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JURISPRUDENCIA DE LA C.S.J.N. Revisión judicial de la reforma constitucional: constitucional:
CASO “GUERRERO JUANA SORIA C/ BODEGAS Y VIÑEDOS PULENTA S.A.” (1957) Se había planteado la posible invalidez del nuevo articulo 14por vicios de procedimiento. La corte rechazo el planeamiento considerando considerando que la cuestion era política y que en virtud del principio republicano de la división de poderes no correspondía la intervención del poder judicial.
“POLINO C/ PODER EJECUTIVO”
el recurrente cuestionaba el procedimiento legislativo legislativo empleado en la sanción de la ley 24309 que declaro la necesidad de la reforma en 1994 y sin devolver el proyecto a cámara de origen , lo había elevado al poder ejecutivo el que lo promulgo y mando a publicar. La corte rechazo el planeamiento por entender que no había causa judicial y que el operante carecía de legitimación para formular el reclamo. Amparo
Siri –1957- primer fallo por amparo, la corte hizo lugar a un amparo para proteger la
libertad de expresión contra contra un acto de una autoridad autoridad que la lesionaba inconstitucionalmente. inconstitucionalmente. Se trataba de una imprenta y un periódico clausurados por orden de autoridad. La corte ordeno el levantamiento de la medida y estableció la libertad de imprenta, valiéndose de un procedimiento sumario equivalente al habeas corpus.
Ekmekdjian c/ Sofovich –1992- esta causa se origino como consecuencia de un programa televisivo televisivo en el cual su conductor conductor invito al escritor Dalmiro Dalmiro Sáenz con quien mantuvo un dialogo periodístico. El citado escrito tuvo expresiones agraviantes hacia nuestro señor Jesuscristo Jesuscristo y la Virgen María. Ello motivo que el actor, invocando su condición de católico practicante, solicitara la replica alo conductor del programa mediante la lectura de una carta, que le fue negada. Ante ello recurrió a la justicia por vía de acción de amparo. El caso fue rechazado en primera y segunda instancia pero aceptado en la corte por mayoría. Cambia la jurisprudencia de la corte suprema consagra la prelación jerárquica a los tratados, confiere primacía al derecho internacional sobre el derecho interno ya que con la introducción de la convención de Viena ha alterado la situación del ordenamiento jurídico argentino pues ya no es exacta la proposición jurídica según la cual no existe fundamento normat normativo ivo para acordar prioridad al tratado frente a la ley. l ey. Según el Art. 27 de la convención de Viena uno de los estados partes no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado
ot –1958- Añadió nuevos elementos a la procedencia del amparo. Se trataba de la K ot ocupación de un establecimiento por parte del personal en conflicto con la patronal. La Corte admite por vía de amparo la desocupación del local, en tutela de los derechos de propiedad y de ejercer la actividad propia de la fabrica (derecho a trabajar) trabajar) aquí el acto lesivo emanaba de particulares Habeas corpus Caso fibraca : la obligación que trae aparejada la inmunidad de jurisdicción de co0ntar con procedimientos de solución de controversias controversias en los que sea parte la comisión mixta de salto grande, Art. Art. 4 acuerdo de sede sede encuentra adecuada adecuada satisfacción satisfacción en el tribunal arbitral creado para tales fines lo cual impide alegar validamente privación de justicia ya que existe una jurisdicción jurisdicción internacional aceptada aceptada por nuestro país país y a las partes que se sometieron. Es improcedente el recurso extraordinario federal deducido contra el tribunal arbitral de comisión mixta de técnica mixta de salto grande.La aplicación del Art. 27 de la convención de Viena impone a los órganos de gobierno del estado esa obligación.
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Cocchia –1993- Que el secretario general del Sindicato de Encargados Apuntadores Marítimos promovió acción de amparo contra el Estado nacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, a fin de que se decretara la inconstitucionalidad de los Art. 34 a 37 del dec. 817/92. Entendió en su demanda que con arbitrariedad manifiesta el Poder Ejecutivo cercenó las garantías establecidas en el Art. 14 bis de la Norma Fundamental que aseguran al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, organización sindical libre y democrática; y a los gremios, la concertación de convenios colectivos de trabajo. En su opinión, tales derechos pueden ser reglamentados legalmente, pero su "limitación o vulneración" resulta inconstitucional; en concreto impugnó la derogación del convenio colectivo 44/89 y el marco legal del trabajo portuario, la convocatoria a nuevas negociaciones en los términos establecidos por el Art. 36, y la intervención del Estado fuera de los límites de razonabilidad determinados por el Art. 28 de la Constitución Nacional y la jurisprudencia de esta Corte respecto del horario de trabajo, la dotación mínima, l a contratación de personal especializado mediante la habilitación que a su ver contribuye con la actividad del Estado como auxiliar a la de Aduana. Argumentó que frente a la emergencia económica que dio origen a las medidas sancionadas por los otros poderes, corresponde al Poder Judicial el control de la razonabilidad de tales actos.
