Notas para la Historia de la Industria Argentina
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Dra. Alicia Angélica Malatesta Profesora Asociada, Facultad Regional San Francisco, U. T.N. La Historia Industrial: enfoques recientes
En las últimas décadas, estudiosos pertenecientes a diferentes escuelas de pensamiento coinciden en encontrar, desde una perspectiva histórica, respuestas a la persistente situación crítica de la economía nacional. En este sentido, muchos investigadores abordan desde renovados enfoques distintos análisis acerca del com portamiento del del sector industrial y su participación participación en la vida económica del país, pretendiendo pretendiendo descubrir descubrir dentro de la temática fabril las explicaciones pertinentes e incorporando nuevas cuestiones y puntos de análisis, ciertamente enmarcados en las nuevas condiciones internacionales del mercado global y en paradigmas productivos que se asientan en la fuerte competitividad externa y en la innovación científico-tecnológica constante y vertiginosa; de hecho, las significativas explicaciones históricas brindadas promueven a su vez debates y polémicas. Entre los aportes recientes más importantes están los estudios efectuados por Jorge Schvarzer, vertidos en diversas contribuciones y en su publicación "La industria que supimos conseguir. Una historia político-social de la industria argentina", que desentraña el proceso recorrido por la industria argentina desde su gestación en las décadas finales del siglo XIX, hasta los tramos finales de los años 90. Este importante trabajo ofrece una reconstrucción histórica de orden sistémico que vincula categorías económicas, sociales y políticas. Por su parte, merece destacarse la obra de Aldo Ferrer "El devenir de una ilusión. La industria Argentina", Argentina", publicada en en 1990, cuya perspectiva de análisis referente a la industrialización sustitutiva de importaciones -y del abandono del modelo industrialista a partir del golpe de Estado de 1976- no se puede soslayar. En el contenido de su conocido trabajo "La clase dominante argentina", Jorge Sábato presenta una renovada interpretación sobre el comportamiento de la élite él ite dominante en nuestro país a fines del siglo XIX y su participación en los negocios negocios industriales industriales del momento, que desde luego luego conforma conforma una contribución acerca de la mentada contraposición entre los terratenientes rioplatenses y los hombres de la industria. Bernardo Kosacoff (1996) dirige "El desafío de la competitividad. La industria argentina en transformación", compilación que apunta a ponderar los cambios recientes en la estructura de la industria argentina y su inserción en el mercado internacional a través de la necesaria competitividad y especialización. En el artículo de su autoría pone énfasis en la etapa posterior a 1983, signada por el desalentador comportamiento general del sector fabril, y da cuenta de las profundas transformaciones que evidencia la actividad industrial, tales como el incremento de la concentración y la desigual performance frente al mercado global. De igual modo, significativos aportes presentan autores tales como Roberto Roberto Cortés Conde, Fernando Fernando Rocchi, y María Inés Barbero. Barbero. Obviamente, los estudios mencionados no agotan la pluralidad de análisis recientes relativos a la temática de la historia de la industria; sin embargo, ellos el los conforman referentes ineludibles a la hora de embarcarse en el siempre convocante análisis del fenómeno industrial en nuestro país. Fases de la industrialización argentina
La determinación de las etapas de la actividad industrial nacional no ha resultado unívoca; por el contrario, no pocos especialistas fechan el inicio de las labores fabriles recién a partir de la crisis económica de 1929. Sin embargo, a la luz de las más recientes investigaciones, la división temporal resultante -que de hecho resulta útil a nivel metodológico, pero que para su correcta interpretación debe inscribirse dentro de un enfoque de proceso que apunte a reconocer tanto los l os cambios como las permanencias- puede sintetizarse de la siguiente manera: • Génesis de la acti vidad industrial. • Auge del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones. • Consolidación industrial y capitales externos. 1
Adaptación realizada por por el Profesor Federico Federico Daín.1
• Cierre de la industrialización sustitutiva de importaciones. • Apertura de la economía. Génesis de la actividad industrial i ndustrial
Es necesario remarcar que el surgimiento de la industria en nuestro país acontece desde los últimos tramos del siglo anterior; esto es, durante la plena vigencia del modelo económico agro exportador que se sustenta en la demanda externa de la producción rural y, como contrapartida, en la satisfacción de las necesidades de productos industrializados diversos a través de la importación. Es en este contexto, caracterizado por el eufórico crecimiento crecimiento tanto de la ganadería como como de las áreas sembradas y por su clara vinculación con los mercados internacionales, cuando da inicio el proceso industrial argentino. Fuera de lo estrictamente productivo, indudablemente se comportan como factores favorecedores de dicho proceso diversos aspectos tales como la finalización de los enfrentamientos armados y la vigencia de los principios constitucionales, la incorporación de tierras resultantes de la denominada "conquista "conquista del desierto", la la federalización de la ciudad de Buenos Aires, el establecimiento de una red de transportes, la conformación del mercado nacional al eliminarse el pago de derechos provinciales, el crecimiento demográfico a raíz de la llegada de amplios contingentes de inmigrantes europeos, y la inversión de capitales externos. Con respecto a los inmigrantes provenientes de Europa y su relación con la industria, es interesante resaltar que muchos de ellos inician labores manufactureras en reducidos talleres que con el correr del tiempo dan lugar a empresas de importancia. Asimismo, no son pocos los extranjeros afincados en tierras argentinas que con espíritu empresario aportan capitales considerables a sus emprendimientos fabriles, y aplican técnicas y experiencias adquiridas en sus países de origen. Por lo tanto, los inmigrantes llegados de ultramar se insertan en la actividad industrial no sólo en el estrato obrero sino que su presencia también es significativa entre los propietarios. Como se sabe, los registros censales constituyen la fuente de datos más exhaustiva sobre la industria argentina en tiempos pasados, aunque ofrecen dificultades a la hora de efectuar los análisis pertinentes, en razón de no poseer homogeneidad en conceptualizaciones, clasificaciones y sistematización de la información en los atributos recogidos. El Segundo Censo General de la Nación, relevado en 1895, conforma un valioso registro del sector económico-productivo del país pues contempla ganadería, agricultura, industria y comercio. Con respecto al tema que nos ocupa, dicha fuente compendia de la información en los momentos previos al inicio del siglo XX y demuestra claramente el avance que experimentan las industrias. De manera global, puede señalarse que en dicho censo los rubros de mayor relieve son el alimenticio, ali menticio, el textil y de la construcción, dado que cuentan con mayores ventajas comparativas derivadas de la l a disponibilidad tanto de materias primas producidas en el área rural a precios muy reducidos, como de mercados consumidores cercanos. De igual modo, el sector alimenticio exportador -conformado por frigoríficos y molinos harinerosdisfruta de bajos costos de producción y, por tal motivo, de una creciente inserción en los mercados internacionales distantes. Por un lado, en la actividad fabril de fines del siglo XIX resulta evidente la preeminencia numérica de pequeños establecimientos establecimientos de neto corte artesanal, que emplean sencillos procedimientos técnicos y que pueden pueden caracterizarse como un simple aprovechamiento de las materias primas provenientes del agro. Por el otro, se registra la acción de un reducido grupo de empresas de envergadura, cuya influencia política y económica se consolida con el transcurrir de los años. Demuestran fuertes inversiones de capital, notable dinamismo y, por cierto, alta rentabilidad; en este último últi mo caso, la decisión empresaria se define por la esperanza de los importantes beneficios a obtener, lo cual explica el surgimiento surgimiento de grandes emprendimientos emprendimientos fabriles. Sin embargo, a nivel general, la falta de asignación de recursos al sector industrial se presenta como una de las características constantes y determinantes de sus posibilidades de crecimiento; como se sabe, dentro de las actividades productivas la mayor proporción de capitales se aplica a la explotación agro ganadera, debido a su jugosa rentabilidad en el corto plazo (en oposición a las inversiones en el área industrial, que operan en tiempos prolongados) y por la vigencia de una escala de prestigio social que privilegia a terratenientes. De igual modo, los réditos generados por la agro exportación son escasamente destinados a inversiones fabriles y así los industriales, ante la necesidad de contar con el capital necesario, reclaman sin éxito el auxilio financiero a las distintas entidades bancarias. Cabe agregar que los inversores sólo se encaminan hacia los rubros de la industria que prometen un negocio seguro, es decir hacia aquellos renglones productivos que gozan de protección natural, control oligopólico del mercado, y demanda abundante. 2
Estas circunstancias contribuyen a moldear un tipo de empresario que, confiado en las óptimas ganancias obtenidas en cada ejercicio, se despreocupa por el progreso tecnológico, la innovación, la incorporación de técnicos y especialistas, y en síntesis, por el mejoramiento del producto. Así coexisten un conjunto de grandes empresas y una multitud de pequeños emprendimientos en los que trabajan sólo sus dueños y algún familiar; empero, además de las dificultades de financiamiento apuntadas, todas ellas deben sortear múltiples escollos: en especial, la competencia que ofrecen los artículos importados, favorecidos por la política aduanera y cuya demanda se halla sólidamente instalada en las pautas de conducta de los consumidores. Al respecto, y como modo de captar un mayor volumen de éstos, no pocas veces los industriales simulan la procedencia europea del producto a través del empleo de rótulos, marcas y etiquetas semejantes a los que poseen los artículos importados. Por otra parte, con respecto a la localización de las plantas fabriles, los mayores registros se observan en la Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Predominan los establecimientos radicados en los espacios geográficos que congregan tierras fértiles, radicación de inmigrantes de ultramar, ferrocarriles y comunicaciones en general, y que están cercanos a la zona portuaria; de tal manera, con la instalación y producción de dichas industrias se fortalece el progreso económico del litoral que, como se sabe, se halla vinculado a la agroexportación. Sin embargo, no debe perderse de vista la importancia que adquiere la producción vítívínícola de Mendoza y la de azúcar en Tucumán, pues constituyen dos de los rubros de mayor crecimiento en el período, alentados por la política proteccionista que instrumenta el Estado nacional. De todo lo dicho se desprende que a fines del siglo XIX se produce un cambio fundamental en la economía del país. Las regiones que en tiempos anteriores conformaban el espacio geográfico de mayor desenvolvimiento poblacional -Noroeste y Cuyo- pierden significación. En su reemplazo el sector litoral, encabezado por el propio puerto de Buenos Aires, se transforma en impulsor y eje del crecimiento. En este contexto, la actividad industrial surge como correlato de los cambios operados en la estructura económica del país. De tal manera, corresponde ubicar la génesis de la evolución del sector fabril en el marco, y al mismo tiempo como resultado, de la expansión económica de la denominada Argentina moderna. Al iniciarse el nuevo siglo, y por iniciativa de la Unión Industrial Argentina, se efectúa el Censo Industrial de 1908. En efecto, esta entidad solicitó a las autoridades gubernamentales la realización de una estadística completa de la actividad fabril, con el expreso propósito de contar con datos precisos. La información registrada permite señalar que continúa la gran preponderancia de la producción alimenticia y, en segundo término, de las manufacturas textiles a raíz de la expansión en el país de los cultivos de algodón y -más tardíamente- de la mayor disponibilidad de lana. Persiste la concentración de las actividades industriales en la Capital Federal y en las provincias del litoral, mientras que en el resto del espacio nacional no se verifican avances cualitativos en la marcha del sector; por el contrario, continúa la especialización productiva basada, según las diversas regiones, en yerbatales, ingenios azucareros, y producción vitivinícola. De tal manera, el sector industrial prosigue exhibiendo su estructura dual debido a que contabiliza, por un lado, un nutrido conglomerado de pequeños establecimientos destinados a surtir el consumo interno o local y, por el otro, grandes emprendimientos fabriles tales como frigoríficos, molinos harineros, ingenios y refinerías de azúcar, fábricas de cerveza y bodegas, que se caracterizan por alta inversión de capitales, gran rentabilidad, empleo de modernos métodos de procesamiento y también por la cercanía al poder político de sus directivos en razón de su pertenencia a la clase dominante. Como ya se ha dicho, el desenvolvimiento fabril surge y se desarrolla íntimamente vinculado a la expansión agropecuaria y, ciertamente, con gran aporte del capital extranjero. De tal manera, la economía argentina se encuadra dentro de la concepción de la división internacional del trabajo que cuenta con el concurso del sector político-económico preponderante, y así puede hablarse de la concordancia de intereses existente entre el grupo económicamente poderoso y su similar en el país hegemónico. No obstante, en los primeros tramos del siglo XX se advierte claramente el crecimiento del sector industrial, del que da cuenta el Tercer Censo Nacional del año 1914. En él se registra un importante aumento de la cantidad total de establecimientos y también de operarios, al igual que la capitalización y tecnificación que experimentan muchas empresas; sin embargo, predominan numéricamente los pequeños establecimientos que cuentan con escaso personal y métodos simples de labor. Con referencia a las ramas productivas, persiste la preeminencia de los renglones del sector alimenticio, al cual pertenecen las empresas de mayor envergadura. Por su parte, el sector textil demuestra gran expansión y diversificación. Por otro lado, merece destacarse la radicación de empresas extranjeras particularmente provenientes de los Estados Unidos -primer ejemplo en estas tierras de las inversiones extranjeras directas que se orientan hacia 3
