SEGUNDO PARCIAL DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO. Opinión consultiva sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares Caso Ivcher Bronstein Caso del Derecho de Asilo (Colombia v/ Perú) Caso de la aplicación de medidas de salvaguardia sobre productos textiles (Res. 861/99) del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (Brasil v/ Argentina) Pregunta 1 Preguntas teóricas De acuerdo entonces a esos casos y a las actividades correspondientes a ambos módulos, Ud. deberá resolver satisfac toriamente los siguientes cuestionamientos. En los casos que estamos estudiando encontramos que en ocasiones los derechos de los particulares entran en colis ión con las competencias estatales. Identifique en qué casos se produjo esa situación c uáles fueron los fundamentos para que el tribunal actuante resolviera a favor fa vor de una u otra de las partes.
Una de las funciones principales del Derecho Internacional es la de delimitar y distribuir las competencias estatales. Estas competencias son ejercidas por los Estados en virtud de su carácter soberano, en un plano de independencia e ig ualdad respecto de los demás Estados, son reconocidas y reglamentadas por el Derecho Internacional con el objeto de permitir los niveles necesarios de coexistencia , y cooperación en las interrelaciones internacionales. Competencias territoriales: se refieren a la reglamentación de las actividades que se desarrollan dentro del ámbito del territorio estatal. La competencia personal: El Estado contrae derechos y obligaciones con las personas que m antienen un vínculo con él. De todos, el más común es la nacionali dad, que genera derechos y obligaciones entre un nacional y el Estado. Su determinación es absoluta competen cia de los Estados, y todos ellos tienen la capacidad necesaria para ello. Con todo estos sistemas de determinación serán oponibles a otros estados tanto como se o bserven en su materialización los pri ncipios, reglas y costumbre internacional. Para efectos internacionales, la nacionalidad es importante porque ante cualquier violación de los derechos de u n nacional perpetrada por ot ro Estado, no es el afectado quien recurre ante la C. Internacional de justicia, sino el Estado en su representación (protección diplomática en estado extranjero). En el caso “Ivcher Broinstein”, Sentencia del 24 de septiembre de 1999, el gobierno de Perú le concedió la nacionalidad peruana peruana a Baruch Ivcher Broinstein, bajo condición de que renunciara a su nacionalidad isra elí. La nacionalidad peruana es un requisito indispensable para ser propietario de acciones de empresas concesionarias de canales televisivos en el Perú. Este Sr. era uno de los principales accionistas en este rubro en el país, y en virtud de ciertos trabajos periodísticos, el gobierno le quita en for ma arbitraria la nacionalidad que trece años atrás había oto rgado, luego que el Ejecutivo expidiera un decreto que reglamentaba la Ley de Nacionalidad y establecia la posibilidad de cancelar la nacionalidad. En este caso los derechos del Sr. Ivcher Broinstein entran en colision con la competencia estatal de reglamentación. El fundamento para la resolución dictada por el Tribunal se basa en que el Estado es responsable ya que al aprobar tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción.En el caso del Derecho de Asilo (Colombia v/ Perú) Sentencia del 20 de noviembre d e 1950, también se encuentran en colisión los derechos de los particulares y la competencia estatal. El asilo es la protección que un Estado ofrece a personas que no son nacionales suyos y cuya vida o libertad están en peligro por actos, amenazas y persecuciones de las autoridades de otro Estado o incluso por personas o multitudes que hayan escapado al c ontrol de dichas autoridades. Una vez concedido el asilo este debe ser respetado por los demás estados, inclusive el est ado de cuyo territorio huyo la pers ona. Cualquier acto de otro estado de intimidación, violencia, etc. en contra del sujeto asilado, son actos violatorios de la soberanía territorial y por lo tanto hechos ilícitos que generan responsabilidad internacional. La corte fundamenta su resolución en el rechazo de que la reconvención peruana sea inadmisible, sosteniendo que la solicitud de salvo conducto se basa en la regularidad del asilo, que es precisamente el objeto de la reconvención del Perú. Esa reconvención se basa en a) la p rohibición contenida en el inc. 1º de la Convención de La Habana de conceder asilo a “personas acusadas o condenadas por delitos comunes”, y b) el art. art. 2º, parágrafo 1º de la misma Convención que dispone: “El asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo estrictamente estrictamente indispensable para que el asilado se ponga de otra manera en seguridad”. Además aunque el refugiado era sin duda un “acusado”, Perú no había probado que los actos que se le imputaban constituyeran delitos comunes. La única acusación de las autoridades peruanas contra Haya de la Torre era rebelión militar, pero Perú no ha demostrado que la rebelión rebelió n militar constituya, en sí misma, un delito común. Po r ello, la Corte considera mal fundada la reconvención en este punto. Pregunta 2 Continuando con los temas estudiados en la evaluación anterior aparece un cuestionamiento serio en relación al poder e statal sobre las personas y las normas internacionales que las protegen, normas éstas que act ualmente se han desarrollado en dos ramas particulares del Derecho Internacional. Señale cuáles son esas ramas del Derecho Internacional y en qué casos se observa su aplicación.
