La sentencia T- 445 del 11 de octubre de 2016, en la cual se debatió la validez de una consulta popular que pretendía prohibir la minería en el municipio de Pijao, Quindío. Esta sentencia expone temas relacionados con la autonomía territorial, la función del ordenamiento territorial, la reglamentación del uso del suelo en cabeza de las autoridades municipales y distritales, la protección de los recursos naturales, la explotación sostenible de los recursos naturales, la participación de las comunidades en las decisiones que puedan afectarlos y la importancia de la consulta popular para ejercer dicha participación. El Alcalde de Pijao decidió elevar una consulta popular para que el pueblo se pronunciara sobre la realización de actividades mineras en el municipio. Siguiendo el conducto regular, el Alcalde remitió la pregunta al Tribunal Administrativo del Quindío (en adelante el “Tribunal”) para su revisión. El Tribunal estimó que la pregunta era sugestiva y atentaba contra la libertad del votante pues contenía elementos valorativos que inducían a una respuesta. Adicionalmente, el Tribunal argumentó que, en aplicación del artículo 37 de la l a Ley 685 de 2001 y los Decretos 936 de 2013 y 2691 de 2014, las autoridades locales no podían prohibir la minería en sus territorios. Como consecuencia de lo anterior, una habitante del municipio de Pijao decidió instaurar una acción de tutela en contra de la sentencia del Tribunal, alegando que: (i) la sentencia vulnera sus derechos a la participación ciudadana, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso; (ii) la pregunta de la consulta popular no era sugestiva; y (iii) el Alcalde estaba cumpliendo con el deber consagrado en el artículo 33 de la Ley 136 de 1994 según el cual, “cuando los proyectos mineros ame amenacen nacen con crear un cambio significativo en el uso del suelo que den lugar a una transformación en las actividades tradicionales del municipio, se debe elevar una consulta popular”. Finalmente, la accionante manifestó su preocupación por el aumento de actividades mineras en Pijao sin contar con estudios científicos que evalúen sus efectos sobre la forma de vida tradicional de los habitantes del municipio, la calidad del agua y los demás recursos naturales. Para iniciar su análisis, la Corte estudia el ordenamiento territorial y la reglamentación de uso del suelo por parte de las autoridades municipales. Al respecto, la Corte indica que las autoridades locales y nacionales deben actuar bajo los principios de concurrencia,
coordinación, y subsidiariedad, lo que presupone que debe garantizarse la participación de todos los niveles de la administración involucrados. Así las cosas, la Corte aclara que la planificación del manejo de los recursos naturales le corresponde al “Estado”, entendido éste como una referencia genérica a las autoridades estatales de distintos niveles y no solo a la “Nación”, término que hace referencia únicamente a las autoridades centrales. De esta manera, la Corte concluye que el ordenamiento ambiental del territorio le corresponde también a las autoridades locales y no sólo a la “Nación”, pues las competencias para la protección del medio ambiente concurren en cabeza de los diferentes niveles territoriales. En este orden de ideas, la Corte procede a analizar el componente ambiental del territorio, haciendo énfasis en que el medio ambiente es un bien jurídico protegido constitucionalmente, que debe ser preservado para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras bajo la directriz de desarrollo sostenible del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1753 de 2015). Siendo así, la Corte concluye que los impactos de la actividad minera afectan varios aspectos económicos, sociales y ambientales de las regiones, entre los cuales se encuentran: la soberanía alimentaria, el conflicto armado, el desplazamiento, la pobreza y el medio ambiente. La Corte se refiere a la sentencia C-035 de 2016, que confirma que las competencias para la explotación minera de las autoridades nacionales se encuentran ligadas con las competencias para la ordenación del territorio asignadas a las autoridades locales como organismos descentralizados. Según la Corte, no tendría sentido otorgarle a las autoridades locales la competencia para regular el uso de suelo si una decisión de la “Nación” puede paralelamente disponer del subsuelo arbitrariamente. La Corte concluye, por lo tanto, que toda vez que el artículo 332 de la Constitución Política establece que el Estado es propietario de los recursos naturales no renovables que se encuentren en el subsuelo y que “Estado” debe entenderse como una referencia genérica a las autoridades estatales de distintos niveles, las autoridades locales también pueden tomar decisiones sobre el subsuelo. Por estos motivos, puesto que la minería tiene efectos negativos directamente sobre la población, la Corte concluye que la participación ciudadana es la clave para legitimar las decisiones que tome la
administración y que puedan afectar a los habitantes de un determinado municipio. En síntesis, la Corte señala que las autoridades locales se encuentran facultadas para elevar consultas populares cuyo objetivo sea obtener un pronunciamiento vinculante de sus habitantes sobre la realización de actividades mineras en su territorio, aun cuando el resultado de la consulta sea prohibir la minería a través de la reglamentación del uso de suelo. Por su parte, la Corte también analiza la Política Minera Nacional y encuentra que no existe una investigación científica y sociológica elaborada por el Estado que permita determinar los efectos de la minería sobre los recursos naturales, el ecosistema y las poblaciones aledañas a los lugares donde se realizan actividades mineras. Por lo anterior, ordena al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio del Interior, a la Unidad de Parques Nacionales Naturales, al Institutito de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y a la Contraloría General de la República, que conformen una mesa de trabajo con el objetivo de construir dichos estudios en un término improrrogable de dos (2) años contados a partir de la fecha de publicación de la sentencia. A la mesa de trabajo se pueden vincular más entidades y miembros de la sociedad civil. Los integrantes de la mesa de trabajo deben remitir trimestralmente copia de los avances, cronogramas y actividades a ejecutar a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República. Por último, y en relación con el caso concreto, la Corte hace un análisis sobre la pregunta elevada por el Alcalde de Pijao y estima que la misma, en efecto, incluyó elementos valorativos que inducían a una determinada respuesta por parte de los votantes, atentando contra su libertad de configuración. Por esta razón, declara que la pregunta es inconstitucional.
