Trabajo de Principios Tributarios-uladech Piura-Ayala Tandazo Eduardo

Principios Tributarios

Profesor: Rafael Humberto Bayona Sánchez

Alumnos: 

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Dedicatoria: El trabajo de Investigación monográfico lo dedicamos a  nuestros padres; padres; a quienes quienes les debemos todo todo lo que tenemos en  esta vida.  A Dios, ya que gracias a él tenemos tenemos esos padres  padres  maravillosos, los cuales nos apoyan en nuestras derrotas y  celebran nuestros triunfos.  A nuestros docentes docentes quienes quienes son nuestros quías quías en el      2 aprendizaje, dándonos dándonos los últimos conocimientos para nuestro  buen desenvolvimiento en la sociedad.    a    n    i    g     á     P

INTRODUCCION

Como Equipo de trabajo, integrado por Estudiantes de Derecho IV Ciclo, es fundamental este tipo de Investigaciones, debido a que profundizamos en la parte financiera peruana, la cual mueve el País. Fundamentalmente analizamos este Sistema Tributario Nacional que aún no alcanza bases firmes y duraderas en el grado que permita afirmar su solidez, no obstante las iniciativas y cuerpos normativos que se vienen dando a partir de la Constitución vigente y también antes de ella, al punto que coexisten al lado de la Carta Política de 1933, la Ley Marco del Sistema Tributario, el Código Tributario, en una nueva versión, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 816, la Ley del Impuesto a la Renta, el Régimen del Impuesto General a las Ventas, que incluye el Impuesto Selectivo al Consumo, la Ley de Tributación Municipal y otras Leyes, Reglamentos y Cuerpos de menor jerarquía vinculados con la tributación en general, la administración tributaria, los procedimientos tributarios y también las sanciones por infracciones tributarias.

Todas estas normas, cuya naturaleza común es la de ser tributarias, lo que les distingue de otras normas, se diferencian entre sí por su diversa regulación sobre aspectos específicos, como son la potestad tributaria, los tributos específicos o en especie, la obligación tributaria y sus elementos, los órganos y organismos de la administración tributaria, los actos de la administración tributaria,

el

ilícito

tributario

y

sus

correspondientes

sanciones.

La variedad normativa le da riqueza en su contenido, pero también amplitud en sus conceptos y explicaciones sobre las diversas instituciones y figuras  jurídico-tributarias. En contrapartida, no es fácil el uso de todos los componentes que integran el ordenamiento tributario, ni menos de cada uno de sus dispositivos. La tarea se complica más si se advierte que las normas de ésta índole lo que establecen básicamente son obligaciones, mientras que los sujetos a quienes se les obliga son legos en derecho en su mayoría, pues basta decir que la mayoría de peruanos, por no decirlo todos, son

contribuyentes y sin embargo en la generalidad desconocen sus

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obligaciones. La gran diferencia entre las normas tributarias y las de otra naturaleza está en que las primeras establecen obligaciones en su mayoría, mientras que las otras básicamente confieren derechos o facultades. Pues bien, como el incumplimiento de obligaciones genera sanciones, resulta una necesidad permanente la difusión de las normas tributarias para evitar tales sanciones que pueden ocurrir más por desconocimiento que por voluntad de incumplirlas.

 Al analizar cada Texto en nuestra investigación, observamos observamos que La Constitución anterior tuvo el defecto de considerar como principios a los que en esencia lo son, pero también a los que no son sino recomendaciones

técnicas. Así considero como principios los de legalidad, uniformidad,  justicia,  justicia, publicida publicidad, d, obligator obligatorie ieda dad, d, economía conomía en la reca recauda udación, ción, no confiscatoriedad y certeza. Pero fue consciente, también, que la potestad tributaria no podía quedar limitada sólo al ejercicio de algunos entes, en especial el Poder Legislativo, quizás porque, conscientemente o por intuición, comprendió que los asuntos tributarios exigen dominio técnico especializado para regular las diversas situaciones que las necesidades exigen, además de responder a situaciones de política tributaria. Por ello es que instituyó la figura de la potestad delegada, de tal modo que el Poder Ejecutivo, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales también podían ejercer esta potestad, pero sujeta a una Ley autoritativa, con lo cual directa o indirectamente, la potestad tributaria siempre quedaba reservada al Poder Legislativo.

En la actualidad nuestra

Constitución vigente, en cambio, considera considera sólo sólo

cuatro principios, a saber: reserva de ley o legalidad, igualdad y respeto de

los derechos fundamentales de la persona, a lo que debe agregarse que ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. Estos principios, por la redacción que tiene el artículo 74o de la Carta Política, parecieran estar  referidos sólo a tres (reserva de la ley, igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona), como se lee en su segundo parágrafo; sin embargo a ellos se agregan los

no confiscatoriedad, que no están

considerados expresamente, pero por su sentido y por la explicación que da la

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doctrina, son principios en todo el sentido de la palabra y como tales deben ser  considerados. Han quedado así definidos los principios llamados obligatorios ( legalidad o

reserva de ley, Igualdad, no confiscatoriedad y respeto de los derechos fundamentales de la persona), manteniéndose como principio programático sólo el de igualdad, pues ya no se comprenden los de certeza, economía en la recaudación, entre otros.

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ÍNDICE

I.- PRINCIPIOS TRIBUTARIOS 1.1 Consideraciones Generales:……………………………………………. 8 1.2 Principios Tributarios desde el marco Constitucional………………9 II.- DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO………………….……….. 11 2.1. Potestad Tributaria………………………………………………………. 12 2.2. Limites al ejercicio de la Potestad Tributaria……………….………. 13 2.3. Constitución de 1979……………………………………………………. 14 2.4. Constitución 1993………………………………………………………… 14 III PRINCIPIO TRIBUTARIO DE RESERVA DE LEY O DE LEGALIDAD L EGALIDAD… 19 IV PRINCIPIO TRIBUTARIO DE IGUALDAD………………………………….. 22 V

PRINCIPIO

TRIBUTARIO

DE

RESPETO

A

LOS

DERECHOS

FUNDAMENTALES ……………………………………………………………… 23 VI PRINCIPIO TRIBUTARIO TRIBUTARIO DE NO CONFISCATORIEDAD CONFISCATORIEDAD……………….26 VII PRINCIPIOS IMPLICITOS……………………………………………………. 28 7.1. PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA……………………….. 28 7.2. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD ……………………………………………. 42 7.3. PRINCIPIO DE EQUIDAD………………………………………………… 45 7.4. PRINCIPIO DE ECONOMIA EN LA RECAUDACION…………. ……….……...45

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7.5. PRINCIPIO DE CERTEZA Y SIMPLICIDAD …………………………… 45 VIII.- UNA MIRADA COMPARATÍVA A LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS QUE DETERMINAN COMO SE HAN DE ESTABLECER LOS IMPUESTOS EN ESPAÑA. ………………………………………………………………………... 46 IX.- BIBLIOGRAFÍA……………………………….………………………………... 50

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I.- PRINCIPIOS TRIBUTARIOS

1.1 Consideraciones Generales: Debemos señalar que nos hemos dado el tiempo para buscar la etimología de estas dos palabras, que nos ayudarán a determinar cada uno de los aspectos básicos: 

La palabra PRINCIPIO, deriva del latín PRINCIPIUM, y este de dos palabras Primus (El primero) capere (Capturar, agarrar, ver, emancipar) y el sufijo-IUM (IO=efecto resultado) Lo cual vendría a ser :

“El resultado final de Abordar o tomar lo

Primero”



La palabra TRIBUTO, proviene del latín TRIBUTUM, que significa Impuesto, tasa o contribución.

 Al hablar sobre TRIBUTACIÓN, acudimos al diccionario Enciclopédico

tributario de Guillermo Navarro Vásquez, pág. 715; hace referencia al conjunto de obligaciones que deben deben realizar los ciudadanos ciudadanos sobre sus rentas, sus propiedades, mercancías, o servicios que prestan, en beneficio del Estado, para su sostenimiento y el suministro de servicios, tales como defensa, transportes, comunicaciones, educación, sanidad, vivienda, etc. También buscamos la palabra TRIBUTO; señala el mismo diccionario que es la prestación generalmente pecuniaria que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio, en virtud de una ley, para cubrir gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. El código tributario rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, el término genérico tributo comprende impuestos, contribuciones y tasas.. La teoría de los ingresos públicos del Estado, suele recogerse en el concepto tributo. Este aspecto no es el que caracteriza más el tributo, porque este

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concepto es el concepto es una auténtica institución. Un conjunto de normas que regulan una pluralidad de relaciones jurídicas:

a). Derechos b). Obligaciones. c). Potestades. d).Deberes y e). Sujeciones. Toda esta relación jurídica tributaria, entre ciudadanos y el estado se reducen a hacer efectivo el derecho al cobro de las cargas y obligaciones. También investigamos investigamos que la obligación obligación tributaria nace de la ley. Este es un principio de rango universal y reconocido en todas las constituciones, como principio de reserva de ley para la imposición de los tributos, y garantizar así las notas de obligatoriedad y exigibilidad.

1.2 Principios Tributarios desde el marco Constitucional Desde un inicio nos pareció un poco complicado entender, Los Principios constitucionales Tributarios, Los Principios del Derecho Tributario y los cuatro Principios Tributarios que orienta nuestra Constitución. En esta oportunidad, efectuaremos un primer acercamiento a los denominados Principios del Derecho Tributario, también conocidos como los Límites al Ejercicio de la Potestad Tributaria. Esto con la finalidad de conocer exactamente cuáles son, en qué consisten, que sucede si no se cumplen, y que podemos hacer nosotros como operadores del derecho tributario en estos casos.

 A manera de adelanto podemos decir que los principios del Derecho Tributario son la garantía de que gozan los contribuyentes frente al Estado, cuyo poder  tributario o capacidad jurídica para crear tributos se encuentra limitada precisamente por estos principios (1).

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Finalmente, tenemos que el aspecto de respaldo legal a nuestra investigación, se centra en la el código Tributario, específicamente específicamente en:

LA NORMA IX: APLICACION SUPLETORIA DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO:

En lo que no previsto por este Código o en otras normas tributarias podr án aplicarse normas distintas a las tributarias tri butarias siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen. Supletoriamente se aplicarán los Principios del Derecho Tributario, o en su defecto, los Principios del Derecho Administrativo y los Principios Generales del Derecho.

