Preguntas Historia Moderna de España 1665-1808

Junta de Comercio (2) Una de las realizaciones más importantes del periodo de gobierno de don Juan José de Austria fue la creación, el 29 de enero de 1679, de la Junta General de Comercio, institución típicamente mercantilista, similar a las aparecidas en otros Estados europeos durante el siglo XVIII. Tales juntas o consejos de comercio revelan un paso adelante en el proceso de articulación de los Estados modernos que, de preocuparse casi exclusivamente en el siglo XVI por los problemas fiscales y hacendísticos, pasan a interesarse por la producción y el intercambio de bienes. El objetivo primordial de la Junta era favorecer y fomentar el desarrollo de la economía y de forma muy particular del sector industrial. Estaba formada por cuatro ministros de los Consejos de Castilla, Guerra, Hacienda e Indias, además de un número de expertos, y su jurisdicción abarcaba todos los dominios de la monarquía. En 1680 fue suspendida indefinidamente, pero dos años más tarde se volvió a establecer y en 1683 consiguió independizarse de los Consejos en el aspecto jurisdiccional. Se crearon posteriormente Juntas locales a partir de 1684 con el fin de atender a los territorios no castellanos. Una de las iniciativas más destacadas de las Juntas, principalmente la de Madrid, estaba encaminada a la promoción de las actividades productivas. Para ello, trajeron artesanos extranjeros especializados, a los que se les concedían exenciones fiscales y privilegios de monopolio, con el fin de introducir nuevas técnicas y enseñarlas a los españoles. Muchos de ellos procedían de los Países Bajos meridionales y también de Francia. La iniciativa produjo un fuerte malestar dentro de los gremios, debido a la competencia que suponía la privilegiada situación de estos operarios foráneos, que ejercían la profesión con toda clase de ventajas y al margen de las organizaciones gremiales. La comercialización de los productos manufacturados por mano de obra extranjera fracasó ya que los mercaderes activos en España apoyaban a los gremios y no querían renunciar a seguir negociando con las manufacturas importadas. La Junta fue disuelta en junio de 1691 creándose al poco tiempo otra, de escaso éxito.

Los novatores y la ciencia moderna (2) En las dos últimas décadas del siglo XVII comenzó a darse en España un movimiento leve, pero perceptible, de renovación cultural y de disciplinas científicas centradas en el área experimental, como la medicina y la química. Dicho movimiento venía ya forjándose desde mediados de la centuria y se estaba fraguando en ciudades como Madrid, Zaragoza, Sevilla o Valencia. Esta renovación enfrentaría en diversos campos a los defensores de la ciencia antigua con los de la ciencia moderna. En este contexto aparecen los novatores que rompieron con el saber tradicional y se lanzaron a la asimilación sistemática de la ciencia moderna, que en Europa había dado al traste con el sistema aristotélico y había sentado las bases del nuevo método físico matemático. Así, mientras en Europa, en ciudades como Florencia, París, Londres, Cambridge, se estaba desarrollando la auténtica revolución científica, España se estaba quedando, por vez primera en siglos, al margen de las primeras manifestaciones de la ciencia moderna, hecho que motivaría junto a otros factores, que pasara a ocupar un lugar periférico en el escenario europeo. Pero, paulatinamente se fue formando una conciencia de dicho atraso y los primeros pasos de los novatores fueron tímidos, además de encontrar obstáculos de instituciones como la inquisición. Lo que se conoce como la introducción de la ciencia moderna en España tuvo que ver con hechos como: el cambio de dirección iniciado en todos los aspectos de la política pública por el régimen de don Juan de Austria; los lazos intelectuales y culturales con Italia y la formación de salones o tertulias de discusión bajo la protección y el mecenazgo de nobles y clérigos de mentalidad claramente preilustrada hecho que motivaría la aparición de unas tertulias con un carácter eminentemente científico. La ciencia española debe a los novatores los datos y las técnicas de la nueva ciencia, los fundamentos metódicos de la misma, la idea de progreso y, sobre todo, la denuncia del atraso científico español.

HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial

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La regencia de Doña Mariana de Austria 1665‐1675. La minoría de edad de Carlos II (2) DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS DE FELIPE IV En septiembre de 1665, el heredero al trono es su hijo Carlos que cuenta con 4 años. Era enfermizo, raquítico, retrasado mental, con ataques de melancolía aguda, de ahí el sobrenombre de “el hechizado”. Se nombra como regente a su madre, Mariana de Austria, hasta que alcance la edad de 14 años. El carácter de Mariana era inestable, ignorante, débil de carácter, obstinada, sin experiencia de gobierno. Ante ello se nombra una “Junta de Gobierno”, institución el lugar de valido, formada por altas personalidades de la aristocracia, la Iglesia y la alta Nobleza, con reuniones diarias. El poder de la reina no era omnipotente. Del testamento estaba excluido su hijo ilegítimo: Juan José de Austria, que ocasionaría lucha por el poder. REGENCIA DE MARIANA DE AUSTRIA (1665‐1675) 1665‐1669 El favorito fue su confesor John Nithard, jesuita austríaco, buen teólogo, piadoso pero sin experiencia en política. Tuvo por cargos el de Consejero de Estado, Inquisidor General y miembro de la Junta de Gobierno, aunque dicha junta no le reconoció como primer ministro. Como valido su posición dependía de la reina, no tenía el apoyo de ningún grupo, a diferencia otros validos. No era aristócrata castellano, ya que era extranjero y por tanto no fue popular. Tuvo como impedimentos políticos el testamento de Felipe IV y la oposición de Juan José de Austria. Política exterior: Deseaba congraciarse con Francia, ya que Luis XIV tenía una actitud belicosa. Guerra de Devolución cuyo objetivo eran los Países Bajos españoles. Derrotas españolas. En 1668 se forma una coalición de España, Inglaterra, Holanda y Suiza con el objetivo de aislar a Francia. Paz de Aquisgrán. Política interior: se caracteriza por la falta de credibilidad. 1669: Semigolpe de Juan José de Austria que obliga a la reina a destituir a Nithard. Juan José de Austria no supo aprovechar su éxito y no consiguió ser nombrado primer ministro. La reina le nombra virrey de Aragón y éste acepta. Nithard huye. 1669‐1675 La reina gobierna con el asesoramiento de la junta de gobierno, cumpliéndose así el testamento de Felipe IV. En 1673 se nombra un nuevo valido: Fernando Valenzuela, aventurero elegante, inculto no recibió un cargo relevante en esta etapa. El testamento de Felipe IV En los últimos años, Felipe IV había gobernado sin un primer ministro y dispuso en su testamento que no hubiese lugar para un valido después de su muerte; sin embargo, la sucesión de un niño planteaba problemas, y los ministros tuvieron que documentarse sobre los precedentes de la nueva situación. El testamento del rey nombraba a la reina madre, Mariana,1 regente del joven Carlos, hasta que éste cumpliera 14 años. María podía ocuparse de los documentos de Estado y remitirlos, para su deliberación, a una Junta de Gobierno que se constituiría tras el fallecimiento del rey según las condiciones especificadas en el testamento real de 1658, el cual disponía que la Junta estuviese formada por: el presidente del Consejo de Castilla, el vicecanciller de Aragón, el arzobispo de Toledo, el Inquisidor General, un consejero de Estado, un grande. Pero sus nombres no se especificaron hasta el testamento especial de 1665, siendo todos ellos hombres de la más alta experiencia y distinción. La tarea de la Junta era administrar el gobierno. Aunque la reina madre detentaba, en cierto sentido, el poder ejecutivo, tenía que contar con el parecer de la Junta. Con ello se creaba un equilibrio de poderes y de personalidades, tratando así de evitar que apareciese la figura del valido. Sin embargo, había factores que podían echar abajo la coalición como:

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Mariana, archiduquesa de Austria (1634‐1696), hija del emperador Fernando III y casada con el hijo de Felipe IV, Baltasar Carlos. Al morir prematuramente el príncipe, Felipe se casó en 1649 con Mariana, a pesar de ser su sobrina y tener 30 años menos. El 6 de noviembre de 1661 daba a luz a Carlos. Tras la muerte del rey y la marcha de su otra hija quedó sola en Madrid, con un hijo enfermo y toda una monarquía bajo su cuidado. Nunca había deseado el encargo y era claramente “incapaz de gobernar un imperio inmenso y complejo”. HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial

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la existencia de la Junta que no era incompatible con el favoritismo; el carácter de la reina y la figura de don Juan de Austria.2

Los validos: Nithard y Valenzuela Al principio, la reina gobernó exclusivamente con ayuda de sus consejeros oficiales, pero, incómoda en la alta política, buscó un apoyo más personal y el consejo de su confesor, Juan Everardo Nithard3. Mariana confió en él y le promocionó al Cons. de Estado, luego al cargo de Inquisidor General, a la Junta de Gobierno y por último le convirtió en primer ministro. Pero la reina no podía cambiar los términos del testamento de su esposo, que contenía llamamiento constitucional. Nithard no pertenecía a la aristocracia castellana y era extranjero ‐impedimento político para su promoción4. Sólo las Cortes podían otorgar un decreto de naturalización; y Mariana conseguiría nacionalizarle en 1666. Pero no bastaba nombrarle Consejero de Estado y Mariana pensó en darle el puesto de Inquisidor General, lo que comportaba formar parte automáticamente de la Junta; pero para ello necesitaba la aprobación pontificia5, la cual consiguió del papa Alejandro VII, y el 22 de septiembre le nombraba Inquisidor General. El nombramiento de un desconocido extranjero para los más altos cargos del Estado fue la causa directa de las crisis constitucionales de los dos años siguientes. La opinión en la corte estaba dividida: mientras unos querían reforzar el poder de la Junta, otros pretendían dar el poder a don Juan. En 1667, Luis XIV inició la Guerra de Devolución (quería conseguir los PP.BB. españoles). Don Juan de Austria fue nombrado comandante en jefe y gobernador de los Países Bajos. Para inducirle a abandonar España se le otorgaron poderes prácticamente soberanos de guerra y paz, el derecho a conceder honores y la garantía de grandes sumas de dinero y de tropas. Pero don Juan exigió más poderes (la facultad de crear impuestos, derecho de vender privilegios comerciales a los ingleses y de llegar a acuerdos financieros con los holandeses). Esas condiciones fueron rechazadas y don Juan renunció al nombramiento. Pero don Juan tenía apoyos en la Junta y se le persuadió de que retirara su renuncia. Mientras esperaba en La Coruña para partir hacia Flandes, se descubrió, en mayo de 1668, un presunto plan para matar a Nithard, en el que estaría involucrado don Juan, aunque no se hallaron pruebas. Al conocer la noticia, don Juan se negó a ir a Flandes alegando mala salud. Finalmente un decreto de 3 de agosto lo desterró a Consuegra. Mientras tanto, el gobierno de Nithard no salió reforzado por su forma de hacer frente a la guerra. -

En el exterior: España sufrió severas derrotas en los PP.BB. y, en la Paz de Aquisgrán de mayo de 1668, tuvo que ceder una serie de puntos estratégicos en los Países Bajos a cambio de recuperar el Franco Condado.

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En el interior: Nithard carecía por completo de credibilidad: no era noble, no contaba con una facción o grupo político que le apoyara, y su posición dependía exclusivamente del apoyo de la reina. Aunque Mariana le considerase como primer ministro, la administración le consideraba como un simple valido cuya influencia sobre la regente era nefasta.

Ese mismo año, 1668, el Consejo de Castilla solicitó de la reina que eligiera una persona para llevar los asuntos de gobierno, pensando en don Juan. Pero en el Consejo no había unanimidad en el hecho de dar el poder a una sola persona; y solo había acuerdo en la oposición a Nithard. Don Juan, queriendo obtener el poder, reanudó sus actividades de conspiración6 y la Junta ordenó su detención, pero los militares se resistían a cooperar y una filtración de la Junta puso a don Juan sobre aviso. Consiguió escapar a Aragón y Cataluña, no sin antes dejar una carta en la que denunciaba a Nithard y justificaba sus intentos de retirarle por la fuerza del poder. Desde Barcelona dirigió una campaña de propaganda política contra Nithard, pidiendo su destitución7. Fuera de Cataluña estaban de acuerdo con él respecto al valido, pero rechazaban su

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Hijo de Felipe IV. Susceptible y vanidoso, sentía un profundo resentimiento por su condición de segundón en la familia real, despertando en unos gran admiración, y en otros, profunda aversión. El rey, al que le irritaba su profunda ambición política, se negó a legitimarlo de modo definitivo, cerrándole así el paso a toda dignidad superior. El vacío político dejado por Felipe IV agudizó las ambiciones políticas de don Juan, que no aceptó en absoluto su exclusión de la Junta de Gobierno y se negó a ser compensado con nombramientos secundarios. 3

Jesuita austriaco que habían acompañado a Mariana a España, en 1649, con ocasión de su boda con Felipe IV

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La cláusula 33 del testamento especificaba que ningún extranjero podía ocupar cargos en el Consejo de Estado.

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Nithard, como jesuita, no podía ocupar ningún alto cargo sin la aprobación del Papa

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Se descubrió una conspiración de don Mateo Patiño, secretario de don Juan, para secuestrar a Nithard

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Según Kamen, fue una maniobra sin precedentes para destituir al primer ministro. Planteaba tres peticiones: suspensión de toda amenaza contra él, liberación de Patiño y “la salida del padre Everardo de los dominios españoles”. La forma en que estaban planteadas pareció inaceptable a muchas instituciones públicas, que vieron en ellas una invitación a la revolución contra el trono, acaso a favor de las propias ambiciones de don Juan. HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial

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abierta presión sobre la Corona. No obstante, su campaña fue bien acogida fuera de los núcleos dirigentes y obtuvo un gran apoyo popular. En enero de 1669, don Juan salió de Aragón para dirigirse a Madrid, negándose a disolver las fuerzas que había reunido8 hasta que Mariana destituyera a Nithard. La marcha de don Juan sobre la capital amenazaba con una guerra civil, por lo que la Junta de Gobierno y el Consejo de Castilla persuadieron a la reina que, aunque renuente, destituyó al valido y le envió fuera del país.9 Desde Torrejón de Ardoz, donde estaba acampado, don Juan formuló un Manifiesto, en forma de carta a la regente, con fecha 1 de marzo, que era de un impecable reformismo: - reorganización de la hacienda - alivio de la carga fiscal - justa distribución de mercedes - mejora del ejército - buena administración de justicia - cuidadosa formación del rey - sustitución de los hombres de Nithard - promesa de que el confesor real nunca volvería a controlar el reino Pero todo quedó en una simple promesa y Don Juan tuvo que conformarse con ser Vicario General de la Corona de Aragón, debiendo irse a Zaragoza, donde residirá hasta 1677. Desde 1669 a 1673, la reina madre volvió a gobernar con el asesoramiento y colaboración de la Junta de Gobierno. La caída de Nithard no supuso, sin embargo, cambios radicales en el gobierno de la Monarquía. La Junta de Alivios (marzo a julio de 1669), creada a instancias de don Juan de Austria para debatir las propuestas de las ciudades y de los arbitristas, en orden a rebajar la presión fiscal, no consiguió reducir la deuda consolidada ni suprimir el servicio de millones, aunque sí logró que la Corona aprobase algunas de sus recomendaciones, como perdonar las cantidades que se adeudaban a Hacienda, rebajar en cuatro puntos los intereses que pagaban los lugares por los préstamos recibidos, bajar a la mitad el valor de las sisas reales y municipales y prohibir la venta de bienes comunales y las roturaciones de propios y baldíos de los pueblos. Tales concesiones, por mínimas que fueran, demuestran el deseo de la regente y de la Junta de Gobierno, de congraciarse con las ciudades castellanas y explican la colaboración que la Corona encontró en las oligarquías urbanas y en los reinos de la Monarquía, a pesar de no convocar Cortes, ni en Castilla, ni en el Principado ni en Valencia. Pero, a partir de 1670, se vislumbraba ya un nuevo valido, Fernando Valenzuela,10 a quien la reina recurrió en busca de información y de consejo. En 1673, le nombró primer caballerizo e intendente, y superintendente de las obras de palacio, lo que le permitió el acceso a la casa real sin ningún tipo de restricciones, y en 1674 fue promovido al Consejo de Italia. No obstante, no recibió ningún cargo importante durante esta etapa, siendo solo el confidente más allegado de la reina. Aunque no podía manejar los asuntos de gobierno, consiguió reforzar su posición mediante una actividad de autopropaganda y de patronazgo11. El 6 de noviembre de 1675, Carlos II cumplía 14 años y con ellos llegaba a la mayoría de edad oficial. Según el testamento de Felipe IV, quedaban automáticamente suspendidos los poderes de la Junta de Gobierno. Esta es probablemente una de las razones por las que don Juan se había retirado de la política, esperando ser llamado al poder por medios constitucionales12. Pero el equipo de ministros, alegando que Carlos II era incapaz de gobernar solo, intentó compartir el poder, conservando el sistema anterior.13 Así, el 7 de noviembre, los Consejos de Estado y Castilla aconsejaron que el rey debería firmar los decretos, pero que éstos deberían ser supervisados

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400 soldados de caballería, que don Juan dijo necesitar como escolta personal

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Fue nombrado embajador extraordinario ante el Imperio o ante la Santa Sede, según prefiriera, y escogió Roma.

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Nacido en Nápoles en 1636, hijo de un oscuro oficial del ejército. A los 16 años ejerció de paje del entonces virrey de Sicilia. A los 23 años volvió a Madrid en procura de ascensos. En 1661, la boda con una dama de honor de palacio le permitió conseguir el nombramiento de caballerizo de la reina, a quien continuó sirviendo tras la muerte de Felipe IV. En 1671, vio recompensados sus servicios con el hábito de Santiago 11

Su nombre apareció como promotor de diversiones públicas, representaciones teatrales y manifestaciones artísticas; mercedes y cargos para la aristocracia; contratos para banqueros y comerciantes. 12

De hecho, y sin que lo supiera su madre, Carlos II había escrito a su hermanastro en Zaragoza citándole para un encuentro. Apesar de que don Juan fue recibido por el Rey en la fecha y hora convenidas, y de que Carlos II garantizó a don Juan su protección, pocas horas después el duque de Medinaceli llevaba al príncipe una orden escrita del rey para que inmediatamente se dirigiera a Italia. La razón de dicho cambio fue la fuerte presión ejercida sobre el monarca tras dos horas de reunión con su madre. 13 HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial

4 dos El 4 de noviembre, el secretario de la Junta, Mejorada, presentó al rey un decreto que prorrogaba el régimen vigente por

años, alegando incapacidad del monarca, y que Carlos II se negó a firmar.

durante dos años más por la Junta de Gobierno, bajo la presidencia de la reina; don Juan sería enviado a Italia y Valenzuela alejado de la Corte. Don Juan decidió replantearse su táctica y Valenzuela fue nombrado embajador en Venecia. Pero, en abril de 1676, éste volvió a la Corte, convirtiéndose en valido no sólo de la reina sino también del rey. Esa protección conjunta le permitió recibir numerosos cargos, como los de caballerizo mayor, gobernador y general de la costa de Andalucía, el título de marqués de Villasierra y, sobre todo, la exaltación a la grandeza y el nombramiento de primer ministro, con autorización para residir en el palacio real.14 Como consecuencia de todo esto, en septiembre de 1676, se publicó un decreto que disolvía la Junta de Gobierno, concedía a Valenzuela el derecho de asistir a todos los consejos y se ordenaba a los presidentes de los mismos que despacharan periódicamente con él los asuntos de gobierno. En cierto sentido, esto suponía una evolución constitucional: el primer ministro había adquirido, por fin, un título público que le confería una superioridad inequívoca sobre los presidentes de los consejos y sobre los demás ministro. Pero fue una evolución frustrada: 1.

porque a Valenzuela le interesaba más el patronazgo que la política;

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porque su posición era insostenible desde el punto de vista político.

La alta nobleza se sentía ultrajada y la aristocracia comenzó a planear una acción concertada fuera del gobierno que acabaría en el segundo pronunciamiento de Juan de Austria. Nithard Durante la regencia de Mariana de Austria, ésta gobernó inicialmente con la ayuda de consejeros oficiales pero enseguida buscó el apoyo de su confesor, Juan Everardo Nithard, un jesuita austriaco que la había acompañado a España con motivo de su boda con Felipe IV. Su amistad y confianza en él, haría que Mariana le promocionara, primero al Consejo de Estado, luego al cargo de Inquisidor General, a la Junta de Gobierno y, finalmente, convirtiéndose en valido. Pero la promoción de Nithard encontraba impedimentos políticos ya que era extranjero y de origen humilde, siendo por lo tanto, rechazado por la aristocracia, a excepción de la nobleza que explícitamente apoyaba a la reina. Dado que sólo las Cortes podían otorgar un decreto de naturalización, Mariana logró conseguir de las ciudades con voto en Cortes las suficientes respuestas afirmativas que le permitieron nacionalizar a Nithard. Posteriormente consiguió la aprobación pontificia para nombrarle en 1666 Inquisidor General, cargo que le permitió entrar en la Junta de Gobierno, que había sido señalada en el testamento de Felipe IV para aconsejar a la reina durante la Regencia. A partir de esa fecha actuó en la práctica como un primer ministro. De este modo, el nombramiento de un desconocido extranjero, al que sólo la amistad y confianza de la reina le avalaban en el gobierno, para los más altos cargos del Estado, fue la causa directa de las crisis constitucionales de los dos años siguientes. La opinión en la corte estaba dividida: mientras unos querían reforzar el poder de la Junta, otros pretendían dar el poder a don Juan. España sufría severas derrotas y los fracasos en la paces de Aquisgrán y Lisboa (1668) le granjearon a Nithard la enemistad de los miembros de los Consejos y especialmente de don Juan José de Austria, quien apoyándose en este descontento generalizado y por medio de un pronunciamiento militar, logró que fuera sustituido. Tras su destitución, Nithard fue nombrado embajador extraordinario en Roma, Obispo de Agrigento, y más tarde Arzobispo titular de Edesa y obtuvo el capelo cardenalicio en 1672 por el Papa Clemente X.

D. Juan de Austria y su etapa de gobierno Don Juan de Austria, hijo bastardo de Felipe IV, tuvo una notoria influencia en los asuntos públicos, durante la minoría de edad de su hermanastro Carlos II así como durante su reinado. Sus esfuerzos se encaminarían a conseguir la dirección política de España, y recibió un decidido apoyo por parte del reino de Aragón. Con la muerte de Felipe IV en 1665, daba comienzo la larga regencia de doña Mariana de Austria. Entre ésta y don Juan se manifestó, desde el primer momento, una amplia antipatía que acarrearía importantes consecuencias en la política interna de este período. El descontento general ante el gobierno de Nithard hace que entre 1668 y 1669 don Juan pueda atraer a su causa una opinión pública que le era favorable. Primer Pronunciamiento:


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En octubre de 1668, don Juan dirige desde Barcelona una campaña de propaganda política contra Nithard, pidiendo su destitución. Su campaña fue bien acogida fuera de los núcleos dirigentes y obtuvo un gran apoyo popular, incluso el Consejo de Castilla se negó a iniciar actuaciones judiciales contra él, adoptando una postura de prudente espera, aunque poco a poco, los consejos de Madrid fueron retirando su apoyo a la posición de la reina. En enero de 1669, don Juan salió de Aragón para dirigirse a Madrid, negándose a disolver las fuerzas que había reunido hasta que Mariana destituyera a Nithard. La marcha de don Juan sobre la capital amenazaba con una guerra civil, por lo que la Junta de Gobierno y el Consejo de Castilla persuadieron a la reina que se vio obligada a firmar el decreto de expulsión de Nithard, destituyendo al valido y enviándolo fuera del país. Éste se convertiría así en el primer valido depuesto contra la voluntad real, por la fuerza de don Juan de Austria y de la opinión pública. Desde Torrejón de Ardoz, don Juan formuló un Manifiesto reformista a la regente (1 mar), pero ello no le sirvió para conseguir el cargo de primer ministro y acató el destino que la reina le otorgaba como Vicario General de Aragón. Mientras, don Fernando de Valenzuela escalaba posiciones con el beneplácito de Doña Mariana de Austria. El 6 nov 1675, Carlos II cumplía 14 años y con ellos llegaba a la mayoría de edad oficial. Según el testamento de Felipe IV, quedaban automáticamente suspendidos los poderes de la Junta de Gobierno y esta es probablemente una de las razones por las que don Juan se había retirado de la política, esperando ser llamado al poder por medios constitucionales. Pero, el 7 de noviembre, los Consejos de Estado y Castilla aconsejaron que el rey debería firmar los decretos, y que éstos deberían ser supervisados durante dos años más por la Junta de Gobierno, bajo la presidencia de la reina; don Juan sería enviado a Italia y Valenzuela alejado de la Corte. Don Juan decide replantear su táctica y Valenzuela es nombrado embajador en Venecia. Pero éste regresaría a la Corte en abril de 1676 convirtiéndose en valido no sólo de la reina sino también del rey, lo que le permitió recibir numerosos cargos, entre ellos el de primer ministro. Además, en septiembre de 1676, se publicó un decreto que disolvía la Junta de Gobierno, concedía a Valenzuela el derecho de asistir a todos los consejos y se ordenaba a los presidentes de los mismos que despacharan periódicamente con él los asuntos de gobierno. Pero la alta nobleza se sentía ultrajada y la aristocracia comenzó a planear una acción concertada fuera del gobierno. Segundo pronunciamiento Tiene lugar el 15/12/1676. D. Juan, secundado por los Grandes de España, suscriben un manifiesto en el que exigían la separación de Dª Mariana respecto del rey, su hijo, el arresto de Fernando de Valenzuela y el establecimiento de D. Juan junto a Carlos II. El 23/6/1677 don Juan hizo su entrada triunfal en el Buen Retiro y con ello, no solo se había producido un pronunciamiento sino que se trataba del primer golpe de estado de la historia moderna española, el cual había contado con el apoyo tanto de las clases dirigentes como del pueblo. Don Juan era recibido como el liberador de España y emergía como una aproximación al dictador moderno. Pero la situación por la que atravesaba la monarquía era muy delicada: alteraciones monetarias, presión fiscal, corrupción, derroches, conflictos internacionales. Su labor prioritaria al inicio de su mandato fue el destierro de Mariana de Austria, temeroso ante un posible derrocamiento por parte del grupo de incondicionales que arropaba la reina. Don Fernando de Valenzuela fue encerrado en el castillo de Consuegra y privado de todos los honores obtenidos durante su gobierno. Simultáneamente a los destierros de Doña Mariana y Valenzuela, Don Juan comenzó a rodearse de aquellas personas consideradas más idóneas para el desempeño de los más importantes cargos de la monarquía, lo que supuso el destierro de algunos y la deposición de otros menos adeptos al nuevo gobierno. Algunas de las medidas adoptadas por don Juan durante su etapa de gobierno fueron:


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En el ámbito administrativo: -

en su intento de desterrar la corrupción, se redactó un decreto enviado a los consejos en el que se invitaba los funcionarios a practicar la limpieza, desterrando inmoralidades.

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emprendió una remodelación en algunos consejos a fin de reducir plantillas para aminorar los gastos producidos por los salarios. No se trató únicamente de una simple reducción de plantillas sino que los salarios de los ministros y consejeros así como la tan extendida venta de oficios se vieron afectados.

Intento de reformas en el estamento clerical. Pertenecer al estamento eclesiástico suponía, además de una mayor oportunidad y movilidad social, la seguridad, exención tributaria e inmunidad eclesiástica para delincuentes, parados etc. Recién llegado al poder, don Juan emprendió una reforma del clero. Hubo algunos enfrentamientos con la Santa Sede que estuvieron motivados por los intentos de don Juan de obtener una afirmación del poder temporal frente al espiritual de la iglesia, reforzando con ello el regalismo del monarca católico. En el campo económico Importantes iniciativas cuyo desarrollo se vio muy relativizado tanto por la brevedad de su mandato como por las nefastas circunstancias que los rodearon: malas cosechas, peste y despoblación, así como una pésima situación hacendística. A finales de1677 se cursaron órdenes para el gobernador de los Países Bajos y para el embajador español en La Haya con el objeto de que reclutar artesanos ingleses y holandeses especialistas en pañerías para que se instalaran en la península. El 15 de enero de 1678 también se envió a los corregidores, gobernadores y alcaldes mayores de las ciudades, villas, y señoríos cabezas de partido una real provisión con la orden de que en el plazo de 40 días enviarán cumplida información sobre el comercio e industria existentes en los distintos lugares de su jurisdicción y la evolución experimentada por dicha economía. Estas y otras iniciativas quedaron canalizadas el 29 de enero de 1679 con la creación de la junta General de comercio. Las primeras medidas adoptadas por la junta: - El alivio de las contribuciones de los comerciantes y fabricantes; - la prohibición del uso de géneros extranjeros - el intento de traer técnicos extranjeros que enseñarán a los hispanos el mejor modo de labrar los tejidos. Pero a pesar de la iniciativa emprendida por algunos técnicos llegados de Francia, Holanda, Roma y Países Bajos, no se produjeron los efectos deseados si bien contribuyeron estimular a los hispanos en la elaboración de algunos productos. La Junta de comercio cesó en sus funciones a causa de la falta de resultados positivos inmediatos y de los choques producidos entre la junta y el sistema gremial. Aún así, se sentaron las bases para su futuro desarrollo el 25 /12/1682. También durante su gobierno se estudió una posible estabilización monetaria que se inició en 1680 y que puede considerarse como el punto de partida y la base para el desarrollo comercial posterior. Incluso la fácil recuperación del país tras la guerra de sucesión dice a favor de un saneamiento estable y suficientemente profundo. En cuanta a la política exterior de don Juan los conflictos se situaban en Flandes y Cataluña, donde Francia y España luchaban desde 1673. En 1674 la revolución de Sicilia vino a agravar la situación y en marzo de 1678 fue evacuada Sicilia con lo que los franceses perdían la oportunidad de instalarse sólidamente allí. El 27/9/1678 se firmaba la paz de Nimega entre los reyes de Francia y España. Se perdían el Franco Condado y varias plazas flamencas. El tratado fue ratificado en Fontainebleau el 3/10/1678. Una vez más se firmaba a lo largo una paz ventajosa para Francia y humillante para España, prueba del relevo de poderes que se había producido en Europa. Algunas de las tareas emprendidas por don Juan marcaron los comienzos de un buen tono de gestión, pero a la profunda crisis económica en la Castilla del siglo XVII se unió un creciente descontento general y don Juan comenzó a perder el apoyo del ejército y de la Iglesia: tras una guerra desastrosa y una paz ignominiosa, el ejército estaba desocupado y desmoralizado; mientras tanto, la jerarquía religiosa descubrió que el clero no disfrutaba de la misma inmunidad fiscal que la aristocracia, además de hacerle pagar un subsidio más elevado y un donativo. En un intento de reafirmarse en el poder destituyó a sus ministros y colocó a sus más fieles seguidores, personajes de segunda fila, al frente de las presidencias, consejos y virreinatos; y silenció a la oposición conduciendo a sus enemigos al exilio o a la cárcel. De hecho, la propia Corona era su prisionera: el rey estaba constantemente vigilado, se supervisaban todas sus audiencias y sus apariciones públicas, y se abrían todas sus cartas. Con un gobierno en desintegración, sin ideas, y con un resentimiento cada vez mayor, a don Juan de Austria sólo le salvó del desastre político su prematura muerte, ocurrida el 17 de septiembre de 1679.


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Medinaceli y Oropesa La muerte de don Juan de Austria acabó con el breve experimento de caudillismo en España. Entre 1680 y 1691, el gobierno español fue reconstruido sobre unos cimientos más sólidos, dejando como legado una administración mejor organizada. No obstante, Carlos II sólo se ocupaba ocasionalmente de los asuntos políticos; en general, el gobierno recayó, no ya en unos validos, sino en unos primeros ministros que alcanzaron el poder, no por designación del monarca, sino a través de una intensa intriga política. Los candidatos que lo conseguían lo hacían en función de un compromiso entre las necesidades del gobierno y las exigencias de la aristocracia; por tanto, reunían cualidades de hombres de Estado y posición social; no eran esclavos de su clase, pero debían actuar dentro de la estructura social existente, lo que era un obstáculo para la reforma. Había, por otra parte, una nueva dimensión añadida: en 1679, Carlos II contrajo matrimonio con María Luisa de Orleáns, sobrina de Luis XIV, lo cual tenía implicaciones políticas, pues los franceses, tras haber derrotado a España en la guerra, esperaban dominarla ahora a través de la diplomacia. Sin embargo, este matrimonio, al igual que el que contrajo más tarde Carlos II con Mariana de Neoburgo, llevó a la política española unas reinas dotadas de una gran determinación y a sus partidarios diplomáticos, intensificando la lucha por el control, de la Corona. Tras la muerte de don Juan, llevó algún tiempo conciliar los diferentes intereses, pero el 21 de febrero de 1680, el rey nombró como primer ministro al duque de Medinaceli. Duque de Medinaceli 1680‐1685 Era uno de los grandes de España más acaudalados; sin pretensiones y sin inspiración, pero con una cierta experiencia administrativa como presidente del Consejo de Indias. No estaba vinculado exclusivamente a los intereses nobiliarios, pues no había firmado el manifiesto de los grandes en 1676. Fue aceptado por la aristocracia y por las dos reinas (Mariana y María Luisa de Orleans, esposa de Carlos II, sobrina de Luis XIV). Su pensamiento era descargar al rey de todas las responsabilidades de gobierno, utilizar la administración para garantizar la ley y el orden y conseguir que el país superara la gran crisis económica en que se hallaba inmerso desde 1677. Política Interior: en economía se devalúa la moneda, con limitación de la acuñación del vellón. Severa política deflacionista. Se reforma la política comercial colonial para revitalizar sus rendimientos. Política Exterior: Las dificultades por las que pasaba España indujeron de nuevo a Luis XIV a iniciar una nueva guerra, atacando los Países Bajos y Cataluña, que obligó a nuevos gastos defensivos y a otro tratado de paz desfavorable (Ratisbona, agosto de 1684), por el cual España perdió Luxemburgo. Los gastos para la defensa fueron elevados. En 1684, Medinaceli aceptó compartir su carga y, en junio de ese año, el conde de Oropesa, miembro del Consejo de Estado desde 1680, fue nombrado presidente del Consejo de Castilla. Oropesa tenía talla suficiente para convertir ese nombramiento en un gobierno conjunto y poco a poco desplazó a Medinaceli, que dimitió en abril de 1685.

Conde de Oropesa 1685‐1691 Contaba con una amplia formación, capaz, enérgico, fue impuesto por acuerdo de la aristocracia. Su gran colaborador fue Manuel Francisco de Lira. Su pensamiento fue aplicar una política de reforma fiscal, administrativa y eclesiástica. Su fin revitalizar la economía. Política interior: En economía se crea una superintendencia de Hacienda (por influencia francesa de Colbert). Puso como superintendente de finanzas al Marqués de los Vélez. El objetivo de la reforma fiscal era reducir el déficit crónico para hacer prevalecer una justicia fiscal, se encontró con fuerte oposición. También crea una Junta de Medios que estudiaba las propuestas de reformas. En la administración trata de reformar la burocracia, cuyo objetivo era reducir el excesivo número. En cuanto a la reforma eclesiástica quiso reducir el número de órdenes religiosas, limitar el poder de la Inquisición, aunque obtuvo pocos resultados. Aunque muchas de sus propuestas eran prematuras y le reportaron una gran impopularidad, la administración de Oropesa no fracasó; por el contrario, contribuyó a la lenta recuperación de España de su prolongada depresión. Política exterior: Francia declaró nuevamente la guerra. El segundo matrimonio de Carlos II con Mariana de Neoburgo indujo a Luis XIV a declarar de nuevo la guerra a España, con los consiguientes desembolsos para los gastos de defensa, sin mostrar a cambio nada positivo, tan solo las derrotas en los PP.BB. e Italia y la invasión de HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial 8 Cataluña.

El ministro era ahora vulnerable, tanto en el interior como en política exterior. Todos estaban en contra de las reformas. Presionado por la reina y por una serie de grandes descontentos, Carlos II aceptó, contra su voluntad, solicitar la dimisión de Oropesa, lo que ocurrió el 25 de junio de 1691. A partir de 1691 no hay ningún personaje con suficiente fuerza para asumir el papel de primer ministro. Tuvo gran importancia la influencia de la reina y su camarilla alemana. La junta superior de ministros estaba formada por 4 miembros de clase aristocrática con atribuciones en distintas zonas: Castilla la Vieja, Andalucía, Canarias, Castilla La Nueva, Aragón. El equilibrio es tan inestable que se deshizo, permaneciendo sólo el de Castilla junto a la reina. Desde 1696, prácticamente sin gobierno.

