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Estudio Introductorio

FIDEL ROJAS VARGAS

LOS

DELITOS CONTRA EL

PATRIMONIO EN LA JURISPRUDENCIA

DIÁLOGO CON LA

JURISPRUDENCIA

OGO DIÁL CON LA

JURISPRUDENCIA

Los DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO EN la JURISPRUDENCIA PRIMERA Edición MARZO 2013 6,940 ejemplares

© Gaceta Jurídica S.A. Edición al cuidado de: Juan Carlos Esquivel Oviedo Manuel Muro Rojo Prohibida su reproducción total o parcial DERECHOS RESERVADOS D.Leg. Nº 822 HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 2013-03273 LEY Nº 26905 / D.S. Nº 017-98-ED ISBN: 978-612-311-041-3 REGISTRO DE PROYECTO EDITORIAL 31501021300179 DIAGRAMACIÓN DE CARÁTULA Martha Hidalgo Rivero DIAGRAMACIÓN DE INTERIORES Miguel Ángel Salinas Arica

Gaceta Jurídica S.A. Angamos Oeste 526 - Miraflores Lima 18 - Perú Central Telefónica: (01)710-8900 Fax: 241-2323 E-mail: [email protected] Impreso en: Imprenta Editorial El Búho E.I.R.L. San Alberto 201 - Surquillo Lima 34 - Perú

Director JUAN CARLOS ESQUIVEL OVIEDO

Coordinadora brenda melissa castañeda patiño

Estudio Introductorio fidel rojas vargas

ESTUDIO INTRODUCTORIO La jurisprudencia penal en materia de delitos patrimoniales EL DERECHO EN LA JURISPRUDENCIA 1. Hablar de jurisprudencia, es hacer mención de aquel ámbito del pensamiento jurídico, caracterizado por ser creativo, postulativo, flexible y eminentemente práctico, esto es, orientado finalmente a otorgar las salidas que la norma, por su propia naturaleza general y relativamente indeterminada, no puede brindar en una amplia gama de casos jurídicos sometidos a la fragua de las ineludibles respuestas judiciales o administrativas.

La jurisprudencia de los tribunales de justicia es derecho práctico, diferenciado del derecho formal de origen legal, que cumple funciones plausibles en la actuación de los operadores jurídicos mediante provisión de pauteos metodológicos y académicos orientados a soluciones urgentes en contextos de seguridad jurídica. Se halla formando parte de él, esto es, las amplias franjas que configuran el contenido y el continente del derecho dan cuenta en mayor o menor medida de su presencia. Así, los sistemas jurídicos donde la jurisprudencia es abrumadoramente dominante en su fuerza creadora, cubriendo el derecho (países del common law), y aquellos otros, donde cumple roles secundarios y supletorios (países del Derecho europeo occidental y zonas extraeuropeas de influencia).

2. El papel desempeñado por la jurisprudencia es cada vez más creciente en los sistemas jurídicos tradicionalmente dominados por el saber de los juristas y los legisladores (el peruano, sin lugar a dudas). Sistemas cerrados y

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autopoyéticos, que ante la crisis de la justicia han optado por mirar y asumir herramientas prácticas de saber jurídico (jurisprudencia casatoria, precedentes), reputadas hasta entonces como secundarias y complementarias. 3. Incremento de la autoridad de la jurisprudencia, en las comunidades jurídicas, que va a tono con las incertidumbres que la postmodernidad le plantea de lleno al mundo de lo jurídico: leyes sustantivas y procesales demarcadas por su no completud, decodificaciones, aporías lingüísticas en la terminología de los tipos legales, dislates en la redacción de las normas. Colocan igualmente su aporte projurisprudencia los “estatutos anticrimen” (terrorismo, lavado de activos, pérdida de dominio, entre otros), manifiestamente abiertos en sus tesituras significativas, esto es, en sus declaradas y expresas respuestas frente al delito que al subvertir los presupuestos garantistas de los códigos y leyes penales, dejan en el juzgador un mundo de perplejidades, que deben ser contestadas por la jurisprudencia de los tribunales, en especial de la Corte Suprema y subsidiariamente por el Tribunal Constitucional, en materia penal. 4. Auge de la jurisprudencia en el contexto de los dominios hermenéuticos de las normas jurídicas y de los casos problemáticos, que sin embargo no se halla libre de respuestas puerilmente simbólicas o marcadamente desnaturalizadas por el error o la abierta intencionalidad (prosistema, política, ideológica) de los órganos de emisión de la jurisprudencia, esto es, de quienes la dictan. Anomalías que observa la jurisprudencia peruana, cuando es sometido al fuego vasto de magistrados, por definición, no formados, para asumir roles que rebasan sus competencias cognoscitivas y que se aprecia con reiterada pertinacia en algunas sentencias del Tribunal Constitucional que valoran y fijan conceptos propios de la materia penal con enfática y marcada liberalidad, contribuyendo a hacer del Derecho Penal una suerte de recetas para injerencias extremas. Por cierto, que el panorama se agrava cuando no es (o no solo lo es) la escasa o deficiente formación lo que explica tal sistema de limitaciones y errores, sino vectores mundanos extrajurídicos incompatibles con lo que disponen los términos liminares en el artículo 39 de la Constitución del Estado peruano.

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Auge de la jurisprudencia incluso, en determinados escenarios, contra los deseos voluntaristas de los propios órganos institucionales de jurisprudencia que inmersos en una mesiánica cruzada fundamentalista adoptan y coaccionan a los jueces a asumir “precedentes obligatorios”, en una suerte de inversión metodológica de la naturaleza misma del precedente, el que por definición se asienta en el rigor del dictum del pasado, reiterado y fortalecido en el decurso de decisiones ulteriores para proyectar luces en el futuro. Aquel deseo institucional de considerar “precedentes” “vinculantes” (vaya temerario proyecto) los acuerdos en mesa de debates, por fuera de los estándares de corrección, logicidad, capacidad-eficacia de respuesta y contrastabilidad de los resuelto, se salen de los parámetros de la teoría del precedente, para pasar a constituir guías ilustrativas, necesariamente, falibles de la cognoscibilidad que tienen las salas supremas sobre aspectos variados y múltiples de la materia jurídica.

5. Jurisprudencia con estándares razonables –aunque debatible autoridad– que se ha concentrado en acuerdos plenarios y ejecutorias “vinculantes” del más alto nivel jerárquico de la Corte Suprema de la República, opacando la variopinta jurisprudencia de niveles intermedios. En esta orientación, era obvio que los plenos regionales destacaban por su inoperatividad en contextos político-jurídicos, dramáticos y urgidos de respuestas al más alto nivel de decisión; criterio de valoración que, por cierto, no desmerece el esfuerzo en la calidad que exhiben determinadas líneas de jurisprudencia regional para determinados tópicos. LA PRUDENCIA: CONDICIÓN DE ORIGEN DE LA JURISPRUDENCIA 6. Juris prudentia: saberes judiciales, surgidos en derecho y prudencia, en tanto, síntesis argumentativa de las pretensiones de las partes o, en una línea de puridad, solamente de los deseos de la judicatura de esclarecer las líneas de significación de tópicos difíciles. En efecto, el derecho como la prudencia son las fuentes por naturaleza de la jurisprudencia; vectores, ambos que en gran parte la configuran, contextualizan y limitan.

La prudencia, pone de manifiesto el ineludible proceso de reflexión sobre el caso concreto en función de consecuencias –y que la norma no permite

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visualizar o dimensionar adecuadamente– por quien emite jurisprudencia. Un juez prudente, es aquel que delibera, colocando en la mesa de la argumentación todas las posibles respuestas frente al caso sometido a estudio, adoptando con razón y sensatez la que mejor se corresponda con la respuesta justa y correcta. 7. La prudencia en el pensamiento platónico es la sabiduría práctica. En La República, Platón, la define como el sano juicio que puede aplicarse a toda actividad humana, y que es propio de la persona juiciosa. Aristóteles, por su lado (Ética a Nicómaco) reflexionando sobre la naturaleza de la prudencia, anota que no es arte ni ciencia (no es conocimiento) sino una capacidad o talento para distinguir y actuar. Kant, en su obra Fundamentación de la metafísica de las costumbres, ve a la prudencia como una forma de sagacidad o habilidad en la elección de medios para alcanzar el máximo bienestar o la felicidad. 8. Obrar prudentemente, en el ámbito del Derecho, es así un atributo de la inteligencia y buen juicio de los operadores jurídicos que antes de actuar (adoptar decisiones) racionalizan sus reflexiones. La jurisprudencia, es por lo tanto, un saber judicial reflexivo y racional, limitado por la prudencia, que fortalece la seguridad jurídica. La prudencia como factor proveedor de seguridad jurídica permite obtener altos estándares de corrección material en los postulados jurisprudenciales, siempre que esté acompañado de una formación académica adecuada y funciones mentales normales –de buen juicio e inteligencia– por el lado de los magistrados. El sentido de realidad, la elección –deliberativa y reflexiva– de la alternativa más equilibrada y menos gravosa, el sopesar las consecuencias de la decisión, son todos componentes que la prudencia aporta al Derecho. Juez prudente es sinónimo de juez juicioso, hábil para encontrar la respuesta más acertada en Derecho y justicia 9. Por lo mismo, en rigor no forman parte de la jurisprudencia los saberes arbitrarios que enfrentan al Derecho, ni los temerarios que lo sustituyen. Tampoco los criterios excepcionales dictados políticamente para convalidar situaciones anómalas que contrarían el Derecho. Nada más temerario en esta línea de previsiones ideales que las denominadas jurisprudencias

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vinculantes que reflejen procesos cognoscitivos no ajustados a los estándares ya señalados y que más bien pueden llegar a expresar preliminares hipótesis intelectivas de trabajo, necesitadas de un mayor y mejor proceso de análisis en sus dos elementos basales (juicios de valor cognoscitivo y decisiones en prudencia). LA JURISPRUDENCIA “VINCULANTE” EN DELITOS PATRIMONIALES 10. Sin necesidad de entrar a analizar si lo que la Corte suprema ha dictado es jurisprudencia o precedentes, cuestión, que requiere de otro espacio discursivo, se parte de la idea que dicho órgano o fuente institucional de derecho práctico lo que, constante y reiteradamente, emite es jurisprudencia vertical, la que es presentada incorrectamente en calidad de “precedentes vinculantes” (en adelante PV). Puede admitirse que se trata de una pretensión de crear precedentes mirando al futuro, cuando los jueces funden y reiteren sus sentencias en dichos PV, aunque esto trae a colación dos graves problemas (muy peruanos) que la práctica ya presenta y puede seguir haciéndola: la cosificación del razonamiento judicial y la ya proverbial pusilanimidad de los jueces ante el temor de ser procesados por diferenciar sus criterios de las pautas obligatorias contenidas en tales PV. En ambos casos, la jurisprudencia se convierte en monopolio de la Corte Suprema, la única autorizada para modificar criterios asumidos, lo cual no guarda lógica de conexión con la teoría del precedente. 11. La jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de delitos patrimoniales no es ni abundante ni necesariamente plausible, no obstante es apreciable el esfuerzo por discurrir en “áreas difíciles” y en las que la doctrina no guarda consenso. Por plausible, se entiende la solución adoptada en condiciones de impecabilidad reflexivo-analítica, que adquiere pretensión de credibilidad y fiabilidad, esto es, que es objeto de consenso en rigor lógico-dogmático. 12. Cuatro son las materias específicas sobre las cuales el pensamiento reflexivo de los magistrados supremos, vía acuerdos plenarios, ha sido expuesto en materia de delitos patrimoniales: a) El momento consumativo de los delitos de hurto y robo; b) La naturaleza jurídica de la muerte como consecuencia

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del robo; c) La diferente valoración jurídico-penal de las lesiones producidas en el robo; y d) la importancia o irrelevancia del referente patrimonial en los delitos de hurto agravado. Para esta ocasión prescindiré de fijar opinión sobre las dos últimas cuestiones. 13. El primer tópico que ha merecido atención de la jurisprudencia suprema es el tópico del momento consumativo en los delitos de hurto y robo. Señala dicho precedente vinculante “que el criterio rector para identificar la consumación se sitúa en el momento en que el titular o poseedor de la cosa deja de tener a esta en el ámbito de protección dominical, y por consiguiente, cuando el agente pone la cosa bajo su poder de hecho. Este poder de hecho –resultado típico– se manifiesta en la posibilidad de realizar sobre la cosa actos de disposición, aun cuando solo sea por un breve tiempo, es decir, cuando tiene el potencial ejercicio de facultades dominicales; solo en ese momento es posible sostener que el autor consumó el delito”. A partir de este criterio la Corte Suprema deriva una serie de implicancias específicas. 14. La tesis consensuada es relativamente correcta y en parte desatinada conceptualmente. En el primer escenario (en lo que atañe a su grado de corrección), se requieren mayores precisiones. Así: primero, que el criterio de disponibilidad potencial es el mínimo requerido en suficiencia de consumación para los delitos de hurto y robo, de modo tal que el momento consumativo de dichos delitos, no se reduce en exclusividad a dicha disponibilidad sino que cubre igualmente situaciones de disponibilidad real; segundo, que el criterio de disponibilidad, en tanto poder de hecho, es sobre el bien mueble ajeno o parcialmente ajeno. La “cosa” es una noción imprecisa de naturaleza debatible en filosofía –más propiamente en ontología–, que cubre tanto entidades materiales como relaciones, proposiciones y sucesos; por lo mismo, no puede ser usado con la ligereza con que se observa su uso en el precedente en alusión; tercero. En el segundo escenario de apreciación del precedente vinculante bajo estudio, cabe abrir al debate su falibilidad, en el siguiente sentido: no se puede hablar de disponibilidad potencial (análisis subjetivizado del momento consumativo) para expresar el poder de hecho sobre el bien que necesita el agente del robo y del hurto para consumar el delito. La disponibilidad potencial es un concepto que no expresa poder. El poder de

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hecho (y también el jurídico), tiene que ser real, esto es, no condicionado a entidades probabilísticas evaluadas ex ante –en la previsión cognoscitiva del agente o ex post en la valuación que haga el operador jurídico. Por lo que, más que referirnos a potencialidades, la consumación –en tanto fase de perfección jurídica del iter criminis en estos delitos– debe ser analizada desde referentes objetivos de las coberturas de protección sobre el bien que el agente despliega en su accionar luego de rebasada la fase del amotio o traslado del bien a esferas de su influencia o dominio. La capacidad de efectuar coberturas de disposición sobre el bien, nos coloca en una situación hermenéuticamente plausible para fijar el momento consumativo del hurto y del robo, y nos libera del referente subjetivo de la disponibilidad potencial. De modo tal que, cuando los actos de disposición del bien mueble ajeno obtiene coberturas, esto es, líneas de protección, que consolida el agente o que le confieren terceros, derivadas del nuevo poder ilegítimo que ejerce sobre el bien, estamos hablando ya que los delitos de hurto-robo se han consumado.

Poco importa ya, entonces, argumentar vía discurso académico si hubo real o potencial disposición, pues por definición, el poder de disposición no se concilia con un poder condicionado, siempre será un dominio real, incluso si es temporal o fragmentario en relación con los bienes sustraídos y apoderados. Naturalmente en el caso del robo, por las notas típicas de significación de dicho delito, las coberturas de disposición del bien deben estar precedidas o concomitadas por acciones instrumentales de gran violencia o grave amenaza para la vida o la integridad física de la víctima. La tesis de las coberturas de disposición sobre el bien, que desarrolla el agente, permite igualmente internalizar mejor el papel del dolo y el conocimiento sobre los elementos normativos del tipo.

15. El segundo tópico que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha ofrecido en materia de delitos patrimoniales se halla circunscrito a definir la naturaleza jurídico-penal de la muerte producida en el contexto del robo, esto es, la muerte no deseada o no prevista como parte del plan de acción del agente. La Corte Suprema ha considerado que esta muerte tiene la calidad de un resultado previsible derivado de los actos de fuerza o violencia propios del robo. Así veamos: “Es obvio, en este caso, que el agente buscaba el desapoderamiento patrimonial de la víctima, pero como consecuencia del ejercicio de violencia

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contra ella –de los actos propios de violencia o vis in corpore– le causa la muerte, resultado que no quiso causar dolosamente pero que pudo prever y evitar. Se trata, pues, de un típico supuesto de homicidio preterintencional, donde el resultado solo se le puede atribuir al agente a título de culpa (…). El citado dispositivo regula, entonces, un caso de tipificación simultánea, dolosa y culposa, pero de una misma conducta expresamente descrita”. 16. Se trata de que el agente del robo le cause la muerte a la víctima, producto de la violencia ejercida sobre ella, como persona física, como cuerpo, no de que la víctima muera por fuera de las acciones propia y directamente de violencia (impresiones, ataques al corazón, algunas hipótesis de intentos de defensa de sus bienes, persecuciones y caídas accidentales, etc.). La Corte suprema esta haciendo basar su argumentación en la causación del resultado muerte por acción del comportamiento violento del sujeto activo del delito. Esto trae a colación un sinnúmero de dificultades para la interpretación del contenido y alcances del robo con consecuencia de muerte, en tanto ilícito penal preterintencional que, sin embargo, deba de adquirir el más alto grado de respuesta punitiva por el acto culpable que el Código Penal pueda reputar para delito alguno: la cadena perpetua. 17. Si bien el razonamiento de la Corte Suprema reduce el ámbito de alcance de este tipo penal agravado de robo a la sola hipótesis de la preterintencionalidad para llenar el contenido de la agravante, con lo que excluye muertes fundadas dolosamente o explicadas con dolo sobreviniente, hacía falta en su argumentación reflexionar sobre la acción de matar como única manera de dotarle de eficacia al plan criminal, por la que opta el sujeto activo del delito, pese a no haberla querido ni internalizado en su plan de acción, supuesto en el cual no podemos estar en puridad ante un homicidio asesinato, o ¿acaso sí? De otro lado, cómo conciliar la respuesta punitiva de cadena perpetua con un ilícito penal doloso degradado por la presencia de culpa en el resultado; cómo entender que solo es la culpa la que dota, en exclusividad, de contenido al robo con subsecuente muerte si es el agente el que ocasiona la muerte en un contexto de acciones dolosas. 18. Resulta notorio que la norma penal 189, último párrafo, puede ser fácilmente instrumentalizada por los agentes del delito, a quienes en un análisis

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costo-beneficio, les es más “rentable” ir directo a matar y luego desarrollar acciones de apoderamiento de bienes de la víctima, pues dicho comportamiento típico no es merecedor de cadena perpetua. Situación de perversión normativa, de la que justamente se aprovechan, con trepidante frecuencia, los sujetos de la galopante criminalidad violenta y organizada. LA JURISPRUDENCIA DE DETERMINADAS SALAS SUPERIORES QUE CONFIGURAN EL ACTUAL LIBRO 19. En el presente libro, además de los acuerdos plenarios que configuran precedentes vinculantes se han seleccionado setenta y tres resoluciones judiciales, entre recientes sentencias y ejecutorias (en vía de apelación) de los colegiados superiores de la Corte Superior de Lima y de Lima Norte, que versan sobre delitos de robo simple, robos agravados, apropiación ilícita, estafa, usurpación de inmuebles, daños y algunos pronunciamientos sobre estelionato y receptación.

Tópicos, tales como el de conclusión anticipada del juicio oral, el criterio de conciencia y la libre valoración razonada de los medios de prueba actuados ante los jueces, criterios para determinar reparación civil, precisiones sobre la presunción de inocencia, motivaciones judiciales para fundar el sobreseimiento, entre otros, fijan las líneas de interés por la materia de este libro.

20. La importancia de dichas resoluciones se explica, ahora ya metodológicamente, por el mayor celo analítico que evidencian los colegiados o los jueces superiores al momento de resolver los casos sometidos a su decisión y competencia. En efecto, la estructuración de las sentencias ha evolucionado positivamente para ofrecer una exposición analítica, secuenciada con estándares, en varios casos, aceptables. No se trata –por la naturaleza de las sentencias y resoluciones que evalúan supuestos fácticos de relevancia penal y valoran medios de prueba sometidos al debate– de piezas jurídicas en el que encontremos pautas jurisprudenciales vinculantes en razón a su autorictas, es decir, de alto valor y consistencia dogmático-jurídica, salvo algunas excepciones, pues estamos ante desarrollos de doctrina judicial fundada

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en acuerdos plenarios de la Corte Suprema o en pareceres doctrinarios que exhiben su fuerza para dictar derecho. 21. Otra razón más que apuntala la importancia de estas resoluciones radica en su especial coyuntura de producción, que los convierte en pareceres judiciales inmersos en un contexto de tránsito, del sistema inquisitivo al acusatorio profesionalizado, lo que explica el énfasis, que los magistrados que suscriben dichas resoluciones, han puesto en las garantías o estándares del debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional. Sociológicamente, varias de las resoluciones nos colocan directamente en el drama de la criminalidad violenta que el Estado está en la obligación de enfrentar y controlar. En suma, tenemos con nosotros, una rica fuente de experiencias jurídicopenales que nos colocan de lleno en el mundo de los desarrollos jurisprudenciales de los magistrados peruanos de segundo nivel jerárquico, a tomar muy en cuenta. Fidel Rojas Vargas Siempre un aficionado del Derecho Penal Lima, marzo de 2013

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CAPÍTULO I HURTO

CAPÍTULO I HURTO 001. Hurto: No basta con la sola imputación de la agraviada para determinar con certeza la responsabilidad de los procesados Existiendo solo la imputación de la agraviada y no otros elementos probatorios que permitan determinar con certeza la responsabilidad de los procesados, dado que también está proscrita la responsabilidad objetiva, conforme así lo dispone el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal, por lo que como bien se ha sostenido en la sentencia de grado, ello ha generado una duda razonable que determina la aplicación del principio universal del in dubio pro reo determinándose, en consecuencia, la absolución de la acusación fiscal. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE PRIMERA SALA PENAL DE REOS LIBRES Expediente Nº 22259-2002 RESOLUCIÓN s/n

Independencia, 10 de setiembre de 2010 VISTOS: En la presente causa, sin informe oral, interviniendo como Juez Superior Ponente la Doctora Huaricancha Natividad en aplicación de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo cuarenta y cinco del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; con lo opinado por el Señor Fiscal Superior en su dictamen (folios doscientos setentidós a doscientos setenta y cinco); y,

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CONSIDERANDO: I. ASUNTO Que, es materia de apelación la sentencia de fecha dos de octubre del año dos mil nueve, obrante de folios doscientos cuarenta y seis a doscientos cincuenta y dos, que Falla: ABSOLVIENDO de la acusación fiscal a Marcos Esteban Zúñiga Coraquillo y Juvenal Figueroa Tinoco, por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio –Hurto Agravado– en agravio de Priscila Prieto Loayza. II. ANTECEDENTES 2.1. Se imputa a los encausados, que con fecha trece de setiembre del dos mil uno, a las veintiún horas la agraviada Priscila Prieto Loayza bajó la palanca del medidor que abastece de energía eléctrica a su inmueble, quedando sin fluido eléctrico y coincidentemente también quedó en las mismas condiciones el inmueble que ocupaban los procesados, presumiéndose que estos serían los autores del hurto de energía eléctrica, por cuanto los recibos de consumo de electricidad de la agraviada habían subido, al efectuarse una constatación policial se verificó que el inmueble de la agraviada ubicado en la avenida Trapiche Lote 6-F, Chacra Cerro, Distrito de Comas, en una de las paredes existe una conexión clandestina desde el cable principal del inmueble de la agraviada que se dirige hacia el inmueble donde vivían los procesados el cual fue retirado por Edelnor. 2.2. El Fiscal Provincial en lo Penal en su recurso de apelación (folios doscientos cincuenta y ocho a doscientos cincuenta y nueve), señala al respecto: a) Que, no se ha tenido en cuenta el Acta de Constatación Policial (folios cuarenta y ocho) efectuada en el inmueble ubicado en el lote 6-F de la avenida Trapiche en ende se establece el hallazgo de una conexión clandestina con lo que se acredita la utilización de energía eléctrica en forma ilegal por los procesados; b) Se añade de que los recibos (folios dieciséis a cuarenta y siete) perteneciente a la agraviada se advierte un consumo desmesurado de energía eléctrica en el periodo que justamente habitaban los procesados en el inmueble; c) Que, el encausado Marcos Esteban Zúñiga Coraquillo se contradice en sus declaraciones prestadas a nivel policial y judicial, refiriendo inicialmente que vivió en el inmueble en el año mil novecientos noventa y nueve por el periodo de un año y cuatro

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meses y posteriormente indica que solo vivió entre los años dos mil y dos mil uno negando su participación en los hechos. III. RAZONAMIENTO 3.1. Para los efectos de imponer una sentencia condenatoria es preciso que el juzgador haya llegado a la certeza de la responsabilidad penal del encausado, en la cual solo puede ser generada por una actuación probatoria suficiente que permita genera en él tal convicción de culpabilidad; sin la cual no es posible revertír la inicial condición de inocencia que tiene todo procesado. Es así que conforme al artículo séptimo del Título Preliminar del Código Penal constituye un principio general que la pena requiera indefectiblemente de la responsabilidad penal del auto, quedando proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. 3.2. De la revisión de los autos, si bien se tiene la declaración preventiva de la agraviada (fs. 91), quien se ratifica de su manifestación policial señalando que ante su sospecha que le estaría sustrayendo energía eléctrica, decidió el día trece de setiembre del año dos mil uno, bajar la palanca general a fin de detectar que vivienda se quedaba sin energía eléctrica, logrando así detectar que el inmueble signado con el lote seis-c quedó a oscuras, lo que inmediatamente comunicó a Edelnor; al día siguiente fue a denunciar a la Comisaría del sector y al realizar la constatación policial en dicho inmueble se identificó a la persona de Jenny Loayza Cervantes manifestando que era guardián del lugar e indicando que la propietaria respondía al nombre de María Candía; y que además ha sufrido perjuicio económico, conforme es de verse de los recibos de Edelnor que obran en autos, en la que se aprecia que desde el mes de enero a julio del año mil novecientos noventa y nueve (folios dieciséis a ciento veintidós) el consumo promedio no sobrepasaba los noventa soles; sin embargo se aprecia que a partir del mes de agosto del año mil novecientos noventa y nueve a octubre del año dos mil uno (folios veintitrés a cuarentisiete) el monto se incrementó considerablemente es así que alcanzó monto incluso mayores a los quinientos nuevos soles. 3.3. De otro lado, la testigo María Salomé Candía Carpio y propietaria del inmueble sito en la Av. Chacra Cerro Lote C-6 - Comas, señaló en su manifestación policial (folios ocho) que los encausados Juvenal Figueroa y Marcos Zúñiga vivían en su inmueble sin su consentimiento.

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3.4. Que, si bien es verdad obra a folios cuarenta y ocho un acta de Constatación, en la que se constata que de la casa de la agraviada sale dos cables de conexión de color azul hacia la vivienda sito en lote 6-E de propiedad de María Candía (donde habrían vivido los encausados) y así también a lo informado mediante un oficio por la Empresa Edelnor (folios setentidós) en el que indica que en esta última vivienda, se procedió al corte del servicio de suministro eléctrico N° 0972299 el día veintinueve de abril del año mil novecientos noventa y nueve, por la no cancelación oportuna de los recibos de consumo. 3.5. Que, si es verdad estando a las diligencias actuadas y pruebas aportadas por las partes, se llega a la convicción que está acreditada la comisión del delito de hurto agravada en agravio de la afectada, sin embargo o lo está la responsabilidad penal de los procesados por lo siguiente: en primer lugar al momento de que el hecho investigado es descubierto por la agraviada (trece de setiembre del año dos mil uno), los encausados ya no residían en el inmueble, pues como indicó la mencionada afectada a nivel preliminar, al detectar el inmueble del que se le sustraía fluido eléctrico, señaló que dicha vivienda era de propiedad de María Salomé Candia Carpio; en segundo lugar: Es de apreciarse que en dicha vivienda habría funcionado una Empresa DESA cuyos titulares era la referida testigo y su esposo Efraín Delgado Rosas, conforme así lo han sostenido los encausados a nivel preliminar y el cual es aceptado por dicha testigo a nivel judicial (folios ochentinueve a noventa) lo que se desprende de los certificados que en copias simples que obran a folios doscientos diecisiete a diecinueve; en tercer lugar: Se tiene la declaración testimonial de María Salomé Candia Carpio (folios ochenta y cuatro a noventa), quien refiere que luego del corte de energía eléctrica por Edelnor, dado que no se pagaba por dicho servicio, habían personas que quedaron viviendo en el inmueble al sostener: “como había personas en el local ellos no colaboraban para pagar”, es más refirió en dicho acto procesal, que cada vez que iba a su inmueble “los encontraba sin luz”, observando que los obreros que vivían en su propiedad se alumbraban en la noche con baterías; inmueble el cual frecuentaba una a dos veces al mes, y el que sigue siendo utilizado como almacén de carros y artículos de ferreterías, teniendo como guardiana actual a la hermana de uno de los encausados –Julia Ricardina Zúñiga Coraquillo– habiendo esta última sostenido que viene viviendo en dicho inmueble desde el veinte de noviembre del año

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dos mil uno y que se alumbra con vela; en cuarto lugar: Si bien el encausado –Zúñiga Coraquillo a nivel policial– señaló que el inmueble sito en el lote C-6 hasta el mes de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve, precisando que en dicho periodo había un medidor que abastecía de energía eléctrica; y a nivel judicial al rendir su declaración instructiva (folios ciento noventa y nueve a doscientos uno) señaló ser inocente de los hechos que se le imputa, precisando que lo estuvo habitando desde el año dos mil hasta el mes de agosto del año dos mil uno; versiones del que si es verdad no se aprecia una uniformidad en cuanto al lapso de tiempo en que habría habitado en el inmueble intervenido, también lo es que ello de por sí no resulta insuficiente para resquebrajar la presunción de inocencia que le asiste. 3.6. Es así, que existiendo solo la imputación de la agraviada y no otros elementos probatorios que permita determinar con certeza la responsabilidad de los procesados, dada que también está proscrita la responsabilidad objetiva, conforme así lo dispone el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal, por lo que como bien se ha sostenido en la sentencia de grado, ello ha generado una duda razonable que determina la aplicación del Principio Universal del in dubio pro reo determinándose en consecuencia la absolución de la acusación fiscal. DECISIÓN FINAL Por estos fundamentos, CONFIRMARON: La sentencia de fecha dos de octubre del año dos mil nueve, obrante de folios doscientos cuarenta y seis a doscientos cincuenta y dos, que Falla: ABSOLVIENDO de la acusación fiscal a Marcos Esteban Zúñiga Coraquillo y Juvenal Figueroa Tinoco, por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio –Hurto Agravado– en agravio de Priscila Prieto Loayza; notificándose y los devolvieron. PACHECO HUANCAS QUIROZ SALAZAR HUARICANCHA NATIVIDAD

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002. Hurto: Inconsistencias en la defensa del procesado no resultan tener suficiente fuerza probatoria Si bien de las declaraciones vertidas por el encausado, se advierte contradicciones relativas a la procedencia del celular que le fuera hallado en su poder, como se aprecia del tenor del Acta de Registro Personal, lo es también que en primer lugar dicho bien no guarda relación alguna con los eventos que fueron materia de investigación; y segundo que estas inconsistencias no resultan tener la suficiente fuerza probatoria para enervar la presunción de inocencia que le asiste a toda persona al estar incursa en un proceso penal; a ello se suma la negativa uniforme y categórica del procesado en ser autor del hecho incriminado. Expediente Nº 53-2009 APELACIÓN DE SENTENCIA PONENTE: Dra. Elizabeth Huaricancha Natividad

Y CONSIDERANDO: I. ASUNTO Viene en grado de apelación la sentencia de fecha cuatro de marzo del año dos mil diez, obrante a folios setenta y seis a ochenta, que FALLA: ABSOLVIENDO de la acusación fiscal a Jehiel Oshiro Góngora por delito contra el Patrimonio –Hurto Agravado– en agravio de Nicolás Tolentino Chávez Chapetón. II. ANTECEDENTES 2.1. Se imputa al encausado haber hurtado el celular del agraviado el día ocho de enero del año dos mil nueve, siendo la una de la madrugada, en circunstancias que el afectado se encontraba en estado de embriaguez junto a su amigo David, esperando abordar el bus interprovincial en el cruce de la carretera Panamericana Norte con Ventanilla, con la finalidad de irse a Barranca; y cuando el procesado en compañía con los sujetos conocidos “Joel” y “Kenji” Hurtado Ulloa le despoja de su pertenencia, para luego darse a la fuga para posteriormente ser intervenido por miembros del serenazgo.

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2.2. La representante del Ministerio Público en su recurso de apelación (folios ochenta y ocho a noventa) sostiene lo siguiente: i.- Debe tenerse en cuenta la forma y circunstancias en que se desarrollaron los hechos y cómo ocasionó su intervención policial; ii.- Se funda la impugnada en que el agraviado se encontraba en estado de ebriedad, mas no es posible afirmar ello pues no existe pericia de dopaje etílico que se le haya realizado; iii.- La sindicación del agraviado se haya corroborada con la testimonial de David Díaz Zamora; iv.- No se ha tomado en cuenta que por propia versión del encausado, en anterior oportunidad ha estado involucrado en hechos similares. III. RAZONAMIENTO 3.1. La acreditación de la responsabilidad penal debe estar basada en la existencia de elementos probatorios idóneos y objetivas las que deben verificar la imputación incriminatoria, del caso en concreto tenemos que la pruebas aportadas por el titular de la acción penal no resultan ser suficientes para resquebrajar la presunción de inocencia de encausado por lo siguiente: i.- Resulta cierto que el agraviado Chávez Chapetón al rendir su manifestación policial –folios nueve– sindicó al encausado como la persona que el día de los hechos, le arrebató su celular; versión que también ha mantenido el testigo David Díaz Zamora al rendir preliminarmente (folios diez) indicando que fue el encausado quien arrebató el celular al afectado; sin embargo, es de considerarse que estos mismos al ser notificados con la finalidad de que concurra a ratificarse o no de sus respectivas manifestaciones, en la etapa judicial, estos no han concurrido no obstante haber sido debidamente notificados como es de verse de los cargos obrante en autos (39, 40, 54, 55, 58 y 59) demostrando con ello sobre todo el agraviado, total desinterés en el esclarecimiento de los hechos que este denunciara; ii.- Así el agraviado respecto al bien sustraído, indicó que la boleta que sustenta la titularidad del mismo se encontraba en su domicilio; mas este en dicha etapa preliminar y menos en la judicial cumplió con acreditar la preexistencia del mismo, exigencia estipulada en el artículo doscientos cuarenta y cinco del Código Procesal Penal, para los delitos contra el Patrimonio. 3.2. Si bien de las declaraciones vertidas por el encausado en autos, se advierte contradicciones relativas a la procedencia del celular que le fuera hallado en su poder, como se aprecia del tenor del Acta de Registro Personal (folios

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siete), lo es también que, en primer lugar, dicho bien no guarda relación alguna con los eventos que fueron materia de investigación; y segundo, que estas inconsistencias no resultan tener la suficiente fuerza probatoria para enervar la presunción de inocencia que le asiste a todo persona al estar incursa en un proceso penal; a ello se suma la negativa uniforme y categórica del procesado en ser autor del hecho incriminado. En consecuencia estando a las consideraciones antes expuestas, no se advierte pruebas que reviertan el estado de inocencia, que tiene todo procesado conforme el literal e del numeral veinticuatro del artículo dos de la Constitución Política del Estado para dictar una sentencia condenatoria, ya que es necesario que estas sean idóneas y objetivas lo cual no acontece en el presente caso, antes bien, ante las imprecisiones advertidas ha generado duda razonable en el Colegiado. Bajo estos argumentos la decisión judicial de primera instancia tiene razonabilidad entre las proposiciones fácticas, la ratio decidendi y lo que existe en los actuados, por lo que debe ser confirmada. Por estos fundamentos: CONFIRMARON la sentencia de fecha cuatro de marzo del año dos mil diez, obrante a folios setenta y seis a ochenta, que FALLA: ABSOLVIENDO de la acusación fiscal a Jehiel Oshiro Góngora por delito contra el Patrimonio –Hurto Agravado– en agravio de Nicolás Tolentino Chávez Chapetón. Notificándose y los devolvieron.

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003. Hurto: Preexistencia de bienes no se acredita con la propiedad del inmueble Ante la inconcurrencia del agraviado, en la etapa judicial no ha sido posible que dicha parte procesal acredite la preexistencia de los bienes supuestamente sustraídos, exigencia procesal que se estipula –para los delitos contra el patrimonio– y se precisa en el artículo 245 del Código Procesal Penal; no siendo suficiente a consideración del Colegiado, el hecho de que se haya acreditado la propiedad del inmueble lugar de donde se habrían sustraído los bienes –los cuales se encuentran listados y valorizados - prueba de parte presentada por el agraviado a nivel preliminar– máxime si el argumento exculpatorio de la defensa de que los bienes muebles que se llevara consigo son de su propiedad, no han sido desvirtuados por la parte afectada. Expediente Nº 465-2006 APELACIÓN DE SENTENCIA PONENTE: Dra. Elizabeth Huaricancha Natividad

Y CONSIDERANDO: I. ASUNTO Es materia de apelación la sentencia de fecha diez de junio del año dos mil diez, obrante de folios ciento treinta y dos a ciento treinta y siete, que FALLA: CONDENANDO a Mario César Hurtado Ulloa por delito contra el Patrimonio –Hurto Agravado– en agravio de Manuel Aurelio Méndez Echevarría IMPONIÉNDOSELE CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, cuya ejecución se suspende condicionalmente por el periodo de prueba de DOS AÑOS, bajo el cumplimiento de reglas de conducta y, FIJA la suma de DOS MIL NUEVOS SOLES el monto de la reparación civil que deberá de abonar el sentenciado a favor del agraviado. II. ANTECEDENTES 2.1. Que, se imputa a procesado Hurtado Ulloa que el día veintitrés de marzo del año dos mil cinco al efectuar una mudanza del inmueble sito en la

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avenida El Triunfo Ex Huarangal Manzana R2. Lote 4 Lotización Zapallal - Puente Piedra lugar donde vivía con el consentimiento del propietario el denunciante Méndez Echevarría, dejando la llave a la vecina Angélica Contreras Maldonado de Terry, verificando después que el referido inmueble se encontraba en desorden y destruido internamente, cuyos daños ascienden a 19, 870 nuevo soles. 2.2. El sentenciado Hurtado Ulloa al presentar su escrito de apelación (folios ciento cuarenta y tres a ciento cuarenta y ocho) argumenta lo siguiente: a) Que, ha demostrado que los bienes que se llevó son de su propiedad, por el contrario el denunciante b) Que el artículo 245 del Código Procesal Penal exige que se acredite la preexistencia de los supuestos bienes sustraídos, lo cual no ha cumplido la parte agraviada. III. RAZONAMIENTO 3.1. La Jurisprudencia Nacional ha señalado en lo concerniente a la responsabilidad penal lo siguiente: “para los efectos de imponer una sentencia condenatoria, es preciso que el juzgador, haya llegado a la certeza de responsabilidad penal del encausado, la cual solo puede ser generada por una actuación probatoria suficiente que permita generar en él tal convicción de culpabilidad; sin la cual no es posible revertir la inicial condición de inocente que tiene todo procesado”(1). De otro lado, el Código Penal también ha establecido que está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva (artículo VII del Título Preliminar). 3.2. El reclamo del apelante debe ser examinado de acuerdo a las pruebas incorporadas durante la investigación y que han sido valoradas en la del grado.

Es así que si bien el agraviado Manuel Aurelio Méndez Echevarría, en su manifestación policial (folios ocho a nueve) imputa al encausado ser la persona a quien no obstante haberle permitido permanecer en su inmueble, por espacio de dos meses aproximadamente, sin embargo al retirarse sustrajo de dicha vivienda 14 ventanas de madera, 13 puertas, entre otros enseres, cuyo monto asciende a 19,870 nuevos soles; hecho que tomó

(1) Exp. Nº 564-99-Lima. En: Rojas Vargas. Jurisprudencia penal y procesal penal. Lima, 1999, p. 87.

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conocimiento de la persona que le entregara las llaves –Angélica Contreras Maldonado de Terry– sin embargo, dicha atribución no ha sido ratificado en sede judicial a pesar de haberse notificado para tal fin –folios setenta y cinco– y del conocimiento del dictamen acusatorio y disposición de los autos a las partes, como del auto de prescripción en el extremo del delito de daños, conforme se aprecia de los cargos de notificación de fojas ciento diez y ciento trece respectivamente, demostrando con dicha inactividad total desinterés en la resultas del presente proceso. 3.3. Así en dicha línea, también se tienen las declaraciones testimoniales de Angélica Contreras Maldonado de Terry (fojas doce a trece), Dalivia Medina Villegas (folios diez a once) y Hildebrando Hidrogo Vásquez (fojas catorce a quince) quienes sostuvieran con sus respectivas testificales a nivel preliminar, la incriminación del encausado, mas resulta que no se ha recepcionado en la etapa de instrucción, la ratificación de la mismas. 3.4. Como lógico resultado de su inconcurrencia del agraviado, en la etapa judicial no ha sido posible que dicha parte procesal acredite la preexistencia de los bienes supuestamente sustraídos, exigencia procesal que se estipula –para los delitos contra el Patrimonio– y se precisa en el artículo 245 del Código Procesal Penal; no siendo suficiente a consideración del Colegiado, el hecho que se haya acreditado la propiedad del inmueble (folios veinte) lugar de donde se habrían sustraído los bienes, –los cuales se encuentran listados y valorizados a folios veintiocho– prueba de parte presentada por el agraviado a nivel preliminar– máxime si el argumento exculpatorio de la defensa de que los bienes muebles que se llevara consigo son de su propiedad, no han sido desvirtuados por la parte afectada. Por las consideraciones antes expuestas, resulta que no es posible revertir la inicial condición de inocencia que tiene todo procesado conforme el literal e) del numeral veinticuatro del artículo dos de la Constitución Política del Estado dado que para dictar una sentencia condenatoria, es necesario que las pruebas sean inobjetables, lo cual no acontece en el presente caso, antes bien, ante las imprecisiones advertidas ha generado duda razonable en el Colegiado, por lo que en aplicación del principio in dubio pro reo acogido en el numeral once del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado y el artículo doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales, por lo que debe revocarse la sentencia materia de grado y reformándola absolvérsele de la acusación fiscal.

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IV. DECISIÓN FINAL Fundamentos por los cuales REVOCARON: la sentencia de fecha diez de junio del año dos mil diez, obrante de folios ciento treinta y dos a ciento treinta y siete, que FALLA: CONDENANDO a Mario César Hurtado Ulloa por delito contra el Patrimonio –Hurto Agravado– en agravio de Manuel Aurelio Méndez Echevarría. IMPONIÉNDOSELE CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, cuya ejecución se suspende condicionalmente por el periodo de prueba de DOS AÑOS, bajo el cumplimiento de reglas de conducta y, FIJA la suma de DOS MIL NUEVOS SOLES el monto de la reparación civil que deberá de abonar el sentenciado a favor del agraviado y REFORMÁNDOLA: ABSOLVIERON a Mario César Hurtado Ulloa por delito contra el Patrimonio –Hurto Agravado– en agravio de Manuel Aurelio Méndez Echevarría. MANDARON: Que una vez consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución, se anulen los antecedentes policiales y judiciales que se hubieran generado a consecuencia de este proceso. Archivándose los de la materia en la forma y modo de ley, con conocimiento del Juzgado respectivo. Notifíquese y devuélvase.

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004. Hurto: Falta de acreditación de la preexistencia del bien Cuando no se logra probar ni a nivel policial ni judicial la preexistencia del bien, implica que no existe prueba objetiva válida y que se sea suficiente para arrojar un resultado probatorio que permita sustentar racionalmente la responsabilidad de la procesada. Más aún si no existe la intención de obtener algún provecho del apoderamiento de los bienes. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE SEGUNDA SALA PENAL DE REOS LIBRES Expediente Nº 758-2009

Independencia, 1 de julio de 2011 VISTOS: Puesto a Despacho para resolver; interviniendo como Ponente la Señora Juez Superior doctora Huaricancha Natividad, en virtud del inciso segundo del artículo cuarenta y cinco del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y, CONSIDERANDO: ASUNTO Viene en grado de apelación la sentencia de fecha treinta de setiembre del año dos mil diez, que obra de folios ciento doce a ciento dieciséis, que FALLA: CONDENANDO a Sandra Zoraida Aliaga Ruiz por el delito contra el Patrimonio –Hurto Agravado– en agravio de Rosa Ernestina Alberto Chilca, a tres años de pena privativa de libertad, suspendida por el plazo de prueba de dos años, bajo reglas de conducta, fijando en la suma de quinientos nuevos soles por concepto de reparación civil que deberá de abonar a favor de la agraviada. ANTECEDENTES 2.1. Se atribuye a la procesada Sandra Zoraida Aliaga Ruiz, que con fecha primero de febrero del dos mil nueve, haber sustraído los artefactos eléctricos un televisor a colores de veintiún pulgadas y un DVD marca Sony valorizados en ochocientos nuevos soles y trescientos nuevos soles respectivamente, como dinero en efectivo de propiedad de la agraviada,

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del interior del cuarto que esta ocupaba como inquilina en el segundo piso del inmueble de la encausada ubicado en el Jirón los Delegados número trescientos cinco, Distrito de Independencia. 2.2. La defensa de Sandra Zoraida Aliaga Ruiz, al presentar su escrito de apelación (folios ciento dieciocho), argumenta lo siguiente: a) No se configura el delito de hurto, porque no ha tenido la intención de obtener provecho alguno, esto es de apoderarse ilegítimamente de los bienes de la agraviada; b) Los hechos materia de instrucción, podrían configurar el delito de usurpación en la modalidad de Perturbación de la Posesión, mas no el delito de hurto agravado, pues no ha existido voluntad de apropiarse de los bienes de la supuesta agraviada. RAZONAMIENTO 3.1. La acreditación de la responsabilidad penal debe estar basada en la existencia de elementos probatorios idóneos y objetivos que verifiquen tal imputación incriminatoria, del caso en concreto tenemos que las pruebas aportadas por el titular de la acción penal no resultan ser suficientes para resquebrajar la presunción de inocencia de los encausados; dado que si bien la agraviada Rosa Ernestina Alberto Chilca conforme señalara en su manifestación policial (folios siete a nueve) y declaración preventiva (ochenta y cinco a ochenta y seis) sindicara a la encausada Aliaga Ruiz como la persona que el día primero de febrero del año dos mil nueve, había hurtado de su habitación artefactos eléctricos –televisor a colores de 21” y un DVD marca Sony–; lo cierto es que también que se aprecia de la transcripción del OCD Nº 29 (folios dos) que la autoridad policial toma conocimiento de los eventos investigados y es a solicitud de esta última, que el efectivo policial Llaja Rojas se constituye al domicilio de la afectada (inquilina), y al dirigirse a su habitación refiere que le hace falta los referidos artefactos, por lo que al proceder a la indagación de los mismos, pudo entrevistarse con la encausada quien indicó que los tenía en su poder, procediendo a la entrega de los mismos, según se puede observar del Acta de recepción (folios quince) y Acta de entrega (folios dieciséis). 3.2. Mas es de apreciarse que respecto a la versión que brindara la procesada Sandra Zoraida Aliaga Ruiz, desde el inicio de las investigaciones –manifestación policial de fojas diez a once y declaración

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instructiva de folios cuarenta y dos a cuarenta y cinco– esta ha sido de manera coherente y uniforme, en el que sostuviera que el origen de los hechos denunciados se debió a una discusión previa que tuvieron ese mismo día, en el que se agredieron mutuamente, diciéndole que se retire más la afectada salió y dejó la puerta de la habitación, decidiendo ingresar y sacar sus cosas un televisor y DVD al primer piso ubicándolo en la cochera, esperando que regrese y luego se retire; a lo vertido por esta parte procesal aporta el hecho que la misma afectada, de sus declaraciones no haya desconocido, que efectivamente aconteció una desavenencia previa –sustracción de un celular– con la encausada a los hechos denunciados, que incluso llegó a la agresión mutua física como se corrobora con el Certificado Médico Legal Nº 003597-L-D (folios diecisiete) en el que se describe que esta última tenía lesiones recientes ocasionado por agente contundente duro; agregándose también el hecho que al concurrir la autoridad policial a su inmueble, hizo entrega inmediata de los bienes de propiedad de la afectada, como es de verse del acta de recepción. 3.3. Observándose de esta manera que la conducta desplegada por la sentenciada, ha sido el de desocupar de su bien inmueble a su inquilina, por el altercado previo acontecido entre las misma, mas no la intención de obtener un provecho producto del apoderamiento de los mismos; no habiéndose verificado ninguna otra conducta donde la procesada haya contravenido lo preceptuado en el mencionado tipo penal. En cuanto al dinero supuestamente hurtado, se verifica que tanto a nivel policial y judicial la agraviada no ha acreditado su preexistencia, siendo este un requisito indispensable conforme así se estipula en el artículo doscientos cuarenta y cinco del Código Procesal Penal. 3.4. En efecto, no existe prueba objetiva, válida y que sea suficiente para arrojar un resultado probatorio que permita sustentar racionalmente la responsabilidad de la procesada en los hechos materia de imputación; por lo que de conformidad a lo opinado por el Fiscal Superior, la sentencia materia de grado debe ser revocada, procediendo absolver a la procesada de la acusación fiscal. DECISIÓN FINAL Fundamentos por los que REVOCARON la sentencia de fecha treinta de setiembre del año dos mil diez, que obra de folios ciento doce a ciento dieciséis,

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que Falla: Condenando a Sandra Zoraida Aliaga Ruiz, por el delito contra el Patrimonio –Hurto Agravado– en agravio de Rosa Ernestina Alberto Chilca, a tres años de pena privativa de la libertad, suspendida por el plazo de prueba de dos años, bajo reglas de conducta, fijando en la suma de quinientos nuevos soles por concepto de reparación civil que deberá de abonar a favor de la agraviada. REFORMÁNDOLA: ABSOLVIERON de la acusación fiscal a Sandra Zoraida Aliaga Ruiz, por el delito contra el Patrimonio –Hurto Agravado– en agravio de Rosa Ernestina Alberto Chilca, debiéndose archivar los de la materia consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución, anulándose los antecedentes que se hubieran generado como consecuencia del mismo. Notifíquese y devuélvase. ROZAS ESCALANTE REYMuNDO JORGE HUARICANCHA NATIVIDAD

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005. Hurto agravado: Necesidad de la sindicación de la víctima al autor o partícipe del delito al procesado Cuando la agraviada no reconoce al procesado como uno de los autores en el evento criminal pese a que en el acta de incautación se registra que al encausado se le halló en su poder la cartera que le había sido hurtada a la agraviada; más aún si el argumento expuesto por el procesado sobre las circunstancias de cómo llegó dicho bien, no ha sido desvirtuado con elemento probatorio alguno; solo quedará aplicar el principio de in dubio pro reo. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE PRIMERA SALA PENAL DE REOS LIBRES Expediente Nº 2806-2009 RESOLUCIÓN s/n

Independencia, 4 de setiembre de 2010 VISTOS: En la presente causa, sin informe oral, interviniendo como Juez Superior Ponente la Doctora Huaricancha Natividad en aplicación de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo cuarenta y cinco del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; de conformidad con lo opinado por el Señor Fiscal Superior en su dictamen de folios (132/136); y, CONSIDERANDO: ASUNTO Que, es materia de apelación la sentencia de fecha tres de julio del año dos mil nueve, obrante a folios ciento ocho a ciento diez, que Falla: ABSOLVIENDO de la acusación fiscal a José Ángelo Belleza Dávila por la presunta omisión de los delitos contra el Patrimonio –Hurto Agravado– en agravio de Gianella Bertha Girón Mitta y, por delito de Tráfico Ilícito de Drogas –Microcomercialización– en agravio del Estado.

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ANTECEDENTES 2.1. Fluye de autos que con fecha dieciocho de febrero del dos mil seis, siendo las catorce horas, personal policial de San Martín de Portes lograron ubicar a los integrantes de la banda “Los malditos de Zarumilla”, cuando se encontraban por inmediaciones del Puente Pocitos, observando que tres sujetos fingiendo ser pasajeros en una combi, despojaron de su cartera a una mujer en el interior del vehículo, logrando huir por el pasaje Italia, persiguiéndolos los efectivos policiales, dando alcance al procesado José Ángelo Belleza Dávila, quien opuso resistencia a la intervención policial, efectuándose el registro personal encontrándose la cartera de la agraviada con sus pertenencias y cuarenta y dos ketes de PBC con un peso de siete gramos, negando su participación el procesado señalando que el conocido como “Tortuga” le entregó el bolso al pasar por su lado huyendo de la policía y que la droga incautada era para su consumo personal. 2.2. El Fiscal Provincial en lo Penal en su recurso de apelación de folios ciento dieciséis a ciento diecisiete, señaló: a) Que, en la sentencia materia de impugnación el a quo ha hecho mención, en relación al delito de hurto agravado, que el procesado Belleza Dávila no ha sido plenamente reconocido por la agraviada, quien señaló que cuando se encontraba forcejeando con el procesado Jhonny Jaime Gallardo Caro, quien logró sustraerle la cartera para seguidamente darse a la fuga conjuntamente con otro sujeto quien ayudó a Gallardo Caro a saltar un muro y escaparse con sus pertenencias, indicando que la agraviada no logró observar el rostro del segundo sujeto porque se encontraba asustada; b) Que, personal policial al percatarse de estos hechos salió en la persecución de dichos sujetos, logrando capturar al procesado Belleza Dávila a quien se le encontró en posesión de la totalidad de las pertenencias sustraídas a la agraviada, alegando en su defensa que solo se encontraba de paso por las riberas del río después de haber comprado droga para su consumo, habiéndose percatado que los conocidos como “Tortuga” y “Cojo” después de saltar el muro arrojaron la cartera, recogiéndola y como escuchó disparos empezó a correr, siendo detenido en posesión del bien sustraído; c) Que, también se desprende de la declaración instructiva del procesado Belleza Dávila que contaría con antecedentes penales por hurto agravado, evidenciándose con el presente hecho delictuoso que sería su modus vivendi; d) Que, en cuanto al delito de Tráfico Ilícito de Drogas el a quo ha señalado que no existiría

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ningún dato que vincule al procesado con la venta a terceros porque la sola posesión de la droga no es suficiente para incriminarlo, habiendo señalado el procesado ser consumidor, sin embargo, del acta de registro personal no se le ha encontrado algún elemento que permita indicar que sea consumidor, como una caja de fósforos, tampoco se ha realizado alguna pericia toxicológica que acredite tal condición. RAZONAMIENTO 3.1. De la revisión de los autos, se tiene la declaración de la agraviada Gianella Bertha Girón Mitta (fs. 11), quien señala: “(...) el sujeto al verme la cartera de forma rápida la cogió y comenzó a jalarme para luego forcejear, luego por la fuerza del sujeto logró apoderarse de mis para luego darse a la fuga con otros sujetos subiendo el muro que separa la pista auxiliar de la principal (...)”, del que se puede advertir que no sindica directamente al encausado como autor del hecho en su agravio, tal como así lo firmó en dicha diligencia al indicar lo siguiente: “(...) que a ninguna de las tres personas las conozco, entre ellos no está el sujeto que me robó la cartera el dieciocho del año dos mil seis”; el cual además tampoco contó con la presencia del representante del Ministerio Público. De otro lado, el procesado José Ángelo Belleza Dávila, en su manifestación policial (fs. 13/15) y, declaración instructiva de (fs. 40/43), frente a los hechos atribuidos el de delito de hurto agravado refirió, ser inocente, y en cuanto al delito de tráfico ilícito de drogas, ser consumidor, agregando que fue intervenido de manera circunstancial al indicar lo siguiente: “(...) yo venía de sur a norte del Estadio San Martín (...) pues ya había adquirido dos lijas de PBC y me iba a consumirla a la ribera, de pronto saltan el muro del puente de pacitos dos personas, arrojan una cartera y de allí escuchó disparos al aire, entonces yo estaba recogí la cartera, y es ahí donde me intervienen (...)”. 3.2. Que, es de apreciarse de autos, que la agraviada al rendir su manifestación policial, relata los hechos precisando que solo vio a uno de los sujetos, describiendo sus características físicas y que no vio al otro sujeto porque el vehículo avanzó y, que al ser consultada si reconocía a tres individuos que se les ponía a la vista dijo no conocer a ninguno no encontrándose entre ellos el sujeto que le robó la cartera, no habiendo reconocido al procesado Belleza Dávila como uno de los participantes en el evento criminal; que si bien es cierto a folios diecisiete obra el acta de

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incautación en la que se registra que al encausado se le halló en poder del procesado, lo cierto también es que el argumento expuesto por este último sobre la circunstancias de cómo llegó dicho bien, no ha sido desvirtuado con elemento probatorio alguno, pues como se verá la afectada tampoco lo ha sindicado como uno de los autores del hecho en su agravio. 3.3. En cuanto al delito contra la salud pública –tráfico ilícito de drogas– microcomercialización, a pesar de habérsele encontrado cuarenta y dos ketes de PBC al procesado Belleza Dávila, conforme al Acta de Registro Personal obrante a folios dieciséis, este ha indicado ser consumidor habitual de dicha sustancia y no microcomercializador, no habiéndosele encontrado evidencias propias de la actividad ilícita como monedas o dinero producto de la venta, ni se ha recibido declaración de personas que lo sindiquen que se dediquen a la microcomercialización de drogas; de otro lado al no existir pericia toxicológica practicado al procesado a fin de determinar fehacientemente si es o no consumidor, corresponde la aplicación del principio universal del in dubio pro reo, estando que dicho argumento exculpatorio no ha sido desvirtuado en el presente proceso. DECISIÓN FINAL Por estos fundamentos, CONFIRMARON: La sentencia de fecha tres de julio del año dos mil nueve, obrante a folios ciento ocho a ciento diez, que Falla: ABSOLVIENDO de la acusación fiscal a José Ángelo Belleza Dávila, por la presunta comisión de los delitos contra el Patrimonio –hurto agravado– en agravio de Gianella Bertha Girón Mitta y, por el contra la Salud Pública –tráfico ilícito de drogas– Microcomercialización, en agravio del Estado; MANDO: Que, consentida o ejecutoriada la presente, se anulen los Antecedentes que se hayan generado, con lo demás que contiene. Notifíquese y devuélvase. CONDORI FERNÁNDEZ PACHECO HUANCAS HUARICANCHA NATIVIDAD

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006. Hurto: Absolución porque procesada no tuvo intención de obtener provecho de producto del apoderamiento de los bienes Se observa que la conducta desplegada por la sentenciada, ha sido el de desocupar de su bien inmueble a su inquilina, por el altercado previo acontecido entre las mismas, mas no tuvo la intención de obtener un provecho producto del apoderamiento de sus bienes; no habiéndose verificado ninguna otra conducta donde la procesada haya contravenido lo preceptuado en el mencionado tipo penal. En cuanto al dinero supuestamente hurtado, se verifica que tanto a nivel policial y judicial la agraviada no ha acreditado su preexistencia, siendo este un requisito indispensable conforme así se estipula en el artículo doscientos cuarenta y cinco del Código Procesal Penal. Expediente Nº 758-2009 APELACIÓN DE SENTENCIA PONENCIA: Dra. Huaricancha Natividad

CONSIDERANDO: I. ASUNTO Viene en grado de apelación la sentencia de fecha treinta de setiembre del año dos mil diez, que obra de folios ciento doce a ciento dieciséis, que FALLA: CONDENANDO a Sandra Zoraida Aliaga Ruiz por el delito contra el Patrimonio –Hurto Agravado– en agravio de Rosa Ernestina Alberto Chilca, a tres años de pena privativa de la libertad, suspendida por el plazo de prueba de dos años, bajo reglas de conducta, fijando en la suma de quinientos nuevos soles por concepto de reparación civil que deberá de abonar a favor de la agraviada. II. ANTECEDENTES 2.1. Se atribuye a la procesada Sandra Zoraida Aliaga Ruiz, que con fecha primero de febrero del dos mil nueve, haber sustraído los artefactos eléctricos un televisor a colores de veintiún pulgadas y un DVD marca

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Sony valorizados en ochocientos nuevos soles y trescientos nuevos soles respectivamente, como dinero en efectivo de propiedad de la agraviada, del interior del cuarto que esta ocupaba como inquilina en el segundo piso del inmueble de la encausada ubicado en el Jirón Los Delegados número trescientos cinco, Distrito de Independencia. 2.2. La defensa de Sandra Zoraida Aliaga Ruiz, al presentar su escrito de apelación (folios ciento dieciocho), argumenta lo siguiente: a) No se configura el delito de hurto, porque no ha tenido la intención de obtener provecho alguno, esto es de apoderarse ilegítimamente de los bienes de la agraviada; b) Los hechos materia de instrucción, podrían configurar el delito de usurpación en la modalidad de Perturbación de la Posesión, mas no el delito de hurto agravado, pues no ha existido voluntad de apropiarse de los bienes de la supuesta agraviada. III. RAZONAMIENTO 3.1. La acreditación de la responsabilidad penal debe estar basada en la existencia de elementos probatorios idóneos y objetivos que verifiquen tal imputación incriminatoria, del caso en concreto tenemos que las pruebas aportadas por el titular de la acción penal no resultan ser suficientes para resquebrajar la presunción de inocencia de los encausados; dado que si bien la agraviada Rosa Ernestina Alberto Chilca conforme señalara en su manifestación policial (folios siete a nueve) y declaración preventiva (ochenta y cinco a ochenta y seis) sindicara a la encausada Aliaga Ruiz como la persona que el día primero de febrero del año dos mil nueve, había hurtado de su habitación artefactos eléctricos –televisor a colores de 21” y un DVD marca Sony–; lo cierto es que también que se aprecia de la transcripción del OCD Nº 29 (folios dos) que la autoridad policial toma conocimiento de los eventos investigados y es a solicitud de esta última, que el efectivo policial Llaja Rojas se constituye al domicilio de la afectada (inquilina), y al dirigirse a su habitación refiere que le hace falta los referidos artefactos, por lo que al proceder a la indagación de los mismos, pudo entrevistarse con la encausada quien indicó que los tenía en su poder, procediendo a la entrega de los mismos, según se puede observar del Acta de recepción (folios quince) y Acta de entrega (folios dieciséis).

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3.2. Mas es de apreciarse que respecto a la versión que brindara la procesada Sandra Zoraida Aliaga Ruiz, desde el inicio de las investigaciones –manifestación policial de fojas diez a once y declaración instructiva de folios cuarenta y dos a cuarenta y cinco– esta ha sido de manera coherente y uniforme, en el que sostuviera que el origen de los hechos denunciados se debió a una discusión previa que tuvieron ese mismo día, en el que se agredieron mutuamente, diciéndole que se retire mas la afectada salió y dejó la puerta de la habitación, decidiendo ingresar y sacar sus cosas un televisor y DVD al primer piso, ubicándolo en la cochera, esperando que regrese y luego se retire; a lo vertido por esta parte procesal aporta el hecho que la misma afectada, de sus declaraciones no haya desconocido, que efectivamente aconteció una desavenencia previa –sustracción de un celular– con la encausada a los hechos denunciados, que incluso llegó a la agresión mutua física como se corrobora con el Certificado Médico Legal Nº 003597-L-D (folios diecisiete) en el que se describe que esta última tenía lesiones recientes ocasionadas por agente contundente duro; agregándose también el hecho que al concurrir la autoridad policial a su inmueble, hizo entrega inmediata de los bienes de propiedad de la afectada, como es de verse del acta de recepción. 3.3. Observándose de esta manera que la conducta desplegada por la sentenciada, ha sido el de desocupar de su bien inmueble a su inquilina, por el altercado previo acontecido entre las misma, mas no la intención de obtener un provecho producto del apoderamiento de los mismos; no habiéndose verificado ninguna otra conducta donde la procesada haya contravenido lo preceptuado en el mencionado tipo penal. En cuanto al dinero supuestamente hurtado, se verifica que tanto a nivel policial y judicial la agraviada no ha acreditado su preexistencia, siendo este un requisito indispensable conforme así se estipula en el artículo doscientos cuarenta y cinco del Código Procesal Penal. 3.4. En efecto, no existe prueba objetiva, válida y que sea suficiente para arrojar un resultado probatorio que permita sustentar racionalmente la responsabilidad de la procesada en los hechos materia de imputación; por lo que de conformidad a lo opinado por el Fiscal Superior, la sentencia materia de grado debe ser revocada, procediendo absolver a la procesada de la acusación fiscal.

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IV. DECISIÓN FINAL Fundamentos por los que, REVOCARON la sentencia de fecha treinta de setiembre del año dos mil diez, que obra de folios ciento doce a ciento dieciséis, que Falla: Condenando a Sandra Zoraida Aliaga Ruiz, por el delito contra el Patrimonio –Hurto agravado– en agravio de Rosa Ernestina Alberto Chilca, a tres años de pena privativa de la libertad, suspendida por el plazo de prueba de dos años, bajo reglas de conducta, fijando en la suma de quinientos nuevos soles por concepto de reparación civil que deberá de abonar a favor de la agraviada. REFORMÁNDOLA: ABSOLVIERON de la acusación fiscal a Sandra Zoraida Aliaga Ruiz, por el delito contra el Patrimonio –Hurto Agravado– en agravio de Rosa Ernestina Alberto Chilca, debiéndose archivar los de la materia consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución, anulándose los antecedentes que se hubieran generado como consecuencia del mismo. Notifíquese y devuélvase.

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007. H urto agravado: Falta de acreditación de bienes objeto del delito determinan absolución del encausado La parte agraviada sostiene que ha sido perjudicada económicamente, pues los planos cuya elaboración si bien lo realizó el encausado, lo es también que el costo lo asumió la afectada, por tanto resultan ser estos de su propiedad; al respecto si bien el oficio remitido por el Indecopi (folios trescientos cincuenta a trescientos cincuenta y uno) señala que: los planos, mapas, ilustraciones, bosquejos y obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias no son susceptibles de protección bajo ninguna de las modalidades de propiedad industrial tramitadas ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del indecopi; por lo que tampoco se ha establecido fehacientemente a quien correspondería la titularidad de los referidos planos. Así que existiendo solo la imputación del representante de la supuesta agraviada y no otro elemento probatorio que permita determinar la comisión del delito de hurto agravado, siendo que en estas condiciones la responsabilidad del procesado no se encuentra acreditada. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE PRIMERA SALA PENAL DE REOS LIBRES Expediente Nº 5619-2008

Independencia, 22 de octubre de 2010 AUTOS Y VISTOS: Puesto a Despacho para resolver, interviniendo como Juez Superior Ponente la Doctora Huaricancha Natividad, en aplicación de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo cuarenta y cinco del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y, CONSIDERANDO: ASUNTO: Que, es materia de apelación el auto de sobreseimiento de fecha dieciocho de enero del año dos mil diez, obrante de folios seiscientos treinta y cuatro

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a seiscientos treinta y siete, que resuelve: SOBRESEER el proceso seguido contra Luis Alberto Escobar Antezano por delito contra el Patrimonio –Hurto agravado– en agravio de la Empresa Renova S.A.C. ANTECEDENTES 2.1. Se atribuye al procesado Luis Alberto Escobar Antezano que cuando trabajaba en la Empresa Renova S.A.C., entre enero del año mil novecientos noventa y ocho hasta setiembre del año dos mil tres aproximadamente, encargado del diseño y montaje de piezas y matrices para la minería, en calidad de asesor técnico se constituía a las plantas o campamentos de los clientes de la empresa para el diseño de planos para la fabricación de piezas, partes matrices para la minería, obteniendo un conjunto de información de carácter técnico expresado en planos y dibujos especializados los mismos que obran en autos de folios diez a doscientos cuarenta y cinco, siendo que la empresa agraviada asumía el costo de los viajes del personal técnico y trabajadores a las diferentes compañías mineras como Southern Perú y otros, luego del levantamiento de los planos retornaban a las instalaciones de la empresa para continuar con el proceso de fabricación hasta su instalación final; estableciéndose que desde setiembre del dos mil siete el procesado sustrajo y comercializó bienes como son los planos y diseños antes mencionados a una empresa cuya razón social es Caupe S.A.C. 2.2. El representante de la Empresa Renova S.A.C., en su recurso de apelación de (folios seiscientos cincuenta y uno a seiscientos cincuenta y tres), señala: a) Que, en el presente proceso es determinante establecer que los diseños y planos de propiedad de la empresa agraviada, que fueron objeto de sustracción por parte del procesado, constituyen bienes con un estimable valor económico para la empresa, la que cubrió el costo total para su elaboración final, conforme el procesado ha reconocido tanto en su manifestación policial como en su declaración instructiva; b) Que, no está en cuestión la propiedad intelectual, sino el valor patrimonial que tienen los diseños y planos que eran almacenados en los archivos informáticos en la empresa, con un costo estimable económicamente; c) Que, en el considerando sexto del auto apelado, el a quo señala que no se encuentra acreditado de manera fehaciente a quien corresponde la propiedad de los planos y diseños, no habiendo considerado lo declarado por el propio procesado, cuando indicó que laboró para la empresa Renova S.A.C.,

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diseñando, levantando planos de piezas para luego hacer las matrices y los costos eran asumidos por la empresa afectada, con quien tenía una dependencia laboral permanente; d) Que, el a quo no ha tenido en cuentas la manifestación del testigo Armando Pablo Marti Rivadeneyra, quien declaró ser compañero de trabajo del procesado en la empresa Renova S.A.C., y que tenía conocimiento que la empresa enviaba al procesado a los campamentos mineros para levantar información sobre las piezas, tuberías, bombas, matrices, etc. y, en base a esa información confeccionaba los planos correspondientes, siendo que todos los gastos los cubría la empresa, planos que se encuentran archivados en nuestras computadoras a las cuales el procesado tenía acceso. RAZONAMIENTO 3.1. La Corte Suprema de la República, respecto al delito de hurto ha señalado que es necesario que se cumplan con los elementos, objetivos y subjetivos, contenidos en la norma penal, es así que: “i) el hurto constituye el tomar una cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueño; ii) Debe existir un apoderamiento, que presupone una situación de disponibilidad real anterior que se vulnera tomando el agente una posición igual en todo a la de un propietario, pero sin reconocimiento jurídico afectándose el poder de disposición real del propietario; iii) Que el objeto sobre el cual cae la acción sea un bien mueble ajeno; iv) Que exista solo (elemento subjetivo del tipo); v) por último además se exige el ‘animus de obtener un provecho (…)’”(2). 3.2 En la presente causa el hecho investigado, se encuentra tipificado como delito de hurto agravado, conducta ilícita prevista y sancionada en el inciso tercero, segundo párrafo del artículo ciento ochenta y seis, concordante con el artículo ciento ochenta y cinco del Código Penal que prescribe “(...) el que, para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, con las circunstancias agravantes (...) mediante la utilización de sistemas de transferencia electrónica de fondos, de la telemática en general, o la violación del empleo de claves secretas”.

(2) R.N. Nº 347-2004-JUNÍN.

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3.3. De la revisión de los autos, se tiene que está probado que los planos presentados por la empresa Renova S.A.C., y que obran a folios veintinueve a doscientos cuarenta y cinco, han sido elaborados bajo el costo de esta última, y en los cuales ha participado el procesado Escobar Antezano tal como este en su declaración instructiva así lo ha aceptado (folios seiscientos nueve a seiscientos quince) quien señala: “(...) trabajé en la empresa Renova S.A.C., desde el año 1999 al año 2003, teniendo el cargo de proyectista, dedicándose al diseño y montaje de pieza y matrices para la minería, fabricaba los equipos, instalando luego en las diferentes compañías mineras y muchas veces los planos se quedaban en las compañías mineras (...)”. El representante legal de la empresa agraviada –Carlos Alberto Cortez Machado– señaló que tomó conocimiento elite el encausado venía comercializando estos planos especialmente con la empresa Caupesac, y como testigo de este hecho es el ingeniero Armando Martín Rivadeneyra, con quien realizaba este ilícito negocio, lo cual se puede verificar por la constantes comunicaciones vía electrónica de parte del procesado [email protected], con la minera Causepac en sus correos: minera @causepac.com, [email protected] y con el ingeniero Martín Rivadeneyra a través de su correo electrónico aemarti@ hotmal.com (folios doscientos sesentidós a doscientos sesenta y cuatro); Ahora, si bien en autos obran diversos correos electrónicos del que se presumiría, un acuerdo económico el procesado y los testigos Manuel Jiménez Achutegui y Lorgio Jiménez Achútegui, estos en sus respectivas sus declaraciones han negado tajantemente tal hecho. 3.4. Así también el testigo Martín Rivadeneyra a nivel policial (folios doscientos ochentidos a doscientos ochenta y cinco) sostuvo que efectivamente entre el encausado y los gerentes financieros de la Empresa Causepac, había un arreglo económico por la venta de planos; también es que dicho testigo hizo llegar al juzgado su declaración jurada (folios cuatrocientos once a cuatrocientos doce), el cual debe por cierto tomarse con la reserva del caso, en el que indica que la entrega de los correos lo hizo a solicitud del gerente de Renovac, no teniendo la intención de perjudicar a personas. 3.5. La parte agraviada sostiene que ha sido perjudicada económicamente, pues los planos cuya elaboración si bien la realizó el encausado, lo es también que el costo los asumió la afectada, por tanto resultan ser estos de su propiedad; al respecto si bien el oficio remitido por Indecopi (folios trescientos

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cincuenta a trescientos cincuenta y uno) señala que: “no existen registros ni solicitudes en trámites correspondientes patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales o certificados de obtentor a nombre de Luis Alberto Cortez Machado ni de la empresa Renova S.A.C. (…)”, se precisa seguidamente que los planos, mapas, ilustraciones, bosquejos y obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias no son susceptibles de protección bajo ninguna de las modalidades de propiedad industrial tramitadas ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del indecopi; por lo que tampoco se ha establecido fehacientemente a quien correspondería la titularidad de los referidos planos. 3.6. Es así, que existiendo solo la imputación del Representante de la Empresa Renova S.A.C., y no otro elemento probatorio que permita determinar la comisión del delito de hurto agravado, siendo que en estas condiciones la responsabilidad del procesado no se encuentra acreditada, por lo que debe ser confirmada la venida en grado. DECISIÓN FINAL Por estos fundamentos, CONFIRMARON: El auto de sobreseimiento de fecha dieciocho de enero del año dos mil diez, que resuelve: SOBRESEER el proceso seguido contra Luis Alberto Escobar Antezano por delito contra el patrimonio –Hurto agravado– en agravio de la Empresa Renova S.A.C.; notificándose y los devolvieron. EL SECRETARIO DE SALA DE LA PRIMERA SALA PENAL PERMANENTE DE REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE, CERTIFICA QUE EL VOTO ADICIONAL DE LA DOCTORA PACHECO HUANCAS, ES COMO SIGUE: La suscrita comparte la opinión de la Jueza Ponente Dra. Huaricancha Natividad, pero con el siguiente argumento adicional. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de justicia mediante ejecutoria de fecha trece de abril del dos mil siete (recaída en la queja Nº 1678-2006), al amparo de lo previsto en el artículo trescientos uno guión A, apartado uno del Código de Procedimientos Penales, dispuesto el carácter de precedente

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vinculante, los fundamentos cuarto, quinto y sexto de la misma, referido a que la función de la acusación es privativa del Ministerio Público y por ende el juzgador no ha de sostener la acusación; por lo tanto, si el órgano judicial está conforme con el dictamen no acusatorio del Fiscal Provincial y si con motivo del recurso de apelación de la parte civil, el Fiscal Superior igualmente emite un dictamen no acusatorio, coincidiendo con el fiscal inferior en grado, no existe posibilidad jurídica que el órgano jurisdiccional de alzada dicte una resolución de imputación. No obstante es posible una anulación del procedimiento cuando afecte el derecho a la prueba de la parte civil o la decisión fiscal incurra en notorias incoherencias, contradicciones o defectos de contenido que ameritan un nuevo pronunciamiento fiscal, tales como se omite valer determinados actos de investigación o de prueba, no se analiza determinados hechos que fueron objeto de la denuncia fiscal y del auto de apertura de instrucción o, se niega inconstitucionalmente la actuación de prueba pertinente ofrecida oportunamente por la parte civil o cuando admita no se actúa en función a situaciones irrazonables que no son de cargo de aquella. Así, se tiene que de la revisión de los autos y los agravios formulados por la parte civil, no se da ninguno de los supuestos que orientan la jurisprudencia de la Corte Suprema de la República, en el caso concreto, puesto que el fiscal provincial al emitir su dictamen de folios seis ciento veinte - seis ciento veinte y dos, opinó por el sobreseimiento de la causa, en el mismo sentido lo hizo el Juez de la Instancia y en esta Instancia la Fiscalía Superior, en su dictamen de folios seiscientos cincuenta y siete - seiscientos cincuenta y nueve opina que se confirme la resolución venida en grado. SS. CONDORI FERNÁNDEZ PACHECO HUANCAS HUARICANCHA NATIVIDAD

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008. Hurto agravado: Acreditación de la responsabilidad penal La comisión del evento ilícito y la responsabilidad del procesado no solo se encuentra acreditado por la sindicación uniforme de la parte agraviada, sino que también existen elementos probatorios de la participación del encausado; tal es así que este ha reconocido haber estado en compañía de los sujetos quienes le habrían ofrecido un “trabajo a fin de ganarse algo” tal como se comprueba con el acta de Registro personal que estuvo en el lugar y momento en que acontecieron los hechos, y que muy cerca de él se hallaron dos desarmadores tal como se describe en el Acta de Hallazgo y Recojo. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE PRIMERA SALA PENAL DE REOS LIBRES Expediente Nº 184-2010 Rresolución s/n

Independencia, 21 de setiembre de 2010 VISTOS: En la presente causa, sin informe oral, interviniendo como Juez Superior Ponente la Doctora Huaricancha Natividad en aplicación de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo cuarenta y cinco del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; de conformidad con lo opinado por el Señor Fiscal Superior en su dictamen de folios (172/173) y, CONSIDERANDO: ASUNTO Es materia de apelación la sentencia de fecha quince de setiembre del dos mil nueve, obrante de folios ciento cincuenta y cuatro a ciento cincuenta y seis, que FALLA: CONDENANDO a Pablo Rosas Casas, por delito contra el Patrimonio –Hurto Agravado– en agravio de Jacinta Jenny Alfaro Campos, a TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, cuya ejecución se suspende condicionalmente por el periodo de prueba de UN AÑO, bajo el cumplimiento de reglas de conducta y, fija la suma de TRESCIENTOS NUEVOS

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SOLES el monto de la reparación civil que deberá de abonar el sentenciado a favor de la agraviada. ANTECEDENTES 2.1. Se imputa al procesado Pablo Rosas Casas que con fecha catorce de diciembre del dos mil uno, en complicidad con los sujetos conocidos como “Lucho” y “Pedro”, sustrajeron del interior del vehículo de placa de rodaje, AOD-539, de propiedad de la agraviada Jacinta Jenny Alfaro Campos, una máscara de auto radio marca Pionner valorizado en trescientos dólares americanos, en circunstancias que esta última había dejado estacionado su vehículo en el frontis de su domicilio ubicado en la Avenida Lima número treinta y ocho veintitrés, distrito de San Martín de Porres; logrando fugar los sujetos desconocidos en un auto modelo Tico, marca Daewoo de color rojo, siendo capturado el procesado, por familiares y vecinos de la agraviada, hallándose en el lugar dos desarmadores los que habrían utilizado para cometer el acto ilícito. 2.2. Que, el sentenciado Pablo Rosas Casas al presentar su escrito de apelación (fs. 158/160) argumenta lo siguiente: a) Que, por ser una persona de edad no se ha tomado en cuenta su manifestación policial y declaración instructiva en el que señaló o haber cometido delito alguno, dado que los sujetos conocidos como “Lucho” y “Pedro” fueron sus autores, siendo por el contrario embaucado hábilmente, aceptando sin imaginarse que se trataba de un hurto; b) Que, los hechos ocurrieron en el mes de diciembre del dos mil uno, apreciándose que en la presente causa se ha extinguido la acción por el transcurso del tiempo. RAZONAMIENTO 3.1. El delito de Hurto Agravado se configura cuando: “El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, con las circunstancias agravantes mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos y, mediante el concurso de dos o más personas” tal como lo señala el artículo ciento ochentiseis del Código Penal. 3.2. El reclamo del apelante debe ser examinado de acuerdo a las pruebas incorporadas durante la investigación y que han sido valoradas en la del grado. Es así que el encausado Pablo Rosas Casas tanto en su manifestación

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policial (fs. 7/8) y declaración instructiva (fs. 130/131), sostiene que fue sorprendido por los sujetos a quienes conocía desde hacia medio año, con los nombres de “Lucho” y “Pedro” quienes le dijeron que si quería ganarse algo en los siguientes términos: “(...) los dos me dijeron si quería ganarme algo, por tal motivo me dicen que suba al carro, luego de la victoria nos dirigimos hacia San Martín de Porres y cuando pasamos por el lugar donde se encontraba estacionado el vehículo de placa de rodaje AOD-539, Toyota, de color verde me dijeron que bajara y que me parara al lado de la puerta del chofer del vehículo y ‘Lucho’ se metió debajo del carro, luego me dijo pásame los desarmadores ya que yo los tenía, apareció un señor con un arma de fuego y Lucho corrió y se metió al Tico, quedándome parado (...)”, en igual sentido también declara a nivel judicial. 3.3. Que, la agraviada Jacinta Jenny Alfaro Campos, al rendir su manifestación policial (fs. 6) y, su declaración preventiva (fs. 45), señaló que el día de los eventos, había estacionado su vehículo de placa de rodaje AOD-539, en la puerta de su domicilio y que fue su sobrina quien le pasó la voz que habían intervenido al procesado, señalando: “(...) me pasó la voz cuando habían agarrado a un delincuente, contándome en ese momento que ella al pasar por mi puerta notó que un vehículo de color rojo Tico, se había estacionado al lado de mi vehículo de donde descendieron tres sujetos, que eran con el chofer, uno de ellos se tiró debajo del vehículo, pasando la voz a los vecinos, quienes al querer intervenidos, uno de ellos que se encontraba en el interior del vehículo de mi propiedad salió corriendo, metiéndose por la ventana del vehículo en movimiento, pero el otro sujeto que se quedó debajo de mi vehículo no pudo darse a la fuga siendo cogido por mis vecinos (...)”, así también en sede judicial se ratificó de lo manifestado precisando que el encausado fue la persona que se estaba debajo del carro con unas llaves, habiéndose llevados los acompañantes de este la radio de su vehículo. 3.4. Que, la comisión del evento ilícito y la responsabilidad del procesado no solo se encuentra acreditado, por la sindicación uniforme de la parte agraviada desde inicios de la presente investigación, sino que también existen elementos probatorios de la participación del referido encausado; tal es así que este ha reconocido haber estado en compañía de los sujetos “Lucho” y “Pedro” quienes le habrían ofrecido un “trabajo a fin de ganarse algo” como así lo indica Rosas Casas, tal como se comprueba con el acta de

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Registro personal que estuvo en el lugar y momento que acontecieron los hechos, y que muy cerca de él se halló dos desarmadores tales corno se describe en el Acta de Hallazgo y Recojo (folios diez); de otro lado los argumentos que expone, esto es que habría sido “embaucado” por los dichos sujetos, los cuales si son los participantes directos del hecho ilícito, tienen el evidente propósito de evadir su responsabilidad penal, pues de los actuados se aprecia que ni siquiera ha proporcionado los nombres completos ni dirección u algún dato útil, a fin que estas sean individualizados y ubicados para el esclarecimiento de los hechos; de otro lado la conducta que se le atribuyó al procesado fue el delito de hurto agravado, con las agravantes establecidas en los incisos tercero y sexto del artículo ciento ochentiseis del Código Penal, cuya penalidad máxima es la de seis años de pena privativa de libertad, y es así que al realizar el cómputo respectivo teniendo en cuenta el artículo ochentitrés del referido cuerpo de leyes (prescripción extraordinaria), desde la comisión del hecho investigado (el catorce de diciembre del año dos mil uno) a la fecha la acción penal, no ha prescrito, por lo que a lo alegado en su recurso de apelación al respecto debe ser desestimada.

Por tanto, está comprobada su responsabilidad penal en la comisión del hecho imputado, esto es el de haber hurtado (radio del vehículo) mediando destreza (utilización de desarmador) y en compañía de dos personas más (pluralidad de agentes).

3.5. El Código Penal en su artículo cuarentiséis sobre la Individualización de la Pena, establece que a efectos de graduar el quántum de la pena, el juzgador debe realizar un análisis lógico-jurídico de la prueba aportada en función de la gravedad del hecho cometido, la continuidad de estos actos, de los medios empleados para su comisión y del grado de participación y autoría del agente, así como del comportamiento del procesado a efectos de contribuir al esclarecimiento de los hechos; presupuestos que se ha tenido en cuenta la alzada, es por estas razones que la pena impuesta se encuentra acorde dentro de los límites fijados por ley, para el delito que fuera materia de investigación. 3.6. Que, en cuanto al monto de la reparación civil señalado en la que es materia de grado, debe tenerse en cuenta que esta debe ser fijada acorde a la magnitud del daño causado, el es establecido en los artículos noventa y dos

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y noventa y tres del Código Penal, y los pertinentes del Código Civil; es así que considerando que el bien jurídico afectado - El Patrimonio –Hurto agravado– (radio de vehículo) resulta pues que la suma señalada guarda relación con el perjuicio a la parte agraviada Por lo que, de autos se encuentra acreditada la comisión del delito instruido y la responsabilidad penal del imputado, debiendo ser confirmada la venida en grado. DECISIÓN FINAL Fundamentos por los que CONFIRMARON la sentencia de fecha quince de setiembre del dos mil nueve, obrante de folios ciento cincuenta y cuatro a ciento cincuenta y seis, que FALLA: CONDENANDO a Pablo Rosas Casas, por delito contra el Patrimonio –Hurto agravado– en agravio de Jacinta Jenny Alfaro Campos, a la pena de TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD cuya ejecución se suspende condicionalmente por el periodo de prueba de UN AÑO, bajo el cumplimiento de reglas de conducta y, fija la suma de TRESCIENTOS NUEVOS soles el monto de la reparación civil que deberá de abonar el sentenciado a favor de la agraviada. MANDO: Que, consentida o ejecutoriada que sea la presente, inscríbase donde corresponda.- Notifíquese y devuélvase. SS. PACHECO HUANCAS QUIROZ SALAZAR HUARICANCHA NATIVIDAD

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009. Hurto de servicio público: Mediante destreza y en concurso de más de dos personas No solo se ha acreditado la materialidad del delito, pues está probado que los sujetos han sustraído dicha señal de comunicación (Cable Mágico), pues los argumentos expuestos –que solo se dedicaban a reparar– devienen en meras alegaciones que tiene la evidente finalidad de atenuar su responsabilidad penal en los hechos incriminados, pues ellos no trabajaban para la empresa agraviada y menos tenían autorización alguna para el ejercicio de dicha actividad, acción dolosa que efectuaron mediando destreza (utilización de indumentaria y vehículo con el logo de la perjudicada) y con el concurso de más de dos personas; conducta que se encuentra inmersa en el tipo penal de hurto agravado (artículo 186, incisos 3 y 6 del CP). Expediente Nº 715-2008 APELACIÓN DE SENTENCIA PONENCIA: Dra. Huaricancha Natividad

CONSIDERANDO: I. ASUNTO: Es materia de apelación la sentencia de fecha diecisiete de mayo del año dos mil diez, que obra de folios ciento setenta y dos a ciento setenta y seis, que FALLA: CONDENANDO a José Luis Liza Velásquez y José Trinidad Velásquez Salazar, por el delito contra el Patrimonio –Hurto agravado– en agravio de la Empresa Multimedia S.A.C. Cable Mágico, a CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, suspendida por el plazo de prueba de UN AÑO, bajo reglas de conducta, fijando en la suma de SEISCIENTOS NUEVOS SOLES por concepto de reparación civil que deberán de abonar los sentenciados a favor de la empresa agraviada, a razón de doscientos nuevos soles por parte de cada uno de los sentenciados a favor de la entidad agraviada.

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II. ANTECEDENTES 2.1. Se imputa a los procesados José Luis Liza Velásquez y José Trinidad Velásquez Salazar, haber sustraído sin la debida autorización de la empresa agraviada la señal de telecomunicación e instalar vía conexión en un aparato receptor que se encontraba en el interior del inmueble ubicado en la Calle Las Violetas número diez veintinueve, distrito de San Martín de Porres, de propiedad de Norma Gonzáles Llontop, para lo cual estaban premunidos de una serie de herramientas o especies como llaves, alicates manipularon el cableado aéreo que siendo intervenidos por personal policial de la Comisaría de San Martín. 2.2. La defensa de los sentenciados José Luis Liza Velásquez y José Trinidad Velásquez Salazar sostienen en su escrito de apelación (folios ciento ochenta y seis a ciento noventa y dos) lo siguiente: a) Solicita la nulidad de la sentencia porque ha faltado actuarse algunas diligencias puntuales como la confrontación, la pericia contable a fin de determinar el perjuicio económico, por lo que no se encuentra probado el apoderamiento de algún bien mueble existiendo solo una sindicación; b) Que, si se revisa el tipo penal materia de instrucción, en el supuesto negado que se habría cometido el delito, el tipo penal adecuado sería el tipo residual tipificado en el artículo cuatrocientos treinta y ocho del Código Penal; c) Que, no se ha configurado el delito contra el Patrimonio - Hurto Base y Agravado, dado que no se ha acreditado el apoderamiento ilegal de un bien mueble total o parcialmente ajeno, máxime sino existe peritaje de daños o acreditado con facturas o comprobantes que las herramientas de trabajo existentes en el vehículo pertenecen a la parte agraviada. III. RAZONAMIENTO 3.1. El reclamo de los apelantes debe ser examinado de acuerdo a las pruebas incorporadas durante la investigación y que han sido valoradas en la del grado. Es así que en primer lugar: Está probado que el día veintitrés de mayo del año dos mil ocho, conforme se indica en la denuncia policial OCD número ciento noventa y uno (folios dos a siete) los encausados fueron intervenidos, por los efectivos policiales, cuando se encontraban realizando instalaciones de cable mágico en un televisor marca Samsung en el frontis del inmueble sito en la Calle Las Violetas número diez veintinueve, distrito de San Martín de Porres, tal como se verifica del

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acta de constatación (folios veinticinco) documento que fuera suscrito también por la propietaria del referido inmueble –señora Norma Gonzáles Llontop–; documento que no ha sido materia de cuestionamiento por parte de los sujetos procesales; Segundo: El encausado José Trinidad Velásquez Salazar, al rendir su manifestación policial (folios dieciséis a dieciocho) y declaración instructiva (folios cincuenta y cuatro a cincuenta y cinco) reconoció haber participado en compañía de sus coprocesados en los hechos incriminados, actividad que venía realizando desde hace veinte días, especificando que esta correspondía a realizar reparaciones. Asimismo, el encausado José Luis Liza Velásquez, al rendir su manifestación policial (folios diecinueve a veinte) y declaración instructiva (fojas cuarenta y ocho a cincuenta) aceptó haber sido intervenido conjuntamente con sus coprocesados, siendo su participación según señaló “(…) el de bajar la escalera, poner en el poste y alcanzar el alicate a mi compañero Jorge Flores quien hace la reparación”. Tercero: Se tiene además la declaración testimonial de Miguel Ángel Villena Rivera (folios noventa y cuatro a noventa y cinco) quien sostuviera que en su calidad de supervisor del área de atención de servicios de cable Mágico, recibió una llamada donde se le informaba que sujetos desconocidos se encontraban realizando instalaciones y manipulando la planta externa del referido servicio por el sector de Palao, donde efectivamente encontró a los encausados con la indumentaria de la empresa Larymattion y la camioneta Station Wagon con el logotipo de la empresa colaboradora de Telefónica Cable Mágico, realizando una instalación en la calle Las Violetas 1029 - Palao conforme así se verifica del Acta de Registro Vehícular e Incautación (folios veinticuatro instrumental en el que se describe que el referido vehículo llevababa el logo de la empresa, como de diversos objetos utilizados para la instalación del referido servicio. 3.2. La defensa de los sentenciados sostiene que se debe declarar nula la sentencia en vista que no han llevado determinadas diligencias (confrontación, pericia, etc.), sin embargo estos en su momento no lo solicitaron, además que conforme a lo señalado en el punto anterior no solo se ha acreditado la materialidad del delito, pues está probado que han sustraído dicha señal de comunicación (Cable Mágico), pues los argumentos expuestos –que solo se dedicaban a reparar– devienen en meras alegaciones que tiene la evidente finalidad de atenuar su responsabilidad penal en los hechos incriminados, pues estos no trabajaban

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para la empresa agraviada y menos tenían autorización alguna para el ejercicio de dicha actividad, acción dolosa que efectuaron mediando destreza (utilización de indumentaria y vehículo con el logo de la perjudicada) y con el concurso de más de dos personas; conducta que se encuentra inmersa en tipo penal de hurto agravado (art. 186, incisos 3 y 6 del CP) y no en el delito de falsedad genérica como señala la defensa de los encausados en su recurso impugnatorio. 3.3. De otro lado, respecto a que se le habría vulnerado su derecho de defensa al no permitírsele el uso de la palabra, se aprecia que dicha petición se realizó a través de los escritos que obran a folios 137 y 139; sin embargo, es de advertirse que dichas solicitudes fueron efectuados, con posterioridad al señalamiento de la diligencia de lectura de sentencia, razón por la cual fue declarada improcedente por extemporánea (ver fojas ciento cuarenta) por lo que no resulta atendible lo alegado. 3.4. Para la graduación de la pena debe ser el resultado de un análisis y apreciación de las pruebas actuadas en función a la gravedad de los hechos cometidos, de la responsabilidad del agente y de sus condiciones personales, conforme lo establecen el artículo cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, considerando que la sanción penal impuesta a los encausados está acorde a la gravedad del delito y grado de responsabilidad, teniendo en cuenta que la pena tiene una función preventiva, protectora y resocializadora conforme se prevé el artículo noveno del Título Preliminar del Código Penal; 3.5. Que, en cuanto al monto de la reparación civil señalado en la que es materia de grado, debe tenerse en cuenta que esta debe ser fijada de acorde a la magnitud del daño causado, el es establecida en los artículos noventa y dos y noventa y tres del Código Penal, y los pertinentes del Código Civil; es así que considerando que el bien jurídico afectado –El Patrimonio Hurto agravado– resulta pues que la suma señalada guarda relación con el perjuicio a la parte agraviada. Por lo que, de autos se encuentra acreditada la comisión del delito instruido y la responsabilidad penal de los encausados, debiendo ser confirmada la venida en grado.

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IV. DECISIÓN FINAL Fundamentos por los que CONFIRMARON: La sentencia de fecha diecisiete de mayo del año dos mil diez, que obra de folios ciento setenta y dos a ciento setenta y seis, que FALLA: CONDENANDO a José Luis Liza Velásquez y José Trinidad Velásquez Salazar por el delito contra el Patrimonio –Hurto Agravado– en agravio de la Empresa Multimedia S.A.C. Cable Mágico, a CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, suspendida por el plazo de prueba DE UN AÑO, bajo reglas de conducta, fijando en la suma de SEISCIENTOS NUEVOS SOLES por concepto de reparación civil que deberán de abonar los sentenciados a favor de la empresa agraviada, a razón de doscientos nuevos soles por parte de cada uno de los sentenciados a favor de la entidad agraviada. MANDO: Que, consentida o ejecutoriada que sea la presente, inscríbase donde corresponda.- Notifíquese y devuélvase.

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010. Hurto de servicio público: Certeza en la responsabilidad penal del encausado Para llegar a una sentencia condenatoria, es preciso que el juzgador, haya llegado a la certeza de responsabilidad penal del encausado, la cual solo puede ser generada por una actuación probatoria suficiente que permita generar en él tal convicción de culpabilidad. Es así que ha quedado establecido que se ha sustraído agua potable de los conductos de propiedad de la empresa afectada, con la finalidad de regar diversos parques y jardines públicos; ello se ha constatado con las actas de constatación en presencia del representante del Ministerio Público. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE PRIMERA SALA PENAL DE REOS LIBRES Expediente Nº 2759-2006

Independencia, 22 de octubre de 2010 VISTOS: En la presente causa, con informe oral, interviniendo como Juez Superior Ponente la Doctora Huaricancha Natividad en aplicación de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo cuarenta y cinco del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; con lo opinado por el Señor Fiscal Superior en su dictamen de folios (903/906); y, CONSIDERANDO: ASUNTO Es materia de apelación la sentencia de fecha cuatro de diciembre del dos mil nueve, obrante de folios ochocientos sesenta y cinco a ochocientos setenta y siete, en el EXTREMO que FALLA: CONDENANDO a Iván Félix Gonzales Cabello por delito contra el Patrimonio –Hurto Agravado y Daños Materiales Agravados– en agravio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal a CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, cuya ejecución se suspende condicionalmente por el periodo de prueba de TRES AÑOS, bajo el cumplimiento de reglas de conducta y, tija la suma de DIEZ

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MIL NUEVOS SOLES el monto de la reparación civil que deberá de abonar el sentenciado a favor de la entidad agraviada. ANTECEDENTES: 2.1. Que, se imputa a procesado Iván Félix Gonzales Cabello, quien en su calidad de Jefe de la División de Ecología de la Municipalidad de Los Olivos, conjuntamente con coencausado José Lucas Allain Marcos quien se habría desempeñado como supervisor de mantenimiento de parques, jardines y avenidas de la Municipalidad mencionada, haber sustraído agua potable ilegítimamente de los conductos de propiedad de Sedapal, habiendo para ello realizado conexiones clandestinas de puntos de agua hacia las tuberías matrices de la agraviada, a fin de regar diversos parques y jardines públicos, hecho advertido en la avenida Alfredo Mendiola frontis del inmueble signado con el número setenta y ocho sesenta y nueve y el Jirón Río Santa, Urbanización Gardenias de Pro Manzana F - Lote cuatro, Distrito de Los Olivos, evento constatados el día siete de noviembre del dos mil tres; así como en el Jirón Palmas Reales Manzana D Lote once y, Jirón Palmas Reales frente a la Manzana I Lote diecisiete o número quince cincuenta y nueve, Distrito de Los Olivos, constatado el día veinte de abril del dos mil cuatro, por el Representante del Ministerio Público de Prevención del Delito de Lima Norte; asimismo la conexión clandestina ubicada en el Jirón Las Acuarinas número cuatrocientos ochenta y siete y cuatrocientos setenta y seis, Urbanización Micaela Bastidas - Distrito de Los Olivos los que servían para regar el Parque Lima I, habiendo sufrido daños ascendentes a la suma de cuatro mil seiscientos ochenta y tres nuevos soles con treinta y dos céntimos, la que habrían dejado de facturar la suma de cuatrocientos cuarenta y dos mil trescientos sesenta y ocho nuevos soles. 2.2. El sentenciado Iván Félix Gonzales Cabello al presentar su escrito de apelación (folios ochocientos noventa y uno a ochocientos noventa y cuatro) argumenta lo siguiente: a) Que, se le imputa por el hecho que en su condición de jefe de la División de Ecología de la Municipalidad de Los Olivos en el año dos mil dos habría ordenado la ejecución de conexiones clandestinas, a las tuberías de la agraviada para regar propiedades municipales, mas ello es imposible pues ingresó a trabajar a la Municipalidad como Jefe de la división mencionada en fecha dos de enero del dos mil tres, mediante Resolución de Alcaldía Nº 0017-2003, desempeñándose en

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el cargo hasta el primero de setiembre del dos mil tres; b) Que, se debe tener presente la documentación obrante a folios sesenta y nueve, en donde su coprocesado y reo ausente José Lucas Allain Marcos, reconoce que entregó la citada relación de materiales con fecha veintiuno de marzo del año dos mil dos, cuando su persona no trabajaba en tal comuna, al ingresar en enero del dos mil tres; c) Que, asimismo, debe tenerse presente lo señalado por el fiscal en su dictamen de folios quinientos sesenta y ocho, cuando recomienda se tenga presente la declaración de Luis Migdonio Távara Bobbio quien reconoció que los hechos habrían ocurrido cuatro años antes, es decir el año dos mil uno - dos mil dos, antes que el apelante ingresara a laborar en la entidad pública. RAZONAMIENTO: 3.1. Nuestra Jurisprudencia Nacional ha señalado en lo concerniente al principio de responsabilidad penal lo siguiente: “para los efectos de imponer una sentencia condenatoria, es preciso que el juzgador, haya llegado a la certeza de responsabilidad penal del encausado, la cual solo puede ser generada por una actuación probatoria suficiente que permita generar en él tal convicción de culpabilidad; sin la cual no es posible revertir la inicial condición de inocente que tiene lodo procesado”(3). Así también ha sido claramente establecida en el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal que proscribe toda forma de responsabilidad objetiva. 3.2. El reclamo del apelante debe ser examinado de acuerdo a las pruebas incorporadas durante la investigación y que han sido valoradas en la del grado.

Es así que ha quedado establecido que se ha sustraído agua potable de los conductos de propiedad de la empresa afectada, con la finalidad de regar diversos parques y jardines públicos; ello se ha constatado con las actas de constatación llevada a cabo el día siete de noviembre del año dos mil tres (folios veintiocho a treinta y dos) y veinte de abril del año dos mil cuatro, en presencia del representante del Ministerio Público, así como de la conexión clandestina que se realizara en el jirón Las Acuarinas cuatrocientos ochenta y siete y cuatrocientos setenta y seis de la

(3) Exp Nº 564-99-LIMA. En: Rojas Vargas. Jurisprudencia penal y procesal penal. Lima, 1999, p. 87.

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Urbanización Micaela Bastidas - Los Olivos, para el efecto se adjunta las tomas fotográficas que obran en autos; así también se tiene la manifestación policial de José Lucas Allain (folios sesentitrés) y declaración instructiva (folios) quien señala que en el año dos mil dos quien estaba a cargo de la Jefatura de la División de Ecología, era el encausado Iván Félix Gonzáles Cabello, puesto que en el año dos mil tres, es realizado el ingeniero Carlos Moreno Silva, agregando que fue por orden de Gonzales Cabello por el que realizó la relación de materiales; documento que fue suscrito por Lucas Allain el día veintiuno de marzo del año dos mil uno (folios sesenta y nueve); así también se tiene las declaraciones de Edwar Juvenal De La Cruz Valladares (folios sesenta y tres) y de Hugo Javier Díaz Cervantes (folios seiscientos veintitrés) quienes, en su condición de Jefe del Personal técnico de la Gerencia de servicios y el Representante legal de la empresa agraviada respectivamente, señalan que se detectó la existencia de conexiones clandestinas de agua, con el fin de regar los parques y jardines adyacentes a la Municipalidad de Los Olivos; Que, de otro lado obra el Informe Nº 42-2007-GM/U.RR.HH (folios quinientos ochenta) por el cual el Jefe de Recursos Humanos, de la Municipalidad de Los Olivos señala que la persona de Iván Gonzales Cabello o Iván Félix Gonzales Cabello son la misma persona, la cual se desempeñó como funcionario en la citada comuna durante el año dos mil dos. 3.3. Que, si bien es cierto desde el inicio de las investigaciones ha señalado, el procesado Gonzales Cabello ha negado enfáticamente en ser responsable de los hechos ilícitos que se le imputa, también lo es que solo se tiene la imputación de su coencausado José Lucas Allain Marcos, quien en un primer momento en su manifestación policial (folios sesentidós a sesenta y cinco) reconoció el contenido y firma del documento, de una relación de materiales, en el cual se consignó precisamente su nombre y que fuera fechado el veintiuno de marzo del año dos mil dos, para luego agregar que dicho listado lo hizo, por orden de su coencausado Gonzales Cabello; mas es de advertirse de este coprocesado en su declaración instructiva (folios setecientos sesenta y seis a setecientos sesenta y ocho) al respecto niega lo que antes afirmó indicando: “que no es cierto ya que nunca proporcioné ningún listado de materiales”. Así también este mismo ha sostenido que Gonzales Cabello, ha sido jefe de la División Ecología de la Municipalidad de Los Olivos, en el año dos mil dos, el cual presuntamente se corroboraría con el Informe Nº 42-2007-GM/U.RR.HH (folios quinientos ochenta)

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expedido por el jefe de Recursos Humanos de la citada comuna, en el que se indica que dicha persona se desempeñó como funcionario durante el año dos mil dos. Sin embargo a la negación categórica del procesado de ser autor de los hechos, pues la labor de jefe de la División de Ecología, lo desempeñó entre los meses de enero a setiembre del año dos mil tres, es decir con posterioridad al listado de materiales acotado (veintiuno de marzo del año los mil dos), para el efecto adjuntó las resoluciones de Alcaldía Nº 017-2003 de fecha dos de enero del dos mil tres (folios ochocientos cuarenta y seis) y Resolución de Alcaldía Nº 578- 2003 del primero de setiembre del año dos mil tres (folios ochocientos cuarenta y siete), por medio del cual se le designa en el cargo de Jefe de la División de Ecología de la Municipalidad de Los Olivos, y se acepta su renuncia a dicho cargo respectivamente; documentos que luego han sido legalizados notarialmente y tampoco han recibido cuestionamiento o tacha por sujeto procesal alguno; así también se aprecia la manifestación del testigo Luis Migdonio Távara Bobbio, que fue rendida el dieciocho de marzo del año dos mil seis (folios quinientos uno a quinientos dos) quien al preguntársele sobre las conexiones clandestinas en el jirón Las Acuarinas en la Urbanización Micaela Bastidas. Los Olivos, este respondió: “(...) y que lo que se ha encontrado frente a mi domicilio son conexiones que ha realizado la Municipalidad de Los Olivos, hace cuatro años aproximadamente, las mismas que servían para regar el parque Lima 01 (...)”, por lo que en este caso, si atendiéramos esta afirmación, se podría desprender que dicha conexión se realizó aproximadamente en el año dos mil dos, es decir cuando el encausado Gonzales Cabello no tenía cargo alguno en la Municipalidad de Los Olivos. 3.4. Que, Acuerdo Plenario Nº 02-2005 CJ-116 en su noveno fundamento jurídico, indica que cuando se tiene con único elemento de cargo, la declaración del coimputado, debe valorarse las siguientes circunstancias: a) Desde la perspectiva subjetiva, le ha de analizarse la personalidad del coimputado, entre ellas que dicha declaración no sea, a su vez exculpatoria de la propia responsabilidad; b) Desde la perspectiva objetiva; que el relato incriminador esté mínimamente corroborado por otras acreditaciones indiciarias en contra del sindicado, que las consolide; c) Coherencia y Solidez del relato del coimputado; esto es persistencia en sus afirmaciones, la cual finalmente debe ser sometido al debate y análisis para optar por la que se considere adecuada. Es así

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que de los actuados si bien se aprecia la persistencia de la agraviada, en haber sido perjudicada económicamente, mas se tendría la versión del coimputado –Allain Marcos– quien por cierto contra este, subsiste una acusación fiscal –mas es de advertirse que la versión que proporcionará a nivel policial no es uniforme, dado que a nivel judicial se desdice en el extremo, que el supuesto listado de materiales la admitió y reconoció en su contenido y firma, que le fue ordenado por su coencausado Gonzales Cabello, ya en la etapa de instrucción niega tajantemente haber entregado listado de material alguno; a ello se auna el hecho que la argumentación exculpatoria realizada por la defensa del encausado– de que no tendría alguna participación en las conexiones clandestinas pues el inició sus labores en la mencionada comuna a comienzos del año dos mil tres, también lo es que los hechos que se imputa –hurto y daños agraviados– se remontarían desde el año dos mil uno hasta el dos mil cinco, tiempo en el que sin duda ejerció funciones como Jefe de la División Ecológica (año 2003), mas no se le puede imputar responsabilidad objetiva por el hecho de haber tenido el cargo antes señalado, dado que está proscrita esta forma de responsabilidad penal, conforme lo establece el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal. Por las consideraciones antes expuestas, resulta que no es posible revertir la inicial condición de inocencia que tiene todo procesado conforme el literal e) del numeral veinticuatro del artículo dos de la Constitución Política del Estado dado que para dictar una sentencia condenatoria, es necesario que las pruebas sean inobjetables, lo cual no acontece en el presente caso, antes bien, ante las imprecisiones advertidas ha generado duda razonable en el Colegiado, por lo que en aplicación del principio in dubio pro reo acogido en el numeral once del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado y el artículo doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales, por lo que debe revocarse la sentencia materia de grado y reformándola absolvérsele de la acusación fiscal. DECISIÓN FINAL: Fundamentos por los cuales REVOCARON: la sentencia de fecha cuatro de diciembre del dos mil nueve, obrante de folios ochocientos sesenta y cinco a ochocientos setenta y siete, que FALLA: CONDENANDO a Iván Félix Gonzales Cabello, por delito contra el Patrimonio –Hurto Agravado y Daños Materiales Agravados, en agravio del Servicio de Agua potable y Alcantarillado

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de Lima– Sedapal, a CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD cuya ejecución se suspende condicionalmente por el periodo de prueba de tres años, bajo el cumplimiento de reglas de conducta y, fija la suma de DIEZ MIL NUEVOS SOLES el monto de la reparación civil que deberá de abonar el sentenciado a favor de la entidad agraviada. Y REFORMÁNDOLA: ABSOLVIERON a Iván Félix Gonzales Cabello de la acusación fiscal por delito contra el Patrimonio –Hurto Agravado y Daños Materiales Agravados, en agravio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima– Sedapal. MANDARON: Que una vez consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución, se anulen los antecedentes policiales y judiciales que se hubieran generado a consecuencia de este proceso. Archivándose los de la materia en la forma y modo de ley, con conocimiento del Juzgado respectivo. Notifíquese y devuélvase. SS. CONDORI FERNÁNDEZ PACHECO HUANCAS HUARICANCHA NATIVIDAD

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011. Hurto de espectro electromagnético: Arrendatario del inmueble intervenido no es autor ni partícipe del delito En la conducta realizada por el coprocesado, no se presentan los elementos objetivos ni subjetivos del delito de hurto agravado de espectro electromagnético, toda vez que se entiende que su accionar se limitó al alquiler de la vivienda intervenida a su coprocesado, siendo ajena a las actividades ilícitas realizadas por este en la radio clandestina. SALA PENAL TRANSITORIA DE PROCESADOS LIBRES CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE Expediente Nº 4 - 2007

Independencia, 9 de junio de 2011 I. VISTOS: Vista de la causa sin informe oral, interviniendo como Juez Superior Ponente Magistrado Cueva Solís, en aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo cuarenta y cinco Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. II. CONSIDERANDO Primero.- Viene en Apelación del procesado la sentencia de fecha diecisiete de diciembre del dos mil ocho que Falla condenando al acusado Maximiliano Demetrio Ángeles Gavino, como autor del delito contra el Patrimonio - Hurto de Espectro Electromagnético a TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD suspendida en su ejecución con el carácter de condicional, por el plazo de prueba de DOS AÑOS, plazo durante el cual debe cumplir las siguientes reglas de conducta: a) no variar de domicilio ni ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización del juzgado; b) Comparecer al local del Juzgado personal u obligatoriamente cada fin de mes a fin de informar sobre sus actividades y firmar el Libro de Control correspondiente, y c) No cometer nuevo delito doloso, todo ello bajo apercibimiento, expreso de aplicarse lo dispuesto en el artículo 59 del Código Penal. Imponiendo el pago de DOS MIL NUEVOS SOLES por concepto de reparación civil que deberá abonar el sentenciado a favor del agraviado; SOBRESEER a la procesada Victoria Salas

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Huallpa del proceso final instaurado en su contra; y RESERVARSE el proceso a la procesada ausente Erika Janeth Quilca Miraval hasta que sea habida y puesta a disposición del juzgado. Segundo.- El sentenciado sustenta su apelación a fojas trescientos treinta y siete a trescientos treinta y nueve, sosteniendo que en autos está plenamente establecido que no existen pruebas suficientes sobre su responsabilidad penal, como autor del delito de hurto agravado, ya que su inocencia está bien sostenida a través de sus declaraciones, tal es así que no se ha probado el delito por el cual le están sentenciando injustamente, además la imputación se basa solo en un supuesto informe de los inspectores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sin embargo no existen pruebas. Tercero.- El Procurador Público Juan Homar Luján Vargas sustenta su apelación a fojas trescientos cuarenta y uno a trescientos cuarenta y cinco, señalando en el extremo del sobreseimiento de la causa contra Victoria Salas Huallpa, puesto que no se descarta que esta persona sea partícipe de estos hechos, toda vez que según manifiesta, alquiló el tercer piso de su vivienda al procesado, pero lo realizó de manera verbal indicando además en su manifestación policial que en el interior de su vivienda se venía desarrollando actividades radiales, es decir que la conducta desplegada por la procesada resulta ser típica, toda vez que ha colaborado para el funcionamiento y operación de una estación de radio en forma clandestina, habiendo podido interferir las señales de otras radios y sin contar con la debida autorización, razones por las cuales solicitan que los autos sean elevados al Superior Jerárquico y proceda conforme a Ley. III. EVALUACIÓN DEL COLEGIADO Cuarto: Que, de autos se desprende que el día diez de mayo del año 2006, se llevó a cabo la diligencia de descerraje e incautación de equipos y aparatos de telecomunicaciones de la estación de radio clandestina “Huascarán”, en el inmueble ubicado en la Manzana 35 lotes 18, 19 y 20 del Asentamiento Humano Laura Caller - Los Olivos alquilado a Maximiliano Demetrio Ángeles Gavino, quien sería el propietario de dicha estación de radio, donde Erika Janeth Quilca Miraval reconoció ser la operadora, presumiéndose que Victoria Salas Huallpa sea partícipe de los hechos por cuanto sabía de las actividades que se desarrollaba en el inmueble de su propiedad.

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Quinto.- Que, el delito materia de análisis en el presente caso es el hurto agravado, el mismo que se encuentra previsto y sancionado en el primer párrafo inciso 6 del artículo 186 del Código Penal - mediante el concurso de dos o más personas, concordado con el artículo 185 del mismo cuerpo de leyes el cual señala: “El que para obtener provecho ajeno se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años. Se equiparan a bien mueble la energía eléctrica, (…) así como el espectro electromagnético (…)”. Sexto.- La sentencia se basa en las siguientes pruebas: a) El mérito del Acta Fiscal de fecha 8 de mayo del año 2006 de fojas 18 a 20, relacionado al operativo realizado con presencia del representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la autoridad policial y el representante del Ministerio Público a la radio de señal “HUASCARÁN” ubicado en la Manzana 35 lotes 18, 19 y 20 del Asentamiento Humano Laura Caller - Los Olivos, en el cual se pudo verificar que en dicho local venía operando una radioemisora en forma clandestina, b) El Acta de Incautación de fojas 21 y 22, los equipos de estudios y transmisión utilizados para tal fin, habiéndose encontrado en dicho lugar a la coprocesada Erika Janeth Quilca Miraval (ayudante de operaciones de la radio intervenida), siendo que el procesado Ángeles Gavino fue quien alquiló dicho inmueble según lo señala la persona de Victoria Salas Huallpa a fojas 14 a 16 y 94 a 97, sin embargo este ha negado ser el propietario de dicha emisora radial a fojas 140 a 142 señalando que es el conocido como “Jesús Varas”, quien tiene esa condición, y que solo se le ha contratado como animador, no obstante se tiene que dicha versión es a efectos de evadir su responsabilidad penal, de lo que se colige que se ha incurrido en la comisión del delito antes mencionado al haberse acreditado el apoderamiento ilegítimo del espectro electromagnético en agravio del Estado. Sétimo.- Que, en relación a la procesada Victoria Salas Huallpa, se tiene que si bien alquiló el tercer piso de su inmueble a Maximiliano Demetrio Ángeles Gavino, a efectos de instalar una estación de radio, se tiene que este último le manifestó que toda la documentación estaba en regla, siendo que el contrato entre ellos se iba a celebrar de manera escrita cuando tuviera el poder de sus padres para poder hacerlo - según señala en su declaración instructiva de fojas 94 a 97,

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lo cual se corrobora con los expuesto por su coprocesado, quien indicó a fojas 140 a 142: “(…) la señora Victoria Huallpa Salas era la propietaria del inmueble a quien yo realizaba el pago por alquiler del cuarto (…)”, asimismo Miriam Aymara Huallpa a fojas 211 a 212 sostuvo que Ángeles Gavino, se comprometió a presentar los documentos diciendo que todo estaba en regla, pero no lo llegó a realizar toda vez que se produjo la intervención, de lo que se infiere que en la conducta realizada por Salas Huallpa, no se presentan los elementos objetivos, ni subjetivos del delito de hurto agravado de espectro electromagnético, toda vez que se entiende que su accionar se limitó al alquiler de la vivienda intervenida a su coprocesado, siendo ajena a las actividades ilícitas realizadas por este en la radio clandestina denominada “HUASCARÁN”, razón por la cual debe confirmarse el sobreseimiento de la causa en este extremo. Octavo.- En consecuencia, el a quo al dictar la sentencia venida en grado de apelación ha evaluado adecuadamente los medios de prueba que se han incorporado válidamente al proceso y es en ellas que se funda la culpabilidad de la agente incriminado, habiéndose configurado la tipicidad objetiva y subjetiva del tipo penal denunciado y que es materia de acusación, lo que le acarrea responsabilidad penal para el acusado Maximiliano Demetrio Ángeles Gavino; habiéndoseles dictado una sentencia condenatoria y reparación civil, la cual se ajusta a la gravedad de los hechos y al daño ocasionado. IV. DECISIÓN Fundamentos por los cuales CONFIRMARON la sentencia de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil ocho, que condena al acusado Maximiliano Demetrio Ángeles Gavino, como autor del delito contra el Patrimonio - HURTO AGRAVADO de espectro electromagnético, en agravio del Estado peruano, TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD suspendida en su ejecución con el carácter de condicional, por el plazo de prueba de DOS AÑOS, plazo durante el cual debe cumplir las siguientes reglas de conducta: a) no variar de domicilio ni ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización del juzgado, b) Comparecer al local del Juzgado personal u obligatoriamente cada fin de mes a fin de informar sobre sus actividades y firmar el Libro de Control correspondiente, y c) No cometer nuevo delito doloso, todo ello bajo apercibimiento, expreso de aplicarse lo dispuesto en el artículo 59 del Código Penal.

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Imponiendo el pago de DOS MIL NUEVOS SOLES por concepto de reparación civil que deberá abonar el sentenciado a favor del agraviado; SOBRESEER a la procesada Victoria Salas Huallpa, RESERVARSE el proceso a la procesada ausente Erika Janeth Quilca Miraval hasta que sea habida y puesta a disposición del juzgado, con lo demás que contiene; Notificándose, los devolvieron. SS. ESPINOZA SOBERÓN - Presidente RUGEL MEDINA - Juez Superior CUEVA SOLÍS - Juez Superior

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012. Hurto agravado: Excusa absolutoria por relación convivencial La excusa absolutoria se presenta cuando en un proceso de hurto agravado la defensa manifiesta mantener una relación (convivencial) con el afectado, sin embargo, deberá de ser corroborado en sede judicial, además de ser acompañado con otros medios de pruebas ya que de lo contrario no existiría elementos suficientes ni objetivos que verifiquen lo alegado por la defensa. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE SEGUNDA SALA PENAL DE REOS LIBRES Expediente Nº 98-2010

Independencia, 3 de mayo de 2011 VISTOS: Interviniendo como Ponente la Señora Juez Superior doctora Huaricancha Natividad, en virtud del inciso segundo del artículo cuarenta y cinco del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y, CONSIDERANDO: ASUNTO Viene en grado de apelación la sentencia de fecha veintiséis de agosto del año dos mil diez, que obra de folios trescientos ochenta a trescientos ochenta y cinco, que FALLA: CONDENANDO a Tania Isabel Tello Pacaya por el delito contra el patrimonio –hurto agravado– en agravio de Raúl Quintín Díaz Peralta, a TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, suspendida por el plazo de prueba de dos años, bajo reglas de conducta, fijando en la suma de QUINIENTOS NUEVOS soles por concepto de reparación civil que deberá de abonar la sentenciada a favor de la parte agraviada, sin perjuicio de devolver al agraviado los bienes sustraídos. ANTECEDENTES 2.1. Se imputa a Tania Isabel Tello Pacaya, que con fecha veinticuatro de junio del dos mil nueve, ingresó con varias personas no identificadas al domicilio del agraviado, ubicado en la Manzana N, Lote tres, perteneciente a la

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Asociación de Vivienda Miguel Grau, Distrito de San Martín de Porres, aprovechando que le habían brindado un cuarto para que pueda vivir con su madre, sustrayendo de ese lugar una refrigeradora marca LG, un equipo de sonido marca LG, un DVD marca Panasonic, un televisor marca Panasonic, una cocina marca Inresa y otros muebles y enseres valorizados en la suma de siete mil nuevos soles, hechos presenciados por María Teresa Berrocal Saravia. 2.2. La defensa de la parte civil, sostiene en su escrito de apelación (folios trescientos noventa y seis a trescientos noventa y nueve) lo siguiente: a) Que, la resolución apelada no se ajusta a derecho porque la reparación civil impuesta no refleja el valor total de los bienes hurtados por la procesada y el perjuicio económico generado; b) Que, el valor de todos los artefactos sustraídos y el dinero en efectivo por la suma de mil cuatrocientos nuevos soles ascienden a un total de ocho mil nuevos soles aproximadamente por lo que la reparación civil impuesta no corresponde al valor real de los bienes hurtados; c) Que, se debe de tomar en cuenta la actitud de la procesada que ha tratado de sorprender al juzgador, haciendo creer que ha manteniendo una relación convivencial con su persona, presentando fotografías que no generan certeza, ya que nunca he llegado a convivir con la sentenciada, pero ella está acostumbrada a convivir con distintas parejas conforme lo ha afirmado su propia madre Isidora Pacaya Murayari en su declaración testimonial de autos. 2.3. La defensa de la parte encausada, por su parte sostiene en su escrito de apelación (folios cuatrocientos a cuatrocientos dos) lo siguiente: a) Que, con las vistas fotográficas que ha acompañado se acredita que con el supuesto agraviado han sido pareja por espacio de cuatro años en forma ininterrumpida; b) Que, jamás hurtó las especies que se señalan en la denuncia, lo que sucede es que como el agraviado es jubilado de la Marina y como se acercaba la fecha de su cumpleaños le dio la sorpresa de dicha compra como regalo y como estaban en buenas relaciones, aceptó dichos regalos, siendo testigo presencial mi amiga Anaís Brenda Ipanaqué Hurtado quien felicitó al agraviado por los regalos hacia mi persona, porque era una muestra que la quería, aconsejándonos que tratáramos de comprendernos por el tiempo que tenían como pareja.

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RAZONAMIENTO 3.1. El reclamo de los apelantes debe ser examinado de acuerdo a las pruebas incorporadas durante la investigación y que han sido valoradas en la del grado. Es así que en primer lugar: Está probado que el día veinticuatro de junio del dos mil nueve, la sentenciada Tania Isabel Tello Pacaya ingresó con varias personas no identificadas al domicilio del agraviado, ubicado en la Manzana N, Lote tres, Asociación de Vivienda Miguel Grau, Distrito de San Martín de Porres, aprovechando que le habían brindado un cuarto para que pueda vivir con su madre, sustrayendo de ese lugar diferentes artefactos, una refrigeradora marca LG, un equipo de sonido marca LG, un DVD marca Panasonic, un televisor marca Panasonic, una cocina marca Inresa y otros muebles y enseres valorizados en la suma de siete mil nuevos soles, situación fáctica que fuera presenciada por la testigo María Teresa Berrocal Saravia quien en su manifestación policial (folios seis a siete) y declaración testimonial brindada a nivel judicial (fojas doscientos treinta y dos a doscientos treinta y tres) señaló que el día de los hechos, observó que la encausada disponía de bienes muebles los cuales con la ayuda de cuatro personas no identificadas, eran trasladadas y embarcadas en un camión; Segundo: Cabe aquí precisar, que uno de los argumentos expuestos por la defensa de la sentenciada, es que esta última habría mantenido una relación convivencial con el afectado, pretendiendo con ello, invocar la figura jurídica de la excusa absolutoria, el cual se encuentra normado en el artículo doscientos ocho del Código Penal; ahora si bien las testigos Ana Briselda Ipanaqué (folios setenta a setenta y uno) y Greysy Ñopo Torres (fojas ciento dos a ciento tres) apoyarían el argumento esgrimido por la defensa, también lo es que dichas testificales no han sido corroboradas en sede judicial, mas por el contrario resulta relevante la testimonial de Isidora Pacaya Murayari –madre de la procesada– quien al preguntársele sobre la posible existencia convivencial entre los sujetos procesales, respondió: “que mi hija Tania Isabel no ha sido conviviente ni enamorados con el señor Raúl Quintín Díaz Peralta, por cuanto mi hija lo conoce a dicho señor, desde la fecha que también lo conozco” versión que volvió a ratificar a folios doscientos treinta y cuatro a doscientos treinta y cinco; por tanto no existen elementos suficientes ni objetivos que verifiquen lo alegado por la defensa.

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3.2. Se advierte de las declaraciones brindadas por la encausada Tania Isabel Tello Pacaya –indagatoria– (folios cuarenta y uno a cuarenta y tres) en el que señalara que se vio precisada a retirarse del inmueble, por los maltratos físicos y verbal de parte del agraviado; para luego al rendir en su declaración instructiva (folios doscientos noventa y nueve a trescientos uno) aceptar que se llevó los siguientes bienes: Un televisor, cocina, refrigeradora, esquinero, bicicleta de su hijo y cosas personales que fueron compradas por ambos; mas contradictoriamente como es de advertirse de su propio recurso de apelación, sostiene que dichos artefactos le fueron obsequiados por el agraviado, evidenciándose de esta manera fragilidad e incoherencias en sus versiones. 3.3. Por lo contrario, la declaración brindada por la parte afectada –Raúl Quintín Díaz Peralta– a nivel policial (folios cuatro a cinco) y declaración preventiva (fojas doscientos treinta y seis a doscientos treinta y siete) se muestran uniformes y guardan coherencia y es corroborada con la declaración indagatoria de Isidora Pacaya Murayari (folios ciento veintiuno a ciento veintitrés) y testifical a nivel judicial (folios doscientos treinta y cuatro a doscientos treinta y cinco) quien señaló ser amistad del afectado, el mismo que le dio un lugar donde vivir, habiendo mantenido aquel con la encausada, solo una relación de amical. Es así que por todo lo expuesto está acreditada la comisión del delito atribuido como la responsabilidad penal de la procesada. 3.4. Para la graduación de la pena debe ser el resultado de un análisis y apreciación de las pruebas actuadas en función a la gravedad de los hechos cometidos, de la responsabilidad del agente y de sus condiciones personales, conforme lo establecen el artículo cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, considerando que la sanción penal impuesta a la encausada está acorde a la gravedad del delito y grado de responsabilidad, teniendo en cuenta que la pena tiene una función preventiva, protectora y resocializadora conforme se prevé en el artículo noveno del Título Preliminar del Código Penal. 3.5. Que, en cuanto al extremo del monto fijado como reparación civil, debe tenerse en cuenta que debe ser determinada de acorde a la magnitud del daño y perjuicio causado a la víctima, cuya extensión a tener en cuenta se encuentra establecida en los artículos noventa y dos y noventa y tres del Código Penal, y los pertinentes del Código Civil, teniéndose en cuenta

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que la reparación civil tiene pues, una función reparadora y resarcitora, por lo que si bien en la impugnada además de haberse señalado un monto fijo por dicho concepto, sin perjuicio de devolver al agraviado los bienes sustraídos; lo es también la suma fijada no guarda proporcionalidad con la magnitud del daño irrogado ni el perjuicio ocasionado, por lo que en atención a ello, corresponde ser elevada prudencialmente. DECISIÓN FINAL Fundamentos por los que CONFIRMARON: La sentencia de fecha veintiséis de agosto del año dos mil diez, que obra de folios trescientos ochenta a trescientos ochenta y cinco, que FALLA: CONDENANDO a Tania Isabel Tello Pacaya, por el delito contra el Patrimonio –hurto agravado– en agravio de Raúl Quintín Díaz Peralta, a TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, suspendida por el plazo de prueba de dos años, bajo reglas de conducta; y REVOCARON en el extremo que fija en la suma de QUINIENTOS NUEVOS SOLES por concepto de reparación civil que deberá de abonar la sentenciada a favor de la parte agraviada, y REFORMÁNDOLA: FIJARON: En la suma de MIL NUEVOS SOLES por concepto de reparación civil; sin perjuicio de devolver al agraviado los bienes sustraídos. MANDO: Que, consentida o ejecutoriada que sea la presente, inscríbase donde corresponda.- Notifíquese y los devolvieron. SS. ROZAS ESCALANTE REYMUNDO JORGE HUARICANCHA NATIVIDAD

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CAPÍTULO II ROBO

CAPÍTULO II ROBO 013. Robo agravado: Bien jurídico protegido y tipo penal Se abrió instrucción y se formuló acusación contra la acusada por el delito contra el patrimonio –robo agravado, previsto y sancionado en el artículo ciento ochenta y ocho– tipo base del Código Penal con las agravantes contenidas en los incisos dos y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del mismo texto sustantivo, el mismo que tiene como bien jurídico protegido el patrimonio –específicamente la posesión de un bien mueble–, pero además, también la libertad, la vida, la integridad física de las personas, hecho que lo configura como un delito compuesto o pluriofensivo; y para los efectos de la tipicidad objetiva, el sujeto activo puede ser cualquier persona, a excepción hecha del propietario; sujeto pasivo puede ser cualquier persona física o jurídica que disfrute de la posesión inmediata del bien mueble, cualquiera que sea el título por el que dispone de dicha facultad. El comportamiento consiste en apoderarse ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentren, empleando violencia contra la persona y amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física; finalmente para los efectos de la tipicidad subjetiva se requiere del dolo. Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres “Judicatura digna, democrática e institucional” Expediente Nº 8976-2008 D.D. Dra. Napa Lévano

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SENTENCIA

Lima, 20 de junio de 2012 VISTOS: En audiencia pública el proceso penal seguido contra: Ysabel Clementina Monja Berrocal; cuyas generales de ley obran en autos, acusada de la comisión del delito contra el Patrimonio –ROBO AGRAVADO–, en agravio de María Elena Serpa Ratti de Ugarte; RESULTA DE AUTOS: Que, a mérito del Atestado Nº 73-VII-DIRTEPOL-DIVTER-1-JDS-CS-DINPOL, de fojas dos y siguientes elaborado por la Comisaría de Surquillo, de fecha catorce de febrero del dos mil ocho, el señor Representante del Ministerio Público formalizó la correspondiente denuncia penal de fecha catorce de febrero del año dos mil ocho, obrante a fojas treinta, remitiendo los autos al Vigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, quien con fecha catorce de febrero del año dos mil ocho, abrió instrucción dictando la medida coercitiva personal de Comparecencia Restringida contra la referida acusada. Que, seguido el proceso por el trámite ordinario correspondiente, vencidos los plazos ordinario y extraordinario de instrucción, con el informe final de fojas ciento cincuenta y nueve, se elevaron los autos a esta Superior Sala Penal quien los remitió al Despacho de la señora Fiscal Superior quien emitió su acusación escrita de fojas ciento setenta y nueve, dictándose el Auto Superior de Enjuiciamiento de fojas ciento noventa y cuatro, señalándose día y hora para la verificación del juicio el mismo que se ha llevado a cabo en el modo y forma que aparecen de las actas respectivas; producida la requisitoria oral de la Representante del Ministerio Público, oído los alegatos de la defensa cuyas conclusiones obran en pliegos separados, ha llegado el momento procesal de dictar sentencia; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: DE LA IMPUTACIÓN: Se advierte de la acusación fiscal de fojas ciento setenta y nueve, que con fecha ocho de febrero del año dos mil ocho a las siete y treinta de la noche aproximadamente, en circunstancias que la agraviada María Elena Serpa Ratti de Ugarte se encontraba conduciendo su vehículo en compañía de su hija Lorena María Ugarte Serpa, detuvo su marcha en el semáforo que se encontraba en luz roja entre las Avenidas Tomas Marsano y Angamos en el distrito de Surquillo, circunstancias que fueron aprovechadas por un sujeto quien con un objeto contundente rompió la luna delantera derecha del vehículo a la altura del copiloto, procediendo a sustraer de su interior una cartera conteniendo dinero en efectivo y documentos personales, resultando lesionada Lorena María Ugarte Serpa, al oponer resistencia para que el delincuente no

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se lleve la cartera, no obstante ello, dicho sujeto logró su propósito, huyendo raudamente del lugar; detectándose que este se encontraba acompañado de la procesada Ysabel Clementina Monja Berrocal, a quien la policía logró capturar y recuperar la cartera que había sido arrojada por el delincuente en el interior de una bolsa de plástico, conforme consta del acta de hallazgo y recojo de fojas veintiuno. SEGUNDO: Dentro del marco jurídico de la actividad probatoria, se recibió la versión de la acusada, Ysabel Clementina Monja Berrocal, quien al deponer a nivel preliminar (fojas dieciséis a diecinueve) sostuvo que el día ocho de febrero del dos mil ocho a horas dieciocho y cuarenta aproximadamente en circunstancias que transitaba por las inmediaciones de la avenida Tomás Marzano y calle Las Dumas, con dirección a la casa de su madre, escucha un disparo y se asustó, por lo que empezó a correr, siendo intervenida por un efectivo policial que le imputa el robo de un bolso, que paralelamente divisó a corta distancia que un hombre estaba corriendo y arrojó un paquete, el mismo que fue recogido y entregado a una señora. Versión que varía en la continuación de su instructiva de fojas ciento treinta a ciento treinta y dos, refiriendo que ese día se dirigía a casa de su tía, percatándose que efectivos policiales efectuaban disparos a consecuencia de un robo que se había perpetrado, por lo que opta al igual otras personas, por correr, “poniéndose al lado de unas señoras” siendo intervenida por personal policial; difiriendo de ello a nivel de juicio oral, en sesión de fecha dieciocho de mayo del año en curso, en la que refirió que el día de los hechos, escuchó unos disparos y corrió hacia un muro para protegerse, divisando a un chico que pasó corriendo y botó “algo”; pero que no observó ni escuchó cuando la agraviada gritaba y pedía auxilio por la sustracción de su cartera, siendo la única persona que se encontraba en dicho lugar, toda vez que no había gente; afirma que al momento de su intervención portaba un “sencillo”, y que no fue consignado en el acta de registro personal, tomando conocimiento de los hechos al concurrir a la dependencia policial cuando escuchó declarar a la agraviada. TERCERO: Frente a la versión de la acusada, obra en autos como prueba de cargo del Ministerio Público la manifestación policial de la agraviada María Elena Serpa Ratti de Ugarte de fojas catorce ratificada en la declaración preventiva de fojas sesenta y dos, refiriendo que el día de los hechos se encontraba conduciendo su vehículo acompañada de su hija Lorena María Ugarte Serpa quien viajaba como copiloto, cerca de la intersección de la Avenida Tomas

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Marzano con la Avenida Angamos - Surquillo, detrás de varios vehículos, que traía su cartera que se encontraba entre los dos asientos, la cual contenía su billetera y otras pertenencias, y que en dichas circunstancias un individuo se aproxima y quiebra violentamente la luna de su vehículo, sustrayendo la cartera que se encontraba en su interior; que ante dicha situación opta por descender y perseguir a dicho sujeto, quien volteó por una calle transversal, ocurriendo que al llegar a la esquina observó que el sujeto se encontraba con la procesada y corrían juntos, observando además que él le entregó algo a la acusada, momentos en los cuales apareció una pareja de policías, efectuando uno de ellos un disparo, interviniendo a la procesada quien acompañaba al sujeto que sustrajo su cartera, quien al ser intervenida señaló a los policías que su cartera estaba en la pista en una bolsa plástica de color blanco; versión que coincide con lo vertido por su acompañante Lorena María Ugarte Serpa en su manifestación policial de fojas doce a trece, quien además refiere que forcejeó con el individuo para que no se llevara la cartera, cortándose el brazo con el marco de la ventana rota. CUARTO: Que, en sesión de fecha cinco de los corrientes; concurrió a juicio la testigo Jenny Ruth Cutti Medina, la misma que al ser examinada, refirió que el día de los hechos en circunstancias que se encontraba patrullando por las inmediaciones de la avenida Tomás Marzano, en compañía del suboficial Figueroa Guevara, divisó a un individuo y una fémina corriendo en dirección a la citada avenida, siendo así que el primero de los nombrados le alcanza a la precitada una bolsa; que, paralelamente una tercera persona pedía auxilio porque le habían sustraído su cartera, lo que ameritó que su compañero exhortara enérgicamente a dichos sujetos para efectos de que se detengan, siendo que ante la omisión de los mismos, aquel efectúa un disparo al aire, reduciendo en dichas circunstancias a la acusada, quien al ser preguntada por las pertenencias de la agraviada, señaló una bolsa, la misma que al ser inspeccionada presentaba en su interior la cartera de la víctima. Agrega que el registro personal se efectuó en el lugar de la intervención, el cual se encontraba iluminado y con escasa congestión vehicular, ratificando su elaboración. QUINTO: Frente a las imputaciones vertidas contra la acusada Ysabel Clementina Monja Berrocal, la defensa técnica de la misma sostiene que, la testigo Lorena María Ugarte Serpa, ha sido contundente al referir que su patrocinada no participó en el hecho delictivo, no identificándola, precisando que la encontró

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en la comisaría; que lo manifestado por la agraviada carece de fundamento, ya que se evidencia una notoria contradicción, cuando interrogada, no brindó las características físicas del sujeto que sustrajo su cartera del interior de su vehículo, aduciendo que el lugar era oscuro, siendo inverosímil el hecho de que haya podido identificar a la acusada con las restricciones que alegó primigéneamente, más aún cuando la testigo Jenny Ruth Cutti Medina a nivel de juicio oral afirmó que aquel lugar era iluminado; que la intervención de su patrocinada se produjo a cinco cuadras del lugar de los hechos, siendo interceptada en circunstancias que se desplazaba a paso veloz, a consecuencia del disparo efectuado; produciéndose su intervención en hora anterior a la consignada en la fundamentación fáctica del dictamen acusatorio; no existiendo en tal virtud prueba idónea que genere certeza para condenarla. SEXTO: Por los hechos así descritos, se abrió instrucción y se formuló acusación contra la acusada por el delito contra el patrimonio –Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo ciento ochenta y ocho– tipo base del Código Penal con las agravantes contenidas en los incisos dos y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del mismo texto sustantivo, el mismo que, tiene como bien jurídico protegido el patrimonio –específicamente la posesión de un bien mueble–, pero además, también la libertad, la vida, la integridad física de las personas, hecho que lo configura como un delito compuesto o pluriofensivo; y para los efectos de la tipicidad objetiva, el sujeto activo puede ser cualquier persona, a excepción hecha del propietario; sujeto pasivo puede ser cualquier persona física o jurídica que disfrute de la posesión inmediata del bien mueble, cualquiera que sea el título por el que dispone de dicha facultad El comportamiento consiste en apoderarse ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentren, empleando violencia contra la persona y amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física; finalmente para los efectos de la tipicidad subjetiva se requiere del dolo. SÉTIMO: Es preciso establecer que el objeto de todo proceso penal, es alcanzar la verdad concreta respecto a los hechos que se ventilan, por lo que la decisión judicial a que arribe el juzgador, en cada caso, debe estar condicionada al descubrimiento de esta verdad, sustentada en el mérito de las pruebas y de los indicios contundentes, concurrentes y vinculantes que se hayan recabado en el curso de la instrucción y actuado en el juicio oral, tanto respecto a la comisión

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del delito materia de acusación, como a la responsabilidad penal de la procesada; pudiéndose producir en el juzgador una convicción y grado de certeza suficientes como para destruir la presunción de inocencia de que goza la encausada al inicio de su juzgamiento, para expedir entonces una sentencia condenatoria que cumpla con los requisitos y exigencias del artículo doscientos ochenta y cinco del Código Adjetivo. OCTAVO: Que, analizadas y valoradas cada una de las pruebas recogidas durante la instrucción y debatidas en el acto oral, el Colegiado establece que las versiones efectuadas por la agraviada María Elena Lourdes Serpa, han mantenido coherencia y uniformidad en el decurso de la investigación; existiendo persistencia en la imputación, describiéndose el accionar desprendido por la acusada, quien fuga en compañía del individuo que momentos antes había sustraído la cartera de la agraviada del interior de su vehículo; siendo que, al producirse su oportuna intervención, requerida que fuere la misma para efectos de que indique el lugar donde se encontraba el citado bien, lo precisó con exactitud, posibilitando su hallazgo, conforme aparece del acta que corre a fojas veintiuno, documento que no ha sido cuestionado. NOVENO: En los alegatos respectivos, la defensa aduce que la testigo Lorena María Ugarte Serpa, no identifica o describe la participación de la acusada, lo cual resulta obvio; puesto que el accionar desprendido por la procesada tuvo un marco distinto en la ejecución del latrocinio, no solo en la recepción de la cartera, que luego arrojó al pavimento, sino en haber coadyuvado en la huída del autor directo; imputación corroborada con lo vertido por la testigo Jenny Ruth Cuttti Medina a nivel de juicio oral, quien en su condición de efectivo policial, narró los pormenores derivados de la intervención de la acusada, precisando que aquella y un sujeto no identificado corrían juntos por las inmediaciones de la avenida Tomás Marzano, ínterin en el que el segundo de los nombrados le alcanza una bolsa, la que con posterioridad se descubrió contenía la citada cartera; siendo perseguida paralelamente por la agraviada, motivando que su compañero los exhorte enérgicamente para efectos de que se detuvieran, haciendo caso omiso, situación que ameritó efectuara un disparo al aire, produciéndose en dichas circunstancias la intervención de la acusada. Así mismo, la defensa cuestiona el acta de registro personal aduciendo que la hora consignada no concuerda con la especificada en la descripción fáctica efectuada por la señora fiscal superior; apreciando que efectivamente, existe un contraste derivado de las citadas piezas procesales; no

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obstante ello, dicha incongruencia se ve convalidada con lo manifestado por la agraviada tanto en su declaración preliminar como preventiva respectivamente, al precisar que el hecho ilícito perpetrado en su contra se efectuó a las diecinueve horas con treinta aproximadamente. Es de resaltar también que lo manifestado por la testigo Jenny Ruth Cuttti Medina a nivel de juicio oral enerva la tesis de la defensa en el extremo que pretende cuestionar el reconocimiento efectuado por la agraviada, aduciendo las condiciones del lugar de los hechos; siendo que, la misma coincide con esta última al describir el accionar de la acusada, quien venía dándose a la fuga en compañía del individuo que sustrajo la cartera del interior del vehículo. Por último, conforme es de verse de las declaraciones efectuadas tanto por la testigo como por la agraviada, las mismas no mantienen vínculo de enemistad o similar con la acusada del cual pudiera haber derivado algún elemento de incredibilidad subjetiva. DÉCIMO: De lo expuesto se colige, que con las pruebas actuadas en el presente proceso ha quedado debidamente acreditado tanto el delito como la responsabilidad penal de la acusada, quien a pesar de haber sostenido su inocencia, la misma ha quedado desvirtuada con las declaraciones de la agraviada María Elena Serpa Ratti de Ugarte, testigos Lorena María Ugarte Serpa y Jenny Ruth Cutti Medina, declaración que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Plenario numero dos guión dos mil cinco, no solo reúne los requisitos de verosimilitud, ausencia de incredibilidad subjetiva y persistencia en la incriminación; sino también como ya se ha glosado con la versión del personal policial a nivel de instrucción, y ratificando su declaración en juicio oral, que reconoce a la acusada como partícipe del hecho criminoso. UNDÉCIMO: Para los efectos de la graduación de la pena, se tiene en consideración las condiciones personales de la acusada, quien cuenta con antecedentes penales y judiciales, habiendo tenido un ingreso al penal de Chorrillos Comunes el veintitrés de abril del año dos mil cinco por el delito contra la salud pública - Trafico Ilícito de Drogas habiendo salido en libertad de fecha dieciocho de junio del año dos mil cinco por orden de la Cuarta Sala Penal de Reos en Cárcel, asimismo registra una sentencia por el Delito de Hurto Agravado ante el Sexto Juzgado Penal de Lima de fecha diecinueve de octubre del año dos mil nueve en la que le impusieron un año de pena privativa de la libertad condicional, conforme es de verse de los antecedentes judiciales de fojas doscientos seis y doscientos veintiocho; que, una de las funciones de la

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pena, además de ser retributiva por la infracción penal cometida, también es resocializadora, por el cual, busca que el agente que cometió un ilícito penal, pueda enmendarse, por lo que la sanción debe graduarse en atención a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, que debe ir en consonancia con los indicadores y circunstancias que se contraen los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal. DÉCIMO SEGUNDO: Para fijar la reparación civil se deberá considerar lo establecido en el artículo noventa y tres del Código Penal por el que se establece que la misma comprende la restitución del bien o en todo caso, el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, por lo que el monto se deberá fijar de manera prudencial para resarcir el daño sufrido por la parte agraviada; por estas consideraciones, en aplicación de los artículos diez, once, doce, veintitrés, veintinueve, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, noventa y dos, noventa y tres, ciento ochenta y ocho como tipo base concordante con las circunstancias agravantes contenidas en los numerales dos y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal; y los artículos doscientos ochenta, doscientos ochenta y tres, doscientos ochenta y cinco y doscientos ochenta y seis del Código de Procedimientos Penales, la PRIMERA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA juzgando los hechos y las pruebas con el criterio de conciencia que la ley autoriza y administrando justicia a nombre de la Nación; FALLA: CONDENANDO a Ysabel Clementina Monja Berrocal, identificada con documento nacional de de identidad número diez treinta y cuatro setenta y cinco ochenta y seis, nacida el ocho de octubre de mil novecientos setenta y cinco, natural de Lima, hija de don Manuel y doña Leonarda, con grado de instrucción secundaria completa, de estado civil soltera, con antecedentes penales y judiciales; como autora del delito contra el Patrimonio –ROBO AGRAVADO– en agravio de María Elena Serpa Ratti de Ugarte; imponiéndole como tal CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, suspendida condicionalmente en su ejecución por el plazo de TRES AÑOS; bajo el cumplimiento de manera personal y obligatoria de las siguientes reglas de conducta: a) No variar de domicilio sin previo aviso del Juez de la causa; b) Concurrir al local del Juzgado a firmar cada fin de mes el libro de control respectivo y justificar sus actividades, c) No cometer nuevo delito doloso; bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de aplicarse lo dispuesto en el artículo cincuenta y nueve del Código Penal; FIJARON: en

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la suma de QUINIENTOS NUEVOS SOLES el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar la sentenciada a favor de la agraviada; MANDARON: Que, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se expidan los boletines de condena e inscriba donde corresponda; archivándose los autos definitivamente con conocimiento del juez de la presente causa. SS. Dr. JUAN CARLOS VIDAL MORALES - Presidente Dra. LUISA ESTELA NAPA LÉVANO - Juez Superior y D.D. Dr. JORGE OCTAVIO BARRETO HERRERA - Juez Superior

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014. Robo: Delito de resultado y bien jurídico protegido El robo es un delito de resultado pues este se consuma; con el desapoderamiento del bien mueble, lo que sucede cuando el sujeto activo logra sustraer el bien mueble de la esfera de dominio del agraviado, llegando a consumarse cuando este sujeto tiene la posibilidad de hacer actos de dominio con el bien, siendo necesario para configurar el tipo penal que haya habido violencia o amenaza al momento de realizar este acto. Por su parte, el bien jurídico tutelado resulta ser como bien señala la Ejecutoria Suprema del once de noviembre de mil novecientos noventa y nueve: “en el delito de robo, se atacan bienes de tan heterogénea naturaleza como la libertad, la integridad física, la vida y el patrimonio, lo hace de él un delito complejo; ello es más que un conglomerado de elementos típicos, en el que sus componentes aparecen tan disolublemente vinculados entre sí, formando un todo homogéneo indestructible, cuya separación parcial dará lugar a la destrucción del tipo”. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES Expediente Nº 20374-2007 (D.D.: Báscones Gómez Velásquez)

Lima, 11 de enero de 2012 VISTA; en audiencia pública, la causa seguida contra Gilber Rafael Livia Ramos y Guillermo Livia Ramos, acusados por el delito contra el Patrimonio –Robo Agravado–, en agravio de Arnaldo Abad. I. RESULTA DE AUTOS Que a mérito del Atestado Policial, con la formalización de la denuncia del Fiscal Provincial, el Juzgado Penal emitió el correspondiente auto de apertura de instrucción; dictándose en contra de los procesados mandato de comparecencia; que tramitada la causa conforme al procedimiento ordinario, con el dictamen del Fiscal Provincial e informe final del señor Juez Penal, fueron elevados los autos

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en su oportunidad a la Sala Penal Superior, obrando en autos la acusación escrita del señor Fiscal Superior y el Auto Superior de Enjuiciamiento, señalándose día y hora para la verificación del acto oral, que habiéndosele hecho saber a los acusados Gilber Rafael Livia Ramos y Guillermo Livia Ramos los alcances y bondades de la ley veintiocho mil ciento veintidós –conclusión anticipada del juicio oral–, estos no se acogieron, por lo que se llevó a cabo los debates orales como se muestra en las actas de su propósito, luego de escuchado la requisitoria oral y alegatos de la defensa, ha quedado la causa expedita para emitir sentencia. II. HECHOS IMPUTADOS Que se le imputa a los acusados Gilber Rafael Livia Ramos y Guillermo Livia Ramos que el día veinticinco de diciembre del año dos mil seis, aproximadamente a las siete y treinta de la noche, en circunstancias que el agraviado se dirigía a su domicilio transitando por la calle Ernesto Guevara en el distrito de Santa Anita, fue interceptado por los procesados y un grupo de desconocidos quienes lo golpearon para arrebatarle sus pertenencias, para lo cual el procesado Guillermo Livia Ramos cogió un ladrillo para golpearlo al agraviado en su cabeza mientras que el procesado Gilber Rafael Livia Ramos un pico de la botella lo golpeo en el rostro, y al vencer la resistencia del agraviado se apoderaron de la suma de dos mil nuevos soles que llevaba en sus medias, para seguidamente fugarse del lugar. III. FUNDAMENTOS DE HECHO PRIMERO.- Que el acusado Gilber Rafael Livia Ramos a nivel preliminar, sostuvo que no tuvo ninguna participación en los hechos que se le incriminan, no se explica por qué ha sido denunciado, que le dicen chuleta, en su instructiva a fojas ochenta y cinco sostuvo que conocía al agraviado de vista por ser del barrio, que el día de los hechos estuvo con su familia, no estuvo al momento en que ocurrieron los hechos, no tiene conocimiento si es que el agraviado fue agredido, que sí le dicen “Chuleta”, que antes ha tenido problemas con los sobrinos del agraviado quienes le faltaron el respeto a su mamá, que el día veinticinco de diciembre del dos mil seis en horas de la madrugada fue a saludar a su madre quedándose dos horas y luego se fue al Agustino a las tres y media de la mañana y en el acto oral ha sostenido que el agraviado está mintiendo que en esa época él vivía en El Agustino con sus hijos, él vive a tres cuadras de la casa de sus padres, que lo sindica por razones de venganza porque en muchas oportunidades

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se peleó con sus sobrinos, que no estuvo el día de los hechos, que en el barrio ha formado parte de un grupo que jugaba fútbol, que se considera inocente. SEGUNDO.- Que el acusado Guillermo Livia Ramos, al declarar preliminarmente señala no recordar haber tenido algún problema con el agraviado, toda vez que dicha persona en varias oportunidades estando borracho ha roto la luna de las ventanas de su casa, que nunca lo ha agredido físicamente; que el agraviado está mintiendo que no le ha robado; que no pertenece a ninguna pandilla, al declarar instructivamente a fojas ochenta sostiene que conoce al agraviado por ser su vecino; que es chofer de taxi, trabaja con carro alquilado; que el día de los hechos estuvo en su casa, que tiene conocimiento que el agraviado hace zapatos, que ese día estuvo sobrio en la esquina de su casa con su sobrino de diez años jugando; que el día de los hechos el agraviado pasó mareado, borracho y ensangrentado; que su hermano el día de marras estuvo con sus hijos y señora en El Agustino; que su hermano no estuvo esa fecha; para luego en el juicio oral sostener que en ningún momento le tiro un ladrillazo al agraviado, que paso por su casa y estaba borracho ya le habían robado y le habían roto la cabeza toda vez que tenía sangre en su ropa, que en ningún [momento] le ha robado, que el agraviado cuando está mareado, es faltoso se pone malcriado, que lo acusa porque en una oportunidad ha tenido problemas con el hijo del agraviado, que en esa época ha formado parte de la pandilla “Los Chivis”, jugaban pelota. TERCERO.- Que el agraviado Arnaldo Abad Puchoc Cochachi al declarar a fojas diez en sede preliminar manifiesta que los hermano Guillermo y “Chuleta”, pertenecientes a la pandilla “Los Chivis” le han roto la cabeza con un ladrillo y le han cortada el rostro con pico de botella, para luego reducirlo y robarle la suma de dos mil nuevos soles que llevaba dentro de sus medias como producto de la cobranza que había realizado, ese día de los hechos lo acorralaron, le roban también su cuaderna de apuntes dejándolo tirado en el pavimento estuvieron con dos sujetos más, que puede acreditar que ese día cobro dinero de sus clientes; en su declaración preventiva el agraviado señala que el día de los hechos había tomado cerca de cuatro a seis cervezas, reconoce a los acusados siendo Guillermo quien le tiró un ladrillo en la cabeza, y Rafael le corto en el labio superior con un pico de botella había otros dos sujetos que los conoce como “Mosca Loca” y “Churrasqueado”, que antes de los hechos no ha tenido problemas con los imputados; que el día de los hechos los acusados estaban mareados, que tenía conocimiento que Guillermo Livia había estado preso por robo agravado. En el acto oral el agraviado se ratifica de sus declaraciones precedentes, que está

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totalmente seguro que los acusados participaron, que el día de los hechos por haberle cobrado a sus clientes tenía la suma de mil doscientos soles, que le sustrajeron de la media. CUARTO.- Que de la revisión de autos aparece el certificado médico-legal obrante a fojas veinte practicado a la persona del agraviado Arnaldo Abad Puchoc Cochachi presentando lesiones leves ocasionado por agente contundente duro. IV. FUNDAMENTO DE DERECHO EVALUACIÓN JURÍDICA Que, el ámbito de la tipicidad o calificación jurídico penal, se determina en relación a los hechos objeto de la causa y las circunstancia que rodean al hecho punible, en ese sentido la calificación jurídica del fiscal es por el delito de robo agravado, el cual se encuentra regulado en el articulo ciento ochenta y nueve del código penal vigente, que debe ser concordado con el tipo base descrito en el articulo ciento ochenta y ocho del mismo cuerpo legal mencionado, que señala: “El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad (...)”, con la agravante señalada en el primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, los incisos dos: “durante la noche o lugar desolado”, tres: “a mano armada”, y cuatro: “con el concurso de dos o más personas”, como vemos estamos ante un delito de resultado pues este se consuma; con el desapoderamiento del bien mueble, lo que sucede cuando el sujeto activo logra sustraer el bien mueble de la esfera de dominio del agraviado, llegando a consumarse cuando este sujeto tiene la posibilidad de hacer actos de dominio con el bien, siendo necesario para configurar el tipo penal que haya habido violencia o amenaza al momento de realizar este acto. Siendo el bien jurídico tutelado resulta ser como bien señala la Ejecutoria Suprema del once de noviembre de mil novecientos noventa y nueve: “en el delito de robo, se atacan bienes de tan heterogénea naturaleza como la libertad, la integridad física, la vida y el patrimonio, lo hace de él un delito complejo; ello es más que un conglomerado de elementos típicos, en el que sus componentes

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aparecen tan disolublemente vinculados entre sí, formando un todo homogéneo indestructible, cuya separación parcial dará lugar a la destrucción del tipo”(1). V. VALORACIÓN PROBATORIA Que de la compulsa de las pruebas que se han acopiado durante la etapa de instrucción y lo actuado en el acto oral, se tiene que la tesis de defensa esgrimida por los acusados se fundamenta en que existe enemistad entre su familia y la del agraviado y que en el día de los hechos el acusado Guillermo Livia Ramos vio pasar al agraviado ensangrentado, quien aparentemente ya había sido asaltado previamente, versión que carece de sustento factico puesto que en audiencia pública llevada a cabo en fecha dieciséis de noviembre del dos mil once, en la diligencia de confrontación entre el acusado Guillermo Livia Ramos y al agraviado, este acusado sostuvo que no se acuerda si es que le tiró la piedra y que quizás haya sido su hermano y le pide disculpas, aunado a eso tenemos la versión uniforme y coherente brindada por el agraviado quien reconoció a los acusados como unas de las personas que estaban en el grupo que lo agredió, narrando con lujo de detalles la forma y circunstancias en que fue asaltado, golpeándolo con un ladrillo y pico de botella y apoderándose de la cantidad de dos mil nuevos soles producto de la cobranza que realizó ese día; además que el acusado Guillermo Livia Ramos al realizar su defensa material reconoce haber agredido al agraviado, porque hace años tuvieron una rencilla de más o menos ocho años y en esa época paraba en la calle, versión que cumple con los requisitos señalados en el acuerdo plenario número dos guión dos mil cinco/CJ guión ciento dieciséis, en su fundamento decimo: “Tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico testis unus testis nullus, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se advierten razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza serían las siguientes:

A) Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no existen relaciones entre el agraviado e imputado basadas en el odio, resentimiento, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza, que si bien es cierto que el acusado sostiene que existen problemas entre sus familias, dicha

(1) Expediente N° 821-99-La Libertad. En: Revista de Jurisprudencia. Año II, Nº 4, 2000, 367.