Concordancias: Const.Pol.: Art. 74 2do.pár. Cód.Civ. T.P. Art. VIII L. N° 27444: - Ley de Procedimientos Administrativos: Administrativos: T.P. Art. IV, V, VIII TUO-Cód.Trib.: Norma I, VIII

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II.- DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO Es importante iniciar por este tema para poder entender los Principios tributarios, acudiendo al Jurista Rodolfo Spisso (2). Quien señala; que “El derecho constitucional tributario es el conjunto de principios y normas constitucionales que gobiernan la tributación.

Es la parte del derecho Constitucional que regula el fenómeno financiero que se produce con motivo de detracciones de riqueza de los particulares en favor  del Estado, impuestas coactivamente, que hacen a l a subsistencia de éste, que la Constitución organiza, y al orden, gobierno y permanencia de la sociedad cuya viabilidad ella procura”.

 Ahora bien, como sabemos, la Constitución es el conjunto de los principios y las normas que de por si constituyen un sistema orgánico, por el cual, estos principios y normas se encuentran vinculados, de tal manera que no es posible hacer una interpretación aislada, sino que esta se debe efectuar de acuerdo al sistema completo, es decir tomando como base a la constitución. Es  justamente en razón de ello que, el tema tributario tr ibutario se debe explicar partiendo de la perspectiva constitucional.

En la actualidad el derecho constitucional tributario lo entendemos com o “ el  conjunto de normas y principios que surgen de las constituciones y cartas , referentes a la delimitación de competencias tributarias entre distintos centros de poder (nación, provincias, estados) y a la regulación del poder tributario frente a los sometidos a él , dando origen a los derechos y garantías de los  particulares, aspecto, este último, conocido como el de garantías de los contribuyentes,

las

cuales

representan,

desde

la

perspectiva

estatal,

limitaciones constitucionales del poder tributario tr ibutario ”. (3)

El derecho constitucional tributario es según algunos autores, aquella parte del derecho constitucional que se refiere a materia tributaria; es decir, no es propiamente derecho tributario, sino derecho constitucional aplicado al derecho tributario. Y según otros autores como Catalina García Vizcaíno, no comparten

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el criterio de ubicar a esta rama jurídica específica dentro del derecho constitucional, sino que sostienen que “pese al obvio contenido constitucional de sus normas, debe comprendérsela dentro del derecho tributario, a los efectos de lograr una clara sistematización lógica de las normas que componen este

derecho

y

para

una

mejor

comprensión

de

sus

conceptos

e

instituciones” (4).

Mas allá de que la doctrina no esté unánimemente de acuerdo sobre si el derecho constitucional tributario es derecho constitucional aplicado al derecho tributario o si éste está comprendido dentro del derecho tributario; en lo que sí están de acuerdo es que el derecho constitucional tributario tiene en su contenido temas como: los principios, garantías y normas que regulan la potestad tributaria, temas como los derechos humanos y tributación, la vigencia de la norma tributaria en el tiempo, la teoría de la exención tributaria.

Entendemos al Derecho Constitucional Tributario, como aquella parte del Derecho Constitucional, que se denomina tributario, debido al objeto que regula y trata. Es decir, que aunque se le considera como una área del Derecho Tributario, no se trata de Derecho Tributario Sustantivo, ya que, en esencia es la parte del Derecho Constitucional que regula los temas tributarios, como por  ejemplo especifica en la Constitución (claro está) quienes gozan, o a quienes se les ha otorgado Potestad Tributaria, en qué forma se ha otorgado ésta potestad tributaria, cuales son los límites que tienen que respetar aquellos que ejercen potestad tributaria.

2.1. Potestad Tributaria La Potestad Tributaria, llamada por algunos, Poder Tributario, es aquella facultad que tiene el Estado de crear, modificar, derogar, suprimir tributos, entre otros, facultad que le es otorgada a diferentes niveles de gobierno o entidades del Estado, exclusivamente en la Constitución. Esta potestad tributaria, no es irrestricta, no es ilimitada (como lo fue en la antigüedad), sino que su ejercicio se encuentra con límites que son

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establecidos también en la Constitución, de tal manera que a qui en se le otorga Potestad Tributaria, se encuentra obligado al cumplimiento de estos límites, para el ejercicio de la potestad otorgada sea legítimo.  A los l os Estados se les reconoce la facultad de crear, modificar, suprimir o eximir  de tributos a los sujetos que se encuentran bajo su jurisdicción.  A esta facultad se le denomina doctrinariamente Potestad Tributaria, poder

de imposición, poder fiscal o poder tributario . Dicha facultad no es ilimitada, pues se encuentra sometida a determinadas reglas generalmente establecidas en las Constituciones Políticas, como es el caso del Perú. La doctrina también ha clasificado la Potestad Tributaria en dos ámbitos: 

Potestad Tributaria Originaria

Es la potestad reconocida a un órgano del Estado quien en primera instancia es el encargado de crear, modificar, suprimir o eximir de tributos. Normalmente este órgano es el Poder Legislativo.



Potestad Tributaria Derivada

Es una potestad adicional reconocida a órganos del Estado distintos al que detenta la Potestad Tributaria Originaria. Usualmente la propia Constitución establece los órganos que por excepción detentarán la Potestad Tributaria Derivada, que por lo general recae en una institución pública.

Ejemplo: el segundo párrafo del artículo 74° de nuestra Carta Magna, norma que los gobiernos locales pueden crear modificar y suprimir contribuciones y  tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley.

2.2. Limites al ejercicio de la Potestad Tributaria Como hemos indicado, se señalan en la Constitución, pero no necesariamente todos los límites al ejercicio de la potestad tributaria se indican en forma

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expresa, ya que hay una serie de principios que se encuentran implícitos, es decir no es necesario que la Constitución los señale.

2.3. Constitución de 1979 En el artículo 139º de la Constitución de 1979 se indicaba lo siguiente:

“Sólo por ley expresa se crean, modifican o suprimen tributos y se conceden exoneraciones y otros beneficios tributarios. La tributación se rige por los principios de legalidad, uniformidad, justicia, publicidad, obligatoriedad, certeza y economía en la recaudación. No hay impuesto confiscatorio ni privilegio personal en materia tributaria….”. De otro lado, el artículo 77º indicaba que “todos tienen el deber de pagar los tributos que les corresponden y de soportar equitativamente las cargas establecidas establecidas por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos” Lo primero que podemos apreciar, es que el artículo 139º va dirigido a quienes se les otorga potestad tributaria, en estricto podíamos decir al legislador, o entidad que goza de potestad tributaria, (y los límites que obviamente se deben cumplir), mientras que el artículo 77º va dirigido a las personas, administrados, contribuyentes en su caso.

2.4. Constitución 1993 En el artículo 74º de la Constitución vigente, se establece que: “Los tributos se se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de ley, y los de igualdad y respeto de

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los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo.” Como podemos apreciar, la actual Constitución señala expresamente sólo cuatro Principios del Derecho Tributario, que es lo mismo que decir los cuatro Límites que debe respetar quien ejerce potestad tributaria:

i) Reserva de Ley, ii) Igualdad, iii) Respeto a los Derechos Fundamentales Fundamentales de la Persona, iv) No Confiscatoriedad.

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PRINCIPIOS TRIBUTARIOS Son aquellos que orientadan la Potestad Tributaria y han sido elaborados por la doctrina, recogidos por el constituyente

plas mados en la Cons titución Pol ítica. Tienen un sentido

tridimensio tridime nsio nal, pues orientan al legisl ador en la creación y tratamiento tratamiento general de las normas tributarias; sirven a la autoridad administrativa tributaria tributaria en las decisi ones que le co rresponde adoptar en los diversos casos concretos, puesto que los actos y resoluciones en general no pueden ignorar los alcances de la potestad en referencia; y, finalmente, sirven de garantía constitucional a los contribuyentes porque el legislador no puede afectar con tributos a la población rebasando los alcances de estos principios.

POTESTAD TRIBUTARIA

La Potestad Tributaria, llamada por algunos, Poder Tributario, es aquella facultad que tiene el Estado de crear, modificar, derogar, suprimir tributos, entre otros, facultad que le es otorgada

Originaria y derivada

a diferentes niveles de gobierno o entidades del Estado, exclusivamente en la Constitución .

1.-Principio de Reserva de  la Ley o de Legalidad 

2.-Principio de  Igualdad 

 3.-Principio de Respeto a los Derechos  Derechos   fundamentales de las Personas  Personas 

(Igualdad ante la 2 (Igualdad ARTº 2 CPP-Incisos: 1  (Dº a la Vida) 2 

Según este principio que está vinculado al principio de legalidad, algunos tema temas s de la materia tributaria deben ser regulados estrictamente a través través de d e una ley y no por reglamento. El complemento al principio de reserva de la ley, y respecto del cual se debería interpretar sus preceptos, es el

Según el principio de igualdad tributaria los contribuyentes con homogénea capacidad contributiva deben recibir el mismo trato legal y administrativo frente al mismo supuesto de hecho tributario.

ley), 3  (Lib. De conciencia y opinión), 4  (Libertad de expresión, 5  ( Dº Dº a 3 (Lib. 4 (Libertad la Inf. Pública), 6 (Dº (Dº a la Intimidad Personal), 7 (Dº (Dº al honor y buena reputación), 8  (Libertad de creación), 9 (Inviolabilidad (Inviolabilidad de domicilio), 8 (Libertad 10 (  ( Al   secreto y a la inviolabilidad inviolabilidad de comunicación y documentos ( Residencia (Dº de reunión), 13 (  ( Dº  privados), 11 (  Residencia y libre tránsito ), 12 (Dº Dº de ( Dº Dº de contratación), 1 5  ( Libertad 14 (  5 (  asociación), 14  Libertad de trabajo ), (Propiedad), 17  (Dº a la Participación Política), 18  (Dº reserva 16 (Propiedad), 17 (Dº 18 (Dº ideológica y secreto profesional), 19 (Dº (Dº a la identidad cultural), 20 (Dº (Dº de petición), 21  (Dº a la nacionalidad), 22  (Dº a la Paz), 23  (Dº a la 21 (Dº 22 (Dº 23 (Dº legítima defensa), 24 (Dº (Dº a la libertad y seguridad personal), 24a (Principio (Principio de legalidad), 24b (Prohibida (Prohibida la servidumbre), 24c (No (No hay prisión por deudas), 24d ( Irretroactividad de la Ley),

principio de Legalidad el cual se

24e (Presunción (Presunción de inocencia), 24f (No (No detención arbitraria),

puede resumir como el uso del

(Prohibición de incomunicación), 24h (Prohibición (Prohibición de torturas) 24g (Prohibición

.

instrumento legal permitido por su respectivo titular en el ámbito de su competencia .