La Paz de Nimega España pierde el Franco Condado, decadencia de la marina española y Francia se asegura el dominio del Mediterráneo cedió a Francia el Franco Condado y nuevos enclaves en los Países Bajos La Paz de Nimega o Tratados de Nimega fueron una serie de pactos concertados en la ciudad holandesa de Nimega (agosto de 1678 ‐ febrero de 1679) para poner término a la agresión de Francia contra las Provincias Unidas. La invasión de Holanda por Luis XIV había provocado la formación de una gran coalición encabezada por Guillermo III de Orange (estatúder de las Provincias Unidas desde 1672) y apoyada por España, el Imperio, Brandeburgo, el Palatinado y el Lorena (1673), que se mostró incapaz de mantener el empuje de las armas francesas hasta que Inglaterra se vio obligada, por la opinión pública inglesa, a abandonar a Francia en sus planes de expansión. Así, Inglaterra firmaba una paz por separado con las Provincias Unidas. Dado el cese de apoyo a Francia por Inglaterra, la coalición contra Luis XIV pudo combatirlo eficientemente hasta obligarlo a iniciar negociaciones de paz. Esta paz perjudicó especialmente a los intereses españoles y a la causa del medio hermano y primer ministro de Carlos II, Juan José de Austria. -

Holanda recuperó todas las plazas de su territorio, incluso Maastricht, y obtuvo ventajas financieras y comerciales.

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El emperador abandonó Friburgo de Brisgovia (puerta de Alemania) por Philisburg

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El duque de Lorena, que no se avino a reconocer a Francia la posesión de Nancy y Longwy, perdió su ducado, que fue retenido por Luis XIV

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España, perdió en favor de Francia el Franco Condado y diversas plazas de los Países Bajos españoles con lo que la frontera septentrional de Francia se convertía en una frontera continua.

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Francia se comprometía a devolver a España cuatro de las plazas menores de los Países Bajos perdidas en la paz de Aquisgran

Aunque sin conseguir plenamente su objetivo esencial, la Paz de Nimega dio a la Francia de Luis XIV una posición dominante en Europa. De esta potencialidad fueron pruebas inmediatas el mantenimiento del equilibrio báltico a favor de Suecia y la política anexionista de Francia en la orilla izquierda del Rin. En cuanto a España, la guerra que había comenzado como defensa de la república holandesa, terminó con pérdidas territoriales que afectaron únicamente a la monarquía española. Cegados por la tradición funesta heredada de Carlos I, identificaban la grandeza de la Monarquía Católica con la posesión de los Paises Bajos, la defensa de los cuales agotaba a España y la mezclaba automáticamente con todos los conflictos europeos. Por conservar aquellas provincias lejanas, ya medio despedazadas por los holandeses en el norte y por los franceses en el sur, destinadas a perderse fatalmente del todo un día y que, efectivamente, se perderían unos años más tarde sin ninguna compensación por la Paz de Utrech (1713), los responsables de la política exterior española (particularmente Peñaranda y Don Juan de Austria) habían rehusado con obstinación recobrar el Rosellón y, probablemente, Portugal con su imperio colonial, restaurando así la unidad catalana y la integridad peninsular.


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La Paz de Ryswick El precedente son las nuevas anexiones de Luis XIV, territorios próximos al Rin. Se coaligan contra Francia: liga de Ausburgo en 1686: España, el emperador, algunos príncipes alemanes, el duque se Saboya, Guillermo de Orange que era Statuder de Holanda y rey de Inglaterra. El desarrollo tiene lugar entre 1688 y 1697, fue una guerra larga y costosa que comienza con la invasión francesa del Palatinado, el duque de Saboya abandona la Liga y se coaliga con Francia. Tiene lugar la invasión del Milanesado y se producen derrotas de los españoles e imperiales en Milán, los Países Bajos y Cataluña. La paz se firmó en Ryswick: el 20 de septiembre de 1697, entre Francia y Holanda, España e Inglaterra; el 30 de octubre, entre Francia y el Imperio. Por ella se estableció: -

El reconocimiento de Guillermo III como rey de Inglaterra

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La modificación de las tarifas arancelarias francesas a favor de Holanda

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La restitución de Lorena a su duque

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Francia vuelve a sus fronteras de la Paz de Nimega aunque conserva Estrasburgo

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A España le reintegra Cataluña, el Milanesado, algunas plazas de Flandes.

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El reconocimiento a Holanda e Inglaterra de sus privilegios comerciales. El llamado derecho de Barrera, es decir, el derecho de estos países a tener guarniciones en ciertas plazas fuertes de los Países Bajos españoles (Courtrai, Ath, Mons, Charleroi, Luxemburgo).

Fue una paz ventajosa para los enemigos de Francia a pesar de las derrotas, el motivo estaba en la sucesión al trono español y la presión conjunta de Holanda e Inglaterra.

Pretendientes al trono de España a la muerte de Carlos II Durante todo el reinado de Carlos II se produjeron movimientos acerca de su sucesión, debido a la falta de heredero y a su débil constitución, que anunciaban la extinción de los Habsburgo españoles. Los dos matrimonios de Carlos II (María Luisa de Orleans y con Mariana de Neoburgo, no habían proporcionado herederos a la corona pero la intensa política matrimonial de ésta y otras dinastías durante las últimas décadas, había dos sucesores posibles: -

La casa de Habsburgo austríaca, en la persona del emperador Leopoldo I o de alguno de sus descendientes. Leopoldo I era primo carnal, por vía femenina, de Carlos II, casado con la hermana de éste, Margarita, cuya hija de ambos, la Archiduquesa María Antonia, abría una segunda línea sucesoria.

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La casa de Borbón cuyo posible candidato, Felipe de Anjou, era nieto de Luis XIV de Francia y de María Teresa. La renuncia de ésta a los derechos sucesorios había quedado sin efecto al no haberse realizado el pago estipulado como dote en el matrimonio con Luis XIV. María Teresa era hermanastra de Carlos II, tataranieto, por tanto, de Felipe III de España.

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Una tercera vía sucesoria se abrió con el nacimiento en Viena de José Fernando Maximiliano de Baviera, hijo de la Archiduquesa María Antonia y del elector de Baviera. Esta candidatura contó con grandes simpatías en España puesto que garantizaba la transmisión íntegra de los territorios, de manera que Carlos II otorgó un primer testamento a su favor en 1696.

El hecho de que estuviese en juego la sucesión del imperio mayor de la época, y de que pudiera agregarse a los dominios de los Habsburgo austríacos, que ostentaban jurídicamente el título imperial, o a la fuerte monarquía francesa, hicieron que interviniesen en el proceso las principales potencias en pugna por la hegemonía internacional. En 1696, Carlos II otorgó testamento a favor del candidato de Baviera, que murió en 1699, antes que el rey. Éste había previsto la sucesión en segundo orden a favor de los Habsburgo austríacos, también con la condición de mantener la integridad territorial. Pero la nueva situación restableció el proyecto anglo‐franco‐holandés de reparto, para el que fue suscrito un nuevo tratado, que una vez más suscitó el rechazo de España y Austria. Además, en España la muerte del sucesor hizo que la mayoría de sus antiguos partidarios optase por la casa de Borbón, sin reparto territorial. En sus últimos meses de vida (1700), Carlos II, tras solicitar distintos asesoramientos, aceptó la idea mayoritaria en España: otorgar la sucesión íntegra a un príncipe secundario de la casa de Borbón, que tuviese pocas posibilidades de heredar la corona francesa, de modo que se garantizase la separación de ambas monarquías. En su último testamento, el sucesor designado fue Felipe de Anjou, pariente de Luis XIV y futuro Felipe V. Esta decisión, sin embargo, fue rechazada por Luis XIV, puesto que no concordaba con los tratados de reparto suscritos HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial 10 al margen de España.

Finalmente, la mayoría de las potencias reconocen como rey de España a Felipe de Anjou, nieto del Rey Sol, y que reinará con el nombre de Felipe V.

La Paz de Utrecht y sus consecuencias (3) El Tratado de Utrecht, también conocido como Paz de Utrecht o Tratados de Utrecht y Rastadt, es una serie de tratados multilaterales firmados por los países beligerantes en la Guerra de Sucesión Española entre los años 1712 y 1714 en esas ciudades de los Países Bajos y Alemania, respectivamente. Se consideran el fin de la guerra, aunque simultánea y posteriormente a su firma continuaron las hostilidades (por ejemplo, en España). En este tratado, Europa cambió su mapa político. En Utrecht‐ Rastadt no sólo se decidió la desmembración de la monarquía hispánica y el fin de la hegemonía francesa, sino que se dio paso a un nuevo orden mundial basado en un equilibrio entre las grandes potencias (Francia y Austria) del que Inglaterra sería garante. Los acuerdos logrados se pueden agrupar en tres tipos: Políticos:  Reconocimiento de Felipe V como rey de España (no fue reconocido por Austria) y renuncia de éste al trono francés.  Fin del apoyo francés a los pretendientes Estuardo al trono inglés.  Reconocimiento como reyes del elector de Brandemburgo (rey de Prusia) y del duque de Saboya (rey de Sicilia).  Creación del Electorado de Hannover (a cuyos duques se adjudicaba la sucesión al trono inglés por el Acta de Establecimiento de 1701). Territoriales:  Consignan el desmembramiento de la monarquía española  Cesión de España a Austria de los Países Bajos, Luxemburgo, Milán, los presidios de Toscana, Nápoles y Cerdeña (que cambiarían a Saboya por Sicilia).  Cesión de España a Saboya de Sicilia y parte de la Lombardía española (Lomellina y Valsesia).  Cesión de Francia a Inglaterra de ciertos enclaves coloniales (Acadia, Terranova, Bahía del Hudson y la Isla de san Cristóbal), así como algunas plazas fuertes de los Países Bajos a las Provincias Unidas (Furnes, Ypres, Tournai, Mons, Charleroi, Gante, Namur, Menin y Poperinghe), y demolición de las fortificaciones de Dunkerke.  Incorporación a Francia del ducado de Orange.  Incorporación a Prusia del Güeldres español y Neuchâtel.  Inglaterra obtendría Gibraltar y Menorca. Comerciales:  Conceden ventajas importantes a Inglaterra que adquiere el estatus de “nación más privilegiada” en el comercio con las Indias Españolas, consiguiendo:  La obtención de Francia la renovación de la tarifa aduanera de 1664,  el derecho a disfrutar de las condiciones de nación más favorecida y la renuncia de las ventajas comerciales concedidas por Felipe V a los comerciantes franceses;  Hace que Felipe V le conceda esas mismas ventajas pero aumentadas:  condiciones privilegiadas para sus barcos en Cádiz,  Derecho de asiento (monopolio por 30 años de la trata de negros en la América Española).  territorio en Río de la Plata para “guardar y refrescar” a los negros antes de venderlos  Navío de permiso: derecho anual de enviar un navío de 500 Tm a las Indias Españolas (ruptura del monopolio comercial español en América).

La Paz de Utrecht: consecuencias económicas y territoriales. El nuevo orden geopolítico del Mediterráneo y del occidente europeo. La Europa de 1714 es la del equilibrio entre las potencias, ninguna de las cuales puede aspirar a imponer su hegemonía en el continente: -

Francia tiene fronteras mucho menos vulnerables que medio siglo antes y consigue romper el cerco de los Habsburgo colocando un Borbón en el trono de Madrid. Pero agotada por una interminable lucha de 25 años tiene que renunciar a los sueños de dominación del Rey Sol y a la anexión de Lorena y Saboya. - La monarquía austríaca debe a sus victorias sobre los turcos y los franco‐españoles sustanciales engrandecimientos territoriales en Hungría, Italia y los Países Bajos, que hacen de ella el Estado más amplio y poblado de Europa. Su debilidad fundamental es la ausencia de unidad. HISTORIA MODERNA ESPAÑA – Resúmenes preguntasde 2º parcial Inglaterra seDE convierte en una potencia primer orden, cuya grandeza es ante todo marítima y comercial.11Las

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ventajas que obtiene en ese terreno de los tratados de Methuen con Portugal y de Utrecht con España confirman y aceleran la preponderancia del comercio británico en todo el mundo: en el Báltico, en el Mediterráneo, en el Índico (en detrimento de los holandeses), en el Atlántico y en América (en detrimento de portugueses, españoles y franceses). Londres, con su Stock Exchange y su Banco de Inglaterra sustituye a Amsterdam como centro económico mundial. Las potencias secundarias. La decadencia de las Provincias Unidas es indiscutible: la agricultura, la industria y el comercio holandeses siguen siendo prósperos pero no sacaron provecho de un conflicto agotador que tuvo como máxima beneficiaria a Inglaterra. Decadencia también en Suecia, Polonia (que se hunde en la anarquía), en Turquía (minada en el interior y amenazada en el exterior) y en España (agotada y desmembrada, con un profundo deterioro económico). En cambio hay tres estados en plena ascensión: Saboya, Rusia (con Pedro el Grande se vuelve hacia Europa), y principalmente Prusia (el nuevo título real de Federico es el símbolo del lugar de primer orden que ocupará Alemania en el antiguo estado brandeburgués, engrandecido, rico y poderoso)

Las negociaciones para poner término a la guerra de Sucesión española habían sido establecidas por Luis XIV desde sus reveses de 1704‐05; sólo los éxitos españoles en la Península, la subida de los “tories” al poder, el cambio de monarca en Austria y el agotamiento de todos los contrincantes crearon una atmósfera propicia para resolver el conflicto armado. Desde 1711 se inician las conversaciones entre Francia e Inglaterra, que habían de conducir a la Paz de Utrecht (1713) entre Francia, Inglaterra, Holanda, Saboya y Prusia. La resistencia del emperador Carlos VI y de Felipe V a aceptar las estipulaciones de Utrecht demoró el fin del conflicto hasta 1714. En Rastadt (1714) se firmó la paz entre Austrias y Borbones. Las estipulaciones de Utrecht‐Rastadt mantienen los principios territoriales y políticos fijados en Westfalia. El orden westfaliano continuó inalterable: afirmación de la decadencia de España, del Reich y de Italia. Pero, además, en Utrecht se eliminó la hegemonía francesa en Europa. Al restablecer el principio de 1648 y evitar cualquier posibilidad de hegemonía continental, Utrecht sublimaba la teoría westfaliana del concierto europeo, en que ninguna potencia había de ser lo suficientemente fuerte para inquietar a las demás. Sobre este principio se basó el orden internacional del S. XVIII: el del equilibrio europeo. El tratado de Utrecht se firmó el 11‐4‐1713. -

Felipe fue reconocido como rey de España y de las Indias, aunque reafirmó su renuncia al derecho de sucesión al trono de Francia y declaró al duque de Saboya sucesor de la corona española cuando se extinguiera su línea sucesoria.

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Entregó los Países Bajos españoles y las posesiones españolas en Italia –Nápoles, Milán y Cerdeña‐ al emperador y Sicilia al duque de Saboya.

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Cedió Gibraltar y Menorca a Inglaterra, prometiendo restituirle las condiciones comerciales de que había gozado en tiempo de los Austrias.

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Felipe V se comprometió a no vender ni enajenar a Francia ni a otra nación cualquier ciudad o provincias de América.

Desde el punto de vista de los intereses nacionales, España salió de Utrecht con la península intacta, a excepción de Gibraltar, y sin sufrir quebrantos en su imperio americano. Pero sufrió una pérdida de poder irreversible a favor de Gran Bretaña, cuyas ventajas comerciales y coloniales atormentaron a España durante el resto de la centuria.


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Gran Bretaña recibe de Luis XIV la cesión de la isla de San Cristóbal, y los territorios de la bahía de Hudson, Acadia y Terranova, en América del Norte. Estas concesiones, junto a las hechas por España, señalan los objetivos concretos alcanzados por Inglaterra: las puertas del Canadá y del Mediterráneo y el aprovechamiento comercial del Imperio Hispánico. Francia, en el tratado, conserva sus fronteras continentales y se confirma la posesión de Alsacia y Estrasburgo. Además los reveses militares han desgastado los principios de la monarquía absoluta de derecho divino. De la ruptura del ideal absolutista arrancan las generaciones hipercríticas francesas del S. XVIII. Holanda se limitó a obtener garantías de defensa de su territorio y su comercio: por el tratado de la Barrera (15‐11‐ 1715), el emperador cedía a las Provincias Unidas una banda territorial a lo largo de la frontera flamenca y el derecho a tener guarniciones en Furnes, Yprés, Menin, Tournai y Namur, plazas fuertes en los caminos de invasión de Francia a los Países Bajos. En cuanto al duque de Saboya y al elector de Brandeburgo, obtenían, con el reconocimiento del título de reyes de Sicilia y de Prusia, una posición privilegiada en Italia y Alemania, respectivamente.

Felipe V y las reformas administrativas La victoria de Felipe V permitió la creación de un modelo de Estado centralista y absolutista. A través de: Decretos de Nueva Planta: (instituciones y sistema impositivo nuevos) -

Impuestos como represalia por Felipe V a los reinos de Valencia (1707), Aragón (1711), Mallorca (1715) y Cataluña (1716). Suponen la supresión de los fueros e instituciones de estos reinos y la imposición de las leyes, cargos e instituciones de Castilla. Los territorios vascos y navarro conservaron sus fueros.

La Administración centralizada: Gobierno Central: * Sustitución del sistema de Consejos por Secretarías de Estado y Despacho * Los Consejos (salvo el de Castilla) pierden importancia. * Cortes únicas con escaso poder. * Justicia: Chancillerías y Audiencias. Gobierno provincial: * Capitán General: competencias civiles y militares. * Se sustituyen los virreinatos en la Península por las Intendencias. Intendentes: administración económica y financiera, obras públicas, sanidad y justicia municipal. Gobierno municipal: * Al cargo de alcaldes y corregidores. El corregidor castellano se generaliza en toda España * Los reyes controlan las Haciendas municipales. * Se crean cargos elegidos por los vecinos (Procurador Síndico Personero, Diputado del Común y alcaldes de barrio). En todos los ayuntamientos se introducirán las figuras del síndico personero y del diputado del común para contrarrestar a las oligarquías municipales (cargos heredados). -

Introducción de un nuevo sistema impositivo (catastro). Se fomenta e interviene en la economía. Se remodela y mejora el ejército y la armada. Se controla el poder de la Iglesia (regalismo). Con la Iglesia, el “regalismo” pero muy tibio: Concordato de 1753 (el Patronato Universal) y control de rentas. Control de la Inquisición y expulsión de los jesuitas. Llegada de la influencia francesa y de las ideas ilustradas.

La nueva administración borbónica 1.

Centralización y unificación del Estado Durante el siglo XVIII se acentúa el proceso de centralización de las administraciones del Estado, con intervención más directa y eficaz en todo el territorio y se suprimen los regímenes autonómicos. Triunfo borbónico Fue seguido de una radical remodelación del sistema político: pactismo de la corona de Aragón sustituido por absolutismo de fuerte base militar. El ideal era la asimilación a la corona de Castilla sin la menor diferencia: -

En 1707 quedan abolidos los fueros de Valencia y Aragón. En 1715 quedan abolidos los fueros de Mallorca.


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En 1716 quedan abolidos los fueros en Cataluña.

Sólo Navarra y Vascongadas, como provincias exentas conservaron sus fueros. El nuevo sistema suele ser conocido con el nombre de “Nueva Planta de Gobierno”, expresión que se aplicaba a toda modificación administrativa. Su implantación obedeció a ritmos y modalidades distintas. Son un conjunto de leyes no redactadas de una sola vez y no iguales para todos los reinos: en Aragón se procedió a la restauración del derecho civil aragonés. En Valencia no fue restaurado, provocando una honda diferenciación. 2.

Decretos de Nueva Planta en Valencia y Aragón La causa el régimen foral en opinión de consejeros franceses y castellanos que tras la batalla de Almansa de 1707, fue un durísimo decreto en donde fueron abolidos los fueros (legislación propia y sistema político). Su fundamento está en el derecho de conquista, el castigo de la rebelión y la nueva concepción absolutista. Las consecuencias: -

la uniformidad política, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla. Sin embargo, hubo modificaciones significativas, sobre todo en el sistema impositivo para evitar defectos de Castilla.


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Se potenció el sistema militar. Representante del rey para imponer el nuevo régimen: Melchor de Macanaz, en 1707, junto con el ejército.

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En Valencia se crea la Audiencia para la administración de justicia, la mitad de los puestos ocupados por castellanos.

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Creación de una Chancillería en Valencia, dejándose de aplicar la tradicional ley valenciana y aplicándose el derecho público y civil de Castilla.

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Programa de confiscaciones obteniendo ingresos para la corona con misión similar en Aragón:

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Abolición del Consejo y de las Cortes, transformación del derecho, sustitución de los funcionarios tradicionales por intendentes cuya misión era recaudar impuestos y corregidores.

Aragón se divide en distritos con un gobernador militar al frente y el gobierno municipal según las normas de Castilla: -

Las ciudades más importantes gobernadas por regidores nombrados por la corona entre la nobleza exclusivamente, diferenciándose de los castellanos en que su cargo no era en propiedad ni vitalicio. En las ciudades más pequeñas los ciudadanos tenían derecho a nombrar regidores que eran confirmados por la Audiencia.

Cataluña 1716 El decreto fue moderado, menos castellano, experiencia traumática por su larga historia. De su implantación se ocupó José Patiño, razonable del absolutismo borbónico. El derecho público catalán fue sustituido por el castellano aunque sobrevive el derecho civil y otras costumbres, pero no la lengua, se prohíbe su uso y la obligatoriedad del castellano en actos públicos. El capitán general sustituía al antiguo virrey y el intendente pasó a controlar el sistema financiero o hacendístico. Se introdujeron dos innovaciones peor aceptadas:

° Servicio militar obligatorio y sistema de levas en la España oriental que provocaron incidentes con lo que el gobierno abandonó la idea.

° Reforma fiscal con el objetivo fundamental de la Nueva Planta: conseguir una contribución adecuada de las regiones. Castilla no servía de modelo por el sistema impositivo complejo que favorecía las desigualdades. Se mantuvieron los viejos impuestos regionales y se introdujo uno nuevo: el catastro, que afecta a todos los ciudadanos por igual y se basa en la riqueza individual. En Aragón se impuso una contribución única, otra equivalente en Valencia y la talla en Mallorca. Un proyecto de imponer impuestos sobre los ingresos de los sectores privilegiados fue ideado, pero se dio marcha atrás debido a la fuerte oposición. 3.

Balance del sistema de nueva planta * * * * * * *

4.

La corona de Aragón y el principado de Cataluña dejaron de existir como porciones separadas de la monarquía española. Se consiguió un Estado fuerte, centralizado y unido imponiéndose 2 principios: la autoridad real por encima de la ley, que tenía libertad para recaudar impuestos cuando lo considerara necesario. A nivel municipal se suprimieron las autonomías municipales con la desaparición de las asambleas municipales y designación de todos los cargos por la autoridad real. A nivel de Cortes, desaparecen de todas en cada reino su diputación y la reunión de estamentos. A nivel de las ciudades aparece la figura del regidor, así como la de corregidor como representante de la autoridad real. Felipe V gobernó un Estado unitario, integradas todas las regiones. La monarquía dejó de ser un conglomerado de diversos Estados. La guerra de Sucesión dio un nuevo impulso a la reforma. Fin de los privilegios en política fiscal de los Estados orientales.

El gobierno: del régimen de consejos a las secretarias de Estado Objetivo fundamental: reforzamiento del poder del Estado con tres líneas de actuación: 1. Reforma del gobierno. 2. Intervención del Estado en la economía. 3. Control más estrecho de la Iglesia. La reforma del gobierno tiene como precedente el gobierno de los Austrias que por medio de los Consejos, dominados por la aristocracia, necesitaban un cambio. Se despliegan las Secretarías de Estado, que son el origen de los actuales ministerios, aunque convivían con el anterior sistema de gobierno, cuyas funciones fueron reducidas y la mayoría absorbidas por las secretarías de Estado.

a) Consejo de castilla Extendió su jurisdicción sobre toda España (las transformaciones territoriales de la guerra de Sucesión significaron la supresión de los Consejos de Flandes, Italia y Aragón en 1707). Siguió teniendo un papel HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial

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primordial, su presidente era el primer magistrado del país después del rey, era nombrado por él, era laico, lo que le diferencia de la época de los Austrias. Tenía funciones ejecutivas, legislativas y judiciales además de tener carácter consultivo y actuaba como tribunal supremo de justicia al que se acudía en última instancia. Durante el siglo XVIII preparó y redactó pragmáticas, reales cédulas, ordenanzas, reglamentos y tras disposiciones por orden del rey. No había ninguna secretaría de Estado que tuviera las mismas competencias. No era así con los Consejos de Hacienda, de Indias, de Guerra. b) Consejo de hacienda Su origen está en una sección del Consejo de Castilla, luego creado como Consejo individual por Carlos V. Su papel se vio mermado con los superintendentes. c)

Consejo de guerra También creado por Carlos V para llevar asuntos del exterior. Su presidente era el propio rey. Con Felipe V se crea una sala especial para asuntos de la Marina.

d) Consejo de Estado Había sido la mano derecha de los Austrias pero ahora fue ignorado. Creado por los Reyes Católicos para controlar los asuntos de los distintos Estados que estaban bajo la soberanía de los reyes de España. Felipe V redujo el número de sus miembros, perdió mucha importancia, su gestión era superflua y el cargo de sus miembros más bien honorífico. e) Consejo de la inquisición Estaba presidido por el inquisidor general y con Felipe V perdió mucha importancia. f)

Consejo de indias Estaba dividido en dos salas: justicia y gobierno. Fue convertido en secretaría de Estado y perdió muchas de sus atribuciones.

g) Secretarías de Estado Fueron la gran innovación de Felipe V las secretarías de Estado especializadas. Su proceso se inició en 1705 como Secretarías de Despacho. En 1714 se crean 4: de Asuntos Ultramarinos, de Guerra, de Gracia y Justicia (asuntos eclesiásticos, tribunales y universidades) y de Marina e Indias. La de Hacienda confiada al superintendente. h) Aparición y evolución de la secretarías de Estado Los secretarios eran sólo altos funcionarios con más atribuciones administrativas que políticas. La situación comenzó a cambiar con Patiño en 1726. Progresivamente los secretarios eran los personajes más importantes, reduciendo el poder de los Consejos. En la etapa inicial hubo una acumulación de secretarías por una misma persona: Patiño, titular de 4 de las 5 secretarias, Campillo y Ensenada tuvieron 3 y Esquilache 2. En 1776 se separan Marina e Indias. A medida que se acentuó la importancia de los secretarios, se convirtieron en un centro de clientelismo, cada secretario tenía su equipo de funcionarios llamados commis o más frecuentemente covachuelistas (trabajaban en covachas ministeriales, es decir, en los sótanos del palacio real). Eran burócratas puros, oficinistas puros. Al desarrollarse los ministerios tuvieron posibilidad de ascenso incluso a Secretario de Estado, secretario sin talento pero con buen equipo que podía llegar lejos, pero también lo contrario. Sólo a partir de 1746, con Carvajal, los ministros fueron también los que habían tenido altos cargos diplomáticos o militares. i)

Intendentes Creados para las provincias y eran representantes del rey, por ello debían ser personal de total confianza y seguridad. Tenían que residir en la capital de la provincia bajo su jurisdicción. Su origen está en la guerra de Sucesión en 1711. En Valencia (los primeros territorios conquistados de la corona de Aragón) y en los territorios de Castilla que tuvieran fuertes contingentes de tropas. En Castilla sus funciones chocaron con las de los regidores. En 1749 Ensenada reunió las funciones de intendentes con las de regidores. Se siguió el modelo francés (de ahí su nombre) pero también tenían raíces en la administración castellana anterior. Sus funciones en cuatro ámbitos: Hacienda, Guerra, Policía y Justicia. En 1718 se extendieron por toda España para fomentar el trabajo, el comercio y la industria y todo lo relacionado con la economía además de sus funciones en Hacienda como recaudadores de impuestos y en Guerra con el mantenimiento de los ejércitos con los impuestos. En 1766 hubo motines por su causa ya que fueron muy atacados acusados del mal abastecimiento del grano. Su aparición contribuyó a fortalecer la división del reino en provincias


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j)

Alcaldes de casa y corte Creados por los RRCC, durante su reinado pasaron a formar parte del Consejo de Castilla. Reorganizado el Consejo, Felipe V lo dotó de 5 salas, una de ellas la sala de los alcaldes dotada de 12 plazas: función jurídica de 1ª instancia para todos los delitos que pasaran en un radio de 5 leguas. En realidad tras la reforma de Felipe V se convirtió en una audiencia de Madrid. En 1769 Carlos III estableció estos alcaldes en todas las ciudades, cuyo territorio fue dividido en cuarteles y estos a su vez en barrios al frente del cual puso un alcalde de barrio.

5.

Modificación de la Administración local Corregidores Era el representante del poder central en las ciudades más importantes. El municipio era el órgano del poder central del Estado. Dentro de la administración local tenían doble función:

° Presidían el ayuntamiento de la ciudad que era la cabeza de su jurisdicción. ° Tenía autoridad sobre poblaciones del corregimiento aunque no presidía su municipalidad. También se conservó la distinción entre corregidores de letras y de capa y espada. Su corregimiento podía dividirse en cierto número de alcaldías mayores, nombrados por el propio corregidor. Regidores En los municipios el poder estaba en sus manos, variando su número. En Castilla era privilegio de nobleza. El sistema municipal castellano se estableció también en la corona de Aragón con los decretos de Nueva Planta. Este sistema suponía el nombramiento de todas las autoridades municipales por autoridades superiores. Superintendentes Cargo creado por Felipe V. Son la suprema autoridad en la administración económica del Estado.

° En 1709 el 1º fue Orry: veedor general y superintendente de todos los negocios del reino, y fue aumentando su importancia.

° En 1726 unión al cargo de secretario de Estado, ejerciendo verdadera función de Ministro de Hacienda. ° En 1742 el monarca concedió plenos poderes para la administración de Hacienda, recaudar rentas, transigir con sus deudores, nombrar delegados y juzgar en 1ª instancia.

° Más tarde consiguió nuevas atribuciones, llegando a ser el verdadero jefe de la administración, reduciendo al consejo a papel puramente consultivo. 6.

Otros cambios Campo económico: Medidas mercantilistas

° Potenciación del proteccionismo. ° Iniciación del desarrollo industrial donde el Estado era el protagonista. Campo militar: Las fuerzas armadas son reorganizadas profundamente:

° ° ° ° ° °

°

7.

Los tercios son sustituidos por nuevas unidades: regimientos con nuevo cuadro de mandos. Se reorganiza la infantería y la caballería. Se impulsó la artillería. Se desarrolla la nueva arma de ingenieros. En el siglo XVIII proceso de formación de un ejército nacional aunque mantuvo cierto carácter plurinacional. A finales del antiguo régimen el ejército español contaba con cien mil soldados y cinco mil jefes y oficiales. Los soldados procedían de tres canales: voluntarios (en descenso) quintos (uno de cada cinco, por sorteo) y levas forzosas de gentes desarraigadas. El ejército permanente es una novedad, pero también una enorme carga. La marina es ampliamente reorganizada, las distintas armadas existentes son unificadas en una armada real por Patiño. Se crea en Cádiz la escuela para la formación de oficiales de la armada. Aparecen las figuras de intendentes y comisarios de marina. Marineros y pescadores tienen la posibilidad de levas forzosas. En siglo XVIII hay 171 navíos.

Resumen del Estado borbónico La monarquía queda intacta y reformada. Con Carlos II existían dos grandes obstáculos: la autonomía de las regiones y el poder político de los aristócratas. Así las reformas son un cúmulo de factores para el impulso hacia el poder centralistas: una nueva monarquía, presión de Francia y necesidades de la guerra. Felipe V comenzó por garantizar que la corona era más fuerte que sus súbditos más poderosos, no pretendía aplastarlos como clase ni reducir sus propiedades sino destruir sus privilegios. Trató de degradarlos políticamente para ello llega la exaltación del despacho a expensas de los consejos. El despacho era la


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institución clave del Estado por encima de los consejos y trataba directamente con los funcionarios regionales y provinciales. Los consejos fueron reducidos o anulados, su poder pasó a las Secretarías. El rey era el principal ejecutor y también el único legislador. Ciertas instituciones como el consejo de Castilla y las secretarías de Estado participaban en el proceso legislativo, pensando o proponiendo leyes. La reforma del gobierno central se completó con el establecimiento de nuevos lazos entre el centro y las provincias con varias figuras: * Intendente con jurisdicción militar y administrativa, debía residir en la capital de provincia bajo su jurisdicción, era responsable de 4 áreas: justicia, hacienda, administración general y la militar. * Corregidor a nivel municipal. * Capitán general por la tendencia a la militarización. Tenía jurisdicción civil, ya que también era el presidente de la Audiencia. Como presidente controlaba la imposición de la ley hasta el punto que ni siquiera el Consejo de Castilla podía revocar sus decisiones, a menos que el rey le autorizara a hacerlo. En la jurisdicción militar tenía el mando sobre todas las tropas en su provincia.

Felipe V y las Reformas Administrativas (4) En el siglo XVIII español se consolida el poder monárquico absolutista. Los resultados de la Guerra de Sucesión (1701–1714) contribuyeron a acelerar el proceso de centralización y uniformismo, según el modelo de absolutismo desarrollado en Francia por Luis XIV. La política puesta en marcha por el nuevo monarca alteró las estructuras administrativas del Estado, a fin de lograr el proyecto de unidad nacional iniciado parcialmente con los Austrias. Los Decretos de Nueva Planta constituyeron el instrumento jurídico esencial de la reorganización constitucional de los territorios orientales, a los que dotaron de un nuevo ordenamiento administrativo supeditado a los intereses de la monarquía de Madrid. Ello fue resultado de la implantación del derecho castellano, más favorable que el catalano‐aragonés a las pretensiones absolutistas de la monarquía. El derecho foral de los reinos de la Corona de Aragón se caracterizaba, desde tiempos medievales, por su carácter pactista, que establecía un consenso de poder entre el rey y los estamentos poderosos del reino, especialmente la aristocracia y el alto clero. La legislación contenida en la Nueva Planta cambió radicalmente la estructura del Estado en un sentido centralista: La antigua Monarquía Hispánica de los Austrias pasó a convertirse en el Reino de España. Los Decretos impusieron pautas uniformizadas de gobierno para todo el territorio español Esta imposición artificial sólo fue posible gracias a la victoria borbónica sobre la mayoría de partidarios que, en la Corona de Aragón, apoyaron la candidatura del archiduque Carlos de Austria al trono de España. - La coyuntura económica expansiva y el éxito general de la ideología política absolutista facilitaron la consolidación del nuevo régimen. La causa inmediata de la promulgación de los Decretos de Nueva Planta fue la necesidad de mantener el esfuerzo de guerra en unos índices óptimos de eficacia. El triunfo de la candidatura borbónica al trono español requería el saneamiento de las finanzas del Estado mediante un aumento significativo de los ingresos ordinarios y una mejora de la gestión de impuestos. -

El secretario Melchor de Macanaz desempeñó un papel esencial en la Nueva Planta de Aragón y Valencia Esta política de optimización de recursos pasaba de manera inevitable por la derogación de los privilegios fiscales y gubernativos de los reinos de la Corona de Aragón, que debían contribuir en la misma medida que Castilla al mantenimiento del Estado. El 10 de noviembre de 1713 se dictó el Decreto de Nueva Planta de los Consejos, que tendió a eliminar el sistema polisinodial de la anquilosada administración central de los Austrias. Reformas en la Corona de Aragón: los Decretos de Nueva Planta (2) A) Los Decretos de Nueva Planta en los reinos de Valencia y Aragón. La conquista borbónica de los reinos de Valencia y Aragón en 1707, tras la batalla de Almansa, dio a Felipe V la oportunidad de imponer por la fuerza su programa de reformas administrativas de corte absolutista. El 29 de junio de 1707, el rey dictó el primero de los Decretos de Nueva Planta, por el que se suprimió el ordenamiento foral de los reinos de Valencia y Aragón y se impusieron, de una sola vez, las instituciones de gobierno y el derecho castellanos. Para su aplicación se crearon órganos superiores de justicia en Valencia y Zaragoza, según el modelo de las Chancillerías castellanas de Granada y Valladolid. Sólo el derecho de conquista y la afirmación del poder absoluto del rey constituyeron los referentes jurídicos de 18 la la existencia de un sector político que había apoyado

HISTORIA MODERNA DEDecretos ESPAÑA – Resúmenes preguntas parcial legitimidad de los de Nueva Planta.2ºSin embargo,

causa borbónica durante la Guerra de Sucesión obligó a Felipe V a matizar el texto inicial, promulgando un nuevo Decreto (29 de julio de 1707) que confirmaba los privilegios de los partidarios felipistas de Aragón y Valencia. El 15 de julio de 1707 fue promulgado el Decreto por el que se suprimieron los órganos de gobierno en los que descansaba la autonomía política de los antiguos reinos. El Consejo Supremo de Aragón fue abolido, pasando sus asuntos al de Castilla, dentro del cual se formaría una cámara especial encargada de los negocios de la Corona de Aragón. El 2 de agosto se creó la Chancillería de Valencia y, el 7 de septiembre, la de Zaragoza. Pero la ausencia de un proyecto sistematizado de implantación del nuevo régimen gubernativo se caracterizó por un fuerte componente de improvisación y tanteo. Pronto se hizo evidente la imposibilidad de liquidar en bloque el derecho aragonés y de exportar las instituciones castellanas sin su adaptación previa a la realidad de los antiguos reinos. El 3 de abril de 1711, Felipe V dictó un nuevo Decreto que instituyó la Real Audiencia como órgano jurídico supremo para Aragón y Valencia.


