Presidente de la Corte Suprema en las causas del artículo 53 N°s 2 y 3 del COT, y querella de capítulos. h) Recursos de Queja, aun cuando la aplicación de medidas disciplinarias corresponde al pleno. i) Recurso de queja en juicio de cuentas contra la sentencia de segunda instancia. j) Solicitudes de acceso a información y/o recintos, conforme a la ley procesal penal. k) Otros que señalen las leyes. La Corte Suprema, mediante auto acordado, establece cada dos años las materias específicas que debe conocer cada una de las cuatro salas en las que se divide durante el funcionamiento extraordinario (Civil, penal, constitucional y mixta)

7. Competencia Privativa del Pleno de la Corte Suprema: a) Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la Ley; b) Apelación de Desafueros Parlamentarios; c) Apelación de Sentencias de Juicios de Amovilidad; d) Recurso de Reclamación por Pérdida de Nacionalidad; y, e) Aplicación de Medidas Disciplinarias

8. Competencia Privativa de la Corte Suprema: a) Recurso de Casación en el Fondo; b) Recurso de Revisión; y,


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VIII.- TRIBUNALES ESPECIALES. “Son todos aquellos tribunales que, pese a no estar expresamente regulados en el Código Orgánico de Tribunales, tienen la calidad de tales porque leyes especiales los han instituido con dichas atribuciones.”

No obstante que el término “especiales” es excesivamente amplio y que podría comprender una gran inmensidad de organismos, en este punto la doctrina se ciñe estrictamente por lo establecido en el artículo 5° inc.3° C.O.T. , el cual establece que “Forman parte del Poder Judicial, como tribunales especiales, los Juzgados de Letras de Menores, los Juzgados de Letras del Trabajo y los Tribunales Militares en tiempo de paz....” 1.

Tribunales Militares en Tiempos de Paz: Están regulados en los artículos 1 a 102 del C.J.M., y están establecidos sobre la base del mismo principio que el fuero como elemento de competencia, esto es, beneficiar a todas aquellas personas que deben litigar contra miembros de las F.F.A.A., cuyo rango o investidura pudiera intimidar o afectar la libre determinación de un juez civil. La competencia de estos tribunales se determina sobre la base de tres elementos fundamentales: a)

Ratione Temporis: Varía la competencia según si hay guerra o es tiempo de paz.

b)

Ratione Materiae: Conocen delitos que afecten bienes jurídicos de carácter militar y sólo excepcionalmente pueden conocer asuntos civiles.

c)

Ratione Personae: No opera en Chile, pues pueden juzgar tanto a civiles como a militares.

La competencia de estos tribunales, los cuales como ya se ha indicado, sólo integran el Poder Judicial en tiempos de paz (importante por la superintendencia de la Corte Suprema), es la siguiente:

a) Delitos propiamente militares (contra la seguridad del Estado o contra el honor o deber militar).

b) Delitos terroristas cuando el afectado es de las F.F.A.A. o Carabineros. c) Querellas especiales sometidas a su conocimiento. d) Delitos comunes cometidos por militares en tiempos de guerra, estando en campaña, durante el servicio militar o en recintos militares.

e) Causas civiles que nazcan de los delitos anteriormente indicados. El artículo 13 C.J.M., señal que en tiempos de paz, ejercerán jurisdicción militar, la Corte Suprema y los siguientes órganos: a)

Juzgados Institucionales: Existen 3 Navales, 7 Militares y 1 de Aviación. Son tribunales unipersonales, letrados, de derecho y permanentes, cuyo rol es fundamentalmente sentenciador en primera instancia.

b)

Fiscales: Son los jueces substanciadores de primera instancia y existen en todas las ramas de las F.F.A.A.


c)

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Corte Marcial (o Naval): Son tribunales especiales, colegiados, letrados, de derecho y permanentes, que tienen la totalidad de la competencia en segunda instancia. La Corte Marcial se integra por 2 ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, los auditores generales de la FACH y Carabineros, y un Coronel en Servicio Activo (muy criticado porque pugna con la independencia de los jueces y porque implica mayoría militar en el tribunal).

d)

Auditores: Son Abogados asesores de los Juzgados Institucionales, que además integran la Corte Marcial en tiempos de paz, e inclusive la Corte Suprema en tiempos de guerra.

2.

Juzgados de Letras del Trabajo: “Son tribunales especiales, unipersonales, letrados, de derecho y permanentes, que ejercen sus facultades en una comuna o agrupación de comunas asignada por la ley, con facultades para conocer todos aquellos conflictos derivados de la aplicación de normas laborales, previsionales y se seguridad social.” La

existencia de estos tribunales, además de la especialidad por la materia de los asuntos que conocen, tiene otros fundamentos adicionales que la justifican: a) Necesidad de tutelar los derechos de las partes, generalmente desiguales. b) Razones psicológicas en beneficio de los trabajadores. c) Se trata de un derecho relativamente nuevo y socialmente relevante. En general, estos tribunales tienen la misma composición que los Jueces de Letras civiles, así como, la misma carga de trabajo. Conforme a lo establecido en el artículo 390 C.T. , la competencia de estos tribunales es la siguiente:

a) Conflictos entre empleados y empleadores por aplicación o interpretación de leyes laborales, contratos colectivos o individuales de trabajo, convenios colectivos y fallos arbitrales en materias laborales.

b) Cuestiones y Reclamaciones por aplicación o interpretación de normas de previsión o seguridad social.

c) Otras materias que la ley confiera a su conocimiento. 3.

Juzgados de Letras de Menores: “Son tribunales especiales, unipersonales, letrados, de derecho y permanentes de primera instancia, competentes para conocer asuntos civiles y criminales en que intervenga un menor de edad.” A partir de la dictación de la

Ley

N°19.221, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. La composición de estos tribunales es similar a la de los Jueces de Letras en lo Civil, con la diferencia que tiene un asistente social judicial (artículo 457 C.O.T. ) y receptores ad-hoc. En Santiago existen seis tribunales de menores, cuatro de los cuales son civiles y los dos restantes tienen competencia criminal.

a) Competencia Civil: i. Tuición de Menores. ii. Patria Potestad. iii. Emancipación.


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iv. Demandas de Alimentos deducidas por menores o por adultos en conjunto con menores. v. Adopciones. vi. Otras materias civiles relacionadas con el cuidado de menores de edad.

b) Competencia Criminal: i. Expedir la resolución sobre discernimientos de menores entre 16 y 18 años de edad.

Conforme al artículo 10 C.P., los menores de 1 años carecen de responsabilidad penal, en tanto que la plena capacidad delictual se adquiere sólo a los 18 años. ii. Conocer de las faltas, crímenes o simples delitos en que aparezcan inculpados menores de 16 años, pudiendo adoptar las siguientes medidas de protección:

ix.

Devolver al menor a su tutor, previa amonestación.

x.

Someterlo al régimen de libertad vigilada.

xi.

Confiar su cuidado a establecimientos especiales de educación o de otro tipo (cárceles de menores).

xii.

Confiar su cuidado a cualquier persona idónea que se preste para ello.

