Responsabilidad social en la seguridad seguridad ciudadana ciudadana
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Responsabilidad social en la seguridad
En el debate actual sobre la seguridad sobresale la premisa de que es el sistema político el que debe dar respuestas a este tipo de problemas. La nueva visión de seguridad no se concibe solamente como un asunto de presupuesto o de equipamiento o de creación de cuerpos especiales, sino que se enfoca en la necesidad de elaborar una política de seguridad clara, que no violente ni contradiga los principios de la democracia, entendida ésta no sólo ólo como la democracia formal o sea como el óptimo funcionamiento de los sistemas de elección o el ejercicio de los derechos políticos, sino como un sistema que rescate el derecho al bienestar y a la seguridad de la población. ay que considerar que e!iste una diferencia fundamental entre lo que es seguridad interna y lo que es seguridad e!terna o, poniéndolo en términos institucionales, lo que son las "uer#as $rmadas y lo que es la %olicía. En el caso de esta <ima, su objetivo fundamental es mant ma nten ener er el orden orden p&bl p&blic ico o y gara garant nti# i#ar ar la prot protec ecci ción ón y derec derechos hos de la person persona. a. %e %ese se a la distin distinció ción n que se establ establece ece entre entre seguri seguridad dad intern interna a y e!terna, en el Ecuador ha e!istido la tendencia a identi'car a la seguridad interna con la e!terna, lo que ha causado confusión entre las funciones de
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los militares y de los policías, lleg)ndose inclusive a que una institución invada los espacios de la otra. Este desconcierto que se produce en la sociedad crea también distorsiones en los mecanismos a los que recurren ambas instituciones a la hora de tratar el tema de la seguridad. Las secciones conjuntas de las "uer#as $rmadas y la %olicía son consideradas como normales en los nuevos escenarios, donde los con*ictos y los delitos comunes y de la vida cotidiana se mimeti#an con problemas globales o internacionales m)s inclusivos como el terrorismo, el narcotr)'co, la guerrilla. +odo esto constituye, adem)s, un síntoma de la incapacidad de los gobiernos para aplicar políticas preventivas e integrales de control. on la llegada del actual -obierno, uno de los principales aspectos de la agenda p&blica fue el tema de la inseguridad iudadana, por lo que fue el mismo %residente de la ep&blica quien decidió en su momento ponerse al frente del onsejo /acional de 0eguridad iudadana, m)!imo organismo encargado de la formulación, conducción y evaluación de la política de seguridad ciudadana del país, dando los lineamientos necesarios para revertir la situación e!istente. El resultado de esta gestión fue invertir en el equipamiento de la %olicía /acional y endurecer las penas y el régimen penitenciario, es decir priorizar el sistema reactivo – represivo, dejándose de lado otros sistemas como es el de la prevención social del delito, prevención situacional del delito y prevención comunitaria del delito .
0e iniciaron las inversiones y se efectuaron los cambios que se consideraron pertinentes en espera que la %olicía sea m)s efectiva y e'ciente en el control de la delincuencia mediante el sistema reactivo represivo, pasado el tiempo vemos que la %olicía no ha podido satisfacer esas e!pectativas. 0e incrementaron las penas, reducido bene'cios penitenciarios, promulgado leyes que e!ime de responsabilidad penal a los policías que hagan uso de sus armas de fuego en actos del servicio, pero la situación de violencia sigue de manera incontrolable2 siendo evidente la descon'an#a que e!iste actualmente en la ciudadanía respecto a la e'cacia del trabajo policial. %ero no solo eso, observamos actualmente como resultado de sus insu'cientes remuneraciones, una e!pansión cada ve# mayor de integrantes de la %olicía /acional con tendencia despla#arse de la seguridad p&blica a la privada, vincul)ndose laboralmente a esta <ima por ra#ones económicas pero sin dejar de seguir perteneciendo al servicio activo de la institución policial. Las protestas y demandas ciudadanas por mayor seguridad ciudadana no se han hecho esperar y la delincuencia y violencia siguen en aumento. /o se ha tomado en cuenta que el delito y la violencia presentes en barrios o poblaciones son el resultado, entre otros factores, del fracaso de la vida comunitaria, de la convivencia, de los procesos de sociali#ación y control informal que ella implica, y que es necesario reconstruir la con'an#a entre vecinos, restaurar el la#o social, fortalecer las instituciones comunitarias y regenerar el sentido de comunidad con e!pectativas y objetivos comunes. Esta situación ha permitido la consolidación de un discurso autoritario sobre la delincuencia y, a su ve#, la aparición de procesos negativos como 3justicia por mano propia4, 3linchamientos4 y en su nivel m)s grave los homicidios mediante la modalidad de 3sicariato5.