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Tras un período inicial de gestación de las nuevas instituciones, el nuevo régimen quedó establecido sobre la autoridad suprema de un Capitán General (nombre con el que se designó desde 1714 al anterior Comandante General). La reordenación territorial y política del espacio, tanto en Aragón como en Valencia, estuvo muy influida por el temor de Felipe V a una nueva rebelión de los antiguos reinos, lo que determinó el fuerte carácter militarista del régimen gubernativo dimanado de los Decretos de Nueva Planta. El Capitán General no sólo era la principal autoridad castrense, sino también el delegado del rey dotado de las máximas atribuciones administrativas y de gobierno. En principio, las Chancillerías de Zaragoza y Valencia fueron concebidas como contrapeso a los amplios poderes del Comandante General. Había un conflicto profundo que enfrentaba al grupo de los letrados (que, en Castilla, predominaba sobre el ejército) y el estamento militar encarnado en los Capitanes Generales, quienes defendían un modelo de administración castrense monopolizado por la alta oficialidad del ejército. Finalmente, los militares obtendrían la victoria en esta pugna, al reducirse las Chancillerías de Zaragoza y Valencia a meras audiencias presididas por el Capitán General en los asuntos administrativos y gubernativos. Esta fórmula diárquica, que conjugaba administración magisterial y castrense, recibió el nombre de Real Acuerdo. Para administrar los recursos financieros de los antiguos reinos se creó la Superintendencia General de Rentas que se encargaba además del control sobre los bienes y rentas del Real Patrimonio. Desde 1707 se realizaron infructuosos intentos de imponer en Aragón y Valencia los impuestos castellanos, especialmente la alcabala, los cientos y los millones. En 1713, Melchor de Macanaz puso en marcha una reforma fiscal destinada a la imposición de un tributo único, de carácter personal, que en teoría debía gravar equitativamente la riqueza de los contribuyentes; a este impuesto se llamó "equivalente" en Valencia (1715) y "única contribución" en Aragón (1714). Desde 1715, el Superintendente (que pasó a llamarse simplemente Intendente) se ocupó, junto a sus atribuciones fiscales, del fomento de la economía y de la gestión de obras públicas, convirtiéndose en un elemento clave del nuevo régimen gubernativo. Los Decretos de Nueva Planta suprimieron la tradicional organización municipal aragonesa y valenciana, sustituyéndola por el sistema castellano de los corregimientos y regimientos. Los territorios de Aragón y Valencia fueron divididos en demarcaciones administrativas Aragón fue dividido en 12 corregimientos y Valencia en 10. Los corregidores y regidores eran escogidos de entre los miembros de la nobleza local adictos a la dinastía borbónica y solían desempeñar su cargo con carácter vitalicio. El nuevo régimen local resultó esencial para la imposición del modelo de gobierno instaurado en 1707, dejándose sentir también en el ámbito local el componente militar del nuevo régimen: los corregidores fueron, en su mayoría, altos oficiales que ejercieron, durante y después de la guerra, un estrecho control sobre la población. B) Los Decretos de Nueva Planta en el Principado de Cataluña y el reino de Mallorca.‐ La experiencia de la implantación de los Decretos en Aragón y Valencia resultó decisiva a la hora de instaurar este mismo modelo en Cataluña y Mallorca (conquistados, en 1714 y 1715) La victoria borbónica se tradujo también aquí en una total destrucción de las instituciones tradicionales de gobierno. Cataluña constituyó el principal núcleo de resistencia antiborbónica durante la Guerra de Sucesión. Cuando, en septiembre de 1714, fue ocupada finalmente Barcelona, el gobierno militar procedió a liquidar de inmediato las instituciones de autogobierno. No obstante, el gobierno de Felipe V fue cauto y no tomó medidas apresuradas que hicieran estallar nuevamente la rebelión. Fue un proceso largo. El Consejo de Castilla solicitó a Patiño y al consejero catalán Ametller un informe previo. La "cuestión catalana" suscitó una viva polémica en el Consejo: -

por una parte, Ametller preconizaba la imposición del derecho y las instituciones castellanas en la línea dura seguida en Aragón y Valencia, así como la abolición absoluta de la administración foral;

-

por otra, Patiño defendía la preservación del derecho privado catalán en las causas civiles y la reserva de una cierta cantidad de cargos de la Audiencia a los catalanes de nacimiento.

La decisión final, tomada por Felipe V, se inclinó, a grandes rasgos, por las opiniones de Patiño, cuyas propuestas fueron aceptadas por el Consejo con pequeñas modificaciones y sirvieron de pauta al Decreto del 9 de octubre de 1715 que seguía básicamente el modelo aplicado en Aragón y Valencia. El 16 de enero de 1716 se promulgó un 2º Decreto que reordenaba por completo el régimen jurídico y político del Principado.


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-

En lo alto de la pirámide de poder se situó el Real Acuerdo, según la fórmula de diarquía entre la Audiencia y el Capitán General.

-

Éste se erigía en la principal instancia de poder dentro del Principado, reuniendo la representación del monarca y la máxima autoridad militar como comandante de armas. Al igual que en Aragón, en caso de conflicto entre la Audiencia y el Capitán General, éste ejercería la superioridad jerárquica. La Audiencia actuaría como organismo supremo de Justicia.

-

Sus miembros fueron en su mayoría castellanos, ya que el nuevo régimen de provisión de cargos abolió las antiguas prohibiciones de extranjería. Ello produjo la entrada masiva de castellanos en la administración civil y militar del Principado.

-

Fueron suprimidas las Cortes catalanas y, en su lugar, un reducido número de ciudades (Barcelona, Girona, Lleida, Tortosa y Cervera) recibieron el derecho de participar en las Cortes de Castilla.

La Nueva Planta municipal importó el régimen local de los corregimientos castellanos, que se superpuso a la antigua red de veguerías. En 1718 Felipe V decidió que el gobierno municipal se reservara a los altos oficiales encargados del mando militar de las poblaciones importantes, como garantía del mantenimiento del orden público. Los corregidores ejercían su autoridad sobre el gobierno local de los ayuntamientos, presididos por regidores cuyos cargos eran vitalicios y nombrados directamente por el Consejo de Castilla. El nuevo régimen produjo la militarización de la administración de Cataluña incluso en mayor medida que en los casos de Valencia y Aragón, dada la mayor virulencia de la resistencia demostrada por los catalanes durante la Guerra de Sucesión. La presencia permanente de un poderoso ejército realista en territorio catalán contribuyó a reforzar el carácter castrense del nuevo gobierno del Principado, que pervivió hasta el período de la Guerra de la Independencia. La Nueva Planta introdujo además severas medidas de represión cultural, como la imposición del castellano como lengua oficial en la administración y en la enseñanza laica y religiosa, según el ejemplo de la actuación de Luis XIV tras la anexión del Rosellón por parte de Francia. El método de elaboración del Decreto de Nueva Planta para Cataluña se tomó como modelo para la redacción del aplicado en Mallorca, promulgado el 28 nov. 1715. Pese a que Luis XIV recomendó el mantenimiento de las instituciones propias de la isla, el Decreto filipino sólo las conservó parcialmente. Asimismo, el caballero D´Asfeld, comandante de las tropas borbónicas en la conquista del antiguo reino, recomendó que no se impusiera el uso del castellano en los procedimientos judiciales, ya que casi nadie en aquella tierra comprendía esta lengua. Esta recomendación no fue atendida, y la Audiencia se instauró un modelo similar al aplicado Entre 1716 y 1718, el nuevo régimen gubernativo de Mallorca se completó con una serie de disposiciones y Decretos en la misma línea de centralización utilizada en el resto de los antiguos territorios de la Corona de Aragón. C) Conclusiones. El programa inicial de Felipe V y sus consejeros consistía en exportar en su totalidad el modelo castellano de administración a los reinos orientales pero la conflictiva realidad de estos territorios dificultó la implantación automática del nuevo modelo legislativo e hizo imposible su asimilación política y cultural a la Corona de Castilla. La evolución de la Nueva Planta tendió a modificar el proyecto inicial, férreamente centralista y el régimen impuesto por la Nueva Planta se apartó en dos rasgos fundamenta‐les del modelo castellano: 1.

En el poder supremo del ejército, tanto en el gobierno como en la admon territorial, y

2.

En un régimen fiscal novedoso adaptado a las nuevas necesidades de la monarquía borbónica.

Pese a tener su origen en el derecho de conquista esgrimido por la monarquía de Felipe V, los Capitanes Generales constituyeron una autoridad sólida, raramente contestada. Encarnaban el poder supremo a semejanza de los antiguos virreyes y pertenecían, como éstos, a los principales linajes aristocráticos, con la diferencia de que eran además miembros de la más alta jerarquía militar. En el ámbito local, el corregimiento de carácter castrense se mantuvo hasta el final del Antiguo Régimen, debido a que la preocupación de la monarquía por el mantenimiento del orden fue constante, aún mucho tiempo después de finalizada la Guerra de Sucesión. En cuanto a la implantación de un nuevo régimen fiscal se puso en marcha un proyecto de renovación que, en caso de tener éxito, se pensaba imponer también en Castilla (si bien ello resultó imposible debido a la resistencia enconada que presentaron las oligarquías castellanas). El nuevo modelo fiscal gravaba las propiedades rústicas y urbanas y las hipotecas con un 10% sobre el valor de tasación, e imponía además un tributo personal (del que estaba exenta la nobleza) sobre las rentas derivadas del


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trabajo personal y los beneficios del comercio y de la industria manufacturera. Este impuesto recibió el nombre de "catastro" en Cataluña, "equivalente" en Valencia, "talla" en Mallorca y "única contribución" en Aragón. Este modelo tenía un carácter más moderno que el utilizado desde tiempos medievales en Castilla, pues se basaba en la riqueza real de los contribuyentes. El mantenimiento sin subidas de las tasas que debía recaudarse en cada reino, en un contexto de crecimiento económico sostenido a lo largo del siglo, facilitó su aceptación por parte de la población. En virtud de los Decretos, España se convirtió en un estado centralizado, con el sacrificio de la autonomía política de los reinos periféricos a Castilla. Aunque los logros prácticos de la nueva organización administrativa fueron menores de lo que pretendía el proyecto inicial, la destrucción de la autonomía de la Corona catalano–aragonesa marcó la verdadera ruptura entre la España de los Austrias y la de los Borbones. La imposición totalitaria de un gobierno centralizado a la manera castellana sobre las regiones más ricas y dinámicas de España habría de marcar una profunda quiebra en el proyecto absolutista de la monarquía borbónica. De resultas de ello se creó una estructura jurídica y administrativa artificial en los territorios orientales, que obstaculizaría continuamente el desarrollo político del país. Durante los dos siglos siguientes el poder económico (representado especialmente por Cataluña) y el político (con sede en Madrid) permanecieron disociados, perpetuándose la polaridad entre centro y periferia. Lejos de eliminar los particularismos históricos de los antiguos territorios de la Corona de Aragón, los Decretos de Nueva Planta favorecieron el desarrollo de un sentimiento nacionalista contrario a las imposiciones centralistas, que ha sobrevivido hasta nuestros días. El gobierno de la Monarquía: Del régimen de Consejos a las Secretarías de Estado. El objetivo fundamental de la nueva dinastía borbónica era el reforzamiento del poder del Estado en tres líneas de actuación: - una reforma del gobierno - la intervención del Estado en la economía - un control más estrecho de la Iglesia. El advenimiento al trono de Felipe V, las exigencias de la guerra y la llegada de absolutistas franceses dio un nuevo impulso a la reforma. La voluntad del monarca se podía ejercer - ya fuera directamente, la vía reservada, o - a través de un secretario de Estado, la vía de Estado. El secretario de Estado se convirtió en una figura clave de la reconstrucción borbónica del gobierno, figura que se desarrolló a partir del secretario de Estado y del despacho universal de la centuria anterior, pero desprendiéndose de los orígenes burocráticos de ese cargo y asumiendo un carácter más responsable y especializado, expresado en el nombre de ministro que más tarde se utilizó. La primera fase del desarrollo comenzó en 1705, cuando la secretaría fue dividida en dos; a causa de la eficacia y la responsabilidad se añadieron dos nuevas secretarías por decreto del 30 de noviembre de 1714 y el conjunto abarcaba ahora Estado, Guerra, Gracia y Justicia, y Marina e Indias, con un inspector general de Hacienda. En 1721 quedó establecida la estructura en 5 secretarías que se mantuvo más o menos intacta durante el resto del siglo. A medida que aumentó la importancia de los secretarios, se convirtieron en un centro tanto de clientelismo como de política. -

Cada secretario tenía su equipo de funcionarios, llamados commis o más frecuentemente covachuelistas que trabajaban en las covachas ministeriales (los sótanos del Palacio Real).

-

Eran burócratas puros.

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Los covachuelistas se politizaron o faccionalizaron, asociados con el partido que apoyaba a un ministro concreto.

La preferencia real por la vía reservada y la promoción de los secretarios de Estado significó hasta cierto punto la desaparición de los consejos. -

Algunos simplemente se suprimieron por no ser ya necesarios, como los consejos de Aragón, Italia y Flandes.

-

El Consejo de Estado fue ignorado.

-

el Consejo de Indias, vio recortada su jurisdicción y limitada su influencia al perder la lucha por la supremacía con el nuevo poder ejecutivo.


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-

La única excepción fue el Consejo de Castilla, que siguió siendo el agente principal del gobierno interno de España, un incipiente Ministerio del Interior.

El Consejo de Castilla tenía un carácter social exclusivista que se acentuó en el curso del siglo XVIII al convertirse en un centro de poder monopolizado por un grupo de familias de los sectores medios de la nobleza. La reforma del gobierno central se complementó con el establecimiento de nuevos lazos entre el centro y las provincias. El modelo para ello fue el intendente francés pero no fue hasta 1711 cuando se nombraron los primeros intendentes. -

En la España oriental las intendencias llenaron un vacío, pero en Castilla fueron consideradas como innecesarias y suprimidas, dándose preferencia a los corregidores.

Pero las instituciones existentes no dieron al gobierno central las respuestas exigidas desde las regiones. En 1718 se tomó una nueva iniciativa con la aprobación de Alberoni. El 4 de julio de 1718 hizo pública la ordenanza para el establecimiento e instrucción de los intendentes de las provincias y del ejército y a finales de 1718 había ya 29 intendentes en activo. Consiguieron una identidad y continuidad cómo clase administrativa de nuevos funcionarios. Tenían poderes más amplios que sus predecesores en 1711, pues no sólo poseían jurisdicción militar sino también administrativa. El intendente era responsable de cuatro áreas de la administración: 1)

Justicia: mantenimiento del orden;

2) Hacienda: recaudación y administración de los impuestos y de otros ingresos; 3) Administración general: censo, inventario de los recursos naturales, industria, agricultura, caminos y puentes, obras públicas, salud pública, ejército, graneros y archivos; 4) Administración militar. Además, a pesar del intento de los Borbones de racionalizar la administración, los corregidores sobrevivieron y continuaron ejerciendo una serie de funciones, desempeñando las mismas actividades que el intendente en divisiones más reducidas de la provincia. Los intendentes resultaron ser funcionarios ejemplares pero suscitaron oposición de intereses creados en la antigua burocracia. Un decreto de 22 de febrero de 1721 abolía la figura de los intendentes en todas las provincias donde no existían tropas y se quitó a los intendentes todos los poderes financieros concedidos por la ordenanza de 1718. La consecuencia fue que eran superfluos aquellos intendentes que no tenían obligaciones fiscales y militares, por lo cual fueron suprimidos. A partir de 1721 se estableció una distinción formal entre el intendente de guerra y el intendente de provincia pero por decreto de 19 de julio de 1724 los intendentes de provincia fueron finalmente suprimidos en aquellas provincias donde no había tropas y durante el resto del reinado sólo existieron los intendentes de guerra. El sistema de intendentes fue abolido, pero en 9 provincias sobrevivieron y continuaron ejerciendo sus funciones. Por supuesto, se trataba de intendentes de guerra y sus obligaciones se limitaban formalmente al reclutamiento, aprovisionamiento y pago de las tropas. Pero en la práctica conservaron también la administración de ingresos reales y amplios poderes discrecionales. Hay pruebas numerosas de que los intendentes sobrevivieron a la supresión del sistema de intendentes y constituyeron un cuerpo de elite de funcionarios experimentado, ya que el sistema de intendentes fue restablecido plenamente en 1749. Esta es la prueba más convincente de su utilidad. El Estado borbónico impuso sobre las regiones tanto su poder militar como civil. Se abolieron los virreyes de la época de los Austrias, excepto en Navarra, y fueron sustituidos por capitanes generales, que tenían el mando sobre todas las tropas en sus provincias y que, junto con los intendentes, constituían el eje del nuevo absolutismo. Los comandantes militares controlaban la imposición de la ley, hasta tal punto que ni siquiera el Consejo de Castilla podía revocar sus decisiones a menos que el rey le autorizara a hacerlo. El absolutismo borbónico dejaba escaso espacio para las instituciones representativas y las Cortes representaban a la nación únicamente en un sentido limitado.


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Felipe V abolió las Cortes de los reinos orientales, dejando tan sólo unas para todo el conjunto de España, con la excepción de Navarra, que mantuvo su propia asamblea. Los diputados tenían pocas obligaciones y menos derechos aún. Podían presentar peticiones pero raras veces eran satisfechas. Tres sesiones de las Cortes se celebraron en el siglo XVIII, en 1724, 1760 y 1789.

Capitanía general (5) Es la nueva división administrativa surgida en el s. XVIII cuando los Borbones implantaron los Decretos de nueva planta. Sustituyó al régimen virreinal existente hasta entonces, excepto en Navarra. El nuevo régimen quedó establecido sobre la autoridad suprema de un Capitán General asesorado por los letrados de la Audiencia en cuestiones administrativas y por un Superintendente en las fiscales. Esta nueva reordenación territorial y política del espacio, tanto en Aragón como en Valencia, estuvo muy influida por el temor de Felipe V a una nueva rebelión de los antiguos reinos, lo que determinó el fuerte carácter militarista del régimen gubernativo dimanado de los Decretos de Nueva Planta. Al frente de estas nuevas divisiones estaba el Capitán General que, - era la principal autoridad castrense, - y también el delegado del rey dotado de las máximas atribuciones administrativas y de gobierno. En principio, las Chancillerías de Zaragoza y Valencia fueron concebidas como contrapeso a los amplios poderes del Comandante General. Los magistrados de la Audiencia, en su mayoría castellanos, entraron a menudo en conflicto con la autoridad militar por cuestiones de competencia, especialmente en el período de tanteo anterior al fin de la guerra. Se trataba en realidad de un conflicto profundo que enfrentaba al grupo de los letrados que, en Castilla, predominaba sobre el ejército, y el estamento militar encarnado en los Capitanes Generales, quienes defendían un modelo de administración castrense monopolizado por la alta oficialidad del ejército. Finalmente, los militares obtendrían la victoria en esta pugna, al reducirse las Chancillerías de Zaragoza y Valencia a meras audiencias presididas por el Capitán General en los asuntos administrativos y gubernativos. Esta fórmula diárquica, que conjugaba administración magisterial y castrense, recibió el nombre de Real Acuerdo. El cargo era ocupado generalmente por personajes de la nobleza militarizada. El capitán general vino a cumplir, en muchas ocasiones, esa triple misión de representación real, gobierno político y prevención militar. Únicamente Navarra continuó manteniendo un virrey a su frente, mientras que en Guipúzcoa cumplía las funciones de capitán general la propia Diputación, y en Vizcaya, un corregidor de nombramiento real.

Secretaría de Estado y del Despacho (3) Pieza fundamental de la administración central borbónica, cuyo impulso estuvo motivado por el advenimiento de Felipe V, las exigencias de la Guerra de Sucesión y la llegada de «ministros» absolutistas franceses. A través de ellas la pesada maquinaria de la administración española se fue adaptando a un modelo de organización vertical, más eficaz para los fines de centralización que la nueva dinastía pretendía alcanzar. La reforma que Felipe V emprendió para lograr mayor eficacia en la administración fue gradual. 1705: Se dividió en dos la Secretaría del Despacho Universal: - una para Guerra y Hacienda - la otra, de todo lo demás, incluidos los asuntos de América. 1714: inicio de una etapa definitiva ‐ Pasan a denominarse de Estado y del Despacho y constituyen el Consejo de gabinete del rey. Se dividieron en: - Estado; - Asuntos eclesiásticos y Justicia; - Guerra; - Indias y Marina; - Hacienda. Al frente de las cuatro primeras estaban los secretarios, y en la de Hacienda, a un intendente general, 15 como veedor , asistido por un Consejo de gabinete. HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial 24

1717: se redujeron a tres: Estado; Guerra y Marina; Justicia, Gobierno Político y Hacienda. 1720: Hacienda volvió a independizarse, seguida de Guerra en 1721. 1723: volvieron a estructurarse en cinco despachos, 1754:

Se articularon de manera clara y diferenciada el entramado ministerial a que dio lugar esta división. -

Aparecieron especificadas las materias de su competencia con todo lujo de detalles. Se apuntaron las posibles relaciones y modo de operar conjuntamente en determinadas ocasiones, de manera especial en lo relativo a los asuntos tocantes a la Hacienda, dada su vinculación con otros departamentos. - Esta reorganización administrativa, de tiempos de Fernando VII, permaneció vigente hasta 1787. 1790: Con Floridablanca, se incrementaron las Secretarías. - los asuntos de Marina e Indias se dividieron en: ‐ Gracia y Justicia de Indias, - Hacienda y Guerra. Las Secretarías de Estado y del Despacho constituyeron en el siglo XVIII el eje en torno al cual giraba todo el aparato político‐administrativo de la monarquía. Acabaron absorbiendo muchas de las funciones de los Consejos, lo que significó la decadencia de éstos. Algunos de ellos se suprimieron por innecesarios (Aragón, Italia, Flandes). El Consejo de Estado se ignoraba, mientras que el Consejo de Indias vio recortada su jurisdicción. La excepción fue el Consejo de Castilla, que siguió siendo el agente principal del gobierno de España. Con las Secretarías de Estado y del Despacho se estableció un precedente claro de los ministerios actuales. 15

Funcionario público encargado de la inspección y control de las actividades de los gremios y sus establecimientos.

El primer pacto de familia (3) ‐ El Escorial, 7 de Noviembre de 1733 – España y Francia Francia deseaba conseguir un aliado contra Austria y Rusia en el inminente conflicto sobre la sucesión polaca – segundo gran conflicto sucesorio del siglo XVIII‐ y estaba dispuesta a hacer concesiones a cambio de que España se enfrentara a Austria en otro frente. El gobierno español se comprometía a apoyar las pretensiones de Estanislao Leczynski, suegro de Luis XV, al trono polaco, interviniendo así España en la guerra de Sucesión de Polonia (1733‐35). A cambio de esta ayuda, y dado que los intereses de Isabel de Farnesio dictaban las decisiones de gobierno, Luis XIV se comprometía a: -

Asegurar las pretensiones españolas en Italia. Nápoles, Sicilia y los fuertes de Toscana debían ir a parar a manos de Carlos y el objetivo de Patiño en la negociación era conseguir todo ello.

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Ocupar Gibraltar

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El cardenal Fleury aceptó prácticamente en su totalidad el proyecto español y firmó el Primer Pacto de Familia en El Escorial.

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España participaría en el conflicto al lado de Francia y de Saboya, en contra de Austria y Prusia.

El tratado ‐ Sólo se consiguió el éxito en la primera pretensión ‐ -

garantizaba las futuras posesiones italianas de Carlos y los derechos de Isabel Farnesio a la propiedad patrimonial de los Farnesio y los Médicis;

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si como consecuencia de las restricciones impuestas al comercio británico España era atacada por Gran Bretaña, Francia le ayudaría y ofrecería su apoyo diplomático y militar si era necesario para conseguir la recuperación de Gibraltar.

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Ninguna de las dos partes renunciaría a las armas excepto de común acuerdo y después de conseguir lo que se había acordado en Italia.

-

Francia obtuvo el status de nación favorecida en el comercio y los aliados acordaron restablecer el orden en el comercio y poner fin a los abusos ingleses.

El acuerdo fue concebido como un tratado que permitió a cada uno de los firmantes explotar una coyuntura particular en Europa. -

Para Felipe V era la oportunidad de recuperar algunos de los territorios perdidos en Utrecht.

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Para la reina constituía una ocasión ideal para procurar por su familia.

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Para Patiño, una forma de conciliar los intereses españoles en el Atlántico y el Mediterráneo. Era también una lección en las limitaciones de la diplomacia dinástica.


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Segundo Pacto de familia – 1743 – o Tratado de Fontainebleau Alianza franco‐española firmada entre España, Francia, (Felipe V de España y Luis XV de Francia) dos Sicilias y Prusia frente a la coalición (tratado de Worms, sep 1743) de Inglaterra, Austria y Saboya España entró en una nueva guerra a raíz de la muerte del emperador Carlos VI de Austria. España apoyaría al candidato francés al trono de Austria, Carlos de Baviera, contra María Teresa de Austria, apoyada por Inglaterra. La guerra de Sucesión austriaca comenzó en 1741. Este conflicto podía permitir una mayor expansión de los intereses españoles en Italia y de aquí una nueva alianza con Francia, el segundo Pacto de Familia. En Fontainebleau en 1743, -

Se ratificaba lo estipulado en el primer pacto pero adaptado a la coyuntura internacional.

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Luis XV se comprometió a instalar a Felipe de Borbón en Milán, Parma y Piacenza.

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Se garantiza la posición de Carlos como rey de las Dos Sicilias.

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Francia colaboraría con la recuperación de Gibraltar y Menorca.

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Por su parte España se comprometía a no conceder a los ingleses el asiento de negros ni el navío de permiso en América.

Pero no pudieron llevarse a buen puerto estos planes por el mal entendimiento entre franceses y españoles. Aún así, en 1745, los españoles entraron en Milán: los Borbones españoles parecían así reconstruir todo el patrimonio italiano de tiempos de los Austrias. La muerte de Felipe V en 1746 supuso el abandono de la política militar y un cambio total en la política exterior, sobre todo al abandonarse los objetivos de la reina de entronizar a sus hijos en Italia. Pero la emperatriz María Teresa se vio afianzada en el trono de Viena y firmó la paz con Prusia, los ejércitos imperiales descargaron toda su potencia sobre Italia. Los franceses no demostraron interés en proteger las conquistas españolas y Milán hubo de ser abandonada. Fernando VI no siente afición por las aventuras italianas y proyecta abandonar la guerra a cambio de compensaciones como Gibraltar. Pero los británicos no se desprenden de la plaza española, ordenando Fernando VI la continuación de las hostilidades. Se recuperó Génova y se aceleró la paz. Por la Paz de Aquisgrán de 1748: el príncipe Felipe obtiene los ducados de Parma, Piacenza y Guantalla pero no el resto de las reivindicaciones. Desde este momento Italia deja de ser escenario de tensiones. Las potencias descubren que lo importante está en los territorios de ultramar.

Los estamentos privilegiados: Nobleza y clero El siglo XVIII es el ocaso de la sociedad estamental, cuyo principio ordenador ‐el privilegio obtenido por el nacimiento‐ empezó a ser progresivamente criticado, con especial perjuicio para la nobleza, que vivía una época poco propicia para sus intereses y que, aunque mantenía su preeminencia socio‐económica vio como parte de sus efectivos se hundían entre los elementos no privilegiados de la sociedad (la proletarización de la Hidalguía). Pero el estamento nobiliario continuó durante el S. XVIII con sus privilegios fiscales ‐exención de tributos‐ y jurídicos ‐diversidad de jueces y penas respecto a los plebeyos y algunas inmunidades frente a embargos o ventajas en la legislación civil‐, que no sufrieron merma alguna por causa de la legislación ilustrada, y, además, siguió en sus manos el control de los primeros puestos del ejército, de la Iglesia y de la alta burocracia. La Corona no tuvo nunca intención de acabar con el bloque nobleza‐clero con sus reformas, sino que intentó que este bloque se adaptase a los nuevos tiempos; a las nuevas ideas recién llegadas con la Ilustración. Estas ideas nuevas son las que dividirán la clase dominante entre quienes son partidarios de abrazar las nuevas corrientes (reformistas) y los que se niegan a ello optando por la mano dura si era necesario (conservadores). La nobleza era la clase esencial de este bloque de poder, detentando la hegemonía del mismo. Era la clase social con más peso en la sociedad española teniendo en cuenta que estaba formada por un reducido número de individuos que concentraban en sus manos buena parte del patrimonio, la jurisdicción sobre extensos territorios y numerosos vasallos; amén de la mayor parte de los cargos políticos, administrativos y militares de importancia. Eran numerosos los privilegios que poseía la nobleza: - no pagaban impuestos HISTORIA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial - MODERNA no perdían sus propiedades por deudas

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tenían preferencia a la hora de ocupar cargos en la Administración y el Ejército monopolizaban la enseñanza mayor detentaban al menos la mitad de los cargos concejiles ejercían una parte de la jurisdicción en muchas poblaciones.

Otras ventajas tenían más un significado simbólico. Así, no podían ser torturados, estaban exentos de cárcel por deudas, podían portas armas, tener tribunales privativos y ocupar lugar privilegiados en actos públicos. La Novísima Recopilación recoge todos estos privilegios, los cuales otorgan a esta clase social el título de dominante de la sociedad española. La nobleza era una clase social numéricamente poco densa, desigualmente repartida por el territorio peninsular y con una fuerte jerarquización interna; derivada tanto de la posición económica como de la actitud social. Dentro de la nobleza existían grandes desigualdades que daban lugar a una auténtica jerarquía nobiliaria, desde el simple hidalgo que no pagaba pechos, hasta el más encumbrado grande de España. Las diferencias de origen y las económicas matizaban esta jerarquía en la práctica cuando se trataba de rangos similares. La legislación, no del todo clara, distinguía tres grados: hidalgos, caballeros y grandes y títulos; pero en la práctica se hicieron subdivisiones. En primer lugar nos encontramos con la nobleza titulada, dividida a su vez (según la procedencia y antigüedad de su linaje) en: - nobleza de sangre (aquellos que heredaban su título y posesiones generación tras generación) - nobleza de privilegio (que obtenían sus títulos gracias a los servicios prestados al rey o por la compra de éstos, algo muy común cuando la Corona tenía problemas económicos) De entre la nobleza titulada cabe destacar a los Grandes de España.16 Por debajo de los titulados se encuentran los caballeros, siempre imitando los hábitos y costumbres de los grandes. Era una condición intermedia de holgada posición económica, gracias ‐en parte‐ a la posesión de un hábito de las órdenes militares. Esto les posibilitaba el disfrute de importantes y significativas rentas. Socialmente, la posesión de un hábito de las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara o Montesa significaba en la práctica una prueba inequívoca de nobleza. Ante el progresivo desprestigio que ha ido sufriendo la hidalguía, los caballeros vienen a ocupar el puesto que dos siglos atrás ocupaban los hidalgos ricos.

16

Se trataba de unas cuantas casas señoriales de vieja tradición que remontaban su constitución a los tiempos medievales o a los primeros siglos de la modernidad. La mayoría de las veces, esta acumulación de títulos se debía a políticas de alianzas matrimoniales. Destacan los Medinaceli, los Osuna, los Alba, los Medina Sidonia, los Arcos y los Infantado. Muchas veces, estas casas nobiliarias llegaban a poseer amplios territorios en distintas partes del país.


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En la base de la pirámide nos encontramos con los hidalgos y los rangos paranobiliarios como los ciudadanos honrados de la Corona de Aragón. Económicamente de vivían situaciones de todo tipo en este grupo, incluso de absoluta indigencia. Por ello, existen distinciones entre los hidalgos: de sangre (de origen) o de servicio (creación real) Así, la situación financiera de la nobleza era muy desigual. Aunque la riqueza no constituía la esencia de la nobleza, la mayor parte de los titulados eran ricos. También se mantenía la aversión hacia las actividades productivas, aunque hubiera nobles dedicados al comercio y a la industria, así como ocupados en la Administración Central, en el Ejército o en la Casa del Rey. La nobleza se mantuvo mayoritariamente como rentista de sus posesiones agrarias, ocupó empleos civiles y militares y recibió cargos eclesiásticos o encomiendas de las Órdenes Militares. Los sueldos por cargos civiles, militares y eclesiásticos que disfrutaban los nobles constituían un total importante. Pero era en el mayorazgo y el señorío donde seguía descansando la solidez de la posición socio‐económica de la nobleza. -

El mayorazgo era una propiedad inalienable formada por tierras, ganados, joyas y enseres diversos, que constituían el aval perpetuo de la posición económica de la familia.

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El señorío, por su parte, conservaba su valor simbólico de permitir la participación aristocrática y eclesiástica en la soberanía real, al constituir una jurisdicción especial, que los Borbones se propusieron combatir.

Otro terreno en el que la nobleza no perdió posiciones es el de su influencia en los municipios, pues conservó un claro predominio en Castilla (donde en muchos lugares copaba todos los cargos municipales y en otros conservaba la mitad de los oficios), predominio que los Decretos de Nueva Planta propiciaron en Aragón, donde los ayuntamientos habían contrarrestado anteriormente la ofensiva aristocrática. El otro componente del bloque social dominante era el clero. Presentaban también una variada tipología dependiendo del nivel de sus rentas, de las funciones sociales que realizaba, de su posición dentro de la jerarquía eclesiástica o de su inclinación ideológica ante las nuevas corrientes que entraban en España. A diferencia de lo que ocurría con la nobleza, en el seno eclesiástico cualquiera podía llegar hasta lo más alto. En la cúspide del clero se encontraban los arzobispos y los obispos, encargados de gobernar la Iglesia española. Los obispos, además, eran los encargados de administrar las rentas de la iglesia en sus diócesis y eran los que tenían mayor influencia doctrinal e ideológica. La base de esta pirámide la formaban los párrocos y capellanes de las parroquias e iglesias repartidas por toda España. Tenían un mayor contacto con los feligreses, siendo los encargados de la enseñanza de la fe católica y de transmitir los valores sociales y culturales elaborados por las minorías dominantes. Este grupo no era homogéneo registrándose diferencias sobre todo en cuanto en el ámbito económico se refiere. Al igual que en los siglos anteriores, el estamento eclesiástico compartió con la nobleza los privilegios que la estructura legal del antiguo régimen le reconocía; El siglo XVIII no conoció cambios fundamentales que transformaran su esencia. En cuanto al número de eclesiásticos, la época de la Ilustración supuso un evidente cambio respecto al desmesurado crecimiento que había conocido el clero durante el S. XVII. Se tendió hacia una estabilización, lo que suponía en términos relativos una disminución debido al aumento demográfico de la población; pero también existió una disminución real, por lo que respecta al clero regular, especialmente apreciable entre 1768 y 1787, los años de mayor incidencia de las medidas reformadoras de Carlos III. La elevada cifra de eclesiásticos no aseguraba que estuviese atendida la cura de almas de toda la población. El número de párrocos era muy inferior al número de parroquias. Una parte de la población rural recibía escasa atención religiosa ya que se producían aglomeraciones en las regiones más favorecidas y en los núcleos urbanos. La postura de la administración ilustrada frente a los eclesiásticos fue: -

favorable hacia el clero secular por considerarlo útil en la tarea de educar al pueblo

-

no así con el clero regular, al que consideraba como un grupo parásito de la sociedad, necesitado de una profunda reforma y reducción del número de sus miembros.

