En septiembre de 1940 el presidente Castillo nombró al frente del Ministerio de Hacienda a Federico Pinedo (abuelo del Federico Pinedo-Pro), dirigente del antiguo Partido Socialista Independiente y exponente del ala liberal de la Concordancia, el bloque de fuerzas conservadoras y liberales a cargo del gobierno. Hacía una década que los círculos tradicionales de terratenientes, comerciantes, banqueros y capitalistas extranjeros había derrocado al gobierno de Hi pólito Yrigoyen e impuesto, primero una dictadura de signo si gno nacionalista y contenido profundamente antinacional, y luego una democracia de carácter fraudulento. El ciclo de apogeo de la próspera semicolonia agroexportadora, basada en la renta diferencial de la pampa húmeda e inserta en la órbita del viejo imperio británico, hacía tiempo que evidenciaba signos de agotamiento. A ese contexto intentó «responderle» el Plan Pinedo, que era una especie de «letra chica» del Tratado Roca-Runciman y que consistió -en resumen- en lo siguiente: partía de reconocer la declinación irreversible de Gran G ran Bretaña como metrópoli industrial de la l a vieja semicolonia agroexportadora, y tomaba nota de la posición gravitante en que quedaría Estados Unidos luego de la guerra. Significaba, en este sentido, un giro del eje de la d ependencia que tenía por punto de apoyo una triangulación comercial. Las L as divisas, producto de las exportaciones agropecuarias, que el gobierno inglés mantenía congeladas, debían ser sustituidas s ustituidas por créditos de Estados Unidos, aplicables a la compra de máquinas, equipos e insumos fabriles que el antiguo imperio ya no podía suministrar. A su vez, a cambio de los cereales y de la carne vendidos a precio fijo y sin interés por los productores argentinos, el país recibiría títulos de la deuda británica y acciones de las empresas ferroviarias instaladas en el país, que el gobierno habría de nacionalizar según un plan elaborado por el propio Pinedo cuando era asesor de esas compañías. Un capítulo central del Plan consistía en la compra por el Estado de los excedentes de las cosechas que no tenían entrada en los mercados europeos, y en el fomento de las industrias manufactureras y de la construcción, para sostener el nivel de actividad económica y neutralizar los efectos de la desocupación. A tales fines el Banco Central dispondría durante cinco años (período de emergencia) de los depósitos movilizables de la banca privada, con los cuales constituiría un Organismo de Financiación que otorgaría créditos a 15 años a las industrias cuyos artículos no compitieran con las importaciones, y tuvieran posibilidad de exportación. Para las empresas constructoras los créditos serían a 30 años y estarían destinados a promover la edificación de viviendas económicas, con bajo porcentaje de insumos insum os importados. El proyecto incluía entablar negociaciones con los gobiernos de Brasil y Estados Unidos para echar las bases de una zona de libre comercio que abarcase el país del norte y el sur de América Latina. ¿Por qué se cayó? No fueron razones estrictamente técnicas sino exclusivamente políticas la que frustraron el plan, que no llegó a ser nada más que eso, un plan para «subsidiar» una industrialización cautiva y dependiente del Estado. A lo sumo se proponía mantener la estructura manufacturera existente, amenazada por una nueva crisis con la consiguiente repercusión social sobre la estabilidad de la dominación oligárquica. El mensaje que el Poder Ejecutivo envió al Congreso no ofrecía dudas al respecto. En relación a los estímulos fabriles advertía que “ello no significa, desde luego, que toda industria debe ser fomentada. Debemos precavernos del error de promover aquellas producciones que tiendan a disminuir las importaciones de los países que sigan comprando nuestros productos en medida suficiente para pagar esas importaciones. De lo contrario crearemos nuevos obstáculos a las exportaciones: hay que importar mientras se pueda seguir exportando”.