rubros no tradicionales, es decir, a las industrias de bienes de consumo duradero, mediante filiales de renombradas firmas de ultramar; se caracterizan por la utilización de nuevas tecnologías de capital intensivo y se dedican a la metalurgia y a la fabricación de productos químicos. El desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial provoca un inesperado estímulo a la producción industrial argentina. En efecto, el conflicto bélico obstaculiza el comercio inter nacional y ello determina que no se pueda satisfacer la demanda del público consumidor de productos extranjeros. Esta especial coyuntura representa el primer gran momento en la sustitución con producción propia de los artículos que anteriormente se importaban, y alienta tanto el surgimiento de nuevas industrias como el fortalecimiento de las ya existentes; como se comprende, este hecho -si bien espontáneo pero factible de constatar- no abona la tesis sostenida por los autores que fechan el inicio de la sustitución de importaciones recién tras la crisis económica mundial de 1929. Sin embargo, y a pesar de que el enfrentamiento armado brinda una oportunidad inmejorable para oxigenar la actividad fabril con importante demanda por parte del público, y para alejar los productos extranjeros de los comercios y de las preferencias populares, también representa para los industriales la imposibilidad de contar con materias primas esenciales, equipos, repuestos, y combustibles que no existen en el mercado local y que las manufacturas nacionales necesitan adquirir en el extranjero (en el caso de las materias primas, por la falta de una conveniente explotación). Esta situación es más notable, y por tanto significativa, en los rubros industriales que hacen una utilización intensiva de recursos minerales que deben ser adquiridos necesariamente en los mercados externos, en tanto que para las fábricas procesadoras de materias primas domésticas la coyuntura resulta menos problemática. Lo apuntado impide que la producción autóctona pueda adquirir la necesaria fortaleza para competir en calidad y variedad con los productos extranjeros que, tras la finalización del conflicto bélico, adquieren renovada significación en el consumo interno. Paralelamente, es posible advertir una reanudación de la polémica entre los partidarios del librecambio y los que alientan el proteccionismo. Entre éstos últimos comienzan a escucharse planteas y reclamos en pos de que el Estado intervenga en la diagramación de una política efectiva de protección de la actividad de las fábricas nativas, a fin de robustecer su acción frente a las importaciones de bienes y productos. En este sentido, estiman como imprescindible la re definición y consecuente aplicación de una nueva ley aduanera. Por otra parte, en los años 20 la actividad industrial del país registra una mayor diversificación al tomar cierto auge el sector metalúrgico y asimismo el petrolero, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Esta empresa, dirigida por el general Mosconi desde 1922, se embarca en el mejoramiento tecnológico y en una política de crecimiento empresario. Al mismo tiempo, se fortalecen dentro de los ámbitos castrenses las opiniones en favor de la necesidad de contar con fábricas de armas en el país. Sobre estas inquietudes opera, sin duda, la experiencia de las carencias sufridas durante la guerra y preanuncian la participación del ejército en la temática industrial en la década siguiente. Industrialización Sustitutiva de Importaciones
Como es ampliamente conocido, en 1930 -a raíz de la confluencia de factores internos y externos- la etapa en que la vida económica gira en tomo a la agroexportación llega a su límite en nuestro país. En cuanto a lo interno, durante los años 20 concluye la progresiva ocupación de la tierra destinada a las labores agrícolas. Por su parte, a raíz de la quiebra financiera de la Bolsa de Nueva York, a partir de 1929 se desencadena una profunda crisis en el sistema capitalista internacional, que se manifiesta -entre otras características- en el alza del valor de los productos industrializados y en la disminución del precio las materias primas. La delicada situación impone un nuevo ordenamiento y desde entonces el Estado asume una creciente intervención en el proceso económico, abandonando el persistente liberalismo e iniciando el camino hacia medidas proteccionistas que eviten que las importaciones compitan con la producción propia. De tal manera, puede decirse que la crisis mundial transforma el modelo económico vigente y pone crudamente de manifiesto la dependencia del país respecto de las economías externas. Ante ese panorama, la Argentina se ve obligada a volcar sus energías e iniciativas hacia el mercado interno, porque la notoria disminución en la capacidad de importar impone necesariamente la exigencia de producir internamente los productos que antes se obtenían a través del comercio exterior. Esta etapa se conoce comúnmente bajo la denominación de "industrialización por sustitución de importaciones", y en ella se pone en práctica una marcada orientación hacia el autoabastecimiento, predominantemente de bienes de consumo. El poder público adopta medidas tales como el control de cambio, la elevación de los derechos aduaneros y la li4
mitación de las importaciones, lo cual implica un notable viraje que beneficia al sector industrial. Sin embargo, es preciso señalar que en la década de 1930 no se elabora un nuevo proyecto económico, sino que se incorporan elementos adecuados a las exigencias del momento. Corresponde hablar, entonces, de una reformulación de los principios que sustentan la economía del país. De ahí que el impulso que recibe la actividad fabril es limitado y, al no existir una planificación adecuada al desarrollo experimentado por aquélla, se caracteriza por corresponder a una industria liviana que elabora productos de consumo inmediato. No obstante, sería incorrecto afirmar que todo permanece igual: las industrias tradicionales, es decir, alimentos, bebidas y tabaco, como así también las textiles, manifiestan un interesante desarrollo. Este liderazgo es absolutamente comprensible en procesos industriales tardíos, y la razón de ello estriba en la escasa demanda de capital y tecnología, y en la facilidad de organización que tales actividades implican. Al respecto cabe señalar que, desde épocas anteriores, el público consumidor de nuestro país exhibe una especial preferencia por los artículos manufacturados en el extranjero, que como se sabe conjugan alta calidad y menor precio. Esta circunstancia está unida, en la mayoría de los casos, al prestigio social que acarrea la adquisición y usufructo de dichos productos. Para superar en parte los prejuicios existentes en torno a la producción nacional, los industriales a menudo colocan etiquetas y frases que simulan el origen importado de bienes producidos en el país. En este sentido y con el claro propósito de sanear las prácticas del comercio interior, a través de un conjunto de leyes nacionales, se impone el uso de la leyenda "industria argentina" y el empleo del idioma nacional en las marcas de fábrica; así, se observa la clara intención de revertir el proceso anteriormente señalado y asimismo estimular el consumo de genuinos productos de fabricación argentina. El Censo Industrial efectuado en el año 1935 constituye el primer relevamiento específico que se efectúa en el país y por lo tanto representa un registro valiosísimo de la actividad fabril. El análisis de sus datos permite clarificar la real dimensión del desenvolvimiento experimentado por el sector y revela el neto predominio de la producción liviana; prueba de ello es el alto porcentaje de establecimientos dedicados al rubro sustancias alimenticias, bebidas y tabaco, que representa más del 28% del total. Similar predominio se registra con respecto al total de mano de obra empleada ya los demás indicadores. Con respecto a la localización industrial, persiste la concentración en la dominada zona litoral, que comprende a la Capital Federal y a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Esta región nuclea a más del 76% del total de plantas productoras destacándose, por cierto, la Capital Federal y su periferia. La notable concentración fabril en esos espacios responde a diferentes razones. En primer término, puede mencionarse la importancia fundamental de Buenos Aires como puerto desde los albores mismos de nuestra historia. Por otra parte, desde los años 30 se acentúa el crecimiento de la población en los sectores subur banos de la gran ciudad, en virtud de la existencia de una base industrial instalada. El desarrollo de este verdadero cinturón fabril es un rasgo destacable, además, por las importantes derivaciones políticas que dicha aglomeración obrera produce en la historia del país. Este aumento poblacional se debe a migraciones internas que, empujadas por crisis del sector agrícola, se ven atraídas por las perspectivas de empleo que ofrecen las industrias concentradas en Capital Federal y las zonas linderas. El proceso condujo necesariamente a la constitución, dentro del territorio argentino, de una situación centro-periferia entre la región cercana al puerto y el resto del país. A fines de la década de 1930, el estallido de la Segunda Guerra Mundial representa una nueva coyuntura favorable para el fortalecimiento de la actividad fabril, en virtud de que la lucha armada impone que los países industrializados involucrados dediquen su producción a las necesidades bélicas. De igual manera, la guerra submarina determina un relativo aislamiento internacional al ocasionar dificultades en el comercio interoceánico; sin embargo, merece resaltarse que durante los años del conflicto se exportan productos industriales nacionales a los países latinoamericanos. Esas circunstancias significan un incentivo para el accionar de los establecimientos fabriles argentinos pues, a excepción de los productos que pueden adquirirse en el continente americano, nuestro país se ve imposibilitado de aprovisionarse de materias primas, equipos y combustibles. Como se comprende, lo dicho representa un nuevo impulso a la actividad industrial que se ve fuertemente inducida a sustituir los productos anteriormente elaborados en el exterior; al mismo tiempo, influye en la vida cotidiana de los millones de argentinos que deben limitarse a adquirir y consumir lo producido por la industria nacional. Paralelamente, las restricciones a las importaciones permiten que los capitales disponibles se apliquen a la actividad industrial. Otra gran fuente de ingresos son los notables saldos comerciales derivados de las exportaciones a los países en conflicto. Por lo tanto, como queda expuesto, la conflagración bélica impulsa con vigor las tendencias encaminadas a desarrollar y fortalecer el mercado interno y, de igual modo, intensifica el intervencionismo esta5
tal en la esfera económica. Sin embargo, el desarrollo de la guerra evidencia una vez más la marcada dependencia de la economía argentina y su extrema vulnerabilidad. En este contexto se elabora el primer documento del E stado en el que se analiza la posibilidad de modificar al plan económico vigente, y cuyo objetivo es brindar respuestas inmediatas a los problemas surgidos a causa de la guerra. Se trata del Programa de Reactivación de la Economía Nacional, conocido como "Plan Pineda", que es enviado por el Poder Ejecutivo al Senado de la Nación el 14 de noviembre de 1940. Dicho plan, a través de una serie de medidas tendientes a superar la recesión, procura compatibilizar la industrialización con las actividades productivas tradicionales, y fomentar las relaciones económicas con los países limítrofes y con los Estados Unidos. Se apunta a favorecer el procesamiento de las materias primas derivadas del agro, que son consideradas como "naturales", y desalentar el de aquellas que se estiman "artificiales": es decir, se evidencia la clara intención de salvaguardar los intereses de la clase dominante, de marcado tinte agroganadero. El plan es aprobado en la Cámara de Senadores pero no logra el apoyo necesario en la Cámara de Diputados, al ser juzgado como demasiado innovador y perjudicial para el comercio de exportación. A pesar del fracaso de esa propuesta, el proceso de sustitución de importaciones se consolida paulatinamente. A ello concurren las ideas de alto tinte nacionalista que valoran al desarrollo de la industria nacional como medio para lograr la autosuficiencia económica y de manera especial el abastecimiento de armamentos y materiales bélicos, metas que se afianzan particularmente tras la revolución militar de14 de junio de 1943. Ejército e Industria Según hemos visto, desde los años 30 se observa un creciente accionar del Estado en la vida económica. Al mismo tiempo, en ámbitos políticos, empresarios e intelectuales se fortalece el debate en torno al protagonismo que le cabe a los poderes públicos en defensa de la producción propia del país como eficaz y fundamental herramienta de crecimiento. Poco a poco se añade un nuevo sector que imprime matices propios en torno a la acción promotora estatal. Se trata del Ejército, y esto es así porque sectores de importancia dentro de esta institución señalan como necesaria la conexión entre poderío militar y grado de desarrollo fabril, y juzgan imprescindible propiciar la industrialización del país con el propósito de obtener una adecuada y moderna infraestructura logística defensiva-ofensiva. Con ese claro objetivo se producen innovaciones en el organigrama funcional del Ejército Argentino, y en 1935 se crea la Dirección General del Material del Ejército (DGME). Al año siguiente se estructura el Cuartel Maestre General (CMG), entre cuyos fines se destaca el fomento de las ramas industriales que interesen a la defensa del país. Pocos años después la ley Nº 12.709 de 1946 da nacimiento a la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFFMM) y se propone organizar la defensa industrial del país, producir elementos esenciales para la actividad castrense y fomentar las industrias que garanticen el cumplimiento de dicha ley. En un breve período se establecen y comienzan su producción específica once fábricas militares en diferentes puntos de la Argentina. Igualmente significativo es el impulso brindado a la realización de obras públicas -en especial, caminos, tendidos ferroviarios, puentes, cuarteles y hospitales militares- que reportan una marcada actividad para los diversos rubros productivos vinculados a la construcción. Interesa destacar que estas plantas, más allá de su desempeño propio, ejercen un notorio influjo en el desenvolvimiento fabril de las ciudades en las que se hallan radicadas, al imprimirles un neto matiz industrial. Por otra parte, no sólo encaran la producción bélica, sino también una variada gama de productos para las industrias o el consumo civil, y operan como importantes captadoras y entrenadoras de mano de obra. Al mismo tiempo, al requerir distintos bienes y servicios, resultan propulsoras de un creciente número de plantas subsidiarias. Por ello, es posible detectar la significativa promoción industrial que llevan a cabo: su principal aporte a la transformación de la estructura industrial argentina proviene de su localización geográfica, y reside en la contribución efectuada en cuanto a opacar el predominio fabril porteño al favorecer y concretar una verdadera acción en pro del crecimiento industrial -y económico en general- de las distintas regiones del país. El 4 de junio de 1943 estalla la revolución que depone al gobierno del presidente Castillo. En esta nueva irrupción de los militares en la arena política cobra cada vez más relevancia la figura del c oronel Juan D. Perón. La gestión militar, aspirando a alcanzar la ansiada soberanía económica, pone en práctica medidas que apuntan a la consolidación del mercado interno. Recurre para ello a la fuerte intervención del Estado como ejecutor de acciones que tradicionalmente se hallaban en manos de particulares y reguladas por el libre juego del mercado. 6