A estos 2 fines se encaminaron muchas de las acciones de gobierno en tiempos de Carlos III. -

Al clero secular se le encomendaron misiones educativas para conseguir súbditos más útiles con la preparación técnica adecuada que reclamaban los nuevos tiempos. La elevación intelectual del clero, especialmente con la erección de seminarios, estaba también en esta línea ya que, en general, su nivel cultural era bastante bajo.


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El clero regular conoció diferentes intentos de reforma; sus resultados no fueron todo lo profundos que hubiesen deseado sus gestores.

Junto a los bienes de la nobleza, el patrimonio eclesiástico era el más importante de la sociedad española. La suma de todas sus propiedades hacía de la Iglesia la institución más poderosa de la monarquía. Para seguir manteniendo su extensa organización, la Iglesia tenía que asegurarse rentas suficientes para seguir llevando a cabo su misión y además continuar ocupando el lugar de privilegio que tenía en la sociedad española. Su extenso patrimonio se había constituido a lo largo del tiempo, gracias a las propiedades heredadas de siglos anteriores, a adquisiciones realizadas en la actualidad o a donaciones de los feligreses más fervorosos; bien por la vía de la limosna o por la testamentaria. Cuatro eran las principales fuentes de riqueza de la Iglesia: la tierra (su principal fuente económica), los ingresos fiscales (diezmo), las actividades crediticias y los bienes inmuebles urbanos. Se calcula que las tierras propiedad de la Iglesia ‐arrendadas con modalidades muy diversas‐ producían aproximadamente el 25% del producto nacional bruto; en el terreno de la ganadería el porcentaje era inferior, el 10% poco más o menos. En cambio, en la percepción de rentas diversas, la participación de la Iglesia se incrementaba claramente, casi el 45% de la recaudación total. La partida más importante seguía siendo la de los diezmos, cuyos rendimientos se han estimado en 80 mill. de reales, de los que la Corona percibía, como venía siendo habitual, el excusado y las tercias. Aparte de otros ingresos no desdeñables, como los derechos de pie de altar y demás, todo ello generaba una masa de bienes que seguía mal repartida dentro de la institución, provocando grandes desequilibrios entre organismos y clérigos de rango similar ubicados en regiones diferentes. También llegaron a este campo los intentos reformistas de los ilustrados, aunque terminaron sin el éxito deseado, a pesar de algunos logros en cuanto a conseguir ingresos mínimos para los párrocos rurales. En el siglo XVIII, la Iglesia será objeto de ataques que cuestionan su condición de estamento privilegiado, su vinculación a Roma ‐especialmente, las facultades del Papa sobre la Iglesia española‐ y su riqueza. Tal ofensiva procede de diversos frentes. -

Por un lado, tenemos a la Monarquía, deseosa de terminar con todas las jurisdicciones especiales y así se entienden el regalismo, como actitud gubernamental, y las desamortizaciones que se llevan a efecto en el reinado de Carlos IV.

-

Por otro lado, la ideología ilustrada arremete contra la Iglesia por lo que tiene de "irracional". También, la influencia social de la Iglesia parece mitigarse, hecho que tiene un cierto refrendo en la clara disminución de vocaciones, como se va comprobando cada vez más claramente a medida que progresa el siglo.

Sin embargo, la Iglesia conservará su influencia institucional, su poder económico, sus privilegios fiscales y su régimen especial.

Desarrollo industrial en el siglo XVIII. Política industrial Borbones (7) La situación de la industria. -

El gremio es predominante y lo seguirá siendo.

-

No hay un “mercado” pues la población en el campo vive en régimen de autoconsumo; y en la ciudad la pobreza no permite consumo. Sólo las clases privilegiadas, Nobleza e Iglesia.

-

A lo largo del siglo veremos en algunos lugares: o

Un aumento de la demanda para abastecer al ejército y a la población urbana en lugares concretos: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Cádiz, La Coruña…

o

Las nuevas fórmulas de producción (domestic system y faber system) hacen su aparición, pero predominará la primera: el “capitalista” entrega la materia prima y recoge el producto terminado realizado por los campesinos en época de escasa labor en el campo. Esto se verá en Galicia, Occidente de Asturias, Cataluña y País Vasco… telares manuales y, en el País Vasco, las ferrerías.

o

La aparición de la manufactura (el faber system) se debe a la acción de la Corona y a la iniciativa privada en el caso catalán.

Las reformas económicas en la industria. -

Creación de las fábricas reales o manufacturas (Talavera, Madrid, La Granja, El Retiro, Segovia…) y de armas (Oviedo, Trubia...) y arsenales (La Carraca, Vigo, Cartagena…)

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Libertad de industria frente a los gremios a los que se reforma.


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29 Dignificación del trabajo manual y obligación del trabajo: creación de hospicios y casas de trabajo para niños

abandonados y vagabundos. -

Fomento de la “industria popular” en el campo.

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Creación de altos estudios para incorporar la ingeniería y la mecánica al proceso productivo. Estudios para valorar las zonas mineras y el uso de los minerales. Escuelas de artes y oficios.

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Papel destacado de los intendentes en el desarrollo industrial.

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Inicio de una política de “aranceles” en la línea proteccionismo mercantilista e incentivos fiscales.

El desarrollo industrial en el siglo XVIII La industria fascinaba a los reformadores españoles, pero generaba más ideas que capital. El estímulo de la industria popular era uno de los temas favoritos de Campomanes, sin embargo, desconfiaba de las fábricas y después de contemplar el motín de 1766 prefería la dispersión antes que la concentración. Una industria formada por pequeñas unidades rurales, que complementaran el trabajo del campesinado y exigieran una escasa inversión inicial. Esto ofrecía al campesino una seguridad alternativa en los momentos de desempleo. En la política de Estado existía un moderado impulso hacia la modernización: a) Se aportaron fondos para experimentar con nueva maquinaria y para financiar estudios técnicos en el extranjero; b) Se crearon escuelas de artes y oficios para mejorar la educación técnica c) Las Sociedades Económicas, los consulados, las academias reales y otros centros estatales mantenían escuelas especiales que impartían cursos vocacionales. Pero después de todo España prefirió conseguir una rápida tecnología por imitación y la forma más fácil de conseguirlo era importar capacidad y conocimiento directamente. La política económica borbónica estaba impregnada de una fuerte tradición de proteccionismo que se vitalizó en la época de Adam Smith: un decreto de 1760 que se apartaba de la tradición por razones comerciales había abierto la puerta a todos los tejidos de algodón extranjeros, aunque sometido a gravosos impuestos. Los fabricantes catalanes reaccionaron enérgicamente y el gobierno les prestó atención. En 1768 se prohibía la importación de tejidos de algodón estampado y en 1770 la prohibición se extendía a todas las muselinas y al terciopelo. El modelo típico de la industria española tanto en las ciudades como en las aldeas era el taller artesano, donde una jerarquía de 40 maestros oficiales y aprendices trabajaban según la normativa de los gremios. La empresa exigía escasa concentración de capital y mano de obra. Producía para un mercado local o regional y apenas le afectaban los cambios tecnológicos. Aún así fue capaz de una expansión en respuesta al crecimiento de la población y de la demanda como ocurrió en la 2ª ½ del siglo XVIII. Pero además de esta industria rural dispersa, otra parte de la producción se conseguía en fábricas que constituían concentraciones relativamente grandes de capital y mano de obra. Algunas de ellas eran principalmente en Castilla eran fábricas del Estado, mientras que otras, en Cataluña, Andalucía y Galicia pertenecían a la empresa privada. Según el catastro de Ensenada, de las casi 200.000 personas que trabajaban en los sectores de la industria y servicios, más de la ½ trabajaba en el sector textil, algo más de la ¼ parte en la industria de la construcción, el resto se repartía en dos grupos: los trabajadores del metal y marineros. Las industrias concentradas que estableció la iniciativa privada no alcanzaron las dimensiones que la Real Fábrica de Guadalajara. En el sector privado fueron rentables cuando consiguieron vender su producción. Parece que alcanzaron mejor gestión las establecidas por particulares en Santo Domingo de la Calzada y Segovia, es decir, las que se establecieron en la periferia fueron las más prósperas. En Andalucía hubo una serie de iniciativas “modernas” en las que la empresa privada creó fábricas, concentró la producción e invirtió capital en: * * *

1.

Sevilla la Compañía Real de San Fernando comenzó a operar en 1747 produciendo y exportando tejidos, pero no consiguió obtener beneficios suficientes y fue desapareciendo lentamente. Un grupo de empresarios sevillanos iniciaron una fábrica de tapetes con una importante producción durante un tiempo antes de desaparecer. Otra fábrica textil que producía paños de lana se estableció en Sevilla en 1781 aprovechando la protección frente a la competencia inglesa en ese momento de guerra, pero a partir de 1783 no pudo resistir la competencia renovada.

El hierro Era uno de los principales activos de la economía vasca: Vizcaya aportaba el mineral y Guipúzcoa lo procesaba, produciendo también una pequeña cantidad de acero. Se trataba de una industria primitiva no muy productiva, pero en los dos primeros tercios del siglo XVIII la producción se incrementó. Este incremento (en ausencia de modernización de la tecnología) sólo puede explicarse por factores como:


*

La fuerte demanda exterior, tanto en Europa como en América.

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* *

La capacidad de los productores vascos para vender a precios competitivos en el mercado internacional. La potenciación arancelaria impuesta por el gobierno.

Mientras estas condiciones prevalecieron, la industria del País Vasco pudo superar la ineficacia económica por medio de la producción. La industria no estaba concentrada en grandes empresas sino dispersa en numerosos talleres. En muchos casos los propietarios eran conscientes de Bilbao que firmaban contratos con los trabajadores para conseguir una producción determinada y que comerciaban el producto.


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El ejército y la marina eran clientes importantes y las colonias un buen mercado para las manufacturas del hierro. Pero la industria seguía estando atrasada desde el punto de vista técnico y cuando se modificaron las circunstancias (el incremento de los costes de producción y la desaparición de la tarifa proteccionista) no pudo mantener su conocimiento y a partir de 1770 entró en un período de recesión. 2.

Industria Sedera La industria sedera de Valencia es otro ejemplo de desarrollo en el marco del modelo tradicional. Valencia ya exportaba su seda en rama de alta calidad y a lo largo del S. XVIII comenzó a producir el artículo manufacturado y aunque no podía competir todavía en el exterior con los productos franceses, sí comenzó a hacerlo en el mercado interior. Los propietarios de estas industrias eran comerciantes de la ciudad, que organizaban la producción según el sistema de trabajo a domicilio. Los obstáculos para su desarrollo : 1. La industria tenía que competir por la materia prima con los intereses agro‐exportadores, dominados por los terratenientes, labradores y comerciantes, cuyo interés residía fundamentalmente en la exportación de seda rama y no en venderla a los fabricantes nacionales; 2. No existían hombres de negocios capaces de liberarse de los controles tradicionales industria sometida al control de los gremios y a los principios del monopolio y el privilegio 3. Los límites para el crecimiento venían determinados por la escasa inversión de capitales y la debilidad del mercado nacional.

Esto significó un aletargamiento en cuanto a los métodos industriales y a la maquinaria; la producción se dividía entre millares de manos con escasa estandarización. Así la industria sedera de Valencia no se desarrolló más allá de la actividad artesana tradicional. No ocurrió lo mismo en todas partes y en otras industrias comenzaron a aparecer indicios de modernización. Manufacturas reales Las manufacturas reales son las instalaciones industriales que se fundan por iniciativa de los monarcas absolutos durante el Antiguo Régimen, como resultado de la aplicación de la política mercantilista. Muchas de ellas se dedicaban a la fabricación de objetos de lujo, para el consumo, en primer lugar, de los propios palacios reales. El factory system (sistema de trabajo en las fábricas) se aplicó en el sector público y en el privado. El Estado ya había tomado la iniciativa en el reinado de Felipe V, en gran medida por razones políticas y de defensa: a)

La construcción naval y manufactura de armas habían obtenido una parte del presupuesto nacional y dentro de unos límites tenía asegurada la disponibilidad del capital y de la mano de obra. b) La industria del tabaco (perfectamente albergada en la Factoría Real de Tabaco de Sevilla) era un candidato evidente en el sector estatal por su importancia fiscal. c)

La mina de mercurio de Almadén fue reorganizada por los primeros Borbones para abastecer a la industria de plata mexicana.

Las empresas estatales de este tipo, siguieron siendo impulsadas por el gobierno de Carlos III y en algunos casos experimentaron una nueva expansión. Los ministros confiaban menos en el valor de otras factorías, como las textiles (Estado parecía usurpar el papel de la empresa privada, asumiendo riesgos financieros, perpetuando la situación de monopolio. -

Algunas elaboraban productos para mercados de lujo de la corte y la aristocracia o tapices en Santa Bárbara o cristal en San Ildefonso o porcelana en el Buen Retiro

-

Otras se especializaron en la producción de paños para el mercado popular (manufacturas de lana de Guadalajara, Brihuega y San Fernando y las factorías de lino de León e Ildefonso y una fábrica de seda en Talavera de la Reina).

En 1777 el gobierno amplió la fábrica de Guadalajara, añadiendo una amplia división para producir sarguetas, y el conjunto de la factoría alcanzó su máximo tamaño en 1784‐1791, con 670 telares y 24.000 trabajadores. La manufactura real de sedas finas de Talavera de la Reina se amplió hacia 1780 a 350 telares y 863 trabajadores. Se trataba de fábricas relativamente grandes, con un elevado grado de integración vertical y que se beneficiaban de la financiación central y de exenciones fiscales. Sin embargo, ninguna de ellas producía ganancias. En su funcionamiento existían una serie de graves defectos (concentraciones en edificios innecesariamente complejos implicaban unos gastos generales muy elevados, mala administración y la debilidad del mercado interno). Lejos de constituir un modelo, las manufacturas reales actuaron como disuasorias de la empresa privada, al gozar de un acceso privilegiado al capital y a los abastecimientos y derechos monopolísticos en un mercado doméstico reducido. La producción fabril en el sector privado progresó en cierta forma en la periferia (fundiciones establecidas por Antonio Raimundo Ibáñez en 1788 en Sargadelos produjeron manufacturas de hierro a escala suficiente para expansionarse, obtener beneficios y diversificarse. Desde 1794, Ibáñez construía armas para el Estado, su HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial

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experiencia en la actividad comercial le permitió hacerse con capital comercial para financiar la expansión. La novedad de su empresa despertó la hostilidad de la nobleza y el clero. Iniciativas privadas en Andalucía En Andalucía hubo una serie de iniciativas «modernas» en las que la empresa privada creó fábricas, concentró la producción e invirtió capital: En Sevilla, la Compañía Real de S. Fernando se dedicaba a la producción y exportación de tejidos, fábrica de quincallería. A escala más reducida, Granada vivió una historia similar de intentos y fracasos, mientras que Ronda conocía una fortuna desigual con su fábrica de hojalata creada en 1725. Así pues, en Andalucía la industria no consiguió arraigarse y desarrollarse. Los problemas de capital, tecnología y mercado hacían fracasar cualquier iniciativa. Industria catalana (El algodón) Cataluña fue el escenario de la actividad industrial más intensa en España, que adoptó dos formas: - el renacimiento de las industrias tradicionales - la creación de otras nuevas. El modelo catalán se desarrolló a partir de una amplia base económica y fue la culminación de varias etapas de crecimiento. El capital procedía de diferentes frentes: * * * *

Rentas y beneficios agrarios. Ingresos de las capas medias. Beneficios de los artesanos más ricos. Ganancias de los comerciantes.

Cataluña supo explotar las ventajas de su posición marítima superando la inexistencia de una gran marina mercante, enviando sus barcos pequeños en un activo comercio por la costa a aguas del Atlántico. Durante algún tiempo, la industria tradicional y las nuevas industrias coexistieron, pero su incompatibilidad pronto se hizo evidente. La nueva industria utilizaba mujeres y niños, se emplazaba fuera de la ciudad u comenzó a liberarse de los frenos que suponían los gremios. Pero no se liberó de todos los gremios. Conoció varias fases de crecimiento del siglo XVIII: * En el primer período (1730‐1760) el incremento de la población determinó la elevación de los precios y la existencia de una mano de obra barata que permitió la acumulación de beneficios y una tendencia a la inversión productiva. En la industria textil, la producción de paños de lana intenta adaptarse a la demanda creciente, saliendo de la ciudad (dominada por los gremios) y produciendo no sólo para el mercado popular sino paños de alta calidad para la exportación. Para conseguir una mayor modernización se necesitaba dar el paso vital hacia:

° ° °

La producción en masa. La concentración de la fuerza de trabajo. La mecanización.

Sólo la industria del algodón estaba preparada para ello y no tardó en convertirse en la principal industria catalana. *

La industria conoció un segundo período de crecimiento (1760‐1780), durante el cual:

° ° °

Se aseguró la protección frente a la competencia extranjera. Incrementó la importación de algodón de Hispanoamérica. Creó un sector de hilado de algodón para autoabastecer a las manufacturas de paños.

El gran desarrollo tuvo lugar en la década de 1770, cuando se usaron técnicas extranjeras y se emplearon artesanos también extranjeros, que utilizaron máquinas y utillaje nuevos. * La tercera fase (decenio de 1780) contempló una mecanización decisiva con la introducción de máquinas de hilar inglesas y los primeros experimentos con la máquina de vapor. La industria se benefició del libre comercio con América, pero en los últimos años del decenio de 1780 los indicios de saturación del mercado colonial obligaron a los productores catalanes a reorganizar su administración y buscar otros mercados alternativos. Para entonces la industria textil empleaba un nº de obreros sin precedentes para los niveles españoles. Durante los años de guerra, a partir de 1796, se inició un período difícil en el que se perdieron prácticamente los mercados coloniales, cerraron fábricas y muchos trabajadores fueron despedidos. La industria catalana no fue inmune a la crisis y cualquier riesgo excesivo hacía huir al capital. Pero apareció una nueva generación de industriales que organizaron la concentración del hilado, el tejido y el estampado en la misma fábrica, que introdujeron nuevas máquinas y se expandieron hacia zonas en donde los costes energéticos y de mano de obra eran inferiores, comenzando a dar impulso a las ventas en el mercado peninsular. El modelo catalán de desarrollo industrial fue excepcional en España. En las demás regiones, la mayor parte de las manufacturas textiles estaban sometidas a la organización gremial o dispersas por el campo.


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Resto de la industria La industria española no se modernizó en el siglo XVIII por: La inferioridad tecnológica. La climatología adversa. La escasa dotación de capitales. La política ineficaz. El estrangulamiento que significaba el transporte.

* * * * *

Pero ¿por qué España no se modernizó en agricultura? * El sector agrario no generó capital ni elevó el nivel de vida de la población. * Los precios del trigo permanecieron altos y los campesinos continuaron estancados en una situación de “subconsumo crónico”. La masa de la población, que dependía de la agricultura, no poseía ingresos suficientes para consumir los productos de la industria nacional. * Los industriales no contaban con un mercado doméstico que justificara la expansión. En esas condiciones, el capital buscaba otras salidas, la propiedad urbana, la tierra, el comercio o las joyas. * El comercio con las Indias, si fue importante para España, desde luego no benefició la estructura económica de la base desde la cual se organizaba, Andalucía. Los beneficios cada vez mayores iban a parar al extranjero o se invertían de forma improductiva.

Manufacturas y artesanado: las Fábricas Reales y los gremios. Con la llegada de la Revolución Industrial en Inglaterra a finales del s. XVIII, aparece la fábrica moderna –factory system17‐ que obligaba a la concentración de la propiedad en un solo recinto. Antes de la llegada de la Revolución industrial, la industria se presentaba con una organización dispersa, formando pequeños talleres alejados unos de otros y a veces especializados. Se caracterizaban por la ausencia de integración tecnológica. En España la organización industrial se dividía en actividades de gremios (sujetos a ordenanzas) y libres (con organización más espontánea, aunque colectiva) Durante el s. XVIII el Estado comienza a participar de forma directa en la producción artesanal, generando con ello empresas estatales y mixtas. A finales del siglo comenzará el desarrollo del individualismo capitalista. Los gremios18 mantienen durante el s. XVIII su sistema tradicional. Conservan las características de asociación profesional, obligatoria, exclusiva y privilegiada. El Estado era el encargado de aprobar estas características, mediante las que quedaba erigido el gremio. El gremio se encontraba vinculado con la sociedad estamental y su abandono o desintegración tiene mucho que ver con los cambios de mentalidad o actitud con respecto al privilegio. El gremio ejercía un monopolio en el trabajo de su sector correspondiente. Para asegurarse, los gremios desarrollan dos instituciones básicas: 1.

la jerarquía laboral: -

Maestro: cuerpo social cerrado, era muy difícil entrar en él y únicamente lo consiguen aquellos que son elegidos; normalmente son hijos de maestros.

-

Oficial: su situación era similar a la de un trabajador asalariado. Tenía como desventaja la falta de libertad laboral y como ventajas tenía aquellas asistenciales y honoríficas que le proporcionaba el gremio. No existía la relación casi familiar que se supone que había existido en otras épocas. La condición del oficial era variable según los gremios y trabajos, lo que llevaba a diferencias salariales.

-

Aprendiz: tenía una relación más estrecha con su maestro que en el caso del oficial. El aprendiz vivía con su maestro y trabajaba y aprendía a sus órdenes durante un período de tiempo variable según el gremio (en el caso de la industria textil, 4 años) Tanto el aprendiz como el oficial debían de trabajar con el mismo maestro, excepto en el caso que éste autorizase el traslado a otro taller. Con ello quedaba asegurado el monopolio del gremio en su ámbito local y la falta de competencia con otros maestros.

2.

Ordenanzas: reglaban todas las circunstancias del trabajo, su producción y parte de la comercialización de los géneros. El incumplimiento de lapreguntas normativa estaba castigado con multas variadas, el dinero de las cuales34iba a HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes 2º parcial

engrosar el fondo asistencial del gremio. Mediante las ordenanzas se conseguía una igualdad en medios técnicos, tanto en calidad como en el precio de los productos. Pero la excesiva rigidez de las Ordenanzas dificultaba posibles adaptaciones al mercado. Por ello fueron muchas las voces que se alzaron contra las Ordenanzas, voces que pedían la total suspensión de éstas o al menos que se realizasen algunas modificaciones. La Junta de Comercio19 se encargó, durante gran parte del s. XVIII, de solucionar estas cuestiones. 17

El factory system se aplicó en España tanto en el sector privado como en el público.

18

Asociación de personas con intereses comunes por pertenecer a un mismo oficio, negocio o profesión; el objetivo de la asociación consiste en obtener protección y ayuda mutuas. El término se aplica con carácter específico a dos tipos de asociaciones que se extendieron por toda Europa durante la Edad Media: los gremios de comerciantes y los gremios de artesanos, a veces llamados gremios de comercio o corporaciones comerciales. 19

Aunque la institución de la Junta de Comercio había sido creada durante el reinado de Carlos III, alcanzó verdadera importancia en el s. XVIII, merced a las reformas borbónicas, tendentes a la potenciación de las secretarías‐germen de los actuales ministerios‐ en detrimento de los consejos. Así, la Junta asumió algunas de las competencias que había tenido el Consejo de Castilla, con el que mantuvo diversos contenciosos. Su función principal era fomentar la economía nacional y se encargó especialmente de la concesión de las exenciones fiscales. Sus miembros eran técnicos, pero la Junta quedaba ligada al sistema ministerial mediante la figura de su presidente, que, con carácter general, fue el secretario de Hacienda, y en ocasiones, el secretario de Estado.


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Hacia el final del siglo se establecen una serie de avances en cuanto a la libertad de trabajo, con ellos se permitió a los obreros establecerse por su cuenta; con lo que situaban fuera de la jurisdicción de los gremios. Además, quedó establecido que los gremios examinasen para maestro a todo aquel que lo solicitase, aunque no cumpliese con las reglamentaciones gremiales sobre el aprendizaje o las posibilidades para establecerse. Con estos cambios no se buscaba la desaparición de los gremios, sino que éstos llegasen a controlar la industria que con ello lograsen un desarrollo industrial aún mayor. Las manufacturas reales nacen como respuesta del Estado a las necesidades del fomento industrial. Eran empresas públicas, de personalidad propia, que dependían del Estado ya que éste era su promotor, quien controlaba y dirigía su actividad y la financiaba (el Estado destinaba el dinero necesario para el funcionamiento de la empresa a fondo perdido) Este tipo de manufacturas tuvo poco arraigo en España. Las manufacturas reales fueron auspiciadas por los ministros ilustrados de Felipe V, que buscaban no sólo sustituir importaciones y atender necesidades de la Corona (como fabricación de armas y acuñación de moneda), sino también reactivar la actividad industrial en regiones que la estaban perdiendo o no la tenían, o bien recuperar sectores en decadencia. En la mayoría de los casos los resultados fueron un fracaso. Los excesivos costes, una gestión demasiado burocratizada y una orientación a los productos de lujo que limitaba enormemente el mercado potencial cercenaron las posibilidades de éxito e imposibilitaron a estos establecimientos competir con los productos británicos, fabricados en un contexto de competencia, orientados a un público más amplio y a coste inferior. Lo normal era una participación estatal junto a una iniciativa privada, o lo que es lo mismo: empresas mixtas. En estas empresas la gestión era siempre privada, aunque con un control por parte del Estado quien imponía sus condiciones según su participación financiera. En España existía un impulso moderado hacia la modernización. Sin embargo, la política económica de los Borbones era demasiado proteccionista, hecho que perjudicaba el tímido avance industrial. El modelo típico de la industria española continuó siendo el taller artesano, con una jerarquía de maestros, oficiales y aprendices; que trabajaban según la normativa de los gremios, quien controlaba la mano de obra, la cantidad y la calidad de la producción. Estas empresas exigían escasa concentración de capital y de mano de obra, con una producción de alcance local o regional y ajena a cualquier avance técnico. Los únicos centros de producción capaces de expandirse fueron las fábricas reales y otras de ámbito privado (muy pocas, por cierto). La industria textil era mayoritaria, según datos del Catastro de Ensenada; siendo la manufactura de paños la que más personal tenía trabajando.

Fábricas reales En contraposición con la gran dispersión de base, la política económica se concretó en la formulación de grandes empresas. Se aplicaron medidas de tipo “colbertista”. En lugares estratégicamente elegidos se crearon fábricas subvencionadas por el Estado cuyo principal objetivo era proporcionar artículos, para bajar el déficit, que entonces se importaban del extranjero, con exenciones fiscales. 1.

Objetivo de Felipe V Intenta evitar la crítica a la España de los Austrias que no se producía lo que se consumía y tenían que importar. Su objetivo era evitar las importaciones extranjeras y el déficit de la balanza de pagos. El Estado había tomado la iniciativa en el reinado de Felipe V, en gran medida por razones políticas y de defensa. -

La construcción naval y manufactura de armas habían obtenido una parte del presupuesto nacional y dentro de unos límites tenía asegurada la disponibilidad del capital y de la mano de obra.

-

La industria del tabaco (perfectamente albergada en la Factoría Real de Tabaco de Sevilla) era un candidato evidente en el sector estatal por su importancia fiscal.

-

Las minas de mercurio de Almadén fue reorganizada por los primeros Borbones para abastecer a la industria de plata mejicana.

Las empresas estatales de este tipo, de importancia vital para la seguridad y obtención de ingresos, sufrieron siendo impulsadas por el gobierno de Carlos. 2.

Características de las fábricas reales -

Fundación y protección real

- MODERNA financiadas por la–Hacienda Real con2ºexenciones y franquicias fiscales. HISTORIA DE ESPAÑA Resúmenes preguntas parcial

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-

Producción de artículos de lujo para las clases nobles. Trabajaban el vidrio, la seda, el paño, cerámica, tapices, etc. Surgen muchas en torno a la corte (Madrid) porque es donde está el gran mercado.

Algunas elaboraban artículos de lujo para la corte y la aristocracia: -

En Santa Bárbara: tapices. En San Ildefonso: cristal. En el Buen Retiro: porcelana.

Otras se especializaron en paños para el mercado popular: -

Lana: Guadalajara, la más importante, la Real Fábrica de Paños de Guadalajara, con sus sucursales en Brihuega y San Fernando. El establecimiento obedeció a la necesidad de producir paños de mejor calidad, a mejorar la técnica y a competir con géneros extranjeros. – Lino en León y San Ildefonso – Seda en Talavera de la Reina. La Real Fábrica de Guadalajara con sus sucursales llegó a emplear a más de 4.000 obreros en sus propios edificios e intermitentemente a 24.000 (mujeres y niños en su mayoría) en escuelas de hilar situadas en localidades de la provincia y de las zonas limítrofes a ella. a.

Punto de vista técnico Desde el punto de vista técnico estas fábricas eran muy avanzadas. Se hicieron venir artesanos extranjeros especializados, dispusieron de utillaje muy moderno y los productos fueron de gran calidad, pero sus resultados económicos serían mediocres, cuando no ruinosos.

b. Defectos – La mala administración era al parecer intrínseca en el sector público. – Pero la mala administración no era la única responsable de ello sino razones de índole económico‐ social. Una vez más la experiencia demostraba que era inútil pretender crear focos industriales en zonas que no reunían las condiciones adecuadas. – La debilidad del mercado público y del transporte reducían aún más las ventas y los mercados. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los productos de las fábricas reales eran artículos de lujo por lo que el mercado quedaba reducido a las categorías pudientes.

Estructura gremial Las industrias de primera necesidad subsistieron bajo la estructura gremial. 1.

Felipe V Favoreció (partiendo de puntos de vista colbertianos) a los gremios y se crearon otros en el ámbito comercial como loas Cinco gremios mayores de Madrid.

2.

Fernando VI Durante su reinado, esta tendencia promotora de los gremios es sustituida por normas de mayor flexibilidad. Para hacer la competencia a los franceses, los fabricantes de seda de Valencia obtuvieron en 1750 permiso para fabricar tejidos a imitación de los de Lyon. Autorizaciones semejantes fueron extendiéndose a otras manufacturas.

3.

Segunda mitad del siglo XVIII -

La industria se sitúa en una línea de liberalización.

-

En 1778 se concedió a todos los artesanos y fabricantes de la seda la libertad de imitar los productos extranjeros y en los años sucesivos se extendió esta facultad a los demás géneros textiles.

-

Una real disposición de 1787 anulaba las restricciones impuestas por las ordenanzas gremiales a la libertad de fabricación de tejidos. Otras disposiciones debilitaron el exclusivismo de los gremios y permitieron el crecimiento de artesanos y estimular las innovaciones.

-

Tres fueron las principales zonas industriales: - Valencia - Cataluña - El País Vasco. HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial

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Asiento de negros Monopolio de introducción de esclavos africanos en la América española. La primera concesión de este asiento se hizo a una compañía genovesa en 1516, pero hasta 1640 los portugueses fue ron los que realmente se beneficiaron más de este privilegio. En 1701 Felipe V concede a la Compañía Real de Guinea, empresa comercial francesa en la que Luis XIV tenía intereses, la introducción de 42.000 esclavos durante diez años. Más tarde, por el Tratado de Utrecht (1714), la Compañía inglesa del Mar del Sur obtuvo el asiento de negros durante 30 años, a razón de 4.800 es clavos anuales. En dicho tratado se autorizaba la introducción de las mercancías necesarias para el sustento de estos hombres, prestándose a irregularidades y abusos por parte de los ingleses, actitud que generó graves tensiones con España, que llegaron a desembocar, en 1739, en el conflicto armado conocido como Guerra de la Oreja de Jenkins. Por el Tratado de Aquisgrán (1748) se renovó el acuerdo con la Compañía del Mar del Sur, pero dos años más tarde se anuló dicho acuerdo. Navío de permiso Constituye una de las concesiones comerciales obtenidas por Inglaterra, a raíz de la Paz de Utrecht (1713), en orden al tráfico comercial con las colonias españolas de América. Por Real Cédula de 13 de marzo de 1713, se autorizaba a la recién fundada Compañía del Asiento a mandar anualmente un buque de 500 toneladas que, saliendo directamente de Inglaterra, arribara a los puertos americanos del Atlántico para vender allí sus mercancías, libres de derechos, en la temporada de ferias. La concesión del navío de permiso fue la vía por donde se introdujo en Inglaterra la libertad de comercio con las colonias americanas, y debido a esta concesión, se ocultó un contrabando cada vez más intenso con las zonas del interior.

