PRINCIPALES NOVEDADES DE LA LEY LE Y DE AMP AMPARO Por Erik Daniel Hernández Rauda
NUEV NU EVA A LEY DE AMP AMPAR ARO O El proceso de creación concluyó el 2 de abril de 2013 con la publicación del Decreto De creto que contiene la nueva redacción del texto reglamentario de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,.
Leyes Secundarias Modificadas 1. Ley Orgáni Orgánica ca de de la la Adminis Administración tración Públi Pública ca Federal. 2. Ley Orgán Orgánica ica del Congr Congreso eso Gener General al de de los los Estados Unidos Mexicanos. 3. Ley Orgáni Orgánica ca de la Procurad Procuraduría uría Gener General al de de la República. 4. Ley Orgá nica del Pode r Judi cial de la Federación. 5. Ley Reglam Reglamentar entaria ia de las fracci fracciones ones I y II II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Principales Novedades
La nueva Ley de Amparo cambia el concepto de “Leyes” para referirse ahora a “Normas Generales”, como susceptibles de impugnación en la vía del juicio de amparo, a fin de reconocer la totalidad de ordenamientos de carácter general distintos a las “leyes” que pueden impugnarse a través de dicho juicio de control constitucional.
Se incorpora el concepto de “derechos humanos”, como complemento del concepto de “garantías individuales” anteriormente contemplado. A través de este cambio, basta con que la persona que solicite el amparo sufra una violación a un derecho humano o a una garantía contemplada no sólo en la Constitución, sino en los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para poder acudir al juicio de amparo
Se incorpora el juicio en línea para facilitar el acceso a la justicia a través de los medios electrónicos, permitirá su uso para la presentación de escritos, y el envío de notificaciones, a través de firmas electr electrónica ónica avanzadas.
Se prevé el concepto de “amparo prioritario” a petición de las Cámaras del Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal, tratándose de juicios promovidos por grupos vulnerables; o cuando se trate de materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia; o daños irreversibles al equilibrio ecológico.
Se modifica el concepto de “quejoso” para reconocer que puede acudir al juicio de amparo quien señale ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, sufriendo una afectación real y actual en su esfera de derechos. Ya no es necesario contar con interés jurídico para acudir al juicio de amparo.
Se establece la posibilidad de solicitar el amparo en contra de actos de particulares, a quienes se les reconoce como autoridades responsables cuando realizan actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos de particulares, siempre que se trata de una actividad reglada por un ordenamiento legal.
Se prevén 4 nuevos supuestos en los que el juicio de amparo no puede promoverse, “causales de improcedencia”, y se modifican algunos de los previstos en la ley anterior, principalmente en los supuestos de excepción al principio de definitividad.
Se establecen los plenos de circuito, que serán las instancias que resolverán contradicciones entre tesis de tribunales de una misma demarcación territorial, con lo que se busca una mayor homogeneidad en el sentido de las resoluciones del Poder Judicial de la Federación.
Se mantiene el principio de relatividad de las sentencias de amparo. Sin embargo, se prevé la “Declaratoria General de Inconstitucionalidad” de las normas cuando la SCJN lo estime procedente. Los efectos de esta declaratoria se traducen en “derogar” o dejar fuera del sistema jurídico la norma declarada inconstitucional, de modo que beneficie a personas distintas a aquellas que promovieron el juicio de amparo. a mparo.
Se establece que las sesiones de los Tribunales Colegiados en donde se resuelvan los juicios de amparo directo o los recursos de revisión serán públicas.
El proceso para lograr el cumplimiento de las sentencias se vuelve más rápido y se contempla un apercibimiento de multa para el caso en que autoridades no cumplan las sentencias, además del proceso de remoción y separación del cargo tanto para el funcionario encargado como su superior jerárquico.
Se destaca la pena de 1 a 9 años de prisión, multa de quinientos días de salario mínimo, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar cargos, a las autoridades que sin causa justificada: revoquen o dejen sin efectos el acto reclamado con el único propósito de que se sobresea el juicio, para con posterioridad volver a emitir el acto en contra del particular; no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado.
Se amplían los supuestos en los cuales es improcedente conceder la suspensión provisional y definitiva a quien promueve el juicio de amparo. Se considerará que existe perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, provocando que se niegue la suspensión, cuando se trate de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; cuando se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo de la Nación o, cuando con la suspensión se interrumpan la intervención, liquidación, revocación o quiebra de entidades financieras.
Pena de 2 a 6 años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario mínimo, al quejoso, su abogado autorizado o, a ambos, en caso de presentar testigos o documentos falsos.
