DEDUCE RECURSO DE NULIDAD
S. J. L. DEL TRABAJO DE SANTIAGO (1°)
GABRIELA CARVAJAL GODOY, abogada, por la parte demandada “Transformadores
CH Ltda.”, en los autos laborales sobre vulneración de derechos
fundamentales con ocasión del autodespido y cobro de prestaciones, en procedimiento de tutela laboral, caratulados “ARCE con TRANSFORMADORES CH S.A.”, RIT T-124-2017, a SS., respetuosamente digo:
Que en tiempo y forma, según lo prescribe el artículo 479 del Código del Trabajo y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 477 y 478 del mismo Código, vengo en deducir Recurso de Nulidad en contra de la sentencia definitiva de fecha 13 de junio de 2017, notificada a esta parte en igual fecha y dictada por doña Angélica Pérez Castro, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, mediante la cual se rechazó la denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales, pero acogió la demanda de despido indirecto, enfermedad profesional profesional y cobro de prestaciones. El objeto del presente recurso de nulidad es que la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago anule la sentencia recurrida en lo pertinente, dictando sentencia de reemplazo en que, aplicando correctamente las normas sobre despido indirecto e indemnización de daño moral por enfermedad profesional, declare improcedente improcedente el pago de cualquier tipo de indemnizaciones.
I.- ANTECEDENTES DEL RECURSO: Con fecha 13 de junio de 2017, se acogió la demanda subsidiaria por autodespido enfermedad profesional y cobro de prestaciones interpuesta por don PEDRO ARCE MENA, resolviéndose que:
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a) b) c) d) e)
I.- Que SE ACOGE el incidente de prueba nueva interpuesto por TRANSFORMADORES CH S.A. en contra de PEDRO ARCE MENA, sin costas. II.- Que SE RECHAZA la demanda de tutela interpuesta por PEDRO ARCE MENA en contra de TRANSFORMADORES CH S.A. sin costas por haber tenido motivos plausibles para litigar. III.- Que SE ACOGE la demanda de despido indirecto, enfermedad profesional y cobro de prestaciones interpuesta por PEDRO ARCE MENA en contra de TRANSFORMADORES CH S.A., sólo en cuanto la demandada deberá pagar: La suma de $561.196 por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo. La suma de $2.244.784 por concepto de indemnización por años de servicio, aumentada en un 50%, a saber $1.122.392. La suma de $321.488 por concepto de feriado. La suma de $700.000 por concepto de daño moral. Que todas las sumas señaladas deberán pagarse con los intereses y reajustes señalados en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.
En la dictación de la sentencia se han cometido, a nuestro juicio, errores que la invalidan y hacen aplicable las siguientes causales de nulidad.
II.- CAUSALES DE NULIDAD EN QUE SE SUSTENTA EL PRESENTE RECURSO: El presente recurso de nulidad encuentra su fundamento en las causales que a continuación se indican, las que se interponen de manera conjunta:
1) CAUSAL DE NULIDAD DEL ARTÍCULO 478 LETRA C) DEL CÓDIGO DEL TRABAJO Se invoca la causal o vicio de nulidad establecida en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, por ser necesaria la alteración de la calificación jurídica
de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior . En este caso concretamente por calificar erradamente el sentenciador los hechos sometidos a su conocimiento, al considerar que estos son constitutivos de incumplimiento grave que impone el contrato al empleador y que justifica el despido indirecto del actor, en circunstancias que ello no es posible desprenderlo de los hechos asentados en el juicio. En efecto la sentencia arriba a dicha conclusión en los considerandos
Trigésimo Segundo, Trigésimo Tercero y Trigésimo Cuarto , en los que califica erradamente -a nuestro entender-, los hechos acreditados en juicio, al considerar 2