Los Decretos de Libre Comercio con América ‐1778‐ Con Carlos III se emprendieron reformas con el fin de racionalizar política y administrativamente las Indias y aumentar los ingresos. Las medidas comerciales iban destinadas a reactivar el comercio haciendo de América centro exportador de materias primas e importador de productos manufacturados españoles: la Casa de Contratación se trasladó de Sevilla a Cádiz.; con el decreto de Libre Comercio (1778) se puso fin al monopolio gaditano, desapareció el sistema de flotas, se extendió el monopolio de la Corona a productos como el tabaco y el aguardiente, aunque se permitió a compañías comerciales, como la Guipuzcoana de Caracas, comerciar con algunos productos coloniales. En torno a 1760 se abría paso la idea de que debía permitirse un “libre comercio” entre la Península y América. En realidad nunca hubo un comercio general e indiscriminado. Lo que se produjo fue una ampliación del número de puertos españoles e hispanoamericanos autorizados a comerciar entre sí. La primera medida de 1765 por parte española fue autorizar a varios puertos (9) del Mediterráneo, Andalucía y Cantábrico y por parte americana 5 puertos, todos ellos correspondientes a las islas de Caribe. En los años siguientes se produjeron nuevas ampliaciones. En 1772 libertad de comercio para las Canarias y se autorizó a los distintos territorios americanos a comerciar libremente entre sí. Por fin en 1778 un nuevo reglamento de libre comercio elevó a 13 el número de puertos que podían comerciar y en América 22 puertos. Era una libertad con algunas excepciones: Méjico y Venezuela, por ejemplo. Tradicionalmente se atribuía a los decretos un efecto positivo sobre la economía. Hoy se tiende a matizar fuertemente esa afirmación: poca incidencia en el desarrollo industrial, alentaban a reexportación de productos extranjeros. Tras la Revolución Francesa, que se transformó rápidamente en una guerra contra Gran Bretaña, el comercio estuvo afectado a partir de 1796, pues pertenecía virtualmente al Estado. Tan sólo durante el reinado de Carlos III se logran controlar las cantidades embarcadas desde América, resultan esta etapa el mejor período del monopolio comercial de Cádiz. El 12 de octubre de 1778 queda establecido el libre comercio entre España y América. Gracias a ello todos los comerciantes españoles podían participar por igual en el comercio americano y toda América quedaba abierta a este tráfico. HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial

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Para conseguir aún más beneficios y que todos pudiesen aspirar a participar de esta apertura comercial, era

necesaria la remodelación de varios puertos españoles. Así, puertos como el de Málaga, Barcelona, La Coruña o Santander mejoran sus infraestructuras. El libre comercio se puede considerar totalmente instalado en España tras la desaparición, en 1790, de la Casa de la Contratación. Marqués de la Ensenada ‐1702‐1781‐ Encabezó la nueva administración de Fernando VI. Zenón de Somodevilla, era un hombre capaz y seguro de sí mismo, de modestos orígenes en Alesanco (Logroño), donde había nacido de una familia de hidalgos en 1701. Se había formado en la escuela de Patiño especializándose en la administración naval. Ascendió progresivamente en la carrera burocrática hasta el puesto de comisario de Marina en El Ferrol (1730). Pero lo que le encumbró políticamente fue su eficaz labor como organizador de la escuadra española destinada a reconquistar Nápoles para el príncipe Carlos (el futuro Carlos III) durante la Guerra de Sucesión de Polonia (1733); y sus servicios en la reconquista de Orán (1732). Estos servicios fueron premiados con el título de marqués de La Ensenada en 1736. Desde entonces ocupó los más altos cargos de la Monarquía. Fue promovido al cargo de secretario del almirantazgo en 1737, desde donde comenzó a trabajar en la reconstrucción de la marina, pero su carrera política culminó en 1743 cuando fue nombrado secretario de Hacienda, Guerra, Marina e Indias (ocupando tres de las cuatro carteras ministeriales existentes) y, además se le concedió el título de Secretario de Estado y superintendente de ingresos, convirtiéndose en el hombre más poderoso de España. La muerte de Felipe V en 1746 mejoró aún más su situación, pues el nuevo monarca, Fernando VI le confirmó en todos sus cargos y le nombró además secretario de la reina (1747). Había elementos de preocupación social y de equidad en muchos de los proyectos de Ensenada, pero eso no le convertía en un radical. Sustentaba opiniones tradicionales sobre la jerarquía social como afirmó en las condiciones requeridas para ser nombrado para un puesto en los niveles más altos de la burocracia (para él la condición de hidalgo o noble era el criterio preferido) Convertido prácticamente en ministro universal, Ensenada encaminó su política hacia el fortalecimiento del Ejército y la Marina en previsión del inevitable conflicto que, a la larga, tendría que sostener España con Inglaterra por sus intereses coloniales enfrentados, conflicto en el que desconfiaba de poder contar con la ayuda de Francia. Para ello se esforzó por impulsar la economía productiva de la Península y el comercio con América, mejorar el rendimiento del sistema fiscal, fortalecer el control de la metrópoli sobre las Indias y reconstruir la flota. Ensenada. Ministro reformista de Fernando VI ‐ 1743‐1754 Hasta 1746 el objetivo era apartarse de la guerra y establecer la paz. Presentó al rey su programa en una serie de informes (1746, 1747, 1748 y 1751) donde analiza la situación del tesoro real valorando el gobierno y poder de España y aconsejando sobre la política económica, de defensa, sobre la marina y las Indias. A finales de 1748, tras la Paz de Aquisgrán, Ensenada tiene una posición perfecta para cumplir su programa, con las siguientes prioridades: * Reforma administrativa y financiera. * Comercio con las Indias. * Construcción naval. * Reforzamiento del ejército. * Relaciones con Roma. Una Marina para la paz y para la guerra La marina ocupaba el primer lugar en la estrategia del ministro puesto que era fundamental para una potencia con un imperio en ultramar y con aspiraciones de ser respetada por Francia e Inglaterra. Pero se necesitaba mano de obra tanto como el dinero. Ese proceso sólo se podría modificar: - pagando más a los marineros - cuidando la marina mercante y - dejando salir de cualquier puerto de España todos los navíos y embarcaciones que quisieran ir a América. Los obstáculos eran varios: - suspicacias de las potencias rivales; - otras prioridades económicas ya que el presupuesto se repartía así: 1. ejército; 2. la administración; 3. la corte; 4. la marina. Ensenada concentró los esfuerzos en materia de defensa de la Marina. En 1751 España contaba con 18 barcos de línea (Inglaterra 100). Heredó la infraestructura de Patiño, aunque deteriorada, la reconstruyó. Se crearon 3 HISTORIA MODERNA ESPAÑA – Resúmenes parcial 39 arsenales reales:DECádiz, Cartagena y preguntas El Ferrol2º(que se convirtió en el principal arsenal de España)

-

Necesidad de madera: se consumieron 3 millones de árboles. España sólo en parte era autosuficiente en madera y pertrechos navales. En los años 1750‐1780 el ritmo de la construcción naval se intensificó. Cuando los recursos resultaron insuficientes se importó madera del Báltico, y se explotaron las posesiones americanas de madera dura.

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Necesidad de tecnología: búsqueda en el extranjero: el gobierno creó un cuerpo de constructores navales, elevando su status por encima de los artesanos. España tendió a copiar los diseños franceses y, a iniciativa de Ensenada, a partir de 1750 se comenzó a contratar diseñadores y artesanos ingleses. El ingeniero Jorge Juan fue enviado a Inglaterra para estudiar arquitectura naval, y Antonio de Ulloa, colega y colaborador de Jorge Juan viajó a Francia para estudiar las características de los astilleros y la contratación de artesanos.

A partir de 1747 Ensenada acumuló pertrechos navales, madera y tecnología y consiguió un presupuesto adecuado, una buena base y un buen punto de partida para el poder naval español, mejorando las perspectivas profesionales de los oficiales y reclutando marineros sin los cuales no podía desarrollarse la marina. Comercio de Indias Era la preocupación fundamental para el marqués de la Ensenada. Nuevo impulso a la utilización de navío de registro sobre el sistema de flotas. Sanciones severas cuando se registraban cargamentos de metales y también prestó atención a la administración colonial: frecuente venta de cargos para la Audiencia y corregidor. A partir de 1750 intentó el control de la situación: Informe Ulloa: corrupción generalizada en el virreinato del Perú. Las reformas administrativas y fiscales: los Intendentes, el Proyecto de Única Contribución y su Catastro. En sus informes al monarca sobre el estado de la nación, Ensenada reservaba sus críticas fundamentales para la estructura de los impuestos y de las finanzas. Los dos ingresos principales, el tabaco y las aduanas, se habían visto reducidos por la mala administración y la corrupción. Por otra parte, los millones eran una causa fundamental de empobrecimiento, despoblación y decadencia de las manufacturas, y la alcabala gravaba pesadamente a los contribuyentes, pero especialmente a los pobres. Esos impuestos debían ser abolidos y sustituidos por un impuesto único, el catastro, graduado según la capacidad económica y recaudado sin atender a gracias y favores.


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Entretanto había que reducir los costes de la defensa inmediatamente firmando la paz, y realizar ahorros importantes en la casa real y en los palacios, consejos y ministerios. El proyecto de única contribución y su catastro El proyecto de Ensenada se basaba en sustituir todos los impuestos existentes sobre bienes de consumo y servicios por un impuesto único sobre la renta. Su tenacidad e influencia se impusieron: el rey aprobó una real Célula decretando la abolición de las rentas provinciales: alcabalas, cientos y millones. Para ello era necesario la compilación de un censo de personas, propiedades e ingresos de toda Castilla para 1750: catastro de Ensenada de 1754. Pero grupos de intereses y sectores privilegiados no permanecieron ociosos durante ese tiempo: protestas y presión. El proyecto se pospuso y luego se abandonó. La novedad estaba en la aplicación sobre todos los ciudadanos con independencia de su clase o condición social: serían gravados por su capacidad económica. Otras medidas fueron: -

el decreto de desprivatización de la Recaudación: en manos del Estado la Administración de las rentas provinciales.

-

Quedaban eliminados los arrendadores de impuestos, fuente de desorden y corrupción, beneficioso para el Estado y el contribuyente.

Los Intendentes Para completar esta serie de reformas se publicó un tercer decreto, la Ordenanza de Intendentes que restablecía en su totalidad el sistema de intendentes. La nueva ordenanza se basaba en la de 1718 y contemplaba todavía a los intendentes como a los agentes regionales de un Estado centralizado. La primera tarea de los intendentes era dirigir las operaciones del catastro en cada provincia. Una vez completado el mismo volvieron a desempeñar sus funciones fiscales normales, representando al Estado como recaudadores de impuestos y a los intereses del pueblo en cuanto que contribuyentes. Ensenada se sirvió de los intendentes sobre todo como agentes de inteligencia económica; pero aparecieron fallos por la presión del trabajo y el conflicto de jurisdicción. La concentración de las cuatro áreas (Hacienda, Guerra, Justicia y Administración) en un solo cargo tendía a alargar sus recursos y a reducir su eficacia. La corona, convencida de la cada vez menor eficacia de los intendentes, restituyó las tareas de justicia y jurisdicción a los corregidores, que tradicionalmente habían ejercido esas funciones, y dejó en manos de los intendentes los asuntos relacionados con las finanzas y con la guerra. Creación del Giro Real para hacer frente a transferencias de fondos públicos y privados fuera de España. Consecuencia de todo el programa financiero fue el incremento de los ingresos reales. Caída del marqués de la Ensenada A la muerte de Carvajal en 1754 los miembros de su facción pasaron a la oposición de Ensenada temerosos del excesivo poder y la posibilidad de imponer su propia política, incluso la guerra contra Inglaterra. Esta oposición estaba dividida en dos grupos: * Los enemigos políticos, liderados por el duque de Huéscar, futuro duque de Alba. * Los ingleses, con el embajador Keene. Estos convencieron al rey del nombramiento de Ricardo Wall (de ascendencia inglesa, nacido en Francia) como Secretario de Estado sustituyendo a Carvajal. Acusaciones contra Ensenada Huéscar y Wall le acusaron ante el rey: -

Informar de las negociaciones secretas sobre el tratado de Madrid al monarca de Dos Sicilias, quien se oponía al tratado.

-

Dar instrucciones por propia iniciativa al gobernador de La Habana para acción militar para expulsar a los ingleses de la bahía de Honduras.

-

Identificarse con la posición de los jesuitas en Paraguay.

Para Lynch ninguna de esas acciones era deshonrosa. Ensenada fue víctima de una lucha por el poder, un auténtico golpe de Estado, cuyos autores eran: - El duque de Huéscar que odiaba a Ensenada y a los jesuitas. HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial

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-

El conde de Valparaíso, porque era una nulidad.

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El embajador inglés Keene, ya que el golpe es considerado como su triunfo personal, cuyas razones eran: o

contrarrestar la inclinación de Ensenada hacia Francia,

o

interrumpir el programa de construcción naval y

o

frustrar las medidas de defensa en América.

Las consecuencias en abril‐mayo de 1754 fueron que el rey ordenó el cese y la detención de Ensenada que fue confinado en Granada y no fue juzgado. El equipo de Ensenada fue desmantelado (Jorge Juan, Antonio de Ulloa y el padre Rávago).

Intendencia (5) División administrativa, de inspiración francesa, creada por los Borbones para el cuidado de los aspectos económicos del ejército. Fueron instauradas por Felipe V gracias a la labor de su ministro Bergeyck, que hizo los primeros nombramientos de intendentes en 1711, con intención de poner a disposición del rey un ejército fiel de funcionarios que operase en todas las provincias. Fue una institución burocráticamente ágil, que se encargaba, fundamentalmente, de lo que podríamos denominar «política de fomento» de la vida nacional. Los intendentes eran hombres de confianza de los gobernantes, reconocidos regalistas, y fueron el verdadero brazo ejecutor de la reforma ilustrada a lo largo del siglo XVIII. Sus atribuciones eran amplias y variadas: justicia, policía, hacienda y guerra. En el orden judicial, el intendente asumió el cargo de corregidor en la capital de la Intendencia, hasta 1766. En el ámbito administrativo cuidaba de la policía general y de los intereses económicos de la provincia En el ámbito financiero era el delegado del superintendente general y vigilaba la recaudación de la provincia. Finalmente, se ocupaba de la subsistencia de tropas, acuartelamiento, reclutamiento... En la práctica, se convirtieron en verdaderos delegados territoriales del gobierno real. En total se crearon veintiuna Intendencias, pero la pugna que en el gobierno cotidiano se entabló entre los intendentes, la antigua figura del corregidor, las Audiencias e incluso algunos capitanes generales, redujo en 1721 esta figura a su expresión puramente militar. El gobierno de Fernando VI devolvió a los intendentes sus primitivas atribuciones, debido posiblemente a las necesidades derivadas de las reformas tributarias ligadas a los intentos de Única Contribución en la Corona de Castilla, y también por las medidas generales de política de fomento, emprendidas bajo el reinado de este monarca. De acuerdo con la Ordenanza de Intendentes de 1749, se restablecía una Intendencia en cada provincia, asumiendo además el corregimiento de la capital de la misma y la supervisión y coordinación del resto de la provincia. Las protestas originadas por esta supeditación de los corregidores hicieron que el rey se reservase para cada caso la separación o fusión de ambas instituciones. Lo que sí quedaba mejor delimitado en las nuevas Ordenanzas era la política de fomento que el intendente debía emprender. A través de un ingeniero, cada intendente debía extender un mapa geográfico de la provincia y describir las riquezas de la misma: tierras cultivables, bosques, ríos navegables, fábricas, caminos, puertos, estado de las cosechas, comercio, etc., teniendo puntualmente informado al gobierno de la magnitud del esfuerzo fiscal posible en cada provincia. En 1766 se reglamentó la separación de los cargos de intendente y corregidor con la intención de que el primero tuviera solamente funciones administrativas y militares. Catastro de Ensenada (3) La reforma fiscal catalana llevada a cabo por Patiño se quiso aplicar también a todos los demás territorios de la monarquía. En 1749 Fernando VI asumió los planes reformistas del marqués de la Ensenada y ordenó la realización de un Catastro de la riqueza y población de las veintidós provincias de Castilla, con el propósito de establecer en ellas la Única Contribución, inspirada en el Catastro catalán. HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial

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En el Decreto de 10 de octubre de 1749 se manifestaba que la pretensión era reducir a una sola contribución las de millones, alcabalas, cientos, servicio ordinario y sus agregados, o lo que era igual, la variedad de las Rentas Provinciales. La gran innovación del Catastro de Ensenada era que por primera vez se iba a realizar un control de los súbditos, incluidos los estamentos privilegiados, con el consiguiente perjuicio para este sector de la sociedad. Al propietario de la tierra se le exigía la declaración de sus parcelas y su contenido. El impuesto recaería sobre el destinatario de la renta, tuviera ésta la forma que fuese: de la tierra como propietario, de alquileres de casas, de réditos de censos o de la percepción de impuestos enajenados. La oposición nobiliaria a esta iniciativa y la retirada del poder del marqués de la Ensenada provocaron el fracaso del proyecto, que en el reinado siguiente, con Carlos III, tampoco se hizo realidad. El Catastro del marqués de la Ensenada constituye en la actualidad una de las fuentes primordiales para el estudio del reparto de la propiedad castellana en el siglo XVIII.

El Proyecto de Única Contribución En 1713, Melchor de Macanaz puso en marcha una reforma fiscal destinada a la imposición de un tributo único, de carácter personal, que en teoría debía gravar equitativamente la riqueza de los contribuyentes; a este impuesto se llamó equivalente en Valencia (1715) y única contribución en Aragón (1714). Tanto nobles como pecheros estaban obligados al pago de este tributo del que sólo quedaban exentos los pobres de solemnidad. En Castilla, según un Decreto de 10 de Octubre de 1749 se estableció que los vasallos castellanos debían contribuir de forma justa y equitativa mediante una única contribución, que venía a sustituir las rentas provinciales –alcabalas, cientos y millones‐ por un impuesto único sobre la renta ya que se consideraban que las rentas provinciales impedían el normal desarrollo del comercio y de la industria, además de violar el principio de equidad fiscal. Con la única contribución en Castilla se intentaba redistribuir las cargas fiscales y se aspiraba a aumentar los ingresos de la hacienda. De esta manera salió adelante la primera fase del proyecto: a través del Catastro de Ensenada se procedería a realizar un control de todos los súbditos, incluidos los sectores privilegiados, mediante la compilación de un censo de personas, propiedades e ingresos de todos los hogares castellanos, una especie de estudio económico nacional. El impuesto único fue proyectado para ser aplicado sobre los ingresos clasificados según su fuente. Su modernidad residía no en el carácter de que fuera un impuesto único, sino en su aplicación a todos los ciudadanos con independencia de su clase o condición social, que serían gravados según su capacidad económica. Gravar los ingresos en lugar de los productos básicos de consumo y actuar contra los privilegios y las exenciones suponía desafiar algunos de los supuestos básicos de la sociedad española. La lucha interna entre las fuerzas reformistas y estamentales fue grande; aceptar o rechazar la única contribución se había convertido en una cuestión política. Este proyecto impositivo se pospuso primero y se abandonó definitivamente el 23 de junio de 1736.

Las relaciones Iglesia‐Estado en el siglo XVIII (4) El regalismo aparece vinculado en la historia de España a los monarcas de la dinastía Borbón del siglo XVIII y sus gobiernos, cuando se trata de explicar las políticas seguidas con el papa de Roma, en orden a consolidar la monarquía absoluta. El fin del regalismo era poner freno al tradicional intervencionismo de los papas en la política interna del Estado pero la cuestión no era nueva. A finales de la Edad Media esta postura comenzó ya a ser utilizada por los monarcas europeos para afianzar su poder político, aprovechando la pérdida de autoridad moral del pontificado y la aparición de las primeras tesis protestantes y en España, las prácticas regalistas comenzaron con los Reyes Católicos y prosiguieron en tiempos de los Austrias, pero se verían acentuadas con los Borbones. Los monarcas europeos del siglo XVIII pretendieron dirigir un catolicismo ilustrado en sus propios estados potenciando la jurisdicción de sus obispos frente al centralismo pontificio. No se trataba de un anticlericalismo, ya que sabían que no podían romper sus relaciones con el clero por el papel que desempeñaban las instituciones eclesiásticas en multitud de actividades de carácter social y, sobre todo, por seguir participando de sus economías. En España, las vinculaciones con la iglesia se daban tanto en las instancias superiores como en el ámbito de las parroquias porque una gran parte de los ingresos de la iglesia, la llamada segunda fiscalidad, acababa en manos HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial 43 seglares por diversos procedimientos, como sucedía con el excusado, el subsidio o las tercias reales.

A partir del Concordato de 1753 con Roma, la monarquía se sirvió de muchos beneficios eclesiásticos para promocionar a laicos o fueron concedidos a miembros de la nobleza e hidalgos. Y a la inversa, los gobiernos no dejaron de recurrir a la ayuda del clero a la hora de cubrir las vacantes de altos cargos. Así, por ejemplo, nueve de los doce gobernadores del Consejo de Castilla fueron eclesiásticos y a partir de 1710 también lo fueron algunos virreyes de Aragón y Cataluña. El nuevo Estado borbónico no se cuestionaba la autoridad de la Iglesia en cuestiones de fe y de moral, pero ésta tuvo que aportar mayor cantidad de recursos y tomar postura en el conflicto cada vez más intenso entre la corona y el papado sobre jurisdicción, rentas y nombramientos. La afirmación de los derechos de la corona sobre la Iglesia y la adopción de una clara posición regalista en España contra el papado se debieron a una serie de factores que se manifestaron de forma relevante en: - el conflicto surgido en la guerra de sucesión - los concordatos de 1737 y 1753 - la expulsión de los jesuitas en 1767. Durante el reinado de Felipe V no se puede separar la situación político‐militar de los Borbones españoles en Italia de las polémicas regalistas en torno a la economía usurpada por Roma a través de su burocracia o de la pugna jurídica creada alrededor del derecho de patronato, sobre si éste era derecho propio de los reyes o derecho concedido a éstos por el papa. De hecho, la corona española tenía determinadas prerrogativas sobre la Iglesia pero deseaba conseguir más. La regalía más importante era el patronato real, el derecho de presentación para los obispados y beneficios más importantes. El real patronato universal era la expresión más elevada del patronato que era el conjunto de derechos que la correspondiente dignidad eclesiástica otorgaba a un particular por el hecho de haber fundado, edificado o dotado con rentas a una iglesia. El principal de estos derechos era el de presentación o el de designar a dicha dignidad a un determinado clérigo para que rigiera aquella. En el campo internacional de la guerra de Sucesión, el fracaso de las tropas borbónicas en el norte de Italia permitió la invasión de los austriacos que, sin dificultades, asediaron en 1708 los Estados pontificios. Enseguida se observó las profundas implicaciones religiosas que podía entrañar el hecho de que el papa fuera, además de supremo pastor de la iglesia católica, jefe de un Estado temporal, porque Clemente XI, presionado por los austriacos, y nada favorable a los Borbones, sentó las bases para la posterior aceptación en 1709 del archiduque Carlos como rey católico de España. Felipe V reaccionó con dureza cortando toda comunicación con Roma y desterrando al nuncio papal lo que causó una gran inquietud en los prelados españoles e hizo que el gobierno tuviera que regular el modo de resolver los problemas religiosos espirituales que entrañaba la interrupción de las comunicaciones normales de los católicos españoles y sus obispos con el romano pontífice. El gobierno pretendía así molestar a Roma en cuanto potencia extranjera, privándola de las rentas económicas que le llegaban de España, porque en esa comunicación entre la curia y los católicos españoles circulaba mucho dinero: llegaban de Roma bulas y dispensas pontificias que España debía recompensar económicamente y hacia Roma iban las cantidades procedentes de las rentas de las sedes episcopales y de los beneficios eclesiásticos vacantes.


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Consciente el papado del error de cálculo político que había cometido, tras la victoria de Felipe en España, la reconciliación entre dicho papado y los Borbones se vio favorecida por la Paz de Utrecht. Sin embargo, siguió reinando un clima de aspereza entre las dos potestades, que se acrecentó de nuevo en el período de posguerra cuando la agresiva política italiana de Isabel Farnesio amenazó los intereses papales. Si destacado defensor de la autoridad del papado fue Luis Belluga, obispo de Cartagena, que en 1709 envió a Felipe V su famoso memorial antirregalista, el fiscal general de la monarquía, Melchor de Macanaz, en su escrito de 1713 supo sistematizar el material básico y el punto de partida regalista de la ilustración. El informe Macanaz insinuaba que la Iglesia española necesitaba ser reformada. Esta era también la opinión de Roma y en el decenio de 1720 habría sido posible que los papistas y regalistas colaboraran en la revisión de las instituciones clericales, en la investigación de las órdenes religiosas y en la mejora general de la disciplina eclesiástica. Pero la iniciativa fracasó, porque la corona no estaba realmente interesada en la reforma, sino tan sólo en su poder sobre la Iglesia. Ni la Iglesia ni el Estado cuestionaban la situación de la religión. Felipe V en sus años de reinado se propuso como meta dos objetivos: 1.

Reclamar en calidad de patrona universal la autoridad sobre todas las instituciones eclesiásticas de España, incluida la Inquisición, como venía haciendo la monarquía desde los Reyes Católicos en las posesiones de ultramar, y

2.

obtener del clero la máxima tributación, mediante las rentas de las sedes vacantes y las sumas que cobraban los tribunales eclesiásticos.

Con estas miras, Felipe V negoció un Concordato con Roma. Éste fue firmado el 26 de septiembre de 1737 y a él se llegó después de salvar múltiples dificultades diplomáticas. Al igual que en 1709 la raíz de las divergencias estuvo en Italia y, aunque en un primer momento las preocupaciones habían girado alrededor de la herencia Farnesio, en Parma y Plasencia, luego surgió otra que acaparó las atenciones españolas: conseguir de un papa, que se negaba a ello, la necesaria investidura para el futuro Carlos III de España como rey de Nápoles y Sicilia. De nuevo hubo una previa intervención militar. En este caso, Don Carlos quiso castigar la austrofilia del papa Clemente XI conquistando Velletri, al tiempo que Madrid cerraba la nunciatura. Intimidado, el papa acabó por ceder a las variadas exigencias de Felipe V: - nombró, a instancias de Isabel de Farnesio, al infante Don Luis Antonio que tenía entonces diez años de edad, cardenal de la iglesia de Roma y administrador de las dos archidiócesis más ricas de España, que eran Toledo y Sevilla, - invistió a Don Carlos como rey de Nápoles. - el monarca y el papa acordaron que el rey tenía derecho a proveer cargos y sedes vacantes y a hacerse con las rentas de las sedes vacantes que antes había recibido el papa, - que las propiedades de la Iglesia no estarían ya exentas de impuestos y - que había que tomar medidas para la reforma del clero y el control de su número. El concordato de 1737 ha llamado un poco la atención de los historiadores porque desde su firma, fue considerado por los regalistas radicales como un escrito nulo, vago, diminuto e ineficaz que había dejado en suspenso la cuestión principal y, ésta era el famoso derecho al patronato universal que reclamaba el rey de España. La diplomacia de Roma había sabido sortear los escollos haciendo solamente concesiones puntuales que en nada alteraban su postura fundamental. En los círculos gubernamentales regalistas de los años siguientes permaneció la idea de firmar con Roma un nuevo concordato que fuera más consecuente con los deseos que pretendía la monarquía borbónica. Fernando VI, que sucedió a Felipe V en 1746, heredó el problema del patronato y se propuso darle solución definitiva conforme a sus deseos, aprovechando las buenas disposiciones del pontífice Benedicto XIV, un papa muy valorado por los reformistas ilustrados pero a la vez muy criticado por otros sectores antirregalistas y defensores de la supremacía romana, que lo consideraban un papa débil. Los dos objetivos fundamentales del gobierno de Fernando VI eran: - impedir cualquier intervención de Roma en los dominios de la corona - situar a la jerarquía española bajo su control y completar, de esta forma, la concentración de poder en el Estado borbónico (atacar así la inmunidad clerical) Dos personas fueron claves para el logro del propósito: - el marqués de la Ensenada, ministro, secretario de hacienda y guerra, marina e indias y el confesor del rey, - el jesuita Padre Rávago.


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Considerando que el ministro Patiño hasta 1736, año en que falleció, había defendido frente a Roma un regalismo radical, según el modelo galicano de Luis XIV y que el resultado había sido un concordato que no había gustado a nadie, Ensenada y Rávago se propusieron actuar con otros modos. Ambos conocían bien a los curiales romanos y sabían que lo que en Roma se precisaba no eran posturas radicales sino moderadas, hábiles y que fueran acompañadas de dinero para repartir regalos. Esto último fue clave para alcanzar un consenso satisfactorio ya que ambas partes descartaron todo tipo de discusiones ideológicas para centrarse en las conveniencias prácticas de forma que el gobierno español negoció hábilmente en Roma, contando con la cooperación del papa, Benedicto XIV, que creía en la conciliación y en el realismo político. El concordato firmado en el Quirinal el 11 de enero de 1753 1.

concedía a la corona el derecho de patronato universal, que ampliaba el derecho de presentación del de los obispos y algunos otros cargos eclesiásticos importantes a todos los canónigos, prebendas y beneficios, excepto 52 que se reservaban al papa.

2.

Esto suponía un extraordinario incremento del poder de la corona y fue un paso decisivo en la subsiguiente burocratización de la iglesia española.

3.

El Estado no pagaba todavía los salarios del clero pero los nombraba e indirectamente controlaba sus ingresos y, además, obtenía nuevos ingresos de los beneficios vacantes. El concordato de 1753 otorgó a la corona española un estricto control sobre el episcopado y sobre la mayor parte del clero secular.

4.

Ensenada, Rávago y sus colegas lo consideraron como un triunfo, aunque en la práctica no varió sustancialmente el carácter de la iglesia española.

5.

España dependía todavía de Roma para las dispensas matrimoniales y otros servicios espirituales, y del papa para la designación definitiva de un obispo, lo que dejaba un cierto margen para el enfrentamiento.

La decisión de Carlos III de expulsar a los jesuitas de todos sus dominios fue la acción regalista por excelencia y el motivo próximo fue el motín contra Esquilache en Madrid y otras ciudades, en marzo y abril de 1766. La versión oficial acusó a los jesuitas de instigadores del mismo pero la hipótesis más plausible es que los ministros enemigos de la compañía, como Campomanes, Floridablanca o Roda aprovecharon las posibles imprudencias de algunos de sus miembros para persuadir al rey que aquel instituto era enemigo del monarca y que su continuidad constituía un peligro para la seguridad del Estado. Las causas de los rencores anti jesuitas eran muchas y venían de muy atrás. -

Eran políticas derivadas de su gran influencia en la corte de los Austrias y luego en la de los primeros Borbones

-

Eran económicas centradas en su lucha con los obispos y el clero secular para eludir el pago de diezmos apelando que la compañía dependía directamente del papa de Roma

-

rivalidades pedagógicas con otras órdenes religiosas que les acusaban de buscar el monopolio pedagógico de las clases medias y altas para así acrecentar su influjo social.

En definitiva, las tendencias regalistas y el absolutismo regio no toleraron aquel cuerpo poderoso que les parecía un Estado dentro de otro Estado y el 3 de abril de 1767 Carlos III decretó su expulsión y la confiscación de todos sus bienes.

El Concordato de 1753 La corona española disfrutaba de determinadas prerrogativas sobre la Iglesia y deseaba más. La regalía más importante era el Patronato Real (derecho de presentación para obispos y beneficios más significativos). -

El precedente está en la campaña que inicia Felipe V y concluyó con Fernando VI.

-

Los objetivos impedir la intervención de Roma en asuntos de la corona española y situar la jerarquía española bajo su control a expensas de la jurisdicción papal, completando la concentración del poder del Estado.

La política del marqués de la Ensenada era claramente regalista, con apoyo del confesor del rey, el jesuita Rávago, que hizo posible la preparación del Concordato, negociación hábil en Roma y el papa Benedicto XIV. El 11‐1‐1753 por el Concordato se condecía a la corona el derecho de patronato universal: el rey de España tenía el derecho de presentación de altos cargos eclesiásticos y también consiguieron prebendas y beneficios, excepto los que se reservaba alESPAÑA papa. –Las consecuencias: HISTORIA MODERNA DE Resúmenes preguntas 2º parcial 46

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Incremento del poder de la corona.

-

La corona tenía control sobre el episcopado y la mayoría del clero secular. El Estado no pagaba el salario pero los nombraba e indirectamente controlaba su salario, además obtenía numerosos ingresos de los beneficios vacantes.

El tratado de Madrid de 1750 con Portugal sobre las fronteras americanas o Tratado de límites (2) Precedentes: la nueva marina española debía defender las rutas marítimas y disuadir a los ingleses de incursiones. Un punto de penetración muy utilizado era Río de la Plata, el contrabando podía alcanzar el alto Perú. Los ingleses utilizaban salidas proporcionadas por su aliada Portugal, en especial Colonia do Sacramento (orilla oriental de Río de la Plata). Con el acceso al trono de Fernando VI y la influencia de su esposa portuguesa, Portugal intentó hacer progresar sus intereses en América: se iniciaron unas conversaciones secretas que por parte española fueron conducidas por Carvajal. El resultado fue un tratado de límites firmado en Madrid el 13 de enero de1750. 

Portugal renunciaba a Colonia do Sacramento y a su pretensión de libre navegación por el Río de la Plata.



A cambio, España cedía a Portugal dos zonas en la frontera brasileña, una en la Amazonia, en el norte, y la otra en el sur, comprendiendo la montaña de Castillo Grandes hasta el nacimiento del río Ibicuí y entre la orilla oriental del río Uruguay y la desembocadura del Ibicuí.



Esta era una zona controvertida porque en ella estaban situadas siete de las treinta misiones guaraníes de los jesuitas que albergaban unos 30.000 indios.

Los misioneros recibieron la orden de abandonarlas inmediatamente y de asentar a sus indios en territorio español. Los indios sólo podían sacar sus pertenencias personales, pues las aldeas, campos y edificios pasaron a propiedad portuguesa. En términos territoriales, fue mucho lo que España cedió en este tratado, y desde el punto de vista humano era un tratado indefendible, pues suponía perpetrar una grave injusticia contra el pueblo guaraní, que se vio arruinado y sin hogar. Además, otras cuatro misiones de la orilla occidental del río Uruguay perdieron sus estancias comunales, valoradas en un millón de pesos, porque estaban situadas en la orilla izquierda cedida a Portugal. Numerosas voces de protesta se dejaron oír en América, tanto de funcionarios como de eclesiásticos, que exponían el peligro que se cernía sobre la monarquía y sobre los indios. En la península el tratado fue duramente criticado: los españoles objetaban que habían perdido territorios y los portugueses que habían perdido el comercio de Colonia do Sacramento (el marqués de Pombal, en el poder desde agosto de 1750 hizo todo lo posible para que fracasara el acuerdo y en España, Carlos III, informado por Ensenada, se opuso al mismo20). El general de los jesuitas ordenó obediencia y lo acordado comenzó a cumplirse. Algunos misioneros escribieron a Rávago: la expulsión era contraria a la ley natural, los indios se resistieron, rechazaban a los portugueses que eran cazadores de esclavos en Brasil. La guerra guaraní dio la oportunidad a las autoridades españolas para distorsionar o inventar pruebas contra los misioneros, acusando a la orden de instigadora. 20

no porque fuera injusto para los indios y los jesuitas, sino porque otorgaba a Portugal zonas extensas de gran valor para el comercio español


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La controversia sobre las Reducciones de los jesuitas en Paraguay: Se llamaron misiones o reducciones jesuíticas a los pueblos fundados por la Compañía de Jesús, que tenían como fin evangelizar a los nativos de la actual provincia de Misiones, el norte de Corrientes, e importantes territorios actualmente en Paraguay y sur del Brasil. Hubo muchas respuestas por parte de las misiones, - algunas apasionadamente críticas del tratado, - otras abiertamente hostiles a las órdenes llegadas desde España y a las instrucciones del general de la orden. Una serie de jesuitas escribieron al padre Rávago, afirmando que creían que la expulsión y desposesión de los nativos eran contrarias a la ley natural. Dichas cartas fueron difundidas y utilizadas en la península por los sectores contrarios a la Compañía de Jesús, dando pie a una versión de los hechos en que la resistencia india fue llamada la guerra Jesuita. Los jesuitas del Paraguay, a pesar de sus profundo recelo, colaboraron con las autoridades en la aplicación del tratado, en parte para evitar el escándalo de la rebelión y también para impedir males mayores, pero no podían evitar la resistencia de los indios, que rechazaban a los portugueses como consecuencia de la dura experiencia de su actuación como cazadores de esclavos en Brasil. La Guerra Guaranítica fue el conflicto armado que enfrentó, entre 1754 y 1756, a los indígenas de las misiones jesuíticas y las fuerzas españolas y portuguesas, como consecuencia del tratado de Madrid o de Permuta, en 1750. En 1754 fueron rechazadas sangrientamente dos expediciones española y portuguesa, pero una nueva derrotó a los indios en 1756: 1.311 murieron, poniendo fin a toda resistencia seria. La guerra guaraní dio a las autoridades españolas la oportunidad de distorsionar o inventar pruebas contra los misioneros y, posteriormente, de incriminar a toda la orden jesuita. Tras once años de conflicto, los dos gobiernos firmaron el tratado de El Pardo (1761) que permitía a los jesuitas y a los indios regresar a sus asoladas misiones. La controversia para Paraguay se convirtió en una cuestión importante para la opinión política en Madrid, polarizando las opiniones entre partidarios y enemigos del tratado, entre amigos y enemigos de la Sociedad de Jesús, entre Ensenada y sus críticos.

TRATADO DE MADRID – 1750

El resultado fue la desestabilización del gobierno, el aislamiento aún más profundo de Carvajal y la asociación todavía más estrecha de Ensenada con Rávago y la causa jesuita.


