RÉGIMEN GENERAL DE LA PROPIEDAD EJIDAL En el derecho agrario revolucionario no existía la subdivisión de las tierras de uso común y tierras parceladas, sino que formada la propiedad social como un todo. Se designaban las partes o elementos que la integraban, por lo cual las tierras para asentamiento humano eran las destinadas a la zona de urbanizada ejidal. Las tierras de uso común se constituían con las entregadas originalmente al ejido, antes de su asignación para el cultivo individual o colectivo, así como con las que se destinarán específicamente para el aprovechamiento colectivo, como los montes y pastos. Las tierras cultivables que pueden ser objeto de adjudicación o explotación individual, no tenían tratamiento t ratamiento especial en la anterior legislación. legislación.
Aspectos generales del régimen de la propiedad ejidal Libertad para contratar y asociarse
Se otorga libertad para los ejidos, tratándose de tierras de uso común, o los ejidatarios, cuando se trate de sus parcelas, celebren cualquier tipo de contrato o asociación para su aprovechamiento. aprovechamiento. Como única limitación a esta libertad se establece que la duración máxima de los contratos y asociaciones será de 30 años o menos, de acuerdo con el proyecto o fin de que se trate. No está claro quién se encargará de verificar que se cumpla el plazo máximo o los criterios para adecuar el proyecto a la duración del contrato o asociación, ni, en caso necesario, la prórroga del
contrato. Sin embargo, esta esta limitante es
superable porque se autoriza la prórroga del plazo de duración. La ley derogada era precisa en la terminante prohibición de celebrar contratos o cualquier otro acto jurídico que permitiera la explotación por terceros de los terrenos ejidales y comunales. En consecuencia, este tipo de convenios era causal de privación de los derechos agrarios debido a la falta del trabajo personal de la tierra. Ahora, el amparo de la nueva ley, el ejidatario puede celebrar cualquier contrato (arrendamiento, (arrendamiento, aparcería, mediería, comodato o asociación con terceros, ejidatarios o no) sobre el aprovechamiento de su parcela, sin necesidad de pedir autorización
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alguna a los órganos internos o autoridades oficiales. Solo deberá respetar el plazo máximo o adecuar éste al proyecto. Como se ha mencionado ni el ejidatario ni el ejido necesitan pedir autorización para celebrar actos jurídicos relativos a su parcela o a tierras de uso común. Es posible que debido a los límites temporales de los contratos y sus prórrogas, deban ser sometidos a la consideración de la Procuraduría Agraria en forma voluntaria y solo como medida preventiva ante conflictos posteriores que no dudamos serán abundantes debido a la existencia de esta laguna en la nueva ley. Los mismos razonamientos son válidos para el caso de las tierras de uso común, pero con un alcance mayor, debido a los derechos colectivos. Otor gami ento d el usu fruc to en garantía
Tanto el núcleo de población como los ejidatarios podrán otorgar en garantía en usufructo de las tierras de uso común y de las parcelas, respectivamente, ya sea en favor de instituciones de crédito o de los terceros con quieres tengan relaciones de asociación o comerciales. Los ejidos y ejidatarios involucrados para la explotación de terrenos de uso común o parcelas, podrán pactar obligaciones a su cargo. Aportación de mano de obra, insumos, pago de créditos u otros a favor de terceros o instituciones crediticias, otorgando como garantía dicho usufructo en favor de los acreedores. La legislación derogada era contundente al respecto,
indicaba que los derechos
agrarios eran inalienables, por lo cual no se podían hipotecar y gravarse, catalogándose como inexistentes las operaciones, actos y contratos sobre ellos. Requ isi to s esp ecí fic os d e validez
Que se constituya ante federatario público (notario público o corredor público)
Se inscriba en el RAN (Es el medio idóneo para conocer la situación jurídica en que se encuentra la propiedad social)
Lo que se traduce en la necesidad de que todo particular o institución crediticia deba exigir en forma previa a la constitución de la garantía de constancia del libre gravamen del usufructo de la parcela o de las tierras de uso común.
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