Las ramas que actualmente se han desarrollado en protección de las personas sobre el poder del estado son: EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO: Conjunto de normas jurídicas internacionales tendentes a la protección del individuo an te conflictos armados. • Derechos de los combatientes: derechos y garantías de los miembros de las fuerzas armadas belig erantes. • Derechos de los civiles: derechos y garantías de quienes no forman parte de las fuerzas armadas beligerantes. • Derechos de los prisioneros de guerra: derechos y garantías de los miembros de las fuerzas armadas en poder del enemigo. • Protección de los bienes culturales: mecanismos tendentes a proteger los bienes de especial valor cultural, frente a conflictos armados. • Mecanismos de protección: garantías internas e internacionales tendentes a asegurar el respeto de los derechos protegidos. El DIH suele llamarse también "derecho de la guerra" y "derecho de los conflictos armados". El Derecho Internacional Humanitario es la agrupación de las disti ntas normas, en su mayoría reflejadas en las Convenciones d e Ginebra y los Protocolos adicionales.
LOS DERECHOS HUMANOS son, de acuerdo con diversas filosofías jurídicas, aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos[] que incluyen a toda persona, por el mero hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna. Son independientes de factores particulares como el estatu s, sexo, etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente. Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas, identificándose consigo mismos y con los otros.
En los casos en que se observa la aplicación de estos derechos son: En la Opinión consultiva sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares, a los fines de resolver sobre la cuestión planteada en cuanto si es ilegal el uso de la amenaza y las armas nucleares, se debe e star a las exigencias del derecho internacional aplicable a los conflictos amados, es decir el derecho humanitario, por tal motivo la amenaza o el empleo de armas nucleares sería, en general, contrario a los principios y normas de derecho internacional humanitario. La Corte sostuvo que el derecho humanitario debe poder a plicarse a todos los medios de guerra, y en particular a las armas c uyos efectos son incontrolables, lo que incluye a las armas nucleares. En el Caso Ivcher Bronstein, el Estado peruano había violado el derecho a la nacionalidad; el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, así como el derecho a la libertad de expresión. Todos estos derechos resguardados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este caso la Comisión dijo: “El Estado peruano privó arbitrariamente al señor Ivcher de su nacionalidad peruana (en contravención a lo establecido en el artículo 20 (3) de la Convención, como un medio de suprimirle la libertad de expresión (consagrada en el artículo 13 de la Convención) y vulneró también su derecho de propiedad (artículo 21 de la Convención, (y sus derechos al debido proceso (artículo 8.1 de la Convención) y a un recurso sencillo y rápido ante un juez o tribunal competente (artíc ulo 25 de la Convención), en contravención de la obligación genérica del Estado peruano de respetar los derechos y libertades de todos los individuos dentro de su jurisdicción, emergente del art ículo 1.1. de la Convención Americana”. En el caso de Haya de la Torre, el Derecho de asilo es un derecho internacional de los derechos humanos, que puede disfrutar cua lquier persona fuera de su país de origen en caso de persecución política o para huir de las c ondiciones económicas o medioambientales. El artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce este derecho básico: • En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. • Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. En este último caso se encuadra el fallo analizado, ya que en el caso el asilo no podía ser concedido en caso de delito s comunes según la Convención de La Habana. El gobierno colombiano le garantizó el asilo a Haya de la Torre, y pide un salvoconducto para Haya de la Torre que el gobierno Peruano niega dárselo debido a que no era un perseguido político - por un delito político - sino por un delito común, cosa que se debatía entre ambos gobiernos, por ello el Gobierno Peruano y Colombiano firman el Acta de Lima para llevar este caso a la Corte Inte rnacional de Justicia.-
Pregunta 3 A partir del concepto de controversia i nternacional, seguramente podrá indicar en qué casos se planteó una controversia internacional y cuál fue el método utilizado para resolverla. La Controversia internacional es un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una contradicción de tesi s jurídicas o de interés entre dos sujetos internacionales. La historia nos muestra como se manejaba la solución de las controversias o disputas habidas entre las naciones a través de la guerra. La solución se fundaba en la guerra, se imponía la ley del más fuerte, la del vencedor. Aun persiste el que los Estados fuertes, no quieren renunciar a la fuerza para resolver sus disputas internacionales.
La solución pacifica, como practica consuetudinaria de los Estados se aviene progresivamente en la medida que la guerra como sanción del derecho internacional clásico, ha sido prohibida. La solución pacífica de controversias son los medios que permiten resolver controversias internacionales, sin recurso de la fuerza. Paz de La Haya de 1899. El arreglo pacífico de las controversias internacionales tiene su arraigo en la 1ª. Conferencia de la Paz de la Haya de 1899, asistieron 29 Estados. Las conferencia de la Haya de 1907 fue más que todo reglas de la guerra. Se reglamentan los buenos oficio s, mediación, investigación y arbitraje y se establece el Tribunal Permanente de Arbitraje. Se acuerda no recurrir a la guerra antes de que haya tr anscurrido un plazo de 3 meses después del laudo de los Árbitros, o de la decisión judicial o del dictamen del Consejo. En 1928 en París se firma el Acta General para el arreglo pacífico de las diferencias o Acta General de Arbitraje de Ginebra. Se estab lecen los procedimientos de Conciliación, arbitraje y arreglo judicial. Se r enuncia a la guerra y se acuerda que el arreglo o solución de toda diferencia o conflicto, cualquiera que fuere su naturaleza u origen, que se suscitaren entre ellos, jamás procuraran buscarlo por otro medio que no sean los pacíficos”.