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La crisis de 1766. El motín de Esquilache y la expulsión de los jesuitas de España y América. El motín de Esquilache. Causas, desarrollo y consecuencias Las reformas emprendidas por Carlos III, procedían de él mismo o de su ministro Esquilache y se emprendieron de una manera demasiado brusca para la sociedad española de mediados del siglo XVIII. Por otra parte, la presencia en el gobierno de ministros extranjeros, junto a la existencia de agravios legítimos, produjo protestas de tinte patriótico popular. Hubo un resentimiento que se apresuraron a explotar aquellos a quienes no gustaba el nuevo rumbo del gobierno, a causa de: - El fracaso de España en la guerra de los Siete Años - la elevación de los precios de los productos alimenticios, provocada por la inflación creada por los gastos de guerra, así como por las reformas urbanas, que en Madrid fueron extraordinariamente importantes, - unido todo ello a las malas cosechas, El decreto de Esquilache de 20 de Marzo de 1766, enmarcado en un programa de renovación urbana, y de imposición de la ley en Madrid, prohibiendo a los hombres portar sombreros redondos y capas largas, camuflaje de criminales, desencadenó una campaña de protesta contra Esquilache, al parecer, preparada por un grupo de activistas. El gobierno no prestó excesiva atención a ese hecho hasta el Domingo de Ramos (23 marzo) Ocho cuadrillas de agitadores recorrieron los barrios congregando a los vecinos y se formó un grupo de unas 6.000 personas que se reunieron en la Plaza Mayor y avanzaron hacia la casa de Esquilache. Por fortuna para él, estaba en viaje de regreso del campo y, mientras la multitud saqueaba su casa, se refugió en el Palacio Real. A las 8 de la noche había 15.000 personas en las calles en actitud cada vez más violenta. A la mañana siguiente, 24 de Marzo, una gran multitud de 20‐30.000 personas acudió a la Puerta del Sol, y tras un debate político, la multitud se dirigió al Palacio Real. La guardia valona (odiada por el pueblo), acuartelada en el cercano palacio de Consejos, cometió el error de hacer algunas descargas que causaron muchas víctimas en aquella masa compacta. Se trabó entonces una verdadera batalla junto a los muros de palacio. Ante la gravedad de la situación, el rey había ordenado la movilización de las tropas de los alrededores y su avance hacia la capital. Un capuchino, el padre Juan de Cuenca, se ofreció a llevar al rey las pretensiones de los amotinados, concretadas en lo siguiente: - Destierro de Esquilache y de su familia. - Cese de los ministros extranjeros, que habían de ser sustituidos por españoles. - Supresión de la guardia valona. - Supresión del bando sobre la vestimenta. - Retirada de la tropa a sus cuarteles. - la reducción del precio de los alimentos, sobre todo los de primera necesidad Al propio tiempo, se imponía al rey la humillación de firmar públicamente estas concesiones en la plaza Mayor de Madrid. Carlos, con sus consejeros divididos entre la represión y la conciliación, se alió por esta última, por lo que, desde un balcón de Palacio, aceptó las peticiones. Pero a medianoche, huyó en secreto a Aranjuez, junto con Esquilache y Grimaldi. Al día siguiente, 25 de marzo, las noticias de la huida del rey y de la movilización de las tropas enfurecieron a los rebeldes, que se movilizaron de nuevo, tomaron las armas y ocuparon las calles. Una representación de ellos llegó hasta Aranjuez, donde plantearon al rey dos exigencias adicionales: - Su inmediato regreso a Madrid - Perdón general sin represalias Prevaleció la bondad del rey, quien concedió personalmente y por escrito todas las peticiones. Se cumplieron parcialmente, puesto que en efecto, Carlos III prescindió de Esquilache, pero no de Grimaldi. Aquella noche todo estuvo tranquilo, los habitantes de Madrid devolvieron las armas, estrecharon las manos a los soldados y se fueron a casa como si nada hubiera ocurrido. Fue un acontecimiento para recordar. Durante 4 días, Madrid estuvo sin gobierno, desaparecieron la ley y el orden, gobernó el pueblo y, mientras tanto, los Borbones españoles, los últimos en conservar un poder absoluto, contemplaban asombrados lo que ocurría. En España había ocurrido lo impensable. Europa no podía dar crédito a sus oídos. Pero ¿cómo interpretar los sucesos de esos 4 días de ausencia de gobierno? ¿Se trataba de una simple revuelta popular? ¿Quién estaba detrás del motín? Diversas teorías no probadas se han barajado por la historiografía.


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Parece que la crisis fue un auténtico levantamiento popular, que surgió de las tabernas y estuvo dirigido por artesanos que se negaron a dejarse comprar. La protesta estaba relacionada con el precio del pan, consecuencia de las malas cosechas, y la liberalización del comercio de los cereales decretada por Campomanes. Pero fue manipulada por otros, convirtiéndose en un ataque directo contra la política de reformas del gobierno. Fue un motín premeditado, cuyo principal objetivo era la destitución de Esquilache. Los más beneficiados fueron los franceses, porque eliminaron a un ministro que mostraba una actitud de frialdad respecto al pacto de familia y que era reacio a gastar dinero en el rearme del país. Esta teoría es interesante pero no está demostrada. En cualquier caso, como observó Rochford, Francia no se habría arriesgado a provocar un motín sin contar con colaboradores en el interior. ¿Quién más cualificado para ello que Ensenada? Todavía conservaba ambiciones políticas, su nombre aún era conocido, estaba muy bien considerado por la masa de la población y, al parecer, durante todo el motín se mostró muy animado. Ensenada podía representar las esperanzas de otro sector hostil a Esquilache, la alta nobleza. La nobleza no había sido afectada directamente por la política reformista pero consideraba la anunciada recuperación de los señoríos por la Corona, anunciada por Campomanes en 1762, como una amenaza contra sus intereses, tierras, rentas y cargos, pudiendo también haber impulsado o fomentado el motín. El otro sector privilegiado, la Iglesia, se había sentido alertada como consecuencia de las pérdidas jurisdiccionales y económicas, sufridas como consecuencia del Concordato de 1753, y el proyecto de desamortización de Campomanes, suponía una nueva lesión, por lo que podía verse predispuesta a apoyar o secundar las revueltas, fomentando los levantamientos con objeto de impedir o retrasar la reforma. El gobierno, una vez recuperada la sangre fría, reaccionó con firmeza ante los acontecimientos. No se trató de un proceso revolucionario, pero la insurrección era un suceso tan extraordinario en la España del siglo XVIII, que el gobierno se sintió al borde del terror, y el propio rey, mostró desde ese momento un horror ante los disturbios populares. Los dos ministerios que ostentaba Esquilache fueron a parar a Juan de Muniaín (Guerra) y Miguel de Múzquiz (Hacienda) ambos administradores profesionales y, para disgusto de la alta nobleza, advenedizos como el resto del gobierno. La dirección de la política interior adquirió una importancia crucial. El 11 de Abril de 1766 el conde de Aranda fue nombrado presidente del Consejo de Castilla, con la prioritaria tarea de restaurar el orden, encontrar a los responsables de los desórdenes y asegurarse de que no se volvería a producir una situación similar. Aranda, en su condición de aristócrata, militar y pseudorreformista, se le consideraba capaz de enfrentarse a la mayor parte de los sectores de la sociedad y rápidamente asentó su autoridad. Ensenada y sus partidarios fueron exiliados de la corte. Se acantonó un ejército de 15‐20.000 hombres en Madrid y en torno a la capital, se dieron órdenes de: - detener a los vagos y conducirlos a un hospicio, - y de reprimir las manifestaciones licenciosas tanto de palabra como, por escrito. El programa de Aranda de disciplina para Madrid culminó en la reorganización de la ciudad en 8 barrios para un mejor gobierno y vigilancia y se instruyó a los alcaldes sobre sus obligaciones. Aranda no tardó en restablecer la seguridad interna y pese a su vinculación superficial con la Ilustración fue la mano de hierro de la autoridad más que los derechos de los ciudadanos lo que prevaleció. El gobierno estaba decidido a descubrir a los autores de las insurrecciones. Se formó una comisión especial bajo la presidencia de Aranda, que comenzó a trabajar para la obtención de resultados. No tardó en decidir que los culpables habían sido los jesuitas, y pasó los meses siguientes reuniendo pruebas. Sus conclusiones confirmaron los prejuicios del rey contra una orden a la que consideraba un peligro para él. Pero no quedaron ahí las conclusiones, sino que la nobleza, el clero, las autoridades municipales, y los Cinco Gremios Mayores, fueron obligados a solicitar al rey, que anulara las concesiones otorgadas, y que retornara a Madrid, para desautorizar a la oposición y reconocer al monarca como único poder soberano. El levantamiento, se declaró «nulo e ilícito», y se revocaron todas las concesiones excepto el perdón general, y la destitución de Esquilache. Sin embargo los disturbios se reprodujeron en las provincias, donde adoptaron forma de motines populares, como crisis de subsistencia, pero incluso cuando el precio de los alimentos no era excesivo, hubo levantamientos a imitación de Madrid, con la esperanza de obtener algunas concesiones. Pero la cosecha no era el único problema En el invierno de 1765‐1766, el gobierno importó grandes cantidades de cereales, que garantizaron el aprovi‐ sionamiento en casi todas partes. Pero los terratenientes utilizaron su poder en el gobierno y la economía local HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial

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para acumular trigo y forzar la elevación de los precios, provocando una crisis de subsistencia en las dos Castillas y en Andalucía y suscitando protestas contra la política gubernamental y contra los abusos de los magnates locales. En Zaragoza fueron las clases populares las que se levantaron, mientras los sectores acomodados apoyaron a las autoridades. En otras ciudades ocurrió lo mismo ‐OVD, LCG, SDR, BIO, BCN, Cartagena y Cádiz‐, pero en los demás sitios se trató de un movimiento predominantemente rural. El denominador común eran los precios de los alimentos. Las protestas fueron espontáneas y violentas. Pero los insurgentes no eran delincuentes ni tenían motivaciones políticas. Eran trabajadores, pequeños campesinos y artesanos, atrapados por la pobreza, el desempleo y los precios elevados de los alimentos. Muchas autoridades locales reconocían este hecho, y aceptaron reducir el precio de los productos alimentarios y a partir de ese momento decidieron estar alerta al primer síntoma de escasez. A finales de abril el orden había sido restablecido. El gobierno central, actuó con dureza. Los motines eran una afrenta a la soberanía real, una amenaza para el orden público y una sangría para las finanzas del Estado. En el auto de 5 de Mayo de 1766, quedó claro que los principios fundamentales del gobierno eran monarquía absoluta y obediencia total. Los ministros deseaban poner fin a la idea de que el motín era una forma legítima de protesta. En consecuencia se decretó que: 1. Los alcaldes iniciarían una investigación inmediata que esclareciese causas y autores de las revueltas 2. Se impondrían nuevas medidas policiales 3. Los vagos y mendigos serían detenidos. Los necesitados, serían enviados a hospicios, y los demás al ejército y la marina. Se crearon dos nuevos funcionarios para el control de los precios de los productos alimenticios pero disponían de tan escasa fuerza, que las reducciones de los precios quedaron anuladas. Las ideas reformistas de Campomanes y apoyadas por Esquilache, alertaron a la nobleza y al clero, y llamaron la atención sobre la naturaleza de los gobernantes: una coalición de políticos extranjeros y españoles, provistos de más talento que títulos. La política de cambio, dificultada por las malas cosechas, provocó también la reacción de las clases populares cuando se permitió un incremento extraordinario de los precios del pan y la precariedad de la subsistencia. Las tensiones sociales latentes emergieron a la superficie en forma de protestas contra las clases dirigentes locales en las ciudades y en el campo, pero en Madrid la insurrección adoptó un carácter nacional y político y se produjo con la aquiescencia de las clases superiores. El rey y los ministros tenían una dura lección que aprender: sería difícil imponer el cambio en España, a menos que la crisis hubiera sido una simple conspiración La expulsión de los jesuitas (2) Si durante el siglo XVII la Compañía de Jesús había ejercido gran influencia en la corte y, al tiempo que concitaba enemistades, se había visto muy favorecida por los reyes y la primera nobleza del reino, con la llegada de los Borbones su poder siguió aumentando en los ambientes palatinos. Durante gran parte del reinado de Felipe V prevalecieron los consejos de su confesor el Padre Daubenton, y otro jesuita en el Padre Rávago que confesó a Fernando VI. Por otra parte, en esto reinados, se fundaron el Real Seminario de Nobles de Madrid y en 1752 el Real Seminario de Calatayud, para educar a los hijos de la nobleza aragonesa. Esta prosperidad y su control sobre la corte y los estratos nobles despertaron el recelo de diversos grupos sociales, del clero secular y de las demás órdenes religiosas. Los mismos jesuitas, en algunos ocasiones, abusaron de esta influencia o intervinieron con falta de tacto en las polémicas ideológicas tan frecuentes siglo XVIII. Rousseau señalaba como uno de los motivos del rechazo de los frailes a la compañía, la publicación de Fray Gerundio de Campazas, cuyo autor fue el Padre Isla que era una dura crítica a la barroca oratoria tan habitual en los púlpitos de los conventos. Pero todo esto habría quedado en una crisis pasajera y no habría ido más allá de no haber existido toda una intención organizada y tenaz para suprimirlos. En realidad, detrás estaba en juego el absolutismo regio y la necesidad de hacer prevalecer la autoridad de la corona. Cuando Felipe V comenzó su reinado, dos tercios de los nombramientos de los cargos de la iglesia española se hacían en Roma y el papa percibía unas cantidades importantes de dinero provenientes de los beneficios vacantes y de los tribunales eclesiásticos. Luego se iniciaron una serie de complicadas negociaciones que se alargaron hasta 1753, año en que Fernando VI firmó un Concordato con el papa. Por este acuerdo cambiaban las posiciones de modo que: -

el rey lograba la plenitud del patronato regio, puesto que se reservaba el derecho a nombrar los cargos

HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes 2º parcial eclesiásticos y a percibir laspreguntas rentas que antes recibía el papa.

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-

Al mismo tiempo, en el seno de la Iglesia española se había ido formando un grupo dispuesto a sostener esta política regalista defendiendo que la autoridad suprema de la iglesia residía en sus obispos.

Todo un intento para librarse, en último término de las directrices de Roma, los llamados jansenistas por sus enemigos los jesuitas. Éstos cumpliendo su voto de fidelidad al papa habían luchado contra los defensores de limitar la autoridad papal por lo que los ilustrados los convirtieron en la imagen oficial de lo que era preciso rechazar para el progreso del Estado. Carlos III y sus ministros percibieron que si la victoria real sobre el poder papal quería ser definitiva, había que acabar con el poder de los jesuitas. Pereira de Figueiredo ideólogo del absolutismo de José I de Portugal influyó notablemente en los regalistas españoles. -

Consideraba que el poder real era supremo y autónomo y que no podía ser tutelado o inspeccionado por el poder espiritual.

-

La autoridad regía solamente estaba limitada por Dios, lo que quería decir que solamente por la propia conciencia del monarca.

Esto significaba también que, en la práctica la realeza tenía el control de las entidades y de las estructuras eclesiásticas y la subordinación de la iglesia y sus clérigos, en todo lo tocante a sus bienes. Precisamente de acuerdo con esta idea el fiscal Campomanes escribió su Tratado de la Regalía de Amortización. Es de notar que, contra lo que pudiera parecer, el inicio de la marcha hacia la supresión de la compañía de Jesús fue un asunto preferentemente económico. Según una edición francesa de 1750 se exponía en una tesis que la Compañía de Jesús, como un poder al margen de la monarquía, habría organizado secretamente una pujante república que comprendía a más de 100.000 indios tratados como esclavos. Los jesuitas eran los colonos que se aprovechaban de ellos y para no ser desalojados de sus tierras durante mucho tiempo no habían dejado entrar en sus reducciones a obispos, gobernadores o cualquiera que tuviera origen español o portugués. En ese territorio solamente se hablaba guaraní a fin de que toda comunicación fuera imposible entre los indios y los españoles o portugueses.


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En contra de los jesuitas se acumularon cuestiones políticas y económicas y solamente y muy en segundo término, religiosas y culturales. Se volvió a airear el memorial presentado a Felipe IV por Fray Juan de San Diego Villalón en 1662. En un extracto del mismo se venía a demostrar que los métodos de los misioneros no habían cambiado en cien años. Decía el manual: - que los jesuitas estaban tratando de organizar un estado propio y - habrían instituido una república comunitaria sin propiedad privada donde las tierras eran propiedad de la nación - Cada individuo entregaba a la totalidad del fruto de su trabajo al Estado y éste se encargaba de su subsistencia y educación. - De otra manera, habrían querido establecer su particular iglesia de las misiones según el modelo de la de Jerusalén, donde todo era común. Cuando se intentó hacer realidad el Tratado de Madrid en enero de 1750 entre Portugal y España, que fijaba los límites entre los dominios de una y otra, poniendo fin a las inexactitudes del Tratado de Tordesillas, y Portugal cedía a España la controvertida colonia de Sacramento, junto a Montevideo, a cambio de los siete pueblos de las misiones jesuíticas situadas al norte, estalló el conflicto armado entre los guaraníes y las tropas portuguesas. Fue entonces cuando se formó en la conciencia portuguesa, y muy poco después en la española, la idea de la existencia de un verdadero imperio de los jesuitas, propietario de inmensas tierras de gran productividad, con enormes plantaciones, aldeas trazadas geométricamente, con iglesias y milicias armadas, aguas con pepitas de oro y ricas minas. Más tarde se extendió por Europa la leyenda de un imperio jesuítico guaraní con su emperador Nicolás, que se enriquecía en detrimento de Portugal y España y enviaba sus tesoros a Roma. Una inesperada crisis puso fin a la pugna entre la corona y los jesuitas. Desde la llegada de Carlos III de Nápoles, muchos súbditos y gente noble de la corte estaban quejosos de su tendencia a dar los altos cargos a los italianos. Entre éstos, los más notables fueron: - el marqués de Esquilache, Secretario de Guerra y Hacienda, - el marqués de Grimaldi, el Primer Secretario de Estado y antiguo servidor de Felipe V. El invierno de 1765‐66 fue duro: -

las clases más débiles de las ciudades sufrieron privaciones que achacaron a las medidas sobre los precios de los cereales adoptadas por Esquilache, ya que los años anteriores había sido de malas cosechas.

-

Además, Esquilache ya tenía fama de malversar los caudales públicos y de estrujar a los contribuyentes para financiar carreteras y caminos.

-

A colmar el vaso de agua contribuyó su decisión de renovar el 10 de marzo de 1766 una antigua ley prohibiendo que los hombres de Madrid llevasen los populares sombreros chambergos y las capas largas.

El motín estalló el 23 de marzo, domingo de Ramos, y al día siguiente Carlos III hubo de aceptar una serie de condiciones - el exilio de Esquilache - Revocación de la citada ley y - rebaja del precio de los comestibles Volvió la calma, pero los disturbios se repitieron en abril, en ciudades y pueblos de España, pidiendo el abaratamiento del pan. La diplomacia del Conde de Aranda calmó al país, si bien se vio ayudada por una excelente cosecha que permitió rebajar los precios. Enseguida corrió la voz de que grupos de nobles favorables al Marqués de la Ensenada, apoyados por los jesuitas, habían organizado los motines y, aunque las investigaciones han demostrado la falsedad de la acusación, no cabe duda que fue el pretexto para una acción directa contra éstos. Fue decisiva la opinión de Tanucci, cuyo odio a la compañía era manifiesto, pero también lo fueron los ejemplos de Portugal y Francia y la actitud de buena parte del alto clero y de las órdenes religiosas. Con el conde de Aranda como nuevo Presidente del Consejo de Castilla, el fiscal Campomanes elaboró un dictamen que fue aceptado en junio de 1766 y se creó una Junta que incluía a cuatro obispos y un Arzobispo, la cual se encargó de condenar a los jesuitas por haber incitado a los motines. El 29 de enero de 1767 un Consejo extraordinario de Castilla propuso al rey la expulsión de los jesuitas con el acuerdo de la gran mayoría de los obispos y de las órdenes religiosas. Por fin, un Real Decreto de 27 de febrero la ordenó, encargando al conde de Aranda su ejecución, cosa que se realizó sin desórdenes públicos ni resistencia por parte de los expulsados. HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial

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Con el tiempo, los jesuitas españoles acabaron instalándose en los territorios del papa. Sin embargo, Carlos III y sus ministros no descansaron hasta lograr, en colaboración con las cortes portuguesa y francesa, que el papa Clemente XIV aboliese definitivamente la institución de la Compañía de Jesús. La expulsión de los jesuitas acarreo notables cambios en la enseñanza. -

Los prelados y las órdenes monásticas se abalanzaron sobre los bienes de sus residencias y colegios y el rey y su gobierno emprendieron la reorganización de estas instituciones.

-

Sus edificios siguieron dedicados a la enseñanza y sus librerías pasaron a engrosar los fondos de las bibliotecas de las futuras universidades públicas.

Sus bienes inmuebles, las casas y tierras, o se los quedó la corona o fueron donados por ésta a nobles y órdenes regulares adictas y, solamente en tiempos de Godoy, treinta años después fueron sacados a subasta pública los llamados bienes procedentes de temporalidades de jesuitas que todavía no habían sido repartidos. Causas y consecuencias de la expulsión de los jesuitas La causa principal de la antipatía que despertaban los jesuitas puede situarse en su engrandecimiento en España a finales del siglo XVI y, sobre todo, en el XVII, en que gozaron de la protección de los Austrias. Pero, además, Carlos III tenía prejuicios contra ellos. Desde su punto de vista: -

formaban una organización insidiosa y rica que en había defendido el regicidio21 mantenían un voto especial de obediencia al Papa, albergaba ciertas sospechas respecto a su lealtad a la Corona española con las colonias americanas. La expulsión contaba con el apoyo de los ministros Campomanes y Moñino: rechazo de la influencia de los jesuitas con la educación universitaria.

Los jesuitas tenían adversarios e incluso enemigos entre un amplio sector del clero secular, más aún en el regular, y dentro de la sociedad laica. Aún estaban frescos los recuerdos de la época en que prácticamente monopolizaban el confesionario real, y controlaban los nombramientos, y la política eclesiástica. Se enfrentaron con los jansenistas y otras órdenes: Ser jesuita significaba desaprobar las reformas de los ministros manteístas. Ser jansenista significaba apoyar la regalía, oponerse a Roma, y ver con buenos ojos la heterodoxia. Por ello, el gobierno prefirió ver en los jesuitas el motor de los motines de 1766, en especial el promovido en Madrid. Se formó una Comisión de Investigación presidida por Aranda y organizada por Campomanes. La Comisión concluyó que los jesuitas, su doctrina, su organización y sus actividades eran incompatibles con la seguridad de la monarquía: -

sus grandes riquezas su lealtad para con Roma, fundando un estado dentro de otro estado sus actividades en América sus teorías sobre el regicidio el antecedente de su expulsión de Francia 1759 y de Portugal 1762 y finalmente su participación en los acontecimientos de Marzo de 1766.

El informe fue aceptado por el rey y por el Consejo. Los jesuitas eran el culpable conveniente, y su culpa liberaba al gobierno de cualquier responsabilidad y de la necesidad de enfrentarse al pueblo y la nobleza, que presumiblemente eran los otros instigadores de la conspiración. Se consideró culpable del motín a la Compañía de Jesús, y un decreto real de 27 de Febrero de 1767, determinó su expulsión de España y de sus dominios. El decreto se mantuvo en secreto durante un mes, mientras se preparaba el terreno para llevarlo a la práctica. A media noche del 21 de Marzo, un destacamento militar fue enviado a cada una de las seis casas jesuitas. Se ordenó a los ocupantes que se levantaran y reunieran, y haciendo uso de cuantos vehículos de transporte pudieron encontrarse, en la mañana del 22 de Marzo, los jesuitas se hallaron camino de Cartagena donde fueron embarcados expulsados de España, estableciéndose en los estados pontificios y en otras partes de Europa. El gobierno español deseaba también la supresión total de la orden. Presionó al papa y logró el nombramiento de un nuevo papa, Clemente XIV. El papa firmó un Breve papal que suprimía la Sociedad de Jesús (21/7/1773). El principal agente que trabajó en Roma para causa española triunfante, fue José Moñino, que incluso influyó en la redacción del breve, y fue recompensado por Carlos III con el título de conde de Floridablanca. Las doctrinas de los jesuitas fueron prohibidas, y sus propiedades confiscadas, para crear nuevos centros de enseñanza, mientras que las rentas se asignaron a hospitales y empleadas en medidas sociales. HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial 54

Consecuencias: Fue el Estado más que la sociedad quien se benefició de la disolución de la orden jesuita. Tiene lugar la reforma universitaria, iniciada en 1769. El gobierno solicita a las universidades la presentación de sus nuevos planes académicos con el objetivo de desarrollar las ciencias, especialmente, las aplicadas. Los reformadores Campomanes, Roda y Floridablanca eran manteístas. En 1771 el Decreto real establecía que en los colegios mayores sólo se admitiría a aquellos nobles que demostraran primero su imposibilidad de acceder de otra forma a la educación universitaria. Todo aquel que la hubiera recibido en cualquier lugar de España podía ser 21

Se refiere a la justificación del tiranicidio, si el rey incumple sus deberes de gobernar en beneficio del pueblo y no del suyo propio, expuesta por el jesuita Juan de Mariana (1536 – 1624) en su obra. Según su discurso, si un rey gobierna en su propio beneficio y no en el de su pueblo, se convierte en tirano, y en tal caso está justificada su muerte.

elegido para desempeñar un cargo civil o eclesiástico. En 1777 se publican nuevos decretos: sería el Consejo de Castilla quien seleccionase a los candidatos. La subordinación de la Iglesia al Estado, se completó con las restricciones impuestas a la Inquisición. En principio era un instrumento real pero para el gobierno estaba comprometida por su antigua asociación con los jesuitas. Aunque el tribunal no estuvo ocioso durante el siglo XVIII, su actividad declinó, pasando la sede de Toledo a entender de tres a cuatro casos al año, frente a los doscientos habituales en el siglo XVI. Se recortaron sus facultades frente a la censura de libros y se dieron instrucciones a los inquisidores para que se limitaren a cuestiones de fe y de moral. Pero este declinar del tribunal de la Inquisición, no debe tomarse como cese de sus actividades, como lo demuestra el caso de Pablo de Olavide, que pasó de funcionario real, a verse condenado a ocho años de confinamiento, y confiscadas sus propiedades, aunque pudo escapar trasladándose a Francia. Campomanes La satisfactoria labor de Campomanes tras su acceso a la administración del Estado, en 1755, hace que Carlos III le nombre, en 1760, ministro del Consejo de Hacienda y que en 1762, asuma la fiscalía de la Cámara de Castilla, donde podrá poner en marcha sus planteamientos reformistas, convirtiéndose en uno de los pilares de la política ilustrada, tanto en cuestiones educativas como financieras. En 1783 es nombrado consejero de Castilla y Carlos IV le mantiene en su puesto, siendo nombrado gobernador en propiedad. En 1791, aduciendo motivos de salud, fue cesado de ese cargo para recibir un año más tarde el de consejero de Estado, cargo en el que se mantuvo hasta su muerte en 1802. Con José Moñino (Floridablanca), fue indiscutible conductor de los asuntos del consejo de Castilla, lo que equivale a decir de los asuntos de la monarquía y, desde ese privilegiado puesto, comenzó a poner en práctica sus ideas ilustradas reformistas, colaborando en medidas como – la liberación de la economía – la reforma de la educación o – la expulsión de los jesuitas. Campomanes, un regalista convencido, pretendía alejar a la iglesia española del control de Roma y subordinarla a la jurisdicción regia. En 1765 publicó su Tratado de la regalía de amortización cuyo objeto era impedir o contener las ilimitadas enajenaciones de bienes raíces en iglesias, comunidades y otras manos muertas y donde afirmaba que la prosperidad del Estado y de sus súbditos sólo mejoraría atrayendo al campesino a la tierra que trabajaba. También defendía la intervención del Estado para modificar las condiciones de la distribución de la tierra en interés de la sociedad. Su esfuerzo reformador se centró, en primer lugar, en controlar al clero regular. Junto al citado tratado dictó cédulas y pragmáticas muy variadas: – prohibió que adquiriera bienes por compras o legados, – fundar conventos sin rentas para sostenerlos o – pedir limosnas durante las cosechas para redimir cautivos, antes de que los campesinos pagasen los diezmos, medidas que, sin embargo, no tendrían mucho éxito. La expulsión deDEEspaña la compañía Jesús en 1767 fue la más transcendental medida de Carlos55III a HISTORIA MODERNA ESPAÑA –de Resúmenes preguntasde 2º parcial

instancias de los aún fiscales de Castilla, Campomanes y Moñino. A la expulsión siguió el asalto al control de la universidad y la sustitución de la influencia jesuítica de los colegiales mayores o de la aristocracia y el clero, por la de los golillas o cuerpo de abogados del que, tanto Campomanes como Moñino formaban parte y, que dominaba el Consejo de Castilla con su Cámara, institución fundamental por ser la que nombraba todos los cargos y oficios de la administración. La sociedad agraria de la Corona de Castilla, a mediados del siglo XVIII tenía problemas económicos, pero también sociales y políticos y Campomanes puso un especial empeño en la búsqueda de soluciones. El aumento del precio de la tierra y los desahucios trajeron como enfrentamientos entre propietarios y grandes arrendatarios y, entre estos últimos y labriegos a los que les subarrendaban pequeños lotes. Sus quejas fueron llegando al Consejo de Castilla, de modo que Campomanes optó por formar el llamado Expediente General de Ley Agraria con los datos aportados por los intendentes de varias provincias, que respondieron con sus pareceres, sugiriendo las medidas que podían ser aplicadas y en un memorial reunió todos los expedientes. En éstos se recalcaba – la despoblación de los campos y – la miseria de los jornaleros y pegujaleros (propietarios de tierras de muy pequeña extensión). – El número de los habitantes continuaba decreciendo y de ello resultaba la decadencia de la labor y la ruina próxima de la agricultura. Para frenar aquella, Campomanes y Floridablanca llevaron una política de fomento sustentada en la repoblación y en la atención a la industria popular. Así en 1767 Campomanes redactó el Estatuto Legal de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena de las que Olavide fue su superintendente y en 1774 se publicó el Discurso sobre la Educación Popular de los Artesanos que fomentaba la industria popular y creaba las condiciones que hicieran posible que los labradores tuvieran unos ingresos seguros. Pero los discursos necesitaban promotores de sus propuestas y este fue el papel que Campomanes asignó a las Sociedades Económicas de Amigos del País que serían verdaderas escuelas públicas de la teoría y práctica de la economía política.

La situación del campo: 1. Más del 85% de la población vive del campo y en el campo. 2.

La propiedad: La tierra está vinculada (mayorazgos, comunes, propios y baldíos) o en manos muertas eclesiales. Más del 75%, si bien con diferencias según región. El arrendamiento es la solución a la supervivencia para muchísima gente: - del foro gallego (y asturiano) - a la enfiteusis catalana (arrendamientos a muy larga duración o casi perpetuidad), - al arrendamiento a corto plazo castellano y valenciano. El jornalero: muy abundante cuanto más al sur, como bracero en los grandes latifundios.

3.

Las técnicas, muy tradicionales: el barbecho es predominante. La agricultura de mercado muy limitada a las zonas urbanas y de crecimiento demográfico. Andando el siglo algunos cultivos para la comercialización como la vid (Cataluña). Los nuevos cultivos de maíz y patata sólo se extienden por el norte peninsular.

Las reformas económicas en el campo: la teoría fisiocrática (la riqueza está en el trabajo de la tierra) guía las reformas: 1.

Estimular la productividad (semillas, métodos de trabajo…) fomentando la innovación y la divulgación científica…

2.

Favorecer la pequeña propiedad trabajada intensivamente Con programas de “colonización” en regiones abandonadas (Sierra Morena, Extremadura…), e Intentos de “reforma agraria” que permita acceder a la propiedad.


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Atención a los arrendatarios para que no sean expulsados si el arrendador no vive en la propiedad… 3.

Fomentando la comercialización de productos, libertad de precios y algunos cultivos con fines industriales: uva, algodón…

4. Fomentando la “industria popular” como complemento a los ingresos de la tierra. Pero: Fracaso pues los poderosos reniegan de la innovación. Los programas de “colonización” apenas lograron éxitos.

La reforma agraria. Política agraria de Carlos III. P.A. Campomanes y Jovellanos. Una vez superada la crisis del siglo XVII, desde los años 1670‐1680 la economía española entró de lleno en la etapa reformista. Aunque la reforma se inició ya en el reinado de Carlos II, la dinastía borbónica fue la encargada de profundizar en ella. Las diferencias en la estructura de la propiedad se mantuvieron a lo largo de la centuria Tanto en España como en otras zonas de Europa se produjo la desaparición del pequeño campesino que, agobiado por problemas económicos, debía vender sus tierras. Este fenómeno condujo a una concentración de la propiedad en menos manos que antes. Además, durante la centuria, tendió aumentar la extensión de tierra vinculada por el afán de fundar mayorazgos. También aumentó la extensión de tierra de manos muertas porque la iglesia continuó sus adquisiciones, bien por compra o por donaciones. La extensión total de tierra formada por la propiedad comunal tendió a disminuir por apropiaciones que pasaron con el tiempo de ser transitorias a convertirse en definitivas. En general, la producción agraria aumentó durante el siglo XVIII por varias razones: 1. Un aumento de la población, debido en gran parte, a la desaparición de las altas mortalidades catastróficas 2. Un aumento de la renta de la tierra, lo que demuestra una mayor demanda de la misma 3. Un aumento de las actividades industriales y comerciales Esto quiere decir que había que alimentar a más población, no directamente productora de alimentos, lo cual exigía un incremento relativo de la producción agrícola. La península ofrecía una imagen de la agricultura del siglo XVIII excesivamente estática y rutinaria, recogida en gran parte de la visión ofrecida por los tratadistas de la época sobre el conservadurismo campesino y su falta de iniciativa. Sin embargo, hay también una agricultura distinta, dinámica e innovadora, que está entre los fundamentos de la revolución económica y social de la época. Todos los gobernantes cercanos a Carlos III tuvieron un programa agrario como fundamen‐to de su política general en los que resaltaban especialmente tres preocupaciones: - Aumentar la producción - Extender la superficie de cultivo - Facilitar el acceso a la propiedad a los campesinos sin tierra La política propiamente agrarista tuvo sus inicios al comienzo del reinado de Carlos III y en 1760 se creó la Contaduría General de Propios y Arbitrios para evitar los abusos de los grupos dominantes de la tierra. El impulso hacia la reforma se aprecia en la obra de las Sociedades Económicas22, organismos semioficiales que se difundieron en 1765 desde el País Vasco hacia las principales ciudades del resto de España y cuyo objetivo era impulsar la agricultura, el comercio y la industria mediante el estudio y la experimentación. Dos reformistas en particular centraron su atención en las condiciones de la agricultura: Pedro Rodríguez de Campomanes y Gaspar Melchor de Jovellanos. Campomanes denunció:

* las manos muertas * los arrendamientos a corto plazo e inseguros * el precio tope del trigo y * los privilegios de la Mesta23.

En 1762 fue nombrado fiscal del Consejo de Castilla con amplias atribuciones. En 1765, con los datos aportados por los funcionarios locales y la fuerza que le daba su propia convicción, publicó su Tratado de la regalía de amortización24, en el que afirmaba que la prosperidad del Estado y de sus súbditos sólo mejoraría atrayendo al campesino a la tierra que trabajaba. También defendía la intervención del Estado para modificar las condiciones de la distribución de la tierra en interés de la sociedad. HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial

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22

Entre 1765 y 1786 ‐ esplendor de estas Sociedades Económicas. Sus informes y proyectos fueron aplicados muy parcialmente y, de hecho sólo contribuyeron a crear un estado de opinión favorable a los principios de la burguesía, aunque en la práctica pudieron ser utilizados por los privilegiados del Antiguo Régimen en defensa de sus propios intereses materiales 23

Precisamente, el Consejo de Castilla, en la época de Campomanes, encauzó las medidas legislativas que fueron recortando estos privilegios, permitiéndose los cerramientos de tierras y evitando algunos abusos. 24

El Tratado se publicó a expensas de la Corona y despertó la oposición del papado, del clero y de los elementos conservadores del Consejo de Castilla. Campomanes triunfó en la batalla de las ideas pero fue derrotado por los intereses creados y los privilegios sobrevivieron en las filas de la Iglesia y de la Mesta.