que el autodespido del trabajador se encuentra justificado, por haber incumplido el empleador gravemente el contrato de trabajo al “contravenir lo señalado en el artículo 184 del Código del Trabajo, el que dispone que el empleador se encuentra obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, al no adoptar ninguna medida frente a los reclamos del actor y que derivaron en que fuera diagnosticado con stress laboral, sin hacer investigación alguna o adoptar como se dijo una medida de resguardo, ni considerar alguna charla de seguridad al respecto, más allá del procedimiento en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, respecto del Título XVI referido a las normas que dignifican el trabajo y garantizan un ambiente de trabajo respetuoso de los derechos fundamentales y contempla en los artículo 72 y siguientes frente al menoscabo o vulneración sentida por uno de los trabajadores, un procedimiento de investigación, el cual no se llevó a cabo, por faltar en la denuncia respectiva, a juicio del empleador una relación pormenorizada de los hechos, consignando fechas y horas, lugar de ocurrencia, medio o medios utilizados para materializar la conducta ilícita (Considerando
Trigésimo Segundo) Es en estos considerandos que la sentencia incurre en la errada calificación jurídica de los hechos que vicia de nulidad la misma, y lo hace en la forma que pasaremos a analizar a continuación:
-
Hechos asentados en el fallo: En la sentencia son varios los considerandos en los que quedan asentados
los principales hechos en que se basa la decisión de acoger la demanda de autodespido: 1. La existencia de determinadas actividades efectuadas por parte de doña Andrea Carrasco, prevencionista en riesgos de la demandada, en contra del actor, consistentes en el tratamiento a aquel como poblacional, además de gritos (Considerando Vigésimo)
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2. El actor presentó un reclamo a la empresa junto a un grupo de trabajadores… (Considerando Vigésimo) 3. La denuncia generó la emisión de una carta a la señora Carrasco (por parte de la empresa) a fin de que no continuara en las actitudes reclamadas… (Considerando Vigésimo) 4. El demandante habría concurrido a la Asociación Chilena de Seguridad donde se le diagnosticó trastorno de adaptación - stress laboral, siendo tratado como neurosis laboral (Considerando Vigésimo) 5. Dicha patología fue declarada como de origen común por la Superintendencia de Seguridad Social, fundado en antecedentes que habría presentado la demandada ante dicha institución (Considerando Vigésimo). 6. La neurosis laboral alegada, fue diagnosticada por la Asociación Chilena de Seguridad, que estableció la existencia de un trastorno adaptativo-stress laboral, debido al trato inadecuado dado por la señora Carrasco. (Considerando Vigésimo Cuarto) 7. Tal patología se encuentra para ser reevaluada por parte de la ACHS
(Considerando Vigésimo Cuarto) 8. A su vez la patología fue determinada como enfermedad común por la Superintendencia de Seguridad Social, fundado lo anterior, en antecedentes presentados por la demandada ante dicha institución.
(Considerando Vigésimo Cuarto) 9. Respecto a las supuestas denuncias reiteradas a la demandada, sin que ésta haya tomado medidas, sólo se acredito aquella realizada en conjunto con sus compañeros de trabajo el 2 de noviembre de 2016, pero no de las anteriores que indica, las que, por otro lado, no se señalaron expresamente ni en la carta aviso de despido ni en la demanda. (Considerando Vigésimo Quinto) 10. Frente a la denuncia la demandada remitió una misiva a la prevencionista de riesgos comunicándole el hecho y pidiéndole, si fuera necesario mejorar su trato, no realizándose investigación alguna por ello. (Considerando Vigésimo Quinto) 11. De los hechos indicados en la carta aviso de despido, sólo fue posible probar que doña Andrea Carrasco trató al actor de poblacional y con gritos, al igual que al resto de los trabajadores, (Considerando Vigésimo Sexto). 12. El demandante realizó una denuncia ante la empresa en conjunto con otros 24 trabajadores, respecto de la cual no se hizo investigación 4
alguna, sólo remitiéndole una carta a dicha persona a fin de que desistiera de los mismos, si efectivamente ocurrieron (Considerando