En la Carta de la ONU de 1945 dice: “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimiento indecibles” y “ a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos” Los mecanismos de solución de conflictos pueden ser: 1- Políticos o diplomáticos, 2Jurídico, judicial o jurisdiccional, o 3- en el marco de los organismos Internacionales. 1 . Político o Diplomático: Acordados por las partes y con su participación, excepto en l a negociación actúan o participan terce ros (Uno o más, o un grupo de estados o uno o mas per sonajes internacionales). Tienen por objeto buscar la solución por intermedio de un tercero (excepto en la negociación) para buscar arreglar la controversia mediante el acuerdo de las partes o mediante o tro de los mecanismos de solución de divergencias. Ellos son: Negociación, Buenos oficios, Mediación, Conciliación, Investigación.
Negociación: Es un procedimiento legal y administrativo, en que los gobiernos en uso de su facultades soberanas conducen, discuten y acuerdan, por la vía diplomática como resolver sus controversias. Depende del interés o el ánimo en que se conduzcan la ges tión y los intereses nacionales e n pugna. Ejemplos de negociación USA-México el Chamizal 1963. Colombia-Venezuela 1970 escogieron a través de un Modus operandi – acordaron la negociación para solucionar sus controversias conflicto delimitación del golfo de Venezuela o Coquibacoa.
Buenos oficios: Es la gestión de un tercero ( Estado o personaje internacional. Un ciudadano eminente de cualquier estado americano XI pacto de Bogotá 1948) , busca aproximar a las partes , proporcionándoles la posibilidad de que encuentren directamente una solución adecuada. Es una mediación espontánea ”bona voluntatis” que puede ser aceptado o no por las partes. La gestión del t ercero concluye con el acercamiento de los actores y la reanudación de las negociaciones direct as si estas se han roto. Es una práctica generalizada para aproximar a las partes envueltas en unas disputas, de tipo político o diplomático. Ejemplos de buenos oficios. : Juan XXIII entre Argentina y Chile para la solución del conflict o del Canal de Beagle. España ofrecida en 1933 para restablecer las relaciones diplomáticas entre México y Perú. La de México para buscar acercamiento entre USA Y Cuba 1982. La mediación: Es una intervención de un tercero Estado (s) o personaje(s) internacional al que los Estad os en desacuerdo aceptan someterle sus diferencias, iniciativa que nace de una de las partes en conflicto la cual es aceptada por el otro en que busca que “los asis ta” para llegar a un acuerdo de solución amistosa, aun cuando las propuestas no tengan fuerz a obligatoria precisando que la función del mediador es confidencial. Su participación debe ser lo mas prudente, sencilla y discreta procurando hallar una solución aceptable a las part es, sin dar informe que revelen los procedimientos. Rousseau dice que la mediación tiene el carácter de “consejo”, no puede ser considerada como un acto inamistoso, aun en el caso de que el ofrecimiento de mediar haya sido rechazado. La conciliación: Consiste en someter la controversia a u na Comisión de Conciliación con el fi n no solo de esclarecer los hechos, sino también de ofrecer a las partes en conflicto una solución amistosa. Tiene sus orígenes en los tratados B ryan de 1914 y refrendados por el acuerdo de Locarna. Prevista en varios tratados entre ellos l a Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 y el Anexo V de la Convención sobre el derecho del Mar. El protocolo facultativo sobre solución obligatoria de controversias de 1969. Este procedimiento se inicia con el nombramiento por las Partes de los mi embros de la Comisión de Conciliación; salvo que la s Partes decidan otra cosa, la Comisión fijará el procedimiento, escuchadas las pretensiones y objeciones de las Parte, les formularan las propuestas para que lle guen a un acuerdo. La Comisión termina cuando se ha llegado a una solución aceptada por las altas partes o se hayan rechazado las recomendaciones del informe el cual no es obligatorio para las Partes. El artículo 3º del Protocolo facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la solución de controversias de Viena 1963 prevé que dent ro de un plazo de dos meses las partes podrán convenir el adoptar un procedimiento de conciliación antes de recurrir a la CIJ.
Investigación (o determinación de los hechos): Consiste en someter la controversia a una Comisión de investigación, constituida con arreglo a un tratado , que busca esclarecer o “determinar los h echos” sin pronunciarse en manera alguna sobre el fo ndo del debate.