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circunstancia al no ser corroborada con otro medio de prueba, resulta ser alegato de defensa que busca desvirtuar la acusación realizada por el agraviado y por ende evadir su responsabilidad penal.

Verosimilitud, que no solo incide en la coherencia Y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo, que le doten de aptitud probatoria, puesto que no solo se cuenta con la declaración del agraviado, sino con el certificado médico legal, en el cual se consigna las graves lesiones que sufrió el agraviado a causa del latrocinio llevado a cabo en su perjuicio.

Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que señalan en el literal C) del párrafo anterior”(2), puesto lo largo del proceso la sindicación formulara por el agraviado ha sido constante al señalar a los acusados como los res del evento delictivo que nos ocupa, señalando la participación de cada uno de ellos, siendo el acusado Guillermo Livia Ramos, quien lo golpeo con un ladrillo, y a Gilber Rafael Livia Ramos quien con un pico de botella le golpeo el rostro.

VI. GRADUACIÓN DE LA PENA Una vez establecida la existencia de un hecho delictivo y estando vigente el interés del Estado por sancionar plenamente dicho ilícito resulta necesario determinar la consecuencia jurídico-penal que le corresponde aplicar a su autor o partícipe. Al respecto, la determinación judicial de la pena tiene por función identificar y decidir la calidad de intensidad de las consecuencias jurídicas que corresponde aplicar al autor o partícipe de un delito. Se trata, por tanto, de un procedimiento técnico y valorativo de individualización de sanciones penales, la cual debe ser concreta e individualizada, siendo factores que se deben de tomar en cuenta al momento de determinar la pena proporcional son: 1. Las carencias sociales que hubiere sufrido el agente; 2. Su cultura y sus costumbres; y 3. Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella depende. Para determinar la pena justa y proporcional nos valdremos de un sistema similar al que se regula en el anteproyecto del Código Penal del dos mil cuatro dividiendo el ámbito de la pena abstracta en partes iguales, y a su determinar en

(2) Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116.

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base a las circunstancias modificatorias de la ley penal, la pena correctamente determinada, pues como señala Prado Saldarriaga eI legislador nos presenta circunstancias y nos dice que esas circunstancias pueden incrementar el desvalor del acto (…) o puede incrementar la culpabilidad del autor, pero no nos dice cómo usarlas, en ese sentido se debe de tener en cuenta además de lo establecido las circunstancias en que se cometió el ilícito penal, siendo estas factores objetivos y subjetivos que permiten al juez identificar en el caso concreto la magnitud del injusto, por indicar un mayor o menor desvalor del comportamiento antijurídico ejecutado o un mayor reproche de culpabilidad sobre su autor, generando como efecto la imposición de una pena acorde al nivel de culpabilidad de su autor a fin de definir la extensión y naturaleza de la pena que debe imponerse. En el presente caso se ha tenido en consideración en el caso del acusado Guillermo Livia Ramos, quien a fojas doscientos treinta y seis en su certificado de antecedentes penales se informa que ha sido condenado por delito de robo agravado a cinco años de pena privativa de libertad, sentencia que fue emitida en fecha veintiséis de junio del dos mil tres y que vencía en el año dos mil siete, sin embargo en ese lapso de tiempo en diciembre del dos mil seis el mencionado acusado vuelve a delinquir, lo cual denota una conducta orientada a cometer hechos ilícitos y por ende su peligrosidad a la sociedad a ser una persona reincidente en la comisión de delitos, circunstancia que cumple con lo estipulado en el Acuerdo Plenario Nº 1-2008/CJ-116(3), el cual establece en su considerando duodécimo los requisitos para establecer al procesado como reincidente, los siguientes: (1) Haber cumplido en todo o en parte una condena a pena privativa de libertad. No está comprendido el cumplimiento total o parcial de otra clase de pena. Se trata de una sentencia condenatoria ejecutoriada a pena privativa de libertad de carácter efectiva. (2) Los delitos –se excluyen las faltas– antecede y posterior han de ser dolosos. El delito posterior debe de cometerse luego del cumplimiento total parcial de la pena privativa de libertad. Ello presupone sentencias firmes y con principio de ejecución efectiva. (3) No hace falta que el delito posterior esté en el mismo Título del Código, o mejor dicho, sea de la misma naturaleza, es decir, que exista entidad o similitud del tipo o la identidad del bien jurídico vulnerado; no hay un elemento relacional entre los dos delitos. Se trata, por consiguiente, de una reincidencia genérica. (4) El lapso de tiempo que debe transcurrir, luego del cumplimiento total o

(3) Corte Suprema de Justicia de la República, IV Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitorias y Especial, Acuerdo Plenario N° 1-2008/CJ-116, 3 de noviembre del 2008.

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parcial de la pena privativa de libertad –condición básica para calificar de reincidente a un delincuente–, es de cinco años. Para el entendimiento de este último requisito se recurre a la regla del artículo 46 C del Código Penal, que precisa que los hechos punibles se han de perpetrarse “(...) en un lapso que no exceda de cinco años”. (5) Es una circunstancia personal e incomunicable a los coautores o partícipes en quienes no concurra. DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL La reparación civil se fija en función al principio del daño causado, esto es, que debe guardar proporción con el menoscabo irrogado, lo cual se traduce en el resarcimiento del bien o indemnización por quien como consecuencia de la comisión de un delito, ocasionó un daño que afectó los derechos e intereses legítimos de la víctima, pues según al artículo noventa y tres del Código Penal, la reparación civil comprende: I) La restitución del bien, si no es posible el pago de su valor, y II) La indemnización de los daños y perjuicios, pretensión de carácter civil que es introducida en el proceso por Fiscal Superior en su acusación escrita. En la presente causa se ha tenido en consideración el certificado médico legal 026556-L de fojas veinte, practicado al agraviado en el día de suscitado los hechos, en el cual se dejó constancia de las graves lesiones que fueron producidas al agraviado, demostrándose el nivel de violencia física que fue ejercido en su contra a fin de despojarlo de sus bienes, de tal magnitud que se determinó incapacidad médico legal de doce días. VII. RESOLUCIÓN En aplicación a los artículos once, doce, veintitrés, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, noventa y dos, noventa y tres, ciento ochenta y ocho como tipo base, con las agravantes de los incisos dos, tres y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal vigente, en concordancia con los artículos doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimiento Penales, analizando los hechos y las pruebas con el criterio de conciencia que la ley autoriza y administrando justicia a nombre de la Nación, los Jueces Superiores miembros de la Cuarta Sala penal para procesos con reos libres FALLAN: CONDENANDO a Gilber Rafael Livia Ramos, como autor del delito contra el patrimonio –robo agravado– en agravio de Arnaldo Abad Puchoc, a CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, la misma que se suspende condicionalmente por el periodo de prueba de TRES AÑOS, supeditada al cumplimiento de las siguientes

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reglas de conducta; a) No variar de domicilio ni ausentarse de su residencia, sin previo aviso ni autorización escrita del juez de la causa; b) Abstenerse de relacionarse con personas que viven al margen de la ley, c) No frecuentar lugares de dudosa reputación; y d) Concurrir cada treinta días al local del juzgado, a fin de informar y justificar sus actividades y a registrar su firma en el cuaderno respectivo; así como las veces que sea requerido por la autoridad judicial, bajo apercibimiento de aplicarse los correctivos señalados en el artículo cincuenta y nueve del Código Penal, en caso de incumplimiento y Condenando a Guillermo Livia Ramos como autor del delito contra el Patrimonio –Robo Agravado–, en agravio de Arnaldo Abad Puchoc, a CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, la cual computada desde el once de enero del dos mi doce, vencerá el diez de enero del dos mil diecisiete; Ordenaron su internamiento en cárcel pública, oficiándose para tal efecto a la entidad respectiva en el día; FIJARON: En la suma de DOS MIL NUEVOS SOLES el monto de la reparación civil que deberá abonar los sentenciados de forma solidaria a favor del perjudicado; DISPUSIERON Que la presente sentencia sea leída en acto público, y consentida o ejecutoriada que sea, se inscriba en el Registro Central de Condenas, expidiéndose los boletines y testimonios respectivos, archivándose definitivamente el proceso, con aviso al juez de la causa. SS. Dr. César Javier Vega Vega - Presidente Dr. Carlos Hernán Flores Vega - Juez Superior Dra. Ángela Magalli Báscones Gómez Velásquez - Juez Superior, Dirección de Debates

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015. Robo: Tipo objetivo El tipo base del delito de robo tiene como tipicidad objetiva al sujeto activo que puede ser cualquier persona, a excepción del propietario; mientras que el sujeto pasivo puede ser cualquier persona física o jurídica que disfrute de la posesión inmediata del bien mueble, cualquiera que sea el título por el que dispone de dicha facultad. PODER JUDICIAL DEL PERÚ Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres “Judicatura digna, democrática e institucional” Expediente Nº 24326-2010 D.D. Dra. Napa Lévano

Lima, 8 de enero de 2013 VISTOS: En audiencia pública el proceso penal seguido contra: Rodrigo Simon Aguilar; identificado con documento nacional de identidad número cuatro cinco cero cuatro ocho seis dos cinco, acusado de la comisión del delito contra el Patrimonio –ROBO AGRAVADO–, en agravio de Guillermo Vidalón Quispe; RESULTA DE AUTOS: Que, a mérito del Atestado Nº 717-10-VII-DIRTEPOL/DIVTER-ESTE-2-CVSEINCRI, de fojas dos y siguientes elaborado por la Comisaría de Vitarte, de fecha dieciséis de agosto del año dos mil diez, la señora Representante del Ministerio Público formalizó la correspondiente denuncia penal, obrante a fojas veinte; la que merituada por el señor juez penal, motivó la expedición de auto de inicio de proceso de fecha dieciséis de agosto del año dos mil diez, dictándose la medida coercitiva personal de Comparecencia Restringida. Que, seguido el proceso por el trámite ordinario correspondiente, vencidos los plazos de instrucción, con el informe final de fojas noventa y ocho y su ampliación de fojas setenta y nueve y su complemento obrante a fojas ciento uno, se elevaron los autos a esta Superior Sala Penal, remitiéndose los mismos al Despacho de la señora Fiscal Superior quien emitió su acusación escrita de fojas ciento treinta y ocho, por cuyo mérito se emitió el Auto Superior de Enjuiciamiento de fojas doscientos treinta, señalándose fecha y hora para la verificación del juicio, el mismo que se ha llevado a cabo en el modo y

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forma que aparecen de las actas que preceden; producida la requisitoria oral de la Representante del Ministerio Público, oído los alegatos de la defensa cuyas conclusiones obran en pliegos separados, ha llegado el momento procesal de dictar sentencia; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: DE LA IMPUTACIÓN: Se desprende de la imputación fáctica contenida en la acusación fiscal, que con fecha dieciséis de agosto del año dos mil diez a horas una aproximadamente, encontrándose el agraviado Vidalón Quispe a bordo de un vehículo que supuestamente brindaba transporte público en el paradero de Las Brisas en el distrito de Ate, es sorprendido por un sujeto que lo cogió del cuello, en tanto otros individuos que también se encontraban a bordo, lo agredieron físicamente, despojándolo de sus zapatillas, casaca, reloj, un polo y el monto de cincuenta nuevos soles, arrojándolo seguidamente del vehículo en marcha, descendiendo el acusado, quien es perseguido por el agraviado, circunstancia en que hace su aparición efectivos policiales que se percatan de la escena y lo neutralizan. SEGUNDO: Por los hechos antes descritos y analizados, se abrió instrucción y formuló acusación contra Simón Aguilar Rodrigo por delito contra el Patrimonio –Robo Agravado–, previsto y sancionado en el artículo ciento ochenta y ocho - tipo base con las agravantes contenidas en los incisos dos y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, el mismo que tiene como bien jurídico protegido el Patrimonio –específicamente la posesión de un bien mueble–, pero además, también la libertad, la vida, la integridad física de las personas, hecho que lo configura como un delito compuesto o pluriofensivo; y para los efectos de la tipicidad objetiva, el sujeto activo puede ser cualquier persona, a excepción del propietario; sujeto pasivo puede ser cualquier persona física o jurídica que disfrute de la posesión inmediata del bien mueble, cualquiera que sea el título por el que dispone de dicha facultad. El comportamiento consiste en apoderarse ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentre, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física; finalmente para los efectos de la tipicidad subjetiva se requiere del dolo. TERCERO: Dentro del marco jurídico de la actividad probatoria, a fojas nueve obra la manifestación policial prestada por el acusado en presencia del representante del Ministerio Público, quien, con el evidente ánimo de eludir su responsabilidad penal, sostuvo que el día y hora en referencia se encontraba en

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el paradero Las Brisas esperando el vehículo que lo conduciría a su domicilio, percatándose a siete metros que al agraviado lo arrojaban de una combi de la cual descendieron dos individuos que se dirigieron por su lado, los mismos que eran perseguidos por este último, quien presentaba evidentes síntomas de estado de ebriedad; que a consecuencia del desconcierto, la víctima en la creencia que formaba parte del grupo que lo había asaltado, opta por perseguirlo también, circunstancia que ameritó fugue del lugar para ponerse a buen recaudo y salvaguardar su integridad física ya que este intentaba atacarlo, precisó además que el hecho fue presenciado por un aproximado de diez personas y que momentos antes se encontraba en la discoteca Holiday en compañía de su amiga Tania Morales y otra persona de la cual desconocía su nombre hasta las veintitrés horas. Argumento de descargo que varió ostensiblemente en su instructiva de fojas ochenta y tres, donde precisó que en ningún momento divisó que el agraviado u otros individuos desciendan de un vehículo de transporte, habiéndose defendido de las agresiones que este último le profería, tales como golpes de puntapié y puño en el rostro, y que momentos antes se encontraba en compañía de su amigo Milton Amorín con quien había concurrido a la discoteca Holiday; agregando que a la fecha de los hechos laboraba en Ladrillera Calderón, lugar en el que permaneció hasta antes de su intervención, reemplazando seguidamente a un amigo en una Pampa de Nievería. A nivel de juicio oral en sesión de fecha seis de noviembre último, persistiendo en estas últimas afirmaciones, agregó que su amigo Milton Amorin habría estado con su persona en el paradero Las Brisas, no obstante aquel se habría dirigido a la tienda a comprar agua mineral, intervalo de tiempo en el que se suscitaron los hechos materia de juzgamiento; precisando asimismo, que el día en referencia también se encontraba con síntomas de ebriedad por cuanto había libado licor con cuatro amigos, en un aproximado de veinticuatro botellas de cerveza, agregando que se encontraba vestido con zapatillas blancas, pantalón jim azul, polo blanco y chompa verde. CUARTO: A fojas siete obra la manifestación prestada a nivel policial por el agraviado Guillermo Vidalón Quispe, quien de forma exhaustiva, narrando los pormenores derivados de la acción ejercitada en su perjuicio, precisó que el día dieciséis de agosto del dos mil diez a horas cero con veinte aproximadamente, abordó una combi en el paradero de Las Brisas con la finalidad de dirigirse a la comisaría de Vitarte, siendo el caso, que al pretender descender de dicho vehículo, cinco individuos que se encontraban en su interior, de manera abrupta lo abordan y cogen del cuello, agrediéndolo con golpes de puño y puntapiés en diferentes partes del cuerpo para seguidamente sustraerle sus pertenencias consistentes en sus zapatillas, casaca, reloj, polo y cincuenta nuevos soles; que consumado el

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hecho, lo bajan violentamente del vehículo, descendiendo uno de los asaltantes, a quien persigue raudamente, circunstancias en la que hacen su aparición efectivos del orden a bordo de un vehículo oficial, quienes al percatarse del hecho, intervienen al acusado. Versión que en su conjunto se condice con las afirmaciones que efectuara a nivel de juicio oral en sesión de fecha siete de diciembre último, donde precisó que le habrían roto la cabeza, y que parte de la sangre que fluyó se impregnó en la indumentaria del acusado quien portaba una chompa marrón claro de tono oscuro, lográndolo reconocer por dicha particularidad. QUINTO: Con fecha catorce de diciembre último concurrió a juicio oral el testigo de parte Milton Amorín Magallanes, el mismo que haciendo una defensa abierta del acusado, precisó que efectivamente, concurrió con aquel a la discoteca Holiday, y que seguidamente se apersonaron al paradero Las Brisas para abordar el vehículo que los condujera a su domicilio, que en dicho ínterin siendo las doce y diez de la madrugada aproximadamente lo deja ya que este se encontraba ebrio y se dirige a la tienda ubicada a una cuadra y media con el objetivo de comprar agua mineral, que trascurrido diez minutos regresó y no encontró a su amigo, no habiendo presenciado el robo del cual fue pasible el agraviado; asimismo, haciendo galardía de un impresionante sentido memorístico, indicó que el acusado se encontraba vestido con una chompa verde, polo blanco, jim azul y zapatillas blanca; no obstante, al ser preguntado como era la franja del vehículo que abordaron para trasladarse al paradero de Las Brisas, refirió que no recordaba. SEXTO: A fojas cincuenta y uno obra la testimonial brindada a nivel judicial por el efectivo policial Jesús Sánchez Villacorta, quien manifestó que en circunstancias que se encontraba patrullando, se percató que el agraviado quien emanaba sangre de la cabeza, perseguía raudamente al acusado solicitando apoyo y vociferando que aquel lo había asaltado en compañía de otros sujetos al interior de una combi; situación que fue constatada por transeúntes y vigilantes que se encontraban alrededor. SÉTIMO: A fojas trece, corre el certificado médico legal número cero uno siete cinco uno siete - L, practicado al agraviado con fecha dieciséis de agosto del dos mil diez, que precisa presentó herida contusa suturada de un centímetro en región parietal derecha, tumefacción en región malar izquierda, erosión con equimosis y tumefacción en mucosa de hemilabio inferior izquierdo, ocasionado por agente contundente duro, requiriendo atención facultativa de dos días e incapacidad médico legal de siete días; suscribiéndose como observación que

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este presentaba aliento alcohólico, lo que corrobora la versión sostenida por el acusado. OCTAVO: La libre apreciación razonada de la prueba, que es el sustento del artículo 283 del Código de Procedimientos Penales, reconoce al juez la potestad de otorgar el valor correspondiente a las pruebas, sin directivas legales que lo predeterminen. Desde esa perspectiva es de afirmar que el derecho a la presunción de inocencia exige sobre el particular que las pruebas de cargo, que justifiquen una condena, deben ser apreciadas y valoradas en su conjunto, no pudiendo determinarse la responsabilidad del procesado en base a presunciones, máxime cuando se trate de delitos sancionados con pena grave. Que, a mayor abundamiento, el hecho punible, debe cumplirse a partir de la configuración razonable de determinadas reglas o criterios de valoración, que permitan trasladar las exigencias de racionalidad a la ponderación de la prueba. NOVENO: Que, la Corte Suprema de la República, ha establecido con carácter de vinculante las reglas de valoración que han de tomarse en cuenta para determinar el carácter probatorio derivado de la incriminación vertida por la víctima, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones, señalando como garantías de certeza: a) Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. b) Verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. c) Persistencia en la incriminación; esto es, la persistencia de sus afirmaciones en el decurso del proceso. DÉCIMO: Que en el caso juzgado, al analizar y valorar cada una de las pruebas recogidas durante la investigación preliminar, instrucción y debatidas en el acto oral, el colegiado advierte que el agraviado en forma uniforme, coherente y persistente mantuvo inalterable su posición, increpando directamente al procesado su participación en la comisión del ilícito perpetrado en su agravio, recalcándole el detalle que permitió su identificación; que frente a la rigidez de dichos argumentos el acusado ha intentado menoscabar su objetividad, argumentando que este al encontrarse ebrio lo confundió con sus asaltantes, ofreciendo incluso la testimonial de una persona a la que no nombró y describió su accionar en tiempo más cercano a los hechos, que a mayor abundamiento, dicho testigo Amorín Magallanes al concurrir a juicio oral, no aportó mayores

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detalles que conlleven al juzgador sostener la irresponsabilidad del procesado, antes bien agregó que tomó conocimiento de los hechos al día siguiente y que no se preocupó en ver a su amigo porque se encontraba trabajando, precisando que en los alrededores del lugar no se encontraba persona alguna, extremo este último que contradice lo afirmado por el propio acusado a nivel preliminar, quien sostuvo que había un grupo de diez personas aproximadamente, fundamentos que nos hace concluir que el órgano de prueba ofrecido no reúne los estándares de credibilidad suficientes para enervar la tesis incriminatoria; situación que no es extensible para la imputación forjada desde el nivel preliminar por el agraviado, quien narró enfática y objetivamente el marco de circunstancias ejercido por los asaltantes y las lesiones que se le produjeron a consecuencia de ello, dicho que se encuentra contrastado con lo vertido por el efectivo policial Sánchez Villacorta, quien percatándose de la persecución ejercida por el agraviado, y lo indicado por transeúntes y vigilantes de la zona, intervino al acusado, observando en dicho interín que emanaba sangre de la cabeza de la víctima, circunstancia esta última que se condice con lo expresado por el agraviado en juicio oral y lo notado en el certificado médico legal de fojas trece que describe que dicho sujeto procesal presentó una herida contusa suturada de un centímetro en región parietal derecha; y si bien, en esta misma instrumental se consignó que presentaba aliento alcohólico, no determinó el grado de nocividad que permita fijar con objetividad que dicho individuo no se encontraba en el ejercicio de sus facultades perceptivas, escenario del cual se deslindó íntegramente el agraviado, quien indicó que era consciente de sus actos e intentaba aprehender a uno de los asaltantes, persecución que fue presenciada por el efectivo policial Sánchez Villacorta y que naturalmente no es propia o inherente a personas con las características invocadas por la defensa técnica; contexto que homologado a lo esgrimido en el certificado médico legal practicado al agraviado, permite establecer con suficiencia que el mismo no fue agredido físicamente y que no habría libado la cantidad de licor que habría referido, pues dicha acotación al igual que en el caso del agraviado, se hubiera consignado en el certificado médico legal, enervándose en ese sentido lo alegado tanto por este como por el testigo Amorín Magallanes cuando sostuvieron que se encontraba totalmente ebrio. En consecuencia, al haber adquirido la imputación la aptitud probatoria de cargo que exige la doctrina legal descrita en el noveno considerando, por ser uniforme, coherente, persistente y corroborada con elementos periféricos; la presunción de inocencia que le asiste constitucionalmente al acusado se ve enervada, fundamento que nos hace concluir en que se encuentra probada la comisión del delito y la responsabilidad penal del procesado a título de autor.

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UNDÉCIMO: La pena debe cumplir un fin eminentemente preventivo dentro de la sociedad, facilitando la reconciliación normativa del autor con el orden jurídico, afianzando el respeto de las normas por parte de los ciudadanos, es decir que junto a los fines preventivos y generales positivos, la pena estatal debe buscar un efecto preventivo-especial positivo con el fin de incidir favorablemente en la personalidad del infractor, y cuando esto no fuera posible, debe evitar que la pena desocialize o empeore la situación del culpable. Todo ello supone entender que la pena estatal genera efectos sociales positivos en la medida que respeta y se mantiene dentro de los límites del principio de proporcionalidad; en ese sentido, la misma no puede actuar según las demandas sociales y mediáticas de punibilidad, al margen de la gravedad del hecho y la culpabilidad del autor, pues dentro de un Estado de Derecho la reacción estatal contra el delito –en especial la determinación judicial de la pena– se funda sobre la base del hecho cometido, sus circunstancias y la culpabilidad del agente; por lo que, habiéndose concluido por la responsabilidad penal del acusado, es menester destacar lo siguiente: a) Que tiene la condición de agente primario, por no registrar antecedentes penales ni judiciales, conforme se desprende de los certificados obrante a fojas ciento cincuenta y seis y ciento cincuenta y siete; b) Las circunstancias que enmarcaron el hecho y la pluralidad de agentes intervinientes; c) Que siendo así, estando a los fines preventivos, protectores y resocializadores de la pena, la misma debe imponerse en atención a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, que debe ir en consonancia con los indicadores y circunstancias a los que se contraen los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, así como los parámetros doctrinarios establecidos en el acuerdo plenario N° 5-2008/CJ-116. DUODÉCIMO: Para fijar la reparación civil se deberá considerar lo establecido en el artículo noventa y tres del Código Penal por el que se establece que la misma comprende la restitución del bien o en todo caso, el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, por lo que el monto se deberá fijar de manera prudencial para resarcir el daño sufrido por la parte agraviada. Por estas consideraciones, en aplicación de los artículos veintitrés, veintinueve, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, noventa y dos, noventa y tres, ciento ochenta y ocho como tipo base con las agravantes contenidas en los incisos dos y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal; y los artículos doscientos ochenta, doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales, la PRIMERA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA juzgando los hechos y las pruebas con el

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criterio de conciencia que la ley autoriza y administrando justicia a nombre de la Nación; FALLA: CONDENANDO a Rodrigo Simón Aguilar, identificado con documento nacional de identidad número cuatro cinco cero cuatro ocho seis dos cinco, como autor del delito contra el Patrimonio –ROBO AGRAVADO–, en agravio de Guillermo Vidalón Quispe; imponiéndole como tal SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD que computados a partir de la fecha vencerá el siete de Enero del año dos mil diecinueve, FIJARON: en la suma de seiscientos nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor del agraviado; ORDENARON: El internamiento del sentenciado en el establecimiento penal que corresponda, oficiándose para tal efecto a la autoridad penitenciaria; MANDARON: Que, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se expidan los boletines de condena e inscriba donde corresponda; archivándose los autos definitivamente con conocimiento del juez de la presente causa. SS. Dr. JUAN CARLOS VIDAL MORALES - Presidente Dra. LUISA ESTELA NAPA LÉVANO - Juez Superior y D.D. Dr. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA - Juez Superior

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016. Robo agravado: Presupuesto subjetivo del tipo penal y presupuestos objetivos y subjetivos El robo es un delito pluriofensivo no solo lesiona el patrimonio, sino otros bienes jurídicos como la propiedad, la libertad, la integridad física y la vida de la víctima, ilícito penal que requiere para su configuración de la concurrencia del presupuesto objetivo, que consiste en que el ente activo ejecute actos de violencia física o amenaza cierta e inminente contra la integridad física o la vida de la víctima, a fin de reducir o eliminar su resistencia, con el propósito de apodarse del bien; y del presupuesto subjetivo, es decir el conocimiento y voluntad de su realización; vale decir el dolo, así como el ánimo del lucro, que comprende la intención de apoderarse del bien con la finalidad de obtener un determinado beneficio o provecho económico, a lo que debe agregarse en el presente caso el hecho de haberse perpetrado durante la noche o en lugar desolado, a mano armada y con el concurso de dos o más personas. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA REOS LIBRES Expediente Nº 323-02 (13316-2002) D.D. Quezada Muñante

Lima, 13 de agosto de 2012 VISTA; en audiencia pública la causa penal seguido contra Daniel Canares Castro, Miguel Fernández Espinoza y Luis Fernández Espinoza, cuyas demás generales de ley obran en autos por el delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Wilmer MalIma Ramos y José Rodrigo Cotos Zavaleta; RESULTA DE AUTOS: Que de la sentencia de fojas trescientos diecinueve, su fecha veintidós de abril del año dos mil nueve, se dispuso la reserva del juzgamiento contra los Daniel Canares Castro, Miguel Fernández Espinoza y Luis Fernández Espinoza; y habiéndose puesto a disposición de este Órgano Jurisdiccional en calidad de detenido al acusado Daniel Canares Castro, tal como se desprende de fojas trescientos cincuenta y, por lo que la Sala dispuso señalar

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día y hora para la verificación del acto oral, instalándose la audiencia correspondiente con los cargos que le formuló el señor Representante del Ministerio Público, habiéndose llevado a cabo el presente Juzgamiento conforme a lo establecido en el artículo trescientos veintiuno del Código de Procedimientos Penales, tal como se advierte de las actas respectivas. Que oída la Requisitoria del señor Fiscal Superior, así como los Alegatos de la Defensa y las palabras del acusado, se recibieron las correspondientes conclusiones escritas, las mismas que obra en pliego por separado y en virtud del artículo doscientos ochenta y seis del Código de Procedimientos Penales este Colegiado se abstuvo de votar las cuestiones de hecho, por lo que ha llegado el estadío procesal de dictar sentencia; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que se atribuye a los acusados Daniel Canares Castro, Miguel Fernández Espinoza y Luis Fernández Espinoza, la comisión del ilícito perpetrado el día trece de agosto del dos mil uno, siendo la una y treinta minutos de la madrugada aproximadamente, en circunstancias que el agraviado José Cotos Zavaleta transitaba a una cuadra del paradero inicial de la empresa de Transporte ETUSA, línea número; cincuenta y dos en el Asentamiento Humano “Huáscar” del Distrito de San Juan de Lurigancho, cuando fue interceptado por cinco individuos entre los que se encontraban los acusados, quienes bajo amenaza y violencia lo redujeron, derribándolo al pavimento y despojándolo de su billetera, la misma que contenía en su interior documentos personales y la suma de doscientos nuevos soles producto de su trabajo como chofer; por lo que al solicitar ayuda fue auxiliado por el agraviado Wilmer Mallma Ramos, quien al pretender defenderlo fue también agredido por el individuo conocido con el apelativo de “Chagui”, propinándole un golpe en la cabeza y en el brazo izquierdo con una piedra, habiendo una hora sido despojado por dichos individuos de la suma de dos nuevos soles, los mismos que se dieron rápidamente a la fuga, retornando a los pocos minutos el acusado Arias Aquino, a fin de devolver los documentos del agraviado Cotos Zavaleta. SEGUNDO.Que, frente a los cargos incriminados el acusado presente Daniel Canares Castro, al deponer instructivamente en el presente juzgamiento ha señalado que el día de los hechos en circunstancias que retornaba a su vivienda en compañía de su hermano Elmer Canares Castro, luego de haber estado libando licor con unos amigos, pudo) percatarse que se estaba suscitando una gresca entre los agraviados y los procesados, pero como estas personas eran problemáticas es que decidieron irse a su casa, desconociendo los motivos por los cuales ha sido sindicado por los agraviados como uno de los autores del ilícito investigado, del cual ha tomado conocimiento al momento que se ha efectuado su captura. TERCERO.- Por su parte el agraviado Wilmer Mallma Ramos, al rendir su manifestación policial

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a fojas cinco, sostiene que el día de los hechos en circunstancias que se dirigía hacía su domicilio, fue interceptado por seis personas; entre los que se encontraban los procesados, quienes luego de amenazarlo, lo arrojaron al pavimento, sustrayéndole la suma de dos nuevos soles, siendo posteriormente auxiliado por una vecina del lugar y en circunstancias que se desplazaba hacía su domicilio escuchó los gritos de auxilio del agraviado Cotos Zavaleta, el cual también estaba siendo víctima de arte de seis sujetos, que momentos antes lo habían sorprendido y al defensa resultó lesionado al impactarle una piedra en la cabeza. En tanto su declaración preventiva a fojas ciento veintitrés, refiere que hechos cuando regresaba de trabajar con su compañero José Rodrigo Costos Zavaleta, este se quedó conversando con otra persona, razón por la cual se adelantó, avanzando unos cuantos metros, en cuyas las aparecieron cinco o seis sujetos que los rodearon, empujándolo a un tanque con agua, lastimándose el brazo y la rodilla, razón por la cual pidió ayuda a su vecina de nombre “Carla”, lo cual hizo que dichos individuos se alejaron, pudiendo así ingresar a su domicilio, escuchando luego escucho gritos auxilio de su amigo Cotos Zavaleta, quien también estaba siendo asaltado por estos sujetos, habiéndole despojado de sus zapatillas. Agrega además que a él no le robaron nada, presumiendo que al empujarlo se le pueden haber caído los dos nuevos soles que llevaba consigo. Asimismo refiere, que en el lugar aparecieron unas quince personas, quienes arrojaban piedras, de las cuales una de ellas le impactó en la cabeza lesionándolo, sindicando como autores del hecho en su agravio a los procesados Elmer Viviano Canares Castro, Ismael Alex Arias Aquino y Miguel Fernández Espinoza, siendo este último quien le arrojó la piedra en la cabeza. CUARTO.- Que asimismo, el agraviado José Rodrigo Costos Zavaleta, al prestar su manifestación a fojas seis, señala que el día de los hechos en circunstancias que se encontraba a la altura del paradero inicial de la empresa Transporte ETUSA línea cincuenta y dos, ubicado en el Asentamiento Humano Huáscar, en el Distrito de San Juan de Lurigancho, fue interceptado por cinco personas, quienes salieron rápidamente a su encuentro, arrojándolo hacia el asfalto y propinándole un sinnúmero de golpes con los puños y golpes con los pies para posteriormente sustraerle su billetera de cuero color negro, en cuyo interior contenía sus documentos personales y la suma de doscientos nuevos soles, dándose a la fuga después de consumar su ilícito accionar, haciéndose presente al término de tres minutos el acusado Arias Aquino, quien le entregó su porta documentos, mas no así su dinero, aduciendo haberlo recogido cuando pasaba por el lugar, siendo ello falso, por cuanto este se encontraba entre los sujetos que lo asaltaron. Agrega además que al momento de los hechos se encontraba solo y en su desesperación solicitó

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ayuda, saliendo en su defensa su primo Wilmer Mallma Ramos, el mismo que resultó lesionado en la cabeza al impactarle una piedra lanzada por los sujetos que lo atacaron, los cuales minutos antes también lo habían asaltado, resultando sus atacantes ser vecinos del lugar, no pudiendo precisar cuál de ellos le sustrajo sus pertenencias ya que todo fue muy rápido, habiéndose limitado únicamente a defenderse de los golpes propinados que lo dejaron en estado de inconsciencia. QUINTO.- Que la figura normativa por la cual se procesa a los acusados según la Acusación Fiscal y Requisitoria del Representante del Ministerio Público, es la prevista y sancionada en el artículo ciento ochenta y ocho tipo base, con las circunstancias agravantes descritas en los incisos segundo, tercero y cuarto del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, tipificado como delito contra el Patrimonio, en la modalidad de Robo Agravado; descrito en la doctrina como: “aquella conducta por la cual el agente, haciendo uso de la violencia o amenaza sobre su víctima, sustrae un bien mueble total o parcialmente ajeno y se lo apodera ilegítimamente con la finalidad de obtener un provecho patrimonial, concurriendo en el accionar del agente alguna o varias de las circunstancias agravantes previstas expresamente; en nuestro Código Penal”(4), el cual por ser un delito pluriofensivo(5) no solo lesiona el patrimonio, sino otro bienes jurídicos como la propiedad, la libertad, la integridad física y la vida de la víctima, ilícito penal que para requiere para su configura de la concurrencia del presupuesto objetivo, que consiste en que el ante activo ejecute actos de violencia física o amenaza cierta e inminente contra la integridad física o la vida de la víctima, a fin de reducir o eliminar su resistencia, con el propósito de apodarse del bien; y del presupuesto subjetivo, es decir el conocimiento y voluntad de su realización; vale decir el dolo, así como el ánimo del lucro, que comprende la intención de apoderarse del bien con la finalidad de obtener un determinado beneficio o provecho económico, a lo que debe agregarse en el presente caso el hecho de haberse perpetrado durante la noche o en lugar desolado, a mano armada y con el concurso de dos o más personas. SEXTO.- Que, descritos así los elementos el tipo penal denunciado, es preciso señalar que el ejercicio de la facultad unitiva del Estado en razón de la naturaleza de la sanción,

(4) SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal - Parte Especial. Título V - Delitos Contra el Patrimonio - Capítulo II Robo, p. 723. (5) Jescheck. Tratado de Derecho Penal - Parte General. Ob. cit., p. 239: “distingue acuerdo con el número de los bienes jurídicos protegidos en el precepto penal, entre los delitos simples y compuestos. Por lo que general los tipos penales solo protegen un bien jurídico; con todo existen presupuestos penales con varios bienes jurídicos protegidos, como es el caso del delito de robo”.

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debe rodearse de los elementos y garantías que aseguren al ciudadano la legitimidad de aquel ejercicio, una de aquellas garantías derivadas del principio de legalidad es la jurisdiccional o judicial (que consagra nuestra Constitución Política en su artículo ciento treinta y nueve, inciso décimo), cuya finalidad es asegurar una declaración de certeza fundada en suficientes elementos de prueba que además de idóneos hayan sido obtenidos respetando el derecho de defensa en ese sentido el proceso penal en su fase investigatoria o de instrucción debe alcanzar ciertas finalidades y objetivos conforme lo establece el artículo setenta y dos del Código de Procedimientos Penales, las que debatidas en e Contradictorio permitirán alcanzar la verdad real, plasmada así en la doctrina como finalidad del Juicio Oral. SÉTIMO.- Que, analizadas los actuados, se tiene que la suficiencia probatoria según la Acusación Fiscal que vincularía acusado Daniel Canarés Castro con el delito materia de este proceso penal descansa en los siguientes elementos: a) La denuncia formulada por los agraviados Wilmer Mallma Ramos y José Rodrigo Cotos Zavaleta ante la autoridad policial, en la que si bien narran la forma y circunstancias en las que se perpetró el ilícito en su agravio, también es verdad que del contenido de sus propias manifestaciones policiales nos se advierte que estos sindiquen al acusado Canares Castro como uno de los autores del ilícito en su agravio; que a mayor abundamiento se tiene se tiene la propia versión brindada por el agraviado Mallma Ramos, quien a nivel preliminar indicó que sus atacantes le robaron la suma de dos nuevos soles, sin embargo, conforme se desprende de su propia declaración preventiva obrante a fojas ciento veintitrés este ha variado notablemente su versión indicando que a él no le robaron nada, sino que al empujarlo se le pueden haber caído sus dos nuevos soles, versiones contradictorias que en este caso no hacen más que restar credibilidad a su relator incriminar inicial. b) Las Actas se Reconocimiento de fojas doce y trece, las mismas que no se han realizados con las garantías procesales que la normatividad legal establece, como es la presencia del representante del Ministerio Público, como titular de la acción penal, sobre el cual recae la carga de la prueba, las cuales en este caso adquieren solo un valor meramente referencial, mas no así probatorio, más aún si como aparece del tenor de las mismas, en ellas no se menciona el nombre del acusado, ni mucho menos se detalla su grado de participación en el ilícito perpetrado, elementos estos que en modo alguno pueden ser considerados como pruebas suficientes, a fin de determinar la responsabilidad del acusado en los presentes hechos debiendo tenerse en cuenta conforme al criterio jurisprudencia que la verosimilitud de sus afirmaciones deben concurrir con otros elementos de prueba que la corroboren en forma amplia, circunstancias que no se verifican en el caso sub examine,

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consecuentemente la incriminación inicial efectuada por las víctimas en este caso no han generado en el Colegiado Juzgador la convicción de culpabilidad respecto al acusado, como para desvirtuar la presunción de inocencia que le asiste reconocida en el artículo segundo, inciso veinticuatro, parágrafo “e” de la Constitución Política del Estado que en este caso le asiste, la cual exige precisamente una mínima actividad probatoria y c) Que aunado a ello se tiene que el acusado se ha mantenido firme en su negativa respecto de los hechos atribuidos, cuya versión no ha sido desautorizada a lo largo del proceso con elemento de prueba alguno. OCTAVO: Que en tal sentido, se concluye que en autos no se encuentra acreditado con suficientes elementos de prueba que el acusado Daniel Canares Castro haya despojado a los agraviados de sus pertenencias, pues la imputación que estos hacen a nivel preliminar no resulta determinante para el Colegiado Juzgador, a fin de determinar su responsabilidad penal, al no estar esta rodeada de otros elementos probatorios fehacientes e idóneos, que les permita sustentar una sentencia condenatoria, la cual requiere necesariamente que se acredite de manera clara e indubitable la responsabilidad penal del acusado; y, si se advierte de los actuados como ocurre en el presente caso que no existen elementos que resulten ser inobjetables(6) y que refuercen el relato incriminador de la víctima, conforme a la doctrina dominante y a la reitera jurisprudencia, dicha sindicación de ninguna forma constituye una mínima actividad probatoria para deducirse la responsabilidad penal del acusado, así como para desvirtuar el derecho de presunción de inocencia(7) que le asiste consecuentemente por insuficiencia de pruebas corresponde proceder a absolución respecto de los cargos incriminados; NOVENO: Que, no habiéndose hecho presente ante esta Sala Juzgadora los acusados Miguel Fernández Espinoza y Luis Fernández

(6) “La sentencia condenatoria debe fundamentarse en elementos de prueba que acrediten de manera clara e indubitable le responsabilidad Penal del acusado, por lo que ante la falta de tales elementos procede su absolución; … que al no existir pruebas suficientes que acrediten responsabilidad penal de los acusados en la comisión del evento delictivo que se le atribuye es evidente que no se ha desvirtuado el Principio de Presunción de Inocencia que les favorece y que exige una mínima actividad probatoria, por lo que amerita absolverlos de la acusación fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 284 del Código de Procedimientos Penales” R.N. Nº 5169-Arequipa - ROJAS VARGAS, Fidel. Jurisprudencia Penal y Procesal Penal (1999-2000). IDEMSA 2002, p. 173. (7) “La garantía constitucional de presunción de inocencia es una presunción iuris tantum que exige para ser desvirtuada la existencia de un mínimo de actividad probatoria de cargo conducidas con las debidas garantías procesales; en tal mérito; la prueba debe servir para probar la existencia del hecho punible como la participación en el del acusado (…)” Exp. Nº 2006-01182-59-1308-JRPE Jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Lima (2006 a 2008) Último Precedentes en material Penal, Procesal Penal y de Ejecución Penal - Diálogo con la Jurisprudencia, p. 553.

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Espinoza, (reos contumaces), para respectivo juzgamiento, es del caso de reservar el proceso hasta que sea habidos, por estas consideraciones y al amparo de lo establecido en el articulo doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales, analizan los hechos y valorando las pruebas con el criterio de conciencia que la ley autoriza e impartiendo justicia a nombre del Pueblo LA SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, FALLA: ABSOLVIENDO a Daniel Canares Castro, de la Acusación Fiscal incoada en su contra por el delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Wilmer Mallma Ramos y José Rodrigo Cotos Zavaleta. RESERVARON: El Juzgamiento de los acusados Miguel Fernández Espinoza y Luis Fernández Espinoza hasta cuando sean habidos y puestos a disposición de esta Superior Sala Pend para su respectivo juzgamiento, debiendo reiterarse las órdenes para su captura ante la autoridad correspondiente; MANDARON: Que consentida o ejecutoria que sea la presente sentencia se anulen los antecedentes policiales y judiciales que se hubieren generado como consecuencia de este proceso en cuanto al absuelto, archivándose definitivamente los actuados en cuanto a este extremo se refiere, con conocimiento del juez de origen. SS. JULIO ENRIQUE BIAGGI GÓMEZ - Presidente LILIANA DEL CARMEN PLACENCIA RUBIÑOS - Juez Superior RAÚL EMILIO QUEZADA MUÑANTE - Juez Superior y Director de Debates

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017. Robo agravado: Configuración Para que se configure el delito de robo agravado se requiere como presupuestos objetivos: a) que el sujeto activo se apodere ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno; b) se sustraiga el bien del lugar donde se encuentra; y c) que la acción dirigida a obtener el desapoderamiento se ejecute mediante el empleo de la violencia contra el sujeto pasivo o bajo amenaza de un peligro inminente para su vida; y como presupuestos de carácter subjetivo: a) el dolo o conocimiento y voluntad de la realización de todos los elementos del tipo objetivo además del ánimo de lucro; y b) en el presente caso durante la noche, con el concurso de dos o más personas y a mano armada. PRIMERA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS EN CÁRCEL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Expediente Nº 7398-2011

Lima, 9 de agosto de 2012 VISTA; en Audiencia Pública la causa penal guida contra Roberto Feijoo Tovar (reo en cárcel) como autor del Delito contra el Patrimonio - ROBO AGRAVADO EN GRADO CONSUMADO, en agravio del PNP Sub Oficial Técnico de Tercera, Luis Melcíades Huamán Soto. ANTECEDENTES I. PROCEDIMIENTO Que, a mérito del Atestado Policial número ciento diez –dos mil once. DIRTEPOL/ DIVTER– C.CLV. DEINPOL, que obra de fojas dos y siguientes, con los recaudos que lo acompañan, y a mérito de la formalización de la Denuncia Fiscal que corre de fojas treinta y cinco a cuarenta, y por auto de fecha cuatro de abril del dos mil once, obrante de fojas cuarenta y dos a cuarenta y siete, el señor juez emitió auto de apertura de instrucción por la VÍA ORDINARIA, contra el procesado Roberto Feijoo Ponce por el delito contra el patrimonio –ROBO AGRAVADO– en agravio de Luis Melcíades Huamán Soto, delito tipificado en el artículo ciento ochenta y ocho, con la agravante señalada en los incisos

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dos, tres y cuatro del primer párrafo así como el inciso uno del segundo párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal. Que, tramitada la causa conforme a su naturaleza, los autos fueron elevados a la Superior Sala Penal con el dictamen del señor Fiscal Provincial y los informes finales del señor juez, siendo remitidos al despacho del señor Fiscal Superior, quien formuló su acusación escrita de fojas ciento setenta y uno a ciento setenta y cuatro, por lo que la Sala Superior, de conformidad con la opinión del Ministerio Público, procedió a emitir el Auto Superior de Enjuiciamiento de fecha tres de setiembre del año dos mil diez, que obra de fojas ciento ochenta y tres a ciento ochenta y cuatro, señalándose fecha y hora para la iniciación de la audiencia, la misma que se verificó conforme se advierte de las actas de su propósito: por lo que. escuchada la Requisitoria Oral de la señora Fiscal Superior Adjunta y los alegatos de la abogada de la defensa, cuyas conclusiones obran en pliegos separados, y han sido considerados al emitir el presente fallo: con la autodefensa del imputado presente: ha llegado el momento procesal de emitir sentencia. II. HECHOS IMPUTADOS Y CARGOS ATRIBUIDOS Que, de la acusación fiscal que obra de fojas doscientos diez a doscientos quince, se imputa al acusado Roberto Feijoo Tovar que el día veintiocho de marzo del dos mil once, siendo las tres y treinta de la mañana aproximadamente, personal policial de patrullaje móvil, se constituye al cruce del Jirón Abtao con el Jirón Bélgica, en el distrito de La Victoria, apoyando al agraviado PNP Sub Oficial Técnico de Tercera, Luis Melcíades Huamán Soto, quien señalaba haber sido víctima de robo, bajo la modalidad del “cogoteo” por parte de cinco personas, quienes lo despojaron de su dinero ascendente a trescientos cincuenta nuevos soles, su equipo móvil, así como de su arma de fuego, revolver marca Smith and Wesson de serie C sesenta y nueve veinticuatro cincuenta y seis, logrando ser intervenido uno de sus agresores, el procesado Roberto Feijoo Tovar, a quien el agraviado reconoció como el sujeto que participó del latrocinio en su agravio, sindicándolo como aquel que le causó heridas en el cuero cabelludo con un pico de botella, motivo por el cual fue trasladado al Hospital Central de la Policía Nacional del Perú. La Fiscalía tipificó el delito en el artículo ciento ochenta y ocho como tipo base concordante con las agravantes de los incisos dos, tres y cuatro del primer párrafo así como el inciso uno del segundo párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal. Calificando la intervención del acusado en calidad de autor, solicitando se le imponga, veinte años de pena privativa de la libertad, y

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al pago de tres mil nuevos soles, el monto que por concepto de reparación civil deberá pagar a favor del agraviado. III. FUNDAMENTOS PRIMERO.- Que en materia penal, la inocencia se presume y la culpabilidad se prueba, de modo tal que, para expedir sentencia condenatoria con arreglo al artículo doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales, se tiene que haberse reunido en el proceso las pruebas que demuestren la realización o materialización del delito que conlleve al juzgador a la plena convicción y certeza sobre el theme probandum y concluir declarando la responsabilidad penal o no, del agente; que de no cumplirse con reunir las pruebas o que de las mismas se demuestre la inocencia del acusado o en caso que exista duda, se deberá expedir sentencia absolutoria de acuerdo con los artículos doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales y artículo ciento treinta y nueve inciso undécimo de la Constitución Política del Perú, según sea el caso, concordante con el artículo segundo numeral veinticuatro literal E de la Constitución acotada. SEGUNDO.- Que, respecto al delito de Robo Agravado materia de acusación por el Ministerio Público, para que se configure dicho ilícito penal se requiere como presupuestos objetivos: a) que el sujeto activo se apodere ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, b) se sustraiga el bien del lugar donde se encuentra, y c) que la acción dirigida a obtener el desapoderamiento se ejecute mediante el empleo de la violencia contra el sujeto pasivo o bajo amenaza de un peligro inminente para su vida; y como presupuestos de carácter subjetivo: a) el dolo o conocimiento y voluntad de la realización de todos los elementos del tipo objetivo además del ánimo de lucro; y b) en el presente caso durante la noche, con el concurso de dos o más personas y a mano armada. TERCERO.- Que, ahora bien, analizadas las fuentes de prueba y los medios de prueba actuados en la etapa preliminar (policial) y en la investigación judicial (instrucción), respectivamente, y por lo declarado en juicio oral por el acusado, la requisitoria oral, los alegatos de defensa, así como su autodefensa, y, la prueba personal e instrumental que obran en autos, permite al Tribunal formular las siguientes conclusiones: 1. Que resulta necesario atender a las versiones depuestas por el agraviado, así, en sede policial refirió que el veintiocho de marzo del dos mil once,

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en circunstancias que salía del domicilio de un familiar en la Unidad Vecinal de Matute fue interceptado por cinco sujetos, en donde mientras uno lo cogoteaba, los otros sujetos lo despojaron de sus pertenencias, esto es, su revólver marca Smith Wesson calibre treinta y ocho de serie C sesenta y nueve veinticuatro cincuenta y seis, celular marca Sony Ericsson, además de trescientos cincuenta nuevos soles. Agregó incluso que el acusado fue la persona que “rompió una botella y me empezó a golpear en la cabeza, (...) llegándole a cortar el cuello, (...) que al llevarse su revolver es que decidió ir tras uno de ellos y logró alcanzar al sujeto que se encuentra detenido y cuando lo tengo abrazado es que llega el patrullero (...)”. Al rendir su declaración a nivel de instrucción, varía la misma precisando que, “(...) si bien corrió detrás de los asaltantes, también lo es que, se ocultó detrás de un quiosco, y que cuando vio a un sujeto que estaba corriendo solito, lo “chapo”. Finalmente, en juicio oral, manifestó que no fueron cinco las personas que lo atacaron, sino de seis a ocho sujetos. Niega incluso que el hecho ocurriese en circunstancias que visitaba a un familiar, dado que no tiene familiares que residan por ahí y que si bien, trabajaba en sus días “de franco” en la empresa “Etursa”, lo hacía en horario diurno. Y con relación a la forma y modo cómo perdió el arma, ahora expresa que esta se le cayó de la casaca. 2. Por su parte el acusado Roberto Feijoo Tovar, de manera enfática ha negado su participación en los hechos, según se aprecia de sus declaraciones emitidas en sede policial y luego, a nivel de instrucción y en acto oral, en donde de manera uniforme ha referido que el día de los hechos fue intervenido en circunstancias que se dirigía a su domicilio en compañía de cuatro personas, que respondían a los nombres de Luis Ángel, Maykol Flores, Gerardo y Alonso, y que fue en esos momentos que ven a una persona que estaba discutiendo acaloradamente, por lo que Alonso “le quita una botella a una de estas personas y es una de aquellos, que sale de un auto con un arma de fuego, cuando de pronto sale una persona alta, de contextura gruesa y es quien le arrebata la pistola (...) “ Luego indica que se escucharon disparos por lo que la gente se dispersó, y él por temor corre hacia un terreno cercado para esconderse ahí, que después de un rato, un señor se acercó y le reclamó diciendo que él conocía la identidad de la persona que le había robado su arma de reglamento.

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3. Cabe citar al testigo Luis Miguel Eugenio Magallanes, quien en sesión de audiencia de fecha nueve de julio del año en curso, se ha retractado de lo declarado a nivel de instrucción, refiriendo ahora que nunca vio el hecho ilícito cometido, y que si bien firmó en calidad de testigo fue por hacer un favor al agraviado quien trabaja en la misma empresa (Transporte Letursa Lima - Cañete). Refiere incluso que el agraviado le manifestó que había perdido su arma, porque se había quedado dormido. 4. De otro lado, el testigo Eugenio Juvenal Arguedas Farro, a nivel de instrucción y en juicio oral, ratifica su versión de los hechos, precisando no tener vínculo amical con el acusado y que estuvo presente en el lugar de los hechos, porque fue a buscar a sus hijos que se hallaban en un local en donde se estaba llevando a cabo una fiesta, el mismo que está ubicado entre las avenidas Bélgica y Manuel Cisneros cuando “ve a varias personas que se retiraban del local, que el procesado empujaba a Diego, que cuando ha volteado, vio a un hombre con un arma en la mano, a quien describe como “moreno, de un metro ochenta, contextura gruesa cabello corto”. Le quitó el arma, para luego escuchar unos disparos”. El declarante manifiesta haber escuchado unos disparos, por lo que todos empezaron a correr, que siendo ello así, “vio a una persona corriendo también y que se dirigía a una construcción”. 5. En este punto, el Colegiado, debe señalar que la sindicación del agraviado no reúne las garantías necesarias para generar certeza y convicción, ya que por el contrario se puede inferir lo siguiente: a) Para el día de los hechos, el agraviado estaba asignado para prestar labores de agente de seguridad, para la empresa Transporte Letursa Lima - Cañete, lugar en donde laboraba los días que no se hallaba en servicio; b) Que el día veintiocho de marzo del dos mil once a las tres y treinta de la mañana, el agraviado faltó a sus deberes como agente particular, en virtud a que se hallaba en lugar distinto, participando de una reunión y fue en dichas circunstancias en que perdió el arma de reglamento; c) Con la declaración prestada por el testigo Luis Miguel Eugenio Magallanes quien niega haber estado presente en el momento de los hechos por lo que no puede ratificar la versión depuesta por el agraviado, y por el contrario, se retracta de lo declarado, d) Que el testigo Luis Miguel Eugenio Magallanes es quien hace de conocimiento en la etapa del juicio oral que el

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agraviado le comentó que había perdido su arma de reglamento, porque al quedarse dormido, esta se le cayó. 6. En consecuencia, estando a la forma en cómo sucedieron los hechos, por la manera circunstancial en que se verificase primero, que un grupo de personas salieran de una reunión, luego una gresca y después un presunto asalto, no habiéndose demostrado de manera contundente la responsabilidad del encausado, siendo que el propio agraviado ha brindado hasta en acto oral, una tercera versión respecto a los motivos por el cual se hallaba en el lugar de los hechos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que al acusado no se le ha incautado ningún elemento ni cuerpo del delito que lo vincule con los hechos incriminados a pesar de haber sido detenido al rato de ocurridos los hechos. CUARTO.- Que, tanto en la etapa preliminar, en la instrucción como en el juicio oral, no se ha desvirtuado fehacientemente la presunción de inocencia que la Constitución le reconoce y tampoco existe prueba idónea alguna que conlleve a los magistrados de este Colegiado a concluir con plena convicción y certeza sobre la responsabilidad penal del acusado Roberto Feijoo Tovar en los hechos que se les incrimina en la acusación escrita, por lo que es del caso absolverlo por insuficiencia probatoria conforme lo preceptuado por el artículo doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto Ley número veinte mil quinientos setentinueve, concordante con el artículo segundo numeral veinticuatro literal “e” de la Constitución Política del Perú. DECISIÓN Por estas consideraciones los señores Magistrados integrantes del Colegiado “B” de la PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA PROCESOS CON REOS EN CÁRCEL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, con el criterio de conciencia que faculta el artículo doscientos ochentitrés del Código de Procedimientos Penales y administrando justicia a nombre de la Nación, en atención al artículo ciento treinta y ocho del primer párrafo de la Constitución Política del Perú; FALLAN: POR MAYORÍA, ABSOLVIENDO a Roberto Feijoo Tovar, de la acusación fiscal formulada en su contra por el delito contra el Patrimonio –ROBO AGRAVADO EN GRADO CONSUMADO–, en agravio del PNP Sub Oficial Técnico de Tercera, Luis Melcíades Huamán Soto: DISPUSIERON se

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oficie a la entidad correspondiente para la inmediata libertad del absuelto por la presente causa, siempre y cuando no exista mandato de detención dictado en su contra por otra autoridad jurisdiccional competente; MANDARON que una vez quede consentida o ejecutoriada la presente sentencia, por Secretaría de Mesa de Partes se oficie para que se anulen sus antecedentes policiales y judiciales que se hayan generado en contra de los absueltos por la presente causa, con arreglo al Decreto Ley número veinte mil quinientos setenta y nueve; así como se ar ive definitivamente los autos en su oportunidad; con aviso del juzgado p n V de origen; oficiándose.‑ SS. SALINAS SICCHA - Presidente IZA PELLEGRIN - Juez Superior

Expediente Nº 07398-2011 EL SECRETARIO DE LA PRIMERA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS EN CÁRCEL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, CERTIFICA QUE EL VOTO SINGULAR DE LA JUEZA SUPERIOR (P) MEZA WALDE ES COMO SIGUE: Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el proceso judicial en tanto debido proceso legal, es el instrumento necesario para la obtención de la tutela judicial por parte del órgano jurisdiccional constitucionalmente señalado para dicho efecto, a partir del cumplimiento de sus principales finalidades y en la oportunidad correspondiente, según se desprende del artículo ciento treintinueve, inciso tercero de la Constitución; de ahí que la actividad jurisdiccional requiere los destinatarios de la misma tengan el derecho a conocer las razones de una decisión dentro de un proceso judicial; es así que, el Juez debe “mostrar” sus resoluciones, fundamentarlas en aspectos jurídicos y fácticos, porque el juez está en la obligación no solo de decidir, sino también de justificar las razones legales de su decisión, por tanto el proceso de argumentación y sustentación de su respuesta legal, implica necesariamente un acto comunicativo cristalizado en la sentencia judicial, en aras de la seguridad jurídica, en atención a que constituye garantía de la administración de justicia, la motivación de las decisiones judiciales, en razón de que los destinatarios (justiciables) de la misma tienen el derecho a conocer las razones de una decisión dentro de un proceso judicial; SEGUNDO: En materia penal

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para la imposición de una sentencia condenatoria, esta debe estar sustentada en pruebas suficientes, idóneas y diáfanas que permitan al juzgador poder arribar a la convicción, sin un ápice de duda, respecto a que de lo actuado se haya acreditado, no solo la comisión del injusto incoado, sino también la responsabilidad penal de la persona inmersa en el proceso penal, dado que el Derecho Penal tiene como misión especial la protección de aquellos bienes jurídicos vitales imprescindibles para la convivencia humana en sociedad que son, merecedores de protección a través del poder coactivo del Estado representado por la pena pública; de ahí que el Derecho los identifica, pondera su importancia y actúa sobre ellos, tutelándolos; en ello consiste el principio de lesividad, y constituyendo el Derecho Penal un medio de control social que sanciona aquellos comportamientos que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos tutelados por la ley, y en aras de lograr la paz, este propósito se logra a través del proceso penal donde el juzgador determina la aplicación o no de la sanción correspondiente, bajo el principio de que la inocencia se presume y la culpabilidad se prueba; TERCERO: El Ministerio Público imputa al acusado Roberto Feijoo Tovar que con fecha veintiocho de marzo del año dos mil once, siendo aproximadamente las tres y treinta horas, personal policial de patrullaje móvil se constituyó al cruce de jirón Abtao con el jirón Bélgica en el distrito de La Victoria, apoyando al agraviado Policía Nacional del Perú, Suboficial de Tercera Luis Melcíades Huamán Soto, quien señalaba haber sido víctima de robo bajo la modalidad del “cogoteo”, por parte de cinco personas, quienes lo despojaron de su dinero ascendente a trescientos cincuenta nuevos soles, de su celular, así como de su arma de fuego, revólver, marca Smith and Wesson de serie C 692456, logrando ser intervenido uno de sus agresores, el procesado Roberto Feijoo Tovar, a quien el agraviado reconoció como el sujeto que participó del latrocinio en su agravio, sindicándolo como aquel que le causó lesiones con un pico de botella, luego de ello, trasladaron al agraviado al Hospital Central de la Policía Nacional del Perú, por cuanto, presentaba heridas en el cuero cabelludo; luego encontraron el arma de fuego del agraviado en el frontis del Jirón Abtao número mil doscientos setenta y nueve, en el distrito de La Victoria; CUARTO: El procesado Roberto Feijoo Tovar, al rendir su manifestación policial en presencia de su abogado defensor y del señor Fiscal Provincial –fojas diecisiete–, dijo que aquel día se encontraba libando licor en compañía de su enamorada Roxana Zavala Portocarrero, Maycol Flores, Diego, Luis Ángel y Gerardo; que fue intervenido cuando se encontraba escondido dentro de una obra de construcción en el cruce del jirón Bélgica y jirón Abtao, luego de que saliera de una fiesta junto con unos amigos, y en el camino se encontraran con tres sujetos que libaban

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licor alrededor de un automóvil, produciéndose una gresca entre ellos debido a que una de sus amistades se acercó al mencionado grupo, y a él lo persiguieron alrededor de veinte metros amenazado por los disparos que hacía uno de los supuestos agresores. Afirma que el arma fue traída a la Comisaría por su pareja Roxana Lissete Zavala Portocarrero con quien previamente se comunicó por teléfono celular, siendo ella quien le dijo el arma la tenía Maycol Flores y se la iba a pedir. Niega que se haya producido un robo y conocer al agraviado, mucho menos haberlo timado, y que por el contrario fue a él a quien violentaron. Que por ese entonces se dedicaba a laborar como obrero de construcción civil, justificando sus actividades presentando boletas de pago. Al rendir su declaración instructiva de fojas cuarenta y ocho continuada a fojas noventa, ratifica su inocencia y mantiene su versión dada a nivel policial respecto a cómo fue su arresto; manifiesta que aquel día se encontraba acompañado de su conviviente Rosario Zavala Portocarrero, una amiga de nombre Julieta y sus conocidos Diego, Alonso, Ángel, Gerardo y Maycol Flores, se retiraban de la fiesta por Prolongación Bélgica, y Diego salió del grupo dirigiéndose donde tres sujetos que bebían licor fuera de un automóvil estacionado a media cuadra para salir a la Avenida Abtao, entonces Diego empezó a discutir con esas personas, y luego le quitó una botella de cerveza de la mano a uno de ellos y otro se dirige al vehículo abre la puerta y saca un arma de fuego y en forma amenazante apuntó a Diego quien rompió la botella y se la empieza a tirar, en ese momento se acercó para agarrar a Diego y lo empezó a jalar para llevárselo, pero el señor seguía apuntando y en eso sale un joven alto de contextura gruesa del tumulto y se avalanzó sobre el que tenía el arma, en tanto él se llevaba a Diego, y escuchó como cinco disparos y corrió y se escondió en una obra de construcción civil, estaba oscuro y ahí se sintió seguro, pero como a los cinco minutos sintió que lo cogieron por la espalda, y forcejeó con esa persona, y lo tiran al piso y le exigen que entregue el arma, de ahí lo llevaron a la Comisaría de La Victoria, ahí le seguían preguntando por el arma, y escuchó que un policía dijo que su señora iba a traer el arma y se quedó callado, como a los quince minutos trajeron el arma dentro de una bolsa, y en ningún momento vio a su señora entregar nada; y seguramente lo sindican porque fue el único al que capturaron, y niega los cargos que le imputa el agraviado; que a dos cuadras de donde fue intervenido se encuentra el domicilio de su madre, de quien es su único hijo. En juicio oral, ratifica su inocencia, y mantiene su versión brindada en su declaración instructiva, señala no conocer al agraviado y que este lo sindica porque fue al único que capturaron en el lugar de los hechos; QUINTO: El Dictamen Pericial de Química Forense Nº 4279/11 que corre a fojas ciento cuarenta, determina que

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el procesado Roberto Feijoo Tovar sometido al análisis toxicológico, dosaje etílico y sarro ungueal el veintinueve de marzo de dos mil once a horas once de la mañana, arroja al análisis de drogas: positivo para cocaína, negativo para sarro ungueal, y estado normal al dosaje etílico. El Dictamen Pericial de Medicina Forense Nº 1067/11 que corre a fojas ciento cuarenta y uno, determina que a la evaluación médica el procesado Roberto Feijoo Tovar presenta herida cortante en mano derecha y lesiones contusas externas recientes en cuero cabelludo, rostro y mano derecha; SEXTO: El agraviado Luis Melcíades Huamán Soto, al declarar a nivel policial –folios quince–, manifestó ser efectivo policial en actividad, que a las dos y treinta horas aproximadamente, salió del domicilio de uno de sus familiares de la Unidad Vecinal Matute del distrito de La Victoria, y que cuando se dirigía por el jirón Abtao, fue abordado por cinco sujetos, uno de los cuales lo “cogoteó” y el resto lo despojó de su revólver Smith Wesson, su celular Sony Ericsson y la suma de trescientos cincuenta nuevos soles, y como se resistía el sujeto intervenido rompió una botella de cerveza y le lesionaron; reconoce plenamente al intervenido Roberto Feijoo Tovar como uno de los que participó en el robo en su perjuicio y que incluso le causó lesiones con un pico de botella de vidrio cuando puso resistencia, y que lo reconoce porque estuvo la mayor [parte] del tiempo a su izquierda y pudo ver cuando rompió la botella y sin medir las consecuencias le golpeaba la cabeza, precisa el agraviado que no efectuó ningún disparo; versión que ratifica en su Declaración Preventiva obrante de folios ciento treinta y uno al ciento treinta y cinco, donde reiteró que el día de los hechos se encontraba caminando por el jirón Abtao regresando a su domicilio en jirón Andahuaylas donde antes vivía, se encontraba solo y en eso vio a cinco o seis sujetos que estaban mareados, uno de ellos se le acercó con una botella, la rompió y de frente fue a su cuello y le cortó, como resistía le golpearon por la parte posterior de la cabeza dos o tres veces, y tiene cortes, dejando constancia en dicho acto que el agraviado presenta en la parte posterior de la oreja derecha un corte de seis puntos y en la parte superior de la frente a la altura de la cabellera un corte de cinco puntos, y en la parte inferior del cuello de tres o cuatro centímetros bien pronunciado, que pese a estar herido resistió pero le robaron su revólver, dinero y celular, y los sujetos se fueron corriendo haciendo disparos pese a que les gritaba para que le devuelvan su arma, que divisó a uno de los sujetos que se escondió y lo capturó y luego llegó la policía y lo llevaron al Hospital de Policía y cuando lo estaban atendiendo le llamaron de la Comisaría informándole que había sido recuperada su arma de fuego; y reconoce al acusado como partícipe del robo en su agravio porque fue a quien agarró y ese sujeto estaba mareado, y de todo el grupo fue el que le tiró la botella

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de cerveza en la cabeza; y en audiencia pública en el juicio oral, el agraviado reitera lo expresado tanto a nivel policial como ante el Juzgado y persiste en incriminar directa y categóricamente al acusado como la persona que le lesionó, narrando que fue robado por varios sujetos que se dieron a la fuga llevando su arma de fuego que se le cayó mientras oponía resistencia, que estos sujetos cogieron y se llevaron, así como llevaron su celular y su dinero, que fue informado que su arma fue recuperada; SÉTIMO: Confrontados en juicio oral el acusado con el agraviado, ambos se mantuvieron en sus dichos, el agraviado reitera que fue el acusado a quien él mismo capturó, que el procesado estuvo con el grupo que le robo, y que fue justamente el procesado quien le ocasionó lesiones; y, por su parte el acusado insiste en negar su participación en los hechos pero alega que el más agarrado del grupo era David y que solo fue una pelea, no un robo; OCTAVO: El Certificado Médico Legal Nº 019332 – L practicado al agraviado Luis Melcíades Huamán Soto el día veintinueve de marzo de dos mil once, que corre a fojas veinticuatro, precisa que a la evaluación médico legal presenta: “EXCORIACIONES LINEALES CARA LITERAL DERECHA DE CUELLO, HERIDA CORTANTE DE TRES CENTÍMETROS SUTURADA SUPRAMASTOIDEA DERECHA, HERIDA CORTANTE DE DOS CENTÍMETROS SUTURADA FRONTOPARIETAL IZQUIERDA, OCASIONADO POR AGENTE CON PUNTA Y/O FILO”, y concluye que “PRESENTA HUELLAS DE LESIONES TRAUMÁTICAS RECIENTES, que determinan una incapacidad médico legal de ocho días por dos días de atención facultativa; NOVENO: El Dictamen Pericial de Química Forense (Toxicológico - Dosaje Etílico) practicado al agraviado Luis Melcíades Huamán Soto, que corre a folios ciento cuarenta y cinco, el cual da cuenta que la toma de la muestra fue día veintiocho de marzo de dos mil once, a horas cinco con veinte minutos –los hechos se suscitaron el veintiocho de marzo del año dos mil once, siendo aproximadamente las tres y treinta horas-, y da como resultado: “ANÁLISIS DE DROGA: NEGATIVO. DOSAJE ETÍLICO: ESTADO NORMAL”; DÉCIMO: El Dictamen Pericial de Ingeniería Forense practicado al agraviado Luis Melcíades Huamán Soto, obrante en autos a folios ciento cuarenta y seis, precisa que las muestras fueron tomadas el día veintiocho de marzo de dos mil once, a horas cinco con veinte minutos, y concluye que al examen de absorción atómica arroja: “NEGATIVO para plomo, antimonio y bario”; El Dictamen Pericial de Balística Forense Nº 6296/11 practicado al arma de fuego del agraviado revólver Smith Wesson calibre treinta y ocho presenta característica de haber sido utilizado para disparos; DÉCIMO PRIMERO: El Acta de Hallazgo y Recojo, obrante en autos a folios veintiuno, en el cual indica: “PARA ARMAMENTO

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Y/O MUNICIÓN: POSITIVO. En el frontis del inmueble signado con el Nº 1279 de la Av. Abtao - La Victoria, un (01) arma de fuego revólver S. W. serie N° C-6w 456; abastecido con (05) casquillos percutados; el mismo que se encontraba en el lado izquierdo del portón del inmueble signado con el Nº 1279 –Av. Abtao– La Victoria”; DÉCIMO SEGUNDO: En juicio oral declararon dos testigos de descargo ofrecidos por la defensa del acusado: a) eugenio juvenal arguedas farro quien dijo que sus hijos son amigos del acusado, y que aquel día sus hijos fueron a una fiesta y fue a buscarlos, que al llegar vio que el acusado Roberto Feijoo Tovar llevaba abrazado a Diego por la calle Bélgica hacia Abtao, que luego vio a un hombre armado y a un sujeto que le arrebató el arma e hizo disparos que lo atemorizaron. Cabe destacar que este testigo declaró a nivel de instrucción como se ve de fojas ciento diez, donde este testigo refiere que al llegar al lugar vio que el acusado Roberto Feijoo Tovar empujaba a su amigo Diego por la calle Abato, luego vio a un grupo de personas, entre ellos a uno armado, y vio como otro sujeto le arrebató el arma y se la llevó y luego oyó como cinco disparos; b) Luis Miguel Eugenio Magallanes quien dijo laborar en la empresa Transportes Letursa S.A., y aquel día de los hechos se encontraba durmiendo al interior, cuando escuchó ruido y salió a ver como siempre que escucha ruido, observando que un chico era intervenido y apoyó cogiendo de los pies al chico mientras le ponían las marrocas, pero no vio qué sucedió antes ni cómo sucedieron los hechos porque en ese momento estaba descansando; y a nivel de instrucción declaró: c) Roxana Lissete Zavala Portocarrero –fojas ciento ochenta– quien dijo ser enamorada del procesado Roberto Feijoo Tovar y que aquel día estuvieron juntos con unos amigos en una fiesta en el local “Yataco”, y pasada la medianoche se retiraron en compañía de sus amigos Diego, a quien le dicen “Gordo Diego”, Gerardo, Ángel a quien le dicen “Bombero”, y Maycol, que al salir Diego se enfrasca en una pelea con dos sujetos, uno de ellos tenía una botella de cerveza y en plena discusión Diego le arrebata la botella de cerveza y la rompe y la avienta, Roberto cogió del brazo a Diego y lo jaló, y cuando sale un sujeto de un vehículo le cayó la botella en la parte inferior de la oreja y oyó varios disparos y se fue corriendo por Abtao, y en eso sonó su teléfono y pensó que era su enamorado Roberto Feijoo pero era un sujeto que le dijo que su marido estaba en la Comisaría de La Victoria, que vaya y entregue el fierro; y como no sabía fue hasta la Comisaría donde encontró a su enamorado golpeado; DÉCIMO TERCERO: Todo lo antes expuesto constituye indicios razonables y suficientes de la comisión por parte de los acusados del ilícito penal instruido, en atención a lo señalado por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 728-2008-PCH/TC “(...) lo mínimo que debe observarse en la

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sentencia y que debe estar claramente explicitado o delimitado son los siguientes elementos; el hecho base o hecho indiciario, que debe, como en el presente caso, estar plenamente probado (indicio); el hecho consecuencia o hecho indiciado, lo que trata de probar (delito) y entre ellos el enlace o razonamiento deductivo. Este último, en tanto que conexión lógica entre los primeros debe ser directo y preciso, pero además debe responder o sujetarse plenamente a reglas de la lógica, a las máximas de la experiencia o a los conocimientos científicos, (...). Sobre el particular, la doctrina procesal penal aconseja que debe asegurarse una pluralidad de indicios, pues su variedad permitirá controlar en mayor medida la seguridad de la relación de causalidad entre el hecho desconocido, sin embargo, también se admite que no existe obstáculo alguno para que la prueba indicarla, pueda formarse sobre la base de un solo indicio pero de singular potencia acreditada. En cualquier caso, el indicio debe ser concomitante al hecho trata de probar, y cuando sean varios deben estar interrelacionados, de modo que se refuercen entre sí, DÉCIMO CUARTO: En el caso de autos se tiene la declaración persistente y categórica del agraviado Luis Melcíades Huamán Soto de sindicar directamente y a lo largo del proceso a Roberto Feijoo Tovar como el sujeto que le ocasionó cortes en la cabeza y cuello con un pico de botella y de haber participado con otros en el robo de sus pertenencias, entre ellas su arma de fuego; versión que se ve corroborada con a) el testimonio de descargo de Eugenio Juvenal Arguedas Farro, quien afirma que vio como hubo un enfrentamiento, herían a un sujeto –agraviado– en tanto otro sujeto le despojó de un arma con la que hizo disparos al aire; b) el testimonio de la testigo Roxana Lissete Zavala Portocarrero, enamorada del procesado Feijoo Tovar quien afirma que el grupo de amigos que iba con ella y su pareja, el acusado, se enfrentó a otro, y que luego de huir ella del lugar, recibió una llamada telefónica en la que le pedían devuelva un arma de fuego, sustraída al agraviado; c) la versión primigenia del mismo procesado Feijoo Tovar, quien afirma que el arma de fuego sustraída al agraviado fue traída a la Comisaría por su pareja Roxana Lissete Zavala Portocarrero, con quien previamente se comunicó por teléfono celular, siendo ella quien le dijo que el arma la tenía Maycol Flores y se la iba a pedir; d) tanto el procesado Roberto Feijoo Tovar como su pareja Roxana Lissete Zavala Portocarrero, han afirmado que momentos previos a los hechos estuvieron en una fiesta en compañía de varios amigos, entre ellos Maycol Flores, con lo cual queda acreditada la versión preliminar del procesado Feijoo Tovar en cuanto a que el arma la tendría Maycol Flores; e) el agraviado afirma que el arma de su propiedad le fue devuelta en la Comisaría; siendo del caso precisar que si tenemos en consideración que la declaración de estos se condice con lo dispuesto

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en el Acuerdo Plenario Nº 2-2005/C7-116, respecto a los criterios de valoración de la declaración de un agraviado cuando este sea el único testigo, por lo que lo manifestado por los ya citados tiene entidad de prueba válida y por ende virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del recurrente, al no advertirse razones objetivas que invaliden lo señalado por ellos; DÉCIMO QUINTO: Que a estas pruebas directas se suman los indicios concomitantes de mala justificación y contradictorias que ha proporcionado el procesado Roberto Feijoo Tovar, en sus declaraciones, con las que incluso contradice la versión de su testigo de descargo Eugenio Juvenal Arguedas Farro, quien ante la autoridad jurisdiccional dice haber visto al encausado Feijoo Tovar retirarse por la calle Abtao llevando del brazo a su amigo Diego, sin embargo, el mismo procesado ha afirmado que fue detenido detrás de un parapeto en una obra de construcción donde se había escondido, o sea el mismo encausado desdice a su testigo con su versión preliminar brindada en presencia del señor Fiscal Provincial y de su abogado defensor conforme consta de las actas de fojas diecisiete; teniendo la primigenia declaración del procesado, validez por haber sido brindada en presencia del representante del Ministerio Público, y de su abogado defensor en observancia del debido proceso, conforme la exigencia de la Ejecutoria Suprema R.N. Nº 3044-2004 de fecha uno de diciembre de dos mil cuatro; DÉCIMO SEXTO: Tal como se ha precisado en el caso de autos se configuran los supuestos anotados para que la declaración del agraviado Luis Melcíades Huamán Soto, detente entidad para ser considerada prueba válida de cargo, y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del acusado Roberto Feijoo Tovar; en efecto, tanto a nivel policial como ante el Juzgado y en el juicio oral el citado agraviado ha sindicado al acusado Roberto Feijoo Tovar como el sujeto que le ocasionó lesiones con una botella de cerveza en la cabeza, en tanto los otros sujetos con los que se encontraba le robaron su teléfono celular, dinero en efectivo y su arma de fuego, pese a la resistencia que opuso, encontrándose acreditadas las lesiones con el precitado Certificado Médico Legal Nº 019332 – L que acredita que las lesiones sufridas por el agraviado Luis Melcíades Huamán Soto han sido ocasionadas por agente con punta y/o filo, lo cual concuerda y confirma las agresiones descritas por el agraviado, ocasionadas por el pico de botella con el cual afirma, fue atacado por el procesado, siendo de destacar que el citado agraviado fue evaluado por los médico legistas el día veintinueve de marzo de dos mil once; asimismo, se tiene que el Dictamen Pericial de Química Forense (Toxicológico - Dosaje Etílico) practicado al agraviado Luis Melcíades Huamán Soto el día veintiocho de marzo de dos mil once, al dar como resultado negativo para análisis de droga, y estado normal al dosaje etílico, desvirtúa la

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coartada del procesado Roberto Feijoo Tovar cuando afirma que la persona del agraviado se encontraba tomando con otras tres personas en el momento de los hechos; y con el Dictamen Pericial de Ingeniería Forense practicado al agraviado Luis Melcíades Huamán Soto, el día veintiocho de marzo de dos mil once, al determinar que al examen de absorción atómica arroja: “NEGATIVO para plomo, antimonio y bario”, evidencia que el agraviado no efectuó disparos con arma de fuego; y por el contrario la versión del procesado Roberto Feijoo Tovar denota contradicción y mala justificación ya que a nivel preliminar refiere haber estado en compañía de su conviviente y conocidos y que uno de sus conocidos de nombre Diego, que integraba el grupo se alejó dirigiéndose a un grupo de tres sujetos que consumían licor, y que fue Diego quien cogió la botella de cerveza y la rompió, suscitándose un pugilato con esos sujetos y uno de ellos hizo disparos al aire mientras llevaba consigo a su amigo Diego, a quien el acusado le atribuye las acciones que el agraviado le imputa directamente; siendo de destacar que el procesado a nivel policial dijo que su conviviente fue quien trajo el arma del agraviado, versión que si bien a nivel de Juzgado varía en el sentido de que oyó en la Comisaría que ella traería el arma del agraviado porque un tal Maycol Flores la tenía, lo evidente es que se encuentra acreditado que el agraviado fue despojado de su arma de fuego, y que luego le fue entregada en la Comisaría; DÉCIMO SÉTIMO: Que siendo así ha quedado establecido que los hechos incriminados son constitutivos de delito de ROBO AGRAVADO con las agravantes de haber sido perpetrado durante la noche, a mano armada y con el concurso de más de dos personas, previsto y penado en el artículo ciento ochentiocho como tipo base con la agravante de los incisos dos, tres y cuatro del primer párrafo del Código Penal, siendo del caso precisar que la agravante prevista en el inciso primero del segundo párrafo del Código Penal no se encuentra acreditado que las lesiones sufridas por el agraviado pusieran en peligro su vida, ya que él mismo ha reconocido que la lesión en el cuello fue superficial y que los médico legistas determinaron solo una incapacidad para el trabajo de ocho días; DÉCIMO OCTAVO: Que para los efectos de la determinación de la pena a imponer es necesario tener en consideración el principio de proporcionalidad y racionalidad de la pena que rige nuestro sistema penal, consagrado en el numeral Octavo del Título Preliminar del Código Penal; las circunstancias del evento instruido, las carencias sociales del acusado; que este no registra anotaciones en su boletín de condenas de fojas ciento cinco, teniendo la calidad jurídica de primario; asimismo; atendiendo a los fines de resocialización 12 de la pena; DÉCIMO NOVENO: Que para los efectos de establecer el quántum de la reparación civil se debe tener en consideración no solo el desmedro

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patrimonial, y la afectación psicológica ocasionada a la parte agraviada, de modo tal, que el monto de la reparación civil satisfaga los fines resarcitorios que le son propios conforme lo previsto en el numeral noventidós del Código Penal; POR TALES FUNDAMENTOS y en aplicación de los artículos once, doce, veintitrés, cuarenticinco, cuarenta y seis, noventidós, noventitrés, artículo ciento ochenta y ocho, en su tipo base con las circunstancias agravantes de los incisos dos, tres y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve, y el inciso primero del segundo párrafo del citado artículo del Código Penal, en concordancia con los artículos doscientos ochentitrés y doscientos ochenticinco del Código de Procedimientos Penales, MI VOTO es por CONDENAR a Roberto Feijoo Tovar como autor del delito contra el Patrimonio –Robo Agravado– en agravio de Luis Melcíades Huamán Soto, a DOCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA que computada desde el día veintiocho de ‘marzo del dos mil once (ver folios trece), deberá vencer el día veintisiete de marzo del año dos mil veintitrés; y se FIJE en la suma de TRES MIL NUEVOS SOLES el monto de la reparación civil que deberá de abonar el sentenciado a favor del agraviado, y consentida y/o ejecutoriada que sea, se inscriba, se registre y se archive, con aviso al juez de la causa. S. Rita MEZA WALDE - Juez Superior - D.D.

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018. Robo agravado en grado de tentativa: Acreditación por conclusión anticipada del proceso Con el reconocimiento formulado por el acusado en este juicio oral, se acredita la configuración de los hechos sustentadores del delito de robo agravado en grado de tentativa, así como su responsabilidad penal del acusado presente, pues en el presente caso, la solicitud de acogimiento o la Ley Nº 28122 se ha efectuado antes de iniciarse propiamente el periodo probatorio del juicio oral, por lo que siendo así, este Tribunal, no puede agregar ni reducir los hechos o circunstancias descritos por la Fiscalía y aceptado por el procesado y su defensa. Tampoco puede pronunciarse acerca de la existencia o no de los elementos de convicción. Corte Superior de Justicia de Lima SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES Expediente Nº 601-08 D.D. Dra. Placencia Rubiños

San Juan de Lurigancho, 17 de octubre de 2012 VISTO: En Audiencia Pública, la causa penal seguida contra el acusado Adison Renso Inostroza López cuyas generales de Ley obran en por delito contra el Patrimonio –Robo Agravado en grado de tentativa–, en agravio de Raúl Gustavo Murga Herrera. ANTECEDENTES: Que, a mérito del Atestado número cuatrocientos ochenta y cinco - dos siete siguientes, se formaliza denuncia penal contra el precitado acusado por el delito y agraviado mencionado, a cuyo mérito el Juzgado Penal emite el correspondiente Auto Apertura de Instrucción; que, tramitada la causa según su naturaleza ordinaria, se emitieron los informes del señor Fiscal Provincial y del a quo, se elevaron los autos a esta Superior Sala Penal, remitiéndose los mismos a la Vista del Señor Fiscal Superior, quien emite su acusación escrita, por lo que

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esta Superior Sala emite el Auto Superior de Enjuiciamiento, declarando Haber Mérito a pasar a Juicio Oral contra el precitado acusado; que, señalando día y hora para llevar adelante la Audiencia Pública, esta se inicia entro de los cánones establecidos, siendo que al poner en conocimiento del acusado Adison Renso Inostroza López los alcances del artículo quinto de la Ley número veintiocho mil ciento veintidós, manifestó acogerse a la misma, por lo que siendo así, este Superior Colegiado declaró la Conclusión Anticipada del proceso, habiendo llegado el momento procesal correspondiente sentencia; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que conforme fluye del dictamen acusatorio de fojas ciento cuarenta y tres, se imputa al acusado Adison Renso Inostroza López el hecho acontecido el 5 de setiembre de 2007, aproximadamente a las trece horas con cincuenta minutos, en circunstancias que el agraviado transitaba a bordo de un vehículo lineal (mototaxi), con Placa de Rodaje MCG - 15444, de propiedad de Raymundo Poma Sánchez, por la avenida San Luis y Pablo Patrón en el distrito de La Victoria, fue interceptado por tres sujetos que a bordo de un mototaxi, le cerraron el paso, bajando dos de ellos, empleando la modalidad del cogote, lo hicieron caer al suelo, donde el procesado premunido de una piedra, lo golpeó en la cabeza, ocasionándolo una herida, intentando llevarse la moto del agraviado, siendo impedido por el agraviado y unos transeúntes que detuvieron al acusado hasta que llegó la policía. SEGUNDO: Que, la Conclusión Anticipada del proceso –para el presente caso del debate oral– es un mecanismo procesal que reduce los actos procesales a realizarse a nivel de juicio oral(8), entendiéndose que quien recurre a este instituto procesal mediante la “confesión sincera”(9), previsto en el artículo quinto de la Ley veintiocho mil ciento veintidós, únicamente acepta en ese trámite ser autor o partícipe del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil, correspondiendo en realidad a la llamada “conformidad”(10).

(8) SAN MARTIN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. T. II, Editorial Grijey, Lima, 2003, p. 847. (9) El artículo quinto de la Ley veintiocho mil ciento veintidós al aludir a la “confesión sincera” en rigor entiende únicamente aceptar en ese trámite ser autor o partícipe del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil, de modo que en este caso no cabe concordarlo necesariamente con el artículo 136 del Código de Procedimientos Penales o con el artículo uno, numeral tres, de la citada Ley. (10) Ejecutoria vinculante de la Sala Suprema Permanente, 21 de setiembre de 2004. Causa 1766-2004.

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TERCERO: En el presente caso, con el reconocimiento formulado por el acusado en este Juicio Oral, se acredita la configuración de los hechos sustentadores del delito de Robo Agravado en grado de tentativa, así como la responsabilidad penal del acusado presente, pues en el presente caso, la solicitud de acogimiento o la Ley veintiocho mil ciento veintidós se ha efectuado antes de iniciarse propiamente el periodo probatorio del Juicio Oral, por lo que siendo así, este Tribunal, no puede agregar ni reducir los hechos o circunstancias descritos por la Fiscalía y aceptado por el procesado y su defensa. Tampoco puede pronunciarse acerca de la existencia o no de las o elementos de convicción(11). CUARTO: Que, el delito de Robo Agravado, imputado al acusado, exige su materialización, que el agente se apodere ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, aprovechándose de él, luego que lo sustrajera de un peligro inminente para la vida o integridad física de la víctima; requiriéndose además como elemento subjetivo, el dolo, esto es, el conocimiento y voluntad de su realización. QUINTO: Que, para los efectos de fijarse la pena a imponerse debe tenerse en cuenta: En Primer Lugar: Debe garantizarse que la sanción penal guarde correlación con el injusto penal y la culpabilidad del agente, considerando los fines de prevención general y prevención especial. En relación a la pena no debe olvidarse que cumple una función preventiva, protectora y resocializadora, la misma que al momento de imponerse deberá ser aplicada en atención al Principio de Proporcionalidad y Razonabilidad, que debe ir en concordancia con los indicadores y circunstancias a que se contrae los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal; En Segundo Lugar: Las condiciones personales del acusado; debiendo tenerse presente además la naturaleza del mismo, la forma, el modo y circunstancias en que ocurrieron los hechos, y el medio social en que se han desenvuelto; En Tercer Lugar: Tenemos que el acusado a la fecha de la comisión de los hechos contaba con diecinueve años de edad, conforme se advierte en la ficha de identificación emitida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de fojas ciento cuarenta y cuatro, por lo que resulta de aplicación al presente caso el beneficio procesal de reducción de pena conocido como “imputabilidad restringida por razón de la edad”, previsto en el numeral veintidós del Código Penal; En Cuarto Lugar: Por haberse acogido a la

(11) Acuerdo 1) IV Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente Transitorias y Especial. Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116, Asunto: Nuevo Conclusión Anticipada; Acuerdo 2).

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confesión sincera contenida en la Ley veintiocho mil ciento veintidós y por ende, a los beneficios que ella contiene, así como el arrepentimiento que ha señalado en el Acto Oral al amparo del principio de inmediación, y a la circunstancia que el ilícito en cuestión quedó en grado de tentativa; consecuentemente, el Colegiado considera que una pena con carácter suspendida y por debajo del mínimo legal, hará viable el cumplimiento del fin preventivo del Derecho Penal, constituyendo una oportunidad que el Estado a través del órgano jurisdiccional brinda al acusado. Es así, que la suspensión de la ejecución de la pena tiene como fin eludir o limitar la ejecución de penas privativas de libertad de corta o mediana duración –es decir, evitar el probable efecto corruptor de la vida carcelaria, básicamente en los delincuentes primarios, en casos que la corta duración de la pena no permite un efectivo tratamiento resocializador(12)–, por lo que se busca fortalecer el efecto preventivo especial de la misma a delincuentes de poca peligrosidad o que han cometido hechos delictivos que no revisten una mayor gravedad. Se le califica de un medio sumamente razonable y flexible para ejercer una influencia resocializadora sin privación de la libertad. SEXTO: De otro lado, para determinar un monto en la Reparación Civil se debe tener presente lo dispuesto por la Corte Suprema de la República en el Recurso de Nulidad número doscientos dieciséis - dos mil cinco, de fecha 14 de abril de 2005, que señala que esta importa el resarcimiento del bien o indemnización por quien produjo el daño delictivo, cuando el hecho afectó los intereses particulares de la víctima, que conforme lo estipulado por el artículo noventa y tres del Código Penal, la reparación civil comprende: a) la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y b) la indemnización de los daños y perjuicios. Por estas consideraciones y en aplicación de los artículos seis, once, doce, dieciséis, veintidós, veintitrés, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, noventa y dos, noventa y tres, ciento ochenta y ocho y los incisos tres, cuatro y siete del primer párrafo del ciento ochenta y nueve del Código Penal, concordado con los artículos doscientos ochenta y tres, doscientos ochenta y cinco y doscientos ochenta y seis del Código de Procedimientos Penales; así como el artículo quinto de la Ley número veintiocho mil ciento veintidós; la Segunda Sala

(12) Resolución Administrativa N° 321-2011-P-PJ - Circular para la debida aplicación de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad. Lima, 8 de setiembre de 2011.

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Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, impartiendo justicia a nombre de la Nación: FALLA: CONDENANDO a Adison Renso Inostroza López como autor del delito contra el Patrimonio –Robo Agravado en grado de tentativa–, en agravio de Raúl Gustavo Murga Herrera; imponiéndole CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD SUSPENDIDA condicionalmente por el periodo de prueba de TRES AÑOS, con las siguientes reglas de conducta: Primero: prohibición de frecuentar lugares de dudosa reputación; Segundo: prohibición de ausentarse del domicilio donde reside sin autorización judicial; Tercero: comparecer personal y obligatoriamente cada noventa días al Juzgado de Origen para informar y justificar sus actividades; Cuarto: respetar el patrimonio ajeno; todo ello bajo apercibimiento de aplicársele el artículo . FIJARON: El pago de DOSCIENTOS nuevos soles por concepto de reparación civil, que deberá abonar a favor del agraviado. MANDARON: Que consentida o ejecutoriada que sea la presente, se inscriba en el Registro respectivo, expidiéndose los boletines y testimonios de condena y archivándose definitivamente los autos; con conocimiento del Juez de la causa. SS. Biaggi Gómez - Presidente Placencia Rubiños - Juez Superior y D.D. Quezada Muñante - Juez Superior

Expediente Nº 601-08 D.D. Dra. Placencia Rubiños

En San Juan de Lurigancho, siendo las nueve y veinte de la mañana del día diecisiete de octubre del año dos mil doce, se reunieron los miembros de la SEGUNDA SALA PENAL ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, integrada por los Señores jueces Julio Enrique Biaggi Gómez –Presidente–, Liliana Del Carmen Placencia Rubiños –Juez Superior y Directora de Debates–, y Raúl Emilio Quezada Muñante –Juez Superior–, a fin de dar inicio a la Audiencia Pública, en el proceso seguido contra Adison Renso Inostroza López por el delito contra el Patrimonio –Robo Agravado en grado de tentativa–, en agravio de Raúl Gustavo Murga Herrera.

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Presente el Representante del Ministerio Público, doctor Luís Alberto Pajares Rubiños. Presente la Secretaria y el Relator. Presente el acusado Adison Renso Inostroza López quien no cuenta con abogado defensor, por lo que, la Dirección de Debates le preguntó si deseaba ser asesorado por el Defensor Público, a lo que respondió que sí acepta la defensa del Defensor, por lo que la Sala designó como su abogado al doctor Carlos Luis Gadea Márquez con Registro del Colegio de Abogados de Lima número nueve mil novecientos setenta y cuatro. Acto seguido, la señora Directora de Debates precisó a las partes procesales el estadio procesal correspondiente al ofrecimiento de nuevas pruebas; procediendo a preguntar seguidamente tanto al señor Fiscal Superior como al abogado del acusado, si tienen nueva prueba que ofrecer; los mismos manifestaron que ninguna. Continuando con el desarrollo del Juicio Oral, la señora Directora de Debates, invita al señor Fiscal Superior a fin de que exponga los términos de su acusación de manera sucinta, quien lo hizo de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos cuarenta y tres del Código de Procedimientos Penales. Seguidamente, la señora Directora de Debates procedió a tomar las GENERALES DE LEY del acusado Adison Renso Inostroza López, quien manifestó llamarse como está escrito, con documento nacional de identidad número cuatro seis siete seis cuatro nueve seis cinco, nacido el tres de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, de veinticuatro años de edad, natural de Lima, hijo de don Rómulo y de doña Gloria, con grado de instrucción Tercero de secundaría, estado civil soltero, sin hijos, de religión católico, no registra tatuaje ni cicatrices a la vista, desempleado, no consume drogas, no sufre de enfermedad infecto contagioso; de características físicas tez trigueño, cabello lacio negro, ojos negros, labios delgados, con domicilio en la manzana B, lote Ocho - Asentamiento Humano Juan Landázuri - San Juan de Lurigancho. Seguidamente, la señora Directora de Debates EXHORTA al acusado Adison Renso Inostroza López, para que declare con la verdad a las preguntas que se le van a formular en esta audiencia por ser su mejor medio de defensa.

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Seguidamente, hace de conocimiento, los alcances del artículo quinto de la ley veintiocho mil ciento veintidós, sobre Conclusión Anticipada de los Debates Orales, por lo que se le preguntó: ¿Acepta ser autor o partícipe del delito materia de la acusación y responsable de la reparación civil?; el acusado luego de consultar con su abogado defensor, DIJO: que sí se considera responsable de los hechos que se le imputa y que se encuentran muy arrepentido de haber cometido ese delito. Corrido traslado al señor Fiscal Superior, opinó que no tiene objeción con la conclusión anticipada del proceso. En este estado, se concede el uso de la palabra al abogado de la defensa a efectos de que alegue lo pertinente respecto de la pena y reparación civil a imponerse; el mismo se expresó en los siguientes términos: La defensa manifiesta conformidad con lo expresado por el acusado, conforme ha manifestado su decisión de acogerse a los alcances de la institución de la conclusión anticipada del Juicio Oral; asimismo, señores Jueces Superiores mi patrocinado se encuentra arrepentido y solicita que se le dé una nueva oportunidad; a efectos de la reducción de la pena solicito se tenga en cuenta que el delito no se consumió y que mi patrocinado a la fecha de los hechos tenía responsabilidad restringida de conformidad con el artículo veintidós del Código Penal, por todo lo expuesto, la defensa solicita se le imponga una pena mínima con carácter suspendida, así como una adecuada reparación civil de acuerdo a sus posibilidades. A continuación, la señora Directora de Debates preguntó al acusado si se encuentra conforme con lo alegado por su abogado defensor y/o si tiene algo más que agregar, quien dijo: que se encuentra conforme, agregando que se encuentra arrepentido de su conducta delictiva. Seguidamente, estando a la confesión sincera del acusado Adison Renso Inostroza López, así como la conformidad de su defensa y del señor Fiscal Superior. El Colegiado declaró LA CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL DEBATE ORAL. Acto seguido, la audiencia se suspendió por breve término y reabierta que fue la sesión, se dispuso dar lectura a la Sentencia, la misma que en su parte resolutiva FALLA: CONDENANDO a Adison Renso Inostroza López como autor del delito contra el Patrimonio –Robo Agravado en grado de tentativa–, en agravio de Raúl Gustavo Murga Herrera; imponiéndole CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD SUSPENDIDA condicionalmente por el periodo de prueba de TRES AÑOS, con las siguientes reglas de conducta:

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Primero: prohibición de frecuentar lugares de dudosa reputación; Segundo: prohibición de ausentarse del domicilio donde reside sin autorización judicial; Tercero: comparecer personal y obligatoriamente cada noventa días al Juzgado de Origen para informar y justificar sus actividades: Cuarto: respetar el patrimonio ajeno; todo ello bajo apercibimiento de aplicársele el artículo cincuenta y nueve del Código Penal; FIJARON: El pago de DOSCIENTOS nuevos soles por concepto de reparación civil, que deberá abonar a favor del agraviado; MANDARON: Que consentida o ejecutoriada que sea la presente, se inscriba en el Registro respectivo, expidiéndose los boletines y testimonios de condena y archivándose definitivamente los autos: con conocimiento del Juez de la causa. Seguidamente, se le preguntó al sentenciado Adison Renso Inostroza López, si se encuentra conforme con la sentencia leída, o si se reserva el derecho o interpone recurso de nulidad, el mismo que previa consulta con su respectivo abogado defensor, manifestó estar CONFORME. Luego se le ha preguntado al Señor Fiscal Superior, si se encuentra conforme, con la sentencia dictada, o si se reserva el derecho o interpone recurso de nulidad: Manifestó que se encuentra CONFORME. Seguidamente, estando a que las partes procesales no han interpuesto recurso de Nulidad, DECLARARON CONSENTIDA la sentencia que antecede. Con lo que concluyeron los presentes debates orales, después que fue leída, aprobada y firmada la presente acta fin sin observaciones, de lo que doy fe.

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019. Robo agravado en grado de tentativa: Agentes fueron intervenidos por la policía Respecto de si el hecho llegó al estado de consumación o se quedó en grado de tentativa, se tiene que de la propia redacción de los hechos probados que se atribuye al acusado se concluye claramente que estos se quedaron en el grado de tentativa debido a que los partícipes del hecho, luego que despojaron al agraviado de los bienes objeto del robo, inmediatamente fueron objeto de persecución por la autoridad policial, siendo intervenidos y recuperados los bienes objeto de sustracción. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Primera Sala Penal para procesos con Reos en Cárcel Expediente Nº 50038-2004 DD. Salinas Siccha SENTENCIA

Lima, 4 de diciembre de 2012 VISTOS: En audiencia pública, la causa penal seguida contra el acusado Herminio Rosales Ortuza, cuyas generales de ley corren en autos, por la comisión del delito contra patrimonio en su modalidad de robo agravado en agravio de la Empresa de Transportes Carbajales Unidos S.A.C., Ripley, Die Publicidad y Servicios Generales, Edu John Alcántara Hinostroza, Eder Zevallos Lavado y Lincoln Joel Llanos Sánchez. RESULTA DE AUTOS: Que, a mérito del atestado policial de fojas dos y 7 siguientes, el representante del Ministerio Público formaliza denuncia penal de fojas ochenta y dos, y se dictó el auto de procesamiento de fojas Ochenta y seis, que tramitada la causa de acuerdo a su naturaleza, con el dictamen fiscal e informe final del Juez de Primera Instancia, se elevó los actuados a la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de Lima quien lo remitió al despacho de la Señora Fiscal Superior, la misma que formuló la acusación escrita de fojas cuatrocientos cincuenta y tres, obrando el Auto Superior de Enjuiciamiento a fojas cuatrocientos sesenta y ocho, señalándose la fecha de inicio del juicio oral, el mismo que llevado a cabo dentro de los parámetros legales finalizó con sentencia de fojas quinientos tres acusados Gilmer Fabio Perlacios Meléndez

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y Richard Augusto Bejares Arana y se RESERVÓ el proceso en contra de los acusados Luis Antonio Samaniego Cabezas y Herminio Rosales Ortuza. Luego se dicta la sentencia de fojas quinientos cuarenta y seis a Luis Antonio Samaniego Cabezas y se dispone la RESERVA del proceso en contra del acusado Rosales Ortuza. Luego, con fecha 16 de mayo de 2012 es intervenido el acusado citado que tenía la condición de reo ausente, señalándose día y hora para el inicio del presente juicio oral tal como aparece a fojas seiscientos diecinueve, llevándose a cabo el juicio dentro de los parámetros procesales vigentes, escuchados los alegatos del titular de la acción penal, así como los alegatos de la defensa, cuyas conclusiones obran en pliegos separados que se tienen a la vista, se dio por cerrado el debate y el Colegiado pasó a deliberar, luego de lo cual se procede a elaborar la presente sentencia; y CONSIDERANDO: PRIMERO: HECHOS QUE SE ATRIBUYE AL ACUSADO: Aparece de la acusación escrita obrante en los actuados los siguientes hechos: el 20 de diciembre de 2003, aproximadamente a las once horas con treinta minutos, en circunstancias que el camión de placa XO-3176, conducido por Luis Samaniego Cabezas, quien se encontraba junto a Jimmy Ruis Chuquiyuri y Segundo Vallejos Cueva, se encontraba trasladando diversos artefactos de Ripley, repartiendo a domicilio, por inmediaciones del parque zonal Huayna Cápac de Villa El Salvador, fueron interceptados por una combi de color blanco, de donde descendieron dos sujetos con armas de fuego, haciendo bajar a los ocupantes del camión y les hicieron subir a la combi, conduciéndoles hasta el cementerio de Pamplona Alta, donde los dejaron amarrados; en tanto que el camión materia de sustracción estando a la altura del Puente Primavera, es perseguido e intervenido por personal policial y reducido Perlacios Meléndez a quien se le incautó un arma de fuego. Por otro lado, el 22 de diciembre de 2003 a las nueve horas aproximadamente en circunstancias que el agraviado Llanos Sánchez, sale del almacén de Ripley de Villa el Salvador, conduciendo el camión de placa XO-4213 de propiedad de Carbajales Unidos, transportando artefactos, estando a la altura de la avenida Prolongación Pedro Miotta, se congestionó el tráfico, en tales circunstancias aparecen tres sujetos provistos de armas de fuego quienes se suben al vehículo y reducen a los ocupantes. Por último, con fecha 16 de diciembre de 2003, en circunstancias que Raúl Gil Cajal chofer de la empresa Die Publicidad y Servicios Generales, se desplazaba en la camioneta de placa PII‑817 color blanco hacia los almacenes de Ripley de Villa el Salvador, al llegar a la avenida Mateo

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Pumacahua fue interceptado por un Tico de color blanco, sin placa, de donde desciendes tres sujetos con armas de fuego, encañonando al chofer para luego sustraerse una trotadora eléctrica para gimnasio para luego darse a la fuga. SEGUNDO: TIPO LEGAL POR EL QUE SE ACUSA: Los hechos antes descritos, el titular de la acción penal lo ha tipificado como delito de robo agravado, tipificado en el artículo 188 como tipo base, concordante con las agravantes descritas en los incisos 2, 3, y 4 del primer párrafo, así como la agravante descrita en el último párrafo del artículo 189 del Código Penal. TERCERO: POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO: La representante del Ministerio Público al efectuar su correspondiente requisitoria oral ha argumentado que se ha acreditado la comisión de los delitos así como la responsabilidad de los acusados pues se le imputa al acusado que con fecha 20 de diciembre de 2003, siendo aproximadamente las once horas con treinta minutos, en circunstancias que el camión de placa de rodaje XO-3176, manejado por el procesado Luis Antonio Samaniego Cabezas, estando acompañado de Jimmy Alexander Ruiz Chuquiyuri y Segundo Samuel Vallejos Cueva, se encontraban trasladando diversos artefactos y muebles del almacén de la empresa Ripley, por un monto aproximado de diez mil dólares americanos, con la finalidad de realizar el reparto a domicilio en el distrito de Santiago de Surco, por inmediaciones del Parque Zonal Huayna Cápac del distrito de Villa El Salvador, antes de ingresar a la Panamericana Sur, fueron interceptados por una combi color blanco, de donde descendieron dos sujetos utilizando armas de fuego, hicieron bajar del referido camión a sus ocupantes a quienes les hicieron abordar la mencionada combi, conduciéndoles hasta el cementerio de Pamplona Alta donde los dejaron amarrados con pasadores en sus manos y en sus pies; en tanto el camión materia de sustracción se encontraba por inmediaciones del Puente Primavera, siendo este perseguido e intervenido por efectivos policiales por el puente El Derby, donde fueron reducidos los inculpados Daniel Gutiérrez Méndez o Gilmer Fabio Perlacios Meléndez incautándosele una pistola calibre 3.80 marca Lorcin, plateada con número limado, con una cacerina y abastecida con cinco cartuchos sin percutar, así como siete envoltorios de papel manteca conteniendo PBC. Por otro lado, el día 22 de diciembre de 2003 a las nueve horas aproximadamente, en circunstancias en que el agraviado Lincoln Joel Llanos Sánchez, sale del almacén (Centro de Distribución Ripley), sito en la Avenida El Sol Nº 2241 - Villa El Salvador, conduciendo el camión Hyundai color blanco de placa XO-4213 de propiedad de la Empresa Carbajales Unidos quien le brinda servicios a Ripley, que dicho

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camión transportaba artefactos electrodomésticos, siendo el caso que al estar con el vehículo indicado a la altura de la Avenida Prolongación Pedro Miotta por el Parque Zonal Huayna Cápac, ingresando a la Panamericana Sur a horas nueve y veinte aproximadamente se congestionó el tránsito vehícular, apareciendo tres sujetos provistos de armas de fuego, uno de ellos se colgó en la puerta del piloto y los otros dos ingresaron al vehículo por al puerta del copiloto encañonándolos y reduciendo a los dos ayudantes. Por último con fecha 16 de diciembre de 2003, en circunstancias que Raúl Gil Cajal (chofer) de la Empresa DIE Publicidad y Servicios Generales se desplazaba en el vehículo camioneta furgón de placa de rodaje PII-817 de marca Hyundai color blanco desde el distrito de Miraflores hacia los almacenes Ripley de Villa El Salvador, en sentido de oeste a este, fue interceptado por un automóvil Tico Daewoo de color blanco sin placas de rodaje, de donde descendieron tres sujetos con armas de fuego, reduciendo y encañonando al chofer, para luego violentar los seguros del vehículo, sustrayendo una trotadora eléctrica para gimnasio, colocándola en la maletera del Tico, dándose a la fuga con dirección al distrito de San Juan de Miraflores. Así también obra en autos a fojas cincuenta y tres el acta de reconocimiento fotográfico por parte del procesado Gilmer Fabio Perlacios Meléndez, quien reconoce plenamente al acusado Herminio Rosales Ortusa, como la persona que planificó y reunió a la gente conjuntamente con el conocido como Gallo para perpetrar el robo del día 20 de diciembre de 2003, al camión que transportaba mercadería de las tiendas Ripley, siendo este ayudante de las tiendas en mención que había coordinado con el chofer para que facilite el robo. CUARTO: POSICIÓN DE LOS ACUSADOS ANTE LA ACUSACIÓN: El acusado Rosales Ortuza, durante el desarrollo del juicio oral ha negado haber participado en el delito objeto de acusación. En efecto, ha señalado que al tiempo de los hechos trabajaba en la empresa UNAS, Carbajales Unidos Sociedad Anónima, era ayudante de camión de carga, a Ripley se hacía el servicio de transporte de carga, no ha participado en robos, solo lo sindican, conoció a Perlacios Meléndez de vista cuando la Municipalidad organizaba campeonatos, no conoce a Augusto Arana, sí conoce a Samaniego Cabezas debido a que era chofer de Cunsa, no se ha reunido con ellos, Samaniego Cabezas le propuso simular un robo, no le dio importancia, en la simulación Samaniego como chofer iba a hacer su teatro y el declarante como ayudante iba hacerse el loco, dejar que robe y después le dijo todo era una broma, no sabe manejar armas, no es cierto la sindicación de Perlacios Meléndez, y el carro que fue objeto de robo el 20 de diciembre estaba siendo conducido por Samaniego Cabezas en donde el

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declarante no era ayudante, del robo tomó conocimiento cuando fue a su centro de trabajo, fue amenazado con un arma para que no vaya a trabajar debido a que le iban a hacer preguntas, por lo que se fue a una iglesia cristiana. En su defensa material dijo que se considera inocente. QUINTO: La posición del acusado ha sido asumida por su abogado defensor al formular su alegato final que concluyó solicitando la absolución de su patrocinado en mérito a que la defensa discrepa de la acusación fiscal por el hecho ocurrido el 20 de diciembre de 2003, en mérito a una sindicación por el procesado Perlacios Meléndez y el señor Bejares Arana quienes se acogen a la conclusión anticipada y son sentenciados a la pena de nueve años de pena privativa de la libertad, sin embargo es de verse de autos que existen cinco declaraciones de cada uno de los procesados y en cada una de sus declaraciones son totalmente divergentes, en cada diligencia dan versiones totalmente contradictorias, así en el acta de entrevista el señor Bejares dice que conoce a Perlacios hace tres meses y medio y que el día viernes 19 de 2003 se reunieron con Perlacios por Santa Anita y con un sujeto que tenía un tatuaje en la oreja izquierda y afirma que Perlacios le ofrece pagar cien nuevos soles y quedaron en encontrarse en el puente de Santa Anita entre las ocho u ocho y media, dice tomamos una combi hasta el Paradero Amauta, Gilmer se fue con una combi luego regresó después de dos horas y media manejando un camión, sobre paró y le dijo que suba; señala que su co procesado Perlacios Meléndez, el día 20 de diciembre de 2003 a las ocho horas le fue a buscar a su casa su amigo Juan y le manifestó que hay un carro para manejar que estaba estacionado en Villa El Salvador, se dirigieron en una combi en la cual se encontraba su coprocesado, a las nueve y media él se quedó solo, a la hora y media regresó el tal gringo refiriéndose a Bejares y le dijo que se llevara el camión, subió como chofer y él como copiloto, a Bejares lo conoce por intermedio de un tal Juan, no conoce su domicilio y le iban a pagar quinientos nuevos soles; que refieren en el acta de reconocimiento, para empezar en el acta de reconocimiento no se señala de los coprocesados las características particulares de su patrocinado para efectos de identificarlo, es más, no se podría advertir si estas personas a quienes menciona, tres de las cuales hace mención solo el color de la ropa, no podríamos precisar si tienen alguna similitud con las características de su patrocinado, es decir no reúne los requisitos que establece el Código; en su manifestación policial ambos ahora sentenciados difieren, Bejares sigue sosteniendo que el 19 de diciembre se encontró con Gilmer y dice Herminio Rosales le preguntó al tal Gallo si la chamba iba a ser o no, y sin haberle dado su número le llama en la noche a las diez y quince y al día siguiente

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se encontraron con Gilmer y tomaron una combi para que les trasladen al paradero Amauta de San Juan de Miraflores donde baja el declarante, y Giimer se dirige hacia el sur y el que daba órdenes era el tal Gallo, que dice Perlacios, él señala que el 18 de diciembre de 2003 vinieron a buscarlo a su domicilio el señor Herminio Rosales con el tal Gallo y que le iban a pagar la suma de doscientos nuevos soles, el día veinte de diciembre se aparecieron en su domicilio Pedro, Blancón, Bejares y el Gallo y se dirigieron a la empresa CONSA que queda en el puente Santa Anita, refiere que el Gallo se baja y se dirige a la empresa donde conversa con Samaniego Cabezas quien es chofer y le pregunta si le ha tocado el transporte para recoger la mercadería, seguimos la ruta dejándonos guiar por el parque zonal y escuché que Gallo le decía a Pedro que Samaniego ya tiene el celular y este se va a comunicar con nosotros, y dice Gallo al momento de interceptar al camión se le notó al chofer en forma tranquila, bajan los dos ayudantes y el chofer sube a la combi, dice que es falso que nos habíamos reunido el día diecinueve y cuando estuvimos en la celda el tal Bejares me dijo que había que ponernos de acuerdo para no contradecirnos; luego dan ambos la ampliación de su manifestación policial y dan otra versión, Bejares dice que estoy involucrado únicamente por haber acompañado al señor Gilmer quien me iba a pagar cien soles, y fue en el vehículo con Pedro, Gallo y el tal Blancón dice que fue con un transporte público, cuando le pregunta el fiscal dónde estaba usted cuando lo intercepta dice en el parque zonal con Gilmer, él nos dejó la combi que manejaba el Negro, veo que la combi intercepta camión y veo que el Gallo acompaña a los ayudantes y el Blancón al chofer y los sube [a la] combi, luego dice que el día 20 de diciembre como había quedado se encontraron en el parque número diez que está frente a la casa del Gilmer, en una misma diligencia da dos versiones, dice que se transportó en un trasporte público y luego refiere que se encuentran en un parque. Luego dice que lo dejan en el parque zonal de Villa El Salvador; que refiere Perlacios, a Herminio Rosales lo conozco hace cuatro meses, la combi seguía el camino, baja de la combi su cointervenido y se dirigen al camión y simula que estaba llevando al chofer a la combi luego refiere que al momento que son perseguidos se asusta su coprocesado, le enseña su arma, le pasa y él le dice arrójalo y no me hace caso y el declarante la arrojó a la berma central, en un primer momento, refiere que fue Bejares la persona que la arrojó por la ventana y luego dice que él la arroja a la berma central, son los puntos más relevantes; en su instructiva Bejares refiere que la persona que le contrató solo era para cargar y descargar las cajas, le contrataron el diecinueve de diciembre, dice que el señor Herminio, luego el tal Gallo le dijo para cargar y descargar quedándole en llamar, al día siguiente le llamaron a las siete y media

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de la mañana y le dijeron que lo esperara en el puente Santa Anita y lo iba a recoger, allí están Gilmer, el Gallo, el moreno y el tal Blancón, Gallo se baja y se encontró Herminio Rosales y un chatito, Gallo subió y se fueron al parque zonal, Gilmer se bajó antes del parque y a él le dejaron en la esquina del parque, Gallo le dijo ya venimos y vino luego con dos personas más, se baja el chofer y se sube al camión que estaba más adelante, Gallo subió a manejar el camión, el tal Gallo le dio una bolsita y en el interior había una chompa azul y al rebuscar había un arma, y posteriormente le enseñan a Perlacios y este la tiró por la ventana. He querido hacer notar las contradicciones abismales que se van a tener que revisar, mi patrocinado en el acto oral ha referido de manera categórica que es inocente de los cargos que se le atribuyen, ha referido que la persona que le indicaba qué vehículos iban a salir lo hacía el señor Álvarez, él era un simple ayudante, contaba con más de veinte vehículos, entonces mi patrocinado no podría como le imputan sus coprocesados, saber de la ruta, que conocía la mercadería y él era un simple ayudante, finalmente tal como lo ha señalado el señor Gilmer Perlacios durante estos nueve años mi patrocinado ha llevado una vida normal, trabajaba en la empresa Paz y Armonía, en la empresa de Metalurgia Peruana, sus vecinos dan fe que es una persona honorable y es más es una persona que siempre ha estado tratando de actualizarse porque ha estudiado metalurgia, química, física, ha hecho prácticas, ha estado llevando una vida normal, ha contraído nupcias con Jessica Mayta con quien ha procreado un hijo, es decir tiene una carga familiar y muy a pesar de todo los días antes que fuera detenido había fallecido su señora madre y quien corría con todos los gastos era su patrocinado, es más tiene un hermano discapacitado que sufre de esquizofrenia y quien corre con todos los gastos es su patrocinado y también mantiene a su señor padre y es más nunca ha sido notificado. Se presentó un certificado domiciliario con lo que pruebo que nunca ha cambiado su domicilio, él se llegó a enterar cuatro o cinco meses antes de ser detenido y su abogado en ese entonces le refirió que no había ningún problema, finalmente a su patrocinado le han realizado incriminaciones a efectos de beneficiarse, ellos han concurrido y han señalado que no conocen a su patrocinado y refieren que su abogado le ha dicho que no cambie de versión para poder acogerse a la conclusión anticipada, así también, en el acta de reconocimiento señala que no le enseñaron bien las fotos y que lo golpearon; Bejares dice que no conoce a Herminio Rosales, que no se le mostró foto alguna, que conoce de vista al tal Samaniego y dice que lo contrató el tal Gallo, que no se reunió con Herminio Rosales, es decir señor presidente estas incriminaciones por sí solas no bastan y no existe ningún otro medio probatorio que corrobore las incriminaciones de estas dos personas que son totalmente

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contradictorias entre ellos mismos, por ello de acuerdo al Acuerdo Plenario Nº 02-2005; no existen los requisitos de verosimilitud ni permanencia en el tiempo por ello la defensa considera que no se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia por lo que solicito que se le absuelva a su patrocinado de la acusación fiscal. SEXTO: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA RESPECTO DE LOS CALIFICADOS COMO ROBO AGRAVADO: haciendo una evaluación individual y conjunta de la prueba respecto de los hechos que se atribuye al acusado, se concluye que solo el hecho ocurrido el 20 de diciembre de 2003 aparece totalmente acreditado en los actuados. Incluso, en el presente proceso los hechos antes citados, han sido declarados como probados o acreditados por resoluciones judiciales firmes. Así tenemos la sentencia de fojas quinientos tres, en el considerando primero se narra los hechos que se atribuyen al acusado presente y a los ya sentenciados Perlacios Meléndez y Bejares Arana. De igual modo aparecen establecidos en el considerando rotulado como “acusación fáctica” de la sentencia de fojas quinientos cuarenta y seis. Hechos sobre los cuales no hay cuestionamiento alguno y aparecen debidamente probados. Respecto de si el hecho llegó al estado de consumación o se quedó en grado de tentativa, se tiene que de la propia redacción de los hechos probados que se atribuye al acusado se concluye claramente que estos se quedaron en el grado de tentativa, debido a que los partícipes del hecho, luego que despojaron al agraviado de los bienes objeto del robo, inmediatamente fueron objeto de persecución por la autoridad policial, siendo intervenidos y recuperados los bienes objeto de sustracción. En conclusión, está acreditado que el día 20 de diciembre de 2003, se realizó un robo agravado en grado de tentativa en perjuicio de los agraviados, concurriendo las agravantes previstas en los incisos 2, 3, y 4 del primer párrafo del artículo 189 del Código Penal: en lugar desolado, a mano armada y con el concurso de dos o más personas. Por otro lado, en la acusación escrita también se atribuye al acusado los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 2003 en agravio de Llanos Sánchez y el hecho ocurrido el 16 de diciembre de 2003 en agravio de Raúl Gil Cajal chofer de la empresa Die Publicidad y Servicios Generales; sin embargo, estos hechos no han sido probados en el presente proceso, por lo que deberá procederse a la absolución del acusado de este extremo de la acusación.