De igual manera, tiene lugar la gestación y aplicación de un paradigma de crecimiento económico-social en el que la industria desempeña un papel destacado. El despliegue de la acción pública -enmarcada en un nacionalismo cada vez más fuerte- posibilita la conformación de un modelo de Estado omnicomprensivo, en consonancia con que acontece internacionalmente a raíz de la consolidación de las recetas de Keynes en los diversos países. Por ello, el período que se inicia en 1943 y se extiende hasta el año 1955 puede ser considerado como de liderazgo estatal, y en él la actividad industrial -orientada hacia el mercado interno- constituye el sector preponderante y destinatario de una variada gama de resoluciones. En ese sentido cabe mencionar la creación del Banco de Crédito Industrial Argentino en 1944 que, con sede en la ciudad de Buenos Aires, asume la especial función de financiar a largo plazo y a baja tasa de interés toda clase de emprendimientos industriales. La creación de esta importante entidad crediticia denota un marcado interés por parte de las autoridades de gobierno en la promoción de la actividad fabril. El peronismo y los Planes Quinquenales A partir del año 1946 el gobierno del presidente electo Juan D. Perón elabora y pone en vigencia una estrategia económica que se enmarca en un modelo de crecimiento sustentado en la expansión industrial, en un mercado delimitado fronteras hacia adentro y en la redistribución de ingresos, apostando decididamente a la acción intervencionista del Estado. En efecto, la concepción de la economía adoptada, si bien asume ribetes propios, se sustenta en las políticas ya implementadas a partir de la revolución de los Coroneles. Se trata de la puesta en práctica de una alta regulación del poder público en los sectores productivos, con el propósito de lograr los proclamados objetivos de independencia económica. Este activo intervencionismo requiere de la correspondiente planificación ya ello apuntan los Planes Quinquenales aprobados en los años de la "Nueva Argentina". Dentro de la propuesta global, la actividad industrial resulta especialmente ponderada como generadora del crecimiento y paralelamente vehiculizadora de los programas sociales, pues permite canalizar el pleno empleo. Entre el inicio de la primera gestión peronista y el desencadenamiento de las dificultades económicas de fines de 1950, la actividad industrial registra un evidente crecimiento. El sector resulta claramente apoyado a través de diversas disposiciones directas emanadas del poder público, especialmente en cuanto al incremento notable en los derechos de importación y la acción de empresas estatales en actividades productivas estratégicas. De hecho, en este sentido se inscriben también los regímenes que propician y fomentan las industrias consideradas de "interés nacional". Entre los mecanismos de promoción indirectos puestos en práctica se destacan los tipos de cambio diferenciales y la creciente asignación de créditos sencillos y baratos destinados a promover el desenvolvimiento de pequeños y medianos establecimientos; sin embargo, las grandes empresas también resultan captadoras de préstamos que implican la asignación de importantes volúmenes de capital. El proceso de sustitución de importaciones se consolida paulatinamente en un contexto signado por el fortalecimiento de las ideas nacionalistas que impregnan toda la etapa postbélica y que valoran el crecimiento industrial como medio para lograr la autosuficiencia económica; de manera especial, como ya se ha visto, en cuanto al abastecimiento de armamentos y materiales bélicos. De este modo, la industrialización sustitutiva adquiere mayor dinamismo e intensidad, en particular la producción de bienes de consumo directo tales como alimentos y bebidas, textiles y calzados, enseres domésticos, y otros. Los incrementos salariales y los amplios beneficios sociales concedidos a los sectores trabajadores, en un marco caracterizado por la acumulación de divisas y con una creciente proclamación a través de importantes campañas publicitarias, conforman una etapa que bien puede caracterizarse como de euforia y auge popular con gran protagonismo estatal. La construcción del Estado de Bienestar y la política de ingresos favorable al asalariado logran la expansión del mercado consumidor interno y se transforman en verdaderos acicates para la producción industrial de bienes de consumo, es decir, aquella de carácter liviano que resulta particularmente promovida por el gobierno nacional. El IV relevamiento censal de la Nación realizado en 1946 constituye un eficaz instrumento de análisis y de valoración de la evolución industrial argentina. El total de establecimientos registrados es de 86.440. Si se tiene presente que la cantidad total de plantas computadas en 1935 era de 40.613, puede inferirse que en poco más de una década la cifra experimentó un incremento mayor que el 100%. También se observan significativos aumentos con respecto al personal ocupado en la actividad fabril argentina. No obstante, en el año 1946 la industrialización continúa siendo liviana. Confirma lo dicho el elevado porcentual (más del 21%) que representa el rubro alimentos y bebidas sobre el total de establecimientos 7
registrados; al mismo tiempo, éste es el grupo fabril que absorbe la mayor cantidad de mano de obra. El laboreo y la manufactura de metales sólo se desarrollan en un 10% de las plantas industriales. Sin embargo, su importancia queda de manifiesto al observar que reúne a un destacado porcentual de obreros. De igual manera, resulta significativo el desarrollo que adquiere la rama dedicada a la producción de vehículos y maquinarias -excluida la eléctrica- tanto por la cantidad de establecimientos como por el total de operarios que emplea. Según hemos visto, la industrialización sustitutiva de importaciones -incrementada y favorecida por la acción del gobierno peronista- se halla en franco desenvolvimiento. No obstante, la preeminencia de la actividad fabril de carácter liviano conlleva implícitamente una serie de importantes limitaciones. En efecto, aquélla ti pificada como industrialización de bienes finales de consumo -fundamentada en el aumento de la demanda y asociada a la disponibilidad de recursos por parte de la población- requiere para su funcionamiento de combusti bles, equipos, y materias primas que no se producen en el país. Por ello, persiste la dependencia de las importaciones de bienes de capital, materiales intermedios y repuestos. Como se comprenderá, esta particular situación implica una peligrosa vulnerabilidad de la estructura industrial del país. Claro está que dicha sujeción tiene su raíz en los propios orígenes del desenvolvimiento fabril argentino, pues desde ese entonces se registran las necesarias importaciones de bienes producidos por las industrias básicas o dinámicas en los países centrales. Por ello, puede afirmarse que la instalación y el funcionamiento de las denominadas industrias pesadas o de base resultan postergados en el país. En su reemplazo se aborda la producción de bienes de consumo de uso único. Ésta, asentada sobre la utilización intensiva de maquinarias y equipos existentes exhibe, en la mayoría de los casos, baja productividad y altos costos; así la actividad fabril -al no modificar sus estructuras adecuadamente- no tarda en alcanzar sus límites. De tal manera, a comienzos de los años 50 se detiene el desarrollo experimentado durante dos décadas y al mismo tiempo acontece un verdadero estrangulamiento del crecimiento industrial. Las empresas lo cales, ante su incapacidad para producir o incorporar la tecnología necesaria y así diversificar su producción, acuden al amparo del Estado. Sin embargo, la disponibilidad de divisas se ha reducido notablemente y la dependencia externa es cada vez más marcada. Por ello, se agota la expansión del mercado interno y se desacelera la estrategia de industrialización. Consecuentemente, la economía argentina se aísla progresivamente de las corrientes dinámicas del comercio internacional. A este grave panorama concurren también, por un lado, la crisis agrícola de 1950-52 que determina la reducción de los beneficios de la agroexportación y, por el otro, la contracción del mercado interno resultante de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. El inicio de la década del 50 encuentra a la Argentina en una verdadera encrucijada de orden económico-social y claramente quedan a la vista los problemas de fondo. Se torna imperioso optar entre la continuidad del modo de industrialización por sustitución de importaciones livianas -también llamadas sencillas- o bien encarar la producción de bienes de consumo durables, bienes de capital y productos intermedios. En diciembre de 1952 -y como modo de responder a la crítica situación económica por la que atraviesa el país- se aprueba el Segundo Plan Quinquenal que se prevé aplicar desde 1953 hasta 1957. Este instrumento exhibe importantes transformaciones respecto del Primer Plan Quinquenal -vigente entre los años 1947 y 1951dado que incluye declaraciones tanto a favor del arraigo de la industria pesada cuanto las destinadas a solucionar el problema del abastecimiento de combustibles que registra el país. Al respecto, conviene recordar que si bien la producción de YPF aumenta, no logra satisfacer la demanda existente y por lo tanto se recurre a la creciente importación de combustibles. Ante las dificultades económicas del país, en el Plan se registra la preocupación por la eficiencia de las industrias, en particular las relacionadas con el logro del bienestar social, considerando que en la concepción peronista la producción cara e ineficiente es apreciada como contraria al bien común. Por ello, y tendiendo al logro de estos objetivos, el Segundo Plan Quinquenal establece -entre otros asuntos- el asesoramiento técnico estatal, el análisis en la asignación de divisas, y el estímulo para la racionalización del sector privado con el propósito de atender al mercado interno y a la producción exportable. Por otra parte, y advirtiendo los denominados "nichos vacíos" de la actividad industrial -esto es, los sectores básicos o dinámicos- se ordena dar prioridad al desarrollo de las ramas productivas tales como siderurgia, metalúrgica, química, y también al área de transporte y de energía; a los mencionados rubros se los califica como un estadio superior de la industrialización argentina. Aquí conviene señalar que r esulta llamativo el establecimiento de dichos nuevos focos de atención centrados en la producción pesada cuando la aprobación de la denominada Ley Savia -que prevé la instalación de una planta siderúrgica- data del año 1951 pero sin lograr concreción. Los enunciados del Plan, cimentados en un fuerte voluntarismo, pueden apenas materializarse y, ante la delicada situación por la que atraviesa la economía del país en su conjunto, el gobierno 8
apuesta, como salida positiva, a la radicación de capitales externos. La industria nacional a comienzos de los años 50 exhibe notables aristas problemáticas. Una de ellas es la insuficiente inversión de capitales tanto de orden público como de origen privado; los requerimientos de recursos son particularmente imprescindibles para hacer frente a la provisión de equipamiento, repuestos y combustibles que, a lo largo de esos años, son mayoritariamente de origen importado. Frente a ese panorama, con el propósito de revitalizar la economía y, desde luego, superar los inconvenientes provenientes de la balanza de pagos, el poder público resuelve facilitar la llegada de capitales de origen externo. El objetivo primordial es lograr la reactivación del alicaído proceso fabril mediante la obtención del financiamiento requerido para nuevos emprendimientos industriales, como así también incorporar la tecnología e insumas necesarios a través de la inversión externa directa, especialmente proveniente de los Estados Unidos. Y aquí conviene agregar que en amplios sectores de la sociedad las empresas extranjeras son apreciadas positivamente al poseer modernas tecnologías y métodos productivos. De hecho, la acción en favor de atraer las radicaciones de procedencia externa, significa un replanteo no sólo de la marcha de la actividad industrial en general, sino que esencialmente se trata del abandono del nacional-populismo vigente. En efecto, a partir del año 1953, el presidente Juan D. Perón, alejándose de su propio discurso de tinte nacionalista, procura lograr la inversión de capitales extranjeros en el sector industrial argentino. Así, la política oficial del gobierno se encamina a concertar acuerdos directos con importantes firmas de origen estadounidense e italiano que producen vehículos, automóviles y maquinarias. A nivel legislativo, en el mes de agosto de ese año se sanciona la Ley N° 14.222 que propicia las inversiones externas dirigidas a actividades fabriles y mineras. Se trata del primer instrumento legal que se orienta a atraer y facilitar la radicación de empresas industriales extranjeras que se dediquen a las actividades previstas por los planes de gobierno, en particular por el Segundo Plan Quinquenal. Se aplica a esa fase la denominación de industrialización sustitutiva de importaciones basada en las empresas transnacionales (ET). Ciertamente, la decisión del gobierno argentino coincide con el propio interés que las compañías extranjeras demuestran, dado que la estrategia coyuntural de crecimiento que ellas elaboran se basa en la expansión de sus filiales en los países periféricos. No obstante, si bien esas acciones logran la radicación en el país de catorce filiales de empresas extranjeras entre 1953 y 1955, sólo obtienen inversiones modestas y la dependencia energética persiste de manera notable. Recién en los años siguientes el proceso de acumulación de capital industrial se evidencia con gran intensidad y se instalan en el país cerca de doscientas firmas provenientes de otros países. Esta intensificación del aporte de capitales y tecnologías de origen internacional ahonda el proceso de sustitución de importaciones; claro está que con un matiz diferente al del proceso anterior pues ahora la penetración extranjera en la economía nacional adquiere mayor intensidad. Ella aborda, de manera preferencial, los rubros dinámicos y su actividad orienta y acapara el crecimiento del sector manufacturero pero, sin embargo, transfiere al exterior sus utilidades. En Córdoba, a partir de 1952, la reconocida Fábrica Militar de Aviones (FMA) creada en el año 1927, diversifica su producción. Así, se constituye sobre la base del antiguo Instituto Aerotécnico, la empresa estatal Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (lAME) que se aboca a la fabricación de motores, automóviles -los recordados "Graciela Institec" y "Rastrojero"-, motocicletas "Puma", lanchas y veleros, paracaídas, maquinarias y herramientas diversas. Ese establecimiento, por su trascendente accionar, se convierte en piedra angular de la industria pesada del país; cabe mencionar que ocupa a más del 50% de la mano de obra que emplea el conjunto de las industrias dinámicas cordobesas. Por otra parte, es destacable su labor como agente promotor de la actividad manufacturera pues proporciona a los noveles industriales ayuda técnica, asesoramiento, laboratorios, y fomenta la producción en serie y el empleo de procesos industriales racionales que reemplacen al modo de trabajo artesanal. Una importante rama productiva del IAME está representada por la fabricación de tractores "El Pampa". A los pocos meses de aprobarse la ley de radicación de capitales externos, las autoridades gubernamentales inician la licitación para privatizar la fábrica de tractores del IAME. En este proceso resulta seleccionada la firma italiana FIAT, que ya actuaba como proveedora de la antigua fábrica de tractores estatal. Desde entonces, la compañía itálica extiende sus producciones y constituye FIAT Concord Argentina, transformándose en la mayor planta existente fuera de su país de origen. Cabe aclarar que esta radicación obtiene créditos blandos por parte del Banco de Crédito Industrial Argentino, como así también aporte de equipos y de personal calificado por parte de FMA; estas ventajas son concedidas también a 9