2- Jurídico, Judicial o Jurisdiccional: En el Tribunal de arbitraje o arbitramento se integra por lo general, cuando surge el conflicto y las partes acuerdan someterlo a su consideración, ya por acuerdo previo o por compromiso para el caso, en cambio en el arreglo judicial el Órgano judicial ha sido pre establecido e integrado como la CPIJ y CIJ. Fuera del tribunal de arbitraje s e concibió el método Judicial o jurisdiccional se asigna a un Órgano jurisdic cional establecido de antemano como lo es la Corte Internacional de Justicia , habiéndose establecido a partir de 1920 el Tribunal Permanente de Justicia reemplazado en 1945 por la CIJ de La Haya creado por la Carta de las Naciones Unidas. El arbitraje o arbitramiento: Es un procedimiento de arreglo pacífico de las controversias entre los Estados en conflicto, en que acuerdan someter sus diferencias a un tribunal integrado por árbitros escogidos por ellos a fin de que se les resuélvale conflicto, conforme los procedimientos jurídicos aceptados por ellos, en el entendimiento de que el laudo será aceptado irrevocablemente como arreglo definitivo por las partes. El procedimiento arbitral puede ser obligatorio o facultativo, (se viene aplicando preferentemente, según se desprende de los tratados multilaterales, el procedimiento facultativo). Modalidades de arbitraje o arbitramento. La institución del arbitraje puede ser ocasional o institucional ; es institucional cuando se acuerda en el Tratado en que se adopta el procedimiento del ar bitraje mediante la cláusula compromisoria, que consiste en obli garse a llevar al arbitraje las controversias o conflicto que se les presente a los Estados partes, ya sean jurídicas o no, a su turno puede ser general o il imitado o especial o limitado. Es general o ilimitado cuando se acuerda que toda clase de conflicto serán llevados al arbitraje. Es especial o limitado cuando únicamente se acuerda que solo serán llevados a la institución del arbitraje ciertos conflicto. Será ocasional cuando las partes en conflicto deciden aco gerse al procedimiento del arbitraje en vir tud de una situación contenciosa surgida de naturaleza jurídica o política y las partes deciden acogerse a este mecanismos sin que haya un convenio previo que así lo est ipule, esto es que no existe la cláusula compromisoria previamente acordada. Judicial o Jurisdiccional: Corte Internacional de justicia: No existe norma de carácter general de dere cho internacional que obligue a los Estados a someter sus diferencias a una instancia jurisdiccional internacional. No existe ingrediente coercitivo que obligue a los Estados a someter sus diferencias cuando no hayan podido ser resultas por otro s medios pacíficos, a contrario de lo que existe en el derecho intern o de los Estados donde existen Órganos judiciales con jurisdicción compulsiva o contenciosa. Por lo que decimos la jurisdicción de la Corte es voluntaria mas no compulsiva. En 1920 fue creado el Tribunal Permanente internacional de Justicia TPIJ el que a partir de 1945 es sustituido por el Tribunal o Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, c omo órgano de las Naciones Unidas, al que pueden acudir los Estados a resolver sus controversias o conflictos, pero solo aplica en la media que se haya prestado el consentimiento por parte de los Estados soberanos para acudir a su jurisdicción, por lo que no hay jurisdicción obligatoria. La Corte tiene sede en el Palacio de la Paz de La Haya en Holanda, está integrada por 15 jueces de distinta nacionalidad los que son elegidos por un período de nueve años, la Corte elige su p ropio presidente y vicepresidente por un periodo de tres años y nombra al secretario y demás funcionarios necesarios. Los magistrados pueden ser reelegidos, por decisión unánime pueden ser separados del cargo. La Corte tiene tres tipos de jurisdicció n: 1. Jurisdicción voluntaria: todo litigio sometido a la jurisdicción de la Corte po r la voluntad y acuerdo de las partes. 2. Jurisdicción obligatoria , esto es para tratar todos los asuntos especialmente previstos en los tratados y convenios vigentes 3. La cláusula facultativa u opcional de jurisdicción obligatoria , sig nifica que en cualquier momento los Estados partes p ueden declarar que reconocen como obligatoria ipso facto y sin co nvenio especial , respecto de cualquier otro Estado que acepte la misma obligación la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre: a) la interpretación de un tratado; b) cualquier cuestión de derecho internacional ; c) la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría violación de una obligación internacional; d) la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional. Existe una Sala contenciosa, una Sala de opinión consultiva y una sala general. Función: Opinión consultiva. emite también opiniones consultivas a solicitud de cualquier organismo autorizado por la Carta de las Naciones Unidas o de acuerdo con los Estatutos 3- organizaciones internacionales Los Estados a través de grupo de trabajo o por intermedio de las organizaciones internacionales han i mpulsado a nivel universal y a n ivel regional su intervención en busca de la solución de conflictos entre los Estados para mantener la paz y la seguridad tanto universal como regional. Debemos destacar el papel de la ONU en su mediación en conflictos de significativa importa ncia, desde el momento de su creaci ón en 1945. A nivel regional americano la OEA ha desarrollado las accio nes tendientes a conservar la paz en la región, en busca de la solución de los conflictos que se han presentado entre los de los Estados del hemisferio. En el caso del Derecho de Asilo (Colombia v/ Perú) existe conflicto sobre una cuestión de derecho, ya que el “Derecho de asil o” se encuentra controvertido, el embajador colombiano en Lima, Perú acogió al Sr. Haya de la Torre (peruano), fundador y líder de la Alianza Popular Revolucionaria Americana después de que su facción fracasara al golpe de estado. La controversia internacional se sol ucionó a través del método judicial ante la CIJ, cuyo procedimiento tiene lugar cuando las partes deciden someter la solución del litigio a un órgano judicial permanente integrado por jueces independientes ya designados. Estos jueces emiten una sentencia obligatoria sobre la base del DIP o conforme a la equidad, si las partes lo piden así. En el caso de la aplicación de medidas de salvaguardia sobre productos textiles (Res. 861/99) del Ministerio de Economía y Obras y Servicio s Públicos (Brasil v/ Argentina) se trata de una controversia internacional ventilada en el MERCOSUR, donde el método de solución de litigios es distinto al que contempla la Carta de Naciones Unidas.Se trata de la existencia de una controversia que se refieren a la existencia o no de un derecho o de una obligación; que el reclamo de una de las partes se opone positivamente al de la ot ra y que existe un desacuerdo sobre un punto de derecho, es decir un conflicto de o piniones legales o