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DÉCIMO SÉTIMO: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA RESPECTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. Estando acreditado el delito de robo agravado objeto de la acusación, corresponde determinar si le asiste responsabilidad penal al acusado, para ello valoramos las siguientes pruebas: 10.1. La declaración policial del ya sentenciado Gilmer Perlacios Meléndez de fojas veintiocho quien declaró que el viernes dieciocho de diciembre Herminio Rosales Ortuza en compañía de Gallo le fueron a buscar a su casa para proponerle conducir un camión robado y por el trabajo le pagarían doscientos nuevos coles, aceptando la propuesta que era para el veinte de diciembre. Narrando luego la forma cómo se realizó el robo. 10.2. La versión policial del citado testigo en el presente juzgamiento, la volvió a repetir en su instructiva de fojas ciento veintinueve, donde insiste que participó en el robo del 20 de diciembre de 2003 debido a que Herminio Rosales Ortuza y el conocido como Gallo le contrataron para manejar un camión. Insistiendo en su sindicación en la ampliación de su instructiva de fojas cuatrocientos ocho, diligencia en la cual afirma que Rosales Ortuza es su vecino y se reunían en la canchita cuando había campeonato. Incluso en esta diligencia le ponen a la vista la fotografía de Rosales Ortuza que corre a fojas sesenta y tres de los actuados y lo reconoce plenamente como uno de los autores de los hechos objeto de proceso. 10.3. Del mismo modo, insistiendo en su sindicación al acusado Rosales Ortuza, el ya sentenciado Perlacios Meléndez, al responder el interrogatorio en el juicio oral cuya acta corre a fojas 528, sostuvo que Rosales era su vecino ya que vivía a la espalda y que le propuso las cosas y le contrató para manejar un camión y le dijo: “tú vas a llevar el carro de acá para acá y te pagaré doscientos nuevos soles”. 10.4. Sin embargo, al ser ofrecido como testigo de descargo en el presente juicio ha venido a sostener que a Rosales Ortuza no lo conoce y que solo fue contratado para manejar el camión por el conocido como Gallo. 10.5. A fojas cincuenta y tres corre el acta de reconocimiento fotográfico, diligencia en la cual Perlacios Meléndez reconoce a Rosales Ortuza como la persona que planificó y reunió a la gente junto con el conocido como Gallo para perpetrar el robo al camión que transportaba mercadería

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de las tiendas Ripley, siendo este ayudante de las tiendas en mención habiendo coordinado con el chofer para que facilite el trabajo. 10.6. En el mismo sentido tenemos la instructiva del ya sentenciado Richard Bejares Arana de fojas ciento treinta y dos, donde afirma que el día 19 de diciembre de 2003, cuando se encontraba en la canchita jugando fulbito fue contratado por Herminio para descargar unas cajas. Es a raíz de tal invitación que participó en los hechos instruidos. En esta declaración, el sentenciado Bejares Arana, afirma ratificarse del acta de reconocimiento fotográfico de fojas cincuenta y uno al acusado Rosales Ortuza, en el extremo que le reconoce al citado acusado, pero con lo demás no está de acuerdo. 10.7. Es más, al responder el interrogatorio en juicio oral, cuyas actas corren a fojas quinientos veintinueve y siguiente, Bejares Arana declaró que quien le propuso participar en los hechos fue Herminio en la canchita de fulbito, que el declarante se reunió con Herminio y el conocido como Gallo, a Perlacios lo llegó a conocer en el carro y que Herminio fue el que dijo que todo estaba coordinado, que era un autorobo ya que el chofer se dejaría robar. Herminio tenía que estar en el camión, pero no estaba, les tendieron una trampa. 10.8. En esta línea de interpretación de la prueba producida en el Plenario, tenemos la declaración policial del ya sentenciado Richard Bejares Arana de fojas treinta y dos, que en lo central sostuvo que Herminio Rosales Ortuza participó en los hechos objeto de acusación, aun cuando da una versión diferente a las declaraciones antes glosadas. No obstante, para el Colegiado, la versión brindada a nivel policial tenía como intención distorsionar su propia participación en los hechos así como la participación de Rosales Ortuza. 10.9. Al ser ofrecido como testigo de descargo, fue citado al juicio oral Bejares Arana, quien afirmó no conocer al acusado Rosales Ortuza, pese a que reconoció su firma en las actas de reconocimiento fotográfico, declaración policial e instructiva donde le sindica como una de las personas que participó en los hechos objeto de acusación. 10.10. Si bien los ya sentenciados y testigos en este juicio oral, Periacios Meléndez y Bejares Arana, han cambiado de versión al responder el interrogatorio del juicio oral, afirmando que no conocen al acusado

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Rosales Ortuza cuando en sus declaraciones anteriores de manera firme e insistente afirmaron que sí lo conocen y que les había propuesto participar en la comisión del delito objeto de imputación, en estricta aplicación de la jurisprudencia vinculante de las Salas Penales de la Corte Suprema, el Colegiado otorga pleno valor probatorio a las declaraciones anteriores de los citados testigos impropios. En efecto, en el Acuerdo Plenario Nº 2-20051CJ-116, publicado en El Peruano el 26 de noviembre de 2005, se establece como doctrina legal lo siguiente: “a) Desde la perspectiva subjetiva, ha de analizarse la personalidad del coimputado, en especial sus relaciones con el afectado por su testimonio. También es del caso examinar las posibles motivaciones de su delación, que estas no sean turbias o espurias: venganza, odio, revanchismo, deseo de obtener beneficios de cualquier tipo, incluso judiciales, que por su entidad están en condiciones de restarle fuerte dosis de credibilidad. Asimismo, se tendrá el cuidado de advertir si la finalidad de la declaración no sea, a su vez, exculpatoria de la propia responsabilidad. b) Desde la perspectiva objetiva, se requiere que el relato incriminador esté mínimamente corroborado por otras acreditaciones indiciarias en contra del sindicado que incorporen algún hecho, dato o circunstancia externa, a un carácter periférico, que consolide su contenido incriminador. c) Asimismo, debe observarse la coherencia y solidez del relato del coimputado; y, de ser el caso, aunque sin el carácter de una regla que no admita matizaciones la persistencia de sus afirmaciones en el curso del proceso. El cambio de versión del coimputado no necesariamente la habilita para su apreciación judicial, y en la medida en que el conjunto de las declaraciones del mismo coimputado se hayan sometido a debate y análisis, el juzgador puede optar por la que considere adecuada”. En el caso en concreto, no se evidencia que los ya sentenciados hayan tenido alguna motivación turbia o espuria para incriminar al acusado Rosales Ortuza. No hay indicios razonables y coherentes de alguna finalidad oscura en la incriminación al punto que le reste alguna dosis de credibilidad de las declaraciones anteriores, mucho más si estas fueron recibidas dentro de los parámetros mínimos del debido proceso, incluso en un juicio oral como se tiene dicho. En este punto, la defensa ha señalado que las declaraciones incriminatorias efectuadas por sus coimputados habrían tenido como finalidad el beneficiarse con la conclusión anticipada del juicio oral, no obstante, tal argumento no es de recibo debido que las

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incriminaciones fueron efectuadas desde el inicio de las investigaciones policiales de los hechos, etapa donde según las reglas de la experiencia es difícil que los investigados se pongan a pesar y calcular sobre el instituto procesal de conformidad. 10.11. En otro extremo, el relato incriminador de las declaraciones anteriores de los ya sentenciados, está mínimamente corroborado con el dato objetivo que desde el día que ocurrieron los hechos, el acusado Rosales Ortuza dejó de concurrir a su trabajo, esto es, dejó de concurrir a su centro laboral al interior de la empresa agraviada, aduciendo que había sido amenazado para que no concurra a laborar. En el plenario no señaló de quién provenía la amenaza ni dio razones coherentes de tales amenazas. Asimismo, las declaraciones del sentenciado Perlados Meléndez aparecen corroboradas con las declaraciones del sentenciado Bejares Arana y viceversa. Finalmente, de la evaluación de las declaraciones anteriores de los ya sentenciados, esto es, sus declaraciones policiales, instructivas y diligencias de reconocimiento fotográfico debatidas en el plenario, se concluye que en lo central de la imputación, evidencian coherencia, persistencia y solidez del relato incriminador. Aspectos que crean en el Colegiado convicción sobre la responsabilidad penal del acusado Rosales Ortuza en la comisión del delito de robo agravado imputado. 10.12. Asimismo, es de señalarse que la eventual retractación del coimputado debe estar justificada en motivos razonables, situación que el Colegiado no evidencia en el presente proceso, por lo que optamos por las primeras declaraciones ya glosadas de los aquí testigos impropios, en aplicación de la Ejecutoria Suprema del 22 de diciembre de 2004 del R.N. Nº 1062-2004 por la cual la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República estableció que: “(...) la apreciación del testimonio en estos casos comprende el análisis global de todo lo dicho en el curso del proceso en sus diferentes etapas, estando autorizado el Tribunal de Instancia a optar razonadamente por una de ellas”. Lo cual también es extensivo a los testigos según la sentencia de Casación del 11 de octubre de 2007, en la cual la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha indicado que el hecho de que un testigo en el curso del proceso haya expuesto varias versiones en modo alguno inhabilita

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al Órgano Jurisdiccional a optar por una de las versiones, siempre que explicite los motivos por los que asume una de ellas. 10.13. En esta misma línea interpretativa del caudal probatorio, especialmente de las diversas declaraciones de los testigos ya indicados, en estricta aplicación de la Jurisprudencia Vinculante del R.N Nº 3044-2004 del 29 de noviembre de 2004 que establece en forma resumida que “el tribunal no está obligado a creer aquello que se dijo en el acto oral, sino que tiene libertad para conceder mayor o menor fiabilidad a una u otra declaración, pues puede ocurrir, por determinadas razones que ofrezca mayor credibilidad lo declarado en la etapa de investigación que lo dicho en el juicio oral”, el Colegiado otorga pleno valor probatorio a las declaraciones anteriores a las del presente juicio oral, pues las declaraciones en este juicio oral han sido ofrecidas alejadas de la verdad con la única y explicable finalidad de mejorar la situación jurídica del acusado Rosales Ortuza. Y se afirma que tales declaraciones están alejadas de la verdad, debido a que por ejemplo Perlados Meléndez ha declarado que no conoce a Rosales Ortuza, cuando lo cierto es que el mismo acusado ha señalado que sí se conocían debido a que jugaban fulbito en la canchita cuando la municipalidad organizaba campeonatos, versión del acusado que guarda plena coincidencia con lo declarado por el citado testigo impropio en sus declaraciones anteriores. 10.14. En tal contexto, no es de recibo el argumento de la defensa en el sentido que debe absolverse a su patrocinado debido a que en autos existen declaraciones de cada uno de los procesados y en cada una de sus declaraciones dan versiones totalmente contradictorias. Pues si bien aparecen ciertas contradicciones colaterales, en lo central, como se tiene dicho, la incriminación es persistente y coherente que ponen en total cuestionamiento los dichos de inocencia del acusado. 10.15. En suma, de la valoración conjunta de todo el caudal probatorio se llega a la clara conclusión que se ha desvirtuado más allá de toda duda razonable la presunción de inocencia del acusado Rosales Ortuza en la comisión del grave delito que se le atribuye y más bien se ha llegado a acreditar su responsabilidad penal en la comisión del mismo. DÉCIMO PRIMERO: INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA Y LA REPARACIÓN CIVIL: A. Para la dosificación de la pena se debe tener en

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cuenta, el principio de proporcionalidad de la pena (artículo VIII Título Preliminar del Código Penal), de la forma y circunstancia en que se perpetró el evento delictivo así como la extensión del daño causado a los agraviados, toda vez que este delito no solo protege el patrimonio sino además la integridad y libertad personal, y las condiciones personales del acusado, siendo esto así se tiene en cuenta que el acusado Rosales Ortuza al momento de los hechos era de estado civil soltero, con secundaria completa, de ocupación ayudante de chofer, y con domicilio en el distrito de Santa Anita, sin antecedentes penales ni judiciales. Por lo que tomando como parámetro los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, se concluye que estamos ante una persona con carencias sociales y económicas, aspectos que son tomados en cuenta para graduar la pena, de acuerdo a los hechos y circunstancias que se realizaron en perjuicio de los agraviados. Del mismo modo a efectos de graduar la pena a solicitar se toma en cuenta que los hechos objeto de acusación se quedaron en el grado de tentativa, por lo que en aplicación del artículo dieciséis del Código Penal la pena a imponer será disminuida prudencialmente. B. De otro lado, en lo que concierne a la Reparación Civil a imponerse en el presente caso, debe tenerse presenta la magnitud del daño causado, que se encuentra plenamente acreditado, por lo que su resarcimiento debe establecerse en aplicación de los artículos noventa y dos, noventa y tres y noventa y cuatro del Código Penal. Entonces debe fijarse el monto de la Reparación Civil en una suma equivalente al daño ocasionado al patrimonio; se tiene en cuenta que los agraviados recuperaron lo ilícitamente sustraído; asimismo sirve como parámetro las carencias económicas que sufría el acusado. DÉCIMO SEGUNDO: DECISIÓN: Por los fundamentos antes expuestos y concurriendo suficiente actividad probatoria que desvirtúa la presunción de inocencia, en aplicación de los artículos once, doce, dieciséis, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, noventa y dos, noventa y tres, artículo ciento ochenta y ocho en concordancia con los incisos dos, tres y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, y en aplicación de los artículos doscientos ochenta y uno, doscientos ochenta y tres, doscientos ochenta y cuatro y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales, el COLEGIADO PAR DE LA PRIMERA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS EN CÁRCEL DE LIMA con el criterio de conciencia que la ley faculta y administrando justicia a nombre de la Nación RESOLVIÓ: ABSOLVER al acusado Herminio Rosales Ortuza, de la acusación fiscal por el delito

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de robo agravado respecto de los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 2003 en agravio de Lincoln Llanos Sánchez, Edu John Alcántara Hinostroza y Eder Zevallos Lavado y el hecho ocurrido el 16 de diciembre de 2003 en agravio de la empresa Die Publicidad y Servicios Generales. CONDENAR a Herminio Rosales Ortuza, de cuyas demás generales de ley corre en autos, por la comisión del delito contra patrimonio en su modalidad de robo agravado en grado de tentativa en agravio de la Empresa de Transportes Carbajales Unidos SAC y la empresa Ripley; en consecuencia se IMPONE DIEZ AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, la misma que con descuento de carcelería que viene desde el 16 de mayo de 2012, vencerá el 15 de mayo de 2022. Pena que deberá cumplir el sentenciado en un Centro de Reclusión dispuesta por el INPE; FIJÓ en CINCO MIL SOLES el monto que por concepto de reparación civil deberán pagar el sentenciado en forma solidaria con los ya sentenciados a favor de las agraviadas. DISPUSIERÓN: que consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se inscriba en el registro respectivo, se remitan los boletines y testimonios de condena, conforme lo dispone el artículo trescientos treinta y dos del Código de Procedimientos Penales. ARCHIVÁNDOSE definitivamente los actuados; con conocimiento del Juez de la causa. SS. Dr. RAMIRO SALINAS SICCHA - Presidente - D.D. Dra. RITA MEZA WALDE - Juez Superior JOSEFA ÍZAGA PELLEGRÍN - Juez Superior

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020. Robo agravado en grado de tentativa: Conclusión anticipada del juicio oral renuncia a la presunción de inocencia Siendo el aspecto sustancial de la sentencia conformada, el reconocimiento; el mismo que tiene como objeto la pronta culminación del proceso en concreto del juicio oral, a través de un acto unilateral del imputado y su defensa, en reconocer los hechos objeto de imputación concretados en la acusación fiscal y aceptar las consecuencias jurídicas penales y civiles correspondientes; importando ello una renuncia a la actuación de pruebas y del derecho a un juicio público. En esta sentencia conformada no se aprecia prueba alguna, debido a la ausencia del contradictorio y al allanamiento de la parte acusada; no procediendo valorar los actos de investigación y demás actuaciones realizadas en la etapa de instrucción; debido a que el procesado expresamente ha aceptado los cargos ha renunciado a su derecho a la presunción de inocencia, la misma que ha sido otorgada en forma libre y voluntaria, sin vicios en su consentimiento y en plena capacidad de sus facultades intelectivas; por lo que corresponde la etapa procesal de la determinación judicial de la pena a imponerse, al encontrarse debidamente tipificados los hechos en el delito de robo agravado imputado y no darse ninguna causa de exención de responsabilidad penal; la misma que deberá fijarse en virtud del principio de legalidad y proporcionalidad. PRIMERA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS EN CÁRCEL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Expediente Nº 9134-11 D.D. Dra. Ízaga Pellegrín

Lima, 13 de setiembre de 2012 VISTA: En audiencia pública la causa penal seguida contra Bruce Toshiro García de la Cruz por delito contra el patrimonio ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, en agravio de Ana Lucía Ccopa Lobón.

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RESULTA DE AUTOS: Que a mérito del atestado policial Número sesenticinco - once -VII-DTL-TER-ESTE-2-C.H-DEINPOL de fojas dos y siguientes, denuncia debidamente formalizada por el señor Fiscal Provincial Mixto Titular del Distrito Judicial de Lima, en el despacho de la Primera Fiscalía Mixta de Huaycán a fojas treinticinco a treinta y siete; el juzgado penal procedió a abrir instrucción con fecha 26 de abril de 2011 de fojas cuarenta a cuarenticinco tramitada la causa conforme los cánones de su naturaleza procesal ordinaria, con los respectivos informes finales, los autos fueron remitidos al despacho de la señora Fiscal Superior quien emitió la acusación escrita de fojas ciento treinta y dos a ciento treinta y seis; ampliada a fojas ciento treinta y ocho dictándose el auto superior de enjuiciamiento a fojas ciento treinta y siete, en el que se señala día y hora para la iniciación de la audiencia, la misma que se llevó a cabo; conforme es de verse del acta de audiencia correspondiente, en la que el acusado con la anuencia de su defensa, se acogió a la conclusión anticipada del juicio oral; siendo el estado procesal de expedir sentencia conformada. CONSIDERACIONES DE LA SALA: Que, mediante Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116 del 18 de julio de 2008 se han establecido principios jurisprudenciales relacionados a los alcances de la Conclusión Anticipada. Siendo ello así corresponde su aplicación al presente caso. I. HECHOS Fluye de autos que siendo las dieciséis y cincuenta horas aproximadamente del día 25 de abril de 2011, en circunstancias que la agraviada se desplazaba por la avenida José Carlos Mariátegui altura del grifo “América” zona B- Huaycán del distrito de Ate, el procesado, quien conducía el vehículo menor de placa de rodaje MYG-58089 por la citada avenida, se le aproximó permitiendo de esta manera en acción concertada que el sujeto conocido con el apelativo de “Pollo” quien se hallaba en la parte posterior del citado vehículo menor, tomara en forma sorpresiva y violenta la cartera que la agraviada llevaba en los brazos intentando despojarla de la misma, sin embargo esta con la finalidad de no perder su cartera se aferró a la misma, siendo que el inculpado aceleró la marcha del vehículo que conducía arrastrándola por una cuadra aproximadamente, siendo auxiliada por los vecinos del lugar quienes lograron aprender al acusado.

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II. DELITO IMPUTADO Y PENA SOLICITADA El hecho imputado al procesado se encuentra tipificado, como delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, previsto y sancionado en los artículos ciento ochenta y ocho como tipo base inciso 4 del 1er párrafo y el inciso 1 del 2do párrafo del artículo ciento ochenta y nueve, concordante con el artículo 16 del Código Penal, que criminaliza la conducta; “El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física”; habiendo quedado en grado de tentativa. El Ministerio Público ha solicitado la imposición de veinte años de pena privativa de la libertad y el pago de Tres mil nuevos soles a favor de la agraviada. III. ACEPTACIÓN DE LOS CARGOS Que, el procesado Bruce Toshiro García de la Cruz, manifiesta su conformidad con los cargos que se le atribuyen, en la etapa procesal correspondiente, es decir antes de haberse iniciado propiamente el periodo probatorio del juicio oral. Por lo que el Colegiado solamente está vinculado en forma absoluta a los hechos conformados. IV. CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL DEBATE ORAL Que, el artículo cinco de la Ley número veintiocho mil ciento veintidós, incorporó al ordenamiento procesal penal nacional la institución de la conformidad. En su virtud, estipuló que una vez que el Tribunal de mérito inste al acusado si acepta ser autor o partícipe del delito materia de la acusación y responsable de la reparación civil, si se produce su confesión, luego de la formal y expresa aceptación de su abogado defensor, se declarará la conclusión anticipada del debate oral y se emitirá, en el plazo correspondiente, la sentencia conformada respectiva. V. ANÁLISIS JURÍDICO Primero.- Siendo el aspecto sustancial de la sentencia conformada, el reconocimiento; el mismo que tiene como objeto la pronta culminación del proceso en concreto del juicio oral, a través de un acto unilateral del imputado

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y su defensa, en reconocer los hechos objeto de imputación concretados en la acusación fiscal y aceptar las consecuencias jurídicas penales y civiles correspondientes; importando ello una renuncia a la actuación de pruebas y del derecho a un juicio público. Segundo.- En este orden de ideas, en esta sentencia conformada no se aprecia prueba alguna, debido a la ausencia del contradictorio y al allanamiento de la parte acusada; no procediendo valorar los actos de investigación y demás actuaciones realizadas en la etapa de instrucción; dado a que el procesado García de la Cruz expresamente ha aceptado los cargos, ha renunciado a su derecho a la presunción de inocencia; la misma que ha sido otorgada en forma libre y voluntaria, sin vicios en su consentimiento y en plena capacidad de sus facultades intelectivas; por lo que corresponde la etapa procesal de la determinación judicial de la pena a imponerse, al encontrarse debidamente tipificados los hechos en el delito imputado y no darse ninguna causa de exención de responsabilidad penal; la misma que deberá fijarse en virtud al Principio de Legalidad y Proporcionalidad. Tercero.- Que, para los efectos de la individualización de la pena, el Tribunal, por configurar esta una tarea exclusivamente judicial, inherente a ella, goza de una amplia libertad, dentro del marco jurídico del tipo legal (pena abstracta) para dosificarla conforme a las reglas establecidas por los artículos cuarenta y cinco, cuarenta y seis del Código Penal, cuyo único límite es no imponer una pena superior a la pedida por el Fiscal, más allá que en el caso de presentarse circunstancias que importen una aminoración de la respuesta punitiva, aplicar las disposiciones legales que correspondan, mantiene la facultad de proceder a graduar la proporcionalidad de la pena en atención a la gravedad, o entidad del hecho y a las condiciones personales del procesado. Cuarto.- Que, siendo ello así teniendo en consideración lo alegado por la defensa con respecto a la pena y al monto de la reparación civil; refiriendo que su patrocinado es una persona joven que merece una oportunidad y cuenta con domicilio conocido; lo que conlleva al Colegiado al momento de determinar la pena a imponerse tener en cuenta las condiciones personales del procesado quien como es de verse del Certificado de fojas ciento setenta y uno cuenta con antecedentes judiciales; el grado de tentativa en que quedó el delito; que las

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lesiones ocasionadas a la agraviada acreditadas con la copia del descanso médico de fojas 20, las que no fueron objeto de reconocimiento médico legal, que permita establecer su gravedad y, su acogimiento a la ley de conclusión anticipada del proceso; por lo que teniendo en cuenta los parámetros antes señalados la pena a imponérsele será de siete años. Quinto.- En cuanto a la Reparación Civil, no obstante a la aceptación de las consecuencias civiles, al momento de fijar su monto debe tenerse en cuenta además de los criterios establecidos en los numerales noventa y dos y noventa y tres del Código Penal, esto es la intensidad de la afectación del bien jurídico lesionado con la conducta ilícita, el grado de culpabilidad del acusado en su perpetración, sus condiciones económicas, y a que en el caso de autos a la agraviada se le ocasionó lesiones como es de verse del descanso médico que obra a fojas veinte, por lo que debe ser la solicitada por el Ministerio Público. Sexto.- Por las consideraciones anotadas y en aplicación de los artículos once, doce, veintidós, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, noventa y dos, noventa y tres y el artículo ciento ochenta y ocho, tipo base e inciso cuarto del primer párrafo y el inciso 10 del segundo párrafo del artículo ciento ochenta y nueve, concordante con el artículo dieciséis del Código Penal concordante con los artículos doscientos ochenta y tres, doscientos ochenta y cinco, del Código de Procedimientos Penales, y artículo quinto de la Ley de Conclusión Anticipada del Proceso número veintiocho mil ciento veintidós; la PRIMERA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS EN CÁRCEL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, administrando justicia a nombre de la Nación; FALLA: CONDENANDO: a Bruce Toshiro García de la Cruz, como autor del delito contra el Patrimonio - ROBO AGRAVADO, en GRADO DE TENTATIVA, en agravio de Ana Lucía Ccopa Lobón y como tal le impone SIETE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, la misma que computada desde el 25 de abril de 2011 (conforme a la papeleta de detención de fojas 16) vencerá el 24 de abril de 2018; FIJARON en la suma de MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES el monto que por concepto de Reparación Civil deberá abonar a favor del agraviado; DISPUSIERÓN: Que, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia se expidan los testimonios y boletines

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de condena y se inscriba donde corresponda, archivándose los autos en forma definitiva; con conocimiento del Juzgado de origen. SS. SALINAS SICCHA - Presidente MEZA WALDE - Juez Superior ÍZAGA PELLEGRÍN - Juez Superior y D.D.

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021. Robo agravado en grado de tentativa: Configuración El delito materia de incriminación Robo Agravado en grado de tentativa, se encuentra regulado en el artículo ciento ochenta y ocho como tipo base con las agravantes previstas en los numerales dos, tres y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal vigente al momento de la comisión del hecho delictivo, en concordancia con el artículo dieciséis del citado cuerpo de leyes, el mismo que consiste en el apoderamiento de un bien mueble y con animus lucrandi, siendo necesario el empleo de la violencia y amenaza por parte del agente sobre la víctima (vis absoluta, vis corporales y vis compulsiva), destinadas a posibilitar la sustracción del bien, debiendo ser estas actuales e inminentes en el momento de la consumación del evento y garantizar el resultado, consumándose el delito con el apoderamiento del objeto mueble aunque sea por breve lapso, comportamiento que se agrava cuando se realiza durante la noche, a mano armada y en concurso de dos o más personas. Hecho criminoso que se encuentra sancionado con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años; siendo además, que dicho acto ilícito quedó en grado de tentativa, pues dicha institución penal se configura cuando el agente comienza la ejecución de un delito que decidió cometer, sin consumarlo, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo dieciséis del Código Penal es posible rebajarle la pena prudencialmente. Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres “Judicatura digna, democrática e institucional” Expediente Nº 06889-2007 D.D. Dr. Vásquez Arana SENTENCIA ANTICIPADA

Lima, 10 de agosto de 2012

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VISTA: En Audiencia Pública, la causa penal seguida contra Jorge Luis Montalvo Merino, identificado con D.N.I. número dieciséis sesenta y cuatro noventa y tres noventa y dos, natural de Chiclayo - Lambayeque, con fecha de nacimiento 21 de enero de 1967, hijo de Antero y Graciela, con grado de instrucción quinto de secundaria, conviviente, con cuatro hijos; con domicilio en avenida Morales Duárez número veinticinco ochenta y cuatro, Mirones Bajo, Cercado de Lima; por delito contra el Patrimonio - Robo Agravado en grado de tentativa, en agravio de Patricia Vargas Márquez. RESULTA DE AUTOS: Que, en mérito al Atestado Policial número cero quince - cero siete - VII - DIRTEPOL - JEF. DIST. CEN - CMB - DEINPOL de fojas dos y siguientes, el señor Representante del Ministerio Público formalizó denuncia de fojas veintiuno y siguiente ante el Señor Juez Penal de Turno Permanente de Lima, dictándose el Auto Apertorio de Instrucción de fojas veinticinco a veintisiete, su fecha 24 de febrero de 2007; tramitada la causa de acuerdo a su naturaleza y vencido el plazo de ley, la instrucción fue elevada a la Sala Penal correspondiente con el Dictamen y los Informes Finales pertinentes, recabándose la acusación escrita del Señor Fiscal Superior Penal de Lima de fojas ciento siete ciento nueve, emitiéndose el Auto Superior de Enjuiciamiento a fojas ciento diez, su fecha 8 de setiembre de 2008, habiendo sido el acusado declarado reo contumaz y ordenado su inmediata ubicación y captura mediante resolución de fojas ciento ochenta y seis, siendo que con fecha 10 de agosto del año en curso fue puesto a disposición en calidad de detenido, emitiéndose la correspondiente resolución de fojas doscientos ocho, señalándose día y hora para el juicio oral, el mismo que se ha realizado conforme al procedimiento de la Conclusión Anticipada dispuesto por la Ley número veintiocho mil ciento veintidós, de fecha 16 de diciembre de 2003, estructurándose el acta precedente, ha llegado la etapa de dictar sentencia, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Plenario número cinco - dos mil ocho/CJ-116(13). IMPUTACIÓN FÁCTICA: Conforme fluye de la acusación fiscal, se imputa al acusado Jorge Luis Montalvo Merino en compañía de otros sujetos no identificados, habría despojado violentamente y mediante amenaza de su cartera a la agraviada en circunstancias que esta transitaba por la cuadra tres de la avenida Nicolás Dueñas, y con el fin de lograr su propósito el procesado amenazó a la agraviada con un arma blanca (cuchillo), hecho ocurrido el 23 de (13) IV Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales - Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-116.

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febrero de 2007 a horas 20:30 aproximadamente, siendo la agraviada auxiliada por personal de Serenazgo que se encontraba por inmediaciones del lugar, quienes procedieron a perseguir al procesado hasta lograr su aprehensión, arrojando este el arma al piso, recuperando su cartera la agraviada. CONSIDERANDO: PRIMERO: La Ley veintiocho mil ciento veintidós, que regula la Conclusión Anticipada de la instrucción y del debate o juicio oral, permite que el juzgamiento concluya anticipadamente, cuando el procesado admite su participación y responsabilidad en el delito penal que se le atribuye, facultando al Juzgador a dictar una “sentencia anticipada” producto de la confesión del acusado, la misma que no está circunscrita exclusivamente al pedido de pena y reparación civil del Fiscal, y en su caso, de la parte civil, por tanto el Tribunal tiene potestad de fijarlas conforme a lo que corresponda y con arreglo a los principios de legalidad y proporcionalidad. SEGUNDO: Atendiendo a lo establecido en el Acuerdo Plenario número Cinco -Dos mil ocho/CJ- ciento dieciséis(14); el cual señala que el Juzgador debe dictar sentencia privilegiando y ponderando la declaración de culpabilidad, la misma que excluye la valoración probatoria al Tribunal, este debe realizar una revisión jurídica penal a fin que el reconocimiento que formula de haber ejecutado el hecho delictivo que se le atribuye, cumpla los principios y garantías fundamentales del Derecho Penal, concurran la aceptación del acusado y su defensa, así como el conjunto de requisitos externos (sede y garantías) e internos (voluntariedad y espontaneidad y veracidad - comprobación a través de otros recaudos de la causa), así como la adhesión voluntaria, importando una abreviación del procedimiento en interés de la economía procesal. La conformidad tal como está regulada en la Ley veintiocho mil ciento veintidós, estriba en el reconocimiento, que tiene por objeto la pronta culminación del proceso a través de un acto unilateral de disposición de la pretensión, claramente formalizado, efectuado por el acusado y su defensa –de doble garantía– concretados en la acusación fiscal y aceptar las consecuencias jurídicas penales y civiles correspondientes, por lo que el Tribunal no puede mencionar, interpretar y valorar acto de investigación o prueba preconstituida alguna. Que dada la aceptación de los cargos por parte del acusado Jorge Luis Montalvo Merino, que

(14) IV Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales-Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-116, pp. 4, 10 y 11.

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desde su perspectiva general, es una declaración autoinculpatoria del imputado consistiendo en el expreso reconocimiento que formula de haber ejecutado el hecho delictivo que se le atribuye, debiendo reunir un conjunto de requisitos externos (sede y garantías) e internos (voluntariedad, espontaneidad y veracidad - comprobación a través de otros recaudos de la causa), así como la adhesión voluntaria, renunciando a la presunción de inocencia e importando una abreviación del procedimiento en interés de la economía procesal, cuya conformidad consta de dos elementos materiales: a) El reconocimiento de hechos, y, b) la declaración de voluntad del acusado. TERCERO: Resulta indispensable salvaguardar la garantía de la no incriminación, esto es que la confesión de culpabilidad sea idónea y real, a fin de que el reo no se confiese responsable en un acto de desesperación o de proteger al verdadero autor, así el profesor Cubas Villanueva en su Tratado de Derecho Procesal Penal, sostiene que “la finalidad de dicho principio es excluir la posibilidad de obligar al imputado a cooperar aditivamente en la formación de la convicción sobre sí mismo”(15), de lo que evidenciamos que existe la posibilidad de que el reo se confiese culpable, presionado por el sistema a fin de obtener los beneficios premiales que la ley penal flanquea; así debemos efectuar la valoración contradictoria a fin de verificar las afirmaciones sostenidas por el acusado; apareciendo de autos que si bien el agente penal tanto al deponer en la etapa preliminar como judicial niega los cargos manifestando que lo que sucedió se debió a una confusión, ya que el día de los hechos mientras estaba libando licor con tres amigos, uno de ellos apodado “El chino” le dijo que su conviviente estaba con otro sujeto, por lo que él fue a reclamarle, confundiendo a la agraviada, a quien debido al licor que había bebido es que confundió con su conviviente por sus características físicas, alcanzándola es que le profirió una serie de insultos y le jaló su cartera diciéndole ven, con la intención de llevarla a su cuarto, y no siendo sino hasta oír la voz de la agraviada quien le pedía que le devolviera su cartera es que se da cuenta de que no se trataba de su conviviente, por lo que le devolvió sus pertenencias y se disculpó por lo sucedido, habiendo encontrado por inmediaciones del lugar de los hechos un cuchillo tirado en el suelo, el cual cogió para defenderse de los “patas” que venían contra él en defensa de la agraviada; versión; que durante el juicio oral ha variado, toda vez que ha

(15) Cubas Villanueva, Víctor. El Proceso Penal. Teoría y Jurisprudencia del Proceso Penal. Palestra Editores, Lima, 2006, p. 71.

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aceptado in extenso los cargos formulados en su contra, esto es, haber participado junto con otras personas en el robo que sufriera la agraviada, ejercido violencia contra la misma, amenazándola con un cuchillo con el propósito de lograr su ilícito fin, declarándose responsable del delito que se le imputa; aceptación de los cargos por parte del acusado que se corrobora con la manifestación brindada a nivel policial y judicial por la agraviada Patricia Vargas Márquez de fojas nueve y siguiente y setenta y cuatro y siguiente, respectivamente; así como con la declaración testimonial del efectivo policial Corpus Aurelio García Vásquez ochenta y dos y siguiente, por lo que la aceptación mostrada por el acusado se encuentra debidamente acreditada con las actuaciones judiciales y preliminares, verificándose así su responsabilidad penal. CUARTO: Para establecer el quántum de la pena, este Superior Colegiado debe tener en cuenta otros aspectos de tanta o igual importancia a los ya reseñados, como son: a) Se valora que el acusado durante las dos primeras etapas del proceso niega los cargos imputados, sin embargo, ante esta Superior Sala reconoce y admite su responsabilidad penal de manera plena, acogiéndose a la Ley número veintiocho mil ciento veintidós, Ley de Conclusión Anticipada del Juzgamiento, demostrando su arrepentimiento por lo que le es de aplicación el Acuerdo Plenario número cinco-dos mil ocho/CJ-ciento dieciséis. b) El delito materia de incriminación Robo Agravado en grado de tentativa, se encuentra regulado en el artículo ciento ochenta y ocho como tipo base con las agravantes previstas en los numerales dos, tres y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal vigente al momento de la comisión del hecho delictivo, en concordancia con el artículo dieciséis del citado cuerpo de leyes, el mismo que consiste en el apoderamiento de un bien mueble y con animus lucrandi, siendo necesario el empleo de la violencia y amenaza por parte del agente sobre la víctima (vis absoluta, vis corporales y vis compulsiva), destinadas a posibilitar la sustracción del bien, debiendo ser estas actuales e inminentes en el momento de la consumación del evento y garantizar el resultado, consumándose el delito con el apoderamiento del objeto mueble aunque

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sea por breve lapso(16) comportamiento que se agrava cuando se realiza durante la noche, a mano armada y en concurso de dos o más personas. Hecho criminoso que se encuentra sancionado con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años; siendo además, que dicho acto ilícito quedó en grado de tentativa, pues dicha institución penal se configura cuando el agente comienza la ejecución de un delito que decidió cometer, sin consumarlo(17), por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo dieciséis del Código Penal es posible rebajarle la pena prudencialmente. c) El impacto social del hecho cometido (grado de nocividad social de la conducta incriminada). d) Las cualidades personales del autor, su grado de instrucción y el entorno social donde reside, siendo que, registra antecedentes penales según consta del boletín de fojas cuarenta y seis; por lo que a criterio del Colegiado, en este caso concreto a efectos de ejercer sobre el reo una función resocializadora sin privación de la libertad, la pena a imponerse deberá ser una suspendida en su ejecución, bajo estricto cumplimiento de reglas de conducta. e) Finalmente, por el principio de proporcionalidad y razonabilidad la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho; consagrado en el numeral VIII del Título Preliminar del Código Penal, teniendo en consideración las circunstancias en que se suscitaron los hechos. QUINTO: La imposición del monto de la reparación civil se fijará en relación y proporción a la lesión causada, puesto que la reparación civil se rige por el principio del daño causado, cuya unidad penal y civil protege la reparación y resarcimiento del bien jurídico tutelado, específicamente el de la víctima o agraviado que resulte lesionado; por lo que este Colegiado impondrá una reparación civil equitativa y proporcional. SEXTO: En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el numeral VIII del Título Preliminar del Código Penal, así como los artículos seis, doce,

(16) Vide Salinas Siccha, Ramiro. Derecho Penal. Parte Especial. Grijley, Lima, 2008, p. 941. (17) R.N. Nº 675-2004-Lima, 15 junio 2004. Vide Caro, John José Antonio. Diccionario de Jurisprudencia Penal. Grijley, Lima, 2007, p. 641.

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dieciséis, veintitrés, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, noventa y dos, noventa y tres, y el numeral dos, tres y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, en concordancia con los artículos doscientos ochenta, doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales y la Ley veintiocho mil ciento veintidós, Ley de Conclusión Anticipada del Proceso, apreciando los hechos y valorando las pruebas con criterio de conciencia que la ley autoriza, y administrando justicia a nombre de la Nación, los señores Jueces Superiores integrantes de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres administrando Justicia a nombre del Pueblo. FALLA: CONDENANDO a Jorge Luis Montalvo Merino como autor del delito contra el Patrimonio -Robo Agravado en grado de tentativa, en agravio de Patricia Vargas Márquez; y como tal se le impone POR MAYORÍA CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA en su ejecución por el periodo de TRES AÑOS, bajo cumplimiento estricto de las siguientes reglas de conducta: a) No variar de domicilio sin conocimiento expreso del juez de la causa, b) Concurrir cada treinta días al local del Juzgado para firmar el libro de control respectivo; c) cumplir con el pago de la reparación civil; bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de revocarse la suspensión de la condena y hacerse efectiva conforme a lo dispuesto en el artículo cincuenta y nueve del Código Penal; FIJARON: En la suma de QUINIENTOS NUEVOS SOLES el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor del agraviado; MANDARON: Que, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se inscriba en el Registro respectivo, expidiéndose los testimonios y boletines de condena y remitir los actuados al Juzgado Penal de origen para los fines pertinentes; archivándose definitivamente los autos con conocimiento del Juez de Origen. SS. Dr. JUAN CARLOS VIDAL MORALES - Presidente DRA. LUISA ESTELA NAPA LÉVANO - Juez Superior DR. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA - Juez Superior y D.D.

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LA SECRETARÍA DE LA PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA CERTIFICA QUE EL VOTO EN DISCORDIA DEL DOCTOR CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA es como sigue: En la causa que se le sigue a Jorge Luis Montalvo Merino como autor del delito contra el Patrimonio - Robo Agravado en grado de tentativa, en agravio de Patricia Vargas Márquez. PRIMERO: Estando a lo expuesto, si bien es cierto en autos con la sentencia en mayoría, ha quedado establecida la responsabilidad penal del acusado Montalvo Merino; el suscrito considera que la pena arriba impuesta por el Colegiado no resulta proporcional ni razonable a los hechos; por cuanto la personalidad criminal del agente resulta agresiva, quien no ha meditado en asaltar con violencia a una persona de sexo femenino, valiéndose para ello incluso de una arma blanca como es un cuchillo, eligiendo este tipo de víctima dada la superioridad de la fuerza física que podría ejercer sobre ella dada su condición de varón, aunado asimismo, a que esta no sería la primera vez que el acusado comete un delito de acuerdo a la información obrante en su certificado de antecedentes penales de fojas cuarenta y seis; situación que denota una personalidad que requiere readaptación por un lado y sanción punitiva por el otro, de lo que se evidencia que este sujeto habría hecho del crimen una forma de vida, y que si con posterioridad no se tiene noticias de su acción delictiva, no es porque no siga viviendo del delito sino porque las fuerzas del orden son insuficientes para poder reprimir y perseguir el crimen, o sea, arrestar a los que cometen delitos. SEGUNDO: Por estas consideraciones, considero que la pena impuesta con carácter de condicional no resulta ser proporcional, debido a que una sanción benigna o leve no necesariamente es proporcional, ya que la proporcionalidad radica en que la sanción sea adecuada al daño causado, y que además la suspensión de la ejecución de la pena debe ser acorde con el artículo cincuenta y siete del Código Penal en el sentido de que garantice que el individuo no cometerá nuevo delito, supuesto que la personalidad del agente penal no lo permite según lo anotado en el considerando precedente.

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En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el numeral octavo del Título Preliminar del Código Penal, así como los artículos seis, doce, dieciséis, veintitrés, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, noventa y dos, noventa y tres del Código Penal y el inciso dos, tres y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve de la acotada norma penal, en concordancia con los artículos doscientos ochenta, doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales; MI VOTO ES POR QUE SE IMPONGA a Jorge Luis Montalvo Merino SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, la misma que computada desde la fecha vencerá el 9 de agosto de 2018, la cual deberá ser cumplida en una cárcel pública; y se FIJE: En la suma de QUINIENTOS NUEVOS SOLES el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor de la agraviada. S. DR. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA - Juez Superior y D.D.

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022. Robo en grado de tentativa: Determinación de la pena En atención a que el evento el robo agravado quedó en fase de tentativa la pena a imponerse en atención a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, que debe ir en consonancia con los indicadores y circunstancias a los que se contraen los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, así como los parámetros doctrinarios establecidos en el acuerdo plenario Nº 5-2008/CJ-116; por lo que, una pena condicional resulta suficiente para sancionar su accionar delictuoso, permitiendo su resocialización. PODER JUDICIAL DEL PERÚ Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres “Judicatura digna, democrática e institucional” Expediente Nº 34471-2009 D.D. Dra. Napa Lévano SENTENCIA CONCLUSIÓN ANTICIPADA

Lima, 16 de julio de 2012 VISTOS: En audiencia pública el proceso penal seguido contra Leonardo Alvites Sánchez; cuyas generales de ley obran en autos, acusado de la comisión del delito contra el Patrimonio - Robo Agravado en grado de tentativa, en agravio de Miguel Ángel Celis Cárdenas. FLUYE DE AUTOS: Que, en mérito al Atestado número trescientos setenta y seis - cero nueve - VII - DIRTEPOL-L/DIVTER-CENTRO-CLV-DEINPOL, que corre en autos de fojas dos y siguientes, el señor Fiscal Provincial, formaliza denuncia penal contra Leonardo Alvites Sánchez (fojas veintiséis a veintiocho), dictamen que merituado por el señor Juez Penal, motivó la expedición de auto de inicio de proceso de fecha 25 de agosto de 2009 (fojas treinta a treinta y tres); que tramitada la causa dentro de los cánones procesales de su naturaleza ordinaria y vencido el plazo de instrucción, los autos fueron remitidos al señor Fiscal Provincial, quien emite su dictamen final de fojas ciento siete a ciento ocho, por cuyo mérito la señora juez del cuadragésimo juzgado penal de Lima, emite su informe final de fojas ciento diez a ciento doce; puestos los autos de

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manifiesto a las partes procesales dentro del término de ley, los mismos fueron elevados a esta superior Sala Penal, que se avoca al conocimiento y remite la instrucción a vista de la señora Fiscal, quien emite su Dictamen Acusatorio de fojas ciento veintiuno a ciento veintisiete, dictándose al mérito de su evaluación el correspondiente Auto Superior de Enjuiciamiento de fojas ciento cincuenta y dos a ciento cincuenta y cuatro, señalándose fecha y hora para la verificación del juicio oral; por lo que, se procedió a su juzgamiento, declarándose quebrado el juicio, por los motivos que se especifican en la razón de secretaría de fojas doscientos setenta y siete; que, habiéndose reprogramado fecha para el inicio del acto oral, se efectivizó su desarrolló, exhortando al acusado para efectos que declare con la verdad, habiéndose puesto en su conocimiento los alcances a los que se contrae el artículo quinto de la Ley veintiocho mil ciento veintidós, el mismo previa consulta con su abogada reconoció ser autor del hecho que se le imputa y responsable de la Reparación Civil, acogiéndose bajo los términos de la referida ley; por lo que, con la conformidad manifestada por su defensa y la señora representante del Ministerio Público, se declaró la Conclusión Anticipada de los debates orales, quedando la causa expedita para dictar sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: El marco de imputación contra el acusado Leonardo Alvites Sánchez, consiste en haberse encontrado en compañía de dos sujetos desconocidos intentando despojar al agraviado Miguel Ángel Celis Cárdenas, de su vehículo de placa de rodaje AQD-siete ocho cinco, cuando se estacionó en el frontis del inmueble ubicado en el jirón Juan Pablo Vizcardo y Guzmán número trescientos catorce, en el distrito de La Victoria, para ello, uno de los sujetos premunido de un arma de fuego, amenaza al agraviado, mientras que Alvites Sánchez y el otro sujeto forcejeaban la puerta del citado vehículo con la finalidad de abrirla, circunstancias en que el agraviado aprovecha un descuido de sus atacantes y puso en marcha su vehículo, solicitando apoyo policial, dándose estos a la fuga, no sin antes arrojar una pistola marca Bersa, calibre veintidós, capturándose únicamente al acusado, hecho ocurrido el 17 de agosto de 2009 a las veinte horas aproximadamente. SEGUNDO: El marco normativo por el que se procesa al acusado, es el artículo ciento ochenta y ocho como tipo base con las circunstancias agravantes descritas en los inciso dos, tres y cuatro del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal; concordado con el artículo dieciséis del mismo cuerpo legal.

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TERCERO: Al respecto, el acusado Leonardo Alvites Sánchez, tanto al prestar su manifestación policial de fojas diez, como en su declaración instructiva de fojas ochenta y cinco, con el único propósito de eludir su responsabilidad negó haber participado en los hechos incriminados, precisando haber sido intervenido por personal policial en circunstancias que se disponía a tomar un taxi con la finalidad de dirigirse donde un tatuador de nombre “Lucho”, persistiendo en que el agraviado lo sindicó por presión del instructor policial, no habiendo estado presente en el lugar de los hechos. En tanto, el agraviado Miguel Ángel Celis Cárdenas, en su manifestación policial obrante a fojas trece; precisa que, en circunstancias que se aprestaba a estacionar su vehículo, fue abordado por tres individuos, siendo uno de ellos quien lo amenazó con un arma de fuego a la altura del capot del citado vehículo, mientras que los otros dos, entre los que se encontraba el acusado Alvites Sánchez, trataron de abrir la puerta, aprovechando un descuido de los mismos para emprender la marcha; ratificando los extremos de su incriminación en su preventiva obrante a fojas noventa y nueve. CUARTO: Que, al concurrir el acusado al acto de juzgamiento luego de escuchar los cargos materia de imputación, así como la pena y reparación civil, reconoció su autoría en el evento delictivo materia de juzgamiento así como su responsabilidad civil; manifestando sinceridad y arrepentimiento, acogiéndose a los beneficios de la Conclusión Anticipada del Proceso, ley número veintiocho mil ciento veintidós, por lo que el Colegiado dio por concluido el debate aceptando su conformidad procesal. QUINTO: El aspecto sustancial de la institución de la conformidad, tal como está regulado en la citada ley, tiene por objeto la pronta culminación del proceso –en concreto, del juicio oral– a través de un acto unilateral del imputado y su defensa de reconocer los hechos de imputación concretados en la acusación fiscal y aceptar las consecuencias jurídico-penales y civiles correspondientes; siendo que este acto procesal unilateral, importa una renuncia a la actuación de pruebas y a un juicio público, lo que significa que los hechos vienen definidos, sin injerencia de la Sala sentenciadora, por la acusación con la plena aceptación del imputado y su defensa. SEXTO: Que, para efectos de la graduación de la sanción, debe tenerse en cuenta el Acuerdo Plenario número siete guión dos mil siete / CJ guión uno seis del Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de fecha 16 de noviembre de 2007; que en el punto octavo consigna expresamente: “(...) Al respecto, se tiene presente, como reconoce

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la doctrina y la jurisprudencia nacional, el principio de proporcionalidad o de prohibición en exceso, incorporado, positivamente en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, en cuya virtud: “(...) la pena debe ser adecuada al daño ocasionado por el agente, según el grado de culpabilidad y el perjuicio socialmente ocasionado”. Por consiguiente, es función del órgano jurisdiccional ejercitar y desarrollar con mayor énfasis la proporcionalidad concreta de la pena. En consecuencia, desde esta perspectiva, es necesario adecuar la cantidad y la calidad de la pena al daño causado a la víctima, al perjuicio que con el delito se infringe a la sociedad y al grado de culpabilidad. En tal sentido, y en atención a lo expuesto, la Sala evalúa para estos efectos la forma y circunstancias en que se desarrolló el evento delictivo; así como las condiciones personales del acusado; siendo esto así, se tiene en consideración: a) Que el acusado, no obstante haber negado su participación en el evento delictivo a nivel preliminar, e investigación judicial; iniciado que fuere el juicio oral, en forma voluntaria y espontánea reconoció en su integridad los cargos materia de imputación - conformidad procesal, mostrando arrepentimiento. b) Que conforme se desprende de la imputación fáctica, el evento delictivo quedó en grado de tentativa. c) Que el acusado no registra antecedentes penales ni judiciales, conforme aparece del boletín de condenas de fojas trescientos, y prontuario judicial de fojas trescientos dos, teniendo consecuentemente la condición de agente primario. d) Que al efectuarse la denuncia, la Fiscalía no ha precisado el accionar delictuoso del procesado; por lo que, se tomará como marco de referencia lo vertido por el agraviado en su manifestación policial y judicial, en el sentido de que fue uno de los sujetos que forcejeaba la puerta del vehículo. e) Su edad, toda vez que al momento de la comisión de los hechos si bien no tenía responsabilidad restringida, contaba con veintidós años de edad; por lo que, dada su juventud merece se le conceda una oportunidad. Que siendo así, estando a los fines preventivos, protectores y resocializadores de la pena, la misma debe imponerse en atención a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, que debe ir en consonancia con los indicadores y

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circunstancias a los que se contraen los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, así como los parámetros doctrinarios establecidos en el acuerdo plenario Nº 5-2008/CJ-116; por lo que, una pena condicional resulta suficiente para sancionar su accionar delictuoso, permitiendo su resocialización. SÉTIMO: Que, con respecto a la reparación civil conforme lo prescribe el artículo noventa y tres del Código Penal, esta tiene como fin la restitución del bien y en caso de no ser posible, el pago de su valor, así como la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, la misma que deberá fijarse partiendo del principio de autorresponsabilidad, por el cual se asume que quien causa un daño debe responder por sus actos. En ese sentido, el monto indemnizatorio debe fijarse prudencialmente. Por las consideraciones anotadas y estando a lo dispuesto por los artículos diez, once, doce, dieciséis, veintitrés, veintiocho, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, noventa y dos, noventa y tres, ciento ochenta y ocho como tipo base con las circunstancias agravantes del inciso dos, tres y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal; así como, los artículos doscientos ochenta y tres, doscientos ochenta y cinco y doscientos ochenta y seis del Código de Procedimientos Penales en concordancia con la Ley veintiocho mil ciento veintidós; la PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, juzgando los hechos reconocidos por el acusado y administrando Justicia a Nombre de la Nación, FALLA: CONDENANDO por UNANIMIDAD a Leonardo Alvites Sánchez, identificado con documento nacional de identidad número cuatro cuatro tres cinco cero siete ocho dos, nacido el 13 de enero de 1987, natural de Lima, hijo de don José Antonio y doña Liliana Juana, con grado de instrucción secundaria completa, sin antecedentes penales ni judiciales; como autor de delito contra el Patrimonio - Robo Agravado en grado de tentativa, en agravio de Miguel Ángel Celis Cárdenas, y como tal le impusieron CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA EN SU EJECUCIÓN POR EL PERIODO DE PRUEBA DE TRES AÑOS, bajo el cumplimiento de manera personal y obligatoria de las siguientes reglas de conducta: a) No variar de domicilio sin previo aviso del Juez de la causa; b) Concurrir al local del Juzgado a firmar cada fin de mes el libro de control respectivo y justificar sus actividades, c) No cometer nuevo delito doloso; bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, aplicarse lo dispuesto en el artículo cincuenta y nueve del

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Código Penal; FIJARON: en la suma de quinientos nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor del agraviado Miguel Ángel Celis Cárdenas; MANDARON: Que, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se expidan los boletines de condena se inscriba donde corresponda; y se archiven los autos definitivamente con conocimiento del Juez de la presente causa. SS. Dr. JUAN CARLOS VIDAL MORALES - Presidente Dra. LUISA ESTELA NAPA LÉVANO - Juez Superior y D.D. Dr. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA - Juez Superior

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023. Robo en grado de tentativa: Configuración Será tentativa de robo cuando el imputado es sorprendido in fraganti, in situ y perseguido inmediatamente y sin interrupción es capturado, o si en el curso de la persecución abandona los efectos, sin haber conseguido su disponiblidad momentánea o fugaz. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE SALA PENAL TRANSITORIA DE REOS LIBRES Expediente Nº 45-2010

Independencia, 21 de junio de 2010 VISTOS: En audiencia pública seguida contra Paul Jerry Nalvarte Manrique por delito contra el Patrimonio - Robo Agravado en grado de tentativa en agravio de Braulio Sotelo Meza; con lo expuesto por el representante del Ministerio Público; y CONSIDERANDO: Primero.- Se le imputa al acusado Paul Jerry Nalvarte Manrique el hecho de que con fecha 25 de agosto de 2007, a las dieciocho horas con treinta minutos aproximadamente, en circunstancias que el agraviado se desplazaba a pie por el Puente Trompeta en el distrito de San Martín de Porres, con dirección a su domicilio, hizo su aparición el procesado quien premunido de un pedazo de fierro de construcción interceptó al agraviado, amenazándolo con dicha arma haciendo que se arrodillara, acto seguido le registró sus pertenencias sustrayendo la suma de veinticuatro nuevos soles para luego retirarse del lugar lentamente; siendo que en ese momento hizo su aparición personal policial quien alertados por un testigo detuvieron al imputado y al realizarle el registro personal le encontraron el dinero del agraviado, el mismo que fue devuelto a este; asimismo se le encontró el arma utilizada y adicionalmente una hoja de cuchillo marca Celica Inox- Stainless Steli de aproximadamente diez centímetros de largo. ANÁLISIS JURÍDICO DEL DELITO MATERIA DE ACUSACIÓN Segundo: Al acusado se le procesa como autor del delito contra el Patrimonio - Robo Agravado en grado de tentativa, previsto en el artículo ciento ochenta y ocho y ciento ochenta y nueve incisos dos y tres del Código Penal, el cual sanciona al que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que

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se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física. Agravándose dicha figura cuando concurren una de las causales previstas en el artículo ciento ochenta y nueve como en el caso de autos que se haya llevado durante la noche y mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos. Tercero.- El artículo dieciséis del Código Penal, establece: En la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió cometer, sin consumarlo. El Juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena. ACTIVIDAD PROBATORIA DESARROLLADA Cuarto.- Al respecto, este Colegiado debe evaluar los siguientes aspectos: a) Notitia Criminis.- Contenida en el Atestado Policial número doscientos veintisiete guión VII DIRTEPOL guión DIVTER guión dos guión JDSMP guión CSMP guión SEINCRI, de fecha 26 de agosto de 2007, elaborado por la Comisaría de San Martín de Porres. b) Acta de Registro Personal.- De folios trece en el cual se da cuenta que al momento de la intervención al procesado se le encontró una billetera de cuerina color negro, un fierro de construcción de aproximadamente cincuenta centímetros, una punta de metal de cuchillo de mesa y una llave; así como dinero en efectivo veinticuatro monedas de Un Nuevo Sol y una moneda de cincuenta céntimos. c) Certificado de Antecedentes Penales de folios sesenta y siete, en el cual se informa que el acusado Registra Antecedentes Penales. d) Versión del acusado.- En su declaración instructiva de folios cuarenta y siete a cincuenta indicó tener quinto de secundaria, casado. Sobre lo investigado refiere que el día de los hechos había estado libando licor con unos amigos del barrio y cuando se dirigía a almorzar tuvo un percance con el señor Leoncio Ciro Valencia porque le tiró un fierro en la cabeza y de cólera subió por el Concejo donde hay reciclaje, entonces cogió un fierro y luego al pasar por un pasaje angosto y ver a un viejo le dijo “pasa viejo maldito”, mentándole la madre, mientras se dirigía donde un llantero para que le afine su fierro con la finalidad de pelearse con el señor Leoncio con quien tiene problemas desde hace tiempo, pero no

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le quisieron afinar el fierro por eso regresó por el mismo lugar siendo intervenido por la policía e) Versión del agraviado.- En su declaración policial de folios ocho a nueve refiere ser lustrador de calzado en forma ambulatoria, señala que el día de los hechos siendo las dieciocho horas con treinta minutos aproximadamente, cuando se dirigía a su domicilio en circunstancias que se encontraba caminando por la altura del puente Trompeta, apareció el procesado con un fierro en su mano quien lo amenazó haciéndolo arrodillar y empezó a pedirle dinero, por lo que empezó a rebuscarle en su ropa y se apoderó de su frasco de plástico donde guarda su dinero conteniendo la suma de veinticuatro Nuevos Soles con cincuenta céntimos y en ese momento pasó un señor que trató de ayudarlo, pero el procesado también lo amenazó con el fierro y se retiró del lugar, y al cabo de unos minutos apareció la policía a quienes les pidió ayuda indicándoles que el sujeto que se retiraba del lugar le había robado su dinero producto del trabajo de dos días. f) Declaración Testimonial de Michel Antonio Flores Soriano de folios cincuenta y uno a cincuenta y dos, en la cual refiere que el día de los hechos se encontraba realizando servicio individualizado, circunstancias en las que hizo su aparición un señor diciendo que en el puente Trompeta le estaban robando a una persona anciana, entonces se acercaron al lugar referido y observaron al “viejito” que venía diciendo que lo habían asaltado señalando a un sujeto que tenía el fierro y al intervenirlo le encontraron una hoja de cuchillo, un fierro de cincuenta centímetros y un frasco donde tenía el dinero que le había quitado al agraviado, siendo conducido a la Comisaría donde los insultó e intentó escaparse. g) Durante el Juicio Oral se recibió las declaraciones siguientes: 1. Declaración del acusado: a fojas ciento cincuenta y uno a ciento cincuenta y cuatro, refiere que el día de los hechos se encontraba mareado caminado por el lugar de los hechos en donde se encontró con un sujeto con quien discutió y luego pasó el agraviado pero señala que solo pasó por su lado y no hizo nada, luego se fue al lubricante y estuvo ahí tres minutos y al regresar por el mismo sitio fue intervenido por la policía; afirma que es falso lo que sostiene el agraviado puesto que no le hizo nada, solo le gritó porque estaba con cólera;

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asimismo manifiesta que a él no le encontraron el dinero que este se lo encontraron en poder del agraviado; sostiene que sí tenía el fierro en su poder cuando fue intervenido. 2. Declaración del testigo Michael Antonio Flores Soriano, a fojas ciento cincuenta y siete a ciento cincuenta y ocho, refiere que el día de los hechos se encontraba brindando seguridad por el Puente Trompeta ya que en dicho lugar se estaba realizando el puesto de seguridad del óvalo Habich; manifiesta que a pedido de un señor quien le manifestó que habían robado a una persona de edad, luego el agraviado señaló que lo habían amenazado con una varilla, haciéndolo arrodillar para robarle el dinero que tenía, asimismo señaló al acusado quien se encontraba más adelante. 3. Declaración de la testigo Alicia Yolanda Guerrero Torrealva, quien a folios ciento cincuenta y nueve a ciento sesenta, manifiesta que el día de los hechos se encontraba cumpliendo un servicio de seguridad ciudadana, y un señor se les acercó y les dijo que lo apoyaran porque le habían robado, refiere que los hechos ocurrieron a la altura del Puente Trompeta, manifiesta que el procesado tenía la apariencia de haber fumado algo, no recordando si el procesado logró firmar el acta de incautación. ANÁLISIS DEL COLEGIADO Quinto.- La Sala Penal, luego de un análisis lógico-jurídico tanto de las actuaciones en sede preliminar y jurisdiccional, teniendo en cuenta los medios probatorios incorporados en el proceso y juzgamiento, ha llegado a la conclusión de que se encuentra acreditada la responsabilidad penal del acusado, por lo siguiente: A. Que, conforme es de verse en autos, si bien el procesado refiere no haberle sustraído bajo amenaza las pertenencias del agraviado, sin embargo conforme al Registro Personal obrante en autos, este al momento de ser intervenido tenía un fierro de construcción y dinero en la suma de veinticuatro soles con cincuenta céntimos, dinero que según sostiene el agraviado le pertenecía de sus ganancias de dos días, de otro lado el procesado en su manifestación policial a folios once señala que sí amenazó al agraviado con el fierro de construcción lo que se condice con lo señalado por el agraviado.

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B. De otro lado conforme al Pleno Jurisdiccional de los Vocales de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República Sentencia Plenaria Nº 1-2005/DJ-301-A, señalan que será tentativa, pese a la aprehensión de la cosa, cuando el imputado es sorprendido in fraganti o in situ y perseguido inmediatamente y sin interrupción es capturado o si en el curso de la persecución abandona los efectos, sin haber conseguido su disponibilidad momentánea o fugaz. C. Que, conforme es de verse de lo actuado si bien el procesado logró despojar al agraviado sin embargo no hubo acto de disposición de lo sustraído, así el artículo dieciséis del Código Penal refiere que el Juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena. D. Que es de tenerse en cuenta que conforme el acta de entrega obrante a folios catorce se le hizo entrega de la suma de veinticuatro punto cincuenta nuevos soles que el acusado le sustrajera y además se tiene que el agraviado no sufrió lesiones a su integridad física. Bajo estos parámetros el acusado merece una sanción de carácter suspendida a fin de darle una oportunidad para que se reinserte a la sociedad. DECISIÓN FINAL Por tales fundamentos, de conformidad con la facultad conferida por los artículos doce, dieciséis, veinticinco, veintiocho, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, noventa y dos, noventa y tres, artículo ciento ochenta y ocho, inciso dos y tres del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, concordante con los artículos doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales, la Primera Sala Penal Transitoria de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte administrando justicia a nombre de la Nación FALLA: CONDENANDO al ciudadano Paul Jerry Nalvarte Manrique por delito contra el Patrimonio - Robo Agravado en grado de tentativa en agravio de Braulio Sotelo Meza a CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, suspendida por el periodo de TRES AÑOS en cuyo plazo en el que deberá cumplir las siguientes reglas de conducta. A) No ausentarse de esta ciudad sin autorización Judicial. B) No cometer nuevo delito doloso. C) Apersonarse a esta Corte al registro de procesados para que suscriba el registro respectivo en forma mensual. D) Pagar la reparación civil dentro del plazo de 12 meses. Bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento de alguna de ellas se le revoque la condicionalidad de la pena y se convierta en una sanción

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de carácter efectiva. Por otro lado, FIJARON: por concepto de reparación civil la suma de QUINIENTOS NUEVOS SOLES que deberá abonar el sentenciado a favor de cada agraviado; MANDARON: Que, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia se inscriban los boletines y testimonios de condena, archivándose donde corresponde con aviso al Juez de la causa. SS. ESPINOZA ORTIZ - Presidente CUEVA SOLÍS - Juez Superior y D.D. PARDO DEL VALLE - Juez Superior

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024. Robo agravado en grado de tentativa: Configuración El delito materia de incriminación –robo agravado en grado de tentativa– se encuentra regulado en el artículo ciento ochenta y ocho como tipo base con las agravantes previstas en los numerales dos, tres y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal vigente al momento de la comisión del hecho delictivo, en concordancia con el artículo dieciséis del citado cuerpo de leyes, el mismo que consiste en el apoderamiento de un bien mueble y con animus lucrandi, siendo necesario el empleo de la violencia y amenaza por parte del agente sobre la víctima (vis absoluta, vis corporales y vis compulsiva), destinadas a posibilitar la sustracción del bien, debiendo ser estas actuales e inminentes en el momento de la consumación del evento y garantizar el resultado, consumándose el delito con el apoderamiento del objeto mueble aunque sea por breve lapso comportamiento que se agrava cuando se realiza durante la noche, a mano armada y en concurso de dos o más personas. Hecho criminoso que se encuentra sancionado con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años; siendo además, que dicho acto ilícito quedó en grado de tentativa, pues dicha institución penal se configura cuando el agente comienza la ejecución de un delito que decidió cometer, sin consumarlos, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo dieciséis del Código Penal es posible rebajarle la pena prudencialmente. Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres “Judicatura digna, democrática e institucional” Expediente Nº 06889- 2007 D.D. Dr. Vásquez Arana SENTENCIA ANTICIPADA

Lima, diez de agosto de 2012 VISTA: En Audiencia Pública, la causa penal seguida contra Jorge Luis Montalvo Merino, identificado con D.N.I., número dieciséis sesenta y cuatro

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noventa y tres noventa y dos, natural de Chiclayo - Lambayeque, con fecha de nacimiento 21 de enero de 1967, hijo de Antero y Graciela, con grado de instrucción quinto de secundaria, conviviente, con cuatro hijos; con domicilio en avenida Morales Duárez número veinticinco ochenta y cuatro, Mirones Bajo, Cercado de Lima; por delito contra el Patrimonio - Robo Agravado en grado de tentativa, en agravio de Patricia Vargas Márquez. RESULTA DE AUTOS: Que, en mérito al Atestado Policial número cero quince-cero siete-VII-DIRTEPOL-JEF. DIST. CEN-CMB-DEINPOL de fojas dos y siguientes, el señor Representante del Ministerio Público formalizó denuncia de fojas veintiuno y siguiente ante el Señor Juez Penal de Turno Permanente de Lima, dictándose el Auto Apertorio de Instrucción de fojas veinticinco a veintisiete, su fecha 24 de febrero de 2007; tramitada la causa de acuerdo a su naturaleza y vencido el plazo de ley, la instrucción fue elevada a la Sala Penal correspondiente con el Dictamen y los Informes Finales pertinentes, recabándose la acusación escrita del Señor Fiscal Superior Penal de Lima de fojas ciento siete ciento nueve, emitiéndose el Auto Superior de Enjuiciamiento a fojas ciento diez, su fecha 8 de setiembre de 2008, habiendo sido el acusado declarado reo contumaz y ordenado su inmediata ubicación y captura mediante resolución de fojas ciento ochenta y seis, siendo que con fecha diez de agosto del año en curso fue puesto a disposición en calidad de detenido, emitiéndose la correspondiente resolución de fojas doscientos ocho, señalándose día y hora para el juicio oral, el mismo que se ha realizado conforme al procedimiento de la Conclusión Anticipada dispuesto por la Ley número veintiocho mil ciento veintidós, de fecha 16 de diciembre de 2003, estructurándose el acta precedente, ha llegado la etapa de dictar sentencia, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Plenario número cinco - dos mil ocho/CJ-116(18). IMPUTACIÓN FÁCTICA: Conforme fluye de la acusación fiscal, se imputa al acusado Jorge Luis Montalvo Merino en compañía de otros sujetos no identificados, habría despojado violentamente y mediante amenaza de su cartera a la agraviada en circunstancias que esta transitaba por la cuadra tres de la avenida Nicolás Dueñas, y con el fin de lograr su propósito el procesado amenazó a la agraviada con un arma blanca (cuchillo), hecho ocurrido el 23 de febrero de 2007 a horas 20:30 aproximadamente, siendo la agraviada auxiliada por personal de Serenazgo que se encontraba por inmediaciones del lugar, quienes procedieron (18) IV Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales - Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116.

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a perseguir al procesado hasta lograr su aprehensión, arrojando este el arma al piso, recuperando su cartera la agraviada. CONSIDERANDO: PRIMERO: La Ley veintiocho mil ciento veintidós, que regula la Conclusión Anticipada de la instrucción y del debate o juicio oral, permite que el juzgamiento concluya anticipadamente, cuando el procesado admite su participación y responsabilidad en el delito penal que se le atribuye, facultando al Juzgador a dictar una “sentencia anticipada” producto de la confesión del acusado, la misma que no está circunscrita exclusivamente al pedido de pena y reparación civil del Fiscal, y en su caso, de la parte civil, por tanto el Tribunal tiene potestad de fijarlas conforme a lo que corresponda y con arreglo a los principios de legalidad y proporcionalidad. SEGUNDO: Atendiendo a lo establecido en el Acuerdo Plenario número Cinco-Dos mil ocho/CJ- ciento dieciséis(19); el cual señala que el Juzgador debe dictar sentencia privilegiando y ponderando la declaración de culpabilidad, la misma que excluye la valoración probatoria al Tribunal, este debe realizar una revisión jurídica penal a fin de que el reconocimiento que formula de haber ejecutado el hecho delictivo que se le atribuye, cumpla los principios y garantías fundamentales del Derecho Penal, concurran la aceptación del acusado y su defensa, así como el conjunto de requisitos externos (sede y garantías) e internos (voluntariedad y espontaneidad y veracidad - comprobación a través de otros recaudos de la causa), así como la adhesión voluntaria, importando una abreviación del procedimiento en interés de la economía procesal. La conformidad tal como está regulada en la Ley veintiocho mil ciento veintidós, estriba en el reconocimiento, que tiene por objeto la pronta culminación del proceso a través de un acto unilateral de disposición de la pretensión, claramente formalizado, efectuado por el acusado y su defensa –de doble garantía– concretado en la acusación fiscal y aceptar las consecuencias jurídicas penales y civiles correspondientes, por lo que el Tribunal no puede mencionar, interpretar y valorar acto de investigación o prueba preconstituida alguna. Que dada la aceptación de los cargos por parte del acusado Jorge Luis Montalvo Merino, que desde su perspectiva general, es una declaración autoinculpatoria del imputado

(19) IV Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales-Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-116, pp. 4, 10 y 11.

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consistiendo en el expreso reconocimiento que formula de haber ejecutado el hecho delictivo que se le atribuye, debiendo reunir un conjunto de requisitos externos (sede y garantías) e internos (voluntariedad, espontaneidad y veracidad - comprobación a través de otros recaudos de la causa), así como la adhesión voluntaria, renunciando a la presunción de inocencia e importando una abreviación del procedimiento en interés de la economía procesal, cuya conformidad consta de dos elementos materiales: a) El reconocimiento de hechos, y, b) la declaración de voluntad del acusado. TERCERO: Resulta indispensable salvaguardar la garantía de la no incriminación, esto es que la confesión de culpabilidad sea idónea y real, a fin de que el reo no se confiese responsable en un acto de desesperación o de proteger al verdadero autor, así el profesor Cubas Villanueva en su Tratado de Derecho Procesal Penal, sostiene que “la finalidad de dicho principio es excluir la posibilidad de obligar al imputado a cooperar aditivamente en la formación de la convicción sobre sí mismo(20)”, de lo que evidenciamos que existe la posibilidad de que el reo se confiese culpable, presionado por el sistema a fin de obtener los beneficios premiales que la ley penal flanquea; así debemos efectuar la valoración contradictoria a fin de verificar las afirmaciones sostenidas por el acusado; apareciendo de autos que si bien el agente penal tanto al deponer en la etapa preliminar como judicial niega los cargos manifestando que lo que sucedió se debió a una confusión, ya que el día de los hechos mientras estaba libando licor con tres amigos, uno de ellos apodado “El Chino” le dijo que su conviviente estaba con otro sujeto, por lo que él fue a reclamarle, confundiendo a la agraviada, a quien debido al licor que había bebido es que confundió con su conviviente por sus características físicas, alcanzándola es que le profirió una serie de insultos y le jaló su cartera diciéndole ven, con la intención de llevarla a su cuarto, y no siendo sino hasta oír la voz de la agraviada quien le pedía que le devolviera su cartera es que se da cuenta de que no se trataba de su conviviente, por lo que le devolvió sus pertenencias y se disculpó por lo sucedido, habiendo encontrado por inmediaciones del lugar de los hechos un cuchillo tirado en el suelo, el cual cogió para defenderse de los “patas” que venían contra él en defensa de la agraviada; versión que durante el juicio oral ha variado, toda vez que ha

(20) Cubas Villanueva, Víctor. El Proceso Penal Teoría y Jurisprudencia del Proceso Penal. Palestra Editores, Lima, 2006, p. 71.

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aceptado in extenso los cargos formulados en su contra, esto es, haber participado junto con otras personas en el robo que sufriera la agraviada, ejercido violencia contra la misma, amenazándola con un cuchillo con el propósito de lograr su ilícito fin, declarándose responsable del delito que se le imputa; aceptación de los cargos por parte del acusado que se corrobora con la manifestación brindada a nivel policial y judicial por la agraviada Patricia Vargas Márquez de fojas nueve y siguiente y setenta y cuatro y siguiente, respectivamente; así como con la declaración testimonial del efectivo policial Corpus Aurelio García Vásquez ochenta y dos y siguiente, por lo que la aceptación mostrada por el acusado se encuentra debidamente acreditada con la actuaciones judiciales y preliminares, verificándose así su responsabilidad penal. CUARTO: Para establecer el quántum de la pena, este Superior Colegiado debe tener en cuenta otros aspectos de tanta o igual importancia a los ya reseñados, como son: a) Se valora que el acusado durante las dos primeras etapas del proceso niega los cargos imputados, sin embargo, ante esta Superior Sala reconoce y admite su responsabilidad penal de manera plena, acogiéndose a la Ley número veintiocho mil ciento veintidós, Ley de Conclusión Anticipada del Juzgamiento, demostrando su arrepentimiento por lo que le es de aplicación el Acuerdo Plenario número cinco-dos mil ocho/CJ-ciento dieciséis. b) El delito materia de incriminación Robo Agravado en grado de tentativa, se encuentra regulado en el artículo ciento ochenta y ocho como tipo base con las agravantes previstas en los numerales dos, tres y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal vigente al momento de la comisión del hecho delictivo, en concordancia con el artículo dieciséis del citado cuerpo de leyes, el mismo que consiste en el apoderamiento de un bien mueble y con animus lucrandi, siendo necesario el empleo de la violencia y amenaza por parte del agente sobre la víctima (vis absoluta, vis corporales y vis compulsiva), destinadas a posibilitar la sustracción del bien, debiendo ser estas actuales e inminentes en el momento de la consumación del evento y garantizar el resultado, consumándose el delito con el apoderamiento del objeto mueble aunque

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sea por breve lapso(21) comportamiento que se agrava cuando se realiza durante la noche, a mano armada y en concurso de dos o más personas. Hecho criminoso que se encuentra sancionado con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años; siendo además, que dicho acto ilícito quedó en grado de tentativa, pues dicha institución penal se configura cuando el agente comienza la ejecución de un delito que decidió cometer, sin consumarlo(22), por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo dieciséis del Código Penal es posible rebajarle la pena prudencialmente. c) El impacto social del hecho cometido (grado de nocividad social de la conducta incriminada). d) Las cualidades personales del autor, su grado de instrucción y el entorno

social donde reside, siendo que, registra antecedentes penales según consta del boletín de fojas cuarenta y seis; por lo que a criterio del Colegiado, en este caso concreto a efectos de ejercer sobre el reo una función resocializadora sin privación de la libertad, la pena a imponerse deberá ser una suspendida en su ejecución, bajo estricto cumplimiento de reglas de conducta.

e) Finalmente, por el principio de proporcionalidad y razonabilidad la

pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho; consagrado en el numeral VIII del Título Preliminar del Código Penal, teniendo en consideración las circunstancias en que se suscitaron los hechos.

QUINTO: La imposición del monto de la reparación civil se fijará en relación y proporción a la lesión causada, puesto que la reparación civil se rige por el principio del daño causado, cuya unidad penal y civil protege la reparación y resarcimiento del bien jurídico tutelado, específicamente el de la víctima o agraviado que resulte lesionado; por lo que este Colegiado impondrá una reparación civil equitativa y proporcional.

(21) Vide Salinas Siccha. Ramiro. Derecho Penal. Parte Especial. Grijley, Lima, 2008, p. 941. (22) R.N. Nº 675-2004-Lima, 15 junio 2004. Vide Caro, John José Antonio. Diccionario de Jurisprudencia Penal. Grijley, Lima, 2007, p. 641.

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SEXTO: En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el numeral VIII del Título Preliminar del Código Penal, así como los artículos seis, doce, dieciséis, veintitrés, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, noventa y dos, noventa y tres, y el numeral dos, tres y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, en concordancia con los artículos doscientos ochenta, doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales y la Ley veintiocho mil ciento veintidós, Ley de Conclusión Anticipada del Proceso, apreciando los hechos y valorando las pruebas con criterio de conciencia que la ley autoriza, y administrando justicia a nombre de la Nación, los señores Jueces Superiores integrantes de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres administrando Justicia a nombre del Pueblo. FALLA: CONDENANDO a Jorge Luis Montalvo Merino como autor del delito contra el Patrimonio -Robo Agravado en grado de tentativa, en agravio de Patricia Vargas Márquez; y como tal se le impone POR MAYORÍA CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA en su ejecución por el periodo de TRES AÑOS, bajo cumplimiento estricto de las siguientes reglas de conducta: a) No variar de domicilio sin conocimiento expreso del juez de la causa, b) Concurrir cada treinta días al local del Juzgado para firmar el libro de control respectivo; c) cumplir con el pago de la reparación civil; bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de revocarse la suspensión de la condena y hacerse efectiva conforme a lo dispuesto en el artículo cincuenta y nueve del Código Penal; FIJARON: En la suma de QUINIENTOS NUEVOS SOLES el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor del agraviado; MANDARON: Que, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se inscriba en el Registro respectivo, expidiéndose los testimonios y boletines de condena y remitir los actuados al Juzgado Penal de origen para los fines pertinentes; archivándose definitivamente los autos con conocimiento del Juez de Origen. SS. Dr. JUAN CARLOS VIDAL MORALES - Presidente DRA. LUISA ESTELA NAPA LÉVANO - Juez Superior DR. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA - Juez Superior y D.D.

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LA SECRETARÍA DE LA PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA CERTIFICA QUE EL VOTO EN DISCORDIA DEL DOCTOR CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA es como sigue: En la causa que se le sigue a Jorge Luis Montalvo Merino como autor del delito contra el Patrimonio - Robo Agravado en grado de tentativa, en agravio de Patricia Vargas Márquez; PRIMERO: Estando a lo expuesto, si bien es cierto en autos con la sentencia en mayoría, ha quedado establecida la responsabilidad penal del acusado Montalvo Merino; el suscrito considera que la pena arriba impuesta por el Colegiado no resulta proporcional ni razonable a los hechos; por cuanto la personalidad criminal del agente resulta agresiva, quien no ha meditado en asaltar con violencia a una persona de sexo femenino, valiéndose para ello incluso de un arma blanca como es un cuchillo, eligiendo este tipo de víctima dada la superioridad de la fuerza física que podría ejercer sobre ella dada su condición de varón, aunado asimismo, a que esta no sería la primera vez que el acusado comete un delito de acuerdo a la información obrante en su certificado de antecedentes penales de fojas cuarenta y seis; situación que denota una personalidad que requiere readaptación por un lado y sanción punitiva por el otro, de lo que se evidencia que este sujeto habría hecho del crimen una forma de vida, y que si con posterioridad no se tiene noticias de su acción delictiva, no es porque no siga viviendo del delito sino porque las fuerzas del orden son insuficientes para poder reprimir y perseguir el crimen, o sea, arrestar a los que cometen delitos. SEGUNDO: Por estas consideraciones, considero que la pena impuesta con carácter de condicional no resulta ser proporcional, debido a que una sanción benigna o leve no necesariamente es proporcional, ya que la proporcionalidad radica en que la sanción sea adecuada al daño causado, y que además la suspensión de la ejecución de la pena debe ser acorde con el artículo cincuenta y siete del Código Penal en el sentido de que garantice que el individuo no cometerá nuevo delito, supuesto que la personalidad del agente penal no lo permite según lo anotado en el considerando precedente. En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el numeral octavo del Título Preliminar del Código Penal, así como los artículos seis, doce, dieciséis, veintitrés, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, noventa y dos, noventa y tres del

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Código Penal y el inciso dos, tres y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve de la acotada norma penal, en concordancia con los artículos doscientos ochenta, doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales; MI VOTO ES POR QUE SE IMPONGA a Jorge Luis Montalvo Merino SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, la misma que computada desde la fecha vencerá el 9 de agosto de 2018, la cual deberá ser cumplida en una cárcel pública; y se FIJE: En la suma de QUINIENTOS NUEVOS SOLES el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor de la agraviada. S. DR. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA - Juez Superior y D.D.

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025. Robo: Consumación se efectúa con el apoderamiento del objeto mueble aunque por un breve lapso El delito materia de incriminación - robo agravado se encuentra regulado en el artículo ciento ochenta y ocho como tipo base con la agravante prevista en los incisos dos y cuarto del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal vigente al momento de la comisión del hecho delictivo, el mismo que consiste en el apoderamiento de un bien mueble con animus lucrando, siendo necesario el empleo de la violencia y amenaza por parte del agente sobre la víctima (vis absoluta, vis corporales y vis compulsiva), destinadas a posibilitar la sustracción del bien, debiendo ser estas actuales e inminentes en el momento de la consumación del evento y garantizar el resultado, consumándose el delito con el apoderamiento del objeto mueble aunque sea por breve lapso. Expediente Nº 6101-2000 DD. Dr. Vásquez Arana SENTENCIA ANTICIPADA

Lima, 13 de setiembre de 2012 VISTOS.- En audiencia pública la causa penal seguida contra Félix Temístocles Colán Silva, de treinta años de edad, identificado con documento nacional de identidad número cuarenta y cinco y setenta y cinco setenta y tres sesenta, con fecha de nacimiento 30 de setiembre de 1981, natural de Lima, hijo de Don Félix Emilio y Doña Luz Aurora, conviviente, con grado de instrucción segundo año de secundaria, con domicilio en Asociación El Olivar manzana “A” - Lote dieciocho - Los Olivos; por delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Carlos Antonio Ortiz Liza. RESULTA DE AUTOS.- Que, a mérito del Atestado Policial número ciento dieciséis-AP. cero tres-SIDF-PNP . CAU obrante de fojas dos a seis, el Representante del Ministerio Público formalizó denuncia penal obrante de fojas quince a dieciséis, en mérito al cual el señor Juez Penal de Lima dictó el correspondiente Auto Apertorio de Instrucción obrante de fojas doscientos treinta y seis a

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doscientos cuarenta y uno, llevándose a cabo la instrucción por los cauces que a su naturaleza corresponden y con los respectivos informes finales la causa fue elevada a la Sala Superior remitiéndose al Despacho de la señora Fiscal Superior quien emitió la respectiva Acusación Fiscal obrante de fojas cuatrocientos veinte y cuatro a cuatrocientos veinte y seis, señalándose fecha a efectos de iniciarse el juzgamiento y estando a que se ha verificado la audiencia pública, la causa ha quedado expedita para dictar sentencia, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Plenario número cinco - dos mil ocho / CJ - 116(23). IMPUTACIÓN FÁCTICA.- Conforme fluye de la acusación fiscal, se imputa al acusado Félix Temístocles Colán Silva quien conjuntamente con el rematado John Dennis Moquillaza Ordinola y tres sujetos no identificados, con fecha 15 de abril de 2000, a las once y treinta de la noche aproximadamente, interceptaron al agraviado Carlos Antonio Ortiz Liza quien se encontraba acompañado de su esposa Elizabeth Chuquizuta Villavicencio, en circunstancias que estos se encontraban transitando por las inmediaciones de las avenidas Wilson y Uruguay - Cercado de Lima, logrando golpearlo en la mano y espalda para de esta forma despojarle de su teléfono celular y la suma de cien nuevos soles, para luego darse a la fuga, logrando ser intervenido el encausado por personal de serenazgo y conducido posteriormente a la comisaría del sector. CONSIDERANDO: PRIMERO: La Ley veintiocho mil ciento veinte y dos, que regula la Conclusión Anticipada de la instrucción y del debate o juicio oral, permite que el juzgamiento concluya anticipadamente, cuando el procesado admite su participación y responsabilidad en el delito penal que se le atribuye, facultando al juzgador a dictar una “sentencia anticipada” producto de la confesión del acusado, la misma que no está circunscrita exclusivamente al pedido de pena y reparación civil del Fiscal, y en su caso, de la parte civil, por tanto el Tribunal tiene potestad de fijarlas conforme a lo que corresponda y con arreglo a los principios de legalidad y proporcionalidad. SEGUNDO: Atendiendo a lo establecido en el Acuerdo Plenario número Cinco - Dos mil ocho / CJ - ciento dieciséis(24); el cual señala que el Juzgador debe dictar sentencia privilegiando y ponderando la declaración de culpabilidad, (23) IV Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales - Acuerdo Plenario Nº 5 - 2008/CJ-116. (24) IV Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales - Acuerdo Plenario Nº 5 - 2008/CJ-116, pp. 4, 10 y 11.

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la misma que excluye la valoración probatoria al Tribunal, este debe realizar una revisión jurídica penal a fin que el reconocimiento que formula de haber ejecutado el hecho delictivo que se le atribuye, cumpla los principios y garantías fundamentales del Derecho Penal, concurran la aceptación del acusado y su defensa, así como el conjunto de requisitos externos (sede y garantías) e internos (voluntariedad, espontaneidad y veracidad-comprobación a través de otros recaudos de la causa), así como la adhesión voluntaria, importando una abreviación del procedimiento en interés de la economía procesal. La conformidad tal como está regulado en la Ley veintiocho mil ciento veinte y dos, estriba en el reconocimiento, que tiene por objeto la pronta culminación del proceso a través de un acto unilateral de disposición de la pretensión, claramente formalizado, efectuado por el acusado y su defensa - de doble garantía - concretados en la acusación fiscal y aceptar las consecuencias jurídicas penales y civiles correspondientes, por lo que el Tribunal no puede mencionar, interpretar y valorar acto de investigación o prueba preconstituida alguna. Que dada la aceptación de los cargos por parte del acusado Félix Temístocles Colán Silva, que desde su perspectiva general, es una declaración autoinculpatoria del imputado consistiendo en el expreso reconocimiento que formula de haber ejecutado el hecho delictivo que se le atribuye, debiendo reunir un conjunto de requisitos externos (sede y garantías) e internos (voluntariedad, espontaneidad y veracidad-comprobación a través de otros recaudos de la causa), así como la adhesión voluntaria, renunciando a la presunción de inocencia e importando una abreviación del procedimiento en interés de la economía procesal, cuya conformidad consta de dos elementos materiales: a) El reconocimiento de hechos, y b) la declaración de voluntad del acusado. TERCERO: Resulta indispensable salvaguardar la garantía de la no incriminación, esto es que la confesión de culpabilidad sea idónea y real, a fin de que el reo no se confiese responsable en un acto de desesperación o de proteger al verdadero autor, así el profesor Cubas Villanueva en su Tratado de Derecho Procesal Penal, sostiene que “la finalidad de dicho principio es excluir la posibilidad de obligar al imputado a cooperar aditivamente en la formación de la convicción sobre sí mismo”(25), de lo que evidenciamos que existe la posibilidad de que el reo se confiese culpable, presionado por el sistema a

(25) Cubas Villanueva, Víctor. El Proceso Penal Teoría y Jurisprudencia del Proceso Penal. Palestra Editores, Lima, 2006, p. 71.

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fin de obtener los beneficios premiales que la ley penal flanquea; así debemos efectuar la valoración contradictoria a fin de verificar las afirmaciones sostenidas por el acusado; así debemos verificar que si bien el acusado al rendir su manifestación preliminar de fojas ocho y nueve, su declaración instructiva obrante de fojas doscientos noventa y ocho a trescientos niega su participación en los hechos delictivos, en juicio oral varía su versión para reconocer los cargos que pesan en su contra, aceptación que en este caso se corrobora con la declaración uniforme que ha prestado el agraviado Carlos Antonio Ortiz Liza así como la declaración de la testigo Elizabeth Chuquizuta Villavicencio, según consta a fojas trescientos veinte y siete a trescientos veinte y ocho, quienes señalan que el día de los hechos el condenado Boquillaza Ordinola fue quien golpeó en la espalda al agraviado, mientras que el encausado Félix Colán Silva lo golpeó en la mano a fin que este soltará el celular, logrando cogerlo del suelo, para luego darse a la fuga, logrando la intervención de Colán Silva por parte de personal de serenazgo y luego ser conducido a la comisaría del sector, verificándose así la responsabilidad penal de este en el ilícito materia de instrucción. CUARTO: Para establecer el quántum de la pena con respecto al acusado Félix Temístocles Colán Silva, este Superior Colegiado debe tener en cuenta otros aspectos de tanta o igual importancia a los ya reseñados, como son: a) Se valora que el acusado, si bien en la etapa preliminar en presencia del Ministerio Público acepta su participación en sus propios términos de haber intervenido en los hechos, situación que es confirmada en su declaración instructiva de fojas diecinueve a veinte y uno (declaración que fue declarada nula por resolución de fecha 3 de octubre de 2007 obrante a fojas doscientos quince) y si bien es cierto, en su nueva declaración instructiva niega los cargos incoados en su contra (véase folios doscientos noventa y ocho a trescientos), ante esta Superior Sala, admite plenamente su participación y responsabilidad penal y se acoge a la Ley número veintiocho mil ciento veinte y dos-Ley de Conclusión Anticipada del Juzgamiento demostrando su arrepentimiento por lo que, le es de aplicación el Acuerdo Plenario número cinco-dos mil ocho / CJciento dieciséis. b) El delito materia de incriminación –robo agravado– se encuentra regulado en el artículo ciento ochenta y ocho como tipo base con la agravante prevista en los incisos dos y cuarto del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal vigente al momento de la comisión

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del hecho delictivo, el mismo que consiste en el apoderamiento de un bien mueble con animus lucrando, siendo necesario el empleo de la violencia y amenaza por parte del agente sobre la víctima (vis absoluta, vis corporales y vis compulsiva), destinadas a posibilitar la sustracción del bien, debiendo ser estas actuales e inminentes en el momento de la consumación del evento y garantizar el resultado, consumándose el delito con el apoderamiento del objeto mueble aunque sea por breve lapso(26), comportamiento que se agrava cuando se realiza en horas de la noche y en concurso de dos o más personas; hecho criminoso que se encuentra sancionado con pena privativa de libertad no menor de quince años ni mayor de veinte y cinco años, conforme lo establecido en el primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal en la época de los hechos(27). c) El impacto social del hecho cometido (grado de nocividad social de la conducta incriminada). d) Las cualidades personales del autor, su grado de instrucción y el entorno social donde reside; verificándose en este punto que si bien el acusado de acuerdo al boletín de condenas de fojas cuatrocientos sesenta y cinco, y la hoja de prontuario judicial de fojas cuatrocientos sesenta y seis no registra antecedentes penales ni judiciales respectivamente; por lo que tiene la condición de reo primario. e) Es preciso reflexionar sobre la pena legal que la ley ha tasado para estos efectos como bien se ha señalado líneas arriba, siendo el mínimo establecido de quince años de pena privativa de la libertad, coincidiendo con lo solicitado por el Ministerio Público en su acusación escrita; la misma que aunada a la confesión brindada por el agente penal, quien se ha acogido a la propuesta de terminación anticipada, y lo dispuesto en el artículo ciento treinta y seis del Código de Procedimientos Penales y la proporcionalidad de pena, faculta al órgano jurisdiccional para rebajar el mínimo. f) Así también, se deberá tomar en cuenta que el acusado a la fecha de comisión de los hechos contaba con dieciocho años de edad, aplicándose (26) Vide Salinas Siccha, Ramiro. Derecho Penal. Parte Especial. Grijley, Lima, 2008, p. 941. (27) Decreto Legislativo Nº 896 del 24 de mayo de 1998.

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por lo tanto lo dispuesto en el artículo veinte y dos del Código Penal respecto a la responsabilidad restringida por la edad. g) Finalmente, por el principio de proporcionalidad y razonabilidad la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho consagrado en el numeral ocho del Título Preliminar del Código Penal, teniendo en consideración las circunstancias en que se suscitaron los hechos. QUINTO: Estando a los presupuestos señalados en el punto anterior debemos indicar que a efectos de señalar la pena proporcional, esta debe estar referida directamente a los hechos que han sido materia de juzgamiento y a la calidad personal del agente, quien para efectos de cometer el hecho criminal actuó en concierto con el condenado John Dennis Moquillaza Ordinola y otros sujetos no identificados, habiendo proporcionado únicamente el apelativo de uno de ellos, a quien refiere conocerlo únicamente como “Narizón”, quienes empleando violencia sobre el agraviado lograron reducirlo para despojarlo de su celular y la suma de cien nuevos soles, conforme se encuentra establecido en la pericia de valorización obrante a fojas trescientos diecinueve, debidamente ratificada a fojas trescientos veinte y uno, accionar ilícito que configura el tipo penal de robo agravado, sin embargo, el juzgador se encuentra facultado para imponer una sanción por debajo del mínimo legal basado en la sinceridad mostrada por el acusado, ello de conformidad con el artículo ciento treinta y seis del Código de Procedimientos Penales, por lo que con estos argumentos el Tribunal pasa a establecer el quántum de la pena a imponérsele; debiendo considerarse también el comportamiento mostrado por el acusado durante el desarrollo del proceso, consideraciones por las cuales la sanción debe ser proporcional y razonable; la cual necesariamente está referida a la forma y circunstancias como se desarrollaron los hechos criminales; pero que consideramos que debe ser por debajo del mínimo legal. SEXTO: La imposición del monto de la reparación civil no solo se fijará en relación y proporción a la lesión causada sino también en consideración a la capacidad económica del imputado; puesto que si bien, la reparación civil se rige por el principio del daño causado, cuya unidad penal y civil protege la reparación y resarcimiento del bien jurídico tutelado, específicamente el de la víctima o agraviado que resulte lesionado; no es menos cierto que dicha reparación también está condicionada a la capacidad económica del sentenciado, lo que significa un establecimiento proporcional a la vulneración del bien jurídico

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y a la capacidad de resarcimiento, por lo que este Colegiado impondrá una reparación civil equitativa y proporcional. SÉTIMO: En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el numeral octavo del Título Preliminar del Código Penal, así como los artículos seis, doce, veinte y tres, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, noventa y dos, noventa y tres, ciento ochenta y ocho, incisos dos y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, en concordancia con los artículos doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales y la ley veintiocho mil ciento veinte y dos-Ley de Conclusión Anticipada del Proceso, apreciando los hechos con el criterio de conciencia que la ley autoriza, los señores Jueces Superiores integrantes de la Primera Sala Penal de Procesos con Reos Libres administrando Justicia a nombre del Pueblo; FALLA: CONDENANDO a Félix Temístocles Colán Silva como autor del delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Carlos Antonio Ortiz Liza; y como tal se le impone CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA en su ejecución por el periodo de TRES AÑOS, de conformidad con los artículos cincuenta y siete y cincuenta y ocho del Código Penal, bajo cumplimiento estricto de las siguientes reglas de conducta: a) No ausentarse del lugar de su residencia ni variar de domicilio sin conocimiento del Juzgado; b) No frecuentar lugares de dudosa reputación; c) Concurrir al local del Juzgado Penal de origen; a fin de registrar su firma en el cuaderno de control respectivo cada treinta días para informar y justificar sus actividades personales, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de revocarse la suspensión de la condena y hacerse efectiva conforme a lo dispuesto en el artículo cincuenta y nueve del Código Penal; FIJARON: En la suma de QUINIENTOS NUEVOS SOLES el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor del agraviado; MANDARON: Que, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente Sentencia, se inscriba en el Registro respectivo, expidiéndose los testimonios y boletines de condena y remitir los autos al Juzgado Penal de origen para los fines pertinentes archivándose definitivamente los autos con conocimiento del Juez de Origen. SS. DR. JUAN CARLOS VIDAL MORALES - Presidente DRA. LUISA ESTELA NAPA LÉVANO - Juez Superior DR. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA - Juez Superior y D.D.

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026. Robo agravado: Declaración del agraviado contradictoria con la del procesado y testigo De la evaluación de las declaraciones del agraviado, se concluye que el acusado no habría participado en los hechos objeto de acusación, pues el agraviado al prestar su preventiva con las garantías mínimas que establece el debido proceso, ha sostenido que el acusado estaba cerca de lugar de los hechos, versión que corrobora los dichos del acusado, quien en todas sus declaraciones ha sostenido que estaba a unos ocho metros de los hechos y que vio como ocurrieron. Afirmaciones que aparecen acreditadas con algunos testimonios, quienes en juicio oral han manifestado que no vieron al acusado robando al agraviado, y más bien lo vieron a unos 6 o 7 metros de donde ocurrieron los hechos. Otro elemento probatorio para evaluar lo constituye la declaración del efectivo policial, quien habría participado en la intervención del acusado, quien ante la pregunta si el agraviado sindicó quién de los intervenidos lo había cogoteado, dijo específicamente “no”. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Primera Sala Penal para procesos con Reos en Cárcel Expediente Nº 17514-2011 DD. Salinas Siccha SENTENCIA

Lima, 26 de noviembre de 2012 VISTOS: En audiencia pública, la causa penal seguida contra el acusado Abel Nomberto Fuentes, cuyas demás generales de ley corren en autos, por la comisión del delito contra el patrimonio –robo agravado– en agravio de Walter Valenzuela Ylizarbe. RESULTA DE AUTOS: Que mérito del atestado policial de fojas dos y siguientes, el representante del Ministerio Público formaliza denuncia penal a fojas treinta y siete, y se dictó el auto de procesamiento de fojas cuarenta y dos, que tramitada la causa de acuerdo a su naturaleza, con el dictamen fiscal e informe final, se elevó los

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actuados a la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de Lima quien lo remitió al despacho de la Señora Fiscal Superior, la misma que formuló la acusación escrita de fojas doscientos uno, obrando el Auto Superior de Enjuiciamiento a fojas doscientos diecisiete, señalándose la fecha de inicio del juicio oral, el mismo que llevado a cabo dentro de los parámetros legales, escuchado los alegatos del titular de la acción penal, así como los alegatos de la defensa, cuyas conclusiones obran en pliegos separados que se tienen a la vista, se dio por cerrado el debate y el Colegiado pasó a deliberar, luego de la cual se procedió a elaborar la presente sentencia; y CONSIDERANDO: PRIMERO: HECHOS QUE SE ATRIBUYE AL ACUSADO Aparece de la acusación escrita obrante en los actuados que siendo las doce con cuarenta minutos del 6 de agosto de 2011, en circunstancias que el agraviado Valenzuela Ylizarbe se encontraba transitando por las inmediaciones del Colegio Grumete Medina de Salamanca, en forma sorpresiva fue interceptado por el acusado Nomberto Fuentes y un menor de edad y otros sujetos, cogiendo del cuello al agraviado y le hicieron caer al piso, propinándole golpes de puño y patadas, hasta reducirlo y luego despojarlo de su mochila con sus bienes, un celular y la suma de trescientos cincuenta nuevos soles, para luego darse a la fuga, siendo perseguido el acusado por el agraviado quien con el apoyo de los efectivos de la PNP logró intervenirlo. SEGUNDO: TIPO LEGAL POR EL QUE SE ACUSA Los hechos antes descritos, el titular de la acción penal los ha tipificado como delito de robo agravado, tipificado en el artículo 188 como tipo base, concordante con las agravantes descritas en el inciso 4 del primer párrafo del artículo 189 del Código Penal; que criminaliza la conducta de aquel que se apodera ilegítimamente de un bien total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física; con la circunstancia agravante que se configura cuando el robo se produce “con el concurso de dos o más personas”. TERCERO: POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO La representante del Ministerio Público al efectuar su correspondiente requisitoria oral ha argumentado que en el presente proceso, se imputa al

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procesado el delito de robo agravado, dado que el procesado actuó con violencia en agravio de Walter Valenzuela Ylizarbe, a quien le propino golpes para arrebatarle su mochila, un celular y su dinero, para luego darse a la fuga con las pertenencias del agraviado; sin embargo, el agraviado persiguió a tres de los asaltantes, siendo, que uno de los autores del robo se subió a un vehículo y no pudo seguirlo, y a los otros dos, los capturó el agraviado con ayuda de los efectivos policiales; en la manifestación policial del agraviado de fojas diez, este narra los hechos coherentemente, señalando que se encontraba al costado de un colegio donde fue interceptado por un grupo de diez personas donde estaba el procesado quienes lo tiraron al piso, luego el procesado y su acompañante se fueron pero el agraviado los siguió a prudente distancia, siendo que uno de ellos llevaba la mochila siguiéndolo hasta la cuadra veintiséis de Nicolás Ayllón, donde uno subió a un vehículo público y dos de ellos lograron ser capturados siendo el efectivo policial quien en su testimonial de fojas ochenta y seis, señaló que veía a dos personas a quienes intervino y el agraviado les sindicó como las personas que lo acababan de robar; de otro lado, el procesado trata de desvirtuar su responsabilidad señalando que solo estaba jugando en una loza deportiva y que los autores fueron otras dos personas pero todo ello queda desvirtuado con la declaración del agraviado, tal es así que su sobrino señaló que el procesado presente ya tiene problemas policiales por los mismos delitos por lo que el Ministerio Público solicita se le condene a catorce años de pena privativa de la libertad y al pago de tres mil nuevos soles por concepto de reparación civil sin perjuicio de devolver lo robado. CUARTO: POSICIÓN DEL ACUSADO ANTE LA ACUSACIÓN El acusado Abel Nomberto Fuentes, durante el desarrollo del juicio oral ha negado haber participado en el delito objeto de acusación. Así al ser interrogado en el acto oral ha señalado que no ha robado al agraviado, que fue detenido en Nicolás Ayllón luego de estar en una canchita con su tío, el agraviado les comienza a perseguir y luego el agraviado se aparece con un patrullero e indica que nosotros éramos cómplices del robo; se fueron de la canchita debido a que el agraviado en todo momento les sindicaba no dejándoles en paz; que vio a dos personas robando al agraviado; no hicieron nada para impedir el robo, quedándose parados a unos ocho metros más o menos; los que le robaron al agraviado eran del grupo con los cuales iban a jugar en el campeonato. En su defensa material ha manifestado que es inocente de los hechos que se le imputa.

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QUINTO.- La posición del acusado ha sido asumida por su abogada defensora al formular su alegato final que concluyó solicitando se dicte sentencia absolutoria toda vez que la acusación fiscal se sustenta en la declaración primigenia que da el agraviado, la misma que no contaba con la presencia del representante del Ministerio Público; así también en la diligencia de confrontación, el agraviado no se ha ratificado de una inicial imputación contra su defendido, refiriendo que no puede identificar a las personas que se llevaron su mochila y afirmó que por tratar de recuperar sus cosas dijo que ellos participaron, refiriéndose a su patrocinado y a su tío; refirió además el agraviado que dijo eso porque estaba ofuscado y quería recuperar sus cosas. Su patrocinado no ha negado que estaba en la loza deportiva, este reconoció que ha estado ahí, que fue a participar de un campeonato de fútbol, lo vertido por el agraviado no tiene persistencia en el tiempo dado que se ha rectificado en su inicial dicho, por lo que no se ha enervado la presunción de inocencia y se ha presentado a dos testigos quienes han referido que Abel Nomberto Fuentes estaba parado y fueron los otros jóvenes quienes se acercaron al agraviado para quitarle su mochila; además obra en autos certificado de antecedentes judiciales que demuestra que su defendido carece de antecedentes judiciales, además se ha acreditado que es una persona de bien y trabajo conocido, por lo que se solicita que se le absuelva de los cargos imputados en su contra. SEXTO: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA RESPECTO DE LOS HECHOS Del estudio y valoración de todo el caudal probatorio realizado en el presente proceso, se concluye que se ha llegado a acreditar de modo fehaciente la comisión del delito contra el patrimonio en su modalidad de robo agravado en agravio del ciudadano Walter Valenzuela Ylizarbe. En efecto acreditan la comisión del delito indicado las siguientes pruebas: 6.1. La declaración policial de fojas diez del agraviado Walter Valenzuela Ylizarbe, quien narra el día, la forma y circunstancias en las que ocurrieron los hechos calificados por el titular de la acción penal como delito de robo agravado. De igual modo, vuelve a repetir las circunstancias de los hechos en su preventiva de fojas ciento dos. 6.2. Las diversas declaraciones del acusado en el transcurso del proceso, donde ha referido en forma insistente y coherente que fue testigo de la

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forma y circunstancias en que el agraviado fue despojado de sus pertenencias el día de los hechos. 6.3. En el mismo sentido, se tiene la declaración policial en presencia de fiscal del menor Jhonatan Alfredo Fuentes García de fojas quince, quien narra la forma y circunstancias en que el agraviado fue objeto de robo. 6.4. En conclusión, en el presente proceso penal se ha acreditado que a las doce con cuarenta minutos del 6 de agosto de 2011, en circunstancias que el agraviado Valenzuela Ylizarbe se encontraba transitando por las inmediaciones del Colegio Grumete Medina de Salamanca, en forma sorpresiva fue interceptado por dos personas quienes con el uso de la violencia lo despojaron de su mochila con sus bienes, un celular y la suma de trescientos cincuenta nuevos soles, para luego darse a la fuga. SÉTIMO: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA RESPECTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. Estando acreditado el delito de robo agravado objeto de la acusación, corresponde determinar si le asiste responsabilidad penal al acusado Abel Nomberto Fuentes. 7.1. El acusado Abel Nomberto Fuentes, durante el desarrollo del juicio oral ha negado haber participado en el delito atribuido por el Ministerio Público. Así al ser interrogado en el acto oral ha señalado que no ha robado al agraviado; que fue detenido en Nicolás Ayllón luego de estar en una canchita con su tío, el agraviado les comienza a perseguir y luego el agraviado se aparece con un patrullero e indica que nosotros éramos cómplices del robo en su agravio; se fueron de la canchita debido a que el agraviado en todo momento les sindicaba no dejándoles en paz; que vio a dos personas robando al agraviado; no hicieron nada para impedir el robo, quedándose parados a unos ocho metros más o menos; los que le robaron al agraviado eran del grupo con los cuales iban a jugar en el campeonato. Considerándose inocente de los cargos que se le imputa. Versión que la ha repetido tanto en su declaración policial como instructiva de fojas 89. 7.2. Que luego de realizar una valoración de todo el caudal probatorio existente en el presente proceso, se llega a concluir que las afirmaciones del acusado en el transcurso del proceso no han sido desvirtuadas con prueba alguna. En efecto, a nivel policial solo tenemos la declaración del agraviado a fojas diez, diligencia realizada sin la presencia del titular de la acción penal,

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donde se sostiene que el acusado Nomberto Fuentes fue una de las personas que le despojó de sus pertenencias por medio de violencia y que incluso, fue la persona que al ser acorralada por personal policial tiró la mochila con las prendas del agraviado. Sin embargo, este agraviado al concurrir al Juzgado a prestar su preventiva de fojas ciento dos ante el Juez y el titular de la acción penal, señaló que no puede precisar si el acusado ha participado en el robo, pero sí estaba cerca del lugar de los hechos. Es más, en la preventiva el agraviado refirió textualmente que “no podría identificarlos porque fueron varias personas y por tratar de recuperar mis cosas dije que ellos participaron”. Parecida versión brindó el agraviado en la diligencia de confrontación que se realizó con el acusado, cuya acta corre a fojas ciento treinta y siete de los actuados. En esta diligencia, incluso se le pregunta si el acusado fue la persona que tiró la mochila con sus pertenencias, a lo que respondió que eso lo dijo en la Policía debido a que estaba ofuscado y quería recuperar sus cosas, pero ahora que lo está viendo, afirma que él no ha sido el que tiró la mochila. 7.3. De la evaluación de las declaraciones del agraviado, se concluye que el acusado no habría participado en los hechos objeto de acusación, pues el agraviado al prestar su preventiva con las garantías mínimas que establece el debido proceso, ha sostenido que el acusado estaba cerca de lugar de los hechos, versión que corrobora los dichos del acusado, quien en todas sus declaraciones ha sostenido que estaba a unos ocho metros de los hechos y que vio cómo ocurrieron. Afirmaciones que aparecen acreditadas con las testimoniales de Silvia Aira Choque y Efraín Gil Quispe, quienes en juicio oral han manifestado que no vieron al acusado robando al agraviado, y más bien lo vieron a unos 6 o 7 metros de donde ocurrieron los hechos. 7.4. Otro elemento probatorio para evaluar lo constituye la declaración del efectivo policial José Salvador Mendoza Fernández, quien habría participado en la intervención del acusado, quien ante la pregunta si el agraviado sindicó quién de los intervenidos lo había cogoteado, dijo específicamente “no”. Declaración que más bien refuerza las afirmaciones que ha brindado el agraviado en su preventiva y en la diligencia de confrontación en el sentido que el acusado no ha tenido participación en el robo producido en su agravio.

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7.5. En consecuencia, de la valoración individual y conjunta de las pruebas producidas en este proceso se llega a la conclusión que el acusado no ha participado en la comisión del grave delito que se le atribuye, por lo que resulta procedente absolverlo de la acusación fiscal en aplicación de lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales. OCTAVO: DECISIÓN: Por tales consideraciones en estricta aplicación del artículo doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales, el COLEGIADO B DE LA PRIMERA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS EN CÁRCEL DE LIMA con el criterio de conciencia que la ley faculta y administrando justicia a nombre de la nación RESOLVIÓ: ABSOLVER a Abel Nomberto Fuentes, cuyas generales de ley corren en autos, por la comisión del delito contra el patrimonio –robo agravado– en agravio de Walter Valenzuela Ylizarbe. MANDARON: Que, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia se anulen los antecedentes que se hubieren originado como consecuencia del presente proceso y se archive definitivamente los actuados. SS. Dr. RAMIRO SALINA SICCHA - Presidente - D.D. Dra. RITA MEZA WALDE - Jueza Superior Dra. Josefa ÍZAGA PELLEGRÍN - Jueza Superior

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027. Robo agravado: Falta de acreditación del delito No se encuentra acreditado el delito de robo, puesto que si bien es cierto existe la declaración del agraviado en el cual señala que fue víctima de robo, no se ha encontrado fehacientemente prueba alguna que infiera que se hubiera tratado de un robo tal como lo ha manifestado el agraviado, puesto que la policía procedió a detener al procesado ante el requerimiento del agraviado siendo intervenido cerca al lugar de los hechos; no existiendo acta de registro personal alguna en la cual acredite que el procesado se le ha encontrado con pertenencia o dinero alguno del agraviado. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA PROCESOS CON REOS EN CÁRCEL Expediente Nº 19509-11 DD. Dr. Peña Farfán

Lima, 18 de diciembre de 2012 VISTOS: 1. En Audiencia Pública el proceso penal seguido contra Andy Mario Lizárraga Torres (reo en cárcel), por la presunta comisión del delito contra El Patrimonio - ROBO AGRAVADO, en perjuicio de Jorge lsmael Roselló Norabuena. 2. Se tiene que a mérito del Atestado Policial Nº 046-11-DIRINCRI PNP/ DIVINHOM-DEPINLES-E2 (folio 02 al 11) y demás diligencias el señor Fiscal Provincial formaliza Denuncia Penal (folios 44 a 46) por cuyo mérito el Señor Juez Penal emite el Auto Apertura de Instrucción, de fecha 29 de agosto de 2011, obrante a folios 53 a 58, habiéndose llevado la causa conforme a los cauces que a su naturaleza ordinaria correspondía, es así que concluida la instrucción la causa fue elevada a este Colegiado habiendo la Fiscal Superior emitido su dictamen acusatorio de fojas 126 a 131, por lo que la Sala dictó el Auto Superior de Enjuiciamiento de fojas 139 a 141, y escuchado los debates orales así como la requisitoria oral y los alegatos de la defensa, la causa ha quedado expedida para sentenciar.

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ATENDIENDO: PARTE EXPOSITIVA DE LOS HECHOS MATERIA DE LA ACUSACIÓN 3. Fluye de la investigación preliminar, que con fecha 28 de agosto de 2011, siendo las 08:30 aproximadamente, en circunstancias que el agraviado Jorge Rosello Norabuena, se encontraba libando licor con un amigo en las inmediaciones del Jirón Unión - El Agustino, hizo su aparición el denunciado Andy Mario Lizárraga Torres, conjuntamente con otro sujeto desconocido, el mismo que utilizando una botella de vidrio amenazó al agraviado y le sustrajo de manera violenta la suma de S/. 80.00 nuevos soles, asimismo durante el forcejeo, lo golpeó en la región frontal, causándole una herida de dos centímetros aproximadamente, todo con el fin de consumar el robo del dinero del agraviado, luego de lo cual se dio a la fuga. Asimismo minutos después, el agraviado conjuntamente con sus familiares acudieron al lugar donde se encontraba el denunciado Andy Mario Lizárraga Torres, a fin de increparle su accionar, sin embargo este lejos de mostrar arrepentimiento, extrae de su cinturón un desarmador con el cual hiere nuevamente al agraviado, causándole esta vez una lesión punzo cortante en la Región Toráxica, e hiriendo en el dedo medio a la persona de Nelson Telmo Pérez Berrospi, familiar del agraviado, quien habría intervenido a fin de repeler el ataque del denunciado, luego de este accionar nuevamente se dio a la fuga del lugar, mientras que el agraviado fue trasladado al Hospital Nacional “Dos de Mayo”, donde quedó internado, motivando que personal policial por información recogida proceda a efectuar la búsqueda del denunciado logrando su intervención y conducción a la Unidad Policial; los hechos vertidos se encuentran corroboradas con la entrevista personal brindada por el agraviado en el Hospital Dos de Mayo (fojas 21/22) en presencia del representante del Ministerio Público, asimismo con las Actas de Reconocimiento fotográfico (fojas 25 y 40) en donde los testigos Nelson Telmo Pérez Berrospi y Marisela Pérez Berrospi reconocen plenamente la fotografía del denunciado como el autor de las lesiones causadas al agraviado; asimismo las lesiones causadas a este se encuentran corroboradas por el Certificado Médico-Legal Nº 020545-VM, obrante a fojas 31, que si bien concluye que el agraviado ha requerido 3 días de atención facultativa por 10 días de incapacidad médico legal, debe tenerse en cuenta que el medio empleado (un desarmador) para causar dicha lesión, así como la zona del cuerpo del agraviado que resultó

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lesionada, son circunstancias que dan gravedad al hecho denunciado, por lo que debe ser considerado un delito y no una falta; presumir la existencia de los delitos que se denuncia y de la vinculación del denunciado como presunto autor de dichos hechos. POSICIÓN DE LA DEFENSA 4. El acusado Andy Mario Lizárraga Torres en su declaración instructiva (fojas 67 a 68) señala ser inocente de los hechos que se le imputan, indicando que el día de los hechos recuerda haber agredido al agraviado pero no sabe si fue con un desarmador o con el pico de una botella, señalando además que se encuentra arrepentido de las lesiones que causó al agraviado, mas no se encuentra arrepentido del robo, porque no ha cometido dicho acto delictivo. DE LO ACTUADO EN EL JUICIO ORAL 5. En el juicio oral se ha tenido la presencia del procesado Andy Mario Lizárraga Torres, quien se ha declarado inocente del delito de robo; señalando además, entre otros, que el día de los hechos él estaba drogado y tomado y venía de una fiesta y que estando en la Fiesta de la Virgen fue que observó que el procesado estaba con otras personas y que luego comenzó a discutir y es en esa circunstancia que se acerca y le tiré un botellazo en la cabeza del agraviado y que luego el agraviado se retiró y regresó como a los veinte minutos con varias personas con palos y cuchillo en la mano y comenzaron a pegarle y es así que les quitó el cuchillo y le hinqué al agraviado. 6. En el juicio oral se ha tenido la presencia del Agraviado Jorge Ismael Norabuena, quien ha señalado además entre otros, que el día de los hechos cuando estaba regresando de una reunión y al pasar por el jirón de la Unión, se le presentó el procesado Lizárraga Torres con otro compañero, y le empezó a pedir unas monedas a lo cual se negó a darle y fue en esa circunstancia que le quitó su dinero que tenía en el bolsillo de su pantalón, y fue así que procedió a agredirlo en la frente con el pico de una botella y cuando se está retirando vio a uno de sus cuñados y se fue a buscar al procesado y es ahí que a raíz de haber estado tomado se cayó al piso caído (sic) y el procesado aprovechó y le introdujo un desarmador, llegando a perder la conciencia logrando despertar en el hospital. 7. De los documentos y diligencias obrantes en autos, se tiene entre otros los siguientes:

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7.1. Atestado Policial Nº 046-11-DIRINCRI PNP/DIVINHOM DEPINLES-E2, que obra a folios 2 al 11, el cual describe cómo es que habrían ocurrido los hechos denunciados. 7.2. Manifestación Policial del agraviado Jorge lsmael Roselló Norabuena, que obra a fojas 21 y 22, en el cual narra los hechos sucedidos. 7.3. Manifestación Policial de la testigo Marisela Pérez Berrospi, que obra a fojas 15 y 16, en el cual narra cómo fue que el procesado le introduce el desarmador por la espalda al agraviado. 7.4. Manifestación Policial del testigo Nelson Telmo Pérez Berrospi, que obra a fojas 17 y 18. 7.5. Manifestación Policial del testigo Anthony Alexis Pérez Berrospi, que obra a fojas 19 y 20, en el cual señala la circunstancia en que el procesado le mete la punta del desarmador en la espalda al agraviado. 7.6. Paneaux fotográfico de reconocimiento realizado al agraviado Jorge Ismael Roselló Norabuena, que obra a fojas 23, en el cual reconoce al procesado como la persona que le ocasionó las lesiones y el robo de su dinero. 7.7. Acta de Reconocimiento fotográfico realizado al testigo Nelson Telmo Pérez Berrospi, que obra a fojas 25 a 27, en la cual reconoce al procesado como la persona que le ocasionó las lesiones al agraviado. 7.8. Certificado Médico Legal Nº 020545-VM, que obra a fojas 31 el cual concluye que el agraviado Jorge Roselló Norabuena requiere de Atención facultativa de tres días y de Incapacidad Médico-Legal de diez días. 7.9. Acta de Reconocimiento fotográfico realizado a la testigo Marisela Pérez Berrospi, que obra a fojas 40 a 42, en la cual reconoce al procesado como la persona que le ocasionó las lesiones al agraviado. 7.10. Certificado de antecedentes penales del procesado, que obra a fojas 162, el cual indica que registra antecedentes penales.

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PARTE CONSIDERATIVA: DE LA ACREDITACIÓN O NO DEL DELITO 8. En el presente caso el Ministerio Público persigue el tipo penal descrito en el artículo 188 tipo base concordante con las circunstancias agravantes descritas en los incisos 3 y 4, del Código Penal vigente. 9. En autos, no se encuentra acreditado el delito, puesto que si bien es cierto existe la declaración del agraviado en el cual señala que fue víctima de robo, no se ha encontrado fehacientemente prueba alguna que infiera que se hubiera tratado de un robo tal como lo ha manifestado el agraviado, puesto que la policía procedió a detener al procesado ante el requerimiento del agraviado siendo intervenido cerca al lugar de los hechos; no existiendo acta de registro personal alguna en la cual acredite que el procesado se le ha encontrado con pertenencia o dinero alguno del agraviado. DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL PROCESADO ANDY MARIO LIZÁRRAGA TORRES 10. No habiéndose acreditado el delito, es necesario precisar lo correspondiente al procesado Andy Mario Lizárraga Torres, si bien es cierto que este fue detenido cerca al lugar de los hechos por sindicación del agraviado, también tenemos, que en autos no existe acta de registro personal del procesado con la cual se pueda acreditar que se le encontró con pertenencias o dinero alguno del agraviado; solo teniendo en autos el Certificado Médico-Legal Nº 020545-VM (véase a fojas 31) el cual concluye que el agraviado requiere de ATENCIÓN FACULTATIVA DE TRES DÍAS e INCAPACIDAD MÉDICO LEGAL DE DIEZ DÍAS, la cual acredita que efectivamente el agraviado fue víctima de lesiones por parte del procesado. 11. Por otro lado, se tiene que la representante del Ministerio Público se pronunció al respecto al delito de lesiones en su Acusación Fiscal señalando NO HABER MÉRITO PARA FORMULAR ACUSACIÓN contra el procesado, como autor del delito de lesiones leves, en grado consumado, en agravio de Jorge Ismael Roselló Norabuena, ilícito penal previsto en el artículo 122 del Código Penal, el cual sanciona a todo aquel que “causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud que requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa”; cual este Colegiado se pronunció del mismo modo mediante resolución de fecha 9 de julio del

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presente año (véase a fojas 139 a 141) declarando NO HABER MÉRITO PARA PASAR A JUICIO ORAL contra el citado procesado, como presunto autor del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - Lesiones Leves en grado consumado en agravio de Jorge lsmael Roselló Norabuena. 12. Estando en lo expuesto líneas arriba se tiene la sola sindicación del agraviado, en cuanto señala que el procesado luego de haberle efectuado el robo de la suma de S/. 80.00 nuevos soles, cuando este regresó en compañía de sus cuñados y pareja para increparle del despojo de su dinero, siendo así que el procesado le propinó un hincón con un desarmador con lo cual lo hiere nuevamente al agraviado, causándole esta vez una lesión punzo cortante en la Región Toráxica. 13. En tal sentido, no existe certeza sobre su responsabilidad respecto de los cargos; el cual en el caso concreto nos conduce a una duda razonable, duda que por principio constitucional, debe interpretarse a favor del reo, conforme al inciso 11 del artículo 139 de la Constitución Política y estando a que no existe prueba suficiente que logre incriminar la participación de dicho encausado, concluimos que el citado procesado deberá ser absuelto. DECISIÓN Por todo lo antes expuesto, en aplicación de lo que dispone el artículo 284 del Código de Procedimientos Penales, los miembros de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, valorando las pruebas con arreglo a las reglas de la sana crítica que la ley autoriza e impartiendo justicia a nombre del Pueblo. RESUELVE: 1. ABSOLVER: a Andy Mario Lizárraga Torres (reo en cárcel) de la acusación fiscal formulada por la presunta comisión del delito contra El Patrimonio - Robo Agravado, en perjuicio de Jorge Ismael Roselló Norabuena. 2. ORDENARON: LA INMEDIATA LIBERTAD de la persona de Andy Mario Lizárraga Torres, siempre y cuando no exista otro mandato de detención vigente ordenado por autoridad competente; oficiándose para tales efectos.

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3. MANDARON: que consentida que sea la presente sentencia, se anulen los antecedentes penales y judiciales que se hubieran generado en contra del absuelto, debiendo archivarse definitivamente lo actuado, con conocimiento del juez de la causa. SS. FERNANDO PADILLA ROJAS - Presidente SAÚL PEÑA FARFÁN - Juez Superior y DD. ARTURO ZAPATA CARBAJAL - Juez Superior

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028. Robo agravado: Absolución por falta de prueba e inasistencia del agraviado al proceso Debe señalarse que pese a no haberse acreditado la preexistencia de las especies presuntamente sustraídas, las agraviadas tampoco han concurrido durante el desarrollo del presente proceso a homologar lo declarado durante la investigación preliminar, ni para acreditar su edad, por lo que mal podría imputarse participación alguna al acusado, si del análisis a los actuados no se desprende la existencia de elemento de prueba que dé indicios siquiera de la existencia de las especies que las agraviadas refirieron en sede policial, que les fue sustraído. Más aún debe tenerse en consideración, que no se ha aportado ni recabado durante el transcurso de la instrucción, ni durante el desarrollo del juicio oral, elemento de prueba alguno que dé indicios siquiera de la existencia de las armas que presuntamente usaron las féminas; lo que sumado al hecho que las agraviadas no denunciaron los hechos presuntamente cometidos en su contra, inmediatamente ocurridos los mismos, y además de no haber concurrido al juicio oral, generan dudas respecto a la veracidad de los hechos materia del presente proceso. PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE Segunda Sala Especializada en lo Penal para procesos con Reos en Cárcel Expediente : Nº 00634-2009-0-0901-JR-PE-07 Procesado : Juan José Sotomayor León Delito : CONTRA EL PATRIMONIO - Robo Agravado Agraviado : Tery Irene Rojas Castillo y Yomira Aidé Almonacid Coris Secretario : Marcelo Reyez

Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, 22 de julio de 2010 VISTOS: El expediente penal número seiscientos treinta y cuatro - dos mil nueve, que contiene el proceso penal seguido en contra de Juan José Sotomayor León, por el

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delito contra EL PATRIMONIO en la modalidad de Robo Agravado, en agravio de Tery Irene Rojas Castillo y Yomira Aidé Almonacid Coris, ilícito tipificado y sancionado por el artículo ciento ochenta y ocho, en su modalidad agravada, prevista y sancionada por los incisos dos, tres, cuatro y siete del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, del cual resulta que: 1. Se imputa al acusado, conforme a la acusación fiscal del tres de marzo del presente año(28), que el día 10 de febrero de 2009, aproximadamente a las 20:15 horas, en circunstancias en que se encontraba conduciendo un “MOTOKAR”, de color azul, con placa de rodaje “MG-56959”, en cuyo interior transportaba a dos personas de sexo femenino que simulaban ser pasajeras, por inmediaciones del campo ferial “HONDURAS”, del distrito de Comas, detuvo su unidad ante el requerimiento de las agraviadas Tery Irene Rojas Castillo y Yomira Aidé Almonacid Coris, para que las transporte y ya en el interior de dicho vehículo motorizado, las dos féminas inicialmente señaladas, quienes se encontraban premunidas con una pistola y un cuchillo, procedieron mediante amenaza a despojar a la agraviada Rojas Castillo de un celular, y la suma de quinientos nuevos soles, a la agraviada Almonacid Coris. Así, luego de haberlas despojado de sus pertenencias antes indicadas, las dejaron por un lugar oscuro a la altura del “HOSTAL PISCIS”, dándose a la fuga, para luego, al día siguiente, ser intervenido el procesado por el cruce de las avenidas Veintidós de agosto con la avenida Carabayllo del distrito de Comas, en vista de haber sido reconocido por las agraviadas. 2. Con el Atestado Policial número “29-09-DIVTER-NORTE-2-CTADEINPOL-SEINCRI”(29), que adjunta como recaudo, con fecha 12 de febrero de 2009, la Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, formula denuncia penal(30) contra Juan José Sotomayor León, por delito contra EL PATRIMONIO en la modalidad de Robo Agravado, en agravio de Tery Irene Rojas Castillo y Yomira Aidé Almonacid Coris, ilícito tipificado y sancionado por el artículo ciento ochenta y ocho, en su modalidad agravada prevista y sancionada por los incisos dos, tres, cuatro y siete del primer párrafo del

(28) Fojas 144 a 149 de los actuados en la presente. (29) Fojas 2 a 25 de los actuados en la presente. (30) Fojas 26 a 28 de los actuados en la presente.

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artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal; En la misma fecha, se apertura instrucción en contra del procesado(31), por el delito antes señalado en agravio de las antes indicadas, en la vía ordinaria, señalándose además las diligencias a ser realizadas; 3. Concluida la etapa de instrucción, con fecha 11 de enero de 2010(32), se cumplen con elevar los presentes actuados a la presente Sala Superior, la misma que dispuso la remisión de dichos actuados a Vista Fiscal, siendo que el señor Fiscal Superior en lo penal, por dictamen del tres de marzo del presente año(33), formula acusación sustancial en contra de Juan José Sotomayor León, por delito contra EL PATRIMONIO en la modalidad de Robo Agravado, en agravio de Tery Irene Rojas Castillo y Yomira Aidé Almonacid Coris, ilícito tipificado y sancionado por el artículo ciento ochenta y ocho, en su modalidad agravada prevista y sancionada por los incisos dos, tres, cuatro y siete del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, solicitando se le imponga doce años de pena privativa de la libertad, y se le condene al pago de un mil nuevos soles, por concepto de reparación civil, a favor de las agraviadas. 4. Iniciado el Juicio Oral, el veinticuatro de junio del presente año, y luego de realizados los debates orales correspondientes, el veintiuno de junio del presente año, el Señor Representante del Ministerio Público, procede a referir su requisitoria oral en contra del acusado Juan José Sotomayor León, repitiendo los argumentos de su acusación sustancial y la pena correspondiente; luego el abogado defensor, realizó su defensa técnica, solicitando se absuelva a su patrocinado de los cargos que se le imputan en vista de no haberse acreditado su participación en los hechos materia del presente proceso. CONSIDERANDO: Primero.- Conforme a lo dispuesto por el artículo doscientos cuarenta y cinco del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo 638, en los delitos contra el patrimonio, deberá acreditarse la preexistencia de la cosa materia

(31) Auto Apertorio de fojas 29 a 31 de los actuados en la presente. (32) Fojas 141 vuelta de los actuados en la presente. (33) Fojas 144 a 149 de los actuados en la presente.

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del delito. En el caso de los delitos contra el patrimonio, resulta sustancial el acreditar la preexistencia de la cosa materia del delito, con la finalidad de poder determinar, no solo la naturaleza y características de dicha cosa, sino además, establecer su valor y de esta manera poder cuantificar el daño ocasionado con la sustracción de la misma; Segundo.- Que, la hipótesis incriminatoria del Ministerio Público, se sustenta en el hecho que el acusado, en concierto de voluntades con las féminas conocidas como “Papita” y “Yerica”, habrían permitido a las agraviadas Tery Irene Rojas Castillo y Yomira Aidé Almonacid Coris, subir al mototaxi conducido por dicho acusado, con la finalidad de sustraerles sus bienes, utilizando para ello la coerción personal a través del uso de un arma de fuego y un cuchillo, de los que se habrían encontrado premunidas las féminas conocidas como “Papita” y “Yerica”, hecho ocurrido el día 10 de febrero de 2009, a las 20:15 horas aproximadamente. Tercero.- Sin embargo, durante el desarrollo de la investigación preliminar, instrucción y sobre todo juicio oral, se ha llegado a determinar lo siguiente: 3.1. Inmediatamente después de ocurridos los hechos(34), las agraviadas Tery Irene Rojas Castillo y Yomira Aidé Almonacid Coris, no pusieron en conocimiento de los mismos ante autoridad alguna(35). 3.2. Las agraviadas Tery Irene Rojas Castillo y Yomira Aidé Almonacid Coris, recién a las 17:45 horas del día 11 de febrero de 2009(36), recién cuando se encontraban por inmediaciones del cruce de las avenidas Carabayllo y Veintidós de Agosto, del distrito de Comas, pusieron en conocimiento de la autoridad policial, los hechos acontecidos el día anterior, y sindicaron al acusado como partícipe de los mismos, logrando que la autoridad policial proceda a intervenir y detener al mismo.

(34) 10 de febrero de 2009, a las 20:15 horas aproximadamente. (35) Sea el Ministerio Público o la Policía Nacional. (36) Al día siguiente de ocurridos los hechos.

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3.3. La agraviada Tery Irene Rojas Castillo, el día 11 de febrero de 2009, al prestar su declaración indagatoria(37), en presencia del Representante del Ministerio Público, reconoce y sindica al acusado como partícipe en los hechos materia del presente proceso, manifestando que su participación consistió en ser el conductor del vehículo en el que se encontraba conjuntamente con su coagraviada. Además de referir que fue agredida por las féminas conocidas como “Papita” y “Yerica”, quienes utilizando palabras soeces en su contra, y amenazándola con un arma de fuego y un cuchillo, lograron despojarla de un teléfono celular de marca “LG”. 3.4. Por su parte la agraviada Yomira Aidé Almonacid Coris, el día 11 de febrero de 2009, al prestar su declaración indagatoria(38), en presencia del Representante del Ministerio Público, reconoce y sindica al acusado como partícipe en los hechos materia del presente proceso, corroborando la versión brindada por su coagraviada, refiriendo además que a ella le sustrajeron la suma de quinientos nuevos soles. 3.5. Conforme se desprende de las constancias de notificación de fojas cuarenta y ocho a cuarenta y nueve, setenta y cinco a setenta y seis, así como de fojas noventa y tres a noventa y cuatro, las agraviadas Tery Irene Rojas Castillo y Yomira Aidé Almonacid Coris, fueron debidamente notificadas para su concurrencia a la etapa de instrucción, sin embargo no concurrieron a la misma; por su parte, conforme se desprende de las instrumentales de fojas ciento ochenta a ciento ochenta y uno, así como de fojas ciento noventa a ciento noventa y uno, las indicadas agraviadas, también fueron debidamente notificadas para su concurrencia al Juicio Oral iniciado en contra del acusado, sin embargo las mismas no concurrieron. 3.6. Por lo que no se ha acreditado la preexistencia del dinero y el teléfono celular presuntamente sustraídos a las agraviadas.

(37) Fojas 9 a 11 de los actuados en la presente. (38) Fojas 12 a 14 de los actuados en la presente.

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Cuarto.- Por otro lado, debe señalarse que pese a no haberse acreditado la preexistencia de las especies presuntamente sustraídas, las agraviadas tampoco han concurrido durante el desarrollo del presente proceso a homologar lo declarado durante la investigación preliminar, ni para acreditar su edad (en el caso de la agraviada Yomira Aidé Almonacid Coris), por lo que mal podría imputarse participación alguna al acusado, si del análisis a los actuados no se desprende la existencia de elemento de prueba que dé indicios siquiera de la existencia de las especies que las agraviadas refirieron en sede policial, que les fue sustraído. Más aún debe tenerse en consideración, que no se ha aportado ni recabado durante el transcurso de la instrucción, ni durante el desarrollo del juicio oral, elemento de prueba alguno que dé indicios siquiera de la existencia de las armas que presuntamente usaron las féminas conocidas como “Papita” y “Yerica”; lo que sumado al hecho que las agraviadas no denunciaron los hechos presuntamente cometidos en su contra, inmediatamente ocurridos los mismos, y además de no haber concurrido al Juicio Oral, generan dudas respecto a la veracidad de los hechos materia del presente proceso. Quinto.- Argumentos por los cuales, teniendo en consideración que no se habría producido el quebrantamiento de la presunción de inocencia del acusado, en vista del poco interés mostrado por las presuntas agraviadas, en querer esclarecer los hechos denunciados, y al hecho que no existe en los actuados elemento de prueba que corrobore lo denunciado por dichas agraviadas, es que procede absolver de la acusación fiscal al acusado Juan José Sotomayor León. En consecuencia, apreciando y juzgando los hechos y las pruebas con el criterio de conciencia que la ley faculta; con la facultad conferida por los artículo doscientos ochenta y tres a doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales, y ADMINISTRANDO JUSTICIA A NOMBRE DE LA NACIÓN, los Señores Jueces Superiores de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte: RESOLVIERON: ABSOLVER DE LA ACUSACIÓN FISCAL, por insuficiencia probatoria, al ciudadano Juan José Sotomayor León, cuyas generales de ley corren en autos, en el proceso que se le sigue como autor del Delito contra El Patrimonio en la

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modalidad de Robo Agravado, en agravio de Tery Irene Rojas Castillo y Yomira Aidé Almonacid Coris, ilícito tipificado y sancionado por el artículo ciento ochenta y ocho, en su modalidad agravada prevista y sancionada por los incisos dos, tres, cuatro y siete del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal. En consecuencia: DISPUSIERON la inmediata libertad del sentenciado absuelto Juan José Sotomayor León, para lo cual OFÍCIESE a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario para que proceda a liberar al indicado ciudadano, siempre y cuando no exista en su contra mandato de detención vigente, emitido por autoridad competente; MANDARON que consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se anulen los antecedentes policiales y judiciales que pudieran haberse generado y fecha, se archive definitivamente los de la materia.

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029. Robo agravado: Absolución por falta de ratificación de la denuncia por el agraviado Analizadas y valoradas cada una de las pruebas recogidas durante la investigación preliminar, instrucción y debatidas en el acto oral, tenemos el acto de imputación formulado contra los acusados por delito de robo agravado. En este extremo, es de advertir que la objetividad derivada de las afirmaciones vertidas presuntamente por el agraviado en su manifestación policial se desvanece al no estar suscrita o firmada por el titular del derecho afectado, de ahí que no existan bienes jurídicos que fluctúen libremente sin estar asignados a un titular; que en virtud a dicha carencia, el Colegiado cursó sendas notificaciones a los domicilios del precitado para efectos de que ratifique o rectifique su dicho, sin embargo, a pesar de haberse encontrado debidamente emplazado no concurrió al acto oral; por lo que, en virtud al principio de idoneidad probatoria dicha manifestación no se considera como prueba de cargo, deviniendo en ineficaz lo aportado por elementos coetáneos en este extremo; por tanto al no existir pruebas plenas e irrefutables que nos lleven a la convicción de la participación de los referidos procesados en el delito de Robo Agravado que se les imputa, procediendo su absolución. PODER JUDICIAL DEL PERÚ Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres “Judicatura digna, democrática e institucional” Expediente Nº 5977-2009 D.D. Dra. Napa Lévano

Lima, 2 de agosto de 2012 VISTOS: En audiencia pública el proceso penal seguido contra: Christiam Pool Salazar Panduro, y Eduardo Javier Gallardo Arrunátegui, acusados de la comisión del delito contra el Patrimonio-Robo Agravado, en agravio de Luis Enrique Sandoval Alejos; y contra Antonio Eusebio Cámara Flores, acusado de

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la comisión del delito contra la Administración Pública - Violencia y Resistencia a la Autoridad, en agravio del Estado. RESULTA DE AUTOS: Que, a mérito del Atestado N° 031-09- VIIDIRTEPOL-DIVTER-NORTE3-CCYC-DEINPOL, de fojas dos y siguientes elaborado por la Comisaría de Ciudad y Campo - Rímac, de fecha 19 de febrero de 2009; el señor Representante del Ministerio Público formalizó la correspondiente denuncia penal de fecha 20 de febrero de 2009, obrante a fojas veintisiete, que calificada por el señor Juez del décimo sétimo juzgado Penal de Lima, motivó la emisión del auto de inicio de proceso, su fecha 20 de febrero de 2009, que decretó la medida coercitiva personal de Comparecencia Restringida contra los referidos acusados. Que, seguido el proceso por el trámite ordinario correspondiente, vencidos los plazos ordinario y extraordinario de instrucción, con el informe final de fojas ciento cuarenta y cinco y su complemento de fojas ciento noventa y cuatro, se elevaron los autos a esta Superior Sala Penal remitiéndose los mismos al Despacho de la señora Fiscal Superior, la que mediante dictamen escrito de fojas doscientos dieciséis formula acusación contra los referidos acusados, dictándose mérito de su tenor el Auto Superior de Enjuiciamiento de fojas doscientos treinta, su fecha 6 de marzo de 2012, señalándose día y hora para la verificación del juicio el mismo que se ha llevado a cabo en el modo y forma que aparecen de las actas respectivas; producida la requisitoria oral de la señora Representante del Ministerio Público, oídos los alegatos de la defensa cuyas conclusiones obran en pliegos separados, ha llegado el momento procesal de dictar sentencia; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: DE LA IMPUTACIÓN: Que los fundamentos fácticos de la imputación contenida en el Dictamen Acusatorio estriba en que, con fecha 19 de febrero de 2009 a las trece horas aproximadamente, en circunstancias que el agraviado Sandoval Alejos venía efectuando el reparto de bebidas gaseosas y salía de una tienda ubicada en la Urbanización Palomares en el distrito del Rímac, fue interceptado por sujetos desconocidos, entre los que se encontraban los procesados Salazar Panduro y Gallardo Arrunátegui, siendo así que uno de ellos lo sujetó por el cuello, para facilitar que los otros lo despojen del dinero que llevaba consigo producto de la venta de dieciséis paquetes de gaseosas valorizada en la suma de trescientos cincuenta nuevos soles, huyendo todos ellos con dirección al asentamiento humano “Los Ángeles”, sin embargo a través de la oportuna intervención policial, se logró divisar al procesado Salazar Panduro, quien fue plenamente reconocido por el agraviado; quien al percatarse de tal

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situación, trata de huir de sus captares, momentos en que el procesado Cámara Flores incita a una turba de aproximadamente veinte personas que viven en los alrededores y se encontraban en el lugar, obstaculizando la labor policial, agrediéndolos físicamente con la finalidad de rescatar al intervenido; en tanto el acusado Gallardo Arrunátegui, también reconocido por el agraviado como uno de los asaltantes, sacó a su perro pitbull que atacó a la policía. SEGUNDO: Por los hechos así descritos, se abrió instrucción y se formuló acusación contra los procesados Christiam Pool Salazar Panduro, y Eduardo Javier Gallardo Arrunátegui por el delito contra el Patrimonio –Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo ciento ochenta y ocho– tipo base del Código Penal con la agravante contenida en el inciso cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del citado texto sustantivo, el mismo que tiene como bien jurídico protegido el Patrimonio –específicamente la posesión de un bien mueble–, pero además, también la libertad, la vida, la integridad física de las personas, hecho que lo configura como un delito compuesto o pluriofensivo; y para los efectos de la tipicidad objetiva, el sujeto activo puede ser cualquier persona, a excepción hecha del propietario; sujeto pasivo puede ser cualquier persona física o jurídica que disfrute de la posesión inmediata del bien mueble, cualquiera que sea el título por el que dispone de dicha facultad. El comportamiento consiste en apoderarse ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentre, empleando violencia contra la persona y amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física; finalmente para los efectos de la tipicidad subjetiva se requiere del dolo. Que, bajo los términos esgrimidos también se abrió instrucción y formuló acusación contra Antonio Eusebio Cámara Flores por delito contra la Administración Pública-Violencia y Resistencia a la autoridad, previsto y sancionado en el artículo trescientos sesenta y cinco como tipo base, con las circunstancias agravantes contenidas en el inciso primero del primer párrafo y el inciso tercero del segundo párrafo del artículo trescientos sesenta y siete del Código Penal. TERCERO: Dentro del marco jurídico de la actividad probatoria, se recibió la versión del acusado Antonio Eusebio Cámara Flores, quien al deponer a nivel de instrucción a fojas cuarenta y nueve con la intervención del abogado de su elección, mostrando arrepentimiento, aceptó su responsabilidad penal, precisando que accionó motivado por el nerviosismo de que a su hijo lo habían intervenido, por lo que obstaculizó la labor policial “empujándolos”, rescatándolo con la

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ayuda de un tumulto de personas; agregando que efectivamente, su coacusado Gallardo Arrunátegui soltó un perro pitbull con la finalidad de que agrediera a los efectivos policiales; no obstante ello, a nivel de Juicio Oral, en sesión de fecha siete de junio, modificando vertiginosamente su dicho primigenio, afirmó que solo conversó con los efectivos policiales para saber el motivo por el cual intervenían a su hijo, quien se había adelantado para conseguir un taxi, negando haberlos atacado, resultando inverosímil el supuesto en contrario, toda vez que su estado de salud se lo impedía; precisó además que el perro pitbull solo ladraba, y que el día de los hechos ninguna de las personas intervinientes agredió físicamente a los efectivos policiales. CUARTO: Que, al rendir su declaración a nivel de Juicio Oral, en sesión de fecha siete de junio, el acusado Christiam Pool Salazar Panduro, precisó que en efecto ese día, a petición de su coprocesado Cámara Flores, se dirigió a conseguir un taxi para fines de llevarlo a su tratamiento médico, desviándose en ese interín hacia el domicilio de su coacusado Gallardo Arrunátegui, lugar en el que permaneció ejercitándose por un espacio de treinta minutos, siendo intervenido en dichas circunstancias por efectivos policiales, quienes lo sindicaron como autor de un robo perpetrado en perjuicio de un tal “Sandoval”, lo que motivó que le asestaran un golpe de puño en la nariz e intentaran trasladarlo a la comisaría; no obstante ello, al percatarse su padre de dicha situación, cogió de la mano a los policías para que lo soltaran, interviniendo seguidamente los vecinos de la zona quienes lo rescataron; precisa además que en dichas circunstancias, al percatarse de su intervención, su coacusado Gallardo Arrunátegui soltó a los “cachorros”, y que omitió seguir las instrucciones de la autoridad policial, en razón de haberse encontrado drogado; líneas más adelante afirma que al descender del vehículo policial el agraviado lo sindicó, presumiendo que fue en mérito a que tenía rasgos físicos similares a los del verdadero autor del robo, agregando que este venía acompañado de su enamorada de nombre “Mariela”, a quien conoce por haber estudiado en el mismo colegio, y quien podría dar fe de que aquel día su persona no cometió el delito materia de imputación. QUINTO: Por su parte el acusado Eduardo Javier Gallardo Arrunátegui, al rendir su manifestación a nivel de Juicio Oral, negó su participación en los hechos incriminados, precisando que aquel día se encontraba trabajando en el terreno de su hermano, que sin embargo se sumó a un tumulto de aproximadamente diez personas para perturbar la labor de la policía que en aquel momento intervenía a su coacusado Salazar Panduro por robo; agrega que procedió en

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dichos términos con el objeto de que no aprehendieran a su coacusado Cámara Flores, ya que era una persona lisiada, negando haber propiciado que un perro de raza pitbull atacara a los efectivos policiales intervinientes. SEXTO: A fojas diez, obra la declaración policial que correspondería presuntamente al agraviado Luis Enrique Sandoval Alejos, en ella aparece consignado que en circunstancias que salía de una tienda de abarrotes en la que había efectuado venta de gaseosas por un importe de trescientos cincuenta y ocho nuevos soles, fue interceptado por siete sujetos que lo cogotearon y despojándolo de tal suma dineraria, fugando con dirección hacia el asentamiento humano Los Ángeles; que al solicitar apoyo policial, se efectuó sus búsquedas, reconociendo a uno de ellos, quien fue capturado y respondía al nombre de Christiam Pool Salazar Panduro; no obstante ello, en circunstancias que este era subido al vehículo policial, fue auxiliado por una turba de aproximadamente veinte personas, quienes provistos de palos y piedras agredieron físicamente a la autoridad policial y rescataron al detenido, precisando que fue este individuo quien lo cogoteó e inmovilizó para facilitar la sustracción de sus pertenencias, y que uno de los que integraban la turba soltó un perro pitbull, que mordió a uno de los efectivos policiales, capturándose en dicho ínterin a Antonio Eusebio Cámara Flores, quien también obstaculizó la labor policial, declaración policial que no se encuentra suscrita por el presunto agraviado. SÉTIMO: Que, a fojas cincuenta y dos obra la declaración testimonial brindada a nivel de instrucción por el efectivo policial Alberto Campos Vilcatoma, el mismo que ratificando lo suscrito en su manifestación policial de fojas doce, precisó que a mérito del auxilio solicitado por el agraviado, emprendieron la búsqueda de los sujetos que lo cogotearon y despojaron de sus pertenencias; encontrando reunidos por inmediaciones del pasaje Los Andes a un grupo de ocho o nueve individuos, siendo reconocidos por el agraviado cuatro de sus integrantes como los autores del ilícito perpetrado en su contra; que al intentar intervenírseles, los mismos se dan a la fuga, capturándose en el acto de persecución al acusado Salazar Panduro; a quien al tratar de subirlo al vehículo policial, vociferó para que lo defendieran, saliendo en su encuentro los vecinos del lugar provistos de palos, piedras y correas, retornando los sujetos que se habían dado a la fuga, iniciándose los ataques de agresión, siendo Cámara Flores quien les propinaba golpes de puño en los brazos, e intentaba liberar al intervenido Salazar Panduro con la ayuda del tumulto de personas, interviniendo en dichas circunstancias el acusado Gallardo Arrunátegui, quien soltó un perro pitbull que los atacó, empero

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no produciéndoles lesiones de gravedad, pues dicho can portaba bozal; versión que a nivel de Juicio Oral en sesión de fecha nueve de julio último. OCTAVO: A fojas cincuenta y seis y cincuenta y nueve obran las declaraciones testimoniales brindadas por los efectivos policiales Luis Antonio Carrion Corbera y Oscar Alberto Quispe, quienes ratifican en su totalidad los sostenido por su compañero, agregando el primero que fue lesionado por el perro en el dedo meñique, lo que se comprueba con el certificado médico-legal obrante a fojas veinticinco de fecha 19 de febrero de 2009, en el que se precisa que el citado efectivo presentó excoriación puntiforme en cara anterior tercio proximal del quinto dedo de mano izquierda - agente: con punta, que conllevó a la conclusión de que evidenciaba signos de lesiones traumáticas recientes, requiriendo atención facultativa de un día e incapacidad médico-legal de tres días. Por otro lado a fojas veintiséis corre el certificado medico-legal número cero uno uno nueve cinco tres, practicado al efectivo policial Alberto Campos Vilcatoma, con fecha 19 de febrero de 2009, que precisa este refirió agresión por desconocidos, en comisión de servicio; presentando excoriación rojiza de tres punto cinco por cero punto cuatro centímetros en flexura de codo izquierdo - agente: uña humana, equimosis circulares múltiples en antebrazo izquierdo tercio medio cara anterior - agente: contundente duro, que conllevó a la conclusión de que evidenciaba huellas de lesiones traumáticas recientes, requiriendo atención facultativa de un día e incapacidad médico-legal de cuatro días, corroborada con el examen ectoscópico de fojas ciento cuatro. NOVENO: La libre apreciación razonada de la prueba, que es el sustento del artículo 283 del Código de Procedimientos Penales, reconoce al juez la potestad de otorgar el valor correspondiente a las pruebas, sin directivas legales que lo predeterminen. Desde esa perspectiva, es de afirmar que el derecho a la presunción de inocencia exige sobre el particular que las pruebas de cargo, que justifiquen una condena, además deben ser suficientes. Que, a mayor abundamiento, el hecho punible, debe cumplirse a partir de la configuración razonable de determinadas reglas o criterios de valoración, que permitan trasladar las exigencias de racionalidad a la ponderación de la prueba. DÉCIMO: Que, mediante Ejecutoria número treinta cuarenta y cuatro de 2004, la Corte Suprema ha establecido con carácter de vinculante(39), que cuando

(39) Recurso de Nulidad 3044-2004 del 01-12-2004, Fundamento jurídico Nº 5 (vinculante).