En especial, entendió que mediante el decreto cuestionado, se había omitido tener en cuenta que la ley 23.696 además de su Art. 10, en los Art. 41/45 había establecido también la protección de los derechos del trabajador. No se da lugar al amparo-------------falta respuesta de la corte
Intervención federal Caso Cullen c/llerena: 1893la intervención federal y el control de constitucionalidad. La cámara de senadores aprueba un proyecto de ley para la intervención de las provincias de buenos aires y santa fe pero al pasar a cámara de diputados es rechazado. 15 días después diputados aprueba un proyecto de ley para intervenir san luis y santa fe, el cual es aprobado por la cámara revisora. El poder ejecutivo designa al Dr. Llerena interventor de las provincias. Cullen abogado nombrado por el gobernador provisorio de santa fe para hacer las demanda, este le exige a la corte que se deje sin efecto la intervención por ser inconstitucional contra el art, 81 de la constitución que dice que un proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras no puede repetirse en sesiones del mismo año. Cullen se refiere a l a forma en que fue llevada a cabo la intervención y no al fondo de la ley.} La corte no hace lugar al pedido de Cullen por que. Ella no puede meterse en una cuestión política como la intervención a una provincia, no puede controlar y revocar actos de otros poderes. El interés de Cullen no esta bien determinado, sus derechos civiles no están lesionados y su fin no es proteger a la constitución Interpretación / poder de policía Ercolano c/ Lanteri –1922- por la crisis habitacional por las inmigraciones aumentan los alquileres, se dicta una ley que congela los alquileres por 2 años. El actor dijo que esa ley violaba el Art. 14 17 y 28 de la C.N., la corte dijo que ningún derecho es absoluto, que hay circunstancias en las que el estado debe intervenir a través del poder de policía para proteger los intereses de la comunidad y siempre de la comunidad y siempre que sea por un tiempo determinado y no a perpetuidad, la propiedad tiene una función social lo que impone ciertas restricciones. La corte sostuvo que la protección de los intereses económicos era para el estado una obligación como la defensa de la seguridad , l a moralidad y la salubridad publica.
Interpretación
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Calvete: Poder de policía Empresa de los toros c/ pcia de buenos aires la corte confirmo la legitimidad de disposiciones reglamentarias que prohibían la realización de corridas de toros en salvaguarda de la moral publica En 1887 la corte ratifica la validez de las disposiciones legales que obligaban a los industriales saladristas de barracas a trasladar sus establecimientos en defensa de la salud de la población.
Estado de sitio: Control judicial Caso granada 1985: la corte diseño los siguientes principios: -en l o concerniente a la legitimidad no cabe entender que haya sido la intención del legislador apartarse de reiterada jurisprudencia del tribunal que ha reconocido como facultad privativa de los poderes legislativo y ejecutivo los referentes en apreciar las circunstancias que apoyan la toma de tal recurso por lo cual la decisión de tales resulta no judiciable.-señala de que no se trata de que el poder judicial pueda expedirse sobre la oportunidad con que estos poderes declararon el estado de sitio.- la ley 23098 habilita para interponer el recurso de habeas hábeas para el control de la razonabilidad de la privación de libertad corporal.
En cuanto al arresto o traslado facultad de p j en el estadio de sitio. Caso Sofía : 1959 apartir de este caso la corte dijo que las medidas con respecto de otros derechos y libertades se admite la revisión de razonabilidad por ende la acción de amparo puede interponerse cada vez que el titular de un derecho afectado reputa inconstitucional la medida
Derecho a la Vida Saguir y Dib –1980- el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona , preexistente a toda legislación positiva.
Intimidad-privacidad Montalvo –1990- RECHAZO UN PLANTEO DE inconstitucionalidad DEL ART. 14 DE LA LEY 23737, EL FALLO PUSO EL ACENTO en la protección de la salud publica de la población y recordó que el Art. 19 de l a constitución nacional solo protege aquellas acciones privadas que de ningún modo ofendan al orden y l a moral publicas, ni perjudiquen a terceros.