4.-Principio de No  Confiscatoriedad 

Por este principio los tribu tributos tos no pueden exceder la capacidad contributiva del contribuyente pues se convertirían en confiscatorios. Hay lo que nosotros llamamos el mundo de lo tributable (y nos podemos imaginar una línea horizontal), y aquello que podría convertirse en confiscatorio, bajo esta misma línea horizontal. Lo que tenemos tenem os que aprender a diferenciar es cuanto lo     6 tributario está llegando al     1 límite, de tal manera que no    a    n    i cruce la línea a lo confiscatorio.    g     á     P

Como podemos apreciar, no se señala al respeto a los derechos fundamentales como un principio más, sino como el requisito indispensable para que la potestad tributaria sea legítima.

 Asimismo, el último párrafo de este artículo indica que aquellas normas tributarias

que

se

dicten

violando

este

artículo

no

surten

efecto.

Este último párrafo debe ser entendido en su verdadera dimensión, que a nuestro parecer es justamente la consecuencia de lo que debería suceder  cuando quien ejerce la potestad tributaria no respeta estos límites en el ejercicio de esta potestad. Esto constituye la excepción a la regla general establecida por el artículo 200º de la Constitución. Es decir, la Constitución ha precisado en el artículo 74º quienes gozan de potestad tributaria, pero no otorga (como hemos indicado anteriormente) potestad tributaria irrestricta, sino restringida, en el sentido que el ejercicio de esta potestad se encuentra limitada justamente por los cuatro principios que hemos mencionado y que más adelante adel ante trabajaremos. Sabemos de otro lado, que la propia Constitución ha previsto en el artículo

200º, numeral 4) que “La Acción de Inconstitucionalidad, Inconstit ucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter  general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo…”  Asimismo, el artículo 204º de la Constitución precisa que: ”La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, publicación, dicha norma queda sin efecto. No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo o en parte, una norma legal. De lo hasta aquí señalado, podemos afirmar lo siguiente:

1.- La regla general está contenida en el artículo 200º y 204º de la Constitución, según la cual la sentencia del Tribunal Constitucional (que declara la inconstitucionalidad de la norma) produce efectos solo para adelante.

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2.- La excepción a esto, se encuentra en el último párrafo del artículo 74º de la Constitución según el cual la referida sentencia del Tribunal Constitucional (que versa sobre la violación de principios constitucionales - tributarios) puede producir efectos “para atrás”.

3.- Esta excepción a la regla general tiene que aparecer en la propia Constitución y no en normas de menor jerarquía, como la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Código Procesal Constitucional, entre otras.

 Ahora bien, veamos veamos como el Código Procesal Constitucional, Constitucional, aprobado por la Ley 28237 señala en su artículo 81º lo siguiente: “Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin efecto las normas sobre las cuales se pronuncian. Tienen alcances generales y carecen de efectos retroactivos. Se publican íntegramente en el Diario Oficial El Peruano y producen efectos desde el día siguiente de su publicación. Cuando se declare la inconstitucionalidad de normas tributarias por violación del artículo 74º de la Constitución, el Tribunal debe determinar de manera expresa en la sentencia los efectos de su decisión en el tiempo. Asimismo, resuelve lo pertinente respecto de las situaciones jurídicas producidas mientras estuvo en vigencia”. Entonces, el Código Procesal Constitucional está regulando los efectos de las normas dictadas en violación de lo establece el artículo 74, en ese sentido, debemos entender que si no existiera el último párrafo del artículo 74 de la Constitución, el artículo 81 del Código Procesal Constitucional sería inconstitucional: inclusive podríamos afirmar que el artículo 74 es la condición de validez del artículo artí culo 81 del Código Procesal Constitucional.

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III PRINCIPIO TRIBUTARIO DE RESERVA DE LEY O DE LEGALIDAD L EGALIDAD Según este principio que está vinculado al principio de legalidad- algunos temas de la materia tributaria deben ser regulados estrictamente a través de una ley y no por reglamento.

El complemento al principio de reserva de la ley, y respecto del cual se debería interpretar sus preceptos, es el principio de Legalidad el cual se puede resumir  como el uso del instrumento legal permitido por su respectivo titular en el ámbito de su competencia

(5).

Señala el doctor Humberto Medrano

(6),

que en virtud al principio de legalidad,

los tributos sólo pueden ser establecidos con la aceptación de quienes deben pagarlos, lo que modernamente significa que deben ser creados por el Congreso en tanto que sus miembros son representantes del pueblo y, se asume, traducen su aceptación. En derecho tributario, este principio quiere decir que sólo por ley (en su sentido material) se pueden crear, regular, modificar y extinguir tributos; así como designar los sujetos, el hecho imponible, i mponible, la base imponible, i mponible, la tasa, etc 7.

Desde la perspectiva de Iglesias Ferrer 8 son diversas las razones que han llevado a considerar que determinados temas tributarios sólo puedan ser  normados a través de la ley: Primero: Impedir que el órgano administrador del tributo regule cuestiones sustantivas tributarias a través de disposiciones de menor jerarquía.

Segundo: Impedir que un ente con poder tributario originario como el ejecutivo o el municipio, que son más dinámicos, abusen de su dinamicidad y se excedan.

Tercero: Impedir que se den casos de doble imposición interna y normas tributarias contradictorias.

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Según el referido autor todas estas razones tienen como denominador común evitar el caos y premunir de la formalidad adecuada a la norma tributaria que así lo merezca por su sustancialidad.

Sin embargo, este principio ha ido evolucionando con el tiempo, de tal manera que, por las necesidades propias de la técnica en el ámbito tributario, muchas veces es necesaria la delegación de competencias del legislativo al poder  ejecutivo, situación que se ha generalizado en distintos países. En nuestro país dicha situación viene establecida como precedente en la Constitución de 1979.

Como todos los demás principios, el de legalidad no garantiza por si sólo el cumplimiento debido de forma aislada, ya que el legislador podría el día de mañana (ejemplo hipotético), acordar en el congreso el incremento del Impuesto General a las Ventas del 19% al 49%, y estaría utilizando el instrumento debido, la Ley, pero probablemente este incremento en la alícuota sea considerado como confiscatorio. De la misma forma, el congreso podría acordar que todos los contribuyentes del Impuesto a la Renta (sin excepción alguna) a partir del ejercicio 2005, tributarán este impuesto con una alícuota única (no progresiva sino proporcional) del 52 %. Vemos como se aplica el principio de legalidad, pero este no es suficiente, ya que no se estaría contemplando la capacidad contributiva de los contribuyentes. 

Debemos señalar finalmente La Obligación Tributaria surge sólo por ley o norma de rango similar, en nuestra legislación, a través de un Decreto Legislativo.

 Actualmente se ha desarrollado el concepto de Reserva de la Ley, según el cual no sólo la creación, modificación o derogación de los tributos debe ser  establecida por ley o norma de rango similar, sino que este mismo principio debe ser aplicado a los elementos sustanciales de la obligación tributaria, tales como: el acreedor tributario, el deudor tributario, el hecho generador, la base imponible y la alícuota. Finalmente habría que señalar que la importancia de este principio ha determinado que sea la ley la que fije precisiones. En efecto, el Código

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Tributario vigente, en su Norma IV, establece el ámbito de la legalidad, el cual no queda reducido sólo a la creación de tributos, sino que comprende también reglas sobre los elementos de la obligación tributaria, los procedimientos tributarios y sanciones de la misma naturaleza. Su redacción es clara: "Sólo por  Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede:

a) Crear, modificar y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base para su cálculo, la alícuota; el acreedor tributario; el deudor tributario y el agente de retención o percepción, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10º;

b) Conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios; c) Normar los procedimientos jurisdiccionales, así como los administrativos en cuanto a derechos o garantías del deudor tributario;

d) Definir las infracciones y establecer sanciones; e) Establecer privilegios, preferencias y garantías para la deuda tributaria; y, f) Normar formas de extinción de la obligación tributaria distintas a las establecidas en este Código. Los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro

de

su

jurisdicción

y

con

los

límites

que

señala

la

ley.

Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas se regula las tarifas arancelarias. Por Decreto Supremo expedido con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros,

se

fija

la

cuantía

de

las

tasas".

Si bien la referida Norma aparece atribuyéndole una amplitud de facultades al titular de la potestad tributaria, en contrapartida todos estos dispositivos también constituyen límites al ejercicio del poder tributario, importando así una garantía de los contribuyentes para no ser abrumados por disposiciones que rebasen las limitaciones de legalidad.

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La novedad que trae esta Norma IV en el actual Código Tributario está en que los Gobiernos Locales pueden crear determinados tributos y ejercer las demás facultades de su potestad tributaria, mediante Ordenanza, en tanto que el anterior texto facultaba para hacerlo mediante Edicto; siendo la explicación que el artículo 200o, inciso 4) de la Constitución Política le otorga a la Ordenanza rango de ley, al establecer que contra ella procede la acción de inconstitucionalidad.

IV PRINCIPIO TRIBUTARIO DE IGUALDAD Según el principio de igualdad tributaria los contribuyentes con homogénea capacidad contributiva deben recibir el mismo trato legal y administrativo frente al mismo supuesto de hecho tributario

(9).

El doctor Jorge Bravo Cucci (10) señala lo siguiente: “El principio de igualdad es un límite que prescribe que la carga tributaria debe ser aplicada de forma simétrica y equitativa entre los sujetos que se encuentran en una misma situación económica, y en forma asimétrica o desigual a aquellos sujetos que se encuentran en situaciones económicas diferentes. El principio bajo mención supone que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento fundamento racional.”