IX.- TRIBUNALES ARBITRALES. 1.

Concepto: “El árbitro es un Juez designado por las partes o el Juez, para resolver determinados asuntos litigiosos” (artículo

222 C.O.T. ) Sus resoluciones tiene valor de

sentencia judicial y producen cosa juzgada, pero carecen de imperio, por lo que la ejecución de las mismas, cuando se requieren medidas compulsivas, corresponde a los tribunales ordinarios.

2. Clasificación:

3.

a)

Según el origen de la designación: convencional, judicial o legal.

b)

Según el grado: de primera, segunda o de única instancia.

c)

Según el número de miembros: unipersonales o colegiados.

d)

Según su calidad: De derecho, Arbitradores o Mixtos.

Arbitro de Derecho: Su principal característica es que tanto en la tramitación del procedimiento, como en la dictación del fallo, deben actuar con estricto apego a la ley. Son la regla general en materia de arbitraje, se aplican supletoriamente en silencio de las partes y es la clase de árbitro que procede en casos de arbitraje forzoso.

4.

Arbitro Arbitrador: Son aquellos que fallan en conciencia o equidad, y que en cuanto al procedimiento, se someten únicamente a las reglas estipuladas por las partes. Sin perjuicio de la libertad de las partes para fijar el procedimiento, se exige como requisito esencial el respeto a las normas mínimas del debido proceso, y el cumplimiento de ciertos trámites sindicados como esenciales por la ley ( artículo 796 C.P.C. ), específicamente:

a) El emplazamiento válido de las partes.


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b) Agregar al proceso los instrumentos presentados por las partes. c) Dar citación de ellos a la otra parte para tener la posibilidad de controvertir la prueba. 5.

Arbitro Mixto: Es aquel árbitro que en cuanto a la tramitación del procedimiento se está a las estipulaciones de las partes, pero que debe fallar en derecho.

6.

Requisitos para ser Arbitro: Existen una serie de requisitos que una persona debe poseer para ser árbitro, así como, una serie de condiciones que no debe reunir quien quiera detentar tal calidad: a)

Requisitos Positivos: (artículo 225 C.O.T. ) i. Tener 18 años. ii. Tener la libre administración de sus bienes. iii. Saber leer y escribir. iv. En el caso de árbitros de derecho o mixtos, además debe ser abogado.

b)

Requisitos Negativos: (artículo 226 C.O.T. ) i. No ser parte, salvo el caso de los

artículo 1324 y 1325 CC.

ii. No ser el Juez substanciador del caso, sin perjuicio del

artículo 317 COT

iii. No ser Juez letrado, ministro o fiscal de Corte de Apelaciones o Corte Suprema. iv. No ser Notario. v. No estar afecto a las causales de inhabilidad o incompatibilidad (si la designación es convencional, este requisito no es impedimento para el nombramiento, a menos que la causal sobrevenga a la designación)

7. Materias de Arbitraje: a)

Forzoso: (artículo 227 C.O.T. ) i. Liquidación de sociedad conyugal o de una sociedad colectiva o en comandita civil, y de comunidades. ii. Partición de Bienes. iii. Cuestiones a que diere lugar la presentación de la cuenta del gerente o liquidador de sociedades comerciales y demás juicios de cuentas. iv. Diferencias entre socios de sociedad anónima, entre socios de una sociedad

colectiva o en comandita comercial, o entre asociados de una participación, en el caso del artículo 415 C.Com v. Demás que determine la ley. b)

Prohibido: (artículos 229 y 230 C.O.T. ) i. Alimentos. ii. Separación de Bienes. iii. Causas Criminales. iv. Causas de Policía Local. v. Diferencias entre un representante legal y su representado. vi. Demás asuntos en que deba ser oído el Ministerio Público

c)

Permitido: (artículo 228 C.O.T. ) Son susceptibles de arbitraje todas las materias no contempladas entre los casos de arbitraje prohibido. La regla general es el arbitraje


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permitido, ya que nadie puede ser sometido a arbitraje contra su voluntad, salvo en los casos de arbitraje forzoso. 8.

Fuentes del Arbitraje: a)

La Ley: Es la fuente remota del arbitraje. Constituye fuente cuando designa un determinado órgano para la solución de un conflicto (casos de arbitraje forzoso).

b)

Testamento: Es una fuente restringida, por cuanto sólo procede la designación de un árbitro por ésta vía, para proceder a la partición de la herencia. Además, los herederos pueden dejar sin efecto esta designación, y proceder a efectuar la partición de común acuerdo.

c)

Voluntad de las Partes: En este caso, la constitución del arbitraje puede hacerse de dos formas diferentes: i.

Compromiso: “Es la convención por medio de la cual las partes sustraen determinados asuntos litigiosos, presentes o futuros, del conocimiento de los tribunales ordinarios, y los entregan a uno o mas árbitros designados especialmente al efecto.” Como se trata de una convención, requiere cumplir todos los requisitos

propios de los actos jurídicos, además de que debe constar por escrito ( artículo 234

C.O.T.) Sus elementos de la esencia son 1) la individualización de las partes, 2) el nombre del árbitro y, 3) la materia sometida a arbitraje. Por su parte, los elementos

la naturaleza son 1) Calidad del árbitro (si nada se dice será de derecho), 2) Tiempo de duración (si nada se dice serán 2 años), y 3) Lugar de funcionamiento (si nada se dice será el lugar del compromiso). ii.

Cláusula Compromisoria: A diferencia del compromiso, y como su nombre lo indica, esta es sólo una cláusula inserta en otra convención distinta y con un objeto principal diferente. Se diferencia además del compromiso en que en este caso la designación de la persona del árbitro no es de la esencia , sino que puede designarse con posterioridad, una vez que se suscite el conflicto. Finalmente, no es solemne sino consensual.

d)

Resolución Judicial: La cuarta forma de designación de un árbitro es mediante el dictamen de un Juez. Normalmente, se procede por esta vía en los casos de arbitraje forzoso, en las cláusulas compromisorias en que las partes no han designado al árbitro, o bien, en los demás casos en que la persona designada rechace el nombramiento o se encuentre imposibilitado de desempeñar el cargo, y en general, a falta de acuerdo entre las partes. La designación judicial del árbitro se efectúa de conformidad a las normas establecidas para la designación de peritos ( artículo 414 C.P.C. ).

9.

Procedimiento Arbitral: Independientemente de la calidad del árbitro, una vez designado existen una serie de pasos o etapas que deben cumplirse. a)

Notificación: En efecto, luego de la designación, ésta debe ser comunicada al árbitro, normalmente en forma personal.

b)

Instalación del Tribunal: Al momento de ser notificado, el árbitro debe decidir si acepta o rechaza el encargo. En caso de aceptación, estamos en presencia del denominado

“Contrato de Compromisario”, que tiene como partes al árbitro por un lado


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(obligación de fiel y oportuno cumplimiento de su encargo) y a las partes en conflicto por el otro (obligación de pagar los honorarios profesionales). La primera actuación del árbitro es la designación de un ministro de fe, el cual hará las veces del Secretario del tribunal, certificando la validez de las resoluciones. c)

Procedimiento: Como ya lo hemos indicado, las actuaciones, trámites y diligencia de que se compondrá el procedimiento, variarán según la calidad del árbitro. (Título VIII, Libro III, C.P.C., artículos 628 a 644 ) Sin perjuicio de ello existen ciertos pasos que pueden reconocerse en uno u otro caso:

d)

i.