Información (libertad de expresión, responsabilidad) Ponzetti de Balbín c/ editorial Atlántida –1984- la libertad de intimidad prevalece sobre la libertad de prensa. La corte dijo que el derecho a la información invadió al derecho a la intimidad de Balbín que si bien es un hombre publico, lo es solo en su actividad.
Campillay –1986- establece que en la redacción de notas periodísticas que puedan lesionar el honor de una persona, el medio de prensa se exime de responsabilidad cuando:------1. menciona la fuente informativa., 2. utilice un tiempo de verbo potencial ( habría cometido). 3. deje en reserva la identidad de l a persona de quien trata la nota.-------Morales sola por esta se recepta la doctrina de la real malicia, por lo tanto la libertad de expresión protege las publicaciones sobre personajes publicos, aunque sean inexactas o falsas, siempre que el afectado no pruebe que el autor de la información conocia de la falsedad de la malicia o actua con despreocupación acerca de la determinación de verdad o falsedad.
www.planetaius.org Doctrina de la real malicia: para que un periodista acusado por daños y perjuicios se le imputen esos hechos el demandante debe probar:------- 1. que la noticia es inexacta. 2. que fue publicada con conocimiento de que era falsa o con notoria despreocupación acerca de su veracidad. Verbitsky s/ denuncia de apología del crimen –1989Vago c/ Edic. de la Urraca –1991-
RAMOS c/ BATALLA –1970- La causa que motiva esta querella es injurias vertidas en una publicación periodística por Eduardo J. Batalla en desmedro de Raúl A. Ramos. Eduardo Batalla apela la sentencia condenatoria del Superior Tribunal de la Provincia de Misiones por la comisión del delito de injurias previsto en el Art. 110 del Código Penal, sobre la base de que dicho fallo contraría lo dispuesto por el Art. 18 (garantía de ley previa) y 32 de la C.N. El Art. 32 de la C.N. veda al Congreso federal legislar como legislatura nacional, sobre libertad de imprenta, correspondiéndole hacerlo a las diversas provincias o al mismo Congreso para la Capital, como legislatura local. Esto se ve plasmado también en el Art. 104 al establecer que las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al gobierno federal. Esto permite desconocer al Congreso Nacional legislar sobre la materia, debido a que no le ha sido conferido atribuciones al respecto. El caso bajo examen se plantea en la provincia de Misiones, lugar en el que no existe una norma específica local que reprima los abusos de la imprenta o declare aplicable el Código Penal. Por ser el Código Penal una ley de fondo dictada por el Congreso Nacional, se plantea un problema de aplicabilidad de una norma del Código Penal (Art. 110), en los casos de comisión del hecho efectuado por medio de la prensa en dicha provincia. La Corte Suprema trata de desentrañar los alcances del Art. 32 de la C.N. sin desnaturalizar por ello lo previsto en el Art. 75 inc. 12, que dispone que le corresponde al Congreso dictar los códigos de fondo, como lo es el Penal, sin que por ello tales códigos alteren la jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales según cayeren éstos bajo sus respectivas jurisdicciones. No reconoce así en el Art. 32 la potestad exclusiva de las provincias a legislar en la materia. Asimismo, entiende que el propósito perseguido en el Art. 75 cinc. 12, al conferírsele al Congreso la facultad de dictar dichos códigos, es el de lograr una unificación de las leyes de fondo, la cual se ha visto plasmada en el Código Penal, que tiene para esta clase de delitos eficacia represiva, y es aplicable en toda la República, sin negar esta norma el principio dispuesto por el Art. 32, sino complementándolo sin contradecirlo. La solución impulsada en este fallo afianza la doctrina sentada en el primer fallo sustentado por la Corte –caso Calvete - por el cual si el delito afectaba un bien jurídico de índole federal, le correspondía a dicha justicia su juzgamiento. --- Así interpreta que el Art. 32 limita la creación de creación de leyes por parte del Congreso federal que restrinjan la libertad de imprenta, pero sin que esto afecte lo di spuesto por el Art. 75 cinc. 12 in fine afirmando que el delito será juzgado por tribunales provinciales o federales según que las cosas o las personas afectadas caigan bajo sus respectivas jurisdicciones, tratando al delito de imprenta como un delito común y no particular, debido al medio por el cual es llevado a cabo. ----La Corte Suprema de Justicia votó unánimemente la decisión de condenar a Eduardo J. Batalla por las injurias vertidas en un medio periodístico que afectaron a Raúl Ramos, fundándose en el Art. 110 del Código Penal que dispone el que deshonrare o desacreditare a otro será reprimido con multa de $ 1.500 a $ 90.000 o prisión de un mes a un año.