intereses entre las partes relativo a la licitud o no de la Resolución 861/99 del Ministerio de Economía de Argentina con relación a la normativa MERCOSUR. El sistema de solución de controversias aprobado por el Protocolo de Olivos, y utilizado en el caso es el siguiente: Negociaciones directas: Cuando la controversia es entre dos estados, se promueve que la misma sea resuelta por negociaciones dir ectas. Una vez abiertas formalmente, l as mismas no deben durar más de 15 días. En nuestro caso f ueron iniciadas con el requerimiento de Brasil el 23/07/1999 y las negociaciones directas que tuvieron lugar el 05/08/99, en esta etapa no se arribó a una solución. Sin perjuicio del procedimiento arbitral, cuando las partes son dos estados, pueden también, como en el caso analizado, presentar el caso ante el Grupo Mercado Común. En este caso el GMC puede realizar recomendaciones a l as partes en conflicto con el fin de que resuelvan la diferencia. En esta etapa tampoco se llegó a solución, por lo que tuvo lugar el Procedimiento arbitral: El procedimiento de solución de controversias en el Mercosur está básicamente establecido mediante dos instancias de arbi traje. La primera instancia se realiza ante un Tribunal Arbitral Ad Hoc (TAHM), como en nuestro caso; y la segunda instancia se realiza ante el Tribunal Permanente de R evisión del Mercosur (TPRM). Las partes pueden también obviar la primera instancia y r ecurrir directamente al TPRM (per saltum). En la Opinión consultiva sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares, la Corte Internacional de Justicia emit ió su opinión consultiva sobre la cuestión presentada. Para ello, se utilizó el método judicial en la op inión consultiva de la CIJ, que ade más de la función contenciosa tiene esta otra que consiste en dar su opinión (no vinculante) sobre una cuestión jurídica cuando la Asamblea General, el Consejo u otros órganos de las Naciones Unidas (con autorización de la Asamblea) se lo pidan. Pregunta 4 En estos casos también vemos aparecer situaciones que generaron o hubieran podido generar responsabilidad internacional del Estado. Identifique en qué casos se generó esa responsabilidad y los mecanismos utilizados para resolver esa controversia. La responsabilidad internacional del Estado es la valoración de l os actos del Estado en relación a su conformidad o contrariedad con el derecho internacional. El fundamento de la responsabilidad internacional es la razón por la cual un Estado debe hacerse cargo de las consecuencias de un acto internacional. Los organos estatales, como instituciones i nternas del Estado, están en condiciones de c omprometer la responsabilidad internacional del Estado. En el caso Ivcher Bronstein el Estado peruano había violado el derecho a la nacionalidad; el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, así como el derecho a la libertad de expresión, todos estos derechos resguardados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo tanto generadores de responsabilidad. Con el retiro de la nacionalidad peruana, se violan derechos reconocidos internacionalmente; ya que a la legislación peruana en lo que r especta a la nacionalidad, prescribe que los extranjeros no pueden ser propietarios de un canal de radio o televisión, por lo que la revocación de la nacionalidad peruana de Baruch Ivcher Bronstein, derivo en su apartamiento de la Dirección del Canal y el despido de los periodistas que habían producido programas crít icos, así como la cesación de la transmisión de noticias negativas sobr e el gobierno de Fujimori, afectando su derecho de propiedad tambien. Afectando claramente de esta forma uno de los atributos propios de la democracia y uno de los pilares de toda sociedad democráti ca como es la libertad de expresión, derecho que ha sido consagrado en diferentes instrumentos internacionales. En tal sentido, el 6 de Febrero de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó y se pronunció en el sentido que, el Estado peruano había violado su derecho a l a nacionalidad consagrado en el artículo 20º numerales 1º y 3º; el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrado en los artículos 8º numerales 1º, 2º; y 25º numeral 1º, así como, su derecho a l a libertad de expresión consagrado en el artículo 13º numerales 1º y 3º en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por otra parte, el mecanismo aplicado para resolver la controversia fue el procedimiento judicial según los arts. 23 y 24 de la Carta de la OEA; sometiendo la cuestión a la Corte Interamericana de derechos humanos. (Perú es parte de la Convención Americana y reconoció la competencia obligatoria de la corte). En el Caso del Derecho de Asilo (Colombia v/ P erú) Sentencia del 20 de noviembre de 1950, aquí Colombia sostenía que: “Que la República de Colombia tiene el derecho, como país acordante del asilo, de calificar la naturaleza del delito a los fines de dicho asilo, en el marco de las obligaciones que derivan en particular del Acuerdo Bolivariano de Extradición del 18 de julio de1911 y de la Convención de La Habana sobre Asilo, del 20 de febrero de 1928 y, de una manera g eneral, del derecho internacional americano. Además se fundamentaba en la Convención de Montevideo sobre asilo político de 1933, sobre el cual P erú no había ratificado, por ello la Corte Internacional de Justicia d eclara que dicho argumento queda descartado. “De los dos primeros artículos de la Convención de La Habana, resulta que, aún si un tal derecho de calificación no sea admitido, el gobierno de Colombia tiene fundamento, bajo ciertas condiciones, para demandar un salvoco nducto. La primera condición es que el asilo haya sido regularmente acordado y mantenido. El asilo no puede ser acordado más que a los criminales políti cos que no están acusados o condenados por delitos comunes, y solamente en los casos de urgencia, y por el tiempo estrictamente indispensable para que el refugiado se coloque a seguro. … La segunda