las empresas automotrices que llegan a Córdoba en los años siguientes. Evidentemente la instalación de este complejo industrial consolida un verdadero polo de desarrollo de las ramas metal-mecánica, automotriz y de tractores en la ciudad capital, y constituye un poderoso incentivo para la creación y la producción de numerosísimas industrias subsidiarias al actuar en un mercado interno protegido. Una nueva e importante radicación de compañías externas acontece en 1955, al instalarse en la provincia de Córdoba la primera y más grande fábrica de automóviles en serie del país, que en menos de diez años produce 300 mil vehículos. Se trata de Industrias Kaiser Argentina (IKA), empresa de origen estadounidense que como respuesta a la apertura nacional al capital extranjero, radica una filial en Argentina a través de un contrato efectuado con el IAME. Ese emprendimiento, localizado cerca de la planta estatal, recibe también los terrenos para la construcción de las naves industriales en las proximidades de la ciudad de Córdoba, el aporte de maquinarias, de trabajadores entrenados, como así también créditos beneficiosos y la posibilidad de importar automóviles producidos en los últimos tiempos en su país de origen. Su accionar significa el inicio de la producción de automóviles a gran escala; primero la Estanciera y el Jeep Willys y, con posterioridad, los de pasajeros Kaiser Carabela y Bergantín. En noviembre de 1959 IKA firma un contrato de licencia y asistencia técnica para la fabricación de vehículos con la Régie Nationale des Usines Renault; así, se producen los Renault Dauphine y Torino. En 1962, se concreta un nuevo acuerdo, esta vez, con la empresa American Motors Corporation de Detroit (Estados Unidos) y se inicia la producción del Rambler. La radicación de IKA y de las empresas que constituyen el Grupo FIAT proporciona la impronta definitiva para la caracterización de la actividad industrial de Córdoba. Al mismo tiempo, el acentuado crecimiento de las diversas producciones dinámicas -entre ellas vehículos, motores, tractores- se ve claramente favorecido por un mercado provincial y extra-provincial con una gran demanda insatisfecha. La significación de las grandes industrias automotrices asentadas en Córdoba trasciende los límites estrictos de la fabricación de repuestos o de determinadas partes, pues desencadena y requiere de la acción de numerosas empresas que se dediquen a producir pinturas, cristales, combustibles, tapicería, como así también máquinas, herramientas, matrices y dispositivos. El accionar de estos grandes emprendimientos fabriles vigoriza notablemente la vida económica de la provincia; al aportar importantes capitales y generar miles de fuentes de trabajo ocasiona, indudablemente, una benéfica influencia en la vida de la comunidad y en este predominio de las fabricaciones dinámicas consiste la presencia relevante de la provincia de Córdoba en el proceso industrial argentino. Cabe mencionar que la ley de radicación de capitales de origen externo también permite la llegada a nuestro país de Mercedes Benz, que instala una fábrica de camiones en González Catán, provincia de Buenos Aires. El contenido de la mencionada Ley N° 14.222 da lugar a la firma de los convenios referentes a la producción petrolera que, sin duda, representan el punto más polémico de la inversión de capitales foráneos. Como se sabe, las posibilidades de explotación petrolera del país se ven incrementadas ante los descubrimientos de nuevos yacimientos; paralelamente, la demanda de combustibles registra un persistente incremento. Sin embargo, la acción de YPF encuentra dificultades frente a la necesidad de importar la tecnología i mprescindible para la explotación de las reservas existentes. En el año 1955, para incrementar la producción y resolver la escasez de combustibles, se resuelve concretar los discutidos acuerdos petroleros con la compañía Standard Oil de California, que conceden a la empresa estadounidense la explotación por cuarenta años de cincuenta mil kilómetros cuadrados en Santa Cruz. Las cláusulas -que repiten prácticas de concesión de territorio propias de la región de Medio Oriente- ocasionan un gran debate en el Congreso de la Nación y entre la ciudadanía en general, en especial lo concerniente a la facultad de la empresa de construir y emplear con exclusividad puertos, aeropuertos, caminos, importar libremente insumos, repatriar utilidades sin restricciones y no acatar, dentro del área otorgada, la legislación laboral argentina. No obstante, debe señalarse que al sobrevenir los acontecimientos político -militares del 16 de septiembre de 1955, que ponen fin al gobierno de Perón, el Congreso nada ha resuelto sobre esta temática. Las decisiones políticas adoptadas en el corto plazo a partir de la caída del gobierno peronista tienden, por un lado, a desmantelar los sostenes de la intervención estatal en la economía del país y, por el otro, a hacer frente a las dificultades económicas -en particular a la inflación y a la crisis en la balanza de pagos- dado que las exportaciones son menores que las importaciones. Frente a la situación, cobran vigor y se difunden ampliamente los debates en torno al modo de alcanzar el desarrollo económico de Argentina y, fundamentalmente discernir qué papel debe protagonizar la industria en 10
el logro de dicho objetivo. En su mayoría, las opiniones coinciden en afirmar que por esos tiempos el país atraviesa un callejón sin salida y que la actividad fabril puede promover el desarrollo sostenido. Sin embargo, se advierten claramente dos posiciones diferentes. Una de las tendencias -de marcado tinte liberal- sostiene que las políticas dispuestas por el Estado peronista son las responsables de todas las dificultades existentes y que, por lo tanto, la solución es limitar el papel del poder público, apoyar la acción de la libre empresa y fomentar la inversión realizando una fuerte atracción a la radicación de capitales externos. Con respecto a la producción se afirma que las políticas a instrumentarse deben promover la profundización de la industrialización del país y alcanzar de ese modo la integración del sistema respectivo, entendiendo por tal el abordaje más intenso de los sectores dinámicos que hasta el momento estaban en su mayor parte cubiertos vía importación. Por otro lado, los sectores nacionalistas pretenden reformar el Estado -aunque corrigiendo excesos y desvíos en su accionar- como modo de revitalizar y promover una equitativa distribución de la riqueza. En este aspecto, conceden especial importancia a la actividad industrial de capital nacional como dadora de empleos y promotora del crecimiento en su conjunto. Por lo tanto, en opinión de estos grupos, el sector fabril debe ser protegido de la competencia externa a través de una adecuada estrategia de consolidación de la producción. En el debate mencionado el tema de la industria constituye casi una obsesión para los argentinos y la imagen de un proceso de industrialización tardío, incompleto y trunco se asocia a la del destino frustrado del país. Esta atrapante búsqueda de explicaciones y soluciones -que se prolonga en el tiempo y aún convoca en nuestros días amplia discusión, tanto en ámbitos académicos cuanto en la opinión pública en general- transcurre a fines de los años 50 en un contexto económico que continua exhibiendo graves problemáticas. Entre ellas, puede mencionarse la acción oligopólica del capital industrial externo que acentúa antiguas falencias del proceso productivo al marginar a los sectores fabriles que, habiendo prosperado en la primera etapa de sustitución de importaciones, resultan en este nuevo período ineficientes frente a las grandes empresas transnacionales. En segundo lugar, la ubicación preferencial de estas filiales en la zona portuaria y litoral -que se extiende desde La Plata hasta la ciudad de Rosario- profundiza en el país la dualidad espacial centro-periferia. En efecto, resulta claramente observable la conformación en la República de un espacio geográfico que reúne el poder político y económico, pues en él se localizan más del 50% de la población, modernos y eficaces medios de transportes, fuentes de energía, centros asistenciales y educativos, amplia gama de servicios, y una elevada actividad agrícola-ganadera que se presenta como moderna, tecnificada, eficiente y de creciente productividad. El resto -subordinado al anterior por no contar con los recursos necesarios- permanece retrasado y sin posibilidades de desarrollarse o competir con aquél. Consolidación industrial y capitales externos
Desde los últimos años de la década de 1950 tiene lugar en nuestro país el despliegue de la denominada última fase de la industrialización sustitutiva de importaciones (ISI), que se extiende hasta e l golpe militar que estalla el 24 de marzo de 1976. En este tramo de la evolución industrial argentina, el actor más importante lo constituye el conjunto de empresas transnacionales (ET) centradas en los sectores capital-intensivos y en los rubros manufactureros que comprenden las denominadas "industrias dinámicas", también caracterizados por sus modernos métodos de producción. A raíz de la revolución del 16 de septiembre de 1955 que destituye de la Presidencia al Gral. Juan Domingo Perón, la vida política e institucional del país resulta fuertemente alterada. El Gral. Eduardo Lonardi, jefe de la sublevación armada, ejerce el poder por un breve lapso e inicia el reordenamiento general de acuerdo con las pautas surgidas del movimiento revolucionario; entre ellas puede mencionarse la suspensión de la vigencia del segundo Plan Quinquenal. Lo sucede el Gral. Pedro Eugenio Aramburu quien, a lo largo de su mandato, aprueba la vinculación del país con los organismos financieros internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Club de París), la desarticulación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), y un conjunto de disposiciones tendientes a debilitar tanto el poder de los sindicatos cuanto al propio justicialismo; todo ello destinado a hacer desaparecer el denominado "Estado Peronista". Es posible aseverar que de tal modo se pone fin a la etapa originada a comienzos de la década del 40, caracterizada por un creciente intervencionismo del poder público en las actividades productivas y una fuerte injerencia estatal a través de políticas de planificación y control. En suma, finaliza un Estado designado como benefactor en los años correspondientes al primero y segundo gobierno peronista. A partir de entonces y bajo las distintas administraciones de diferentes signos políticos, las acciones 11
destinadas a promover el crecimiento económico giran en torno a cuatro tipos de medidas con las que se pretende atacar el estancamiento y la crónica inflación: los planes de estabilización, las devaluaciones, las inversiones extranjeras y los empréstitos externos. De hecho, las disposiciones que se aprueban resultan de las dos líneas de pensamiento que se alternan en su predominio en el poder: el nacionalismo y el liberalismo. El retorno a la vigencia de las instituciones republicanas se produce en el año 1958 cuando asume el presidente electo Arturo Frondizi, perteneciente a la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI). Sin embargo, en tal época la vida política e institucional argentina dista mucho de reflejar la completa voluntad del electorado, pues gran parte de éste se encuentra impedido de ejercer sus derechos políticos a raíz de la proscripción del peronismo ordenada en tiempos del Gral. Aramburu. En consecuencia, a lo largo de la década de 1960 el proceso democrático exhibe graves revueltas y atraviesa significativos momentos críticos que dan lugar a la denominada alternancia cívico-militar, esto es, la sucesión de gobiernos militares de facto y gobiernos elegidos por la ciudadanía. De tal manera, las alteraciones institucionales demuestran la debilidad que posee el sistema republicano en nuestro país y, como resulta claramente comprensible, todo quiebre en la vida de las instituciones de gobierno incide de modo notable en la formulación y ejecución de las políticas de Estado, y en la producción en su conjunto. El desarrollismo y la industria A partir de mayo de 1958 el presidente Arturo Frondizi pone en marcha un nuevo y ambicioso programa económico sustentado en el desarrollismo, cuya filosofía puede resumirse en la afirmación de que la exportación de materias primas no alcanza por sí misma para posibilitar el crecimiento económico y que, por tanto, es imperioso modificar la dependencia de nuestro país de la importación de materiales esenciales tales como acero, productos químicos y combustibles. En consecuencia, como medio para acelerar la sustitución de importaciones, resulta prioritario orientar la producción fabril hasta alcanzar una plena economía industrial integrada, en donde los sectores de combustibles, energía y ramas dinámicas ocupen la escena productiva con un adecuado desarrollo tecnológico. De igual manera, desde el gobierno se apunta a fomentar tanto la fabricación de automóviles y camiones como así también la creación de una red de rutas que interconecte las distintas regiones del país. Para lograr tales metas se estima imprescindible facilitar y promover las inversiones externas, y para tal fin se aprueba la ley N° 14.780 que brinda a los capitales extranjeros igual trato que a los locales y libera la transferencia al exterior de las utilidades de las empresas internacionales. De ese modo, en el desarrollo de la actividad industrial tiene lugar la ocupación de los denominados "casilleros vacíos" de la producción de bienes de consumo durables (en particular, los sectores automotriz y de electrodomésticos), los bienes e insumos intermedios (las ramas química y petrolera) que se erigen en el motor del crecimiento y, en menor proporción, los bienes de capital y equipos. Como hemos descripto, ya desde el comienzo de los años 50 se inicia un replanteo en el proceso industrial de nuestro país, en el cual la entrada de tecnología y de inversiones directas provenientes de empresas internacionales se visualiza como el camino hacia la obtención de las maquinarias y divisas necesarias para proseguir con la producción fabril. Así se intenta revivir la experiencia que atravesara la República Argentina hasta la tercera década del siglo XX, en donde el ingreso de las inversiones externas en los rubros productivos es ponderada como de gran incidencia positiva. Por otra parte, cabe destacar que la decisión política en torno a la necesaria intervención del capital foráneo coincide con el propio interés que demuestran las empresas extranjeras, dado que la propuesta coyuntural de crecimiento que éstas elaboran se basa en la expansión de sus filiales en distintos países. La particular estrategia e intenciones predominantes en las firmas fabriles externas permite afirmar que esta sub-etapa podría rotularse como de "industrialización por desborde" de las empresas externas de su mercado local. Al respecto, no debe perderse de vista la notable hegemonía económica que ejercen los Estados Unidos y su vigorosa expansión de capitales a través de la radicación de filiales industriales en países periféricos. De tal manera, desde el plano internacional la propuesta desarrollista resulta alimentada por la puesta en marcha de la Alianza para el Progreso concebida en los EE.UU. y que, bajo la especial combinación de industrialización y seguridad hemisférica, se traduce en ayuda técnica y financiera a los países latinoamericanos para que se encaminen en la solución de sus problemáticas económico-sociales y se alejen de la senda revolucionaria que emprende Cuba en esa época. En nuestro país, desde fines de los años 50 y a lo largo de la década de 1960 la marcada aceleración de la actividad fabril se traduce en la puesta en marcha de un gran número de proyectos empresarios en las ramas 12