Notificación del nombramiento;

ii.

Aceptación;

iii.

Juramento;

iv.

Primeras Resoluciones;

v.

Procedimiento;

vi.

Sentencia; y,

vii.

Ejecución del fallo.

Fallo: La sentencia arbitral debe dictarse dentro del período de duración pactado para el arbitraje. Si el tribunal es colegiado y no existe acuerdo, el fondo deberá ser resuelto por el tribunal que deba conocer del Recurso de Apelación. Si no existe tal tribunal, se deshace el compromiso y el asunto pasa a conocimiento de un tribunal ordinario o a un nuevo árbitro si es materia de arbitraje forzoso.

e)

Ejecución del Fallo: Corresponde normalmente al propio árbitro, salvo en los casos de resoluciones que requieren la adopción de medidas compulsivas, en cuyo caso deberá recurrirse al tribunal ordinario que habría conocido del asunto si no se hubiere pactado arbitraje, conforme a las reglas de la competencia.

f)

Recursos: En el caso de los árbitros de derecho o mixtos, rigen los mismos recursos que para los tribunales ordinarios, esto es, apelación, queja, casación en la forma y casación en el fondo. En cambio, si se trata de un árbitro arbitrador, sólo procede la queja (procede siempre), el recurso de casación en la forma, y eventualmente el de apelación si se designó un tribunal arbitral de segunda instancia.


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CAPITULO V - TEORIA DEL PROCESO

I.- CONCEPTO. El Proceso es el objeto de estudio del Derecho Procesal, y lo hemos definido previamente como el “conjunto o serie de actos jurídicos procesales que se verifican progresivamente ante

el órgano jurisdiccional, con el objeto preparar el acto final, cual es el de resolver, mediante un juicio de autoridad, el conflicto sometido a su decisión.” Es una institución ordenada en torno a un fin, cual es la decisión del asunto controvertido y el restablecimiento de la paz social. Sobre la base del concepto antes enunciado, podemos establecer que existen cuatro elementos que caracterizan fundamentalmente a esta institución, cuales son los siguientes:

1. Su vinculación con la función jurisdiccional; 2. Su carácter teleológico; 3. La existencia de un órgano jurisdiccional; y, 4. La existencia de una circunstancia jurídica diferenciada, con una naturaleza jurídica particular. Sin embargo, respecto de este último elemento, el concepto de proceso ha tenido una evolución a lo largo de la historia. En efecto, la cuestión de la naturaleza del proceso ha sido materia de discusión en el último siglo.

II.- NATURALEZA DEL PROCESO. Ordinariamente, el derecho procesal ha sido asociado al derecho positivo que regula la práctica de los tribunales. Este concepto eminentemente estático, omite cualquier alusión al carácter eminentemente dinámico de este derecho, derivado de la vivencia jurídica constituida por el quehacer del juez, los abogados y las partes. Es este segundo elemento, aquel que ha sido latamente discutido por la doctrina. 1.

Teoría Clásica: El proceso es un contrato de “litis contestatio”, esto es, un acuerdo de voluntades tendiente a encontrar la justa solución del conflicto. Posteriormente, ya en la época de la revolución francesa, aparece una segunda vertiente dentro de la teoría clásica, que considera al proceso como un cuasicontrato, en términos de ser tan sólo un conjunto de fórmulas legales que llevan a resolver el asunto.

2.

Teoría de la Relación Jurídica: La segunda teoría respecto a la naturaleza del proceso, es la denominada doctrina de la relación jurídica, sustentada principalmente por autores como

Von Bullow, Chiovenda y Calamandrei. El proceso es una relación jurídica que se


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presenta ante el órgano jurisdiccional a fin de que éste aplique la ley que corresponda al caso concreto, a fin de llegar a la justa solución de la contienda. La relación jurídica es la esencia del proceso y es previa al derecho litigioso, toda vez que surge en el momento en que la simple norma jurídica se traduce en una pretensión. Existen derechos y obligaciones recíprocos entre los interesados en el litigio y los funcionarios encargados de resolverlo. 3.

Teoría de la Situación Jurídica: Posteriormente, aparece en escena la doctrina de la situación jurídica, la cual, de conformidad a los postulados de Goldschmidt, establece que no es posible hablar de relación jurídica, por cuanto la solución del conflicto es tan sólo una mera expectativa de las partes en orden a obtener sentencia favorable, por lo que sitúa al proceso en un escalafón inferior, cual es el de simple situación jurídica.

4.

Teoría de la Institución Jurídica: En cuarto lugar figura la doctrina sostenida por el autor Jaime Guasp, conforme a la cual el proceso es una institución jurídica a la cual las partes acuden cuando existe entre ellas un conflicto que debe ser solucionado (explica la utilidad del proceso pero no su naturaleza jurídica).

5.

Teoría Moderna de la Relación Jurídica Compleja: Finalmente, encontramos la teoría de la relación jurídica compleja, propuesta por autores como Carnelutti, la cual goza hoy en día de la aceptación mayoritaria de la doctrina, sobre todo por ser aplicable casi enteramente al proceso civil e inclusive a los procesos criminales con ciertas diferencias. Consiste en establecer que el proceso es un conflicto de intereses jurídicamente relevante, y que en consecuencia es objeto de regulación especial por parte del Derecho, constituyendo su esencia la “justa composición de la litis”.

Todas las teorías antes enunciadas, adolecen del error de definir la naturaleza del proceso como aquella que el derecho positivo le asigna; miran a la existencia en vez de a la esencia. En consecuencia, para poder determinar con claridad que es el proceso, será preciso atender no a la ley sino a la práctica. Veremos entonces que el proceso es el trabajo que desarrollan los actores procesales con miras a la solución de la contienda.

En opinión de la cátedra , la naturaleza del proceso es la del camino que debe recorrer una contienda para su solución conforme a derecho, la de la evolución de la aprehensión de una experiencia jurídica por un juez encargado de apreciarla para determinar su justicia, la del progreso de una cosa jurídica hacia su ser propio gracias a un hombre justo. El proceso así

entendido, se homologa con la jurisdicción , al reunirse en un mismo evento tanto la aprehensión de los hechos como la autoridad del jurisdicente respecto de su decisión y del proceso en general. Aparece entonces la trilogía “contienda - juez - juicio” , así como, una serie de conceptos similares que es preciso definir y diferenciar antes de entrar de lleno al análisis de fondo.


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III.- CONCEPTUALIZACION DEL PROCESO. 1.

Proceso y Litis o Litigio: Sabemos que el litigio es la representación procesal de la contienda, caracterizada por la existencia de una pretensión resistida. Si bien un proceso supone un litigio, es posible que exista sin este, como en los casos de jurisdicción voluntaria.