condición es enunciada en el artículo 2 de la Convención de La Habana: “… El gobierno del Estado podrá exigir que elrefugiado sea colocado fuera del territorio nacional en el más breve plazo posible; y el agente diplomático del país que hubiera aco rdado el asilo podrá a su vez exigir las garantías necesarias para que el refugiado salga del país, respetándose la inviolabilidad de su persona” Por elloPerú reconvino pidiendo a la Corte: “Decir y juzgar a título reconvencional, en los términos del artículo 63 del Reglamento de la Corte, y en una sola misma sentencia, que el otorgamiento del asilo por el embajador de Colombia en Lima a Víctor Raúl Haya de la Torre fue hecho en violac ión del artículo primero, parágrafo primero, y del artículos 2, parágrafo 2, primeramente (i nciso primero), de la Convención sobre Asilo fi rmada en 1928 y que en todo caso el mantenimiento del asilo constituye actualmente una violación de dicho tratado”. La Corte dijo que: el otorgamiento del asilo por el Gobierno de Colombia a Víct or Raúl Haya de la Torre no fue hecho en co nformidad con el artículo 2 parágrafo 2 “primeramente” de dicha Convención. En este marco la responsabilidad surge en cuanto que la decisión unilateral obligaba al Perú. El mecanismo para resolver la controversia f ue el procedimiento o arreglo judicial; ya que se produjo el sometimiento de la cuestión a la Corte Internacional de Justicia, según los mecanismos de solución de controversias internacionales.-
En el Caso de la aplicación de medidas de salvaguardia sobre productos textiles (Res. 861/99) del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (Brasil v/ Argentina), en cuanto a la responsabilidad internacional, la norma comunitaria MERCOSUR, tiene la capacidad ju rídica para generar derechos y obligaciones tanto para los Estados como para los particulares. En el caso de análisis, puede surgir la responsabilidad del estado ya que existe la prohibición de las restricciones unilaterales al comercio entre los Estados, que surge de una norma general de Mercosur, El Tratado de Asunción. El Tribunal expresó que “El principio de cumplimiento de los Tratados y demás compromisos internacionales, o pacta sunt servanda, impone el cumplimiento de los compromisos asumidos”. Por ello, se deberán revocar todos aquellos actos administrativos que hayan sido implementados no compatibles con el Tratado de Asunción. El mecanismo para resolver la controversia fue el procedimiento para solución de controversias en el Mercosur, tratado en la pregunta 3.
Pregunta 5 También vemos aparecer en uno de estos casos uno en el que se entrelazan normas de Derecho Diplomático en relación a personas individuales. Indique en qué caso se produjo esa situación y los fundamentos del tribunal actuante para resolver a favor de uno u otro sujeto. En el caso en el que se entrelazan normas de Derecho Diplomático en relación a personas individ uales es en el de Derecho de A silo (Colombia v/ Perú). Es necesario distinguir entre el asilo diplomático y el asilo territorial. El asilo diplomático: Es el otorgado en legaciones, navíos de guerra y campamentos o aeronaves militares o personas perseguidas por motivos políticos o delitos políticos. Se fundamenta en e l principio de la extraterritorialidad de las sedes diplomáticas y se basa en razones humanitarias, es la protección que otorga un Estado en favor de personas perseguidas por razones políticas o delitos políticos cometidos en otro Estado, no permitiendo su extradición. La persona perseguida debe encontrarse en un peligro cierto de perder su vida o libertad, y no disponer de otra manera de estar seguramente a salvo de la persecución que sufre. Por lo tanto, en este caso, el refugiado no sale del t erritorio del Estado en el cual cometió el delito. Otorgar asilo diplomático implica una derogación de la soberanía de ese Estado. El asilo territorial, alude a la protección que ofrece un Estado en su territorio a aquellos extranjeros que lleguen a él, perseguidos por otro Estado por motivos políticos. Por lo tanto, el refugiado se encuentra afuera del Estado en el cual cometió el delito, y otorgar asilo, no implica derogar la soberanía de ese Estado como en la situación anterior. En el fallo analizado se trata del asilo diplomático, porque Haya de la Torre solicita asilo a la embajada Colombiana en (Lima) Perú. La decisión de la corte en cuanto a las cuestiones planteadas fue que Colombia no tiene derecho a calificar la naturaleza del delito por una decisión unilateral, definitiva y obligatoria para el Perú; y que, al momento de oto rgarse el asilo, no existía urgencia en el sentido de la Convención de 1928, y que la prolongación del asilo se debió a motivos no reconocidos por el art. 2º, de la Convención de La Habana.
Pregunta 6 Por otra parte, en uno de los casos vemos aparecer normas de Derecho Internacional Económico. Individualice ese caso y los fundamentos para su posible aplicación en el caso concreto. En el caso “Aplicación de medidas de salvaguardia sobre productos textiles (Res. 861/99) del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos” (Brasil c/ Argentina)aparecen normas de Derecho Internacional Economico. En el laudo del tribunal arbitral se establece que i ndependientemente de la normativa del MERCOSUR que en el anexo IV del Tratado de Asunción establecía la posibilidad de aplicar me didas de salvaguardia en las relaciones comerciales entre los Estados parte del Mer cosur, no existía al momento de dictarse el mismo una norma específica pro veniente del derecho derivado que permitiera aplicar una medida de salvaguardia en el sector textil. Por ello el Tribunal decidió que “la Resolución 861/99 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Argentina y los actos administrativos que en su consecuencia fueran implementados, no son compatibles con el Anexo IV del Tratado de Asunción ni con la normativa MERCOSUR en vigor, y por lo tanto deberán ser revocados”. Los estados no pueden aplicar de forma unilateral esas medidas hasta que no se las acuerde de f orma conjunta. Así el Tribunal toma en consideración los arts. 1 y 5 del Tratado de Asunción que formulan una prohibición de aplicar las medidas de salvaguardia al comercio intra - zona, y por lo tanto no podrán aplicar estas medidas a partir de enero de 1995. El Tribunal sostiene que no hay vacío legal al respecto, sino que existe una norma general, la prohibición de aplicar salvaguardias a partir de 1 de enero de 1995.