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se trata de testigos o imputados que han declarado indistintamente en ambas etapas del proceso penal, en la medida en que la declaración prestada en la etapa de instrucción se haya actuado con las garantías legalmente exigibles –situación que se extiende a las declaraciones en sede policial, siempre que se cumpla lo expresamente estatuido en la norma habilitante pertinente referido a la presencia del Fiscal y, en su caso, del abogado defensor–, el Tribunal no está obligado a creer aquello que se dijo en el acto oral, sino que tiene libertad para conceder mayor o menor fiabilidad a unas u otras de tales declaraciones, pues puede ocurrir, por determinadas razones –que el Tribunal debe precisar cumplidamente– que ofrezca mayor credibilidad lo declarado en la etapa de instrucción que lo dicho después en el juicio oral, en tanto dicha declaración se haya sometido en tal acto a contradicción con las garantías de igualdad, publicidad e inmediación y trasunta una mayor verosimilitud y fidelidad-cumplimiento, en su esencia, de los requisitos de legalidad y contradicción. UNDÉCIMO: Que, analizadas y valoradas cada una de las pruebas recogidas durante la investigación preliminar, instrucción y debatidas en el acto oral, tenemos el acto de imputación formulado contra los acusados Christiam Pool Salazar Panduro y Eduardo Javier Gallardo Arrunátegui por delito de Robo Agravado; en este extremo, es de advertir que la objetividad derivada de las afirmaciones vertidas presuntamente por el agraviado Luis Enrique Sandoval Alejos, en su manifestación policial se desvanece al no estar suscrita o firmada por el titular del derecho afectado, de ahí que no existan bienes jurídicos que fluctúen libremente sin estar asignados a un titular; que en virtud a dicha carencia, el Colegiado cursó sendas notificaciones a los domicilios del precitado para efectos de que ratifique o rectifique su dicho, sin embargo, a pesar de haberse encontrado debidamente emplazado no concurrió al acto oral; por lo que, en virtud al principio de idoneidad probatoria dicha manifestación no se considera como prueba de cargo, deviniendo en ineficaz lo aportado por elementos coetáneos en este extremo; por tanto al no existir pruebas plenas e irrefutables que nos lleven a la convicción de la participación de los referidos procesados en el delito de Robo Agravado que se les imputa, procediendo su absolución; no obstante ello, dado el marco de circunstancia desplegado, es factible citar los órganos y medios de prueba aportados en el decurso de la investigación judicial y posterior contradictorio, para fines de contrastar su actuación con lo vertido por los procesados en conjunto, en el extremo de la imputación por delito contra la Administración Pública - desobediencia y resistencia a la autoridad en contra de Antonio Eusebio Cámara Flores, en tal sentido, resulta relevante lo sostenido

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por el citado encausado en su instructiva obrante a fojas cuarenta y nueve, en la que en presencia del defensor de su elección y el representante del Ministerio Público, confesó en forma voluntaria y espontánea su accionar delictivo mostrando arrepentimiento, precisando que obstaculizó la labor policial motivado por un momento de euforia, con la finalidad de rescatar al acusado Salazar Panduro quien momentos previos había sido intervenido policialmente; afirmación que se encuentra corroborada con lo sostenido por el acusado Christiam Pool Salazar Panduro, a nivel de juicio oral; que aunado a ello tenemos la versión coherente uniforme y persistente de los efectivos policiales Alberto Campos Vilcatoma, Óscar Alberto Quispe Mancilla y Luís Antonio Carrión Corbera, quienes sostuvieron que en el ejercicio de sus funciones fueron atacados por los acusados Cámara Flores y Gallardo Arrunátegui, quienes obstaculizaron la intervención del acusado Salazar Panduro, rescatándolo con la ayuda de sujetos de mal vivir, a pesar de tener conocimiento de que al mismo se le estaba interviniendo por la denuncia de un presunto Robo, siendo el último de los nombrados quien propició que un perro de raza pitbull lesione al efectivo policial Carrión Corbera, en el dedo meñique de su mano izquierda, circunstancia que se encuentra acreditada con el certificado médico-legal de fojas veinticinco, así como las demás lesiones sufridas por tales efectivos policiales con el certificado médico-legal de fojas veintiséis y el examen Ectoscópico de fojas ciento cuatro. En tal virtud, de la compulsa efectuada se llega a la conclusión de que existió una obstrucción a la labor de la Policía Nacional en el desempeño de sus funciones, y si bien el acusado incurría a favor de su hijastro, su accionar no constituye causal justificante, quedando acreditada la comisión del delito de Violencia y Resistencia a la Autoridad, así como la responsabilidad penal de su autor; resultando pertinente además, proceder conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo doscientos sesenta y cinco del Código de Procedimientos Penales, toda vez que existen indicios suficientes respecto a la intervención obstaculizadora por parte del procesado Eduardo Gallardo Javier Arrunátegui, debiéndose formar en este extremo un cuaderno aparte con las piezas procesales pertinentes y elevarse en Consulta al señor Fiscal Supremo. DUODÉCIMO: Que, una de las funciones de la pena, además de ser retributiva por la infracción penal cometida, también es resocializadora, por el cual, busca que el agente que cometió un ilícito penal, pueda enmendarse, por lo que la sanción debe graduarse en atención a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, que deben ir en consonancia con los indicadores y circunstancias a las que se contraen los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código

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Penal; resultando que el acusado Antonio Eusebio Cámara Flores, no presenta antecedentes penales ni judiciales, conforme se desprende de los certificados que obran a fojas doscientos cincuenta y cuatro y doscientos noventa y tres respectivamente, teniendo consecuentemente la condición de agente primario; posee un escaso nivel sociocultural conforme se ha evidenciado en el acto oral, en virtud del principio de inmediatez, teniéndose en consideración además la entidad del injusto y la culpabilidad concreta por el hecho cometido, toda vez que la conducta ilícita desplegada se enmarca en la circunstancia agravante que determina el inciso primero del primer párrafo y el inciso tercero del segundo párrafo del artículo trescientos sesenta y siete del Código Penal; resultando al mérito de lo evaluado, suficiente y razonable, la imposición de una pena condicional para sancionar su conducta ilícita. DÉCIMO TERCERO: Que, con respecto a la reparación civil conforme lo prescribe el artículo noventa y tres del Código Penal, esta tiene como fin la restitución del bien y en caso de no ser posible, el pago de su valor, así como la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, la misma que deberá fijarse partiendo del principio de autorresponsabilidad, por el cual se asume que quien causa un daño debe responder por sus actos. En ese sentido, el monto indemnizatorio debe fijarse prudencialmente. Por estas consideraciones, estando a lo consagrado en los incisos tres y cinco del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado, lo establecido por los artículos diez, once, doce, veintitrés, veintiocho, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, noventa y dos, noventa y tres, trescientos sesenta y cinco como tipo base, con las circunstancias agravantes contenidas en el inciso primero del primer párrafo y el inciso tercero del segundo párrafo del artículo trescientos sesenta y siete del Código Penal; así como los artículos doscientos ochenta y tres, doscientos ochenta y cuatro y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales, la PRIMERA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA juzgando los hechos y las pruebas con el criterio de conciencia que la ley autoriza y administrando justicia a nombre de la Nación; FALLA: CONDENANDO a Antonio Eusebio Cámara Flores, identificado con documento nacional de identidad cero ocho uno uno tres siete cuatro nueve, nacido en Lima el treinta y uno de Julio de mil novecientos sesenta y siete, hijo de don Antonio y doña Macedonia, de estado civil conviviente, como autor de delito contra la Administración Pública - Violencia y Resistencia a la Autoridad, en agravio del Estado, y como tal le impusieron CUATRO AÑOS DE PENA

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PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA EN SU EJECUCIÓN por el término de prueba de TRES AÑOS, bajo el cumplimiento de manera personal y obligatoria de las siguientes reglas de conducta: a) No variar de domicilio sin previo aviso del Juez de la causa; b) Concurrir al local del Juzgado a firmar cada fin de mes el libro de control respectivo y justificar sus actividades, c) No cometer nuevo delito doloso; bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, aplicarse lo dispuesto en el artículo cincuenta y nueve del Código Penal; FIJARON: en la suma de TRESCIENTOS NUEVOS SOLES el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor del Estado; ABSOLVIENDO por insuficiencia probatoria de la ACUSACIÓN FISCAL a los ciudadanos Christiam Pool Salazar Panduro y Eduardo Javier Gallardo Arrunátegui, por delito contra el Patrimonio - ROBO AGRAVADO, en agravio de Luís Enrique Sandoval Alejos; MANDARON: Que, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente en cuanto a este extremo, se anulen los antecedentes irrogados por la apertura de la presente investigación; ORDENARON que se forme cuaderno con las piezas procesales pertinentes, elevándose en consulta al señor Fiscal Supremo, de conformidad con el artículo doscientos sesenta y cinco del Código de Procedimientos Penales; MANDARON: Que, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se expidan los boletines de condena y se inscriba donde corresponda; anulándose los antecedentes policiales y judiciales de los ciudadanos Christiam Pool Salazar Panduro, y Eduardo Javier Gallardo Arrunátegui, y archivándose los autos definitivamente con conocimiento del juez de la presente causa. SS. Dr. JUAN CARLOS VIDAL MORALES - Presidente Dra. LUISA ESTELA NAPA LÉVANO - Juez Superior y D.D. Dr. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA - Juez Superior

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030. Robo agravado: Acreditación de la preexistencia de la cosa materia de delito En el caso de los delitos contra el patrimonio, resulta sustancial el acreditar la preexistencia de la cosa materia del delito, con la finalidad de poder determinar no solo la naturaleza y características de dicha cosa, sino además, establecer su valor y de esta manera poder cuantificar el daño ocasionado con la sustracción de la misma. Así, del análisis a los actuados, con el Acta de Hallazgo y Recojo de los presentes actuados, así como con el Acta de entrega de dinero, se acredita la preexistencia de la maleta y del dinero que le fuera presuntamente arrebatada al agraviado por parte de los acusados, dándose por cumplida la obligación procesal indicada. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA PENAL DE REOS EN CÁRCEL Expediente Nº 841 - 2009

Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, 23 de agosto de 2010 VISTOS: En Audiencia Pública, el proceso penal seguido contra Sandro Samir Goicochea Cruces y Víctor René Araujo Oliveros, por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado en agravio de Moisés Concha Miche, ilícito tipificado y sancionado por el artículo 188 del Código Penal en su modalidad agravada, prevista y sancionada por los incisos tercero y cuarto del artículo 189 del indicado cuerpo legal. I. PARTE EXPOSITIVA 1. Se imputa a los acusados Sandro Samir Goicochea Cruces y Víctor René Araujo Oliveros, la comisión del delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Moisés Concha Miche, esto es que en fecha veintiséis de febrero del año dos mil nueve en horas de la mañana, en circunstancias en que el agraviado transitaba por la Avenida Alfredo Mendiola portando un maletín que contenía cinco mil dólares americanos, con el propósito de depositarlos al Banco Mibanco del distrito de Puente Piedra, es al llegar al paradero Km. 21 de la Panamericana Norte (Óvalo Infantas - Comas) cuando fue sorpresivamente empujado por el procesado Araujo Oliveros, quien

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logra arrebatarle el maletín y al tratar de reaccionar, el procesado Goicochea Cruces le apuntó con un arma de fuego y bajo amenaza a su integridad le hizo desistir de su maletín, siendo que ante los gritos de auxilio proferidos por el agraviado, peatones y vecinos acudieron al lugar y agredieron a los procesados. 2. Con el Atestado Policial Nº 037-09-VII-DIRTEPOL-DIVTER-N2-CSLSEINCRI, y los actuados durante la investigación preliminar dispuesta por la Representante del Ministerio Público, con fecha veintisiete de febrero del año dos mil nueve, la Tercera Fiscalía Provincial Penal del distrito Judicial de Lima Norte, formaliza denuncia penal contra Sandro Samir Goicochea Cruces y Víctor René Araujo Oliveros por los delitos: contra el Patrimonio – Robo Agravado, en agravio de Moisés Concha Miche, ilícito tipificado y sancionado por el artículo 188 del Código Penal en su modalidad agravada prevista y sancionada por los incisos tercero y cuarto del artículo 189 del indicado cuerpo legal; y contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - Lesiones Graves, en agravio de Segundo Eleodoro Gonzáles Isuiza, ilícito tipificado y sancionado por el inciso segundo del artículo 121 del Código Penal. 3. Por Resolución de fecha veintisiete de febrero del año dos mil nueve, el Juez Penal del Primer Juzgado Especializado Penal del Módulo Básico de Justicia de Los Olivos de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte abrió instrucción en contra de los citados denunciados por los delitos antes indicados, en agravio de los antes mencionados. 4. Tramitada la causa conforme a su naturaleza y a las normas procesales pertinentes, vencido el término de la instrucción el Señor Fiscal Provincial emite su dictamen y el Señor Juez Penal su Informe Final; elevado los actuados al Superior Jerárquico y remitidos a la fiscalía, la señora Fiscal Superior Penal emitió su acusación escrita el quince de febrero del año dos mil diez, y el Colegiado emite el respectivo Auto Superior de Enjuiciamiento por Resolución de fecha tres de junio del año dos mil diez, declarando haber merito a pasar a juicio oral contra los acusados solo por el delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Moisés Concha Miche, habiéndose dispuesto el sobreseimiento del proceso en el extremo del delito contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves, en agravio de Segundo Eleodoro Gonzáles Isuiza; iniciándose el juicio oral el siete de julio del dos mil diez, el mismo que se desarrolló en diversas audiencias

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conforme las actas que anteceden, escuchada la requisitoria oral, los alegatos de defensa, la causa ha quedado expedita para sentenciar. II. PARTE CONSIDERATIVA Primero.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 245 del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 638, en los delitos contra el patrimonio, deberá acreditarse la preexistencia de la cosa materia del delito; En el caso de los delitos contra el patrimonio, resulta sustancial el acreditar la preexistencia de la cosa materia del delito, con la finalidad de poder determinar, no solo la naturaleza y características de dicha cosa, sino además, establecer su valor y de esta manera poder cuantificar el daño ocasionado con la sustracción de la misma; así, del análisis a los actuados, con el Acta de Hallazgo y Recojo de fojas veinticuatro de los presentes actuados, así como con el Acta de entrega de dinero de fojas diecinueve de los presentes, se acredita la preexistencia de la Maleta y del dinero que le fuera presuntamente arrebatada al agraviado por parte de los acusados, dándose por cumplida la obligación procesal indicada. Segundo.- Que, la hipótesis incriminatoria del Ministerio Público, se sustenta en el hecho que el veintiséis de febrero del año dos mil nueve en horas de la mañana, en circunstancias que el agraviado Moisés Concha Miche, transitaba por la Avenida Alfredo Mendiola portando un maletín que contenía cinco mil dólares americanos, con el propósito de depositarlos en el Banco Mibanco del distrito de Puente Piedra, es al llegar al paradero ubicado en el Km. 21 de la Panamericana Norte (Óvalo Infantas - Comas) cuando fue sorpresivamente habría sido empujado por el procesado Araujo Oliveros, quien logra arrebatarle el maletín que portaba y al tratar de reaccionar, el procesado Goicochea Cruces le habría apuntado con un arma de fuego y bajo amenaza a su integridad física, le hizo desistir de su intento de reacción, permitiendo la sustracción de su maletín conteniendo el dinero antes indicado, siendo que ante los gritos de auxilio proferidos por el agraviado, peatones y vecinos acudieron al lugar y emprendieron la persecución y posterior agredieron a los procesados, logrando detenerlos y ponerlos a disposición de la autoridad policial. Tercero.- Sin embargo, durante el desarrollo de la investigación preliminar, instrucción y sobre todo juicio oral, se ha llegado a determinar lo siguiente: 3.1. El día veintiséis de febrero del año dos mil nueve, en horas de la mañana, el agraviado Moisés Concha Miche conjuntamente con su esposa Luz Mary Pérez Pio, concurrieron al inmueble ubicado en la Avenida Alfredo

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Mendiola “C-67”, del distrito de San Martín de Porres, de propiedad de Ana Ruth Pérez Pio (hermana de la esposa del agraviado Moisés Concha Miche), lugar en el que, recibieron un maletín conteniendo la suma de cinco mil dólares americanos, de parte de la persona de Honoria Pio Pomacaja (madre de la esposa del agraviado Moisés Concha Miche), con la finalidad de que lo depositen en la entidad bancaria Mibanco, sucursal del distrito de Puente Piedra; es así, que salieron del inmueble antes indicado, con la finalidad de dirigirse al paradero y tomar un vehículo de transporte público que los traslade al distrito antes indicado, es cuando transitaban por inmediaciones de la Avenida Alfredo Mendiola portando el indicado maletín, y al llegar al paradero ubicado en el Km. 21 de la Panamericana Norte (Óvalo Infantas - Comas), habrían sido interceptados por dos sujetos uno de los cuales, le arrebató el indicado maletín, y cuando pretendió reaccionar ante dicho despojo, el otro sujeto le amenazó con un arma de fuego, por lo que procedió a dejar que le sustraigan dicho maletín, emprendiendo sus agresores veloz huida del lugar de los hechos, mientras que el agraviado Moisés Concha Miche, pedía auxilio a pobladores de la zona que en ese momento jugaban un partido de fulbito en una canchita cercana, los cuales emprendieron la persecución de los ladrones, cuando el ciudadano Segundo Eleodoro Gonzales Isuiza, en circunstancias en que se aprestaba a sujetar a uno de los ladrones, este extrajo un arma y le disparó en el brazo, ocasionando que este caiga al piso y su agresor se diera a la fuga. Posteriormente, pobladores del lugar lograron detener a dos personas, las cuales fueron sindicadas como partícipes del robo al agraviado, a quienes agredieron físicamente y ante la presencia de la autoridad policial las pusieron a disposición de ellos. Asimismo, el agraviado Moisés Concha Miche, recuperó el maletín conteniendo el dinero que inicialmente le fuera arrebatado. 3.2. Al respecto, el agraviado Moisés Concha Miche, pese a haber sido debidamente notificado para que se presente a prestar su declaración preventiva durante el desarrollo de la instrucción, así como su declaración durante el desarrollo del presente juicio oral, no ha cumplido con presentarse, desconociéndose el motivo de su inasistencia.

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3.3. Sin embargo, dicho agraviado, prestó su declaración durante la investigación preliminar(40), en presencia del Representante del Ministerio Público a las catorce horas del día de los hechos, logrando sindicar al acusado Víctor René Araujo Oliveros, como la persona que le empujó y logró arrebatarle el maletín; así como ha sindicado al acusado Sandro Samir Goicochea Cruces, como la persona que le apuntó con un arma de fuego, cuando dicho agraviado pretendió reaccionar ante la sustracción del indicado maletín, haciéndole desistir de su intención. 3.4. Al respecto, debe señalarse que ambos acusados Víctor René Araujo Oliveros y Sandro Samir Goicochea Cruces, han negado desde el inicio del proceso el haber tenido participación alguna en los hechos materia del presente, manifestando lo siguiente: a) El acusado Sandro Samir Goicochea Cruces, ha manifestado que el día de los hechos, se encontraba por inmediaciones del lugar donde ocurrió el robo en agravio de Moisés Concha Miche, debido a que se había malogrado su vehículo en el cual realiza servicio de Taxi, y lo había internado en un taller por inmediaciones de la Avenida Universitaria, mientras se encontraba por inmediaciones del Óvalo Infantas, luego de haberse reunido con su amigo a quien conoce como “Henry”, el cual le había prestado la suma de cien nuevos soles, con los cuales, pensaba pagar el arreglo de su vehículo; respecto a su participación ha referido lo siguiente: - Al prestar su declaración indagatoria en sede policial en presencia del Representante del Ministerio Público(41), manifestó que su participación fue, en su respuesta a la cuarta pregunta: “(…) a mi me ha intervenido el tumulto de gente, por lo que la persona que había robado el maletín (no puedo precisar la hora), lo tiró al suelo, entonces como yo pasaba por dicho lugar levanté el malentín y ví a quien dar el maletín, luego el tumulto de gente me agarró a mi, entonces yo dije que me lleven a la comisaría porque no sabía nada (…)” (sic) fojas doce de los actuados.

(40) Fojas 12 a 14 de los actuados en el presente proceso. (41) Ídem.

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- Luego en la misma declaración, en su respuesta a la pregunta cinco, afirmó que se “(…) encontraba solo, caminando por e Óvalo de Infantas para dirigirme al mecánico, cuando estaba por el Óvalo de Infantas lo que pasó, yo he visto que se encontraban correteando la gente a los rateros, yo vi que corrían y uno de los sujetos que corrían es el que se encuentra intervenido, y que también momentos antes fue la persona que tenía el maletín y que lo tiró al piso, cuando lo correteaban al ratero, solo vi correr al intervenido, cuando tenía la maleta luego la arrojó, la maleta las personas que correteaba no recogían el maletín yo obté por recoger el maletín y se presentó una Sra. fue a quien entregué luego gente me agarró porque pensaba que estaba con el ratero, donde me dijo que si no tenía nada que ver me espere a la policía (…)” (sic) fojas doce y trece de los actuados). - Luego, en su respuesta a la pregunta dieciocho afirmó, respecto al maletín sustraído al agraviado que él lo habría “(…) recogido después que la personas del detenido Victor René Araujo Oliveros lo arrojó, inmediatamente apareció una señora indicando que era de ella, a quien se lo entregue (…)” (sic), fojas catorce de los actuados. - Para luego, ya en sede judicial, al prestar la continuación de su declaración instructiva(42), el día treinta de abril del dos mil nueve, haber afirmado que quería aclarar su declaración policial, señalando haber visto a por lo menos cincuenta personas corriendo supuestamente a agarrar a alguien, y él estaba al costado, y vio el maletín al medio de la calle y la gente seguía corriendo por encima del maletín, entonces optó por recoger el maletín y se lo entregó a una señora que venía llorando y diciendo “me han robado”, allí fue que lo agarraron dos personas del grupo que estaban corriendo y le preguntaron a la indicada señora si él había sido y esta les respondió que nada y se fue con el maletín. Además refirió que a su coprocesado lo vio recién en la Comisaría. Versión que ha sido reproducida al declarar durante el juicio oral.

(42) Fojas 199 a 204 de los presentes actuados.

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b) Por su parte, el acusado Víctor René Araujo Oliveros, ha referido que el día de los hechos, llegó al Óvalo de Infantas, con la finalidad de concurrir al inmueble ubicado en la manzana “B”, lote “28”, cerca del Óvalo de Infantas, vivienda de la persona de Antonia Chávez Matallana, la misma con quien iban a tratar un contrato de construcción de un nicho en el Cementerio Paz y Libertad del distrito de Comas, y que al bajar del mototaxi en el que llegó a dicho Óvalo, luego de aproximadamente tres minutos, fue agredido por un grupo de personas quienes lo confundieron con otra persona que momentos antes había sustraído un maletín. Al respecto manifestó lo siguiente: - Solo en sede judicial, pues se negó a declarar durante la investigación preliminar, manifestó dedicarse a labores de construcción de nichos en el Cementerio antes indicado, y que días antes se había contactado con la persona de Antonia Chávez Matallana, quien le dio su dirección para que vaya a la misma a tratar sobre la construcción de un nicho en el Cementerio Paz y Libertad de Comas. Así el día de los hechos, luego de aproximadamente tres minutos de haber llegado al Óvalo de Infantas, y de indagar sobre dónde quedaba la dirección que le dieron, fue atacado por un grupo de personas quienes lo golpearon y lo condujeron a la Comisaría, lugar donde se enteró de los hechos, y recién allí vio a su coprocesado. 3.5. Por otro lado, Antonia Chávez Matallana, el cuatro de mayo del dos mil nueve, prestó su declaración testimonial durante el desarrollo de la instrucción(43), en la cual afirmó que el día veinticinco de febrero del dos mil nueve (un día antes de ocurrido los hechos), contactó con el acusado Víctor René Araujo Oliveros, con la finalidad de que este le realice un nicho, habiéndole entregado la suma de cincuenta nuevos soles, e indicándole que al día siguiente, concurra a su vivienda con la finalidad de entregarle otro adelante por el trabajo a realizar, es así, que el día veintiséis lo estuvo esperando hasta las tres de la tarde pero el indicado acusado no llegó, pese a haber acordado que iba a ir a las diez de la mañana, manifestando además que su vivienda se encuentra ubicada a tres cuadras del Óvalo de Infantas.

(43) Fojas 207 a 209 de los actuados en la presente.

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3.6. Asimismo, Ana Ruth Pérez Pio, al prestar su declaración testimonial manifestó que el día de los hechos, logró observar como dos sujetos forcejeaban con su cuñado el agraviado (esposo de su hermana), logrando despojarlo del maletín, y que con posterioridad un joven de contextura delgada y alto, de ojos grandes y pómulos pronunciados le hiciera entrega. 3.7. Además, ya durante el desarrollo del juicio oral, en la sesión del veintiséis de julio del presente año(44), el testigo Luis Alberto Castro Pérez, quien refirió ser testigo presencial de los hechos, además de ser hijo de la testigo Ana Ruth Pérez Pio, y sobrino del agraviado Moisés Concha Miche, refirió que el día de los hechos, logró observar a dos personas que arrebataron un maletín a su tío el agraviado, y conjuntamente con otras personas del lugar, emprendieron la persecución de los mismos, y uno de ellos logró subirse a una mototaxi y huir del lugar, mientras que el otro sujeto, corrió y se trepó por el muro que divide a la avenida Panamericana Norte y se dirigió hacia el otro lado, perdiéndolos de vista. Además, afirmó que su señora madre le indicó que un joven le devolvió el maletín que contenía el dinero que le fuera arrebatado a su tío, y que se sorprendió cuando la policía llegó a su casa indicando que habían detenido a los ladrones pues, siendo él una de las personas que los perseguía de cerca observó que estos escaparon, brindando las características físicas de los mismos, las cuales difieren de las que poseen los acusados, dado la inmediación con que se ha desarrollado el juicio oral. Cuarto.- En consecuencia, del análisis a los elementos de prueba recabados durante el desarrollo del juicio oral, se ha llegado a acreditar de manera certera que la presencia de los acusados Sandro Samir Goicochea Cruces y Víctor René Araujo Oliveros, habría sido circunstancial en el lugar de los hechos; sin embargo persiste la existencia de duda razonable, respecto a la veracidad de la inicial sindicación efectuada por el acusado Goicochea Cruces, respecto a la participación de su coprocesado Araujo Oliveros, la misma que no puede ser tomada como sustento de una imputación de responsabilidad penal, en la medida que, con la declaración del testigo Luis Alberto Castro Pérez, se ha logrado establecer que los acusados no habrían sido los sujetos que fueron perseguidos por dicho testigo y pobladores de la zona, inmediatamente después de ocurrido los hechos. Testimonial que cobra relevancia, no solo por el hecho de haber (44) Fojas 504 a 509 de los actuados en la presente.

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sido prestada durante el desarrollo del juicio oral, sino además por el parentesco existente con el agraviado, más aún si este no ha concurrido a la Sede Judicial, a corroborar su inicial denuncia. Argumentos por los cuales, procede absolver de la acusación fiscal a los procesados Sandro Samir Goicochea Cruces y Víctor René Araujo Oliveros. Quinto.- Por otro lado, debe señalarse que, durante el desarrollo del presente proceso se ha llegado a establecer que el maletín objeto de sustracción al agraviado, habría sido entregado por el ciudadano Sandro Samir Goicochea Cruces, a la persona de Ana Ruth Pérez Pio, situación de hecho que difiere de lo señalado en el Acta de hallazgo y recojo de fojas veinticuatro de la presente, la misma que ha sido elaborada con la participación de los efectivos policiales SOT3 PNP Walter Orillo Marín y SOT 2 PNP Miguel Jamanca Enríquez, además de la participación de Moisés Concha Miche, por lo que corresponde remitir fotocopia certificada de los actuados vinculados a dicha controversia a la Fiscalía Provincial Penal de Turno, para efectos de que se pronuncie sobre los motivos que habrían tenido los indicados para efectos de consignar información falsa en un documento elaborado por Funcionarios Públicos en ejercicio de sus funciones. DECISIÓN JUDICIAL En consecuencia, apreciando y juzgando los hechos y las pruebas con el criterio de conciencia que la ley faculta; con la facultad conferida por los artículo doscientos ochenta y tres a doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales, y Administrando Justicia a nombre de la Nación, los Señores Jueces Superiores de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte: FALLAN: ABSOLVIENDO de la acusación fiscal por insuficiencia probatoria a los ciudadanos Sandro Samir Goicochea Cruces y Víctor René Araujo Oliveros, en el proceso que se les sigue como autores de la presunta comisión del delito contra el Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado, hechos ocurridos el veintiséis de febrero del año dos mil nueve, en agravio de Moisés Concha Miche, ilícito tipificado y sancionado por el artículo 188 del Código Penal en su modalidad agravada prevista y sancionada por los incisos tercero y cuarto del artículo 189 del indicado cuerpo legal, en consecuencia: DISPUSIERON la inmediata libertad de los sentenciados absueltos Sandro Samir Goicochea Cruces y Víctor René Araujo Oliveros, para lo cual OFÍCIESE al Instituto Nacional Penitenciario para que proceda a liberar a los indicados ciudadanos, siempre y cuando no exista

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en su contra mandato de detención vigente, emitido por autoridad competente; ORDENARON REMITIR fotocopia certificada de los actuados pertinentes a la Fiscalía Provincial Penal de Turno del Distrito Judicial de Lima Norte, para efectos de que se pronuncie conforme a sus atribuciones, respecto a lo señalado en el quinto considerando de la presente; MANDARON que consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se anulen los antecedentes policiales y judiciales que pudieran haberse generado y fecho, se archive definitivamente los de la materia. SS. ROZAS ESCALANTE - Presidente REYMUNDO JORGE - Juez Superior HUAMÁN VARGAS - Juez Superior y DD

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031. Robo agravado: Absolución por dudas respecto al motivo por el cual el acusado agarró del cuello al agraviado Surgen serias dudas respecto al motivo por el que el acusado, habría cogido del cuello al agraviado; dudas que impiden a este colegiado realizar una determinación de responsabilidad penal al acusado indicado, en vista de que no concurren suficientes elementos de prueba objetivos que permitan mantener la validez de la imputación fiscal. Más aún, si el agraviado no ha realizado afirmación alguna respecto a la circunstancias en que se habría sustraído la cartera con el dinero que dice haber tenido debajo de su asiento, y por el hecho de no haberse acreditado que al momento de ser intervenidos por la autoridad policial el acusado pretendía llevarse el vehículo antes indicado. Argumentos por los cuales, teniendo en consideración que no se habría producido el quebrantamiento de la presunción de inocencia del acusado, en vista de que no existe en los actuados elementos de prueba que corrobore lo denunciado por dicho agraviado, es que procede absolver de la acusación fiscal al acusado. PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE Segunda Sala Especializada en lo Penal para procesos con Reos en Cárcel Expediente : Nº 00705-1997-0-0901-JR-PE-09 Procesado : Gregorio Moisés Arancibia Huaqui Delito : Contra el Patrimonio - Robo Agravado Agraviado : Oscar Rufino Torres Tejada Secretario : Marcelo Reyes

Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, 26 de julio de 2010 VISTOS: El expediente penal número setecientos cinco - mil novecientos noventa y siete, que contiene el proceso penal seguido en contra de Gregorio Moisés

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Arancibia Huaqui, por el delito contra EL PATRIMONIO en la modalidad de Robo Agravado, en agravio de Oscar Rufino Torres Tejada, ilícito tipificado y sancionado por el artículo ciento ochenta y ocho, en su modalidad agravada prevista y sancionada por los incisos dos, tres y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve(45) del Código Penal, vigente al veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y siete, del cual resulta que: 1. Se imputa al acusado, conforme a la acusación fiscal del veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve(46), que el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y ocho(47), aproximadamente a las cero una horas con treinta y cinco minutos, en circunstancias que el agraviado Oscar Rufino Torres Tejada, se encontraba realizando el servicio de taxi, en el vehículo de marca Volkswagen, de placa de rodaje “BI-7631”, por inmediaciones de la avenida Universitaria, fueron solicitados sus servicios por el acusado Gregorio Moisés Arancibia Huaqui, y los sentenciados César Augusto Arancibia Huaqui y Julio Ramos Areche(48), siendo el caso que al llegar al lugar pactado, fue coaccionado verbalmente para que ingrese a una calle, en donde es tomado del cuello por el acusado Gregorio Moisés Arancibia Huaqui, quien se habría encontrado sentado en el asiento posterior, mientras que el sentenciado César Augusto Arancibia Huaqui, quien se encontraba sentado en el asiento del co piloto, apaga el vehículo y le sustrae sus llaves, por lo que el agraviado logra huir, solicitando auxilio a efectivos policiales quienes intervienen a los antes indicados en el interior del vehículo, en el momento en que el acusado Gregorio Moisés Arancibia Huaqui, intentaba encender el mismo, dándose a la fuga al ver la intervención policial, quienes solo lograron capturar a los sentenciados César Augusto Arancibia Huaqui y Julio Ramos Areche. 2. Con el Atestado Policial Nº “278-IC-CCTA”(49), que adjunta como recaudo, con fecha cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, la Primera Fiscalía Provincial Penal del Lima Norte, formula denuncia penal(50) contra

(45) (46) (47) (48)

Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 26630, publicada el 21 de junio de 1996. Fojas 168 a 170 de los actuados en la presente. Error material, pues los hechos fueron realizados en el año 1997. Respecto a ellos, el primero fue condenado y el segundo absuelto, mediante Sentencia emitida el 17 de mayo de 1999. (49) Fojas 2 a 32 de los actuados en la presente. (50) Fojas 33 a 34 de los actuados en la presente.

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Gregorio Moisés Arancibia Huaqui, y César Augusto Arancibia Huaqui y Julio Ramos Areche, por el delito contra EL PATRIMONIO en la modalidad de Robo Agravado, en agravio de Oscar Rufino Torres Tejada, ilícito tipificado y sancionado por el artículo ciento ochenta y ocho, en su modalidad agravada prevista y sancionada por los incisos dos, tres y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, vigente al veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y siete; En la misma fecha, se apertura instrucción en contra de los denunciados(51), por el delito antes señalado en agravio del antes indicado, en la vía ordinaria, señalándose además las diligencias a ser realizadas. 3. Concluida la etapa de instrucción, con fecha dos de febrero de mil novecientos noventa y nueve(52), se cumplen con elevar los presentes actuados a la presente Sala Superior, la misma que dispuso la remisión de dichos actuados a Vista Fiscal, siendo que el señor Fiscal Superior en lo penal, por dictamen del veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve(53), formula acusación sustancial en contra de Gregorio Moisés Arancibia Huaqui, y César Augusto Arancibia Huaqui y Julio Ramos Areche, por delito contra EL PATRIMONIO en la modalidad de Robo Agravado, en agravio de Oscar Rufino Torres Tejada, ilícito tipificado y sancionado por el artículo ciento ochenta y ocho, en su modalidad agravada prevista y sancionada por los incisos dos, tres y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, solicitando se les imponga diez años de pena privativa de la libertad, y se les condene al pago de doscientos nuevos soles, que por concepto de reparación civil, cada uno de los indicados debía pagar a favor del agraviado. 4. Iniciado el Juicio Oral, el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y nueve, ordenandose emitir las requisitorias en contra del acusado Gregorio Moisés Arancibia Huaqui, en vista que a dicha fecha, dicho acusado se encontraba como no habido; luego de realizado los debates orales correspondientes, el tres de mayo de mil novecientos noventa y nueve, el Señor Representante del Ministerio Público, procede a emitir su requisitoria oral en contra de los acusado Gregorio Moisés Arancibia Huaqui, César Augusto

(51) Auto Apertorio de fojas 35 de los actuados en la presente. (52) Fojas 166 vueta de los actuados en la presente. (53) Fojas 168 a 170 de los actuados en la presente.

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Arancibia Huaqui y Julio Ramos Areche, repitiendo los argumentos de su acusación sustancial y la pena correspondiente; luego los abogados defensores, realizaron su defensa técnica; habiéndose emitido sentencia en contra de César Augusto Arancibia Huaqui y Julio Ramos Areche (condenando al primero y absolviendo al segundo), además de haberse reservado el proceso en contra del acusado ausente Gregorio Moisés Arancibia Huaqui. 5. Así, recién el seis de julio del presente año, la policía nacional pone a disposición en calidad de detenido al acusado Gregorio Moisés Arancibia Huaqui, siendo que el siete de julio del presente año, se inicia en contra de este el juicio oral que se le había reservado. Luego de culminado los debates, el veintiuno de julio del presente año, la Fiscalía realizó su requisitoria oral en contra del citado acusado, solicitando se le imponga diez años de pena privativa de la libertad y se le condene al pago de la suma de doscientos nuevos soles, por concepto de reparación civil a favor del agraviado, luego de lo cual, se dispuso señalar fecha para la emisión de la presente sentencia en la fecha. CONSIDERANDO: Primero.- Conforme a lo dispuesto por el artículo doscientos cuarenta y cinco del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 638, en los delitos contra el patrimonio, deberá acreditarse la preexistencia de la cosa materia del delito, en el caso de los delitos contra el patrimonio, resulta sustancial el acreditar la preexistencia de la cosa materia del delito, con la finalidad de poder determinar, no solo la naturaleza y características de dicha cosa, sino además, establecer su valor y de esta manera poder cuantificar el daño ocasionado con la sustracción de la misma. Segundo.- Que, la hipótesis incriminatoria del Ministerio Público, se sustenta en el hecho que el acusado Gregorio Moisés Arancibia Huaqui, conjuntamente con su hermano César Augusto Arancibia Huaqui, el día veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y ocho(54), aproximadamente a las cero una horas con treinta y cinco minutos, en circunstancias que el agraviado Oscar Rufino Torres Tejada, se encontraba realizando el servicio de taxi, en el vehículo de marca Volkswagen, de placa de rodaje “BI-7631”, por inmediaciones del cruce de las

(54) Error material, pues los hechos fueron realizados en el año 1997.

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avenidas Universitaria y San Felipe, tomaron los servicios de este, para que los conduzca a la altura de la avenida Túpac Amaru y Puno, en el distrito de Comas, lugar en el que luego de haberle pedido que salga de la avenida Túpac Amaru, y continuaron hasta la intersección de las calles Cuatro de Octubre y Los Pinos, altura del Kilómetro doce de la avenida Túpac Amaru, lugar donde el acusado Gregorio Moisés Arancibia Huaqui, lo habría cogido de cuello, mientras que el condenado César Augusto Arancibia Huaqui, habría procedido a rebuscarle por entre las medias, momento en el que el agraviado, logró bajar del vehículo y emprender la huida, para luego poner en conocimiento de la autoridad policial, los mismos que al concurrir al lugar de los hechos, lograron detener al sentenciado antes indicado, pues el acusado Gregorio Moisés Arancibia Huaqui, logró emprender la fuga. Tercero.- Sin embargo, durante el desarrollo de la investigación preliminar, instrucción y sobre todo juicio oral, se ha llegado a determinar lo siguiente: 3.1. Con el Acta de situación de vehículo que se pone a disposición del veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y siete(55), se acredita la preexistencia del vehículo de placa de rodaje “BI-7631”, conducido por el agraviado el día de los hechos y que el acusado junto con el sentenciado César Augusto Arancibia Huaqui, habrían pretendido sustraer. 3.2. Durante el desarrollo del Juicio Oral, seguido en contra de los sentenciados César Augusto Arancibia Huaqui (condenado), y Julio Ramos Areche (absuelto), estos han negado de manera expresa el haber tenido participación en los hechos materia del presente juicio oral, manifestando que, lo que realmente ocurrió, es una discusión entre el acusado Gregorio Moisés Arancibia Huaqui, y el agraviado, debido a que este último se habría negado a llevarlos hasta el lugar acordado. Mientras que el agraviado, ha señalado que al llegar al paradero conocido como Santa Rosa, en la avenida Túpac Amaru, le indicaron que gire hacia la izquierda, pero como quiera que el agraviado se negó a hacerlo uno de los sujetos que se encontraba sentado en uno de los asientos posteriores lo agarró del cuello poniéndole un objeto duro a la altura de la cien, posiblemente un arma de fuego, lo que lo obligó

(55) Fojas 28 de los actuados en la presente.

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a seguir conduciendo el vehículo hasta la altura de las intersecciones de las avenidas Cuatro de Octubre y Los Pinos, lugar donde le habrían despojado del dinero que poseía, hasta que logró salir del vehículo y huir para pedir el auxilio de la autoridad policial. 3.3. El agraviado Oscar Rufino Torres Tejada, ha referido también que le fueron sustraídos la suma de ciento cincuenta nuevos soles, dinero que habría tenido en el interior de una cartera escondida debajo del asiento del conductor. Dinero y cartera, cuya preexistencia no ha sido acreditada a lo largo del proceso. 3.4. Por otro lado, el sentenciado absuelto Julio Ramos Areche, ha señalado durante el desarrollo del juicio oral seguido en su contra que, antes de que el vehículo se detenga, escuchó una discusión entre el acusado Gregorio Moisés Arancibia Huaqui y el agraviado, para luego el indicado acusado le cogió del cuello al agraviado, ante lo cual, el sentenciado César Augusto Arancibia Huaqui, le decía al acusado que lo suelte, recriminando su actitud. Versión que se ve corroborada por la prestada por el sentenciado César Augusto Arancibia Huaqui; sin embargo el agraviado refiere que no hubo tal discusión, sino que fue agredido verbalmente por el acusado para que salga de la avenida Túpac Amaru, hacia la izquierda, para luego ser tomado del cuello, y que el sentenciado César Augusto Arancibia Huaqui, lejos de impedir que lo cojan del cuello, lo que hizo fue revisarle las medias en busca de dinero. 3.5. Por su parte, ya durante el desarrollo del presente juicio oral, el acusado Gregorio Moisés Arancibia Huaqui, ha referido de manera enfática que no fue la persona que cogió del cuello al agraviado, y que su intención fue bajarse del vehículo para concurrir a la vivienda de su expareja, para conseguir dinero y pagar la carrera. 3.6. Sin embargo, debe señalarse que, a los sentenciados César Augusto Arancibia Huaqui y Julio Ramos Areche, al momento de ser detenidos por la autoridad policial, no se les encontró en poder de objeto alguno de propiedad del agraviado. Más aún, el Acta de hallazgo de fojas veinticuatro, refiere que se encontró en las intersecciones de las calles Cuatro de Octubre y Los Pinos, un “tubo de cañón” de material plástico de color negro, que definitivamente no corresponde a arma

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alguna, aun cuando el agraviado haya referido que le pusieron algo duro en la sien, y que él pensó que se trataba de un arma de fuego. 3.7. Por otro lado, no existe elemento de prueba alguno que dé indicios siquiera de la utilización de arma de fuego alguna, ni pico de botella, que refiere tenía en su poder el condenado César Augusto Arancibia Huaqui. 3.8. Así, se desprende que, en los actuados existe por un lado la sindicación del agraviado, sin que exista elemento de prueba objetivo con la cual se corrobore y otorgue verosimilitud a la indicada sindicación. Por otro lado, existe la negativa de los tres presuntos partícipes de los hechos denunciados, los mismos que coinciden en afirmar (los setenciados César Augusto Arancibia Huaqui y Julio Ramos Areche), que entre el acusado Gregorio Moisés Arancibia Huaqui, y el agraviado, al interior del vehículo se generó una discusión que derivó en el hecho que el acusado indicado le cogió del cuello al agraviado hasta el momento en que este logró abrir la puerta del vehículo y escapar. 3.9. Además, el hecho negado por Gregorio Moisés Arancibia Huaqui, en el sentido de que fuera él quien cogió del cuello al agraviado. 3.10. Así, se desprende que se acredita, que el acusado Gregorio Moisés Arancibia Huaqui, fue la persona que cogió del cuello al agraviado, sin embargo, el motivo de dicho acto, no se ha podido del todo esclarecer, pues si bien el agraviado manifestó que pretendieron sustraerle su vehículo, no se logró tal hecho, ni tampoco se encuentra acreditado que el acusado Gregorio Moisés Arancibia Huaqui, o alguno de los procesados en dicho proceso, se les haya encontrado en posesión siquiera de las llaves del indicado vehículo. 3.11. En consecuencia, surgen serias dudas respecto al motivo por el que el acusado Gregorio Moisés Arancibia Huaqui, habría cogido del cuello al agraviado, dudas que impiden a este colegiado realizar una determinación de responsabilidad penal al acusado indicado, en vista que no concurren suficientes elementos de prueba objetivos que permitan mantener la validez de la imputación fiscal. Más aún, si el agraviado no ha realizado afirmación alguna respecto a la circunstancias en que se habría sustraído la cartera con el dinero que dice haber tenido debajo de su asiento, y por el hecho de no haberse acreditado que al momento de

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ser intervenidos por la autoridad policial el acusado pretendía llevarse el vehículo antes indicado. Cuarto.- Argumentos por los cuales, teniendo en consideración que no se habría producido el quebrantamiento de la presunción de inocencia del acusado, en vista de que no existe en los actuados elemento de prueba que corrobore lo denunciado por dicho agraviado, es que procede absolver de la acusación fiscal al acusado Gregorio Moisés Arancibia Huaqui. En consecuencia, apreciando y juzgando los hechos y las pruebas con el criterio de conciencia que la ley faculta; con la facultad conferida por los artículos doscientos ochenta y tres a doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales, y ADMINISTRANDO JUSTICIA A NOMBRE DE LA NACIÓN, los Señores Jueces Superiores de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte: RESOLVIERON: ABSOLVER DE LA ACUSACIÓN FISCAL, por haber surgido duda razonable, al ciudadano Gregorio Moisés Arancibia Huaqui, cuyas generales de ley corren en autos, en el proceso que se le sigue como autor del Delito contra El Patrimonio en la modalidad de robo agravado, en agravio de Oscar Rufino Torres Tejada, ilícito tipificado y sancionado por el artículo ciento ochenta y ocho, en su modalidad agravada prevista y sancionada por los incisos dos, tres y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, vigente al veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y siete; en consecuencia: MANDARON que consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se anulen los antecedentes policiales y judiciales que pudieran haberse generado y hecho, se archive definitivamente los de la materia. SS. ROZAS ESCALANTE - Presidente REYMUNDO JORGE - Juez Superior HUAMÁN VARGAS - Juez Superior y DD

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032. Robo agravado: Absolución por insuficiencia probatoria Resulta de aplicación el principio in dubio pro reo, condición o exigencia subjetiva del convencimiento del órgano judicial en la valoración de la prueba inculpatoria aportada al proceso. Así como la presunción de inocencia parte de la carencia de actividad probatoria de cargo desarrollada de manera legítima, aquel principio implica la existencia de una prueba contradictoria, incluida desde luego la de cargo, que el juzgador, de acuerdo con el artículo doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales, valora. Si como consecuencia de este análisis surge una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, la regla de incertidumbre que rige en nuestro ordenamiento obliga a su absolución por el delito de robo agravado. PODER JUDICIAL DEL PERÚ Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres “Judicatura digna, democrática e institucional” Expediente Nº 5712-2010 D.D. Dra. Napa Lévano

Lima, 11 de setiembre de 2012 VISTOS: En audiencia pública el proceso penal seguido contra: Juan Alberto Lozano Hernández y Edgar Wilfredo Salazar García (Reo Ausente) acusados de la comisión del delito contra el Patrimonio, ROBO AGRAVADO, en agravio de Elvis Modesto Amaya Arenas; RESULTA DE AUTOS: Que, a mérito del atestado Nº 095-03-DIV.METS2-CSFTL-DEINPOL, de fojas tres y siguientes, el señor Representante del Ministerio Público formalizó la correspondiente denuncia penal que obra a fojas cuarenta y siete; la que merituada por el señor juez penal, motivó la expedición de auto de inicio de proceso de fecha quince de agosto del año dos mil seis que obra a fojas cuarenta y nueve, dictándose la medida coercitiva personal de comparecencia restringida. Que, seguido el proceso por el trámite ordinario correspondiente, vencidos los plazos ordinario y extraordinario de instrucción,

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con el informe final de fojas ciento sesenta y seis, se elevaron los autos a esta Superior Sala Penal, remitiéndose los mismos al Despacho de la señora Fiscal Superior quien emitió su acusación escrita de fojas ciento ochenta y seis, por cuyo mérito se emitió el Auto Superior de Enjuiciamiento de fojas ciento ochenta y seis y su integración de fojas ciento noventa y siete, señalándose fecha y hora para la verificación del juicio, el mismo que se ha llevado a cabo en el modo y forma que aparecen de las actas que preceden; producida la requisitoria oral de la Representante del Ministerio Público, oído los alegatos de la defensa cuyas conclusiones obran en pliegos separados, ha llegado el momento procesal de dictar sentencia; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: DE LA IMPUTACIÓN: El marco de imputación contra los procesados Juan Alberto Lozano Hernández y Edgar Wilfredo Salazar García consiste en haberse apoderado de la suma de dinero ascendente a dos mil nuevos soles, así como de un teléfono celular marca TIM, hecho ocurrido en circunstancias que el primero de los procesados mencionados brindó servicio de taxi al agraviado en el vehículo de placa de rodaje BID-cero ochenta y cinco, haciendo subir a su coprocesado Salazar García en el trayecto, los cuales aprovechando el estado de ebriedad en que se encontraba el referido agraviado le sustrajeron sus pertenencias, surgiendo un pugilato y ante la maniobra desplegada por dicho vehículo se inició una persecución por parte de la policía, siendo capturados los acusados a la altura del colegio número seis mil sesenta ubicado en la avenida César Vallejo - Tablada de Turín en el distrito de Villa María del Triunfo. SEGUNDO: Por los hechos antes descritos y analizados, se abrió instrucción y se formuló acusación contra los procesados por el delito contra el Patrimonio –Robo Agravado–, previsto y sancionado en el artículo ciento ochenta y ocho - tipo base con las agravantes contenidas en los incisos dos, cuatro y cinco del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, el mismo que, tiene como bien jurídico protegido el Patrimonio –específicamente la posesión de un bien mueble–, pero además, también la libertad, la vida, la integridad física de las personas, hecho que lo configura como un delito compuesto o pluriofensivo; y para los efectos de la tipicidad objetiva, el sujeto activo puede ser cualquier persona, a excepción hecha del propietario; sujeto pasivo puede ser cualquier persona física o jurídica que disfrute de la posesión inmediata del bien mueble, cualquiera que sea el título por el que dispone de dicha facultad. El comportamiento consiste en apoderarse ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en

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que se encuentre, empleando violencia contra la persona y amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física; finalmente para los efectos de la tipicidad subjetiva se requiere del dolo; TERCERO: Dentro del marco jurídico de la actividad probatoria, se recibió a fojas doce la manifestación policial del acusado Juan Alberto Lozano Hernández quien precisa que en circunstancias que se desplazaba a bordo de su vehículo, fueron solicitados sus servicios de taxi por el agraviado y su acompañante, trasladándolos hasta la avenida Perú - Puente Dueñas, Boca Negra en el Callao, regresando a la avenida Perú, para seguidamente conducirlos hasta Villa El Salvador, descendiendo sus pasajeros a la altura del grifo Espinoza, lugar donde había una pollada y tomaron cuatro cervezas, desapareciendo en dichas circunstancia el agraviado, por lo que decide trasladar al acompañante al grifo para que a borde otro vehículo, y regresa a la pollada de Tablada de Lurín con tres chicas, encontrando al agraviado libando licor, siendo sindicado en dichas circunstancias por este último como el autor de la sustracción de su dinero, por lo que deciden apersonarse a la comisaría, encontrando casualmente a la altura del paradero I-dos a su amigo Salazar García, a quien solicitó ayuda, toda vez que dicho agraviado quería quebrar la luna parabrisa de su vehículo con su pierna derecha y no le quería pagar, dirigiéndose nuevamente al grifo Espinoza para abastecerse de combustible, siendo perseguido por un patrullero policial, ya que el agraviado vociferaba que le habían robado, no obstante hizo caso omiso al llamado de la autoridad por no portar licencia de conducir, recibiendo la suma de diez nuevos soles solo por el primer tramo recorrido, gastando un galón de gasolina en total; indica que al tomarle la carrera, el agraviado estaba tambaleándose, y su acompañante muy ebrio e incluso con su pantalón orinado. En su declaración instructiva de fojas ochenta y seis contradiciendo su dicho primigenio, indica que Salazar García era un desconocido que encontró circunstancialmente por el camino, y que no paró oportunamente su vehículo al llamado de la autoridad porque el agraviado le impedía conducir con normalidad, desconociendo el haber trasladado a tres féminas. A nivel de juicio oral en sesión de fecha diecinueve y veintiséis de julio del año en curso, precisó que pactó por la carrera descrita veinte soles, y que el agraviado se agenció de palos y piedras para destrozar su vehículo, pensando que el llamado de la autoridad obedecía a una falta contra el tránsito que había cometido momentos previos, afirmando que el agraviado se encontraba ebrio, en tanto su acompañante solo un poco picado.

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CUARTO: Por su parte, el agraviado Elvis Modesto Amaya Arenas, al prestar su manifestación policial que obra a fojas diez, precisó que con fecha veintisiete de setiembre del año dos mil tres, a horas diecisiete aproximadamente, se constituyó al camal de Yerbateros a cobrar una liquidación de ganado caprino, cuyo importe ascendió a dos mil seiscientos nuevos soles, dirigiéndose a un bar donde consumió cuatro cervezas, tomando los servicios de un taxi con la finalidad de dirigirse a su domicilio en San Martín de Porres, no obstante ello, el conductor se desvía del camino y lo traslada por Bocanegra, reclamándole en presencia de su tío Ismael Herrera Ríos que lo conduzca a su destino, recibiendo en dichas circunstancias una invitación para dirigirse a una pollada en Tablada de Lurín, aceptando en mérito a que su tío residía en dicha jurisdicción; por lo que al trasladarse a dicho lugar, descienden del vehículo y toman un aproximado de nueve cervezas, sacando dinero de sus medias en presencia del acusado para seguir libando licor; que transcurrido un estimado de tiempo se percata que su tío no se encontraba por los derredores, siendo persuadido en dicho ínterin por el acusado para fines de trasladarlo a su domicilio a bordo de su vehículo, avanzando un aproximado de siete cuadras, parándose en una esquina, lugar en el que asciende abruptamente un sujeto desconocido posicionándose en el asiento posterior, cogotéandolo, en tanto el acusado le despojaba de su dinero que traía consigo en sus calcetines y su teléfono celular marca TIM, y se lo da a su cómplice, apareciendo en dichas circunstancias un patrullero que les ordenó detengan el vehículo, siendo intervenidos a siete cuadras; precisó que por el servicio de taxi le abonó al acusado la suma de treinta y cinco soles, desconociendo si los policías realizaron el registro personal de los implicados, o el registro vehicular pertinente. QUINTO: A nivel de juicio oral, en sesión de fecha nueve de agosto del año en curso, concurrió el testigo - efectivo policial Luis Enrique Ganoza Quezada, quien precisó que el día de los hechos, encontrándose de servicio de patrullaje por las inmediaciones de la avenida Pachacútec, divisa un vehículo que al notar la presencia policial, realiza una giro intempestivo, produciéndose una pequeña persecución, lográndose intervenir dicho vehículo a la altura de un colegio, encontrando en su interior a tres personas, dos de ellos en la parte posterior, manifestando con cierto temor el conductor que no tenía brevete, siendo en dichas circunstancias que uno de los tripulantes afirmó que le habían robado; precisó que los intervenidos no presentaban signos de haberse lesionado, y que uno de ellos insistía en que le devuelvan su dinero, en tanto los otros decían que se estaban divirtiendo.

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SEXTO: A fojas diecinueve y veinte, corren las actas de registro personal practicado el día veintiocho de setiembre del dos mil tres a los acusados Edgar Salazar García y Juan Alberto Lozano Hernández a horas doce y treinta y tres y doce y cuarenta y cinco de la noche respectivamente, se precisa que a los mismos no se les encontró en posesión se suma dineraria alguna, armamento, drogas u otras especies. Por otro lado, a fojas veintiuno obra el acta de entrega de vehículo en el que no se precisa que en su interior se haya encontrado suma alguna. SÉTIMO: A fojas treinta corre el examen toxicológico y dosaje etílico practicado al agraviado Elvis Modesto Amaya Arenas, los acusados Juan Alberto Lozano Hernández y Edgar Wilfredo Salazar García, con fecha veintiocho de setiembre del año dos mil tres; precisándose que los mismos no presentaban signos de intoxicación etílica (estado normal); empero dieron positivo en su conjunto para consumo de cocaína. OCTAVO: A fojas treinta y uno, corre la copia simple de la planilla de liquidación girada a favor del agraviado con fecha veintiséis de setiembre de año dos mil tres, cuya suma asciende a dos mil novecientos quince soles; a fojas treinta y dos obra la copia simple de la factura del celular TIM de propiedad del agraviado, por un monto de trescientos nuevos soles de propiedad del agraviado. NOVENO: La libre apreciación razonada de la prueba, que es el sustento del artículo 283 del Código de Procedimientos Penales, reconoce al juez la potestad de otorgar el valor correspondiente a las pruebas, sin directivas legales que lo predeterminen. Desde esa perspectiva es de afirmar que el derecho a la presunción de inocencia exige sobre el particular que las pruebas de cargo, que justifiquen una condena, además deben ser suficientes. Que, a mayor abundamiento, el hecho punible, debe cumplirse a partir de la configuración razonable de determinadas reglas o criterios de valoración, que permitan trasladar las exigencias de racionalidad a la ponderación de la prueba. DÉCIMO: Que, la Corte Suprema de la República, ha establecido con carácter de vinculante las reglas de valoración que han de tomarse en cuenta para determinar el carácter probatorio derivado de la incriminación vertida por la víctima; en ese sentido tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico testis unus testis nullus, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia

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del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza serían las siguientes: a) Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. b) Verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. c) Persistencia en la incriminación; esto es, la persistencia de sus afirmaciones en el decurso del proceso(56). UNDÉCIMO: Que en el caso en concreto, analizadas y valoradas cada una de las pruebas recogidas durante la investigación preliminar, instrucción y debatidas en el acto oral, tenemos la incriminación vertida por el agraviado, cuyo contexto no concuerda con las conclusiones arribadas en el examen toxicológico y dosaje etílico de fojas treinta, pues tanto aquel como los acusados no presentaban signos de ebriedad, aunado a ello tenemos el hecho de que la suma dineraria que el agraviado adujo se le habría sustraído, la traía consigo con un día de antelación a la fecha de ocurridos los hechos, esto es el veintiséis de setiembre del año dos mil tres, y no el día veintisiete como aduce en su declaración policial, pues este es el punto de partida que forja la incriminación, ya que a partir de este momento se efectiviza la secuencia de hechos proporcionada, que a mayor abundamiento tenemos lo sostenido por el testigo efectivo policial Ganoza Quezada, quien afirmó que no notó que algunos de los intervenidos presentara signos de lesiones, y que dos de los mismos se encontraban en la parte posterior del vehículo, en tanto el conductor se mostraba asustado por no portar brevete; versión que desvirtúa las afirmaciones del agraviado quien refiere literalmente que el acusado Salazar García lo cogió del cuello ahorcándolo, para facilitar la sustracción de sus pertenencias; que para efectos de un mejor esclarecimiento y poder denotar algunas impresiones, se citó al agraviado en sendas oportunidades para efectos de que ratifique o rectifique su dicho, no concurriendo al llamado de la autoridad jurisdiccional, tanto a nivel de instrucción como en el acto oral; frente a ello tenemos los argumentos de defensa vertidos indistintamente por el acusado, los cuales si bien no son uniformes y presentan ciertas contradicciones, no pueden servir de sustento para imponer una sentencia condenatoria,

(56) Acuerdo Plenario Nº 2-2005/Cj-116. Fundamento jurídico Nº 10.

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pues la no autoincriminación constituye un derecho interno y ostenta fuerza normativa directa, conforme lo establecen los artículos uno y cincuenta y cinco de la Constitución Política, en tanto derecho de la persona humana se encuentra reconocido de manera expresa en el ordinal g) del artículo ocho de la Convención Americana de Derechos Humanos; teniendo como fundamento, el derecho que toda persona posee de intentar ocultar sus faltas, pues no podría exigírsele al ciudadano que vulnere su propia esfera jurídica a través de la declaración en su contra; de ahí que el contexto de la misma no pueda considerarse como fuente de prueba en sentido incriminatorio sino como expresión del derecho de defenderse(57); debiendo el juzgador contrastar lo referido por aquel con los elementos periféricos existentes; no obstante ello, ante la carencia manifiesta de los mismos, es evidente que el dicho que cuestiona la imputación es uno que compete a la propia esfera jurídica del acusado; con razón el derecho a la presunción de inocencia importó la abrogación del artículo ciento veintisiete del Código de Procedimientos Penales que entendía que el silencio del imputado podía ser tomado como indicio de culpabilidad. DUODÉCIMO: De este modo, resulta de aplicación el principio in dubio pro reo, condición o exigencia subjetiva del convencimiento del órgano judicial en la valoración de la prueba inculpatoria aportada al proceso. Así como la presunción de inocencia parte de la carencia de actividad probatoria de cargo desarrollada de manera legítima, aquel principio implica la existencia de una prueba contradictoria, incluida desde luego la de cargo, que el juzgador, de acuerdo con el artículo doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales, valora. Si como consecuencia de este análisis surge una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, la regla de incertidumbre que rige en nuestro ordenamiento obliga a su absolución. Por las consideraciones expuestas, estando a lo consagrado en los incisos tres y cuatro del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado, concordante con lo dispuesto por el artículo doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales, la PRIMERA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA juzgando los hechos y las pruebas, con el criterio de conciencia que la ley autoriza, administrando justicia a nombre de la Nación; FALLA: ABSOLVIENDO a Juan Alberto Lozano Hernández, de los cargos (57) BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1993, p. 310.

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formulados en su contra por delito de ROBO AGRAVADO en agravio de Elvis Modesto Amaya Arenas; RESERVARON el proceso contra el acusado Edgar Wilfredo Salazar García, hasta que sea habido y puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional para su juzgamiento, debiendo reiterarse periódicamente las órdenes de captura; MANDARON: Que, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se anulen los antecedentes irrogados por la apertura de la presente instrucción; archivándose los autos en su oportunidad con conocimiento del juez de la causa. SS. Sr. JUAN CARLOS VIDAL MORALES - Presidente Dra. LUISA ESTELA NAPA LÉVANO - Juez Superior y D.D Dr. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA - Juez Superior

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033. Robo agravado: Absolución por insuficiencia probatoria El artículo dos inciso veinticuatro literal e) de la Constitución Política vigente, establece el derecho de toda persona imputada por la comisión de un delito a que se presuma su inocencia mientras no se demuestre lo contrario, presunción de inocencia que además constituye un principio que jueces y fiscales deben respetar teniendo en cuenta la afectación de aquellos derechos cuya inobservancia puede ocasionar; que la presunción de inocencia crea a favor de los ciudadanos el derecho a ser considerados inocentes mientras no se presente prueba suficiente para destruir dicha presunción, y no habiendo sido en el caso de autos esta presunción quebrantada, toda vez que no existe medio de prueba alguno para ello y/o que sirva de sustento para la atribución de responsabilidad penal al acusado encontrándonos en el presente caso ante una clara insuficiencia probatoria, por lo que en concordancia con las múltiples jurisprudencias emitidas al respecto por esta Corte Superior, al no existir elemento probatorio que lo inculpe, corresponde absolver al procesado de la acusación de robo agravado. Expediente Nº 09648-2006 D.D. Dra. Meza Walde SENTENCIA

Lima, 10 de diciembre de 2012 VISTA: en Audiencia Pública la causa penal reservada seguida contra RADOJE ISAIC PETROVIC SÁNCHEZ (reo en cárcel) como autor del delito contra el Patrimonio –Robo Agravado–, en agravio de Orlando Manuel Linares Oyola, Mario Alberto Moreano Cruz, Félix Quilca Solano, Miguel Florencio Pacheco Llantoy, Juan José Antonio Patino Abad, Elisa Alarcón Vásquez, José Eduardo Pacheco Cáceres, Juan Rafael Ninacivincha, José Ángel Eugenio Hurtado, Víctor Ángel Moreano Puente, Marco Antonio Machena Palomino, Aldo Abad Tello Rado y Marco Antonio Ríos Estrada; APARECE DE LO ACTUADO: Que mediante sentencia de fecha veintiséis de abril de dos mil doce, se reservó la causa penal contra el reo ausente Radoje Petrovich Sánchez, el mismo

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que fuera capturado con fecha quince de agosto de dos mil doce y puesto a disposición de esta Superior Sala Penal, la misma que mediante resolución de fecha dieciséis de agosto de dos mil doce, aclaró tanto el Auto Apertura de Instrucción, el Auto Superior de Enjuiciamiento y sentencias emitidas en el presente proceso, a efectos de tenerse al precitado por sus nombres correctos Radoje Isaic Petrovic Sánchez, y señalándose fecha para el inicio del acto oral, el mismo que se ha desarrollado dentro de los cánones establecidos por nuestro ordenamiento jurídico, oída la acusación fiscal y los alegatos de defensa, recibidas sus conclusiones escritas, formuladas, discutidas y votadas que fueron las cuestiones de hecho, la causa ha quedado expedita para emitir sentencia; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que el Derecho Penal tiene como misión especial la protección de bienes jurídicos, esto es, de aquellos bienes vitales imprescindibles para la convivencia humana en sociedad que son, por tanto, merecedores de protección a través del poder coactivo del Estado representado por la pena pública; de ahí que el derecho no crea los bienes jurídicos, sino los identifica, pondera su importancia y actúa sobre ellos, tutelándolos; en ello consiste el principio de lesividad, y siendo que el Derecho Penal constituye un medio de control social que sanciona aquellos comportamientos que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos tutelados por la ley en aras de lograr la paz, este propósito se logra a través del proceso penal donde el juzgador determina la aplicación o no de la sanción correspondiente, bajo el principio de que la inocencia se presume y la culpabilidad se prueba; SEGUNDO.- Que conforme se desprende del Dictamen Acusatorio escrito, la señora Fiscal Superior imputa al acusado Radoje Isaic Petrovic Sánchez ser miembro de una organización delictiva conocida como “Los Malditos del Jirón Puno”, habiendo cometido conjuntamente con los sentenciados Jorge Luis Zevallos Gonzáles, César Augusto Moscol Guerra, Juan Gerson Velásquez Arbulú o Juan Velásquez Arbulú, Juan Pablo Chamorro Rigel y otros, una serie de latrocinios: a) con fecha veintiocho de mayo de dos mil cinco, a las veintiún horas con treinta minutos, en circunstancias que el agraviado Orlando Manuel Linares Oyola transitaba por inmediaciones de los jirones Ayacucho y Puno, Cercado de Lima, haber sido despojado mediante violencia de su teléfono celular y la suma de tres mil dólares americanos, luego de lo cual huyeron con dirección a un “callejón” ubicado en la cuadra cinco del Jirón Puno: b) con fecha dieciséis de abril de dos mil cinco, a las veintiún horas con treinta minutos, en circunstancias que el agraviado Mario Humberto Moreno Cruz transitaba por las inmediaciones de los jirones Ayacucho y Puno, Cercado de Lima, haber sido cogido del cuello e inmovilizado, sustrayéndole su billetera conteniendo la suma de cuarenta nuevos soles, quinientos

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dólares americanos, teléfono celular y una bolsa conteniendo diversos artefactos electrónicos (walkman, discman, reproductores MP3 y radios portátiles), luego de lo cual huyeron con dirección a un “callejón” ubicado en la cuadra cinco del Jirón Puno; c) con fecha treinta de junio de dos mil seis, aproximadamente a las veintidós horas, en circunstancias que el agraviado Felix Quilca Solano se encontraba caminando a la altura de los jirones Ayacucho y Puno, Cercado de Lima, haber sido sorpresivamente cogido del cuello y despojado violentamente de la suma de mil nuevos soles, luego de lo cual huyeron con dirección a un “callejón” ubicado en la cuadra cinco del Jirón Puno; d) con fecha once de agosto de dos mil cinco, en circunstancias que el agraviado Miguel Florencio Pacho Llantoy se encontraba caminando por las intersecciones de los jirones Ayacucho y Puno, Cercado de Lima, haber sido cogido del cuello y derribado al suelo, siendo despojado mediante violencia de la suma de nueve mil nuevos soles, sufriendo la rotura de su pantalón, luego de lo cual huyeron con dirección a un “callejón” ubicado en la cuadra cinco del Jirón Puno; e) con fecha diez de diciembre de dos mil cinco, a las veintidós horas y cuarenta minutos, en circunstancias que el agraviado Juan José Patillo Abad se encontraba caminando a la altura de la cuadra dos del Jirón Puno, Cercado Lima, haber sido sujetado, por los conocidos como “Cholón”, “Tito” y otros sujetos, de manera violenta del cuello, y despojado de su canguro, el mismo que contenía la suma de tres mil ochocientos sesenta nuevos soles y su teléfono celular, luego de lo cual huyeron con dirección a un “callejón” ubicado en el quinientos sesenta del Jirón Puno; f) con fecha diecinueve de enero de dos mil seis, a las trece horas con cuarenta minutos, en circunstancias que la agraviada Elisa Alarcón Vásquez se encontraba transitando por el Jirón Puno, haber sido interceptada por dos mujeres no identificadas, una de las cuales la sujeto de los brazos, en tanto que la otra le introdujo la mano en su pecho buscando dinero, contexto en el cual apareció el sentenciado Juan Pablo Chamorro Rogel, quien la derriba al suelo, lo que fue aprovechado por el resto de participantes, entre ellos un sujeto de tez morena, los que ulteriormente la despojaron de la suma de dos mil setecientos cincuenta nuevos soles, luego de lo cual huyeron con dirección a un “callejón” ubicado en el Jirón Puno; g) con fecha diez de abril de dos mil seis, aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos, en circunstancias que el agraviado José Eduardo Pacheco Cáceres transitaba por el frontis de la quinta ubicada en la cuadra cinco del Jirón Puno, Cercado de Lima, haber sido interceptado violentamente por los sentenciados Juan Gerson Velásquez Arbulú o Juan Velásquez Arbulú y Oscar Eduardo Castro Lazarte, quienes lo cogieron del cuello, apareciendo en dicho contexto los sentenciados Víctor Hugo Pacheco Domínguez, Edgar Fred Zevallos

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Gonzáles y Juan Pablo Chamorro Rogel, quienes lo golpearon y derribaron al suelo, rompiéndole los bolsillos de su pantalón y despojándolo de la suma de cuatrocientos cincuenta nuevos soles , veinte dólares, teléfono celular, licencia de conducir y documento de identidad, luego de lo cual huyeron con dirección a la “quinta” ubicado en el Jirón Puno; h) con fecha catorce de febrero de dos mil seis, aproximadamente a las veintidós horas, en circunstancias que el agraviado Juan Velásquez Cabrera transitaba por las intercepciones de los Jirones Ayacucho y Puno, Cercado de Lima, haber sido sorprendido por el sentenciado Juan Gerson Velásquez Arbulú o Juan Velásquez Arbulú, quien lo cogió violentamente del cuello, en tanto que el sentenciado Oscar Eduardo Castro Lazarte lo sujetaba de los cabellos derribándolo al piso, apareciendo también los sentenciados Pacheco Domínguez, Zevallos Gonzáles y Chamorro Rogel, así como otros sujetos no identificados, quienes le sustrajeron la suma de cinco mil nuevos soles y ciento ochenta dólares americanos, luego de lo cual huyeron a la “quinta” ubicada en el quinientos sesenta del Jirón Puno; i) con fecha cuatro de marzo de dos seis, aproximadamente a las veintitrés horas, en circunstancias que el agraviado Pablo Aguilar Huilca transitaba por los Jirones Puno y Ayacucho, Cercado de Lima, haber sido sorprendido por el sentenciado Juan Gerson Velásquez Arbulú o Juan Velásquez Arbulú, quien lo sujeto del cuello, apareciendo en ese contexto los sentenciados pacheco Domínguez, Zevallos Gonzáles, Chamorro Rogel, Castro Lazarte y otros sujetos, quienes lo derribaron al suelo, sustrayéndole la suma de mil doscientos dólares americanos, un reloj pulsera y teléfono celular, luego de lo cual huyeron al “callejón” ubicado en el quinientos sesenta del Jirón Puno; j) con fecha ocho de marzo de dos mil seis, aproximadamente a las veintiún horas con cuarenticinco minutos, en circunstancias que el agraviado Verti Faustino Rosas Ninacivincha caminaba por la cuadra cinco del Jirón Puno, observó que un grupo de personas salían de un “callejón”, siendo cogido del cuello por el sentenciado Castro Lazarte y derribado al piso, en tanto que los sentenciados Chamorro Rogel, Pacheco Domínguez, Velásquez Arbulú Zevallos Gónzales y Moscol Guerra, lo sujetaron de los brazos y piernas, despojándolo violentamente de su billetera conteniendo la suma de ochocientos nuevos soles, su documento de identidad, entre otros, luego de lo cual huyeron con dirección al “callejón” ubicado en el Jirón Puno quinientos sesenta, Cercado de Lima; k) con fecha dieciséis de abril de dos mil seis, aproximadamente a las cero horas con veinte minutos, en circunstancias que el agraviado José Ángel Eugenio Hurtado se encontraba a bordo de un vehículo de taxi con rumbo a su domicilio, siendo que al llegar a la esquina de los jirones Ayacucho y Puno, se percató que habían colocado unas tranqueras en la pista, motivo por el cual

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solicitó a una persona que se encontraba al lado de dicha tranquera que la abriera, contestándole que el mismo descendiera y la abriera, siendo que al descender del taxi fue interceptado violentamente por los sentenciados Juan Gerson Velásquez Arbulú o Juan Velásquez Arbulú, Chamorro Rogel, Castro Lazarte, Pacheco Domínguez, Zevallos Gonzales y otros, quienes lo sujetaron violentamente del cuello, asfixiándolo, hasta hacerle casi perder el conocimiento, colocándole además uno de ellos una pistola a la altura de la cabeza, procediendo a golpearlo y rebuscarle los bolsillos, despojándolo de la suma de ochocientos nuevos soles y teléfono celular, huyendo seguidamente con destino al “callejón” ubicado en el quinientos sesenta del jirón Puno; I) con fecha cinco de mayo de dos mil seis, aproximadamente a las veintidós, en circunstancias que el agraviado Víctor Ángel Moreno Puente transitaba por los jirones Puno y Ayacucho, Cercado de Lima, haber sido sujetado violentamente del cuello por el sentenciado Castro Lazarte, asfixiándolo y derribándolo al piso, instantes en que aparecieron los sentenciados Juan Gerson Velásquez Arbulú o Juan Velásquez Arbulú, Chamorro Rogel, Pacheco Domínguez y Zevallos Gonzáles, quienes lo golpearon en varias partes de su cuerpo, despojándolo de su camisa y pantalón, así como la suma de doscientos nuevos soles, teléfono celular y documentos personales; II) con fecha diecinueve de abril de dos mil seis, aproximadamente a las veintiún horas con cincuenta minutos, en circunstancias que los agraviados Marco Antonio Marchena Palomino y Aldo Abad Tello Rado se encontraban transitando por los jirones Ayacucho y Puno, Cercado de Lima, haber sido interceptados por los sentenciados Chamorro Rogel, Pacheco Domínguez, Juan Gerson Velásquez Arbulú o Juan Velásquez Arbulú, Castro Lazarte, Zevallos Domínguez y Moscol Guerra, quienes después de golpearlo en diferentes partes, del cuerpo e incluso inferirle cortes a la altura del pómulo izquierdo al agraviado Marchena Palomino, logrando sustraer la suma de mil ochocientos nuevos soles, luego de lo cual huyeron, siendo perseguidos por los agraviados, quienes se percataron que ingresaron al “callejón” ubicado en el quinientos sesenta del Jirón Puno; m) con fecha cinco de agosto de dos mil cinco, aproximadamente a las veintidós horas, en circunstancias que el agraviado Marco Antonio Ríos Estrada se encontraba en la esquina de la Avenida Abancay con el Jirón Puno, esperando su movilidad, haber sido interceptado por el sentenciado Gerson Velásquez Arbulú o Juan Vásquez Arbulú, quien lo coge del cuello, en tanto que los sentenciados Chamorro Rogel, Pacheco Domínguez, Castro Lazarte, Zevallos Gonzáles y Moscol Guerra, le registran sus bolsillos, sustrayéndole su billetera conteniendo la suma de cuatrocientos dólares americanos y documentos personales, dándose seguidamente a la fuga e ingresando al “callejón” ubicado en el quinientos sesenta

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del Jirón Puno; y n) con fecha nueve de mayo de dos mil seis, al tenerse conocimiento que entre los Jirones Puno y Ayacucho venía operando una banda denominada “Los Malditos de Jirón Puno”, se dispuso el operativo policial “Delincuencia Común dos mil seis”, a raíz del cual efectivos policiales se percataron que un grupo de sujetos interceptaban violentamente a un transeúnte, los mismos que al notar la presencia policial huyeron raudamente del lugar, lográndose la intervención de los sentenciados Juan Gerson Velásquez Arbulú o Juan Velásquez Arbulú, Chamorro Rogel, Pacheco Domínguez y Zevallos Gonzáles; TERCERO.- Que la imputación contra el acusado Radoje Isaic Petrovic Sánchez tiene como sustento lo consignado en el numeral “IV” del Sumario Policial –ver fojas veintiuno y siguientes–, en el numeral “IV” del Sumario Policial –ver fojas veintiuno y siguientes–, en el extremo que señala que los agraviados Víctor Ángel Moreano Puente, Mario Alberto Moreano Cruz, Félix Quilca Solano, Orlando Manuel Linares Pyola, Marco Antonio Ríos Estrada, Miguel Florencio Pacheco Llantoy, Juan José Antonio Patino Abad, Elisa Alarcón Vásquez, José Eduardo Pacheco Cáceres, José Ángel Eugenio Hurtado y Marco Antonio Marchena Palomino, habrían reconocido y sindicado por intermedio del sistema Reniec, al acusado Radoje Isaic Petrovic Sánchez, como uno de los autores del ilícito en su agravio; así como al hecho que el menor infractor Frank Rolling Desposorio Chamorro, en su declaración policial a fojas ochenticuatro y siguientes, lo habría reconocido también como parte de los sujetos que se dedican a cometer robos a transeúntes en la cuadra cinco del Jirón Puno, Cercado de Lima. Sin embargo de la minuciosa revisión de dichas manifestaciones policiales, así como de las respectivas declaraciones vertidas en sede judicial por parte de los agraviados y menor infractor –ver fojas setecientos ocho y siguiente– se desprende que ninguno de ellos sindica y/o reconoce al acusado Radoje Isaic Petrovic Sánchez como uno de los autores de los ilícitos materia de autos, así como tampoco obra acta de reconocimiento alguno, vía Reniec, mediante la cual se le reconozca al precitado acusado como uno de los autores de los eventos delictivos antes señalados; CUARTO.- Que en el mismo sentido no existe sindicación alguna en contra del acusado Radoje Isaic Petrovic Sánchez por parte de los sentenciados Juan Gerson Velásquez Arbulú o Juan Velásquez Arbulú, Víctor Hugo Pacheco Domínguez, Edgar Fred Zevallos Gonzáles, Oscar Eduardo Castro Lazarte, José Luis Martínez Landeo, César Augusto Moscol Guerra, Jorge Luis Zevallos Gonzáles y Juan Pablo Chamorro Rogel, quien si bien es cierto en su manifestación policial a fojas sesentinueve y siguientes, así como en la continuación de su declaración instructiva a fojas cuatrocientos cuarentiocho y siguientes, reconoce su responsabilidad en los ilícitos imputados,

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y señala conocer de vista y por razones de vecindad al acusado Radoje Isaic Petrovic Sánchez, también lo es que señala que el precitado no ha tenido participación alguna en los mismos, acotando que estos los cometió conjuntamente con los sentenciados Velásquez Arbulú y Castro Lazarte; QUINTO.- Que asimismo tampoco existe sindicación en contra del acusado Radoje Isaic Petrovic Sánchez por parte de los testigos Alain Paul Veit Flores –fojas setecientos once–, Jorge Agustín Pretell Florian –fojas setecientos veintinueve–, Segundo Huamán Guevara –fojas setecientos treintiuno–, Aldo Arturo Paredes Bohorquez –fojas setecientos treinticinco–, María Elva Polo Alcantara –fojas setecientos treintisiete–, Nelly Cesaria Yarinsueca Gutiérrez –fojas setecientos treintinueve– y demás testigos citados a nivel judicial, entre los que se encuentra los efectivos policiales intervinientes Luis Alberto Tipian De La Cruz y Wilfredo Alegre Vergaray –fojas novecientos sesentitrés y novecientos sesenticinco, respectivamente–; SEXTO.- Que en el mismo sentido, conforme a la Diligencia de Visualización de video a fojas novecientos setentiséis y siguientes, realizada a nivel judicial, se desprende que no se hace mención y/o referencia de la presencia y participación del acusado Radoje Isaic Petrovic Sánchez en dichas imágenes visualizadas y que guardan relación con los ilícitos materia de autos; SÉTIMO.Siendo importante acotar que tanto los sentenciados como agraviados concurrentes a las respectivas sesiones de juicio oral desarrolladas a raíz de la presente causa penal y que dieron origen a las sentencias de fecha seis de setiembre de dos mil siete –fojas mil doscientos noventiuno y siguientes–, de fecha trece de diciembre de dos mil siete –fojas mil cuatrocientos sesentiocho y siguientes–, de fecha dos de abril de dos mil nueve –fojas mil novecientos ochenticinco y siguientes–, de fecha veintinueve de octubre de dos mil nueve –fojas dos mil cuarentiséis y siguientes– y de fecha veintiséis de abril de dos mil doce –fojas dos mil ciento ochentitrés y siguientes–, han mantenido y reiterado lo declarado tanto a nivel policial como judicial respecto al no reconocimiento y no participación del acusado Radoje Isaic Petrovic Sánchez en los presentes hechos; OCTAVO.- Que finalmente a raíz de la captura del acusado Radoje Isaic Petrovic Sánchez y señalamiento del respectivo juicio oral –fojas dos mil doscientos once y siguiente–, es de indicar que en el desarrollo del mismo, el precitado acusado negó participación y conocimiento alguno respecto a los ilícitos imputados, y si bien es cierto señaló conocer por razones de vecindad a los sentenciados Juan Gerson Velásquez Arbulú o Juan Velásquez Arbulú, Edgar Fred Zevallos Gonzáles, César Augusto Moscol Guerra, Jorge Luis Zevallos Gonzáles y Juan Pablo Chamorro Rogel, toda vez que residía en el Jiron Cercado de Lima, también lo es que señaló haberse retirado de dicho vecindario

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aproximadamente en el año dos mil cinco - dos mil seis, radicando en la ciudad de Ica, en donde residía al lado de su esposa y menor hija, conforme se evidencia de las instrumentales presentadas en el juicio oral, por lo que señala que desconocía sobre lo sucedido y menos que los precitados habían sido sentenciados; asimismo es importante acotar que en el desarrollo del referido juicio oral los sentenciados José Luis Martínez Landeo y Jorge Luis Zevallos Gonzáles en calidad de testigos impropios, señalaron el primero no conocer al acusado Radoje Isaic Petrovic Sánchez; en el mismo sentido el segundo de los testigos impropios citados señaló –en la sesión de audiencia del veinticinco de octubre de dos mil doce– que el acusado era vecino del lugar, mucho menor que el, que el padre del acusado tenía una imprenta en la cual en su momento el declarante trabajó, y que en ningún momento lo ha identificado o señalado que el acusado haya participado en los ilícitos materia de autos, acotando que solo refirió, a raíz de una fotografía que le mostraron de este, conocerlo por razones de vecindad; NOVENO.- Que finalmente el artículo dos inciso veinticuatro literal e) de la Constitución Política vigente, establece el derecho de toda persona imputada por la comisión de un delito a que se presuma su inocencia mientras no se demuestre lo contrario, presunción de inocencia que además constituye un principio que jueces y jiscales deben respetar teniendo en cuenta la afectación de aquellos derechos cuya inobservancia puede ocasionar; que la presunción de inocencia crea a favor de los ciudadanos el derecho a ser considerados inocentes mientras no se presente prueba suficiente para destruir dicha presunción, y no habiendo sido en el caso de autos esta presunción quebrantada, toda vez que no existe medio de prueba alguno para ello y/o que sirva de sustento para la atribución de responsabilidad penal al acusado Radoje Isaic Petrovic Sánchez, encontrándonos en el presente caso ante una clara insuficiencia probatoria, por lo que en concordancia con las múltiples jurisprudencias emitidas al respecto por esta Corte Superior, al no existir elemento probatorio que lo inculpe, es de aplicación al presente caso el artículo doscientos ochenticuatro del Código de Procedimientos Penales; por tales fundamentos, la PRIMERA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS EN CÁRCEL DE LIMA, apreciando los hechos y las pruebas con el criterio de conciencia que la ley autoriza, administrando justicia a nombre de la Nación; FALLA: ABSOLVIENDO a Radoje Isaic Petrovic Sánchez de la acusación fiscal formulada en su contra por delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Orlando Manuel Linares Oyola, Mario Alberto Moreano Cruz, Félix Quilca Solano, Miguel Florencio Pacheco Llantoy, Juan José Antonio Patino Abad, Elisa Alarcón Vásquez, José Eduardo Pacheco Cáceres, Juan Rafael Ninacivincha, José Ángel Eugenio Hurtado, Víctor

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Ángel Moreano Puente, Marco Antonio Machena Palomino, Aldo Abad Tello Rado y Marco Antonio Ríos Estrada; ORDENARON la inmediata libertad de Radoje Isaic Petrovic Sánchez, oficiándose donde corresponda, la misma que se efectivizará siempre y cuando no exista orden de detención en su contra emanada por autoridad judicial competente; MANDARON: Que consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se anulen los antecedentes policiales y judiciales que se hubieren generado en contra de la precitada, archivándose en forma definitiva los de la materia, con conocimiento del señor Juez de origen. S.S. Ramiro Salina Siccha - Presidente Rita Meza Walde - Juez Superior D.D. Josefa Ízaga PellegrÍn - Juez Superior

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034. Robo agravado: Insuficiencia probatoria Si bien se puede probar el delito contra el patrimonio (robo agravado) es necesario probar la responsabilidad de la acusada y para ello no solo basta la sindicación preliminar por parte del agravado sino que tiene que ser corroborado con alguna otra prueba que le dote de verosimilitud, o la existencia de corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le concedan aptitud probatoria; ya que de lo contrario no se habrá desvirtuado fehacientemente la presunción de inocencia por lo tanto los magistrados no podrán concluir con plena convicción y certeza la responsabilidad penal de la acusada. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMERA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS EN CÁRCEL Expediente Nº 72-1995 DD Dra. Ízaga

Lima, 25 de setiembre de 2012 VISTA: En audiencia pública la causa penal reservada seguida contra Lidia Luz Velasco Taype, (Reo en Cárcel) como cómplice del delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Alejandro Marcelino Gonzáles Vega. ANTECEDENTES I. PROCEDIMIENTO Conforme a la sentencia que obra a folios quinientos diecinueve a quinientos veintiuno, se reservó el proceso contra la acusada Lidia Luz Velasco Taype, señalándose día y hora para que se lleve a cabo el juicio oral en audiencia pública, cuyos debates constan en las actas respectivas; escuchada la acusación oral del Fiscal Superior, así como el alegato de la defensa, cuyas conclusiones obran en pliego aparte y que se han considerado al momento de emitir el presente pronunciamiento, ha llegado el momento procesal de expedir sentencia.

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II. HECHOS IMPUTADOS Y CARGOS ATRIBUIDOS Que, de la acusación fiscal que obra de fojas doscientos cuarenta y seis y siguiente, se imputa a la acusada Lidia Luz Velasco Taype el delito contra el patrimonio –Robo Agravado– en agravio de Alejandro Marcelino Gonzáles Vega, dicha imputación se base en que el día diez de agosto de mil novecientos noventa y cinco, a horas diecinueve con treinta minutos, en circunstancias en que el agraviado se encontraba transitando por la plaza Grau - Cercado de Lima, fue interceptado por la acusada y los ahora sentenciados Ana Flores Cancino, Jhonny Cayo Aparicio, Erick Zúñiga Zavalaga y Marco Antonio Andrade Ríos quienes le despojaron de la suma de cien nuevos soles así como de sus zapatillas, luego de lo cual huyeron del lugar; sin embargo, el agraviado pidió apoyo al Escuadrón de Emergencias quienes lograron capturar a todos y conducirlos a la delegación policial correspondiente. La Fiscalía tipificó el delito en el artículo ciento ochenta y ocho, concordante con el artículo ciento ochenta y nueve y veinticinco del Código Penal. Calificando la intervención de la acusada en calidad de cómplice, solicitando se le imponga a cinco años de pena privativa de la libertad, se fije en quinientos nuevos, el monto que por concepto de reparación civil deberá pagar en forma solidaria con los ya sentenciados a favor del agraviado. III. FUNDAMENTOS PRIMERO.- Que en materia penal la inocencia se presume la culpabilidad se prueba, de modo tal que para expedir sentencia condenatoria con arreglo al artículo doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales, se tiene que haber reunido en el proceso las pruebas que demuestren la realización o materialización del delito que conlleve al juzgador a la plena convicción y certeza sobre el thema probandum y concluir declarando la responsabilidad penal o no, del agente; que de no cumplirse con reunir las pruebas o que de las mismas se demuestre la inocencia del acusado o en caso que exista duda, se deberá expedir sentencia absolutoria de acuerdo con los artículos doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales y artículo ciento treinta y nueve inciso undécimo de la Constitución Política del Perú, según sea el caso, concordante con el artículo segundo numeral veinticuatro literal E de la Constitución acotada. SEGUNDO.- Que, respecto al delito de robo agravado materia de acusación por el Ministerio Público, para que se configure dicho ilícito penal se requiere

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como presupuestos objetivos: a) que el sujeto activo se apodere ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, b) se sustraiga el bien del lugar donde se encuentra, y c) que la acción dirigida a obtener el desapoderamiento se ejecute mediante el empleo de la violencia contra el sujeto pasivo o bajo amenaza de un peligro inminente para su vida; y como presupuestos de carácter subjetivo: i) el dolo o conocimiento y voluntad de la realización de todos los elementos del tipo objetivo además del ánimo de lucro; y ii) en el presente caso con el concurso de dos o más personas. TERCERO.- Que, ahora bien, analizadas las fuentes de prueba y los medios de prueba actuados en la etapa preliminar (policial) y en la investigación judicial (instrucción), respectivamente, y por lo declarado en juicio oral por la acusada Lidia Luz Velasco Taype, la requisitoria oral, los alegatos de defensa, así como de la respectiva autodefensa de la acusada, y, la prueba personal e instrumental que obran en autos, permite al Tribunal formular las siguientes conclusiones: 1) Que si bien el agraviado a nivel preliminar (confrontar de folios diecisiete y vuelta) señaló que en circunstancias en que salía del “Circo Russell” fue interceptado por una turba de sujetos, quienes le despojaron de sus zapatillas de marca “Proyomax” valorizadas en ochenta nuevos soles así como de cien nuevos soles, también lo es que a folios dieciocho, al día siguiente de la intervención, se apersonó a la delegación policial y señaló que reconocía plenamente a todos los intervenidos como las personas que le robaron. 2) Ahora bien, se debe tener en cuenta lo siguiente: a) El agraviado, luego de ratificarse de su declaración preliminar, precisó que casi inmediatamente de ocurrido los hechos fue auxiliado por la policía, con quienes se realizó un operativo de búsqueda por la zona, encontrando a la acusada como a los sentenciados Ana Flores Cancino, Jhonny Cayo Aparicio, Erick Zúñiga Zavalaga y Marco Antonio Andrade Ríos. b) El agraviado manifestó que cuando se produjo el robo en su agravio estuvo muy nervioso, y por eso no podía precisar las características de los sujetos que le robaron. c) Por otro lado, de la ampliación de la manifestación del agraviado que fue brindada al día siguiente, señaló que efectivamente las personas antes mencionadas intervinieron en el robo en su agravio. Para que esta diligencia pueda ser tomada en consideración por el órgano judicial, es necesario que se cumplan determinados presupuestos y requisitos materiales e informales propios de los actos de prueba, esto es: i. El agraviado tenía que describir previamente a la persona llamada a reconocer, brindando detalles útiles

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para su individualización, ii. Si ha de realizarse el reconocimiento físico, a este deberían convocarse a personas con rasgos y características similares a las que tenía que haber descrito el agraviado; y en el caso que se tratase de Reconocimiento fotográfico, se siguen los mismos lineamientos; iii. Debe realizarse en presencia del Fiscal Provincial, a efecto de que se garantice la legalidad de la misma. En tal sentido, verificándose que la diligencia de reconocimiento practicada a nivel preliminar no reúne las exigencias detalladas, carece de valor probatorio(58) y resulta insuficiente para sostener una tesis incriminatoria. 3) Que, al ser interrogada la acusada, a nivel preliminar indicó llamarse Mercedes Elga Ramírez Pozo o Mercedes Holga Ramírez, para luego en una ampliación de instructiva, manifestar que sus nombres completos y correctos eran Lidia Luz Velasco Taype, por lo que hubo de ordenarse la realización de un Dictamen Pericial Dactiloscópico (folios setecientos treinta y ocho a setecientos cuarenta y dos) en donde se concluyó que la impresión dactilar atribuida a Mercedes Helga Ramírez Pozo, no guardaba identidad con la impresión dactilar de Helga Mercedes Ramírez Pozo, más sí con la de Lidia Luz Velasco Taype, quien se halla registrada como tal en el Reniec, por lo que mediante resolución de fecha dieciséis de setiembre del dos mil once, se aclaró los nombres y apellidos de la acusada en tal sentido. Pues bien, sobre su presencia en el lugar de los hechos, la acusada de manera uniforme desde la etapa policial, judicial y en el acto oral, ha alegado inocencia, señalando que el día de los hechos se hallaba inhalando terokal, cuando divisó a unas personas que venían con un par de zapatillas, y que luego empezaron a discutir entre todos ellos, respecto a cómo se repartirían las mismas, que fue en ese preciso instante en que llegaron unos ocho policías conjuntamente con el agraviado, interviniendo a todos los que se hallaban presentes, que dado el tiempo transcurrido, la acusada en acto oral, ratifica lo sostenido a nivel preliminar, en el extremo que no tiene mayor vínculo con los hechos, y que solo pudo ver a los chicos que corrían hasta el lugar en donde se hallaba ella con la sentenciada Flores Cancino, para luego ser intervenidos todos sin mayor distingo. 4) De la revisión de las actas relativas a las audiencias relacionadas a los ya sentenciados, se advierte que el ahora sentenciado Jhonny Cayo Aparicio o (58) Artículo 72 del Código de Procedimientos Penales, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 24386.

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Luis Calle Mamani en acto oral según se aprecia de folios doscientos ochenta y cinco vuelta, y al ser interrogado por el Director de Debates, manifestó que en el hecho ilícito participaron unas once personas, negando que entre ellas, se encontrase la acusada. Mientras que por su parte, el sentenciado Erick Zúñiga Zavalaga afirmó en ese mismo acto oral, que la acusada sometida a juicio e inclusive la ya sentenciada Ana Flores Cancino o Maritza Cano Vargas o Eliana Palacios Vargas o Jessica Obregón Palomino, participaron en estos hechos. En tal sentido, el Colegiado, debe señalar que en cuanto a la manifestación preliminar del agraviado, es de menester precisar que no ha sido ratificada durante investigación judicial ni en el acto del juicio oral, pese haber sido notificado, evidenciando con su conducta, su poco interés en el esclarecimiento de los hechos, o habiendo tampoco cumplido con acreditar la preexistencia de ley, pues al formular la denuncia el día diez de agosto de mil novecientos noventa y cinco (confrontar fojas dos), el agraviado hizo mención que le habían despojado de cien nuevos soles; sin embargo a la acusada, no obstante haber sido intervenida inmediatamente de ocurridos los hechos, no se le encontró especie alguna que la incrimine. A esto se aúna el hecho que, el agraviado no ha hecho alusión a la contribución de la acusada en el evento criminal, y como ya se señaló líneas arriba, tampoco el sentenciado Erick Zúñiga Zavalaga ha precisado cómo era el reparto funcional de roles, elemento importante, teniendo en cuenta que la complicidad se encuentra en un nivel accesorio y dependiente de un hecho principal. Por el contrario todo lo señalado se ha puesto de manifiesto durante el contradictorio, las deficiencias en la investigación preliminar, al no haberse contado con la participación del Representante del Ministerio Público. CUARTO: En consecuencia, estando a los argumentos precedentes, cabe precisar, que si bien está probado el delito contra el patrimonio –robo agravado– en agravio de Alejandro Marcelino Gonzáles Vega; no lo está la responsabilidad de la acusada Lidia Luz Velasco Taype, ello en virtud a que solo existió la mera sindicación preliminar por parte del agraviado, que no fue corroborada siquiera indiciariamente con alguna otra prueba que le dote de verosimilitud, ni existen corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria, por lo que le restan mérito para ser considerado como prueba idónea y suficiente para sustentar una sentencia condenatoria. QUINTO.- Que, tanto en la etapa preliminar, en la instrucción como en el juicio oral, no se ha desvirtuado fehacientemente la presunción de inocencia

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que la Constitución le reconoce y tampoco existe prueba idónea alguna que conlleve a los magistrados de este Colegiado a concluir con plena convicción y certeza sobre responsabilidad penal de la acusada Lidia Luz Velasco Taype en el hecho que se le incrimina en la acusación escrita, por lo que es del caso absolverla por insuficiencia probatoria conforme lo preceptuado por el artículo doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales. SEXTO: RESERVA DEL PROCESO Con relación a la situación jurídica del procesado José Jorge Rodríguez Hurtado quien tiene la condición de reo ausente, la Sala estima que resulta necesario que se esclarezca su situación jurídica, en cuanto sea habido y puesto a disposición de la administración de justicia, debiendo por tanto reservarse el proceso en su contra. DECISIÓN Por estas consideraciones los señores Magistrados integrantes del Colegiado “PAR” de la PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA PROCESOS CON REOS EN CÁRCEL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA. Con el criterio de conciencia que faculta el artículo doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales(59), en aplicación de los incisos tres y cinco del numeral ciento treinta y nueve y los literales d) y e) del inciso vigésimo cuarto del artículo segundo de la Constitución Política del Estado: FALLAN: ABSOLVIENDO a Lidia Luz Velasco Taype de la acusación fiscal formulada en su contra por el delito contra el Patrimonio –robo agravado– en agravio de Alejandro Marcelino Gonzáles Vega: DISPUSIERON se oficie a la entidad correspondiente para la inmediata libertad de la absuelta por la presente causa, siempre y cuando no exista mandato de detención dictado en su contra por

(59) “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legítimamente su culpabilidad (...)”. Artículo 8, inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica. 2 “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme ley”. Inciso 2, artículo14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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otra autoridad jurisdiccional competente; RESERVARON el juzgamiento del acusado ausente José Jorge Rodríguez Hurtado hasta que sea habido y puesto a disposición de las autoridades competentes, oficiándose para tal fin; MANDARON que una vez quede consentida o ejecutoriada la presente sentencia, por Secretaría de Mesa de Partes se oficie para que se anulen sus antecedentes policiales y judiciales que se hayan generado en contra de la absuelta por la presente causa, con arreglo al Decreto Ley número veinte mil quinientos setenta y nueve; así como se archive definitivamente los autos en su oportunidad; con aviso del juzgado penal de origen; oficiándose. SS. SALINAS SICCHA - Presidente MEZA WALDE - Juez Superior ÍZAGA PELLEGRÍN - Juez Superior y D.D.

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035. Robo agravado: Graduación de la pena Para los efectos de la graduación en el delito de robo de la pena a imponerse, el juzgador debe tener en cuenta otros aspectos de igual importancia a los ya señalados, como son: a) La forma, modo y circunstancias de la comisión del evento; b) Las condiciones personales del acusado, su nivel cultural, quien ha merecido dos sentencias condenatorias por haber cometido el delito contra el patrimonio, en las modalidades de hurto agravado y una por delito económico, conforme se advierte del informe remitido por el Instituto Nacional Penitenciario; c) Que se ha ejercido la mínima violencia contra los agraviados, en la ejecución del evento delictivo; d) Que los agraviados recuperaron sus pertenencias; e) Sin embargo, habiéndose producido la confesión sincera procede rebajarle esta pena, por debajo del mínimo legal, a tenor de lo dispuesto en el artículo ciento treintiseis del Código de Procedimientos Penales. Expediente Nº 1759-05 D.D. Dra. Tello

En la Sala de audiencia del Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado de “San Pedro” (Ex - Lurigancho), a la hora indicada del día treintiuno de Octubre del dos mil seis, reunidos los integrantes de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres, doctores Janet Ofelia Tello Gilardi, (PRESIDENTA Y DIRECTORA DE DEBATES), Nancy Ávila León de Talmbini (VOCAL) y Marco Antonio Lizarraga Rebaza (VOCAL), a fin de continuar los debates orales en el proceso penal seguido contra Luis Ángel Pichiule Reyme, Fernando César Julián Saavedra y Pablo César Morales Basilio, por delito contra el Patrimonio –robo agravado–, en agravio de Giannina Vilca Huamani y Marco Antonio Pomachogua Salazar. Presente el señor Fiscal Superior adjunto doctor Oscar Crisóstomo Salvatierra. Presente el acusado en cárcel Fernando César Julián Saavedra, sin documentos de identidad a la vista, quien se encuentra asesorado por el doctor Jorge Dávila Carvajal, identificado con carné del colegio de abogados de Lima veintinueve mil ochocientos sesenta y nueve.

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Presente la Secretaria y la Relatora. Acto seguido se da lectura al acta de la sesión de la audiencia anterior, la misma que se aprueba y firma sin observaciones. Secretaria da cuenta de haberse recepcionado los antecedentes penales judiciales de los procesados Julián Saavedra Fernando César, Morales Basilio Pablo César, Pichiule Reyme Luis Ángel. La Sala con conocimiento del señor representante del Ministerio Público, dispone: Se agregue a los autos, teniéndose presente en su oportunidad. Acto seguido la señora Directora de Debates preguntó al señor representante del Ministerio Público si tiene alguna nueva prueba que ofrecer, el mismo que absolviendo el traslado manifestó: Señores vocales, de la revisión de autos se aprecia que el acusado acepta en parte los cargos en el evento que se investiga, pese a que el agraviado lo ha identificado plenamente, circunstancias que debe ser esclarecida, pese a que los agraviados los han identificado, circunstancias que deben ser esclarecidas en el acto oral, por lo que ofrezco la concurrencia de los agraviados quienes deberán acreditar la preexistencia de ley, así como recabar el informe vehicular de auto de placa de rodaje SGP cero ochenticinco, y la declaración testimonial de la propietaria del vehículo. La sala estando a los fundamentos del representante del Ministerio Público, tiene por admitida la prueba ofrecida y dispone se notifique oportunamente a los agraviados, la testigo y se oficie a la entidad respectiva a fin de recabar el informe solicitado por su ministerio. Acto Seguido la Directora de Debates preguntó al abogado de la defensa del acusado Julián Saavedra si tiene alguna nueva prueba que ofrecer. Acto Seguido la Directora de Debates preguntó al abogado defensor de los acusados Luis Ángel Pichiule Reyme y Pablo César Morales Basilio, si tienen alguna nueva prueba que ofrecer, el mismo quien absolviendo el traslado manifiesta: Que no tiene nueva prueba que ofrecer. Seguidamente a fin de que el acusado Julián Saavedra conozca los cargos que se le formula, la señora Directora de Debates concede la palabra al señor Fiscal Superior Adjunto para que exponga los términos de su acusación, de conformidad a lo previsto en el numeral doscientos cuarentitrés del Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto Legislativo número novecientos cincuenta y nueve. El señor Fiscal adjunto, expone brevemente los términos de su acusación escrita obrante a fojas ciento setenta y siete. Seguidamente la sala por intermedio de

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la Dirección de Debates, exhorta al acusado para que conteste con verdad, por constituir esta su mejor defensa, haciéndole conocer los alcances del artículo ciento treintiséis del Código de Procedimientos Penales, la que permite rebajar la pena a límites inferiores al mínimo legal y de la ley número veintiocho mil ciento veintidós, norma denominada “terminación anticipada del proceso”, la que en caso de producirse la confesión, permite declarar la conclusión anticipada del debate oral. Acto seguido se procede a preguntar al acusado Fernando César Julián Saavedra, ¿acepta ser autor o partícipe del delito materia de la acusación y responsable de la reparación civil? Quien, previa consulta con su abogado defensor, contesto: Señores magistrados, vengo aceptando mi responsabilidad desde la policía, pero en realidad esto se debió a una broma y no pensé que se llegaría a este extremo, por que la chica era una excompañera de Pablo Morales, en realidad aceptó mi responsabilidad en los hechos que se investigan y solicita acogerse a la conclusión anticipada del proceso. Consultado el señor Fiscal si tiene alguna objeción que hacer al respecto manifestó: Que no tiene ninguna objeción con que se declare la conclusión anticipada del debate oral, estando a que existen suficientes elementos de pruebas de la comisión del delito y la responsabilidad del acusado, desistiéndose de las pruebas ofrecidas. Habiéndose acogido el acusado a la conclusión anticipada del proceso sin observación del Fiscal, la Dirección de Debates invita al abogado de la defensa si tiene algo que argumentar o refutar, sobre la pena o la reparación civil solicitada, manifestando: Señores magistrados mi patrocinado ha aceptado los cargos, y su despacho tiene la obligación de verificar la comisión del ilícito y como bien dice mi patrocinado acepta los cargos, pero nosotros los letrados debemos verificar si las pruebas son suficientes para enervar la responsabilidad del procesado, por ejemplo Morales Basilio a fojas cincuentitrés indica las circunstancias que volvían con Pichiule, en el carro de Julián y deciden hacerle una broma a Giannina, pero esto no lo entendió así el otro agraviado, circunstancias que invoca al colegiado, resuelva teniendo en cuenta estos elementos. Habiéndose producido la confesión sin objeción del representante de Ministerio Público y con lo alegado por el abogado de la defensa. La Sala declara la conclusión anticipada del debate oral respecto del procesado Fernando César

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Julián Saavedra, disponiendo tener por prescindidas las pruebas solicitadas por el señor representante del Ministerio Público, quedando la causa expedita para sentencia. En este estado se suspende la audiencia para el próximo viernes tres de noviembre del año en curso a las nueva de la mañana. Expediente Nº 1759- 05 D.D. Dra. Tello Gilardi SENTENCIA

Lima, 3 de noviembre de 2006 VISTOS: En audiencia pública el proceso penal seguido contra: Luis Ángel Pichiule Reyme, Fernando César Julian Saavedra y Pablo César Morales Basilio por delito contra el Patrimonio –robo agravado–, en agravio de Giannina Vilca Huamaní y Marco Antonio Pomachogua Salazar; RESULTA DE AUTOS: Que, a mérito del atestado policial de fojas uno y siguientes, con la formalización de la denuncia del señor Fiscal Provincial, el Juzgado Penal emitió el correspondiente auto apertorio de instrucción, dictándose en contra de los acusados mandato de comparecencia; que tramitada la causa conforme al procedimiento ordinario, con el dictamen de la señora Fiscal Provincial de Lima e informe final de la señora Juez Penal, fueron elevados los autos en su oportunidad a la Sala Penal Superior, obrando en autos la acusación escrita del señor Fiscal Superior y el Auto Superior de Enjuiciamiento, señalándose día y hora para la verificación del acto oral; luego de instalarse el juicio oral con la presencia del acusado Luis Ángel Pichiule Reyme, suspendiéndose la misma para próxima fecha por existir un acusado en cárcel, data en la cual estuvo presente Fernando César Julián Saavedra, mas no así Luis Ángel Pichiule Reyme y Pablo César Morales Basilio, habiendo sido declarados reos contumaces, procediéndose a fijar los términos del debate y se preguntó al acusado Fernando César Julián Saavedra, si se consideraba autor del delito materia de acusación fiscal y por consiguiente responsable penalmente, haciéndole conocer lo dispuesto por el artículo ciento treintiseis del Código de Procedimientos Penales y la Ley número veintiocho mil ciento veintidós, quien previa consulta con su abogado defensor aceptó acogerse a la conclusión anticipada del proceso admitiendo el hecho incriminado, la que se materializó con la conformidad de su abogado defensor, sin observación del representante del Ministerio Público y sin exigencia de actuación probatoria alguna, dándose por concluido los debates orales, quedando

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la causa expedita para sentenciar; y, CONSIDERANDO: De las diligencias y pruebas actuadas durante el proceso se ha podido determinar lo siguiente: PRIMERO: Que, aparece de autos y de la acusación fiscal escrita de fojas ciento setentisiete a ciento setentiocho, que se imputa al procesado Fernando César Julián Saavedra, junto a los acusados contumaces Luis Ángel Pichiule Reyme y Pablo César Morales Basilio, haberse apoderado ilícitamente de un gorro, que llevaba la agraviada Giannina Vilca Huamaní, quien se encontraba en compañía de Marco Antonio Pomachogua Salazar, a quien también le sustrajeron una mochila de tela color negro conteniendo implementos deportivos y un par de zapatillas, el día nueve de enero del dos mil cinco, siendo aproximadamente las ocho y treinta de la noche, en circunstancias que se encontraban conversando en la intersección formada por la avenida “Circunvalación” con la calle “Las Mimosas” de la urbanización “La Capitana” en Huachipa, instantes en que apareció un vehículo “Station Wagon”, color plomo, del que bajaron dos sujetos, los que se abalanzaron sobre los agraviados y luego de sustraerles sus pertenencias se dieron a la fuga en el mismo vehículo, siendo intervenidos a los pocos minutos, por personal policial que se encontraba realizando servicio en dicho lugar; SEGUNDO: El acusado Fernando César Julián Saavedra, al prestar su declaración tanto a nivel policial (manifestación de fojas dieciocho a veintiuno), como judicial (instructiva de fojas cincuentiuno a cincuentidos), acepta los cargos imputados en su contra, sosteniendo que el día de los hechos en circunstancias que retornaba a su domicilio en compañía de sus amigos Luis Ángel Pichiule Reyme y Pablo César Morales Basilio, a bordo del vehículo de placa de rodaje SGP cero ochenticinco, el cual venía manejando, por la avenida Circunvalación, su coacusado Pablo César Morales Basilio, reconoció a una chica como su excompañera de estudios, quien se encontraba parada en una esquina con un muchacho, indicándole que deseaba hacerle una broma y que voltee en la esquina, por lo que sobrepara el vehículo cerca de ellos, instantes que aprovecha su coprocesado Morales Basilio para bajarse del auto y procede a quitarle el gorro a la agraviada, por lo que su acompañante se le fue encima y empezaron a pelearse, ante este hecho interviene Luis Ángel Pichiule Reyme, jalando a su coacusado hacía el vehículo, continuando su recorrido, hasta que la policía los detuvo y les incautó las pertenencias de los agraviados; TERCERO: Que, al iniciarse el juicio oral el acusado manteniendo su posición admite los cargos que se le imputan, señalando que se considera responsable del hecho cometido, acogiéndose a lo dispuesto por el artículo ciento treintiseis del Código de Procedimientos Penales y la Ley número veintiocho mil ciento veintidós denominada “Conclusión Anticipada del Proceso”, circunstancias que permitió que se den

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por concluidos los debates orales al haber admitido responsabilidad penal; CUARTO: Que, el abogado de la defensa solicita que se analice bien los hechos, ya que no basta la autoinculpación del procesado para sustentar una sentencia condenatoria; al respecto se tiene que en el expediente además de la autoinculpación del procesado desde la etapa policial, esta se encuentra sustentada con otros elementos de prueba como son: a) La declaración de la agraviada Giannina Vilca Huarnaní, prestada a nivel policial, (manifestación de fojas siete), quien sostiene enfáticamente, que el día de los hechos aproximadamente a las veinte horas con treinta minutos, se encontraba conversando con su amigo Marco Antonio Pomachogua Salazar, por la avenida circunvalación, instantes que un vehículo color plomo apareció por la avenida, bajando dos individuos quienes los agarraron y procedieron a robarle sus pertenencias, tales como su gorra y una mochila, en tanto que a su amigo le quitaron sus zapatillas que llevaba puestas, para luego darse a la fuga en el mismo vehículo en el que aparecieron, siendo capturados por la policía después de una tenaz persecución, incautándoles las pertenencias que les habían robado; b) La declaración del agraviado Marco Antonio Pomachogua Salazar, prestada a nivel policial (manifestación de fojas diez a once) quien enfáticamente señala que el día de los hechos en circunstancia que se encontraba conversando con su amiga Giannina, se acercaron en forma sorpresiva dos sujetos quienes lo agarraron y le quitaron su mochila que contenía un Walkman marca “Sony”, un polo azul, un short blanco, unas zapatillas de cuero marca “Verco”, una gorra color negro con plomo, quitándole también las zapatillas que tenía puestas pateándole en la piernas, tirándole puñetes en el rostro, y como opuso resistencia uno de ellos lo amenazó con un desarmador y luego subió al vehículo que los esperaba y se dieron a la fuga; c) El acta de Registro Vehicular e incautación, glosada a fojas veintiocho, realizada in situ, el mismo día de los hechos por personal policial interviniente, en la cual se consigna las pertenencias de los agraviados; d) Que la preexistencia de los bienes sustraídos, se encuentran acreditados, con el acta de Registro vehicular e incautación de fojas veintiocho y las actas de entrega de los bienes a los agraviados, glosados a fojas treintitrés y treinticuatro; QUINTO: Que, teniendo en cuenta las diligencias y pruebas señaladas en autos, es evidente la participación del acusado Fernando César Julián Saavedra en el hecho incriminado, por lo que se puede inferir válidamente que se encuentra acreditada la comisión del delito investigado y la responsabilidad penal del precitado acusado, descartándose por lo tanto que se tratara de una simple broma, por lo que debe ser pasible de sanción penal, encuadrándose su conducta en la figura típica que describe el artículo ciento ochentiocho del Código Penal con la agravante contenida en el inciso dos

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y cuatro del artículo ciento ochentinueve del mismo cuerpo legal; SEXTO: Que, para los efectos de la graduación de la pena a imponerse el Juzgador debe tener en cuenta otros aspectos de igual importancia a los ya señalados, como son: a) La forma, modo y circunstancias de la comisión del evento; b) Las condiciones personales del acusado, su nivel cultural, quien ha merecido dos sentencias condenatorias por haber cometido el delito contra el patrimonio, en las modalidades de hurto agravado y una por delito económico, conforme se advierte del informe remitido por el instituto Nacional Penitenciario, glosado a fojas ciento ochentiseis, c) Que se ha ejercido la mínima violencia contra los agraviados, en la ejecución del evento delictivo; d) Que los agraviados recuperaron sus pertenencias; e) Sin embargo, habiéndose producido la confesión sincera procede rebajarle esta pena, por debajo del mínimo legal, a tenor de lo dispuesto en el artículo ciento tréintiseis del Código de Procedimientos Penales; f) Que, la pena deberá imponerse en consideración a su función preventiva, protectora y resocializadora, así como a los principios de proporcionalidad y racionalidad, conforme a lo dispuesto en los numerales sétimo, octavo y noveno del Título Preliminar del Código Penal; SÉTIMO: Que subsistiendo los cargos incriminados contra Luis Angel Pichiule Reyree y Pablo César Morales Basilio debe reservárseles el proceso hasta cuando sean habidos y puestos a disposición de la justicia: OCTAVO: Que, al caso sub examine es de aplicación, además, los artículos primero, sexto, noveno, doce, veintitrés, cuarenticinco, cuarentiseis, cincuentisiete, cincuentiocho, noventidós y noventitrés del Código Penal en concordancia con los artículos doscientos ochentitrés y doscientos ochenticinco del Código de Procedimientos Penales. Por los fundamentos expuestos, analizando los hechos y las pruebas con el criterio de conciencia que la ley autoriza y administrando justicia a nombre de la Nación, la CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, FALLA: CONDENANDO a Fernando César Julián Saavedra, como autor del delito contra el Patrimonio –robo agravado–, en agravio de Giannina Vilca Huamaní y Marco Antonio Pomachogua Salazar; IMPONIÉNDOLE: CUATRO años de pena privativa de la libertad, cuya ejecución se suspende con el carácter de condicional, por el término de TRES AÑOS, bajo el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: a) No variar de domicilio sin aviso a la autoridad judicial competente. b) Concurrir cada vez que sea requerido por la autoridad judicial. c) No cometer nuevo delito doloso; bajo apercibimiento de aplicarse el artículo cincuentinueve del Código Penal, en caso de incumplimiento de las reglas de conducta; FIJARON en CIEN NUEVOS SOLES, el monto que por concepto

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de Reparación Civil, deberá abonar el sentenciado a favor de cada uno de los agraviados; ORDENARON: RESERVAR el proceso contra los procesados contumaces Luis Ángel Pichiule Reyme y Pablo César Morales Basillo, hasta que sean habidos y puestos a disposición de la justicia, oficiándose para su captura; MANDARON: Que consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia se expida el boletín de condenas y se inscriba en el registro judicial respectivo y se archive provisionalmente el proceso con conocimiento del juez de la causa. SS. Dra. Janet Tello Gilardi - Presidenta, Directora de Debates Dra. Nancy Ávila De Tambini - Vocal Dr. Marco LizÁrraga Rebaza - Vocal

Expdiente Nº 1759-05 D. D. Dra. Tello

En la Sala de audiencia del Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado de “San Pedro” (Ex - Lurigancho), a la hora indicada del día tres de noviembre del dos mil seis, reunidos los integrantes de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres, doctores Janet Ofelia Tello Gilardi, (PRESIDENTA Y DIRECTORA DE DEBATES), Nancy Anima León de Tambini (VOCAL) y Marco Antonio Lizárraga Rebaza (VOCAL), a fin de continuar los debates orales en el proceso penal seguido contra Luis Ángel Pichiule Reyme, Fernando César Julián Saavedra y Pablo César Morales Basilio, por delito contra el Patrimonio –robo agravado–, en agravio de Giannina Vilca Huamaní y Marco Antonio Pomachogua Salazar. Presente el señor Fiscal Superior adjunto doctor Oscar Crisóstomo Salvatierra. Presente el acusado en cárcel Fernando César Julián Saavedra, sin documentos de identidad a la vista, quien se encuentra asesorado por el doctor Jorge Dávila Carvajal, identificado con carné del colegio de abogados de Lima veintinueve mil ochocientos sesenta y nueve. Presente la Secretaria y la Relatora. Acto seguido se da lectura al acta de la sesión de la audiencia anterior, la misma que se aprueba y firma sin observaciones. Preguntado el acusado Fernando

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César Julián Saavedra si esta conforme con el alegato hecho por su abogado defensor o si tiene algo más que agregar Dijo: Estar conforme. Suspendida y reabierta la audiencia se dio lectura a la sentencia la misma que Falla: CONDENANDO a Fernando César Julián Saavedra, como autor del delito contra el Patrimonio –robo agravado, en agravio de Giannina Vilca Huamaní– y Marco Antonio Pomachogua Mazar; IMPONIÉNDOLE: CUATRO AÑOS de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, cuya ejecución se suspende con el carácter de condicional, por el término de TRES AÑOS, bajo el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: a) No variar de domicilio sin aviso a la autoridad judicial competente. b) Concurrir cada vez que sea requerido por la autoridad judicial. c) No cometer nuevo delito doloso; bajo apercibimiento de aplicarse el artículo cincuentinueve del Código Penal, en caso de incumplimiento de las reglas de conducta; FIJARON en CIEN NUEVOS SOLES, el monto que por concepto de Reparación Civil, deberá abonar el sentenciado a favor de cada uno de los agraviados; ORDENARON: RESERVAR el proceso contra Luis Ángel Pichiule Reyme y Pablo César Morales Basilio, hasta que sean ubicados y capturados, oficiándose a las entidades respectivas; MANDARON: Que consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia se expida, el boletín de condenas y se inscriba en el registro judicial respectivo y se archive el proceso con conocimiento del Juez de la causa. Preguntado el sentenciado Fernando César Julián Saavedra si se encuentra conforme con la sentencia emitida por la Sala, interpone recurso de nulidad o se reserva el derecho, quien previa consulta con su abogado defensor, manifestó: Que, se encuentra conforme. Consultado el señor Fiscal Superior si se encuentra conforme con la sentencia emitida por la Sala, interpone recurso de nulidad o se reserva el derecho, manifestó: Que, se encuentra conforme. Con lo que concluyó el presente acto oral después de leída, aprobada y firmada, sin observaciones, la presente acta por ante mí; lo que doy fe.

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036. Robo agravado: Acreditación de la responsabilidad penal De la compulsa valoración de las pruebas existentes en el proceso, debidamente ratificado en el acto de juzgamiento, ha quedado plenamente acreditada la comisión del delito de robo agravado y subsecuente responsabilidad penal del acusado; no apreciándose la existencia de elemento de incredibilidad subjetiva, puesto que es una circunstancia probada que antes de los hechos no existía relación de amistad o enemistad entre los sujetos procesales que han intervenido. Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres “Judicatura digna, democrática e institucional” Expediente Nº 40262-2008 D.D. Dra. Napa Lévano SENTENCIA

Lima, 23 de agosto de 2012 VISTOS: En audiencia pública el proceso penal seguido contra: Andy Aponte Rodríguez; cuyas generales de ley obran en autos, acusado de la comisión del delito contra el Patrimonio - ROBO AGRAVADO, en agravio de Percy Giovanni Paz Camayo; RESULTA DE AUTOS: Que, a mérito del Atestado N° 605VII-DIRTEPOL-L-PNP-DIVTER2-JDSA-EA-CSA-DEINPOL, de fojas dos y siguientes elaborado por la Comisaría de Santa Anita, de 30 de agosto de 2008, el señor Representante del Ministerio Público formalizó la correspondiente denuncia penal de fecha 30 de agosto de 2008, obrante a fojas veintiuno; la que merituada por el señor juez penal, motivó la expedición de auto de inicio de proceso de fecha 30 de agosto de 2008, dictándose la medida coercitiva personal de Comparecencia Restringida contra el referido acusado. Que, seguido el proceso por el trámite ordinario correspondiente, vencidos los plazos ordinario y extraordinario de instrucción, con el informe final de fojas ciento siete, se elevaron los autos a esta Superior Sala Penal, remitiéndose los mismos al Despacho de la señora Fiscal Superior quien emitió su acusación escrita de fojas ciento quince,

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por cuyo mérito se emitió el Auto Superior de Enjuiciamiento de fojas ciento veinticuatro, señalándose fecha y hora para la verificación del juicio, el mismo que se ha llevado a cabo en el modo y forma que aparecen de las actas que preceden; producida la requisitoria oral de la Representante del Ministerio Público, oído los alegatos de la defensa cuyas conclusiones obran en pliegos separados, ha llegado el momento procesal de dictar sentencia; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: DE LA IMPUTACIÓN: Se desprende de la imputación fáctica contenida en el dictamen acusatorio cuyos fundamentos se concuerdan con la requisitoria oral, que con fecha 29 de agosto de 2008 a horas once y veinticinco de la noche aproximadamente en circunstancias que el agraviado se encontraba en el paradero situado en al intersección de la avenida Los Chancas y Encalada Santa anita, fue interceptado por el acusado quien lo cogió del cuello, facilitando que otros dos sujetos no identificados le hurgaran los bolsillos, sustrayéndole su teléfono celular marca “Sagem” y su canguro conteniendo la suma de doscientos veinte nuevos soles y diversas tarjetas de crédito, emprendiendo la fuga; no obstante ello, son perseguidos por personal policial que patrullaba la zona, lográndose la captura del acusado, quien fue sindicado por el agraviado como el autor del robo. SEGUNDO: Por los hechos antes descritos y analizados, se abrió instrucción y se formuló acusación contra el acusado por el delito contra el Patrimonio –robo agravado, previsto y sancionado en el artículo ciento ochenta y ocho– tipo base con las agravantes contenidas en los incisos dos y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, el mismo que, tiene como bien jurídico protegido el Patrimonio –específicamente la posesión de un bien mueble–, pero además, también la libertad, la vida, la integridad física de las personas, hecho que lo configura como un delito compuesto o pluriofensivo; y para los efectos de la tipicidad objetiva, el sujeto activo puede ser cualquier persona, a excepción hecha del propietario; sujeto pasivo puede ser cualquier persona física o jurídica que disfrute de la posesión inmediata del bien mueble, cualquiera que sea el título por el que dispone de dicha facultad. El comportamiento consiste en apoderarse ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentre, empleando violencia contra la persona y amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física; finalmente para los efectos de la tipicidad subjetiva se requiere del dolo.

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TERCERO: Dentro del marco jurídico de la actividad probatoria, a fojas diez corre la manifestación prestada a nivel policial por el acusado Andy Aponte Rodríguez quien en presencia del representante del Ministerio Público, precisó que el día y hora en referencia se encontraba degustando alitas en un puesto de comida ambulante ubicado en la avenida Encalada, permaneciendo por un espacio de treinta minutos, circunstancia en que a una distancia de diez metros aproximadamente se percata que los individuos conocidos como “Chato y José, le arrebataron sus pertenencias al agraviado, siendo perseguidos por una camioneta del serenazgo; no obstante ello, es sindicado por el agraviado como uno de los autores del ilícito por el mérito de encontrarse en el lugar de los hechos. Líneas más adelante, refirió que el robo se produjo en circunstancias que un individuo vestido de azul venía siguiendo al agraviado, quien pasó por su costado y traía consigo un canguro; precisó ser conductor de motocar, no poseyendo licencia de conducir por habérsele extraviado, conociendo a “Chato” y “José” en virtud de haberlos trasladado en distintas oportunidades a bordo de su motocar, no identificándolos por sus apellidos o nombres completos. Versión que variando antojadizamente no solo en su declaración instructiva de fojas veintiocho, sino en el transcurso de los debates orales realizados, sosteniendo inicialmente que fue intervenido solo por estar al lado del conocido como “Chato” y que el agraviado en ningún momento lo sindicó como uno de los partícipes del evento delictivo para preciar en audiencia, primero, que no presenció el instante en el que los conocidos como “José” y “Chato” despojaran de sus pertenencias al agraviado, para luego en el decurso del interrogatorio aceptar que visualizó el momento en que se produjo el asalto desde una distancia de dos cuadras, y que sus autores emprendieron la fuga dirigiéndose hacia su persona, tirando el canguro a media distancia, siendo intervenido a consecuencia de este acto, precisando que el agraviado se encontraba muy ebrio, resultando perjudicado por la mala fe del efectivo policial que lo intervino, ya que no consignó en su totalidad las especies que traía consigo, y lo sindicó en todo momento como responsable de los hechos, ello a pesar de que el agraviado no lo identificaba como el autor del robo. CUARTO: A fojas ocho y cincuenta y tres obra la manifestación policial y preventiva respectivamente, prestadas por el agraviado Percy Giovanni Paz Camayo, quien en forma precisa, coherente y reiterada, sostiene uniformemente que fue sorprendido por un grupo de tres personas, quienes empleando la violencia le sustrajeron sus pertenencias; sindicando al procesado como la

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persona que lo cogotea y arroja al pavimento, inmovilizándolo, facilitando la intervención de sus acompañantes, siendo auxiliado por personal policial que inicia la persecución inmediata de los asaltantes, lográndose capturar al acusado. En su preventiva de fojas cincuenta y tres, ratificándose en los términos de su manifestación policial, reconoció como autor del robo perpetrado en su contra al acusado, precisando para esos efectos que en ningún momento lo perdió de vista, y que al haberse producido el asalto este corrió, en tanto que los otros dos sujetos doblaron en una esquina a la izquierda; agrega además que la cónyuge del acusado le hizo entrega parcial de sus pertenencias con el objetivo de que retirara la denuncia. QUINTO: A fojas cincuenta y seis, obra la testimonial brindada a nivel judicial por el efectivo policial José Félix Álvarez Morales; quien precisó que en circunstancias que patrullaba la zona en que ocurrió el asalto, se percató que en una esquina tres sujetos robaban al agraviado, los cuales al notar su presencia emprendieron fuga en distintas direcciones; circunstancia que ameritó inicie la persecución de uno de ellos, logrando capturarlo a unas tres cuadras del lugar, en un parque central de la Cooperativa Andahuaylas, el mismo que fue reconocido por el agraviado quien lo identificó como la persona que lo cogió del cuello e inmovilizó, para facilitar la sustracción de sus pertenencias por los otros sujetos; que ante la posición firme del agraviado, el intervenido inicialmente aceptó su responsabilidad e indicó que los bienes sustraídos se lo habían llevado sus acompañantes; testimonio que reiteró en sesión de juicio oral llevada a cabo con fecha diecinueve de julio último, describiendo incluso, el accionar desplegado por los asaltantes. SEXTO: A fojas trece obra el acta de registro personal practicado al acusado Andy Aponte Rodríguez, en el que se detalla que solo se le encontró un llavero con una llave; instrumental u acto irrepetible que adquiere la calidad de prueba pre constituída en mérito a su oralización y posterior sometimiento al contradictorio, eficacia probatoria devenida en virtud de lo establecido por el artículo ciento setenta y uno del Código de Procedimientos Penales. SÉTIMO: La libre apreciación razonada de la prueba, que es el sustento del artículo 283 del Código de Procedimientos Penales, reconoce al juez la potestad de otorgar el valor correspondiente a las pruebas, sin directivas legales que lo predeterminen. Desde esa perspectiva es de afirmar que el derecho a la presunción de inocencia exige sobre el particular que las pruebas de cargo,

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que justifiquen una condena, además deben ser suficientes. Que, a mayor abundamiento, el hecho punible, debe cumplirse a partir de la configuración razonable de determinadas reglas o criterios de valoración, que permitan trasladar las exigencias de racionalidad a la ponderación de la prueba. OCTAVO: Que, la Corte Suprema de la República, ha establecido con carácter de vinculante las reglas de valoración que han de tomarse en cuenta para determinar el carácter probatorio derivado de la incriminación vertida por la víctima; en ese sentido tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico testis unus testis nullus, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza serían las siguientes: a) Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. b) Verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. c) Persistencia en la incriminación; esto es, la persistencia de sus afirmaciones en el decurso del proceso(60). NOVENO: Que, analizadas y valoradas cada una de las pruebas recogidas durante la investigación preliminar, instrucción y debatidas en el acto oral, el Colegiado concluye en primer término que ha quedado probada la comisión del delito, ello en mérito a las afirmaciones vertidas por los sujetos procesales en el decurso de las investigaciones y el contradictorio; resultando este extremo inobjetable, toda vez que, tanto el agraviado como el acusado, aunque en distintas matices, precisan que existió el despojo de un canguro, que aunado a las precisiones vertidas por el afectado, se tiene que en su interior se hallaban un celular, tarjetas de crédito y un monto dinerario de doscientos veinte nuevos soles; que las imprecisiones y argumentos de defensa vertidos indistintamente por el procesado, conforme se ha narrado, carecen de uniformidad y

(60) Acuerdo Plenario Nº 2-2005/Cj-116. Fundamento jurídico Nº 10.