2.

Proceso y Juicio: El juicio es la decisión, la sentencia, que sólo constituye una parte del proceso y que incluso puede no presentarse (avenimiento, sobreseimiento, etc.) No obstante, la influencia española hace que nuestros códigos normalmente utilicen esta expresión como sinónimo de procedimiento (Juicio Ordinario, Juicio Ejecutivo, etc.)

3.

Proceso y Procedimiento: El procedimiento es el conjunto de formalidades externas que determina el desarrollo de los actos que forman el proceso

PROCESO Conjunto de actos encaminados hacia un fin Es una unidad Supone un procedimiento

4.

PROCEDIMIENTO Conjunto de ritualidades y formalidades Puede haber varios en un sólo proceso No supone un proceso

Proceso y Expediente: El proceso es una idea, una abstracción, mientras que el expediente es la materialidad, el legajo de papeles en que se registran los actos de un proceso.

5.

Proceso y Causa: Conforme a lo establecido en los artículo 73 del Código Penal y 1° del Código Orgánico de Tribunales, no se aprecian diferencias entre ambos conceptos, por lo que concluimos que nuestro legislador los considera como sinónimos.

6.

Proceso y Autos: La palabra autos es utilizada por nuestro legislador en múltiples sentidos, en algunos casos como sinónimo de proceso, pero también en otros para referirse al expediente, e inclusive como una categoría o clase de resolución judicial.

7.

Proceso y Pleito: Conforme al artículo 159 N°6 C.P.C. , el concepto de pleito es sinónimo de litigio.

IV.- OBJETO DEL PROCESO: Establecidos ya los conceptos fundamentales en esta materia, nos enfrentamos a la doble realidad del proceso, siendo la primera la conducta humana, y la segunda la representación formal de esta experiencia. El conflicto, entendido como la oposición de voluntades en razón de


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intereses recíprocamente incompatibles, se transforma en contienda cuando los intereses mutan en pretensiones jurisdiccionales, siendo en consecuencia la contienda el objeto del

conocimiento del Juez . El juez conoce la contienda, fundamentalmente en dos etapas: 1.

Aprehensión Judicativa: La aprehensión de los hechos por parte del Juez no es sólo racional, sino que además tiene una calidad de ser el medio para llegar a juzgar, lo cual es el fin último del proceso.

2.

Convicción Razonable: Como el proceso es posterior al conflicto, la verdad a la que se aspira es sólo una probabilidad, una opinión que se forma el Juez y respecto de la cual debe lograr un nivel de convicción a fin de que se trate de una solución justa y capaz de restablecer la paz social. La convicción del Juez se funda en apreciaciones que lo conducen a una verdad probable. Lo racional cede su lugar a lo razonable; estamos en presencia de un juicio de autoridad denominado “juicio jurisdiccional” , y que a su vez se descompone en tres etapas: a)

Discernimiento de la Regla Aplicable: Supone la búsqueda y apreciación de una medida para sopesar la contienda que se conoce.

b)

Apreciación: Es la comparación entre la regla discernida y la contienda aprehendida, siendo ésta evaluada a la luz de aquella.

c)

Determinación de lo justo: El Juez es el “ius dicens” (dice lo justo del caso concreto), y en virtud de dicha autoridad, lo que el decida se tendrá por cierto. Esta autoridad de la justicia es la autoridad inherente del proceso, manifestada externamente a través de la cosa juzgada.

En síntesis: Qué se conoce?

:

la contienda

Quién conoce?

:

el Juez

Para qué se conoce?

:

para juzgar

Cómo se conoce?

:

juicio jurisdiccional

V.- CLASIFICACION DEL PROCESO. Habiendo esclarecido los conceptos fundamentales relacionados con la Teoría del Proceso, nos encontramos con que pese a la relativa unanimidad que existe respecto del concepto de proceso, precedentemente enunciado, existen sin embargo múltiples clasificaciones del mismo. No obstante lo anterior, y sin perjuicio que la clasificación del proceso no atenta en modo alguno contra la unidad del mismo, es preciso hacer presente que, a decir verdad, los distintos criterios


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de diferenciación que se utilizan para intentar clasificar el proceso, son mas bien aplicables a los procedimientos, por lo cual nos remitiremos a enunciarlos, siendo su desarrollo materia del curso de Derecho Procesal II.

De Cognición

Ordinarios Especiales Sumarios Cautelares

De mera certeza Constitutivos De Condena

Civil De Ejecución Proceso

Penal

Ordinarios Especiales Incidentales Supletorios

Acción Privada Acción Pública Acción Mixta

VI.- ELEMENTOS DEL PROCESO. Finalmente, a objeto de concluir nuestro análisis de la Teoría del Proceso, nos resta examinar los elementos del proceso. Al respecto, existe acuerdo en la doctrina que el proceso cuenta con tres elementos: 1.

La Contienda: Es el conflicto cuyos intereses han mutado en pretensiones jurisdiccionales, y que se encuentra constituido fundamentalmente por la acción y la reacción. Se le denomina elemento objetivo del proceso.

2.

El Juez: La labor fundamental del juez en el proceso es innegable, pero variará según estemos en presencia del principio dispositivo o inquisitivo. No obstante, la misión del juez será esencialmente la misma en ambos casos, y se desarrolla a través de tres técnicas: a)

Técnica Receptiva: Recibir las presentaciones de las partes (tanto alegaciones como probanzas).

b)

Técnica Inspectiva: Verificar la exactitud tanto de alegaciones como de probanzas.

c)

Técnica Valorativa: Resolver las presentaciones de las partes, ponderar el valor de las pruebas y en definitiva fallar el asunto sometido a su decisión.

3.

Las Partes: Las analizaremos a propósito del estudio de las “Disposiciones Comunes a todo Procedimiento.” Junto con el Juez constituyen el elemento subjetivo del proceso.


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VII.- PRESUPUESTOS PROCESALES: Son aquellos elementos o exigencias esenciales que deben concurrir para la constitución de un proceso válido y eficaz. 1.

De Constitución: Son los presupuestos esenciales y equivalen a los requisitos de existencia de un acto jurídico, por cuanto su ausencia determina la inexistencia del proceso. Son los siguientes:

a) Ejercicio de la Acción. b) Existencia de un Tribunal. c) Emplazamiento Válido de las Partes. 2.

De Validez: Una vez que el proceso ha nacido, aparecen estos presupuestos necesarios para su validez:

a) Competencia, a lo menos absoluta, del Tribunal b) Capacidad Procesal de las Partes. 3.

De Finalidad: Son aquellos sin los cuales el proceso carece de sentido o degenera en otra cosa diferente:

a) Interés o relevancia jurídica. b) Persuación y Convicción del tribunal en torno a lo justo para el caso concreto.

VIII.- ACTOS JURIDICOS PROCESALES 1.