Este principio se estructura en el principio de capacidad contributiva, formulada dentro del marco de una política económica de bienestar y que no admite las comparaciones intersubjetivas (11).

El principio de igualdad de sustenta en que a los iguales hay que tratarlos de manera similar, y a los desiguales hay la necesidad de tratarlos de manera desigual. Justamente este principio de igualdad es la base para que el

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legislador pueda tener tratos desiguales entre los contribuyentes, y es la base para

el

otorgamiento

de

exoneraciones

y

beneficios

tributarios.

En nuestro país no necesariamente esto se cumple, ya que, como podemos apreciar del Impuesto a la Renta, las deducciones no son reales, sino que se presumen. Es por ello, que dos sujetos que ganan lo mismo, pero que tienen capacidad contributiva real distinta (uno puede ser soltero y vivir en casa de sus padres, y el otro puede ser casado, tener 4 hijos y una esposa que no trabaja ni percibe ingresos), van a tener la misma deducción. (hace algunos años en la ley del Impuesto a la Renta, si se permitían que las deducciones sean reales (principio de causalidad), pero el abuso de los contribuyentes, llevo (aparentemente) a utilizar el criterio actual. Además hay que tener en cuenta que para efectos de la fiscalización, es mucho más sencillo trabaja con deducciones

presuntas.

Finalmente, es importante mencionar que la igualdad se traduce en dos tipos: i) Igualdad en la Ley, ii) Igualdad ante la Ley. En el primer caso, el legislador se encuentra impedido de tratar desigual a los iguales, en el segundo caso, una vez que la norma se ha dado, es la Administración Tributaria quien tiene el deber de tratar a los contribuyentes en la misma forma, es decir trato igual ante la Ley.

V

PRINCIPIO

TRIBUTARIO

DE

RESPETO

A

LOS

DERECHOS

FUNDAMENTALES Según Según J orge Bravo Bravo Cucci

(14)

“En rigor, el respeto a los derechos humanos

no es un “principio” del del Derecho Tributario, pero sí un límite al ejercicio de la potestad tributaria. Así, el legislador en materia tributaria debe cuidar que la norma

tributaria

no

vulnere

alguno

de

los

derechos

humanos

constitucionalmente protegidos, como lo son el derecho al trabajo, a la libertad de asociación, al secreto bancario o a la libertad de tránsito, entre otros que han sido recogidos en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú”.

    3     2    a    n    i    g     á     P

 A decir de Juan Velásquez Calderón Calderón (15): “Esta es una de las innovaciones más má s importantes en materia tributaria.

Sin embargo, habría que precisar que si bien se pone en preeminencia el respeto a estos derechos fundamentales en materia tributaria, la no consignación legislativa no le hubiera dado menor protección pues el solo hecho de haberse consignado en la Constitución una lista (en nuestro entender  “abierta”) de derechos fundamentales ya les confiere rango constitucional y, en consecuencia, la mayor protección que ellos puedan requerir. En otras palabras, no era necesario dicha declaración, técnicamente hablando. Al margen de ello, creemos que es justificable su incorporación porque ofrece garantía a los contribuyentes, dado que los derechos fundamentales de la persona

podrían

verse

afectados

por

abusos

en

la

tributación”.

De otro lado, l ado, es importante comentar que la Comisión de Estudios de Bases de Reforma de la Constitución, en la separata especial publicada en el diario el Peruano el 26 de julio del año 2001 en lo relacionado a los principios indica lo siguiente:

“Límites al ejercicio de la potestad tributaria. La potestad tributaria, para ser  legítima, tiene que ser ejercida respetando los derechos fundamentales de las personas, lo cual se garantiza mediante la incorporación de los principios de observancia obligatoria. Se sugiere que los siguientes principios deban ser 

i) Legalidad, ii) Igualdad, iii) iii ) Generalidad, Generalidad, iv) No Confiscatoriedad. Como podemos apreciar, no se señala al respeto a los derechos fundamentales como un principio más, sino como el requisito indispensable para que la po testad tributaria sea legítima.

    4     2    a    n    i    g     á     P

Se trata de un nuevo principio elaborado como consecuente de un régimen constitucional que comienza su redacción con el capítulo relativo a los derechos fundamentales de la persona. En el contrapeso constitucional encontramos estos derechos y determinadas obligaciones, entre ellas las de índole tributaria. Pues bien, se busca que estas obligaciones impuestas en virtud del ius imperium del Estado, no sirvan de medio para afectar o desconocer los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales que podrían ser afectados, de modo más perceptible pueden ser los siguientes:

a)

El

derecho

de

igualdad

ante

la

ley

(artículo

2o,

inciso

2)

b) El derecho al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados... Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente,

de

conformidad

con

la

ley

(artículo

2o,

inciso

10).

c) El derecho de contratar con fines lícitos (artículo 2o, inciso 14). d) El derecho a la propiedad y a la herencia (artículo 2o, inciso 16) e) El derecho a la legítima defensa (Artículo 2o, inciso 23), que también debe gozar

el

contribuyente

dentro

de

los

procedimientos

tributarios.

f) No hay prisión por deudas (artículo 2o, inciso 24 literal c). g) El derecho de no ser procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley (artículo 2o, inciso 24 literal d); aplicable en los delitos tributarios. Esto no quita que los demás derechos fundamentales puedan también ser  afectados de algún modo. De ahí la importancia de este principio.

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VI PRINCIPIO TRIBUTARIO TRIBUTARIO DE NO CONFISCATORIEDAD CONFISCATORIEDAD Por este principio los tributos no pueden exceder la capacidad contributiva del contribuyente pues se convertirían en confiscatorios. Hay lo que nosotros llamamos el mundo de lo tributable (y nos podemos imaginar una línea horizontal), y aquello que podría convertirse en confiscatorio, bajo esta misma línea horizontal. Lo que tenemos que aprender a diferenciar es cuanto lo tributario está llegando al límite, de tal manera que no cruce la línea a lo confiscatorio.

El principio de No Confiscatoriedad defiende básicamente el derecho a la propiedad, ya que el legislador no puede utilizar el mecanismo de la tributación para apropiarse indirectamente de los bienes de los contribuyentes.

 A decir de Juan Velásquez Calderón Calderón (12): “Este principio tiene tiene una íntima conexión con el derecho fundamental a la propiedad pues en muchos casos, ya tratándose de tributos con una tasa irrazonable o de una excesiva presión tributaria, los tributos devienen en confiscatorios cuando limitan o restringen el derecho de propiedad pues para poder hacer frente a las obligaciones tributarias ante el Fisco el contribuyente se debe desprender de su propiedad.” Según el profesor Villegas citado por César Iglesias Ferrer  (13) “La confiscatoriedad existe por que el Estado se apropia indebidamente de los bienes de los contribuyentes, al aplicar un gravamen en el cual el monto llega a extremos insoportables, desbordando así la capacidad contributiva de la persona, vulnerando por esa vía indirecta la propiedad privada e impidiéndole ejercer su actividad”. Como hemos señalado anteriormente, la potestad tributaria debe ser  íntegramente ejercida por medio de normas legales (principio de legalidad), este principio de legalidad no es sino solo una garantía formal de competencia

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en cuanto al origen productor de la norma, pero no constituye en sí misma garantía de justicia y de razonabilidad en la imposición. Es por esta razón que algunas las Constituciones incorporan también el principio de capacidad contributiva que constituye el límite material materi al en cuanto al contenido de la norma tributaria. Pero, la potestad tributaria que ejerce el Estado no debe convertirse en una arma que podría llegar a ser destructiva de la economía, de las familias y de la sociedad, en el caso que exceda los límites más allá de los cuales los habitantes de un país no están dispuestos a tolerar su carga. En este sentido, debemos comprender bien el límite entre l o tributable y lo confiscatorio, muchas veces difícil de establecer. El límite a la imposición equivale a aquella medida que al traspasarse, produce consecuencias indeseables o imprevisibles, de tal modo que provoca efectos que menoscaban la finalidad de la imposición o que, se opone a reconocidos postulados políticos, económicos, o sociales. Todo gravamen influye sobre la conducta del contribuyente y esto sucede particularmente cuando llega a determinada medida o la pasa, y suele hablarse de límites de la imposición cuando su medida influye sobre la conducta del contribuyente en forma tal que el efecto financiero corre peligro de malograrse o que la imposición i mposición produzca efectos indeseables. indeseables. Por ello, si el estado pretende que los contribuyentes cumplan adecuadamente con sus obligaciones tributarias debe tener presente los siguientes límites a la imposición: i) Límite psicológico, que es el punto a partir del cual el contribuyente prefiere el riesgo al cumplimiento de la obligación tributaria; ii) Límite económico, entendido como el límite real de soportar la carga tributaria; iii) Límite jurídico, que pretende normar el límite económico real del contribuyente. Este último lo encontramos en la Constitución y en la Jurisprudencia.

Sobre que es considerado confiscatorio en materia tributaria, se ha recogido el concepto de la razonabilidad como medida de la confiscatoriedad de los

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gravámenes, “se considera que un tributo es confiscatorio cuando el monto de su alícuota es irrazonable”. Así, se sostiene que para que un tributo sea constitucional y funcione como manifestación de soberanía, debe reunir  distintos requisitos, entre los cuales se ubica en lugar preferente “la razonabilidad del tributo”, lo cual quiere decir que el tributo no debe constituir   jamás un despojo. despojo. La confiscación puede evaluarse desde un punto de vista cualitativo y otro cuantitativo:

1. Cualitativo: es cualitativo cuando se produce un sustracción ilegitima de la propiedad por vulneración de otros principios tributarios (legalidad por ejemplo) sin que interese el monto de lo sustraído, pudiendo ser incluso soportable por  el contribuyente.