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coherencia frente a la sólida y coherente incriminación vertida por el agraviado, quien tanto a nivel preliminar como investigación judicial detalla el modo y circunstancias, como, mediante el empleo de violencia fue despojado de sus pertenencias, reconociendo plenamente al acusado como quien lo cogoteó y lanzó al pavimento, facilitando de este modo el accionar de sus cómplices; versión persistente que encuentra sustento periférico con lo acotado por el testigo presencial José Félix Álvarez Morales, quien en su condición de servidor policial emprendió persecución contra aquel, no perdiéndolo de vista, logrando capturarlo a tres cuadras de distancia, enervándose en ese sentido la tesis proporcionada por la defensa, tendiente a establecer que este se disponía a comprar chifa al momento de producidos los hechos; no obstante que en el acta de registro personal suscrita con su firma y huella digital se aprecia que no tenía dinero alguno, deviniendo en improcedente el cuestionamiento formulado por la defensa técnica en este extremo, pues la calidad probatoria sobrevenida del acta en comento, por su carácter irrepetible, adquiere eficacia probatoria en virtud de lo esgrimido en el artículo ciento setenta y uno del Código de Procedimientos Penales; que a mayor abundamiento resulta relevante y preponderante que el agraviado el hecho de que el agraviado recibiera de mano de la esposa parte de sus pertenencias. Consecuentemente, de la compulsa y valoración de las pruebas existentes en el proceso, debidamente ratificado en el acto de juzgamiento ha quedado plenamente acreditada la comisión del delito y subsecuente responsabilidad penal del acusado; no apreciándose la existencia de elemento de incredibilidad subjetiva, puesto que es una circunstancia probada que antes de los hechos no existía relación de amistad u enemistad entre los sujetos procesales que han intervenido. DÉCIMO: Que para los efectos de la determinación de la pena, se tiene en consideración que el acusado tiene la condición de agente primario, ya que no registra antecedentes penales ni judiciales, conforme se aprecia de los certificados que obran a fojas cuarenta y ciento cuarenta y ocho; que al momento de la comisión de los hechos contaba con diecinueve años de edad conforme se desprende de la ficha de identificación que corre a fojas catorce, asistiéndole la responsabilidad restringida a la que se contrae el artículo veintidós del Código Penal; que el evento delictivo se realizó en horas de la noche con el concurso de tres personas; que el agraviado no sufrió lesiones que hayan puesto en peligro inminente su integridad física; sus carencias socioculturales conforme se evidenció en el contradictorio a virtud de su inmediatez característica; que una

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de las funciones de la pena, además de ser retributiva por la infracción penal cometida, también es resocializadora, por el cual, busca que el agente que cometió un ilícito penal, pueda enmendarse, por lo que la sanción debe graduarse en atención a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, que debe ir en consonancia con los indicadores y circunstancias a las que se contraen los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal. UNDÉCIMO: Para fijar la reparación civil se deberá considerar lo establecido en el artículo noventa y tres del Código Penal por el que se establece que la misma comprende la restitución del bien o en todo caso, el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, por lo que el monto se deberá fijar de manera prudencial para resarcir el daño sufrido por la parte agraviada. Por estas consideraciones, en aplicación de los artículos diez, once, doce, veintidós, veintitrés, veintinueve, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, noventa y dos, noventa y tres, ciento ochenta y ocho como tipo base concordante con las circunstancias agravantes contenidas en los numerales dos y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal; y los artículos doscientos ochenta, doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales, la PRIMERA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA juzgando los hechos y las pruebas con el criterio de conciencia que la ley autoriza y administrando justicia a nombre de la Nación; FALLA: CONDENANDO a Andy Aponte Rodríguez, identificado con documento nacional de identidad número cuatro cinco cinco dos uno seis tres cero, nacido en el distrito del Agustino el 8 de noviembre de 1988, hijo de don Venancio y doña Serapia, con grado de instrucción secundaria, sin antecedentes penales ni judiciales, como autor del delito contra el Patrimonio –ROBO AGRAVADO– en agravio de Percy Giovanni Paz Camayo; imponiéndole como tal CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA EN SU EJECUCIÓN POR EL PERIODO DE PRUEBA DE TRES AÑOS, bajo el cumplimiento de manera personal y obligatoria de las siguientes reglas de conducta: a) No variar de domicilio sin previo aviso del juez de la causa; b) Concurrir al local del juzgado a firmar cada fin de mes el libro de control respectivo y justificar sus actividades, c) No cometer nuevo delito doloso; bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, aplicarse lo dispuesto en el artículo cincuenta y nueve del

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Código Penal, FIJARON: en la suma de quinientos nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor del agraviado; MANDARON: Que, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se expidan los boletines de condena e inscriba donde corresponda; archivándose los autos definitivamente con conocimiento del juez de la presente causa. SS. Dr. JUAN CARLOS VIDAL MORALES - Presidente Dra. LUISA ESTELA NAPA LÉVANO - Juez Superior y D.D. Dr. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA - Juez Superior

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037. Robo agravado: Reparación civil se fija según el principio de auto responsabilidad El principio de auto responsabilidad, es por el cual se asume que quien causa un daño debe responder por sus actos. Este principio es utilizado al momento de establecer la reparación civil que tiene como fin la restitución del bien y en caso de no ser posible, el pago de su valor, así como la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. En ese sentido, el monto indemnizatorio para el delito de robo agravado materia del presente juzgamiento debe fijarse prudencialmente. Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres “Judicatura digna, democrática e institucional” Expediente Nº 23949-2010 D.D. Dra. Napa Lévano SENTENCIA CONCLUSIÓN ANTICIPADA

Lima, 18 de setiembre de 2012 VISTOS: En audiencia pública el proceso penal seguido contra David Reymundo Lucero Calderón; cuyas generales de ley obran en autos, acusado de la comisión del delito contra el Patrimonio - Robo Agravado en grado de tentativa, en agravio de Sonia Escobar Zapata. FLUYE DE AUTOS: Que, en mérito al Atestado Nº 093-2010-VII-DIRTEPOL/DIVTER-CENTRO-C.MB-DEINPOL, que corre en autos de fojas dos y siguientes, la señora Fiscal Provincial, formaliza denuncia penal contra David Reymundo Lucero Calderón (fojas veintidós a veintitrés), dictamen que merituado por el señor Juez Penal, motivó la expedición de auto de inicio de proceso de fecha doce de agosto del año dos mil diez (fojas veinticinco a veintiocho); que tramitada la causa dentro de los cánones procesales de su naturaleza ordinaria y vencido el plazo de instrucción, los autos fueron remitidos al señor fiscal provincial, quien emite su dictamen final de fojas noventa y ocho, por cuyo mérito el señor juez del Décimo Noveno juzgado penal de Lima, emite su informe final de fojas ciento uno; puesto los autos de manifiesto a las partes procesales dentro del término de ley, los mismos fueron elevados a esta superior Sala Penal,

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que se avoca al conocimiento y remite la instrucción a vista de la señora Fiscal Superior, que emite su dictamen acusatorio de fojas ciento ocho, dictándose al mérito de su evaluación el correspondiente Auto Superior de Enjuiciamiento de fojas ciento diecisiete, señalándose fecha y hora para la verificación del juicio oral; por lo que, se procedió a su juzgamiento, exhortando al acusado para efectos que declare con la verdad, habiéndose puesto en su conocimiento los alcances a los que se contrae el artículo quinto de la Ley veintiocho mil ciento veintidós, el mismo previa consulta con su abogada reconoció ser autor del hecho que se le imputa y responsable de la Reparación Civil, acogiéndose bajo los términos de la referida ley; por lo que, con la conformidad manifestada por su defensa y la señora representante del Ministerio Público, se declaró la Conclusión Anticipada de los debates orales, quedando la causa expedita para dictar sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, conforme se desprende de la fundamentación fáctica contenida en el dictamen acusatorio, aparece que con fecha 11 de agosto de 2010, siendo las veintidós horas con cuarenta minutos aproximadamente, en circunstancias en que la agraviada Sonia Escobar Zapata hacía su ingreso al interior de una farmacia ubicada en la avenida Nicolás Dueñas número ciento catorce Cercado de Lima con la finalidad de contestar su teléfono celular, es interceptada abruptamente por el acusado, quien habiéndose aproximado por su espalda, la cogió del brazo y le dobló la muñeca, hasta que soltara el teléfono celular del cual se apoderó y huyó del lugar raudamente, siendo capturado inmediatamente por un efectivo policial que había presenciado los hechos, recuperándose la especie sustraída. SEGUNDO: Que, el marco normativo por el que se procesa al acusado es el artículo ciento ochenta y ocho, como tipo base, con la agravante descrita en el inciso dos del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, concordante con el artículo dieciséis del citado cuerpo legal. TERCERO: Al respecto, el acusado David Reymundo Lucero Calderón tanto al rendir su manifestación policial obrante a fojas doce como su instructiva de fojas cincuenta, acepta que efectivamente sorprendió a la agraviada y le arrebató su teléfono celular; empero, desconoce haber empleado violencia para su configuración; no obstante ello, la agraviada Sonia Escobar Zapata al prestar su declaración a fojas nueve precisa que dicho encausado la sorprendió por la espalda, la coge del brazo con el que sostenía el teléfono, doblándole la muñeca, haciéndole una llave para efectos de que soltara el celular, consiguiendo

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su objetivo y huyendo del lugar, siendo capturado a los pocos minutos por un policía que casualmente se encontraba por la farmacia, recuperando del celular. CUARTO: Que, al concurrir el acusado al acto de juzgamiento luego de escuchar los cargos materia de imputación, así como la pena y reparación civil, reconoció su autoría en el evento delictivo materia de juzgamiento así como su responsabilidad civil; manifestando arrepentimiento, acogiéndose a los beneficios de la Conclusión Anticipada del Proceso, ley número veintiocho mil ciento veintidós, por lo que el Colegiado dio por concluido el debate aceptando su conformidad procesal. QUINTO: El aspecto sustancial de la institución de la conformidad, tal como está regulado en la citada ley, tiene por objeto la pronta culminación del proceso –en concreto, del juicio oral– a través de un acto unilateral del imputado y su defensa de reconocer los hechos de imputación concretados en la acusación fiscal y aceptar las consecuencias jurídico-penales y civiles correspondientes; siendo que este acto procesal unilateral, importa una renuncia a la actuación de pruebas y a un juicio público, lo que significa que los hechos vienen definidos, sin injerencia de la Sala sentenciadora, por la acusación con la plena aceptación del imputado y su defensa. SEXTO: Que, para efectos de la graduación de la sanción, debe tenerse en cuenta el Acuerdo Plenario número siete guión dos mil siete / CJ guión uno seis del Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil siete; que en el punto octavo consigna expresamente “(...) Al respecto, se tiene presente, como reconoce la doctrina y la jurisprudencia nacional, el principio de proporcionalidad o de prohibición en exceso, incorporado, positivamente en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, en cuya virtud: “(...) la pena debe ser adecuada al daño ocasionado por el agente, según el grado de culpabilidad y el perjuicio socialmente ocasionado”. Por consiguiente, es función del órgano jurisdiccional ejercitar y desarrollar con mayor énfasis la proporcionalidad concreta de la pena. En consecuencia, desde esta perspectiva, es necesario adecuar el término y la calidad de la pena al daño causado a la víctima, al perjuicio que con el delito se infringe a la sociedad y al grado de culpabilidad. En tal sentido, y en atención a lo expuesto, la Sala evalúa para estos efectos la forma y circunstancias en que se desarrolló el evento delictivo; así como las condiciones personales del acusado; siendo esto así, se tiene en consideración: a) Que no obstante desconocer el empleo de violencia física para

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la configuración del evento delictivo, iniciado que fuere el juicio oral, el acusado en forma voluntaria y espontánea reconoció en su integridad los cargos materia de imputación - conformidad procesal, mostrando arrepentimiento; b) Que el evento delictivo quedó en agrado de tentativa, pues la especie sustraída fue recuperada de inmediato, conforme se desprende del acta de entrega obrante a fojas quince; c) Que al momento de la comisión de los hechos contaba con dieciocho años de edad, conforme se desprende de la ficha de identificación de la Reniec de fojas ciento trece, asistiéndole la responsabilidad restringida a la que se contrae el artículo veintidós del Código Penal; d) Que, no registra antecedentes penales ni judiciales, conforme se advierte de los certificados que aparecen a fojas ciento veinticinco y ciento veintiocho respectivamente, teniendo la condición de agente primario; e) Que, la agraviada no sufrió un daño que hubiere puesto en peligro inminente su vida y/o integridad física; pues si bien refirió que el procesado le dobló la muñeca, no existe en autos certificado médico legal que así lo acredite; f) Que no ha hecho del accionar delictivo un medio de vida, conforme se desprende de las boletas de remuneraciones ofrecidas por la defensa en el presente acto, cuyo tenor se tuvo a la vista; g) Que siendo así, estando a los fines preventivos, protectores y resocializadores de la pena, la misma debe imponerse en atención a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, que debe ir en consonancia con los indicadores y circunstancias a los que se contraen los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, así como los parámetros doctrinarios establecidos en el Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-116; por lo que, una pena condicional resulta suficiente para sancionar su accionar delictuoso, permitiendo su resocialización. SÉTIMO: Que, con respecto a la reparación civil conforme lo prescribe el artículo noventa y tres del Código Penal, esta tiene como fin la restitución del bien y en caso de no ser posible, el pago de su valor, así como la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, la misma que deberá fijarse partiendo del principio de auto responsabilidad, por el cual se asume que quién causa un daño debe responder por sus actos. En ese sentido, el monto indemnizatorio debe fijarse prudencialmente. Por las consideraciones anotadas y estando a lo dispuesto por los artículos dieciséis, veintidós, veintiocho, cuarenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, noventa y dos, noventa y tres, ciento ochenta y ocho como tipo base, con la agravante descrita en el inciso dos del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal; así como, los artículos

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doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales en concordancia con la Ley veintiocho mil ciento veintidós; la PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, juzgando los hechos reconocidos por el acusado y administrando Justicia a Nombre de la Nación, FALLA: CONDENANDO a David Reymundo Lucero Calderón, identificado con Documento Nacional de Identidad número cuatro siete ocho nueve nueve cero cuatro cero, nacido el catorce de junio de mil novecientos noventa y dos, natural de San Juan de Miraflores, hijo de don Juan y doña Luisa, con grado de instrucción secundaria completa, de estado civil soltero, sin antecedentes penales ni judiciales; como autor de delito contra el Patrimonio - robo agravado en grado de tentativa, en agravio de Sonia Escobar Zapata, y como tal le impusieron TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de DOS AÑOS; bajo el cumplimiento de manera personal y obligatoria de las siguientes reglas de conducta: a) No variar de domicilio sin previo aviso del Juez de la causa; b) Concurrir al local del Juzgado a firmar cada fin de mes el libro de control respectivo y justificar sus actividades, c) No cometer nuevo delito doloso; bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, aplicarse lo dispuesto en el artículo cincuenta y nueve del Código Penal; FIJARON: en la suma de QUINIENTOS NUEVOS SOLES el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor de la agraviada; MANDARON: Que, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se expidan los boletines de condena se inscriba donde corresponda; y se archiven los autos definitivamente con conocimiento del juez de la presente causa. SS. Dr. JUAN CARLOS VIDAL MORALES - Presidente Dra. LUISA ESTELA NAPA LÉVANO - Juez Superior y D.D. Dr. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA - Juez Superior

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038. Robo agravado: Sustento de la sentencia condenatoria El hecho punible, debe cumplirse a partir de la configuración razonable de determinadas reglas o criterios de valoración, que permitan trasladar las exigencias de racionalidad a la ponderación de la prueba. PODER JUDICIAL DEL PERÚ Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres “Judicatura digna, democrática e institucional” Expediente Nº 16855-2055 D.D. Dra. Napa Lévano Sentencia

Lima, 8 de enero de 2012 VISTOS: En audiencia pública el proceso penal seguido contra: Helard Jeferson Vega Álvarez; cuyas generales de ley obran en autos, acusado de la comisión del delito contra el Patrimonio –Robo Agravado–, en agravio de Bedermina Cardoza Castillo; RESULTA DE AUTOS: Que, a mérito del Atestado Policial N° 383-05-VIIDIRTEPOL-DPMC-CLV-DEINPOL, de fojas dos y siguientes elaborado por la Comisaría de la Victoria, de fecha quince de agosto del año dos mil cinco, el señor Representante del Ministerio Público formalizó la correspondiente denuncia penal de fecha 15 de agosto de 2005, obrante a fojas veintitrés; la que merituada por el señor juez penal, motivó la expedición de auto de inicio de proceso de fecha 15 de agosto de 2005, dictándose la medida coercitiva personal de Comparecencia Restringida contra el referido acusado. Que, seguido el proceso por el trámite ordinario correspondiente, vencidos los plazos ordinario y extraordinario de instrucción, con el informe final de fojas ciento ochenta y uno, se elevaron los autos a esta Superior Sala Penal, remitiéndose los mismos al Despacho de la señora Fiscal Superior quien emitió su acusación escrita de fojas ciento noventa y dos, por cuyo mérito se emitió el Auto Superior de Enjuiciamiento de fojas doscientos uno, señalándose fecha y hora para la verificación del juicio, el mismo que se ha llevado a cabo en el modo y forma que aparecen

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de las actas que preceden; producida la requisitoria oral de la Representante del Ministerio Público, oído los alegatos de la defensa cuyas conclusiones obran en pliegos separados, ha llegado el momento procesal de dictar sentencia; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: DE LA IMPUTACIÓN: Se desprende de los fundamentos fácticos esgrimidos en la acusación fiscal, que con fecha cinco de agosto del año dos mil cinco a horas siete y cuarenta aproximadamente, en circunstancias que la agraviada transitaba por las intersecciones de los jirones Andahuaylas e Hipólito Unánue en el distrito de la Victoria es interceptada por el acusado, quien ejerciendo violencia e intentando despojarla de sus pertenencias la empujó contra la pared, cayendo esta al pavimento, circunstancia que aprovechó para consumar el hecho y darse a la fuga con su cartera, empero la inmediata intervención policial ameritó su intervención a pocos metros del lugar de los hechos. SEGUNDO: Por los hechos antes descritos y analizados, se abrió instrucción y formuló acusación contra el procesado por el delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo ciento ochenta y ocho - tipo base del Código Penal con la agravante contenida en el numeral uno del segundo párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del mismo texto sustantivo, el mismo que tiene como bien jurídico protegido el Patrimonio –específicamente la posesión de un bien mueble–, pero además, también la libertad, la vida, la integridad física de las personas, hecho que lo configura como un delito compuesto o pluriofensivo; y para los efectos de la tipicidad objetiva, el sujeto activo puede ser cualquier persona, a excepción del propietario; sujeto pasivo puede ser cualquier persona física o jurídica que disfrute de la posesión inmediata del bien mueble, cualquiera que sea el título por el que dispone de dicha facultad. El comportamiento consiste en apoderarse ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentre, empleando violencia contra la persona y amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física; finalmente para los efectos de la tipicidad subjetiva se requiere del dolo; TERCERO: Dentro del marco jurídico de la actividad probatoria, a fojas diez obra la declaración prestada a nivel policial por el acusado Helard Jeferson Vega Álvarez, quien alegando haber estado bajo el efecto de estupefacientes, reconoció ser el autor de la sustracción de la cartera de la agraviada, no obstante, excluye de dicho marco delictivo el empleo de violencia, precisando que solo fue un arrebato, por cuanto dos varones acompañaban a la citada víctima.

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Conformidad parcial que mantuvo a nivel de juicio oral en sesión de fecha ocho de noviembre último, donde precisó además que dado su estado etílico no pudo percatarse con claridad si a consecuencia del arrebato la agraviada sufrió alguna lesión, pero que en todo caso, dada la magnitud del daño, no procedió en dichos términos; extremo que es refutado por la agraviada Bedermina Cardoza Castillo quien tanto en su declaración policial y judicial obrante a fojas nueve y ciento cincuenta y seis respectivamente, refirió que efectivamente, al ser atacada por el acusado, opuso tenaz resistencia a fin de que no le sustraiga sus pertenencias, desencadenando que caiga al pavimento, fracturándose tres costillas dorsales, siendo auxiliada en dichas circunstancias por compañeros de trabajo y policías que la condujeron hacia un centro de salud. CUARTO: A fojas cincuenta y dos corre la declaración testimonial del efectivo policial Gustavo Humberto Osorio Viguria, quien precisó que en circunstancias que el acusado era perseguido por un tumulto de personas, al percatarse de la presencia policial, arroja una cartera de color marrón, motivando con ello se proceda a su inmediata intervención, haciendo su aparición en dichas circunstancias la agraviada quien reconoció a su agresor y fue conducida de emergencia al centro de salud por las lesiones físicas que presentaba. Agregó, que al momento de la captura se evidenció en el acusado síntomas de ingesta alucinógena. QUINTO: A fojas veintidós corre el certificado de incapacidad temporal para el trabajo expedido por el centro asistencial de salud Guillermo Almenara a favor de la agraviada Bedermina Cardoza Castillo, siendo su inicio el día cinco de agosto del dos mil cinco y término el diez de agosto de ese mismo año; documento que guarda relación con el Certificado Médico Legal obrante a fojas ciento sesenta y nueve, practicado a la citada agraviada, donde se precisa que habiéndose tenido a la vista el certificado médico legal número cero tres ocho dos cinco tres - de fecha 9 de agosto de 2005 y el informe médico número ciento veintiuno de fecha 24 de agosto de 2005 expedido por el hospital Guillermo Almenara, se concluye que la afectada presentó fracturas de V y VI arcos costales no desplazadas, que requirieron una atención facultativa de cinco días e incapacidad médico legal de treinta días, SIENDO RELEVANTE DESTACAR EN ESTE EXTREMO que se consigna como fecha de ingreso el día 5 de agosto de 2005.

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SEXTO: A fojas trece corre el acta de registro personal practicado al procesado, se precisa que no se le encontró en posesión de moneda nacional o extranjera, arma blanca o de fuego. SÉTIMO: La libre apreciación razonada de la prueba, que es el sustento del artículo 283 del Código de Procedimientos Penales, reconoce al juez la potestad de otorgar el valor correspondiente a las pruebas, sin directivas legales que lo predeterminen. Desde esa perspectiva es de afirmar que el derecho a la presunción de inocencia exige sobre el particular que las pruebas de cargo, que justifiquen una condena, deben ser apreciadas y valoradas en su conjunto, no pudiendo determinarse la responsabilidad del procesado con base en las presunciones, máxime cuando se trate de delitos sancionados con pena grave. Que, a mayor abundamiento, el hecho punible, debe cumplirse a partir de la configuración razonable de determinadas reglas o criterios de valoración, que permitan trasladar las exigencias de racionalidad a la ponderación de la prueba. OCTAVO: Que, la Corte Suprema de la República, ha establecido con carácter de vinculante las reglas de valoración que han de tomarse en cuenta para determinar el carácter probatorio derivado de la incriminación vertida por la víctima, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones, señalando como garantías de certeza: a) Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. b) Verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. c) Persistencia en la incriminación; esto es, la persistencia de sus afirmaciones en el decurso del proceso(61). NOVENO: Que en el caso juzgado, analizadas y valoradas cada una de las pruebas recogidas durante la investigación preliminar, instrucción y debatidas en el acto oral, tenemos lo vertido de manera invariable por la agraviada, quien narró en detalle el marco de circunstancias que configuró el evento delictivo perpetrado en su contra, extremos que aceptó parcialmente el acusado, desconociendo la agresión física vertida, no obstante, esta última precisó con claridad y uniformidad que en efecto cayó al pavimento cuando este la forzó para apoderarse de su

(61) Acuerdo Plenario N° 2-2005/Cj-116. Fundamento Jurídico Nº 10.

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cartera; por otro lado, si bien las lesiones que sufriera se encuentran probadas con el certificado médico legal de fojas ciento sesenta y dos, debe tenerse en consideración que estas no fueron ocasionadas directamente por el procesado para consumar el hecho, sino que fueron producto de la caída que esta sufrió al momento del forcejeo y la resistencia que ofreció para impedir el robo, la que se ve corroborada con lo sostenido por el efectivo policial Osorio Viguria quien presenció el momento en el que el acusado fugaba llevando consigo una cartera, la cual arrojó al pavimento al percatarse de su presencia, circunstancia que es aceptada íntegramente por este y guarda conexidad con los elementos periféricos ya descritos. Por lo que ha quedado debidamente acreditada la comisión del delito y la responsabilidad penal del acusado a título de autor. DÉCIMO: La pena debe cumplir un fin eminentemente preventivo dentro de la sociedad, facilitando la reconciliación normativa del autor con el orden jurídico, afianzando el respeto de las normas por parte de los ciudadanos, es decir que junto a los fines preventivos y generales positivos, la pena estatal debe buscar un efecto preventivo-especial positivo con el fin de incidir favorablemente en la personalidad del infractor, y cuando esto no fuera posible, debe evitar que la pena desocialize o empeore la situación del culpable. Todo ello supone entender que la pena estatal genera efectos sociales positivos en la medida que respeta y se mantiene dentro de los límites del principio de proporcionalidad; en ese sentido, la misma no puede actuar según las demandas sociales y mediáticas de punibilidad, al margen de la imputación y la culpabilidad del autor, pues dentro de un Estado de Derecho la reacción estatal contra el delito –en especial la determinación judicial de la pena– se funda sobre la base del hecho cometido, sus circunstancias y la culpabilidad del agente; por lo que, habiéndose concluido por la responsabilidad penal del acusado, es menester destacar lo siguiente: a) Que si bien registra una sentencia condenatoria por delito similar en el año dos mil siete, la misma no puede servir de sustento para concluir en que dicho agente es una persona proclive al delito, pues dicha resolución se emitió con posterioridad a la comisión de los hechos juzgados en la actualidad, y a la fecha ya habría operado la rehabilitación automática a la que se contrae el artículo sesenta y nueve del Código Penal, por lo que el citado encausado tiene la condición de agente primario; b) Su conformidad parcial, como atenuante; c) el marco de circunstancias que envolvió la comisión del ilícito; d) Que en el discurrir del hecho delictivo el actor se encontraba bajo la influencia de sustancias tóxicas; e) Que, a pesar de los trastornos psíquicos que viene padeciendo,

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el actor viene forjando impetuosamente su recuperación, conforme se desprende de las instrumentales presentadas oportunamente por la defensa técnica; f) Que siendo así, estando a los fines preventivos, protectores y resocializadores de la pena, la misma debe imponerse en atención a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, que debe ir en consonancia con los indicadores y circunstancias a los que se contraen los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, así como los parámetros doctrinarios establecidos en el acuerdo plenario Nº 5-2008/CJ-116; resultando suficiente la imposición de una pena condicional para sancionar su accionar delictuoso. UNDÉCIMO: Para fijar la reparación civil se deberá considerar lo establecido en el artículo noventa y tres del Código Penal por el que se establece que la misma comprende la restitución del bien o en todo caso, el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, por lo que el monto se deberá fijar de manera prudencial para resarcir el daño sufrido por la parte agraviada. Por estas consideraciones, en aplicación de los artículos veintitrés, veintinueve, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, noventa y dos, noventa y tres, ciento ochenta y ocho como tipo base concordante con las circunstancias agravantes contenidas en el numeral uno del segundo párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal; y los artículos doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales, la PRIMERA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA juzgando los hechos y las pruebas con el criterio de conciencia que la ley autoriza y administrando justicia a nombre de la Nación; FALLA: CONDENANDO a Helard Jeferson Vega Álvarez, como autor del delito contra el Patrimonio –Robo Agravado– en agravio de Bedermina Cardoza Castillo; imponiéndole como tal CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de TRES AÑOS; bajo el cumplimiento de manera personal y obligatoria de las siguientes reglas de conducta: a) No variar de domicilio sin previo aviso del juez de la causa; b) Concurrir al local del juzgado a firmar cada fin de mes el libro de control respectivo y justificar sus actividades, c) No cometer nuevo delito doloso; bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, aplicarse lo dispuesto en el artículo cincuenta y nueve del Código Penal; FIJARON: en la suma de QUINIENTOS NUEVOS SOLES

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el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor de la agraviada; MANDARON: Que, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se expidan los boletines de condena e inscriba donde corresponda; archivándose los autos definitivamente con conocimiento del juez de la presente causa. SS. Dr. JUAN CARLOS VIDAL MORALES - Presidente Dra. LUISA ESTELA NAPA LÉVANO - Juez Superior y D.D. Dr. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA - Juez Superior

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039. Robo agravado: Discrepancias físicas del procesado genera que se declare fundada la cuestión previa Es fundamental tener en cuenta el principio de inmediación que le asiste a todo magistrado, el cual permite que este sea un instrumento valioso para la búsqueda de la verdad en el proceso, es decir viene a ser el poder-deber del magistrado de escuchar y fundamentalmente dialogar con las partes, los letrados, los testigos y demás personas que actúen en el proceso, el cual le permite ponderar no solo las palabras, sino también lo que es más importante las reacciones y gestos, de fundamental importancia para apreciar la verdad o la mentira sobre los hechos en una declaración en audiencia, situación, que sumado a que las características físicas dadas en su momento por el testigo vienen a ser diferentes, no concordando en la estatura, contextura distinta y fundamentalmente en la edad, ya que el encausado al momento de los hechos tenía 45 años de edad como se ha mencionado anteriormente. En consecuencia, procede declarar fundada la cuestión previa deducida por la señora Fiscal Superior anulándose todo lo actuado y dándose por no presentada la denuncia, en el presunto delito contra el Patrimonio - robo agravado. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMERA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS EN CÁRCEL Resolución Nº s/n Expediente Nº 107-2001

Lima, 20 de diciembre de 2012 AUTOS Y VISTOS; Interviniendo como Director de debates el señor doctor Juez Superior Titular Padilla Rojas; conformidad con lo planteado en audiencia de fecha, trece de diciembre del presente año respecto a la cuestión previa y ATENDIENDO: Primero: Que, siendo materia de análisis la Cuestión Previa, en el proceso seguido contra Hugo Nicacio Paz Pérez o Elmer Juan Blas Romero por el

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presunto delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, en agravio del Instituto Tecnológico Superior ITCE, representado por Wilber Bendezú Carpio, Clemente Caira, Hildebrando Arévalo Cotrina, Guillermo Máximo Martínez Urpi y Enmanuel Arturo Torres Fajardo; Segundo: Que de la revisión de autos, se advierte que respecto al presunto procesado Hugo Nicacio Paz Pérez o Elmer Juan Blas Romero, el Ministerio Público formula denuncia con el nombre que ahora se le viene acusando, sin embargo es denotar que en el derrotero del proceso mediante resolución de fecha siete de mayo del año dos mil se le apertura proceso penal con el nombre de Hugo Ignacio Paz Pérez o Elmer Juan Blas Romero, el cual mediante oficios cursados a diversas entidades para así identificar al presunto autor del delito materia de instrucción, se tuvo como respuesta que este no se encuentra registrado con dichos nombres, el cual estando a ello, el Ministerio Público mediante dictamen de fecha catorce de octubre del año dos mil diez obrante de folios 343 a 344, opino se declare fundada de oficio la cuestión previa en la instrucción seguida contra el mencionado procesado, dado a que no se habría individualizado al presunto autor de los hechos, ello en atención al artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, dictamen que conllevó a que la Sala se pronuncie mediante resolución de fecha nueve de diciembre del año dos mil diez, donde declaró improcedente la cuestión previa solicitada por su ministerio, así como ordenó se aclare el auto apertorio de instrucción así como el auto de enjuiciamiento a fin de que se tenga al procesado ausente con el nombre de Hugo Nicacio Paz Pérez o Elmer Juan Blas Romero y que la causa continúe con el trámite que corresponda. TERCERO: Que, estando vigente en ese momento el mandato de detención respecto al procesado ausente Hugo Nicacio Paz Pérez o Elmer Juan Blas Romero, y puesto a disposición por la policía de requisitorias a esta Sala Penal mediante resolución de fecha veinticuatro de setiembre del presente año se dispuso su internamiento señalándose fecha para el inicio del juicio oral para el día martes dieciséis de octubre del mismo año, lo cual llegado la fecha la Sala con base en los fundamentos expuestos por la defensa resolvió declarar procedente dicha solicitud por el de comparecencia restringida. CUARTO: Al respecto, el Ministerio Público en audiencia continuada solicitó nuevamente plantear la cuestión previa a favor del encausado Hugo Nicacio Paz Pérez o Elmer Juan Blas Romero, ello con base en nuevos argumentos suscitados en el acto oral, como son las características físicas dadas por el testigo presencial de los hechos de nombre Enmanuel Arturo Torres Fajardo obrante

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a folios 26, respecto del presunto autor de los hechos, donde refiere que este tendría en el momento en que ocurrió los hechos unos veintitrés años de edad, ser de contextura mediana, cabellos lacios trinchudos, tez trigueña y de un metro sesenta de estatura, características que no corresponden a la del procesado en mención, toda vez que el tribunal por el Principio de Inmediación pudo apreciar que el encausado presente en la audiencia de nombre Hugo Nicacio Paz Pérez o Elmer Juan Blas Romero es una persona de 58 años cumplidos de acuerdo a la ficha de Reniec que obra en autos de folio 77, además de un metro setenta y cinco de estatura, cabello ondeado, tez blanca y contextura delgada, situación que no se ajusta a las características físicas dadas en su momento por el testigo Enmanuel Arturo Torres Fajardo, dado que si se tiene en cuenta todo esto en la fecha de comisión de los hechos veintiocho octubre del año dos mil, la persona del procesado tenía ya 45 años de edad cumplidos, lo que demuestra que es una persona distinta del que debía ser procesado. QUINTO: Ahora, es menester señalar que si bien es cierto esta Superior Sala, ya en un primer momento se pronunció respecto a la solicitud de cuestión previa planteado por la fiscalía, también lo es, que ello lo hizo con base en otros fundamentos, los cual consistieron en el nombre identificatorio del encausado, mas no en estos nuevos argumentos esgrimidos, los cuales están basados en las características físicas del acusado los cuales no corresponderían al autor que cometió el ilícito, sino a persona distinta a este, ello sumado a que en audiencia el acusado ha negado rotundamente haber cometido el delito que se le imputa, ni ser la persona a quien deben procesar. SEXTO: En este sentido, es fundamental tener en cuenta el Principio de Inmediación que le asiste a todo Magistrado, el cual permite que este sea un instrumento valioso para la búsqueda de la verdad en el proceso, es decir viene a ser el poder-deber del magistrado de escuchar y fundamentalmente dialogar con las partes, los letrados, los testigos y demás personas que actúen en el proceso, el cual le permite ponderar no solo las palabras, sino también lo que es más importante las reacciones y gestos, de fundamental importancia para apreciar la verdad o la mentira sobre los hechos en una declaración en audiencia, situación, que sumado a que las características físicas dadas en su momento por el testigo vienen a ser diferentes, no concordando en la estatura, contextura distinta y fundamentalmente en la edad, ya que el encausado al momento de los hechos tenía 45 años de edad como se ha mencionado anteriormente.

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SÉTIMO: Asimismo, se debe tener presente, que las cuestiones previas proceden cuando no concurre un requisito de procedibilidad y pueden plantearse en cualquier estado del proceso, así como también puede resolverse de oficio, por lo que si se declara fundada se anulará todo lo actuado y se dará por no presentada la denuncia. En tal sentido las cuestiones previas se orienta a las preservaciones de la formalidad legal del proceso penal, ya que actúa en cuanto se da inicio a un proceso penal, sin haber cumplido con ciertas condiciones que la ley establece para la persecución de determinados delitos, omisión que determina la nulidad de todo lo actuado. OCTAVO: Por otro lado, cabe mencionar al presente caso el Acuerdo Plenario Nº 7-2006 de carácter vinculante, sobre la Cuestión Previa e Identificación del Imputado, donde se plantea que la cuestión previa basado en que el imputado no se encuentra inscrito en Reniec, o que no se ha consignado el número de documento de identidad, tal planteamiento carece de sustancia o mérito. De igual manera el juez no podrá devolver la denuncia al Fiscal por esa sola causa. Pero si se verifica la inexistencia de datos de identidad, procederá a resolver de oficio la cuestión previa, cuando falten los nombres y apellidos completos, o cuando se ha probado que una persona se identificó con esos nombres y apellidos es falsa o inexistente. NOVENO: Aunado a ello, es insoslayable referirse al Acuerdo Plenario Nº 6-2009/CJ-116, donde se precisa en el sexto fundamento sobre “la acusación fiscal debe cumplir determinados requisitos que condicionan su validez, y que corresponde controlar al órgano jurisdiccional. Con independencia de los presupuestos procesales, cuya ausencia impide al órgano jurisdiccional entrar a examinar el fondo de la pretensión (...), y la legitimación pasiva del acusado, quien desde el Derecho Penal debe tratarse no solo de una persona física viva sino que ha debido ser comprendido como imputado en la etapa de instrucción o investigación preparatoria y, por ende, estar debidamente individualizado. DÉCIMO: Finalmente, estando a la inobservancia de dichos presupuestos expuestos en la presente, lo cual condicionan el ejercicio de la acción penal, y constituyen un obstáculo procesal para el ejercicio de dicha acción, los Órganos Jurisdiccionales pueden resolver mediante una cuestión previa, tomando además como referencia la Legislación antes señalada líneas arriba y estando a que el procesado viene a ser persona distinta a la del mencionado acusado (ausente) no habiéndose con ello podido lograr la identificación del presunto procesado.

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Por estos fundamentos corresponde: DECLARAR: FUNDADA LA CUESTIÓN PREVIA deducida por la señora Fiscal Superior a favor del ciudadano Hugo Nicacio Paz Pérez o Elmer Juan Blas Romero, por ser persona distinta, anulándose todo lo actuado y dándose por no presentada la denuncia, en el presunto delito contra el Patrimonio - robo agravado, en agravio del Instituto Tecnológico Superior ITCE, representado por Wilber Bendezú Carpio, Clemente Caira, Hildebrando Arévalo Cotrina, Guillermo Máximo Martínez Urpi y Enmanuel Arturo Torres Fajardo. ORDENARON: Se oficie para la inmediata ubicación y captura del acusado Elmer Jimmy Jiménez Vargas. DISPUSIERON: el levantamiento de las órdenes de captura emanadas en la presente causa respecto del mencionado ciudadano; y MANDARON: que consentida ejecutoriada que sea la presente resolución se archiven los actuados en el presente proceso en este extremo, con conocimiento del Juez de la acusa; Notificándose. SS. PADILLA ROJAS PEÑA FARFÁN ZAPATA CARBAJAL

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040. Robo agravado: Conclusión anticipada del juicio oral Los procesados en juicio oral libre y espontáneamente han aceptado su participación en el evento ilícito instruido, y se acogen a la ley de conclusión anticipada del juicio oral; y al aceptar los cargos imputados en su contra por el Ministerio Público y su participación en el ilícito penal instruido, se encuentra acreditada su participación en el delito de robo agravado por haber sido perpetrado durante la noche y por más de dos personas; y, acreditada su culpabilidad a título de dolo, son sujeto de reproche penal. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Primera Sala Penal para Procesos con reos en cárcel Expediente Nº 07270-2011 D.D. Meza Walde

Lima, 29 de octubre de 2012 VISTA: en Audiencia Pública la causa penal reservada seguida contra Rolin Magariño Franco (reo en cárcel), Junior Alfonso Rodríguez Ríos (reo en cárcel) y Francisco Roger Carrasco Ancco (reo libre), por delito contra el patrimonio –robo agravado en grado consumado– en agravio de Betsy Vanesa Ames Figueroa; y contra Rolin Magariño Franco por delito contra el patrimonio –robo agravado– en agravio de Juan Carlos Sánchez Espinoza; APARECE DE LO ACTUADO: Que por mérito del Atestado Policial Nº 018-VII-DIRTEPOLDIVTER-S1-CSI-DEINPOL-SEINCRI de fecha tres de abril de dos mil once, que corre de fojas dos y siguientes, el señor Fiscal Provincial formalizó denuncia penal a fojas cuarenta y nueve ampliada a fojas cuatrocientos cuarentidós, y el Juzgado Penal de Turno Permanente emitió el auto de apertura de instrucción de fojas cincuenticuatro, ampliado a fojas cuatrocientos cuarenta y siete, el Tercer Juzgado Penal de Lima, se avocó al conocimiento de la causa por auto de fojas setentiséis; tramitándose la causa fue elevada con el dictamen del señor Fiscal Provincial de fojas trescientos sesenta y ocho ampliado a fojas cuatrocientos ochentiséis y los informes finales del Juzgado Penal de fojas ochocientos setentiséis ampliado a fajas cuatrocientos noventicinco, y elevados que fueron los autos a la Primera Sala Penal para procesos con reos en cárcel de Lima,

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fueron remitidos al despacho Fiscal Superior que emite su dictamen acusatorio a fojas quinientos treintiséis, por su mérito fue emitido el auto superior de enjuiciamiento de fojas quinientos sesentitrés, señalando día y hora para el juicio oral, llevándose a cabo en audiencia pública con las formalidades que la ley procesal penal exige, conforme aparece de las actas que preceden, y al poner en conocimiento de los acusados los cargos formulados en su contra por el Ministerio Público y preguntarles si se acogen a la Ley veintiocho mil ciento veintidós, luego de consultar con su abogado defensor los procesados Rolin Magariño Franco y Junior Alonso Rodríguez Ríos expresaron su voluntad de acogerse a la citada Ley aceptando los cargos formulados en su contra por el Ministerio Público, procediendo su respectivo abogado a expresar conformidad con lo expresado por su patrocinado, y seguidamente a refutar la pena y la reparación civil; con lo cual el Colegiado dio por concluido anticipadamente el juicio oral, quedando la causa expedita para emitir sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: La conclusión anticipada del juicio oral privilegia la aceptación de los cargos por parte del acusado y su defensa, la que resulta ser la titular de esta institución, cuya seguridad –de cara al principio de presunción de inocencia– parte de una instrucción cumplidamente actuada con sólidos elementos de convicción y valorada a efectos de la pretensión acusadora, por el señor Fiscal Superior y luego, por la defensa; así, la conclusión anticipada del juicio oral admite la confesión del acusado como admisión de los cargos obtenidos en la acusación fiscal de cara a la conformidad procesal a efectos de poder fijar la pena con arreglo a los principios de legalidad y proporcionalidad; SEGUNDO: La acusación del Ministerio Público imputa a los procesados Rolin Magariño Franco y Junior Alonso Rodríguez Ríos que con fecha dos de abril de dos mil once, en circunstancias que la agraviada Betsy Vanesa Ames Figueroa se encontraba caminando por inmediaciones de la intersección de las Avenidas Javier Prado y Rivera Navarrete del distrito de San Isidro, fue sorprendida por cuatro sujetos desconocidos, y uno de ellos que vestía vividí, en tono amenazador le pidió su teléfono mientras otro la despojaba de la bolsa de Saga Falabella que contenía diversos productos por lo que se inició un forcejeo, instantes que el celular de la afectada cayó al piso el mismo que fue recogido por un tercer sujeto y seguidamente todos ellos se fueron caminando, siendo auxiliada por un taxista que la llevó hasta un patrullero, quienes iniciaron la búsqueda logrando ubicarlos los intervinieron, y al practicar el registro personal encontraron a Rolin Magariño Franco en poder de un teléfono celular marca motorola Nextel color negro, un teléfono celular marca Nokia color negro con chip 89511, un teléfono celular marca Samsung color negro con chip 06402, una bolsa plástica color negro,

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conteniendo un par de zapatillas, color blanco Reebok sin pasador, una gorra color negro con blanco marca Emp Fashion, una gorra de color crema, Hill La Bong, una mochila de tela color negro con rojo conteniendo un pantalón jean azul marca The Best, un vividi color blanco, un frasco de colonia Coquito; a Junior Alonso Rodríguez Ríos se le halló en poder de la Bolsa de Saga Falabella conteniendo diversos productos, que le habían robado a la agraviada Betsy Vanesa Ames Figueroa, logrando ella recuperar sus bienes conforme es de ver del Acta de fojas veintidós, quien además reconoce plenamente a los procesados con las personas que bajo amenazan y de manera violenta la despojaron de sus pertenencias; de otro lado, por inmediaciones de la Clínica Ricardo Palma ubicada en la Avenida Javier Prado en San Isidro y en momentos que el taxista Juan Carlos Sánchez Espinoza se encontraba en el interior de su vehículo estacionado, fue rodeado por seis sujetos quienes lograron abrir las puertas del carro, amenazándolo de manera violenta le despojaron de un teléfono celular marca Sagen, modelo 5011 valorizado en seiscientos nuevos soles y de dinero en efectivo ascendente a la suma de sesenta nuevos soles; luego del robo el agraviado buscó ayuda llegando hasta donde se encontraba un patrullero en cuyo interior se encontraba la agraviada Ames Figueroa con quienes iniciaron la búsqueda de los autores del robo en su agravio identificando al procesado Rolin Magariño Franco; TERCERO: Que en atención a la aceptación de responsabilidad por parte del procesado, es de apreciar lo preceptuado en el Acuerdo Plenario número cinco guión dos mil ocho barra CJ guión ciento dieciséis –fecha dieciocho de julio del año dos mil ocho, en cuanto señala: a) Que, la conformidad tiene por objeto la culminación del proceso –en concreto del juicio oral– a través de un acto unilateral del imputado y su defensa de reconocer los hechos objeto de imputación concretados en la acusación fiscal, y aceptar las consecuencias jurídico penales y civiles correspondientes; b) Que, por lo tanto, la determinación de la responsabilidad, –tanto penal como civil, de los procesados, ya no se configura más a partir de la actividad probatoria; ya que los hechos en este caso vienen definidos, sin ingerencia de la Sala sentenciadora, por la acusación– al haberse producido la aceptación de los cargos por parte de los procesados y su respectivas defensas; y, c) Que, en consecuencia, la Sentencia solo puede apreciar la libertad, la voluntariedad, la plena capacidad, y, el conocimiento racional e informado por parte del acusado de la naturaleza de la acusación que acepta, de la limitación o restricción de sus derechos e intereses legítimos, derivados de su declaración de culpabilidad y de la consiguiente imposición de una sanción penal y reparación civil; asimismo, el citado Acuerdo Plenario expresa que es inaceptable que el Tribunal

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se pronuncie sobre la no presencia de pruebas, pues la conformidad del acusa o supone que ha quedado fijado el elemento fáctico, desde que el imputado expresamente aceptó los cargos y renunció a su derecho a la presunción de inocencia, a la exigencia de prueba de cargo por la acusación y a un juicio contradictorio; pues ello provocaría una indefensión a las partes frente al Tribunal sentenciador por introducir un tema que no fue objeto de discusión y rebasar la vinculación fáctica que la institución de conclusión anticipada del juicio oral importa; CUARTO: Los procesados Rolin Magariño Franco y Junior Alonso Rodríguez Ríos en juicio oral libre y espontáneamente ha aceptado su participación en el evento ilícito instruido, y se acogen a la ley de conclusión anticipada del juicio oral; y al aceptar los cargos imputados en su Contra por el Ministerio Público y su participación en el ilícito penal instruido, se encuentra acreditada su participación en el delito de robo agravado por haber sido perpetrado durante la noche y por más de dos personas; y, acreditada su culpabilidad a título de dolo, son sujeto de reproche penal; QUINTO: Que para los efectos de la determinación de la pena a imponer se tiene en consideración los principios de legalidad y proporcionalidad; la forma y circunstancias en que ocurrieron los hechos, el grado de participación del sujeto activo, así como también sus condiciones personales, sus carencias sociales, que el acusado Junior Alonso Rodríguez Ríos es agente primario, dado que de su boletín condenas que corre a fojas doscientos veintiséis aparece que no registra anotaciones, y, asimismo, respecto de este acusado es del caso advertir que de acuerdo a su partida de nacimiento que corre a fojas trescientos tres, a la fecha de los hechos era menor de veintiún años y mayor de dieciocho, por lo que al tener la calidad de imputable restringido le es aplicable el artículo veintidós del Código Penal, así como también le es aplicable el artículo ciento treintiséis del Código de Procedimientos Penales en razón de haberse acogido a la confesión sincera a lo largo del proceso, expresada en sus peticiones presentadas ante el Juzgado, constituyendo los dispositivos legales citados atenuante que permite la rebaja de la pena incluso por debajo del mínimo legal para el tipo penal instruido; de otro lado el procesado Rolin Magariño Franco registra una condena a pena efectiva que le fuera impuesta por delito contra el patrimonio como se aprecia de su boletín de condenas que corre a fojas doscientos veintisiete, siendo que el Ministerio Público no ha invocado el artículo cuarentiséis ni en su acusación escrita, ni al momento de hacer conocer los cargos y pena solicitada al precitado encausado; y además este procesado se ha acogido a la confesión sincera aceptando en juicio oral los cargos imputados en su contra, siendo aplicable a su caso el artículo ciento treintiséis del Código de Procedimientos Penales; y asimismo para ambos le resulta aplicable el beneficio premial

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que conlleva la Ley veintiocho mil ciento veintidós, así como los fines de resocialización de la pena, que serán valorados para graduar la pena a imponer; SEXTO: Que para los efectos de establecer el quántum de la reparación civil se debe tener en consideración no solo el desmedro patrimonial, y la afectación psicológica ocasionada a la parte agraviada, de modo tal, que el monto de la reparación civil satisfaga los fines resarcitorios que le son propios conforme al ordenamiento jurídico penal; SÉTIMO: Y, habiéndose declarado inocente el procesado Francisco Roger Carrasco Ancco, es del caso proseguir el juicio oral en su contra conforme lo establece el inciso cuarto del artículo quinto de la Ley veintiocho mil ciento veintidós; POR TALES FUNDAMENTOS y en aplicación de los artículos once, doce, veintidós, veinte y tres, cuarenta y cinco, noventa y dos, noventa y tres, ciento ochenta y ocho, en su tipo base y las agravantes de los incisos dos y cuatro del primer párrafo del Código Penal, en concordancia con los artículos ciento treinta y seis, doscientos ochenta y tres, doscientos ochenta y cinco y doscientos ochenta y seis del Código de Procedimientos Penales, y la Ley veintiocho mil ciento veintidós, LA PRIMERA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS EN CÁRCEL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, administrando justicia a nombre de la Nación, FALLA: CONDENANDO a Rolin Magariño Franco y a Junior Alonso Rodríguez Ríos por la comisión de delito contra el patrimonio –robo agravado en grado consumado– en agravio de Betsy Vanesa Ames Figueroa; y a Rolin Magariño Franco por delito contra el patrimonio –robo agravado– en agravio de Juan Carlos Sánchez Espinoza; IMPUSIERON OCHO AÑOS de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD a Rolin Magariño Franco la que computada desde el dos de abril de dos mil once, vencerá el primero de abril de dos mil diecinueve; e IMPUSIERON CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD a Junior Alfonso Rodríguez Ríos, la misma que es suspendida CONDICIONALMENTE por el periodo de prueba de TRES AÑOS, bajo la observancia de las siguientes reglas de conducta: a) No ausentarse del lugar de su domicilio sin previo conocimiento al juez de origen; b) Concurrir cada sesenta días al juzgado a fin de justificar sus actividades y colocar su huella en el biométrico para el control respectivo; y c) Respetar con mayor celo el patrimonio ajeno; bajo apercibimiento de revocarle la condicionalidad de la pena impuesta por pena efectiva a cumplir en la cárcel pública conforme a lo dispuesto por el numeral cincuenta y nueve del Código Penal; FIJARON: en la suma de MIL NUEVOS SOLES el monto que por concepto de reparación civil abonarán los sentenciados en forma solidaria a favor de la agraviada Betsy Vanesa Ames Figueroa, y en la suma MIL NUEVOS SOLES que abonará el sentenciado

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Rolin Magariño Franco a favor del agraviado Juan Carlos Sánchez Espinoza; ORDENARON la inmediata libertad de Junior Alfonso Rodríguez Ríos, la que se efectivizará siempre y cuando no exista en su contra orden de detención emanada de otra autoridad competente; DISPUSIERON la prosecución del proceso penal contra Francisco Roger Carrasco Ancco conforme a lo establecido en la Ley veintiocho mil ciento veintidós; MANDARON: Que consentida y/o ejecutoriada que sea la presente, leída en acto público, se inscriba en el Registro respectivo, expidiéndose los boletines y testimonios de condena y archivándose definitivamente los de la materia, previos los trámites a que se contrae el artículo trescientos treinta y siete del Código de Procedimientos Penales; con aviso al Juez de la causa. SS. Ramiro Salinas Siccha - Presidente Rita Meza Walde - Juez Superior D.D. Josefa Ízaga PellegrÍn - Juez Superior

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041. Robo agravado: Conclusión anticipada del juicio oral El acusado al prestar su manifestación policial como su declaración instructiva si bien acepta su responsabilidad penal en la comisión del evento delictivo, no reconoce las circunstancias que lo enmarcaron, tal como su rol participativo, la violencia ejercida contra el agraviado, y el despojo de la suma de ochenta nuevos soles, precisando para esos efectos que sus coencausados fueron los que abordaron y sustrajeron las pertenencias del agraviado consistentes en cinco nuevos soles, no empleándose violencia para su materialización y que solo visualizaba lo ocurrido; sin embargo, al concurrir al acto de juzgamiento luego de escuchar los cargos materia de imputación, así como la pena y reparación civil solicitada, reconoce en su integridad los hechos materia de juzgamiento así como su responsabilidad civil; manifestando sinceridad y arrepentimiento, acogiéndose a los beneficios de la Conclusión Anticipada del Proceso, ley número veintiocho mil ciento veintidós, por lo que el Colegiado dio por concluido el debate aceptando su conformidad procesal. Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres “Judicatura digna, democrática e institucional” Expediente Nº 36644-2008 D.D. Dra. Napa Lévano Sentencia CONCLUSIÓN ANTICIPADA

Lima, 7 de agosto de 2012 VISTOS: En audiencia pública el proceso penal seguido contra Abel Díaz Campos y Robert Blas Asparrín Vargas (Reo Contumaz); cuyas generales de ley obran en autos, acusado de la comisión del delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Martiniano Grijalva Ychpas. FLUYE DE AUTOS: Que, en mérito al Atestado número quinientos cuarenta y uno -VII-DIRTEPOLL/DIVTERdos-JDSA-EA-CSA-SIC, que corre en autos a

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fojas dos y siguientes, el señor Fiscal Provincial, formalizó denuncia penal (fojas cuarenta a cuarenta y uno), dictamen que merituado por el señor Juez Penal, motivó la expedición de auto de inicio de proceso de fecha 9 de agosto de 2008 (fojas cuarenta y cuatro a cuarenta y siete); que tramitada la causa dentro de los cánones procesales de su naturaleza ordinaria y vencido el plazo de instrucción, los autos fueron remitidos al señor Fiscal Provincial, quien emite su dictamen final de fojas ciento once a ciento doce, por cuyo mérito el señor juez del décimo sexto juzgado penal de Lima, emite su informe final de fojas ciento diecisiete a ciento dieciocho; puesto los autos de manifiesto a las partes procesales dentro del término de ley, los mismos fueron elevados a esta superior Sala Penal, que se avoca al conocimiento y remite la instrucción a vista de la señora Fiscal, quien emite su Dictamen Acusatorio de fojas ciento cincuenta y uno a ciento cincuenta y cinco, dictándose al mérito de su evaluación el correspondiente Auto Superior de Enjuiciamiento de fojas ciento sesenta y uno, señalándose fecha y hora para la verificación del juicio oral; no obstante ello, se les reservó el proceso en mérito a sus reiteradas inconcurrencias; que siendo puesto a disposición de la Sala en condición de detenido el acusado Abel Díaz Campos, se procedió a su juzgamiento, exhortándolo para efectos que declare con la verdad, habiéndose puesto en su conocimiento los alcances a los que se contrae el artículo quinto de la Ley veintiocho mil ciento veintidós, el mismo previa consulta con su abogada reconoció ser autor del hecho que se le imputa y responsable de la Reparación Civil, acogiéndose bajo los términos de la referida ley; por lo que, con la conformidad manifestada por su defensa y la señora representante del Ministerio Público, se declaró la Conclusión Anticipada de los debates orales, quedando la causa expedita para dictar sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: El marco de imputación contenido en dictamen acusatorio estriba en que con fecha 8 de agosto de 2008 a horas diez y treinta de la mañana aproximadamente, en circunstancias que el agraviado Martiniano Grijalva Ychpas transitaba por inmediaciones de la cuadra seis de la avenida Los Eucaliptos en el distrito de Santa Anita con dirección a su domicilio, fue interceptado por el procesado Asparrín Vargas quien lo cogió del cuello, facilitando que el acusado Díaz Campos y el sentenciado Calderón Ríos le hurgaran los bolsillos de su casaca y pantalón, arrojándolo al pavimento, y despojándolo de ochenta nuevos soles, para luego lanzarle su billetera conteniendo su documento de identidad y emprender la fuga, sin embargo fueron posteriormente intervenidos a mérito del auxilio prestado por personal de serenazgo a la víctima.

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SEGUNDO: El marco normativo por el que se procesa a los acusados, es el artículo ciento ochenta y ocho como tipo base con la circunstancia agravante descrita en el inciso dos del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal. TERCERO: Al respecto, el acusado Abel Díaz Campos, tanto al prestar su manifestación policial de fojas doce, como su declaración instructiva de fojas cincuenta y cinco, si bien acepta su responsabilidad penal en la comisión del evento delictivo, no reconoce las circunstancias que lo enmarcaron, tal como su rol participativo, la violencia ejercida contra el agraviado, y el despojo de la suma de ochenta nuevos soles, precisando para esos efectos que sus coencausados fueron los que abordaron y sustrajeron las pertenencias del agraviado consistentes en cinco nuevos soles, no empleándose violencia para su materialización y que solo visualizaba lo ocurrido; sin embargo, al concurrir al acto de juzgamiento luego de escuchar los cargos materia de imputación, así como la pena y reparación civil solicitada, reconoce en su integridad los hechos materia de juzgamiento así como su responsabilidad civil; manifestando sinceridad y arrepentimiento, acogiéndose a los beneficios de la Conclusión Anticipada del Proceso, ley número veintiocho mil ciento veintidós, por lo que el Colegiado dio por concluido el debate aceptando su conformidad procesal. CUARTO: Que aunado a lo ya vertido en el considerando precedente, tenemos el relato de hechos proporcionado por el agraviado Martiniano Francisco Grijalva Ychpas, quien tanto en su manifestación policial de fojas ocho como su preventiva de fojas noventa y cinco, narra la forma y circunstancias que enmarcaron la configuración del evento delictivo, describiendo el accionar de cada uno de sus autores, precisando en ese sentido que el procesado Reo Contumaz Asparrín Vargas lo coge fuertemente del cuello, inmovilizándolo, facilitando que el acusado Díaz Campos y el sentenciado Calderón Ríos, le hurgaran sus pertenencias, y le sustraigan la suma dineraria de ochenta nuevos soles. QUINTO: El aspecto sustancial de la institución de la conformidad, tal como está regulado en la citada ley, tiene por objeto la pronta culminación del proceso –en concreto, del juicio oral– a través de un acto unilateral del imputado y su defensa de reconocer los hechos de imputación concretados en la acusación fiscal y aceptar las consecuencias jurídico-penales y civiles correspondientes; siendo que este acto procesal unilateral, importa una renuncia a la actuación de pruebas y a un juicio público, lo que significa que los hechos vienen definidos,

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sin injerencia de la Sala sentenciadora, por la acusación con la plena aceptación del imputado y su defensa. SEXTO: Que, para efectos de la graduación de la sanción, debe tenerse en cuenta el Acuerdo Plenario número siete guión dos mil siete / CJ guión uno seis del Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil siete; que en el punto octavo consigna expresamente “(...) Al respecto, se tiene presente, como reconoce la doctrina y la jurisprudencia nacional, el principio de proporcionalidad o de prohibición en exceso, incorporado, positivamente en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, en cuya virtud: “(...) la pena debe ser adecuada al daño ocasionado por el agente, según el grado de culpabilidad y el perjuicio socialmente ocasionado”. Por consiguiente, es función del órgano jurisdiccional ejercitar y desarrollar con mayor énfasis la proporcionalidad concreta de la pena. En consecuencia, desde esta perspectiva, es necesario adecuar la cantidad y la calidad de la pena al daño causado a la víctima, al perjuicio que con el delito se infringe a la sociedad y al grado de culpabilidad. En tal sentido, y en atención a lo expuesto, la Sala evalúa para estos efectos la forma y circunstancias en que se desarrolló el evento delictivo; así como las condiciones personales del acusado; siendo esto así, se tiene en consideración: a) Que el acusado Abel Díaz Campos, no obstante haber negado tanto a nivel preliminar como investigación judicial el marco de circunstancias inherente al evento delictivo perpetrado; iniciado que fuere el juicio oral, en forma voluntaria y espontánea reconoció en su integridad los cargos materia de imputación - conformidad procesal, mostrando arrepentimiento. b) Que al momento de la comisión del evento delictivo (8 de agosto de 2008), el acusado contaba con dieciocho años de edad, conforme se desprende de la ficha de identificación de la Reniec que corre a fojas doscientos cuatro, asistiéndole en tal virtud la responsabilidad restringida a la que se contrae el artículo veintidós del Código Penal. c) Que no registra antecedentes penales ni judiciales, conforme se desprende de los certificados que obran a fojas ochenta y cuatro y ochenta y nueve respectivamente. d) La pluralidad de agentes que intervino en la comisión del evento delictivo.

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e) Que, el agraviado en la narración de los hechos no refiere haber sido lesionado o haber sufrido un daño que hubiere puesto en peligro inminente su integridad física. f) Que siendo así, estando a los fines preventivos, protectores y resocializadores de la pena, la misma debe imponerse en atención a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, que debe ir en consonancia con los indicadores y circunstancias a los que se contraen los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, así como los parámetros doctrinarios establecidos en el acuerdo plenario Nº 5-2008/CJ-116; resultando suficiente la imposición de una pena condicional para sancionar su accionar delictuoso. SÉTIMO: Que, con respecto a la reparación civil conforme lo prescribe el artículo noventa y tres del Código Penal, esta tiene como fin la restitución del bien y en caso de no ser posible, el pago de su valor, así como la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, la misma que deberá fijarse partiendo del principio de autoresponsabilidad, por el cual se asume que quien causa un daño debe responder por sus actos. En ese sentido, el monto indemnizatorio debe fijarse prudencialmente. Por las consideraciones anotadas y estando a lo dispuesto por los artículos diez, once, doce, veintidós, veintitrés, veintiocho, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, noventa y dos, noventa y tres, ciento ochenta y ocho como tipo base con la circunstancia agravante descrita en el inciso dos del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal; así como, los artículos doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales en concordancia con la Ley veintiocho mil ciento veintidós; la PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, juzgando los hechos reconocidos por los acusados y administrando Justicia a Nombre de la Nación, FALLA: CONDENANDO a Abel Díaz Campos, identificado con documento nacional de identidad número cuatro seis cinco dos dos cinco seis cero, nacido en Lima el cinco de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, hijo de don Antonio y doña Juana, como autor del delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Martiniano Grijalva Ychpas, y como tal le impusieron TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de DOS AÑOS; bajo el cumplimiento de manera personal

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y obligatoria de las siguientes reglas de conducta: a) No variar de domicilio sin previo aviso del juez de la causa; b) Concurrir al local del juzgado a firmar cada fin de mes el libro de control respectivo y justificar sus actividades, c) No cometer nuevo delito doloso; bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, aplicarse lo dispuesto en el artículo cincuenta y nueve del Código Penal; DISPUSIERON: que el monto de la Reparación Civil, se mantenga en los términos establecidos por la sentencia de fecha diecisiete de junio del año dos mil once, obrante a fojas ciento noventa y cinco, esto es, seiscientos nuevos soles que deberán abonar en forma solidaria los sentenciados Rooz Iván Calderón Ríos y Abel Díaz Campos, a favor del agraviado; RESERVARON EL PROCESO contra el acusado Robert Blas Asparrín Vargas, hasta que sea habido y puesto a disposición del Colegiado para su juzgamiento, debiendo reiterarse los oficios de captura en forma periódica; MANDARON: Que, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se expidan los boletines de condena se inscriba donde corresponda; levantándose las órdenes de captura dictadas contra el sentenciado Abel Díaz Campos, archivándose los autos definitivamente con conocimiento del Juez de la presente causa. SS. Dr. JUAN CARLOS VIDAL MORALES - Presidente Dra. LUISA ESTELA NAPA LÉVANO - Juez Superior y D.D. Dr. JORGE OCTAVIO BARRETO HERRERA - Juez Superior

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042. Robo agravado: Conclusión anticipada del juicio oral Al concurrir el acusado al acto de juzgamiento luego de escuchar los cargos materia de imputación, así como la pena y reparación civil, reconoció su autoría en el robo agravado materia de juzgamiento así como su responsabilidad civil; manifestando arrepentimiento, acogiéndose a los beneficios de la Conclusión Anticipada del Proceso, Ley número veintiocho mil ciento veintidós, por lo que el Colegiado dio por concluido el debate aceptando su allanamiento. Expediente N° 6453-2009 D.D. Dra. NAPA LÉVANO Sentencia: Conclusión anticipada

Lima, 21 de junio de 2012 VISTOS: En audiencia pública el proceso penal seguido contra Juan Ángel Corman Atachahua; cuyas generales de ley obran en autos, acusado de la comisión del delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Franklin Raúl Apolaya Jurado. FLUYE DE AUTOS: Que, en mérito al Atestado número cero cuarenta y siete - cero nueve -VII - DTL/DIVTER CENTRO-CC-DEINPOL, que corre en autos de fojas dos a quince, la señora Fiscal Provincial, formaliza denuncia penal contra Juan Ángel Corman Atachahua (fojas dieciséis a diecisiete), dictamen que merituado por el señor Juez Penal, motivó la expedición de auto de inicio de proceso de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil nueve (fojas dieciocho a veintiuno); que tramitada la causa dentro de los cánones procesales de su naturaleza Ordinaria y vencido el plazo de instrucción, los autos fueron remitidos a la señora Fiscal Provincial Penal, quien emite su dictamen final de fojas setenta y seis a setenta y ocho y su complemento de fojas ciento veintiocho, por cuyo mérito el señor juez del Trigésimo Juzgado Penal de Lima, emite su informe final de fojas ochenta y seis y su ampliación de fojas ciento treinta y uno a ciento treinta y dos; puesto los autos de manifiesto a las partes procesales dentro del término de ley, los mismos fueron elevados a esta superior Sala Penal, que se avoca al conocimiento y remite la instrucción a vista de la señora Fiscal

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superior, que emite su dictamen acusatorio de fojas ciento cuarenta y uno a ciento cuarenta y cuatro, dictándose al mérito de su evaluación el correspondiente Auto Superior de Enjuiciamiento de fojas ciento cincuenta y dos, señalándose fecha y hora para la verificación del juicio oral; por lo que se procedió a su juzgamiento, exhortando al acusado para efectos que declare con la verdad, habiéndose puesto en su conocimiento los alcances a los que se contrae el artículo quinto de la Ley veintiocho mil ciento veintidós, el mismo previa consulta con su abogado reconoció ser autor del hecho que se le imputa y responsable de la Reparación Civil, acogiéndose bajo los términos de la referida ley; por lo que, con la conformidad manifestada por su defensa y la señora representante del Ministerio Público, se declaró la Conclusión Anticipada de los debates orales, quedando la causa expedita para dictar sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el marco normativo por el que se procesa al acusado, según la acusación fiscal, es el artículo ciento ochenta y ocho como tipo base, con la agravante descrita en los incisos cuatro y siete del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, modificado por el artículo segundo de la Ley veintiocho mil novecientos ochenta y dos. SEGUNDO: Que, conforme se desprende de la fundamentación fáctica contenida en el dictamen acusatorio, aparece que con fecha veintitrés de febrero del año dos mil nueve, siendo las doce horas aproximadamente, en circunstancias que el agraviado Franklin Raúl Apolaya Jurado transitaba por las inmediaciones de la Avenida Abancay con el jirón Montevideo en el Cercado de Lima, es interceptado por el acusado, quien de manera conjunta con dos individuos no identificados le sustrajeron del bolsillo de su pantalón su celular marca Nokia y su billetera; siendo auxiliado por efectivos policiales que lograron reducir al acusado cuando este pretendía huir. TERCERO: Al respecto, el acusado Juan Ángel Corman Atachahua al prestar su manifestación policial de fojas nueve, con el único propósito de eludir su responsabilidad negó su participación en los hechos incriminados, aduciendo haber sido intervenido en circunstancias que corría presuroso a coger el bus que lo llevaría a la casa de su tío; no obstante, al ser detenido y puesto a disposición del juzgado, en la continuación de su declaración instructiva de fojas ciento veintitrés, aceptó haber estado en compañía de su amigo a quien solo identificaba como Cánepa, negándose a proporcionar sus datos personales, quien en un momento dado le dijo que no tenía dinero, proponiéndole “laburar”, que debido a ello aceptó circunstancialmente ayudarlo, es por ello que al ver

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al agraviado que se encontraba comunicándose con su teléfono celular en una cabina acompañado de una dama, su citado amigo le arrebató el teléfono dándose ambos a la fuga, reiterando que solo intervinieron los dos y no tres como pretende hacer aparecer el agraviado. CUARTO: Que, en efecto el agraviado coincide en parte con lo manifestado por el acusado; no obstante insiste que fue cogoteado por uno de los sujetos, y que el celular le fue sustraído del bolsillo de su pantalón, reconociendo al acusado como uno de los partícipes del hecho sin indicar su accionar en particular, insistiendo que fueron tres los sujetos que lo asaltaron; no habiendo concurrido judicialmente a ratificar o rectificar su dicho, pese a que fue debidamente notificado. QUINTO: Que, al concurrir el acusado al acto de juzgamiento luego de escuchar los cargos materia de imputación, así como la pena y reparación civil, reconoció su autoría en el evento delictivo materia de juzgamiento así como su responsabilidad civil; manifestando arrepentimiento, acogiéndose a los beneficios de la Conclusión Anticipada del Proceso, Ley número veintiocho mil ciento veintidós, por lo que el Colegiado dio por concluido el debate aceptando su allanamiento. SEXTO: El aspecto sustancial de la institución de la conformidad, tal como está regulado en la citada ley, tiene por objeto la pronta culminación del proceso –en concreto, del juicio oral– a través de un acto unilateral del imputado y su defensa de reconocer los hechos de imputación concretados en la acusación fiscal y aceptar las consecuencias jurídico-penales y civiles correspondientes; siendo que este acto procesal unilateral, importa una renuncia a la actuación de pruebas y a un juicio público, lo que significa que los hechos vienen definidos, sin injerencia de la Sala sentenciadora, por la acusación con la plena aceptación del imputado y su defensa. SÉTIMO: Que, para efectos de la graduación de la sanción, debe tenerse en cuenta el Acuerdo Plenario número siete guión dos mil siete / CJ guión uno seis del Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil siete; que en el punto octavo consigna expresamente “(...) Al respecto, se tiene presente, como reconoce la doctrina y la jurisprudencia nacional, el principio de proporcionalidad o de prohibición en exceso, incorporado, positivamente en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, en cuya virtud: ‘(...) la pena debe ser adecuada al daño ocasionado por el agente, según el grado

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de culpabilidad y el perjuicio socialmente ocasionado’”. Por consiguiente, es función del órgano jurisdiccional ejercitar y desarrollar con mayor énfasis la proporcionalidad concreta de la pena. En consecuencia, desde esta perspectiva, es necesario adecuar la cantidad y la calidad de la pena al daño causado a la víctima, al perjuicio que con el delito se infringe a la sociedad y al grado de culpabilidad. En tal sentido, y en atención a lo expuesto, la Sala evalúa para estos efectos la forma y circunstancias en que se desarrolló el evento delictivo; así como las condiciones personales del acusado; siendo esto así, en relación al acusado Juan Ángel Corman Atachahua, se tiene en consideración: Que no obstante haber negado su participación en el evento delictivo a nivel preliminar, el acusado ha reconocido su participación a nivel de instrucción, ratificando dicha postura, iniciado que fuere el juicio oral, cuando en forma voluntaria y espontánea se allanó a los cargos materia de imputación –conformidad procesal– mostrando arrepentimiento. Que no registra antecedentes penales ni judiciales, conforme se advierte de los certificados que corren a fojas setenta y doscientos cuarenta y cuatro, teniendo consecuentemente la condición de agente primario; Que, el agraviado en la narración de los hechos no refiere haber sido lesionado o haber sufrido un daño que hubiere puesto en peligro inminente su integridad física. Su edad, toda vez que al momento de la comisión de los hechos si bien no tenía responsabilidad restringida, contaba con veintiún años de edad; por lo que, dada su juventud merece se le conceda una oportunidad; que siendo así, estando a los fines preventivos, protectores y resocializadores de la pena, la misma debe imponerse en atención a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, que debe ir en consonancia con los indicadores y circunstancias a los que se contraen los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, así como los parámetros doctrinarios establecidos en el Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116; por lo que, una pena condicional resulta suficiente para sancionar su accionar delictuoso, permitiendo su resocialización. OCTAVO: Que, con respecto a la reparación civil conforme lo prescribe el artículo noventa y dos del Código Penal, esta tiene como fin la restitución del bien y en caso de no ser posible, el pago de su valor, así como la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, la misma que deberá fijarse partiendo del principio de auto responsabilidad, por el cual se asume que quien causa un

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daño debe responder por sus actos. En ese sentido, el monto indemnizatorio debe fijarse prudencialmente. Por las consideraciones anotadas y estando a lo dispuesto por los artículos diez, once, doce, veintitrés, veintiocho, cuarenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, noventa y dos, noventa y tres, ciento ochenta y ocho como tipo base, con la agravante descrita en los incisos cuatro y siete del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal vigente; así como, los artículos doscientos ochenta y tres, doscientos ochenta y cinco y doscientos ochenta y seis del Código de Procedimientos Penales en concordancia con la Ley veintiocho mil ciento veintidós; la PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, juzgando los hechos reconocidos por el acusado y administrando Justicia a Nombre de la Nación, FALLA: CONDENANDO a Juan Ángel Corman Atachahua, identificado con Documento Nacional de Identidad número cuatro cinco cinco seis tres cuatro siete cero, nacido el veinticuatro de junio de mil novecientos ochenta y siete, natural de Lima, hijo de Mario y Faustina, con grado de instrucción secundaria incompleta, de estado civil soltero, sin antecedentes penales ni judiciales; como autor de delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Franklin Raúl Apolaya Jurado, y como tal le impusieron cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de tres años; bajo el cumplimiento de manera personal y obligatoria de las siguientes reglas de conducta: a) No variar de domicilio sin previo aviso del Juez de la causa; b) Concurrir al local del Juzgado a firmar cada fin de mes el libro de control respectivo y justificar sus actividades, c) No cometer nuevo delito doloso; bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, aplicarse lo dispuesto en el artículo cincuenta y nueve del Código Penal; FIJARON: en la suma de quinientos nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor del agraviado; MANDARON: Que, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se expidan los boletines de condena se inscriba donde corresponda; y se archiven los autos definitivamente con conocimiento del Juez de la presente causa. SS. Dr. JUAN CARLOS VIDAL MORALES - Presidente Dra. LUISA ESTELA NAPA LÉVANO - Juez Superior y D.D. Dr. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA - Juez Superior

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043. Robo agravado a mano armada y en concurrencia de dos o más personas: Acreditación de la complicidad Se encuentra debidamente establecido el delito contra el patrimonio –robo agravado–, previsto y penado en el artículo ciento ochenta y ocho en su tipo base, con las agravantes de los incisos tres, cuatro y cinco del Código Penal, y de tal modo se encuentra suficientemente acreditada la participación del acusado en calidad de cómplice primario, debido a que ha sido trascendental para la realización del ilícito penal; en mérito a los testimonios y los videos visualizados demuestran que el citado procesado vio cómo los sujetos ingresaron y redujeron por la fuerza a los empleados y cajeras de la pollería agraviada, justo en horario de cierre de caja, quedando así acreditado que fue el citado procesado quien brindó la información necesaria y que además conocía de la incursión de los sujetos que ingresaron con armas de fuego a robar a la pollería agraviada; y el vínculo del procesado con los asaltantes queda evidenciado desde que estando presente y siendo espectador de cómo maniataban a la cajera, y cómo redujeron, maniataron y ataron de pies y manos a todos los empleados que cruzaron su camino, al procesado no le hicieron absolutamente nada, siendo evidente su presencia y que observaba el comportamiento de los sujetos asaltantes; argumentos que en su conjunto nos llevan a determinar la culpabilidad del procesado en el injusto incriminado como cómplice primario, siendo por tanto pasible de reproche penal. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel Expediente Nº 09462-2011 D.D. Meza Walde Sentencia

Lima, 20 de diciembre de 2012

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VISTOS: En Audiencia Pública la causa penal seguida contra Gustavo Fernando Fernández Urdiales (reo en cárcel) por delito contra el patrimonio – robo agravado en grado consumado– en agravio de la pollería “Las Canastas”; APARECE DE LO ACTUADO: Que por mérito del Atestado N° 46-10-DIRINCRI-PNP-DIVINCRI SURCO-DPTO.ROBOS de fecha veintinueve de abril de dos mil once; que corre de fojas uno y siguientes, fue formalizada la denuncia penal de fojas ciento cuarenta y cuatro, por cuyo mérito el Juzgado Penal emite el correspondiente auto de procesamiento de fojas ciento cuarenta y nueve; AVOCÁNDOSE al conocimiento del proceso penal el Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de Lima, como se ve a fojas ciento sesenta y nueve; que tramitada la causa según su naturaleza ordinaria, emitidos los informes del señor Fiscal Provincial de fojas trescientos sesenta y cuatro, y del A Quo de fojas trescientos sesenta y siete, fueron levados los autos a esta Superior Sala Penal, remitiéndose los mismos a la Vista de la Fiscalía Superior, emite su acusación escrita de fojas trescientos noventa y cuatro, por lo que esta Superior Sala emite el Auto Superior de Enjuiciamiento de fojas cuatrocientos diecisiete, señalando día y hora para llevar adelante la Audiencia Pública, la que se ha llevado conforme a las formalidades que establece el ordenamiento jurídico procesal penal, y luego de oir la acusación oral de la señora Fiscal Superior Adjunto, así como los alegatos de defensa, luego de recibidas sus conclusiones por escrito y por separado, fueron formuladas, discutidas y votadas las cuestiones de hecho, quedando la causa expedita para dictar sentencia; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el proceso judicial en tanto debido proceso legal, es el instrumento necesario para la obtención de la tutela judicial por parte del órgano jurisdiccional constitucionalmente señalado para dicho efecto, a partir del cumplimiento de sus principales finalidades y en la oportunidad correspondiente, según se desprende del artículo ciento treinta y nueve, inciso tercero de la Constitución; de ahí que la actividad jurisdiccional requiere, que los destinatarios de la misma tengan el derecho a conocer las razones de una decisión dentro de un proceso judicial; es así que, el Juez debe “mostrar” sus resoluciones, fundamentarlas en aspectos jurídicos y fácticos, porque el juez está en la obligación no solo de decidir, sino también de justificar las razones legales de su decisión, por tanto el proceso de argumentación y sustentación de su respuesta legal, implica necesariamente un acto comunicativo cristalizado en la sentencia judicial, en aras de la seguridad jurídica, en atención a que constituye garantía de la administración de justicia, la motivación de las decisiones judiciales, en razón de que los destinatarios (justiciables) de la misma tienen el derecho a conocer las razones de una decisión dentro de un proceso judicial; SEGUNDO: Que, en materia penal para la

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imposición de una sentencia condenatoria, la misma debe estar sustentada en pruebas suficientes, idóneas y diáfanas que permitan al juzgador poder arribar a la convicción, sin un ápice de duda, respecto a que de lo actuado se haya acreditado, no solo la comisión del injusto incoado, sino también la responsabilidad penal de la persona inmersa en el proceso penal, dado que el derecho penal tiene como misión especial la protección de aquellos bienes jurídicos vitales imprescindibles para la; convivencia humana en sociedad que son, merecedores de protección a través del poder coactivo del Estado representado por la pena pública; de ahí que el derecho los identifica, pondera su importancia y actúa sobre ellos, tutelándolos; en ello consiste el principio de lesividad, y constituyendo el derecho penal un medio de control social que sanciona aquellos comportamientos que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos tutelados por la ley, como en este caso el honor sexual de una menor de edad, y en aras de lograr la paz, este propósito se logra a través de un proceso penal donde el juzgador determina la aplicación o no de la sanción correspondiente, bajo el principio de que la inocencia se presume y la culpabilidad se prueba; por lo que dentro del marco jurídico de la activídad probatoria y los principios consagrados tanto en nuestro Derecho Constitucional y ordenamiento procesal penal, la instrucción está orientada a incorporar al proceso los medios probatorios idóneos y pertinentes para cabal conocimiento del thema probandum y poder llegar así a la verdad concreta y en caso de no lograrlo, arribar a la verdad legal respecto a la realización o no del hecho que motivó la apertura de instrucción en virtud al análisis y razonamiento lógico jurídico por parte del juzgador que queda plasmado en la sentencia; TERCERO: Que la acusación fiscal contra el procesado radica en imputarle que el día diez de abril del año dos mil once, aproximadamente a las dieciséis horas con cuarenta minutos, tres sujetos desconocidos provistos de armas de fuego ingresaron a la pollería Las Canastas, ubicada en la avenida La Encalada número ochocientos sesenta y tres y número ochocientos setenta y uno, en el distrito de Santiago de Surco, reduciendo, amordazando y maniatando al personal que se encontraba en dicho local, para seguidamente sustraer de la caja registradora la suma de mil nuevos soles, una laptop y un teléfono celular, luego de lo cual se dieron a la fuga con dirección desconocida a bordo de un vehículo automóvil color gris oscuro, que aguardaba en el frontis del citado negocio, siendo que el procesado Fernando Fernández Urdiales, empleado del mismo, quien facilitó la información necesaria relacionada con el restaurante, a efectos de perpetrarse el latrocinio, tales como puertas de ingreso, ubicaciones de las áreas del negocio y personal trabajador; CUARTO: El Gerente General del restaurante “Las Terrazas” Marco Antonio Gutiérrez

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Calderón declara a nivel policial –fojas veinte–, que se ratifica en su totalidad en la denuncia por él presentada; que el día de los hechos se encontraba en su oficina ubicada en el segundo piso, y no estuvo presente al momento en que se produjo el robo, que fue informado de ello por los empleados y bajó a verificar; que el monto de lo sustraído asciende a mil nuevos soles; que estuvieron presentes Oscar De La Cruz que trabaja como delivery. Carlos Melgar Chávez que trabaja como apoyo en el Área de despacho, Clara Rivas y Yessenia Guerra que trabajan como cajeras y Willy Campos Vásquez que trabaja como almacenero; que el local cuenta con cámaras de video, e hizo entrega a la autoridad policial los videos grabados por las cámaras de seguridad, donde se aprecia como se desarrolló el ilícito; que el acusado Fernández Urdiales fue asignado ese día al parqueo de vehículos, labor que realiza en el frontis del establecimiento, brinda su declaración testimonial ante el Juzgado –fojas doscientos ocho–, recalcando que si bien las funciones del procesado al momento de los hechos era delivery, ese día se dedicaba cien por ciento al parqueo de vehículos o también conocido como valet parking, el cual requería permanecer afuera cuadrando los carros y entregando las llaves a los dueños, y que los problemas que él dice tener con su persona se debe a las reiteradas llamadas de atención que se le hacía por sus tardanzas, que observó al procesado en actitudes sospechosas, como preguntando por el cuadre de caja o el horario en que se retiraba el dinero al cajero o al que estuviera encargado de ello, y que la hora en la que se produjeron los hechos es la hora en que normalmente se hacen los retiros de caja, o sea a las cuatro de la tarde, cuando se cierra el delivery, y ese día al momento de los hechos, minutos previos se hizo el retiro de caja de cinco mil nuevos soles; el robo se ha producido en hora que por general se hace el retiro de la caja; que personalmente no se advirtió de ninguna conducta extraña del procesado, pero le comentaron que como en tres oportunidades estuvo indagando sobre el cuadre de caja o en qué horarios se retiraba el dinero, eso lo hacía con la cajera o el encargado de caja; que después de ver el video con la policía, estos preguntaron por qué el procesado entraba y salía tanto; QUINTO: Del Parte Nº 140-11-DIRINCRIPNP/DIVINCRUSURCO/DPTO/ROBOS que corre de fojas noventa y dos a fojas noventa y cuatro, se tiene que de las investigaciones en mérito de la denuncia interpuesta por el representante legal de la empresa agraviada, Marco Antonio Gutiérrez Calderón, denuncia el robo de la pollería agraviada, y en atención a los hechos narrados por este, tal cual lo manifiesta la representante del Ministerio Público en su acusación, da cuenta que los delincuentes dejaron una bolsa plástica color beige conteniendo una camiseta deportiva color azul, arrojado en la zona del delivery, asimismo indican que el empleado Willy Campos

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Vásquez fue lesionado por uno de los delincuentes con la cacha del arma a la altura del pómulo derecho, al haber puesto resistencia; asimismo que de las investigaciones fluye, que los delincuentes habrían entrado por la puerta del servicio, adentrándose por los pasadizos, siendo que al estar cerca de las escaleras y ser vistos por uno de los empleados que estaba en el lugar, redujeron a este empleado, quien en su desesperación golpeó la puerta dos veces con la finalidad de ser escuchado por el procesado Gustavo Fernando Fernández Urdiales, quien se encontraba parado en la puerta principal del ingreso al área de comedor de clientes, el mismo que se percató del hecho pero ignoró e ingresó al interior de dicha área, asimismo en el interior del área de delivery fueron reducidos Carlos Enrique Melgar Chávez, Oscar De La Cruz y Willy Lorenzo Campos Vásquez, siendo este último atado de pies y manos, así como tapadas las bocas con cintas que los delincuentes portaban; luego, dos de los delincuentes se dirigen al área de caja, donde interceptan a Yessenia Micaela Guerra Manchego, mientras el otro delincuente se queda cuidando a los empleados antes mencionados en el área de delivery, de conformidad con sus respectivas manifestaciones. De la declaración de Clara Rivas, en la cual declara que observó que el procesado estaba detrás de la ventanilla de caja, mirando cómo los delincuentes la conducían hacia la salida y la obligaban a sacar dinero del cajero, cosa que obtuvieron sustrayendo mil nuevos soles, y este mismo no hizo nada aunque dicha empleada le hiciera gestos para que atine a apoyarla; SEXTO: Del tenor del Parte Policial citado se tiene además que el personal de la Policía Nacional del Perú de la DIVINCRI SURCO se constituyó al lugar del hecho materia de investigación realizando la inspección técnico-policial, y tomas fotográficas de las ubicaciones de las áreas de delivery, caja, cocina y otros, verificando la existencia de una ventanilla de vidrio transparente que divide el área de caja y salón de clientes, de igual forma la existencia de tres puertas, la primera portón grande de ingreso al sótano, la segunda una puerta pequeña de vidrio cuyo acceso es por las escaleras que comunica al área de delivery, caja y cocina y la tercera es la puerta principal de ingreso de clientes, estas puertas se encuentran divididas aproximadamente a un metro de distancia conforme aparece de las tomas fotográficas realizadas; Las fotografías corren de fojas ochenta y tres a fojas ochenta y nueve; en la fotografía de folios ochenta y tres se muestra el salón, en la fotografía de folios ochenta y cuatro las escaleras que dan al segundo piso; en la fotografía de folios ochenta y cinco la puerta de la cocina; en la fotografía de folios ochenta y seis el área de cajas; y en la fotografía de folios ochenta y nueve una impresión de la parte del video donde se aprecia que el delincuente retira a la cajera Clara Rivas de su área y al procesado Gustavo Fernando Fernández

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Urdiales observando de frente la escena parado frente a la ventana de acceso a la caja; SÉTIMO: Los videos fueron visualizados, y transcritos, así se tiene que a) Del Acta de Visualización de CD que corre a fojas cincuenta y tres, que con fecha domingo diez, fecha de ocurrido los hechos delictivos, “(...) al visualizar el ícono 03 CAJA DOM10 se visualiza, desde la parte interior del área de caja hacia el salón de la pollería “Las Canastas” a horas 16:35 fecha diez de abril de dos mil once, se observa la presencia de las dos cajeras Yessenia Guerra y Clara Rivas así como de la persona de Willy Campos, quienes se encuentran dentro del área de la caja, ambas cajeras laborando y el sujeto en mención verificando la computadora; asimismo por detrás de la ventanilla que da a la parte exterior de la caja, se observa acercarse a la ventanilla donde está la cajera Clara Riva al señor Walter Zamora, quien labora como mozo, luego se retira y se apersona a la ventanilla de la caja de Clara Rivas, el mozo de nombre Lalo Dávila, ambos entregan al parecer boletas o facturas, en ese instante se acerca el empleado Francisco Remigio, quien trabaja como motorizado delivery a la ventanilla de la cajera de nombre Yessenia Guerra, asimismo, se acerca otro empleado a la misma ventanilla de nombre Aurelio La Cruz, en compañía del mozo de nombre Roberto Pérez, siendo las 16:37:24 la persona de Willy Campos se retira del área de la caja, sale por la puerta de ingreso al área de caja, se observa a través de la ventanilla el ingreso, de una familia (...) quienes se detienen frente a la ventanilla de caja a las 16:37, detrás de esto ingresa el empleado Gustavo Fernández Urdiales, quien los bordea y se apersona a la ventanilla donde está la cajera Yessenia Guerra, se acerca, la observa y se retira hacia la puerta de ingreso de clientes, luego esta persona retorna a las 16:38 observa hacia el salón de la pollería y se dirige a la ventanilla de caja pero se detiene y vuelve a dirigirse hacia la puerta principal de ingreso del local, nuevamente ingresa a las 16:39 la persona de Gustavo Fernández hacia la caja y observa la ventanilla donde está la cajera Clara Rivas y se retira hacia la puerta de ingreso, observando que se le cae el auricular color blanco del oído derecho, luego de unos segundos nuevamente ingresa al local y frente a la ventanilla de la caja conversa con el mozo de nombre Roberto Pérez por unos segundos, luego el mozo se dirige a la caja de Yesenia Guerra y Gustavo Fernández observando la ventanilla de caja de la cajera Clara Rivas sale hacia la puerta de ingreso luego de unos segundos ingresa esta persona, se pone detrás del mozo Roberto Pérez, observa a todos lados, luego sale hacia la puerta de ingreso, luego de unos segundos ingresa esta persona se pone detrás del mozo Roberto Pérez observa a todos lados, luego sale hacia la puerta de ingreso a horas 16:40, nuevamente se observa ingresar a Gustavo Fernández, dirigiéndose a la ventana de la caja donde estaba la cajera Yessenia,

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observa al interior y sale nuevamente hacia la puerta de ingreso a horas 16:40:31, la cajera Yessenia sale del interior del área de caja; asimismo se aprecia nuevamente ingresar a Gustavo Fernández quien pasa por la ventilla de caja y observa hacia la persona de Clara Rivas se encontraba sola atendiendo a un cliente, a Gustavo Fernández retornando de la cocina, que se dirige hacia la puerta de ingreso y observa hacia el interior de la caja donde está solo la persona de Clara Rivas, a horas 16:41:32, se observa a la cajera Yesenia Guerra ingresar al interior del área de caja, se dirige a la caja y saca unas cosas y luego se retira, a horas 16:42:13 se observa a la cajera Clara Rivas voltear la mirada hacia la parte posterior donde se encuentra ubicado la puerta de ingreso al área de caja, al parecer conversa con alguna persona, siendo las 16:42:29 horas se observa ingresar al interior del área de caja a un sujeto de contextura gruesa, talla mediana de aproximadamente cuarenta y dos años de edad, vestido con una camisa clara y una gorra en la cabeza quien se dirige a la cajera Clara Rivas, asimismo, paralelamente se observa a través de la ventanilla de vidrio de caja ingresar a las 16:42:33 proveniente de la puerta de ingreso al salón de clientes a la persona de Gustavo Fernández quien se dirige a la ventanilla de la caja, quedándose parado observando a ambos lados y al interior del área de caja, donde la cajera Clara Rivas se encontraba en compañía del delincuente, tomándola del hombro y procedió a sacarla del interior del área de caja, hecho que conforme demuestra el video es observado claramente por Gustavo Fernández, el mismo que lleva su mano izquierda hacia el primer botón de su camisa, al parecer está utilizando su teléfono mediante su handsfree color blanco que lleva puesto en el oído, se visualiza que observa nuevamente hacia el interior del área de caja donde no había ninguna persona, luego voltea hacía el salón camina hacia la cocina unos pasos y se encuentra con el mozo Roberto Pérez ambos conversan por unos segundos cerca de la ventanilla de caja, el mozo de nombre Roberto Pérez se acerca a la ventanilla y luego se retira, asimismo, retorna a la ventanilla Gustavo Fernández quien observa el interior del área de caja, luego se acerca a la ventanilla de caja Lalo Dávila y se acerca el mozo Roberto Pérez, luego de unos segundos se retira Roberto Pérez y se queda en la ventanilla de caja Gustavo Fernández y Lalo Dávila pero se observa que Gustavo Fernández observa hacia el interior del área de caja, asimismo, sus audífonos estaban caídos, luego retorna el mozo César Dávila y al parecer le dice a Gustavo Fernández que salga a la calle, observando que este se dirige hacia la puerta de ingreso de la pollería, siendo las 16:43:17 horas se observa que la puerta de ingreso al área de caja se abre e ingresa la cajera Clara Rivas, quien se dirige hacia el mostrador de caja de donde saca el portabilletes con dinero de su caja y luego trata de abrir la caja de

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Yesenia, al no poder abrir sale del área de caja, por el mismo lugar a horas 16:43:30 se observa acercarse a la ventanilla de caja al mozo Roberto Pérez instantes que la cajera Clara Rivas nuevamente ingresa al área de caja esta se dirige hacia su caja, asimismo, se observa paralelamente ingresar y dirigirse a la ventanilla de caja a Gustavo Fernández y detrás de este al mozo de nombre César Dávila de igual forma se observa que la cajera se queda parada por unos segundos mirando a estas tres personas, trata de hacer algún gesto, luego voltea haciendo con la mano un ademán y sale del área de caja quedándose parados estos tres sujetos, los mismos que la observan, luego de unos segundos se observa a Gustavo Fernández salir hacia la puerta de ingreso de la pollería, asimismo, se observa a otros mozos acercarse a la ventanilla de caja donde están esperando, luego de unos segundos nuevamente ingresa la persona de Gustavo Fernández a las 16:44.23 quien observa hacia el interior del área de caja por la ventanilla de la caja sale nuevamente, luego de unos minutos se observa que varios de los mozos se encuentran parados en la ventanilla al parecer esperando a las cajeras ya que no se observa persona alguna dentro del área de caja, al rato se observa ingresar a la persona de Willy Campos al interior del área de caja, pero saltando ya que tenía atados sus pies, quien solicitaba auxilio, luego ingresa la cajera Clara y nuevamente sale, posteriormente se observa a los empleados comunicándose el hecho, concluye el video a las 16:48(…)”, de este CD cabe destacar que se ve claramente cómo el ladrón coge del hombro a la cajera Clara Rivas y la saca del área de cajas, mientras el procesado observa la escena, y mira aleatoreamente a dicha área y la puerta de salida; b) Del Acta de Visualización de CD que corre a fojas cincuenta y seis, en la cual se observa lo acontecido el sábado nueve, día anterior a los hechos materia de investigación, en el que se puede apreciar a un sujeto comprar en la pollería, sentándose al frontis de las cajas, siendo reconocido luego por la cajera Clara Rivas, como uno de los delincuentes que la amenazó con un arma de fuego el día de los hechos; c) Del Acta de Visualización de CD que corre a fojas cincuenta y ocho, el ícono 06CAJA DOM10 donde se visualiza el interior del área de la caja de la pollería “Las Canastas” y el desempeño del personal de caja y demás empleados, observando que Gustavo Fernández ingresa al local y se dirige hacia la ventanilla de la caja, se mantiene en el lugar y luego sale, y nuevamente retorna y pasa por la ventanilla de caja “(...) a horas 16:42:13 se observa a la cajera Clara Rivas voltear la mirada hacia la parte posterior donde se encuentra ubicada la puerta de ingreso al área de caja, al parecer conversa con alguna persona, siendo las 16:42:29 horas se observa ingresar al interior del área de caja a un sujeto de contextura gruesa, talla mediana, de aproximadamente cuarenta y dos años de edad, vestido

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con una camisa clara y una gorra en la cabeza quien se dirige a la cajera Clara Rivas, asimismo, paralelamente se observa a través de la ventanilla de vidrio de caja ingresar proveniente de la puerta de ingreso al salón de clientes a la persona de Gustavo Fernández quien se dirige a la ventanilla de la caja, quedándose parado observando a ambos lados y al interior del área de caja donde la cajera Clara Rivas se encontraba en compañía del sujeto en mención, sujeto que le muestra al parecer un arma de fuego tomándola del hombro y procedió a sacarla del interior del área de caja, hecho que conforme demuestra el video es observado por Gustavo Fernández, el mismo que lleva su mano izquierda hacia el primer botón de su camisa, al parecer está utilizando su teléfono mediante su handsfree color blanco que lleva puesto en el oído, se visualiza que observa nuevamente hacia el interior del área de caja, donde no había ninguna persona, luego voltea hacia el salón camina hacia la cocina unos pasos y se encuentra con el mozo Roberto Pérez, ambos conversan por unos segundos cerca de la ventanilla de caja, el mozo de nombre Roberto Pérez se acerca a la ventanilla y luego se retira, asimismo retorna a la ventanilla Gustavo Fernández quien observa el interior del área de caja, luego se acerca a la ventanilla de caja Lalo Dávila y se acerca el mozo Roberto Pérez, luego de unos segundos se retira, Roberto Pérez y se queda en la ventanilla de caja Gustavo Fernández y Lalo Dávila pero se observa que Gustavo Fernández observa hacia el interior del área de caja; asimismo, sus audífonos estaban caídos, luego retorna el mozo César Dávila y al parecer le dice a Gustavo Fernández que salga a la calle observando que este se dirige hacia la puerta de ingreso de la pollería; siendo las 16:43:17 horas se observa que la puerta de ingreso al área de caja se abre e ingresa la cajera Clara Rivas quien se dirige hacia el mostrador de caja de donde saca el portabilletes con dinero de su caja y luego trata de abrir la caja de Yessenia, al no poder abrir sale del área de caja por el mismo lugar, a horas 16:43:30 se observa acercarse a la ventanilla de caja al mozo Roberto Pérez instantes que la cajera Clara Rivas nuevamente ingresa al área de caja, esta se dirige hacía su caja; asimismo, se observa paralelamente ingresar y dirigirse a la ventanilla de caja a Gustavo Fernández y detrás de este el mozo de nombre César Dávila de igual forma se observa que la cajera se queda parada por unos segundos mirando a estas tres personas trata de hacer algún gesto, luego voltea y sale del área de caja, quedándose parados estos tres sujetos, los mismos que la observan, luego de unos segundos se observa a Gustavo Fernández salir hacia la puerta de ingreso de la pollería, asimismo, se observa a otros mozos acercarse a la ventanilla de caja donde están esperando, luego de unos segundos nuevamente ingresa la persona de Gustavo Fernández quien observa hacia el interior del área de caja por la

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ventanilla de la caja y sale nuevamente, luego de unos minutos se observa que varios de los mozos se encuentran parados en la ventanilla al parecer esperando a las cajeras ya que no se observa persona alguna dentro del área de caja, al rato se observa ingresar a la persona de Willy Campos al interior del área de caja, pero saltando ya que tenía atados sus pies, quien solicitaba auxilio, luego ingresa la cajera Clara y nuevamente sale, posteriormente se observa a los empleados comunicándose el hecho (...)” de este CD cabe destacar que se ve claramente cómo el delincuente coge del hombro a la cajera Clara Rivas y la saca del área de caja amenazándola con un arma de fuego, mientras el procesado claramente observa la escena, y mira aleatoreamente a dicha área y la puerta de salida; y en el área de la cocina, también se ve entrar al procesado, siendo que voltea la cabeza para observar los lados; d) Ante el Juzgado fue visualizado el CD con participación de las partes procesales, así se aprecia del Acta de la Diligencia de Audio y Visualización del CD que corre a fojas trescientos, en el cual estuvo presente el acusado, su abogado defensor, representante del Ministerio Público, se observa del video que el procesado se encontraba en todo momento con su vestimenta de trabajador de la pollería agraviada, que en varias oportunidades se acercaba al área de las cajas registradoras y luego se retiraba hacia la puerta del local, siendo que una vez en dicha puerta miraba a ambos lados, que siendo las 16:38:51, mientras hablaba por el handsfree, se dirigió a la puerta de la pollería agraviada, a lo cual el procesado afirma que se encontraba haciendo el servicio de valet parking, a lo cual el representante legal de la empresa agraviada señala que dicho servicio solo se realizaba en las afueras del local y no en el interior, que a las 16:39:22 vuelve a acercarse al área de las cajera mientras observaba aleatoreamente dicha área y a la puerta del local, siendo esto en varias oportunidades, para luego hacerle señas a una persona de sexo masculino para que salga, el procesado refiere que se trataba de un cliente, luego a las 16:40:00 vuelve a ingresar con dirección al frontis de las cajas, mira a las cajeras y se retira después de 6 segundos, entonces se observa a la cajera Yessenia Guerra, la cual se retira de la caja, en lo que vuelve a ingresar el procesado hacia el interior del local, luego a las 16:41:15 el procesado sale del interior del local, luego de quince segundos se aprecia que vuelve a ingresar con dirección a las cajas, y luego de aproximadamente un minuto ingresa un sujeto de contextura gruesa que se acerca a la cajera Clara Rivas, y la coge del hombro, siendo esto observado por el procesado, el cual mira hacia su derecha y se retira del frontis de la caja, se coloca de espaldas a dicha área, conversa con un mozo, luego vuelve su cuerpo en dirección a la caja y observa la puerta de salida, se retira del frontis cuando otro mozo aparece, y después que este se va y aparece otro

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también conversa con este y se va, dejando constancia que en ese transcurso de la aparición del sujeto de contextura gruesa, ninguna cajera se encontraba en el área de cajas, luego a las 16:43:17 hace su ingreso la cajera Clara Rivas, quien abre el cajón donde llevaba el organizador de dinero organizador y trata de abrir la caja de su compañera que no se encontraba en esos momentos, pero estaba cerrada, entonces sale con el organizador de dinero y se lo entrega a alguien detrás de ella, luego se retira del ambiente, dejándose constancia que el procesado se encontró presente mientras la cajera Rivas trató de abrir la caja de su compañera observando la escena para luego retirarse, entra un minuto después aproximadamente, ingresa al salón y se ubica frente a las cajas, donde mira al frente, luego voltea y se retira, en dos minutos más aproximadamente aparecen de nuevo los empleados en la escena, entre ellos el procesado; OCTAVO: La declaración del testigo Willy Lorenzo Campos Vásquez con presencia fiscal a nivel policial a fojas veintitrés, en el cual manifiesta laborar para la pollería agraviada como almacenero, que el día de los hechos estuvo trabajando, se dirigió al área de caja para ver los pedidos que faltaba atender, luego salió y se dirigió al área de delivery donde por ser domingo se había puesto una lap top, donde revisó los pedidos que faltaban llegar para la pollería y cerrar la cancelación en la puerta de ingreso a dicha área la puerta estaba abierta porque por el lugar ingresan los motorizados para sacar los pedidos de pollo, se levantó y se acercó a ellos pero observó que un sujeto pasó bajando la cabeza por la sombrilla dirigiéndose a las escaleras que da a la puerta donde se encontraba él parado en compañía de los empleados Carlos Melgar, encargado de salida de los pollos a los motociclistas, y Oscar De La Cruz, encargado del reparto de los pollos delivery; pero este sujeto estaba acompañado por dos sujetos más quienes empezaron a subir las escaleras, al ver esto bajó tres gradas, los esperó en el lugar y les dijo que la entrada a la pollería era por la puerta principal que estaba al costado izquierdo, uno de ellos quiso pasar por el lado izquierdo, y otro por el lado derecho, pero como no le hicieron caso les preguntó a quién buscaban y contestaron que al Administrador, y al dueño, en ese momento observó que en la puerta estaba parado Gustavo Fernández quien ingresó a la pollería, pero en la misma puerta de ingreso al delivery forcejeó con los delincuentes para ingresar e hizo que la puerta golpee dos veces a la pared, pero esta persona se pasó e ingresó a la pollería, pero esta seguro que escuchó todo, los que no se percataron fueron Oscar De La Cruz y Carlos Melgar, en ese momento uno de los delincuentes le menta la madre y le pone un arma de fuego en el estómago, y da la orden que suban los otros dos sujetos quienes subieron, y fueron hacia sus compañeros les hicieron ingresar y cerraron la puerta, los tres sujetos estaban

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con armas de fuego, uno de ellos se puso en la puerta del callejón que da acceso a la cocina y la caja, los otros dos sujetos les hicieron arrojar al piso, pero como no quiso el declarante le golpearon, uno de los sujetos amarró con cinta a los dos empleados, y luego lo ataron a él, declarante, y como el lugar es pequeño escuchó que esos sujetos decían que iban a ir al área de caja, y llamaron a Yesenia a quien también ataron, y luego tocaron para que Clara abra la puerta del área de caja, y luego escuchó voces que exigen dinero a Clara y luego ella también fue arrojada al piso y la ataron, luego de unos minutos estas personas se fueron del lugar, en ese lapso que ellos salieron empezaron a gritar solicitando auxilio en ese momento llegaron los empleados a auxiliarles, estas personas estaban en la cocina descansando y comiendo, luego le desataron y fue a la caja a tocar la alarma, se comunicó con el administrador y el gerente, y luego la policía con serenazgo; el testigo Willy Lorenzo Campos Vásquez asegura que trató de llamar la atención del procesado durante el robo, para que lo ayudara, y a pesar de haber dado dos golpes a la puerta, y que asegura este escuchó muy bien su pedido de auxilio, que luego de ocurridos los hechos, le reclamó junto al resto del personal por su mal acto, brinda su declaración testimonial ante el Juzgado a fojas doscientos uno, se ratifica en lo manifestado a nivel policial, reiterando que el procesado lo vio junto a los tres sujetos delincuentes en un plan de forcejeo para entrar al local además del robo, pero se hizo el desentendido; NOVENO: La declaración de Clara Celia Rivas Acosta con presencia del representante del Ministerio Público a nivel policial como se ve a fojas veintiséis, manifiesta que aquel día se encontraba laborando atendiendo en el área de caja, en compañía de la otra cajera Yessenia, quien atendía al público, pero Yessenia salió porque le tocaba su horario de almuerzo, y prosiguió trabajando, pero unos minutos después escuchó que la llamaban, y le decían “ven” insistentemente, le indicó a esa persona que debía ir por el otro lado, pero esa persona ingresó y se acercó a su lado, mostrándole un arma de fuego la coge del hombro y la saca del área de caja al pasadizo donde había otro sujeto parado que me preguntó por el dinero y le indicó que ya lo había llevado el dueño, pero le indicaron que regrese a la caja y saque el dinero que estaba en la caja, al ir se percató de la presencia del mozo Roberto Pérez y del motociclista Gustavo Fernandez, y César Dávila, a quienes les hacía gestos, pero los sujetos le exigieron traer el dinero de la otra caja, fue pero regresó haciéndoles saber que no podía abrir la otra caja, y la llevaron al área de delivery donde observó a sus compañeros Yessenia, Carlos Melgar, Willy Campos y otros atados de pies y manos, y en el lugar había otro sujeto cuidándolos, el sujeto la obligó a tirarse al suelo y le ataron las manos, la pusieron al lado de Willy quien le dijo que se

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quede callada, en ese instante sintió y escuchó que esos sujetos salían del lugar hacia la calle, luego Willy pateó la puerta y ella pudo pararse rápido; luego Willy logró desatar sus manos y se fue a pedir auxilio en tanto ella apoyó a Yessenia a desatarla; luego llegaron otros empleados a apoyarles; la testigo afirma que el procesado Gustavo Fernández no debió estar en ningún momento en la puerta de la caja, pues esas no eran sus funciones, este se encargaba del estacionamiento exterior de la pollería, que el procesado observó mientras era sacada de la caja por este delincuente con arma en mano, y que trató de pedirle ayuda con un ademán o seña, pero este no hizo nada, a pesar de tener conocimiento que estaba totalmente prohibido la entrada de extraños a esa área, y brinda su declaración testimonial ante el Juzgado a fojas ciento noventa y tres, donde se ratifica y reitera sobre lo manifestado a nivel policial; DÉCIMO: La declaración de Yessenia Micaela Guerra Manchego con presencia fiscal a nivel policial según consta a fojas treinta, quien declara que como ya era hora de su refrigerio salió al área de cocina, pero olvidó unas llaves, regresó y sacó las llaves, fue que al salir del área de caja que observó a dos sujetos que estaban parados, uno de ellos le dijo que se quede callada y le apuntó con un arma, le hizo subir las escaleras con dirección al área del delivery y el otro sujeto empezó a atarle las piernas y brazos, le pusieron una cinta en la boca, luego observó que en el lugar estaban sus compañeros Willy Campos, Carlos Melgar y un motorizado nuevo Oscar De La Cruz, quienes también estaban atados, la obligaron a tirarse al suelo y dos de los delincuentes se fueron hacia la puerta de la caja, ella escuchó que uno de los sujetos decía ya entra y el otro sujeto le decía que aún no porque había gente para llevar, como no podía mirar, pero escuchaba que le pedía a su compañera que saliera y le entregue la plata, ella le dijo que no tenía tanto dinero porque ya lo habían llevado, y el sujeto le preguntaba quién lo había llevado; que el procesado Gustávo Fernández por la función que desempeña no tenía que acercarse al área de caja; al brindar su declaración testimonial ante el Juzgado a fojas ciento ochentiséis, se ratifica en lo manifestado a nivel policial, y que el procesado no tenía por qué acercarse ya que ese día se encontraba laborando en el parqueo de carros; DÉCIMO PRIMERO: Declaración de Carlos Enrique Melgar Chávez con presencia fiscal a nivel policial como se ve a fojas treinta y tres, manifestó que aquel día siendo las 15:40 horas se encontraba en la puerta de ingreso al área del delivery en compañía del Gerente, y observó que en la vereda donde estacionan los vehículos se encontraba Gustavo Fernández quien tenía puestos los audífonos en sus oídos y conversaba por teléfono mediante su teléfono y sus audífonos, pero lo que le sorprendió fue que al verlos parados en la puerta de ingreso del área del delivery caminó por la vereda

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hacia la tienda contigua, de ahí el declarante afirma que fue al área delivery, donde llegó Willy Campos que salió del área de caja, y el motociclista de nombre Óscar, y estuvieron ahí, luego observó que Willy estaba parado en las escaleras que dan acceso al área delivery y al levantar la cabeza a ver a Willy escuchó que este decía a unas personas que el ingreso era por la otra puerta, y observó a tres sujetos que ingresaron empujando a Willy, mentándole la madre, y forcejearon con él, esos sujetos portaban armas de fuego, y los hicieron tirar al suelo y les amarraron los pies y manos y le taparon la boca, al rato apareció la cajera Yessenia a quien también ataron de pies y manos y taparon su boca, luego trajeron a la otra cajera de nombra Clara a quien también ataron; cuando los sujetos se fueron Willy se liberó y salió a pedir auxilio, el declarante afirma que salió saltando luego de incorporarse, y logró ver que los sujetos huyeron en un vehículo color plomo oscuro, que en la puerta en la vereda estaba parado Gustavo Fernández a quien le dijo que habían robado, y este le preguntaba dónde y qué carro amarillo, pero nunca le dijo ese color, entonces una cliente con su carro los siguió y dijo que era un vehículo Nissan color plomo que tenía la placa AOY que estaba colgada, y se le perdió de vista por el Puente Primavera; que pudo observar momentos antes de los hechos, que Gustavo Fernández se dirigía a lugares no habituales y permitidos de su trabajo, al brindar su declaración testimonial ante el Juzgado a fojas doscientos dieciséis, se ratifica en lo manifestado a nivel policial, reiterando que el procesado no tenía ningún motivo para entrar al área de cajas, puesto que su labor del día en el parqueo de carros está en el estacionamiento, y que efectivamente lo vio caminando a lugares no habituales de su trabajo, como es el que caminara por la vereda de la pollería hasta un poste y luego regresara conversando; DÉCIMO SEGUNDO: También han declarado empleados de la pollería que estuvieron laborando aquel día pero que por encontrarse en el área del sótano no vieron nada, así declara: el testigo Humberto Antonio Jiménez Sotelo a nivel policial declara a fojas treinta y seis, manifestando que al momento de los hechos se encontraba en el sótano del local tomando gaseosa en compañía de sus compañeros de trabajo Roberto Pérez y Carlos Carbone, por lo que no pudieran apreciar nada; el testigo, Roberto Antonio Pérez Villegas a nivel policial declara a fojas treinta y ocho, manifestando que al momento de los hechos se encontraba en el sótano del local tomando gaseosa en compañía de sus compañeros de trabajo Humberto Jiménez y Carlos Carbone, por lo que no pudiera apreciar nada, pero precisando que la luna del área de caja al exterior es totalmente transparente, por lo que se puede observar con claridad el otro lado; el testigo Carlos Eduardo Carbone Chuquitaipe a nivel policial declara fojas cuarenta, manifestando que

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al momento de los hechos se encontraba en el sótano del local tomando gaseosa en compañía de sus compañeros de trabajo Humberto Jiménez y Roberto Pérez, por lo que no pudiera apreciar nada, brinda su declaración testimonial ante el Juzgado a fojas doscientos sesenta y cinco, se ratifica y reitera en lo manifestado a nivel policial; DÉCIMO TERCERO: El efectivo policial Sub Oficial Brigadier PNP Mario Dante Alvarado Legua, brinda su declaración testimonial ante el Juzgado a fojas doscientos sesenta y dos, indicando que el procesado se dejó arrestar de forma pacífica; DÉCIMO CUARTO: El acusado Gustavo Fernando Fernández Urdiales declara a nivel policial a fojas diecinueve, continuada a fojas cuarenta y tres, en la que manifestó que cuando estaba en la vereda escuchó los gritos de Carlos Melgar y Willy Campos, y que anteriormente entró al local para solicitarle las llaves a un cliente, y que en el transcurso habló con varios mozos y su compañera de trabajo Yessenia le pidió que le comprara algo, que en ningún momento le dijo a Willy Campos que pensaba que las personas que entraron a el área de caja eran proveedores, además indica que la cajera Clara Rivas y Willy Campos no se llevan bien con él, y que con anterioridad lo han dejado mal frente al administrador, rinde su declaración instructiva a fojas ciento cincuenta y cinco continuada a fojas ciento setenta y uno, indicando que no vio nada sospechoso en la actitud de la cajera cuando se retiraba junto al delincuente, y que de hecho esta se reía, además que otros dos mozos estuvieron junto a él observando este hecho; y en juicio oral reitera su negativa de haber participado en los hechos instruidos negando toda participación, y en su descargo alega que desconocía lo que pasaba; que no vio ni oyó nada extraño; que es inocente; DÉCIMO QUINTO: El Acta de Registro Personal al acusado al momento de su intervención, corre a fojas cincuenta y uno, se le encuentra en posesión de un celular Nokia color plateado blanco y negro, táctil Claro, un celular motorola Nextel color negro entre sus pertenencias; asimismo, fue encontrado entre las pertenencias del procesado un gráfico a lapicero, el cual corre a fojas ochenta y uno, denota unas rayas a lapicero, que muestran garabatos de lo que presumiblemente serían las áreas dentro de la pollería, sin embargo, de todo lo actuado, dicho croquis no brinda mayor información que le vincule con el ilícito instruido, más aún el padre del procesado Fernando Fernández Cabanillas acudió a declarar en juicio oral, manifestando que él lo había elaborado, según consta de la sesión de fecha doce de noviembre de dos mil doce; DÉCIMO SEXTO: Asimismo, corren en autos el Dictamen Pericial Análisis de Restos de Disparo RD Nº 3078/11 que corre a fojas trescientos cincuenta y uno, que concluye que las muestras tomadas a las manos del acusado arrojan como resultado negativo para plomo, antimonio y bario; y el Dictamen Pericial de

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Química Forense Nº 5852/11 que corre a fojas trescientos cincuenta y dos, concluye que los análisis arrojan negativo para drogas, negativo para sarro ungueal, y estado normal al dosaje etílico; DÉCIMO SÉTIMO: Del análisis y valoración de los actuados antes glosados y en mérito del testimonio ya glosado de los empleados de la empresa agraviada, quienes refieren haber visto al procesado Gustavo Fernando Fernández Urdiales en áreas que no correspondían al ámbito de su función, que en su calidad de delivery y acomodador de carros, su lugar estaba en la calle, no al interior del local; y además de los videos visualizados y consignado lo que se ve en las actas ya glosadas, se aprecia al procesado Gustavo Fernando Fernández Urdiales mirando al interior del área de caja estando presente la cajera Clara Rivera y un sujeto extraño a la pollería agraviada, e incluso se le ve con los audífonos del celular caídos y no en la oreja, por lo que pudo escuchar; asimismo, los empleados que se encontraban en el área de delivery y las cajeras han manifestado que fueron atados de pies y manos y amenazados por tres sujetos con armas de fuego, incluso el testigo Willy Lorenzo Campos Vásquez dio golpes a la puerta cuando forcejeó con los sujetos asaltantes, y afirma categóricamente que el procesado Fernández Urdiales que estaba cerca debió oír esos golpes y no hizo nada, asimismo el testigo Carlos Enrique Melgar Chávez ha manifestado que momentos antes de los hechos el procesado Fernández Urdiales se dirigía dentro del local de la pollería a lugares no habituales y permitidos de su trabajo; igualmente la cajera Clara Celia Rivas Acosta ha manifestado que el procesado Fernández Urdiales no debió estar en ningún momento en la puerta del área de caja, pues esas no eran sus funciones, y afirma además que mientras el sujeto asaltante la amenazaba le hizo señas al citado procesado para que le brinde apoyo, sin embargo, se hizo el desentendido y fue llevada por dichos sujetos al ambiente donde estaban sus otros compañeros atados, y a ella también la ataron y con amenazas para que no pida auxilio; siendo asimismo de destacar que la hora en que se produjo el ilícito submateria, era la hora en que cerraban caja y al momento de los hechos, el dinero del día ya había sido retirado de la caja por el encargado, y por tal motivo los sujetos solo pudieron llevar mil nuevos soles de la caja; y si bien la defensa del procesado Fernández Urdiales alega que existen contradicciones en los dichos de los empleados de la pollería agraviada, que no acreditarían la responsabilidad penal del procesado, cabe destacar que tal afirmación se desvanece por la coherencia de las afirmaciones de los testigos quienes han mantenido la persistencia en la incriminación, y sobre todo lo que se aprecia en la visualización de los

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videos ya glosados, que denotan que el acusado no fue ajeno a lo que sucedía, e invadió espacios para él no permitidos en razón de la función que desempeñaba; DÉCIMO OCTAVO: El Acuerdo Plenario número cero dos guión dos mil cinco diagonal CJ guión ciento dieciséis, de fecha treinta de setiembre de dos mil cinco, establece que “tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico testis unus testis nullus, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones; considera como garantías de certeza ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir que a) no existan relaciones entre agraviado o imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la declaración, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza; b) verosimilitud que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que la doten de aptitud probatoria, y c) persistencia en la incriminación, debiendo observarse coherencia y solidez del relato y, de ser el caso, aunque sin el carácter de una regla que no admita matizaciones, la persistencia de las afirmaciones en curso del proceso; siendo ello así las versiones primigenias y ante el Juzgado expresadas por la agraviada y su señora madre detentan en elemento probatorio suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del procesado, más aún estando a las contradicciones y argumentos de mala justificación en que ambas han incurrido en juicio oral enerva suficientemente la presunción de inocencia del acusado, resultando por ende su conducta merecedora del reproche penal correspondiente; que ante la persistencia de la incriminación, y al darse en el caso concreto las condiciones de declaración de certeza, se encuentra debidamente establecido el delito contra el patrimonio –robo agravado–, previsto y penado en el artículo ciento ochenta y ocho en su tipo base, con las agravantes de los incisos tres, cuatro y cinco del Código Penal, y de tal modo se encuentra suficientemente acreditada la participación del acusado Gustavo Fernando Fernández Urdiales en calidad de cómplice primario, debido a que ha sido trascendental para la realización del ilícito penal; en mérito a los testimonios y los videos visualizados demuestran que el citado procesado vio cómo los sujetos ingresaron y redujeron por la fuerza a los empleados y cajeras de la pollería agraviada, justo en horario de cierre de caja, quedando así acreditado que fue el citado Procesado quien brindó la información necesaria y que además conocía de la incursión de los sujetos que ingresaron con armas de fuego a robar a la pollería agraviada; y el vínculo

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del procesado con los asaltantes queda evidenciado desde que estando presente y siendo espectador de cómo maniataban a la cajera, y como redujeron y maniataron y ataron de pies y manos a todos los empleados que cruzaron su camino, al procesado Fernández Urdiales no le hicieron absolutamente nada, siendo evidente su presencia y que observaba el comportamiento de los sujetos asaltantes; argumentos que en su conjunto nos llevan a determinar la culpabilidad del procesado en el injusto incriminado como cómplice primario, siendo por tanto pasible de reproche penal; DÉCIMO NOVENO: Que, para efectos de determinar la graduación de la pena se debe tener en cuenta los principios de culpabilidad y proporcionalidad, que el acusado carece de antecedentes penales y judiciales según se ve del boletín de condenas de fojas doscientos cincuenta y cuatro el acusado carece de anotaciones, por lo que tiene la calidad jurídica de primario; y por ello en el momento de imponer la pena al autor, el juzgador debe atender a la gravedad del injusto así como la culpabilidad concreta, pero también las carencias sociales de las que adolece, y a los fines de resocialización de la pena; VIGÉSIMO: Que para efectos de fijar la Reparación Civil se tiene en consideración el artículo noventa y trés del Código Penal por el que se establece que dicha institución comprende la restitución del bien o en todo caso el pago de su valor y la indemnización por los daños y perjuicios sufridos, así como el daño psicológico sufrido por la víctima como consecuencia del ilícito penal perpetrado en su agravio; POR TALES FUNDAMENTOS y en aplicación de los artículos once, doce, veintitrés, veinticinco, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, noventa y dos, noventa y tres, ciento ochenta y ocho, en su tipo base, con las agravantes de los incisos tres, cuatro y cinco del Código Penal, concordante con los artículos doscientos ochentitrés y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales, la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de La Corte Superior de Justicia de Lima administrando Justicia a Nombre de la Nación, FALLA: CONDENANDO a Gustavo Fernando Fernández Urdiales por la comisión de delito contra el patrimonio –robo agravado en grado consumado– en agravio de la Pollería “Las Canastas”; y como tal le impusieron diez años de pena privativa de la libertad, la misma que con el tiempo de carcelería que viene sufriendo desde el veintiocho de abril de dos mil once, vencerá el veintisiete de abril de dos mil veintiuno; FIJARON: en dos mil nuevos soles el monto que por concepto de Reparación Civil, deberá pagar el sentenciado a favor de la agraviada; MANDARON: Que consentida y/o ejecutoriada que quede sea la presente, se tome razón donde corresponda, se remita

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el testimonio y boletín de condena para su inscripción en el Registro Judicial respectivo, archivándose lo actuado definitivamente, previos los trámites a que se contrae el artículo trescientos treinta y siete del Código de Procedimientos Penales, con conocimiento del Juez de Origen. SS. RAMIRO SALINAS SICCHA - Presidente RITA MEZA WALDE - Juez Superior -D.D. JOSEFA ÍZAGA PELLEGRÍN

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044. Robo a mano armada y que causa lesiones en la integridad física: Absolución por contradicción de tesis probatoria El Ministerio Público aduce que la circunstancia agravante contenida en el inciso uno del segundo párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal se encuentra acreditada con las lesiones que describe el certificado médico legal practicado al agraviado, y las conclusiones a las que arriba el certificado médico legal; en este extremo el Colegiado advierte que las lesiones descritas en dichos certificados se ocasionaron por agente contuso duro y fricción con superficie áspera y/o rugosa; al respecto tenemos que las lesiones contusas, según la medicina legal, son las causadas por objetos contundentes, es decir se producen por el choque o aplastamiento de los tejidos anatómicos contra un cuerpo duro, no cortante. Una superficie áspera puede ser el cemento, una lija, un rallador o una pared, mientras que una superficie rugosa puede ser la brea de una pista; en tal virtud, constituyendo dichos elementos los que originaron las lesiones descritas en los certificados médicos invocados, enerva la tesis tendiente a establecer el uso de un arma blanca o punzocortante como un “cuchillo” para la ejecución del presunto latrocinio, dotando de mayor credibilidad lo vertido uniformemente por los acusados, al sostener que el día de los hechos lo que se produjo con el agraviado fue un pugilato; siendo un hecho probado que tanto los acusados como el agraviado se conocían por ser vecinos del barrio, resultando por tanto imposible la comisión del evento delictuoso por la facilidad que hubiere tenido el agraviado para reconocerlos; que no existiendo, por lo tanto, pruebas plenas y fehacientes que conlleven al colegiado a concluir por la comisión del delito investigado y la responsabilidad penal de los acusados, debe absolvérseles de los cargos imputados en acusación fiscal.

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PODER JUDICIAL DEL PERÚ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMERA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES “Judicatura digna, democrática e institucional” Expediente N° 2640-2009 D.D. Dra. Napa Lévano Sentencia

Lima, 25 de junio de 2012 VISTOS: En audiencia pública el proceso penal seguido contra: Frank Rogers Trinidad Hokama y Armando Fredy Trinidad Hokama; cuyas generales de ley obran en autos, acusados de la comisión del delito contra el Patrimonio - robo agravado, en agravio de Juan Jairo Albarracín Valverde; RESULTA DE AUTOS: Que, a mérito del Atestado Nº 002VII-DIRTEPOL-DIVTER2-JDR CCYC-DEINPOL, de fojas dos y siguientes elaborado por la Comisaría de Ciudad y Campo - Rímac, de fecha cinco de enero del dos mil nueve, el señor Representante del Ministerio Público formalizó la correspondiente denuncia penal de fecha catorce de enero del año dos mil nueve, obrante a fojas veintidós, remitiéndose los autos al Vigésimo Segundo Juzgado Penal de Lima, quien con fecha diecisiete de febrero del dos mil nueve, abrió instrucción dictando la medida coercitiva personal de Comparecencia Restringida contra los referidos acusados. Que, seguido el proceso por el trámite ordinario correspondiente, vencidos los plazos ordinario y extraordinario de instrucción, con el informe final de fojas ciento trece, se elevaron los autos a esta Superior Sala Penal remitiéndose los mismos al Despacho de la señora Fiscal Superior, la que mediante dictamen de fecha catorce de mayo del dos mil diez solicita la ampliación de la instrucción, en cuyo mérito se emite resolución que dispone la ampliación de la instrucción por treinta días; que vencido dicho plazo el señor juez instructor emite su informe final complementario que corre a fojas ciento cincuenta y cuatro, su fecha cuatro de octubre del año dos mil diez; que elevados los autos, los mismos se remitieron a vista de la señora Fiscal Superior, quien mediante dictamen de fecha once de julio del dos mil once solicita se integre al auto de apertura de instrucción la agravante contenida en el numeral uno del segundo párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, expidiéndose resolución en dichos términos con fecha doce de agosto del dos mil once, conforme se aprecia a fojas ciento sesenta y ocho; colorario en el que se remiten los autos a la señora Fiscal Superior, quien emitió su acusación escrita de fojas ciento setenta

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y dos, dictándose el Auto Superior de Enjuiciamiento de fojas ciento ochenta y siete, su fecha cuatro de mayo del dos mil doce, señalándose día y hora para la verificación del juicio, el mismo que se ha llevado a cabo en el modo y forma que aparecen de las actas respectivas; producida la requisitoria oral de la señora Representante del Ministerio Público, oído los alegatos de la defensa cuyas conclusiones obran en pliegos separados, ha llegado el momento procesal de dictar sentencia; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: DE LA IMPUTACIÓN: Que los fundamentos fácticos de la imputación de fojas ciento setenta y dos estriban en que, con fecha ocho de noviembre del año dos mil ocho, siendo las veinte horas con diez minutos, en circunstancias que el agraviado Juan Jairo Albarracín Valverde se encontraba por las inmediaciones de la avenida Republicana en el distrito del Rimac, volviendo a su vehículo menor (mototaxi) luego de haber efectuado una llamada telefónica, fue sorprendido por el acusado Armando Fredy Trinidad Hokama, quien lo cogió del cuello, facilitando que su coacusado Franks Rogers Trinidad Hokama, quien se encontraba premunido de un arma punzocortante “cuchillo”, lo golpeara en la cabeza, infiriéndole cortes en el cuero cabelludo, despojándolo de su celular y su billetera que contenía en su interior la suma de quinientos nuevos soles, dándose a la fuga. SEGUNDO: Por los hechos así descritos, se abrió instrucción y se formuló acusación contra los acusados Frank Rogers Trinidad Hokama y Armando Fredy Trinidad Hokama por el delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo ciento ochenta y ocho - tipo base del Código Penal con las agravantes contenidas en los incisos dos, tres y cuatro del primer párrafo e inciso uno del segundo párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del citado texto sustantivo, el mismo que tiene como bien jurídico protegido el Patrimonio –específicamente la posesión de un bien mueble–, pero además, también la libertad, la vida, la integridad física de las personas, hecho que lo configura como un delito compuesto o pluriofensivo; y para los efectos de la tipicidad objetiva, el sujeto activo puede ser cualquier persona, a excepción hecha del propietario; sujeto pasivo puede ser cualquier persona física o jurídica que disfrute de la posesión inmediata del bien mueble, cualquiera que sea el título por el que dispone de dicha facultad. El comportamiento consiste en apoderarse ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentre, empleando violencia contra la persona y amenazándola con

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un peligro inminente para su vida o integridad física; finalmente para los efectos de la tipicidad subjetiva se requiere del dolo. TERCERO: Dentro del marco jurídico de la actividad probatoria, se recibió la versión del acusado Frank Rogers Trinidad Hokama, quien al deponer a nivel de instrucción a fojas cuarenta y siete, sostuvo que conoce a Juan Jairo Albarracín Valverde, por ser su vecino, que este consumía drogas, tenía un hijo con un primer compromiso, y un entenado con un segundo compromiso el cual mantenía; que a pesar de habérselo prohibido, el día de los hechos siendo las ocho de la noche aproximadamente lo encuentra cortejando a su hermana Jackeline Trinidad por inmediaciones de un parque, circunstancia que ameritó le increpe enérgicamente, desencadenándose entre ambos una discusión de palabra, siendo empujado por el agraviado, y él se defiende, apareciendo en escena su hermano quien lo ayuda, pudiendo divisar seguidamente que el agraviado sangraba por la cabeza, amenazándolo con denunciarlo; que en ningún momento portó arma blanca, ni lo asaltó pues es su conocido. A nivel de Juicio Oral, en sesión que corre a fojas doscientos dos, su fecha veinticuatro de mayo del año en curso, ratifica lo vertido a nivel de investigación judicial, precisando que la participación de su coprocesado Armando Fredy Trinidad Hokama, se limitó a separarlos tanto a él como al agraviado, siendo falso el hecho que le haya proferido cortes en el cuero cabelludo con un cuchillo, y que le hubiera pedido las llaves de su motocar, y que la aparición de su coacusado se debió a que los vecinos que presenciaron el pugilato le dieron aviso; además que, las lesiones ocasionadas en la cabeza del agraviado fue producto de la caída que tuvieron ambos en el pavimento, en circunstancias que se peleaban, cayendo encima del agraviado. Por su parte, el acusado Armando Fredy Trinidad Hokama, quien tenía la condición jurídica de Reo Ausente, refiere a nivel de Juicio Oral en sesión que corre a fojas doscientos dieciocho, que tomó conocimiento del presente proceso penal cuando se encontraba internado en un centro de rehabilitación por consumo de drogas; precisa que el día de los hechos se enteró por una señora que su hermano estaba peleando en la esquina de su domicilio, por lo que se constituyó rápidamente a dicho lugar, separándolos, percatándose que el último de los nombrados se encontraba herido en la cabeza, no escuchando en ningún momento que el agraviado imputara a su coacusado la comisión de Robo alguno, negando tajantemente lo sostenido por el agraviado, de que ambos lo hayan atacado por la espalda para llevarse su mototaxi, ya que solo jaló a su citado hermano, en tanto las demás personas que presenciaban el hecho jalaron al agraviado, enterándose posteriormente que el motivo del pugilato se debía a que este último salía con su hermana.

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CUARTO: Que, el agraviado Juan Jairo Albarracín Valverde, en su manifestación prestada a nivel policial a fojas ocho, precisó que el día de los hechos, encontrándose a la altura de la cuadra tres de la avenida Guardia Republicana (Ex Capilla), ingresó a una cabina telefónica con la finalidad de efectuar una llamada, estacionando su motocar de placa de rodaje NG-tres siete cinco cinco siete al frente de dicha cabina; siendo que, al terminar de efectuar la llamada, se dirigió hacia su motocar, aprestándose a encenderlo, circunstancias en que en forma sorpresiva aparece por la parte posterior Freddy Armando Trinidad Hokama, quien lo coge del cuello y le indica en todo momento que le entregue la llave, iniciándose un forcejeo, instantes en el que hace su aparición su hermano Frank Rogers, quien le profiere golpes en la cabeza, percatándose al voltear que aquel traía consigo un cuchillo, arma punzocortante con el cual le infirió lesiones en el cuero cabelludo, siendo lanzado seguidamente al pavimento, lugar en el que le propinaron golpes de puntapié, perdiendo el conocimiento; circunstancia que fue aprovechada por sus atacantes para sustraerle su billetera conteniendo la suma de quinientos nuevos soles y su celular marca UV seis Motorola Claro, dándose a la fuga. Siendo conducido por personal policial que llegó en su auxilio al hospital Cayetano Heredia. Ratificando lo vertido por los acusados, en el sentido de que son vecinos y se conocen de vista, no habiendo tenido ningún problema con ellos hasta el día de los hechos, pero que ambos portaban arma blanca, y que hicieron uso de los mismos para lesionarlo. QUINTO: Que, a fojas ciento uno obra la declaración testimonial del sub oficial técnico de tercera Hugo Rivera Quinto, quien manifestó que se constituyó al auxilio del agraviado, a mérito de una llamada de la central ciento cinco; constatando que este se encontraba ensangrentado a la altura del rostro, estando a su lado el vehículo motocar de su propiedad. Precisa que, el agraviado le refirió que dos sujetos le propinaron golpes con arma blanca, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido. SEXTO: Que, a fojas once obra el certificado médico legal número cero seis ocho ocho cinco dos - L, su fecha diez de noviembre del año dos mil ocho, practicado a la persona del agraviado Juan Jairo Albarracín Valverde, en la que los peritos evaluadores suscriben que presentó: herida contusa suturada en cuero cabelludo, región parietal derecha, de dos por cero punto uno centímetros; herida contusa suturada en cuero cabelludo, región parietal izquierda, de uno punto cinco por cero punto uno centímetros; herida contusa suturada en cuero

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cabelludo, región occipital, lado derecho, de cero punto cinco por cero punto cuatro centímetros, ocasionados por agente contuso duro. Asimismo precisan que el agraviado también presentó excoriación rojiza, tipo roce, de cuatro por dos punto cinco centímetros en flanco izquierdo; excoriación rojiza vertical, tipo roce, de nueve por cero punto dos centímetros, en pierna izquierda, cara anterior, tercio medio, ocasionados por fricción con superficie áspera y/o rugosa. A fojas doce, obra el certificado médico legal número cero seis ocho nueve nueve siete, su fecha veintisiete de noviembre del dos mil ocho, (post facto - ampliación de reconocimiento) cuya conclusión establece: Parrilla costal derecha sin compromiso traumático óseo; requiriéndose atención facultativa de tres días e incapacidad médico legal de ocho días. SÉTIMO: El Ministerio Público funda la imputación vertida contra los acusados Frank Rogers Trinidad Hokama y Armando Fredy Trinidad Hokama, en: a) lo manifestado a nivel preliminar por el agraviado Juan Jairo Albarracín Valverde, a fojas ocho b) las lesiones descritas en el certificado médico legal número cero seis ocho ocho cinco dos - L, su fecha diez de noviembre del año dos mil ocho, practicado al agraviado; así como las conclusiones arribadas en el certificado médico legal número cero seis ocho nueve nueve siete, su fecha veintisiete de noviembre del dos mil ocho, (post facto - ampliación de reconocimiento); c) testimonial del efectivo policial Hugo Rivera Quinto a fojas ciento uno. OCTAVO: Frente a las imputaciones vertidas contra los acusados Frank Rogers Trinidad Hokama y Armando Fredy Trinidad Hokama, la defensa técnica de los mismos en su alegato correspondiente, sostuvo que en autos no existe prueba idónea que acredite la comisión del delito y subsecuente responsabilidad de sus patrocinados, siendo que la versión preliminar del agraviado no ha sido ratificada en el decurso del proceso judicial, ello a pesar de que se le notificó en reiteradas oportunidades; que lo referido por el efectivo policial Rivera Quinto, demuestra que sus patrocinados no cometieron ningún delito, pues aquel señala que al entrevistarse con el agraviado, este le afirmó que solo había sido lesionado por los precitados con arma blanca, hecho que se demuestra con las conclusiones arribadas en el certificado médico legal practicado al agraviado, el cual da cuenta que presentó lesiones producidas por agente contuso duro y fricción con superficie áspera y/o rugosa; no especificándose en ningún extremo de la evaluación, alguna lesión que guarde relación con el empleo de arma punzocortante, como lo sostiene el agraviado; que así

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mismo es un hecho probado que tanto sus patrocinados como el agraviado se conocen de vista por ser vecinos; no surtiendo efectos probatorios las pericias de valorización que obran en autos, pues las mismas se emitieron de manera subjetiva, no habiéndose acreditado la preexistencia de lo presuntamente sustraído. NOVENO: La libre apreciación razonada de la prueba, que es el sustento del artículo 283 del Código de Procedimientos Penales, reconoce al juez la potestad de otorgar el valor correspondiente a las pruebas, sin directivas legales que lo predeterminen. Desde esa perspectiva es de afirmar que el derecho a la presunción de inocencia exige sobre el particular que las pruebas de cargo, que justifiquen una condena, además deben ser suficientes. Que asimismo, a mayor abundamiento, el hecho punible, debe cumplirse a partir de la configuración razonable de determinadas reglas o criterios de valoración, que permitan trasladar las exigencias de racionalidad a la ponderación de la prueba. DÉCIMO: Que, la Corte Suprema de la República ha establecido con carácter de vinculante las reglas de valoración que han de tomarse en cuenta para determinar el carácter probatorio derivado de la incriminación vertida por la víctima; en ese sentido tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico testis unus testis nullus, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza serían las siguientes: a) Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. b) Verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. c) Persistencia en la incriminación; esto es, la persistencia de sus afirmaciones en el decurso del proceso(62). (62) Acuerdo Plenario Nº 2-2005/CJ-116 Fundamento Jurídico Nº 10.

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UNDÉCIMO: Que, analizadas y valoradas cada una de las pruebas recogidas durante la instrucción y debatidas en el acto oral, tenemos la incriminación vertida por el agraviado a nivel preliminar; quien en su narración de hechos cuyo tenor obra en la respuesta número cuatro y seis precisa que, Freddy Armando Trinidad Hokama lo abordó y coge del cuello, exigiéndole la llave de su motocar, iniciándose un forcejeo a consecuencia de su resistencia, aproximándose en dichas circunstancias Frank Rogers Trinidad Hokama, portando un cuchillo; incurriendo en contradicciones cuando precisa el accionar de cada uno de ellos, precisando después que ambos lo abordaron a la vez, y que los mismos provistos de armas punzocortantes le profirieron tales lesiones; aunado a ello tenemos, lo sostenido por el testigo Hugo Rivera Quinto, quien precisa que el día de los hechos al constituirse en auxilio del agraviado, este le manifiesta que dos sujetos le propinaron golpes con arma blanca, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido; no especificando en ningún momento que dichos sujetos le hubieran sustraído sus pertenencias; que para efectos de un mayor esclarecimiento de los hechos se citó oportunamente al agraviado; no obstante ello, el mismo no concurrió a ratificar o rectificar su dicho, a pesar de haber sido debidamente notificado conforme aparece de los cargos diligenciados que obran en fojas cuarenta y tres, setenta, setenta y uno, noventa y dos, ciento treinta y dos, y ciento treinta y siete; omisión que motivó que el juez instructor requiera su conducción de grado o fuerza, siendo que mediante parte policial que corre en fojas ciento cuarenta y tres, se informa que este no se encontraba, entrevistándose con su madre, a quien le puso en conocimiento el mandato judicial; no obstante ello, el mismo no se apersonó al juzgado para efectos de esclarecer los hechos; que iniciado el acto de juzgamiento se cursó la notificación respectiva para su concurrencia, siendo recepcionada personalmente por su destinatario conforme se advierte de la cédula diligenciada que corre a fojas doscientos siete, sin embargo no asistió a la sesión programada, motivando que el Colegiado cursara oficio a la Policía Judicial para su conducción de grado o fuerza, la que mediante parte policial efectuado con fecha dieciocho de junio del año en curso, el Capitán PNP Marco A. Castillo Revollar y el SOS PNP Joé J. Tello Rodas, informan que no se logró su ubicación, precisando que la señora Pilar Albarracín Valverde, hermana del requerido, afirmó que aquel ya tenía conocimiento de la orden judicial; evidenciándose su desinterés en acatar el mandato emitido por esta superior

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Sala Penal; por lo que su declaración no guarda los requisitos de coherencia, uniformidad y persistencia exigidos para su configuración probatoria. DÉCIMO SEGUNDO: El Ministerio Público aduce que la circunstancia agravante contenida en el inciso uno del segundo párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal se encuentra acreditada con las lesiones que describe el certificado médico legal practicado al agraviado que corre a fojas once, y las conclusiones a las que arriba el certificado médico legal de fojas doce; en este extremo el colegiado advierte que las lesiones descritas en dichos certificados se ocasionaron por agente contuso duro y fricción con superficie áspera y/o rugosa; al respecto tenemos que las lesiones contusas, según la medicina legal, son las causadas por objetos contundentes, es decir se producen por el choque o aplastamiento de los tejidos anatómicos contra un cuerpo duro, no cortante. Una superficie áspera puede ser el cemento, una lija, un rallador o una pared, mientras que una superficie rugosa puede ser la brea de una pista; en tal virtud constituyendo dichos elementos los que originaron las lesiones descritas en los certificados médicos invocados, enerva la tesis tendiente a establecer el uso de un arma blanca o punzocortante como un “cuchillo” para la ejecución del presunto latrocinio, dotando de mayor credibilidad lo vertido uniformemente por los acusados, al sostener que el día de los hechos lo que se produjo con el agraviado fue un pugilato; siendo un hecho probado que tanto los acusados como el agraviado se conocían por ser vecinos del barrio, resultando por tanto imposible la comisión del evento delictuoso por la facilidad que hubiere tenido el agraviado para reconocerlos; que no existiendo por tanto, pruebas plenas y fehacientes que conlleven al colegiado a concluir por la comisión del delito investigado y la responsabilidad penal de los acusados, debe absolvérseles de los cargos imputados en acusación fiscal. Consideraciones por las cuales, y estando a lo consagrado en el inciso tres y cinco del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales, la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima juzgando solo los hechos con el criterio de conciencia que la ley autoriza y administrando justicia a nombre de la Nación; FALLA: ABSOLVIENDO por insuficiencia probatoria

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de la ACUSACIÓN FISCAL a los ciudadanos Frank Rogers Trinidad Hokama y Armando Fredy Trinidad Hokama, por delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Juan Jairo Albarracín Valverde; MANDARON: Que, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se anulen los antecedentes irrogados por la apertura de la presente investigación; archivándose los autos definitivamente con conocimiento del Juez de la causa. SS. Dr. JUAN CARLOS VIDAL MORALES - Presidente Dra. LUISA ESTELA NAPA LÉVANO - Juez Superior y D.D. Dr. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA - Juez Superior

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045. Robo a mano armada y en concurso de dos o más personas: Versiones coherentes y uniformes de la agraviada y testigo Analizadas y valoradas cada una de las pruebas recogidas durante la instrucción y debatidas en el acto oral, el Colegiado establece que las versiones proporcionadas por la agraviada y la testigo han mantenido coherencia y uniformidad en el decurso de la investigación; existiendo persistencia en la imputación, describiendo detalladamente el accionar delictivo ejercitado por el acusado quien provisto de un arma de fuego la amenazó, facilitando que su acompañante, quien era un menor de edad, sustrajera su mochila empleando violencia; hechos que en su conjunto han sido aceptados parcialmente por el acusado con la salvedad de que en la configuración de los mismos solo habría participado su persona; sin embargo, su dicho en este extremo se ve desvirtuado con la sindicación que ha efectuado la agraviada y testigo, además de las contradicciones en que este incurriera con el objetivo de deslindar de toda responsabilidad al menor de edad, conforme se desprende del examen al que fue sometido en juicio oral, aunado a ello lo esgrimido en el acta de recojo y hallazgo de fojas veintiuno y la propia versión del procesado, por lo que en autos ha quedado debidamente acreditada la comisión del delito investigado, así como la responsabilidad penal del acusado. PODER JUDICIAL DEL PERÚ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMERA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES “Judicatura digna, democrática e institucional” Expediente Nº 6265-2010 D.D. Dra. Napa Lévano Sentencia

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VISTOS: En audiencia pública el proceso penal seguido contra: Guillermo Alonso Ramos Lara; cuyas generales de ley obran en autos, acusado de la comisión del delito contra el Patrimonio - robo agravado, en agravio de Betty Isabel Cáceres Trillo; RESULTA DE AUTOS: Que, a mérito del Atestado Nº 024-2010-VIIDIRTEPOL-DIVTER-S1- CS SDEINPOL, de fojas dos y siguientes elaborado por la Comisaría de Surco, de fecha doce de febrero del dos mil diez, el señor Representante del Ministerio Público formalizó la correspondiente denuncia penal de fecha doce de febrero del año dos mil diez, obrante a fojas treinta y cuatro; la que merituada por el señor juez penal, motivó la expedición de auto de inicio de proceso de fecha doce de febrero del año dos mil diez, dictándose la medida coercitiva personal de Comparecencia Restringida contra el referido acusado. Que, seguido el proceso por el trámite ordinario correspondiente, vencidos los plazos ordinario y extraordinario de instrucción, con el informe final de fojas ciento quince, se elevaron los autos a esta Superior Sala Penal, remitiéndose los mismos al Despacho de la señora Fiscal Superior quien emitió su acusación escrita de fojas ciento veinticinco, por cuyo mérito se emitió el Auto Superior de Enjuiciamiento de fojas ciento treinta y dos, que declaró Reo Contumaz al acusado, y reservó el señalamiento de audiencia hasta su captura; que, mediante razón que obra a fojas ciento cuarenta y ocho se precisa que el acusado se encontraba interno en el establecimiento penal de Huaral; informe que generó la expedición de resolución obrante a fojas ciento cuarenta y nueve que señaló fecha y hora para la verificación del juicio, el mismo que se ha llevado a cabo en el modo y forma que aparecen de las actas respectivas; producida la requisitoria oral de la Representante del Ministerio Público, oído los alegatos de la defensa cuyas conclusiones obran en pliegos separados, ha llegado el momento procesal de dictar sentencia; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: DE LA IMPUTACIÓN: Se advierte de la acusación fiscal de fojas ciento veinticinco, que con fecha once de febrero del año dos mil diez a las diecisiete horas con veinticinco aproximadamente, en circunstancias que la agraviada Betty Isabel Cáceres Trillo, transitaba a la altura del puente Atocongo con su amiga, es interceptada por el acusado y un adolescente, quienes amenazándola con arma de fuego, la despojan de su mochila, previo golpe en la mano, no obstante la resistencia que aquella opuso, y que un transeúnte se acercó a defenderlas; siendo intervenidos en instantes que pretendían darse a la fuga, habiendo arrojado momentos previos la mochila, al percatarse de la presencia policial.