Propiedad -- Supremacía Química Merck –1948- La corte legitimo la incaución de los bienes de la empresa alemana merck, por considerar que en épocas de guerra no era aplicable el enfoque
www.planetaius.org dualista y prevalecía el enfoque monista según el cual se reconoce un único ordenamiento jurídico internacional que deberá subordinarse al primero.
Delfino –1927- la corte sostuvo que "existe una distinción fundamental entre la delegación de poder para hacer una ley y l a de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo, a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla". Más adelante expresa que "cuando el Poder Ejecutivo es llamado a ejercitar sus poderes reglamentarios en presencia de una ley que a menester de ellos, lo hace no en virtud de una delegación de atribuciones legislativas, sino a título de una facultad propia consagrada por el Art. 86, inc. 2° de l a Constitución, y cuya mayor o menor extensión queda determinada por el uso que de la misma facultad haya hecho el Poder Legislativo"
En el caso "Carmelo Prattico" 1960 , el tribunal tuvo oportunidad de reiterar esta postura, al sostener que, en tales supuestos, el órgano ejecutivo "no recibe una delegación proscripta por los principios constitucionales, sino que, al contrario, es habilitado para el ejercicio de la potestad reglamentaria que le es propia (Art. 86, cinc. 2°), cuya mayor o menor extensión depende del uso que de la misma potestad haya hecho el Poder Legislativo", "tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida" Se reconoció la constitución de los decretos que alegando una delegación legislativa y con fundamentos en la crisis económica, habían dispuesto un aumento retroactivo de salarios en el sector privado.
Caso peralta: la corte convalido el canje obligacional dispuesto por un decreto de necesidad y urgencia de los depósitos bancarios a plazo fijo por certificados de bonos externos , es decir que modifico los términos de un contrato entre terceros. El fundamento de validez de la normas dictadas en l a emergencia económica reside , en la necesidad principio que esta estrechamente vinculado con el de la autopreservación del estado o de la comunidad. Corresponde reconocer la constitución de leyes que suspendan temporariamente los efectos de las sentencia firmes como los de los contratos, siempre que no se altérela sustancia de los mismos, a fin de proteger el interés público en presencia de graves perturbaciones de carácter económico. El ejercicio del poder publico sobre personas y bienes se extiende al ámbito económico y social y económico es posible ejercer el poder del estado en forma mas enérgica que la admisible en momentos de normalidad. No son inconstitucionales las normas que por razones de necesidad, limitan temporalmente la percepción de los beneficios derivados de la propiedad o restringen el uso que pueda de ella.
Requisitos del recurso extraordinario: Subsistencia de los requisitos comunes: Caso rios: 1987 la corte resolvió entrar a considerar la cuestión, pese a que era manifiesta la falta de subsistencia de las condiciones al entender que era necesario adoptar una resolución al resolver un impugnación ante la negativa de la autoridad electoral de aceptar una candidatura a diputado nacional por no estar respaldada por ningún partido político. Si bien las elecciones ya se habian realizadola corte considero que existe e la caua cuestion federal suficiente para su trataminetoen la instancia
www.planetaius.org extraordinaria, en tanto los agraviosdel recurrente remiten delimitación y análisis del derecho electoral.
Gravedad institucional: Caso jorge Antonio: 1960 la corte admitio la procedencia para revisar una decisión de la camara federal de apelaciones de capital que había revocado una decisión de la comisión liquidadora creada por decreto ley del gobierno de facto. Esta había negado al recurrente la entrega de deposito de 6 autos y 2 embarcaciones de su propiedad que le habian secuestrado precautoriamente por suponer que tenian origen ilegal. Fr ente a la decisión de la cámara que le otorgaba el deposito, la comisión recurrió por queja la cual admite el recurso invocando las normas de EE uu sobre writ of certiorari y alegando una situación de gravedad institucional que considero hábil para justificar la intervención de la corte superando los pasos procésales, frustratorios del control que la corte debe cumplir. La corte revoco la decisión y no reintegro los bienes.