Sin embargo, pese a la claridad de esta declaración de propósitos, el contenido del Plan provocó una fuerte diferenciación dentro del bloque de clases gobernantes. Los criadores agrupados en Carbap y en las sociedades rurales del interior, organizaron una feroz resistencia apoyados por la UCR, mientras que la Sociedad Rural no lo objetó en principio, pero advirtió contra el peligro de fomentar “industrias artificiales”. En cambio, la Unión Industrial le dio un caluroso apoyo y a la Bolsa de Comercio le pareció razonable respaldar la actividad fabril existente. Las divergencias reflejaban los realineamientos que se habían producido en el seno de las clases propietarias a lo largo de los años 30. Los ganaderos medios, cuyo negocio era la cría, querían a toda costa mantener el viejo status quo agroexportador, bloqueando todo desenvolvimiento f abril, amenazara o no las importaciones provenientes de los países compradores. Su interpretación de la vieja consigna de los años dorados —“comprar a quien nos compre”— no admitía variante alguna. La posición del radicalismo alvearizado, representante de las capas m edias rurales y de la pequeña burguesía urbana ligada al aparato de los servicios, era la misma. No era el caso de los invernadores que, asegurado el mercado británico del chilled mediante las cuotas asignadas en el Pacto Roca-Runciman, podían exhibir una posición más flexible. Constituían el núcleo central del poder oligárquico y estaban en mejor posición para comprender la necesidad de aceptar ciertos cambios para preservar su presente hegemonía. Además, ciertas modificaciones se habían operado en los círculos dirigentes de la oligarquía, a partir de la derivación de parte del capital comercial radicado en el circuito agroexportador hacia ramas fabriles que operaban con altas tasas de retorno. La consolidación de Bunge y Born en los años 30 como corporación inicialmente dedicada a la comercialización internacional de la producción cerealera, y luego diversificada en inversiones agroindustriales y fabriles ligadas al negocio original, era uno de los casos ilustrativos de la ramificación del capital que se estaba produciendo. Al mismo tiempo, los cambios operados en la composición de la propiedad en las ramas industriales a raíz del crecimiento de la inversión extranjera, eran considerables. De acuerdo a la estimación de Adolfo Dorfman, en 1935 la mitad del capital invertido en la estructura fabril pertenecía a firmas extranjeras. La mayor expansión registrada en este campo durante las décadas del 20 y del 30 correspondió a compañías norteamericanas. Simultáneo a la consolidación de esta presencia gravitante, se había desarrollado un marcado proceso de centralización y concentración del capital, al punto que en vísperas de la segunda guerra mundial un reducido núcleo de establecimientos (menos del 5 % del total) generaba más del 50 % del producto industrial y daba ocupación a más de la mitad de los obreros fabriles. Sin embargo, para imponer la reorientación del capitalismo dependiente que suponía el Plan Pinedo, se necesitaba algo más que el apoyo entusiasta de la UIA y la aceptación parcial y con estrictas reservas de la Sociedad Rural. La influencia de los círculos tradicionales del status quo oligárquico era suficiente todavía para resistir los cambios. El Plan y el proyecto de ley correspondiente fueron aprobados por el Senado el 18 de diciembre de 1940 por 17 votos contra 3. Pero la Cámara de Diputados nunca llegó a tratar la iniciativa. El partido radical, que había ganado la mayoría en la cámara baja a principios de año, le reclamó al gobierno de Castillo, quién había reemplazado al presidente Ortiz en julio, que dispusiera la intervención a la provincia, anulara las elecciones tramposas y ordenase al Ejército controlar los próximos comicios en Mendoza. En caso contrario no aportarían número en la sesión, en la que además del plan del Palacio de Hacienda, debían tratarse el Presupuesto y la Ley de Armamentos
de Militares. Pinedo, consciente de la gravedad de la situación, propuso una fórmula de transacción a Marcelo T. de Alvear, titular del Comité Nacional de la UCR: en las próximas elecciones y mientras durase la guerra, conservadores, liberales y radicales presentarían listas cuyo primer tercio o mitad se elaboraría de común acuerdo. La dirección de la UCR, cuyos senadores habían votado contra el Plan, exhibiendo una posición cerradamente antiindustrial, se manifestaron proclives a aceptar la propuesta, siempre y cuando fueran anuladas las elecciones en Santa Fe. Sin embargo, a quienes no les cayó bien la iniciativa fue a la dirigencia del Partido Demócrata Nacional, cuya desconfianza precipitó la renuncia de Pinedo y el hundimiento de su proyecto. Castillo siguió gobernando durante más de dos años, en su mayor parte con el respaldo de la oficialidad nacionalista del ejército, pero no pudo reponerser del «revés» parlamentario.