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SEGUNDO: Por los hechos antes descritos y analizados, se abrió instrucción y se formuló acusación contra el acusado por el delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo ciento ochenta y ocho - tipo base del Código Penal con las agravantes contenidas en los incisos tres y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del mismo texto sustantivo, el mismo que, tiene como bien jurídico protegido el Patrimonio –específicamente la posesión de un bien mueble–, pero además, también la libertad, la vida, la integridad física de las personas, hecho que lo configura como un delito compuesto o pluriofensivo; y para los efectos de la tipicidad objetiva, el sujeto activo puede ser cualquier persona, a excepción hecha del propietario; sujeto pasivo puede ser cualquier persona física o jurídica que disfrute de la posesión inmediata del bien mueble, cualquiera que sea el título por el que dispone de dicha facultad. El comportamiento consiste en apoderarse ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentre, empleando violencia contra la persona y amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física; finalmente para los efectos de la tipicidad subjetiva se requiere del dolo; TERCERO: Dentro del marco jurídico de la actividad probatoria, a fojas trece se recibió la versión del acusado Guillermo Alonso Ramos Lara, quien al deponer a nivel preliminar, sostuvo que el día de los hechos en circunstancias que se encontraba acompañado del menor Yuzepi Ramos Álvarez, se percatan que dos señoritas habían descendido de un vehículo de servicio interprovincial por inmediaciones del puente Entel - Santiago de Surco, situación que aprovecharon para arrebatar a una de ellas su bolso, emprendiendo veloz fuga; y al percatarse que un sereno municipal los venía siguiendo a bordo de una moto, solicitaron los servicios de un taxi, ascendiendo al mismo; no obstante, ante la persistencia del sereno, opta por descender de dicho vehículo y correr con dirección a San Juan de Miraflores, dejando al menor en el interior de dicho vehículo, quien al ver que corría decide hacer lo mismo, habiendo arrojado el bolso con el fin de evitar que los persigan, siendo intervenidos en dicha circunstancias. Precisa que era la segunda vez que robaba con el menor, que en ningún momento portó arma de fuego y que su amigo no agredió a nadie. A nivel de instrucción, no obstante ser debidamente notificado, no concurrió a rendir la continuación de su declaración instructiva, habiendo solo proporcionado sus generales de ley. A nivel de juicio oral, ya en su condición de Reo Contumaz, interno en el establecimiento penal por proceso similar al materia de juzgamiento; precisa que se dedica a robar mensualmente por no contar con

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trabajo estable, pero que respecto a los hechos solo él participó en el arrebato del bolso de la agraviada, no portando en ningún momento arma de fuego alguna, sostiene además que se encontró circunstancialmente con el menor y este solo lo acompañó; no obstante ello, al ser examinado por su abogada defensora aceptó que en efecto portaba un arma de fuego, con la cual amenazó a la agraviada. CUARTO: A fojas diecisiete obra la manifestación prestada a nivel policial por el menor Yusepi Ramos Álvarez, quien sostiene que fue intervenido en circunstancias que se encontraba transitando con su amigo Guillermo Alonso Ramos Lara, por las inmediaciones de la Panamericana Sur, en el límite con Surco; no habiendo participado en ningún robo, presumiendo que la agraviada se confundió al sindicarlos, no apreciando el momento en que la misma fue despojada de sus pertenencias. QUINTO: A fojas setenta y cuatro, contrariamente a lo sostenido por el menor, obra la preventiva de la agraviada Betty Isabel Cáceres Trillo, quien ratificando lo suscrito en su manifestación policial, precisó que cuando se encontraba caminando con su amiga, fue interceptada por dos jóvenes, siendo golpeada por el menor de ellos, quien le sustrae su bolso que contenía su ropa, doscientos cincuenta dólares americanos y un par de zapatillas marca Puma, mientras que el acusado las amenazaba apuntándoles con un arma de fuego profiriendo palabras soeces. Versión que coincide con lo vertido por la testigo Melissa Yasmín Mendiguri Trujillo, a fojas diez, quien agrega que ante los gritos de auxilio son auxiliadas por un peatón. SEXTO: A fojas veintiuno obra el acta de hallazgo y recojo efectuado por el instructor efectivo policial en presencia del testigo Crisóstomo Cadillo Gonzales, precisándose que en un bolso de tela de cuadrados negros con blanco, de asas, base de cuerina color blanco con cierre, se encontró parte de las pertenencias de la agraviada, los cuales consistían en prendas de vestir, documentos y accesorios, no ubicándose el dinero ni las zapatillas; se precisa asimismo que dicho bolso fue arrojado por el menor Yusepi Ramos Álvarez, en circunstancias que se daba a la fuga en compañía del acusado. SÉTIMO: A fojas noventa y seis, obra el Dictamen pericial toxicológico, dosaje etílico y sarro ungeal, practicado al acusado Guillermo Alonso Ramos Lara, dieciocho horas posteriores a la comisión del evento delictivo, el cual arrojó positivo para cocaína y marihuana.

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OCTAVO: A fojas ciento cuarenta y uno, ciento cuarenta y dos, y ciento cuarenta y tres obra el prontuario judicial del acusado Guillermo Alonso Ramos Lara, quien registra dos sentencias condenatorias por delito de Robo Agravado; la primera expedida con fecha veintitrés de junio del año dos mil seis por la cuarta sala penal para procesos con reos en cárcel, a diez años de pena privativa de libertad, la misma que vencerá el veintiséis de junio del año dos mil catorce, sin embargo dicho encausado egresó del penal con libertad por indulto concedido con fecha cuatro de setiembre del año dos mil nueve; no obstante ello, ingresó nuevamente al penal con fecha dos de marzo del dos mil diez, por el mismo delito de Robo Agravado en perjuicio de Sharon Milagros Navarro del Castillo, siendo sentenciado por este hecho a diez años de pena privativa de libertad, pena que computada desde su intervención vencerá el veintisiete de febrero del año dos mil veinte, sanción que viene cumpliendo actualmente. NOVENO: En los alegatos respectivos, la defensa aduce que se tome en consideración la confesión vertida por su patrocinado a nivel de juicio oral, aplicándose en lo que sea pertinente lo establecido en el artículo ciento treinta y seis del Código de Procedimientos Penales; no obstante ello, el Colegiado tomará dicha conformidad parcial como una atenuante para la determinación de la pena. DÉCIMO: Es preciso establecer que, el objeto de todo proceso penal es alcanzar la verdad concreta respecto a los hechos que se ventilan, por lo que la decisión judicial a que arribe el juzgador, en cada caso, debe estar condicionada al descubrimiento de esta verdad, sustentada en el mérito de las pruebas y de los indicios contundentes, concurrentes y vinculantes que se hayan recabado en el curso de la instrucción y actuado en el juicio oral, tanto respecto a la comisión del delito materia de acusación, como a la responsabilidad penal de la procesada; pudiéndose producir en el juzgador una convicción y grado de certeza suficientes como para destruir la presunción de inocencia de que goza la encausada al inicio de su juzgamiento, para expedir entonces una sentencia condenatoria que cumpla con los requisitos y exigencias del artículo doscientos ochenta y cinco del Código Adjetivo. UNDÉCIMO: Que, analizadas y valoradas cada una de las pruebas recogidas durante la instrucción y debatidas en el acto oral, el Colegiado establece que las versiones proporcionadas por la agraviada Betty Isabel Cáceres Trillo y la testigo Melissa Yasmín Mendiguri Trujillo, han mantenido coherencia y uniformidad en el decurso de la investigación; existiendo persistencia en la imputación, describiendo detalladamente el accionar delictivo ejercitado por

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el acusado quien provisto de un arma de fuego la amenazó, facilitando que su acompañante, quien era un menor de edad, sustrajera su mochila empleando violencia; hechos que en su conjunto han sido aceptados parcialmente por el acusado con la salvedad de que en la configuración de los mismos solo habría participado su persona; sin embargo su dicho en este extremo se ve desvirtuado con la sindicación que ha efectuado la agraviada y testigo, además de las contradicciones en que el mismo incurriera con el objetivo de deslindar de toda responsabilidad al menor de edad, conforme se desprende del examen al que fue sometido en juicio oral, aunado a ello lo esgrimido en el acta de recojo y hallazgo de fojas veintiuno y la propia versión del procesado, por lo que en autos ha quedado debidamente acreditada la comisión del delito investigado, así como la responsabilidad penal del acusado. DUODÉCIMO: Para los efectos de la graduación de la pena, se tiene en consideración las condiciones personales del acusado, quien cuenta con antecedentes penales y judiciales conforme se aprecia en autos, teniendo la condición de reincidente; la utilización de arma de fuego en la ejecución del evento delictivo, que puso en peligro inminente la integridad física de la agraviada; que se encontraba bajo los efectos de estupefacientes, conforme se desprende del certificado glosado en el octavo considerando, no enmarcándose dicha circunstancia a los supuestos establecidos por el artículo veinte del Código Penal, pues el acusado poseía la facultad de comprender el carácter delictuoso de su accionar; asimismo, una de las funciones de la pena, además de ser retributiva por la infracción penal cometida, también es resocializadora, por el cual, busca que el agente que cometió un ilícito penal, pueda enmendarse, por lo que la sanción debe graduarse en atención a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, que debe ir en consonancia con los indicadores y circunstancias que se contraen los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal. DÉCIMO TERCERO: Para fijar la reparación civil se deberá considerar lo establecido en el artículo noventa y tres del Código Penal por el que se establece que la misma comprende la restitución del bien o en todo caso, el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, por lo que el monto se deberá fijar de manera prudencial para resarcir el daño sufrido por la parte agraviada. Por estas consideraciones, en aplicación de los artículos diez, once, doce, veintitrés, veintinueve, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, noventa y dos, noventa y tres, ciento ochenta y ocho como tipo base concordante con las circunstancias

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agravantes contenidas en los numerales tres y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal; y los artículos doscientos ochenta, doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales, la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima juzgando los hechos y las pruebas con el criterio de conciencia que la ley autoriza y administrando justicia a nombre de la Nación; FALLA: CONDENANDO a Guillermo Alonso Ramos Lara, nacido en la Maternidad de Lima el doce de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, hijo de don César y doña Rosa, de estado civil conviviente, con una hija, grado de instrucción sexto de primaria, con antecedentes penales y judiciales, como autor del delito contra el Patrimonio –Robo Agravado– en agravio de Betty Isabel Cáceres Trillo; imponiéndole como tal doce años de pena privativa de libertad, que computada desde la fecha POR MAYORIA vencerá el primero de julio del año dos mil veinticuatro; FIJARON: en la suma de quinientos nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor de la agraviada; MANDARON: Que, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se expidan los boletines de condena e inscriba donde corresponda; archivándose los autos definitivamente con conocimiento del Juez de la presente causa. SS. Dr. JUAN CARLOS VIDAL MORALES - Presidente Dra. LUISA ESTELA NAPA LÉVANO - Juez Superior y D.D. Dr. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA - Juez Superior

LA SECRETARÍA DE ACTAS DE LA PRIMERA SALA SUPERIOR PENAL DE REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, DEJA CONSTANCIA DEL VOTO EN SINGULAR DE LA SEÑORA LUISA NAPA LÉVANO, ES COMO SIGUE.‑ VISTOS y CONSIDERANDO: PRIMERO: En el proceso penal los derechos en conflicto son fundamentales de relevancia constitucional al estar integrado el derecho a imponer una sanción que corresponde al Juez, con los derechos de los procesados que también se encuentran protegidos constitucionalmente; que las garantías de tutela implica un deber de protección de estos derechos durante todo el proceso penal lo que no significa la omisión de tutelar otros bienes o valores jurídicos; SEGUNDO: Que el artículo VIII del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal dispone que la retroactividad y la interpretación de dicho cuerpo de leyes, se resuelve en lo más favorable al interno; por lo que, la

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imposición y ejecución de la pena se cumplirá respetando los derechos fundamentales de la persona que sufre reclusión; TERCERO: Que se desprende del prontuario obrante a fojas ciento cuarenta y dos y ciento cuarenta y tres, que el acusado Guillermo Alonso Ramos Lara se encuentra interno en Establecimiento Penal ordenado por el INPE, desde el dos de marzo del año dos mil diez, que si bien este ingreso se encuentra registrado por orden de la Cuarta Sala Penal Para Procesos con Reos en Cárcel de Lima, que lo sentenció por delito de Robo Agravado a diez años de pena privativa de libertad, ello no es óbice para que al sentenciársele en este proceso en el que se encuentra con mandato de comparecencia según resolución de fojas treinta y ocho, su fecha doce de febrero del año dos mil diez, no pueda computársele la pena a cumplir desde la fecha en que ingresó al penal y no desde hoy en que se dicta la sentencia; Por lo que mi VOTO en este extremo es porque la pena impuesta de doce años de privación de libertad sea computada desde el dos de marzo del año dos mil diez como inicio y vencerá el primero de marzo del año dos mil veintidós; y no el primero de julio del año dos mil veinticuatro como se está estableciendo; debiéndose refundir la pena con la establecida por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel, con fecha siete de junio del año dos mil once, que lo condenó por delito de Robo Agravado en perjuicio de Sharon Milagros Navarro Del Castillo. Archivándose definitivamente los actuados. LUISA ESTELA NAPA LÉVANO - Juez Superior

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046. Robo en transporte público y con concurso de dos o más personas: Configuración Los fundamentos fácticos contenidos en dictamen acusatorio estriban que en la madrugada los procesados despojaron de sus pertenencias al agraviado, hecho ocurrido en circunstancias que el citado agraviado conjuntamente con los acusados y una mujer de nombre “Carla”, abordaran un taxi a la salida de la discoteca en donde momentos antes habrían departido; siendo que, durante el trayecto a la avenida los Precursores en Maranga - San Miguel, la citada fémina descendió del vehículo, continuando el recorrido los acusados con el agraviado, fingiendo uno de ellos sentirse mal y con náuseas, lo que motivó que los mismos descendieran del vehículo, prosiguiendo el trayecto a pie, instante en el que sorpresivamente el coacusado coge del cuello al agraviado, logrando que caiga al suelo, procediendo el acusado a despojarlo de sus pertenencias consistentes en su billetera conteniendo tarjetas de diversos bancos, su tarjeta de identidad naval, su documento nacional de identidad y la suma de cuarenta nuevos soles, además de su mochila conteniendo prendas de vestir y su teléfono celular; dándose luego a la fuga. Por los hechos así descritos, se abrió instrucción y se formuló acusación contra los acusados por el delito contra el Patrimonio –Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo ciento ochenta y ocho– tipo base con las agravantes contenidas en los incisos dos, y cuatro del primer párrafo del Código Penal. PODER JUDICIAL DEL PERÚ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMERA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES “Judicatura digna, democrática e institucional” Expediente Nº 23442-2010 D.D. Dra. Napa Lévano

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Lima, 23 de julio de 2012 VISTOS: En audiencia pública el proceso penal seguido contra: César Junnior Castillo Alania y John Alex Huidobro Rivera; cuyas generales de ley obran en autos, acusados de la comisión del delito contra el Patrimonio - robo agravado, en agravio de Alexander Eduardo Begazo Aspíllaga; RESULTA DE AUTOS: Que, a mérito del Atestado Nº 076-10-VILDIRTEPOLDIVTEROESTE-CM-DEINPOL, de fojas dos y siguientes elaborado por la Comisaría de Maranga, de fecha siete de agosto del año dos mil diez, el señor Representante del Ministerio Público formalizó la correspondiente denuncia penal de fecha siete de agosto del año dos mil diez, obrante a fojas treinta y dos, que calificada, motivó la emisión de auto de inicio de proceso, su fecha ocho de agosto del año dos mil diez, obrante a fojas cuarenta, dictándose la medida coercitiva personal de Comparecencia Restringida contra los referidos acusados. Que, seguido el proceso por el trámite ordinario correspondiente, vencidos los plazos ordinario y extraordinario de instrucción, con el informe final de fojas ciento diecisiete, se elevaron los autos a esta Superior Sala Penal remitiéndose los mismos a vista de la señora Fiscal Superior, quien emite su acusación escrita de fojas ciento cuarenta y ocho, dictándose al mérito de sus fundamentos dictándose el Auto Superior de Enjuiciamiento de fojas ciento sesenta y cinco, su fecha dieciséis de mayo del año dos mil doce, señalándose día y hora para la verificación del juicio el mismo que se ha llevado a cabo en el modo y forma que aparecen de las actas respectivas; producida la requisitoria oral de la señora Representante del Ministerio Público, oído los alegatos de la defensa cuyas conclusiones obran en pliegos separados, ha llegado el momento procesal de dictar sentencia; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: DE LA IMPUTACIÓN: Que los fundamentos fácticos contenidos en dictamen acusatorio, estriban en que con fecha siete de agosto del año dos mil diez a horas cinco y cuarenta de la madrugada aproximadamente, los procesados despojaron de sus pertenencias a Alexander Eduardo Begazo Aspíllaga, hecho ocurrido en circunstancias que el citado agraviado conjuntamente con los acusados y una mujer de nombre “Carla”, abordaran un taxi a la salida de la discoteca Persépolis, en donde momentos antes habrían departido, siendo que, durante el trayecto a la avenida los Precursores en Maranga - San miguel, la citada fémina descendió del vehículo, continuando el recorrido los acusados con el agraviado, fingiendo uno de ellos sentirse mal y con náuseas, lo que motivó que los mismos descendieran del vehículo, prosiguiendo el trayecto

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a pie, instante en el que sorpresivamente el acusado Huidobro Rivera coge del cuello al agraviado, logrando que caiga al suelo, procediendo el acusado Castillo Alania a despojarlo de sus pertenencias consistentes en su billetera conteniendo tarjetas del Banco de la Nación, del Banco de Comercio Plaza, su tarjeta de identidad naval, su documento nacional de identidad y la suma de cuarenta nuevos soles, además de su mochila conteniendo prendas de vestir y su teléfono celular; dándose luego a la fuga. SEGUNDO: Por los hechos así descritos, se abrió instrucción y se formuló acusación contra los acusados César Junnior Castillo Alania y John Alex Huidobro Rivera por el delito contra el Patrimonio –Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo ciento ochenta y ocho– tipo base con las agravantes contenidas en los incisos dos, y cuatro del primer párrafo del Código Penal; el mismo que tiene como bien jurídico protegido el Patrimonio –específicamente la posesión de un bien mueble–, pero además, también la libertad, la vida, la integridad física de las personas, hecho que lo configura como un delito compuesto o pluriofensivo; y para los efectos de la tipicidad objetiva, el sujeto activo puede ser cualquier persona, a excepción hecha del propietario; sujeto pasivo puede ser cualquier persona física o jurídica que disfrute de la posesión inmediata del bien mueble, cualquiera que sea el título por el que dispone de dicha facultad. El comportamiento consiste en apoderarse ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentre, empleando violencia contra la persona y amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física; finalmente para los efectos de la tipicidad subjetiva se requiere del dolo. TERCERO: Dentro del marco jurídico de la actividad probatoria, se recibió la versión del acusado César Junnior Castillo Alania, quien al prestar su manifestación policial en presencia del representante del Ministerio Público y abogado de su elección, afirmó que el día de los hechos, en circunstancias que departía en una discoteca con su coacusado Huidobro Rivera y la amiga de aquel a la que conoce como Carla, se acerca el agraviado, quien hasta ese momento era un sujeto desconocido, ofreciéndose a departir con ellos, para lo cual compró cerveza, invitando luego a bailar a Carla; continuando así hasta las cuatro y treinta de la madrugada aproximadamente, en que deciden retirarse del lugar, por lo que el agraviado solicita los servicios de un taxi que los conduzca hacia la casa de la tía de la fémina, descendiendo la precitada a la altura de la avenida Precursores, en tanto ellos siguieron su camino de manera

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conjunta con el agraviado, hacia la intersección de la avenida los Insurgentes y los Precursores, lugar en el que este último compra una botella de ron para departir, momentos en el que su coacusado Huidobro Rivera cogió del cuello al citado agraviado, arrojándolo al piso, induciéndolo a despojarlo de sus pertenencias, por lo que le sustrae su billetera del bolsillo derecho de su pantalón, pero al ver que no había dinero, lo arrojó por el parque la Apacheta. Precisa que en efecto, el agraviado llevaba una mochila, agregando además que en ese momento ambos se encontraban en estado de ebriedad, confesando su arrepentimiento; versión que varía ostensiblemente en su declaración instructiva a fojas cincuenta y siete, sosteniendo que se produjo un altercado entre su coprocesado Huidobro Rivera y el agraviado Begazo Aspíllaga y que este preguntaba por su amiga Carla, produciéndose un pugilato, cayendo ambos al pavimento, limitándose e espectar el hecho, retirándose luego del lugar, siendo intervenido posteriormente por la policía en circunstancias que se aprestaba a ingresar a su domicilio; aduciendo que lo sostenido en su manifestación policial obedece a un mal asesoramiento de su abogado, asimismo a nivel de Juicio Oral en sesión de fecha veintiuno de junio del año en curso, persistiendo y ratificándose en su dicho anterior, agregó que en la comisaría tanto la policía como la señora Fiscal Adjunta Provincial lo habrían perjudicado, consignando relatos que nunca refirió, aprovechando su estado de embriaguez, produciéndose una serie de irregularidades, que el abogado que actúo en la diligencia no fue de su libre elección, que el agraviado se les acercó aduciendo problemas conyugales y que no traía consigo la mochila que afirma haber llevado. CUARTO: Por su parte el acusado John Alex Huidobro Rivera, al prestar su manifestación policial de fojas catorce, en presencia del representante del Ministerio Público y abogado de su elección, coincidiendo en parte con lo referido por su coprocesado, afirma que el agraviado preguntaba insistentemente por Carla, reclamándole y empujándolo, motivando el origen de una pelea, cayendo ambos al suelo, circunstancia que es aprovechada por su coacusado Castillo Alania, quien le sustrajo la billetera y lo arrojó a unos veinte metros, procediendo a darse a la fuga, negando haberlo inducido a ello, como este sostiene, sin embargo acepta haber cogido del cuello al agraviado, impulsado por el momento, sin explicarse el porqué actuó en dichos términos, encontrándose arrepentido; no obstante en su declaración Instructiva de fojas cincuenta y siete, siguiendo la conducta procesal de su coacusado, alegando inocencia, modifica su versión primigenia, refiriendo que no se produjo ningún robo, sino que fue una pelea con el agraviado en que se agredieron físicamente,

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cogiéndose ambos del cuello, cayendo al suelo, y que posteriormente se alejan del lugar insultándose, dirigiéndose a sus respectivos domicilios, no recordando nada más hasta el momento de la intervención policial, siendo falso que le hayan sustraído sus pertenencias; dicho que corrobora en el Juicio Oral, aduciendo que las huellas que sufrió en la pelea no fueron percibidas por la negligente atención de los médicos legistas; que su abogada no lo asesoró debidamente, y que asimismo el efectivo policial de apellido Herrera le solicitó mil nuevos soles para desvincularlo de toda responsabilidad, y que ante su negativa, este lo amenazó que se iría preso por siete años; que el instructor policial lo indujo a referir términos que no conocía por su ignorancia; que no recuerda con precisión muchos pasajes de los hechos vertidos en la comisaría, dado su estado de embriaguez; negando haber asaltado al agraviado. QUINTO: Por su parte, el agraviado Alexander Eduardo Begazo Aspíllaga, tanto en su manifestación policial de fojas nueve y diecisiete, como en el acto oral de fecha cinco de julio del año en curso, sostuvo en forma invariable, que en efecto, concurrió a la discoteca Persépolis, con el objetivo de buscar a unos compañeros, no obstante ello, se dirige donde una desconocida y le entabla conversación, invitándole una jarra de cerveza, acercándose a los pocos minutos los acusados quienes refirieron ser amigos de la citada fémina de nombre “Carla”, por lo que juntos departieron hasta las cuatro y cuarenta y cinco de la mañana aproximadamente, para luego retirarse y abordar de manera conjunta un taxi, a mérito de una invitación cursada por Carla, aparentemente hacia la casa de una tía, pagando él los servicios del taxi; que en el trayecto desciende esta del vehículo, prosiguiendo el rumbo con los acusados, bajándose a la altura de la avenida Insurgentes, comprando por su cuenta un ron, con la finalidad de llevarlo a la casa de la chica que había conocido, que al seguir caminando Castillo Alania refirió tener náuseas, por lo que al aproximarse para ver su estado es sorprendido por Huidobro Rivera, quien lo cogotea, cogiéndolo del cuello, ahorcándolo, arrojándolo al suelo, facilitando el robo, por lo que Castillo Alania lo despoja de sus pertenencias; agrega que pese a la ingesta de alcohol estaba consciente, recordando perfectamente las circunstancias en que se cometieron los hechos, tanto así que no vio a ninguna persona por los alrededores. SEXTO: En sesión de fecha cinco de julio, también concurrió a juicio la testigo de parte Maritza Carmen Montero Cáceres, quien al ser examinada refirió conocer a los acusados por los nombres de “Johny” y “Junnior” desconociendo sus apellidos, los cuales son clientes ocasionales de su peluquería;

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que el día de los hechos a las cinco y treinta de la mañana aproximadamente en circunstancias que se encontraba trotando por los alrededores de un parque ubicado por la avenida Insurgentes, se percató a dos metros de distancia que el acusado Huidobro Rivera estaba peleando con el agraviado, forcejeando, profiriéndose golpes de puño y puntapié, que ante dicha situación les preguntó que pasaba y siguió trotando, sin esperar respuesta; indica que a su retorno, divisó que estos se retiraban profiriéndose palabras obscenas, que hubieron otros testigos, quienes eran gente de la zona, sin embargo al ser preguntada para que precise la identificación de los mismos, no supo dar respuesta. Que, asimismo, concurrió la testigo de parte María Inés Severino Castañeda, quien refirió que el día de los hechos, a las seis de la mañana, estuvo ocasionalmente por la zona, esperando un taxi, divisando a quince o veinte metros de distancia aproximadamente que el acusado Huidobro Rivera se jaloneaba y abrazaba con un sujeto de pelo corto, color negro, no muy alto, estando también presente su coprocesado, quien solo espectaba, y que transcurridos tres minutos aproximadamente tanto los acusados como el agraviado se separan y dispersan profiriéndose palabras soeces, no apreciando que le arrebataran pertenencia alguna. SÉTIMO: Que, al oralizar su requisitoria, la señora Fiscal, considera que lo vertido por los acusados en instancia judicial, carece de todo sustento razonable, pues aducen no recodar hechos que los perjudica, en atención al estado de ebriedad que presentaron, no obstante ello, recuerdan con exactitud circunstancias que los eximen de responsabilidad; resultando carente de objetividad lo vertido por las testigos de parte, en atención a su evidente cercanía con familiares de los acusados y notorias contradicciones en las que incurren al fundamentar su presencia en el lugar de los hechos, consideraciones por las que ratifica su solicitud contenida en dictamen acusatorio escrito, al encontrarse probada la comisión del ilícito penal previsto y sancionado por el artículo ciento ochenta y ocho como tipo base con la circunstancia agravante contenida en los incisos dos y cuatro del primer párrafo del Código Penal. OCTAVO: Que, frente a la imputación Fiscal, la defensa del acusado Castillo Alania, en sus alegatos orales, considera que a través del decurso de las investigaciones y contradictorio, se ha llegado a establecer la inexistencia del delito; que el agraviado entra en contradicciones diametrales al detallar los pormenores de los hechos, cuando sostiene que le sustrajeron su Documento Nacional de Identidad, su tarjeta de crédito, su carné de identidad naval, una mochila con enseres; cuando en el expediente obra copia del documento de identidad, en

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el cual se precisa fue obtenido el diez de agosto del año dos mil diez, siendo materialmente imposible el que se curse el duplicado en tan corto espacio de tiempo; que el agraviado por su condición de personal militar está capacitado en defensa personal; por lo que no habría sufrido violencia, ni se habría puesto en peligro su integridad física, además no ha acreditado la preexistencia de lo presuntamente robado, por lo que solicita la absolución de su patrocinado. Por su parte la defensa del acusado Huidobro Rivera, señaló que el Ministerio Público tiene la carga de la prueba, y como tal, durante el desarrollo en conjunto de las sesiones no actuó con objetividad al indicar los elementos constitutivos del delito, verbo rector de esta; que el agraviado refirió que su patrocinado lo ahorcó, y según lo refiere el Diccionario de la Lengua Española ahorcar significa enrollar un nudo con una cuerda; que la Fiscalía no ha logrado demostrar que haya existido amenaza al corroborarse el certificado médico legal, ni menos que se haya actuado el certificado de dosaje etílico para acreditar qué grado de alcohol tenía su patrocinado; que además no se ha acreditado la preexistencia de lo presuntamente sustraído con documentos idóneos; por lo que, que la insuficiencia probatoria de cargo aunada a la duda razonable, hacen concluir en que no se ha acreditado la responsabilidad penal de su patrocinado, solicitando su absolución. NOVENO: La libre apreciación razonada de la prueba, que es el sustento del artículo 283 del Código de Procedimientos Penales, reconoce al juez la potestad de otorgar el valor correspondiente a las pruebas, sin directivas legales que lo predeterminen. Desde esa perspectiva es de afirmar que el derecho a la presunción de inocencia exige sobre el particular que las pruebas de cargo, que justifiquen una condena, además deben ser suficientes. Que, a mayor abundamiento, el hecho punible, debe cumplirse a partir de la configuración razonable de determinadas reglas o criterios de valoración, que permitan trasladar las exigencias de racionalidad a la ponderación de la prueba. DÉCIMO: Que, la Corte Suprema de la República ha establecido con carácter de vinculante las reglas de valoración que han de tomarse en cuenta para determinar el carácter probatorio derivado de la incriminación vertida por la víctima; en ese sentido tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico testis unus testis nullus, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden

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sus afirmaciones. Las garantías de certeza serían las siguientes: a) Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. b) Verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. c) Persistencia en la incriminación; esto es, la persistencia de sus afirmaciones en el decurso del proceso(63). UNDÉCIMO: Que asimismo, mediante Ejecutoria número treinta cuarenta y cuatro del año dos mil cuatro, la Corte Suprema ha establecido con carácter de vinculante(64), que cuando se trata de testigos o imputados que han declarado indistintamente en ambas etapas del proceso penal, en la medida en que la declaración prestada en la etapa de instrucción se haya actuado con las garantías legalmente exigibles –situación que se extiende a las declaraciones en sede policial, siempre que se cumpla lo expresamente estatuido en la norma habilitante pertinente referido a la presencia del Fiscal y, en su caso, del abogado defensor–, el Tribunal no está obligado a creer aquello que se dijo en el acto oral, sino que tiene libertad para conceder mayor o menor fiabilidad a unas u otras de tales declaraciones, pues puede ocurrir, por determinadas razones –que el Tribunal debe precisar cumplidamente–, que ofrezca mayor credibilidad lo declarado en la etapa de instrucción que lo dicho después en el juicio oral, en tanto dicha declaración se haya sometido en tal acto a contradicción con las garantías de igualdad, publicidad e inmediación y trasunta una mayor verosimilitud y fidelidad y cumplimiento, en su esencia, de los requisitos de legalidad y contradicción. DUODÉCIMO: Que, analizadas y valoradas cada una de las pruebas recogidas durante la investigación preliminar, instrucción y debatidas en el acto oral, tenemos que los acusados César Junnior Castillo Alania y John Alex Huidobro Rivera, tal como se ha descrito en los considerandos que anteceden, en sus respectivas declaraciones prestadas a nivel policial en presencia de la representante del Ministerio Público y defensor de su elección, por lo que mantienen su valor probatorio, han sostenido razonable y coherentemente el modo y circunstancias que enmarcaron su accionar en perjuicio del

(63) Acuerdo Plenario N° 2-2005/Cj-116 Fundamento Jurídico Nº 10. (64) Recurso de Nulidad 3044-2004 del 01/12/2004, Fundamento jurídico Nº 5 (vinculante).

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agraviado, mostrando incluso arrepentimiento por su conducta, afirmaciones más próximas al tiempo de ocurridos los hechos, y que se corroboran objetivamente con elementos periféricos obrantes en autos tales como la sindicación primigenia hecha por el agraviado en su denuncia, ratificándose en todos sus extremos a nivel de Juicio Oral, denotándose persistencia y uniformidad al describir las circunstancias que rodearon el hecho y que coincide con lo detallado por los procesados, no correspondiendo precisamente al momento de producido el acto delictivo, resultando evidente que estos con el deliberado propósito de evadir sus responsabilidades, luego de haber reconocido hidalgamente su acción ante la policía, ante el juzgado y en el acto oral han tratado de tergiversar los hechos por todos los medios posibles, aduciendo que solo se trató de una simple pelea, producto del consumo de alcohol por parte de los tres en la discoteca, y en su afán desmedido por desvanecer sus dichos iniciales, en forma infantil e ilógica tratan de culpar de ello a la Policía, al Ministerio Público y a sus abogados; que el agraviado al describir el acto delictivo sostuvo que el procesado Huidobro Rivera lo cogió del cuello ahorcándolo, término que la defensa ha pretendido aprovechar a su favor, no obstante saber que este es un decir por la forma como fue tomado del cuello por el citado procesado; que de otro lado la sinceridad y falta de ribetes de enemistad por parte de la víctima se denota cuando al interrogársele si consideró que estos actuaban en forma premeditada, dado la forma como se comportaron desde que se conocieron en la discoteca, respondió que no evidenció en ellos una actitud dirigida a perjudicarlo, habiendo actuado en todo momento en forma voluntaria, sin sospechar el proceder posterior de sus acompañantes, resultando ello relevante para determinar que fue un acto ocasional producto del momento y de la ingesta de alcohol. Que a mayor abundamiento las afirmaciones vertidas por las testigos de parte Maritza Carmen Montero Cáceres y María Inés Severino Castañeda, en el juicio oral, las cuales por sus características carecen de idoneidad probatoria, pues no han aportado mayores luces al proceso, por el contrario, han brindando datos evasivos con el único objetivo de desvinculados de las imputaciones, restándoles objetividad a sus dichos, que aunado al desconocimiento de los datos de identificación de los acusados, pone de manifiesto una evidente parcialización con los argumentos disímiles vertidos por estos en el decurso de la instrucción y acto oral, que nos obliga a remitirnos a medios de prueba que ofrezcan mayor credibilidad, cuya actuación sigue los parámetros establecidos por el artículo sesenta y dos y el segundo párrafo del artículo setenta y dos del Código de Procedimientos Penales; en concordancia con la sentencia vinculante recaída en el Recurso de Nulidad número treinta cuarenta y cuatro del año dos mil cuatro, a

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que se hace referencia en el undécimo considerando merituado, fundamentos por los cuales el Colegiado llega a la convicción de que en autos se encuentra debidamente acreditado la comisión del delito materia de juzgamiento, así como la responsabilidad penal de los procesados César Junnior Castillo Alania y John Alex Huidobro Rivera. DÉCIMO TERCERO: Sin embargo, para los efectos de la graduación de la pena se tiene en consideración las condiciones personales de los autores; en ese sentido tenemos que el acusado Castillo Alania, ha seguido estudios superiores conforme se desprende de las copias selladas por la autoridad policial obrante a fojas treinta y treinta y uno, carece de antecedentes penales y judiciales, conforme se aprecia del certificado que obra a fojas ciento ochenta y dos y ciento ochenta y cuatro, teniendo consecuentemente la condición de agente primario, que no registra requisitorias, conforme se desprende a fojas treinta y siete, que viene registrando su firma en el registro Biométrico conforme aparece del reporte adjunto por el Sistema Integral Judicial, que no obstante, si bien tiene responsabilidad restringida, al haber contado con diecinueve años de edad al momento de los hechos, dada las circunstancias y naturaleza del delito existe la unidad de imputación; del mismo modo, el acusado Huidobro Rivera, no registra antecedentes penales ni policiales, conforme se desprende del certificado que obra a fojas ciento ochenta y tres y el oficio remitido por la Policía con fecha nueve de los corrientes, teniendo también la condición de agente primario, además de venir registrando su firma en el registro Biométrico conforme aparece del reporte adjunto emitido por el Sistema Integral Judicial; constituyendo una circunstancia atenuante el estado de ebriedad en el que ambos se encontraban, conforme así lo expusieron y confirmó en juicio el agraviado. Que, una de las funciones de la pena, además de ser retributiva por la infracción penal cometida, también es resocializadora, por el cual, busca que el agente que cometió un ilícito penal, pueda enmendarse, por lo que la sanción debe graduarse en atención a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, que debe ir en consonancia con los indicadores y circunstancias que a las se contraen los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, por lo que en este caso la imposición de una pena condicional resulta suficiente para sancionar su conducta ilícita. DÉCIMO CUARTO: Que, con respecto a la reparación civil conforme lo prescribe el artículo noventa y tres del Código Penal, esta tiene como fin la restitución del bien y en caso de no ser posible, el pago de su valor, así como la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, la misma que deberá

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fijarse partiendo del principio de responsabilidad, por el cual se asume que quien causa un daño debe responder por sus actos. En ese sentido, el monto indemnizatorio debe fijarse prudencialmente. Consideraciones por las cuales, y en aplicación de los artículos diez, once, doce, veintidós, veintitrés, veintinueve, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, noventa y dos, noventa y tres, ciento ochenta y ocho como tipo base concordante con las circunstancias agravantes contenidas en los numerales dos y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal; y los artículos doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales, la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima juzgando los hechos y las pruebas con el criterio de conciencia que la ley autoriza y administrando justicia a nombre de la Nación; FALLA: CONDENANDO POR MAYORÍA a César Junnior Castillo Alania, identificado con documento nacional de identidad número cuatro seis ocho cinco cero seis cuatro nueve, nacido en Lima el tres de marzo de mil novecientos noventa y uno, hijo de don César y doña Élida, sin antecedentes penales ni judiciales y John Alex Huidobro Rivera, identificado con documento nacional de identidad número cuatro cinco cero uno dos cero cuatro nueve, nacido en Lima el veintiuno de abril de mil novecientos ochenta y ocho, hijo de don John y doña Daiana, sin antecedentes penales ni policiales, como autores del delito contra el Patrimonio –robo agravado– en agravio de Alexander Eduardo Begazo Aspillaga; a cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida condicionalmente en su ejecución por el periodo de prueba de TRES AÑOS; bajo el cumplimiento de manera personal y obligatoria de las siguientes reglas de conducta: a) No variar de domicilio sin previo aviso del Juez de la causa; b) Concurrir al local del Juzgado a firmar cada fin de mes el libro de control respectivo y justificar sus actividades, c) No cometer nuevo delito doloso; bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de aplicarse lo dispuesto en el artículo cincuenta y nueve del Código Penal; FIJARON: en la suma de un mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar solidariamente los sentenciados César Junnior Castillo Alania y John Alex Huidobro Rivera a favor del agraviado Alexander Eduardo Begazo Aspíllaga; MANDARON: Que, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se expidan los boletines de condena e inscriba donde corresponda; archivándose los autos definitivamente con conocimiento del Juez de la presente causa.

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S.S Dr. JUAN CARLOS VIDAL MORALES - Presidente Dra. LUISA ESTELA NAPA LÉVANO - Juez Superior y D.D. Dr. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA - Juez Superior

LA SECRETARIA DE LA PRIMERA SALA SUPERIOR PENAL DE REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, DEJA CONSTANCIA DEL VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SEÑOR CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA –JUEZ SUPERIOR– SEGÚN COMO SIGUE: VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, es el caso que a los acusados Castillo Alania y Huidobro Rivera se les ha probado judicialmente que son responsables penales del injusto penal que ha sido materia de juzgamiento, esto es, de haber asaltado a su víctima el día de los hechos con violencia; SEGUNDO.- Que, la conducta procesal de los acusados ha sido oclusiva a la justicia, quienes en todo momento han negado los cargos, sostienen ser inocentes, y en el juicio se han declarado ser víctimas del sistema, esto es, con el ánimo de destruir la calidad de prueba plena que tienen sus declaraciones vertidas en sede policial en presencia del Ministerio Público y de su abogado defensor, optando por la vía más fácil de desacreditar profesionalmente la actuación del Ministerio Público y de su propio abogado; declaraciones en donde con lujo de detalles han reconocido su responsabilidad detallando Castillo Alania a fojas (11) que fue Huidobro Rivera quien lo cogió del cuello y lo arrojó al piso, y fue él quien procedió a quitarle sus pertenencias; mientras que Huidobro Rivera acepta los cargos a fojas (15) sosteniendo que fue su amigo, es decir Castillo Alania quien sacó la billetera y lo botó a unos veinte metros y se fueron corriendo; TERCERO.- El profesor Missan Max sostiene en su Tratado de Derecho Procesal Penal, que los reos tienen derecho a mentir, pero lo que es reprochable, cuando tratan de confundir a la administración de justicia, como en este caso, convirtiendo su conducta en oclusiva y perniciosa para los resultados del proceso; así Castillo Alania en el juicio oral ha negado los cargos y a fin de justificar su declaración que dio en la etapa preliminar ataca la bondad del sistema procesal, desprestigiando la actuación del Ministerio Público sosteniendo que la Fiscal puso palabras en su boca, quien no estuvo en todo momento de la diligencia y que estaba preocupada más por el desayuno en el cafetín, que solo vio el papel y lo firmó, que en realidad no estuvo en la diligencia y que en cuanto a su abogado defensor dice que a él no lo conoce y que jamás fue recomendado por su familia y que

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estuvo en la dependencia policial por otro caso, quien le dijo que se culpase, por lo que ante preguntas sobre estas actuaciones en el acta del veinte y uno de junio último, efectuadas por el suscrito magistrado, este procesado guardó silencio; por su parte el acusado Huidobro Rivera en juicio oral ha negado los cargos señalando que ese día estaba totalmente mareado y hay cosas que no recuerda, que su abogado llegó tarde tan solo a firmar su declaración, que cuando llegó al centro de detención todavía estaba ebrio, que le dijeron que lo iban a meter preso, que no recuerda lo que declaró ante la policía, que solo le dijo que se abrazaron y se cayó al suelo y que el policía que le tomó la declaración le dijo que lo apoye porque sino todo va a salir peor, afirma también que no sabe los apellidos de su amigo, quien es testigo presencial de los hechos, que solo sabe que se llama Carla Geraldine y que no ha podido encontrar, declarando en la audiencia que los policías ponían palabras en su boca y firmó porque estaba mareado, aburrido y quería irse, y que su abogado le manifestó que si negaba los cargos se iba a ir a un juicio, tenía que aceptarlo; CUARTO.- Durante el juicio los acusados, sobre todo Huidobro Rivera no ha dado el nombre de la fémina que participó en los hechos, limitándose a sostener que solo sabe que se llama Carla Geraldine y que no sabe dónde vive, que se ha mudado, afirmación que resulta sintomática, y porque evidentemente este acusado sabe, que esta testigo no lo ayudará, porque no está dispuesta a comprometerse ni a mentir, no siendo aceptable que no la haya ubicado, sobre todo si los acusados han conseguido dos testigos que recién aparecen en la escena, testigos que han sido imprecisos y que nos arriesgaríamos a decir que son de favor, que en el interrogatorio han dado datos vagos e imprecisos, que no justifican su presencia en el lugar de los hechos ese día y a esa hora, que era antes de las seis de la madrugada; así Huidobro Rivera ha ofrecido a la testigo Maritza Montero Cáceres quien en la audiencia del cinco de julio último, ha sostenido que es de profesión cosmetóloga y que el día de los hechos recuerda con claridad que salió a correr a eso de las cinco y treinta de la mañana, que cuando dio la segunda vuelta vio a unos metros de distancia a un muchacho y a otro amigo más que estaban peleando, les llamó la atención y siguió avanzando, se gritaban palabras y siguió caminando hasta su casa y que ha concurrido a juicio porque el procesado Huidobro Rivera le manifestó que tenía problemas y que lo estaban acusando, indicando que corría sola que había bastante gente, que supone que otras personas también vieron la pelea, que no vive en ese lugar, que vive en otro sitio, pero se queda en su negocio y sale a correr, que no puede demostrar que vive en los Insurgentes (o sea en el lugar de los hechos) y que recién le han solicitado para que venga a declarar y que en esa época no le pidieron nada; por su parte el acusado Castillo Alania

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ofrece a la testigo María Inés Severino Castañeda quien concurre a la audiencia del cinco de julio último sosteniendo que ella presenció los hechos pero que no vive en ese lugar y que estuvo allí porque asistió a una reunión de unas amigas, que conoce a los acusados desde pequeños y que ese día pudo observar a tres personas que se jaloneaban dos de ellos y estaba parado Junnior, que vio que se estaban jaloneando y que se asustó un poco, que se quedó parada, se gritaban cosas incoherentes (refiriéndose a Castillo Alania) testigo que no ha podido justificar su presencia en el lugar de los hechos quien se limita a manifestar que fue invitada por una persona que se llama Cristina Curioso que no sabe su otro apellido, y que la propietaria de ese inmueble se llama Manta o algo así; situación que desacredita esta testigo quien después de tantos años ha aparecido en la escena, evidentemente para justificar de favor las versiones, de ahora de los acusados; QUINTO.- Por su parte el agraviado Alexander Eduardo Begazo Aspíllaga ha sido firme y coherente en la imputación sosteniendo que el día de los hechos asistió a la discoteca Persépolis en la avenida La Marina, en circunstancias que se le acercó una chica y de ahí también se acercaron dos chicos que eran amigos de ella, que estaban parados en la barra, que compartieron más o menos cincuenta minutos, que invitó una jarra de cerveza, manifestando a su vez la chica que había una fiesta en su casa y salieron con los dos muchachos tomando un taxi, y en el camino la chica se bajó en Faucett diciendo que le dieran el encuentro y que posteriormente al bajar al llegar a la esquina lo cogotean, quien lo agarró del cuello es el más alto, o sea Huidobro Rivera; SEXTO.- Las pruebas señaladas líneas arriba no nos dejan ninguna duda de que los procesados son responsables de los hechos, que atacaron al agraviado con violencia, que premeditaron sus actos, esto vendría a ser su modus operandi con los parroquianos quienes ingresan a estos lugares en busca de diversión y compañía, y quienes se han permitido en este tribunal cambiar su versión a su antojo, y desprestigiar al sistema procesal penal en su esencia, ridiculizando la actuación del Ministerio Público y lo que es peor aún de su propio abogado defensor, coartada generada simultáneamente por ambos acusados, quienes han culpado además también a sus defensores, indicando que les aconsejaron que se deben autoinculpar, lo cual de ser verdad sería un hecho sumamente preocupante en el Ministerio de la Defensa; pero a criterio del suscrito solo son afirmaciones para sustraerse de su responsabilidad penal, siendo por ello, que de ninguna manera y por ningún motivo estos agentes pueden hacerse merecedores de los beneficios premiales del Derecho Penal, que toda suspensión de la ejecución de una pena tiene que tener fundamentos de confesión sincera, arrepentimiento, de colaboración con el proceso, que en el presente caso no es viable, porque los reos durante el juicio

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han mentido y han negado firmemente ser responsables en la forma y modo que se ha descrito, porque de aceptar el órgano jurisdiccional estas afirmaciones no quedaría otro camino más que la absolución, que desde el punto de vista del suscrito no es posible, por lo que la pena tiene que tener como referencia el título de imputación del Ministerio Público e inclusive puede rebasar la pena solicitada por este Ministerio, de conformidad con el artículo 285-A inciso 4 del Código de Procedimientos Penales, dejando con esto sentado mi voto en los términos expuestos y en exordio de esta resolución; SÉTIMO.- Mi opinión es por que se imponga al acusado Castillo Alania César Junnior siete años de pena privativa de la libertad y al acusado John Alex Huidobro Rivera la pena de doce años de pena privativa de libertad, como autores del delito contra El Patrimonio - Robo Agravado en agravio de Alexander Eduardo Begazo Aspíllaga, la misma que computada desde la fecha para el primero de los mencionados vencerá el veintidós de julio del año dos mil diecinueve; y para el segundo de los mencionados vencerá el veintidós de julio del año dos mil veinte y cuatro.‑ S.S. CéSAR AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA - Juez Superior

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047. Robo a mano armada, durante la noche con concurso de dos o más personas: Configuración De todo lo actuado ha quedado acreditado: a) que según la denuncia del agraviado los hechos se produjeron alrededor de las veintiún horas con cincuenta minutos; b) que los procesados fueron intervenidos antes de cumplirse una hora de producido el robo del vehículo; c) que los acusados fueron intervenidos al interior del vehículo robado; d) el acusado fue encontrado en posesión de arma de fuego, sin número de serie por haber sido erradicado por acción mecánica (limadura profunda); e) que los efectivos policiales intervinientes afirman que al oír por su central de radio la comunicación del robo del vehículo y las características de este, y su ubicación satelital, un patrullero lo ubicó y le hizo la voz de alto pero logró fugar, siendo ubicado más adelante por otra patrulla policial que logró intervenirlos debido a que un camión impedía el paso por la avenida, y chocó; f) que los efectivos policiales que han declarado afirmaron que los procesados al momento de ser intervenidos pretendieron darse a la fuga. Que siendo así, ha quedado establecido que los hechos incriminados son constitutivos de delito de robo agravado, bajo el cual se ha tipificado el evento submateria previsto y penado por el artículo ciento ochenta y ocho con las circunstancias agravantes del inciso dos, tres, cuatro y ocho del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal. Expediente Nº 8868-11 D.D. Meza Walde Sentencia

Lima, 13 de diciembre de 2012 VISTA: en Audiencia Pública el proceso penal seguido contra Jorge Alejandro Barrios Córdova (reo en cárcel), Mario Alberto Bermeo Solórzano (reo en cárcel) y Julio César Castro Sotelo (reo contumaz) por delito contra el patrimonio –robo agravado en grado de tentativa–, en agravio de Richard Anca

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Agurto y el Banco de Crédito; APARECE DE LO ACTUADO: Que con motivo de la elaboración del Atestado Nº 77-11-DIRTEPOL-DIVTER-ESTE-1-CZDEINPOL de fecha veinte de abril de dos mil once, el señor Fiscal Provincial formalizó denuncia penal a fojas noventa y nueve, por cuyo mérito el Juzgado Penal emite el auto de apertura de instrucción de fojas ciento diez, AVOCÁNDOSE al conocimiento del proceso el Quincuagésimo Primer Juzgado Penal de Lima, por auto de fojas ciento cuarenta, tramitándose la causa con arreglo al procedimiento penal establecido para este tipo de delitos, y elevada que fue la causa con el dictamen Fiscal Provincial de fojas trescientos setenticinco, y el Informe Final del Juez Penal de fojas trescientos ochenta y seis, el señor Fiscal Superior formula su acusación escrita de fojas cuatrocientos veinticuatro, y emitido el auto superior de enjuiciamiento de fojas cuatrocientos noventiuno, fue señalado día y hora para la audiencia, llevándose a cabo el juicio oral, con las formalidades que la ley procesal exige, conforme aparece de las actas que preceden, y oída la acusación oral de la señora Fiscal Superior, así como el alegato de la defensa, recibidas sus conclusiones escritas por separado, fueron formuladas, discutidas y votadas las cuestiones de hecho, quedando la causa expedita para sentencia; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el proceso judicial en tanto debido proceso legal, es el instrumento necesario para la obtención de la tutela judicial por parte del órgano jurisdiccional constitucionalmente señalado para dicho efecto, a partir del cumplimiento de sus principales finalidades y en la oportunidad correspondiente, según se desprende del artículo ciento treinta y nueve, inciso tercero de la Constitución; de ahí que la actividad jurisdiccional requiere, que los destinatarios de la misma tengan el derecho a conocer las razones de una decisión dentro de un proceso judicial; SEGUNDO: En materia penal para la imposición de una sentencia condenatoria, esta debe estar sustentada en pruebas suficientes, idóneas y diáfanas que permitan al juzgdor poder arribar a la convicción, sin un ápice de duda, respecto a que de lo actuado se haya acreditado, no solo la comisión del injusto incoado, sino también la participación de la persona inmersa en el proceso penal, dado que el Derecho Penal tiene como misión especial la protección de aquellos bienes jurídicos vitales imprescindibles para la convivencia humana en sociedad que son, merecedores de protección a través del poder coactivo del Estado representado por la pena pública, bajo el principio de que la inocencia se presume y la culpabilidad se prueba; siendo la prueba capaz de producir un conocimiento cierto o probable en la conciencia del Juez, de modo tal que el juzgador pueda adquirir certeza de la idoneidad del elemento probatorio, pues este se ajustará a la verdad de lo ocurrido y no habrá sido susceptible de manipulación, y se verificará la

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unidad de la prueba siempre y cuando esta produzca certeza judicial para la resolución o aportación a la resolución del caso concreto, dada la pertinencia de esta al guardar relación directa con el presunto hecho delictivo; TERCERO: El Ministerio Público ha formulado acusación contra los procesados Jorge Alejandro Barrios Córdova, Mario Alberto Bermeo Solórzano y Julio César Castro Sotelo, imputándoles haber participado del robo del vehículo de placa de rodaje ROU‑099, en circunstancias que con fecha trece de abril de dos mil once, aproximadamente a las veintiún horas con cincuenta minutos, el agraviado Richard Anca Agurto se encontraba conduciendo el vehículo de placa de rodaje ROU-099 de propiedad del Banco de Crédito por inmediaciones de la Avenida Tomás Valle y Avenida Universitaria, sin embargo, al tener un desperfecto mecánico descendió del vehículo a fin de verificar las llantas, momento en que es interceptado por una camioneta Nissan Frontier, color azul, de la que bajaron tres sujetos no identificados, premunidos de armas de fuego, quienes amenazándolo con atentar contra su integridad física, lo despojaron del vehículo que conducía, así como, de su billetera, que contenía la suma de quinientos nuevos soles y de dos teléfonos celulares, luego de lo cual los sujetos se dieron a la fuga, seguidamente el agraviado se dirigió a la Comisaría de Sol de Oro, a fin de denunciar tales hechos, solicitando además apoyo policial para ubicar el vehículo robado que contaba con sistema de satelital, es así que el vehículo logró ser ubicado a la altura de la Avenida Los Héroes del Cenepa y la Avenida Circunvalación en el distrito de San Juan de Lurigancho, con tres ocupantes a bordo, los que al notar la presencia policial y de que eran requeridos emprendieron la fuga en el mismo vehículo, iniciándose una persecución, sin embargo, debido a su alta velocidad, se despistó y colisionó contra la pared del inmueble ubicado en la Avenida Los Cóndores, segunda etapa, Horizonte de Zárate en el distrito de San Juan de Lurigancho, lo que fue aprovechado por los efectivos policiales para intervenir, a sus ocupantes, quienes resultaron ser los procesados hallando en posesión de Jorge Alejandro Barrios Córdova, quien estaba al volante, de un revólver marca Smith Wesson abastecido con seis cartuchos; asimismo, se encontró al procesado Julio César Castro Sotelo un revólver marca Taurus; y el procesado Ñaño Bermeo Solórzano fue intervenido a inmediaciones del vehículo; CUARTO: El vehículo sustraído de placa de rodaje ROU-099 fue recuperado, y así consta del Acta de Registro Vehicular de fojas sesenta; y del Acta de Entrega de vehículo y de llaves de contacto, y documentos al agraviado Richard Anca Agudo, según se aprecia de fojas cuarenta y trés; QUINTO: También corren en autos el Acta de Registro Personal al procesado Jorge Alejandro Barrios Córdova que corre

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a fojas cincuenta y ocho consta que se negó a firmar, constando en el Acta que fue encontrado positivo para arma de fuego a la altura de la cintura lado derecho, revólver marca Smith Wesson calibre treinta y ocho cañón corto con número de serie 81795 abastecido con seis cartuchos 38; el Acta de Registro Personal al procesado Mario Bermeo Solórzano que corre a fojas cincuenta y nueve consta que se negó a firmar, constando en el Acta positivo para un reloj marca Philip Persio usado; SEXTO: El agraviado Richard Arica Agurto declara a nivel policial a fojas dieciocho, quien manifestó haber sido víctima de asalto con arma de fuego, del vehículo de placa ROU-099 marca Mitsubishi año dos mil siete, color negro de propiedad del Banco de Crédito del Perú en circunstancias que se encontraba en la intersección de las Avenidas Tomás Valle y Universitaria con el propósito de dirigirse al aeropuerto a recoger a un gerente del Banco de Crédito, pero estacionó para revisar los neumáticos y cuando se disponía a subir al vehículo fue interceptado por una camioneta Nissan Frontier color azul cuya placa no pudo divisar, quienes se estacionaron frente a su vehículo donde descendieron de dicho auto tres sujetos varones premunidos de arma de fuego mediante el cual uno de ellos se le acerca apuntándole en todo momento con un arma de fuego en la cabeza exigiéndole la llave del carro y su billetera, lo cual entregó conteniendo su billetera quinientos nuevos soles que el banco le había entregado para los gastos, y en tanto el otro sujeto le apuntaba con un arma de fuego, y le exigía que se dirija contra la pared sino lo mataba, luego subieron al vehículo y se dieron a la fuga; que dentro del vehículo quedaron los documentos, como dos celulares, uno le fue asignado por el banco y el otro es propio del vehículo; seguidamente se dirigió hacia una bodega cercana donde había teléfono público y solicitó a la dueña de la bodega le preste un nuevo sol para llamar a su base para comunicar lo ocurrido y que por GPS ubiquen el vehículo, y de ahí fue a la Comisaría donde presentó la denuncia; y los supervisores de Prosegur que lo apoyaban le comunicaron que había sido recuperado un vehículo en la zona de San Juan de Lurigancho motivo por el cual se dirigieron a la Comisaría de Zárate; que fueron tres los sujetos que lo asaltaron y había otro más que conducía la camioneta pick up que lo cerró; que estos sujetos le apuntaron con las armas que cada uno portaba, le quitaron sus pertenencias y se llevaron el vehículo; y al ver a los procesados afirmó que los intervenidos tienen un parecido con los que lo asaltaron pero no está seguro de que sean ellos; al brindar su declaración preventiva –fojas doscientos quince– el agraviado reitera que cuando bajó del vehículo que conducía de propiedad del Banco de Crédito, para revisar los neumáticos porque sonaban las ruedas y al concluir de revisar las llantas una camioneta cuatro por cuatro de doble cabina de color azul Nissan,

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bajaron tres sujetos de porte militar y uno de ellos le amenazó con una pistola en la cabeza a una distancia de tres metros mientras el otro se acercaba también apuntándole en la cabeza, con la otra mano le rebuscaba por todos lados sustrayéndole su billetera que contenía quinientos nuevos soles y su reloj marca Seiko, que no puede precisar las características físicas de los sujetos que lo asaltaron porque no llegó a verles el rostro, pero que tenían porte militar, que el monto de lo robado asciende a tres mil nuevos soles; y precisa que luego de ver en los noticieros televisivos el reportaje sobre el robo del que fue víctima y de que los intervenidos no fueron los que le interceptaron y robaron; en juicio oral en sesión de fecha doce de noviembre de dos mil doce –fojas trescientos ochenta y tres– el agraviado declaró reiterando lo ya expresado en cuanto a las circunstancias de cómo fue víctima del robo del vehículo de propiedad del Banco de Crédito, que momentos después fue recuperado a la media hora; que no vio la cara de los que le robaron; a los procesados no los conoce; y al ser preguntado si los procesados fueron quienes le robaron, luego de mirarlos dijo que no son las personas que le asaltaron el día de los hechos; SÉTIMO: Los efectivos policiales que recuperan el vehículo robado e intervienen a los procesados han declarado a nivel de instrucción, así: a) El testigo, Sub Oficial Brigadier PNP Roberto Chávez Soto, declara ante el Juzgado, como se ve a fojas doscientos cincuenta y siete, que el día trece de abril de dos mil once se encontraba de servicio patrullando con otro efectivo policial, cuando por la central de radio recibieron información del robo a un vehículo del Banco de Crédito y de su ubicación por rastreo satelital, determinando que por su trayectoria pasarían por la Avenida Santa Rosa, es así que a los veinte minutos aproximadamente aparece el vehículo negro a gran velocidad y como estaban ubicados en el otro carril de la pista se vieron obligados a seguirlos por el lapso de veinticinco minutos aproximadamente, pidiendo el apoyo de otras unidades para la captura del vehículo y de sus ocupantes, y a la altura del almacén de la Fábrica Celima había un tráiler que le cerraba el paso, porque atravesaba la calle, esto hizo que los malhechores bajaran la marcha y pudieron capturarlos siendo los primeros en llegar; no estuvo presente el agraviado; que los procesados intentaron huir, opusieron resistencia, y los procesados Barrios Córdova y Castro Sotelo fueron encontrados aún dentro del vehículo, y con apoyo de los demás policías que llegaron en apoyo; y en ese mismo momento levantaron las actas de registro personal, y se ratifica en el contenido y firma del Acta de Registro Personal que practico al procesado Julio Castro que corre a fojas cincuenta y siete, porque se ajusta a la verdad; b) El testigo, Sub Oficial Técnico de Primera PNP Ángel Miguel Oré Bendezú, al declarar ante el Juzgado, como se ve a fojas

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doscientos cincuenta y nueve, manifestó que su participación en la intervención de los procesados fue de apoyo, ya que al llegar al lugar otra unidad policial había intervenido el vehículo robado al Banco de Crédito, y al registro de estos sujetos les encontraron en posesión de arma de fuego, revólver abastecido con balas, y de inmediato los enmarrocaron y levantaron el acta correspondiente, y los pusieron a disposición de la autoridad; no estuvo presente el agraviado; y si bien este testigo afirma reconocer al procesado que intervino en la ficha Reniec que le fue mostrada, y se ratifica en lo consignado por él en el Acta de Registro Personal al procesado Barrios Córdova, a quien afirma se le encontró en posesión de un arma de fuego; c) El testigo, Sub Oficial Técnico de Tercera PNP Ronald Paul Sánchez Jiménez, al declarar ante el Juzgado –fojas doscientos sesenta y cuatro– manifestó que su participación fue de apoyo, y aquel día trece de abril de dos mil once se encontraba de servicio patrullando, y alertados por el ciento cinco del vehículo robado y su ubicación lograron divisarlo, y le hicieron el alto pero ese vehículo no paró y aceleró perdiéndole de vista por ser más moderno, al poco tiempo volvieron a escuchar por radio referencias sobre dicho vehículo de que había sido intervenido por otro patrullero, por lo que fueron en apoyo, y se ratifica en el Acta de Registro Vehicular que firmó; que el agraviado no estuvo presente; OCTAVO: El Dictamen Pericia de Balística Forense Nº 7501-7507/11 que corre a fojas doscientos setenta y tres, determina que la muestra evaluada –encontrada en posesión del procesado Barrios Córdova– corresponde a un revólver marca Smith and Wesson modelo 10-7 calibre 38’’ Special, sin número de serie erradicado por acción mecánica (limadura profunda) número de pieza 81795, sometido al proceso de revenido químico a fin de restaurar el número de serie original dio resultado NEGATIVO, se encuentra en regular estado de conservación y normal funcionamiento, presenta características de haber sido empleado para disparar; y la otra muestra corresponde a seis cartuchos para revólver calibre treinta y ocho Special tres marca CCI y tres marca Federal que se encuentran en regular estado de conservación y normal funcionamiento; NOVENO: El Dictamen Pericial de Balística Forense Nº 7450-7456/11 que corre a fojas doscientos setenta y cuatro, determina que la muestra uno corresponde a un revólver marca Taurus de calibre 38 SPL, con número de serie 318090 de fabricación brasileña acabado en pintura color negro, tubo cañón de 10.2 cm de longitud, ánima de seis rayas helicoidales en sentido dextorsum, cacha de madera, se encuentra en regular estado de conservación, y regular estado de funcionamiento; y presenta características de haber sido utilizada para disparar; la muestra dos corresponde a seis cartuchos para revólver calibre 38 Especial, marca Federal, de fabricación USA, se

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encuentra en buen funcionamiento; DÉCIMO: El Dictamen Pericial Análisis de Restos de Disparo, RD Nº 2731-33/11, que corre a fojas doscientos setenta y seis, concluye que las muestras tomadas de las manos de cada uno de los procesados arroja negativo para plomo, antimonio y bario; DÉCIMO PRIMERO: El Dictamen Pericial Química Forense Nº 5111/11 que corre a fojas doscientos setenta y siete determina que sometidos a análisis los procesados las muestras arrojan: negativo para análisis de drogas, negativo para sarro ungueal, y al dosaje etílico, estado normal 0.00g/L; siendo de destacar que las muestras fueron obtenidas a las dos y media horas del catorce de abril de dos mil once; luego de transcurrido aproximadamente cuatro horas de producido el ilícito submateria; DÉCIMO SEGUNDO: El procesado Jorge Alejandro Barrios Córdova declara a nivel policial en presencia del representante del Ministerio Público y de su abogado defensor como se ve a fojas veintinueve, y manifestó que a su coprocesado Bermeo Solórzano lo conoce solo porque fueron intervenidos juntos por la policía; que a su coprocesado Julio César Castro Sotelo lo trasladó como pasajero en un vehículo a inmediaciones del Parque Wiracocha en San Juan de Lurigancho, y no le une vínculo alguno; y se encuentra detenido por haber sido intervenido conduciendo un vehículo que posteriormente se enteró era robado; que a las veinte horas aproximadamente cuando transitaba a espaldas del Metro de San Juan de Lurigancho, advirtió que un vehículo camioneta se encontraba estacionado en la vía pública con la ventana abierta y con la llave de contacto puesta, y verificó en los alrededores que no había persona alguna, por lo que en un principio decidió trasladarlo a la Comisaría para lo cual abordó el vehículo y empezó a conducirlo, en el trayecto una persona levanta la mano como para tomar los servicios de un taxi, paró y se trataba de una persona que al parecer estaba ebrio quien le solicita que le haga taxi hacia el local de Plaza Vea de Mangomarca, a lo que accedió, cuando transitaba por una de las calles cerca de CELIMA había un camión que ingresaba a un garaje y obstruía el tránsito y se detuvo en ese lugar, en ese momento un patrullero se estaciona a su lado y los policías le dijeron que se detenga apuntándole con su arma y le bajaron por la fuerza, golpeándole así como al pasajero, les ennnarrocaron y llegaron más policías; que desconocía que el carro fuera robado; En su declaración instructiva a fojas ciento quince, continuada a fojas ciento cincuenta y ocho, declara que se considera responsable de haber manejado un carro que no era suyo, y reitera lo expresado a nivel policial en cuanto a haber manejado un vehículo que encontró y le hizo taxi a un pasajero; en juicio oral en sesión de audiencia pública de fecha cinco de octubre de dos mil doce, declaró que desconoce sobre el robo del que fue víctima el agraviado; ni sabe que el vehículo que le robaron

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tenía rastreo satelital; que aquel día estuvo laborando como taxista pero como se malogró el carro lo llevó al taller; que no conoce a su coprocesado Bermeo Solórzano; que la verdad es que aquel día iba caminando por una avenida en San Juan de Lurigancho y vio un vehículo estacionado con la luna abajo y con la llave puesta y subió con la intención de llevarlo a la Comisaría; pero lo intervinieron a dos cuadras; que ese día transitaba por el lugar con dirección a casa de su amigo Felipe para que le aconseje; DÉCIMO TERCERO: El procesado Mario Alberto Bermeo Solórzano declara a nivel policial en presencia del representante del Ministerio Público y de su abogado defensor, como se ve a fojas veinticinco, manifestó que se encontraba al interior del vehículo intervenido de placa ROU-099 pero luego aclara que caminaba por la Avenida, vio que hubo un accidente de tráfico, y a él lo intervienen porque tiene antecedentes, dos sentencias que ya cumplió una por delito de homicidio simple y otra por delito de robo agravado; niega haber participado del robo, y que a él no le han encontrado nada; que no utiliza armas; que no tiene boletas de pago porque es trabajador independiente instalando ventana de sistema; en aquel momento se dirigía a tomar carro para ir a casa de su ex cuñada para averiguar por su hijo de quince años, ya que en las visitas que le hace le da su dinero para su manutención; que venía del Callao, y como no conoce bien la zona iba a tomar otro micro para ir hasta el cerro donde vive su excuñada, iba caminando y se paró, y un policía le pidió sus documentos, pidió información y lo involucran; en su declaración instructiva a fojas ciento dieciocho continuada a fojas ciento sesentidós, declaró ser inocente de los cargos imputados en su contra, y se ratifica en lo expresado a nivel preliminar; refiere que se encontraba por el lugar porque se dirigía a la casa de su excuñada a averiguar por sus hijos; que se encontraba como a treinta metros de distancia del vehículo robado cuando lo intervinieron; en juicio oral en sesión de audiencia pública de fecha veintisiete de setiembre de dos mil doce –fojas quinientos cincuentidós–, dijo tener antecedentes por haber cumplido dos sentencias condenatorias a pena privativa de la libertad efectiva, estando en libertad por beneficio penitenciario que le fue concedido; y no ha participado en el delito instruido; que no sabe manejar armas, no hizo servicio militar, tiene heridas en el cuerpo todas por proyectil de arma de fuego, y le han practicado como ocho intervenciones quirúrgicas por eso no maneja bien el brazo derecho, por eso no firmó el acta de incautación y solo puso su huella digital; que a él no le encontraron en posesión de ningún arma; no hizo servicio militar; que lo que estudió en el penal para enfermería técnica, a cuidar a los ancianos, crianza de caracoles es obsoleto en la calle y no le da para vivir; que iba a casa de su excuñada que vive por el penal y no hay

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direcciones; que desconoce sobre la persecución de un vehículo; que no fue detenido al interior de un vehículo que a él lo detuvieron en Zárate por una empresa de mayólica cuando estaba caminando; que no conoce a sus coprocesados; DÉCIMO CUARTO: La defensa del procesado Barrios Córdova alega que los procesados no han sido reconocidos a lo largo del proceso por el agraviado, quien en su declaración preliminar, ante el Juzgado y en juicio oral, en ningún momento los sindica directamente como partícipes del robo en su agravio, y para condenar a una persona debe haber grado de certeza y el Ministerio Público ha formulado acusación sin prueba que la sustente; sin embargo, de la prueba actuada se tiene que el procesado Barrios Córdova acepta haber sido intervenido al interior del vehículo robado que iba conduciendo, alegando que desconocía del robo, porque dice que al ir caminando por una avenida en San Juan de Lurigancho encontró dicho vehículo abandonado con la luna abajo y con la llave de contacto puesta, por lo que decidió llevarlo a la Comisaría, y en su declaración preliminar afirma que hizo servicio de taxi a un sujeto –procesado contumaz Julio César Castro Sotelo– y que a las dos cuadras lo detuvieron los policías; siendo de destacar que en juicio oral agrega que desconocía que el vehículo había sido robado y que lo conducía en busca de un amigo para que le aconseje, y por tal motivo se dirigía a casa de este amigo, y a las dos cuadras lo detuvieron, y ante este Colegiado en juicio oral omite declarar sobre la presencia del contumaz Julio César Castro Sotelo, quien iba al interior del vehículo robado, y aun cuando Barrios Córdova, alega a nivel preliminar que Castro Sotelo parecía en estado de ebriedad, es de destacar que el resultado del Dictamen Pericial de Química Forense –citado en el considerando décimo primero– determina negativo para análisis de drogas y sarro ungueal, y al dosaje etílico estado normal 0.00g/L; DÉCIMO QUINTO: De todo lo actuado ha quedado acreditado: a) que según la denuncia del agraviado los hechos se produjeron el trece de abril de dos mil once alrededor de las veintiún horas con cincuenta minutos; b) que los procesados Bermeo Solórzano, Barrios Córdova y Castro Sotelo fueron intervenidos antes de cumplirse una hora de producido el robo del vehículo, ya que las actas de registro personal consignan que fueron redactadas ese día a las veintidós horas con cuarenta minutos; c) que los acusados Barrios Córdova y Castro Sotelo fueron intervenidos al interior del vehículo robado; d) el acusado Barrios Córdova fue encontrado en posesión de arma de fuego, sin número de serie por haber sido erradicado por acción mecánica (limadura profunda); e) que los efectivos policiales intervinientes afirman que al oír por su central de radio la comunicación del robo del vehículo y las características de este, y su ubicación satelital,

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un patrullero lo ubicó y le hizo la voz de alto pero logró fugar, siendo ubicado más adelante por otra patrulla policial que logró intervenirlos debido a que un camión impedía el paso por la avenida, y chocó; f) que los efectivos policiales que han declarado han afirmado que los procesados al momento de ser intervenidos pretendieron darse a la fuga, y el procesado Mario Alberto Bermeo Solórzano, intervenido cerca de la ubicación del vehículo robado, incurre en contradicciones al pretender justificar su presencia en la cercanía del vehículo robado afirmando que iba a casa de su ex cuñada para saber sobre su hijo de quince años, luego afirma que iba a ver por sus hijos, y tampoco aparece que haya justificado actividad laboral que sustente el dinero que dijo entrega a su hijo; Que a estas pruebas directas se suman los indicios concomitantes de mala justificación y contradictorias que han proporcionado los acusados Barrios Córdova y Bermeo Solórzano en sus declaraciones tanto a nivel policial, en el Juzgado y en juicio oral al pretender justificar su presencia en el lugar de su intervención y en posesión del vehículo robado; DÉCIMO SEXTO: Todo lo antes expuesto constituye indicios razonables y suficientes de la comisión por parte de los acusado Barrios Córdova y Bermeo Solórzano del ilícito penal instruido, en atención a lo señalado por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 728-2008-PCH/TC “(...) lo mínimo que debe observarse en la sentencia y que debe estar claramente explicitado o delimitado son los siguientes elementos; el hecho base o hecho indiciario, que debe, como en el presente caso, estar plenamente probado (indicio); el hecho consecuencia o hecho indiciado, lo que trata de probar (delito) y entre ellos el enlace o razonamiento deductivo. Este último, en tanto que conexión lógica entre los primeros debe ser directo y preciso, pero además debe responder o sujetarse plenamente a reglas de la lógica a las máximas de la experiencia o a los conocimientos científicos. (...). Sobre el particular, la doctrina procesal penal aconseja que debe asegurarse una pluralidad de indicios, pues su variedad permitirá controlar en mayor medida la seguridad de la relación de causalidad entre el hecho desconocido; sin embargo, también se admite que no existe obstáculo alguno para que la prueba indiciaria, pueda formarse sobre la base de un solo indicio pero de singular potencia acreditada. En cualquier caso, el indicio debe ser concomitante al hecho que se trata de probar, y cuando sean varios deben estar interrelacionados, de modo que se refuercen entre sí”; DÉCIMO SÉTIMO: Que en cuanto al procesado Mario Alberto Bermeo Solórzano si bien no aparece haber sido encontrado en posesión de arma alguna, fue intervenido a inmediaciones del vehículo robado, y su porte físico denota porte militar que coincide con lo señalado por el agraviado, y aunque el agraviado en ningún

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momento los ha reconocido, es de advertir contradicciones respecto de la identificación de los sujetos que le robaron, siendo de anotar que a nivel preliminar ante la policía declaró que los procesados eran parecidos a los que le robaron el vehículo y sus pertenencias; luego al brindar su declaración preventiva afirma que no vio el rostro de los sujetos que participaron en el ilícito, y luego de algunas respuestas al Juzgado varía afirmando que no fueron los procesados, siendo esta última versión la que sostiene en juicio oral, advirtiendo que su declaración primigenia al inicio de su declaración preventiva mantiene validez en cuanto afirma que no vio el rostro de los procesados y si no los vio no es capaz de identificarlos plenamente, dando así cumplimiento a la exigencia de la Ejecutoria Suprema R.N. N° 3044-2004 de fecha uno de diciembre de dos mil cuatro, la cual establece en su considerando quinto que cuando se trata de testigos o imputados que han declarado indistintamente en ambas etapas del proceso penal, en la medida en que la declaración prestada en la etapa de instrucción se haya actuado con las garantías legalmente exigibles el juzgador no está obligado a creer aquello que se dijo en el juicio oral, sino que tiene libertad para conceder mayor o menor fiabilidad a unas u otras de tales declaraciones, pues puede ocurrir por determinadas razones que el Tribunal debe precisar cumplidamente por la declaración que ofrezca mayor credibilidad; DÉCIMO OCTAVO: Que siendo así ha quedado establecido que los hechos incriminados son constitutivos de delito de robo agravado bajo el cual se ha tipificado el evento submateria previsto y penado por el artículo ciento ochenta y ocho con las circunstancias agravantes del inciso dos, tres, cuatro y ocho del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal; encontrándose de tal modo acreditada la participación penal de los acusados Jorge Alejandro Barrios Córdova y Mario Alberto Bermeo Solórzano, siendo sujetos de reproche penal, en grado de tentativa, en mérito del Acuerdo Plenario Nº 1-2005/DJ-301-A que establece que en los delitos de robo agravado el momento consumativo requiere la disponibilidad de la cosa sustraída por el agente, haciendo por ello aplicable al caso el artículo dieciséis del Código Penal, dado que el vehículo fue recuperado al ser intervenidos los procesados; DÉCIMO NOVENO: Que para los efectos de la determinación de la pena a imponer es necesario tener en consideración el principio de proporcionalidad y racionalidad de la pena que rige nuestro sistema penal, consagrado en el numeral Octavo del Título Preliminar del Código Penal; las circunstancias del evento instruido, las carencias sociales del acusado Barrios Córdova; que este no registra anotaciones en su boletín de condenas de fojas doscientos cuarenta y cuatro, y su hoja carcelaria de fojas quinientos veintidós, teniendo la calidad jurídica de primario; y en

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cuanto al procesado Bermeo Solórzano es de advertir de su hoja carcelaria de fojas quinientos veinte, y de su boletín de condenas que corre a fojas doscientos cuarenta y cinco, del que se aprecia que ha sido sentenciado a pena condenatoria en dos ocasiones, siendo la segunda a pena privativa de la libertad a vencer en el año dos mil catorce, lo que acredita que a la fecha de los hechos instruidos se encontraba en libertad por haberle sido concedido beneficio penitenciario; y, asimismo atendiendo a que el iter criminis del ilícito penal instruido es en grado de tentativa, conforme al artículo dieciséis del Código Penal la pena puede ser disminuida prudencialmente por el Juez; así como a los fines de resocialización de la pena; VIGÉSIMO: Que para los efectos de establecer el quantum de la reparación civil se debe tener en consideración no solo el desmedro patrimonial, y la afectación psicológica ocasionada a la parte agraviada, de modo tal, que el monto de la reparación civil satisfaga los fines resarcitorios que le son propios conforme lo previsto en el numeral noventidós del Código Penal; VIGÉSIMO PRIMERO: Que teniendo el procesado Julio César Castro Sotelo la calidad jurídica de contumaz es del caso reservar el proceso penal en su contra conforme al artículo trescientos veintiuno del Código de Procedimientos Penales; POR TALES FUNDAMENTOS y en aplicación de los artículos once, doce, dieciséis, veintitrés, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, noventa y dos, noventa y tres, ciento ochenta y ocho con las circunstancias agravantes del inciso dos, tres, cuatro y ocho del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, en concordancia con los artículos doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cinco, trescientos veintiuno del Código de Procedimientos Penales, La Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, administrando justicia a nombre de la Nación, FALLA: CONDENANDO a Jorge Alejandro Barrios Córdova y a Mario Alberto Bermeo Solórzano por la comisión de delito contra el patrimonio –robo agravado en grado de tentativa– en agravio de Richard Anca Agurto y el Banco de Crédito; y le IMPUSIERON al sentenciado Jorge Alejandro Barrios Córdova nueve años de pena privativa de la libertad que computada desde el catorce de abril de dos mil once, vencerá el trece de abril de dos mil veinte; y al sentenciado Mario Alberto Bermeo Solórzano diez años de pena privativa de la libertad la misma que computada desde el catorce de abril de dos mil once, vencerá el trece de abril de dos mil veintiuno; FIJARON: en la suma de mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil abonarán los sentenciados y en forma proporcional a cada agraviado; RESERVARON el proceso

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contra Julio César Castro Sotelo hasta que sea habido y puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional, debiendo ser cursados los oficios respectivos para su inmediata ubicación y captura a nivel nacional; MANDARON: Que consentida y/o ejecutoriada que sea la presente, leída en acto público, se inscriba en el Registro respectivo, expidiéndose los boletines y testimonios de condena y archivándose definitivamente los de la materia, previos los trámites a que se contrae el artículo trescientos treinta y siete del Código de Procedimientos Penales; esto es el pago de la reparación civil; con aviso al Juez de la causa. S.S. Ramiro SALINAS SICCHA - Presidente Rita MEZA WALDE - Juez Superior - D.D. Josefa ÍZAGA PELLEGRIN - Juez Superior

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048. Robo con el concurso de dos personas, en la noche y en un medio de transporte: Convicción de la responsabilidad penal Este Tribunal genera convicción sobre la responsabilidad de los reos, por los hechos y las pruebas anotadas en autos, así como todos los indicios, que solidifican la imputación de la víctima, como son la anotación de la placa del vehículo donde se produjo el asalto, la ruta que es la misma que abordó el agraviado, el reconocimiento del vehículo y de los agentes, efectuado por el agraviado en presencia del representante del Ministerio Público, que vienen a sustentar la versión inculpatoria efectuada por el agraviado, la misma que contiene los presupuestos a que se refiere el Acuerdo Plenario Nº 02-2005/CJ-116 debido a que esta declaración del agraviado como único testigo de los hechos debe ser considerada válida, como prueba de cargo por contar con las garantías de certeza, como son la ausencia de relaciones entre el agraviado e imputado basadas en odio, resentimiento, etc.; la verosimilitud de la narración está basada y corroborada con los argumentos indiciarios anotados en esta resolución, y que además esta declaración ha sido persistente durante todo el proceso, e inclusive en el acto oral. Expediente Nº 393-2010 DD. Dr. Vásquez Arana Sentencia

Lima, 12 de junio de 2012 VISTOS.- En audiencia pública la causa penal seguida contra Bernaldo Melgarejo Obregón, identificado con su Documento Nacional de Identidad número cuarenta y cinco millones novecientos ochenta mil doscientos ochenta y tres, nacido el dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, natural de Antonio Raymondi en Chingas departamento de Ancash, sus padres don Samuel y doña Rosienda, con grado de instrucción cuarto de secundaria, de estado civil o conviviente, laborando como cobrador en la empresa de Transportes Castro Fuentes, percibiendo un haber diario de sesenta nuevos

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soles, refiere carecer de antecedentes judiciales, domiciliado en manzana “J” lote cinco Asentamiento Humano San Pedro distrito de Ventanilla - Callao y contra Arturo Cárdenas Munasca identificado con su Documento Nacional de Identidad número cuarenta y seis millones doscientos sesenta y ocho mil ochocientos sesenta y seis, nacido el veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, natural de Colcabamba provincia de Tayacaja departamento de Huancavelica, sus padres don Dionisio y doña Juana, con grado de instrucción secundaria completa, de estado civil conviviente, laborando como cobrador, percibiendo un haber diario de cincuenta nuevos soles, refiere carecer de antecedentes judiciales, domiciliado en Jirón Argentina manzana “M” lote cinco Asentamiento Humano Los Cedros distrito de Ventanilla - Callao, por delito contra el Patrimonio - Robo Agravado en, en agravio de Carlos Navarro Paredes. RESULTA DE AUTOS: Que, a mérito del Atestado Policial número cero trece-diez-VII-DIRTEPOL-L-DIVTER-CENTRO/ CEA-DEINPOL, obrante de fojas dos a siete, la Fiscal Provincial Representante del Ministerio Público formalizó denuncia penal obrante de fojas cincuenta y tres a cincuenta y cinco, en mérito al cual el señor Juez Mixto del Módulo Básico de Justicia del Agustino dictó el correspondiente Auto Apertorio de Instrucción obrante de fojas cincuenta y seis a cincuenta y siete, llevándose a cabo la instrucción por los causes que a su naturaleza corresponden y con los respectivos informes finales la causa fue elevada a la Sala Superior remitiéndose al Despacho del señor Fiscal Superior quien emitió la respectiva Acusación Fiscal obrante de fojas ciento catorce y siguientes, señalándose fecha a efectos de iniciarse el juzgamiento; y estando a que se ha verificado la audiencia pública, de la forma y modo que aparecen de las actas respectivas oída la requisitoria oral de la Representante del Ministerio Público y los alegatos de la defensa cuyas conclusiones obran en pliegos separados, habiéndose discutido, votado y aprobado las cuestiones de hecho la causa ha quedado expedita para pronunciar sentencia. ANTECEDENTES DE HECHO: PRIMERO: Se imputa a los encausados Bernaldo Melgarejo Obregón y Arturo Cárdenas Munasca que con fecha veinticinco de octubre del dos mil nueve, a las cero cero horas con diez minutos, cuando se encontraban trabajando como cobrador y chofer respectivamente, en el vehículo de transporte público de placa de rodaje RP tres mil quinientos diez, no permitieron que el agraviado Carlos Navarro Paredes bajara en el paradero conocido como “Puente Nuevo”,

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siendo este agraviado atacado sorpresivamente por dos personas quienes amenazándolo con un arma de fuego y sometiéndolo en el piso, lo trasladaron a un lugar desolado en contubernio con el conductor, siendo el procesado Bernaldo Melgarejo Obregón partícipe en el despojo de las pertenencias del agraviado, además al momento de dejar abandonado al agraviado, el procesado Melgarejo se encargó de tirar tierra en los ojos del agraviado, sin embargo este logró divisar el numero de placa de rodaje del vehículo. SEGUNDO: La Fiscal Superior Penal, al expedir acusación Penal obrante de fojas ciento catorce, concluye que el hecho denunciado es constitutivo de delito contra el Patrimonio - Robo agravado, en agravio de Carlos Navarro Paredes; delito tipificado en el artículo ciento ochenta y ocho, como tipo base, concordante con los incisos dos, cuatro y cinco del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, solicitando así, que se le imponga a Bernaldo Melgarejo Obregón y Arturo Cárdenas Munasca diez años de pena privativa de libertad y se fije en la suma de dos mil nuevos soles, por concepto de reparación civil, que deberán pagar cada acusado a favor del agraviado. TERCERO: Recibida la Acusación Fiscal y de conformidad con el artículo doscientos veintinueve del Código de Procedimientos Penales, se dio inicio al juzgamiento y estando verificada la audiencia pública, la causa ha quedado expedita para dictar sentencia. HECHOS ACREDITADOS A. Hechos: 1. Que el día de los hechos, el veinticinco de octubre del dos mil nueve, los acusados se encontraban laborando en el vehículo marca Toyota de placa RP tres mil quinientos diez. 2. Que el acusado Arturo Cárdenas Munasca conducía este vehículo mientras que Bernaldo Melgarejo Obregón se desempeñaba como cobrador. 3. Que el día veinticinco de octubre del dos mil nueve el agraviado Carlos Navarro Paredes abordó el vehículo que conducía el acusado Cárdenas Munasca en la Panamericana Norte a la altura del paradero conocido como Pilas con dirección a Puente Nuevo. 4. Está acreditado que el agraviado fue asaltado al llegar al paradero de Puente Nuevo, por dos sujetos, uno que se encontraba a su costado que lo apuntó

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con un revólver, uno que se comunicaba por teléfono celular con alguien del vehículo, donde habrían participado también Cárdenas Munasca como chofer y Melgarejo Obregón como cobrador. 5. Que Nancy Mercedes Orihuela Rivas propietaria del vehículo donde se produjo el crimen, tenía pleno conocimiento de los hechos, y que ha falseado la verdad, cambiando de versiones, obstruyendo a la administración de justicia. 6. Que los acusados intervinieron en complicidad con otros sujetos, no identificados. 7. Que los acusados a nivel policial e instrucción han admitido haber conducido el vehículo en cuestión en la fecha de la comisión criminal. B. Análisis de la prueba: 1. De la posición de los acusados frente a los cargos penales y su versión respecto de los hechos: - El acusado Cárdenas Munasca, quien de manera coherente durante la investigación preliminar ha declarado que manejaba el vehículo donde se produjo el asalto de placa RP tres mil quinientos diez, el cual manifiesta que pertenece a Nancy Mercedes Orihuela y que lo conducía a la fecha de los hechos con dos años de antigüedad aproximadamente; que el veinticinco de octubre del dos mil nueve conducía el vehículo teniendo de cobrador a Melgarejo Obregón, afirmando que son inocentes de los hechos y que ese día no se produjo ningún robo, declaración que la ratifica ante el Juez de la causa en su declaración instructiva, para luego en el juicio oral cambiar totalmente su versión sosteniendo que él ha declarado que el día de los hechos venía conduciendo el vehículo, lo cual no es cierto, y que mintió a pedido de la propietaria Nancy Mercedes Orihuela Rivas, y que en realidad quien conducía ese vehículo es la persona de José Isaac Silva Castro que viene a ser conviviente de la propietaria Nancy Orihuela y que todo lo que ha dicho es mentira y se encuentra arrepentido, y que en realidad él manejaba otro vehículo. - Por su parte, el encausado Bernaldo Melgarejo Obregón ha sostenido en su declaración preliminar como ante el Juez, que en esa época trabajaba para la señora Nancy Orihuela Rivas como cobrador de su vehículo RP tres mil quinientos diez, que trabajó el día de los hechos con el chofer

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Cárdenas Munasca, que no sabe por qué se le está inculpando que nunca ha tenido problemas; que al igual que su coprocesado en juicio oral ha cambiado su versión para sostener, que es inocente de los hechos, en realidad el día veinticinco de octubre del dos mil nueve no trabajó en el vehículo de la señora Nancy Mercedes Orihuela Rivas, y que sostuvo esta versión porque la precitada se lo solicitó para obtener la libertad del vehículo que se encontraba en la comisaría. 2. Declaraciones incorporadas dentro del proceso: - De la testigo Nancy Orihuela Rivas, quien ha manifestado a nivel policial, en la indagatoria ante el representante del Ministerio Público y ante el Juez de la causa que es la propietaria del vehículo RP tres mil quinientos diez, y que proporcionaba el vehículo en alquiler al chofer Cárdenas Munasca, actuando como cobrador Melgarejo Obregón, quienes trabajan de noche, regresaban a las ocho de la mañana y que se enteró de los hechos porque detuvieron a Cárdenas Munasca; para variar también de manera ostensible su declaración en el acto oral, donde ha sostenido que todo lo manifestado anteriormente y sobre todo en la comisaría donde detuvieron su vehículo es falso, que quien estuvo conduciendo el vehículo el día de los hechos es José Isaac Silva Castro, y cuando fue detenido el vehículo, con Cárdenas Munasca coordinaron para mentir con el referido José Isaac Silva Castro, y que le dijeron que no iba a pasar nada, que los dos acusados más Isaac y ella coordinaron para mentir, con el propósito que salga el vehículo, desconoce quién era el cobrador de José Isaac Silva Castro, porque los chóferes van solos, que no tenía ninguna relación con este, mas que la de propietario-chofer, y que no era su conviviente, que todo esto lo inventó en la comisaría para obtener la liberación del vehículo. - La del agraviado Carlos Navarro Paredes, quien ha concurrido a prestar declaraciones en el presente proceso tanto en sede policial a fojas ocho sosteniendo que el día de los hechos abordó el vehículo a la altura del paradero Pilas, al llegar a Puente Nuevo un sujeto sacó una pistola y lo tiró al piso y otros dos supuesto pasajeros lo rebuscaban y el vehículo seguía avanzando, dirigiéndose por el puente conocido como “Charapita”, que llevaba consigo mil quinientos nuevos soles como producto de la venta de pantalones, sosteniendo en esa oportunidad, que mediante el reconocimiento fotográfico uno de los participantes fue Melgarejo

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Obregón que le cobró el pasaje y al momento de dejarlo le tiró tierra a los ojos; imputación que la repite durante la instrucción judicial, quien ha concurrido también a juicio oral, en donde ha enrostrado a los acusados como responsables de los hechos, indicando que Cárdenas Munasca era el que manejaba el vehículo y Melgarejo Obregón cobraba y llevaba puesta una gorra, quien además durante la diligencia de confrontación los ha enrostrado directamente como el responsable de los hechos. 3. El Acta de Reconocimiento Físico: - Corriente a fojas veintiuno con la representación del representante del Ministerio Público donde el agraviado reconoce a Melgarejo Obregón como la persona que actuó como cobrador el día de los hechos. 4. El Acta de Reconocimiento Físico del Vehículo: - Que corre a fojas veintitrés, en donde el agraviado Carlos Navarro Paredes, indica que el vehículo que se le pone a la vista el RP tres mil quinientos diez, es el mismo donde el día de los hechos fue asaltado. C. Análisis Lógico-Jurídico y Contradictorio Judicial: 1. Para condenar a un acusado, se necesita de pruebas idóneas y conducentes, que de manera lógica lleven al juzgador al convencimiento de la responsabilidad del agente penal, y en este sentido tenemos como prueba relevante la declaración del agraviado Carlos Navarro Paredes quien de manera uniforme y consistente imputa a Melgarejo Obregón que actuó como cobrador ese día y que participó activamente en el asalto y le arrojó tierra en los ojos, indicando en el Juicio Oral que Cárdenas Munasca actuó como chofer, y lo recuerda porque en un instante cuando desvió el vehículo de su ruta y lo tenían en el suelo volteó la mirada y pudo verlo. 2. Las declaraciones autoinculpatorias de todo procesado no constituye prueba de responsabilidad, sino que es objeto de probanza a fin de que estas no se produzcan por un deseo de autoinculparse, o por distintas razones que pueden operar en el interior de un ser humano, o que pretendan exculpar a otras personas, sustrayéndolas de la persecución penal, así en este orden de ideas, la declaración de autoinculpación inicial de Cárdenas Munasca y Melgarejo Obregón, se ven corroboradas con la imputación que hace la víctima, y con la declaración inicial de Nancy

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Mercedes Orihuela Rivas, lo que genera convicción en el Juzgador sobre la responsabilidad penal de estos sujetos. 3. Durante el Juicio Oral, los acusados han traído una nueva versión al proceso, alegando inocencia, de cómo sucedieron los hechos, cambiando rotundamente su inicial declaración, al indicar que no son responsables de lo que sucedió el veinticinco de octubre del año dos mil nueve, que no estuvieron ni conduciendo, ni cobrando en ese vehículo, el que siempre estuvo conducido por el mencionado José Isaac Silva Castro, versión que extrañamente viene a ser corroborada por la testigo Nancy Orihuela, quien también ha cambiado su versión, sosteniendo que pidió a los acusados que declaren que el día de los sucesos se encontraban conduciendo y cobrando respectivamente en su vehículo, sosteniendo Orihuela Rivas, que el que conducía el vehículo era José Isaac Silva Castro. 4. Un cambio sustancial de las versiones sostenidas durante estos años debe merecer un análisis del Juzgador; y que en este caso la nueva versión como la anterior deben ser sometidas a un test de logicidad, y toda versión expuesta a la luz del análisis no solo debe ser verdad, sino debe parecerla y lo más importante que se debe sustentar en pruebas y en hechos ciertos y lógicos; y en el caso que nos ocupa, sería cándido aceptar como verdaderas las nuevas versiones, de los acusados y la testigo Nancy Orihuela Rivas, porque cuesta creer que dos personas como los acusados en la plenitud de sus facultades mentales se inculpen de un hecho tan grave; porque no solo ha sido el supuesto de declarar que Cárdenas conducía, mientras que Melgarejo cobraba, el veinticinco de octubre del dos mil nueve, sino que estos se habrían enfrentado con una mentira ante la maquinaria judicial, esto es a los cuestionamientos que le efectúa la Policía Nacional y el Ministerio Público en el sentido que el día veinticinco de octubre del dos mil nueve se produjo un asalto en ese vehículo, y a pesar de eso, estos sujetos insistieron en su versión, pero negando los cargos, porque si bien es cierto aceptaban haber conducido el vehículo, negaban que se produjo un asalto. 5. Este Tribunal genera convicción sobre la responsabilidad de los reos, por los hechos y las pruebas anotadas en autos, así como todos los indicios, que solidifican la imputación de la víctima, como son la anotación de la placa del vehículo donde se produjo el asalto, la ruta que es la misma que abordó el agraviado, esto es Panamericana Norte hasta Puente

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Nuevo, el reconocimiento del vehículo y de los agentes, efectuado por el agraviado en presencia de Representante del Ministerio Público, que vienen a sustentar la versión inculpatoria efectuada por el agraviado, la misma que contiene los presupuestos a que se refiere el acuerdo plenario Nº 02-2005/CJ-116 debido a que esta declaración del agraviado como único testigo de los hechos debe ser considerada válida, como prueba de cargo por contar con las garantías de certeza, como son la ausencia de relaciones entre el agraviado e imputado basadas en odio, resentimiento, etc.; la verosimilitud de la narración, está basada y corroborada con los argumentos indiciarios anotados en esta resolución, y que además esta declaración ha sido persistente durante todo el proceso, e inclusive en el acto oral. 6. Las nuevas versiones, expuestas evidentemente en coordinación con la testigo Nancy Orihuela Rivas son falsas, y por parte de los acusados significa como sostenía el maestro Mixan Mass Flores, oclusión a la justicia, porque no solo es un argumento de defensa, sino una intención de confundir a la administración de justicia, y de parte de Nancy Mercedes Orihuela Rivas, significa falsedad en Juicio por lo que debe ser investigada como lo ha solicitado la representante del Ministerio Público. 7. Los testigos ofrecidos por la defensa de los acusados, no son testigos de excepción o presénciales de los hechos, sino son referenciales, de oídas y de amistad, que no cambian de ninguna manera lo que en este proceso ha sucedido, fueron enterados posteriormente, esto es recientemente para efectos de poder ser presentados a juicio; así, Luis Marcelo Haro Cruz sostiene que conoce a Bernaldo Melgarejo Obregón desde setiembre del dos mil nueve y a Cárdenas Munasca desde ese mismo año, y que en el carro materia de los hechos trabajaba José Isaac Silva Castro, sosteniendo que Cárdenas trabajaba con él en la época de los hechos en el vehículo Nissan; por su parte el testigo Roberto Hermenegildo Grados Vargas sostiene que conoció a Bernardo Melgarejo desde el quince de noviembre del dos mil nueve y Arturo Cárdenas desde el veintisiete de noviembre del año dos mil nueve, y que Melgarejo trabajaba en el Nissan y que le consta que no trabajaban en el vehículo donde se produjeron los hechos, que no sabe quién conducía pero Nancy Orihuela dice que era otro, además sostiene este testigo que no tiene licencia de conducir, afirmando que desconoce la identidad; así el testigo Alex Jesús Martínez

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Rosas que sostiene que son inocentes pero que no le consta, en el año dos mil nueve veía a Cárdenas con su tío y con su hermano, que no conocía a Bernaldo Melgarejo, y por último concurrió Silvio Eugenio Cárdenas Bazán, sosteniendo que Cárdenas Munasca trabajó con él desde el dos mil siete hasta noviembre del dos mil nueve, en que dejó de trabajar porque su vehiculo estaba en mantenimiento; de lo que se concluye que estos testigos no han aportado ninguna información relevante sobre lo que ha sucedido de los hechos que son materia de juzgamiento. 8. Las pruebas acopiadas y actuadas en sede preliminar, instrucción y en el juicio oral, nos permite crear convicción de la responsabilidad de los procesados y que la versión exculpatoria sostenida durante el acto oral no es más que un argumento de defensa muy bien estructurado en coordinación con Nancy Orihuela para sustraer de la persecución penal a los acusados; existiendo un punto gravitante que hace inviable las declaraciones exculpatorias como es el hecho que Nancy Orihuela ha venido sosteniendo que era conviviente de José Isaac Silva Castro, afirmación que fue corroborada por Cárdenas Munasca en Juicio Oral, pero en la diligencia de confrontación el procesado se ha retractado de su dicho, argumentando que dijo eso porque así lo manifestaron en la comisaría. FUNDAMENTOS DE DERECHO A. TIPO PENAL

El delito materia de incriminación, se encuentra regulado en el artículo ciento ochenta y ocho como tipo base, con las agravantes previstas en los numerales dos, cuatro y cinco del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal vigente al momento de la comisión del hecho delictivo, el mismo que se configura con el apoderamiento por parte del sujeto activo de un bien mueble con animus lucrarsdi, siendo necesario el empleo de la violencia y amenaza por parte del agente sobre la víctima (vis absoluta, vis corporales y vis compulsiva), destinadas a posibilitar la sustracción del bien, debiendo ser estas actuales e inminentes en el momento de la consumación del evento y garantizar el resultado(65). Hecho que se agrava cuando es con el concurso de dos o más personas, en lugar desolado y en un medio de transporte.

(65) Vide SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal. Parte Especial. Lima, Grijley, 2008, p. 941.

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B. QUÁNTUM DE LA PENA

Para establecer el quántum de la pena, este Superior Colegiado debe tener en cuenta otros aspectos de tanta o igual importancia a los ya reseñados, como son: a) El delito materia de incriminación, que se encuentra regulado en el artículo ciento ochenta y ocho como tipo base con las agravantes previstas en los numerales dos, cuatro y cinco del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal vigente al momento de la comisión del hecho delictivo; sancionado con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años. b) El impacto social del hecho cometido (grado de nocividad social de la conducta incriminada). c) Las cualidades personales del autor, su grado de instrucción y el entorno social donde reside. d) Finalmente, por el principio de proporcionalidad y razonabilidad, la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho; consagrado en el numeral octavo del Título Preliminar del Código Penal, teniendo en consideración las circunstancias en que se suscitaron los hechos. e) Resulta indispensable evaluar el comportamiento procesal que han tenido los acusados, quienes después de declarar de manera coherente durante la etapa policial, y la etapa judicial de instrucción donde se limitaron a no aceptar los cargos, pero sí aceptaban de que el día veinticinco de octubre del dos mil nueve en que se produjeron los hechos se encontraban trabajando en el vehículo RP tres mil quinientos diez negando toda responsabilidad, para en el juicio oral cambiar ostensiblemente manifestando que todo lo que dijeron fue mentira, que faltaron a la verdad a pedido de la testigo Nancy Orihuela a fin de obtener la libertad del vehículo que estaba detenido en la comisaría; conducta que resulta oclusiva a la Justicia, que para ello han utilizado a la testigo Nancy Orihuela y que todo desde el principio ha sido una mentira. f) Estando al comportamiento mostrado por los agentes penales, este tribunal tiene que evaluar el mínimo de la pena, a fin de poder imponer una sanción por debajo de esta, debiendo responder a los criterios de

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proporcionabilidad y razonabilidad, graduando la sanción dentro de los límites de la pena conminada para el delito, que inclusive atendiendo a estos principios podrá ser inferior al mínimo, bajo el argumento criminalístico que penas largas no hacen más que estigmatizar al individuo haciendo imposible su resociabilización. g) La nueva versión elaborada por los acusados resulta ser también sustentada por la declaración de Nancy Mercedes Orihuela Rivas, quien coincidentemente ha cambiado su versión, hecho del que no cabe duda que ha mentido, pretendiendo confundir a la administración de justicia según lo solicitado por la Fiscal, debe remitirse copias a la Fiscalía de Turno para que sea investigada por su conducta procesal. C. REPARACIÓN CIVIL

La imposición del monto de la reparación civil no solo se fijará en relación y proporción a la lesión causada sino también en consideración a la capacidad económica del imputado; puesto que si bien, la reparación civil se rige por el principio del daño causado, cuya unidad penal y civil protege la reparación y resarcimiento del bien jurídico tutelado, específicamente el de la víctima o agraviado que resulte lesionado; no es menos cierto que dicha reparación también está condicionada a la capacidad económica del sentenciado, lo que significa un establecimiento proporcional a la vulneración del bien jurídico y a la capacidad de resarcimiento, por lo que este Colegiado impondrá una reparación civil equitativa y proporcional(66).

En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el numeral VIII del Título Preliminar del Código Penal, así como los artículos seis, doce, veintitrés, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, noventa y dos, noventa y tres del Código Penal y el inciso dos, cuatro y cinco del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve de la acotada norma penal, en concordancia con los artículos doscientos ochenta, doscientos ochenta y uno, doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales, apreciando los hechos y valorando las pruebas con criterio de conciencia que la ley autoriza, y administrando justicia a nombre de la nación, los señores

(66) Vide Expediente Nº 268-2000. Jurisprudencia penal. Jurista Editores, Lima, p. 316.

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Jueces Superiores integrantes de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres administrando Justicia a nombre del Pueblo; FALLA: CONDENANDO a Bernaldo Melgarejo Obregón y Arturo Cárdenas Munasca como autores del delito contra el Patrimonio - Robo Agravado en agravio de Carlos Navarro Paredes; y como tal se les impone ocho años de pena privativa de libertad, la misma que computada desde la fecha vencerá el once de junio del año dos mil veinte; FIJARON: En la suma de DOS MIL NUEVOS SOLES el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar los sentenciados de manera solidaria a favor del agraviado; ORDENARON: El internamiento de los sentenciados Bernaldo Melgarejo Obregón y Arturo Cárdenas Munasca en una cárcel pública, oficiándose en el día para tal fin al Establecimiento Transitorio de Procesados de Lima - INPE; DISPUSIERON: Remitir copias certificadas a la Fiscalía Penal de Turno tal como lo ha solicitado la Fiscalía Superior con respecto al comportamiento procesal observado por Nancy Mercedes Orihuela Rivas, según lo indicado en esta resolución MANDARON: Que, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente Sentencia, se inscriba en el Registro respectivo, expidiéndose los testimonios y boletines de condena y remitir los autos al Juzgado Penal de origen para los fines pertinentes archivándose definitivamente los autos con conocimiento del Juez de Origen. DRA. LUISA ESTELA NAPA LÉVANO - Presidente DRA. DORIS RODRÍGUEZ ALARCÓN - Vocal DR. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA - Vocal y D.D

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049. Robo por medio de dopaje: Autor generalmente no busca como víctima a sus amistades Debe tenerse presente que por regla de la experiencia quien roba por medio del dopaje “pepeo”, no busca como víctima a sus amistades, por el contrario, las personas afectadas son ajenas al círculo amical, a efectos de que no puedan reconocerlos(as), siendo ello otro elemento que hace dudar al Colegiado sobre lo declarado por el agraviado. Otro factor a favor de la acusada es lo señalado en el Dictamen Pericial - Examen Toxicológico - Dopaje Etílico, que corre a fojas 14; y en la que arroja como resultado “Positivo Benzodiacepina Negativo”, lo cual no queda claro para el Colegiado, ya que es ambiguo; más aún si la perito se ha ratificado y ha expuesto las razones por las cuales señaló lo antes anotado. Por lo que en aplicación del principio de presunción de inocencia corresponde absolver al procesado. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA PROCESOS CON REOS EN CÁRCEL Expediente Nº 30709-11 DD. Dr. Peña Farfán Sentencia

Lima, 28 de diciembre de 2012 VISTA: En Audiencia Pública el proceso penal seguido contra Gloria Yuriko Balbi López (rea en cárcel) como presunta autora del delito contra el Patrimonio - Robo Agravado Consumado, en agravio de Andrés Rosalino Villavicencio Martínez. APARECE DE LO ACTUADO: Que, en mérito al Atestado Policial y recaudos que lo acompañan de folios 02 y siguientes, el señor Fiscal Provincial formaliza Denuncia Penal de folios 190 a 193, por cuyo mérito la Señora Juez Penal emite el Auto Apertura de

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Instrucción, de fecha dieciocho de agosto del dos mil nueve, obrante a folios 21 y 22, por el delito de autos en la vía procesal ORDINARIA, habiéndose llevado la causa conforme a los cauces que a su naturaleza ordinaria corresponde, es así que, concluida la instrucción se elevó los actuados a esta Sala Superior, y habiendo la señora Fiscal Superior emitido su dictamen acusatorio de fojas 160 a 168, por lo que la Sala dictó el Auto Superior de Enjuiciamiento a fojas 617 llevado a cabo los debates orales así como la requisitoria oral y los alegatos de la defensa, cuyas conclusiones obran en pliegos separados que se tienen a la vista, la causa ha quedado expedita para sentenciar. ATENDIENDO: PARTE EXPOSITIVA DE LOS HECHOS MATERIA DE LA ACUSACIÓN: 1. Se le imputa a la procesada Gloria Yuriko Balbi López que siendo las 21:50 horas, del día 23 de enero de 2009, en circunstancias que el agraviado Andrés Rosalino Villavicencio Martínez recepcionó una llamada telefónica en su celular de parte de la encausada, esta le propuso tomar unas cervezas, lo que motivó que el referido agraviado la citara a su domicilio ubicado en la calle Ica Nº 518, distrito de El Agustino, lugar a donde la procesada llegó a horas 00:15, del día 24 de enero de 2009 y al encontrarse ambos en el interior del dormitorio del citado inmueble se pusieron a ver una película, momentos que el agraviado salió de su domicilio a comprar dos botellas de cervezas y al retornar empezaron a libar dicho licor, pero al tomar un vaso con cerveza y al retornar empezaron a libar dicho licor, quedándose tendido sobre la cama. Que, a horas 10:30 del mismo día el agraviado recobró la conciencia observando que la procesada ya no se encontraba en el inmueble por lo que procedió a revisar las gavetas de su aparador, percatándose que le había sustraído la billetera conteniendo la suma de S/. 800.00 nuevos soles y $ 200.00 dólares americanos, por lo que formuló la denuncia policial correspondiente. Asimismo, se estableció que la procesada registra la denuncia N° 108, en la comisaría de San Cayetano, por la comisión del mismo delito, bajo la modalidad del “pepeo” lo que demuestra que la encausada venía dedicándose a cometer actos dolosos en agravio de sus ocasionales víctimas, con quienes se citaba para tomar unas cervezas, para luego mezclar el licor con sustancias que hacían perder el conocimiento a los agraviados, lo que facilitaba que les robara sus pertenencias.

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POSICIÓN DE LA DEFENSA: 2. La acusada Gloria Yuriko Balbi López ha referido que es inocente de los cargos imputados en su contra, refiriendo que no tenía conocimiento que estaba con orden de captura. De otro lado, señaló que antes de los hechos vendía comida en Gamarra, ganando la suma de S/. 50.00 nuevos soles. Asimismo, refirió conocer al agraviado ya que se lo presentaron unas amigas en la calle, que desconoce que ocurrió el día 24 de enero del 2009, ya que días antes se lo encontró cerca de la casa de la deponente y salieron como amigos, porque siempre la llamaba, agrega que se le declaró, pero ella había vuelto con el padre de sus hijos y estaba en estado otra vez y por eso dijo que no podía estar con él. Asimismo, señala que es mentira la imputación que le hace el agraviado, que no sabe el número del teléfono del agraviado y que si la denunció fue por venganza. 3. Es de resaltar, que no obstante de haber sido citados en reiteradas oportunidades el agraviado Andrés Rosalino Villavicencio Martínez, así como el testigo Daniel Walter Castromonte, estos no han comparecido al acto oral, por lo que se dispuso su conducción de grado y fuerza, la cual tampoco se efectivizó por lo que se tuvo que prescindir de su concurrencia (ver fojas 229 y 231). 4. De los documentos y diligencias obrantes en autos, se tiene los siguientes: 4.1. La Manifestación Preliminar del agraviado Andrés Rosalino Villavicencio Martínez, de folios 07 a 09, diligencia en la cual reconoce a la acusada como la persona que luego de doparlo le sustrajo la suma de S/. 800.00 nuevos soles y $ 200.00 dólares americanos. 4.2. La Declaración Preventiva del agraviado, obrante a fojas 50 y 51, en la que señala los hechos en su agravio, refiriendo textualmente: “(...) recibo una llamada de Gloria Yuriko, y quedamos para que me visite a partir de las once de la noche, pero en mi casa, y siendo las once me solicita que le invite un par de cervezas y compro las cervezas y mirando la televisión nos pusimos a brindar al cabo de media hora y cuando se acabó una botella de cerveza, perdí el conocimiento hasta el día siguiente (...)”.

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4.3. Dictamen Pericial - Examen Toxicológico - Dopaje Etílico que corre a fojas 14 practicado al agraviado Villavicencio Martínez, documento que consigna como resultado positivo para benzodiacepina. 4.4. Los Antecedentes Penales de la acusada, que obra a fojas 201, el mismo que no registra anotaciones PARTE CONSIDERATIVA: 5. Que, para determinar la responsabilidad penal de una persona como autor, respecto de un hecho delictivo, debe contarse con prueba idónea suficiente que genere convicción de su participación en los hechos, para ello se requiere sobre todo que la prueba sea actuada en el juicio oral y no genere duda, en todo caso, debe vencerse el derecho a la presunción de inocencia que goza todo procesado, al amparo de lo reconocido por el literal e) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política, más aún, si la sanción que se persigue es grave, en todo caso se impone también el principio del in dubio pro reo que reconoce el inciso 11 del artículo 139 de la Constitución Política. DE LA ACREDITACIÓN O NO DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO CONSUMADO, EN PERJUICIO DE ANDRÉS ROSALINO VILLAVICENCIO MARTÍNEZ: 6. En el presente caso el Ministerio Público persigue el tipo penal escrito en el inciso 2 del segundo párrafo del artículo 189 del Código Penal vigente. 7. En ese sentido, se tiene que el delito no se encuentra acreditado por la sola denuncia del agraviado, su declaración policial y en el juzgado, en la que indicó que conoce a la acusada, quien es la persona que luego de doparlo, le sustrajo la suma de S/. 800.00 nuevos soles y $200.00 dólares americanos. Al respecto, no hay testigos del hecho, tampoco se ha acreditado la preexistencia de lo robado y el certificado toxicológico es ambiguo en su resultado, pues indicó “positivo.benzodiazepina.negativo”. DE LA RESPONSABILIDAD PENAL O NO DE LA ACUSADA BALBI LÓPEZ, POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO, EN PERJUICIO DE ANDRÉS ROSALINO VILLAVICENCIO MARTÍNEZ: 8. Estando a lo antes anotado, respecto a los cargos contra Gloria Yuriko Balbi López, se tiene como prueba de cargo solo lo manifestado por el agraviado, quien a nivel policial y sin la presencia de la Fiscal (ver fojas 07 a 09) declaró

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que la acusada era su amiga hace dos años atrás y que el día del evento delictivo la acusada lo llamó, concertando de esta manera una cita, en la cual luego de haber libado licor y al momento de apagar la luz del dormitorio es que pierde el conocimiento. 9. Si bien es cierto la manifestación del agraviado a nivel policial fue ratificada en el Juzgado, no obstante ello, deben de ser analizados y corroborados con otro elemento de prueba que genere convicción, caso contrario resulta insuficiente, y genera duda sobre su contundencia. En ese sentido, se tiene que el agraviado refirió que vivía con su madre y hermano, por lo que estas personas (ya sea en forma conjunta o individual) estuvieron presentes al momento de ocurrido los hechos y por lo tanto fueron testigos (bien cuando la acusada ingresó al domicilio o al momento de socorrer al agraviado) pudiendo de esta forma haber rendido su declaración en la etapa de investigación a efectos de dar mayor fuerza a la denuncia formulada. 10. Por otro lado, debe tenerse presente que por regla de la experiencia quien roba por medio del dopaje (“pepeo”), no busca como víctima a sus amistades, por el contrario, las personas afectadas son ajenas al círculo amical, a efectos de que no puedan reconocerlos(as), siendo ello otro elemento que hace dudar al Colegiado sobre lo declarado por el agraviado. Otro factor a favor de la acusada, es lo señalado en el Dictamen Pericial - Examen Toxicológico - Dopaje Etílico, que corre a fojas 14; y en la que arroja como resultado “positivo.benzodiacepina.negativo”, lo cual no queda claro para el Colegiado, ya que es ambiguo; más aún si la perito se ha ratificado y ha expuesto las razones por las cuales señaló lo antes anotado.

Otro dato que se interpreta a favor de la acusada, es en cuanto a la supuesta denuncia signada con el Nº 108 de fecha 10/02/2009, en la que la acusada estaría siendo denunciada por el agraviado Daniel Walter Castromonte, por la comisión del mismo delito en la modalidad de “pepeo”. Sin embargo, conforme al Oficio Nº 300-12-REG.POL‑LIM/A-DIVTERCENTRP-CSC. CC (ver fojas 207) la comisaría de San Cayetano informó que dentro de su sistema de denuncias policiales se verificó que no existe tal denuncia, más aún, la acusada no cuenta con procesos pendientes, tal y como se constata de los antecedentes penales y/o policiales.

Estando entonces, a que no se ha podido probar de manera contundente la participación de la acusada Balbi López, en el delito de robo agravado, materia

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de autos, además operando a favor de la acusada que no tiene antecedentes carcelarios y que, además, niega el delito materia de juzgamiento. DECISIÓN: En ese sentido, el Colegiado concluye que la presunción de inocencia crea a favor de los ciudadanos el derecho a ser considerados inocentes mientras no se presente prueba suficiente para destruir dicha presunción, esta máxima garantía del imputado, pilar del proceso penal acusatorio, reconocida por el artículo 2, inciso 24, literal “e” de la Constitución Política del Estado, demanda la existencia de pruebas suficientes que creen certeza en el Juzgador, lo cual no sucede en el presente caso, por lo que apreciando los hechos y valorando las pruebas conforme las reglas de la sana crítica; y en aplicación del artículo 284 del Código de Procedimientos Penales; por tales fundamentos, La Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima administrando justicia a nombre del Pueblo, RESUELVE: 1. ABSOLVER: a Gloria Yuriko Balbi López, de la acusación fiscal por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio - robo agravado en grado consumado, en agravio de Andrés Rosalino Villavicencio Martínez. 2. ORDENARON: la INMEDIATA LIBERTAD de la persona de Gloria Yuriko Balbi López, siempre y cuando no exista otro mandato de detención vigente ordenado por autoridad competente; oficiándose para tales efectos. 3. MANDARON: que consentida que sea la presente sentencia, se anulen los antecedentes penales y judiciales que se hubieran generado en contra del absuelto, debiendo archivarse definitivamente lo actuado, con conocimiento del Juez de la causa. SS FERNANDO PADILLA ROJAS - Juez Superior y Presidente SAÚL PEÑA FARFáN - Juez Superior y DD ARTURO ZAPATA CARBAJAL - Juez Superior

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050. Robo durante la noche y en concurso de dos o más personas: Configuración El delito materia de incriminación se encuentra regulado en el artículo ciento ochenta y ocho como tipo base, con las agravantes previstas en los incisos dos y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal vigente al momento de la comisión del hecho delictivo, el mismo que se configura con el apoderamiento por parte del sujeto activo de un bien mueble con animus lucrandi, siendo necesario el empleo de la violencia y amenaza por parte del agente sobre la víctima (vis absoluta, vis corporales y vis compulsiva), destinadas a posibilitar la sustracción del bien, debiendo ser estas actuales e inminentes en el momento de la consumación del evento y garantizar el resultado. Hecho que se agrava cuando se realiza durante la noche y con el concurso de dos o más personas. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES Expediente Nº 35511-2008 DD. Dr. Vásquez Arana Sentencia Lima, 15 de agosto de 2012 VISTOS.- En Audiencia Pública, la causa penal seguida centra Jhonatan Luis Aguilar Abanto, de veintiséis años de edad; identificado con documento nacional de identidad número cuarenta y tres veintitrés setenta y cuatro cuarenta y cuatro, natural de Lima, nacido el dieciocho de setiembre de mil novecientos ochenta y cinco, hijo de Luis Miguel y Betty Luz, soltero, grado de instrucción secundaria completa, de ocupación ayudante de construcción civil; con domicilio en avenida Riva Agüero trescientos uno, Pueblo Joven El Agustino, primera zona, distrito de El Agustino; y contra Edinson Fierre Marroquin Vega (reo contumaz); por el delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Pablo Eugenio Yoplac Torres.

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RESULTA DE AUTOS.- Que, a mérito del Atestado Policial número quinientos dieciséis -cero ocho-VII-DIRTEPOL-L-DIVTER2-JDSA-EA-CSA DEINPOL, obrante de fojas dos a siete, el Fiscal Provincial Representante del Ministerio Público formalizó denuncia penal obrante de fojas treinta y uno y siguiente, en mérito al cual el señor Juez Especializado en lo Penal dictó el correspondiente Auto Apertorio de Instrucción obrante de fojas treinta y cinco a treinta y ocho, llevándose a cabo la instrucción por los causes que a su naturaleza corresponden y con los respectivos informes finales la causa fue elevada a la Sala Superior remitiéndose al Despacho del señor Fiscal Superior, quien emitió la respectiva Acusación Fiscal obrante de fojas doscientos cuarenta a doscientos cuarenta y cinco, emitiéndose el auto superior de enjuiciamiento de fojas doscientos cincuenta y tres, señalándose fecha a efectos de iniciarse el juzgamiento y declararse reo contumaz al acusado Edinson Pierre Marroquin Vega; habiéndose verificado la audiencia pública, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos ochenta y dos del Código de Procedimientos Penales, la causa ha quedado expedita para dictar sentencia. ANTECEDENTES DE HECHO: PRIMERO: Se imputa al encausado Jhonatan Luis Aguilar Abanto, que el día cuatro de agosto del año dos mil ocho, a horas cinco y veinticinco aproximadamente, en circunstancias que el agraviado Pablo Eugenio Yoplac Torres, se encontraba en el paradero “Bata” ubicado en la carretera central del distrito de Santa Anita, a la espera del vehículo de transporte público que lo traslade a su domicilio, instantes en que fue interceptado de manera violenta por tres sujetos, entre los cuales se encontraban los acusados Edison Pierre Marroquin Vega y Jhonatan Luis Aguilar Abanto y el tercer sujeto conocido como Raúl, resultando que uno de ellos de manera sorpresiva lo cogió del cuello por detrás, mientras lo demás lo derribaron al suelo para continuar agrediéndolo con golpes de puño y patadas en diferentes partes del cuerpo, logrando despojarlo de su billetera conteniendo en su interior su DNI, tarjeta de propiedad de una motocicleta, carné de estudios politécnico “Salesiano”, así como su teléfono celular marca ZTE de color negro. Posteriormente, arrojaron la billetera llevándose únicamente su teléfono celular y su DNI, y se dieron a la fuga, instantes en que el agraviado se dirigió al Óvalo de Santa Anita solicitando apoyo a un vehículo de Serenazgo que se encontraba por el lugar, realzando la búsqueda, logrando capturar a los acusados Marroquin Vega y Aguilar Abanto, mientras que el tercer sujeto conocido como Raúl se dio a la fuga; asimismo, se encontró en poder del procesado Marroquin Vega el teléfono celular perteneciente al agraviado.

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SEGUNDO: El Fiscal Superior Penal, al expedir acusación Penal obrante de fojas doscientos cuarenta a doscientos cuarenta y cinco, concluye que el hecho denunciado es constitutivo de delito contra el Patrimonio - Robo agravado, en agravio de Pablo Eugenio Yoplac Torres; delito tipificado en el artículo ciento ochenta y ocho, como tipo base, concordante con los incisos dos y cuatro del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, solicitando así, que se les imponga doce años de pena privativa de libertad y se fije en mil nuevos soles, el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar en forma solidaria a favor del agraviado. TERCERO: Recibida la Acusación Fiscal y de conformidad con el artículo doscientos veintinueve del Código de Procedimientos Penales, se dio inicio al juzgamiento y estando verificada la audiencia pública, la causa ha quedado expedita para dictar sentencia. HECHOS PROBADOS A. Hechos: 1. Se ha llegado a acreditar que el cuatro de agosto del dos mil ocho el acusado Jhonatan Aguilar Abanto fue detenido en compañía de su coacusado Edison Marroquin Vega, a solicitud del agraviado. 2. Se ha llegado a acreditar que el día de los hechos los acusados se encontraban en compañía del conocido como Raúl, quien al momento de la intervención se dio a la fuga. 3. Que el día de los hechos acudieron a la discoteca “Holliday” en Ate Vitarte los acusados, Raúl y el agraviado Pablo Yoplac Torres, quienes permanecieron por varias horas en su interior consumiendo licor. 4. Se ha llegado a acreditar que los acusados estuvieron en el interior de la discoteca en referencia con el conocido Raúl, inclusive fue presentado al acusado Aguilar Abanto. 5. Está probado según el Acta de Incautación de fojas dieciséis y Registro Personal de fojas diecisiete, que al momento de ser detenidos los acusados en el registro personal se encontró dentro de las prendas del acusado Marroquin Vega el celular de propiedad del agraviado.

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B. Análisis de la prueba:

De la posición del procesado frente a los cargos penales y su versión respecto de los hechos: - Del acusado Jhonatan Luis Aguilar Abanto: Este sujeto de manera uniforme ha negado los cargos en las tres sedes en que ha declarado e inclusive en el juicio oral, quien ha incurrido en algunas contradicciones, así, niega haber asaltado al agraviado, pero sí reconoce haber estado bailando en el interior de la discoteca, y en un primer momento acepta que concurrió con su amigo Marroquin Vega y que es amigo de Raúl que vive por su casa; para en el juicio oral sostener que el día de los hechos en el interior de la discoteca se los presentaron, afirmando que no se explica por qué razón encontraron a su amigo el celular del agraviado, indicando además que no conoce a Raúl, que recién lo vio en la discoteca, que no comprende si es que su coprocesado salió antes de la discoteca y después regresó, y que es posible que el agraviado haya salido antes y ahí pasaran las cosas. - Del acusado Edison Pierre Marroquin Vega: Quien ha sostenido en sede policial que el celular se lo entregó el conocido como Raúl para que lo guarde cuando ambos salían de la discoteca y que él lo conoce poco, que más lo conoce su amigo Jhonatan y que a esta persona no lo intervinieron porque el agraviado solo lo señaló a él y a Jonathan.

Declaraciones incorporadas dentro del proceso: - La declaración del agraviado Pablo Eugenio Yoplac Torres: Quien al declarar tanto a nivel policial como judicial ha sostenido que en circunstancias que se retiraba de la discoteca Holliday en Santa Anita, cuando esperaba su vehículo de transporte público, en el momento en que iba a subir a una combi es que lo agarran del cuello, jalándolo hacia atrás y cuando cae al piso, tres sujetos lo pateaban por todo el cuerpo, sacándole del bolsillo posterior de su pantalón su billetera con sus documentos y del otro bolsillo su celular para luego retirarse caminando, por lo que, se dirigió al Óvalo de Santa Anita y denunció el hecho a una móvil de serenazgo, yendo en su persecución y al ser ubicado dos de sus atacantes fueron atrapados, mientras uno de estatura pequeña se dio a la fuga. Alega que no le han causado un daño físico, solo los moretones, reconociendo firmemente mediante la ficha de Reniec que corre a fojas veintiuno al acusado Aguilar Abanto.

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- La declaración testimonial del efectivo policial José Teodosio Rosario Obregón: Sosteniendo que el día de los hechos en horas de la madrugada se encontraba de servicio en apoyo al Serenazgo y conjuntamente con el capitán Rubio Carranza intervinieron a dos sujetos por ser sindicados del robo de un teléfono celular y otros, en agravio de un transeúnte, quien indicaba que también un tercer sujeto se dio a la fuga, encontrándose en poder de los intervenidos un teléfono celular, siendo el caso que al que se le encontró el teléfono reconoció su responsabilidad indicando que lo hizo por necesidad económica. Instrumentos incorporados al proceso: - El Acta de Registro Personal e Incautación de fojas dieciséis, practicado al procesado Marroquin Vega, en donde se le incauta el celular de propiedad del agraviado. - El Acta de Entrega de fojas dieciocho suscrita por el agraviado, en fe de haber recibido el teléfono celular que le fuera sustraído. C. Análisis Lógico Jurídico y Contradictorio Judicial: 1. Para condenar a un acusado, se necesita de pruebas idóneas y conducentes, que de manera lógica lleven al juzgador al convencimiento de la responsabilidad del agente penal, y en este sentido tenemos como prueba relevante la declaración del agraviado Pablo Eugenio Yoplac Torres, quien tanto en sede policial como judicial ha sindicado a los acusados como las personas que lo asaltaron al salir de la discoteca Holliday, sustrayéndole sus pertenencias entre ellas su billetera y su celular; situación que ha sido comprobada sin lugar a dudas porque el teléfono celular en comento le fue encontrado a Marroquin Vega según aparece del acta antes mencionada. 2. La versión exculpatoria que han dado los acusados resulta ilógica e insostenible, quienes se han limitado a dar versiones poco creíbles, así Marroquin Vega, ante la evidencia de haberse encontrado en poder del cuerpo del delito, ha indicado que al salir de la discoteca le dio a que lo guarde el conocido Raúl; mientras que Aguilar Abanto se limita a sostener que no sabe cómo este celular se encontraba en manos de su coprocesado. 3. Es necesario analizar el concepto del principio de ubicuidad, porque ninguna de las versiones se condice con el razonamiento lógico de cómo

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se sucedieron los hechos, debido a que el agraviado ha sido enfático al sostener que fue asaltado en momentos que se disponía a subir a un vehículo público; situación negada por los acusados porque mientras uno indica que el teléfono que le fue incautado se lo encargó el conocido como Raúl, el otro afirma que no vio nada, situación que resulta inaceptable porque el hecho violento evidentemente se produjo afuera de la discoteca y no en el interior, más aún si entre el robo y la intervención policial a los acusados ha habido una solución de continuidad, quienes han sido intervenidos de manera casi inmediata a pedido de la víctima; lo que nos lleva a demostrar que Aguilar Abanto está mintiendo con el propósito de sustraerse de su responsabilidad penal. 4. La participación de Aguilar Abanto ha sido la de coadyuvar en el asalto, sobre todo si el agraviado ha sostenido en su declaración inicial que el que lo cogió del cuello se logró dar a la fuga mientras los otros lo rebuscaban, o sea, que uno de ellos fue Aguilar Abanto, pero el celular se encontró en poder de su coacusado; no apareciendo la utilización de algún tipo de arma. 5. Resulta evidente que Aguilar Abanto es una persona que ha negado los cargos, y evidentemente lo hace, no con un propósito oclusivo o de confundir a la administración de justicia, sino que de alguna manera trata de sustraerse de la responsabilidad penal, proporcionando una versión ilógica e insostenible, y hasta esta negativa resulta entendible porque quien no desea salvarse de la persecución penal y poder enrumbar su vida, más aún si como aparece de los certificados de antecedentes obrantes en autos, este sujeto carece de los penales y judiciales. FUNDAMENTOS DE DERECHO A. TIPO PENAL

El delito materia de incriminación se encuentra regulado en el artículo ciento ochenta y ocho como tipo base, con las agravantes previstas en los incisos dos y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal vigente al momento de la comisión del hecho delictivo, el mismo que se configura con el apoderamiento por parte del sujeto activo de un bien mueble con animus lucrandi, siendo necesario el empleo de la violencia y amenaza por parte del agente sobre la victima (vis absoluta, vis corporales y vis compulsiva), destinadas a posibilitar la sustracción del bien, debiendo

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ser estas actuales e inminentes en el momento de la consumación del evento y garantizar el resultado(67). Hecho que se agrava cuando se realiza durante la noche y con el concurso de dos o más personas. B. QUÁNTUM DE LA PENA Para establecer el quántum de la pena, este Superior Colegiado debe tener en cuenta otros aspectos de tanta o igual importancia a los ya reseñados, como son: a) El delito materia de incriminación se encuentra regulado en el artículo ciento ochenta y ocho como tipo base, con las agravantes previstas en los incisos dos y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal vigente al momento de la comisión del hecho delictivo; sancionado con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años. b) El impacto social del hecho cometido (grado de nocividad social de la conducta incriminada). c) Las cualidades personales del autor, su grado de instrucción y el entorno social donde reside; quien de los certificados de antecedentes que obran a fojas ciento doce y doscientos sesenta y tres, no aparece que este haya infringido la norma penal, por el contrario ha presentado constancias de trabajo y boletas de pago corrientes a folios doscientos sesenta y nueve a doscientos setenta y cinco, por lo que se deduce que esta persona se ha dedicado a la vida honesta. d) Finalmente, por el principio de proporcionalidad y razonabilidad la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho, consagrado en el numeral octavo del Título Preliminar del Código Penal, teniendo en consideración las circunstancias en que se suscitaron los hechos, de donde el agente penal contaba con veintidós años de edad, o sea, que era una persona relativamente joven que recién había obtenido la mayoría de edad; que si bien es cierto, esta persona ha mentido y judicialmente se le ha probado ser responsable, en esta sentencia el Colegiado ha hecho un análisis, basado en nuestra experiencia, sobre los motivos que puede

(67) Vide Salinas Siccha, Ramiro. Derecho Penal. Parte Especial. Grijley, Lima, 2008, p. 941.