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Campomanes defendía la promulgación de una ley agraria que diera a las aldeas derecho de cultivo y derechos exclusivos para cercar la tierra, sin la intervención de la Mesta. Pero dirigió sus más duros ataques contra la Iglesia, insistiendo en que era necesaria una ley que impidiera la enajenación de la tierra en manos muertas sin consentimiento real. Factores que impulsaron el crecimiento de la agricultura española fueron: - La influencia de las ideas - la política de los reformistas - la presión de la población sobre los recursos, - la elevación de los precios de los cereales en el mercado internacional para impulsar el crecimiento de la agricultura española. Era el momento de incrementar la producción, de dar empleo a la población rural y distribuir tierras entre quienes las trabajaban. La ordenanza del 11 de Julio de 1765 abolió la tasa o precio máximo y estableció el libre comercio de los cereales, concediendo a los comerciantes la libertad de mercado e incluso permitiendo las exportaciones cuando los precios en España eran excesivamente bajos. La reacción fue desigual. Los consumidores, apoyados por los regidores y los intendentes, se quejaron de que la abolición de la tasa provocaba la elevación de los precios, y los únicos beneficiarios de la ley de 1765 eran los eclesiásticos, la nobleza y otros propietarios que, en tanto que productores, se veían favorecidos por los precios elevados del trigo, mientras que como consumidores podían pagar un precio alto por el pan. La burocracia regional concluyó que el libre comercio provocaba la elevación de los precios, que esto impulsaba a los terratenientes a elevar las rentas y que los campesinos no ganaban nada de todo ello. Pero muchos señores adquirieron conciencia de los beneficios que reportaba dedicarse a las tareas agrícolas. Atraídos por los beneficios de la producción de cereales, comenzaron a expulsar a los arrendatarios de las tierras mejores y a cultivarlas directamente por medio de jornaleros. Fueron los funcionarios locales quienes tuvieron que afrontar la situación. Sufrían una presión considerable por parte de sus comunidades para mantener bajos los precios y los costes del transporte. Los intendentes se veían atrapados entre las exigencias de su provincia para mantener lo que tenían y la presión del gobierno central para que se respetara la libertad de comercio de los cereales. Ésta sobrevivió a las calamidades y a la oposición, gracias al apoyo de Campomanes y, al parecer, del monarca. Los precios, los beneficios y las rentas continuaron elevándose y las crisis de subsistencia se presentaron con terrible regularidad, pero el gobierno seguía convencido de que sólo las fuerzas del mercado podían inducir a los campesinos a aumentar la producción. Incluso Campomanes llegó a tener dudas y aconsejó una cierta regulación de precios frente a los comerciantes que acumulaban provisiones y especulaban con los cereales, pero la libertad de precio se mantuvo. Los legisladores eran conscientes de que el acceso a la tierra era la clave de la reforma agraria. En 1763, el gobierno ordenó que se suspendieran los desahucios en el caso de los contratos a corto plazo. En 1770 todas las localidades españolas recibieron la orden de cercar y distribuir sus tierras concejiles que no estaban cultivadas. El objetivo era el común beneficio, el fomento de la agricultura. El fracaso de la reforma de la tierra dejaba todavía sin resolver el problema de alimentar a una población cada vez más numerosa. Dado que no se había realizado una revolución agrícola, la producción sólo se podía aumentar ampliándose la extensión de tierra cultivada. El Estado tenía una serie de opciones: - una de ellas era estimular el cultivo de la tierra de pasto; - otra, apoyar los proyectos de repoblación y recolección interna. Existía una confrontación Mesta – Agricultura. - La Mesta tenía un derecho de posesión, que le permitía utilizar a perpetuidad, mediante una renta fija, cualquier tierra que hubiera utilizado como pasto alguna vez. - La Agricultura exigía ampliar las tierras cultivadas, para producir lo necesario para una población creciente. Pero el auténtico enemigo de la Mesta no era la Agricultura, sino: - los precios de la lana por debajo de los de los cereales en el mercado internacional - la ansiedad de los grandes terratenientes por poner el suelo a producir, y - los costes de explotación de la ganadería trashumante, superiores a los de la lana. HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial

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Estos factores, inclinaron la balanza a favor de los intereses agrícolas. La colonización de tierras desérticas de Sierra Morena pareció ofrecer mayores perspectivas de utilización eficaz de la tierra. En 1767, Campomanes elaboró un proyecto para la creación de colonias en las regiones deshabitadas de tierras de realengo en Sierra Morena y Andalucía. La supervisión del proyecto quedó a cargo de Pablo de Olavide y, tras un mal comienzo, una serie de comunidades formadas por inmigrantes católicos alemanes y flamencos, a los que luego se unieron españoles, promovieron la agricultura y la industria en una región hasta entonces estéril e infestada por el bandolerismo. El proyecto fue financiado por el Estado y se estableció la necesaria infraestructura de reforma agraria, desde las casas hasta el mobiliario, pasando por herramientas, ganado y semillas. A cada colono se le entregaron 50 fanegas de tierra en arriendo, por las que a partir del décimo año tendría que pagar una renta al Estado. La creación de este nuevo modelo de fincas, aptas para el cultivo familiar, era el ideal de la sociedad campesina para los gobernantes ilustrados. En su mente estaba el ataque a los grandes latifundios con la instalación en ellos de campesinos, hambrientos de tierra, quienes al sentirse dueños del suelo aumentarían el rendimiento. En 1775, el experimento era un éxito: de la nada había surgido una población con buenas carreteras, casas de piedra y una nueva comunidad de campesinos y artesanos cuyo número se situaba por encima de los 13.000. La tierra era productiva y reportaba abundantes cosechas de cereales. El único problema era que se trataba de una zona remota y, asimismo, la falta de integración en la economía española. Sierra Morena25 era algo más que una colonia. Estaba destinada a ser un modelo, un experimento social, para demostrar que los problemas agrarios tenían solución si se aplicaba un programa ilustrado que no se viera obstaculizado y libre de latifundios, mayorazgos y manos muertas. Las nuevas poblaciones venían a ser, pues, una lección práctica de la mejor forma de poblar y cultivar la tierra. El ensayo no tuvo los éxitos deseados, pero logró ponerse en marcha el objetivo repoblador en una zona semidesierta de la geografía peninsular. Una gran preocupación fue el almacenamiento de los cereales para regularizar su consumo, lo que propició el aumento de los pósitos creados ya por Felipe II. En 1773 se contaba ya con 5.225 pósitos públicos más unos 3.000 particulares. Actuaron como instituciones de crédito rural, prestando semillas a los agricultores para la siembra a un bajo interés y también en épocas de escasez como instituciones benéficas . También puso en evidencia que los reformistas españoles sabían qué era lo que estaba mal y qué se necesitaba. Pero se trataba tan sólo de una pequeña parte de España. En el resto de España las perspectivas de reforma eran escasas. La productividad estaba bloqueada no sólo por las prácticas agrícolas tradicionales sino, sobre todo, por la estructura agraria existente que concentraba la propiedad y el poder en manos de los señores preocupados por los beneficios y no por introducir mejoras, mientras que el campesino carecía de tierra, de seguridad y de incentivos. La reforma agraria significaba la redistribución de la propiedad rural y eso implicaría un enfrentamiento con las clases privilegiadas. En ese punto los reformadores dieron marcha atrás. Asustados ante la enormidad de la tarea, llegaron a un compromiso consciente. Campomanes intentó únicamente poner un límite a la amortización eclesiástica e impedir en el futuro la acumulación de tierra por parte de la Iglesia. Jovellanos, consciente de que incluso eso había fracasado, se propuso simplemente que la reforma de las manos muertas fuera emprendida por el propio clero, mientras que los mayorazgos nobiliarios quedarían prohibidos en el futuro pero no con carácter retroactivo. Además, se trataba de simples proyectos, y no de una política definida. La acción del Estado se limitó a liberalizar el comercio cerealístico y a promover una cierta distribución de tierra municipal, con resultados ambiguos en ambos casos. Inevitablemente, las crisis agrarias se sucedieron en 1789, 1794, 1798 y 1804. Los intereses creados, la tradición, la oposición y la complacencia real indujeron al gobierno a adoptar una posición de conformismo consciente.

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trece pueblos y 26 aldeas que se edificaron a lo largo de la carretera Madrid‐Sevilla. Poblados de no más de 30 casas, contiguas o en haciendas cerradas y cultivadas. Suertes de 50 fanegas para cada vecino y algún terreno más en collados y laderas. No habría censos, ni vínculos, ni fianzas, ni gravámenes. No se podría enajenar a favor de manos muertas ni fundar capellanías. HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial

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El fracaso de la reforma agraria significó que no fuera posible elevar el nivel de vida de los campesinos. Esto tuvo consecuencias no sólo para la agricultura sino también para la industria. En los primeros años de la segunda mitad del siglo XVIII en varios puntos de España, aumentaron las protestas por el incremento de la renta de la tierra que llegaron al Consejo de Castilla pidiendo una tasa, y que se prohibieran los desahucios y el subarriendo de tierras. Hubo desacuerdos generales entre propietarios y pequeños y grandes arrendatarios. Los expedientes se fueron acumulando en el consejo de Castilla. Siendo fiscal Don Pedro Rodríguez de Campomanes, se formó el llamado expediente General de Ley Agraria. El 7 de abril de 1766 la Secretaria de Estado envió a los intendentes una circular en la que se les ordenaba que expusiesen los medios que consideraran más convenientes para el fomento de la labranza y cría de ganados, el plantío de árboles y otras cuestiones relacionadas con todo ello. Con todas las representaciones e informes se constituyó un expediente General tan abultado que Campomanes propuso la redacción e impresión de un resumen o memorial ajustado. En 1788, Jovellanos recibió el encargo de la Sociedad de redactar el Informe de la Ley Agraria pero no fue totalmente fiel a su pensamiento ya que propuso soluciones que se quedaban lejos de las que deberían adoptarse para plantear correctamente los problemas agrarios del país. Pero dado que escribía en nombre de la Sociedad de Amigos del País, ésta no hubiera aprobado sus ideas ni las hubiera publicado. Finalmente la Sociedad Económica aprobó el informe y lo remitió al Consejo de Castilla, cumpliendo así, después de casi veinte años, el encargo que éste le había hecho. El Consejo se mostró indiferente ante el informe. Su publicación en 1795 no consiguió otra cosa que crear un estado de opinión. En general, ni los planes y la legislación de los entusiastas consejeros de Carlos III consiguieron cambiar el curso de la agricultura española.

Los intentos renovadores de Olavide: Las “Nuevas Poblaciones” (3) La colonización de tierras desérticas de Sierra Morena pareció ofrecer mejores perspectivas de utilización eficaz de la tierra. En 1767 Campomanes elaboró un proyecto para la creación de colonias en las regiones deshabitadas de tierras de realengo en Sierra Morena y Andalucía: la supervisión del proyecto quedó a cargo de Pablo Olavide. Una serie de comunidades formadas por inmigrantes católicos alemanes y flamencos promovieron la agricultura y la industria en una región hasta entonces estéril y plagada de bandoleros. A cada colono se le dio 50 fanegas de tierra en arriendo y a partir del décimo año tendría que pagar renta al Estado. Los objetivos fueron: -

Abrir un paso seguro entre Sevilla y Madrid. La zona contaba con un fuerte movimiento de bandolerismo y la pretensión era acabar con él. Repoblar estos territorios dentro de una política agraria de corte fisiocráticos. Resolver los problemas socio‐económicos de esta zona.

En 1775 el experimento era un éxito: la población contaba con buenas carreteras, casas de piedra, tierra productiva y abundantes cosechas de cereales. El inconveniente la falta de integración en la economía española. No pasó de ser un experimento social, una demostración de que el programa de los ilustrados tenía soluciones. Sierra Morena estaba destinada a ser un modelo, un experimento social, para demostrar que los problemas agrarios tenían solución si se aplicaba un programa Ilustrado que no se viera obstaculizado por las trabas del pasado español y libre de latifundios, mayorazgos y manos muertas. En el resto de España las perspectivas de reforma eran escasas. La productividad estaba bloqueada no sólo por las prácticas agrícolas tradicionales sino sobre todo por la estructura agraria existente que concentraba la propiedad y el poder en manos de los señores preocupados por los beneficios y no por introducir mejoras. La reforma agraria significaba la redistribución de la propiedad rural y eso implicaba un enfrentamiento con las clases privilegiadas. En este punto los reformadores dieron marcha atrás.

El tercer pacto de familia (2) ‐ 1 762 – HISTORIA ESPAÑA – Resúmenes preguntas parcial 61 Fin del MODERNA período DE neutralista inaugurado por2ºFernando VI: intervención en la Guerra de los siete años justificada

por las continuas fricciones con Inglaterra. Los ingleses ocupan en La Habana y Manila; los españoles recuperan Sacramento e invaden Portugal Carlos III de España (1759‐1788) volvió a la política belicista directamente contra Inglaterra para recuperar Gibraltar y Menorca y firmó el tercer pacto de familia que le llevó a entrar en la última fase de la guerra de los Siete Años en apoyo de Francia contra Inglaterra y a la derrota que le ocasionó considerables pérdidas. Al final, en 1763 (las dos Floridas, que entregó a Inglaterra, y Colonia del Sacramento (al sur de Brasil), a Portugal. España seguía al margen de la guerra de los 7 años, y los esfuerzos de la administración carolina parecían concentrados por entero en mejoras internas. Sin embargo, pronto el país sería precipitado en la guerra. El 27‐9‐ 1760 moría la reina, María Amalia de Sajonia. Con su muerte la causa pacifista perdía una aliada fundamental, pues ella había defendido por todos los medios una política de neutralidad. Y pronto la política española iba a dar un giro de 180º cediendo a las interesadas presiones de Francia. Quedaba atrás el tiempo de la neutralidad, en el que Carlos III había ofrecido a Francia y a Inglaterra sus buenos oficios de mediador. A través de su embajador en Madrid, Choiseul, el ministro de Asuntos Exteriores francés, llevaba ya largo tiempo presionado sobre el ánimo de Carlos III, por cuyas venas corría sangre francesa y que detestaba a los ingleses. Hasta entonces, Carlos había controlado su anglofobia, consciente del poderío naval inglés. Sabía que, en caso de guerra con Inglaterra, sería difícil mantener las comunicaciones con las Indias, punto en extremo vital para la economía del reino. Pero la muerte de la reina y los atropellos que los ingleses perpetraban contra España en forma de piratería y contrabando, atropellos que se repetían a pesar de las protestas diplomáticas, no tardaron en decidir a Carlos III, que cedió a las presiones francesas, convencido de que era preciso actuar, si se quería impedir que el equilibrio de fuerzas quedase alterado a favor del imperialismo inglés. Grimaldi se ocupó de preparar el 3er Pacto de Familia, por el que París y Madrid, en un momento en el que la guerra no remitía, estrechaban firmes lazos de colaboración. Naturalmente, la reacción inglesa no tardó en producirse. El 2‐1‐1762, Inglaterra declaraba la guerra a España. En febrero, Francia y España reforzaban su pacto firmando un tratado de amistad y unión. En medio de esta compleja situación Portugal, sin ceder a las presiones hispano‐francesas, quiso mantenerse neutral. La respuesta española fue inmediata: se decidió la invasión de Portugal. Obviamente, esta acción determinó que Portugal se inclinase hacia Inglaterra. Los acontecimientos bélicos se sucedieron: La Habana caía en poder de los ingleses, y el 5 de octubre se apoderaban también de Manila. La única compensación: Pedro de Cevallos, capitán general de Buenos Aires, aprovechó la coyuntura para apoderarse en noviembre de Sacramento. Bien pronto España y Francia comprendieron que la continuación de la guerra traería consecuencias aún más catastróficas y dieron comienzo las negociaciones. Así se formó finalmente la Paz de París, en 1763. En virtud del documento: -

España entregaba a Inglaterra La Florida y la Bahía de Pensacola, junto a todas las tierras situadas al este y al oeste del Mississippi.

-

Francia salía peor librada: entregaba a los ingleses Nueva Escocia, Canadá, cabo Bretón, Santo Domingo, el africano río Senegal.

-

En forma de compensación, Francia entregaba a España la parte que en la Luisiana le había correspondido.

Desastrosa para Francia, la guerra había sido de lamentables resultados para España. Posiblemente fue un error participar en las hostilidades cuando la Guerra de los 7 años ya tocaba a su fin. Naturalmente el fin de las hostilidades dejaba planteados y sin resolver numerosos conflictos. Inglaterra seguía ocupando Gibraltar y pescando en aguas de Terranova en régimen de monopolio.


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Seguía siendo necesario reconstruir la marina para contener a los ingleses. En cuanto al Pacto de Familia, debe decirse que la derrota reforzó los lazos de unión entre Francia y España. Los Borbones comprendieron que era fundamental contener el prepotente expansionismo de Inglaterra y a ello dedicaron importantes esfuerzos, esfuerzos que preparaban el conflicto de 1783. En suma, se abría un período de paz, dedicado al rearme. Queda claro que durante este período una gran parte del presupuesto del Estado fue desviado hacia intereses militares, restringiéndose, en consecuencia, el presupuesto de numerosos proyectos interesantes para la modernización del país. Una vez más, necesidades de orden estratégico venían a sangrar la economía española.

El tercer pacto de familia y la participación de España en la Guerra de Independencia de EEUU Cuando Carlos III (1759‐1788) ocupó el trono, la guerra de los Siete Años se hallaba en su momento culminante; los enfrentamientos entre franceses e ingleses habían adquirido particular relevancia en las colonias. Los británicos conquistaron la región de Quebec, lo que trajo graves consecuencias, porque significaba la ruptura del equilibrio en América del Norte; precisamente para salvar esta difícil situación, Carlos III, que pretendía mantener la política neutral y pacifista que tanto convenía a la buena marcha del comercio con las Indias ‐cuando, además, España no se encontraba preparada para la guerra‐, se ofreció como mediador entre los bandos en discordia, ofrecimiento que no fue aceptado por Londres, dispuesto a obtener el mayor fruto posible de sus éxitos militares. Los problemas que enfrentaban a Inglaterra y España eran: - la afinidad de España con Francia - la pesca entre en Terranova. - la tala de árboles en Honduras - la violación de la neutralidad española por la marina inglesa todos estos factores parecían imposibles de solucionar por vías diplomáticas El Gobierno de Madrid no tuvo otra salida que buscar el acuerdo con Francia ante la necesidad de defenderse de la agresividad británica. Carlos III creía que la alianza con Francia complementaría el poder naval de España y le proporcionaría una protección de un importante ejército de tierra. Por ello firmó el tercer pacto de familia el 15 agosto 1761 que daba origen a una alianza ofensiva entre las dos potencias borbónicas y que determinó la intervención de España en el conflicto colonial cuando Gran Bretaña reaccionó declarando la guerra en enero de 1762. Carlos III cometieron tres errores de cálculo en 1762: - España entró en una guerra para la que no estaba preparada y en la que, ya de entrada, se unía al lado perdedor - subestimó el potencial de guerra de los ingleses - se vio inmerso en un conflicto colonial sin contar con los recursos navales adecuados Gran Bretaña podría perfectamente hacer frente a las fuerzas conjuntas de Francia y España Aunque fue ocupado el Norte de Portugal, el eterno aliado de Inglaterra, y conquistada la controvertida colonia de Sacramento, la evolución de los sucesos militares fue en conjunto contraria a la Monarquía española; en este sentido hay que señalar las importantes pérdidas que se produjeron en 1762, en que dos escuadras británicas se apoderaron, respectivamente, de La Habana y Manila. La guerra terminó con los acuerdos logrados en la Paz de París (9 febrero 1763): -

Gran Bretaña se convertía en la primera potencia europea (especialmente como potencia marítima)

Los resultados para Francia no pudieron ser más catastróficos, ya que: -

supusieron la pérdida de su imperio colonial.

-

Cedió a Inglaterra Nueva Escocia, Canadá, la isla de Cabo Bretón, así como las islas y costas del golfo y río San Lorenzo.

-

El tratado de París equivalía a la definitiva derrota colonial francesa frente a Gran Bretaña. Francia apenas conservaba algunas posesiones en la Antillas y unos pocos territorios costeros diseminados en América y África.

España, aunque no en las proporciones que el país vecino, también sufrió las consecuencias de la derrota: - tuvo que evacuar las tierras invadidas de Portugal - tuvo que devolver colonia do Sacramento a Portugal - ceder a Gran Bretaña, Florida y todos los territorios españoles en Norteamérica al este del Mississippi HISTORIA MODERNA DE ESPAÑAla–libre Resúmenes preguntaspor 2º parcial 63 permitiéndoles navegación dicho río; a cambio recibió de Francia, a quien interesaba conservar

-

la alianza con Madrid, por el Tratado de Fontainebleau (30‐11‐1762) la Luisiana, amplio territorio prácticamente sin colonizar que se extendía por el valle del Mississippi hasta el golfo de Méjico, donde se levantaba la única ciudad importante de la colonia, Nueva Orleans, verdadero emporio del comercio de la zona. Manila y La Habana volvieron a la Corona española, pero Inglaterra insistió en su actitud poco amistosa: o retuvo Gibraltar y Menorca o conservó el monopolio de la pesca en Terranova, o exigió plena libertad para la corta del palo campeche en Honduras, o manifestó que los corsarios sólo serían juzgados por tribunales ingleses...

Se acordó que las diferencias entre Austria y Prusia se resolvieran en un tratado aparte.


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El 15‐2‐1763 se rubricaba el tratado de paz de Hubersburg26 como colofón de la Guerra de los Siete Años. Este acuerdo se basaba en el mantenimiento de la situación internacional tal y como estaba al comienzo del conflicto. El Tratado de París de 1763 supuso la constatación de la decadencia colonial de Francia, de la hegemonía y superioridad británica en el mar, así como el mantenimiento de la situación ultramarina de España. Desde 1763 se abrió un amplio período de paz bajo las directrices del nuevo secretario de Estado, el genovés Grimaldi. Continuaron las relaciones amistosas con Francia y la rivalidad con Gran Bretaña; El Imperio alemán, Francia y España, las potencias desplazadas por la Paz de París, procuraron con su unión el restablecimiento del equilibrio europeo. Las cortes de Viena y Madrid, tanto tiempo rivales, sellaron su nueva amistad con un pacto matrimonial entre Leopoldo, gran duque de Toscana, hijo de María Teresa de Austria, y María Luisa, hija de Carlos III. La paz era inestable como se puso de manifiesto con la ocupación de las islas Malvinas por los británicos durante 1765. Ello motivó la reacción española que ordenó al gobernador militar de Buenos Aires, Antonio Bucarelli, desalojar a los ingleses. La actitud negativa de Francia a entrar en una nueva guerra con Inglaterra, obligó a España a rectificar, desautorizando a Bucarelli, quien el día 10 de Junio de 1770, ya había cumplido la orden. La colonia poseía nula rentabilidad, era inhóspita, pero de valor estratégico, porque favorecía o impedía el paso al Pacífico por el estrecho de Magallanes. El incidente hizo ver a la Corte de Madrid la poca eficacia del pacto de familia en el caso de que París tuviese que defender los intereses de España. El apoyo de una flota francesa a Suecia, ante la amenaza de Catalina II de Rusia, sin comunicarlo a Madrid conforme establecía el Tercer Pacto de Familia, aumentó aún más el distanciamiento entre Luis XV y Carlos III. El apoyo español a la rebelión de las colonias británicas de Norteamérica. El precio de la guerra contra gran Bretaña en América y en el mediterráneo. La paz de Versalles. En el año 1776 tuvieron lugar dos hechos de suma importancia para la marcha posterior de las relaciones exteriores de España: 1. 2.

uno de carácter internacional, la Declaración de independencia proclamada por los representantes de las 13 colonias inglesas de Norteamérica reunidos en Filadelfia, y otro interno, la llegada a la Secretaría de Estado de don José Moñino, conde de Floridablanca.

Es Floridablanca uno de los personajes claves en la política del reinado, que supo dar a su gestión de gobierno un sentido realista y pragmático, no exento de ambiciosos proyectos para el desarrollo del país. La insurrección de los colonos norteamericanos frente a su metrópoli era una ocasión de oro para lograr la revancha de la desastrosa paz de París. Así lo entendió Francia, que, tras unos meses de cierta vacilación, entró abiertamente en la guerra en 1777, después de la victoria de los colonos Saratoga. España, aunque enseguida ayudó a los rebeldes con dinero, armas y municiones, se mostró reacia a la intervención directa, debido al temor de Floridablanca a las consecuencias de un conflicto armado; incluso aspiró a algo que, de momento, resultaba una verdadera utopía, la mediación entre los contendientes. Los objetivos de guerra de España en América eran expulsar a los británicos del golfo de México y de las orillas del Mississippi y conseguir la desaparición de sus asentamientos en América Central. Carlos III intentó solucionar el dilema de participar como potencia imperial en una guerra anticolonial persiguiendo exclusivamente los intereses españoles sin aliarse directamente con los EEUU y sin reconocer la independencia norteamericana. Antes de participar en el conflicto, el gobierno español había firmado un tratado secreto con Francia (Aranjuez, 12‐ 4‐1779) por el cual España conseguía una serie de concesiones a cambio de unirse a su aliado en la guerra. Francia prometió su ayuda en la recuperación de Menorca, Mobile, Pensacola, la bahía de Honduras y la costa de Campeche y aseguró que no concluiría paz alguna que no supusiera la devolución de Gibraltar a España. Finalmente, la realidad se impuso y en 1779 se declaró la guerra a Inglaterra, pensando incluso en la posibilidad de invadir Gran Bretaña mediante el concurso de una armada francoespañola, plan que resultó inviable. Limitándose a objetivos más factibles, se sitió Gibraltar, una vez más infructuosamente, y se iniciaron una serie de campañas en América contra distintos puntos estratégicos del golfo de Méjico en manos británicas, en la mayor parte de los casos coronadas por el éxito (Pensacola). Una exitosa expedición a Menorca permitió la recuperación de la isla en febrero de 1782. El cansancio de los participantes y la evidencia de que la distribución de fuerzas, con el predominio inglés en el mar, hacía imposible un desenlace militar, condujo al cese de las hostilidades y a la firma de la paz de Versalles (3‐

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Este tratado confirmó la titularidad prusiana de Silesia, y convirtió a Prusia en gran potencia europea


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9‐1783), en la que los británicos cedieron en muchos puntos, lo que ha sido motivo de que algunos la consideren como la contrapartida de la sellada en París 20 años antes. La verdad es que la evolución de la pujante economía inglesa reclamaba un fin del conflicto para no detener el desarrollo vertiginoso de su comercio y de su industria; en esos años Inglaterra se adelantaba de forma ostensible al continente en los comienzos de la primitiva revolución industrial. En Versalles la Monarquía española recuperó Menorca, Florida y distintas posesiones del golfo de Méjico (la costa de Nicaragua, Honduras y Campeche). - Se reservó a los británicos sólo la región de Belize, al Sur del Yucatán. - Gran Bretaña conservaba la estratégica posición de Gibraltar ‐Londres se mostró inflexible, ya que el control del Mediterráneo era impracticable sin la fortaleza de la Roca‐, pero este tratado dio a España la soberanía sobre el más amplio territorio del que nunca había poseído en América del N. En general los logros alcanzados pueden juzgarse como favorables para España; no obstante, el elevado coste bélico y las pérdidas ocasionadas por la casi paralización del comercio con América fueron pesados lastres que gravitarían terriblemente sobre la posterior situación economía española. Por otra parte, el triunfo de los rebeldes norteamericanos sobre Inglaterra no iba a dejar de influir en un futuro próximo sobre las colonias españolas. Esta influencia vino por distintos caminos: el ejemplo de lo realizado por comunidades en similares circunstancias, la solidaridad de los antiguos colonos con los que aún lo eran, la ayuda de otras potencias interesadas en la desaparición del imperio colonial hispano, etc. Pero estos aspectos se manifestaron de un modo claro en la etapa siguiente. Desde el punto de vista económico, la guerra de 1779‐1783 fue perjudicial para España y afectó al grueso de la población, que tuvo que sufrir la peor parte de la falta de alimentos y de la elevación de los precios. Los efectos del reglamento de comercio libre de 1778 se retrasaron y las exportaciones españolas se vieron afectadas. Los tres años de guerra supusieron una grave sangría para los recursos fiscales de España. El gobierno se vio privado incluso, temporalmente, de los envíos de América, porque la alianza borbónica no sirvió para alterar la situación naval, desfavorable para España, ni para impedir que Gran Bretaña interrumpiera las rutas comerciales. A diferencia de lo que ocurría en el aspecto territorial, el fiel de la balanza del poder se apartaba inexorablemente de España. El pensamiento estratégico del rey y sus ministros en los años posteriores a 1783 parece teñido de una cierta fantasía. Carlos II, Floridablanca y Gálvez consideraban que la guerra aún no había terminado y planeaban un nuevo conflicto para poner fin a la guerra colonial y saldar las cuentas de una vez por todas.

Francia e Inglaterra, que habían sufrido más en la guerra de la Independencia Norteamericana, deseaban la paz a toda costa. Carlos III se mantenía más intransigente, en tanto su pabellón no ondease sobre Gibraltar. Pero Francia, una vez reconocida la independencia de Estados Unidos, no tenía motivos de fricción con Inglaterra. Proseguía el asedio a Gibraltar cuando la evidente victoria estadounidense determinó el comienzo de las conversaciones de paz, que desembocaron en la firma del Tratado de Versalles, en 1783, España, al dictado de Floridablanca, prefirió renunciar de momento a Gibraltar para conservar los territorios recientemente conquistados en ultramar y la isla de Menorca. La paz de Versalles fue celebrada en Francia y en España, como un gran triunfo de las armas y de la diplomacia borbónica. Floridablanca estimaba que era la más gloriosa desde el tratado de Cateau‐Cambresis. El Tratado de Versalles supuso la confirmación del poderío español y significó el momento culminante de su imperio territorial y económico en la otra orilla del Atlántico. Pero el panorama no estaba despejado, ni mucho menos, porque Inglaterra conservaba su poderío naval, el primero del planeta a pesar de todos los esfuerzos de la economía española. En América, el peligro británico subsistía, aunque más atenuado, de momento. Pero venía a sustituirle el peligro estadounidense: no ya por las posibles futuras apetencias de aquel país anglosajón, sino por la fuerza de su ejemplo emancipador sobre la conciencia de nuestras posesiones. Tras las capitulaciones de Yorktown y la finalización de la guerra de independencia de los EE.UU. se firmó el tratado entre Francia, Inglaterra, Estados Unidos y España, que reconoció la independencia de las trece colonias que darán origen al nuevo país de EE.UU. Francia obtuvo Luisiana, Tobago y Santa Lucía y el Senegal africano. España recuperó la isla de Menorca y los territorios americanos de la Florida, Nicaragua y Honduras. Se reservó a los británicos sólo la región de Belize, al Sur del Yucatán Gran Bretaña recuperó Las Bahamas y conservaba la estratégica posición de Gibraltar ‐Londres se mostró HISTORIA MODERNA – Resúmenes preguntas 2º era parcial inflexible, ya queDEelESPAÑA control del Mediterráneo impracticable sin la fortaleza de la Roca‐, pero este tratado66dio a

España la soberanía sobre el más amplio territorio del que nunca había poseído en América del Norte, a cambio de la isla de Providencia, Bahamas, y el permiso de cortar palo de Campeche en algunos sitios. Este tratado es conocido también con el nombre de Tratado de París.

La ilustración en España (2) La ilustración española es un movimiento intelectual vinculado al despliegue de la política reformista en la España del siglo XVIII. La monarquía asumió buena parte de las propuestas de renovación y ofreció su protección al movimiento. Una de las funciones asumidas por la ilustración oficial fue la remoción de los estorbos que se oponían a la difusión de las luces. 1. El gobierno se propuso la dirección de la opinión pública a través de los medios a su alcance: - el ejercicio de la censura previa, - la supresión o control de aquellos cuerpos que se juzgaban contrarios a la reforma (jesuitas o inquisición) 2. Asume la potenciación de las empresas culturales que sintonizan con el proyecto General del absolutismo ilustrado. - Intervención en la reforma universitaria –institución reticente a la modernización de la enseñanza‐ - El impulso a la enseñanza universitaria a través de instituciones - La creación de Academias - Potenciando centros de investigación - Financiación oficial de proyectos considerados de interés General, como pueden ser la apertura de expedientes, sobre temas vitales de la economía, ya sea la Única Contribución o la ley Agraria - La realización de grandes esfuerzos estadísticos como los censos de población, la edición de repertorios documentales, la cartografía del territorio español, el inventario de las riquezas materiales, documentales o artísticas del país y la organización de las grandes expediciones científicas que devolvieron a España su papel protagonista en la historia de los descubrimientos. Además todas las regiones españolas se incorporaron con ritmos y características propias al movimiento ilustrado. La recepción de las ideas europeas La monarquía española no vivía aislada. Era una época en la que los reyes intentaban en todas partes ser tan poderosos en la práctica, como lo eran en teoría: - En parte para superar la resistencia a la modernización. - En parte para derrotar a quienes luchaban con ellos por el poder como la Iglesia. - Y también para sobrevivir en un mundo de conflictos internacionales. El pensamiento del siglo XVIII se suele definir por su carácter científico y crítico. El intelectual ilustrado rechazaba el conocimiento que no pudiera ser comprobado. El principal choque con la ideología oficial cristiana se produjo a través del rechazo del pensamiento de Aristóteles, que se había identificado con la filosofía oficial de la Iglesia. Las ideas de la Ilustración no eran ni mucho menos sistemáticas pero pueden apreciarse una serie de características: - El gobierno de los hombres derivaba de los derechos naturales y del contrato social. - Entre los derechos fundamentales se hallaban la libertad y la igualdad. - El progreso intelectual no debía verse obstaculizado por el dogma religioso y la Iglesia católica era identificada como uno de los principales obstáculos para el progreso. - El objetivo del gobierno era conseguir la mayor felicidad posible para el mayor número de personas a través del incremento de la riqueza, aunque para ello se contemplasen procedimientos diferentes: - Unos defendían el control de la economía por parte del Estado. - Y otros por el sistema de laissez‐faire. El éxito de los filósofos en la propagación de sus ideas ocultó una serie de fallos e incoherencias. Uno de sus puntos débiles era la estructura y el cambio social. - La Ilustración no era en esencia un instrumento revolucionario, sino que aceptaba el orden existente de la sociedad apelando a una élite intelectual y a una aristocracia de mérito. - Era hostil a los privilegios seculares y a la desigualdad ante la ley, pero poco tenía que decir sobre las desigualdades económicas y sobe la redistribución de los recursos en el seno de la sociedad. Por esta razón era atractiva para los absolutistas. En la primera mitad de la centuria se había producido una cierta revitalización de la actividad intelectual, reflejada en la fundación de la Biblioteca Nacional ‐1711‐ de la Academia Española‐1713‐ de la Academia de Historia‐1735‐ y de otras instituciones que con el tiempo constituirían una infraestructura para la investigación pero que aún no eran evidentes. HISTORIA DEFeijoo ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial La obra MODERNA del padre

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La fuente más importante de inspiración para quienes perseguían el conocimiento fue un oscuro monje benedictino y profesor universitario, Benito Jerónimo Feijoo, cuya intención era conseguir que sus compatriotas despertaran de su sopor y convencerles de que aprobarán el nuevo conocimiento y aceptarán el cambio. Su vida transcurrió en Oviedo, donde escribió la totalidad de su obra, que le convierte en el creador del ensayismo


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español. Los nueve volúmenes del Teatro crítico universal y los otros cinco de Cartas eruditas y curiosas alcanzaron los 400.000 ejemplares en el siglo XVIII, obteniendo los honores de su traducción a varios idiomas europeos y de su publicación completa preparada y costeada por Campomanes. Esta extraordinaria aceptación de sus escritos constituye la principal razón de la influencia de Feijoo en el movimiento ilustrado, ya que en otro plano su pensamiento no fue ni demasiado original ni demasiado avanzado. Su labor fue la de un excelente divulgador, centrados en tres cuestiones concurrentes: * Combate contra la superstición. * La difusión de información sobre las novedades científicas. * La discusión sobre algunos temas filosóficos y doctrinales. Penetración de las ideas de la ilustración Las ideas de la Ilustración penetraron en España desde mediados de la centuria. Llegaron poco a poco y el flujo fue más fuerte en algunos campos que en otros. La Enciclopedia francesa, prohibida por la Inquisición española en 1759 estaba al alcance de quienes deseaban leerla. El conocimiento científico y técnico se difundió a través de libros, visitas, museos y prensa. * Las ideas económicas se discutían con libertad, el pensamiento mercantilista (importado en gran parte) se revitalizó a mediados de la centuria, aunque los escritos de los fisiócratas y de Adam Smith sólo fueron conocidos por algunos lectores hasta los años 1780. * Las ideas políticas eran más controvertidas. Los escritos de Montesquieu contenían demasiados argumentos en favor de la libertad individual, la tolerancia religiosa y la monarquía constitucional, como para escapar de la atención de la Inquisición, pero a pesar de que fueron prohibidos, su pensamiento penetró en la península. Rousseau fue recibido de forma desigual en España, como en la mayor parte de Europa y sus obras fueron condenadas por unos y ensalzadas por otros. Con Voltaire el impacto fue menor. Canales de difusión Los canales de difusión de la ilustración fueron también de nueva creación. 1.

Las tertulias científicas o literarias que derivan en Academias locales

2.

Las Sociedades Económicas de amigos del País, lugares de debate. -

Entre 1765 y 1820 se crearon 70 sociedades.

-

La primera en organizarse fue la Sociedad Vascongada de Amigos del País sin estímulos gubernamentales, gracias a la iniciativa del conde de Peñaflorida (1763‐65) en Vergara. Era un centro de enseñanza modelo de química y metalurgia, con lógica aplicada a la siderurgia.

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3.

Su objetivo era mejorar la agricultura, el comercio y la industria mediante el estudio y la experimentación. Fueron protegidas por Campomanes, con el discurso sobre el momento de la industria popular, son instituciones comunes en Europa. Los consulados, especialmente, Cádiz, Bilbao y Barcelona.