Generalidades: El proceso jurisdiccional ha sido conceptualizado por Couture, como “la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver, mediante un juicio de autoridad, el conflicto sometido a su decisión” . Es en consecuencia una sucesión de acciones y reacciones en que la actividad de los sujetos constituye un nuevo impulso para ponerse en movimiento. El proceso como tal es una idea abstracta, a la cual debe darse una forma externa que canalice su desarrollo: el procedimiento. Por procedimiento entendemos “sistema

racional y lógico que determina la secuencia o serie de actos que deben realizar las partes y el tribunal para obtener los fines del proceso.” Así, mientras el proceso es la totalidad o unidad, el procedimiento es la sucesión de actos en movimiento, en que cada acto se encuentra vinculado o coordinado a otro acto o a otro grupo de actos, que se suceden en el tiempo en forma continua. Si bien cada acto tiene y cumple una finalidad inmediata y propia, que lo califica en su individualidad, todos están dirigidos a un objeto común, lejano, cual es la formación del acto final que resumirá el procedimiento y constituirá su resultado individualmente. Cada uno de


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estos actos de que se compone el proceso y que tiene como objetivo último la formación del acto final, se conocen con el nombre de “Actos Jurídicos Procesales” . Al igual que en materia civil, el acto jurídico procesal se diferencia del hecho jurídico procesal, en que éste último es tan sólo aquel suceso de la naturaleza que produce efectos en el proceso. A modo de ejemplo podemos citar los siguientes: a)

Caso Fortuito ( artículo 79 C.P.C. )

b)

Cesación de la representación legal ( artículo 9 C.P.C. )

c)

Ausencia física del territorio de la república ( artículos 11, 284 y 285 C.P.C. )

d)

Muerte (artículos 77, 396 y 529 C.O.T., artículos 5, 6 y 165 C.P.C. y artículos 38 y

408 C.P.P.) 2.

Concepto y Características del Acto Jurídico Procesal: Se le define como aquel “Acto jurídico emanado de las partes, de los agentes de la jurisdicción, o aún de los terceros ligados al proceso, susceptible de crear, modificar o extinguir efectos procesales.” De acuerdo a la definición precedentemente transcrita, que por cierto es la aceptada por la cátedra, podemos establecer los principales elementos que distinguen al acto jurídico procesal, a saber:

a) Existencia de una o mas voluntades; b) La voluntad debe exteriorizarse; y, c) Debe existir la intención de producir efectos en el proceso. Por su parte, fuera de estos elementos de fondo, los actos jurídicos procesales son además reconocibles por ciertas características particulares, especialmente las que a continuación se indican: a)

Son Esencialmente Solemnes: Esto no implica que vayan revestidos de una excesiva solemnidad, sin que existe siempre la exigencia de requisitos mínimos, cuya infracción acarrea las sanciones prescritas por el legislador para cada caso. Así por ejemplo, la demanda, como acto jurídico procesal de parte, si no cumple con los requisitos contenidos en el artículo 254 C.P.C. , se verá expuesta a la sanción contenida en el

artículo 256 C.P.C. o bien, a su rechazo por ineptitud del libelo ( artículo 303 C.P.C. ) b)

Son Mayoritariamente Unilaterales: La manifestación de voluntad destinada a producir efectos en el proceso, emana normalmente de un solo sujeto (ejs: demanda, contestación, sentencia, peritaje, etc.) Excepcionalmente, hay actos en que la ley exige la concurrencia de dos o mas voluntades para su perfeccionamiento, tales como el compromiso, la transacción, la prórroga expresa de la competencia, etc. Estos actos jurídicos procesales bilaterales, son también denominados “Negocios Jurídicos

Procesales”. c)

Suponen y Crean al Proceso: Los actos jurídicos no pueden existir sin el proceso, y éste último no existe sin ellos.

d)

Son Autónomos: Pese a que en su esencia están todos coordinados hacia un objetivo común, no suponen ligazón a otro tipo de actos. De este modo, una prueba testimonial se basta a si misma, y no requiere de la prueba confesional para su validez. No


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obstante, como ya lo hemos dicho, si bien son autónomos, sólo son comprensibles como una unidad que persigue los fines del proceso.

3. Clasificación de los Actos Jurídicos Procesales: a)

Según la Voluntad Necesaria para la Existencia del Acto: Existen actos jurídicos procesales unilaterales y bilaterales (negocios jurídicos procesales)

b)

Según el sujeto del que emana el acto: Podemos distinguir actos del tribunal, actos de las partes y actos de terceros. i.

Del Tribunal: Son la regla general en los procedimientos en los cuales rige el principio inquisitivo. El ejemplo mas claro son las resoluciones judiciales.

ii.

De las Partes: Dentro de este concepto comúnmente se incluyen también aquellos actos emanados de terceros directos. Son la regla general en los procedimientos regidos por el principio dispositivo (ejs: demanda, tercerías, querella, etc.) -

De Impulso Procesal: peticiones de las partes para dar curso progresivo a los autos.

-

De Postulación: aquellos en que se formulan cuestiones de fondo, vinculadas con el asunto objeto del proceso (ejs: demanda, excepciones perentorias, observaciones a la prueba, etc.)

-

Probatorios: aquellos que se realizan para acreditar los hechos en que se sustentan las pretensiones y defensas (ej: prueba de testigos)

-

De impugnación: pretenden atacar los actos del tribunal, ya sea por defectos o vicios de forma o de fondo, o bien, porque producen agravio o gravamen irreparable a alguna de las partes (ej: recursos)

iii.

De Terceros Indirectos: son aquellas personas que participan en el proceso pero se desvinculan del litigio y carecen de interés en él (ej: peritos, receptores, martilleros, etc.) Pueden ser de tres clases: -

Probatorios: Fundamentalmente caen en esta clase el informe de peritos, la declaración de testigos y la información sumaria.

-

De Certificación: En general, se trata de aquellos ministros de fe que acreditan la realización efectiva de un hecho o acto, o lo materializan (ej: receptores y secretarios) Son actos destinados específicamente a dar validez a otros actos jurídicos procesales (artículo 61 inc. 3° C.P.C. ), a dejar constancia expresa de ciertos hechos (artículo 44 C.P.C.) o bien, simplemente para efectos probatorios (artículo 427 C.P.C. )

-

De Opinión: Aquellos en que el tribunal está obligado o facultado para recurrir al informe de un tercero (ej: Ministerio Público y Defensor Público - artículo 369

C.O.T.) Los informes en derecho también se comprenden en esta calificación. 4.

Requisitos de Existencia y Validez: En nuestro derecho procesal, no existe una regulación orgánica y específica de los actos jurídicos procesales, debiendo por ello aplicarse siempre en forma supletoria, la “Teoría del Acto Jurídico”, contenida y desarrollada en los artículos pertinentes del Código Civil, en todas aquellas materias no reguladas por los códigos procedimentales, y siempre que no pugnen con la naturaleza del proceso. En


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esta misma línea, podemos decir que en principio, los requisitos de existencia y validez de los actos jurídicos procesales son los mismo que regula el Código Civil, salvo ciertas peculiaridades que los diferencian, y que analizaremos a continuación: a)

La Voluntad y sus Vicios: Al igual que en materia civil, la regla general es que la voluntad debe ser expresa. Sin embargo, mientras en materia civil, el silencio por lo general no produce efectos, en materia procesal el silencio puede producir consecuencias jurídicas sumamente relevantes al interior del procedimiento (ejs:

artículos 78 y siguientes y 394 C.P.C., artículo 451 C.P.P. y artículo 197 C.O.T. ) Los vicios de la voluntad son los mismo que en materia civil, pero sus efectos se encuentran atenuados: i.