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haber tenido el agente penal en su negativa y los temores que operan en su interior ante la presión del Estado, por lo que, sin temor a equivocarnos, consideramos que atendiendo a sus condiciones personales y a su situación actual debe imponérsele una pena suspendida en su ejecución; otorgando así una nueva oportunidad al agente penal. C. REPARACIÓN CIVIL La imposición del monto de la reparación civil se fijará en relación y proporción a la lesión causada, puesto que la reparación civil se rige por el principio del daño causado, cuya unidad penal y civil protege la reparación y resarcimiento del bien jurídico tutelado, específicamente el de la víctima o agraviado que resulte lesionado; por lo que este Colegiado impondrá una reparación civil equitativa y proporcional. En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el numeral octavo del Título Preliminar del Código Penal, así como los artículos seis, doce, veintitrés, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, noventa y dos, noventa y tres del Código Penal y el inciso dos y cuatro del artículo ciento ochenta y nueve de la acotada norma penal, en concordancia con los artículos doscientos ochenta, doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales, apreciando los hechos y valorando las pruebas con criterio de conciencia que la ley autoriza, los señores Jueces Superiores integrantes de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres administrando Justicia a nombre del Pueblo; FALLA: CONDENANDO a Jhonatan Luis Aguilar Abanto como autor del delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Pablo Eugenio Yoplac Torres; y como tal se le impone CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA en su ejecución por el periodo de TRES AÑOS, bajo cumplimiento estricto de las siguientes reglas de conducta: a) No variar de domicilio sin conocimiento expreso del juez de la causa, b) Concurrir cada treinta días al local del Juzgado para firmar el libro de control respectivo; c) cumplir con el pago de la reparación civil; bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de revocarse la suspensión de la condena y hacerse efectiva conforme a lo dispuesto en el artículo cincuenta y nueve del Código Penal; FIJARON: En la suma de MIL NUEVOS SOLES el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado en forma solidaria a favor del agraviado; RESERVARON: El juzgamiento del reo contumaz Edison Pierre

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Marroquin Vega, contra quien se deben reiterar periódicamente las órdenes para su inmediata ubicación y captura; MANDARON: Que, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se inscriba en el Registro respectivo, expidiéndose los testimonios y boletines de condena y remitir los actuados al Juzgado Penal de origen para los fines pertinentes; archivándose definitivamente los autos con conocimiento del Juez de Origen. SS. DR. JUAN CARLOS VIDAL MORALES - Presidente DRA. LUISA ESTELA NAPA LÉVANO - Juez Superior DR. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA - Juez Superior y D.D

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051. Robo con el concurso de dos o más personas: Configuración Conforme se desprende de la fundamentación fáctica contenida en el dictamen acusatorio, aparece que en la noche cuando el agraviado conducía su vehículo por las intersecciones del jirón Belén y la avenida Uruguay en el cercado de Lima, al detener la marcha por el cambio de la señal del semáforo es sorprendido por cinco individuos, entre ellos el acusado, quienes empleando intimidación abrieron las puertas del vehículo, ingresando dos de ellos a la parte delantera, sustrayendo de la guantera su billetera conteniendo sus documentos personales y la suma de cincuenta nuevos soles, mientras el acusado quien había subido a la parte posterior lo amenazaba con robar el vehículo, empero, el afectado decidió reiniciar la marcha, por lo que los agresores huyen raudamente del lugar a excepción del encausado quien fue intervenido por la policía, hechos que configuran el artículo ciento ochenta y ocho como tipo base, con la agravante descrita en el inciso cuatro primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMERA SARA PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES “Judicatura digna, democrática e institucional” Expediente N° 35481-2007 D.D. Dra. Napa Lévano Sentencia: Conclusión anticipada

Lima, 10 de octubre de 2012 VISTOS: En audiencia pública el proceso penal seguido contra Luis Ángel Herazo Saco; cuyas generales de ley obran en autos, acusado de la comisión del delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Marco Teodoro Donayre Ramírez. FLUYE DE AUTOS: Que, en mérito al Atestado número 195-VII DIRTEPOL-L-DIVTER-2/JDLC-CAU‑DEINPOL, que corre en autos de fojas dos

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y siguientes, el señor Fiscal Provincial, formaliza denuncia penal contra Luis Ángel Herazo Saco (fojas dieciséis a diecisiete), dictamen que merituado por el señor Juez Penal, motivó la expedición de auto de inicio de proceso de fecha veintisiete de agosto del año dos mil siete (fojas diecinueve a veinte); que tramitada la causa entro de los cánones procesales de su naturaleza Ordinaria y vencido el plazo de instrucción, los autos fueron remitidos al señor Fiscal Provincial, quien emite su dictamen final de fojas ochenta y ocho, por cuyo mérito el señor juez del Décimo Sexto Juzgado Penal de Lima, emite su informe final de fojas noventa y cuatro a noventa y cinco; puesto los autos de manifiesto a las partes procesales dentro del término de ley, los mismos fueron elevados a esta superior Sala Penal, que se avoca al conocimiento y remite la instrucción a vista de la señora Fiscal Superior, que emite su dictamen acusatorio de fojas ciento cuatro, dictándose al mérito de su evaluación el correspondiente Auto Superior de Enjuiciamiento de fojas ciento ocho, señalándose fecha y hora para la verificación del juicio oral, no obstante ello a pesar de encontrase debidamente notificado el acusado no concurrió, hecho que motivó se reserve su juzgamiento hasta que sea habido; que, habiendo sido puesto el acusado Luis Ángel Herazo Saco a disposición del Colegiado en condición de detenido, se procedió a su juzgamiento, exhortándolo para efectos que declare con la verdad, habiéndose puesto en su conocimiento los alcances a los que se contrae el artículo quinto de la Ley veintiocho mil ciento veintidós, el mismo previa consulta con su abogada reconoció ser autor del hecho que se le imputa y responsable de la Reparación Civil, acogiéndose bajo los términos de la referida ley; por lo que, con la conformidad manifestada por su defensa y la señora representante del Ministerio Público, se declaró la Conclusión Anticipada de los debates orales, quedando la causa expedita para dictar sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, conforme se desprende de la fundamentación fáctica contenida en el dictamen acusatorio, aparece que con fecha veintiséis de agosto del año dos mil siete a horas once aproximadamente, en circunstancias que el agraviado conducía el vehículo de placa AQY - trescientos sesenta y cuatro por las intersecciones del jirón Belén y la avenida Uruguay en el cercado de Lima, al detener la marcha por el cambio de la señal del semáforo es sorprendido por cinco individuos, entre ellos el acusado, quienes empleando intimidación abrieron las puertas del vehículo, ingresando dos de ellos a la parte delantera, sustrayendo de la guantera su billetera conteniendo sus documentos personales y la suma de cincuenta nuevos soles, mientras el acusado quien había subido a la parte posterior lo amenazaba con robar el vehículo, empero, el afectado

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decidió reiniciar la marcha, por lo que los agresores huyen raudamente del lugar a excepción del encausado quien fue intervenido por la policía. SEGUNDO: Que, el marco normativo por el que se procesa al acusado es el artículo ciento ochenta y ocho como tipo base, con la agravante descrita en el inciso cuatro primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal. TERCERO: Al respecto, el acusado Luis Ángel Herazo Saco tanto al rendir su manifestación policial obrante a fojas ocho como su instructiva de fojas veintiuno, niega la comisión del hecho delictivo imputado, aduciendo que aquel día se encontraba libando licor con sus amigos de los cuales desconoce sus nombres, en la puerta de la discoteca Etnias, circunstancia en la que pasa un vehículo y les mojó con el charco de agua que se encontraba en dicha zona, que ante dicha situación, el taxista se detiene y lo invitó a subir para darle una propina, sin embargo estando en el interior del vehículo es amenazado por aquel y conducido a la comisaría; versión que dista totalmente de la precisada por el agraviado Marco Teodoro Donayre Ramírez, quien en su manifestación policial de fojas siete, en forma categórica refiere que en circunstancias que se encontraba esperando el cambio de luz del semáforo, fue abruptamente abordado por cinco individuos dentro de los cuales se encontraba el acusado, ingresando estos al interior de su vehículo, rebuscando la guantera, logrando sustraer su billetera que contenía su documento nacional de identidad, licencia de conducir y cincuenta nuevos soles, dándose a la fuga cuatro de ellos, propósito que no pudo concretar el acusado al verse reducido por la policía que intervino de inmediato. CUARTO: Que, al concurrir el acusado al acto de juzgamiento luego de escuchar los cargos materia de imputación, así como la pena y reparación civil solicitada por el Ministerio Público, este, reconoció su autoría en el evento delictivo, así como su responsabilidad civil; manifestando arrepentimiento, acogiéndose a los beneficios de la Conclusión Anticipada del Proceso, ley número veintiocho mil ciento veintidós, por lo que el Colegiado dio por concluido el debate aceptando su conformidad procesal. QUINTO: El aspecto sustancial de la institución de la conformidad, tal como está regulado en la citada ley, tiene por objeto la pronta culminación del proceso –en concreto, del juicio oral– a través de un acto unilateral del imputado y su defensa de reconocer los hechos de imputación concretados en la acusación fiscal y aceptar las consecuencias jurídico-penales y civiles correspondientes; siendo que este acto procesal unilateral importa una renuncia a la actuación de pruebas y a un juicio público, lo que significa que los hechos vienen definidos,

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sin injerencia de la Sala sentenciadora, por la acusación con la plena aceptación del imputado y su defensa. SEXTO: Que, para efectos de la graduación de la sanción, debe tenerse en cuenta el Acuerdo Plenario número siete guión dos mil siete / CJ guión uno seis del Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil siete; que en el punto octavo consigna expresamente “(...) Al respecto, se tiene presente, como reconoce la doctrina y la jurisprudencia nacional, el principio de proporcionalidad o de prohibición en exceso, incorporado, positivamente en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, en cuya virtud: ‘(...) la pena debe ser adecuada al daño ocasionado por el agente, según el grado de culpabilidad y el perjuicio socialmente ocasionado’”. Por consiguiente, es función del órgano jurisdiccional ejercitar y desarrollar con mayor énfasis la proporcionalidad concreta de la pena. En consecuencia, desde esta perspectiva, es necesario adecuar su término y el monto que debe pagar por el daño causado a la víctima. En tal sentido, y en atención a lo expuesto, la Sala evalúa para estos efectos la forma y circunstancias en que se desarrolló el evento delictivo; así como las condiciones personales del acusado; siendo esto así, se tiene en consideración: a) Que no obstante haber estado negando desde un inicio su participación en los hechos imputados, iniciado que fuere el juicio oral, el acusado en forma voluntaria y espontánea reconoció en su integridad los cargos materia de imputación - conformidad procesal, mostrando arrepentimiento; b) Que si bien en el desarrollo del evento delictivo en que participó existió pluralidad de agentes, este, no registra antecedentes penales ni judiciales, conforme se advierte de los certificados que aparecen a fojas ciento quince y sesenta y seis, teniendo la condición de agente primario; c) Que, el agraviado no sufrió un daño que hubiere puesto en peligro inminente su vida y/o integridad física; d) Que siendo así, estando a los fines preventivos, protectores y resocializadores de la pena, la misma debe imponerse en atención a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, que debe ir en consonancia con los indicadores y circunstancias a los que se contraen los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, así como los parámetros doctrinarios establecidos en el Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-116; por lo que, una pena condicional resulta suficiente para sancionar su accionar delictuoso, permitiendo su resocialización. SÉTIMO: Que, con respecto a la reparación civil conforme lo prescribe el artículo noventa y tres del Código Penal, esta tiene como fin la restitución del bien y en caso de no ser posible, el pago de su valor, así como la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, la misma que deberá fijarse partiendo

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del principio de auto responsabilidad, por el cual se asume que quien causa un daño debe responder por sus actos. En ese sentido, el monto indemnizatorio debe fijarse prudencialmente. Por las consideraciones anotadas y estando a lo dispuesto por los artículos veintiocho, cuarenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, noventa y dos, noventa y tres, ciento ochenta y ocho como tipo base, con la agravante descrita en el inciso cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal; así como, los artículos doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales en concordancia con la Ley veintiocho mil ciento veintidós; la Primera Sala especializada en lo penal para procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, juzgando los hechos reconocidos por el acusado y administrando Justicia a Nombre de la Nación, FALLA: CONDENANDO a Luis Ángel Herazo Saco, identificado con documento nacional de identidad número cuatro cuatro tres cuatro ocho dos tres dos, nacido el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y dos, natural de San Martín de Porres, hijo de don Juan y doña Gladys, con grado de instrucción secundaria completa, sin antecedentes penales ni judiciales; como autor de delito contra el Patrimonio - Robo Agravado en agravio de Marco Teodoro Donayre Ramírez, y como tal le impusieron CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de TRES AÑOS; bajo el cumplimiento de manera personal y obligatoria de las siguientes reglas de conducta: a) No variar de domicilio sin previo aviso del Juez de la causa; b) Concurrir al local del Juzgado a firmar cada sesenta días el libro de control respectivo y justificar sus actividades, c) No cometer nuevo delito doloso; bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, aplicarse lo dispuesto en el artículo cincuenta y nueve del Código Penal; FIJARON: en la suma de trescientos nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor del agraviado; MANDARON: Que, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se expidan los boletines de condena se inscriba donde corresponda; y se archiven los autos definitivamente con conocimiento del Juez de la presente causa. SS. Dr. CARLOS HUGO FALCONÍ ROBLES - Presidente Dra. LUISA ESTELA NAPA LÉVANO - Juez Superior y D.D. Dr. JORGE OCTAVIO BARRETO HERRERA - Juez Superior

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052. Robo con concurso de dos o más personas: Configuración Conforme se desprende de la fundamentación fáctica contenida en el dictamen acusatorio, aparece que en la noche, en circunstancias que la agraviada se disponía a ingresar al mercado minorista, fue interceptada por dos sujetos, entre ellos el procesado, quienes ejerciendo violencia le arrebataron su canguro en cuyo interior había la suma de ciento cincuenta nuevos soles, dándose a la fuga, siendo intervenido solo el acusado a mérito de una tenaz persecución policial, hecho tipificado en el artículo ciento ochenta y ocho como tipo base, con la agravante descrita en el inciso cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal. PODER JUDICIAL DEL PERÚ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMERA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES “Judicatura digna, democrática e institucional” Expediente Nº 54561-1998 D.D. Dra. Napa Lévano Sentencia: Conclusión Anticipada

Lima, 24 de julio de 2012 VISTOS: En audiencia pública el proceso penal seguido contra Silvano Domingues Surichaqui; cuyas generales de ley obran en autos, acusado de la comisión del delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Patricia Elvira Bernal Vera. FLUYE DE AUTOS: Que, en mérito al Atestado número setecientos cuatroSI-CPA, que corre en autos a fojas dos y siguientes, la señora Fiscal Provincial, formaliza denuncia penal contra Silvano Domingues Surichaqui (fojas once a doce), dictamen que merituado por el señor Juez Penal, motivó la expedición de auto de inicio de proceso de fecha cuatro de julio de mil novecientos noventa y ocho (fojas trece a catorce); que tramitada la causa dentro de los cánones procesales de su naturaleza Especial (Decreto Legislativo ochocientos noventa y

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seis) y vencido el plazo de instrucción, los autos fueron remitidos al señor Fiscal Provincial, quien emite su dictamen final de fojas sesenta y cuatro a sesenta y cinco, por cuyo mérito el señor juez del Vigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, emite su informe final de fojas sesenta y ocho a setenta; puesto los autos de manifiesto a las partes procesales dentro del término de ley, los mismos fueron elevados a esta superior Sala Penal, que se avoca al conocimiento y remite la instrucción a vista del señor Fiscal Superior, que emite su dictamen acusatorio de fojas setenta y siete a setenta y nueve, dictándose al mérito de su evaluación el correspondiente Auto Superior de Enjuiciamiento de fojas ochenta y ocho, su fecha tres de setiembre del año mil novecientos noventa y ocho, señalándose fecha y hora para la verificación del juicio oral; por lo que, ante la reiterada inconcurrencia a la audiencia del acusado Silvano Domingues Surichaqui, pese a encontrarse debidamente notificado, se le declaró REO CONTUMAZ mediante resolución de fecha diecisiete de marzo del año mil novecientos noventa y nueve, reservándose el señalamiento de audiencia hasta que sea habido; que mediante resolución de fecha diecinueve de octubre del año dos mil nueve la Sala declaró Nulo todo lo actuado en sede judicial, hasta el auto apertura de instrucción; ordenando se prosiga con el trámite correspondiente; circunstancia que ameritó la expedición de resolución de fecha dieciocho de enero del año dos mil diez, que obra a fojas ciento noventa, mediante el cual se aperturó instrucción contra Silvano Domingues Surichaqui, que tramitada la causa conforme a su naturaleza ordinaria, se expidió el informe final que obra a fojas doscientos treinta y siete; elevándose los autos a esta Superior Sala Penal, remitiéndose los mismos a Vista de la señora Fiscal Superior, quien emitió su dictamen acusatorio que obra a fojas doscientos cincuenta y cuatro, por cuyo mérito se expide el Auto Superior de Enjuiciamiento de fojas doscientos sesenta y tres su fecha ocho de marzo del año dos mil doce, que declaró haber mérito a pasar Juicio Oral contra el citado encausado, reservándose el proceso hasta que sea habido dada su condición de Reo Ausente; que siendo puesto a disposición de la Sala en condición de detenido el acusado Silvano Domingues Surichaqui, se procedió a su juzgamiento, exhortándolo para efectos de que declare con la verdad, habiéndose puesto en su conocimiento los alcances a los que se contrae el artículo quinto de la Ley veintiocho mil ciento veintidós, el mismo previa consulta con su abogada reconoció ser autor del hecho que se le imputa y responsable de la Reparación Civil, acogiéndose bajo los términos de la referida ley; por lo que, con la conformidad manifestada por su defensa y la señora representante del Ministerio Público, se declaró la Conclusión Anticipada de los debates orales, quedando la causa expedita para dictar sentencia; y, CONSIDERANDO:

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PRIMERO: Que, conforme se desprende de la fundamentación fáctica contenida en el dictamen acusatorio, aparece que con fecha tres de julio del año mil novecientos noventa y ocho, siendo las diecisiete horas con treinta aproximadamente, en circunstancias que la agraviada Patricia Elvira Bernal Vera se disponía a ingresar al mercado minorista ubicado en la intersección de la avenida San Pablo y el jirón Unanue en el distrito de La Victoria, fue interceptada por dos sujetos, entre ellos el procesado Silvano Domingues Surichaqui, quienes ejerciendo violencia le arrebataron su canguro en cuyo interior había la suma de ciento cincuenta nuevos soles, dándose a la fuga, siendo intervenido solo el acusado a mérito de una tenaz persecución policial. SEGUNDO: Que, el marco normativo por el que se procesa al acusado es el artículo ciento ochenta y ocho como tipo base, con la agravante descrita en el inciso cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal. TERCERO: Al respecto, el acusado Silvano Domingues Surichaqui al prestar su manifestación policial de fojas siete, con el único propósito de eludir su responsabilidad negó su participación en los hechos incriminados, aduciendo haber sido intervenido en circunstancias que ingresaba a comprar a una tienda, desconociendo quienes le hayan robado a la agraviada; precisa que aquella lo sindica en mérito a que no portaba documento de identidad y presentaba antecedentes. En tanto la agraviada Patricia Elvira Bernal Vera, al rendir su manifestación policial de fojas seis como su declaración preventiva de fojas doscientos veinte, identificó plenamente al acusado como uno de los autores del robo perpetrado en su contra, precisando que su accionar se limitó en jalarla de los brazos, para facilitar el despojo de sus pertenencias por otro sujeto. CUARTO: Que, al concurrir el acusado al acto de juzgamiento luego de escuchar los cargos materia de imputación, así como la pena y reparación civil solicitada, reconoció su autoría en el evento delictivo materia de juzgamiento así como su responsabilidad penal; manifestando arrepentimiento, acogiéndose a los beneficios de la Conclusión Anticipada del Proceso, Ley número veintiocho mil ciento veintidós, por lo que el Colegiado dio por concluido el debate aceptando su conformidad procesal. QUINTO: El aspecto sustancial de la institución de la conformidad, tal como está regulado en la citada ley, tiene por objeto la pronta culminación del proceso –en concreto, del juicio oral– a través de un acto unilateral del imputado

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y su defensa de reconocer los hechos de imputación concretados en la acusación fiscal y aceptar las consecuencias jurídico-penales y civiles correspondientes; siendo que este acto procesal unilateral importa una renuncia a la actuación de pruebas y a un juicio público, lo que significa que los hechos vienen definidos, sin injerencia de la Sala sentenciadora, por la acusación con la plena aceptación del imputado y su defensa. SEXTO: Que, para los efectos de la graduación de la sanción, debe tenerse en cuenta el Acuerdo Plenario número siete guión dos mil siete/C3 guión uno seis del Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil siete; que en el punto octavo consigna expresamente “(...) Al respecto, se tiene presente, como reconoce la doctrina y la jurisprudencia nacional, el principio de proporcionalidad o de prohibición en exceso, incorporado, positivamente en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, en cuya virtud: “(...) la pena debe ser adecuada al daño ocasionado por el agente, según el grado de culpabilidad y el perjuicio socialmente ocasionado”. Por consiguiente, es función del órgano jurisdiccional ejercitar y desarrollar con mayor énfasis la proporcionalidad concreta de la pena. En consecuencia, desde esta perspectiva, es necesario adecuar la cantidad y la calidad de la pena al daño causado a la víctima, al perjuicio que con el delito se infringe a la sociedad y al grado de culpabilidad. En tal sentido, y en atención a lo expuesto, la Sala evalúa para estos efectos la forma y circunstancias en que se desarrolló el evento delictivo; así como las condiciones personales del acusado; siendo esto así, se tiene en consideración: a) Que no obstante haber negado su participación en el evento delictivo a nivel preliminar, iniciado que fuere el juicio oral, en forma voluntaria y espontánea reconoció en su integridad los cargos materia de imputación conformidad procesal, mostrando arrepentimiento; b) Que, si bien es cierto, registra antecedentes de condena, conforme se detalla en el certificado que obra a fojas doscientos setenta y cuatro, los mismos que a la fecha de la comisión del ilícito materia de juzgamiento (tres de julio del año mil novecientos noventa y ocho), habrían vencido en su término, siendo la última sentencia la expedida con fecha treinta de marzo del año mil novecientos noventa y cuatro por la Segunda Sala Penal de Lima que lo condenó por delito de Asalto y Robo con violencia a tres años de privación de libertad suspendida en su ejecución condicionalmente; en tal virtud, estando al tenor establecido por el artículo sesenta y nueve del Código Penal, ha operado la rehabilitación automática del acusado; no registrando además antecedentes judiciales conforme se desprende del certificado que obra

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a fojas doscientos setenta y cinco, teniendo consecuentemente la condición de agente primario; c) Que la agraviada no ha referido que haya sido coaccionada o amenazada con arma o instrumento alguno; apreciándose asimismo que no sufrió lesiones que hubieren puesto en peligro inminente su integridad física; d) Sus carencias socioculturales, conforme se desprende de la ficha de identificación de la Reniec adjunta en autos. e) La pluralidad de agentes en la comisión del evento delictivo. Que siendo así, estando a los fines preventivos, protectores y resocializadores de la pena, la misma debe imponerse en atención a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, que debe ir en consonancia con los indicadores y circunstancias a los que se contraen los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, así como los parámetros doctrinarios establecidos en el Acuerdo Plenario Nº 5-2008/C3-116; por lo que, una pena condicional resulta suficiente para sancionar su accionar delictuoso, permitiendo su resocialización. SÉTIMO: Que, con respecto a la reparación civil conforme lo prescribe el artículo noventa y tres del Código Penal, esta tiene como fin la restitución del bien y en caso de no ser posible, el pago de su valor, así como la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, la misma que deberá fijarse partiendo del principio de auto responsabilidad, por el cual se asume que quien causa un daño debe responder por sus actos. En ese sentido, el monto indemnizatorio debe fijarse prudencialmente. Por las consideraciones anotadas y estando a lo dispuesto por los artículos diez, once, doce, veintitrés, veintiocho, cuarenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, noventa y dos, noventa y tres, ciento ochenta y ocho como tipo base, con la agravante descrita en el inciso cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal; así como los artículos doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales en concordancia con la Ley veintiocho mil ciento veintidós; la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, juzgando los hechos reconocidos por el acusado y administrando Justicia a Nombre de la Nación, FALLA: CONDENANDO a Silvano Domingues Surichaqui, identificado con documento nacional de identidad número ocho cero dos tres nueve tres cero tres, nacido el cinco de febrero de mil novecientos sesenta y dos, natural de Tarma - Junín, hijo de don Glicerio y doña Ela, con grado de instrucción quinto grado de primaria; como autor de delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Patricia

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Elvira Bernal Vera, y como tal le impusieron CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de TRES AÑOS; bajo el cumplimiento de manera personal y obligatoria de las siguientes reglas de conducta: a) No variar de domicilio sin previo aviso del Juez de la causa; b) Concurrir al local del Juzgado a firmar cada fin de mes el libro de control respectivo y justificar sus actividades; c) No cometer nuevo delito doloso; bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, aplicarse lo dispuesto en el artículo cincuenta y nueve del Código Penal; FIJARON: en la suma de QUINIENTOS NUEVOS SOLES el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor de la agraviada Patricia Elvira Bernal Vera; ORDENARON: Se deje sin efecto las órdenes de captura impartidas contra el sentenciado Silvano Domingues Surichaqui; MANDARON: Que, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se expidan los boletines de condena, se inscriba donde corresponda; y se archiven los autos definitivamente con conocimiento del Juez de la presente causa. SS. Dr. JUAN CARLOS VIDAL MORALES - Presidente Dra. LUISA ESTELA NAPA LÉVANO - Juez Superior y D.D. Dr. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA - Juez Superior

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053. Robo en concurrencia de dos o más personas: Acreditación de la consumación El procesado en compañía de otros sujetos se apoderó de dos camisas de hombre, un equipo de telefonía móvil y de la suma de doscientos ochenta y siete nuevos soles, circunstancia que de por sí determina el grado de ejecución del hecho punible, es decir, es un delito consumado. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMERA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS EN CÁRCEL COLEGIADO “PAR” Expediente Nº 49714-2008 D.D. Dra. Ízaga Pellegrín

Sentencia Lima, 16 de agosto de 2012 VISTOS: en Audiencia Pública la causa penal seguida contra Miguel Ángel Chirinos Rodríguez (Reo en cárcel), como autor del delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Rosa Patricia Vásquez Laines. RESULTA DE AUTOS: Que, a mérito del Atestado Policial –Número Cuarenta y uno-IC-CCYCPNP, de foja dos y siguientes, el señor Representante del Ministerio Público a fojas catorce y siguiente, formalizó denuncia en contra del precitado, por cuyo mérito el Juez Penal emitió el Auto de Apertura de Instrucción en la vía especial contra Miguel Ángel Chirinos Rodríguez, como presunto autor del delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Rosa Patricia Vásquez Laines y como presunto autor del delito contra el Patrimonio - Hurto, en agravio de de Ana Jesús Chumpitaz Sánchez, dictándose contra el precitado encausado, mandato de comparecencia sujeta a restricciones, emitiendo la señora Fiscal Superior su dictamen final según se aprecia de folios cuarenta a cuarenta y dos, en tanto que a folios cuarenta y cuatro y siguiente, la señora Juez expidió sus informes finales, elevándose con fecha doce de junio a la Primera Sala Penal, en donde se dispuso la adecuación del proceso a la vía ordinaria, sin embargo, la Fiscalía Superior opinó porque se realicen diligencias necesarias, con fines

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del artículo setenta y dos del Código de Procedimientos Penales, siendo que al remitirse los autos nuevamente al Juzgado, en donde se dispuso Ampliar el Auto de Apertura de Instrucción para comprender al procesado Miguel Ángel Homar Rodríguez , por delito contra el Patrimonio - Hurto Agravado, en agravio de Ana Jesús Chumpitaz Sánchez, por lo que elevados que fueron los autos a la Primera Sala Penal, derivándose los autos a la Fiscalía Superior que formuló Acusación contra Miguel Ángel Homar Rodríguez por delito contra el Patrimonio - Hurto Agravado, en agravio de Ana Jesús Chumpitaz Sánchez y por delito de Robo Agravado, en agravio de Rosa Patricia Vásquez Laines, emitiéndose el respectivo Auto Superior de Enjuiciamiento, señalándose fecha y hora para el inicio del Juicio Oral, como no concurriese, por resolución de folios ciento diecisiete de fecha veinticinco de junio del dos mil dos, fue declarado Reo Contumaz, para luego mediante resolución de fecha catorce de agosto del dos mil siete, la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel en mérito a la sentencia del Tribunal Constitucional(68) se declaró nulo todo lo actuado inclusive el Auto de Apertura de Instrucción, y al ser remitido los autos para una adecuada distribución, se avoca al conocimiento el Décimo Tercer Juzgado Penal de Lima, precisa que no se halla individualizado al autor del hurto, razones por las que resolvieron dejar sin efecto la formalización de denuncia, y remitieron los autos a la Comisaría de Ventanilla a fin de que realicen una serie de investigaciones con fines de identificación, de donde se advierte que con fecha treinta de julio del dos mil ocho, se tomó conocimiento por familiares del procesado, que los nombres completos de este, eran Miguel Ángel Chirinos Rodríguez, por lo que siendo así, se formalizó denuncia penal conforme se aprecia de folios ciento noventa y seis, lo que motivó que el Décimo Tercer Juzgado Penal de Lima emitiera el Auto de Apertura de Instrucción contra Miguel Ángel Chirinos Rodríguez, por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio, Robo Agravado, en agravio de Rosa Patricia Vásquez Laines, y por delito de hurto agravado, en agravio de Ana Jesús Chumpitaz Sánchez, decretándose mandato de detención en su contra, tramitándose la causa conforme al Ordenamiento Jurídico Procesal Penal, fue elevada con el Dictamen del señor Fiscal Provincial que corre a folios doscientos setenta y cuatro y siguiente y el informe del Juez Penal que corre de folios doscientos setenta y nueve a doscientos ochenta y uno, el Ministerio Público emitió su dictamen que corre de folios cuatrocientos ocho a cuatrocientos trece, mediante el cual solicita el archivamiento de los autos respecto de la agravante

(68) Sentencia Exp. Nº 005-2001-AUTC publicada con fecha 17/11/2001.

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descrita en el inciso tercero del primer párrafo del artículo ciento ochenta y seis del Código Penal, en agravio de Ana Jesús Chumpitaz Sánchez, formulando Acusación contra Miguel Ángel Chirinos Vásquez por delito de Robo Agravado, en agravio de Rosa Patricia Vásquez Laines y por delito de Hurto Agravado, en agravio de Ana Jesús Chumpitaz Sánchez, resultando que mediante resolución de fecha cuatro de julio del año en curso, el Colegiado atendiendo a que la figura incoada al acusado, resulta ser Hurto Simple, ya había transcurrido tiempo en exceso, por lo que declaró De Oficio Prescrita la Acción Penal, en el extremo de dicho ilícito. En consecuencia, se expidió el Auto Superior de Enjuiciamiento, señalándose fecha y hora para que se inicio el Juicio Oral contra el procesado Miguel Ángel Chirinos Rodríguez como autor del delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Rosa Patricia Vásquez Laines, la misma que se llevó a cabo conforme aparece de las actas que preceden, y habiéndose el procesado declarado culpable luego de oír la oralización de la acusación escrita del Ministerio Público y con la conformidad de la defensa cuyas argumentaciones se tienen presentes, en aplicación de la Ley veintiocho mil ciento veintidós se declaró la conclusión anticipada del debate oral, quedando la causa expedita para emitir sentencia. CONSIDERACIONES: Que, el aspecto sustancial de la conformidad, tal como está regulado en la Ley antes citada, estriba en el reconocimiento, aunque con características singulares del principio de adhesión en el proceso penal. La conformidad tiene por objeto la pronta culminación del proceso en concreto, del juicio oral, a través de un acto unilateral del imputado y su defensa de reconocer los hechos objeto de imputación, concretados en la acusación fiscal, y aceptar las consecuencias jurídicas penales y civiles correspondientes (Acuerdo Plenario número cinco guión dos mil ocho/CJ-116). PRIMERO: Al acusado Miguel Ángel Chirinos Rodríguez, se le imputa el delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Ana Jesús Chumpitaz Sánchez, y de acuerdo a la acusación fiscal, en aplicación de los artículos 11, 12, 23, 45, 46, 92, 93, ciento ochenta y ocho como tipo base con las agravantes contenidas en los incisos dos y cuatro del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve. En donde el artículo 188 prevé como ilícito, “aquel que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándole con un peligro inminente para su

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vida o integridad física”, “2. Durante la noche o en lugar desolado”, y a su vez “con el concurso de dos o más personas”, lo que determinó que la señora Fiscal solicite la imposición de Quince años de Pena Privativa de Libertad y al pago de Mil Nuevos Soles que deberá abonar a favor de la agraviada, por concepto de Reparación Civil. SEGUNDO: De lo actuado, se imputa al procesado Miguel Ángel Chirinos Rodríguez, que con fecha veintidós de marzo del dos mil uno, a las diecinueve horas con treinta minutos, en compañía de otros sujetos se apoderó de dos camisas de hombre, un teléfono celular Star Tac modelo Siete mil y de la suma de doscientos ochenta y siete nuevos soles, de propiedad de la agraviada Rosa Patricia Vásquez Laines. Hecho ocurrido en circunstancias en que esta se encontraba transitando en compañía de su menor hija Estephany Lucero Lara Velásquez, por inmediaciones de la Calle Diecinueve de La Florida - Rímac. La agraviada refiere que fue el procesado quien le propinó un puñete en el estómago, mientras que los otros sujetos aprovechaban en sustraerle las pertenencias antes referidas, para luego darse a la fuga inmediatamente. TERCERO: Que, el acusado Miguel Ángel Chirinos Rodríguez, luego que la señora Fiscal Superior expusiera oralmente la acusación escrita, la misma que se emitió de conformidad con el artículo doscientos diecinueve del Código de Procedimientos Penales; confesó los hechos, aceptando ser autor del delito materia de la acusación y responsable de la reparación civil; por lo que solicitó acogerse a la conclusión anticipada de juicio oral. CUARTO: Que, la Ejecutoria Suprema número mil setecientos sesenta y seis guión dos mil cuatro del veintiuno de setiembre del dos mil cuatro, expedida por la Sala Penal Permanente, establece con carácter de precedente vinculante, en su fundamento cuatro que: “(...) el acto de disposición del imputado y su defensa se circunscribe al reconocimiento de la responsabilidad penal y civil atribuida, no es un allanamiento a la pena pedida y a la reparación civil solicitada, por lo que –como postula la doctrina procesalista– el Tribunal está autorizado, a reconocerse los hechos acusados, a recorrer la pena en toda su extensión, desde la más alta prevista en el tipo penal hasta la mínima inferida (...) que esta confesión tiene como efecto procesal concluir el juicio oral, y no está circunscrita exclusivamente al pedido de pena y reparación civil del fiscal y, en su caso, de la parte civil, consecuentemente, el Tribunal retiene su potestad de fijarlas conforme a lo que corresponda y con arreglo a los principios de legalidad y proporcionalidad”.

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QUINTO: Que, el Acuerdo Plenario número Cinco-Dos mil ocho/CJ116;(69), señala que la conformidad tal como está regulado en la Ley número veintiocho mil ciento veintidós, estriba en el reconocimiento, que tiene por objeto la pronta culminación del proceso a través de un acto unilateral de disposición de la pretensión, claramente formalizado, efectuado por el acusado y su defensa –de doble garantía– concretados en la acusación fiscal y aceptar las consecuencias jurídicas penales y civiles correspondientes, por lo que el Tribunal no puede mencionar, interpretar y valorar acto de investigación o prueba preconstituida alguna, que dada sus confesiones que desde su perspectiva general, es una declaración autoinculpatoria de los imputados consistiendo en el expreso reconocimiento que formula de haber ejecutado el hecho delictivo que se le atribuye, debiendo reunir un conjunto de requisitos externos (sede y garantías) e internos (voluntariedad y espontaneidad y veracidad - comprobación a través de otros recaudos de la causa), así como la adhesión voluntaria, renunciando a la presunción de inocencia e importando una abreviación del procedimiento en interés de la economía procesal, cuya conformidad consta de dos elementos materiales: a) el reconocimiento de hechos, y, b) la declaración de voluntad del acusado. SEXTO: Que, superado este control y una vez establecida la existencia de un hecho delictivo, así como la responsabilidad penal del acusado, corresponde determinar la consecuencia jurídico-penal por los delitos cometidos; por configurar una tarea exclusivamente judicial, por lo que conforme a lo señalado en el punto 16 del Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-116, su fecha 13 de noviembre del 2009; el Colegiado tiene una amplia libertad, dentro del marco jurídico del tipo legal en cuestión (pena abstracta), para dosificarla conforme a las reglas establecidas por los artículos 45, 46, del Código Penal, esto es, las condiciones personales de los procesados, conforme a lo alegado por la defensa, estando orientada a buscar en el sujeto culpable su reeducación y reinserción en la sociedad, en tal sentido su dosimetría no constituya un exceso y pierda su objetivo final; si bien es cierto el legislador ha establecido las clases de pena y el quántum de estas; también lo es que se han fijado criterios necesarios para que el juzgador pueda individualizarla judicialmente y concretarla bajo el principio de proporcionalidad y racionalidad establecido como un criterio rector de toda actividad punitiva del Estado, que nos conduce a valorar el prejuicio y (69) IV Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales - Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-116, pp. 4, 10 y 11.

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la trascendencia de la acción desarrollada por el acusado bajo el criterio de la individualización, cuantificando la gravedad del delito y su modo de ejecución, peligro ocasionado y la personalidad o capacidad del encausado que comprenda la educación, condición económica y medio social; siendo preciso establecer las circunstancias que rodearon la comisión del delito imputado a fin de establecer una pena justa y acorde con los principios mencionados(70) bajo este contexto corresponde imponérsele la pena en función a la intensidad del injusto y al grado de culpabilidad; por lo que el Colegiado tomará en cuenta tanto las circunstancias atenuantes como las agravantes. De manera que para la determinación judicial de la pena(71) debe tenerse en cuenta las siguientes circunstancias: 1. La lesión al bien jurídico protegido - Patrimonio; que conforme a los lineamientos doctrinarios, estamos ante un delito de Robo cuando el agente, haciendo uso de la violencia o amenaza sobre su víctima, sustrae un bien mueble total o parcialmente ajeno y se apodera ilegítimamente de este con la finalidad de obtener un provecho patrimonial. 2. Que, el delito se llevó a cabo con las agravantes siguientes: i) Durante la noche o en lugar desolado, en el presente caso, el hecho ocurrió a las siete y treinta de la noche, por lo que estaríamos en el primer fundamento de la agravante de donde se advierte que de por sí, dicha hora, favoreció al desamparo y desprotección de la víctima: ii) Con el concurso de dos o más personas, con lo cual el acusado buscó reducir la capacidad de defensa que normalmente hubiera encontrado en la víctima, al ver esta que la finalidad del acusado era despojarla de sus bienes, de esa manera, se elevó el nivel de peligrosidad del agente 3. El impacto social del hecho cometido: entendiéndose por tal, el daño ocasionado a la víctima del suceso, quien refiere haber sido atacada por cuatro sujetos, en donde el primero de ellos se acercó solo, con la finalidad de arrebatarle su bolso en donde llevaba dos camisas para hombre, el teléfono

(70) (R.N. 3087-2005 Primera Sala Penal de la Corte Suprema 14/12/2005). (71) El Acuerdo Plenario número 1-2008/CJ-116-Fundamento Séptimo, de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, ha precisado: “Con ello se deja al Juez un arbitrio relativo que debe incidir en la tarea funcional de individualizar, en el caso concreto, la pena aplicable al condenado. Lo cual se hará en coherencia con los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad (artículos II, IV, V, VII y VIII del Título Preliminar del Código Penal), bajo la estricta observancia del deber constitucional de fundamentación de las resoluciones judiciales”.

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celular marca Star Tac de Motorola y el cargador respectivo, y como opusiera resistencia este le dio un golpe de puño en el estómago, aún así la agraviada pese a que llevaba a su menor hija en brazos manifiesta haberse defendido, pero frente al ataque de otros tres sujetos, quienes no solo lograron arrebatarle el bolso sino que también le rebuscaron los bolsillos despojándola de la suma de doscientos ochenta y siete nuevos soles, tal como consta de la denuncia realizada cuyo tenor obra a folios dos de autos. 4. Que, conforme a la denuncia número cuatrocientos cincuenta y tres, que corre a folios dos, se tiene que a la agraviada le arrebataron dos camisas de hombre, un equipo de telefonía móvil Star Tac modelo Siete mil y de la suma de doscientos ochenta y siete nuevos soles, circunstancia que por sí, determina que el grado de ejecución del hecho punible –según lo descrito–, es un delito consumado. 5. El grado de intervención delictiva y comportamiento de los agentes después del hecho, quien en Juicio Oral aceptó su participación y responsabilidad en el hecho ilícito incriminado, siendo aplicable el artículo cuatrocientos setenta y uno del nuevo Código Procesal Penal así como la Ley Veintiocho Mil Ciento Veintidós, para los efectos de rebajar la pena, conforme a lo establecido en el acuerdo Plenario número cinco guión dos mil ocho /CJ-ciento dieciséis. a) Asimismo, se deberá tener en cuenta el grado cultural, social y la condición personal del agente, toda vez que la pena tiene una función preventiva, protectora y resocializadora. En el presente caso, el acusado tiene instrucción primaria incompleta, apenas hasta el quinto grado, tiene carga familiar con dos hijos, su estado de salud (padecido tuberculosis resistente) y a su condición de agente primario, y es que si bien en el dictamen acusatorio se ha invocado el artículo 46-B del Código Penal, también lo es que, de folios doscientos diecinueve a doscientos cuarenta y siete, la anotación de la sentencia condenatoria que le fue impuesta por la comisión del delito de Robo Agravado que le significó la imposición de Cinco Años de pena privativa de libertad, data del quince de noviembre del dos mil siete, esto es, con posterioridad al hecho materia de juzgamiento, por lo que a la fecha del citado ilícito, no tenía antecedentes. Hecho verificable con el Certificado de Antecedentes Judiciales recepcionado con fecha dieciséis de agosto del año en curso, en donde si bien registra un ingreso con fecha mil novecientos noventa y nueve,

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también lo es que ese mismo año fue puesto en libertad por una Corte Superior. b) Con relación a la edad del acusado; conforme se tiene de la revisión de autos, en su oportunidad el acusado registra como fecha de nacimiento el siete de mayo de mil novecientos ochenta y dos, según se aprecia de los actuados que corren de folios ciento setenta y cuatro a ciento noventa y dos, que se recabaron con la finalidad de esclarecer la identidad del encausado por no hallarse este inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En este sentido, a la fecha de la comisión de los hechos (veintidós de marzo del dos mil uno) el acusado tenía dieciocho años de edad. El Código Penal de mil novecientos novena y uno, en su artículo veintidós, establece que: “Si en el momento en que el delito fue cometido, su autor tenía más de 18 años, pero menos de 21 años, el juez aplicará las disposiciones siguientes: [inciso] 2) Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años (...)”. Con ello si bien la ley reconoce aún un estado de evolución de la personalidad del agente, factores endógenos y exógenos del desarrollo del individuo hacia la percepción del hecho punible, debe precisarse que la aplicación del principio de responsabilidad penal restringida es una potestad jurisdiccional dejada al libre y prudente criterio del juzgador, mas no así una disposición de carácter vinculante u obligatoria, siendo que es de naturaleza facultativa y no obligatoria y queda a criterio del juzgador la aplicación de la penalidad restringida en razón de la edad, debiendo tenerse en cuenta para la graduación de la pena, la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido por el agente, así como sus condiciones personales. c) El Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-116, del dieciocho de julio de dos mil ocho, ha declarado en vía de integración jurídica –analogía– que toda conformidad procesal, si reúne los requisitos legalmente establecidos, tiene como efecto jurídico favorecedor el beneficio de reducción de la pena. La reducción de la pena que conlleva la conformidad procesal siempre será menor de la sexta parte fijada en el vigente artículo cuatrocientos setenta y uno del Nuevo Código Procesal Penal referido al proceso especial de terminación anticipada –fundamento jurídico veintitrés, primer párrafo,

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del Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-116–, y solo atiende a razones de simplificación y economía procesales. d) Que, finalmente, la pena deberá imponerse en consideración a los Principios de Proporcionalidad y Razonabilidad, conforme a lo dispuesto en el artículo octavo del Título Preliminar del Código Penal. SÉTIMO: Bajo estos parámetros, efectuando la individualización de la pena, en virtud a los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad, guiados por la finalidad de resocialización de la pena, este Colegiado considera que la pena a imponérseles debe ser reducida prudencialmente a la solicitada por el Ministerio Público. OCTAVO: Que, para la fijación del monto de la Reparación Civil se tienen en cuenta los criterios establecidos en los numerales noventa y dos, noventa y tres del Código Penal, esto es, la intensidad de la afectación del bien jurídico lesionado con la conducta ilícita, el grado de culpabilidad en su perpetración; que en el presente caso, la agraviada llegó a recuperar su celular, como es de verse del acta de entrega de folios veintiuno, por lo que deberá fijárseles un monto menor al solicitado en la Acusación Fiscal. NOVENO: Que, además de las normas citadas, así como los artículos once, doce, veintidós, veintitrés, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, noventa y dos, noventa y tres, ciento ochenta y ocho como tipo base con las circunstancias agravantes de los incisos dos y cuatro del Primer Párrafo del artículo ciento ochenta y nueve; en concordancia con los artículos doscientos ochenta y tres, doscientos ochenta y cinco y doscientos ochenta y seis del Código de Procedimientos Penales y el numeral 50 de la Ley Nº 28122; administrando Justicia a Nombre de la Nación, el Colegiado “par” de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima. FALLA: CONDENANDO a Miguel Ángel Chirinos Rodríguez, como autor del delito contra el Patrimonio - ROBO AGRAVADO, en agravio de Rosa Patricia Vásquez Laines; en consecuencia, IMPUSIERON: CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de TRES AÑOS estando el condenado bajo la observancia de las siguientes reglas de conducta: a) no variar de domicilio ni ausentarse del lugar de su residencia, sin previo aviso al Juez; b) comparecer personal y

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obligatoriamente al juzgado correspondiente cada noventa días y las veces que sea requerido a fin de informar y justificar sus actividades; c) no frecuentar lugares de dudosa reputación; bajo apercibimiento de revocarse la condicionalidad en caso de incumplimiento de las reglas de conducta fijadas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo cincuenta y nueve del Código Penal; FIJARON: en la suma de quinientos nuevos soles el monto que por concepto de Reparación Civil deberá abonar el sentenciado a favor de la agraviada; DISPUSIERON: Se oficie para la inmediata excarcelación del condenado, salvo que exista otra orden de detención dictada en su contra, emanada por autoridad jurisdiccional competente; MANDARON: que consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, cumpla Secretaría de Mesa de Partes con la inscripción en el Registro respectivo, expidiéndose los boletines y testimonios de condena y archivándose definitivamente los de la materia, con aviso al Juez de la causa. SS. SALINAS SICCHA - Presidente MEZA WALDE - Juez Superior ÍZAGA PELLEGRÍN - Juez Superior y DD.

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054. Robo en concurrencia de dos o más personas: Configuración y acreditación El delito de robo agravado se encuentra acreditado, al igual que la responsabilidad penal del inculpado, toda vez que del análisis de los autos se advierte que la agraviada ha emitido una versión uniforme y coherente a nivel preliminar, sindicando al procesado como la persona que cometió el delito instruido que en forma conjunta con dos personas emplearon violencia (forcejeo), tal como se corrobora con el certificado médico legal practicado a la agraviada para la perpetración del ilícito, arrebatándole su cartera en la cual se encontraban sus pertenencias y dinero en efectivo, siendo que solo logró recuperar una parte de este. Además, por las declaraciones de los procesados se colige que hubo un acuerdo entre las partes para perpetrar el ilícito, por lo que en este sentido se configuran en autos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de robo agravado por el que se le procesa. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE SALA PENAL TRANSITORIA DE REOS LIBRES Expediente Nº 2697-2008 Sentencia s/n

Independencia, 22 de junio de 2010 VISTOS: En audiencia pública seguida contra José Manuel Ríos Nieto por delito contra el Patrimonio-Robo Agravado en agravio de Yhajaira Gonzáles Benito; con lo expuesto por el representante del Ministerio Público; y CONSIDERANDO; PRIMERO: Se le imputa al acusado José Manuel Ríos Nieto el hecho de que con fecha treinta y uno de mayo del año dos mil ocho, en horas de la tarde, en circunstancias que la agraviada transitaba por inmediaciones del Colegio Scorza, kilómetro cuatro de la Avenida Túpac Amaru, es interceptada por un sujeto, quien le jala la cartera, y al no lograr arrebatarle en un primer momento, este emplea la fuerza, hasta lograr que la agraviada caiga al suelo y arrastrarla, es así que logra despojarla de la cartera, seguidamente aborda un vehículo menor “mototaxi”, que lo esperaba cerca al lugar de los hechos en cuyo interior se encontraban dos personas quienes se dan a la fuga, siendo uno de

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ellos el procesado. Producido el evento delictivo, la agraviada solicita el apoyo de Serenazgo, iniciando la persecución, y durante esta, los ocupantes de la moto arrojaron la cartera, poco después son capturados y conducidos a la Comisaría de Independencia con apoyo policial. ANÁLISIS JURÍDICO DEL DELITO MATERIA DE ACUSACIÓN: SEGUNDO: Al acusado se le procesa como autor del delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, previsto en el artículo ciento ochenta y ocho y ciento ochenta y nueve primer párrafo inciso cuatro e inciso uno del segundo párrafo del Código Penal, el cual sanciona al que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física. Agravándose dicha figura cuando concurren una de las causales previstas en el artículo ciento ochenta y nueve como en el caso de autos que se haya realizado con el concurso de dos o más personas y causando lesiones a la integridad física o mental de la víctima. TERCERO: El Ministerio Público en su Dictamen Fiscal Superior a folios ciento veintiocho a ciento treinta y cuatro, solicita que se le imponga al procesado veinte años de pena privativa de libertad y el pago de mil nuevos soles por concepto de Reparación Civil. ACTIVIDAD PROBATORIA DESARROLLADA: CUARTO: Al respecto, este Colegiado debe evaluar los siguientes aspectos: a) Notitia Criminis.- Contenida en el Atestado Policial número ciento cincuenta y tres guión cero ocho guión VII DIRTEPOL guión DIVTER dos guión JDI guión CI guión DEINPOL guión D, de fecha uno de junio del dos mil ocho, elaborado por la Comisaría de Independencia. b) Certificado de Antecedentes Penales de folios sesenta y cuatro, en el cual se informa que el acusado No Registra Antecedentes Penales. c) Acta de Entrega, obrante a folios veintitrés en el cual se deja constancia que a la agraviada se le hizo entrega de una cartera de cuero de color negro, dos billetes de cien Nuevos Soles, una moneda de cinco Nuevos Soles, un juego de llaves, un voucher de retiro de dinero en la suma de Quinientos Cincuenta Nuevos Soles y un sello de color negro.

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d) Versión del acusado.- En su declaración policial de folios trece a quince, refiere que el día de los hechos, en circunstancias que se dirigía al Metro de la UNI, se encontró con su amigo Joel Oliver Hilario Matos, quien estaba acompañado de Luis, a quien lo conoce de vista, y como ellos estaban en una mototaxi, él se subió a la volada y Luis le dice para ir por Mesa Redonda, y cuando estaban de regreso Luis le dice a Joel que era quien manejaba que pare la mototaxi, bajándose y quitándole la cartera a una señorita y se subió a la volada, diciendo que avanzara, pero cuando estaba la moto por el Colegio Manuel Scorza, de la esquina salió un carro de Serenazgo y empezó a seguirlos por espacio de cuatro cuadras, después de cruzar la Avenida Túpac Amaru, el carro de Serenazgo cierra la moto y por eso se choca con el carro, y luego Luis se fue corriendo, pero él no pudo correr porque le habían golpeado la pierna, manifiesta que Joel también huyó pero fue aprehendido en una esquina, señala que Luis botó la cartera en la pista, cuando el carro seguía la moto; asimismo señala que Luis iba a repartir si había dinero y si había celular lo iba a vender y les iba a dar algo; sostiene que fue Luis quien dijo para ir a robar y él le dijo vamos. En su declaración instructiva a folios cuarenta a cuarenta y dos se ratifica de lo señalado a nivel policial, indicando que fue quien le dijo a Luis que botara la cartera, la misma que botó a tres cuadras, afirmando que él no tuvo ninguna participación en los hechos, sosteniendo que la agraviada en ningún momento fue arrastrada por la moto. e) Versión de la agraviada.- En su declaración policial de folios diez a once refiere que el día de los hechos se encontraba transitando por las inmediaciones del Colegio Scorza, dirigiéndose a la casa de un familiar, circunstancias en que sorpresivamente sintió un jalón en su cartera, por lo que optó por agarrar fuerte su cartera, pero el sujeto siguió jalando con violencia, haciéndola caer al piso, en donde la arrastró, logrando arrebatarle su cartera conteniendo dinero en la suma de ochocientos nuevos soles, sus tarjetas de crédito, cosméticos y otras especies de menor importancia, luego este sujeto subió a una mototaxi de color azul, en donde se dio a la fuga con dirección a la Urbanización Mesa Redonda, al levantarse siguió corriendo tras los delincuentes hasta llegar a una esquina, donde observó la presencia de un vehículo de Serenazgo a quien le pidió ayuda, los mismos que fueron tras los delincuentes; y los transeúntes del lugar le dijeron que habían tirado su bolso y al mismo tiempo habían detenido a los sujetos, encontrando su cartera y la suma de doscientos Nuevos Soles.

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f) Declaración Policial del menor Joel Oliver Hilario Matos, de folios diecisiete a diecinueve, en la cual refiere que fue Luis quien le arrebató la cartera a la agraviada y subió a la moto y le dijo que avanzara, entonces comenzó a avanzar; sostiene que fue Luis el que dio la idea para ir robar, luego Alfredo también le dijo, y Luis le indicaba por dónde ir. g) Declaración Testimonial de Julio Alberto Girao Isidro de folios sesenta y nueve a setenta, en la cual refiere que el día de los hechos se encontraban de servicio de calle por las inmediaciones de la avenida Túpac Amaru con la avenida Los Jardines, en el momento que rondaban por las calles se percataron que dos sujetos venían corriendo de una calle hacia la avenida Túpac Amaru, los mismos que venían siendo perseguidos por personal de Serenazgo de San Martín de Porres, quienes al llegar refirieron que los intervenidos habían participado en un robo de una cartera de un señora, y estos fugaban en un vehículo menor; asimismo los señores de Serenazgo refirieron que al momento de la persecución los intervenidos sufrieron un accidente ya que la moto se volcó en la pista, aprovechando este hecho para huir, y al conducirlos a los intervenidos hacia la unidad móvil de serenazgo uno de los efectivos de serenazgo tenía en su poder el bolso arrebatado, conduciéndolos a los intervenidos a la Comisaría de Independencia donde se firmó el Acta de Recepción del bolso con dos billetes de Cien Nuevos Soles, refiriendo la agraviada que había más cantidad, manifestando los intervenidos que un tercero se había llevado el resto del dinero. h) Declaración Testimonial de José Elías Díaz Terrones, quien a folios setenta y uno a setenta y dos refiere que el día de los hechos siendo las diecisiete horas aproximadamente, en circunstancias que se encontraban caminado por la altura de la avenida Túpac Amaru, con dirección a la Comisaría y a dos cuadras se percataron que venían corriendo tres muchachos con dirección hacia ellos y personal de Serenazgo venía corriendo tras ellos, al ver eso lograron capturar a dos de ellos y uno se escapó y cuando el personal de Serenazgo se acerca les refiere que ellos habían participado en el robo de una cartera y que incluso al escaparse se había volteado la moto donde huían, luego un efectivo de Serenazgo les enseña la cartera que se había recuperado ya que la encontraron tirada. i) Con el Certificado Médico Legal practicado a la agraviada de folios setenta y seis en el que se da cuenta que la evaluada presenta equimosis violácea de tres por ocho centímetros y otra de uno por tres centímetros en cara interna de

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brazo derecho, equimosis violácea circular de un centímetro en cara interna de codo derecho. ANÁLISIS DEL COLEGIADO: QUINTO: La Sala Penal, luego de un análisis lógico-jurídico tanto de las actuaciones en sede preliminar y jurisdiccional, teniendo en cuenta los medios probatorios incorporados en el proceso y juzgamiento, ha llegado a la conclusión de que se encuentra acreditada la responsabilidad penal del acusado, por lo siguiente: A. Que, conforme es de verse en autos, el delito de robo agravado se encuentra acreditado, al igual que la responsabilidad penal del inculpado, toda vez que del análisis de los autos se advierte que la agraviada ha emitido una versión uniforme y coherente a nivel preliminar, sindicando al procesado, como la persona que cometió el delito instruido quien en forma conjunta con el menor Joel Oliver Hilario Matos y otro sujeto conocido como Luis, emplearon violencia (forcejeo) tal como se corrobora con el Certificado Médico Legal practicado a la agraviada obrante a folios setenta y seis, con el cual se acredita las lesiones ocasionadas a la víctima; para la perpetración del ilícito, arrebatándole su cartera en la cual se encontraba sus pertenencias y dinero en efectivo, siendo que solo logró recuperar en relación al dinero la suma de doscientos Nuevos Soles. A ello debe aunarse, que el procesado señala que Luis Bajó y le quitó la cartera a una señorita, luego subió diciendo que avanzara. Asimismo indicó que Luis iba a repartir el dinero y si había un celular lo iba a vender y les iba a dar algo, asimismo en su declaración referencial el menor Joel Hilario Matos señala que Luis fue quien bajó, arranchó la cartera y él comenzó a manejar porque le dijo que avanzara, refiere que Luis fue el primero que dijo para ir a robar, pero luego Alfredo también (nombre con el que conoce al procesado José Manuel Ríos Nieto); de lo cual se colige que hubo un acuerdo entre las partes para perpetrar el ilícito, por lo que en este sentido se configuran en autos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de robo agravado por el que se le procesa. B. Que, conforme es de verse en autos, conforme a la Ficha Reniec de folios veintiocho, el procesado al momento de verse involucrado en los hechos materia del presente proceso contaba con veinte años de edad, razón por la cual se encuentra inmerso dentro de los alcances del artículo veintidós

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del Código Penal, el cual señala: “podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años (...)”. C. Que, conforme a la Ley veintiocho mil ciento veintidós, Ley sobre Conclusión Anticipada de la Instrucción, en su artículo uno, señala: “La instrucción podrá concluir en forma anticipada en los procesos por los delitos previstos en los artículos ciento veintiuno, ciento veintidós, ciento ochenta y cinco, ciento ochenta y seis, ciento ochenta y ocho, ciento ochenta y nueve primera parte y doscientos noventa y ocho del Código Penal (…)”. Asimismo el artículo ciento treinta y seis del Código de Procedimientos Penales estipula: “(…) la confesión sincera debidamente comprobada puede ser considerada para rebajar la pena del confeso a límites inferiores al mínimo legal (…)”; además debe considerarse que el procesado no registra Antecedentes Penales, tal como obra en autos a folios sesenta y cuatro. Bajo estos parámetros el acusado merece una sanción de carácter suspendida a fin de darle una oportunidad para que se reinserte a la sociedad. DECISIÓN FINAL: Por tales fundamentos, de conformidad con la facultad conferida por los artículos doce, veintidós, veintiocho, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, noventa y dos, noventa y tres, artículos ciento ochenta y ocho, y ciento ochenta y nueve primer párrafo inciso cuatro e inciso uno del segundo párrafo del Código Penal, concordante con el artículo ciento treinta y seis, del Código de Procedimientos Penales, la Primera Sala Penal Transitoria de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte administrando justicia a nombre de la Nación FALLA: CONDENANDO al ciudadano José Manuel Ríos Nieto por delito contra el Patrimonio - Robo Agravado en agravio de Yhajaira Gonzáles Benito a cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida por el periodo de tres años en cuyo plazo en el que deberá cumplir las siguientes reglas de conducta. A) No ausentarse de esta ciudad sin autorización Judicial. B) No cometer nuevo delito doloso. C) Apersonarse a esta Corte al registro de procesados para que suscriba el registro respectivo en forma mensual. D) Pagar la reparación civil dentro del plazo de 12 meses. Bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento de alguna de ellas se le revoque la condicionalidad de la pena y se convierta en una sanción de carácter efectiva. Por otro lado, FIJARON: por concepto de reparación civil

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la suma de seiscientos nuevos soles que deberá abonar el sentenciado a favor de la agraviada; MANDARON: Que, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia se inscriban los boletines y testimonios de condena, archivándose donde corresponde con aviso al Juez de la causa. SS. ESPINOZA ORTIZ - Presidente CUEVA SOLIS - Juez Superior y DD JO LAOS - Juez Superior

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055. Robo con concurso de dos personas y causando lesiones: Acreditación El delito de robo con concurso de dos personas y causando lesiones a la integridad física está acreditado con el suceso relatado por la agraviada, quien a nivel policial sostiene que el día del evento delictivo, se encontraba en compañía de su menor hijo transitando por la avenida San Martín y Paseo de Polonia (San Juan de Lurigancho), y mientras hablaba por su teléfono celular, de manera sorpresiva fue golpeada por la espalda por personas, con el fin de quitarle el celular, pero como oponía resistencia el acusado empujó al menor, por lo que la agraviada tuvo que soltar el celular para finalmente darse a la fuga. Expediente Nº 18573-2011 DD. Dr. Peña Farfán Sentencia

Lima, 9 de enero de 2013 VISTOS: 1. En Audiencia Pública la causa penal seguida contra Manuel Francisco Santur Valles (reo en cárcel) y Nick Alexis Vera Chirinos (reo libre) como presuntos coautores del delito contra el Patrimonio - Robo Agravado En Grado Consumado, en perjuicio de Rosa María Rondinel Mendoza. RESULTA DE AUTOS: 2. Que, a mérito del Atestado Policial que obra a fojas 02 y siguientes, el Señor Fiscal formalizó denuncia penal a fojas 39 y 40, a fojas 49 a 54 el Juzgado de Turno Permanente Penal de Lima dicta el Auto de Inicio de Instrucción por el delito de autos en la vía procesal ordinaria, habiéndose llevado la causa conforme a los cauces que a su naturaleza corresponde, es así que concluida la instrucción la causa fue elevada a este Colegiado habiendo la Fiscal Superior emitido su dictamen acusatorio de fojas 276 a 285, por lo que la Sala dictó el Auto Superior de Enjuiciamiento a fojas 303 y 304; en la que se señaló día y hora para la realización de Juicio Oral por lo que se

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dio inicio a su juzgamiento, el mismo que se ha llevado a cabo en el modo y forma que aparecen de las actas respectivas, y oída la Requisitoria Oral formulada por la Señora Fiscal Superior Adjunta así como los Alegatos de la defensa, con las conclusiones escritas de los mismos, y escuchada la Defensa Material de los acusados, ha llegado la etapa procesal en la que se debe emitir la correspondiente sentencia, y: ATENDIENDO: PARTE EXPOSITIVA: DE LOS HECHOS MATERIA DE LA ACUSACIÓN: 3. Que la imputación contra los acusados estriba en que con fecha 15 de agosto del 2011, a horas 07:30, aproximadamente, la agraviada se encontraba en compañía de su menor hijo transitando por inmediaciones de la avenida San Martín y avenida República de Polonia, distrito de San Juan de Lurigancho, y mientras hablaba por su teléfono celular, de manera sorpresiva fue golpeada por la espalda por el acusado Manuel Francisco Santur Valles originándose un forcejeo entre la agraviada y la citada persona y como esta tenía agarrando a su hijo, el mencionado sujeto la empujaba y la hace caer al suelo y mientras trataba de auxiliar a su hijo, el procesado Santur Valles aprovechó para despojarla del celular que portaba para acto seguido darse a la fuga. De otro lado, en horas de la tarde del mismo día, se produjo un choque entre la motocicleta lineal de placa de rodaje A1-3269, conducida por el acusado Nick Alexis Vera Chirinos, el mismo que iba acompañado de su coacusado Santur Valles con otra moto lineal repartidora de balones de gas, producto de lo cual ambos procesados resultaron con lesiones en diferentes partes del cuerpo, sin embargo, al notar la presencia de la policía y serenazgo, se dieron a la fuga, iniciándose una persecución por diferentes partes de San Juan de Lurigancho, hasta finalmente ser intervenidos a la altura de la avenida Wiesse con avenida El Parque, siendo conducidos a la comisaría, lugar donde la agraviada Rondinel Mendoza reconoció plenamente al acusado Santur Valles, como el autor del delito de robo del cual fue objeto en horas de la mañana. POSICIÓN DE LA DEFENSA: 4. El acusado Manuel Francisco Santur Valles refiere que es inocente de los hechos que se le atribuye y en su defensa señala que el día 15 de agosto de

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2011, a horas 11:00, salió de su casa al domicilio de su amigo Nick para ir a comprar un chip para teléfono celular para su conviviente Treisy Teodosia Gonzales Pianchachi, que salieron con su amigo rumbo al llantero, por el penal de Lurigancho, luego se dirigieron al paradero 10 de Canto Grande y estando entre las avenidas San Martín y Polonia se produjo el choque de la moto lineal donde se transportaban con moto lineal que repartía gas, cayendo ambos al suelo y lesionándose la pierna derecha con un fierro de la otra moto, que luego se pararon y siguieron su camino porque venía una movilidad de serenazgo y los intervinieron. Asimismo, agrega que tiene conocimiento que la moto es propiedad del hermano de su amigo y que es totalmente falso que le haya robado el celular a la agraviada y no sabe por qué dice eso, que ese día entre las siete a ocho de la mañana se encontraba saliendo de su centro de trabajo con rumbo a su casa, por lo que no es verdad que con su amigo se dediquen a cometer delitos contra el patrimonio y que el celular marca Nokia que le incautaron es de propiedad de su conviviente y no de su coacusado. 5. Por su parte, el acusado Nick Alexis Vera Chirinos señala que es inocente de los cargos que se le imputan, precisando que fue intervenido conjuntamente con su amigo Santur Valles cuando chocó la moto lineal de su hermano, que no conoce a la agraviada y que ese día no fue a trabajar porque las máquinas de su trabajo estaban malogradas y se quedó viendo películas hasta que llegó su amigo y salieron en la moto al llantero, hasta la avenida El Sol y la avenida El Parque y luego se dirigieron al mercado 10 de Húascar y a la altura de la avenida San Martín con avenida República de Polonia, momentos en que se chocaron con otra moto lineal y al ver que venía la policía y serenazgo, decidieron continuar su marcha porque la moto no tenía SOAT, pero los persiguieron hasta intervenidos, agrega que el propietario de la moto en su hermano Javier Eduardo Vera Chirinos; quien trabaja en la empresa Cantela repartiendo muestras médicas, indica de otro lado que desconoce si su amigo haya robado a la agraviada, porque el fue a las 11:00 de la mañana a la casa del declarante, que no se dedica a cometer robos, que solo han salido dos veces y le prestaron la moto, que no le robaron el celular a la agraviada y el que le incautaron no es del acusado, sino de su coacusado Santur Valles. PRETENSIÓN CIVIL: 6. El Ministerio Público es quien en su acusación escrita reclama como monto resarcitorio la suma de S/. 1,000.00 nuevos soles que deberán abonar los acusados en forma solidaria a favor de la agraviada.

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DE LAS DILIGENCIAS ACTUADAS EN EL JUICIO ORAL: 7. En el juicio oral se ha tenido la presencia de los acusados Manuel Francisco Santur Valles y Nick Alexis Vera Chirinos, quienes refieren ser inocentes de los cargos en su contra. 8. Es de resaltar, que no obstante de haber sido citada en reiteradas oportunidades a la agraviada Rosa María Rondinel Mendoza, NO HA CONCURRIDO AL ACTO ORAL, apareciendo del informe de la Policía Judicial que dicha agraviada no se encontraba por estar laborando. OTRAS ACTUACIONES Y DOCUMENTOS A VALORAR: 9. La manifestación policial de la agraviada Rosa María Rondinel Mendoza, la cual obra a fojas 11 y 12; y en la que refiere como dieron los hechos en su agravio. Asimismo, reconoce al acusado Manuel Francisco Santur Valles como el autor de los hechos, refiriendo: “Que solamente reconozco a la persona de Manuel Francisco Santur Valles, que se encuentra vestido con polo negro y pantalón negro y su participación fue directa, me golpeó en la espalda para luego quitarme mi celular pero como oponía resistencia empujó a mi menor hija al piso (...)”. 10. El Acta de Registro Personal, practicado al acusado Nick Alexis Vera Chirinos, obrante a fojas 22, en el que se le incautó un celular marca Nokia, código 0532717dn12qc, modelo L600, color plomo, 01 anillo de fantasía, una licencia de conducir, una tarjeta de propiedad y una billetera color negro, de cuero. 11. Acta de Entrega, que corre a fojas 23, en el cual se procedió a entregar los bienes incautados al acusado Nick Alexis Vera Chirinos, toda vez que no se ha comprobado su procedencia ilícita. 12. La Declaración del testigo Emiliano Cubas Cotrina, que corre a fojas 168 a 170, y en el que señala que el acusado Santur Valles trabajaba como seguridad en la discoteca Sunset, siendo su horario desde las siete de la noche hasta las ocho de la mañana y que el día del evento delictivo el acusado en mención se retiró a las 08:00 horas, aproximadamente. 13. Declaración Testimonial de Treicy Teodocia Gonzales Pianchachi, obrante a fojas 193 a 195, quien señaló que el acusado es su pareja y que el día del

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evento delictivo conversó con él a las 7:00 horas, manifestándole que se encontraba trabajando en la discoteca “Sunset”. 14. La Declaración Testimonial de Miguel Ángel Aponte Liñán, que corre a fojas 197 a 199, el mismo que narra las circunstancias en la que intervinieron a los acusados. 15. El Certificado de Antecedentes Penales de los acusados Manuel Francisco Santur Valles y Nick Alexis Vera Chirinos, el mismo que obran a folios 113 y 114. PARTE CONSIDERATIVA: DE LA ACREDITACIÓN DEL DELITO: 16. En el presente caso el Ministerio Público persigue el tipo penal descrito en el artículo 188 como tipo base con las agravantes de los incisos 4 y 8 del primer párrafo del artículo 189 del Código Penal vigente. 17. El delito de robo está acreditado con el suceso relatado por la agraviada quien a nivel policial sostiene que el día del evento delictivo, se encontraba en compañía de su menor hijo transitando por la avenida San Martín y Paseo de Polonia (San Juan de Lurigancho), y mientras hablaba por su teléfono celular, de manera sorpresiva fue golpeada por la espalda por personas, con el fin de quitarle el celular, pero como oponía resistencia el acusado empujó al menor, por lo que la agraviada tuvo que soltar el celular para finalmente darse a la fuga. 18. Que, para determinar la responsabilidad penal de una persona como autor, respecto de un hecho delictivo, debe contarse con prueba idónea suficiente que genere convicción de su participación en los hechos, para ello se requiere sobre todo que la prueba sea dada en el juicio oral y no genere duda, en todo caso, debe vencerse el derecho a la presunción de inocencia que goza todo procesado, al amparo de lo reconocido por el literal e) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política, más aún, si la sanción que se persigue es grave, en todo caso se impone también el principio del in dubio pro reo que reconoce el inciso 11 del artículo 139 de la Constitución Política. 19. Que, al analizar los autos, el Colegiado infiere que la participación del acusado Nick Alexis Vera Chirinos no ha sido acreditado en el proceso penal, ello

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por cuanto la agraviada no ha reconocido ante la policía como el autor de los hechos en su contra. Más aún, la agraviada no ha referido, que la persona que cometió el delito en su agravio se encontraba en un vehículo menor (ver fojas 11 y 12). 20. Asimismo, a favor del acusado Vera Chirinos se tiene el hecho de que dicho acusado a nivel policial, luego ante el juez de la causa y en el juicio oral, mantiene de modo uniforme, coherente, espontáneo y verosímil su inocencia; sostiene la versión de que al haber chocado con otra moto lineal y al ver que venía la policía y serenazgo, decidió con su coacusado continuar su marcha, porque la moto no tenía SOAT, pero los persiguieron hasta intervenirlos, agrega que el propietario de la moto es su hermano y que el acusado Santur Valles fue a las 11:00 de la mañana a su casa, con la finalidad de comprar un chip, por lo que le pidió que lo acompañe, por lo que su declaración guarda relación con las circunstancias previas a su detención, es decir, como es que se reunieron y luego se dirigieron a comprar un chip. 21. En cuanto a la pruebas de cargo en contra del acusado Vera Chirinos, se tiene como única prueba el habérsele incautado un celular marca Nokia (entre otras especies) al momento de su intervención; sin embargo, también de autos fluye el Acta de Entrega de bienes, en el que se deja constancia que dicha especie (celular) fue devuelta al acusado, toda vez que no se ha podido comprobar su procedencia ilícita (ver fojas 23), por lo que se concluye que el bien sustraído a la agraviada no corresponde al incautado al acusado Vera Chirinos, en ese sentido, el Colegiado al no encontrar prueba suficiente que logre incriminar al procesado del hecho materia de imputación, abriga la duda que fue él quien habría participado del evento delictivo. DE LA RESPONSABILIDAD PENAL O NO DEL ACUSADO MANUEL FRANCISCO SANTUR VALLES: 22. Respecto a la persona de Manuel Francisco Santur Valles, además de haber sido detenido horas después de los hechos en agravio de Rondinel Mendoza, está la manifestación a nivel policial de dicha agraviada, quien declaró solo a nivel policial y sin la presencia de Fiscal (ver fojas 11 y 12) que reconoce a dicho procesado como la persona que le sustrajo su celular, señalando que Santur Valles la sorprende por la espalda cuando estaba cruzando la pista en compañía de su menor hijo.

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23. El elemento de cargo antes acotado, es decir la declaración a nivel policial de la agraviada Rosa María Rondinel Mendoza, respecto al acusado Santur Valles, no fue ratificado en el Juzgado ni en el Juicio oral, por lo que se infiere dicha diligencia no tiene valor probatorio suficiente, conforme lo exige el artículo 62 del Código de Procedimientos Penales, más aún no contó con la presencia del Fiscal; tanto más, tampoco se efectuó una diligencia de reconocimiento, sino que aparece como parte de su declaración policial, por lo que si no es corroborado con otro elemento de prueba, resulta insuficiente, y genera duda sobre su contundencia. 24. Estando entonces, a que no se ha podido probar de manera contundente la participación de los procesados en el robo materia de autos, operando a favor de ellos la insuficiencia de pruebas, y en todo caso se genera duda sobre la responsabilidad de ellos en el robo, siendo así en virtud del principio por el que “en caso de duda se tiene que estar a una interpretación a favor del reo”, tal como lo consagra el inciso 11 del artículo 139 de la Constitución Política, corresponde absolver a los acusados. 25. Por todo lo antes expuesto, en aplicación de lo que dispone el artículo 284 del Código de Procedimientos Penales y lo consagrado por el inciso 11 del artículo 139 de la Constitución Política, los integrantes de la Primera Sala Superior Penal para reos en Cárcel de la Corte de Lima, administrando Justicia en nombre del Pueblo, RESUELVE: I. ABSOLVER a Manuel Francisco Santur Valles y Nick Alexis Vera Chirinos de la acusación fiscal formulada en su contra por el delito contra el Patrimonio - robo agravado en grado consumado, en perjuicio de Rosa María Rondinel Mendoza. II. DISPUSIERON: oficiar la inmediata EXCARCELACIÓN del absuelto Manuel Francisco Santur Valles, libertad que deberá efectuarse siempre que no haya mandato en contrario de autoridad competente. III. MANDARON: que consentida o ejecutoriada que sea, se anulen los antecedentes generados, archivándose definitivamente los de la materia, con aviso al Juez de la causa. Dr. PADILLA ROJAS - Presidente Dr. PEÑA FARFÁN - Juez Superior y DD. Dr. ARTURO ZAPATA CARBAJAL - Juez Superior

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CAPÍTULO III APROPIACIÓN ILÍCITA

CAPÍTULO III APROPIACIÓN ILÍCITA 056. Apropiación ilícita: Tipo penal y núcleo probatorio El tipo penal de apropiación ilícita consiste en negarse a devolver, entregar o dar el uso destinado a un bien mueble, que previamente había recibido el procesado por parte del sujeto pasivo; significando que la exigencia de entrega, devolución o uso determinado surge paralelamente a la recepción del bien, por lo que el núcleo probatorio debe girar en torno a la relación jurídica existente entre el objeto materia de apropiación y el agente. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE PRIMERA SALA PENAL DE REOS LIBRES Expediente Nº 4131-2004 Resolución s/n

Independencia, 22 de noviembre de 2010 VISTOS: En la presente causa, con informe oral, interviniendo como juez Superior Ponente la Doctora Huaricancha Natividad en aplicación de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo cuarenta y cinco del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder judicial; con lo opinado por el Señor Fiscal Superior en su dictamen de folios trescientos veintiuno a trescientos veintidós; y, CONSIDERANDO: I. ASUNTO:

Es materia de apelación la sentencia de fecha veintiséis de abril del dos mil diez, obrante de folios doscientos noventa y dos a doscientos noventa y

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cuatro, que FALLA: ABSOLVIENDO a Ángel David Morin Salinas, por delito contra el Patrimonio –Apropiación Ilícita– en agravio de la Empresa Pesquera Industrial Ángel S.A. “Pinagesa”; II. ANTECEDENTES: 2.1. Que, se imputa al procesado Morin Salinas, que en compañía de un sujeto no identificado, haberse apoderado ilegítimamente de ochenta sacos de harina de pescado de propiedad de la empresa Pesquera Industrial Ángel S.A., en circunstancia que en su calidad de trabajador de la empresa de Transporte de carga pesada “Negocios Río Santa E.I.R.L.”, el día veinticuatro de junio del año dos mil cuatro a horas diez y media, cuando conducía el vehículo (tráiler) de placa de rodaje YG-6165 transportando sacos de harina de pescado, con dirección a la avenida Néstor Gambeta y en instantes que el vehículo pesado realizaba su desplazamiento regular, se detuvo en un local de reparaciones de neumáticos a la altura del km. 42.70 de la Panamericana Norte, distrito) de Santa Rosa, de propiedad del procesado Hernán Víctor Castillo León lugar donde dejó 38 sacos de harina; 2.2. Que, el representante del Ministerio Público ha interpuesto su recurso de apelación argumentando lo siguiente: a) Que, se ha producido una actividad probatoria valiosa, dado que se han encontrado los sacos apropiados; b) Que, se cuenta con la testimonial del propietario del taller, señor Hernán Castillo León, señalando que fue el causado quien le dejó los sacos en su local; c) La conducta desarrollada por el encausado, al dejar abandonado el vehículo cuando tenía la responsabilidad de su custodia. III. RAZONAMIENTO: 3.1. La Institución de la prescripción es una de las formas de extinción de la acción penal, conforme lo prevé el artículo quinto del Código de Procedimientos Penales, el cual puede deducirse en cualquier estado del proceso e incluso ser resuelto de oficio por el órgano jurisdiccional; pero también en el artículo noventa y uno del Código Penal posibilita al procesado renunciar a la prescripción de la acción penal que operaría a su favor; legitimando con ello al juzgador para analizar y pronunciarse sobre el fondo de la controversia; ello se precisa, pues al realizarse el cómputo desde la fecha de los eventos investigados (veinticuatro de

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junio del año dos mil cuatro) a la actualidad, se aprecia también que han vencido los plazos de prescripción de la acción penal, establecidos en nuestro ordenamiento penal; que el encausado, conforme se puede apreciar del escrito obrante a folios doscientos ochenta y cuatro a doscientos ochenta y seis, ha puesto en conocimiento al órgano jurisdiccional de manera directa y escrita, su voluntad de renunciar a dicha Figura jurídica, el cual fue reafirmado por la abogada de su defensa en el informe oral ante este Colegiado, por lo que al constituir dicha renuncia un derecho que tiene todo procesado, dicha declinación conlleva a la necesaria revisión del tema de fondo; 3.2. Que, el tipo penal de Apropiación Ilícita consiste en negarse a devolver, entregar o dar el uso destinado a un bien mueble, que previamente había recibido el procesado por parte del sujeto pasivo; significando que la exigencia de entrega, devolución o uso determinado surge paralelamente a la recepción del bien, por lo que el núcleo probatorio debe girar en torno a la relación jurídica existente entre el objeto materia de apropiación y el agente; respecto a los elementos subjetivos de este tipo penal, la Jurisprudencia Nacional ha acotado lo siguiente: “El delito de apropiación ilícita es eminentemente doloso. El agente debe conocer y querer la apropiación, requiriéndose además el elemento subjetivo de ánimo de lucro en provecho propio o de terceros”(1). 3.3. El reclamo del apelante debe ser examinado de acuerdo a las pruebas incorporadas durante la investigación y que han sido valoradas en la del grado. Es así que de la revisión de los actuados si bien se tiene como elemento probatorio de cargo la manifestación policial de José Antonio Malpartida Abadía, propietario de la empresa de Transportes de carga pesada “Negocios Río Santa E.I.R.L” (folios diez a once) y la manifestación y reconocimiento físico que realizara Hernán Víctor Castillo León, propietario del taller llantería, donde se ubicó los sacos de harina de pescado de propiedad de la empresa agraviada, reconociendo además al procesado como la persona que dejó dicho cargamento en su taller (folios doce y veintitrés respectivamente); también lo es, en primer lugar: Que, las referidas manifestaciones policiales y el acta de reconocimiento no fueron realizadas, en presencia del representante (1)

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del Ministerio Público; en segundo lugar: Que, el testigo Malpartida Abadía fue notificado al domicilio que proporcionara a nivel policial, pero ello no logró su objetivo, estando a lo informado en el Parte policial (folios noventa), mas se concretizó conforme se aprecia de la cédula de notificación obrante a folios doscientos sesenta y siete, pero dicho testigo no concurrió al local del juzgado; de igual manera el procesado Castillo León pese a las fallidas notificaciones judiciales, realizadas a la dirección domiciliaria que brindara (folios cien, ciento ochenta), finalmente logró ser notificado tal como se aprecia de los cargos anexados a folios doscientos setenta y uno a doscientos setenta y dos; mas tampoco concurrió a rendir su declaración; en tercer lugar: Se tiene además que la parte agraviada –Empresa Pesquera Industrial Ángel S.A.–, no ha concurrido a rendir su declaración preventiva, pese a haber sido también notificada para tal fin (folios doscientos sesenta y seis), no habiendo acreditado tampoco la preexistencia de 1os bienes ilícitamente apropiados, conforme así lo exige el artículo doscientos cuarenta y cinco del Código Procesal Penal para los delitos contra el Patrimonio; en cuarto lugar: Así tampoco se ha realizado la respectiva pericia de valoración a fin de determinar el perjuicio económico, pese a haber sido ordenado en el auto de procesamiento y en la resolución emitida por la Sala Penal a folios doscientos veinte a doscientos veinticuatro; 3.4. A ello se agrega la negativa enfática y uniforme del encausado desde el inicio de las investigaciones en haber tenido participación alguna en los hechos instruidos, la cual por cierto no ha sido tampoco desvirtuada; en consecuencia, estando a las consideraciones antes indicadas, a las pruebas actuadas y ofrecidas por las partes, ante la insuficiencia de elemento probatorio que acredite su responsabilidad penal en los hechos imputados, no habiéndose por tanto desvirtuado ni resquebrajado la Presunción de Inocencia, que tiene toda persona al estar incurra en una investigación; se tiene que bajo estos argumentos la decisión judicial de primera instancia tiene razonabilidad entre las proposiciones fácticas y la ratio decidendi por lo que debe ser confirmada. IV. DECISIÓN FINAL:

Fundamentos por los cuales los miembros de la Primera Sala Penal Permanente-Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte es porque se CONFIRME la sentencia de fecha veintiséis de abril del dos mil diez,

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que FALLA: ABSOLVIENDO a Ángel David Morin Salinas, por delito contra el Patrimonio - Apropiación Ilícita- en agravio de la Empresa Pesquera Industrial Ángel S.A. “Pinagesa”; con lo demás que contiene. Notifíquese y devuélvase. ss. CONDORI FERNÁNDEZ PACHECO HUANCAS HUARICANCHA NATIVIDAD

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057. Apropiación ilícita: Delito eminentemente doloso El delito de apropiación ilícita es eminentemente doloso. El agente debe conocer y querer la apropiación, requiriéndose además el elemento subjetivo de ánimo de lucro en provecho propio o de terceros.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE SEGUNDA SALA PENAL DE REOS LIBRES Expediente Nº 3966-2006

Independencia, 18 de abril de 2011 VISTOS: Interviniendo como Ponente la Señora Juez Superior doctora Huaricancha Natividad, en virtud del inciso segundo del artículo cuarenta y cinco del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y, CONSIDERANDO: I. ASUNTO: Viene en grado de apelación la sentencia de fecha treinta de marzo del dos mil diez, obrante de folios ciento cuarenta y cinco a ciento cuarenta y ocho, que FALLA: CONDENANDO a Leoncio Montenegro Altamirano, por delito contra Patrimonio –Apropiación Ilícita– en agravio de Yuliana Isamar Ola Cerró a la pena de DOS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD cuya ejecución se suspende condicionalmente por el periodo de prueba de UN AÑO, bajo el cumplimiento de reglas de conducta y, fija la suma de trescientos nuevos soles el monto de la reparación civil que deberá de abonar el sentenciado a favor de la agraviada, descontándose en ejecución de sentencia el monto que ya se hubiera cancelado a la agraviada. II. ANTECEDENTES: 2.1. Se imputa al procesado Leoncio Montenegro Altamirano, el haberse apropiado indebidamente del televisor a colores marca “Gold Star”, de catorce pulgadas, dado con fecha ocho de julio del dos mil cinco, la agraviada le entregó al procesado en calidad de garantía el referido

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televisor, por una deuda al consumo de servicio de agua y luz, luego no obstante a sus requerimientos no le ha sido devuelto, conforme consta del tenor de la carta notarial remitida. Asimismo, la entrega del artefacto electrodoméstico está sustentado en el recibo privado suscrito por ambas partes el cinco de agosto del dos mil cinco, habiendo convenido ambas partes respecto a la entrega del bien. 2.2. La defensa del sentenciado Leoncio Montenegro Altamirano, al presentar su escrito de apelación (folios ciento cincuenta y seis a ciento cincuenta y siete) argumenta lo siguiente: a) Que, el hecho denunciado no constituye delito, porque a folios trece existe un documento, de fecha siete de octubre del dos mil cinco firmado por la agraviada en donde faculta al imputado a vender el artefacto (televisor), advirtiéndose fehacientemente la ausencia de dolo; b) Que, la agraviada declara a nivel preliminar con presencia del Representante del Ministerio Público, mas no obstante haber sido debidamente notificada a efectos de que rinda su declaración preventiva jamás concurrió; c) Que, en autos no existe medio probatorio idóneo suficiente que lo relacione con el supuesto ilícito, no teniendo mérito probatorio para forjar convicción en el juzgador; d) Que, en autos se encuentra acreditado que su persona tiene un respaldo ético y moral que demuestra sus características personales que jamás a tenido problemas con la justicia, careciendo de antecedentes policiales, penales y judiciales. III. RAZONAMIENTO: 3.1. Que, el tipo penal de Apropiación Ilícita consiste en negarse a devolver, entregar o dar el uso destinado a un bien mueble, que previamente había recibido el procesado por parte del sujeto pasivo; en cuanto a los elementos subjetivos de este tipo penal la Jurisprudencia Nacional ha acotado lo siguiente: “El delito de apropiación ilícita es eminentemente doloso. El agente debe conocer y querer la apropiación, requiriéndose además el elemento subjetivo de ánimo de lucro en provecho propio o de terceros”(2).

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3.2. El reclamo del apelante debe ser examinado de acuerdo a las pruebas incorporadas durante la investigación y que han sido valoradas en la del grado. Es así que de la revisión de los actuados si bien se tiene como elemento probatorio de cargo la manifestación policial de Yuliana Isamar Olaya Cerrón (fojas seis a siete) sosteniendo que dejó en calidad de depósito su televisor marca Gold Star, al encausado, adjuntando para ello copia de la carta notarial (fojas diez) y documento privado (fojas trece); también lo es que, en Primer lugar: Se dispuso la concurrencia de la parte agraviada a fin que dicha parte procesal, se ratifique o no de la denuncia que interpusiera contra el encausado, conforme se verifica del cargo de notificación obrante en autos –ver folios 46–, sin embargo no ha concurrido al llamado del juzgado, y por lo tanto tampoco ha cumplido con acreditar la preexistencia de los bienes ilícitamente apropiados, conforme así lo exige el artículo doscientos cuarenta y cinco del Código Procesal Penal para los delitos contra el Patrimonio; evidenciándose de dicha conducta total desinterés en la resultas del proceso; en Segundo lugar: Ahora, sí es verdad que se suscribió el recibo de fecha cinco de agosto del año dos mil cinco (folios trece) en el que se indicaba que el televisor de marca Goodstar, quedaba en garantía, el cual sería devuelto, cancelada que sea la deuda; y posteriormente el documento privado de fecha siete de octubre del mismo año, en el que la agraviada se compromete a pagar la deuda el once de octubre del indicado año, caso contrario el referido artefacto sería vendido (folios trece-vuelta); instrumentales que han sido reconocidos por el encausado; también lo es que no está probado en autos, que el procesado haya dispuesto del bien contraviniendo el tenor de la referida instrumental; pues a consideración del Colegiado no resulta suficiente sostener la responsabilidad penal del encausado, basado solo en lo expresado en su manifestación policial, cuando señala que dicha enajenación del bien, lo habría realizado su cónyuge en fecha anterior a lo pactado –nueve de octubre del dos mil cinco–, sin que existan elementos probatorios que así lo verifiquen.

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En consecuencia, estando a las consideraciones antes indicadas, ante la insuficiencia de elementos probatorios que acredite su responsabilidad penal del procesado en los hechos imputados, no se ha desvirtuado ni resquebrajado la Presunción de Inocencia, que tiene toda persona al


estar incursa en una investigación; bajo estos argumentos la decisión judicial de primera instancia debe ser REVOCADA; IV. DECISIÓN FINAL: Fundamentos por los cuales REVOCARON la sentencia de fecha treinta de marzo del dos mil diez, obrante de folios ciento cuarenta y cinco a ciento cuarenta y ocho, que FALLA: CONDENANDO a Leoncio Montenegro Altamirano, por delito contra el Patrimonio –Apropiación Ilícita– en agravio de Yuliana Isamar Olaya Cerrón, a la pena de dos años de pena privativa de la libertad cuya ejecución se suspende condicionalmente por el periodo de prueba de UN AÑO, bajo el cumplimiento de reglas de conducta y fija la suma de trescientos nuevos soles el monto de la reparación civil que deberá de abonar el sentenciado a favor de la agraviada, descontándose en ejecución de sentencia el monto que ya se hubiera cancelado a la agraviada; y REFORMÁNDOLA: ABSOLVIERON de la acusación fiscal a Leoncio Montenegro Altamirano, por delito contra el Patrimonio –Apropiación Ilícita– en agravio de Yuliana Isamar Olaya Cerrón; debiéndose archivar los de la materia consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución, anulándose los antecedentes que se hubieran generado como consecuencia del mismo. Notifíquese y devuélvase. SS. ROZAS ESCALANTE REYMUNDO JORGE HUARICANCHA NATIVIDAD

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058. Apropiación ilícita: Cuestionamiento de la responsabilidad no puede resolverse vía excepción La alegación del procesado sobre la apropiación ilícita que se le imputa es que no ha recibido dinero en calidad de depósito con la obligación de devolver, por lo que dicha atribución constituye una calumnia contra su persona. Estos argumentos cuestionan la atribución de responsabilidad, los cuales deben ser esclarecidos en un proceso penal con las garantías que la ley confiere, como lo establece el artículo 62 del Código de Procedimientos Penales, o ser determinadas en la decisión de fondo que pone fin a la instancia; mas no es materia que debe ventilarse en la vía incidental como el presente. En tal sentido, se declara infundada la excepción de naturaleza de acción. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE PRIMERA SALA PENAL DE REOS LIBRES Expediente Nº 533-2009 RESOLUCIÓN s/n

Independencia, 22 de octubre de 2010 AUTOS Y VISTOS: Puesto a Despacho para resolver, interviniendo como Juez Superior Ponente la Doctora Haricancha Natividad, en aplicación de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo cuarenta y cinco del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y, CONSIDERANDO: I. ASUNTO: En materia de apelación la resolución de folios mil quinientos veintisiete a mil quinientos veintiocho, su fecha diecisiete de abril del año dos mil diez, que resuelve: Declarar: INFUNDADA la EXCEPCIÓN DE NATURALEZA DE ACCIÓN deducida por la procesada Giovanna Pilar Delgado Quispe en el proceso penal que se le sigue por la comisión del delito contra el Patrimonio –Apropiación Ilícita y Falsificación de Documentos– en agravio de la Cooperativa de Servicios Especiales Mercado número uno - Tahuantinsuyo Limitada.

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II. ANTECEDENTES: 2.1. Se imputa a la procesada los delitos contra el Patrimonio –Apropiación Ilícita– y contra la Fe Pública –Falsificación de Documentos– en agravio de la Cooperativa de Servicios Especiales Mercado Nº 01- Tahuantinsuyo, dado que desde el dos de noviembre del dos mil siete, cuando se desempeñaba como secretaria de la citada Cooperativa, se habría apropiado indebidamente de la suma de 11,071.09 nuevos soles, según se determinó en el Informe Contable Nº 207-DIRINCRI‑PNP/OFLAUCON (folios trescientos cincuenta y uno a trescientos cincuenta y siete), resultando un faltante de dinero, proveniente de presuntas adulteraciones de boletas de venta, levantándose el acta respectiva en la cual la propia procesada ante dicha situación se “comprometió a regularizar la diferencia de caja en un tiempo máximo de una semana”, el día veinticinco de agosto del dos mil ocho, conforme es de verse del documento en copia obrante a folios mil doscientos treinta y seis. 2.2. La procesada Giovanna Pilar Delgado Quispe al presentar su escrito de apelación (folios mil quinientos treinta y cuatro a quinientos a mil quinientos treinta y ocho) argumenta lo siguiente: a) Que, en la resolución apelada se ha omitido mencionar los fundamentos de hecho y de derecho, que deben tener todas las resoluciones, conforme a lo previsto en el artículo doscientos noventa y ocho inciso primero del Código de Procedimientos Penales, por lo que la resolución sería nula ipso jure no teniendo ninguna validez legal; b) Que, no se ha tenido en cuenta lo previsto en el artículo ciento noventa del Código Penal –Apropiación Ilícita–, pues la encausada el día quince de agosto del dos mil ocho, no recibió de parte de la agraviada suma de dinero en depósito, con la obligación de devolver dicha suma de dinero en un plazo determinado, por lo que no hubo provecho personal de la recurrente; así también el documento de arqueo de caja registrado en esa misma data, carece de validez legal y es nulo; c) Que, el contador de la Cooperativa Gustavo Quispe Moreno no está facultado legamente para realizar un arqueo de caja, pues dicha facultad recae sobre el Presidente del Consejo de Vigilancia conforme se encuentra establecido en el inciso “f” del artículo cincuenta y siete del Estatuto de la Cooperativa; así también dichos informes contables son contradictorios pues primero

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se afirma que el dinero faltante es de 13,961.09 nuevos soles, luego se afirma que es de 11,825.19 nuevos soles; d) las declaraciones de la parte agraviada son nulos pues, dichos testigos son integrantes de la directiva de la Cooperativa agraviada y por lo tanto tiene interés en el resultado del presente proceso; por lo que la denuncia por delito de apropiación ilícita es una calumnia contra su persona; e) Tampoco se ha tenido en cuenta lo previsto en el artículo cuatrocientos veintisiete del Código Penal –Falsificación de Documentos–, pues no está probado que la encausada haya adulterado las boletas verdaderas que puedan servir para probar un hecho; que no se tuvo en cuenta que las personas encargadas de la visación y control de las boletas correspondientes a la Cooperativa, son el gerente, el Presidente del Concejo de Administración, el vigilante de la Cooperativa y la procesada; III. RAZONAMIENTO: 3.1. La Excepción de Naturaleza de Acción se deduce, conforme se indica en el tercer párrafo del artículo quinto del Código de Procedimientos Penales: cuando el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente; respecto al primer supuesto la Corte Suprema ha señalado lo siguiente: “(...) la conducta incriminada no esté prevista como delito en el ordenamiento jurídico-penal vigente o que el suceso no se adecue a la hipótesis típico de la disposición penal vigente (…)”(3); en cuanto al segundo supuesto, si partimos de que se entiende por “justiciable” como al acto que puede o debe ser sometido al conocimiento y decisión de los jueces, el concepto contrario, esto es, de “no ser justiciables penalmente”, De La Cruz Espejo señala es cuando: “puede presentarse un acto meramente típico, pero al que la propia ley le quita la posibilidad de ser penado, como ocurre en las excusas absolutorias”(4); 3.2. De la revisión de los actuados, se tiene que los argumentos alegados por la excepcionante en su recurso de apelación (folios mil quinientos treinta y cuatro a quinientos a mil quinientos treinta y ocho), no resultan ser amparables pues en Primer lugar respecto a lo sostenido por la

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R.N. Nº Exp Nº 3576-2002-LORETO. DE LA CRUZ ESPEJO, Marco. Derecho Procesal Penal. Vol. I, Editora Fecat, Lima, 2001.

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excepcionante, que los eventos materia de investigación –Apropiación Ilícita y Falsificación de documentos– se encuentran descritos y tipificados en el Ordenamiento Jurídico Penal, constituyendo por tanto una conducta incriminada, la cual debe ser dilucidada en un proceso penal; en segundo lugar, si bien la encausada en su recurso de apelación en los puntos “b”, “c”, “d” y “e” sostiene que respecto al delito de apropiación ilícita que se le imputa, no ha recibido dinero en calidad de depósito con la obligación de devolver, por lo que dicha atribución constituye una calumnia contra su persona; y en lo concerniente al delito de Falsificación de Documentos que no está probado con elementos probatorios que haya adulterado las boletas de la Cooperativa, son argumentos que cuestionan la atribución de responsabilidad (mediante la alegación de inocencia), los cuales precisan, necesariamente, ser esclarecidos en un proceso penal con las garantías que la ley confiere, como lo establece el artículo setenta y dos del Código de Procedimientos Penales, o ser determinadas en la decisión de fondo que pone fin a la instancia; mas no es materia que debe ventilarse en la vía incidental como la presente. Por tanto, el pronunciamiento venido en grado debe confirmarse. 3.3. Así también la excepcionante, como se ha consignado en el punto “a” de los argumentos que sustentan su apelación, que la resolución impugnada, carece de fundamentación fáctica y jurídica, al respecto se debe tener en cuenta lo señalado por el Tribunal Constitucional cuando indica: “El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una determinación extensión de la motivación, por lo que su contenido constitucional se respeta, prima facie, siempre que exista: a) Fundamentación jurídica, que no implica sola la mención de las normas a aplicar al caso sino la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas, b) Congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y c) Que, por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun esta

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sea breve o concisa (...)”(5); de la revisión de la resolución cuestionada se aprecia que la Jueza de primera instancia, ha justificado de modo suficiente la ‘decisión, pues ha expuesto de manera clara, lógica y objetiva los fundamentos que justifican su decisión, garantizando con ello un adecuado ejercicio de la defensa de la encausada, lo cual ha acontecido en el presente caso; IV. DECISIÓN: Por estos fundamentos, CONFIRMARON: La resolución de folios mil quinientos veintisiete a mil quinientos veintiocho, su fecha diecisiete de abril del año dos mil diez, que resuelve: Declarar: INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE NATURALEZA DE ACCIÓN deducida por la procesada Giovanna Pilar Delgado Quispe, en el proceso penal que se le sigue por la comisión del delito contra el Patrimonio –Apropiación Ilícita y Falsificación de Documentos– en agravio de la Cooperativa de Servicios Especiales Mercado número uno - Tahuantinsuyo Limitada, siguiendo el proceso según su estado; notificándose.

SS. CONDORI FERNÁNDEZ PACHECO HUANCAS HUARICANCHA NATIVIDAD

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Exp. Nº 4348-2005-PA/TC del 21 de julio de 2005.

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CAPÍTULO IV RECEPTACIÓN

CAPÍTULO IV RECEPTACIÓN 059. Receptación: Configuración del delito El tipo penal de receptación requiere para su configuración tener en conocimiento o al menos presumir que la procedencia del bien es ilícita; es decir, para que se produzca este ilícito debe existir un delito anterior que dio origen a la procedencia del bien, respecto del cual el agente lo adquiere, lo recibe en donación o en prenda, lo guarda, lo esconde, lo vende, ayuda a negociar el bien. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE PRIMERA SALA PENAL DE REOS LIBRES Expediente Nº 1585-2008

RESOLUCIÓN s/n Independencia, 20 de octubre de 2010 VISTOS: En la presente causa, sin informe oral, interviniendo como Juez Superior Ponente la Doctora Huaricancha Natividad en aplicación de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo cuarenta y cinco del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; de conformidad con lo opinado por el Señor Fiscal Superior en su dictamen de folios ciento ochenta a ciento ochenta y tres; y, CONSIDERANDO: I. ASUNTO:

Es materia de apelación la sentencia de fecha veintiséis de enero del dos mil diez, obrante de folios ciento sesenta y ocho a ciento setenta y dos, que

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FALLA: CONDENANDO a Julio Coral Romero, por delito contra el Patrimonio –Receptación– en agravio de Luis Alberto Reyes Anchante, a la pena de dos años de pena privativa de la libertad, cuya ejecución se suspende condicionalmente por el periodo de prueba de dos años, bajo el cumplimiento de reglas de conducta; asimismo, impone la pena de treinta días multa a favor del Estado equivalente al veinticinco de su ingreso promedio diario y, fija la suma de quinientos nuevos soles el monto de la reparación civil que deberá de abonar el sentenciado al agraviado. II. ANTECEDENTES: 2.1. Que, se imputa al procesado haber receptado el vehículo menor de placa de rodaje MG-99389, el cual fuera ubicado en el interior del inmueble sito en Prolongación Pallardelli Nº 561 Urb. Retablo - Comas, al cual le faltaban la autorradio, un parlante, dos intermitentes y las cintas refectivas conforme se describe en el acta de registro domiciliario e incautación de folios dieciocho, interviniendo en esa oportunidad al procesado quien señaló ser el encargado de cuidar dicha cochera, refiriendo este último que el mecánico de nombre Airley Vílchez Estela fue la persona que dejó dichos vehículos menores indicando que al día siguiente le haría un afinamiento. Cabe precisar que el referido vehículo fue sustraído al agraviado el día once de marzo del año dos mil ocho, en circunstancias que este realizó el servicio de mototaxi a una señora, y al llegar al lugar acordado es sorprendido por un sujeto quien lo amenazó con un arma blanca (cuchillo) conjuntamente con otra persona, despojándole así de su bien mueble; 2.2. Que, el sentenciado Julio Coral Romero al presentar su escrito de apelación (folios ciento setenta y cuatro a ciento setenta y cinco) argumenta lo siguiente: a) Que, en la sentencia apelada se ha señalado equivocadamente que el inmueble donde se realizó la intervención policial era de su propiedad no ajustándose a la verdad, pues dicho inmueble era de propiedad de su hermano Víctor Raúl Coral Romero pudiendo verificarse ante los Registros Públicos; b) Que, el garaje donde se halló el mototaxi, es un local abierto al público, por lo que no tendría sentido el guardar un bien que se supone proviene de un hecho ilícito; c) Su participación ha sido el de guardar en el garaje, la motocar ante el pedido del señor Vílchez quien tenía un taller de

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reparación de motos, mostrándome un SOAT, tarjeta de propiedad y brevete del referido vehículo; III. RAZONAMIENTO: 3.1. Que, el tipo penal de receptación, se requiere para su configuración el conocimiento o la presunción comprobada que el bien que se conserva o adquiere es de procedencia ilícita; asimismo, para que se produzca este ilícito debe existir un delito anterior que dio origen a la procedencia del bien, respecto del cual el agente lo adquiere, lo recibe en donación o en prenda, lo guarda, lo esconde, lo vende o lo ayuda a negociar, debe tener conocimiento o presumir de su procedencia ilícita; 3.2. El reclamo del apelante debe ser examinado de acuerdo a las pruebas incorporadas durante la investigación y que han sido valoradas en la del grado. Es así que en primer lugar: Está probado que el día once de marzo del año dos mil ocho, conforme se indica en la denuncia policial DD Nº 04 (folios dos a tres) el afectado hizo de conocimiento a la autoridad policial, del robo de su vehículo menor de placa NIG-99389, el cual se realizó mediante el concurso de dos personas utilizando para ello arma blanca (cuchillo); que es más, este sujeto procesal, tal como se describe del Parte S/N- 2008 (folios tres) hizo de conocimiento en la Comisaría PNP de Carabayllo, que su vehículo se encuentra en el interior de una cochera ubicado en Comas, lugar donde efectivamente se encontró su vehículo automotor menor, tal como se describe en el acta de Registro domiciliario e incautación (folios dieciocho), Segundo: Que, si bien es el encausado Julio Coral Romero, al rendir su manifestación policial (folios catorce a diecisiete), señaló que la persona Airley Vílchez Estela fue el que trajo la motocicleta de placa de rodaje MG-99389, mostrándole la tarjeta de propiedad y SOAT de dicho vehículo; indicó también que en anterior oportunidad le hizo guardar diferentes motocicletas; en ese mismo sentido señala al rendir su declaración instructiva (folios cuarenta y cuatro a cuarenta y cinco), refiriendo: “(...) que no me siento responsable de los hechos que se investigan, porque no he participado en robo de dicho vehículo, porque yo no soy el dueño del local (...) lo cierto que dicho vehículo me lo trajeron (...) vinieron dos personas y el señor Airley Vílchez Estela, quien es mecánico de motos me dijo paisita ahí le dejo la moto (...)”; sin embargo es de tenerse en cuenta que si bien este no resultaría

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ser el dueño del local donde fue ubicado el vehículo menor, dado que como lo señaló en el acta de Registro Domiciliario, resultaría ser su hermano Víctor Raúl Coral Romero; mas dicho dato no incidiría en su responsabilidad penal, pues como también precisó el encausado, no solo realiza la labor de guardián sino también que vive en dicho inmueble; Tercero: Así también se recibió la declaración testimonial de Airley Vílchez Estela (folios ochenta y dos a ochenta y tres) quien negó haber sido la persona que llevó el vehículo menor robado, en el local intervenido, mas indicó que quien llevó esta unidad móvil fue su mecánico Giezi Nolasco Puruguay para realizar un afinamiento; por su parte este último declaró que sí llevó una moto pero en compañía de Vílchez Estela (folios noventa y cuatro a noventa y cinco); mas al llevarse a cabo la diligencia de confrontación entre el testigo Vílchez Estela y el procesado, este último varía su versión señalando que él no fue quien recibió el vehículo sino que fue su esposa, la cual le manifestó que fue Nolasco Puruguay quien le dejó el vehículo menor robado; declaraciones éstas que deben ser tomadas con las reservas del caso; Cuarto: Que, el delito instruido se configura, cuando el agente debió presumir que el bien que le era dejado para su guarda (mototaxi) tenía procedencia ilícita, pues dicho acto de guardianía realizado el once de marzo a horas aproximada de nueve de la noche, no era un acto regular de guardianía, máxime cuando pudo percatarse que el referido vehículo no contaba con las placas de rodajes, tal como se describiera también en Registro domiciliario e incautación de folios dieciocho, el cual agregado a su condición de guardián debió presumir que la unidad vehicular citada tenía procedencia ilegal; 3.3. Que, para la graduación de la pena debe ser el resultado de un análisis y apreciación de las pruebas actuadas en función a la gravedad de los hechos cometidos, de la responsabilidad del agente y de sus condiciones personales, conforme lo establecen el artículo cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, considerando que la sanción penal impuesta al encausado está acorde a la gravedad del delito y grado de responsabilidad, teniendo en cuenta que la pena tiene una función preventiva, protectora y resocializadora conforme se prevé del artículo noveno del Título Preliminar del Código Penal;

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3.4. Que, en cuanto al monto de la reparación civil señalado en la que es materia de grado, debe tenerse en cuenta que esta debe ser fijada de acorde a la magnitud del daño causado, es establecida en los artículos noventa y dos y noventa y tres del Código Penal, y los pertinentes del Código Civil; es así que considerando que el bien jurídico afectado –El Patrimonio - receptación– resulta pues que la suma señalada guarda relación con el perjuicio a la parte agraviada

Por lo que, de autos se encuentra acreditada la comisión del delito instruido y la responsabilidad penal del imputado, debiendo ser confirmada la venida en grado.

IV. DECISIÓN FINAL: Fundamentos por los que CONFIRMARON: La sentencia de fecha veintiséis de enero del dos mil diez, que FALLA: CONDENANDO a Julio Coral Romero, por delito contra el Patrimonio –Receptación– en agravio de Luis Alberto Reyes Anchante, a la pena de dos años de pena privativa de a libertad cuya ejecución se suspende condicionalmente por el periodo de prueba de dos años, bajo el cumplimiento de reglas de conducta; asimismo, impone la pena de treinta días multa a favor del Estado equivalente al veinticinco por ciento de su ingreso promedio diario y fija la suma de quinientos nuevos soles el monto de la reparación civil que deberá de abonar el sentenciado a favor del agraviado. MANDO: Que, consentida o ejecutoriada que sea la presente, inscríbase donde corresponda. Notifíquese y devuélvase. ss. CONDORI FERNÁNDEZ QUIROZ SALAZAR HUARICANCHA NATIVIDAD

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060. Receptación: Prescripción Es necesario destacar que la prescripción del ejercicio de la acción penal impide la persecución penal, toda vez que extingue el poder punitivo del Estado en un caso concreto. La prescripción opera al transcurrir un plazo igual al máximo de la pena prevista en la ley para el delito y en forma extraordinaria, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad a dicho plazo. Que, en el caso de autos se imputa al procesado la comisión del delito de receptación, tipificado en el artículo 194 del Código Penal, castigando con pena privativa de libertad no mayor de tres años. Analizando el delito imputado al encausado, se tiene que el plazo ordinario de prescripción para este delito sería de tres años, mientras que el plazo extraordinario se extiende a cuatro años seis meses; siendo ello así, a la fecha han transcurrido aproximadamente más de cinco años y siete meses; en consecuencia, resulta evidente que ha sobrepasado en exceso el plazo referido por causas no atribuibles a este Colegiado, por lo que la acción penal se encuentra prescrita en el presente caso. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES

Expediente Nº 89-2008 Miraflores, 15 de octubre de 2012 AUTOS Y VISTOS: En Audiencia Pública, e interviniendo como Directora de Debates la señora Juez Superior Liliana del Carmen Placencia Rubiños. ANTECEDENTE: Que, mediante sentencia de fecha diez de agosto del año dos mil nueve, de fojas doscientos sesenta y seis a doscientos sesenta y siete, se reservó el juzgamiento contra el acusado presente, disponiéndose en contra de este su ubicación o captura hasta cuando sea habido y puesto a disposición de esta Superior Sala Penal; siendo ello así, este Colegiado emitió la resolución de fecha veintiocho

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de setiembre del año en curso, señalando día y hora para llevar adelante la Audiencia Pública, seguido contra Sandro Michael Sosa Chávez por delito contra el Patrimonio –Receptación–, en agravio de Mariluz Jordán Jiménez. CONSIDERANDO: PRIMERO: Se imputa al acusado Sandro Michael Sosa Chávez, con fecha tres de marzo del dos mil siete, haber estado comercializando mercadería de procedencia ilícita, perteneciente a la agraviada Mariluz Jordán Juménez, contando con la colaboración del sentenciado Percy Elescano Véliz. SEGUNDO: Es necesario destacar que la prescripción del ejercicio de la acción penal impide la persecución penal, toda vez que extingue el poder punitivo del Estado en un caso concreto. La prescripción opera al transcurrir un plazo igual al máximo de la pena prevista en la ley para el delito y en forma extraordinaria, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad a dicho plazo, conforme a lo establecido en los artículos ochenta y ochenta y tres parte in fine del Código Penal. En tal contexto, de advertirse en un proceso penal dicho fenómeno jurídico, corresponde emitir pronunciamiento al respecto, sin manifestación sobre el fondo del asunto materia de investigación. TERCERO: Que, en el caso de autos se imputa al procesado la comisión del delito contra el Patrimonio –Receptación–, tipificado en el artículo ciento noventa y cuatro del Código Penal, castigando con pena privativa de libertad no mayor de tres años. CUARTO: Que, de la revisión de los presentes actuados se advierte que el hecho materia de imputación aconteció con fecha tres de marzo del año dos mil siete, tal como se aprecia del Parte Policial transcrito en el acápite I) del Atestado de fojas dos y siguientes. En ese orden, analizando el delito imputado al encausado, se tiene que el plazo ordinario de prescripción para este delito sería de tres años, mientras que el plazo extraordinario se extiende a cuatro años seis meses; siendo ello así, a la fecha han transcurrido aproximadamente más de cinco años y siete meses, en consecuencia resulta evidente que ha sobrepasado en exceso el plazo referido por causas no atribuibles a este Colegiado, por lo que la acción penal se encuentra prescrita en el presente caso.

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FALLO RESOLUTIVO: Fundamentos por los cuales DECLARARON: De oficio prescrita la acción penal incoada contra Sandro Michael Sosa Chávez, por delito contra el Patrimonio –Receptación–, en agravio de Mariluz Jordán Jiménez; MANDARON: que se proceda al archivo definitivo de los actudados y la anulación de los antecedentes que se hubieren generado contra el precitado justiciable, notificándose los devolvieron. En Miraflores, siendo las diez y diez de la mañana del quince de octubre del año dos mil doce, se reunieron los miembros de la Segunda Sala Penal Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, integrada por los Señores Jueces Julio Enrique Biaggi Gómez –Presidente–, Liliana Del Carmen Placencia Rubiños –Juez Superior y Directora de Debates–, y Raúl Emilio Quezada Muñante –Juez Superior–, a fin de continuar con la Audiencia Pública, en el proceso penal reservado seguido contra Sandro Michael Sosa Chávez por el delito contra el Patrimonio –Receptación–, en agravio de Mariluz Jordán Jiménez. Presente el Representante del Ministerio Público, doctor Luis Alberto Pajares Rubiños. Presente la Secretaria y el Relator. Se encuentra presente el acusado Sandro Michael Sosa Chávez quien se encuentra asesorado por el Defensor Público doctor Carlos Luis Gadea Márquez con Registro del Colegio de Abogados de Lima número nueve mil novecientos setenta y cuatro. Luego de dar lectura al acta anterior sin observaciones, se da por aprobada y se procede a su suscripción. Seguidamente, la señora Directora de Debates hace de conocimiento a las partes procesales que existe una posible prescripción en el delito materia de juzgamiento. Corrido traslado al señor Fiscal Superior, fue de la siguiente opinión: Señores Jueces Superiores conforme se aprecia de la acusación escrita y del Atestado Policial, se tiene que los hechos ocurrieron el tres de marzo del dos mil siete; asimismo, el artículo ciento noventa y cuatro del Código Penal sanciona con una pena privativa de la libertad no mayor a tres años, en ese orden de ideas, en el presente caso el plazo extraordinario sería de cuatro años y seis meses, siendo esto así, a la fecha se encuentra vencido; en ese sentido, este Ministerio considera que se debe declarar Fundada la Excepción de Prescripción a favor de Sandro Michael Sosa Chávez.

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En este estado, la Sala emitió la siguiente resolución; AUTOS Y VISTOS: En Audiencia Pública, e interviniendo como Directora de Debates la señora Juez Superior Liliana del Carmen Placencia Rubiños. ANTECEDENTE: Que mediante sentencia de fecha diez de agosto del año dos mil nueve, de fojas doscientos sesenta y seis a doscientos sesenta y siete, se reservó el juzgamiento contra el acusado presente, disponiéndose en contra de este su ubicación o captura hasta cuando sea habido y puesto a disposición de esta Superior Sala Penal; siendo ello así este Colegiado emitió la resolución de fecha veintiocho de setiembre del año en curso, señalando día y hora para llevar adelante la Audiencia Pública, seguido contra Sandro Michael Sosa Chávez por delito contra el Patrimonio –Receptación–, en agravio de Mariluz Jordán Jiménez. CONSIDERANDO: Primero.- Se imputa al acusado Sandro Michael Sosa Chávez, con fecha tres de marzo del dos mil siete, haber estado comercializando mercadería de procedencia ilícita, perteneciente a la agraviada Mariluz Jordán Jiménez, contando con la colaboración del sentenciado Percy Elescano Véliz. Segundo.- Es necesario destacar que la prescripción del ejercicio de la acción penal impide la persecución penal, toda vez que extingue el poder punitivo del Estado en un caso concreto. La prescripción opera al transcurrir un plazo igual al máximo de la pena prevista en la ley para el delito y en forma extraordinaria, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad a dicho plazo, conforme a lo establecido en los artículos ochenta y ochenta y tres parte in fine del Código Penal. En tal contexto, de advertirse en un proceso penal dicho fenómeno jurídico, corresponde emitir pronunciamiento al respecto, sin manifestación sobre el fondo del asunto materia de investigación. Tercero.Que, en el caso de autos se imputa al procesado la comisión del delito contra el Patrimonio –Receptación–, tipificado en el artículo ciento noventa y cuatro del Código Penal, castigando con pena privativa de libertad no mayor de tres años. Cuarto.- Que, de la revisión de los presentes actuados se advierte que el hecho materia de imputación aconteció con fecha tres de marzo del año mil siete, tal como se aprecia del Parte Policial transcrito en el acápite I) del Atestado de fojas dos y siguientes. En ese orden, analizando el delito imputado al encausado, se tiene que el plazo ordinario de prescripción para este delito sería de tres años, mientras que el plazo extraordinario se extiende a cuatro años seis meses; siendo ello así, a la fecha han transcurrido aproximadamente más de cinco años y siete meses, en consecuencia resulta evidente que ha sobrepasado en exceso el plazo referido por cosas no atribuibles a este Colegiado, por lo que la acción penal se encuentra prescrita en el presente caso. FALLO RESOLUTIVO: Fundamentos por los cuales DECLARARON: DE OFICIO

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PRESCRITA LA ACCIÓN PENAL incoada contra Sandro Michael Sosa Chávez, por delito contra el patrimonio –Receptación–, en agravio de Mariluz Jordán Jiménez; MANDARON: que se proceda al archivo definitivo de los actuados y la anulación de los antecedentes que se hubieren generado contra el precitado justiciable; notificándose los devolvieron. A continuación se preguntó al acusado Sandro Michael Sosa Chávez, si se encuentra conforme con la sentencia leída, el mismo que previa consulta con su respectivo abogado defensor manifestó estar CONFORME. Preguntado al Señor Fiscal Superior, si se encuentra conforme con la sentencia dictada, o si se reserva el derecho o interpone recurso de nulidad: Manifestó que se encuentra CONFORME. Seguidamente, estando a que las partes procesales no han interpuesto recurso de Nulidad, DECLARARON CONSENTIDA la resolución que antecede. Con lo que concluyeron los presentes debates orales, después que fue leída, aprobada y firmada la presente acta final sin observaciones, de lo que doy fe. S.S. BIAGGI GÓMEZ PLACENCIA RUBIÑOS QUEZADA MUÑANTE

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CAPÍTULO V ESTAFA

CAPÍTULO V ESTAFA 061. Estafa: Falta de materialización del delito No existe una materialización del delito cuando no se prueba que haya error mediante engaño u otra forma fraudulenta por parte de los que realizan un contrato. En todo caso si el bien no fue entregado y/o existe disconformidad por el pago del valor precio deberán acudir ante la autoridad competente extrapenal a fin de exigir el cumplimiento del contrato y la compensación que les correspondería; ya que estos hechos no determinan la tipicidad del delito de estafa. SALA PENAL TRANSITORIA PARA PROCESOS CON REOS LIBRES CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE Expediente Nº 518-2010

Independencia, 25 de mayo de 2011 VISTOS: Vista la causa, con informe oral; interviniendo como Juez Superior Ponente el Señor Magistrado Cueva Solís, en aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo cuarenta y cinco del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; con lo opinado por el Señor Fiscal Superior en su dictamen de fojas 329 a 332; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, es materia de pronunciamiento de este Colegiado Superior, la sentencia de fojas 306 a 314, de fecha catorce de mayo del dos mil diez, expedida por el Primer Juzgado Transitorio Penal de Puente Piedra, que condena a Crispín Crisanto Otrilla Zegarra como autor del delito contra El Patrimonio - Estafa, en agravio de Cayetana Rosa Palomino Quispe y Joaquín Enrique Osco López, imponiendo la sanción de tres años de pena privativa de la libertad, pero cuya ejecución se suspende por un periodo de prueba de dos años y dispone ciertas reglas de

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conducta que deberá cumplir el procesado y fijo en la suma de dos mil nuevos soles, que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor de los agraviados; SEGUNDO: Que el apelante fundamenta su apelación señalando que toda sentencia debe tener la debida motivación de la decisión judicial, porque constituye una garantía de la administración de justicia, que el sentido de la decisión debe sustentarse en el mérito de las suficientes pruebas actuadas, las cuales crean convicción respecto al thema probandum ya sea confirmando o descartando la inicial hipótesis delictiva; que en el presente proceso de investigación el Juzgador debió tener una cuidadosa labor en la recopilación de las pruebas, pues, solo a través de ellas se puede válidamente reconstruir la imputación; que la actividad probatoria practicada en la instrucción resulta insuficiente para adquirir un cabal conocimiento de los hechos, siendo necesario la actuación de otras pruebas, TERCERO: Que, de autos se desprende que los agraviados con el documento de folios 180 a 181 (contrato en el cual consta el pago al cedente, a la firma del acuerdo escrito, el importe de US $5,000) y a folios 189 (recibo por la suma de US $ 4,000), pretende acreditar que han cancelado el precio del bien inmueble, el cual el sentenciado se rehúsa a entregar sosteniendo que los cesionarios no han cumplido con el pago del precio total del bien; Que la agraviada ha acreditado el pago del impuesto predial posterior a la celebración del contrato de transferencia en referencia, reputándose titular del bien submateria, entendiéndose que ambas partes reconocen la celebración del acuerdo contractual mencionado, que los agraviados sostienen que el sentenciado los ha estafado por cuanto no les entregó el bien inmueble, después de celebrado el contrato y pagado el precio del bien , sin embargo se considera que esta pretensión debe ser ventilada ante el fuero extrapenal correspondiente a fin de exigir la entrega del bien inmueble adquirido o la devolución y resarcimiento por la suma dineraria correspondiente al precio del bien no entregado. CUARTO: Apreciándose que este comportamiento renuente de cumplir el acuerdo contractual por parte del apelante, que exige los agraviados, conforme se ha puntualizado, corresponde ventilarse en vía distinta a la penal, porque de autos no aparece probado con suficiencia que para su celebración haya mediado error mediante engaño u otra forma fraudulenta por parte del recurrente (cedente), más aún, si los agraviados contarían con documentos que acreditarían que dicho contrato fue plenamente celebrado, faltando exigir la entrega del bien adquirido; y porque no existe certeza de que la conducta dirigida a rehusarse a entregar el predio por parte del apelante haya sido deliberada y planeada (dolo) previo al contrato pues existe duda al respecto por la aseveración de ambas partes, en cuanto a la disconformidad por el pago del valor precio, y porque la no devolución

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del dinero entregado requerida por los agraviados vía carta notarial al recurrente, es un hecho posterior a la realización de los hechos, por ende, no determinarían la tipicidad del delito materia de autos, situación que no enerva el derecho que les asiste a los agraviados, conforme se ha remarcado, de que acudan ante la autoridad competente extrapenal a fin de exigir el cumplimiento del contrato y la compensación que les correspondería. QUINTO: En consecuencia, el A quo al dictar la sentencia venida en grado de apelación no ha evaluado adecuadamente los medios de prueba que se han incorporado válidamente al proceso y es en ellas que se funda la culpabilidad del agente incriminado, no habiéndose configurado la tipicidad objetiva y subjetiva del tipo penal denunciado y que es materia de acusación, no habiendo hecho una adecuada mensuración y se falló sin sustento probatorio válido. Fundamentos por los cuales: REVOCARON: La sentencia de fojas doscientos cincuenta y nueve/doscientos sesenta y dos, de fecha catorce de mayo del dos mil diez, expedida por el Primer Juzgado Transitorio Penal de Puente Piedra, que condena a Crispín Crisanto Otrilla Zegarra como autor del delito contra El Patrimonio - Estafa, en agravio de Cayetana Rosa Palomino Quispe y Joaquin Enrique Osco López, a tres años de pena privativa de la libertad pero cuya ejecución se suspende por un periodo de prueba de dos años y dispone ciertas reglas de conducta que deberá cumplir el procesado y fijo en la suma de dos mil nuevos soles, que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor de los agraviados REFORMÁNDOLA: absolvieron de la Acusación Fiscal al procesado Crispín Crisanto Otrilla Zegarra del delito contra El Patrimonio - Estafa, en agravio de Cayetana Rosa Palomino Quispe y Joaquín Enrique Osco López; DISPUSIERON: se anulen los antecedentes policiales y judiciales del absuelto, generados por la presente causa; MANDARON: que consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución se archive la causa definitivamente. Notifíquese y devuélvase. S.S. ESPINOZA SOBERÓN - Presidenta RUGEL MEDINA - Juez Superior CUEVA SOLÍS - Juez Superior D.D.

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062. Estafa: Error en el sujeto pasivo debe realizarse por mecanismos precalificados Se atribuye al acusado la comisión de los siguientes delitos: contra el patrimonio - estafa, delito cuya consumación en el aspecto objetivo requiere que el agente procure un provecho económico indebido, induciendo o manteniendo en error al sujeto pasivo, como mecanismo para que este realice el otorgamiento del beneficio económico indebido. No obstante, el propio tipo penal establece de modo específico, que la generación o la manutención del sujeto pasivo en error, debe realizarse por mecanismos precalificados, los cuales consisten en el engaño, la astucia, el ardid u otra forma fraudulenta. Corte Superior de Justicia de Lima SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES Expediente Nº 520-01 D.D. Dra. Placencia Rubiños

Miraflores, 7 de noviembre de 2012 VISTOS: En Audiencia Pública, el proceso penal reservado seguido contra Víctor Sánchez Castañeda como autor del delito contra el Patrimonio –Estafa–, y contra la Fe Pública –Falsificación de Documentos–, en agravio de la\ Municipalidad de San Juan de Lurigancho; y por delito contra la Fe Pública –Falsificación de Documentos–, en agravio del Consejo Superior de Licitaciones y Contratos. ANTECEDENTES: Que, mediante sentencia de fecha diez de setiembre del año dos mil dos, de fojas doscientos mil ochocientos ochenta y siete a mil ochocientos noventa y cinco, se reservó el juzgamiento contra el acusado presente, disponiéndose en contra de este su ubicación o captura hasta cuando sea habido, y puesto a disposición de esta Superior Sala Penal; siendo ello así este Colegido emitió la resolución de fecha dieciséis de octubre del año en curso, señalando día y hora

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para llevar adelante la Audiencia Pública, esta se inicia dentro de los Cánones establecidos, siendo que al poner en conocimiento del acusado Víctor Sánchez Castañeda los alcances de la ley número veintiocho mil ciento veintidós sobre Conclusión Anticipada del Proceso, manifestó acogerse a la misma, por lo que siendo así, este Superior Colegiado declaró la Conclusión Anticipada del proceso, habiendo llegado el momento procesal de omitir la correspondiente sentencia; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, se imputa al acusado Víctor Sánchez Castañeda en su calidad de Representante Legal de la Empresa Egland y JAC Asociados Sociedad Anónima, haber obtenido la buena pro en la licitación pública realizada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, habiendo presentado cartas fianzas falsas, supuestamente emitidas por distintas entidades bancarias; asimismo, se le atribuye, haber falsificado los correspondientes Certificados de Inscripción de sus Representadas en el Consejo Superior de Licitaciones y Contratos, toda vez que no se encontraban debidamente inscritos, con el propósito ilícito de lograr la adjudicación de las obras. SEGUNDO: Que, la Conclusión Anticipada del proceso –para el presente caso del debate oral– es un mecanismo procesal que reduce los actos procesales a realizarse a nivel de juicio oral(1), entendiéndose que quien recurre a este instituto procesal mediante la “confesión sincera”(2), previsto en el artículo quinto de la Ley veintiocho mil ciento veintidós, únicamente acepta en ese trámite ser autor o partícipe del delito materia de acusación y responsable de la reparación Civil, correspondiendo en realidad a la llamada “conformidad”(3). TERCERO: En el presente caso, con el reconocimiento formulado por el acusado en este Juicio Oral, se acredita la configuración de los hechos sustentadores del delito de Estafa y Falsificación de Documentos, así como la responsabilidad penal del acusado presente, pues en el presente caso, la solicitud de acogimiento o la Ley veintiocho mil ciento veintidós se ha efectuado antes de iniciarse propiamente el periodo probatorio del Juicio Oral, por lo que siendo así, (1) (2)

(3)

SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. T. II, Editorial Grijey, Lima, 2003, p. 847. El artículo quinto de la Ley veintiocho mil ciento veintidós al aludir a la “confesión sincera” en rigor entiende únicamente aceptar en ese trámite ser autor o partícipe del delito materia de acusación y responsable de la reparación Civil, de modo que en este caso no cabe concordarlo necesariamente con el artículo 136 del Código de Procedimientos Penales o con el artículo uno, numeral tres, de la citada ley. Ejecutoria Vinculante de la Sala Suprema Permanente, 21 de setiembre de 2004. Causa Nº 1766-2004.

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este Tribunal, no puede agregar ni reducir los hechos o circunstancias descritos por la Fiscalía y aceptado por el acusado y su defensa. Tampoco puede pronunciarse acerca de la existencia o no de las pruebas o elementos de convicción(4). CUARTO: Se atribuye al acusado la comisión de los siguientes delitos: Contra el Patrimonio - Estafa, delito cuya consumación en el aspecto objetivo requiere que el agente procure un provecho económico indebido, induciendo o manteniendo en error al sujeto pasivo, como mecanismo para que este realice el otorgamiento de este beneficio económico indebido. No obstante, el propio tipo penal establece de modo específico, que la generación o la manutención del sujeto pasivo en error, debe realizarse por mecanismos precalificados, los cuales consisten en el engaño, la astucia, el ardid u otra forma fraudulenta; y contra la Fe Pública - Falsificación de Documentos, es un delito de mera actividad, es decir, no requiere que exista un resultado lesivo a efectos de que el delito sea consumado, sino que el agente perfecciona la comisión del delito con solo incurrir en la conducta que la norma prohíbe(5). Sin embargo, es necesario precisar que la propia norma ha establecido determinadas condiciones objetivas de punibilidad para esta conducta, todas ellas vinculadas a la naturaleza del documento, motivo por el cual aun cuando el agente incurra en una conducta típica, si es que el documento no cumple con las exigencias del tipo, dicha conducta no sería pasible de sanción penal. Para la primera modalidad de comisión del delito imputado (falsificar o adulterar un documento) estas condiciones objetivas de punibilidad a que nos referimos en el punto anterior, son las siguientes: a) Que el documento pueda servir para dar origen a un derecho u obligación, o servir para probar un hecho, y, b) Que del uso del documento pueda resultar algún perjuicio. QUINTO: Que, para los efectos de fijarse la pena a imponerse debe tenerse en cuenta: En primer lugar: Debe garantizarse que la sanción penal guarde correlación con el injusto penal y la culpabilidad del agente, considerando los fines de prevención general y prevención especial. En relación a la pena no debe olvidarse que cumple una función preventiva, protectora y resocializadora. Como sostiene el señor juez de la Corte Suprema Javier Villa Stein, “La función de la pena no es otra que la de prevenir nuevos delitos por ser suficientemente

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Acuerdo 1) IV Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitorias y Especial. Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-116, Asunto: Nuevos Alcances de la Conclusión Anticipada; Acuerdo 2). El artículo 427 del Código Penal prevé dos supuestos para la comisión de este delito. a) La elaboración de un documento falso o la adulteración de uno verdadero. b) El uso del documento falso o adulterado como si fuera verdadero.

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aleccionadora al infractor (prevención especial) reintegrándolo a la sociedad”(6) la misma que al momento de imponerse deberá ser aplicada en atención al Principio de Proporcionalidad y Razonabilidad, que debe ir en concordancia con los indicadores y circunstancias a que se contrae los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal. En segundo lugar: Las condiciones personales del acusado; debiendo tenerse presente además, la naturaleza del mismo, la forma, el modo y circunstancias en que ocurrieron los hechos, y el medio social en que se han desenvuelto. En tercer lugar: Por haberse acogido a la confesión sincera contenida en la Ley veintiocho mil ciento veintidós y por ende, a los beneficios que ella contiene, así como el arrepentimiento que ha señalado en el Acto Oral; consecuentemente, el Colegiado considera que una pena con carácter suspendida y por debajo del mínimo legal solicitada por el Representante del Ministerio Público, hará viable el cumplimiento del fin preventivo del Derecho Penal, constituyendo una oportunidad que el Estado a través del órgano jurisdiccional brinda al acusado. Es así que la suspensión de la ejecución de la pena tiene como fin eludir o limitar la ejecución de penas privativas de la libertad de corta o mediana duración –es decir, evitar probable efecto corruptor de la vida carcelaria, básicamente en los delincuentes primarios, en casos que la corta duración de la pena no permite un efectivo tratamiento resocializador(7)–, por lo que se busca fortalecer el efecto preventivo especial de la misma a delincuentes de poca peligrosidad o que han cometido hechos delictivos que no revisten una mayor gravedad. Se le califica de un medio sumamente razonable y flexible para ejercer un influencia resocializadora sin privación de la libertad. SEXTO: De otro lado, para determinar un monto en la Reparación Civil se debe tener presente lo dispuesto por la Corte Suprema de la República en el Recurso de Nulidad número doscientos dieciséis - dos mil cinco, de fecha catorce de abril de dos mil cinco, que señala que ésta importa el resarcimiento del bien o indemnización por quien produjo el daño delictivo, cuando el hecho afectó los intereses particulares de la víctima, que conforme a lo estipulado por el artículo noventa y tres del Código Penal, la reparación civil comprende: a) la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y b) la indemnización de los daños y perjuicios.

(6) (7)

VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal - Parte General. Editorial San Marcos, Lima, 2001, p. 124. Resolución Administrativa Nº 321-2011-P-RJ-Circular para la debida aplicación de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad. Lima, 8 de setiembre de 2011.

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Por estas consideraciones y en aplicación de los artículos once, doce, veintitrés, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, noventa y dos, noventa y tres, ciento noventa y seis y cuatrocientos veintisiete del Código Penal, concordado los artículos doscientos ochenta y tres, doscientos ochenta y cinco y ciento ochenta y seis del Código de Procedimientos Penales; así como el artículo quinto de la Ley número veintiocho mil ciento veintidós; la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, impartiendo justicia a nombre de la Nación: FALLA: CONDENANDO a Víctor Sánchez Castañeda como autor del delito contra el Patrimonio –Estafa–, y contra la Fe Pública –Falsificación de Documentos–, en agravio de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho; y por delito contra la Fe Pública –Falsificación de Documentos–, en agravio del Consejo Superior de Licitaciones y Contratos; imponiéndole TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD SUSPENDIDA condicionalmente, por el periodo de prueba de DOS AÑOS, con las siguientes reglas de conducta: Primero: prohibición de frecuentar lugares de dudosa reputación; Segundo: prohibición de ausentarse del domicilio donde reside sin autorización judicial; Tercero: cornparecer personal y obligatoriamente cada noventa días al Juzgado de Origen para informar y justificar sus actividades; todo ello bajo apercibimiento de aplicársele el artículo cincuenta y nueve del Código Penal; asimismo, IMPUSIERON: TREINTA DÍAS MULTA que a razón de tres nuevos soles diarios, dan un monto total de NOVENTA nuevos soles, de conformidad con el artículo cuarenta y uno y cuarenta y cuatro del Código Penal; FIJARON: El pago de mil nuevos soles por concepto de reparación civil, que deberá abonar a favor de las entidades agraviadas; MANDARON: Que consentida o ejecutoriada que sea la presente, se inscriba en el Registro respectivo, expidiéndose los boletines y testimonios de condena y archivándose definitivamente los autos; con conocimiento del Juez de la causa. S.S. BIAGGI GÓMEZ - Presidente PLACENCIA RUBIÑOS - Juez Superior y D.D. QUEZADA MUÑANTE - Juez Superior

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063. Estafa: Acreditación del delito Se encuentra acreditada la estafa contra la empresa agraviada, pues mediante engaño, el imputado utilizando indebidamente otro nombre se comunicó con una trabajadora de la empresa, a quien indujo a error, ya que le solicitó una cotización de productos diversos (arroz, leche, etc.) y obtuvo los números de cuenta de la empresa para falsificar los vouchers de los depósitos por la compra, lo que le permitió retirarla. SALA PENAL TRANSITORIA PARA PROCESOS CON REOS LIBRES CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE Expediente Nº 222-2010

Independencia, 20 de abril de 2009 VISTOS: Vista la Causa, sin informe oral; interviniendo como Vocal Ponente el Señor Magistrado Cueva Solís, en aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo cuarenta y cinco del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; con lo opinado por el Señor Fiscal Superior en su dictamen de fojas doscientos setenta y seis; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, es materia de pronunciamiento de este Colegiado Superior, la sentencia de fojas doscientos cincuenta y nueve/doscientos sesenta y dos, de fecha diecisiete de setiembre del dos mil ocho, expedida por el Décimo Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima Norte, que condena a Simón Rómulo Quispe Choquencoro y Manuel Sacramento Ubillús Llonto como autores del delito contra El Patrimonio - Estafa, y por delito contra La Fe Pública - Falsificación y Uso de Documentos Privados, a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida, y a cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva respectivamente, fija en S/. DOS MIL nuevos soles el pago que por concepto de reparación civil deberán abonar los sentenciados a favor de los agraviados, y fijó en ciento ochenta días multa que deberán abonar los sentenciados a favor del Estado. SEGUNDO: Que, para dictar una sentencia condenatoria resulta imperativo que el juzgador llegue a la convicción respecto de la responsabilidad penal del acusado, sustentado ello en la evaluación adecuada y razonable de los medios de prueba que hayan sido incorporados válidamente al proceso y precisamente en estas pruebas debe fundarse la culpabilidad del agente incriminado.

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TERCERO: Que, ciertamente en el caso materia de autos se halla probada indudablemente la hipótesis incriminatoria del Ministerio Público y por ende la responsabilidad penal de los acusados Simón Rómulo Quispe Choquencoro y Manuel Sacramento Ubillús Llonto respecto de los delitos contra El Patrimonio - Estafa, y por delito contra La Fe Pública - Falsificación y Uso de Documentos Privados, siendo que el a quo compulsó adecuadamente los medios de prueba que se han incorporado al proceso; es así que, de autos se desprende que los sentenciados con fecha once de febrero del dos mil ocho, estafaron a la Corporación Vega S.A.C., siendo que mediante engaño, utilizando indebidamente el nombre de Jesús Argandoña”, se comunicaron con Rosa Irene Quispe Zaira, trabajadora de la Empresa Agraviada, induciéndola a error, solicitándole una cotización de productos diversos (arroz, leche etc.), para obtener los números de cuenta de la empresa en el Banco Continental, a fin de poder los vouchers de los depósitos por la compra de la mercadería a favor de la referida empresa, enviando al día siguiente vía Fax en horas de la mañana, la orden de compra y los vouchers falsificados correspondientes de los depósitos ante el Banco Continental, por lo que después de verificar la información entregó la mercadería por un monto de setenta y tres mil nuevos soles (causando perjuicio económico a la agraviada), y que luego de verificar los empleados de la agraviada la información emiten la Factura y entregan la mercadería, que fue retirada por una persona que se identificó como “Gonzáles”, quien a su vez habría entregado dicha mercadería al encausado Quispe Choquencoro, para trasladarla y llevar dicha mercadería al vehículo, el mismo que fuera intervenido en el distrito de Independencia en circunstancias en que se encontraba al cuidado de la mercadería, y que al efectuarse el registro personal se le encontró en posesión de la guía de remisión, la orden de recojo y los vouchers con el que sustentaron el supuesto pago ante la entidad bancaria, circunstancia en que también es intervenido el procesado Ubillús Llanto a bordo del camión de placa de rodaje XGsiete siete nueve nueve, sindicado como la persona que buscaba trasladar la mercadería indebidamente obtenida; lo que es corroborado con el Acta de Registro Personal de fojas treinta y seis/treinta y siete suscrita por el hoy sentenciado Quispe Choquencoro, quien se ratifica en su contenido y firma al prestar su manifestación policial de fojas veinticuatro/veintisiete, la declaración testimonial del efectivo policial Luis Guillermo Quintana Murillo de fojas ciento setenta y seis/ciento setenta y siete, quien detalló la forma y circunstancias de la intervención, la declaración testimonial del chofer del camión de placa de rodaje XG-siete siete nueve nueve, en el que el procesado Ubillús Llanto pretendió transportar la mercadería obtenida indebidamente por su coprocesado de la

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empresa Corporación Vega S.A.C., en la que detalla que al momento de llegar al lugar donde se debía de recoger la mercadería, y cuando se iba a estacionar el señor Ubillús desesperadamente le dijo avanza, y en circunstancias en que avanzaba y cuando la policía comenzó a disparar se detiene a cien metros aproximadamente, observando que en el lugar de los hechos se encontraba enmarrocado una persona de apellido Choquencoro que ha reconocido en la fotografía de la ficha de la Reniec de fojas cuarenta y nueve, al igual que al señor Ubillús en la fotografía de la Reniec fojas cincuenta, siendo que este último pese a que niega los cargos en su contra reconoce tanto a nivel policial a fojas veinticuatro/veintisiete que sí tenía conocimiento que la mercadería que iba a recoger provenía de una estafa a la Corporación Vega S.A.C. y que su función era trasladar la mercadería de “Fiori” a la avenida “José Granda”, por otro lado el argumento esgrimido por el sentenciado Quispe Choquencoro referido a que una persona desconocida a la que no identifica de modo alguno, le había dado mercadería por un monto de setenta y tres mil nuevos soles, y que incluso le hay dejado la suma de doscientos nuevos soles para que espere el camión con la carga y descargar el mismo, y espera otro a camión a fin de volver a cargar la mercadería no solo es a todas luces inverosímil, máxime si se encontró en su poder, las guías de remisión, de transporte de la mercadería y los vouchers falsificados de los depósitos de dinero a favor de la Corporación Vega S.A.C., quien además suscribiera el Acta de incautación de productos de abarrotes y Acta de registro personal de fojas treinta y seis y treinta y siete respectivamente; argumentos no probados esbozados por los apelantes que en nada enervan la certeza y convicción de la materialización del delito instruido ni su responsabilidad penal en los hechos. Más aún si se tiene que conforme al escrito presentado por el procesado Manuel Sacramento Ubillús Llonto de fojas doscientos noventa y cuatro, este no obstante haber apelado invocando inocencia, da por conformada la condena apelada para tramitar su beneficio penitenciario. QUINTO: En consecuencia, el a quo al dictar la sentencia venida en grado de apelación ha evaluado adecuadamente los medios de prueba que se han incorporado válidamente al proceso y es en ellas que se funda la culpabilidad de los agentes incriminados, habiéndose configurado la tipicidad objetiva y subjetiva del tipo penal denunciado y que es materia de acusación, lo que le acarrea responsabilidad penal para los acusados, habiendo hecho una adecuada mensuración de la pena, máxime si los sentenciados han negado los hechos sin sustento probatorio válido. Fundamentos por los cuales y por los de la recurrida: CONFIRMARON: La sentencia de fojas doscientos cincuenta y nueve/doscientos sesenta y dos, de fecha diecisiete de setiembre del dos mil ocho, expedida por el Décimo Segundo Juzgado

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Especializado en lo Penal de Lima Norte, que condena a Simón Rómulo Quispe Choquencoro y Manuel Sacramento Ubillús Llanto como autores del delito contra El Patrimonio –Estafa, y por delito contra La Fe Pública - Falsificación y Uso de Documentos Privados, a CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD SUSPENDIDA, y a CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA respectivamente, FIJA en S/. DOS MIL nuevos soles el pago que por concepto de reparación civil deberán abonar los sentenciados a favor de los agraviados, y FIJÓ en ciento ochenta días MULTA que deberán abonar los sentenciados a favor del Estado. Notifíquese y devuélvase. S.S. ESPINOZA SOBERÓN RUGEL MEDINA CUEVA SOLÍS

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064. Estafa: Valoración del delito para fijar el monto de la reparación civil Como el sentenciado no apeló la sentencia condenatoria, reconociendo haber celebrado el contrato de compraventa inicial con la agraviada y haber recibido diversas cantidades de dinero, se colige que está acreditado que se ha ocasionado un mayor perjuicio a la agraviada, quien no asumió posesión del bien adquirido ni la devolución del dinero entregado al imputado, por lo que la reparación civil debe ser razonable y prudente, en la perspectiva cierta de cubrir los fines reparadores asignados a dicha institución. Así, la estafa no fue adecuadamente valorada por el a quo al momento de fijar la reparación civil a favor de la agraviada. En este sentido, es preciso tener en consideración que la perpetración de un hecho delictuoso acompaña la pena o la medida de seguridad, y además la reparación civil del daño. SALA PENAL TRANSITORIA PARA PROCESOS CON REOS LIBRES CORTE SUPERIOR DE LIMA NORTE Expediente Nº 3861-2008

Independencia, 18 de mayo de 2011 VISTOS: Vista de la causa sin informe oral, interviniendo como Juez Superior el Doctor Cueva Solís, en aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo cuarenta y cinco del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; con el dictamen fiscal superior de folios doscientos setenta y tres a doscientos setenta y cinco y CONSIDERANDO: Primero: Es materia de vista la sentencia de fecha nueve de julio del año dos mil diez, que condena a Luis More Carrasco como autor del delito contra el Patrimonio - Estafa en agravio de Juana Ruperta Truyenque León a cuatro años de pena privativa de la libertad cuya ejecución de la pena se suspende por el periodo de dos años, bajo reglas de conducta; Fijando en la suma de dos mil nuevos soles el monto por concepto de reparación civil, sin perjuicio de restituir el daño causado.

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Segundo: El solicitante sustenta la apelación a folios ochenta y seis en el extremo de la reparación civil, indicando que esta cantidad no guarda proporción con el daño causado por el sentenciado, quien se ha beneficiado desde hace muchos años con su dinero, además de haberle ocasionado serios daños y perjuicios, que no se ha tenido en cuenta para fijar la reparación civil la conducta del sentenciado quien a través de varios años ha mentido cínicamente, con la promesa de la devolución del dinero sabiendo que dichos compromisos no los cumplirá. Tercero: Con relación al extremo de la sentencia impugnada, que es la reparación civil; para establecer su monto debe considerarse, lo previsto en el artículo 93 del Código Penal que señala “1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor, y 2. La indemnización de los daños y perjuicios”. En el presente caso el sentenciado no apeló la sentencia condenatoria, reconociendo haber celebrado el contrato de compraventa inicial con la agraviada y haber recibido diversas cantidades de dinero, de lo cual se colige que está acreditado que se ha ocasionado un mayor perjuicio a la agraviada, quien no asumió posesión del bien adquirido ni la devolución del dinero entregado al imputado, por lo que la reparación civil debe ser razonable y prudente, en la perspectiva cierta de cubrir los fines reparadores asignados a dicha institución. Así es de verse en autos que el delito imputado (Estafa) no fue adecuadamente valorado por el a quo al momento de fijar la reparación civil a favor de la agraviada. Cuarto: En este sentido, es preciso tener en consideración que la perpetración de un hecho delictuoso acompaña la pena o la medida de seguridad y, además la reparación civil del daño. Así, el artículo noventa y dos del Código Penal prescribe que conjuntamente con la pena se determinará la reparación civil correspondiente y que no puede ser otra que la prevista en el artículo noventa y tres del Código Penal. Fundamentos por los cuales REVOCARON la sentencia de fecha dieciséis de octubre del año dos mil nueve, en el extremo que fija la suma de dos mil nuevos soles como monto de reparación civil, sin perjuicio de restituir el daño causado; REFORMÁNDOLA se fije en cinco mil nuevos soles, el monto de la misma que deberá abonar el sentenciado a favor de la agraviada, confirmándose en lo demás que contiene; Notificándose, los devolvieron. S.S. ESPINOZA SOBERÓN RUGEL MEDINA CUEVA SOLÍS

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065. Estelionato: Acreditación de la materialidad del delito Se encuentra acreditada la materialidad del delito de Estelionato, ya que como está probado que entre el procesado hubo una concertación dolosa con su coprocesado (fallecido), para transferir totalmente el bien inmueble materia de litis, a favor del primero de los nombrados, a sabiendas que pertenecía a otros; resulta evidentemente frágil la justificación que indica el procesado al sostener que el bien lo adquirió de buena fe. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE SEGUNDA SALA PENAL DE REOS LIBRES Expediente Nº 5680-2008

Independencia, 1 de setiembre de 2011 VISTOS: Interviniendo como Ponente la Señora Juez Superior doctora Huaricancha Natividad, en virtud del inciso segundo del artículo cuarenta y cinco del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y, CONSIDERANDO: I. ASUNTO: Viene en grado de apelación la sentencia de fecha veintitrés de marzo del año dos mil once, que obra de folios seiscientos cuarenta y siete a seiscientos cincuenta y uno, en el extremo que FALLA: CONDENANDO a Jesús Máximo Umeres Altamirano por el delito contra el Patrimonio - Estafa y otras defraudaciones –Estelionato– y por delito contra la fe pública –Falsedad Ideológica– en agravio de Alejandro Retuerto Marcos, Luis Rodolfo Fukuda Leyzaquía, Juana Paola Piccone Velar y Mirtha Padilla Sotelo, a cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida condicionalmente por el término de treinta y seis meses, bajo reglas de conducta, bajo apercibimiento de aplicarse lo dispuesto por el artículo cincuenta y nueve del Código Penal en caso de incumplimiento. Asimismo, se impone la pena de ciento ochenta dias multa a favor del Estado, a razón de tres nuevos soles diarios; fijando en la suma de cinco mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá de abonar el sentenciado a favor de cada uno de los agraviados.

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II. ANTECEDENTES: 2.1. Se atribuye, Clemente Reynoso Mercado y Jesús Máximo Umeres Altamirano que en su condición de propietario y comprador respectivamente, pactaron la compraventa del inmueble ubicado en la Avenida Micaela Bastidas número quinientos noventa y cinco quinientos noventa y siete Urbanización San Agustín - Distrito de Comas, habiéndose elevado dicha venta a escritura pública e inscrito en los Registros Públicos, refiriendo falsamente que dicho bien no había sido materia de venta de diferentes áreas de su primer piso a los agraviados, siendo conocedor de dicha circunstancia el procesado Umeres Altamirano, quien en su condición de abogado presenció las ventas realizadas; sin embargo procedió a participar como comprador del inmueble antes referido en su totalidad para luego venderlo a Abel Medina Altamirano por la suma de treinta mil nuevos soles y evitar el reclamo de los agraviados. 2.2. La defensa del agraviado Luis Rodolfo Fukuda Leyzaquía al presentar su escrito de apelación (folios seiscientos sesenta y tres a seiscientos sesenta y cuatro), argumenta lo siguiente: a) No se encuentro conforme con la reparación civil fijada en la sentencia, por cuanto el daño ocasionado es el de haber truncado el deseo de constituir un hogar en el inmueble al agraviado, habiendo sido acogido en la casa materna; b) En ninguno de los considerandos de la impugnada, se ha dispuesto los actos de entrega del bien inmueble al agraviado produciéndose un perjuicio. 2.3. La defensa del procesado Jesús Máximo Umeres Altamirano, al presentar su escrito de apelación (folios seiscientos setenta y tres a seiscientos ochenta y cuatro) argumenta lo siguiente: a) En la sentencia apelada en sus fundamentos fácticos, se mencionan hechos que no han sido corroborados, como el afirmar que el suscrito ha participado en la elaboración de los contratos de compraventa de los supuestos agraviados, hecho totalmente falso; b) Respecto, al bien materia de venta que se vendió a un primo por una suma inferior a la que había comprado, tampoco se ha probado que sea familiar suyo, siendo cierto que cada quien es libre de vender lo suyo al precio que crea conveniente. III. RAZONAMIENTO: 3.1. De la revisión de los actuados, se encuentra acreditada la materialidad del delito de Estelioato, ya que como se aprecia de autos entre el encausado

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Clemente Reynoso Mercado (fallecido) y su coprocesado Jesús Máximo Umeres Altamirano se realizó en fecha tres de octubre del año dos mil siete, un contrato de compraventa a favor de este último sobre el inmueble materia de litis - sito en la avenida Micaela Bastidas Nº 595 - 597, Comas –conforme se muestra del testimonio obrante a folios a sesenta y uno y siguientes–; no obstante que en fecha anterior en un contrato realizado en fecha anterior –19 de junio de 1995– entre Reynoso Mercado y el agraviado Fukuda Leyzaquia (comprador) se vendía una parte (20 m2) del mismo bien (folios treinta y cuatro a treinta y seis), habiendo participado en dicho acto el procesado apelante en su condición de abogado de las partes (vendedor); por lo que el referido encausado tenía cabal conocimiento que no era lícito adquirir un bien inmueble en dichas condiciones; 3.2. De otro lado, también se ha verificado que el extinto Reynoso Mercado con anterioridad al año 2007 efectuó la venta de las diversas áreas del bien inmueble en mención a favor del agraviado Alejandro Retuerto Marcos, como es de verse de los contratos de compra venta que obra en los actuados –folios 37, 40, 42, 44,46, 48 y ss.– es así que el indicado afectado al rendir su declaración preventiva (folios doscientos setenta a doscientos setenta y tres) indicó que tuvo conocimiento a través del mismo coencausado Reynoso Mercado, que quien lo asesoraba legalmente sobre sus propiedades era Umeres Altamirano, en su condición de abogado, versión que guarda coherencia con lo que prestara al rendir su declaración instructiva (folios cuatrocientos cuatro a cuatrocientos siete) al preguntársele sobre cómo se relacionó con Umeres Altamirano respondiendo de la siguiente manera: “(...) si lo conozco hace muchos años a raíz por la compra de mi casa, y en una oportunidad me hizo un trabajo para venderle el garaje al señor Fukuda”. Es así que está probado que entre Umeres Altamirano hubo una concertación dolosa con el fallecido Clemente Reynoso Mercado, para transferir totalmente el bien inmueble materia de litis, a favor del primero de los nombrados, a sabiendas que pertenecía a otros; por lo que resulta evidentemente frágil la justificación que indica el encausado apelante el sostener que el bien lo adquirió de buena fe; 3.3. En cuanto al delito contra la Fe Pública –Falsedad Ideológica–, se encuentra acreditada la responsabilidad del acusado Umeres Altamirano, con la escritura pública del contrato de compraventa de fecha tres de octubre del año dos mil siete (folios cincuenta y cinco a sesenta y uno) en cuya quinta

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cláusula se precisara que el inmueble en referencia era de libre disposición, llegándose en dichos términos a inscribir en los registros públicos, como es de verse de la Partida Registral N° 42669962 (folios doscientos seis) insertándose de esta manera declaraciones y hechos falsos, pese del entero conocimiento del procesado, que distintas partes del inmueble había sido materia de venta a los agraviados. 3.4. En cuanto a lo alegado por la parte Civil, en el primer punto indica que debe elevarse el monto de la reparación civil, pues el fijado es irrisorio, al respecto se debe considerar que el Juez debe valorar en forma objetiva la magnitud del daño y del perjuicio (material y moral) ocasionado a la parte agraviada, sin que se subordine o mediatice estas consideraciones a partir de otros factores, entre ellos la capacidad económica del autor del delito, la concurrencia de circunstancias atenuantes, etc.; del caso en concreto se tiene que la lesión del bien jurídico, en los delitos contra la Fe Pública es la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico, debiendo ponderarse entonces de acorde con la extensión y magnitud del perjuicio ocasionado, y que así que la parte civil no ha solicitado una cantidad determinada, quedando pues al criterio del Juzgador imponerla de manera razonable y prudente en atención al Principio de Proporcionalidad; por lo que a consideración del Colegiado el monto fijado de cinco mil nuevos soles a su favor, resulta ser una suma prudencial del perjuicio que se le ha ocasionado; en cuanto a lo solicitado en segundo lugar esto es, que se resuelva la entrega de la parte adquirida del bien inmueble en mención, debe hacerlo valer en la vía legal correspondiente.