Vigésimo Sexto) 13. Se le diagnosticó al demandante trastorno adaptativo-stress laboral, el que aún se encuentra en reevaluación en la Asociación Chilena de Seguridad y declarada como laboral por la Superintendencia de Seguridad Social. (Considerando Vigésimo Sexto) 14. … toda vez que de sus propios dichos el demandante indica que se habría negado a realizar ciertas actividades, como conducir una grúa, asistir a charlas de seguridad “porque le echaba a perder el día verla” o pedirle guantes al representante legal de la demandada, cuando la señora Carrasco se negó por el horario en que se solicitó, de lo cual se desprende que, entre ambos, existía una mala relación al interior de la empresa. (Considerando Vigésimo Tercero) 15. Que el trato inadecuado de la señora Carrasco, no se remitía sólo al demandante, en lo que respecta a los gritos proferidos, sino que son reconocidos como forma de trato de dicha persona, solo produciendo un reclamo de varios trabajadores, quienes no se encontraban conforme con ello, pero no así una denuncia masiva a la Inspección del Trabajo o Asociación Chilena de Seguridad. (Considerando Vigésimo
Tercero) Luego,
en
el
Considerando Vigésimo Octavo
en
adelante,
la
sentenciadora efectúa el análisis tendiente a determinar la procedencia de las causales de caducidad utilizada por el trabajador al autodespedirse. Es así como descarta la primera de las causales invocadas, la del art 160 N° 1 letra f), conductas de acoso laboral , señalando al efecto: “…baste para descartar la primera de las causales invocadas, lo señalado en el considerando vigésimo tercero precedente” ( Considerando Trigésimo Primero) . Dicho considerando Vigésimo Tercero señala a su vez que: “No es posible establecer la existencia de mobbing o acoso laboral, ejercido por doña Andrea Carrasco en contra del actor, toda vez que si bien se probaron la ejecución de determinados hechos por parte de dicha persona en contra del demandante, como decirle poblacional y tratarlo con gritos, no se acreditó en juicio las veces ni 5
el periodo en que ello ocurrió, sin perjuicio de sólo mencionarse que ocurría desde hacía dos años, lo que no se probó… siendo uno de los requisitos propios de la institución en estudio la reiteración de la conducta en el tiempo, además de corresponder el tratamiento a los trabajadores, en forma inadecuada al hablarles en un tono de voz más alto que lo esperable propio de la persona antes referida, algo que se hacía extensivo a todos sus subalternos y no en forma exclusiva al señor Arce”. (los destacados son nuestros) Luego de hecho este descarte la sentenciadora analiza la segunda de las
causales invocadas para justificar el despido indirecto: el incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por parte del empleador.
Es justamente en las conclusiones relativas a este aspecto en que se evidencia la errada calificación jurídica de los hechos cometida por la sentenciadora, puesto que luego de haber dado por asentados y por acreditados una serie de hechos en relación a la conducta del empleador frente a la denuncia de los trabajadores de fecha 2 de noviembre de 2016, termina concluyendo que:
“Que en relación al incumplimiento contractual, a juicio de esta juez, es posible vislumbrar el mismo toda vez que, encontrándose probado que la señora Carrasco trató de poblacional al actor y que el trato de aquella persona hacia el demandante y sus compañeros de trabajo es mediante gritos, poniendo tal hecho en conocimiento de la empresa el 2 de noviembre de 2016, aquella no
realizó alguna investigación orientada a establecer la veracidad de tales hechos, limitándose a remitirle una misiva en la cual se indica que si esos hechos hubieran ocurrido, modificara su conducta, situación que no podía ignorar si 24 trabajadores de un total de 87, refirió tener problemas con su trato, más allá de 6
que se hubieran especificado o no, manteniendo tal conducta pasiva aún después de haber sido citados a mediación por encontrarse por la Inspección del Trabajo vulneración a los derechos fundamentales del actor y diagnosticársele al actor stress laboral, derivado precisamente de dicha conducta disfuncional, no
adoptando medidas de resguardo para el demandante y sus compañeros de trabajo. Es decir, concluye la existencia de un INCUMPLIMIENTO GRAVE DE LAS OBLIGACIONES debido a que el empleador no efectuó una investigación orientada a esclarecer la veracidad de los hechos y se limitó a “remitirle una misiva” a la prevencionista de riesgos, no adoptando medidas de resguardo para el demandante y sus compañeros de trabajo.