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7iversos factores como la no distinción entre seguridad p&blica y seguridad nacional, la ine'cacia del sistema penal, así como la e!acerbación que de este tema hacen los medios de comunicación han convertido el tema de la seguridad p&blica en problema aparentemente univoco, haciendo entonces creer que la &nica alternativa es la visión policíaca y represiva, donde se criminali#a la pobre#a o se imponen medidas como la del 5alcoholímetro5 sin pedir que la autoridad justi'que que es una medida idónea y que efectivamente no e!iste otra posibilidad para generar esta restricción a las garantías ciudadanas. 8uchas veces el cuestionamiento que las defensoras y defensores de derechos humanos han hecho a las medidas que aumentan la discrecionalidad de las policías o que sólo proponen mayores medidas represivas ha servido para acusar de que 5de'enden delincuentes5 y que no les preocupa los derechos de los ciudadanos honestos. %or supuesto que interesa el tema de la seguridad p&blica pero desde otras y mejores perspectivas. %or ejemplo al abordar este tema, es necesario revisar y asegurarnos de cu)l es el concepto que mejor identi'ca el problema. El concepto de seguridad ciudadana, debe entenderse 5como la protección que debe brindar el Estado a las personas respetando sus derechos y libertades fundamentales5 y no así el de seguridad p&blica. La ra#ón es que el primero coloca a la persona y no al Estado como el centro de la seguridad. 9gualmente en necesario distinguir con mucha precisión entre la función de seguridad p&blica y la impartición de justicia penal. :ue actualmente vivamos una seria crisis de las instituciones que administran la justicia, lo que no debe llevarnos a olvidar que la seguridad ciudadana es un derecho de los ciudadanos cuya satisfacción corresponde al )mbito del poder ejecutivo a través del servicio p&blico de la policía y que se debe evitar buscar, como actualmente se pugna, que las policías preventivas realicen tareas de investigación de delitos, desvaneciendo la imprescindible distinción entre seguridad p&blica y justicia penal. En el an)lisis del problema de la seguridad ciudadana debiéramos llegar a determinar el grado de erosión de los niveles de convivencia ciudadanos que genera la inseguridad, para lo cual se necesita que se asegure la e!istencia de un diagnóstico de la realidad económica, socio cultural y criminológico, y no sólo este <imo. 7e forma que entonces el trabajo de seguridad sea planteado como un trabajo de reconstitución del tejido social y en consecuencia la policía considerada como una institución que contribuye a la reconstitución de la convivencia comunitaria. 7e tal manera que las estrategias de seguridad ciudadana sean fundamentalmente preventivas e integrales. %or supuesto que estos puntos apenas esbo#ados son parte de un debate que se desarrolla en muchas ciudades y países del mundo y de $mérica DARLIN GARCIA
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Latina. La seguridad ciudadana es uno de los temas m)s saltantes en las democracias y por supuesto que también lo es para nuestro continente. on frecuencia, algunos miembros de las corporaciones de seguridad p&blica han manifestado que la defensa y protección de los derechos humanos favorece a los delincuentes y perjudica a las víctimas del delito. Esta a'rmación es errónea, y no tiene fundamento jurídico que la sostenga. El argumento ha causado una grave confusión entre la población2 de ahí la necesidad de e!poner algunas ra#ones que la desmientan. La creencia de que la defensa y protección de los derechos humanos bene'cia sólo a los delincuentes es falsa. +odos, sin distinción, go#amos de los derechos consagrados en nuestras onstituciones, así como en los diversos instrumentos internacionales en la materia. Los ni
sida, los indígenas, la mujeres, las lesbianas y homose!uales, los ni
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las armas les fueron con'adas para defender a la ciudadanía y no para atacarla. orresponde a los órganos correspondientes velar por los derechos de las víctimas del delito. Esto no es cumplido plenamente. Cn alto porcentaje de las quejas presentadas en las comisiones de derechos humanos ha sido de víctimas que han quedado desamparadas ante la impunidad, la inacción o ine'ciencia del sistema de administración de justicia. 8uchas denuncias formuladas no han sido debidamente investigadas2 otras ni siquiera se han indagado. En las que se hacen investigaciones hay serias de'ciencias jurídicas que ser)n aprovechadas por el acusado en su defensa o ser)n tan graves que el jue# no pueda continuar con el procedimiento. D en las que se ha concedido orden de detención, éstas no se han ejecutado. Las causas de la inseguridad que viven nuestros países son diversas corrupción, impunidad, violencia, descon'an#a en las autoridades, entre muchas m)s. 0in embargo, algunos se han empe
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La defensa y la protección de los derechos humanos pugnan por una política de seguridad ciudadana que act&e sobre las causas de la criminalidad y privilegie la prevención e investigación del delito. 0e ha dicho de manera insistente que para combatir la delincuencia y elevar los niveles de seguridad es necesario aumentar la sanción penal, el n&mero de policías y patrullas, y tolerar la violación a los derechos humanos, entre otras. Esta creencia negativa deja de lado las verdaderas causas de la criminalidad y se olvida de la necesaria moderni#ación de las instituciones de administración de justicia, mediante un esfuer#o global que garantice el acceso y trato igualitario a la población2 que se erradique la descon'an#a mutua entre esas entidades y se busque la complementariedad de ellas y la coordinación contra el crimen. Cna política de seguridad ciudadana seria debe atacar las causas de la criminalidad y prever medidas en el )mbito social, de la infraestructura, la educación y la participación de la sociedad, para prevenir o combatir todo factor criminal y así di'cultar las comisión de delitos. %ara hacer frente a este desafío hay que humani#ar y hacer m)s e'ca# la respuesta del Estado, con la capacitación y profesionali#ación de los cuerpos policiales. %ara ello se requiere •