Error: No necesariamente produce la nulidad del acto, sino que da lugar a otras consecuencias. Por ejemplo, el error permite revocar una confesión ( artículo 402

C.P.C.) Del mismo modo, la generalidad de las vías de impugnación o recursos procesales, suponen como objetivo último reparar errores cometidos por el tribunal, sin que con ello se declare necesariamente la nulidad de los actos ya ejecutados. Finalmente, en materia procesal, vemos que la sanción al error judicial es una indemnización de perjuicios solventada por el Fisco ( artículo 19 N°7 letra i C.P.R. ) ii.

Fuerza: Menos reglamentada en los códigos procesales que el error, sólo existen algunas alusiones asiladas que utilizan una terminología similar que nos da la idea de fuerza. (ejs: artículo 483 C.P.P. y artículos 79 y 810 C.P.C. )

iii.

Dolo: Al igual que la fuerza, no fue considerado procesalmente como un vicio de la voluntad. De ahí que, conforme a la norma civil que exige que el dolo sea obra de una de las partes, y siendo los actos jurídicos procesales en su mayoría unilaterales, su aplicación se vuelve prácticamente imposible, transformándose el dolo, mas que en un vicio de la voluntad, en una fuente de responsabilidad (artículo 280 inc.2° C.P.C. ) No obstante ello la doctrina reconoce figuras como las del proceso fraudulento o cosa juzgada fraudulenta, en que el dolo es un atentado contra la buena fe procesal. En razón de ello, nuestra legislación contempla un mecanismo destinado a destruir estas figuras, denominado Recurso de Revisión

(artículo 810 C.P.C.) b)

Capacidad Procesal: Debe analizarse desde una doble perspectiva: i.

Tribunal: En relación con la capacidad del tribunal, mientras la jurisdicción constituye requisito de existencia, la competencia es el requisito de validez.

ii.

Las Partes: Sea que se trate de personas legalmente capaces o de incapaces que actúan debidamente representados, todos ellos deben apersonarse en el proceso, asistidos por una persona que posea “ius postulandi”. Nuestra legislación consagra asimismo, ciertas incapacidades especiales, fundamentalmente en materia penal, ya sea desde el punto de vista del sujeto activo (ciertas personas que en virtud de circunstancias específicas, se ven impedidas de ejercer la acción penal - artículos 16 y 17 C.P.P. ), o del sujeto pasivo (causales de inimputabilidad fundadas en la minoría de edad - artículo 10 N°s 2 y 3 C.P. )

c)

Objeto: Al igual que en materia civil, el objeto debe ser real, determinado o determinable y lícito. En materia procesal, el objeto del acto se encuentra vinculado a la


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idea de “beneficio jurídico” que se persigue obtener con un acto jurídico procesal. En cuanto al objeto ilícito, nos encontramos con varios casos específicamente reglamentados. A modo de ejemplo, tenemos la prórroga de competencia en materias penales o no contenciosas, los casos de arbitraje prohibido, etc.) d)

Causa: La causa de los actos jurídicos procesales es el motivo jurídicamente relevante que inspiura la realización del acto. En todos los actos jurídicos procesales existe una causa, ya que como vimos al estudiar la acción, y en particular la pretensión, el interés resulta un elemento esencial. Teniendo en cuenta dicho interés para poner en modibmiento el proceso, resulta evidente la necesidad de interés en los diversos actos procesales en particular. Así por ejemplo, en el recurso de apelación, la causa es el agravio sufrido por el apelante, en el patrocinio será un debate de alto nivel jurídico, etc. La causa de todo acto jurídico procesal debe ser lícita, ya que en último término es la noción de causa la que nos permite hablar de la responsabilidad por abuso del proceso o abuso de las vías procesales.

e)

Solemnidades: Por solemnidad de los actos jurídicos procesales, debe entenderse no sólo el mecanismo por el que se exterioriza el acto, sino también su ubicación en el tiempo y en el espacio (lugar y plazo). Como forma de expresión de la voluntad, las solemnidades adquieren en esta rama del derecho una importancia fundamental, ya que se transforman en garantía del debido proceso. En general, las formas deben ser observadas, o de lo contrario se produce la ineficacia del acto para quien las infringe. No obstante, en ciertos casos, el principio dispositivo hace que las formas estén establecidas para cumplir la voluntad de las partes, por lo que éstas pueden apartarse de ellas. Así sucede con el propio proceso, que las partes pueden iniciar o no, sustituirlo por el juicio arbitral, desistirse de él, etc. Por lo demás, la mayoría de lasa nulidades procesales quedan convalidadas durante el propio proceso si o se reclama de ellas oportunamente. En definitiva, y fuera de las solemnidades que las partes están autorizadas para alterar por expresa disposición legal, existe la posibilidad de prescindir de alguna de ellas, establecidas sólo en interés de las partes.

5.

Ineficacia de los Actos Jurídicos Procesales: El acto jurídico procesal que se ajusta a todos sus requisitos contemplados por el ordenamiento jurídico, es eficaz. Por el contrario, el acto jurídico procesal es ineficaz, en sentido amplio, cuando no genera sus efectos propios o deja de producirlos por cualquier causa, sea esta intrínseca o extrínseca al acto mismo. Las sanciones de ineficacia del acto jurídico procesal, son básicamente aquellas establecidas por el derecho común, además de otras específicas del derecho procesal, según analizaremos a continuación: a)

Inexistencia: Sanción derivada de la omisión de requisitos de existencia (ej: falta de jurisdicción - inexistencia del tribunal) Esta sanción adquiere relevancia toda vez que, en la medida que el proceso es inexistente, no existe cosa juzgada real. Además, esta sanción no puede ser convalidada, no requiere declaración judicial y no existe plazo para alegarla.

b)

Nulidad: Es una sanción de ineficacia respecto de aquellos actos jurídicos del proceso en los que se ha incumplido algún requisito que la ley prescribe para su validez (ej:


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incompetencia del tribunal) A diferencia de la nulidad civil, la nulidad procesal es una sola; no es ni absoluta ni relativa. Sin embargo, se suele distinguir entre nulidad procesal y anulabilidad procesal. i.

Nulidad: Es aquella que puede ser declarada de oficio o a petición de parte, por haberse infringido normas que emanan del interés público (ej: incompetencia absoluta).

ii.