De acuerdo a esto, el tribunal, luego de descartar la primera de las causales esgrimidas por el actor al momento de autodespedirse (el supuesto acoso laboral), inexplicablemente concluye la existencia de un incumplimiento grave, basándose en una serie de hechos que claramente no configuran incumplimiento a las obligaciones del empleador y que por lo demás carecen de la gravedad y entidad necesaria para justificar la terminación del contrato de trabajo. Esta conclusión de la sentencia se encuentra fundamentada en una supuesta inactividad del empleador frente a la denuncia de los trabajadores, estimando que no se habrían tomado las medidas suficientes para “resguadar” al trabajador, obviando el hecho que la denuncia y su contenido carecía de las características de una denuncia de acoso laboral (tanto de forma como de fondo) y que la empresa sí tomó medidas adecuadas y coherentes con el contenido de la denuncia. El error de calificación jurídica en este caso está en el hecho de otorgarle a la denuncia de los 24 trabajadores un carácter de gravedad que es posible descartar del solo tenor de la misiva, la informalidad de esta, falta de fecha y 7
adecuada individualización de los denunciantes y por otro lado desconocer y minimizar las acciones adoptadas por el empleador frente a esta denuncia, estimando que no se resguardó adecuadamente al trabajador, lo que a su juicio implicaría contravenir el art 184 del Código del Trabajo.
Esta sumatoria de errores en la calificación de los hechos se hace evidente en el texto del considerando Trigésimo Segundo, en el que la sentencia expresa que:
“Que en relación al incumplimiento contractual, a juicio de esta juez, es posible vislumbrar el mismo toda vez que, encontrándose probado que la señora Carrasco trató de poblacional al actor y que el trato de aquella persona hacia el demandante y sus compañeros de trabajo es mediante gritos, poniendo tal hecho en conocimiento de la empresa el 2 de noviembre de 2016, aquella no realizó alguna investigación orientada a establecer la veracidad de tales hechos , limitándose a remitirle una misiva en la cual se indica que si esos hechos hubieran ocurrido, modificara su conducta, situación que no podía ignorar si 24 trabajadores de un total de 87, refirió tener problemas con su trato, más allá de que se hubieran especificado o no, manteniendo tal conducta pasiva aún después de haber sido citados a mediación por encontrarse por la Inspección del Trabajo vulneración a los derechos fundamentales del actor y diagnosticársele al actor stress laboral, derivado precisamente de dicha conducta disfuncional, no adoptando medidas de resguardo para el demandante y sus compañeros de trabajo. … Que así las cosas, la demandada contravino lo señalado en el artículo 184 del Código del Trabajo, el que dispone que el empleador se encuentra obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, al no adoptar ninguna medida frente a los reclamos del actor y que derivaron en que fuera diagnosticado con stress laboral, sin hacer investigación alguna o adoptar como se dijo una medida de resguardo , ni considerar alguna charla de seguridad al respecto, más allá del procedimiento en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, respecto del Título XVI referido a las normas que 8
dignifican el trabajo y garantizan un ambiente de trabajo respetuoso de los derechos fundamentales y contempla en los artículo 72 y siguientes frente al menoscabo o vulneración sentida por uno de los trabajadores, un procedimiento de investigación, el cual no se llevó a cabo, por faltar en la denuncia respectiva, a juicio del empleador una relación pormenorizada de los hechos, consignando fechas y horas, lugar de ocurrencia, medio o medios utilizados para materializar la conducta ilícita.”. (El destacado es nuestro). La jueza llega a esta errada conclusión a pesar de haber dejado previamente
asentado
el
hecho
que
la
empresa
sí
tomó
medidas;
específicamente el envío de una amonestación a la trabajadora denunciada a fin de que no continuara en las actitudes reclamadas … (hecho consignado en el