2. Cuantitativo : es cuantitativo cuando el tributo es tan oneroso para el contribuyente que lo obliga a extraer parte sustancial de su patrimonio o renta, o porque excede totalmente t otalmente sus posibilidades económicas

VII PRINCIPIOS IMPLICITOS  Asimismo, y como hemos señalado anteriormente, anteriormente, hay principios explícitos y otros implícitos, veamos algunos que aunque no estén contemplados en forma expresa en el artículo 74º de la Constitución vigente, constituyen principios implícitos:

7.1. PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA Nace de la necesidad de contribuir al gasto público y del principio de la igualdad de las cargas públicas. Es deber de todo ciudadano el contribuir en la medida de sus posibilidades al financiamiento de los gastos en que incurre el Estado, ya que éste necesita de esos recursos para satisfacer las necesidades públicas, lo cual es su razón de ser primordial y principal motivo de existencia. Existe, pues, el deber de solidaridad de contribuir al gasto público, sin embargo, no todos estamos obligados de sacrificarnos de igual manera, porque existe el principio de la igualdad de las cargas públicas, que no alude a una

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igualdad material, cuantitativa, sino que es personal, cualitativa; se toma en cuenta la situación económica de cada quién El Estado haciendo uso de su poder de imperium, y más concretamente de su poder tributario, tiene la facultad de detraer parte de la riqueza de los individuos de la colectividad para proveerse de los recursos necesarios para solventar el financiamiento de los gastos públicos. Conocida también como capacidad económica de la obligación, consiste como dice el profesor  Francisco Ruiz de Castilla “en la aptitud económica que tienen las personas y empresas para asumir cargas tributarias” (16), tomando en cuenta la riqueza que dicho sujeto ostenta. Impone también respetar niveles económicos mínimos, calificar como hipótesis de incidencia circunstancias adecuadas y cuantificar las obligaciones tributarias sin exceder la capacidad de pago. Existen 2 tipos de capacidad contributiva: contributiva:

1. Absoluta: aptitud abstracta que tienen determinadas personas para concurrir a los tributos creados por el estado en ejercicio de su potestad tributaria. Este tipo de capacidad contributiva se toma en cuenta en el momento en el que el legislador delimita los presupuestos de hecho de la norma tributaria.

2. Relativa: Es aquella que orienta la determinación de la carga tributaria en forma concreta. Este tipo de capacidad contributiva, permite fijar cuales son los elementos de la cuantificación de la deuda tributaria. La persona que esta apta económicamente para pagar impuestos debe contribuir, el que tiene riqueza solo para cubrir sus necesidades vitales y las de su familia, carece de capacidad contributiva, por el contrario, la existencia de grandes utilidades constituye evidencia de capacidad contributiva, por ejemplo.

Para calcular la capacidad contributiva el legislador toma como índice los ingresos, rentas, incrementos patrimoniales debidamente comprobados de la totalidad o de una parte constitutiva del patrimonio del sujeto deudor tributario.

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También la producción de bienes, venta de bienes, consumo de bienes o servicios hace presumir un nivel de riqueza como índice de capacidad contributiva.

De otro lado, el principio de capacidad contributiva exige una exteriorización de riqueza, o renta real o potencial que legitime la imposición, es por ello que el principio de no confiscatoriedad, al fijar la medida en que el tributo puede absolver esa riqueza, subraya la existencia de capacidad económica como presupuesto de la imposición tributaria. De tal manera que tiene que existir  necesariamente capacidad económica para que exista imposición tributaria. Esto es justamente a nuestro modo de ver la razón por la cual existen deducciones en algunos impuestos, como es el caso del Impuesto a la Renta, debemos entender que las deducciones (así sean presuntas) deben satisfacer  las condiciones mínimas de subsistencia del contribuyente o de este y de su familia.  Antiguamente este poder del Estado era irrestricto, y en muchos casos arbitrarios, y este absolutismo del poder tributario fue la causa principal de muchos conflictos sociales, sobre todo en la Edad Media. El autor nacional Flores Polo acota al respecto: “Antiguamente el ejercicio del poder tributario era omnímodo. El Estado imponía los tributos de modo irrestricto y violento; sin garantías específicas para los contribuyentes.” contribuyentes.” Esto dio lugar a que surgieran mecanismos que frenaran estos ilimitados atributos, apareciendo así, por ejemplo, la Carta Magna en el Reino Unido, como una manera de establecer contrapesos a este ilimitado poder del Estado Vemos así que los principios tributarios surgen como una necesidad de poner  coto a la arbitrariedad de que hacía gala el Estado al momento de ejercer su potestad tributaria. Y entre los diversos limitantes al poder de imposición del Estado encontramos en el Principio de la Capacidad Contributiva a uno de los más importantes, ya que podemos afirmar, a la larga, que permite distinguir  cuando un impuesto es justo o cuando no lo es.

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De allí que podamos afirmar que la capacidad contributiva es la potencialidad de contribuir a los gastos públicos que poseen los individuos sometidos al poder tributario del Estado. Este concepto está íntimamente ligado al concepto de sacrificio y a la posibilidad de que un ciudadano renuncie renuncie a un goce directo y soporte tal renuncia; en otras palabras, constituye la medida con que él puede contribuir a los gastos públicos Se advierte así que la capacidad contributiva es la aptitud económica personal para soportar las cargas públicas en mayor o menor grado. Se deben tener en cuenta, pues, las condiciones particulares de cada uno de los individuos. Lo que se busca con este principio es que los ciudadanos de un Estado contribuyan a su sostenimiento en la cantidad más aproximadamente posible a la proporción de sus respectivas capacidades; es decir, en proporción a los ingresos y rentas de que respectivamente disfrutan. Como dice el tributarista Raúl Barrios Orbegoso: Capacidad contributiva es la capacidad económica de poder contribuir a los gastos públicos, que originan los servicios generales proporcionados por el Estado y que benefician a la colectividad.”

A su vez, Andrade Andrade Perilla Peril la citando a Moschetti Moschetti afirma Definimos la capacidad contributiva como la parte del potencial económico del contribuyente que por ser superior al mínimo exento, es susceptible de soportar  cargas impositivas de acuerdo con el sistema tributari o.” Este concepto de la Capacidad Contributiva tiene en Adam Smith a uno de sus más remotos antecedentes, antecedentes, ya que éste en su libro “La Riqueza de las Naciones” escrito en 1917, señala como primerísima regla tributaria la de Capacidad o Justicia, estableciendo que los súbditos de un Estado deben contribuir a su sostenimiento según sus respectivas capacidades  Así visto el concepto de Capacidad Contributiva, podemos podemos sostener en concordancia con el tratadista Montero Trabel, que éste es imposible de cuantificar y que la forma en que se puede investigar es a través de otros principios como el de Justicia e Igualdad tributaria

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En efecto, tratándose evidentemente de juicios subjetivos, que en última instancia buscan determinar una tributación justa y puesto que la justicia tributaria es parte esencial del Derecho Homónimo la determinación de la capacidad contributiv contributiva a debe estar regida por principios jurídicos.”

Y es el legislador quien debe atribuir al sujeto particular esta potencialidad de contribuir a los gastos públicos, tomando en cuenta la riqueza en posesión de una persona o un movimiento, y atribuyéndolo a ésta la magnitud de la capacidad contributiva y graduar así la obligación tributaria. La aptitud económica, pues, reposa en el patrimonio o riqueza propia del contribuyente.

Dino Jarach afirma que el concepto de capacidad contributiva es un concepto a priori para el Derecho, lo que hace que se dude de la posibilidad de introducir  en la dogmática jurídica, un concepto apriorístico. Y es que es problema de la política financiera, (en base a sus presupuestos teóricos) elaborar el concepto de capacidad contributiva, con lo cual el legislador contaría con los elementos necesarios para discernir cuáles situaciones de hecho deben ser elegidos como síntoma de capacidad contributiva Podemos concluir, que aún siendo un concepto tan complejo, que involucra tanto a la Ciencia de las Finanzas como al Derecho Tributario en particular, hay una relativa coincidencia en la doctrina en sostener que, básicamente, se puede entender a la capacidad contributiva como la aptitud económica de los miembros de la comunidad para contribuir a la cobertura de los gastos públicos.

A.-Naturaleza Jurídica.Visto el concepto de la Capacidad Contributiva, analizamos su naturaleza  jurídica, esto es, desentrañar desde una perspectiva jurídica si este principio es simplemente una recomendación, un ideal de política tributaria al que debe tender todo el sistema impositivo; o si por el contrario debe ser tenida en cuenta por aquél, en el momento de elaborar las normas tributarias.

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 Al respecto, el maestro argentino Giullianni Fonrouge al comentar sobre el principio de la Capacidad Contributiva afirma: “Responde a un encomiable propósito de justicia tributaria a ser tenido en cuenta por el legislador, según su libre apreciación pero que no puede ser  erigido en condición de dogma jurídico.”  A pesar de la autoridad del jurista antes mencionado, no concordamos concordamos con su pensamiento y sostenemos, por el contrario, que el principio de capacidad contributiva no puede ser visto como una simple recomendación para el legislador sino que éste al elegir las situaciones de hecho que serán consideradas como hechos imponibles que den nacimiento a las obligaciones tributarias, deben elegir necesariamente a aquellas que manifiesten directa o indirectamente, índices de capacidad. El maestro Giannini afirma que el juicio sobre la idoneidad de un determinado hecho para que sirva de índice de capacidad contributiva está reservado al legislador, y por lo tanto, aún cuando esa idea sea colocada como base de un tributo, constituye un concepto parajurídico que interesa al economista y no al jurista. No estamos de acuerdo con el autor italiano, puesto que, aunque este concepto es básicamente económico, al incorporarse a la legislación positiva de los Estados, adquiere su carácter jurídico y, por lo tanto, no puede ser ignorado al momento que éste elabora las normas tributarias. Tanto el maestro italiano Giannini como el jurista argentino Giullianni Fonrouge coinciden en sostener que este es un concepto muy discutido, controvertido, confuso, y que no existe al respecto un criterio objetivo siendo además “difícilmente determinable” Como hemos dicho, esta posición ha sido cuestionada por igualmente renombrados autores, con quienes coincidimos en afirmar que el principio de capacidad contributiva al estar consagrada, ya sea explíci ta o implícitamente en las Cartas Políticas de los Estados, adquiere relevancia jurídica y constituye el límite material en cuanto al contenido de la norma tributaria. No podemos negar  el carácter económico que envuelve a este principio, sin embargo, no por ello podemos sostener que sea un concepto meta-jurídico.