Anulabilidad: Es aquella que puede ser declarada sólo a petición de parte, por haberse infringido normas de orden privado (ej: incompetencia relativa cuando procede prórroga - puede o no alegarse)

La nulidad procesal genera la ineficacia específica del acto viciado, (nulidad propia) y, en algunos casos, también la de los actos realizados con posterioridad en el proceso, por existir una dependencia directa entre todos ellos (nulidad extensiva o derivada). El acto procesal nulo derivativamente, en sí, puede estar perfectamente ajustado a derecho, y su ineficacia devendrá únicamente de haber sido contaminado por la nulidad del acto que le precedió. El ejemplo típico de esta clase de nulidad es la que proviene de la falta de emplazamiento ( artículo 83 C.P.C. ) Conforme al principio de protección, como requisito fundamental de la nulidad procesal se exige que el vicio que la genera hubiere causado perjuicio a quien lo alega, que fuere reparable sólo con la declaración de nulidad del acto. En lo demás, la nulidad procesal comparte las características de la nulidad civil.

Las formas de hacer valer la nulidad procesal pueden ser: i.

Medios Directos: Por ejemplo el incidente de nulidad o el Recurso de Revisión.

ii.

Medios Indirectos: Recursos de reposición, apelación o queja.

La elección del medio dependerá de la naturaleza del acto viciado, la trascendencia de la irregularidad que presenta y la oportunidad en que se alega. c)

Inoponibilidad: Es la ineficacia del acto jurídico procesal respecto de terceros, por no haberse cumplido con exigencias previstas en la ley para que éste produzca efectos a su respecto. La regla general es que el acto procesal sólo es oponible a las personas vinculadas con el proceso en que se produce, o que hayan tomado parte en la celebración de un acto procesal extrajudicial (ejs: artículo 177 C.P.C. y artículo 185

C.O.T.) d)

Preclusión: En los procesos inspirados en el principio del orden consecutivo legal, la preclusíon es una de las sanciones de ineficacia mas relevantes, y que se produce en la medida que el acto se realice en un momento procesal inadecuado, o sin respetar el orden prefijado por el legislador.

e)

Otras Sanciones: Existen autores que citan como sanciones de ineficacia la condena en costas, las consignaciones judiciales, la deserción, y prescripción de los recursos, el apercibimiento, la inadmisibilidad y el abandono del procedimiento. De todos estos, creemos que las dos primeras, pese a ser sanciones, no lo son de ineficacia, por lo cual no deben contarse entre éstas.


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CAPITULO VI - TEORIA DE LA ACCION I.- NATURALEZA JURIDICA. La acción, en conjunto con la jurisdicción, ha sido uno de los conceptos mas discutidos en la doctrina procesal, dando origen a una serie de teorías al respecto: 1.

Teoría Clásica o Monista: Surge a partir de la revolución francesa, y postula que la acción es inherente al derecho subjetivo. Todo derecho sustantivo tiene asociada una acción para su tutela. Habrá acción sólo si hay derecho; acción y derecho se complementan.

2.

Teorías Dualistas: Derecho subjetivo y acción son dos realidades completamente diferentes, porque de lo contrario, si la acción fuera inherente al derecho, toda demanda debiera ser necesariamente acogida por el tribunal. Existen dos corrientes dentro de esta teoría: a)

Concretas: Hay dualidad pero la acción está arraigada al derecho, en términos tales de ser el instrumento para obtener su constitución, declaración o reconocimiento: i.

Chiovenda: la acción es un derecho potestativo dirigido contra el adversario para que en su contra actúe la ley y ampare al actor.

ii.

Calamandrei: la acción es un derecho autónomo dirigido contra el Estado para que reconozca el derecho sustantivo en la sentencia.

b)

Abstractas: Desarraigan la acción del derecho, y la conciben tan sólo como el medio habilitante para el nacimiento del proceso: i.

Carnelutti: la acción es un derecho abstracto y público que permite el proceso, cuya finalidad es la justa composición de la litis.

ii.

Couture: la acción es simplemente una manifestación del derecho de petición, para pedir el amparo del derecho frente a cualquier amenaza o lesión en los derechos de quien acciona.

II.- CONCEPTO, ELEMENTOS Y CONDICIONES. En definitiva, podemos definir a la acción como “el derecho a requerir la actuación de la

jurisdicción como único medio viable para la solución de la contienda.” Es el poder jurídico de una persona que obliga a intervenir a la jurisdicción en el conocimiento de una determinada pretensión y a resolverla. La manifestación externa de este derecho se efectúa a través de un acto jurídico procesal, comúnmente denominado demanda, la cual a su vez se contiene en un libelo. Pero en definitiva, lo que caracteriza a la acción es el contener una pretensión, entendida ésta como la expectativa de obtener una decisión favorable.


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Conforme al concepto precedentemente enunciado, estamos en condiciones de identificar los

elementos fundamentales de la acción: 1.

Sujetos: Existe siempre un sujeto activo , que es el titular de la acción, quien la ejerce, y al cual denominaremos demandante, querellante, ejecutante, o genéricamente actor . Por el otro lado, tenemos al sujeto pasivo, también llamado demandado, querellado, reo. Ambos sujetos pueden ser una o varias personas, naturales o jurídicas.

2.

Objeto: Es el derecho cuyo reconocimiento, declaración o constitución se persigue mediante la interposición de la acción. Es la pretensión.

3.

Causa: Es el fundamento fáctico y jurídico (no necesariamente una ley) del derecho pretendido.

Finalmente, luego de haber establecido tanto el concepto como los elementos esenciales de la acción, debemos analizar las llamadas Condiciones de la Acción , definidas como aquellos requisitos tanto de forma como de fondo sin los cuales la acción no puede prosperar. Son fundamentalmente de dos clases: 1.

Condiciones de Ejercicio: Son aquellas sin las cuales la acción no puede ser acogida a tramitación: a)

Existencia de una Pretensión: No puede haber una acción vacía, sino que debe tener un contenido que concierna al derecho.

b)

Ejercicio de la acción en una demanda: La ley indica como debe ejercerse la acción, indicando las funciones de los órganos y la forma de iniciar el proceso. La demanda debe cumplir con los requisitos legales (artículo 254 C.P.C.) En caso de procedimientos de otra naturaleza, será otra la forma y requisitos que deberá adoptar la acción (ej:querella)

2.

Condiciones de Procedencia: Una vez aceptada a tramitación, la acción debe cumplir con otros requisitos que determinen su aceptación o acogi miento por parte del tribunal. a)

Calidad: titularidad correcta y efectiva del actor respecto del derecho pretendido.

b)

Interés: Ventaja o utilidad que persigue el actor

c)

Juridicidad: el contenido de la acción debe ser jurídicamente relevante.

III.- CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES. 1.

Según el derecho que protegen: a)

Personalísimas (derechos inherentes a la persona), de Estado (derechos de familia) o patrimoniales (contenido económico).


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b)

Personales (derechos personales o créditos) y Reales (derechos reales).

c)

Muebles (los hechos que se deben se reputan muebles) o Inmuebles.

2. Según su Objeto: a)

De Condena: persigue la imposición de una prestación al demandado.

b)

Declarativa: persigue la declaración de un derecho

c)

Constitutiva: persigue la creación de un nuevo estado jurídico.

d)

Ejecutiva: persigue el cumplimiento forzado de una obligación.

e)

Precautoria: persigue asegurar una pretensión.