Considerando Vigésimo), y estima, sin fundamento jurídico alguno, más allá de su propia visión personal, que la empresa debió efectuar una investigación, omitiendo con ello el procedimiento interno formalmente establecido en el reglamento de orden higiene y seguridad de la empresa y en el que se detalla cada uno de los aspectos y características que debe tener una denuncia de este tipo, especialmente tratándose de acoso aboral (la existencia de dicho Reglamento Interno y los requisitos que debe cumplir la denuncia de acoso laboral para dar lugar a una investigación por parte de la empresa se encuentra en el Considerando Décimo letra L) Siguiendo el criterio empleado por la sentenciadora, dado que el empleador no inició investigación (a pesar de no darse los supuestos establecidos para ello en el reglamento interno), estima que no se adoptó ninguna medida y que por ende se ha incumplido el art 184 del Código del Trabajo, dándose lugar a un incumplimiento grave de las obligaciones del empleador Claramente los elementos mencionados están lejos de configurar un “incumplimiento grave” en los términos que nuestra legislación lo regula, específicamente porque la obligación supuestamente incumplida no se encuentra contenida ni en el contrato de trabajo ni en el reglamento interno en los términos que lo exige la sentencia, y en segundo lugar porque el supuesto incumplimiento carece de la gravedad a la que hace referencia la norma. La gravedad del incumplimiento es un elemento trascendental en materia de causales de despido, y específicamente en el despido indirecto a la luz del 9
principio de la continuidad laboral. Debe tratarse de conductas (u omisiones) de magnitud y trascendencia suficiente que justifique la adopción de la más drástica medida que existe en materia laboral: dar por concluida la relación entre trabajador y empleador. Por otra parte, debemos recalcar que la consecuencia del auto despido (la terminación del contrato con condena a pago de indemnizaciones con recargos) debe basarse en una causa razonablemente proporcional a ésta, por lo que
no
cualquier
incumplimiento
amerita
un
auto
despido
dada
las
consecuencias que éste acarrea para el empleador. La errada calificación jurídica queda de manifiesto al analizar los siguientes hechos: -
La denuncia de los trabajadores fue la primera manifestación de
molestias respecto de la prevencionista de riesgos, doña Andrea Carrasco. Previo a dicha carta, mi representada nunca recibió reclamo o denuncia alguna respecto al desempeño de la Sra. Carrasco ni por parte del actor ni de otros trabajadores (considerando vigésimo quinto). -
La carta dirigida a la Gerencia no reunía las condiciones necesarias para constituir una denuncia por conductas de acoso laboral, de acuerdo a lo dispuesto en el art 73 del RIOHS vigente en la empresa (considerando décimo noveno último párrafo) .
-
La empresa sí tomó medidas de resguardo , en proporción a la gravedad de la denuncia: Amonestó a la prevencionista de riesgos, comunicándole el hecho, haciéndole ver la importancia de mantener buenas relaciones y pidiéndole, si fuera necesario, mejorar su trato
(considerando vigésimo quinto párrafo final)
-
Forma en que el error influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo:
De acuerdo a lo expresado en el punto anterior, la calificación de los hechos efectuada por el sentenciador requiere ser alterada por ser errónea, puesto que de haberse hecho en forma correcta el tribunal a quo habría 10
concluido necesariamente que no se daban los elementos de gravedad, injustificación y proporcionalidad propios de la figura del autodespido.
2) CAUSAL GENÉRICA DEL ART 477 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, HABERSE DICTADO LA SENTENCIA CON INFRACCIÓN DE LEY QUE HA INFLUIDO SUSTANCIALMENTE EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO; INFRACCIÓN AL
ARTÍCULO 69 DE LA LEY 16.744, EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 2314 DEL CÓDIGO CIVIL: El artículo 69 de la Ley 16.744 establece: “Cuando, el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán observarse las siguientes reglas: a) El organismo administrador tendrá derecho a repetir en contra del responsable del accidente, por las prestaciones que haya otorgado o deba otorgar, y b) La víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral”.