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 Al haber sido “positivizado”, las leyes tributarias no pueden dejar de tomarlo en cuenta. Sainz de Bujanda afirma al respecto que no es posible negar relevanc r elevancia ia  jurídica a la idea de capacidad contributiva, como como hacen, con notorio error, las tesis que proclaman la naturaleza sustancialmente económica de este concepto.

La norma constitucional al consagrar el principio de la capacidad contributiva hace que este deje de ser una idea de justicia que vive ajena al ordenamiento positivo, para convertirse en un principio jurídico de imposición, positivizado, es más, constitucionalizado, y por lo tanto, el legislador no puede elegir  arbitrariamente los presupuestos de hecho que son la base para la imposición, sino que se debe guiar por la capacidad contributiva. No es pues, un simple principio orientador, sino una auténtica norma obligatoria que el legislador no puede dejar de tomar en cuentantributiva en el sujeto pasivo de la relación  jurídica tributaria En el Perú, la doctrina nacional es unánime al afirmar que la Constitución Política de la Nación consagra en su artículo 74° de manera implícita el principio de capacidad contributiva al recoger los principios de igualdad y no confiscatoriedad. El autor Jorge Bravo Cucci señala al respecto: “No encuentra este principio, un fundamento positivo en el ordenamiento  jurídico peruano. No obstante ello, apreciamos que él se encuentra insito en el ordenamiento jurídico fundamentalmente en lo que respecta a la especie tributaria “impuesto” en tanto se le reconoce y respeta al diseñar las normas impositivas que integran el Sistema Tributario Peruano y preponderantemente por encontrarse íntimamente relacionado con el principio de igualdad, siendo una especie de dobles del mismo…”  Asimismo, el jurista Cesar Landa agrega sobre el tema que por el principio de generalidad que se deriva del principio de igualdad, todos los ciudadanos ciudadanos están obligados a concurrir en el sostenimiento de las cargas públicas, pero que ello no supone que todos deben, efectivamente, pagar tributos, sino que deben hacerlo todos aquellos que, a la luz de los principios constitucionales y de las leyes que los desarrollan, tengan la necesaria capacidad contributiva puesta de manifiesto en los hechos tipificados por la ley, es decir, que no se puede eximir 

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a nadie de contribuir por razones que no sean la carencia de capacidad contributiva.

Por último, el profesor Julio Fernández Cartagena señala sobre este punto lo siguiente:

“Como adelantamos, consideramos consideramos como premisa del presente articulo que la capacidad contributiva es un principio implícito en la Constitución peruana. Ello sobre la base de dos consideraciones fundamentales: (i) la capacidad contributiva es un principio basado en la dignidad del hombre y el Estado Democrático de Derecho, y como tal se integra a la Constitución, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3 de dicho cuerpo normativo; y, (ii) es el principio tributario por antonomasia, base de la cual derivan los demás principios consagrados consagrados por nuestra constitución.” Nosotros coincidimos con los autores antes citados ya que no cabe duda que el principio de capacidad contributiva está implícito en la constitución política del país al recoger este los principios de igualdad y no confiscatoriedad.

B.-Características.-

 Al analizar las características del principio de capacidad contributiva, lo que queremos desentrañar es, valga la redundancia, lo que lo caracteriza y lo hacen ser uno de los principios más importantes del derecho tributario. Aunque este principio goza de muchísimas características muy particulares, podemos sostener que las más importantes y principales son, primero, el ser el límite material del poder tributario y segundo, el ser la causa jurídica del impuesto.

B1.-Límite del Poder Tributario.- La constitución consagra principios tributarios que limitan el ejercicio de este poder estatal, y entre ellos encontramos al de legalidad, igualdad, no confiscatoriedad, y del principio de capacidad contributiva hemos sostenido que está implícitamente consagrado en nuestra constitución y por ello es límite del poder tributario del Estado.

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 Así es, la principal característica del principio de capacidad capacidad contributiva es la de ser el límite material del poder tributario. El poder tributario tiene dos grandes limitaciones. En primer lugar una limitación formal por la cual solamente el órgano normativo pueda ser quien cree los tributos y que conocemos como principio de legalidad. En segundo lugar, una limitación que podemos llamar de fondo o material que restringe de manera inequívoca al poder del Estado de detraer parte de la riqueza de los contribuyentes y que es el principio de la capacidad contributiva. Es casi unánime la doctrina en considerar a la capacidad contributiva como límite al poder tributario y es así que en esta línea encontramos a autores de la talla de Héctor Villegas, Pérez de Ayala, Sergio de la Garza, Matías Cortés y otros.

Sin embargo, autores tan renombrados como Giullianni Fonrouge y Giannini le niegan esta característica. Por ejemplo, el jurista argentino dice: “Con el propósito, loable por cierto de evitar la discrecionalidad en el ejercicio del poder tributario, una parte de la doctrina pretende condicionar su legitimidad a la existencia en el sujeto pasivo, de idoneidad o capacidad económica. La racionalidad de la tributación dependerá, según aquélla, de la capacidad contributiva de las persona”. Sostiene el citado autor que dicha interpretación introduciría un elemento extraño a la juricidad de la tributación y, por lo demás, de difícil determinación. Según él, en el orden de los conceptos jurídicos, el poder tributario no conoce otros limitantes que los inherentes a la soberanía o poder de imposición del Estado.

Vemos que aún siendo la capacidad contributiva esencial para la configuración del ideal de justicia dentro del Sistema Tributario, y por tanto, esencia y parte importante del derecho tributario, ha suscitado dudas a tal punto que autores reconocidos del derecho tributario estiman que la idea de capacidad contributiva no es idónea por su vaguedad e indeterminación, para constituirse en precepto jurídico.

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 A pesar de estos argumentos, como hemos sostenido, consideramos consideramos a la capacidad contributiva como uno de los principios limitativos del poder de imposición más importante que se ha consagrado constitucionalmente en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de los países democráticos, ya sea directa o indirectamente.  Así tenemos, que en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, en América Latina, así como en Inglaterra, España, Italia, Grecia, Portugal y los Países Bajos en Europa Occidental consagran en su legislación positiva al principio de capacidad contributiva. Héctor Villegas ha dicho sobre la capacidad contributiva: “Las constituciones incorporan también tambi én el principio de capacidad contributiva que constituye el límite material en cuanto al contenido de la norma tributaria (así como el principio de legalidad o reserva es el límite formal respecto al sistema de producción de esa norma). Ambos principios constituyen el estatuto básico del contribuyente que la l a constitución ampara.”  Así, el tributo debe estructurarse de forma tal que grave a cada uno según su capacidad contributiva, lo cual significa, en otras palabras, que el hecho imponible que seleccione el legislador debe tener idoneidad abstracta como índice o indicio de capacidad contributiva. El jurista español Sainz de Bujanda acota al respecto que el principio de capacidad contributiva actúa, sobre todo, dentro de la tributación como sistema, de tal suerte que la adecuación de los hechos imponibles a la capacidad contributiva se produce, primordialmente, a través de la conexión de unos hechos con otros y de la carga total que generan para los sujetos que lo realizan. El fundamento por el cual el legislador toma un hecho de la vida como presupuesto de una obligación tributaria es la existencia de una capacidad contributiva de la cual dicho hecho puede considerarse como índice sintomático. La ciencia tributaria al elegir un hecho imponible trata de gravar en él un objeto económico de imposición que se traduce directa o indirectamente en índice de capacidad contributiva

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Podemos concluir que el principio de capacidad contributiva es pues, un límite esencial al poder tributario del Estado primordialmente porque, al estar  consagrado, sea explícita o implícitamente en las constituciones de los Estados, éste sólo puede imponer tributos a sus súbditos en proporción a sus riquezas, en otras palabras, gravar según la capacidad contributiva, lo cual significa que el legislador tienen la tarea ineludible de decidir cuáles hechos reflejan dicha capacidad, es decir; cómo, cuándo y en qué medida los contribuyentes presentan capacidad contributiva. Como bien apunta el maestro argentino Villegas: “La aptitud económica de cada ca da uno para tributar no se puede medir  materialmente ya que tiene muchos inconvenientes. Para superarlos se pase de la base de considerar los acontecimientos o situaciones fácticas generadoras de la obligación de tributar, … es decir, circunstancias fáctic as que habitual y razonablemente significan capacidad contributiva, y a estas circunstancias el legislador trata de aprehender y convertir en hechos imponibles.”

 Al haber sostenido que los principios tributarios son de obligatorio cumplimiento por parte del legislador, todas las normas de rango inferior deberán respetar  este principio. Es por ello que si los principios constitucionales no fueran respetados por  quienes tienen la obligación de legislar en materia tributaria, entrarían a tallar  los dos mecanismos que la propia constitución establece para garantizar la vigencia de las normas constitucionales que son la no aplicación de la norma inconstitucional y las acciones de inconstitucionalidad de las leyes, acción popular y acción de amparo .2 Causa del Impuesto.- Así como afirmamos que una de las más importantes características del principio de capacidad contributiva es la de ser primerísimo limitante al poder tributario del Estado, asimismo la capacidad contributiva es considerada por un gran sector de la doctrina como causa jurídica del impuesto.

 Así por ejemplo, Pérez de Ayala y Gonzales opinan que la capacidad

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contributiva es “causa necesaria e insoslayable para la existencia del tributo”.