3. Según su calidad: a)

Principal: subsiste por si misma.

b)

Accesoria: necesita de otra principal para subsistir.

4. Según la materia: a) Penal: tiene por objeto el castigo del culpable de un ilícito penal. b)

Civil: busca la restitución de una cosa o su valor y la indemnización respectiva.

IV.- PRINCIPIOS RECTORES DE LA ACCIÓN. 1.

Voluntariedad de la Acción: Es la principal característica de la acción, en términos que lo normal es que toda persona puede determinar libremente cuando interponer una acción y cuando no. Esto tiene algunas excepciones: a)

Obligación de Denuncia: establecida en el artículo 84 C.P.P.

b)

Artículo 21 C.P.C.: Cuando una acción corresponde a otras personas determinadas pero distintas del sujeto activo, el o los demandados quedan facultados para pedir que se ponga la demanda en conocimiento de ellos a fin de adoptar, dentro del término de emplazamiento, alguna de las siguientes actitudes: i.

Adherir a la demanda: se forma un litis consorcio activo y debe designarse procurador común de conformidad a lo indicado en la sección precedente.

ii.

No adherir: caducan los derechos del potencial demandante para entablar la misma acción con posterioridad, pudiendo el demandado hacer valer la excepción de cosa juzgada.

iii.

No hacer nada: si se deja transcurrir el plazo de emplazamiento, si bien no se transformará en parte, le afectará todo lo obrado en el proceso, pero tendrá el derecho de comparecer posteriormente en el juicio, respetando todo lo obrado.

La verdad es que tomando el concepto restringido de acción, el órgano jurisdiccional ya se ha puesto en movimiento, ya se ha ejercido la acción, por lo que mas bien se trata de un excepción a la voluntariedad para ser parte. c)

Jactancia: Se define como la acción y efecto de atribuirse por persona capaz de ser demandada, derechos propios sobre bienes de otro o asegurar ser su acreedor


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(Couture). Es la situación que se produce cuando una persona dice tener derechos de los que no está gozando, para ser obligado por el afectado a interponer la demanda correspondiente. Conforme al artículo 270 C.P.C. , se puede deducir jactancia en alguno de los siguientes casos:

i. Cuando la manifestación del jactancioso conste por escrito. ii. Cuando la manifestación del jactancioso se haya hecho de viva voz, a lo menos delante de dos personas hábiles para declarar en juicio.

iii. Cuando una persona haya sido parte en proceso criminal del cual pueden emanar acciones civiles contra el acusado, para el ejercicio de dichas acciones. La acción de jactancia, para que se declare la obligación del jactancioso de demandar prescribe en 6 meses desde los hechos en que se funda, y se tramita de conformidad al procedimiento sumario ( artículo 272 C.P.C. ) Si se da lugar a la demanda, el jactancioso tiene 10 días para demandar, ampliable a 30 por motivo fundado, so pena d e declararse que no será oído posteriormente sobre tal derecho (incidente del procedimiento de jactancia).

2.

c)

Medidas Prejudiciales: Debe interponerse la demanda dentro de un plazo fatal.

d)

Reserva de acciones en el Juicio Ejecutivo: (artículo 478 C.P.C. )

Unidad de Acción: Lo normal es la existencia de una sola acción en cada proceso. Sin embargo, el artículo 17 C.P.C. , permite la pluralidad de acciones, siempre y cuando las acciones interpuestas no sean incompatibles entre sí, o cuando incluso siendo incompatibles, se interpongan unas en subsidio de las otras.

V.- EL EMPLAZAMIENTO. Estrechamente vinculado al concepto de acción, aparece el emplazamiento, unánimemente definido como “la notificación legal de la demanda mas el plazo que tiene el demandado

para reaccionar frente a ella” A partir del concepto antes enunciado, podemos distinguir los dos elementos esenciales. El primero de ellos es la notificación legal de la demanda , que implica poner al demandado en conocimiento de la acción, de la pretensión contenida en ella, y de la resolución del tribunal a ese respecto. El segundo elemento es el plazo para reaccionar , el cual varía según la clase y características del procedimiento. Si bien la notificación por sí sola no constituye emplazamiento, produce una serie de efectos de capital importancia, que es preciso analizar: 1.

Efectos Procesales: a)

Liga al Tribunal: en cuanto nace para este la obligación de tramitar y fallar la demanda (principio de inexcusabilidad)


b)

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Liga al Demandante: estará obligado a realizar las gestiones destinadas a dar curso progresivo a los autos (relacionado con abandono del procedimiento)

c)

Liga al Demandado: este tiene la obligación de comparecer al tribunal a defenderse, bajo apercibimiento de seguirse el proceso en su rebeldía. Estos tres primeros efectos en conjunto constituyen la relación procesal.

d)

Radica la Competencia: Solo respecto del demandante, pues el demandado aún puede alegar la incompetencia del tribunal.

e)

Precluye la posibilidad de retirar la demanda (relacionado con la letra b)

f)

Efecto retroactivo: La sentencia de un juicio declarativo, produce sus efectos desde la fecha de notificación de la demanda.

g)

Genera el Estado de Litis Pendencia (artículo 303 CPC )

2. Efectos Civiles: a)

Transforma la prescripción extintiva de corto tiempo en largo tiempo (es el efecto de la interversión, consagrado en el artículo 2523 CC )

b) En determinadas acciones posesorias, constituye al deudor en mala fe. c)

Constituye en mora al deudor ( artículo 1551 N°3 C.C. )

d)

Transforma en litigiosos los derechos para efectos de su cesión ( artículo 1911 C.C. )

e)

Interrumpe la prescripción ( artículos 2503, 2518 y 2523 CC )

VI.- LA REACCIÓN DEL DEMANDADO. Finalmente, con el objeto de completar el examen de la teoría de la acción, es imprescindible analizar su más inmediato efecto, cual es la actitud que adoptará el demandado frente a su interposición. En la práctica, el sujeto pasivo de la acción puede adoptar varias actitudes: 1.

Allanamiento: Es la aceptación pura y simple de la demanda. Puede ser expreso o tácito, pero en ambos casos produce los mismos efectos, cuales son liberar al tribunal de la obligación de recibir la causa a prueba, pudiendo inmediatamente citar a las partes a oír sentencia, salvo que se trate de asuntos en que se encuentre comprometido el interés público, en los cuales debe siempre haber prueba (ej: nulidad de matrimonio). El mismo efecto lo produce la contestación de la demanda que no controvierte substancialmente los hechos, pero no es allanamiento pues puede discrepar en cuanto al derecho.

2.

No hacer nada: El silencio del demandado no implica en lo absoluto su aceptación de la demanda, sino que por el contrario produce el efecto de tener por inmediatamente controvertidos todos los hechos contenidos en ella. Los efectos del silencio son que el trámite de la contestación se tendrá por evacuado en rebeldía del demandado, sin perjuicio que éste podrá siempre comparecer en cualquier estado del juicio a hacer valer sus derechos, pero con la limitación de respetar todo lo obrado. En segunda instancia la

Apuntes Davor Harasic

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