básicas, en la liberación de las importaciones de maquinarias y equipos (que permite incorporar modernas tecnologías a las plantas en funcionamiento), en la expansión de la demanda, y en el crecimiento del empleo, la inversión y el producto industrial. De igual modo, tiene lugar una alta inversión pública en infraestructura, particularmente en rubros como el transporte, la energía y las comunicaciones. La situación descripta provoca una significativa movilidad en el tejido social debido al impacto positivo ocasionado en las condiciones de vida de los trabajadores por el comportamiento de los salarios -especialmente en los sectores industriales-, en gran parte derivado del poder de negociación de los sindicatos que reúnen a los asalariados de las ramas fabriles líderes. Por ello y en función de lo señalado, la profundización del proceso de sustitución de importaciones posee un matiz diferente al anterior período, pues se intensifica la penetración extranjera en la economía nacional, lo que impulsa al mismo tiempo el comportamiento de los rubros industriales de vanguardia. Uno de los logros más visibles de las acciones emprendidas lo constituye el crecimiento alcanzado en la producción petrolera y energética. El déficit de electricidad en Buenos Aires se supera luego de la creación de S.E.G.B.A. (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires), el logro de financiamiento para la construcción de una usina en Dock Sud y la planificación de la represa El Chacón. De igual modo, el inicio de la actividad en la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SO.MI.S.A.), primera planta integrada para la producción de acero en nuestro país bajo la gestión estatal, logra aumentar la producción siderúrgica. Además, tiene lugar el incremento de la actividad petroquímica y de la industria cementera. En ese positivo ritmo productivo sobresale el veloz incremento del sector automotriz, que no sólo triplica su actividad en tan sólo tres años sino que moviliza además nuevas inversiones extranjeras. La fabricación de automóviles lidera a lo largo de estos años la producción industrial y se convierte en un importante factor de arrastre al promover, por un lado, la instalación de un gran número de empresas destinadas a la elaboración de partes y repuestos y, por el otro, el arraigo de compañías de alta incidencia en la marcha de las ramas química, petrolera y de neumáticos, como así también en la extensión vial. La transferencia al exterior de las utilidades de las empresas transnacionales, y asimismo el pago de regalías por la adquisición de tecnología y la importación de equipos y maquinarias, minimizan la incidencia positiva real de estas firmas en cuanto al aporte neto de divisas provenientes del extranjero. Por otra parte, la situación económica general por la que atraviesa el país no logra corregir las distorsiones existentes y exhibe graves problemáticas tales como la acción oligopólica o monopolista -según los sectores del capital industrial externo, que acentúa antiguas falencias del proceso productivo y la recurrente presencia de la inflación. De igual manera, la localización preferencial de estas filiales en la zona portuaria y costera ahonda la dualidad espacial litoral-interior. Simultáneamente, la escala de producción de las industrias dinámicas -en particular, la fabricación de automóviles al operar en un mercado protegido caracterizado por facilitar importantes incentivos para la radicación industrial, impone una inadecuada relación calidad-precio y se aleja de las condiciones necesarias para la exportación. Claro está que la marcada orientación al mercado interno no es una nota generada en este período sino, por el contrario, conforma un rasgo distintivo de la industria de nuestro país a lo largo muchos años. Sin embargo, durante el desarrollismo podría haberse avanzado en la concreción de un sesgo más com petitivo en los mercados internacionales y, al mismo tiempo, obtener las divisas necesarias para hacer frente a la importación de diversos insumas aplicados en las distintas producciones, en especial de automóviles. Por otra parte, en la actividad industrial también se reconoce una separación en dos sectores bien delimitados. Uno de ellos vinculado al capital internacional, que se presenta moderno, eficiente y de creciente productividad. Otro registra un conjunto de empresas que se encuentran subordinadas al anterior y que, por no contar con los recursos financieros necesarios, permanecen sin posibilidades reales de desarrollarse y competir con aquél. Ciertamente, muchas firmas argentinas se vieron favorecidas a lo largo de esta fase al participar como abastecedoras de las plantas de origen externo y, por lo tanto, demuestran un desenvolvimiento positivo. También resulta significativo el desempeño de las fábricas dedicadas a los sectores considerados modernos, tales como el metal-mecánico, químico y de maquinarias, que apuestan a nuevos modos de operar. Al respecto, no debe soslayarse que los rubros mencionados producen en un mercado alejado de la competitividad externa y obtienen beneficios al gozar de la protección generada por el Estado. De ese modo, si bien la industria argentina demuestra crecimiento y diversificación a lo largo de los años, a mediados de la década del 60 el tejido industrial en su conjunto exhibe cierta debilidad. Ésta se manifiesta en la ausencia de un sesgo exportador orientado a la competencia industrial internacional, en la 13
vigencia de la atención preferencial de la producción fabril a un mercado interno reducido, y en los paradigmas tecnológico y productivo aplicados, que se inclinan más a la réplica que a la creación independiente. Todo esto, enmarcado en la continua inestabilidad institucional y en una economía inflacionaria, deviene en una industria nacional en la que prevalece una lógica alejada de la competitividad externa. Así, el crecimiento experimentado muestra aristas problemáticas y el modelo sustitutivo ingresa en una fase de agotamiento por la imposibilidad de desarrollar un sector industrial capaz de intervenir positivamente en el comercio internacional. En consecuencia, tras los éxitos iniciales de la estrategia desarrollista, la economía argentina experimenta nuevamente un estrangulamiento por la necesidad de hacer frente a los crecientes pagos de la deuda externa, el encarecimiento de los costos industriales, la inflación y la puja por la distribución del ingreso. Ya en tiempos anteriores, la situación general obliga a replantear la propuesta del presidente, a la puesta en marcha de un programa de estabilización y al cumplimiento de disposiciones emanadas del Fondo Monetario Internacional. Por último, a lo dicho se agregan los componentes políticos que alimentan la presión de los militares sobre la gestión de gobierno, hasta que el presidente es obligado a renunciar. Ante su resistencia, resulta encarcelado en la Isla Martín García en marzo de 1962. Al término del gobierno de Frondizi y bajo el resguardo aparente de la legalidad institucional, la nueva gestión recae en manos del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, José María Guido, quien abandona los postulados del desarrollismo para aplicar medidas económicas de corte liberal hasta el fin de su mandato en 1963. En julio de 1963 se desarrollan los comicios que posibilitan el triunfo del Dr. Arturo Umberto Illia de la Unión Cívica Radical del Pueblo, en un marco en donde persiste la prohibición al Partido Peronista de presentar candidatos y en el que el presidente electo sólo obtiene el 25% de los votos. Al mismo tiempo, el Ejército continúa con sus objetivos de controlar y presionar a las autoridades para evitar el retorno a la vida política del Justicialismo y de las fuerzas populares. En ese contexto la tarea de Illia no es fácil. Sin embargo, la mejora económica que se advierte progresivamente le permite ganar mayor apoyo; cabe señalar que en esos años la venta de automóviles crece un 65 %. No obstante, fuera de las simpatías de la clase media, los sectores populares y los sindicatos inician acciones procurando alcanzar mayores salarios. Así, la CGT aprueba un Plan de Lucha que se traduce en huelgas y ocupaciones de fábricas. Al poco tiempo, la administración de Illia se torna cada vez más compleja y, a medida que se impone la recesión, la ingobernabilidad se hace nuevamente presente en la vida política del país. El sector militar concreta un nuevo golpe de Estado el 28 de junio de 1966; es encabezado por el general Juan Carlos Onganía quien, tras la negativa del Presidente a renunciar, lo expulsa de la Casa de Gobierno. La nueva gestión se presenta como creadora de una autocracia modernizadora que pretende imponer cambios desde arriba. Para ello, dispone la prohibición de los partidos y las actividades políticas, la intervención de las universidades nacionales por considerarlas semilleros de ideas comunistas, el encarcelamiento de dirigentes sindicales y la represión de toda manifestación opositora. Así, la denominada Revolución Argentina se presenta como reactivadora del crecimiento en un marco de paz social que el poder militar pretende aplicar a la sociedad en su conjunto. Un dato relevante lo constituye la aprobación del plan Krieger Vasena en 1967, que tras una devaluación del 40% pretende frenar el déficit estatal aumentando las tarifas de las empresas públicas, aplicar retenciones a las producciones agropecuarias, subvencionar alimentos y frenar las alzas de salarios. Al mismo tiempo se efectúa una fuerte apuesta al ingreso de capitales externos, a los que se considera modernos y eficientes. De igual manera, se anuncia que con el fin de proteger el consumo interno y los ingresos obtenidos, tales capitales serían aplicados para aumentar las inversiones públicas y promover las exportaciones de productos industriales. En un comienzo la inflación es detenida y las actividades industriales demuestran crecimiento. De igual manera, las inversiones públicas en energía y construcción de caminos son significativas. Se acelera la construcción de la presa El Chocón en Neuquén, que produciría energía hidroeléctrica para el área bonaerense, y también se construyen puentes sobre los ríos Paraná y Uruguay. Estos logros permiten afirmar al gobierno militar que la Argentina se encamina hacia su verdadero despegue económico; no obstante, sólo son de muy corta duración. El 29 de mayo de 1969, el estallido en Córdoba del movimiento de protesta conocido como "el Cordobazo" demuestra la fragilidad de la paz social cimentada tanto sobre la represión de toda disidencia y del pensamiento independiente, cuanto en la alteración de los canales democráticos e institucionales y ciertamente, en los cambios en la redistribución del ingreso. 14
La revuelta de estudiantes y obreros -que cuenta con la adhesión o simpatía de sectores de la poblacióncomo expresión de descontento y malestar, tiene importantes repercusiones en la política. Onganía renueva su gabinete y al tiempo aprueba un incremento en los salarios, pero también provoca el retiro de capitales externos y el freno de nuevas radicaciones de empresas extranjeras. Por otra parte, tiene lugar una crítica situación en la producción y la comercialización de carnes provocada por la política impositiva y la caída de las ganancias. La disminución de la exportación en ese rubro lleva a la crisis de Swift International y en 1970 el gobierno dispone la nacionalización de su filial en la Argentina. Para el conjunto de los actores sociales y económicos, los resultados del plan del ex-ministro Krieger Vasena no resuelven, por un lado, los problemas estructurales tales como el estancamiento de la agricultura y la creciente expansión de las importaciones para las actividades industriales y, por el otro, provocan la caída del consumo y el desmejoramiento de los sectores populares. Al mismo tiempo, la agudización y radicalización de las demandas de profundas reformas en la vida política, económica y social fomentan el surgimiento de agrupaciones y organizaciones que promueven nuevas formas de acción política e ideológica. Se trata de las denominadas "formaciones especiales", que proclaman la necesidad de poner en marcha la revolución popular y para ello protagonizan y alientan operaciones tales como secuestros, atentados a jefes militares, policiales o directivos de empresas multinacionales, pero también efectúan repartos de alimentos y útiles escolares en barrios humildes. Organizadas en células, reúnen principalmente a jóvenes de ambos sexos -en gran número, estudiantes universitarios y noveles profesionales provenientes de las clases medias urbanas del este del país. En general, procuran un acceso más igualitario a la vida económica, a los derechos, a la educación y, de hecho, reclaman una enérgica intervención del Estado a través de políticas activas que culminen en la expropiación de tierras, en un fuerte impulso de la industria nativa y en nuevas nacionalizaciones. Sostienen que las grandes empresas extranjeras junto a las clases dominantes locales explotan al conjunto de la población. Algunos grupos demuestran una marcada orientación a favor de la revolución de Cuba y la expansión revolucionaria en América Latina, tal es el caso del Ejército Revolucionario del Pueblo; otros, como Montoneros, las Fuerzas Armadas Peronistas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, se incluyen dentro del Peronismo y adhieren a su base nacionalista y populista. Los últimos años de la industrialización sustitutiva de importaciones Desde mediados de la década de 1960 tiene lugar el inicio de la segunda sub-etapa de la última f ase de la industria por sustitución de importaciones, que concluye a partir del gobierno de facto impuesto en 1976. En ese período, el proceso económico puede caracterizarse a grandes rasgos por el constante crecimiento del PBI y del producto industrial, la alta intervención de las empresas de origen externo, la alta ocupa ción y distribución del ingreso a través de la captación de mano de obra por parte de empresas privadas y de gestión estatal, como así también por las obras públicas encaradas. No obstante, desde mediados de la década de 1960 la industria deja de ser fuerte captadora de mano de obra en general; ello se debe en algunos casos a la reducción directa de personal por incorporación de tecnología, y en otros, a la eliminación de cláusulas restrictivas relativas al empleo. De igual manera, debe señalarse que a lo largo de estos años el comportamiento general de las empresas se orienta más a la búsqueda de personal técnico y especializado que a la incorporación de trabajadores poco calificados. Sin embargo, la actividad industrial adquiere un rol central y de creciente peso en la conformación de fuertes sindicatos que adquieren una posición hegemónica y se transforman no sólo en actores clave en la negociación de salarios y en la defensa de los derechos de los trabajadores, sino que constituyen un innegable factor de presión en el inestable transcurrir de la vida institucional y política del país. Como hemos dicho, la actividad industrial argentina registra una fuerte presencia de empresas transnacionales. Pero es también en esos años cuando tiene lugar el desarrollo de cuestionamientos acerca del accionar de las plantas extranjeras, tanto por la escasa inversión efectuada -que sólo resulta positiva durante la primera de las radicaciones importantes- cuanto por la concesión de créditos de corto plazo que las empresas matrices otorgan a sus filiales locales. La fábrica radicada se obliga a enviar remesas de divisas en no más de dos o tres años; en consecuencia, la inversión en nuestro país resulta rápidamente recuperada por la casa matriz, la cual recibe, de esa manera, un constante flujo de dinero a través del pago de regalías por el uso de marcas y tecnologías, que en muchas oportunidades incluyen envíos ocultos de altas ganancias no declaradas. De igual modo, los contratos involucran el compromiso de la filial de adquirir ciertos insumos a la planta central, muchas 15