Pregunta 7 Actividades de aplicación práctica En los casos analizados existieron controversias internacionales pero en o casiones las cuestiones planteadas superan largamente el concepto de controversia para profundizar importantes cuestiones jurídicas de orden general. Seguramente podrá clasificar ambos tipos de situaciones y los fundamentos de esa clasificación.
Cuando se presenta una controversia ante un Órgano Internacional de resolución de c onflictos, no solo se debate la c uestión litigiosa u objeto de la situación, sino que se deben analizar otras cuestiones jurídicas de orden general como son la competencia para entender en el asunto individualizado, la interpretación y aplicación de las normas internacionales.Podríamos clasificar entonces dos cuestiones en una controversia, las de orden general (competencia, interpretación y aplicación de la norma, principios de DIP, etc.) y la de orden específico o particular (la controversia misma u objeto del litigio) A su vez, existen dos tipos de controversias: las políticas y las jurídicas. Para su solución, se han creado diversos métodos de arreglo, que se sistematizan como diplomáticos o jurídicos. Los diplomáticos se utilizan para la solución de controversias políticas. Las disputas jurídicas se resuelven por métodos jurídicos. No existe una fronte ra absoluta entre ambos métodos, para la solució n de algunas controversias se recurre al uso conjunto. Ahora bien analizando cada caso se podría establecer que: En el caso del Derecho de Asilo no solo se debe dar solución a la c uestión litigiosa, sino que para e llo es necesario la interpretación y aplicación de la norma, en este caso disposiciones de la Convención de La Habana (al artículo primero, parágrafo primero, y al artículo 2, parágrafo 2, de la Convención de La Habana). Por otro lado el Gobierno de Colombia finalmente recurrió “de una manera general, al derecho internacional americano”. Además de las reglas convencionales ya examinadas, se apoyó en una pretendida costumbre regional o local, propiade los Estados de América Latina, en virtud de lo cual debió ser analizado por la Corte a los fines de determinar si Colombia al invoc a una costumbre de esta naturaleza puede probar que esta se transformó en obligato ria para la otra Parte. En el caso Ivcher Bronstein a mas de dar solución a la cuestión litigiosa el tribunal debió expedirse sobre l a admisibilidad del caso y sobre su competencia, ya que mediante Resolución Legislativa Nº 27152, de fecha 8 de julio de 1999 el Congreso de la República de Perú aprobó el retiro del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo la Corte se refirió además, sobre la base de los artículos 20(3), 21, 8.1, 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al derecho a la nacionalidad, el derecho d e propiedad, derecho al debido proceso y a un recurso sencillo y rápido ante un juez o tribunal competente respectivamente. Por otra parte previo a todo ello se puso a disposición de las partes para intentar una solución amistosa. Finalmente la Comisión Interamericana so licitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se otorgue medidas provisionales en forma inmediata a B aruch Ivcher, su esposa y sus hijas para que puedan retornar al Perú inmediatamente y trasladarse con absoluta libertad, sin temor a ser detenidos o perseguidos por las fuerzas de seguridad de ese país. Dichas medidas fueron extensivas a periodistas y profesionales vinculados al empresario. El tribunal a los fines de expedirse debió además interpretar diferentes normas y analizar los peritajes presentados para poder concluir que en el Perú nunca se había dado un caso de pérdida de la nacionalidad. Por otro lado, la tercera sentencia emit ida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue p ara resolver una demanda de interpretación de la sentencia de fondo emitida, el 6 de Febrero de 2001, en el caso presentada por la Comisión Interamericana y el señor Ivcher. Esto para desentrañar las obligaciones de reparación que surgen de la misma, así como del procedimiento que ha de seguirse para que se satisfaga una justa reparación que restituya en integridad los daños que se c ausaron. En el Caso de la aplicación de medidas de salvaguardia sobre productos textiles (Res. 861/99) del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (Brasil v/ Argentina), el Tribunal debió analizar la medida adoptada por la Resolución 861/99 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos por la que se establecen cuotas anuales a las importaciones de textiles de algodón desde Brasil, a fin de determinar si se corresponde con lo establecido en el art. 6 del ATV y normas dentro del MERCOSUR que regulen esta materia específica y determinar si el Tribunal tiene jurisdicción. En orden a considerar la cuestión preliminar presentada por Argentina, el Tribunal primero se aboco a definir qué es una “controver sia” dentro del ordenamiento jurídico del MERCOSUR, para lo cual evaluó tanto el c ontenido de los acuerdos primarios, como el de las decisiones y resoluciones del sistema MERCOSUR y el Protocolo de Brasilia, y analizó resoluciones de la Corte Permanente d e Justicia Internacional (CPJI) en el caso MAVROMMATIS y en el caso del AFRICA, e Informes de los Directores Ejecutivos del Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento (“Banco Mundial”). Asimismo, el Tribunal determino el contexto para la i nterpretación de la normativa MERCOSUR, como también la de las fu entes relevantes del derecho aplicable como fueran establecidas en