De este modo, la posibilidad de indemnización del daño moral no es un derecho que opera por el solo ministerio de la ley, pues se debe establecer si en el accidente o enfermedad hubo culpa o dolo. Ya el solo hecho de establecer esta distinción, sumado a que las indemnizaciones se reclaman conforme a las prescripciones del derecho común, lleva a sostener que el artículo 69 no establece el daño moral como un derecho que emana de dicha ley, sino que lo somete a las reglas comunes. En efecto, si se entendiera que la indemnización del daño moral procede por el solo ministerio de la ley, no habría sido necesaria la distinción de culpa o dolo, como alternativas. El artículo 69 permite la acción indemnizatoria solamente en caso de que el autor del daño haya actuado con dolo o culpa, sea el empleador o un tercero. En tal sentido debemos señalar que no es posible imputar ni siquiera culpa 11
levísima
al
empleador
puesto
que
los
padeciemientos
del
trabajador
supuestamente derivados de los malos tratos y hostigamiento de la prevencionista de riesgos Andrea Carrasco ocurrieron todos previos a que el actor (junto a otros 25 trabajadores) hiciera la denuncia respectiva al empleador, y previo además a las licencias médicas por trastorno de adaptación y estrés laboral (la primera de ellas fue el 24 de noviembre de 2016 y se extendieron hasta el día 13 de enero de 2017). De acuerdo a lo anterior podemos concluir que el factor detonante de la enfermedad del trabajador -de tratarse de una enfermedad profesional originada por el actuar de la prevencionista de riesgos, como postula la sentencia- fueron todas conductas previas a la denuncia hecha por los trabajadores. Por esta razón, el supuesta “incumplimiento del empleador de su deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador ”, quien “no implementó ninguna medida orientada al resguardo de la salud del actor y sus compañeros de trabajo” (considerando quincuagésimo) no pudo generarse sino después de efectuada la denuncia, es decir cuando ya se había producido el daño que dio lugar a la supuesta enfermedad profesional. Es decir, siendo la enfermedad profesional y el consecuente reposo laboral “producto del tratamiento dado por la prevencionista de riesgos ” (tal como lo sostiene el considerando quincuagésimo primero) en la especie no es posible atribuir responsabilidad a mi representada por su actuar posterior a la denuncia, puesto que al provenir las dolencias del trabajador de actuaciones anteriores que, por lo demás no estaban en conocimiento del empleador, no existe en la especie la necesaria relación o vínculo de causalidad entre este actuar y el daño. El análisis del elemento de causalidad supone la satisfacción de dos presupuestos. Por un lado, se debe cumplir un elemento naturalísimo, consistente en que un daño determinado sea una consecuencia necesaria de un hecho. Además, es necesario que entre ese hecho y el daño exista una relación directa. Dicho de otro modo, la causalidad actúa, por un lado, como elemento o requisito de la responsabilidad civil y, por otro, como límite. Como requisito, exige que el hecho sea condición necesaria del daño. Como límite, pues no basta una relación puramente descriptiva, sino que además exige una apreciación
12
normativa que permita calificar el daño como una consecuencia directa del hecho ilícito. Es respecto del análisis del nexo causal o elemento de causalidad, que el sentenciador ha infringido las normas citadas. En efecto, el artículo 69 de la Ley 16.744 remite al derecho común la acción de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, al no hacerse referencia alguna a la normativa en cuestión, debe entenderse que en la especie es aplicable el estatuto supletorio de responsabilidad civil, contenido en el artículo 2314 y siguientes del Código Civil. Dicha norma exige como requisito de responsabilidad la existencia de un nexo causal entre el daño sufrido y acción u omisión dolosa o culpable que le dio origen, lo que no ocurre en la sentencia impugnada, pues en ella no se realiza análisis alguno del nexo causal que debiera existir entre la enfermedad y el actuar del empleador. En tal sentido, la sentencia en su Considerando Trigésimo Noveno establece: “Que siendo el fundamento de la decla ración del tribunal de encontrarse el autodespido ajustado a derecho por el incumplimiento contractual antes referido, no es posible vislumbrar por esta juez, indicios suficientes acerca de la vulneración de derechos fundamentales alegada, ya que con la misma no se produjo el stress laboral, ni se afectó la honra ni la libertad de trabajo del demandante, pudiendo haberse originado aquello de las conductas de la señora Carrasco, pero que no la razón que hace establecer al tribunal la conculcación al contrato de trabajo y su gravedad, sino la conducta pasiva de la demandada frente a los hechos reclamados y su deber de seguridad respecto de los trabajadores, ocurriendo los hechos que indica el señor Arce Mena, durante la existencia de la relación laboral, sin ejercer acción alguna de tutela laboral, ni autorizándose el autodespido por el tribunal fundado en aquello”. Por su parte, el Considerando Cuadragésimo sexto señala: “Que para que dicha responsabilidad tenga lugar necesariamente debe existir una enfermedad profesional, un incumplimiento del empleador a su deber de protección y cuidado de l a vida y salud del trabajador y que el mismo le haya ocasionado perjuicios”. 13
Por último, el Considerando Cuadragésimo sexto señala: “Que, respecto del primero de los requisitos señalados, aparece de los hechos que se han tenido por establecidos y de los medios de prueba incorporados en la audiencia de juicio, que se diagnosticó al actor trastorno de adaptación-stress laboral, determinándose su origen en la prestación de servicios desarrollada por el actor. Que en nada modifica lo anterior, la circunstancia de que tal patología se encontrare en estudio ante la Asociación Chilena de Seguridad y declarada como de origen común por la Superintendencia de Seguridad Social (…)”.