Por lo que, de autos se encuentra acreditada la comisión del delito instruido y la responsabilidad penal de los imputados, debiendo ser confirmada la venida en grado.

IV. DECISIÓN FINAL: Fundamentos por los cuales CONFIRMARON la sentencia de fecha veintitrés de marzo del año dos mil once, que obra de folios seiscientos cuarenta y siete a seiscientos cincuenta y uno, que FALLA: CONDENANDO a Jesús Maximo Umeres Altamirano por el delito contra el Patrimonio –Estafa y otras defraudaciones– Estelionato y, por delito contra la Fe Pública - Falsedad Ideológica, en agravio de Alejandro Retuerto Marcos, Luis Rodolfo Fukuda Leyzaquía, Juana Paola Piccone Velarde y Mirtha Padilla Sotelo, a cuatro años de pena privativa

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estafa

de la libertad, suspendida condicionalmente por el término de treinta y seis meses, bajo reglas de conducta, bajo apercibimiento de aplicarse lo dispuesto por el artículo cincuenta y nueve del Código Penal en caso de incumplimiento. Asimismo, se impone la pena de ciento ochenta dias multa a favor del Estado, a razón de tres nuevos diarios, fijando en la suma de cinco mil nuevos soles el monto que por concepto reparación civil deberá de abonar el sentenciado a favor de cada uno de los agraviados. Notifíquese y devuélvase.SS. ROZAS ESCALANTE REYMUNDO JORGE HUARICANCHA NATIVIDAD

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CAPÍTULO VI USURPACIÓN

CAPÍTULO VI USURPACIÓN 066. Usurpación: Bien jurídico protegido En el delito de usurpación el bien jurídico protegido es el patrimonio, referido específicamente a los bienes inmuebles y al ejercicio de un derecho real, el cual se configura por la comisión de actos referentes al despojo total o parcial de la posesión o tenencia de un inmueble o ejercicio de un derecho real, mediante violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza. Así, lo que se discute en el delito de usurpación no es la propiedad del inmueble materia de acción, sino el derecho de la posesión que ejercía la parte afectada antes de los hechos; por lo tanto lo importante en este caso es quién conducía el inmueble objeto de litis y si fue desposeído total o parcialmente del mismo, mediante el empleo de la violencia o amenaza, engaño o abuso de confianza. SALA PENAL TRANSITORIA DE PROCESADOS LIBRES CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE Expediente Nº 238-2004

Independencia, 8 de junio de 2011 I. VISTOS Vista de la causa con informe oral, interviniendo como Juez Superior el Doctor Cueva Solís, en aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo cuarenta y cinco del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y

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II. CONSIDERANDO PRIMERO: Es materia de vista la sentencia de fecha diecinueve de noviembre del año dos mil nueve, que Falla condenando a los acusados Juana Luisa Ynchi Porras, Francisco Fernando Nicho Rosas y Jesús Ciprián Durand como autores del delito contra el Patrimonio - Usurpación Agravada en agravio de Justina Hinostroza Pino, IMPONIÉNDOLE a cada uno de los encausados tres años de pena privativa de la libertad, cuya ejecución se suspende condicionalmente por el término de dos años, sujeto a reglas de conducta; fija en la suma de quinientos nuevos soles, el monto que por reparación civil deberá abonar cada uno de los sentenciados, a favor de la parte agraviada, sin perjuicio de restituir el bien inmueble usurpado; y con lo demás que contiene; con el dictamen Fiscal Superior de folios 791 a 794 que opina porque se confirme la sentencia. SEGUNDO: El procesado Jesús Ciprián Durand sustenta su apelación a folios setecientos cuarenta y cuatro a setecientos cuarenta y ocho, indicando que la a quo debió sustentar todos los cargos en su contra, subsumiendo al tipo penal su conducta antijurídica como lo ordenan las leyes y la Constitución Política; pero agrega se le ha condenado sin existir una sola prueba de cargo que demuestre que haya despojado a la afectada de su posesión o tenencia del inmueble que reclama, ya que ha quedado demostrado que no fue la persona que rompió el candado de la puerta principal, ya que eso lo realizó Francisco Nicho Rosas; más cuando los otros sentenciados no lo sindican como la persona que mediante el empleo de violencia, amenaza engaño o abuso de confianza haya penetrado el lote materia de litis, ni la afectada lo ha incriminado como la persona que ingresó al terreno mediante el injusto penal ; por lo que no hay prueba alguna que demuestre su responsabilidad, lo que resulta ilegal; agrega que si es verdad que sí participó en una asamblea extraordinaria de socios el día nueve de noviembre del 2003, como dirigente en la que se acordó declarar vacante los lotes de terreno en los que los asociados no habitaban y sortearlos entre los nuevos incluyendo al de la agraviada, habiendo ingresado a dicho lote abandonado donde procedió a hacer el inventario de las cosas que se encontraron en su interior, pero ese hecho no constituye delito de usurpación. Por lo que la sentencia ha violado los principios constitucionales de inocencia, de la motivación suficiente de la sentencia.

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III. TEMA DE DECISIÓN TERCERO: Determinar si corresponde confirmar o no la sentencia condenatoria impuesta en todos sus extremos por el delito de usurpación. IV. EVALUACIÓN DEL COLEGIADO CUARTO: Se imputa al procesado que interpone la presente apelación, que como dirigente del asentamiento humano Cruz Milagrosa la flor, luego de realizar una asamblea extraordinaria de socios el día nueve de noviembre del 2003, en la que se acordó declarar vacante los lotes de terreno en los cuales los asociados no habitaban y sortearlos entre los nuevos socios incluyendo el lote de la agraviada, ubicado en la manzana A lote tres, el que fuera entregado a la procesada Elizabeth Fuertes Cajavilca, que para ingresar a dicho lote el recurrente conjuntamente con los demás procesados habrían roto el candado de la puerta principal, realizando el inventario de las cosas que se encontraron en su interior, la agraviada adjuntado copias simples del certificado de posesión Número cuarenta y siete del bien materia de litis, que corre a folios treinta y siete de autos, así como los recibidos de pago por la posesión que venía ostentando el día de los hechos; Que la coprocesada Julia Luisa Inchi Porras señala en su declaración Instructiva de folios 479 a 482 que en su calidad de Tesorera ingresó al inmueble de la agraviada, conjuntamente con todos los miembros de la junta Directiva incluyendo el procesado Jesús Ciprián Durand, quien era Secretario de organización, como lo ha manifestado este en su propia declaración Instructiva; Que la negativa de aceptar su participación en los hechos del apelante debe ser tomada como un argumento de defensa, con el propósito de eludir su responsabilidad, consecuentemente su conducta se adecua a los incisos dos y tres del artículo doscientos cuatro del Código Penal y merece una sanción penal. QUINTO: Que en el delito de Usurpación el bien jurídico protegido es el patrimonio, referido específicamente a los bienes inmuebles y al ejercicio de un derecho real, el cual se configura por la comisión de actos referentes al despojo total o parcial de la posesión o tenencia de un inmueble o ejercicio de un derecho real, mediante violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza. SEXTO: Lo que se discute en el delito de usurpación no es la propiedad del inmueble materia de acción, sino el derecho de la posesión que ejercía la parte afectada antes de los hechos; por lo tanto lo importante en este caso es quién conducía el inmueble objeto de litis y si fue desposeído total o parcialmente del mismo, mediante el empleo de la violencia o amenaza, engaño o abuso de confianza; y del estudio de autos se advierte la intencionalidad de los

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sentenciados de cometer el delito materia de apelación, que la ocupación fue material y efectiva, que desde el primer momento la ocupación se efectuó con el propósito de mantenerse en el inmueble usurpado, con el empleo de violencia y amenaza para su consumación por parte de los procesados SÉTIMO: En consecuencia, el a quo al dictar la sentencia venida en grado de apelación ha evaluado adecuadamente los medios de prueba que se han incorporado válidamente al proceso y es en ellas que se funda la culpabilidad de los agentes incriminados, habiéndose configurado la tipicidad objetiva y subjetiva del tipo penal denunciado y que es materia de acusación, lo que le acarrea responsabilidad penal para el acusado apelante Jesús Ciprián Durand y sus coprocesados; habiéndoseles dictado una sentencia condenatoria y reparación civil, la cual se ajusta a la gravedad de los hechos y al daño ocasionado. V. DECISIÓN: Por las razones antes expuestas y por los de la recurrida, CONFIRMARON la sentencia de fecha diecinueve de noviembre del año dos mil nueve, que Falla condenando a los acusados Juana Luisa Ynchi Porras, Francisco Fernando Nicho Rosas y Jesús Ciprián Durand como autores del delito contra el Patrimonio, en su figura de Usurpación Agravada en agravio de Justina Hinostroza Pino, IMPONIÉNDOLE a cada uno de los encausados tres años de pena privativa de la libertad, cuya ejecución se suspende condicionalmente por el término de dos años, sujeto a las siguientes reglas de conductas: a) No variar de domicilio sin previo aviso y autorización del juzgado, b) Concurrir al local del Juzgado cada treinta días a efectos de firmar en el Registro de Control de Firmas y dar cuenta de sus actividades; c) No cometer nuevo delito doloso; d) Cumplir con cancelar la reparación civil a favor de la parte agraviada; FIJO: en la suma de quinientos nuevos soles, el monto que por reparación civil deberá abonar cada uno de los sentenciados, a favor de la parte agraviada, sin perjuicio de restituir el bien inmueble usurpado; y con lo demás que contiene Notificándose, los devolvieron.SS. HUARICANCHA NATIVIDAD - Presidenta RUGEL MEDINA - Juez Superior CUEVA SOLÍS - Juez Superior DD

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067. Usurpación: Configuración requiere que se acredite la posesión del agraviado En el delito de usurpación no se discute el derecho de propiedad, pues el delito se configura por actos referentes a la posesión o tenencia de un inmueble, o por el apoderamiento total o parcial, mediante destrucción o alteración de sus hitos; siendo ello así debe verificarse previamente la posesión del afectado en el bien materia de litis, para la acreditación del referido delito. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE PRIMERA SALA PENAL DE REOS LIBRES Expediente Nº 683-2008 Resolución s/n

Independencia, 5 de octubre de 2010 VISTOS: En la presente causa, sin informe oral, interviniendo como Juez Superior Ponente la Doctora Huaricancha Natividad en aplicación de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo cuarenta y cinco del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; conformidad con lo opinado por el Señor Fiscal Superior en su dictamen de folios (316/31 ); y, CONSIDERANDO: I. ASUNTO: Es materia de apelación la sentencia de fecha dos de setiembre del año dos mil nueve, que obra de folios doscientos setenta y cinco a doscientos setenta y ocho, que FALLA: ABSOLVIENDO de la acusación fiscal a Sandra Mónica Ibaceta Vera y Moisés Fernando Ybaceta Vera, por el delito contra el Patrimonio - Usurpación Agravada, en agravio Felícita Ascencia Salas Aedo, Alfredo Mario Ibaceta Salas y Alfonso René Ibaceta Salas. II. ANTECEDENTES: 2.1. Que, se imputa a los procesados Sandra Mónica Ibaceta Vera y Moisés Fernando Ybaceta Vera, que en el segundo semestre del año dos mil seis, se habrían apropiado de un área superficial de cien metros cuadrados, del

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inmueble ubicado en la manzana V-3 Lote 24, Asociación Pro Vivienda Santa Luzmila, Distrito de Comas, de propiedad de los agraviados, para lo cual destruyeron una pared medianera de material noble de ocho metros de largo por dos punto cincuenta de alto, momentos que los agraviados no se encontraban en el mencionado inmueble. 2.2. Que, la agraviada Felícita Ascencia Salas Aedo al presentar su escrito de apelación (fs. 292/295), argumenta lo siguiente: a) Que, existe un documento mediante el cual se llegó a dividir el inmueble materia del presente proceso, correspondiendo cincuenta por ciento del terreno a los herederos (hijos habidos con su mujer anterior) y de la recurrente; b) Que, los delitos de usurpación y daños materiales se encuentran probados, porque conforme se determinó con la inspección ocular y el informe pericial obrantes en autos, se demuestra de manera clara que sí ha existido una pared medianera la misma que la han derribado para ingresar a la parte que le corresponde, habiéndose emitido una sentencia absolutoria sin tener en cuenta las pruebas que obran en autos; c) Que, no se puede tomar como verdad las declaraciones testimoniales de las hermanas de los procesados Nora Elizabeth Ibaceta Vera y Cristina Ibaceta Vera, porque también han heredado el cincuenta por ciento del terreno; d) Que, no se ha tenido en cuenta la declaración testimonial del hermano de su finado esposo, quien es la persona que construyó la pared medianera por eso el perito determinó en forma científica y técnica la existencia de esta pared, demostrando estas pruebas los delitos de usurpación y de daños materiales. III. RAZONAMIENTO: 3.1. El delito de usurpación no solo protege el dominio, que se ejerce sobre el inmueble, sino propiamente el ejercicio de facultad que se tiene sobre él, requiriendo además de parte del sujeto activo un especial intención de despojar al sujeto pasivo de la posesión del bien por alguno de los modos señalados en la descripción típica del artículo doscientos dos del Código Penal. 3.2. Es necesario tener presente, que en el delito de usurpación no se discute el derecho de propiedad, pues el delito se configura por actos referentes a la posesión o tenencia de un inmueble, o por el apoderamiento total o parcial,

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mediante destrucción o alteración de sus hitos”(1). Siendo ello así debe verificarse previamente la posesión del afectado en el bien materia de litis, para la acreditación del referido delito, al respecto se tiene que si bien el acta de inspección ocular (folios ciento noventaycinco) llevado a cabo en la etapa judicial de donde se concluyera que efectivamente en el inmueble materia de litis, existió una pared medianera; agregado al hecho de las conclusiones a que se arribara en el dictamen pericial de Inspección de Ingeniería Forense Nº 2704-2008 (folios doscientos cuatro a doscientos nueve) que concluyera que el lugar inspeccionado: “(...) lo que es compatible con la existencia de una pared medianera de separación de material noble”, y de la declaración indagatoria de Vidal Ibaceta Velásquez (folios ciento veintitrés a ciento veinticinco) quien indicó que en el año mil novecientos noventicuatro, la agraviada Felicia Salas Aedo le solicitó sus servicios para construir una pared medianera de material noble, que dividía el lote de terreno por la parte central de adelante hacia el fondo, con una altura aproximada de dos metros y cincuenta centímetros aproximadamente; también lo es que la posesión de dicho lote de terreno al momento de la comisión de los hechos, no lo está, pues la misma afectada al rendir su declaración preventiva (fs. 153/155), sostuvo que no se encontraba en posesión de la misma al indicar lo siguiente: “(...) el año dos mil uno me retiro de la casa, pero siempre iba a ver constantemente cómo se encontraba, pero me enteré el veinte de mayo del dos mil seis que habían sacado la pared cortando los fierros e ingresando a mi propiedad, desapareciendo todos mis bienes muebles que se encontraban, dejándolo limpio como si no hubiese existido nada (...)”; de igual manera al rendir sus respectivas declaraciones a nivel policial, demás agraviados Alfredo Mario y Alfonso René Ibaceta Salas a folios ochenta y uno y ochenta y tres respectivamente, señalaron que residieron en el inmueble sublitis, aproximadamente hasta el año dos mil quedándose su madre (coagraviada) quien posteriormente en el año dos mil tres, optó por retirarse; 3.3. Como es de apreciarse de autos, se ha establecido que los agraviados al momento de los hechos, no tenía la posesión física del inmueble presuntamente usurpado, como es de verse no solo del acta de inspección ocular (folios ciento noventicinco) donde no se observa que la agraviada haya tenido la posesión del inmueble, lugar que actualmente estaba destinado a un taller

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Exp. Nº 5001-97-LIMA.

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de vulcanizado de llantas y vehículos antiguos empolvados, sino por las versiones propias de estos. 3.4. Que, conforme es de verse de autos, no se ha podido establecer que los procesados hayan perpetrado el delito de usurpación agravada al no haber ejercido posesión previa la parte agraviada, del bien. Por lo que, de autos no se encuentra acreditada la comisión del delito instruido y la responsabilidad penal de los imputados, debiendo ser confirmada la venida en grado. IV. DECISIÓN FINAL: Por estos fundamentos CONFIRMARON: La sentencia de fecha dos de setiembre del año dos mil nueve, que obra de folios doscientos setenta y cinco a doscientos setenta y ocho, que FALLA: ABSOLVIENDO de la acusación fiscal a Sandra Mónica Ibaceta Vera y Moisés Fernando Ibaceta Vera por el delito contra el Patrimonio - Usurpación Agravada, en agravio de Felícita Ascencia Salas Aedo, Alfredo Mario Ibaceta Salas y Alfonso René Ibaceta Salas; MANDO: Que, consentida o ejecutoriada la presente, se anulen los antecedentes que se hayan generado, con lo demás que contiene. Notifíquese y devuélvase.S.S. PACHECO HUANCAS QUIROZ SALAZAR HUARICANCHA NATIVIDAD

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068. Usurpación: Configuración requiere que se acredite posesión del agraviado No se ha podido establecer que los procesados hayan perpetrado el delito de usurpación agravada al no haber ejercido posesión previa la parte agraviada del bien. Es decir, mientras no se compruebe una posesión previa del bien, no se puede acreditar la comisión del delito instruido, por ende, la responsabilidad penal de los imputados. Expediente Nº 4876-2007 Ponencia: Apelación de sentencia

VISTOS: En la presente causa, con informe oral, interviniendo como Juez Superior Ponente la Doctora Huaricancha Natividad en aplicación de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo cuarenta y cinco del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; de conformidad con lo opinado por el Señor Fiscal Superior en su dictamen de folios seiscientos cincuenta a seiscientos cincuenta y dos y, CONSIDERANDO: I. ASUNTO: Que, es materia de apelación la sentencia de fecha treinta de abril del año dos mil diez, obrante de folios doscientos cuatro a doscientos seis, que Falla: ABSOLVIENDO al ciudadano Darmis Barrera Saavedra y Luz Eva Chipana Yllihuamán de la acusación fiscal formulada en su contra por delito contra el Patrimonio –Usurpación Agravada– en agravio de Martha Chipana Yllahuamán. II. ANTECEDENTES: 2.1. Se atribuye a los encausados haber usurpado la posesión de la agraviada en circunstancias que estos, abusando de la confianza y aprovechando la ausencia de la agraviada han construido un cuarto, un baño y un lavatorio en los aires del tercer piso del inmueble sito en la avenida Los Ficus N° 413 del distrito de Independencia, no obstante que los aires son de uso común de la agraviada y los encausados, conforme se advierte de la cláusula tercera del contrato de compraventa;

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2.2. La representante del Ministerio Público interpone recurso de apelación (folios doscientos treinta y cinco) argumentando lo siguiente: a) Se ha establecido que los procesados abusando de la confianza de la agraviada, construyeron en la azotea del inmueble sublitis, un cuarto de galpón, un baño y un lavadero, no obstante saber que era espacio común; b) Que, la encausada sostiene que las construcciones son del año mil novecientos ochenta y nueve, sin embargo en la minuta no se deja constancia de la existencia de dichas construcciones; c) El testigo Pedro Chipana Yllihuamán refiere que la agraviada, no autorizó a los encausados a construir en los aires del tercer piso; 2.3. La Parte Civil por su parte en su recurso de apelación sostiene: a) Que, la Inspección Técnica policial realizada el tres de mayo del año dos mil siete, se llegó acreditar la construcción material noble que los encausados realizaran en su inmueble; b) La encausada Chipana Yllihuamán admite su participación en la construcción del depósito o galpón, de un baño y un lavadero justificando su accionar en que tenía la autorización de la propietaria; c) Que, el encausado Darmis Barrera Saavedra en su manifestación policial refiere que su esposa –co procesada– mandó a derribar la pared que había construido; d) Que, en la inspección técnica policial se ha observado que la construcción es reciente; e) Que, si bien los testigos Pedro y Reina Chipana Yllihuamán han manifestado que los encausados viven desde muchos años atrás, mas no han señalado que estos hayan realizado las construcciones hace más de veinte años; III. ARGUMENTACIÓN: 3.1. Es necesario tener presente, que en el delito de usurpación no se discute el derecho de propiedad, pues el delito se configura por actos referentes a la posesión o tenencia de un inmueble, o por el apoderamiento total o parcial, mediante destrucción o alteración de sus hitos. Siendo ello así debe verificarse previamente la posesión del afectado en el bien materia de litis, para la acreditación del referido delito, al respecto se tiene que el hecho imputado a los encausados se circunscribe en que estos habrían realizado construcciones (galpón, lavadero y depósito) en parte de los aires del tercer piso, sin la autorización de la parte agraviada, dado que estos constituyen área común; al respecto se tiene que de la revisión de los actuados que Martha Chipana Yllihuamán manifiesta a nivel policial (folios cuarenta y cinco a cuarenta y seis) que los procesados sin haberle consultados construyeron en

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los aires del tercer piso, pese a la existencia de un contrato de compraventa –el cual obra a folios setenta y cuatro a setenta y cinco– donde se precisa que no se puede construir en dicha área; motivo por el cual se le notificó a efectos que concurra a rendir su declaración preventiva, tal como se aprecia de la resolución de folios cien, habiéndose posteriormente recepcionado un escrito de Pedro Chipana Yllahuamán (folios ciento siete) adjuntando la ficha de inscripción de mandatos y poderes respectivos, en el que se apersona como apoderado de la agraviada, para “hacer los descargos del caso”, habiendo este último rendido declaración testimonial en calidad en autos; que el juzgado en atención a lo peticionado por el representante del Ministerio Público, reprograma la declaración preventiva, precisando que este sujeto procesal deberá acreditar la posesión del bien inmueble, razón por la cual dicha notificación se entiende y cursa al apoderado –Pedro Chipana– conforme consta de los cargos de notificación a su domicilio real y procesal –folios ciento cuarenta a ciento cuarenta y uno–, disposición que es reiterada por el órgano jurisdiccional (ver folios ciento cuarenta y cinco) y notificada igualmente al domicilio real y procesal tal como aparece de los cargos de fojas ciento cuarenta y seis, ciento cuarenta y ocho; sin embargo como es de verse de los actuados dicho requerimiento no es absuelto por la agraviada ni por su apoderado designado en autos; no habiendo tampoco concurrido dicha parte procesal a la diligencia de inspección ocular como se aprecia del acta (folios ciento ochenta a ciento ochenta y dos) pese haber sido debidamente notificado; en consecuencia la parte agraviada no ha acreditado fehacientemente, posesión previa del inmueble antes de los hechos imputados; 3.2. De otro lado si bien es verdad la encausada Luz Eva Chipana Yllihuamán ha aceptado haber realizado dichas construcciones, en una parte de los aires del tercer piso, argumentando estar facultada por una de las cláusulas del contrato de compraventa realizado con la agraviada, las cuales por cierto se han descrito en la diligencia de inspección ocular (folios ciento ochenta a ciento ochenta y dos); también es cierto que no se han establecido fecha cierta de su realización, pues a lo alegado por la parte civil que estas serían recientes basándose en el acta de inspección policial, resulta también que al hacer una lectura más detenida de dicho Parte policial (folios setenta y dos a setenta y tres) se desprende que esta obedece en las investigaciones referentes a hechos acontecidos el treinta de setiembre y siete de octubre del año dos mil seis, esto es, la destrucción de una pared divisoria y haberse

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dificultado la instalación de una escalera al tercer piso, tal como se detalla en la denuncia Nº 465-2006 (folios seis), que como es de advertirse es el Nº oficio de referencia de dicho parte policial; 3.3. Que, conforme es de verse de autos, no se ha podido establecer que los procesados hayan perpetrado el delito de usurpación agravada al no haber ejercido posesión previa la parte agraviada del bien, debiendo además precisar que respecto a las construcciones realizadas en los aires comunes, es materia que debe ser dilucidada en la vía judicial correspondiente. Por lo que, de autos no se encuentra acreditada la comisión del delito instruido y la responsabilidad penal de los imputados, debiendo ser confirmada la venida en grado. IV. DECISIÓN FINAL: Por estos fundamentos CONFIRMARON: la sentencia de fecha treinta de abril del año dos mil diez, obrante de folios doscientos cuatro a doscientos seis, que Falla: ABSOLVIENDO al ciudadano Darmis Barrera Saavedra y Luz Eva Chipana Yllihuamán de la acusación fiscal formulada en su contra por delito contra el Patrimonio –Usurpación Agravada– en agravio de Martha Chipana Yllahuamán, con lo demás que contiene. Notifíquese y devuélvase.S.S. PACHECO HUANCAS QUIROZ SALAZAR HUARICANCHA NATIVIDAD

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069. Usurpación: Turbación de la posesión no acreditada Para revertir el estado de inocencia de un sujeto no basta con la declaración de un testigo sino que deberá detallar en qué consiste la participación del encausado, a fin de que sea configurado como turbación de la posesión; además de ello se deberá corroborar con otra prueba o dato periférico. Expediente Nº 1542–2007 Apelación de Sentencia Ponencia: Dra. Elizabeth Huaricancha Natividad

CONSIDERANDO: I. ASUNTO: 1.1. Viene en grado de apelación la sentencia de fecha veintinueve de diciembre del dos mil diez, que FALLA: CONDENANDO a Joaquina Vara Solorzano, como autora del delito contra el Patrimonio –Usurpación Agravada– Turbación de la Posesión- en agravio de la Asociación de Comerciantes “Nuevo Mercado Central Fevacel”, a la pena de cuatro años de pena privativa de la libertad, cuya ejecución se suspende condicionalmente por el periodo de prueba de dos años, bajo el cumplimiento de reglas de conducta, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento y, fija la suma de mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar la sentenciada a favor de los agraviados. 1.2. Así también viene en apelación la sentencia de fecha diez de enero del dos mil once, obrante de folios setecientos setenta y cuatro a setecientos ochenta y siete, que FALLA: CONDENANDO a Martín Lucio Farfán Begazo, como autor del delito contra el Patrimonio –Usurpación Agravada– Turbación de la Posesión, en agravio de la Asociación de Comerciantes “Nuevo Mercado Central Fevacel”, a la pena de cuatro años de pena privativa de la libertad, cuya ejecución se suspende condicionalmente por el periodo de prueba de tres años, bajo el cumplimiento de reglas de conducta, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento y, fija la suma de mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor del agraviado y, ABSOLVIENDO a Reina Armandina Huerta Casafranca, Donata Chambi Mamani, Irene Chávez Castañeda y Jorge Obispo García,

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como autores del delito contra el Patrimonio –Usurpación Agravada– Turbación de la Posesión, en agravio de la Asociación de Comerciantes “Nuevo Mercado Central Fevacel”. II. ANTECEDENTES: 2.1. Conforme se tiene de autos que con fecha veintiocho de mayo del dos mil seis, a las catorce horas con treinta minutos los acusados Jorge Obispo García, Reyna Armadita Huerta Casafranca y Martín Lucio Farfán Bagazo, conjuntamente con otras personas ingresaron al mercado Fevacel con la finalidad de tomar posesión de la oficina de administración la que se encontraba a cargo provisionalmente de la junta directiva presidida por Felipe Coronado Jiménez, siendo repelido por los socios del mercado, donde se habría producido la gresca entre los mismos, razón por la cual el procesado Fausto Piñán Alvarado habría indicado que ingresaría a la oficina de administración; sin embargo, no habría logrado su objetivo, ya que fueron repelidos por los socios del mercado habiendo sido lesionados los vigilantes Gian Carlos Córdova Delgado y Cristian Delgado Sarmiento Sarmientó, asimismo, fue dañada la infraestructura del mencionado local, como la rotura de vidrio, la puerta de madera habría sido fracturada a la altura de la chapa y, los parlantes de radio y fotocopiadora que fueron tirados al piso. 2.2. La defensa de Joaquina Vara Solórzano al presentar su escrito de apelación (folios ochocientos ocho) argumenta lo siguiente: a) En la resolución impugnada, se le imputa de hechos basados en su manifestación policial sin tener en consideración que en su declaración instructiva manifestó categóricamente, que el día de los hechos no me encontraba en el mercado Fevacel por estar de viaje fuera de Lima, lo que es corroborado por todos sus coprocesados; b) El derecho a la no autoincriminación ha sido reconocido mayormente a la persona que es imputada de la comisión de un hecho delictivo, por lo que este no puede ser obligado mediante violencia o amenaza a autoinculparse; siendo que en ejercicio de este derecho puede guardar silencio o incluso mentir, sin que signifique la posibilidad que se adopte alguna decisión perjudicial en su contra. 2.3. La defensa de Martín Farfán Begazo, al presentar su escrito de apelación (folios ochocientos once a ochocientos doce) argumenta lo siguiente: a) Se ha tomado en cuenta para sentenciarle la declaración testimonial de Gerardo Heli Velásquez Soriano, quien declara dos veces, no habiéndose cumplido

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con analizar adecuadamente sus declaraciones los cuales no son uniformes; b) Este testigo señala en su declaración que fue cogido por el señor Martín Villalobos, mas en ningún momento le sindica como la persona que lo agarró o golpeó, sino que refiere que en el camino se encuentra con aquel para supuestamente haber dicho: “Todo está controlado”; c) Que, la declaración testimonial debe de contener como requisito la verosimilitud y la persistencia en la incriminación por el tiempo, es decir debe ser prolongada en el tiempo, sin ambigüedades ni contradicciones, existiendo en el presente caso incoherencia en la declaración testimonial, no encontrándose además compulsada con otro medio probatorio. 2.4. El señor Fiscal Provincial de la Décimo Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, al presentar su escrito de apelación en el extremo de la absolución (folios ochocientos cincuenta y nueve a ochocientos sesenta) fundamenta lo siguiente: a) Que, los acusados absueltos han participado en la turbación de la posesión, ya que no solo tres personas han formulado las imputaciones, sino también otras personas como se aprecia de la copia certificada de la denuncia policial de folios nueve; b) Que, las declaraciones policiales de Felipe Coronado Jiménez y Norma Evangelista Calixto guardan coherencia y uniformidad entre sí, habiendo ambos sindicado a los acusados absueltos como partícipes de los hechos instruidos, aspecto que no ha sido tomado en cuenta. III. RAZONAMIENTO: 3.1. Partimos del punto que la acreditación de la responsabilidad penal debe estar basada en la existencia de elementos probatorios idóneos y objetivos, que verifiquen la imputación incriminatoria; es así que del caso en concreto tenemos que las pruebas aportadas de cargo, por el titular de la acción penal no resultan ser suficientes para resquebrajar la presunción de inocencia de los encausados; 3.2. La incriminación efectuada por el Ministerio Público, contra los encausados se circunscribe en que el día veintiocho de mayo del año dos mil seis, en compañía de otras personas, ingresaron al mercado Fevacel, con la finalidad de tomar posesión de la oficina de administración, en cuyo cargo provisional de la Junta Directiva se encontraba Felipe Coronado Jiménez, acción que fue imposibilitada por la rápida acción de los socios del mercado; cuya violencia en bienes muebles se encontraría demostrada con la constatación

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policial, obrante en autos. Frente a dicha imputación la procesada Joaquina Vara Solórzano si bien desde un inicio negó haber tenido participación en los hechos investigados, como es de verse de su manifestación policial (folios veinticuatro a veinticinco) al sostener que se encontraba es su puesto de venta, limitándose a ver y oír los actos que protagonizaron en dicha fecha; sin embargo es que posteriormente en esa misma sede policial, a través de su ampliación de la manifestación policial (fojas veintiséis) rectifica lo vertido primigeniamente, indicando que lo relatado en dicha oportunidad –primera manifestación policial– se refiere a eventos ocurridos en el mes de noviembre del año dos mil cinco; pues propiamente en la data de los eventos investigados –28 de mayo de 2006– se encontraba en la ciudad de Huancavelica, realizando una actividad mercantil (venta de calzados); versión que vuelve a reiterar al brindar su declaración instructiva (folios quinientos sesenta y cuatro a quinientos sesenta y seis) y que si bien dicha procesada se comprometió a brindar la documentación respectiva a fin de verificar su versión, las cuales fueron presentadas y adjuntadas en autos, como se observa de folios doscientos cuarenta y ocho a doscientos cuarenta y nueve, independientemente de la reserva que debe tomarse de dichas instrumentales; es también que dicha versión no ha sido desvirtuada tampoco por el representante del Ministerio Público; 3.3. De otro lado, conforme se encuentra registrado en la constatación policial Nº 1338 (fojas diez) en el que da cuenta, el efectivo policial Pablo Álvarez Fuertes, que el día veintiocho de mayo del año dos mil seis, por orden superior se constituyó al mercado Fevacel, donde pudo constatar que en la parte externa de la oficina de administración, se encontraban dos bandos quienes se agredían de manera verbal, imposibilitando su ingreso al interior de dicha instalación; agregando que pudo constatar la rotura de una luna, como de la fractura de una puerta de madera, haciéndole conocer que los autores de dichos daños pertenecían al grupo de Fausto Piñán Alvarado; instrumental que no ha sido materia de cuestionamiento, lo es también que de su texto no precisa de manera objetiva la participación de la mencionada encausada en dicho evento; situación similar que se aprecia en las elementos probatorios de cargos que fueron ofrecidos por el Ministerio Público, manifestación policial de Felipe Coronado Jiménez (folios veintiuno) y la manifestación de Norma Evangelista Calixto (fojas veintitrés) quienes se limitan ha narrar de manera generalizada que la encausada participó activamente en los eventos imputados, mas no brinda detalles en qué habría consistido esta; en

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igual sentido depone en sede policial la testigo Evangelista Calixtro quien de modo generalizado describe el ingreso violento de los encausados, al mercado Fevacel, de igual manera sin precisar dato o detalle alguno que pudiera especificar la participación de la referida procesada; es más estas versiones proporcionadas a nivel policial, no han sido ratificadas en la etapa instructoria, pese dichos testigos haber sido notificados como es de advertirse de los cargos de notificación obrante a folios trescientos sesenta y tres y trescientos noventa y tres, respectivamente; por lo que al no haberse probado de manera fehaciente la responsabilidad penal de la procesada, debe procederse a absolvérsele de la acusación fiscal en su contra; 3.4. En lo que respecta al encausado Martín Lucio Farfán Begazo, a quien también se le atribuye la comisión del delito contra el Patrimonio –Usurpación agravada– en la modalidad de turbación de la posesión, en la fecha y circunstancias anotadas en el punto anterior, debe indicarse aquí que el único elemento probatorio de cargo que sustenta la responsabilidad penal en la impugnada, se centra en la testifical que brindara Gerardo Heli Velásquez Soriano, a través del presente proceso (manifestación policial y testimonial), al señalar que el día de los eventos investigados se encontraba en el interior del mercado Fevacel, en su puesto de venta, cuando ante los gritos de alarma de la gente, advierte el ingreso “matones” al mercado, acercándose a él en tales circunstancias, Martín Hipólito Villalobos, quien lo agrede físicamente, en tanto que aparece el procesado Martín Farfán Begazo con otro grupo de personas desconocidas y dirigiéndose a este último le dice: “que ya todo está controlado”; el mencionado acusado ha sostenido, como argumento de defensa que es cierto que trabajó para el señor Piñán Alvarado, como vigilante hasta el treinta de noviembre del año dos mil cinco; por lo que el día de los hechos se encontraba realizando la labor de taxista, actividad que no le resulta posible acreditar, pues tenía un trato verbal con su hermano Fidel Artemio, propietario del vehículo; sin embargo, como es de advertirse de los actuados, solo se tiene la testifical de cargo de Velásquez Soriano, el que además de ser impreciso y vago, no detalla en qué consiste la participación del encausado, para que sea configurado como turbación de la posesión, prueba que por cierto no ha sido corroborado con otra prueba o dato periférico; máxime si tampoco el Ministerio Público ha podido desvirtuar el argumento de defensa expuesto por el encausado; por lo que en este extremo estando a las consideraciones antes expuestas, no se advierte pruebas que revierta el estado de inocencia, que tiene todo procesado conforme el literal e) del

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numeral veinticuatro del artículo dos de la Constitución Política del Estado para dictar una sentencia condenatoria, por lo que ante las imprecisiones advertidas han generado una duda razonable en el Colegiado; debiendo por ende absolvérsele de la acusación fiscal; 3.5. Asimismo, respecto al recurso de apelación presentado por el Representante de la Décimo Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, a la absolución de los acusados Reina Armandina Huerta Casafranca, Donata Chambi Mamani, Irene Chávez Castañeda y Jorge Obispo García, se aprecia de los dichos de cada uno de los denunciantes Felipe Coronado Jiménez, Norma Evangelista Calixto proporcionado solo a nivel policial, pues no han ratificado su versión ante sede judicial y la del testigo Gerardo Velásquez Soriano (preliminar y judicial) se han referido de manera general cómo se habrían desarrollado los eventos imputados; sin embargo, no logra individualizar la participación de cada uno de los acusados en mención, pues se refieren al caso que un grupo de personas, turbaron la posesión de la oficina de administración del mercado Fevacel, mas como se indicó en líneas anteriores, no precisan las circunstancias y sobre la conducta específica que habrían efectuado cada uno de los encausados; por lo que al no haberse acreditado la responsabilidad penal de los acusados, la sentencia venida en grado debe ser confirmada. IV. DECISIÓN FINAL: Fundamentos por los cuales, MI VOTO es porque se: 1. REVOQUE: La sentencia de fecha veintinueve de diciembre del dos mil diez, que FALLA: CONDENANDO a Joaquina Vara Solórzano, como autora del delito contra el Patrimonio –Usurpación Agravada– Turbación de la Posesión, en agravio de la Asociación de Comerciantes “Nuevo Mercado Central Fevacel”, a la pena de cuatro años de pena privativa de la libertad, cuya ejecución se suspende condicionalmente por el periodo de prueba de dos años, bajo el cumplimiento de reglas de conducta, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento y, fija la suma de mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar la sentenciada a favor de los agraviados; y REFORMÁNDOLA: Se ABSUELVA de la acusación fiscal a Joaquina Vara Solórzano como autora del delito contra el Patrimonio –Usurpación Agravada– Turbación de la Posesión, en agravio de la Asociación de Comerciantes “Nuevo Mercado Central Fevacel”;

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2. REVOQUE: La sentencia de fecha diez de enero del dos mil once, que FALLA: CONDENANDO a Martín Lucio Farfán Begazo como autor del delito contra el Patrimonio –Usurpación Agravada– Turbación de la posesión, en agravio de la Asociación de Comerciantes “Nuevo Mercado Central Fevacel”, a la pena de cuatro años de pena privativa de la libertad, cuya ejecución se suspende condicionalmente por el periodo de prueba de tres años, bajo el cumplimiento de reglas de conducta, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento y, fija la suma de mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor del agraviado y, REFORMÁNDOLA: Se ABSUELVA de la acusación fiscal a Martín Lucio Farfán Begazo como autor del delito contra el Patrimonio –Usurpación Agravada– Turbación de la posesión, en agravio de la Asociación de Comerciantes “Nuevo Mercado Central Fevacel”; de otro lado se CONFIRME en el extremo que ABSUELVE a Reina Armandina Huerta Casafranca, Donata Chambi Mamani, Irene Chavez Castañeda y Jorge Obispo García, como autores del delito contra el Patrimonio –Usurpación Agravada– Turbación de la posesión, en agravio de la Asociación de Comerciantes “Nuevo Mercado Central Fevacel”. MANDO: Que, consentida o ejecutoriada que sea la presente, se anulen los antecedentes que hubiere generado el presente proceso.- Notifíquese y devuélvase.

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070. Usurpación: Mediante abuso de confianza por cambio de chapa de inmueble Se ha acreditado la responsabilidad de los encausados quienes mediando abuso de confianza cambiaron el sistema de la chapa de acceso al inmueble, del primer piso, no permitiendo el ingreso de la afectada –quien resultó ser su progenitora– despojándola de esta manera de la posesión que venía ejerciendo, lo cual ha sido aceptado por los encausados de manera uniforme en autos. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE SEGUNDA SALA PENAL DE REOS LIBRES Expedeiente Nº 634-2009

Independencia, 13 de junio de 2011 VISTOS: Interviniendo como Ponente la Señora Juez Superior doctora Huaricancha Natividad, en virtud del inciso segundo del artículo cuarenta y cinco del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y, CONSIDERANDO: I. ASUNTO: Viene en grado de apelación la sentencia de fecha dieciocho de octubre del año dos mil diez, que obra a folios cuatrocientos cuarenta y ocho a cuatrocientos cincuenta y siete EN EL EXTREMO que FIJA en la suma de CUATRO MIL NUEVOS SOLES el monto de la reparación civil que deberán de abonar los sentenciados Earle Víctor Larios Verástegui y Eleodoro Larios Verástegui en forma solidaria a favor de la agraviada; en la causa que se les siguiera por el delito contra el Patrimonio - Usurpación Agravada en agravio de Maura Verástegui viuda de Larios. II. ANTECEDENTES: 2.1. Los apelantes fueron condenados por delito de usurpación agravada, al haber despojado de la posesión de parte del inmueble ubicado en el jirón Zaragoza manzana B lote 28 de la Urbanización Puerta de Pro del distrito

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de los Olivos, habiendo para ello cambiado la chapa de la puerta de ingreso, hecho que aconteció el cuatro de febrero del año dos mil nueve. 2.2. La defensa de los sentenciados Eleodoro Larios Verástegui y Earle Víctor Larios Verástegui, al presentar su escrito de apelación en el extremo referido a la reparación civil (folios cuatrocientos sesenta y cinco a cuatrocientos sesenta y seis) argumentan lo siguiente: i) No están de acuerdo con el monto de la reparación civil señalada de cuatro mil nuevos soles, pues no se encuentran en condiciones de solventar el monto fijado, ya que el primero de los mencionados no tiene un trabajo fijo y tiene la obligación de mantener a una familia y, el segundo tiene también una familia a la cual mantener, no teniendo capacidad económica ambos para cumplir con pagar el monto fijado; ii) El monto de la reparación civil es excesiva y desproporcionada, pues no hay relación entre el daño aparentemente causado, ya que el delito cometido no es grave; c) Que, ambos sentenciados ofrecen una reparación civil de mil nuevos soles en forma solidaria; III. RAZONAMIENTO: 3.1. Que, la reparación civil conforme a los artículos noventa y dos y ciento uno del Código Penal se aplica como consecuencia proveniente del hecho punible y busca la reparación del daño ocasionado a la víctima, comprendiendo esta reparación la restitución del bien materia del delito o de su valor y el pago de los daños y perjuicios. 3.2. Es así que en el presente caso, se ha acreditado la responsabilidad de los encausados quienes mediando abuso de confianza cambiaron el sistema de la chapa de acceso al inmueble, del primer piso, no permitiendo el ingreso de la afectada –quien resultó ser su progenitora– despojándola de esta manera de la posesión que venía ejerciendo, lo que ha sido aceptado por los encausados de manera uniforme en autos. 3.3. A lo alegado por los encausados, que la suma fijada resulta ser muy onerosa teniéndose en cuenta su condición económica; al respecto cabe considerar que el Juez debe valorar en forma objetiva la magnitud del daño y del perjuicio (material y moral) ocasionado a la parte agraviada (madre de los sentenciados), sin que esta se subordine o mediatice a otros factores, entre ellos la capacidad económica del autor del delito –lo cual invoca los apelantes– la concurrencia de circunstancias atenuantes, etc.; del caso en concreto se tiene que la lesión del bien jurídico, en los delitos contra el

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Patrimonio –Usurpación agravada– es la posesión (uso, goce y disfrute) de determinado bien inmueble, situación que desde el mes de febrero del año dos mil nueve según los actuados se mantiene, por tanto en este contexto debe ser ponderado la extensión y magnitud del perjuicio ocasionado; queda pues al criterio del Juzgador imponer dicho monto de manera razonable y prudente en atención al Principio de Proporcionalidad, lo cual a consideración del Colegiado ha sido fijado prudencialmente. IV. DECISIÓN FINAL: Fundamentos por los cuales CONFIRMARON la sentencia de fecha dieciocho de octubre del año dos mil diez, que obra a folios cuatrocientos cuarenta y ocho a cuatrocientos cincuenta y siete EN EL EXTREMO que FIJA en la suma de cuatro mil nuevos soles el monto de la reparación civil que deberán de abonar los sentenciados Earle Víctor Larios Verástegui y Eleodoro Larios Verástegui en forma solidaria a favor de la agraviada; en la causa que se les siguiera por el delito contra el Patrimonio - Usurpación Agravada en agravio de Maura Verástegui viuda de Larios; MANDO: Que, consentida o ejecutoria que sea la presente, inscríbase donde corresponda. Notifíquese y devuélvase.S.S. ROZAS ESCALANTE REYMUNDO JORGE HUARICANCHA NATIVIDAD

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071. Usurpación: Traslado de bienes de la casa que ocupa el agraviado configura el delito La conducta desplegada por los procesados –aun cuando señalen que no haya mediado violencia en el hecho instruido– aceptando haber trasladado los bienes del agraviado configura el ilícito penal de usurpación previsto en el inciso segundo del artículo doscientos dos, en su modalidad agravada prevista en el inciso segundo del artículo doscientos cuatro del Código Penal, habiéndose además corroborado el estado de posesión previa del agraviado respecto al bien submateria; por lo que al haberse dado uno de los elementos del tipo penal del delito de usurpación con la circunstancia agravante del artículo doscientos cuatro inciso segundo del Código punitivo, esto es, que el hecho delictuoso fue realizado mediando violencia y con la pluralidad de agentes. Por lo que, de autos se encuentra acreditada la comisión del delito instruido y la responsabilidad penal de los imputados, debiendo ser confirmada la venida en grado. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CONO NORTE DE LIMA PRIMERA SALA PENAL DE REOS LIBRES Expediente Nº 399-2008 Resolución s/n Independencia, 15 de abril de 2010

VISTOS: En la presente causa, sin informe oral, interviniendo como Juez Superior Ponente la Doctora Huaricancha Natividad en aplicación de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo cuarenta y cinco del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; de conformidad con lo opinado por el Señor Fiscal Superior en su dictamen de folios (307/310); y, CONSIDERANDO: I. ASUNTO: Es materia de apelación la sentencia de fecha tres de setiembre del año dos mil nueve, que obra a folios doscientos ochenta y tres a doscientos ochenta y

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nueve, que FALLA: CONDENANDO a Manuel Germán Cenas Burgos, Carlos Orlando Cenas Burgos, Roberto Gorin Cenas Burgos y Trinidad Oswaldo Cenas Burgos por el delito contra el Patrimonio - Usurpación Agravada, en agravio de Artimidoro Jiménez Mondragón, a tres años de pena privativa de libertad suspendida condicionalmente por el periodo de prueba de dos años, sujeto a reglas de conducta; y fija en la suma de dos mil nuevos soles el monto de reparación civil que deberán de abonar solidariamente los sentenciados a favor del agraviado. II. ANTECEDENTES: 2.1. Que, los sentenciados al presentar su escrito de apelación (fs. 294/299) argumenta lo siguiente: a) Que, en la impugnada no ha realizado una correcta individualización de los autores de los eventos imputados, así como tampoco del grado de responsabilidad de cada uno de ellos; b) No se ha tenido en cuenta sus declaraciones instructivas, las cuales la señalaron con suma sinceridad que no han cometido acto ilícito contra el agraviado; c) Que, el agraviado reconoció que había invadido su propiedad, pero por razones humanitarias se le concedió el plazo de una semana para que se retirara; d) Que, el denunciante utilizó su terreno como un depósito de material reciclado y montículos de basura, por lo que en reunión familiar decidieron retirar toda la basura acopiada y colocarla fuera de ella, tratándose de objetos que no tienen ningún valor económico. 2.2. El Ministerio Público (fs. 307/310) opina porque se confirme la alzada sustentado la misma, en el sentido que se ha consumado el accionar ilícito de los encausados, en consideración que los actos de despojo en el presente caso se efectuaron mediando la violencia y pluralidad de agentes, habiéndose configurado los elementos del tipo penal del delito de usurpación agravada, y la circunstancia agravante del artículo doscientos cuatro inciso segundo del Código Penal. III. FUNDAMENTOS: 3.1. El delito de Usurpación no solo protege el dominio que se ejerce sobre el inmueble, sino propiamente el ejercicio de facultades que se tiene sobre él, requiriendo además, de parte del sujeto activo una especial intención de despojar al sujeto pasivo de la posesión del bien por alguno de los modos señalados en la descripción típica del artículo doscientos dos del Código Penal.

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3.2. Es así que en la modalidad de despojo se consuma cuando el autor arrebata posesión de un inmueble a la persona del agraviado utilizando para tal fin medios violentos, amenazas, engaños o abuso de confianza, debiendo ser estas suficientes y eficaces para vencer la voluntad del agraviado. 3.3. También es necesario tener presente, que en el delito de usurpación no se discute el derecho de propiedad, pues el delito se configura por actos referentes a la posesión o tenencia de un inmueble, o por el apoderamiento total o parcial, mediante destrucción o alteración de sus hitos”(2). Siendo ello así debe verificarse previamente la posesión del afectado en el bien materia de litis, para la acreditación del referido delito. 3.4. De la revisión de los actuados, ha quedado establecido plenamente, que el día veintitrés de diciembre del año dos mil seis, el procesado Manuel Germán Cenas Burgos en compañía de un aproximado de veinte personas, acudieron al inmueble ocupado por el agraviado sito en manzana D lote 40 de la Urbanización Villa Universitaria en el distrito de San Martín de Porres, procediendo a sacar sus pertenencias a la vía pública, denunciando el afectado la pérdida de tres mil nuevos soles producto de sus ahorros; acreditándose la violencia con la rotura de esteras, mampresas, triplay y diversos enseres y bienes que fueron llevados a la vía pública, conforme se detalla en la Constatación Policial (f.s. 04) en la que el efectivo policial SO1 PNP Omar Acero Condori da cuenta de los siguiente: “(...) por orden de la Central 105 se desplazó a la Urbanización Villa Universitaria manzana D lote 40 SMP en cuyo lugar se estaba produciendo un desalojo...en el que pudo apreciar que un grupo de veinte personas aproximadamente entre varones y mujeres se encontraban sacando todos los enseres de un lado hacia otro en plena vía pública (...)” hecho que no ha sido negado por los encausados estando a las declaraciones brindadas en el presente proceso, tal es así que Manuel Cenas Burgos en su manifestación policial (f.s. 22/23) y declaración instructiva (fs 99/103) refirió que: “(...) todo fue de manera pacífica con el consentimiento del propio denunciante (...) y salió por propia voluntad. (...)”; Roberto Gorin Cenas Burgos (fs. 116/120) por su parte indicó: “(...)tocamos la puerta y salió Mondragón y conversó con mi hermano y llegaron a un

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acuerdo y comenzamos a sacar sus cosas, él su señora (...) después vino la policía (...)”; de Trinidad Cenas Burgos (fs. 123/126) señaló: “mi hermano me llamó un día antes de los hechos y cuando llegué más o menos al mediodía ya estaban las cosas del agraviado fuera y el agraviado estaba presente y se veía tranquilo”; mas en su manifestación policial (fs. 39) indicó: “y yo ayude a retirar las cosas del denunciante y acomodarlas”; así también el encausado Carlos Orlando Cenas Burgos (fs. 128/131) declaró: “(...) ese día llegué a las nueve de la mañana al terreno de mi hermano porque me llamó un día antes para decirme que se había puesto de acuerdo con la persona quien estaba en su terreno y se retire voluntariamente, me dijo que le ayude a sacar las cosas, todo eso duró hasta la una de la tarde más o menos”. 3.5. Que, así también se tiene las declaraciones testimoniales de Justo Orlando Escobar Olivos (fs. 41/42) y Gregorio Mauricio Vásquez Van Oordt (fs. 43/44) quienes refieren en sus manifestaciones policiales que observaron cuando el encausado Manuel Cenas Burgos y sus hermanos destruían la casa del agraviado, que estaba construido con material rústico, retirando de esta sus muebles y enseres; agregando que conocen al agraviado desde hace doce años; 3.6 Que, así también está probado que el agraviado ejercía la posesión pacífica del bien inmueble materia de sublitis, conforme a lo descrito en el acta de constatación policial (fs. 04) y declaraciones testimoniales precisadas en el punto anterior, dado que si es verdad el encausado Manuel Cenas Burgos arguye que es titular del mencionado predio, también lo es que ello no es materia de discusión en los actuados, sino la posesión del mismo; 3.7 Que, de igual manera está probado que los eventos denunciados fueron mediando violencia, tal es así como ha que dado registrado en la copia certificada de la constatación policial (fs. 04) cuando se consignó: “(...) posteriormente el suscrito pudo constatar los siguientes daños materiales: Esteras rotas, mampresas rotas, puerta de madera (tripley rota) ventana rota (vidrio) (...)”; 3.8 Es así que la conducta desplegada por los procesados aún cuando señalen que no haya mediado violencia en el hecho instruido –aceptando haber trasladado los bienes del agraviado– configura el ilícito penal de usurpación previsto en el inciso segundo del artículo doscientos dos, en su modalidad

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agravada prevista en el inciso segundo del artículo doscientos cuatro del Código Penal, habiéndose además corroborado el estado de posesión previa del agraviado respecto al bien submateria; por lo que al haberse dado uno de los elementos del tipo penal del delito de usurpación con la circunstancia agravante del artículo doscientos cuatro inciso segundo del Código punitivo, esto es que el hecho delictuoso fue realizado mediando violencia y con la pluralidad de agentes. Por lo que, de autos se encuentra acreditada la comisión del delito instruido y la responsabilidad penal de los imputados, debiendo ser confirmada la venida en grado. 3.9. Que, resulta cierto que el delito de Usurpación afecta la posesión de un bien inmueble que ejerce la parte agraviada de manera pacífica, es así que al resultar vencedor este último, trae como consecuencia lógica y jurídica la restitución del bien al afectado que poseía; que sin embargo como se advierte de autos por omisión no se ha solicitado ello en la acusación fiscal, así como tampoco la impugnada ha emitido pronunciamiento al respecto; por lo que ha fin de evitar que esta derive en inejecutable, teniéndose además que la extensión de reparación civil comprende entre otros: “La restitución del bien (...)” como se señala el inciso primero del Código Penal, sin vulnerar el principio de la reformatio in peius; por lo que apreciándose que esta omisión es suceptible de ser subsanada y no afecta el sentido de la resolución impugnada, debe procederse conforme así lo indica el artículo doscientos noventa y ocho del Código de Procedimientos Penales, debiéndose por tanto integrarse a la impugnada la disposición que restituye la posesión del bien materia de sublitis a favor del agraviado. IV. DECISIÓN FINAL: Fundamentos por lo que CONFIRMARON la sentencia de fecha tres de setiembre del año dos mil nueve, que obra a folios doscientos ochenta y tres y a doscientos ochenta y nueve, que FALLA: CONDENANDO a Manuel Germán Cenas Burgos, Carlos Orlando Cenas Burgos, Roberto Gorin Cenas Burgos y Trinidad Osvaldo Cenas Burgos, por el delito contra el Patrimonio - Usurpación Agravada, en agravio de Artimidoro Jiménez Mondragón, a tres años de pena privativa de libertad suspendida condicionalmente por el periodo de prueba de dos años, sujeto a reglas de conducta; y fija en la suma de dos mil nuevos soles el monto de reparación civil que deberán de abonar solidariamente los sentenciados

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a favor del agraviado; y la INTEGRARON: disponiéndose que sin perjuicio se restituya el bien materia de sublitis a favor del agraviado. MANDARON: Consentida o ejecutoriada que sea la presente, inscríbase donde corresponda. Notifíquese y devuélvase.S.S. CONDORI FERNÁNDEZ PACHECO HUANCAS HUARICANCHA NATIVIDAD

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072. Usurpación: Ingreso a terreno de agraviado con la finalidad de despojarlo de la posesión Está probado que las procesadas con el apoyo de personas desconocidas ingresaron al lote del terreno del agraviado con la pretensión de despojarlo parcialmente de la posesión de dicho bien, habiendo edificado ambientes con palos y esteras, perturbando de esta manera la posesión pacífica y continua que venía realizando el afectado, las cuales también fueron sustentados documentalmente; proceder de las encausadas que fue realizado mediando violencia, conforme se encuentra acreditado con las constancias policiales; siendo así, la conducta desplegada por las citadas encausadas se enmarcan dentro del tipo penal de usurpación agravada previsto en los incisos primero y tercero del artículo doscientos dos, en su modalidad agravada prevista en el inciso segundo del artículo doscientos cuatro del Código Penal. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CONO NORTE DE LIMA PRIMERA SALA PENAL DE REOS LIBRES Expediente Nº 2376-2004 Resolución s/n

Independencia, 26 de mayo de 2010 VISTOS: En la presente causa, sin informe oral, interviniendo como Juez Superior Ponente la Doctora Huaricancha Natividad en aplicación de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo cuarenta y cinco del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; con lo opinado por el Señor Fiscal Superior en su dictamen de folios (583/585); y, CONSIDERANDO: I. ASUNTO: Es materia de apelación la sentencia de fecha diez de junio del año dos mil nueve, que obra a folios quinientos cincuenta y seis a quinientos sesenta y tres, que FALLA: CONDENANDO a Cecilia Bertha Merino De Cárdenas y Erika Patricia Cárdenas Merino, por el delito contra el Patrimonio –Usurpación

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Agravada– en agravio de Juan Llaxacóndor Villegas, a tres años de pena privativa de libertad suspendida condicionalmente por el periodo de prueba de dos años, sujeto a reglas de conducta y, fija en la suma de tres mil nuevos soles el monto de reparación civil que deberán de abonar solidariamente las sentenciadas a favor del agraviado; debiendo restituir la posesión del área del inmueble ilícitamente ocupado. II. ANTECEDENTES: 2.1. Se atribuye a las encausadas Cecilia Bertha Merino De Cárdenas y Erika Patricia Cárdenas Merino que el día siete de julio de año dos mil dos, en circunstancias que el agraviado se encontraba en posesión del inmueble, sito en avenida veintitrés de setiembre manzana ochenta y uno lote uno del distrito de Los Olivos (área cercada de 1,000 m2), haberlo despojado violentamente de la posesión de dicho bien, cuando mediando para ello violencia, al derribar la puerta, hecho que fue denunciado por la esposa del afectado; así también en fecha catorce de julio del año dos mil dos las mencionadas procesadas conjuntamente con otros sujetos desconocidos, ingresaron al domicilio del agraviado y con esteras habilitaron ambientes, alegando la procesada Erika Patricia Cárdenas Merino ser posesionara del bien inmueble, cercando parte del mismo, hechos que han sido corroborados con las constataciones policiales obrante a folios quince, diecisiete y treinta y cuatro. 2.2. Que, las sentenciadas al momento de fundamentar su apelación solicitan lo siguiente: a) Que, el bien materia de sublitis, es un bien cuya propiedad se encuentra en litigio; b) Que, no se ha tenido en cuenta los documentos que han presentado como la Constancia de Posesión expedida por el Asentamiento Municipal Chillón obrante a folios treinta y siete; la Constancia de Vivencia obrante a folios treinta y ocho, el Certificado de Permanencia obrante a folios treinta y nueve, y la solicitud de Garantías Personales del señor Guillermo Cárdenas Cahuantico obrante a folios cuarenta donde consta que han venido ejerciendo la posesión; c) Que, conforme al acta de Inspección ocular (fs. 294/296) no se ha constatado la presencia de las encausadas, es más conforme al acta de constatación de fs. 34 efectuada el catorce de agosto del año dos mil dos, se ha constatado que el terreno se encuentra abandonado;

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III. RAZONAMIENTO: 3.1. El delito de Usurpación no solo protege el dominio que se ejerce sobre el inmueble, sino propiamente el ejercicio de facultades que se tiene sobre él, requiriendo además, de parte del sujeto activo una especial intención de despojar al sujeto pasivo de la posesión del bien, por alguno de los modos señalados en la descripción típica del artículo doscientos dos del Código Penal. 3.2. Es así que en la modalidad de despojo se consuma cuando el autor arrebata posesión de un inmueble a la persona del agraviado utilizando para tal fin medios violentos, amenazas, engaños o abuso de confianza, debiendo ser estas suficientes y eficaces para vencer la voluntad del agraviado. 3.2. También es necesario tener presente, que “en el delito de Usurpación no se discute el derecho de propiedad, pues el delito se configura por actos referentes a la posesión o tenencia de un inmueble, o por el apoderamiento total o parcial, mediante destrucción o alteración de sus hitos”(3). 3.3. De los actuados, ha quedado establecido plenamente, que el día siete de julio del dos mil dos, en circunstancias que el agraviado Juan Neponuceno Llaxacóndor Villegas se encontraba en posesión del inmueble ubicado en la Avenida veintitrés de setiembre manzana ochenta y uno lote uno, Distrito de los Olivos, de un área de mil metros cuadrados, el cual se encuentra cercado con material noble, siendo que las inculpadas ingresaron violentamente al domicilio de este, derribando la puerta, hechos que en dicha fecha fueron denunciados por la esposa del agraviado, logrando retirar a las procesadas del inmueble; así también en fecha catorce de julio del dos mil dos las procesadas en compañía con otros sujetos desconocidos, ingresaron al domicilio del agraviado y con esteras habilitaron ambientes alegando la acusada Erika Patricia Cárdenas Merino ser la posesionaria del bien inmueble, para luego cercar parte del mismo; que dichos eventos ilícitos se encuentran acreditados no solo con la manifestación policial y declaración preventiva del agraviado quien a folios ciento catorce señaló: “(...) que en el mes de julio del año dos mil dos la señora Bertha Cecilia Merino Romero y su hija Erika Patricia Cárdenas Merino acompañado de varios sujetos ingresaron al inmueble y rompieron la puerta de metal e ingresaron esteras por lo que llamé a la policía (...) después de tres días se presentó la procesada (...) conjuntamente

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con su hija y varias personas extrañas y armaron un choza y lo dejaron ahí y echaron llave con una cadena a la puerta y no se presentaron nunca más por ello (…)”; sino también se aprecia de la transcripción del Libro de faltas y Contravenciones de la Comisaría de Pro (fs.15) en la que se consignó que el día siete de julio del año dos mil dos se dejó constancia que la encausada Cárdenas Merino había cortado la cadena que aseguraba el candado de la puerta ubicada en la avenida veintitrés de setiembre; así también de la de la Constatación Policial Nº 710 (fs. 17) efectuada el catorce de julio del año dos mil dos, en que se verificó que la procesada Cárdenas Merino en compañía de seis personas ingresaron por la parte posterior de inmueble sublitis, para proceder a realizar construcciones de ambientes, con material de esteras, indicando esta última que tenía documentos que acreditaban tener posesión de dicho terreno; 3.4. Que, así también se tiene la testimonial de Felícita Aldonate de Llaxacondor (fs. 122/123) quien es esposa del afectado e indicara que la encausada Cárdenas Merino el día siete de julio del año dos mil dos, ingresó al terreno acompañada de un grupo de personas provistas de palo; así también el catorce de julio del año dos mil dos ese grupo de personas se presentó a fin de ingresar nuevamente, vociferando insultos; que actualmente su familia se encuentra en posesión del lote; la testimonial de Héctor Hugo Naveda Albino (fs.124/125) quien resulta ser esposo de la procesada Erika Cárdenas Merino, quien indica que los días siete y catorce de julio del año dos mil dos, fueron al lote de terreno materia de sublitis, pero solo a realizar limpieza dado que dicho lote pertenece a su suegra; 3.5. Que, de otro lado está probado que el agraviado ejercía la posesión pacífica del bien inmueble materia de sublitis, estando no solo a lo alegado por dicha parte procesal, sino también por la siguiente documentación: a) Constancia de prestación de Garantías en copia certificada (fs. 08), otorgada por la Prefectura del Departamento de Lima, en la que se le otorga al agraviado Garantías Posesorias sobre el terreno materia de sublitis, documento fechado el trece de octubre del año dos mil; b) Con la resolución de Alcaldía de Lima Metropolitana (fs.09) de fecha siete de marzo del año mil novecientos noventicuatro, en la que se resuelve declarar fundada la exclusión presentada por el agraviado, esto es, excluir el lote de mil metros cuadrados de la propiedad del Asentamiento Humano Municipal “Chillón” ubicada en el kilómetro veinticuatro y medio de la Panamericana Norte, al haberse probado

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su mejor derecho de posesión del bien materia de sublitis; derecho que también le otorgó la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFROPI) a Fs. 78, mediante la Resolución de Gerencia de Titulación Nº 1067-COFOPRI/GT, en la que declara mejor derecho posesorio sobre el lote uno manzana ochenta y uno del asentamiento Humano Chillón sito en el distrito de Los Olivos; 3.6. Que, las encausadas Merino de Cárdenas y Cárdenas Merino en sus respectivas declaraciones aceptan haber ingresado al lote de terreno del agraviado los días siete y catorce de julio del año dos mil dos; justificando su actuar en que su familia ha vivido en parte de dicho lote, desde el año mil novecientos ochenta y cuatro hasta el año mil novecientos noventa y siete, fecha en que los fines de semana iban a dicho inmueble dado que el agraviado derrumbaba el adobe rústico que ellos levantaban; sin embargo como es de observarse de dicha declaración (fs. 427/429) acepta haber empujado la puerta en los siguientes términos: “(...) y me doy con la sorpresa que había trancado el inmueble con maderas y ladrillos y ya no podíamos entrar, por esta razón empujamos la puerta (...) debo precisar que como la puerta no se podía abrir tuvimos que traer un tronco para abrirla y logramos abrirla (...)”. 3.7. Que, de igual manera está probado que los eventos denunciados fueron mediando violencia, tal es así como ha que dado registrado en la copia certificada de la constatación policial (fs.15) cuando se consignó: “(...) que habían ingresado al interior de su domicilio que se encontraba sin construir, cortando la cadena que asegura el candado de la puerta de la avenida veintitrés de setiembre (...)”; que si bien es verdad las encausadas en sus respectivas declaraciones instructivas señalan, haber ingresado por la puerta principal (portón); lo es también que en su ampliación instructiva de Merino De Cárdenas (fs. 427/429) refiere que finalmente ingresaron al lote forzando la puerta al no poder abrirla. 3.8. Es así que está probada que las procesadas con el apoyo de personas desconocidas ingresaron al lote de terreno del agraviados, los días siete y catorce de julio del año dos mil dos, con la pretensión de despojarlo parcialmente de la posesión de dicho bien, habiendo edificado ambientes con palos y esteras perturbando de esta manera, la posesión pacífica y continua del afectado que venía realizando el afectado, las cuales también fueron sustentados documentalmente (indicado en el punto 3.6); proceder de las encausadas que fue realizado mediando violencia, conforme se encuentra acreditado

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con las constancias policiales de folios quince y diecisiete (indicado en el punto 3.4); siendo así la conducta desplegada por las citadas encausadas se enmarcan dentro del tipo penal de usurpación agravada previsto en los incisos primero y tercero del artículo doscientos dos, en su modalidad agravada prevista en el inciso segundo del artículo doscientos cuatro del Código Penal. 3.9. Que, conforme se aprecia de la resolución de fecha nueve de diciembre del año dos mil nueve de folios cuatrocientos ochenta y cuatro, se corrigió los nombres de las encausadas y del agraviado siendo que a éste último se consignó como el nombre de Juan Neponuceno Llaxacondor Villegas, es así que al advertirse que en la alzada el nombre del agraviado no coincide con dicho registro, debe procederse a aclarar en dicho sentido en la alzada; 3.10. De otro lado, si bien es verdad mediante resolución de fecha trece de setiembre del año dos mil siete (fs. 387/387) se declaró NULA la sentencia de de echa veinte de diciembre del año dos mil seis (fs. 355/359) en atención que los fundamentos jurídicos de la formalización de denuncia y acusación fiscal, no eran congruentes con el auto de procesamiento (inversión de los incisos de los artículos doscientos dos y doscientos cuatro del Código Penal); motivo por el cual el Juez de Primera instancia al tener conocimientos de los actuados, emite la resolución de fecha diecisiete de enero del año dos mil ocho (fs. 411) a fin de proceder a subsanar lo advertido. No obstante como es de apreciarse de folios cuatrocientos catorce, la magistrada incurre en el mismo error, pero como se aprecia posteriormente, ello es subsanado al emitirse la resolución de fecha dieciséis de octubre del año dos mil ocho (fs. 471), en el que se aclara la fundamentación jurídica del auto de procesamiento, donde no resultaba necesario la ampliación de las declaraciones de los sujetos procesales, en vista que desde el inicio de la presente investigación estas fueron delimitadas claramente y absueltas por los declarantes al rendir sus respectivas versiones; 3.11. Que, para la graduación de la pena debe ser el resultado de un análisis y apreciación de las pruebas actuadas en función a la gravedad de los hechos cometidos, de la responsabilidad del agente y de sus condiciones personales, conforme lo establecen el artículo cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, considerando que la sanción penal impuesta a las encausadas está acorde a la gravedad del delito y grado de responsabilidad, teniendo en cuenta que la pena tiene una función preventiva, protectora y

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resocializadora conforme se prevé el artículo noveno del Título preliminar del Código Penal; 3.12. En cuanto a la reparación civil impuesta por la juez penal, en la suma de tres mil nuevos soles que deberán abonar las sentenciados en forma solidaria a favor del agraviado, se aprecia también que ha sido fijado razonable y prudentemente; Por lo que, de autos se desprende que se encuentra acreditada la comisión del delito de responsabilidad penal de las imputadas, debiendo ser confirmada la venida en grado. IV. DECISIÓN FINAL: Fundamentos por los cuales ACLARARON el nombre del agraviado debiendo ser Juan Neponuceno Llaxacóndor Villegas en la sentencia de fecha tres de setiembre del año dos mil nueve, que obra a folios doscientos ochenta y tres a doscientos ochenta y nueve, como se indicara en el punto 3.10 de la presente resolución; y se CONFIRME: CONDENANDO a Cecilia Bertha Merino De Cárdenas y Erika Patricia Cárdenas Merino, por el delito contra el Patrimonio –Usurpación Agravada– en agravio de Juan Neponuceno Llaxacóndor Villegas, a tres años de pena privativa de libertad suspendida condicionalmente por el periodo de prueba de dos años, sujeto a reglas de conducta y, fija en la suma de tres mil nuevos soles el monto de reparación civil que deberán de abonar solidariamente las sentenciadas a favor del agraviado; con lo demás que contiene. Notificándose y los devolvieron.S.S. CONDORI FERNÁNDEZ PACHECO HUANCAS HUARICANCHA NATIVIDAD

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CAPÍTULO VII DAÑOS

CAPÍTULO VII DAÑOS 073. Daños: Configuración requiere que preexistan los bienes y se acredite el perjuicio económico El delito de daños “se configura cuando el agente activo tiene la intención de dañar en forma total o parcial un bien, sea este mueble o inmueble, operándose así un menoscabo o desmedro económico en el agraviado, el cual no produce beneficio alguno al agente activo, es decir, se aparta de cualquier propósito de lucro”. La agraviada conforme se registra en el libro de ocurrencia, señaló que unas cuarenta personas ingresaron a su inmueble, donde comenzaron a destrozar sus enseres; así, de la parte posterior de dicho inmueble se derrumbó una pared de adobe de diez metros de largo, hubo diez calaminas, ocho cartones y tripley rotos; sin embargo, la parte agraviada no ha acreditado la preexistencia de los bienes muebles supuestamente dañados, así como el perjuicio económico ocasionado; conforme así lo estipula el artículo doscientos cuarenta y cinco del Código Procesal, para los casos de delitos contra el patrimonio. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE PRIMERA SALA PENAL DE REOS LIBRES Expediente Nº 3281-2009 Resolución s/n

Independencia, 9 de agosto de 2010 VISTOS: En la presente causa, con informe oral, interviniendo como Juez Superior Ponente la Doctora Huaricancha Natividad en aplicación de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo cuarenta y cinco del Texto Único Ordenado

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de la Ley Orgánica del Poder Judicial; de conformidad con lo opinado por el Señor Fiscal Superior en su dictamen de folios (333/337); y, CONSIDERANDO: I. ASUNTO: Es materia de apelación las sentencias: 1. De fecha once de agosto y cinco de octubre del año dos mil nueve, que obran a folios doscientos cincuenta y cuatro a doscientos sesenta y tres y, trescientos tres a trescientos once, que FALLA: CONDENANDO a Chela Amanda Pérez Flores, por el delito contra el Patrimonio –Usurpación Agravada– en agravio de Maricruz Ramos Montalvo, a tres años de pena privativa de libertad suspendida condicionalmente por el período de prueba de dos años, sujeto a reglas de conducta; y fija en la suma de quinientos nuevos soles el monto de reparación civil que deberá de abonar la sentenciada favor de la agraviada y SOBRESEE la causa seguida contra Daniel Espinoza Talaverano y Chela Amanda Pérez Flores, como presuntos autores del delito contra el Patrimonio –Daños Agravados– en agravio de Maricruz Ramos Montalvo; 2. La sentencia de fecha cinco de octubre del año dos mil nueve obrante a folios trescientos tres a trescientos once que FALLA: CONDENANDO a Daniel Espinoza Talaverano, por el delito contra el Patrimonio –Usurpación Agravada–, en agravio de Maricruz Ramos Montalvo, a tres años de pena privativa de libertad suspendida condicionalmente por el periodo de prueba de dos años, sujeto a reglas de conducta; y fija en la suma de quinientos nuevos soles el monto de reparación civil que deberá de abonar el sentenciado a favor de la agraviada. II. ANTECEDENTES: 2.1. Se imputa a los procesados Daniel Espinoza Talaverano y Chela Amanda Pérez Flores que con fecha veintisiete de julio del dos mil siete, con cerca de cuarenta personas por disposición de esta última ingresaron al inmueble ubicado en la Urbanización Villa Margarita Manzana B Lote seis, Distrito de Puente Piedra, con la finalidad de desalojar a sus ocupantes, encontrándose en su interior del citado inmueble a los padres, hijos y sobrinos se la agraviada Maricruz Ramos Montalvo, a quienes procedieron a despojarlos, causando además destrozos en la mencionada vivienda. Siendo auxiliado por sus vecinos no llegando a consumar su cometido. Además, el procesado Daniel Espinoza Talaverano fue visto antes de la realización de los hechos,

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daños

dando vueltas en compañía de otras personas desconocidas por las inmediaciones del inmueble de la afectada; 2.2. Que, respecto a la primera sentencia (once de agosto del ario dos mil nueve) la agraviada y parte civil Maricruz Ramos Montalvo, interpone el recurso de apelación en el extremo del sobreseimiento (fs. 274/283) argumentando lo siguiente: a) Que, los encausados ingresaron a su vivienda donde destrozaron sus bienes muebles, paredes y ventanas, hecho que fueron constatados por la autoridad policial; por lo que el juez penal no ha realizado una adecuada valoración de pruebas como: Ocurrencia policial, declaración de la recurrente, declaraciones de Virginia Caraza León, Orfelinda Montalvo Espinoza y Diana Palhua Ramos, como las tomas fotográficas e inspección judicial; b) Que, los encausados al emplear violencia han causado daños materiales y hurto de dinero, los cuales han sido demostrado con las instrumentales adjuntados en su oportunidad; de otro lado la encausada Chela Amanda Pérez Flores al presentar su escrito de apelación (fs. 296/297), señala lo siguiente: a) Que, la pena impuesta la considera exagerada, pues no ha tenido participación en los hechos, ya que ella solo tenía el encargo de avisar a los dueños del terreno, para que no sean ocupados por las personas que habían sido desalojadas; b) Que, las personas que le sindican son aquellas que actúan por venganza debido a que además de venderles lotes de terreno también les exige el pago de las cuotas que se atrasan con el pago; 2.3. Que, respecto a la segunda sentencia (cinco de octubre del ario dos mil nueve) el encausado Daniel Espinoza Talaverano, presenta su escrito de apelación (fs. 318/321), señalando lo siguiente: a) Que, la declaración realizada por la agraviada, obedece a una venganza, dado que su representada –Urbanizadora Virgen de la Soledad. S.A.– sostiene un proceso judicial de desalojo, por lo que lo aseverado por dicha parte procesal de que su persona se encontraba físicamente en el lugar de los hechos, es falso dado que se encontraba en la provincia de Apurímac, conforme a las pruebas instrumentales –comprobantes de pago por consumo de combustible y declaraciones juradas de testigos–; c) Que, la agraviada y la testigo Milagros Cornelio Porres son testigos referenciales, pues no dicen que ellas fueron las que me habrían visto en el lugar de los hechos; que en cuanto a lo aseverado por su coencausado en la que sostiene que trabaja directamente con él, tampoco es exacto por lo que el juzgado al advertir dichas contradicciones debió aclararlas con una diligencia de confrontación; d) Que, considera inexacta

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el razonamiento arribado por el juez y fiscal, de que ellos tendrían interés en desalojar a la agraviada, cuando en el Juzgado Mixto de Puente Piedra Causa Nº 53-2005 - secretario Ormeño está pendiente el relanzamiento de la agraviada del lote de terreno; III. RAZONAMIENTO: 3.1. El delito de usurpación no solo protege el dominio que se ejerce sobre el inmueble, sino propiamente el ejercicio de facultades que se tiene sobre él, requiriendo además, de parte del sujeto activo una especial intención de despojar al sujeto pasivo de la posesión del bien por alguno de los modos señalados en la descripción típica del artículo doscientos dos del Código Penal. 3.2. Es así que en la modalidad de despojo se consuma cuando el autor arrebata posesión de un inmueble a la persona del agraviado utilizando para tal fin medios violentos, amenazas, engaños o abuso de confianza, debiendo ser estas suficientes y eficaces para vencer la voluntad del agraviado. 3.3. El reclamo de los apelantes deben ser examinados de acuerdo a las pruebas incorporadas durante la investigación y que han sido valoradas en la del grado.

Es así que respecto a la sentencia expedida el once de agosto del año dos mil nueve; en el extremo que declara el sobreseimiento por el delito de Daños Agravados, se debe tener en cuenta que el delito de Daños “se configura cuando el agente activo tiene la intención de dañar en forma total o parcial un bien, sea este mueble o inmueble, operándose así un menoscabo o desmedro económico en el agraviado, el cual no produce beneficio alguno al agente activo, es decir se aparta de cualquier propósito de lucro”(1). La agraviada conforme se registra en el libro de Ocurrencia de Calle Común Nº 1097, señaló que un aproximado de cuarenta personas ingresaron a su inmueble sito en la manzana “B” lote seis, donde comenzaron a destrozar sus enseres, así de la parte posterior de dicho inmueble se derrumbó una pared de adobe de diez metros de largo, hubo diez calaminas, ocho cartones y tripley rotos;

(1)

Expediente Nº 7968-97- BACA CABRERA, Denyse; ROJAS VARGAS, Fidel y NEIRA HUAMÁN Marlene. Jurisprudencia Penal. Procesos Sumarios. Tomo II, Gaceta Jurídica, Lima, p. 373.

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sin embargo la parte agraviada no ha acreditado la preexistencia de los bienes muebles supuestamente dañados, así como el perjuicio económico ocasionado; conforme así lo estipula el artículo doscientos cuarenta y cinco del Código Procesal, para los casos de delitos contra el Patrimonio; 3.4. En lo concerniente a la sentencia condenatoria de Chela Amanda Pérez Flores; se tiene que está acreditada su responsabilidad penal en el delito de usurpación agravada, no solo con la declaración de la agraviada Maricruz Ramos Montalvo quien en su manifestación policial (folios once a trece) y declaración preventiva (folios ciento dos a ciento cuatro) en la que refiere que el día de los hechos veintisiete de julio del año dos mil siete, siendo aproximadamente las dos y media de la tarde un aproximado de cuarenta personas dirigidas por la encausada Pérez Flores ingresaron a su vivienda, los cuales gracias a la ayuda de los vecinos y a la llegada de patrulleros dichas personas se retiraron; que asimismo se tiene a nivel preliminar la declaraciones de Orfelina Montalvo Espinoza (folios catorce), Diana Palhua Ramos (folios quince), Liz Virginia Ihraza León (folios dieciséis), Milagros Cornelio Porras (folios diecisiete a dieciocho) quienes señalan de manera uniforme que fue precisamente la encausada Pérez Flores quien dirigía a las personas desconocidas (aproximadamente cuarenta) a fin de despojar a los familiares de los agraviados de la posesión del bien inmueble materia de litis; versión que a nivel judicial dichas testigos lo ratifican conforme se advierte a folios ciento cinco a ciento seis, ciento siete a siento nueve y ciento diez a ciento doce; 3.5. También es necesario tener presente, que “en el delito de usurpación no se discute el derecho de propiedad, pues el delito se configura por actos referentes a la posesión o tenencia de un inmueble, o por el apoderamiento total o parcial, mediante destrucción o alteración de sus hitos”(2). Siendo ello así debe verificarse previamente la posesión del afectado en el bien materia de litis, para la acreditación del referido delito; del que se advierte que si bien obra copia del contrato privado de separación de lote de terreno que se habría realizado entre el procesado Daniel Espinoza Talaverano y la agraviada Maricruz Ramos Montalvo, en la condición de vendedor y compradora del bien materia de litis, respectivamente, del que se derivó un juicio civil (resolución de Contrato) signado con el número 53-2007 en (2)

Expediente Nº 5001-97-LIMA.

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el Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Puente Piedra; en el que incluso se dispuso el lanzamiento de los ocupantes de dicho predio; sin embargo se tiene que al momento de acontecido el hecho instruido la agraviada se encontraba en posesión del mismo como así lo han aceptado los encausados. 3.6. Es así que la conducta desplegada por la procesada, se encuentra debidamente acreditada habiendo realizado el evento imputado mediando la violencia contra los ocupantes del inmueble, tal como se verifica del certificado médico legal Nº 18121-L (folios veinticinco) en que la madre de la agraviada –Orfelina Montalvo Espinoza, una de las ocupantes del predio– fue agredida físicamente, por la turba de personas dirigida por la encausada Pérez Flores; 3.7. Que, la graduación de la pena debe ser el resultado de un análisis y apreciación de las pruebas actuadas en función a la gravedad de los hechos cometido, de la responsabilidad del agente y de sus condiciones personales, conforme lo establecen el artículo cuarenta y cinco y cuarentiséis del Código Penal, considerando que la sanción penal impuesta a las encausada está acorde a la gravedad del delito y grado de responsabilidad, teniendo en cuenta que la pena tiene una función preventiva, protectora y resocializadora conforme se prevé el artículo noveno del Título preliminar del Código Penal; 3.8. En cuanto a la reparación civil impuesta por la juez penal, en la suma de quinientos nuevos soles que deberá abonar la sentenciada a favor de la agraviada, se aprecia también que ha sido fijado razonable y prudentemente; 3.9. En lo concerniente a la sentencia del cinco de octubre del año dos mil nueve; se aprecia de los medios probatorios y diligencias actuadas la responsabilidad penal del acusado Daniel Espinoza Talaverano, quien si bien es cierto tanto a nivel preliminar y judicial ha negado haber tenido participación alguna en los hechos materia de investigación, pues refiere que se encontraba en provincia; que al respecto se aprecia que a folios ciento sesenta y nueve a ciento setenta y ocho obra factura, tickets de peaje con los cuales el encausado pretende acreditar que se encontraba a lugar distante al momento de ocurrido los eventos investigados, sin embargo como es de verse de los mismos en primer lugar ellos no están a su nombre y en segundo lugar las fechas ahí consignadas mayormente es antes del evento incriminado; así también se tiene la declaración de la testigo Milagros Cornelio Porras (folios diecisiete a dieciocho) ha señalado lo contrario, esto es, que el encausado:

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“sí estaba presente dirigiendo, pero desde un vehículo color blanco desde un parque que está ubicado en la parte posterior del domicilio de la denunciante”; versión que se condice con lo señalado por su coencausada Pérez Flores quien refirió que se encontraba en el lugar de los hechos por órdenes precisamente del procesado Espinoza Talaverano, con quien incluso tiene un vínculo de dependencia laboral; 3.10. A ello se agrega las versiones contradictorias del procesado Daniel Espinoza Talaverano, tanto a nivel policial como judicial, dado que primero manifestó que los primeros días de agosto se encontraba de viaje en la ciudad del Cusco para luego decir que se encontraba de viaje en la ciudad de Andahuaylas hasta el dos de agosto de ese año; así también cuando señalara que conoce a su coprocesada Chela Amanda Pérez Flores porque es comisionista, para luego decir que no conoce a su coprocesada, que tal vez trabaje como comisionista pero eso no significa que trabaje para él; por lo que las versiones y argumento expuesto por esta parte procesal tiene el evidente propósito de evadir su responsabilidad penal en los hechos imputados. En cuanto a la reparación civil interpuesta por la juez penal, en la suma de quinientos nuevos soles que deberá abonar el encausado a favor de la agraviada, se aprecia también que ha sido dejado razonable y prudentemente;

Por lo que, de autos se encuentra acreditada la comisión del delito instruido y la responsabilidad penal de los imputados, debiendo ser confirmada la venida en grado.

IV. DECISIÓN FINAL: Fundamentos por los cuales CONFIRMARON las sentencias: 1. De fecha once de agosto y cinco de octubre del año dos mil nueve, que obran a folios doscientos cincuenta y cuatro a doscientos sesenta y tres y, trescientos tres a trescientos once, que FALLA: CONDENANDO a Chela Amanda Pérez Flores, por el delito contra el Patrimonio –Usurpación-Agravada– en agravio de Maricruz Ramos Montalvo, a tres años de pena privativa de libertad suspendida condicionalmente por el periodo de prueba de dos años, sujeto a reglas de conducta; y fija en la suma de quinientos nuevos soles el monto de reparación civil que deberá de abonar la sentenciada a favor de la agraviada y SOBRESEE la causa seguida contra Daniel Espinoza Talaverano y Chela Amanda Pérez Flores, como presuntos autores del delito contra el Patrimonio –Daños Agravados– en agravio de Maricruz Ramos Montalvo; 2. La sentencia de fecha cinco de octubre

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del año dos mil nueve obrante a folios trescientos tres a trescientos once que FALLA: CONDENANDO a Daniel Espinoza Talaverano, por el delito contra el Patrimonio –Usurpación Agravada–, en agravio de Maricruz Ramos Montalvo, a tres años de pena privativa de libertad suspendida condicionalmente por el período de prueba de dos años sujeto a reglas de conducta; y fija en la suma de quinientos nuevos soles el monto de reparación civil que deberá de abonar el sentenciado a favor de la agraviada. MANDO: Que, consentida o ejecutoriada que sea la presente, inscríbase donde corresponda.- Notifíquese y devuélvase. S.S. CONDORI FERNÁNDEZ PACHECO HUANCAS HUARICANCHA NATIVIDAD

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ANEXOS

PLENOs JURISDICCIONALes DEFINICIÓN DE LA CONSUMACIÓN EN LOS DELITOS DE ROBO AGRAVADO En el delito de robo agravado, el factor que define la consumación es la posibilidad de disposición potencial del bien, la misma que no existe cuando el agente es capturado en el momento o inmediatamente después de producida su huida, supuesto en el cual nos encontramos ante una tentativa de robo agravado. En este sentido, se entiende que nuestro Código Penal se adhiere a la teoría de la ablatio (posibilidad de disponer con el bien). PLENOS JURISDICCIONALES DE LAS SALAS PENALES PERMANENTES Y TRANSITORIAS DE LA CORTE SUPREMA AÑO 2005 ASUNTO Se somete a consideración del Pleno, el problema jurisprudencial derivado de la aplicación del artículo 189 del Código Penal, en lo referente al momento de consumación de un delito de robo agravado. CONSIDERACIONES I. Mediante jurisprudencia vinculante, la 2ª Sala Penal Transitoria, R.N. Nº 3932-2004, publicada el 13 de mayo de 2005, el criterio para la determinación del momento en que se consuma el delito de robo agravado. En este sentido, estableció en su quinto fundamento jurídico que el delito de robo agravado se consuma “(...) con el apoderamiento del objeto mueble aunque sea por breve lapso de tiempo”. II. De otro lado, mediante jurisprudencia de la Sala Penal Permanente, R.N. Nº 102-2005, publicada el 20 de abril de 2005, señaló que no era de recibo el criterio esbozado por la Segunda Sala Penal Transitoria, motivo por el cual, conforme a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo trescientos uno-A del Código de Procedimientos Penales, modificados por el Decreto Legislativo número novecientos cincuenta y nueve, convocarse al Pleno Jurisdiccional de los Vocales en lo Penal de la Corte

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Suprema. Esta jurisprudencia estableció que “el apoderamiento debe entenderse consumado, no con el solo hecho de aprehender o coger la cosa contretatio, ni el mero hecho de la separación de la posesión material del ofendido, sino con la illatio, esto es, cuando el autor ha logrado la disponibilidad potencial (...)”. SE ACUERDA Primero.- Por mayoría (9 votos contra 1): En el delito de robo agravado, el factor que define la consumación es la posibilidad de disposición potencial del bien, la misma que no existe cuando el agente es capturado en el momento o inmediatamente después de producida su huida, supuesto en el cual nos encontramos ante una tentativa de robo agravado. En este sentido, se entiende que nuestro Código Penal se adhiere a la teoría de la ablatio (posibilidad de disponer con el bien) Voto sigunlar del magistrado Dr. Balcázar Zelada. Segunda.- La ejecutoria plenaria será redactada por el Dr. Robinson Gonzalez y César San Martín Castro.

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ANEXOS

DIFERENCIAS ENTRE LAS AGRAVANTES QUE EN EL DELITO DE ROBO ALUDEN A LA PLURALIDAD DE AGENTES Y A LA ACTUACIÓN DELICTIVA COMO INTEGRANTE DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINA No son circunstancias compatibles debido a que: La pluralidad de agentes prevista en el inciso 4) del primer párrafo alude a un concierto criminal en el que el proceder delictivo conjunto es circunstancial y no permanente. Se trata, pues, de un supuesto básico de coautoría o coparticipación, en el que los agentes no están vinculados con una estructura organizacional y con un proyecto delictivo de ejecución continua. En la organización criminal la pluralidad de agentes es un componente básico de su existencia, mas no de su actuación. Es decir, esta clase de agravante exige mínimamente que el agente individual o colectivo del robo sea siempre parte de una estructura criminal y actúa en ejecución de los designios de esta. PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTES Y TRANSITORIAS DE LA CORTE SUPREMA AÑO 2007 ACUERDO PLENARIO N° 8-2007-CJ-116 (El Peruano, 25/03/2008) Concordancia jurisprudencial Artículo 116 TUO LOPJ ASUNTO: Diferencias entre las agravantes que en el delito de robo aluden a la pluralidad de agentes y a la actuación delictiva como integrante de una organización criminal. Lima, 16 de noviembre de 2007 Los Vocales de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisprudencial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo veintidós del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente:

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ACUERDO PLENARIO I. ANTECEDENTES 1. Las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, con la autorización del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, acordaron realizar un Pleno Jurisdiccional de los Vocales de lo Penal, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 22 y 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2. Para estos efectos, con carácter preparatorio, se delimitó el ámbito de las Ejecutorias Supremas que correspondían analizar y se aprobó revisar las decisiones dictadas en 2006. A continuación, el Equipo de Trabajo designado al efecto, bajo la coordinación del señor San Martín Castro, presentó a cada Sala un conjunto de Ejecutorias que podían cumplir ese cometido. Las Salas Permanente y Transitorias, en sesiones preliminares, individual y en conjunto, resolvieron presentar al Pleno las Ejecutorias que estimaron procedentes, y que constan las carpetas de discusión y materiales que se distribuyeron a cada uno de los señores Vocales Supremos de lo Penal. 3. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia las Ejecutorias Supremas que analizan y deciden sobre la identificación de diferencias entre las agravantes que en el delito de robo aluden a la pluralidad de agentes y a la actuación delictiva del sujeto activo como integrante de una organización criminal. De tales Ejecutorias se evaluó como patrón decisional lo expuesto en el recurso de nulidad número 4156-2005/Lima, del dos de febrero de dos mil seis. 4. En tal virtud, se resolvió invocar el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, en esencia, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su especialidad. Dada la complejidad y especiales características del tema abordado, que rebasa los aspectos tratados en las Ejecutorias Supremas analizadas, se decidió redactar un Acuerdo Plenario incorporando los fundamentos jurídicos correspondientes necesarios para configurar una doctrina legal y disponer su carácter de precedente vinculante.

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ANEXOS

5. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo Plenario. Se designó como ponente al señor Prado Saldarriaga, quien expresa el parecer del Pleno. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 6. La diferenciación sistemática que realiza el artículo 189 del Código Penal, respecto a la intervención de una pluralidad de agentes en la comisión de un robo, permite sostener que se trata de dos circunstancias agravantes distintas. Por un lado, la pluralidad de agentes prevista en el inciso 4) del primer párrafo alude a un concierto criminal en el que el proceder delictivo conjunto es circunstancial y no permanente. Se trata, pues, de un supuesto básico de coautoría o coparticipación, en el que los agentes no están vinculados con una estructura organizacional y con un proyecto delictivo de ejecución continua. Por otro lado, la agravante que contempla el párrafo in fine del citado artículo alude a un proceder singular o plural de integrantes de una organización criminal sea esta de estructura jerárquica –vertical o flexible– horizontal. 7. En consecuencia, no son circunstancias compatibles. En la organización criminal la pluralidad de agentes es un componente básico de su existencia, mas no de su actuación. Es decir, esta clase de agravante exige mínimamente que el agente individual o colectivo del robo sea siempre parte de una estructura criminal y actúa en ejecución de los designios de esta. Siendo ello así, la circunstancia agravante del inciso 4) del primer párrafo del artículo 189 del Código Sustantivo se aplicará, únicamente, cuando no exista esa conexión con los agentes –en número mínimo de dos– con una organización criminal. 8. De otro lado, la imputación paralela de cargos por integración en una organización criminal en estos casos no es procedente y, de plantearse, se le debe desestimar porque el artículo 317 del Código Penal opera como un tipo subsidiario a la comisión de uno o más robos por integrantes de dicha estructura delictiva. No se presenta en estos casos un concurso ideal o real de delitos. Obrar en sentido contrario implicaría una doble valoración del mismo factor agravante. 9. En el contexto analizado es pertinente considerar también la participación de un mismo sujeto en varias organizaciones criminales. Esta hipótesis es

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posible en el caso de estructuras flexibles, como las denominadas “grupo central” o la “red criminal”. En tales casos, se producirá un concurso real homogéneo en relación al artículo 317 del Código Penal, debiéndose aplicar los efectos penales correspondientes a dicha clase de concurso de delitos. III. DECISIÓN 10. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; por unanimidad: IV. ACORDARON 11. ESTABLECER como doctrina legal, conforme a los fundamentos jurídicos seis al nueve, las diferencias entre las agravantes que en el delito de robo aluden a la pluralidad de agentes y a la actuación delictiva como integrante de una organización criminal; así como la posibilidad concursal en el artículo 317 del Código Penal, ante la integración simultánea o sucesiva, de un mismo agente en varias organizaciones criminales. A estos efectos, los Jueces y Salas Penales deberán tener en cuenta, obligatoriamente, los criterios indicados en dichos párrafos. 12. PRECISAR que el principio jurisprudencial que contiene la doctrina legal antes mencionada debe ser invocado por los Magistrados de todas las instancias judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 13. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial El Peruano. Hágase saber. SS. SALAS GAMBOA; SIVINA HURTADO; SAN MARTÍN CASTRO; VILLA STEIN; PRADO SALDARRIAGA; RODRÍGUEZ TINEO; LECAROS CORNEJO; VALDEZ ROCA; MOLINA ORDÓÑEZ; PRÍNCIPE TRUJILLO; SANTOS PEÑA; CALDERÓN CASTILLO; ROJAS MARAVÍ; URBINA GANVINI

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ANEXOS

ROBO CON MUERTE SUBSECUENTE Y DELITO DE ASESINATO. LAS LESIONES COMO AGRAVANTES EN EL DELITO DE ROBO Como el delito de robo requiere para su tipificación el ejercicio de violencia física sobre la persona, los daños personales que esta pueda ocasionar forman parte necesariamente de esa figura delictiva. Entender, por tanto, que el supuesto agravado del inciso 1) de la segunda parte del artículo 189 CP comprende toda clase de lesiones, con excepción de las graves por estar referida taxativamente al último párrafo del citado artículo 189 CP, no resulta coherente con el tipo básico, ya que lo vaciaría de contenido. En consecuencia, si las lesiones causadas no son superiores a 10 días de asistencia o descanso el hecho ha de ser calificado como robo simple o básico, siempre que no concurran medios que den gravedad a las lesiones ocasionadas. Si, en cambio, las lesiones causadas son superiores a 10 días y menores de 30 días, su producción en el robo configura el agravante del inciso 1) de la segunda parte del artículo 189 CP. PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTES Y TRANSITORIAS DE LA CORTE SUPREMA AÑO 2009 ACUERDO PLENARIO Nº 3-2009/CJ-116 ROBO CON MUERTE SUBSECUENTE Y DELITO DE ASESINATO. LAS LESIONES COMO AGRAVANTES EN EL DELITO DE ROBO FUNDAMENTO : ARTÍCULO 116 TUO LOPJ ASUNTO

: ROBO CON MUERTE SUBSECUENTE Y DELITO DE ASESINATO. LAS LESIONES COMO AGRAVANTES EN EL DELITO DE ROBO

Lima, 13 de noviembre de 2009 (…) FUNDAMENTOS JURÍDICOS §1. Planteamiento del primer problema (...)

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6. El ordenamiento penal vigente contiene dos tipos legales que aluden a la muerte de una persona en conexión con la comisión de otro delito. Se trata de los artículos 108 CP sobre el delito de asesinato y 189 CP sobre delito de robo con agravantes. En efecto en estas disposiciones se regula lo siguiente:

Artículo 108 CP: “Será reprimido (…) el que mate a otro concurriendo cualquiera de las siguientes circunstancias:

2. Para facilitar u ocultar otro delito”.

Artículo 189 (último párrafo) CP: “La pena será (…), cuando (…) como consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima (…)”.

Estas normas han originado divergentes interpretaciones judiciales que se han concretado en resoluciones que califican indistintamente los hechos como homicidio calificado o robo con muerte subsecuente, pero que no llegan a fijar de forma clara cuándo se incurre en uno u otro caso.

§2. Análisis del primer caso 7. El artículo 189 in fine CP prevé una circunstancia agravante de tercer grado para la figura delictiva del robo. Esta se configura cuando el agente como consecuencia de los actos propios del uso de la violencia para facilitar el apoderamiento o para vencer la resistencia de quien se opone al apoderamiento, le ocasiona o le produce la muerte. Es obvio, en este caso, que el agente buscaba el desapoderamiento patrimonial de la víctima, pero como consecuencia del ejercicio de violencia contra ella –de los actos propios de violencia o vis in corpore– le causa la muerte, resultado que no quiso causar dolosamente pero que pudo prever y evitar. Se trata, pues, de un típico supuesto de homicidio preterintencional donde el resultado solo se le puede atribuir al agente a título de culpa –la responsabilidad objetiva por el simple resultado es inadmisible, está prohibida por el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal–. El citado dispositivo regula, entonces, un caso de tipificación simultánea, dolosa y culposa, pero de una misma conducta expresamente descrita. Como se advierte en la doctrina especializada la preterintención es una figura compuesta en la que el resultado sobrepasa el dolo del sujeto. Así, el agente roba valiéndose del ejercicio de violencia física contra la víctima, esto es, infiere lesiones a una persona, quien fallece a consecuencia de la agresión, siempre que el agente hubiere podido prever este resultado (la muerte, en este caso, no fue fortuita) –es una situación

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de preterintencionalidad heterogénea– [VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte General. Editorial Grijley, Lima, 2006, pp. 409/410]. Como se puede inferir del ejemplo planteado, la conducta típica se articula sobre la base de dos elementos: el apoderamiento del bien mueble y la utilización de violencia en la persona, la cual en el presente caso produce la muerte de esta última. 8. Distinto es el caso del asesinato para facilitar u ocultar otro delito. Aquí el autor mata con el fin de conseguir un propósito ulterior. En el primer supuesto –para facilitar otro delito–, el asesinato implica una relación de medio-fin, en que el homicidio es el delito-medio cometido por el agente con el propósito de hacer posible la ejecución del delito-fin, siempre doloso; situación muy frecuente, por lo demás, en los delitos contra el patrimonio. Ahora bien, en el segundo supuesto –para ocultar otro delito–, el delito previamente cometido o el que está ejecutándose –el delito a ocultar puede ser doloso o culposo– es la causa del comportamiento homicida del agente. Ello ocurre, por ejemplo, cuando el agente es sorprendido en el acto del robo y para evitar su captura, dispara contra su perseguidor o contra quien trata de impedir su fuga, que conduciría al descubrimiento o esclarecimiento de su delito [HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal. Parte Especial I. Homicidio. 2da. Edición, Ediciones Juris, Lima, 1995, pp. 59/69]. En ambos supuestos, pues, el elemento subjetivo del tipo legal es determinante. En tal sentido, la referencia legal al mundo interno del agente, a la finalidad que persigue, es de tal relevancia que será suficiente para la consumación de la conducta típica que se compruebe la presencia de este factor. Por consiguiente, el agente, en la circunstancia o en el contexto situacional en que interviene ha de valorar la perpetración del homicidio como vía para garantizar su objetivo ligado siempre a otro delito [CASTILLO ALVA, José Luis. Derecho Penal. Parte Especial I. Editorial Grijley, Lima, 2008, pp. 410/411]. §3. Planteamiento del segundo problema 9. El artículo 189, último párrafo, CP establece una circunstancia agravante de tercer grado: si se producen lesiones graves como consecuencia del robo, la pena será de cadena perpetua. La referida norma en el inciso uno de su segunda parte determina que si se comete el robo y se causa lesiones a la integridad física o mental de la víctima la pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años. En esa misma línea, el artículo 188 CP –modificado por la Ley número 27472, del 5 de junio de 2001–, que tipifica el delito de

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robo, exige para su comisión que el agente emplee violencia contra la persona, en cuyo caso se sancionará al agente con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.

En consecuencia, es del caso determinar, desde las características y entidad de las lesiones producidas a la víctima, cuándo se está ante un delito de robo simple (artículo 188 CP), cuándo se ha cometido el subtipo agravado del inciso uno de la segunda parte del artículo 189 CP y, finalmente, cuándo es del caso sancionar por el subtipo especialmente agravado del párrafo final del artículo 189 CP.

§4. Análisis del segundo caso 10. El delito de robo previsto y sancionado en el artículo 188 CP tiene como nota esencial, que lo diferencia del delito de hurto, el empleo por el agente de violencia o amenazas contra la persona –no necesariamente sobre el titular del bien mueble–. La conducta típica, por tanto, integra el apoderamiento de un bien mueble total o parcialmente ajeno con la utilización de violencia física o intimidación sobre un tercero. Esto es, la violencia o amenazas –como medio para la realización típica del robo– han de estar encaminadas a facilitar el apoderamiento o a vencer la resistencia de quien se opone al apoderamiento.

En consecuencia, la violencia es causa determinante del desapoderamiento y está siempre orientada a neutralizar o impedir toda capacidad de actuación anterior o de reacción concomitante de la víctima que pueda obstaculizar la consumación del robo. Ahora bien, cualquier género e intensidad de violencia física vis in corpore –energía física idónea para vencer la resistencia de la víctima– es penalmente relevante. Además, ella puede ejercerse antes o en el desarrollo de la sustracción del bien mueble, pudiéndose distinguir entre la violencia que es utilizada para conseguir la fuga y evitar la detención –que no modifica la naturaleza del delito de apoderamiento consumado con anterioridad–; y la violencia que se emplea para conseguir el apoderamiento y la disponibilidad, la que convierte típicamente un aparente delito de hurto en robo. Cabe precisar que en el primer de los casos mencionados, no hay conexión instrumental de medio a fin entre la violencia y la sustracción, pues esta ya se había producido. No obstante, el medio violento se aplica antes de que cese la acción contra el patrimonio y el aseguramiento del bien en la esfera de dominio del agente vía el apoderamiento.

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11. Es potencial al ejercicio de violencia física en la realización del robo que el afectado resulte con lesiones de diversa magnitud. Ahora bien, la producción de lesiones determina en nuestra legislación vigente la configuración de circunstancias agravantes específicas y que están reguladas en el inciso 1) de la segunda parte del artículo 189 CP y en el párrafo final del mencionado artículo. En este último supuesto se menciona, taxativamente, que el agente ha de causar lesiones graves, mientras que en el primer supuesto solo se indica que el agente ha de causar lesiones a la integridad física o mental de la víctima. Cabe, por tanto, dilucidar las características y tipo de lesión que corresponde a cada caso.

Al respecto es de precisar que son lesiones graves las enumeradas en el artículo 121 CP. Según esta norma se califican como tales a las lesiones que ponen en peligro inminente la vida de la víctima, les mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, causan incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente, o infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud física o mental de una persona, que requiera treinta o más días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa. Por consiguiente, la producción en la realización del robo de esta clase de lesiones determinará la aplicación del agravante del párrafo in fine del artículo 189 CP.

12. En relación a las lesiones aludidas en el inciso 1 del segundo párrafo del artículo 189 cabe definir si ellas se corresponden con las referidas en los artículos 441 (lesiones falta) o 122 (lesiones dolosas leves) CP. Es de mencionar que en estas dos disposiciones, la diferencia en la intensidad del daño a la salud de sujeto pasivo se establece en base a indicadores cuantitativos relacionados con la incapacidad generada por la lesión o con el tiempo de asistencia facultativa que demanda. Así, (i) si estas requieren hasta 10 días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, siempre que no concurran medios que den gravedad al hecho, se estará ante una falta de lesiones; (ii) si las lesiones requieren más de diez y menos de treinta días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, se estará ante un delito de lesiones leves. Esta distinción sistemática debe servir para establecer cuándo, con motivo de la comisión del acto de desapoderamiento, el ejercicio de violencia física con la producción subsecuente de lesiones configure el agravante que se examina. En tal sentido, es pertinente destacar que como

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el delito de robo, según se tiene expuesto, requiere para su tipificación el ejercicio de violencia física sobre la persona, los daños personales que esta pueda ocasionar forman parte necesariamente de esa figura delictiva. Entender, por tanto, que el supuesto agravado del inciso 1) de la segunda parte del artículo 189 CP comprende toda clase de lesiones, con excepción de las graves por estar referida taxativamente al último párrafo del citado artículo 189 CP, no resulta coherente con el tipo básico, ya que lo vaciaría de contenido.

En consecuencia, si las lesiones causadas no son superiores a 10 días de asistencia o descanso el hecho ha de ser calificado como robo simple o básico, siempre que no concurran medios que den gravedad a las lesiones ocasionadas. Si, en cambio, las lesiones causadas son superiores a 10 días y menores de 30 días, su producción en el robo configura el agravante del inciso 1) de la segunda parte del artículo 189 CP.

13. Es necesario señalar que el artículo 441 CP contiene un requisito de validación respecto a la condición de faltas de las lesiones causadas, y que es distinto del registro meramente cuantitativo –hasta 10 días de asistencia o descanso–. Efectivamente él está referido a que “(…) no concurran circunstancias o medios que den gravedad al hecho, en cuyo caso será considerado como delito”. Con relación a ello cabe aclarar, que en el delito de robo no es de recibo aceptar como supuesto de exclusión las “circunstancias que dan gravedad al hecho” respecto de la entidad de las lesiones ocasionadas a la víctima. Es obvio que una vis in corpore en un contexto de desapoderamiento patrimonial constituye una circunstancia que da gravedad al hecho, pero para definir su eficacia agravante en el robo lo relevante será, siempre, con exclusión de las circunstancias de su empleo, el nivel de afectación a la integridad corporal de la víctima que ella produjo.

Distinto es el caso de los medios utilizados. Estos inciden en la propia entidad de la lesión que se ocasione a la víctima, y revelan un mayor contenido de injusto específico, que es del caso resaltar desde su calificación jurídicopenal. No se trata de amedrentar a la víctima sino de atacarla y afectar su integridad más allá del desapoderamiento patrimonial perseguido. Es más, la propia ley da autonomía agravante, por ejemplo, al hecho de robar “a mano armada”.

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DECISIÓN 14. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, con una votación de diez Jueces Supremos por el presente texto y cinco en contra respecto del primer problema (alcances del artículo 189 in fine CP) y por unanimidad en lo concerniente al segundo problema (ámbito del subtipo agravado del inciso 1 de la segunda parte del artículo 189 CP), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ACORDARON 15. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 6 al 13. 16. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22 de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116 del estatuto orgánico. 17. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial El Peruano. Hágase saber. SS. GONZALES CAMPOS; SAN MARTÍN CASTRO; LECAROS CORNEJO; PRADO SALDARRIAGA; RODRÍGUEZ TINEO; VALDEZ ROCA; BARRIENTOS PEÑA; BIAGGI GÓMEZ; MOLINA ORDÓÑEZ; BARRIOS ALVARADO; PRÍNCIPE TRUJILLO; NEYRA FLORES; BARANDIARÁN DEMPWOLF; CALDERÓN CASTILLO; ZEVALLOS SOTO

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jurisprudencia vinculante Delito de usurpación: Fundamentos de la naturaleza de delito instantáneo El delito de usurpación es de realización instantánea, siendo suficiente para su consumación el despojo de la posesión o la afectación de un derecho real. SALA PLENA DE JURISPRUDENCIA VINCULANTE PONENCIA PRESENTADA POR LA COMISIÓN PENAL Vocal Ponente: Dr. Hugo Sivina Hurtado Vocal Supremo de la Sala Penal Permanente ANTECEDENTES A raíz que se hizo de conocimiento que en Sala Plena se iba a tratar temas importantes vinculados al quehacer jurisdiccional para los efectos de que se pueda determinar qué decisiones judiciales sean finalmente vinculantes y de estricta aplicación a nivel nacional. Tomamos como punto de referencia aquellas decisiones judiciales que generaban ya una aplicación, casi permanente durante muchos años. Pues bien, dentro del examen y el análisis que se hizo respecto a qué decisión judicial se adoptaría con relación a los delitos de usurpación, encontramos que es sumamente interesante la decisión que la Corte Suprema había asumido, respecto a considerar en los delitos de usurpación, la posición de que estas no tendrían el sustento para aceptar o afirmar que se trata de delitos permanentes sino que se trata de un delito de comisión instantánea. El porqué de la ponencia de la naturaleza instantánea de los delitos de usurpación, obedece a una razón fundamental que la asumimos en el año de mil novecientos noventicuatro, teniendo como Presidente de Sala al señor Pantoja, en el año de mil noventicuatro, donde nos encontramos con que habían dieciséis mil o dieciocho mil expedientes por resolver y que dentro de estos expedientes habían muchos relacionados con los delitos de usurpación y aquí viene la parte más delicada, procesos que tenían ocho o nueve años de existencia; prácticamente nos poníamos a pensar que estos delitos nunca prescribirían y se tenía

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que tomar una decisión al respecto; por cuanto, los mismos abogados que hacían la defensa de los intereses de sus patrocinados planteaban ya esta situación en el sentido que la acción penal estaría ya prescrita porque se trataba de un delito instantáneo y no permanente y más que todo hacían críticas directas a aquellos sujetos que, con derecho o sin derecho, traficaban con los terrenos de estas personas que se veían conculcadas en sus derechos y que yendo a la justicia, no se les hacía justicia. Bajo estos argumentos, se consideró que se debería hacer un primer estudio respecto a la situación de si el delito es instantáneo o permanente, para así poder tomar una decisión. Es a consecuencia de que muchos expedientes tenían esta connotación, que la Sala Penal tomó la decisión el año mil novecientos noventicuatro de calificar a este delito como de naturaleza instantánea y se resolvieron el ochenta o noventa por ciento de los procesos por cuanto a las personas que acudían a pedir justicia se les resolvía su problema; pero también nos encontramos con otro problema, que era que el tiempo había transcurrido en exceso y muchas acciones delictivas ya habían prescrito, y era otra forma de eliminar el criterio que se tenía de que la Corte Suprema era la tercera instancia donde las acciones penales prescribían. Estos conceptos primaron también para establecer de manera definitiva que se debería tomar una acción decisiva al respecto, a que los delitos de usurpación eran delitos de comisión instantánea. Es verdad que la doctrina y la jurisprudencia no se han puesto de acuerdo, como que también es verdad que a nivel de legislación comparada, los autores o estudiosos del derecho no definen una posición de lo que significaría un delito permanente o un delito instantáneo, y no tocan la usurpación. Algún autor indirectamente lo ha hecho y ha dado su opinión en el sentido que se trataría de un delito de comisión instantánea pero con efectos permanentes. La legislación, la doctrina y la jurisprudencia argentina, han considerado que los delitos de usurpación son delitos de comisión instantánea con efectos permanentes y nuestra legislación ha captado este sentir y ha decidido en el artículo doscientos dos, que efectivamente es un delito de comisión instantánea por el verbo rector que se usa para la calificación del delito, que habla de despojar. En otras doctrinas no usan el verbo rector como el que usa la legislación nacional, que es el despojo, sino que hacen mención a usurpar, ocupar; estos verbos rectores sí podrían generar implicancias para considerar que el delito podría ser de comisión permanente. Pienso que la Corte Suprema al tomar esta decisión lo ha hecho considerando y pensando que nuestra realidad es especial, nuestro país es un país litigioso,

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pero también es conveniente aclarar que la decisión tomada está ajustada a los hechos y al derecho. FUNDAMENTACIÓN Primero.- Planteamiento del problema En nuestro país el tema sobre la naturaleza instantánea o permanente del delito de usurpación no ha sido suficientemente precisado ni tampoco ha estado libre de complicaciones. En doctrina y jurisprudencia, la determinación de la naturaleza del delito de usurpación ha sido bastante discutida; tal vez sin incurrir en exageración, se puede decir que no ha existido otro tema que haya generado más confusión en los estudiosos del Derecho Penal ni en los operadores del Derecho. La discusión a nivel doctrinal gira en torno a la determinación de si el delito de usurpación es un delito de naturaleza instantánea o permanente. El primer criterio hace referencia a la inmediatez de la realización total del delito; el segundo criterio, por el contrario, a la prolongación en el tiempo del momento consumativo. A nivel jurisprudencial el asunto ha sido aún más complicado, pues la toma de posición no se ha limitado a la determinación de si el delito de usurpación es de naturaleza instantánea o permanente, sino que incluso se ha asumido una tercera posición cual es el criterio de que estaríamos ante un delito continuado. En la presente ponencia se viene a sustentar la naturaleza de delito instantáneo del delito de usurpación, pues el delito se consuma una vez producido el despojo de la posesión o la afectación de un derecho real. La Sala Penal Suprema Permanente de manera uniforme ha venido asumiendo esta posición desde el año mil novecientos noventicuatro, lo cual ha tenido repercusión en distintos ámbitos del Derecho Penal general, principalmente cuando se ha pronunciado respecto de la participación, concurso de delitos y la determinación del cómputo de los plazos de prescripción. Para analizar este tema, primero, se hará referencia al concepto y características principales de los llamados delito instantáneo, delito permanente y delito continuado; luego, se analizará previamente la acción típica del delito de usurpación previsto en el artículo doscientos dos inciso dos del Código Penal peruano y finalmente se sustentará nuestra posición de que el delito de usurpación es de realización instantánea.

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Segundo.- Concepto de delito instantáneo, delito permanente y delito continuado Tradicionalmente, la doctrina cuando aborda el tema de la forma de consumación de los delitos de resultado, hace referencia a la clasificación de los delitos instantáneos y permanentes; así como también se alude a la figura de delito continuado cuando se aborda el tema de concurso de delitos. Son instituciones que han sido recogidas en la jurisprudencia nacional y con especial consideración cuando se alude a los plazos de prescripción; sin embargo, su concepto, características principales y elementos no han sido debidamente precisados, lo cual en gran parte ha generado la confusión aludida y su errónea aplicación. A continuación de forma breve trataremos de precisar el concepto de cada una de aquellas instituciones. Los delitos instantáneos, como refiere el jurista español Mir Puig, son aquellos que “se consuman en el instante en que se produce el resultado, sin que este determine la creación de una situación antijurídica duradera”. Su característica principal vendría a ser entonces la forma inmediata de la realización total del delito, como sería el caso del homicidio, puesto que la acción homicida se consuma inmediatamente con la producción del resultado muerte que, como estado naturalístico, no puede considerarse antijurídica porque no puede ya ser removida por el hombre. Los delitos permanentes, por el contrario, son aquellos que se caracterizan por prolongarse en el tiempo el momento consumativo, como ocurre por ejemplo con el delito de secuestro previsto en el artículo ciento cincuentidós del Código Penal, en el que se mantiene en el tiempo la situación antijurídica (“privación de la libertad”) creada por el agente. Sin embargo, como lo han precisado en Alemania Jescheck y en España Mir Puig, la característica fundamental del delito permanente y que permite diferenciarlo de otras creaciones de situaciones ilícitas que se mantienen en el tiempo pero que no se comprenden en dicha categoría, es que el mantenimiento del estado antijurídico de cierta duración creado por la acción punible depende de la voluntad del autor, implicando que dicho mantenimiento sigue realizando el tipo, por lo que el delito se sigue consumando hasta que se abandona la situación antijurídica. El delito continuado supone la unificación de una pluralidad de actos parciales en una “unidad jurídica de acción”, la misma que se produce cuando una persona es responsable de varios hechos que realizan el mismo tipo de delito, devenidas

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de una misma resolución criminal. El sustento de esta ficción jurídica es la de evitar la necesidad de comprobar todos los actos parciales y de aplicar todas las reglas relativas al concurso real, por resultar un trabajo fatigoso y superfluo. En términos generales, en la legislación penal nacional se ha aludido a cuatro requisitos y/o elementos del delito continuado a) pluralidad de acciones; b) pluralidad de violaciones de la misma ley o del mismo tipo penal, aunque en especial desde la doctrina germana, en este punto se alude también a la exclusión del delito continuado cuando se trata de la afectación de bienes jurídicos altamente personales en la que los actos parciales se dirigen contra distintos titulares, por ejemplo el homicidio de distintas personas; c) el contexto temporal de la realización de las acciones, haciendo referencia que los actos parciales se produzcan en el mismo momento de la acción, esto es, en un estrecho contexto temporal, o en momentos diversos, refiriéndose a un contexto temporal amplio; y d) la unidad de la resolución criminal, exigiéndose que los actos ejecutivos parciales sean exteriorizaciones de la misma determinación inicial o fases de la realización de una misma “empresa delictiva”. Tercero.- La acción típica del delito de usurpación (artículo doscientos dos inciso segundo del Código Penal) La conducta típica consiste en despojar a otro de la posesión, la tenencia o del ejercicio de un derecho real sobre un inmueble. El verbo rector del tipo viene a ser entonces el “despojar”, aludiendo al hecho con relación a la persona a la que se desplaza. Como lo señala Fontán Balestra el despojo se caracteriza por una doble consecuencia: “de una parte, el poseedor, tenedor o sus representantes deben resultar desplazados o excluidos de su ocupación; de otra, el usurpador ha de estar en condiciones de permanecer en la ocupación”. O lo que es más claro, para la tipificación del delito de usurpación debe haber una previa posesión y/o tenencia del inmueble despojado por parte del sujeto pasivo, la inexistencia de dicha posesión y/o tenencia del agente o sujeto activo y, por último, la efectividad del medio comisivo empleado. En algunas legislaciones como la argentina se precisa las modalidades cómo el agente puede lograr el despojo, ya sea invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a sus ocupantes. En la doctrina nacional el concepto de despojo es entendido desde dos puntos de vista: uno de ellos enfatiza la idea de desocupación y entiende por despojo “todo arrebato o desposesión a una persona de la posesión, tenencia o ejercicio de un derecho real” (ver Bramont-Arias, L.A. Manual de Derecho Penal.

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Parte Especial. Mil novecientos noventicuatro, página doscientos ochentitrés); y el otro vincula el concepto al disfrute de un derecho, en virtud del cual el despojo significa la supresión o privación del goce al titular de un bien inmueble (ver Peña Cabrera, R. Tratado de Derecho Penal. Parte Especial II. Mil novecientos noventitrés, página trescientos treinticinco). De ambas posiciones se desprende que el despojo genera una situación de afectación del derecho de posesión o del ejercicio de un derecho real sobre un inmueble que se mantiene en el tiempo, y es a partir de tal constatación que algunos autores como los citados afirman el carácter del delito permanente del delito de usurpación, lo cual rebatiremos en el próximo punto materia de análisis. La acción de despojar a otro puede darse, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real. El caso del despojo parcial se puede enfocar desde dos puntos de vista: primero, el que atiende a la extensión del acto de despojo, que se da cuando alguien que ocupa la totalidad de un inmueble es privado del ejercicio de su derecho en parte de él; y segundo, el que toma en cuenta la parte limitada del bien que se posee, y se da cuando el despojo se extiende únicamente a una parte del inmueble (p.e. una habitación), de la que el poseedor o titular de un derecho real es expulsado o en la que se le impide volver a ejercer la totalidad de esa tenencia o derecho real de que gozaba anteriormente. Los únicos medios que hacen punible esta acción son la violencia, la amenaza, el engaño y el abuso de confianza. En este punto cabe precisar que los medios enunciados han de haber sido empleados para consumar el despojo, y no para mantenerse en la posesión o tenencia ya logradas antes por otros medios; precisión que, como veremos más adelante, será relevante para descartar la naturaleza permanente del delito de usurpación. Cuarto.- El delito de usurpación como delito de consumación instantánea Como se dijo desde un comienzo, en la doctrina la discusión de la naturaleza instantánea o permanente del delito de usurpación no ha estado libre de complicaciones ni conflictos; y la génesis de esta se presenta en el tratamiento legal e interpretación que se asuma con la verificación que el despojo crea una situación de afectación de la posesión que se mantiene en el tiempo, lo que ha conducido a que tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial no exista consenso sobre este tema.

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Desde esta perspectiva, autores nacionales ya citados como Bramont Arias y Peña Cabrera han venido afirmando el carácter del delito permanente de la usurpación. El primero de ellos lo considera así en la medida que puede prolongarse en el tiempo la violación al patrimonio inmobiliario mientras el sujeto activo permanezca en el bien, y el segundo, en tanto la supresión o privación de un hecho sobre un inmueble se mantiene en el tiempo; mientras otro grupo de autores preferentemente argentinos (Soler, Fontán Balestra, etc.), de especial relevancia para el análisis porque en Argentina la descripción típica del delito de usurpación es similar al nuestro, sostienen que la usurpación es un delito instantáneo con efectos permanentes, entendiendo que el delito de usurpación creado por la realización del delito no puede ser imputado como consumación, sino como un efecto de este. La jurisprudencia emitida por la Sala Penal Suprema Permanente se ha acogido a esta segunda posición comentada, considerando al delito de usurpación como delito instantáneo, teniéndose como momento consumativo el acto de despojo de la posesión o tenencia. Desde nuestro punto de vista, son dos los criterios que nos conducen a descartar el carácter de delito permanente del delito de usurpación: a) la definición de la acción típica y del verbo rector del tipo de usurpación y b) el hecho que el tipo de usurpación se limita a sancionar la creación de un estado antijurídico y no su mantenimiento. Sobre el primer punto, del artículo doscientos dos del inciso segundo del Código Penal se desprende que la acción típica de usurpación consiste en despojar a otro de la posesión, la tenencia o del ejercicio de un derecho real sobre un inmueble, constituyendo su verbo rector el “despojar”, la misma que hace referencia a la acción misma de despojo y cuya concreción resulta suficiente para apreciar la consumación del delito de usurpación. Esto es, la verificación de que la acción del agente, mediante violencia o amenaza, engaño o abuso de confianza, ha dado como resultado el despojo al titular de la posesión, la tenencia o del ejercicio de un derecho real sobre el inmueble, resulta suficiente para determinar que se ha realizado la totalidad del delito y se ha producido la consumación del delito. Distinta sería la conclusión en el caso que el legislador haya utilizado otro verbo rector u otros verbos rectores, como es el caso del legislador español que hace mención a los verbos rectores “ocupar” y “usurpar”, por ser términos que aparentemente definirían una situación permanente, pues se pone el acento en la ocupación misma más que en el acto propio del despojo.

562

ANEXOS

Sobre el segundo punto, cabe precisar que resulta obvio que el acto de despojo produce una afectación duradera del derecho de la posesión o de otro derecho real sobre el inmueble, y que tal situación permanece en el tiempo hasta que el titular del derecho se vea restituido en la posesión; sin embargo, tal constatación de que se mantiene en el tiempo la situación del despojo de la posesión no implica de ninguna manera que el delito de usurpación tenga una naturaleza permanente. Y, esto así, por la sencilla razón que el legislador nacional no ha recogido tal situación duradera en el tiempo como aspecto relevante del tipo de usurpación, sino que por el contrario ha puesto el acento de la punición solo en la creación del estado antijurídico concretado con el acto mismo del despojo. Como se puntualizó anteriormente, los medios enunciados en el tipo legal para concretar el delito de usurpación, violencia, amenazas, etc., hacen referencia a su empleo para consumar el despojo, y no para mantenerse en la posesión o tenencia ya lograda antes por otros medios. Siendo esto así, se determina que el acto de despojo es uno solo y se da en un instante, no se mantiene en el tiempo, de lo cual se desprende que la posterior existencia de una situación de desposesión no implica que se siga realizando el tipo; en consecuencia, no se prolonga en el tiempo el momento consumativo como es típico en los delitos permanentes. Cosa distinta ocurre por ejemplo con el delito de secuestro previsto en el artículo ciento cincuentidós del Código Penal, en el que la afectación del bien jurídico, libertad de movimiento se mantiene en el tiempo mientras dure la privación de la libertad de la víctima, la misma que además se mantiene en virtud de acciones positivas realizadas por el agente para mantener tal situación, lo que permite deducir que el momento consumativo que consiste en la privación de la libertad se mantiene en el tiempo y en consecuencia nos encontramos ante un delito permanente. Por lo demás, corresponde señalar que la posición de aceptar el carácter permanente del delito de usurpación conllevaría a asumir posiciones dogmáticas de difícil aceptación. Por ejemplo, habría que justificar el comportamiento llevado a cabo por el titular para recuperar el inmueble (legítima defensa) no solo en el instante del despojo, sino a lo largo de toda la duración de la desposesión, porque estaría dada la inmediatez del comportamiento ante la actualidad de la realización de tipo que se mantendría en el tiempo; además, extendería el ámbito de autores de este delito, pues también podría comprenderse como tales a toda persona que permanezca en el inmueble aunque no haya llevado a cabo los

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actos de despojo, ya que la característica de la usurpación no estaría dada por el despojo sino por el mantenimiento de la situación de desposesión. A manera de conclusión, se puede afirmar que el delito de usurpación es de realización instantánea, siendo suficiente para su consumación el despojo de la posesión o la afectación de un derecho real; no teniendo relevancia para el tipo legal de usurpación la creación de una situación de desposesión, sino que aquella viene a ser la creación de un estado antijurídico que se mantiene en el tiempo. Tal vez, más exacto sería afirmar que el delito de usurpación forma parte de los llamados delitos de estado a los que alude Jesckeck (ver Tratado de Derecho Penal. Parte General. Mil novecientos noventitrés, página doscientos treintisiete), en cuanto “el resultado consiste en la creación de una situación antijurídica, pero el delito termina ya jurídicamente con la producción del resultado”, toda vez que si bien el delito de usurpación crea un estado antijurídico verdadero, la consumación se produce desde la aparición de tal situación, porque el tipo solo describe el estado y no de su mantenimiento; sin embargo, consideramos que en líneas generales tal aceptación también se desprende de la determinación del delito de usurpación como delito instantáneo con efectos permanentes, aunque en forma limitada.

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ANEXOS

PRINCIPIO JURISPRUDENCIAL VINCULANTE: La Sala Plena de Jurisprudencia Vinculante aprobó por mayoría el siguiente principio jurisprudencial: “El delito de usurpación es de realización instantánea, siendo suficiente para su consumación el despojo de la posesión o la afectación de un derecho real”: SALA PENAL Exp. Nº 1384-93-LIMA Lima, 13 de mayo de 1994 VISTOS; y CONSIDERANDO: que, conoce del presente proceso esta Suprema Sala Penal por haberse declarado fundada la queja por presuntas irregularidades; que, conforme a lo preceptuado por el inciso undécimo del artículo ciento treintinueve de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo sexto del Código Penal vigente, en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales, se aplicará lo más favorable al reo; que, para la resolución del caso sub júdice deben considerarse tres aspectos fundamentales que son: establecer si el delito de usurpación es de comisión instantánea o permanente, la fecha en que ocurrieron los hechos y las normas aplicables al caso; que, en efecto, respecto al primero de los puntos aludidos debemos indicar que, en los delitos de usurpación lo que sanciona la ley penal es la violencia, el engaño o el abuso de confianza con el que se logra despojar o perturbar la posesión de un inmueble, por cuya razón, y por la naturaleza de las conductas descritas, estas son de comisión instantánea, y por ende, dan lugar a la consumación del tipo penal en mención; que, el criterio de considerar que luego de estos actos y mientras no se restituya la posesión al agraviado, implica la permanencia de la agresión, resulta totalmente inadecuado, toda vez que tales circunstancias constituyen los efectos del delito consumados; que, en cuanto al segundo punto podemos indicar que, del análisis de los actuados que se tienen a la vista se puede apreciar que las conductas delictivas perpetradas por la acusada tuvieron lugar desde el mes de abril de mil novecientos ochentiocho hasta el mes de julio de mil novecientos noventa, fecha en la que se encontraban vigentes los artículos doscientos cincuentisiete y doscientos cincuentinueve del Código Penal de mil novecientos veinticuatro y que sancionaba los hechos con pena de prisión no mayor de dos años en ambos casos; que, en cuanto al tercer y último punto,

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debemos indicar que haciendo un análisis de las normas que se han sucedido desde la comisión del evento hasta la fecha, para la tipificación correspondiente resulta ser más benigna la norma contenida en el Código Penal abrogado, cuyas penalidades hemos señalado en el acápite anterior y, para los efectos de computar los términos de prescripción, resulta ser más favorable lo establecido por el Código Penal vigente, que en sus artículos ochenta y último parágrafo del ochentitrés señalan que es igual al máximo fijado por la ley para el delito, y, en caso de interrupción cuando el término transcurrido supere en una mitad al anterior, siendo en este caso de tres años el término para que opere la prescripción, el mismo que ha transcurrido con exceso; que habiendo deducido la procesada Lara Zambrano Sala conforme aparece del cuadernillo formado por la misma, y estando a lo expuesto en el considerando de la presente resolución es del caso resolver, dando aplicación a lo dispuesto por el artículo quinto del Código de Procedimiento Penales modificado por el artículo primero del Decreto Legislativo número ciento vientiséis declararon HABER NULIDAD en la sentencia recurrida de fojas setecientos dieciocho, su fecha cuatro de noviembre de mil novecientos noventidós, que confirmando en un extremo y revocando en otro la apelada de fojas seiscientos noventiséis, su fecha cuatro de setiembre de mil novecientos noventidós, condena a Silvia Lara Zambrano por el delito de usurpación en agravio de Guadalupe Carlos Huayanay viuda de Orozco, Valerio Diego Orozco Carlos, Olga Orozco Carlos, Matilde Orozco Carlos, Silvina Orozco Carlos, Herminia Genoveva Orozco Carlos, Manuel Silverio Orozco Carlos, Pedro Orlando Orozco Carlos, Alejandra Orozco Carlos, Susi Orozco Garbozo y Rita Santiago Gastelú, le reserva el fallo condenatorio por el término de un año, asimismo, la absuelve de la acusación fiscal por el delito de daños en perjuicio de los aludidos agraviados; con lo demás que contiene; reformándola; declararon FUNDADA la excepción de prescripción deducida por Silvia Lara Zambrano; y en consecuencia extinguida la acción penal incoada en su contra por los delitos de usurpación y daños en agravio de los citados perjudicados: MANDARON archivar definitivamente la instrucción y de conformidad con lo establecido por el Decreto Ley número veinte mil quinientos setentinueve; ORDENARON la anulación de sus antecedentes policiales y judiciales generados como consecuencia del presente procesos; y los devolvieron. SS. PANTOJA RODOLFO; IBERICO MAS; MONTES DE OCA BEGAZO; ALMENARA BRYSON; SIVINA HURTADO

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ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL Estudio introductorio............................................................................ 5

CAPÍTULO I Hurto 001.

Hurto: No basta con la sola imputación de la agraviada para determinar con certeza la responsabilidad de los procesados..................................... 17

002.

Hurto: Inconsistencias en la defensa del procesado no resultan tener suficiente fuerza probatoria........................................................................ 22

003.

Hurto: Preexistencia de bienes no se acredita con la propiedad del inmueble....................................................................................................... 25

004.

Hurto: Falta de acreditación de la preexistencia del bien....................... 29

005.

Hurto agravado: Necesidad de la sindicación de la víctima al autor o partícipe del delito al procesado................................................................ 33

006.

Hurto: Absolución porque procesada no tuvo intención de obtener provecho de producto del apoderamiento de los bienes.......................... 37

007.

Hurto agravado: Falta de acreditación de bienes objeto del delito determinan absolución del encausado........................................................... 41

008.

Hurto agravado: Acreditación de la responsabilidad penal.................... 47

009.

Hurto de servicio público: Mediante destreza y en concurso de más de dos personas................................................................................................. 52

010.

Hurto de servicio público: Certeza en la responsabilidad penal del encausado..................................................................................................... 57

011.

Hurto de espectro electromagnético: Arrendatario del inmueble intervenido no es autor ni partícipe del delito.................................................. 64

012.

Hurto agravado: Excusa absolutoria por relación convivencial............. 69

569


CAPÍTULO II Robo 013.

Robo agravado: Bien jurídico protegido y tipo penal.............................. 77

014.

Robo: Delito de resultado y bien jurídico protegido................................ 86

015.

Robo: Tipo objetivo..................................................................................... 95

016.

Robo agravado: Presupuesto subjetivo del tipo penal y presupuestos objetivos y subjetivos.................................................................................. 103

017.

Robo agravado: Configuración ................................................................. 110

018.

Robo agravado en grado de tentativa: Acreditación por conclusión anticipada del proceso................................................................................. 126

019.

Robo agravado en grado de tentativa: Agentes fueron intervenidos por la policía....................................................................................................... 134

020.

Robo agravado en grado de tentativa: Conclusión anticipada del juicio oral renuncia a la presunción de inocencia............................................... 149

021.

Robo agravado en grado de tentativa: Configuración............................. 155

022.

Robo en grado de tentativa: Determinación de la pena........................... 164

023.

Robo en grado de tentativa: Configuración.............................................. 170

024.

Robo agravado en grado de tentativa: Configuración ............................ 176

025.

Robo: Consumación se efectúa con el apoderamiento del objeto mueble aunque por un breve lapso......................................................................... 185

026.

Robo agravado: Declaración del agraviado contradictoria con la del procesado y testigo...................................................................................... 192

027.

Robo agravado: Falta de acreditación del delito...................................... 199

028.

Robo agravado: Absolución por falta de prueba e inasistencia del agraviado al proceso........................................................................................... 206

029.

Robo agravado: Absolución por falta de ratificación de la denuncia por el agraviado.................................................................................................. 213

030.

Robo agravado: Acreditación de la preexistencia de la cosa materia de delito............................................................................................................. 223

031.

Robo agravado: Absolución por dudas respecto al motivo por el cual el acusado agarró del cuello al agraviado................................................. 233

032.

Robo agravado: Absolución por insuficiencia probatoria....................... 241

033.

Robo agravado: Absolución por insuficiencia probatoria....................... 249

034.

Robo agravado: Insuficiencia probatoria................................................. 258

570

ÍNDICE GENERAL

035.

Robo agravado: Graduación de la pena.................................................... 265

036.

Robo agravado: Acreditación de la responsabilidad penal..................... 274

037.

Robo agravado: Reparación civil se fija según el principio de auto responsabilidad............................................................................................ 282

038.

Robo agravado: Sustento de la sentencia condenatoria.......................... 287

039.

Robo agravado: Discrepancias físicas del procesado genera que se declare fundada la cuestión previa............................................................ 294

040.

Robo agravado: Conclusión anticipada del juicio oral............................ 299

041.


042.


043.

Robo agravado a mano armada y en concurrencia de dos o más personas: Acreditación de la complicidad.......................................................... 316

044.

Robo a mano armada y que causa lesiones en la integridad física: Absolución por contradicción de tesis probatoria......................................... 335

045.

Robo a mano armada y en concurso de dos o más personas: Versiones coherentes y uniformes de la agraviada y testigo..................................... 345

046.

Robo en transporte público y con concurso de dos o más personas: Configuración.............................................................................................. 353

047.

Robo a mano armada, durante la noche con concurso de dos o más personas: Configuración............................................................................. 368

048.

Robo con el concurso de dos personas, en la noche y en un medio de transporte: Convicción de la responsabilidad penal................................ 381

049.

Robo por medio de dopaje: Autor generalmente no busca como víctima a sus amistades............................................................................................. 393

050.

Robo durante la noche y en concurso de dos o más personas: Configuración............................................................................................................ 399

051.

Robo con el concurso de dos o más personas: Configuración................. 408

052.

Robo con concurso de dos o más personas: Configuración..................... 413

053.

Robo en concurrencia de dos o más personas: Acreditación de la consumación....................................................................................................... 419

054.

Robo en concurrencia de dos o más personas: Configuración y acreditación............................................................................................................ 429

055.

Robo con concurso de dos personas y causando lesiones: Acreditación................................................................................................................ 436

571


CAPÍTULO III Apropiación ilícita 056.

Apropiación ilícita: Tipo penal y núcleo probatorio................................ 445

057.

Apropiación ilícita: Delito eminentemente doloso.................................... 450

058.

Apropiación ilícita: Cuestionamiento de la responsabilidad no puede resolverse vía excepción.............................................................................. 454

CAPÍTULO Iv Receptación 059.

Receptación: Configuración del delito...................................................... 461

060.

Receptación: Prescripción.......................................................................... 466

CAPÍTULO v ESTAFA 061.

Estafa: Falta de materialización del delito................................................ 473

062.

Estafa: Error en el sujeto pasivo debe realizarse por mecanismos precalificados..................................................................................................... 476

063.

Estafa: Acreditación del delito .................................................................. 481

064.

Estafa: Valoración del delito para fijar el monto de la reparación civil................................................................................................................ 485

065.

Estelionato: Acreditación de la materialidad del delito........................... 487

CAPÍTULO vi Usurpación 066.

Usurpación: Bien jurídico protegido......................................................... 495

067.

Usurpación: Configuración requiere que se acredite la posesión del agraviado...................................................................................................... 499

068.

Usurpación: Configuración requiere que se acredite posesión del agraviado...................................................................................................... 503

069.

Usurpación: Turbación de la posesión no acreditada.............................. 507

070.

Usurpación: Mediante abuso de confianza por cambio de chapa de inmueble....................................................................................................... 514

572

ÍNDICE GENERAL

071.

Usurpación: Traslado de bienes de la casa que ocupa el agraviado configura el delito........................................................................................ 517

072.

Usurpación: Ingreso a terreno de agraviado con la finalidad de despojarlo de la posesión...................................................................................... 523

CAPÍTULO vii dAÑOS 073.

Daños: Configuración requiere que preexistan los bienes y se acredite el perjuicio económico................................................................................. 533

anexos Plenos jurisdiccionales.......................................................................... 543 Jurisprudencia vinculante ................................................................... 556 Índice general........................................................................................ 567

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45 Los delitos contra el patrimonio en la jurisprudencia.pdf

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