Tanto las consulados como las Sociedades Económicas de Amigos del País van a tener unas misiones complementarias, ya no sólo en el terreno específico del fomento del comercio, y no sólo del colonial, sino también el de la agricultura y la industria artesanal, así como en la creación de escuelas de enseñanza primaria y técnica que ofrecían la formación profesional exigida para el desarrollo de la economía en general. Este impulso renovador regional, va a dar pie a un fenómeno muy generalizado. Es el de la captación de cerebros por parte del reformismo oficial y que, sin lugar a dudas, atrajo a la corte a los ingenios más brillantes de los centros provinciales. La prensa La prensa ocupaba una posición más avanzada en la lucha por el cambio, y es en ella en la que puede observarse un elemento de crítica social: *

Primero en el Pensador

* De forma más insistente en el Censor, que no dudaba en atacar a los parásitos sociales, al clero pudiente y a los oscurantistas, quienesquiera que fueran, incluida la Inquisición. * El Correo de Madrid era menos radical que el Censor pero desempeñó un papel importante en la difusión del pensamiento europeo y del saber de la época. Otros vehículos de tendencia reformista era el Semanario Erudito que publicaba documentos de la historia española como fuentes de instrucción y crítica, utilizando el pasado para informar el presente Entre los lectores de la prensa, las suscripciones confirman la existencia de una minoría progresista entre la aristocracia y el clero, pero también que la mayoría de los lectores eran hidalgos y plebeyos, en especial profesionales que se concentraban en Madrid y en Sevilla. Prototipo de español ilustrado: Campomanes Sus ojos estaban fijos con firmeza en este mundo más que en el otro: HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial

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-

Creía esencialmente en la razón y en sus resultados.

-

Tendía a definir la felicidad en términos de progreso económico. Sus ideas económicas eran las del libre comercio y las fuerzas del mercado.

-

Desde el punto de vista político era enemigo de los privilegiados y el absolutismo era su modelo político.

Para muchos españoles el pasado de España ofrecía numerosos modelos y advertencias. Los escritos de Campomanes tenían una fuerte dimensión histórica. Participó también activamente en las tareas de la Academia a la que deseaba ardientemente vincular con la historiografía europea. Al igual que otros personajes de su época, creía que la historia tenía un valor práctico y buscaba en el pasado elementos para justificar la acción en el presente. Conclusión La élite española fue receptiva a la Ilustración en grado desigual. - Para unos era un modelo, - para otros un ejercicio intelectual y - para un tercer grupo una simple curiosidad. En cuanto a la masa de la población, siguió siendo católica por convicción y devota de la monarquía absoluta. Seguía moviéndose en un horizonte caracterizado por el atraso económico, la desigualdad social, el analfabetismo y el imperio de la religión tradicional. Desde los años 1780 la minoría ilustrada se radicalizó. Antes de que estallara la Revolución Francesa, una nueva generación se había graduado en las universidades española, desilusionada del gobierno paternalista, de las reformas desde arriba y de los valores tradicionales. El impacto de la Revolución Francesa y la degradación de la monarquía española agudizaron las divisiones políticas. Los conservadores se hicieron más conservadores y los progresistas comenzaron a buscar una alternativa a la monarquía absolutista y a una Iglesia sumisa.

Vehículos de penetración y manifestaciones de las ideas ilustradas. Los ilustrados concedieron una gran importancia a la educación y a la difusión de la cultura, instrumentos fundamentales de reforma. Era preciso que llegaran al pueblo los conocimientos y el sentido de una cultura utilitaria y, en cierto modo, dirigida. El conocimiento científico y técnico, se difundió a través de libros, visitas, museos, prensa, etc. Las vías de educación eran muchas, muy diversas y no siempre actuaban en el mismo sentido. Los canales de difusión de la Ilustración, fueron de nueva creación, lo cual explica la proliferación de medios novedosos como los periódicos. Libros y periódicos El libro es un elemento básico de un movimiento intelectual. En 1757 había unas 180 librerías repartidas entre 40 ciudades. Algunos impresores desarrollaron una importante actividad intelectual. Madrid, Valencia y Barcelona fueron las capitales tipográficas de la España ilustrada. Los ilustrados se dedicaron a reeditar clásicos del Renacimiento español, como Luis Vives, fray Luis de León, Antonio de Nebrija, etc. Su esfuerzo bibliográfico fue notable. Se ha estudiado especialmente la lucha de los intelectuales con la censura, representada por la Inquisición, por el consejo de Castilla, y por la jurisdicción especial del Juez de Imprentas. Fue una lucha desigual. La censura no logró impedir la circulación de una literatura clandestina ni de libros prohibidos y los lectores disponían de muchos modos de burlar la censura, entre ellos las traducciones en las que no se indicaba el nombre del autor. La Encyclopédie francesa, prohibida por la Inquisición española desde 1759, estaba no obstante al alcance de quienes quisiesen leerla. Las librerías27 y las bibliotecas eran los principales centros de difusión del libro. Las librerías eran a mediados del siglo alrededor de 200. Una cifra inferior a la que conocemos para el París de la época, lo que indica claramente la precaria situación de la lectura en España pese a la mejora que se experimentó durante el siglo. La difusión era escasa, en lo referido a la totalidad de la población, y los autores se veían obligados a convertirse en sus principales agentes de promoción. Las bibliotecas públicas eran escasas. La institución más representativa era la Biblioteca Real, creada por Felipe V en 1712 con fondos procedentes de la denominada Librería de la Reina Madre y con los más de 6000 volúmenes traídos desde Francia por– Resúmenes el propiopreguntas monarca. Comandada por un director general, la institución tenía un 70 corto HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA 2º parcial

número de funcionarios y estaba abierta al público 6 horas en los días laborables con prohibición expresa de que entraran las mujeres. Por otra parte, existían otras bibliotecas de carácter semipúblico, como eran las que poseían las diversas universidades y academias. Además de los intelectuales, los consumidores más habituales de libros eran un sector de la elite nobiliaria y eclesiástica y una parte de los altos funcionarios y la burguesía. La prensa Su desarrollo fue un fenómeno característico del S. XVIII. Cierto es que de 781 publicaciones registradas, más de la mitad respondía al género de los pronósticos dirigidos a una demanda sin grandes preocupaciones intelectuales. La prensa española del S. XVIII tuvo escaso respaldo social. El público lector era limitado. Pero reviste interés el hecho de encontrarnos ante unos periódicos de opinión más que de información; en algunos casos eran verdaderas revistas intelectuales. Carácter oficial o semioficial tuvo el Diario de los literatos de España que se publicó de 1737 a 1741. La prensa ocupaba una posición más avanzada en la lucha por el cambio, y es en ella en la que puede observarse un elemento de crítica social: El periodismo recibió un fuerte impulso gracias a la labor de Mariano José de Nipho. 1.

De 1762 a 1767 se publicó El Pensador, la primera revista de crítica social (aún moderada).

2.

Una fuerte expansión de la prensa se registró en el decenio de los 80, sobre todo con El Censor (1781) de fuerte matiz crítico, que no dudaba en atacar a los parásitos sociales, al clero pudiente y a los oscurantistas, quienesquiera que fueran, incluida la Inquisición (con la que tuvo problemas)

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Unas 200 a mediados de siglo


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3.

El Correo de Madrid era menos radical que el “Censor” pero desempeñó un papel importante en la difusión del pensamiento europeo y del saber de la época.

La prensa periódica no se limitaba a Madrid, como prueban el Diario Pinciano de Valladolid (1787), el Diario de Valencia (1790) y el Diario de Barcelona (1792). Como consecuencia de la Revolución Francesa, de 1791 a 1792 fueron prohibidas todas las publicaciones periodísticas que no estuvieran controladas por el gobierno. Aunque se revocó la prohibición, la censura inquisitorial y estatal siempre estuvieron atentas. La difusión de la prensa no fue espectacular, pero sin duda rindió buenos efectos desde el punto de vista social, cultural y político. a) La mayoría de las publicaciones apoyaron los planteamientos reformistas que para la sociedad española demandaban los intelectuales y políticos instalados en el entorno real. b) En numerosas ocasiones adoptaron, al menos los principales diarios privados, una actitud informativa y crítica que ayudó a la penetración de nuevas ideas entre las clases altas y la mesocracia española. Financieramente, la mayoría de los periódicos, especialmente los privados, fueron ciertamente débiles a causa de: -

Los costes de impresión y difusión

-

la escasez de compradores fijos

-

las oscilaciones políticas que endurecían la censura oficial e inquisitorial, no actuaban en favor de la consolidación de una prensa estable.

Por eso los proyectos fueron a menudo muy efímeros y por eso la prensa que más perduró fue la de titularidad estatal o la que se alineaba claramente con el oficialismo gubernamental. La “otra enseñanza” y formación.‐ Los nuevos campos de la ciencia, los nuevos métodos, hicieron posible la otra enseñanza y formación: la técnica, la profesional, con independencia de los gremios. En este sentido, el siglo XVIII fue coherente con su obsesión por lo útil. De acuerdo con las necesidades de la Armada y del comercio marítimo se privilegió la Náutica. Éste fue el sentido del pionero Colegio de San Telmo sevillano, creado antes del S. XVIII y convertido luego (1786) en Escuela Oficial de Náutica para la formación de pilotos. Ya en 1717 funcionaba en Cádiz la Compañía de Guardias Marinas (luego trasladada a San Fernando). Su carácter elitista se compensó con la apertura de Escuelas similares en los astilleros de Cartagena y de El Ferrol con Carlos III. Consulados y Juntas de Comercio estimularon Escuelas de Náutica en Bilbao, Barcelona, Málaga, Santander, La Coruña, Alicante y Mallorca entre 1740 y 1802. La mejor organizada, debido a los desvelos de Jovellanos fue, sin embargo, la del Instituto de Gijón que compartió la orientación marinera natural con la sección de mineralogía, tan adecuada a su entorno. El equivalente a Escuelas de Comercio fue atendido igualmente por la Junta de Comercio y consulados portuarios en Málaga y Sevilla (1786), Barcelona (1787), Santander (1790), Bilbao y Cádiz (ya en el S. XIX). Se dio importancia al diseño industrial, al dibujo textil (Barcelona, Valencia), a la Arquitectura, a los idiomas, a algunas enseñanzas más especializadas aún. En este empeño sobresalió Barcelona, interesada en compensar la carencia de Universidad propia. Las Sociedades Económicas se preocuparon de establecer enseñanzas especiales, por ejemplo la de sordomudos ‐ con tradición castellana‐ en Madrid (1805); y las fábricas intentaron formar a sus aprendices, con ciertas resonancias gremiales todavía (como la de Guadalajara). El Seminario de Nobles de Madrid, fundado por Felipe V para ser conducido por los jesuitas. Tras la expulsión de la Compañía se transformó y secularizó. El Seminario era el más moderno de su clase, con enseñanzas de español, francés, Geografía, Historia Natural, danza, esgrima y otras. Carlos III quiso mantener su alto nivel y el carácter de preparatorio a la carrera militar. Algo parecido ocurría en el Seminario de Vergara. La organización del Ejército, con los cambios exigidos y graduales después de la Guerra de Sucesión, exigió la atención de los centros diferenciados de formación de los oficiales de los cuerpos. La Escuela‐Academia de Artillería en Segovia contó con personajes de excepción a su frente o como profesores. La Caballería se preparaba en Ocaña, la Infantería en Puerto de Santa María, y los Ingenieros en Alcalá. Se profesionalizaba la oficialía, se abrían algunas compuertas de ascenso a los no privilegiados, pero los mandos seguían siendo elitistas al mismo tiempo que comenzaban a distanciarse del medio social. HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial

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Las Sociedades Económicas de Amigos del País. Eran organismos semioficiales que se difundieron en los años posteriores a 1765 desde el País Vasco hacia las principales ciudades del resto de España y cuyo objetivo era impulsar la agricultura, el comercio y la industria mediante el estudio y la experimentación, así como revalorizar el trabajo y desarrollar la enseñanza. Junto con la prensa periódica, estas Sociedades ayudaron a la difusión de las nuevas ideas de reforma económica en los planos provincial y local. En su origen confluyeron factores como el interés del Estado en disponer de un instrumento adecuado para hacer penetrar en el entramado de la sociedad provincial y local las directrices emanadas del poder. Asimismo, las minorías ilustradas de las provincias necesitaban del respaldo del poder para salir de su aislamiento y convertirse en una fuerza verdaderamente expansiva. Por último, hay que relacionar la aparición de las Sociedades Económicas con la evolución de la coyuntura económica. La conjunción de todos estos elementos propició la movilización de una parte de la sociedad española en favor de la creación de instituciones que ayudaran a un crecimiento económico efectivo capaz de acabar con las crisis de subsistencia y de generar importantes capitales que animaran la economía española. En pocos años, algunas de las numerosas tertulias locales se fueron transformando en un movimiento general y organizado, iniciado por los particulares y auspiciado y defendido por el reformismo oficial. Y fue en 1765 cuando nació la primera iniciativa, autorizada por el gobierno, de la constitución de la Sociedad Vascongada de Amigos del País que será modélica, y de importante e intensa actividad. Sin embargo, las Sociedades Económicas de Amigos del País, como movimiento homogéneo y colectivo, surgieron a partir de 1774, cuando Campomanes publicó sus dos obras más divulgadas: Industria Popular y Educación Popular de los Artesanos. Los objetivos oficiales que se asignaron a estas Sociedades, fueron idénticos para todas: - conocer el estado económico de la región, - averiguar las razones de su atraso y las posibilidades para su desarrollo, y - proponer las soluciones pertinentes. Además de ser un vehículo de información hacia el gobierno central, tenían también como objetivo el de fomento de la economía, a través de medidas dedicadas al crecimiento de la producción agraria. El progreso requería también una educación acorde, por lo que las sociedades crearon cuatro tipos de enseñanzas: escuelas de primeras letras; centros que enseñaban las cuestiones elementales y prácticas de los oficios textiles; centros de formación profesional artesanal, y cátedras de diversas ciencias, en particular las experimentales. Pero a pesar de la labor que realizaron, en términos generales defraudaron las esperanzas que el Estado había depositado en ellas, y hacia 1786 la mayor parte se encontraban ya en plena decadencia y, aunque el Estado intentó reactivarlas, pero con el advenimiento de la Revolución Francesa optó por abandonarlas a su suerte, ante el temor de que pudieran convertirse en focos de difusión de las ideas revolucionarias.

Floridablanca 1727‐1808 José Moñino. Inició su actividad como fiscal del Consejo de Castilla (1766); allí establecería una estrecha relación con Campomanes ‐también fiscal‐ consagrándose ambos en la defensa de las prerrogativas de la Corona frente a otros poderes y, en particular contra la Iglesia (regalismo). En aquel mismo año actuó contundentemente contra los instigadores del motín de Esquilache en Cuenca y apoyó la consiguiente expulsión de los jesuitas de España en 1767. Nombrado embajador en Roma en 1772, le correspondió canalizar las tensas relaciones de Carlos III con el Papado, consiguiendo la supresión de la Compañía de Jesús (1773). El agradecimiento del rey por aquella gestión le valió el título de conde. Fue entonces cuando accedió a la Secretaría de Estado (especie de Ministerio de Asuntos Exteriores), que ocuparía por 15 años (1777‐92); posteriormente se ocuparía también de la cartera de Gracia y Justicia (1782‐90). Pronto se vio enfrentado al «partido aragonés» que encabezaba el conde de Aranda, pues Floridablanca pretendía reequilibrar las instituciones de la Monarquía dando más peso al estilo de gobierno ejecutivo de las Secretarías de Estado y del Despacho, mientras que Aranda defendía el estilo judicialista tradicional que representaban los Consejos. En esa línea creó en 1787 la Junta Suprema de Estado (presidida por él mismo), que respondía a la idea de coordinar las distintas secretarías en una especie de Consejo de Ministros. Floridablanca orientó la política exterior de Carlos III hacia un fortalecimiento de la posición española frente a Inglaterra, motivo por el que decidió la intervención en apoyo de los revolucionarios norteamericanos en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos (1779‐83); consiguió éxitos como la recuperación de Menorca (1782) y de HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial 73 los Florida (1783), pero también un sonado fracaso en los intentos de recuperar Gibraltar. Potenció la amistad con

príncipes italianos de la Casa de Borbón y con Portugal (esta última alianza proporcionó a España las islas africanas de Annobón y Fernando Poo en 1778). La muerte del rey y el acceso al Trono de Carlos IV no afectaron a la posición de Floridablanca, quien presidió la reacción conservadora del gobierno español frente a los temores despertados por la Revolución francesa (1789). Su mayor ansiedad la provocaban los acontecimientos en Francia, el estallido de la Revolución Francesa horrorizó al ministro y condicionó toda su política. No era un cambio brusco, él era un servidor del absolutismo, conservador más que reformador radical, convencido partidario del orden y del progreso, su reacción ante la Revolución Francesa fue la lógica de un ministro español: en su pensamiento político no había lugar para la desobediencia a la autoridad legítima. Tras años de intrigas, en 1792 sus adversarios consiguieron que fuera destituido y encerrado en la ciudadela de Pamplona, bajo acusaciones de corrupción y abuso de autoridad. Juzgado y absuelto poco después, se retiró de la vida pública hasta que, con motivo de la invasión francesa de la Península (1808), fue llamado a presidir la Junta Suprema Central que había de organizar la resistencia, cargo en el que murió.

El impacto de la Revolución Francesa y los ministerios de Floridablanca y Aranda. Carlos IV comenzó su reinado manteniendo la política y los ministros que había heredado. Conservó a Floridablanca en su puesto de primer secretario de Estado y su gobierno parecía dispuesto a revitalizar la política de los reformadores anteriores. Floridablanca puso al servicio de Carlos IV, las mismas cualidades y limitaciones de que había hecho gala con Carlos III, eficacia, seriedad y dominio de la situación. Pero no encontró oposición y trataba a los demás ministros como subordinados. Fue acusado de despotismo ministerial por sus enemigos que se agrupaban en torno al conde de Aranda, cesado recientemente de su puesto de embajador de Francia, y que expresaba la hostilidad de los aristócratas y militares hacia los golillas y burócratas. El estallido de la Revolución francesa horrorizó a Floridablanca y condicionó toda su política. Floridablanca era un servidor del absolutismo, siempre había sido un conservador más que un reformador radical, convencido partidario del orden y del progreso, y su reacción ante la Revolución francesa fue la reacción lógica de un ministro español: en su pensamiento político no había lugar para la desobediencia a la autoridad legítima. Floridablanca decidió que era necesario preservar a España del contagio revolucionario a toda costa y se apresuró a tomar las medidas necesarias para mantener a los españoles en la ignorancia de los acontecimientos franceses. -

Se multiplicaron los decretos, muchos de ellos repetidos, en el intento de tapar cualquier posible rendija:

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en oct. de 1789 incremento el número de tropas en la frontera pirenaica;

-

a través de una rígida censura de prensa intentó suprimir las noticias llegadas de Francia y la entrada de los periódicos franceses y otras publicaciones relativas a la revolución.

El 6‐8‐1790, el gobierno prohibió la entrada en España y la exportación a América de libros en cuya cubierta figurara la palabra «libertad», así como todos los productos que contuvieran ilustraciones de disturbios en Francia. Cuando la literatura revolucionaria continuó entrando en España en 1791, Floridablanca movilizó a la Inquisición más directamente a su servicio y sus funcionarios fueron estacionados en los puestos aduaneros para revisar todo el material procedente de Francia. Reforzó el cordón de tropas en la frontera y en el interior destinó equipos de espías para descubrir conversaciones subversivas, especialmente entre las clases elevadas. El 24‐2‐1791, un edicto real ordenó la suspensión de todas las publicaciones privadas españolas y sólo se permitió que siguiera publicándose la prensa oficial, con sus noticias rígidamente censuradas. De esta forma inició una campaña que restringió severamente la libertad de pensamiento y que, finalmente, en 1794, afectó a la enseñanza universitaria. La reacción se observó también en los cambios que se produjeron en el personal del gobierno. En 1790, Cabarrús fue denunciado ante la Inquisición y conducido a prisión. Su amigo Jovellanos fue desterrado a Asturias para que escribiera un informe sobre las minas de carbón. Campomanes, que contrastaba, un tanto teóricamente, la necesaria abolición del feudalismo en Francia con la irrelevancia de esas medidas en España, fue desposeído de la presidencia del Consejo de Castilla en 1791. El objetivo de esa campaña era preservar a España de la subversión. Pero el peligro era imaginario. Es cierto que las noticias procedentes de Francia coincidieron con el gran descontento en España, cuando el país se vio enfrentado a una grave crisis económica en 1789, consecuencia de la mala cosecha de 1788. La escasez de grano y el elevado precio del pan provocaron motines en numerosas ciudades de Castilla la Vieja y en otras regiones en los primeros meses de 1789, mientras Galicia era escenario de violentas protestas contra los impuestos en el invierno de 1790‐1791. HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial

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La agitación fue lo suficientemente grave como para impulsar al gobierno a intervenir en el mercado de cereales para prevenir cualquier relación entre la inquietud económica y política y para incrementar la soldada de los miembros de la guardia real. Pero se trataba de los tradicionales motines del pan sin contenido ideológico. España no era terreno fértil para la literatura revolucionaria, mucho menos para la campaña de propaganda francesa que se desencadenó durante esos años. La masa de la población española poco era lo que conocía sobre los acontecimientos en Francia. Sin embargo, para Carlos IV la Revolución francesa era una amenaza tanto para los Borbones como para España. Su principal preocupación era salvar el trono de su primo Luis XVI y, luego, salvar su vida. Esta fue una de las razones por las que mantuvo en el gobierno a Floridablanca, confiando en su experiencia como diplomático y en su conocido apoyo a la alianza tradicional entre España y Francia. Pero Floridablanca adoptó una actitud de dureza hacia Francia, no sólo clausurando la frontera sino también adoptando una posición sobre los acontecimientos políticos ocurridos en el país vecino. El gobierno francés reaccionó con acritud y no tardó en ser evidente que la política de Floridablanca no sólo no tenía en cuenta la situación real de Francia sino que ponía en peligro a la monarquía francesa. Por tanto, había que modificar esa política y para subrayar el cambio se nombró a un nuevo ministro. Floridablanca fue cesado el 28‐2‐1792 por su intransigencia respecto a Francia. Especialmente, la negativa de España a reconocer la validez del juramento de Luis XVI de la constitución francesa se consideró que ponía en peligro a la familia real francesa. Carlos IV sacrificó, pues, a su ministro por las relaciones exteriores. En un principio se permitió a Floridablanca que se retirara a su nativa Murcia, pero el 11 de julio entraron tropas en su casa de Hellín y le escoltaron a la fortaleza de Pamplona, donde estuvo confinado hasta abril de 1794 para ser investigado por abuso de poder y malversación de fondos. Esto fue obra de su viejo enemigo, Aranda, en el que todavía estaba vivo el resentimiento de más de 20 años, mientras que debió la libertad a Godoy. Floridablanca fue sustituido como primer secretario de Estado por Aranda, otro experto en asuntos franceses. El nuevo ministro se lanzó a la tarea de modificar la política de su antecesor. La Junta de Estado fue abolida, siendo su lugar ocupado por el Consejo de Estado. Era esta una institución tradicional presidida por el rey y en la que no sólo estaban presentes ministros sino también representantes de las clases privilegiadas, pero pocos asuntos de importancia eran sometidos al consejo. Aranda también suavizó la actitud oficial de España ante la Revolución francesa y moderó las estrictas leyes de prensa con que el gobierno había intentado protegerse. Argumentó que la hostilidad con respecto a Francia era contraproducente, que carecía de toda sanción militar y que privaba a España de influencia diplomática contra G. Bretaña. Pero no consiguió ver cumplido su principal objetivo de salvar a la monarquía francesa y su actitud indulgente hacia la Revolución francesa irritó a los monarcas españoles, especialmente porque no consiguió nada a cambio. La posición de Aranda era precaria. La reina y Godoy monopolizaron los nombramientos en el gobierno y marginaron cada vez más al ministro. Pronto se demostró que los apaciguadores nada podían hacer para detener el curso de los acontecimientos en Francia. El derrocamiento de Luis XVI y el apresamiento de la familia real francesa en agosto de 1792, junto con las victorias militares de la nueva república y su política de expansión revolucionaria, indujeron a España a cerrar filas una vez más y al monarca a intentar otro camino. Cesó a Aranda el 15 de nov. y liquidó, así, la política y a los políticos de Carlos III, en favor de un nuevo régimen. Aranda fue sustituido por Manuel Godoy, de quien pronto se empezó a decir que debía únicamente al favor de la reina su rápido acceso al poder. Pero en su nombramiento había algo más que una intriga palaciega. El punto de vista de los británicos era que los monarcas habían preparado durante largo tiempo a Godoy y que el fracaso de la pacificación en un momento en que la contrarrevolución cobraba fuerza les dio la oportunidad de nombrarlo. Lo cierto es que se había puesto a prueba al sistema político y a los políticos de Carlos III y que no habían respondido: ni Floridablanca ni Aranda pudieron conseguir los resultados que buscaba Carlos IV. Había llegado el momento de olvidar el pasado y de buscar consejeros fuera de los grupos tradicionales de golillas y militares, cuyas anacrónicas rivalidades desestabilizaban al gobierno y daban alas a Francia. Así pues, el nombramiento de Godoy puede considerarse como una alternativa, una tercera vía.


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los Vales Reales Títulos de deuda pública y, al mismo tiempo, el primer ejemplo de papel moneda en España. (Habrían de ser admitidos en el comercio como medio de pago, así como en las Tesorerías y Cajas Reales, como si se tratara de dinero efectivo) Ante la escasez de fondos debida a la participación de España en la Guerra de Independencia norteamericana, fue necesario buscar nuevas fuentes de financiación. Cabarrús propuso la emisión de papel moneda para hacer frente al aumento de los gastos. Tal emisión (en 1780) se justificó como necesaria para evitar el incremento de la presión fiscal sobre los vasallos, y con ello, los problemas de orden público que pudieran sobrevenir. Era un momento propicio, ya que las gruesas sumas de dinero pertenecientes a la Real Hacienda se hallaban detenidas en América. Se atendió la oferta hecha por varias casas de comercio acreditadas y establecidas en el reino, que ofrecieron la entrega de un anticipo de 9 millones de pesos o 135 millones de reales en metálico y letras de cambio, con un interés anual del 4%. A cambio, recibirían los vales reales suficientes para cubrir el dinero efectivo prestado. Los vales reales tenían curso legal en todo tipo de transacciones, salvo para el comercio minorista y el pago de salarios y de pensiones del Estado. Circulaban mediante endoso (letra de cambio), y para evitar falsificaciones, cada año debían presentarse para su canje por otros de la misma denominación y de distinto diseño. A lo largo de las dos décadas finales del siglo XVIII se realizaron nuevas emisiones de vales mientras su cotización oscilaba a la baja. El descrédito de los Vales fue en aumento, los acreedores acudían al rey para que se les resarciera de sus pérdidas en la cotización de los Vales. De ahí que se buscara un Banco con capital privado y avalado por la Corona bajo su protección para mantener el valor del crédito real y con la misión de redimir los vales reales. Por ello, se crea en 1782 el Banco de San Carlos, para evitar la ruina del crédito público y facilitar el fomento y las operaciones comerciales de España. La última emisión de vales, forzada por las necesidades bélicas, se produjo en 1799, por un valor de 800 millones de reales. Paulatinamente, se fueron depreciando hasta desaparecer de las cuentas de Hacienda en la conversión de 1836. El Banco de San Carlos 1782 Creado por real cédula de 1782 como una entidad privada bajo la protección de la corona. El objetivo del banco realizar el reembolso de los vales reales. Realiza pagos de la Hacienda Real, aprovisionamiento del ejército y la marina, banco por acciones distribuidas libremente. Se abren varias sucursales que pueden hacer préstamos a un 5% de interés. Su capital inicial es de 200 millones de reales, no funciona con estabilidad porque las guerras hacen difícil su puesta en marcha y el capital es difícil de conseguir para la corona por lo que hace presión para la compra de acciones. Para facilitar esta venta el Banco emitió billetes por un valor de 52 millones de reales y la corona depositó 30 millones de reales oro. Obtuvo privilegio para exportar plata en barras para incrementar los beneficios. A pesar de todo ello tuvo enormes pérdidas debido a los costes del suministro al ejército. Las cuentas no fueron claras porque se repartieron beneficios a pesar de ser caótico. El fracaso se debe a su vinculación a la Hacienda Real y por ello no consiguió despegar. La ruina fue a finales del XVIII y Guerra de la Independencia terminó de destruir el 1er banco nacional. La fundación del Banco de San Carlos significó la derrota de los 5 gremios.

Pósito Institución nacida probablemente en el siglo XV. Eran depósitos de cereales de carácter municipal (pósitos públicos reales o concejiles), cuya función primordial consistía en realizar préstamos de cereal en condiciones módicas a los vecinos necesitados. Otros fueron fundados por particulares (obispos, parroquias, hermandades de vecinos...) y se conocían como arcas de misericordia o pósitos píos. Los municipales tenían un carácter eminentemente estabilizador, ya que pretendían aminorar las fuertes alzas de precios que normalmente generaba una mala cosecha. La Pragmática de 1584 ordenaba la instalación de pósitos en todos los pueblos de Castilla, precisamente para evitar este problema. Además de esta función reguladora, el pósito ejerció con el tiempo un papel de crédito a la producción, ofreciendo préstamos de trigo u otros granos. Los préstamos de trigo se hacían en fechas prefijadas y se facilitaban de forma prioritaria a los labradores más necesitados según el criterio del regidor encargado de ello. Se cobraban unos intereses, llamados creces, que oscilaron entre el 4,16 y el 8,33% anual. HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA – Resúmenes preguntas 2º parcial 76

Las arcas de misericordia, dado su carácter caritativo, no solían cobrar las creces, especialmente cuando se trataba de pobres y viudas. El almacén era una troje o panera, que estaba controlado generalmente por el Concejo. En España alcanzaron apogeo en los siglos XVII y XVIII, e incluso se realizaron obras públicas y sociales financiadas con los intereses que devengaban sus créditos. Al finalizar el siglo XVIII, el intervencionismo militar en el exterior ocasionó dificultades en la Real Hacienda que propiciaron la caída y ruina de estas instituciones.

Surgimiento del partido fernandino pro Inglaterra La oposición política al favorito de los reyes se agrupó en torno a la figura del heredero de la Corona, el príncipe Fernando, al cual Godoy mantenía sistemáticamente marginado de los asuntos de estado. El futuro Fernando VII creció en un ambiente receloso, odiando a Godoy y como consecuencia a su propia madre. Tratado de Fontainebleau (1807) En 1800 Napoleón comenzó a presionar a España para que le ayudara a conquistar Portugal, aliada de Gran Bretaña. Godoy la ocupó para los franceses y se le nombró Alteza Serenísima. Fernando, el príncipe de Asturias, era un enemigo de Godoy y éste ya estaba pensando en su futuro, fuera de España; la posibilidad de obtener un principado en un Portugal dominado por Francia se hace realidad en el tratado de Fontainebleau en 1807, firmado por Carlos IV y Napoleón. El objetivo era asegurar la conquista de Portugal por Francia y España, para completar el bloqueo continental contra Gran Bretaña. Las tropas francesas penetrarían en España, camino de Portugal. Portugal quedaría dividido en tres partes, una de las cuales, el principado del Algarve, sería para Godoy. La conjura de El Escorial (1807) Mientras las dos facciones competían por conseguir el favor de Napoleón, acabaron por convencerle de que ninguna de ellas era digna de confianza y de que sólo la intervención directa podía servir a sus intereses. El gobierno fue primero desestabilizado desde dentro y luego destruido desde fuera. Para impedir el supuesto proyecto de situar a Godoy al frente de un gobierno de regencia, la oposición fernandina preparó un decreto firmado por Fernando como rey de Castilla, con la fecha en blanco, que tendría validez a la muerte de Carlos IV. Godoy descubrió la conspiración, se identificó como víctima y junto con Mª Luisa lo reveló todo a Carlos IV como una conspiración contra la vida del rey. Éste mandó detener a su hijo en el Escorial el 29 oct y sus documentos fueron confiscados. Al día siguiente, Carlos IV anunció que su hijo había confesado un complot para destronarle. El príncipe dio buena muestra de su carácter al delatar a sus partidarios pero el proceso de los mismos por el consejo de Castilla fue revelador. Fueron absueltos con la algaraza del pueblo de Madrid; este hecho mostraba la impopularidad del ministro y su falta de apoyo entre la alta magistratura. Mientras las dos facciones curaban las heridas que se habían causado, Godoy y los monarcas pudieron respirar de nuevo, Fernando consiguió una pseudopopularidad y la nobleza se preparó para un nuevo asalto al poder. Los problemas de la economía española y las tensiones de la sociedad española salieron en forma de conspiraciones, tumultos y rebeliones. Entre 1804 y 1808 la política de Napoleón con respecto a España pasó de la intervención al desmembramiento y al derrocamiento de los Borbones. Al mismo tiempo que negociaba con los Borbones la cesión de la orilla izquierda del Ebro, preparaba secretamente su destronamiento. El motín de Aranjuez (marzo de 1808) Entre 1804 y 1808 la política de Napoleón con respecto a España pasó de la intervención al desmembramiento y al derrocamiento de los Borbones. Los ejércitos franceses no estaban en España para vigilar la ruta hacia Portugal, sino para ocupar toda la península. Godoy también era consciente y por ello decidió trasladar la corte a Aranjuez, desde allí a Andalucía y luego a América; contó con la oposición del Consejo de Castilla y los nobles que hicieron correr la noticia de que quería raptar a la familia real. En la noche del 17 de marzo de 1808 un motín en Aranjuez protagonizado por una muchedumbre de soldados, campesinos y trabajadores del palacio. Godoy se escondió en su casa y el 19 de marzo fue detenido y maltratado por la multitud, pero el príncipe Fernando le salvó aunque fue sometido a un duro encarcelamiento. Hubo un nuevo motín, solicitando la abdicación de Carlos IV, lo que hizo en favor de su hijo y heredero. El general Murat entró en Madrid y Fernando creyó que los franceses le apoyaban. -

El motín de Aranjuez no fue un levantamiento popular, a su frente estuvieron el príncipe de Asturias, los grandes y nobles y el ejército, la multitud fue activada por ellos.

No MODERNA era un golpe de estado parapreguntas sustituir un gobernante por otro, querían cambiar la monarquía absolutista HISTORIA DE ESPAÑA – Resúmenes 2º parcial 77

por una más constitucional, y un gobierno aristocrático frente al de los favoritos y burócratas. -

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También contó con el apoyo del clero, resentido por las iniciativas contra sus propiedades y de los ilustrados que nada tenían que perder y tal vez algo que ganar, de los franceses. Una de las primeras decisiones de Fernando VII fue la de amnistiar a todos los condenados por la conspiración de El Escorial, la de hacer regresar del exilio a Jovellanos, Cabarrús, Urquijo y otros; la de revocar una serie de órdenes de Godoy, como la venta de las propiedades eclesiásticas No hubo vencedores en Aranjuez. o

Godoy pasó el resto de su vida en el exilio, los reyes,

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Carlos y Mª Luisa fueron enviados a Francia.

o

Fernando también y obligado a abdicar en favor del hermano de Napoleón, José Bonaparte. (Los fernandistas comprendieron que habían cometido un error de cálculo y que Napoleón había enviado sus tropas no para liberarles de Godoy sino para quitarles a Fernando)

o

Napoleón tampoco ganaría, el pueblo se levantó contra los franceses y se unió a los británicos.

A pesar de todas sus limitaciones, estos singulares acontecimientos contenían un nuevo mensaje: la monarquía no era inviolable, la forma de gobierno no era inmutable y el motín de Aranjuez significó el fin de una era y el comienzo de otra nueva. Los 15 años transcurridos entre 1793 y 1808 habían sido años de desastre y de desilusión, durante los cuales el Antiguo Régimen se internó por un camino de autodestrucción acelerado por los conflictos externos. La monarquía borbónica, que Carlos III había situado en el cenit de su eficacia para restablecer la economía y el poder de España, se hundió en 1804‐1808 en un tumulto de crisis agrarias e invasiones externas, incapaz de alimentar y de defender a su pueblo.


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Preguntas Historia Moderna de España 1665-1808

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