El sector minero, representado en la Asociación Colombiana de Minería, se mostró preocupado por el fallo de la Corte Constitucional con el que se protegió el derecho de los habitantes del municipio de Pijao (Quindío) a través de las urnas frente a los impactos de la actividad minera en su territorio. Santiago Ángel Urdinola, presidente de dicha agremiación, rechazó esa decisión y dijo que “no puede ser que una sentencia de esta naturaleza venga a dictar y a legislar sobre el sector (minero)”. Según agregó Ángel Urdinola, “estamos analizando con nuestros abogados las acciones pertinentes a seguir, tomamos con mucha preocupación que una sentencia de unos derechos fundamentales que ellos consideran vulnerados cambie todas las reglas de una industria que ha venido apostando por Colombia”. El dirigente gremial expresó que tan pronto conoció la decisión se reunió con sus abogados para estudiar la posibilidad de presentar un incidente de nulidad, para lo cual tienen un plazo de tres día. EL TIEMPO quiso conocer también la posición del Gobierno frente a esta decisión, pero en el Ministerio de Minas y Energía se abstuvieron de emitir cualquier declaración al respecto dado que no conocen el texto definitivo del fallo, en tanto que no han sido notificados del mismo. (Además: Serán las propias comunidades las que veten minería en su territorio) “ No se cual será el actuar de la Corte (Constitucional) ni del Gobierno, pero estamos muy asombrados por este tipo de tutelas que ponen unas cargas y fijan una serie de parámetros que no son dados por el legislador ni la ley”, indicó Ángel Urdinola. A investigar en 2 años Y es que según consideró la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional en el fallo T445/16, en un lapso de no más de dos años, el Estado deberá realizar una investigación “científica y sociológica” que permita conocer el impacto real de la minería en los ecosistemas de todo el territorio colombiano. La medida se tomó luego de estudiar una decisión del Consejo de Estado sobre la posibilidad de hacer una consulta pública de minería en el municipio de Pijao, Quindío. Muy participativo El estudio deberá ser el resultado de una mesa de trabajo interinstitucional conformada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y la Contraloría General de la República. También podrán vincularse entidades y miembros de la sociedad civil. La Corte hizo énfasis en la falta de estudios nacionales que hablen de los impactos de la minería en la vida y las costumbres de los pueblos.
El alto tribunal sostiene que al ser consultados, tanto la Federación Nacional de Departamentos, el Ministerio del Interior y el de Minas y Energía dijeron carecer de investigaciones relacionadas con este tema. En consecuencia de lo anterior, manifestó que: “En este orden de ideas, llama la atención cómo el Gobierno Nacional ha construido toda una política minera sin contar con los adecuados estudios técnicos, sociológicos y científicos que permitan evaluar los impactos que genera dicha actividad sobre los territorios”. Público Ordenó que el informe -que deberá estar listo en el 2018- sea publicado en la página web de todas las entidades que conformen la mesa interinstitucional. Además, tendrán que remitir trimestralmente copias de los avances y los cronogramas de trabajo a la Procuraduría y la Contraloría. El fallo también ratifica otra decisión de esa misma Corte que en mayo tumbó la prohibición que existía para que alcaldes y concejos pudieran crear en sus municipios zonas vedadas para la minería. En esa primera decisión el alto tribunal, que resolvía una demanda contra el Código Minero, señaló que a través de consultas populares y reformas de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) los entes locales si podían frenar cualquier proyecto minero, una facultad que hasta ese momento solo estaba en manos de las autoridades nacionales.
RESUMEN DE CAMBOYA
PALABRAS CLAVES:
CIENCIAS FORENSES – ANTROPOLOGIA FORENSE, TRAUMA CRANEANO, TRAUMA CONTUNDENTE, FRACTURA ANULAR Y FRACTURA BASILAR