Debemos recalcar la situación de que la simple creación de la norma tributaria no hace nacer a favor del fisco un derecho de crédito. Será sólo con la verificación o realización del hecho imponible previsto normativamente que surgirá la obligación por parte del sujeto pasivo de realizar el pago de la deuda tributaria para satisfacer de ese modo el derecho que ha surgido a favor del fisco. Y estos hechos imponibles o presupuestos de hecho tienen un contenido económico, es decir, significan un índice de capacidad contributiva o de contribuir a los gastos públicos, y ésta se manifiesta principalmente de tres formas: capacidad de adquirir riqueza (renta), posesión de la riqueza (patrimonio) y consumo de riqueza (gasto). La Capacidad Contributiva como causa económica jurídica de la tributación se manifiesta principalmente en estos signos acrediticios de la riqueza y de la renta de los sujetos, y esto es lo que realmente interesa a la tributación, ya que no todos los hechos humanos pueden estar sujetas a ésta, sino sólo aquellos que tengan un contenido económico porque ese contenido se traduce en capacidad contributiva y en ello encontramos a la causa jurídica del impuesto. Dino Jarach en su obra “El hecho imponible”, sostiene al respecto:

“En la relación impositiva el criterio justificativo, la razón última por la cual la ley toma un hecho de la vida como presupuesto de una obligación tributaria es la capacidad contributiva. Esta, en efecto, es la única razón que explica la existencia

como

presupuestos

de

obligaciones

tributarias

de

hechos

aparentemente diferentes, pero con la común naturaleza económica, es la única razón que explica la graduación del impuesto según la magnitud económica del presupuesto de hecho, es el único presupuesto que representa un puente entre la ley y el hecho imponible. Por esto nos parece que se puede identificar el concepto de la capacidad contributiva con el de causa jurídica del impuesto.”

Concordamos plenamente con el profesor Jarach, ya que es el pensamiento que actualmente informa a la moderna doctrina financiera. En un comienzo se consideró que la causa del tributo era las ventajas generales y particulares que

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obtienen los individuos del Estado, ya que estos son el fin práctico de la contribución y la razón por la l a cual el contribuyente vive en sociedad Este original planteamiento sobre el concepto de causa fue hecho por el profesor Grizzioti, el cual se modificó modifi có por la intervención del doctor Dino Jarach, introduciéndose el concepto de capacidad contributiva y la causa jurídica del impuesto quedó definida como la capacidad contributiva, en cuanto síntoma de participación del contribuyente en las ventajas generales y particulares derivadas de la actividad y de la existencia del Estado. Se diferenciaba pues, una causa indirecta o mediata (las ventajas que el contribuyente goza de la existencia y actividad del Estado), y la causa última o inmediata (la capacidad contributiva). El insigne profesor argentino Manuel de Juano sostiene al hablar de la causa del impuesto: “Pero ya podemos adelantar que es la capacidad contributiva donde debe verse la causa jurídica del hecho imponible, y no en el goce que los individuos obtengan de los servicios públicos que presta el Estado ni en la armonía o bienestar general de la colectividad, que sólo son la causa mediata de la tributación en cuanto ésta allega al erario los medios para satisfacer los gastos públicos que la actividad financiera del Estado originen Tampoco podemos encontrar a la causa jurídica del tributo en la mera verificación del presupuesto de hecho previsto por la ley, y decir así que se paga determinado tributo porque la ley así lo manda, siendo esta atribución del Estado en base a su soberanía fiscal que lo faculta a procurarse de los medios pecuniarios para satisfacer sus necesidades. Y es que, como apunta el profesor español Tulio Rosembuj, para la configuración del tributo no basta la sola mención de la coacción. “Todo cuanto el elemento de la coacción no esclarece, se aclara apenas se piensa que el tributo es instrumento de la autoridad política para gravar  manifestaciones de capacidad contributiva.” cont ributiva.” Es por ello que debemos identificar el concepto de causa jurídica del tri buto con el de capacidad contributiva. El tributo no puede ser impuesto como una medida arbitraria, ni puede ser una manifestación desordenada de la facultad

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de imperium del Estado ni de su potestad tributaria, simplemente debemos encontrar una justificación superior, fundamentalmente ético-jurídica, esto es la causa por la cual el Estado exige el pago de tributos, y ésta la encontramos en la capacidad contributiva. Como bien apunta el profesor Dino Jarach: “Hemos sostenido en otras ocasiones, y lo repetimos, que la capacidad contributiva constituye lo que, con la extensión de un concepto ya elaborado y usado en el derecho privado, aunque todavía materia de discusiones y divergencias, divergencias, se podría titular causa jurídica del impuesto.”  A su vez, el maestro Matías Cortéz Domínguez ha sostenido que lo que distingue al tributo de cualquier otra institución jurídica es su fundamento  jurídico: La Capacidad Contributiva. Contributiva. Entre los autores nacionales, el tributarista Luis Duran Rojo ha sostenido que de

acuerdo

a

lo

establecido

en

reiteradas

sentencias

del

Tribunal

Constitucional, todo tributo que establezca el legislador debe sustentarse en una manifestación de capacidad contributiva, lo que en buena cuenta quiere es confirmar que la relación entre la capacidad económica y tributo constituye el marco que, en términos generales, legitima la existencia del tributo, lo que en esa perspectiva significa ligar al deber de contribuir al principio de capacidad contributiva, de modo que este se constituye base a partir de la cual aquel se operativiza.

Todas estas disertaciones nos llevan a concluir que, además de ser un principio tributario de máxima importancia, la capacidad contributiva es la causa misma de la existencia de un tributo

 A decir del ilustre tributarista argentino Manuel Manuel de Juano: “La causa de la obligación tributaria, como enseñara Pugliese y con él la doctrina moderna financiera es, a nuestro juicio, la capacidad contributiva, o sea la capacidad económica de quien posee bienes o riqueza para el tributo, vale decir, la aptitud o potenciabilidad económica del individuo sometido a la

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soberanía de un Estado para contribuir al pago de los gastos públicos.”

La capacidad contributiva es la potencialidad de contribuir a los gastos públicos que poseen los individuos sometidos al poder tributario del Estado; es la aptitud económica de los miembros de la comunidad para contribuir a la cobertura de los gastos públicos. • Si bien el principio principio de capacidad contributiva no está expresamente recogido en la Constitución del Perú, su presencia se deduce de la existencia en la Carta Magna de los principios de igualdad y no confiscatoriedad que son los que lo conforman.

• El principio de capacidad contributiva al estar recogido en forma implícita en la Constitución del Perú no puede ser visto como una simple recomendación al legislador. Este no puede elegir arbitrariamente los presupuestos de hecho que son la base para la imposición, y se debe guiar por la capacidad contributiva, la cual es norma obligatoria que no puede dejar de ser tomada en cuenta.

• La principal característica del principio de capacidad contributiva es la de ser  el limite material del poder tributario ya que hace que el tributo deba estructurarse de forma tal que grave a cada uno según su capacidad. La capacidad contributiva es la causa jurídica del impuesto ya que este es ajeno a toda actividad estatal especifica relativa al contribuyente y por ello se debe encontrar su justificación en la potencialidad económica de las personas para contribuir al gasto público, esto es, su capacidad contributiva

7.2. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Este principio establece que las normas tributarias deben ser debidamente publicadas para poder tener vigencia. Este principio está muy relacionado con la vigencia de las normas, ya que sin publicación no hay vigencia, y por tanto, tampoco eficacia. En el caso peruano existe un problema que afortunadamente ya fue resuelto. Este consistía en lo

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siguiente:

El artículo 51 de la Constitución vigente señala que “…. La publicidad es esencial para la vigencia de toda t oda norma del Estado”

Promulgación y Publicación La promulgación es el acto por el cual el Jefe de Estado firma el proyecto que le ha sido enviado por el congreso. Se entiende que con la promulgación el Jefe de Estado le atestigua la existencia de la ley y ordena a las autoridades que la cumplan y hagan cumplir  en todas sus partes, así como dispone la publicación como el requisito indispensable para que una norma exista y sea de obligatorio cumplimiento.

 Así, el artículo 108 de la Constitución vigente establece que “La ley aprobada según lo previsto por la Constitución, se envía al Presidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de quince quince días….” En relación a la publicidad, la Ley Orgánica de Regiones (Ley 27867), señala en su artículo 42 que “La norma regional de alcance general (Ordenanza Regional) es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario Oficial el Peruano, salvo plazo distinto expresamente señalado en la misma, debiendo publicarse además en el diario encargado de las publicaciones  judiciales en la capital de la Región….” Región….” En este mismo sentido, señala el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades vigente (Ley ( Ley 27972) que “Las ordenanzas… deben ser  publicados en el diario Oficial El Peruano… o en el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción…. Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo que la propia norma postergue su vigencia. No surten efecto las normas que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o difusión…” En relación a la publicación, es hacer de conocimiento de todos los ciudadanos una ley que ha sido previamente suscrita o por el Jefe de Estado o el

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Presidente del Congreso, de ser el caso. Es poner en conocimiento del público en general, de los ciudadanos, el texto ya promulgado, y tiene lugar mediante la inserción de la norma jurídica en el diario oficial. En este mismo orden de ideas, el artículo 51 de la Constitución vigente establece que “…..La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado”, y finalmente recordemos el artículo 109 “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”. Luego de tener clara la diferencia entre promulgación y publicación, veamos el artículo 74 tercer párrafo de la Constitución “…Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación…” De lo señalado anteriormente, debemos entender para todos los efectos que (caso del artículo 74) no se trata de la promulgación, sino de la publicación de la ley. Como podemos apreciar, la redacción del artículo 74 no es clara, cuando señala año siguiente a “su promulgación”, en realidad no es relevante la fecha de la promulgación, sino la fecha en que la norma aparece publicada. Ya que, en el entendido de una norma sobre temas sustantivos del Impuesto a la Renta (tributo de periodicidad anual), que sea promulgada por el presidente de la república el 31 de diciembre del año A y publicada el 5 de enero del año B, va entrar en vigencia el primer día de enero siguiente al año de su publicación y no de su promulgación.  Asimismo, debemos señalar que, aunque no es técnicamente correcto hablar  de promulgación, sino publicación, sabemos que por lo general se entiende que una y otra (la promulgación y publicación de una Ley) son actos indisolubles, ya que, cuando el Presidente promulga una ley, la manda inmediatamente a publicar, de lo contrario no la promulgaría. No obstante ello, el legislador  nuevamente desaprovecha esta oportunidad para efectuar una modificación necesaria, ya no señalar promulgación sino publicación.