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9nterés del Estado y la sociedad para que la formación del policía se oriente hacia el respeto al orden legal y de los derechos humanos de los ciudadanos. 7igni'cación de la actividad policial. El policía es un servidor p&blico encargado de la seguridad, pero sobre todo es una persona con una actividad que merece alta valoración social y, por lo tanto, debe ser correspondida con el respeto a sus derechos y la satisfacción de sus necesidades elementales. Evaluación del trabajo policial no sólo por sus resultados, sino por los medios empleados. Esta apreciación ser) permanente, y en ella no sólo habr) de intervenir el Estado, sino también la sociedad, que debe convertirse en un actor coadyuvante de las distintas etapas que implica una estrategia de seguridad p&blica. Los mecanismos e instrumentos de la actuación policial deben regularse seg&n el criterio 5mayor e'cacia menor costo para las personas en el ejercicio de sus derechos5. En este sentido, su actuación debería estar sustentada en el criterio 5%revención en la medida de lo posible y represión en la medida de lo estrictamente necesario5. La participación de la sociedad en la evaluación de sus necesidades, así como en los planes de seguridad p&blica. $dopción, por de conducta o ética.
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parte
de
los
cuerpos
policiales,
de
códigos
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8ecanismos que resuelvan algunos problemas entre los ciudadanos de forma no violenta, a través de la mediación o solución pací'ca de los con*ictos. La seguridad p&blica no sólo es un problema de los cuerpos policiales. La colaboración de todos los actores sociales es urgente, especialmente cuando vemos que las debilidades en este rubro son fuente de una violencia e impunidad que afectan la vida, la integridad, la libertad y el derecho a la justicia de las personas y, en general, el de todos a llevar una vida libre de temores y sobresaltos. %ara que la lucha contra la delincuencia sea e'ca#, las acciones deben ser legítimas, esto es, respetar la onstitución y con ello los derechos humanos, no sólo por el bien de la legalidad, sino por el de la sociedad, para que recupere ese espacio tan natural que le ha sido arrebatado la calle. La inseguridad no puede reducirse &nicamente a los problemas de criminalidad. La inseguridad es una problem)tica compleja est) atada a los problemas de sanidad, de medio ambiente, de urbanismo, de formación2 es el resultado de desigualdades crecientes en el acceso a los recursos2 pone en juego con*ictos de intereses, sobre todo con respecto a la división y al uso del espacio y de los ritmos de la ciudad ?tiempo libre por la noche, deportes, prostitución@. La inseguridad es un riesgo urbano al que hace falta darle respuestas civiles.
JJ La policía es una fuer#a de seguridad encargada de mantener el orden p&blico y la seguridad de los ciudadanos mediante el monopolio de la fuer#a, y que se encuentra sometida a las órdenes del Estado. La mayoría de las fuer#as policiales son organi#aciones casi militares, cuya principal obligación es disuadir e investigar crímenes en contra de las personas o que afecten el orden p&blico, así como el arresto de sospechosos, e informe a las autoridades competentes. +ambién es responsable de reportar ofensas menores por medio de citaciones que suelen terminar en el pago de una 'an#a, usualmente por violaciones a las leyes de tr)nsito vehicular. 0u administración puede ser centrali#ada a nivel nacional, o descentrali#ada, con fuer#as de policía local autónomas en gran medida. 0eg&n otros enfoques Kde difusión en algunos medios intelectuales, universitarios y políticosK la función de la policía es diferente. %or ejemplo, para el mar!ismo la policía es parte del aparato represivo del Estado, el cual funciona mediante la violencia, ya sea física o no, y es un instrumento de la clase burguesa dominante mediante la cual esta se asegura su poder2 o el discurso foucaultiano, que sostiene que la policía y el sistema penal son instituciones de poder que no se proponen eliminar el crimen sino
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controlarlo dentro de ciertos límites y hacer uso de él seg&n sus propios intereses. La policía puede tener un car)cter preventivo como es el caso de las policías de ciudad o las policías de pro!imidad que pueden ser investigadoras, como las que au!ilian al 'scal o al 8inisterio %&blico en la persecución de los delitos2 o bien, pueden estar dirigidas a garanti#ar el debido cumplimiento de normatividades, como la policía 'scal. +ambién suele tener un servicio de emergencia que provee seguridad en la vía p&blica, así como en emergencias, desastres y situaciones de b&squeda y rescate. %ara poder responder r)pidamente a las emergencias, la policía normalmente coordina sus operaciones con los servicios de bomberos y emergencias médicas. En muchos países todos ellos utili#an n&mero telefónico &nico de emergencias que permite a la policía, bomberos o servicios médicos actuar en caso de emergencia. 0e llama también policía a cada agente perteneciente a dicha organi#ación. Los reclutas suelen recibir formación especiali#ada y deben presentarse a una oposición. MM %ara combatir la inseguridad se debe dise
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“Conocemos los problemas de nuestra sociedad y su solución no solo la tiene el Ministerio del Interior, la Policía acional y las autoridades de !usticia, sino "ue depende del aporte de la comunidad como eje central de erradicación de la violencia social”, agregó el coronel.