veces con precios sobrefacturados. Por otra parte, dadas las condiciones señaladas de operatividad de las empresas transnacionales sobre la marcha general de la economía de nuestro país, los resultados positivos de la instalación de las mismas sólo podrían obtenerse si se concretaban nuevas radicaciones. Sin embargo, la persistente inestabilidad institucional y el creciente desarrollo de conflictos sociales generan condiciones que transforman al mercado argentino en poco atractivo, a pesar de que facilita el accionar de las empresas radicadas ofreciéndoles un campo de operaciones cerrado y protegido de la competencia externa, y de poseer las mismas la característica de fuertes oligopolios que, desde luego, demuestra una alta desproporción entre la inversión realizada y las ganancias obtenidas. Al mismo tiempo, cabe señalar que las empresas transnacionales no alimentan políticas exportadoras, dado que su modo de operar se orienta a procurar la importación de insumos y partes a cargo de las filiales en lugar de orientar la producción de éstas hacia la comercialización externa de sus productos. Si consideramos que a mediados de la década de 1960 la actividad industrial argentina en su conjunto exhibe obsolescencia en equipos y tecnología empleada, toda incorporación al respecto resulta impactante. Así, la instalación de las empresas de capital externo produce un fuerte influjo en los sistemas productivos, al demandar personal calificado a raíz de la tecnología con que cuentan. No obstante, la innovación tecnológica resulta limitada y con rapidez se aleja de los estándares internacionales que se transforman día a día. Al mismo tiempo, la escasa competencia asegura amplias ganancias sin exigir nuevas actualizaciones en equipamiento y tecnología; tal es el caso de la industria automotriz. Claro está que una vez de haberse radicado y obtenido importantes subsidios y ventajas por parte del Estado, las empresas extranjeras se oponen al ingreso de nuevas plantas que operen en su mismo rubro, como modo de asegurar sus ganancias en un mercado libre de competencia. Es dable reconocer, por aquellos años, el creciente conjunto de instituciones tanto de índole oficial como privado favorables al desarrollo industrial, que incluye a centros de productividad, asociaciones de ingenieros e institutos surgidos en las universidades. Muchos de ellos, luego de analizar debidamente la evolución fabril en nuestro país, no dudan en señalar que deben corregirse ciertas aristas tales como la alta concentración del poder económico en manos de las filiales de matrices externas, los sectores financieros y políticos, el creciente endeudamiento y la falta de sesgo exportador de la industria en su conjunto. Tras años de aceptación de la acción del capital externo a través de las empresas subsidiarias, el poder público aprueba disposiciones tendientes a imponerles el aumento de la producción y la orientación hacia la exportación. Como forma de presionar, por ejemplo a las firmas automotrices, se aprueba la radicación de la empresa sueca Scania para la instalación de una fábrica de camiones; a la misma se le exige emplazarse fuera de las áreas industriales (Tucumán) y se le obliga a adoptar compromisos de exportación. Particularmente, entre los años 1973-1974 las fábricas de automóviles alcanzan el máximo de su capacidad productiva y la reducción del precio de las unidades. De igual modo, se imponen regulaciones a las plantas en favor de las empresas locales fabricantes de autopartes. Desde fines de los años '60 tiene lugar el desarrollo de un cierto apoyo a la industria local, aunque debe reconocerse que no constituye la aplicación de un plan específico. Así, gracias a una antigua ley de patentes, los laboratorios químicos y farmacéuticos logran una evolución positiva, tal es el caso de Bagó. Un ejemplo similar es el de la empresa Fate, que demuestra una importante expansión, al igual que otras firmas que crecen e n virtud de contratos logrados con organismos públicos, especialmente de los renglones metal-mecánicos, máquinas-herramienta, etc. Sobre este particular, vale resaltar que el general Levingston, con el propósito de expandir el consumo y favorecer a las plantas locales, promueve la ley de "Compre Argentino". Al respecto, resulta importante valorar el apoyo crediticio que brinda el Estado a las empresas existentes, como así también el que ofrece a las nuevas el Banco Nacional de Desarrollo, conformado sobre el antiguo Banco Industrial. En especial, en tiempos de la gestión peronista y como medio para asegurar la redistribución de ingresos en favor de los trabajadores y la expansión del empleo, aumentan los subsidios a las empresas, el control de la actividad bancaria y de los precios, la regulación del comercio a través de la aplicación de aranceles a las importaciones, las limitaciones a la influencia de las empresas extranjeras, y el énfasis de las nacionalizaciones. De igual modo, se aprueban proyectos de inversión para facilitar la inauguración de plantas fabriles que se dediquen a renglones sustantivos de la producción. Así, puede mencionarse la radicación en Puerto Madryn de Aluar, que exige obras de infraestructura aportadas por el gobierno tales como la construcción de una línea de alta tensión, la ampliación portuaria y vial, como así también apoyo crediticio. Similar tratamiento se ofrece a la 16
creación de la firma Papel Prensa que se instala en Zárate. Otros proyectos se ponen en marcha en Misiones: Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray y Papel Misionero. En cuanto a las empresas públicas, se conforma Petroquímica General Mosconi en Ensenada, en la que se asocian Fabricaciones Militares e YPF. En el área siderúrgica se moderniza la planta SOMISA, que en 1974 construye su segundo alto horno. Al mismo tiempo, se favorece la producción de las empresas privadas ACINDAR y SIDERCA. En los años 70 se producen profundas transformaciones en el marco internacional que influyen indudablemente en los escenarios económicos de cada país y también en la Argentina. Uno de estos saltos es el notable incremento en el precio del petróleo y de las materias primas en general, que provoca una balanza comercial muy positiva para nuestro país. Ello alienta algunos análisis y opiniones en favor de que el Estado reduzca su presencia y abandone la regulación en las actividades productivas, para hacer revivir rápidamente de ese modo a una Argentina esencialmente agropecuaria. Por otra parte, se advierte la expansión a nivel mundial de las ideas monetaristas, que se popularizan en toda la América del Sur y que terminarán por sobredimensionar la estructura financiera en detrimento de la producción. Lo dicho se vincula con otro cambio decisivo, representado por el crecimiento de un mercado financiero poco regulado, con liquidez creciente para aplicar y prestar con facilidad en los países más diversos. Onganía, tras perder el apoyo de la cúpula del Ejército encabezada por el general Alejandro Agustín Lanusse, es reemplazado por el general Roberto Marcelo Levingston en 1970. A pesar del recambio institucional, el panorama político prosigue siendo complejo y en diciembre de ese año se agudizan las demandas de retorno a la vida republicana a partir de la conformación de La Hora del Pueblo, agrupamiento multipartidario integrado por la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) y los partidos Justicialista (Peronista, aún inhabilitado para participar en la vida política), Socialista Argentino, Conservador Popular y Bloquista. A ello se suman nuevos reclamos populares que se desatan en Córdoba en febrero de 1971, como así también la expansión de las operaciones de las formaciones especiales. Todo ello desencadena el recambio presidencial y la asunción del general Lanusse. El gobierno de Lanusse transita en medio de la agitación, por el crecimiento de los grupos revolucionarios y las críticas de los partidos políticos. Como medio para obtener respaldo realiza concesiones a los sindicatos y dispone aumentos salariales y, en julio de 1972, proclama el "Gran Acuerdo Nacional" con el fin de reunir a las fuerzas políticas y aislar a los grupos especiales. En realidad aspira a presentarse como futuro candidato en las elecciones y, para lograr apoyo, toma la importante decisión de levantar la prohibición que excluye al peronismo de la vida política, dispuesta dieciocho años antes. Sin embargo, para impedir que el propio Juan Domingo Perón sea proclamado como el nuevo candidato, establece la condición de que todo postulante a la Presidencia debe residir en el país. De ese modo, deja fuera al ex-presidente, que se hallaba exiliado en España. En las elecciones de marzo de 1973 la alianza peronista FREJULI, encabezada por Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima, obtiene la victoria. No obstante, en un marco de alta intensidad de operaciones revolucionarias y de fuerte contraofensiva de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), tras la renuncia del Presidente y el breve gobierno de Raúl Lastiri, se convoca nuevamente a elecciones. En esta oportunidad es el propio Juan D. Perón, acompañado por su esposa María Estela Martínez, quien obtiene un amplio triunfo. Cierre de la industrialización sustitutiva de importaciones
A comienzos de la década de 1970 amplios sectores de nuestro país aspiraban a lograr el retorno al poder de Juan Domingo Perón. Sin embargo, tras las elecciones de 1973, el gobierno del veterano líder resulta de breve duración dado que éste fallece el 1 de julio de 1974. Asume entonces la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, cuya gestión debe enfrentar un delicado panorama general caracterizado por la creciente violencia política, la marcada inflación y los resultados de la fuerte devaluación dispuesta. Por esos días, sectores militares planean deponer a la presidenta para iniciar la destrucción de toda resistencia y la desarticulación del denominado "Estado peronista". El clima de críticas al gobierno constitucional y los rumores de acciones militares, como así también el recrudecimiento y multipli cación de los actos de violencia política sumado a la indiferencia de los partidos políticos más importantes ante la situación general-, allanan el camino hacia el fin de la tercera administración que encabezara Juan D. Perón. Los hechos tienen lugar en las primeras horas del 24 de marzo de 1976, cuando la presidenta Martínez abandona la Casa de Gobierno en helicóptero y es arrestada en el Aeroparque Metropolitano, para ser trasladada posteriormente a Neuquén en calidad de detenida. En ese momento se presenta a la población el Comunicado N° 17
1, anunciando que el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas, integrada por el teniente general Jorge Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti. Al mismo tiempo, grupos armados de civil se dirigen a numerosas fábricas para detener a delegados y activistas obreros. Al día siguiente, Videla es oficialmente designado Presidente. Al asumir el poder afirma que se inicia un nuevo ciclo histórico cuyo propósito esencial es terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo mediante el denominado "Proceso de Reorganización Nacional". La nueva administración declara que pretende restituir los valores fundamentales de la conducción del Estado, mediante la moral, idoneidad y eficiencia, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico. La gestión de Videla se extiende hasta el 29 de marzo de 1981, cuando se designa en su lugar al general Roberto Viola. Desde el 22 de diciembre de ese año lo sucede el general Leopoldo Galtieri y, finalmente, tras el desarrollo de la guerra de las Islas Malvinas, tiene lugar la gestión del general Reynaldo Bignone. Ciertamente, cada uno de estos relevos se produce por significativas divergencias dentro de las propias Fuerzas Armadas en cuanto a los planes a llevar a cabo y, desde luego, los cambios a nivel nacional traen implícitas nuevas designaciones de gobernadores y funcionarios en las diferentes áreas. Para alcanzar los objetivos del "Proceso" se deja sin efecto la Constitución Nacional, se remueve a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y se suspenden por tiempo indeterminado las actividades partidarias y gremiales. No sólo es detenida la propia presidente María E. Martínez, sino que también son encarcelados numerosos ex-funcionarios, legisladores y gobernadores. Del mismo modo, se despide y encarcela a sindicalistas y dirigentes gremiales de las fábricas, que son ocupadas por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad para detener a obreros, estudiantes, periodistas, intelectuales en general, en base a "listas negras". En cuanto a los trabajadores estatales, muchos son despedidos al aplicarse la Ley de Prescindibilidad. Paralelamente se disuelven instituciones y organizaciones culturales y estudiantiles calificadas como de tendencia marxista, se intervienen las Universidades nacionales, se cierran cátedras e instituciones y se inicia la guerra contra los grupos integrantes de las llamadas "formaciones especiales". Todo ello con el claro propósito de aplastar cualquier oposición política y sindical, y aplicar el control de la población en su conjunto. A través de la aprobación de un Estatuto se reglamentan las funciones y atribuciones de la Junta Militar y la designación del ejercicio del Poder Ejecutivo. Éste queda a cargo de un oficial superior de las Fuerzas Armadas designado por la Junta que, para las cuestiones legislativas, cuenta con el apoyo de la denominada Comisión de Asesoramiento Legislativo. El esquema político aplicado resulta novedoso al reservar el 33 % de los cargos gubernamentales y de la administración a cada una de las Fuerzas Armadas; así, cada repartición pública se convierte en un área particular de dirección a cargo del Ejército, la Aeronáutica o la Armada. El plan represivo Un aspecto de gran importancia para la administración militar es el plan para derrotar a las "formaciones especiales". Para ello se pone en marcha un verdadero terrorismo de Estado y una fuerte represión, en colaboración con las fuerzas de seguridad de cada provincia y con presencia de efectivos parapoliciales. Los alcances, características y efectos de este plan recién son conocidos por la comunidad argentina tiempo después de finalizado el Proceso, y así se sabe del planeamiento y puesta en práctica de zonas de operaciones y de centros de detención clandestinos tanto en ámbitos militares como en espacios civiles ubicados en todo el país. La realización de interrogatorios bajo tortura, las represalias contra familiares de detenidos, la ejecución de rehenes, la apropiación de bienes, la supresión de identidad de niños nacidos en cautiverio, todo esto da lugar al surgimiento de la práctica de detención-desaparición de personas: dirigentes obreros, estudiantes, artistas, religiosos, intelectuales, periodistas y ciudadanos comunes, sospechados de tener participación o vinculación con los grupos guerrilleros. También se apresa a militantes de partidos políticos del peronismo, de la izquierda y del radicalismo. Esas acciones, llevadas a cabo en un marco de aplicación de fuerte censura en los medios de comunicación, no son reconocidas por las autoridades militares. La represión formalizada por el gobierno alcanza tal punto que se desencadena, paulatinamente, una especie de autoreprimenda en la población. Al mismo tiempo, el ámbito educativo – y en particular las Universidades- sufre un control extremo sobre su accionar. A las detenciones y desapariciones de integrantes de las distintas comunidades educacionales, se añade la supresión de centros de investigación, el cuestionamiento de principios de la matemática moderna, la 18