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7.3. PRINCIPIO DE EQUIDAD Consiste en que la imposición del tributo mediante la norma debe ser justa, entendiendo justicia como razonable. El principio de equidad tiene su antecedente en el principio de justicia formulado por Adam Smith, así se precisa que “Los súbditos de cada Estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus respectivas capacidades: es decir, en proporción a los ingresos de que gozan bajo la protección del Estado. Justamente de la observancia o menosprecio de esa máxima depende lo que se llama equidad o falta de equidad en los impuestos” i mpuestos” (17) Como señala el profesor Ruiz de Castilla, dentro de las características del sistema tributario se debe respetar el principio de equidad, lo cual significa que el tributo debe guardar proporciones razonables; y en relación a la presión tributaria, la equidad significa que debe existir una relación prudente entre el total de ingresos de los contribuyentes y la porción que de éstos se detrae para destinarla al pago de tributos; en relación a las clases de equidad, el profesor  indica que hay equidad horizontal y equidad vertical, entendiendo como equidad horizontal que aquellos contribuyentes que se encuentran en una misma situación deben soportar idéntica carga tributaria, a diferencia de la equidad vertical, que implica que los contribuyentes que tienen menor  capacidad contributiva asuman menor presión tributaria, mientras que los contribuyentes que poseen una mayor riqueza deben soportar una carga tributaria más elevada (18)

7.4. PRINCIPIO DE ECONOMIA EN LA L A RECAUDACION Mediante este principio las normas tributarias no pueden resultar inoportunas, en el sentido que para el cumplimiento de estas en la recaudación no pueden generar un gasto mayor que el que por la vía del tributo se obtiene; es decir, si el cumplimiento de la norma genera mucho gasto, tanto que es mayor a lo que

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se obtendrían por el ingreso de ese tributo, entonces la norma viola el principio de economía en la recaudac r ecaudación. ión. Evidentemente la recaudación es la función más importante que debe cumplir  la Administración Tributaria, y ello genera evidentemente un gasto al poner en movimiento toda la maquinaria de la Administración para poder recaudar  determinado tributo, entonces, de lo que se trata es que el monto recaudado por un tributo sea mayor al monto que se gasta para recaudar este, de lo contrario no tendría ningún efecto que la norma se cumpla, ya que en lugar de recaudación, lo que se generaría sería un mayor gasto para la Administración, que finalmente se convertiría en un gasto tributario, por decir lo menos absurdo.

7.5. PRINCIPIO DE CERTEZA Y SIMPLICIDAD Consiste en que la norma tributaria debe ser clara y precisa, debe determinar  con precisión el sujeto, el hecho imponible, la base imponible, la alícuota, fecha, plazo y modalidades de pago, exenciones y beneficios en general, infracciones posibles, sanciones aplicables y recursos legales que proceden frente a una actuación ilegal de la administración. En este sentido, las normas tributarias deben ser claras y entendibles, que excluyan toda duda sobre los derechos y deberes de los contribuyentes, que sean simples de entender   Así lo señala el profesor Ruiz de Castilla, Castilla, un sistema tributario debe respetar. El principio de simplicidad, ya que los tributos se deben traducir en fórmulas que ser las más elementales posibles, para facilitar su entendimiento y aplicación por parte de los contribuyentes y para propiciar la eficiencia de la  Administración Tributaria. En este mismo sentido, senti do, advierte el profesor Ruiz de Castilla que “a lo largo de la historia, se advierte una constante tensión entre los principios de equidad y de simplicidad. Es difícil lograr sistemas tributarios que ofrezcan un equilibrio perfecto entre la equidad y la simplicidad. Los sistemas tributarios deben tener una estructura justa. La idea de justicia distributiva dice que se debe dar a cada uno lo que le corresponde. La asignación de cargas tributarias para los contribuyentes tiene que ser 

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razonable. La paradoja es que cuanto más esfuerzos hace el legislador para llegar a fórmulas impositivas justas, las reglas resultan más numerosas y complicadas, alejándose del ideal de simplicidad…” (19) Lamentablemente en nuestro país el principio de simplicidad es casi un imposible, ya que las normas tributarias que regulan los tributos más sencillos como los Municipales por ejemplo, no son lo suficientemente sencillas para que un contribuyente pueda conocerla, entenderla y cumplirla, sin necesidad de buscar a un especialista en la materia. Más aún, hay algunas normas de naturaleza tributaria como por ejemplo la Declaración de Predios, que en lugar  de facilitar su cumplimiento, lo complican por la falta de simplicidad en el sistema.

VIII.- UNA MIRADA COMPARATÍVA A LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS QUE DETERMINAN COMO SE HAN DE ESTABLECER LOS IMPUESTOS EN ESPAÑA. La administración pública en España no puede establecer los impuestos que desee, sino que ha de establecer los impuestos según un ordenam or denamiento iento jurídico que se refleja principalmente en la Constitución Española y la legislación tributaria. La Constitución Española empieza a establecer algunos principios que han de seguir los tributos en España. Según el artículo 31.1 el sistema tributario ha de ser justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad y no tener en ningún caso carácter confiscatorio. Además el artículo 3.1 de la ley 58/2003 General Tributaria indica que se han de seguir los principios de justicia, generalidad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad. De este modo ya tenemos el marco que han de seguir los tributos en España. 

Generalidad significa que todos estamos obligados a pagar tributos, este principio es importante, porque en el pasado había quien estaba exento de pagar tributos. También significa que no se exige todos estemos sujetos a los mismos tributos, por ejemplo el IBI lo pagan los propietarios de bienes inmuebles.

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Capacidad económica, por consiguiente cada uno paga según su riqueza y medios que dispone. Esta capacidad económica de pagar los impuestos se manifiesta la obtención de una renta (como el IRPF), la titularidad de un patrimonio (como el IBI) y la transmisión o adquisición de los bienes que lo constituyen (como el IVA, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales). El sistema tratará de gravar todas las manifestaciones de capacidad económica para incrementar la equidad.

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Progresividad significa de que el sistema que los tributos han de crecer  más que proporcionalmente en relación con la capacidad económica. Por ejemplo Si ganamos 1.000 pagaremos 100 pero si ganamos 3.000 pagaremos 600. Existe quien afirma que esto no se cumple siempre, por  ejemplo el IVA, mientras que otros expertos afirman que el IVA si cumple este principio.

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No confiscación implica que se prohíbe agotar la riqueza económica, por lo que no veremos un impuesto del IRPF del 90%, por ejemplo. Es cierto que a veces la administración puede expropiar por el bien público (la construcción de una carretera, por ejemplo), pero debe indemnizar  por ello.

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Igualdad, dado que la constitución establece que todos somos iguales ante la ley ninguna norma puede privilegiar a ningún grupo social, haciéndole pagar menos impuestos. No obstante la igualdad no implica uniformidad, algo que podemos ver en que según la comunidad autónoma o municipio los tributos varían.

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También está la función extrafiscal. En ocasiones los tributos no buscan únicamente financiar el estado, sino ser herramientas de las políticas públicas. El artículo 2 de la Ley General Tributaria y el título tercero de la Constitución Española abren esta posibilidad al gobierno. Un ejemplo son los impuestos sobre la gasolina, no se busca únicamente obtener financiación, sino reducir la contaminación (algo que exige el artículo 45 de la Constitución) y la dependencia energética del exterior.

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Por último está la equitativa distribución de la carga tributaria, pero esta equidad no puede ser contraria a la Constitución. Esta mención no añade nada substancial a los otros tributos, sino que los complementa.

Cada administración estatal, autonómica o local ha de elaborar su propio sistema tributario según estos principios, aunque se busca que cada uno busque aquel que se les adapte mejor dentro de la ley correspondiente (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y Ley de la Hacienda Local). Otra cosa que debemos destacar es que estos principios tributarios pueden cambiar en el futuro, aunque es difícil que cambien, especialmente los reflejados en la l a Constitución.

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IX.- BIBLIOGRAFÍA

Calderón, J uan M. y Wilfredo Vargas Vargas Cancino. C ancino. Derecho (1) Velásquez Calderón, Tributario Moderno. Introducción al Sistema Tributario Peruano. Editora Grijley Primera edición. 1997. Perú. P.18.

(2) Spisso Rodolfo, “Derecho Constitucional Tributario”, Ediciones Desalma, 1991, p.1

(3)

García

Vizcaíno,

Catalina.

Derecho

Tributario

Consideraciones

económicas y jurídicas. De palma. Buenos Aires, 1999.Tomo I, P. 219.

(4) Ibidem. P. 219. (5) Ibidem. (6) Medrano Cornejo, Humberto . Acerca del principio de legalidad en el Derecho Tributario Peruano. Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Vol. Nº

(7) Velásquez Calderón, Juan y Wilfredo Vargas Cancino. Op.Cit. P.101. (8) Iglesias Ferrer, César. Derecho Tributario. Dogmática general de la tributación. Gaceta Jurídica. Primera Edición. 2000. Perú. P.251.

(9) Iglesias Ferrer, César. Op. Cit. P. 269. (10) Bravo Cucci , Jorge. Fundamentos de Derecho Tributario. Primera edición. Palestra Editores. Perú. 2003. p.114.

(11) Iglesias Ferrer, César. Op. Cit. P. 268. (12) Velásquez Calderón, Juan. Op. Cit P. 101. (13) Iglesias Ferrer, César. Op. Cit. P.277.

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Bravo Cucci, J orge orge.Op. Cit P. 117 y 118. (14) Bravo C alderón rón, Juan. Op. Cit. P. 102. (15) Velásquez Calde (16) Ruiz de Castilla, Francisco, “Capacidad Contributiva Contributiva y Capacidad de Pago” Ponencia en VII Tributa 2001, p.91. Cusco noviembre noviembre 2001

(17) Adam Smith, La Riqueza de las Naciones, p. 684 (18) Ruiz de Castilla, Francisco . “Sistema Tributario y Equidad”, En Revista El Foro del Colegio de Abogados de Lambayeque, Lambayeque, año 2002, p.55

rancisco o, Ob. Cit. P. 57 (19) Ruiz de Castilla, F rancisc SANABRIA ORTIZ, Rubén. Comentarios al Código Tributario - Parte General, Ediciones Interjuris, 2da. ed., Lima Perú, 1995, p. 63

(MEDRANO C., Humberto . "Declinación del principio de legalidad en Derecho Tributario: una constatación objetiva", en Revista IUS ET VERITAS, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, año V, No 10, p. 196.

Navarro Vásquez, Guillermo y Marcone Rafae l  “Diccionario Enciclopédico Tributario”, Tomo 2,-Marcone Editores-Lima 2002

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