De los considerandos recién transcritos resulta evidente que el sentenciador no efectuó análisis alguno relativo a la necesaria existencia de un nexo de causalidad entre la enfermedad del trabajador y la conducta supuestamente omisiva del empleador, por el contrario, la sentencia es clara en señalar que los padecimientos del trabajador ocurrieron “producto del tratamiento dado por la prevencionista de riesgos” (considerando Quincuagésimo Primero). En tal sentido, la completa ausencia de un análisis pormenorizado de los requisitos de la responsabilidad civil deja a esta parte en completa indefensión, y ante una sentencia que fija de forma antojadiza una indemnización en la suma de $700.000.- por un supuesto daño moral. El fallo omite e infringe el artículo 2314 del Código Civil, en relación a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 16.744, al no analizar el nexo causal previsto en la norma y que exige para establecer la responsabilidad que el daño sufrido se haya causado con culpa o dolo. El fallo da por supuesto los daños alegados en autos, y que estos serían consecuencia de la enfermedad sufrida, sin que dicha conclusión se desprenda de la prueba rendida y permita concluir de forma fehaciente que efectivamente el malestar sufrido por el trabajador se debió una enfermedad de origen laboral, máxime si existe una calificación de enfermedad común por parte del organismo competente (Superintendencia de Seguridad Social).
14
-
Forma en que la infracción influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo:
La infracción legal cometida por el sentenciador al momento de dictar el fallo es evidente y de haberse aplicado adecuadamente los artículos 69 de la ley de accidentes del trabajo, y 2314 del Código Civil, la sentencia debió determinar la improcedencia de indemnizar perjuicios debido a la inexistencia de una enfermedad de origen laboral en los términos regulados en nuestra legislación, y en consecuencia rechazar la demanda en todas sus partes. En la especie no se acreditó el nexo causal necesario entre el supuesto daño sufrido y actuaciones del empleador. Se trata de infracciones de ley graves y manifiestas, que han dejado en la más absoluta indefensión a mi representado.
II.- PREPARACIÓN DEL RECURSO: Que tratándose las causales invocadas de aquellas que no pueden si no impugnarse a través del recurso materia de autos, al tener relación con la dictación misma de la sentencia, su decisión y contenido, esta parte estima que se tiene por preparando suficientemente el recurso interpuesto, por no haber existido oportunidad previa de haber sido impugnado los vicios respectivos en que se sustenta el presente recurso.
III.- PETICIONES CONCRETAS: Por todo lo expuesto, esta parte estima, que debiera acogerse el presente recurso, dictándose la sentencia de reemplazo correspondiente, que calificando correctamente los hechos sometidos a su conocimiento y asentados en la misma sentencia, conforme a las normas sobre despido indirecto y terminación de contrato de trabajo, y aplicando correctamente las normas sobre indemnización de daño moral por enfermedad profesional, declare en definitiva que el autodespido del trabajador por supuestos incumplimientos graves de mi representada es injustificado y que no procede pago alguno por concepto de indemnización por daño moral derivado de enfermedad profesional.
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POR TANTO: y en mérito de lo expuesto y a lo dispuesto por los artículos 160 N° 7, 171, y demás pertinentes del Código del Trabajo, y los art artículo 69 de l a ley 16.744, en relación al artículo 2314 del código civil demás normas pertinentes,
RUEGO A US: Se sirva tener por interpuesto recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha 13 de junio de 2017, acogerlo a tramitación y ordenar que se eleven a la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, a fin de que la Iltma. Corte, conociendo del recurso, lo acoja y consecuencialmente, anule la sentencia recurrida y dicte la respetiva sentencia de reemplazo que, califique jurídicamente en forma los hechos probados en juicio, y aplicando correctamente las normas sobre indemnización de daño moral por enfermedad profesional, en definitiva, declare que el autodespido de autos careció de justificación y declare improcedente el pago de indemnización alguna por daño moral derivado de enfermedad profesional. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad conferida a la Iltma. Corte de Apelaciones, por el inciso final del artículo 479 del Código del Trabajo, determinándose sus consecuencias por la Iltma. Corte, al hacer uso de dicha facultad.
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