prohibición de tratar determinados temas y estudiar a ciertos autores, y el cierre de carreras como Antropología, Psicología, Sociología, todo ello por considerarse peligroso para el "ser nacional". Frente a estos hechos, muchos profesores, investigadores y estudiantes avanzados optan por el exilio, lo cual representa una irreparable pérdida para la ciencia y la educación argentina en su conjunto. Todo lo dicho conforma la instauración de una represión desconocida hasta entonces, que tiñe de sangre y horror a la etapa del "Proceso de Reorganización Nacional", caracterizada por la flagrante violación de los derechos humanos y el claro control ideológico y policial de la sociedad. Tales hechos, al ser conocidos en el exterior, movilizan fuertes reclamos por el respeto a los derechos y las libertades personales; de igual manera, provocan el nacimiento de las primeras manifestaciones en reclamo por la aparición con vida de los detenidos-desaparecidos, realizadas por un grupo de mujeres que desde entonces se conocen como las Madres de Plaza de Mayo. En el marco de la dictadura militar, de sus graves ataques a la vida y a la libertad de las personas, del silencio obligado de los sectores opuestos a las políticas económicas y sociales, la organización y el desarrollo del Campeonato Mundial de Fútbol en el año 1978 ofrece la oportunidad para que el gobierno acalle protestas y convoque a la sociedad tras los colores nacionales. Así, cada partido y su resultado atrapa la atención general y se ubica en el centro de la escena, resultando momentáneamente opacados los graves problemas que presenta la administración militar: represión, inflación, caída de la producción industrial, deterioro salarial. En consecuencia, desde el gobierno se apela al espíritu festivo en tiempos del Mundial, a la unidad nacional en pos del logro deportivo. De este modo, la realización del certamen le ofrece la posibilidad de mejorar su imagen en el contexto internacional. Estas estrategias de ocultamiento se ven consagradas con el triunfo argentino en el torneo y, en consecuencia, el deporte se convierte en un instrumento en manos de la gestión castrense para obtener apoyo popular. El reordenamiento económico En cuanto a las cuestiones económico-productivas, el día 2 de abril de 1976 se designa en el Ministerio de Economía a José A. Martínez de Hoz, caracterizado liberal que anuncia rápidamente un plan económico en concordancia con el nuevo orden político. El ministro y sus colaboradores inmediatos coinciden en que hay que desarticular la alta injerencia del Estado en la economía, eliminando los subsidios y promoviendo la libertad de acción de los particulares. Así, con el propósito general de alcanzar la modernización de la economía argentina mediante importantes transformaciones que se estiman imprescindibles para alcanzar la eficiencia del sistema productivo y crear un sector exportador diversificado, se dispone la apertura económica liberalizando los mercados y los precios. Con el objetivo de acelerar la apertura y la reconversión tecnológica y, al mismo tiempo, frenar el ritmo inflacionario, estas disposiciones son acompañadas -a partir de 1979- por la aplicación de la conocida "tablita", es decir, una tasa de devaluación prefijada. No obstante, la inflación no se detiene y es entonces cuando se apela a acrecentar el endeudamiento externo y a subvaluar el tipo de cambio. De igual manera, desde los tiempos iniciales del Proceso se dispone la reducción de los salarios a un nivel no conocido después del año 1935, el aumento de las tarifas de los servicios públicos, de los alimentos y la marcada reducción de las inversiones y subvenciones destinadas a salud, educación y vivienda. Paralelamente se transfieren servicios estatales a las provincias sin el acompañamiento de los recursos correspondientes, y se toman abultados préstamos internacionales que incrementan la deuda externa. A partir del inicio de la gestión de Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía, la actividad industrial debe soportar los rasgos más duros del modelo. En efecto, cambia profundamente el marco global al que debe ajustarse el desenvolvimiento de la producción fabril, que puede sintetizarse en el desmantelamiento del Estado benefactor e industrial dejando sin efecto regulaciones, subsidios y privilegios con el propósito de poner en marcha una economía moderna y eficiente. En cuanto a la política industrial se pueden reconocer dos subperíodos: desde el inicio de la gestión militar hasta fines de 1978, y desde 1978 hasta el fin de la dictadura. En el primero se apunta al "sinceramiento de la economía" y sobresale la reducción de los aranceles de importación. En el segundo, apostando a los mecanismos propios del mercado, se implanta la apertura externa tanto de bienes industrializados como de capitales, que ocasiona una cruda contracción de la producción y la merma en los salarios, todo ello enmarcado en la gradual eliminación de la vigencia de exportaciones subvencionadas y el desarrollo de crecientes importaciones. El objetivo de esta estrategia se orienta a fortalecer a los sectores productivos con ventajas 19
comparativas a escala internacional, y a hacer desaparecer a los menos eficientes que precisan del auxilio del Estado para subsistir. Ante el abrupto cambio de las reglas de juego, el panorama para la producción industrial se torna crítico y desalentador, y no tarda en manifestarse una reducción en la tasa del empleo. La aplicación de las medidas adoptadas no obtiene los resultados esperados sino que, por el contrario, acarrea notables dificultades. A modo de ejemplo, vale señalar que se registran disminuciones en la producción desde acero hasta en el rubro textil y, así, las disposiciones conducen al cierre de una cantidad creciente de empresas industriales. La Confederación General Económica encabeza las críticas al programa económico diseñado y ejecutado en el país, pero éstas son rápidamente acalladas al disponerse el cierre de la institución. En el exterior, si bien la acción de la administración militar promueve reacciones condenatorias en el plano de los derechos humanos, capta no obstante elogios con referencia a la política económica. Aquí es dable señalar que dentro de las acciones represivas se destacan las dirigidas hacia los activistas de los sindicatos, en particular los industriales, pues el objetivo es destruir su poder de negociación colectiva y sus mecanismos de resistencia a las decisiones gubernamentales. Como se ha dicho, dentro de los objetivos de Martínez de Hoz se encuentra eliminar el Estado benefactor como fuerte dador de empleo y como administrador de importantes subsidios, créditos blandos, compensaciones y recursos. Las decisiones del ministro, que en su óptica conducirán a una mayor eficiencia e innovación tecnológica de las plantas industriales, en realidad entretejen una difícil situación para los sectores urbanos, en especial para la pequeña industria. Y esto se produce porque los establecimientos fabriles se ven privados de sus recursos y son sometidos a la creciente competencia de los artículos importados, con lo cual transitan el camino hacia su paralización, el despido de personal y el cierre de sus plantas. En ese contexto, el conjunto de la actividad industrial atraviesa una severa depresión. Mientras tanto Martínez de Hoz, para alcanzar la ansiada competitividad, apuesta a captar nuevas inversiones extranjeras a las que, ya desde la legislación aprobada en 1977, concede mayores beneficios fiscales y condiciones favorables para la repatriación de divisas. Esta normativa se suma a las liberales regulaciones bancarias adoptadas anteriormente y a las elevadas tasas de interés aplicadas, muy favorables para los capitales externos, que estimulan la captación de recursos foráneos que ingresan masivamente al mercado financiero argentino como consecuencia de su apertura irrestricta. Desde 1979 se libera a las entidades bancarias y financieras de la obligación de mantener una reserva mínima del 20 % sobre sus fondos del exterior. Ciertamente, todas estas medidas brindan los recursos necesarios para impulsar los planes del gobierno en áreas como gas, petróleo, hidroelectricidad y nuclear, que son las que se procura alentar desde el Ministerio de Economía para favorecer el desenvolvimiento de los sectores industriales ponderados como más eficientes y modernos. En realidad, el que alcanza mayor desenvolvimiento es el sector bancario y financiero, que convoca no sólo a capitales externos sino también a los inversores nacionales que ingresan al país los depósitos hechos en otros países, dado que se les ofrece la posibilidad de obtener mayores dividendos por los altos intereses vigentes. A fines de la década de 1970, en el contexto de una moneda sobrevaluada, las importaciones no dejan de aumentar y se desencadena un déficit comercial cada vez más marcado. Ante la creciente entrada de productos extranjeros, gran parte de la población se orienta cada vez más a la adquisición de artículos importados, que se presentan no sólo más accesibles en precio sino también más atractivos por su diseño y tecnología. En consecuencia, el consumidor se aleja cada vez más de los productos nacionales, desalentando la producción fabril local. Al mismo tiempo, el tipo de cambio vigente no sólo induce a la compra de bienes importados sino también a viajar al exterior, en especial a Miami, centro predilecto de los turistas argentinos que en sus compras desenfrenadas popularizan el "deme dos" de cada artículo. Paralelamente la deuda externa sigue aumentando sin cesar, colocando a la economía del país en una situación general compleja y delicada que se extiende hasta el retorno de la democracia. En ese marco general, la actividad industrial experimenta una aguda crisis caracterizada por la contracción del mercado, la disminución de la demanda de productos de fabricación nacional y la creciente competencia de los artículos importados, a lo que se suman las altas tasas de interés locales y la situación financiera general. Lo mencionado conspira contra la rentabilidad de la producción y el desarrollo de las empresas fabriles, e impulsa el fuerte endeudamiento de las fábricas que aún continúan operando. Ante tal situación, ciertos industriales sobreviven al iniciar su camino como financistas y especuladores. Algunas firmas en proceso de quiebra cambian varias veces de mano. Otras, para hacer frente a su endeudamiento, optan por vender parte de sus activos, y las más por cerrar líneas de producción, áreas de 20
estudio y de proyectos futuros, contraer sus estructuras y despedir a obreros y especialistas. Muchas empresas sucumben esperando condiciones más benévolas en las deudas contraídas que les permitan sobrevivir, y algunas transforman sus antiguas dependencias en depósitos o centros de compra. Los reclamos por la situación que atraviesan las grandes empresas son atendidos por Domingo Cavallo, sucesor de Martínez de Hoz, cuando dispone estatizar -en 1982- la deuda de gran cantidad de importantes firmas industriales, bancarias y de servicios, incrementando de ese modo la ya abultada deuda externa. Esta decisión, unida a la creciente inflación, socializó las pérdidas del sector privado al licuar las obligaciones contraídas por las grandes empresas. El 2 de abril de 1982 el presidente Galtieri ordena el desembarco militar en las Islas Malvinas, ocupadas por Gran Bretaña desde 1833. Lo sorpresivo de la acción son las victorias iniciales que consigue, que son maximizadas por los medios de comunicación y captan el fervor de la población al procurar reivindicar la soberanía argentina en esos territorios tan lejanos. Sin embargo, rápidamente la euforia patriótica y el apoyo logrado por la figura presidencial comienzan a desvanecerse cuando se conoce el verdadero desarrollo de los acontecimientos, como así también la respuesta militar de los británicos. Posteriormente, la capitulación firmada el 14 de junio pone fin a los sueños triunfalistas, y se intensifica la reprobación de la gestión militar en cuanto a las verdaderas condiciones materiales que debieron soportar los soldados argentinos en el terreno bélico, el comportamiento de l os jefes, la improvisación y la falta de profesionalismo. Desde esos días el régimen impuesto por el "Proceso" inicia su marcado deterioro, y sectores cada vez más amplios de la sociedad reclaman el retorno a la vida republicana con plena vigencia de las libertades y garantías constitucionales. Recuperación de la vida democrática y apertura de la economía
Luego de los acontecimientos acaecidos a lo largo de los gobiernos militares, toda la sociedad argentina transita el camino hacia el restablecimiento de la vida republicana con especial interés y reverdecidos anhelos democráticos y, hasta puede decirse, eufóricos deseos de libertad, de participación ciudadana y de expresión cívica. A fines de febrero de 1983 se define el cronograma electoral y en razón del estatuto de los partidos políticos establecido por el gobierno del general Reynaldo Bignone, que señala que es necesario reunir un 3 % del electorado para acceder a los cargos electivos, las mayores posibilidades se centran en el radicalismo, que presenta la fórmula presidencial Raúl Ricardo Alfonsín - Víctor Hipólito Martínez, y el peronismo, que postula a ítalo Argentino Luder - Deolindo Felipe Bittel. Vale recordar que en Raúl Alfonsín -fundador y conductor del Movimiento de Renovación y Cambio- se erige la figura del dirigente radical más convocante a partir de la muerte del veterano Ricardo Balbín en 1981. Alfonsín reivindica el valor de la democracia pluralista y constitucional en contraposición del pasado inmediato autoritario y cercenador de los derechos civiles. El 30 de octubre de 1983 se realizan las elecciones; Alfonsín obtiene más del 52 % de los votos y asume la presidencia el 10 de diciembre. En tiempos en que la mayoría de los argentinos renueva sus esperanzas por un presente y un futuro respetuoso de la libertad y la vigencia y obediencia de los derechos individuales y sociales, el gobierno hereda una compleja situación caracterizada por la crítica situación económica, las profundas heridas dejadas por la represión y la Guerra de Malvinas, la presencia del poder militar, y los reclamos sindicales. A los pocos días de su asunción, el presidente Alfonsín dispone la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que tiene como misión investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en los años de la dictadura militar. Presidida por Ernesto Sábato, esta Comisión presenta el resultado de su trabajo en el informe que lleva por título "Nunca Más", que da cuenta de las denuncias por desaparición de personas, relatos y declaraciones de sobrevivientes, familiares y testigos e incluye el listado de 340 centros de detención ilegal. Al mismo tiempo, se crea la Secretaría de Derechos Humanos en el ámbito del Ministerio del Interior. La sociedad toda asiste azorada a los testimonios acerca de la tortura y la desaparición de personas, ante la confirmación, en diferentes puntos del país, de la existencia de tumbas con centenares de cuerpos no identificados. Paralelamente, en 1984 se dispone el inicio de juicios contra los integrantes de las tres primeras juntas militares con el objeto de establecer responsabilidades en la lucha contra las actividades subversivas y en 1985, luego de reunir innumerables pruebas, se los condena a prisión. Por otra parte, se dispone la extradición 21