el art. 19 pár. 1 del Protocolo de Brasilia que se refiere a los principios de derecho internacional aplicables a la controversia. Se tuvo en cuenta los principios establecidos en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 (“la Convención de Viena”). Así se llego a la c onclusión que el sistema MERCOSUR tiene por objetivo eliminar las barreras al comercio entre sus miembros y toda interpretación por parte del Tribunal esta en concordancia con estos propósitos que representan el objeto y f in de los acuerdos de base, por lo tanto toda interpretación debe promo ver más que inhibir aquellos propósitos, todo lo cual esta expresamente reconocido en el Laudo Arbitral del MERCOSUR relativo a la “CONTROVERSIA SOBRE LOS COMUNICADOS Nº 37 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 1997 Y Nº 7 DEL 20 DE FEBRERO D E 1998 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR (CEDEX) DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR (SECEX): APLICACIÓN DE MEDIDAS RESTRICTIVAS AL COMERCIO RECÍPROCO” Además de todo lo mencionado, el tribunal al fundamentar su d ecisión, se baso en la interpretación y aplicación de los informes del OST de la OMC y del art. 28 del Protocolo de Brasilia, y en los arts. 1 y 5 del Anexo IV del Tratado de Asunción. En cuanto a la Opinión consultiva sobre la le galidad de la amenaza o el empleo de arma s nucleares la Corte llega a la conclusión mediante el análisis, interpretación y aplicación de las normas relativas al uso de la fuerza consagradas en la Car ta de las Naciones Unidas y el derecho aplicable a los conflictos armados que regula las situaciones de hostilidades, junto con todos los tratados en materia de armas nucleares que la Corte considero pertinentes. Para poder arribar a una opinión el Tribunal debió, además, analizar otras cuestiones jurídicas de or den general como son la competencia para entender en el asunto individualizado, la int erpretación y aplicación de las normas internacionales. Se baso además en el derecho internacional consuetudinario y en los tratados. Tambien se examinaron e n su conjunto, las resoluciones de la Asamble a General que se han presentado ante la Corte, en virtud de las cuales declaran que el empleo de armas n ucleares constituye “una violación directa” de la Carta de las Naciones Unidas y en algunos casos establecen que “debería prohibirse” su uso.
La Corte también baso su opinión en la resolución 1653 (XVI), de 14 de noviembre de 1961, en algunas declaraciones internacionales y acuerdos vinculantes, emitidos desde la Declaración de San Petersburgo de 1868 hasta el Protocolo de Ginebra de 1925. Asi también en la aplicación de las normas generales del derecho internacional consuetudinario a l as armas nucleares en particular. Se aplicaron además los principios del derecho humanitario: -relacionado con la protección de la población civil, y los bienes de carácter civil, distingue entre combatientes y no combatientes; los Estados no deben nunca hacer objeto de sus ataques a los civi les y, por consiguiente, no deben utilizar jamás ar mas que no permitan distinguir entre objetivos civiles y objetivos militares. -está prohibido causar daños superfluos a los combatientes; así pues, no se permite utilizar armas que les causen esos daños o que acentúen innecesariamente su sufrimiento. Por ello los Estados no gozan de libertad ilimitada de elección en cuanto al tipo de armas que utilizan. Pregunta 8 En los casos aplicados en esta evaluación encontramos diferentes intereses puestos en juego. Identifique cuáles son esos i ntereses en cada caso concreto. En la Opinión consultiva sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares, los intereses en juego surgen del derecho internacional humanitario, ya que no existen suficientemente disposiciones expresas en cuanto a las armas nucleares, por ello este derecho debe poder aplicarse a todos los medios de guerra, y en particular a las armas cuyos efe ctos son incontrolables, lo que incluye a las armas nucleares. Otros intereses en juego tienen que ver con proteger a la población civil y los bienes civiles, y el interés de no causar daños innecesarios a los combatientes con el uso de esas armas. Todo en ello en base a los principios de paz y seguridad i nternacionales receptados por la Carta de la ONU. En el Caso del Derecho de Asilo los intereses puestos en juego son los intereses de la persona humana. Ya que el Derecho de a silo es un derecho internacional de los derechos humanos, que puede disfrutar cualquier persona fuera de su país de origen en caso de persecución polí tica o para huir de las condiciones económicas o medioambientales. En el Caso Ivcher Bronstein, los intereses en juego son el derecho a la nacionalidad y los derechos humanos, y así también el d erecho a la libertad de expresión, a la propiedad privada como garantías que deben se r respetadas y otorgadas por el Estado según la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por su parte en el Caso de la aplicación de medidas de salvaguardia sobre productos textiles ( Res. 861/99) del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (Brasil v/ Argentina) los intereses puestos en Juego tienen como punto de partida el Tratado de Asunción, constitut ivo del MERCOSUR, es decir que se trata de intereses económicos que tienen que ver con la coordinación de políticas macr oeconómicas, la Liberación comercial, la eliminación de restricciones no arancelarias o medidas con efectos equivalentes y con la necesidad de eliminar las restricciones al comercio.