$l presentarse un caso de violencia social dentro de casa, al tratarse de *agrancia, la %olicía omunitaria tiene la potestad jurídica de actuar de forma reactiva con respeto a los 7erechos umanos. 7el 1 al 61 de enero se logró una disminución del robo a personas en (6 O, a domicilios en P 6B O, robo a unidades económicas P 6; O, robo a carros P (B O, robo a motos P 6( O, robo de bienes P (6 O y robo de ejes viales un P (1 O. 3#stos resultados son producto del $ran trabajo de nuestros uniormados% Por otro lado, la &nidad 'ntinarcóticos (a decomisado (asta el momento )%* toneladas de dro$a% Casi dos toneladas iban destinadas al tr+fco para el consumo interno solo en -uaya"uil se confscaron .%/ toneladas de alcaloide”, indicó "uentes.
En relación a los operativos para evitar el microtr)'co, el viceministro de 0eguridad 9nterna agregó que solo en un mes se reali#aron 6.161 acciones de interdicción en el puerto principal, mediante los cuales se detuvo a ;B personas por el delito de tenencia y e!pendio de sustancias sujetas a 'scali#ación. "uentes dio a conocer adem)s que en la provincia del -uayas, el delito que m)s se redujo en enero de (Q1I fue el robo en ejes viales, con un P HQ O, seguido por el de asesinatos y muertes violencias con P 66 O, robo a motos que tuvo un decremento del ( O, junto con el de unidades económicas que fue de P (H O y robo de bienes P (Q O. La autoridad ministerial agregó que la 0eguridad iudadana debe ser una responsabilidad de todos. “Como Ministerio del Interior y Policía acional somos los primeros en $enerar protección para los ecuatorianos pero es importante "ue se unan a esta labor los -obiernos 'utónomos 0escentrali1ados, "ue pueden empe1ar por evitar "ue las personas liben en la vía p2blica y controlar el consumo de alco(ol”, concluyó "uentes.
edacción 8.8. >-uayas.
ontrariamente a lo que se entendió durante mucho tiempo, la seguridad ciudadana no sólo depende de la policía. La seguridad ciudadana est) relacionada a la presencia interrelacionada de m<iples actores, condiciones y factores. Entre ellos la historia y la estructura del Estado y la sociedad2 las políticas y programas de los gobiernos2 la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales2 y el escenario regional e internacional. 0in embargo, la policía es un engranaje insustituible para las garantías de los derechos humanos comprometidos ante la violencia y el delito. En los regímenes democr)ticos, las fuer#as policiales tienen un papel central en esas garantías, contrariamente a lo que ocurre en los regímenes autoritarios. %or lo tanto, la %olicía es una institución de car)cter civil que debe contar con la colaboración de la sociedad civil en la cual hay que emprender
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verdaderos procesos de educación ciudadana sobre seguridad, a la ve# que es necesario elevar el nivel profesional de las instituciones de control estatal. En el caso de la %olicía, sobre todo en lo que tiene que ver con el aprendi#aje de métodos que restituyan las relaciones ciudadanas y el orden, que no sean punitivos ni represivos precisamente porque si se confunden, no restituyen y tienden a ser mucho m)s represivos, llegando inclusive a generar procesos y mecanismos antidemocr)ticos que pueden atentar contra los derechos humanos. La creación de una conciencia en la sociedad civil debe apuntar a que si bien la institución especiali#ada para la seguridad es la %olicía, no solamente en ella recae la responsabilidad de alcan#arla. El papel de la sociedad debe ser uno de reciprocidad con la institución policial en peque
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