desde Brasil de los dirigentes montoneros Mario Eduardo Firmenich y Fernando Vaca Narvaja. En el terreno castrense, la gestión Alfonsín impulsa la subordinación de las fuerzas militares al poder civil. Sin embargo, particularmente el análisis de las cuestiones de los delitos contra los derechos humanos y la acción de las Fuerzas Armadas provoca opiniones encontradas en el conjunto de la sociedad y, desde luego, desencadena malestar entre los uniformados, que alimentan y promueven presiones crecientes sobre las autoridades gubernamentales. Además, contribuyen a este clima los numerosos retiros forzados ordenados para numerosos jefes militares, como así también las importantes reducciones en los gastos para las Fuerzas. Con el objeto de acallar los reclamos castrenses por su juzgamiento, en 1986 se aprueba la denominada Ley de Punto Final, que fija un plazo de sesenta días para iniciar nuevas acusaciones contra la represión ilegal. Sin embargo, la legislación aprobada no satisface a ciertos sectores de los hombres de armas y, en los días de Semana Santa de 1987, se desencadena el levantamiento en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. El mismo, conocido como "de los carapintadas" y conducido por el teniente coronel Aldo Rico, motiva la intervención personal del presidente Alfonsín. A pesar de que las reacciones militares logran una nueva ley denominada de Obediencia Debida -que dispone la amnistía para los oficiales con grado inferior a coronel por los delitos cometidos durante la represión- los planteas castrenses continúan. En efecto, a comienzos de 1988 el coronel Mohamed Alí Seineldín desencadena un nuevo amotinamiento en la mencionada Escuela de Infantería que, si bien es sofocado, erosiona marcadamente la gestión presidencial. Paralelamente, la organización FAMUS (Familias de los Muertos por la Subversión) realiza continuos homenajes a las víctimas de las fuerzas militares o policiales, que expresan una clara oposición a los reclamos sostenidos por las Madres de Plaza de Mayo desde tiempos de la dictadura y a las decisiones presidenciales con respecto a la Fuerzas Armadas. La situación económica Las variables de la economía no allanan el camino para el presidente Raúl Alfonsín. Desde los gobiernos militares la recesión generalizada no cesa, la desocupación se incrementa y la caída del ingreso de los trabajadores es notable. A ello se suma el endeudamiento externo, el cierre de numerosas empresas y el alza continua en los precios. Ante ese panorama, en abril de 1984 el presidente comienza a hablar de la necesidad de una "economía de guerra" y, en el primer semestre de 1985, se anuncia el Plan Austral puesto en práctica por el ministro de Economía Juan V. Sourrouille. Este plan, que incluye la vigencia de una nueva moneda (el austral), el congelamiento de precios y salarios, la no emisión monetaria y la progresiva eliminación del déficit público, concita un importante apoyo de la ciudadanía y tiene como resultado la detención temporaria de la inflación. Sin embargo, el ritmo inflacionario se intensifica a lo largo de 1988 y, en los meses iniciales del '89, estalla la hiperinflación con sus notorias implicancias económico-sociales. El presidente Raúl Alfonsín no cesa en su prédica acerca de la necesidad de poner fin al autorit arismo y promover la democracia en la elección de los conductores de los sindicatos y presenta un proyecto de Ley a tal efecto. Pero no logra sus objetivos y, por el contrario, el sindicalismo reafirma su particular estilo de conducción. Así, se constituye en un sector conflictivo que presiona fuertemente al gobierno durante toda su gestión. La Confederación General del Trabajo, conducida por Saúl Ubaldini, a lo largo de la administración Alfonsín determina la realización de un plan de lucha reclamando por el deterioro salarial y, en particular, contra el contenido del Plan Austral ya que frenaba la inflación pero a través del enfriamiento de la demanda y de los salarios reales. Las disposiciones para disminuir el gasto público y el nivel salarial de los empleados estatales, desencadenan reiterados reclamos en las diferentes áreas públicas. El propio Ubaldini -líder de los trabajadores cerveceros- se transforma en esos días en el principal dirigente opositor que despliega una creciente intervención pública mediante la multiplicación de las medidas de fuerza. Vale añadir que son ocho las huelgas generales convocadas por la CGT en esa época. En este contexto se generan condiciones de alta inestabilidad y desequilibrio en las cuentas fiscales y externas, que determinan la permanente aplicación de políticas de estabilización y todo ello resulta poco propicio para el crecimiento industrial. El sector atraviesa ciclos muy breves de retracción y de cierta recuperación que complican la planificación empresaria y desalientan la actividad productiva en su conjunto. A lo largo de los años 80 se registra un comportamiento escasamente favorecedor de los principales indicadores económicos, como así también la aplicación de políticas de ajuste que ocasionan un elevado costo social. Al respecto, no puede perderse de vista que en ese tiempo el nivel de empleo industrial disminuye en un 22
porcentaje cercano al 30 % y que el salario medio real fabril en 1990 es un 24 % más bajo que en los inicios de la década anterior. Esta situación es acompañada por una creciente concentración del ingreso y por la profundización de la pobreza y de los niveles de exclusión. En función de lo expresado, es posible señalar que la actividad industrial abandona la característica que ostentaba desde la década de 1940: deja de comportarse como el motor de la economía argentina. En efecto, la industria en su conjunto exhibe un marcado estancamiento y, en consecuencia, disminuye su participación general en el PBI en una cifra que supera el 8 %. De tal manera, se registra un descenso importante en el nivel de inversión del sector llegándose a una verdadera descapitalización. Se puede decir que en los '80 la actividad industrial sufre un proceso de reestructuración de carácter regresivo, porque no se rescatan ni aprovechan la trayectoria y las experiencias positivas cosechadas en ti empos del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones. Esta falencia impide superar las dificultades que evidencia el propio sector y, de tal modo, iniciar el camino hacia un crecimiento sostenible sin el halo protector del Estado, nota del modelo sustitutivo aplicado en las décadas anteriores. En efecto, ciertos rubros o renglones productivos se encuentran en una situación de estancamiento y hasta de desaparición, como en el caso de los que emplean una gran mano de obra: las ramas de maquinarias y equipos, la producción vinculada al consumo y a la construcción, los sectores textil, de maderas y muebles y de minerales no metálicos. A modo de ejemplo, vale señalar que la producción de máquinas, herramientas y de tractores representa una cuarta parte de lo producido en la década anterior y que en el caso de los automotores alcanza a menos de la mitad. En el universo industrial argentino del período analizado se registra la existencia de sectores que evidencian un comportamiento diferente al mencionado en el apartado anterior. Así, ciertas ramas industriales encuentran el modo de evolucionar positivamente y modernizar sus estructuras productivas. Este es el caso de la industria metálica básica y de la producción química. Por su parte, los sectores alimenticios y de bebidas mantienen el nivel de actividad de los últimos años y se encuentran datos positivos en la elaboración de aceites vegetales, no así en la producción frigorífica y azucarera. En los años 80, las transformaciones en la actividad industrial se vinculan a la expansión de la disponibilidad de recursos naturales, a la existencia de grandes plantas de insumas y a la aplicación de procesos intensivos en el empleo de capital. Sin embargo, este comportamiento no provoca el crecimiento de producciones con mayor valor agregado. El marco altamente restrictivo del sector industrial hace que caiga la demanda de nuevos trabajadores. En efecto, en esta etapa de la economía argentina es posible hablar de una verdadera pérdida en la generación de empleo que, en algunos casos, está asociada a la disminución de la producción y hasta el cierre de plantas y, en otros, al incremento de la producción en plantas con niveles de tecnificación importantes. Paralelamente, tiene lugar una disminución en los salarios percibidos por los trabajadores y ello proviene no sólo de las características propias de la actividad productiva, sino también de la pérdida de significación real de la a cción de los sindicatos y, por ende, de sus demandas de mejores remuneraciones. Como se comprende, en este tiempo se registra una creciente desocupación y el aumento de la subocupación. Es por ello que muchas personas en edad activa sólo encuentran salida a la ausencia de trabajo en los distintos segmentos de la economía informal y se embarcan, con diferentes resultados, en el autoempleo y el cuentapropismo. Estos resultados fueron provocados por la implementación de políticas de ajuste que conducen cada vez más a marcados niveles de inequidad social y de pobreza. Las vidas de los ciudadanos argentinos se ven severa y negativamente afectadas, dado que las políticas sociales aplicadas también son ineficientes. No alcanzan para cubrir las necesidades de salud, educación y vivienda demandadas por los sectores más sacudidos de la comunidad. Asociado al nivel de heterogeneidad ya comentado, la actividad industrial en su conjunto demuestra una importante retracción en las inversiones de capital. Así, ciertos sectores manifiestan una marcada disminución en la incorporación de tecnología y equipamiento. Entre otras razones, uno de los factores que contribuye a esta carencia es la situación general caracterizada por la inexistencia de financiamiento crediticio conveniente, la profundización de la transnacionalización de los capitales y ahorros, la alta inestabilidad institucional y la inflación constante. Al mismo tiempo, las altas tasas de interés existentes también provocan el desvío en la aplicación de recursos hacia otros sectores más rentables. Si bien la inversión de capitales había caído, es posible destacar que dado los bajos costos en el mercado local, algunas empresas emprenden proyectos importantes de infraestructura. A ello se añade la vigencia de promociones especiales para la radicación y funcionamiento de las industrias en provincias tales como Catamarca, 23
San Luis, La Rioja y San Juan, que impulsan al sector al aprobar beneficios impositivos. Por su parte, el Estado nacional pone en marcha subsidios que favorecen a un medio centenar de mega-inversiones industriales productoras de bienes intermedios. Ello es particularmente notable en la actual provincia (antes Territorio Nacional) de Tierra del Fuego con la instalación de empresas de armado de artículos electrónicos, a partir de la importación de componentes y partes. De hecho, también se destacan los subsidios estatales para la producción de acero, aluminio, cemento, papel y productos químicos básicos. Al analizar estos regímenes especiales, vale añadir que se formulan ciertas críticas que giran en t orno a la inadecuada selección de los sectores fabriles a favorecer, como también se critica la falta de control de los resultados de las actividades y de las inversiones planificadas, su impacto efectivo en las comunidades en donde se asientan y la ausencia de nivel competitivo de sus producciones. También se cuestiona que dentro de las empresas favorecidas se encuentran firmas subsidiarias de grupos internacionales y se señala que las plantas nuevas son escasas, pues se trata con mayor predisposición la ampliación y renovación de equipos y maquinarias. Con la intención de reactivar la alicaída actividad fabril, durante la gestión alfonsinista se aprueba una ley que incluye la aplicación de bajas tasas de interés y facilidades crediticias para las empresas que se dediquen a producir para sustituir importaciones. Al respecto, y con el propósito de cubrir los gastos que implican estas acciones promotoras, se prevé mejorar la recaudación tributaria y se promueve, así, un aumento de la misma a través de una mayor exigencia de pagos impositivos a los sectores más productivos. De igual manera, y dentro de los carriles propuestos de concertación con todos los sectores sociales, se crean comisiones compuestas por empresarios, trabajadores y representantes del gobierno con el objeto de acordar las pautas necesarias para consensuar un plan de acción que se centre en lograr el aumento de la producción, la concesión de créditos apropiados al sector industrial, como así también las pautas salariales y de precios. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, el ritmo inflacionario no cesa y, en consecuencia, la situación general no ofrece un panorama generador de la producción fabril. A lo largo de los '80, la exportación industrial resulta favorecida por las políticas públicas que tratan de sostener un tipo de cambio elevado y el apoyo a las empresas que coloquen su producción en el exterior; a ello contribuye el acuerdo firmado con Brasil en el año 1986. Como modo de promover las ventas al exterior de los productos fabricados en el país se crea el Consejo Federal de Exportaciones, que se propone estudiar el modo más conveniente para trazar los caminos en pos del incremento del comercio exterior. Salida anticipada En el complejo marco de la situación económica señalada, el 14 de mayo de 1989 se realizan las elecciones presidenciales que dan el triunfo a la fórmula Carlos S. Menem-Eduardo Duhalde por el Frente Justicialista Popular, que se impone a los radicales Eduardo Angeloz y Juan M. Casella en una campaña que gira en torno de la promesa del "salariazo" y la "revolución productiva". Desde entonces, tienen lugar diversas manifestaciones a favor de las nuevas autoridades electas y el desencadenamiento de saqueos a supermercados en el Gran Buenos Aires y en los alrededores de Rosario. Se declara el estado de sitio y la represión provoca varios muertos. Es entonces cuando Alfonsín decide abandonar su cargo anticipadamente y facilitar la asunción de Carlos Menem.
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