INTRODUCCION
El Derecho Fiscal, como disciplina especializada del Derecho Publico, es abordado por los estudiantes de Derecho como una asignatura compleja, difícil, plagada de cálculos y vericuetos que la hacen incluso inaccesible tanto en su estudio como en su comprensión. Por ello, pocos abogados se dedican a la práctica de esta materia. Adicionalmente, en no pocas ocasiones, los profesores que la imparten o bien no son especialistas o no transmiten adecuadamente sus conocimientos, tal vez por deficiencias pedagógicas o aun por celo profesional, pues tratan de cerrar el paso a una natural competencia. Por otro lado, al analizar las diversas obras disponibles relacionadas con el Derecho Fiscal, hemos encontrado que éstas tampoco son dúctiles y de una comprensión sencilla para el lector, toda vez que su estilo no permite a los alumnos o estudiosos del tema una asimilación rápida y fácil. La práctica laboral y docente me ha permitido acumular las más variadas experiencias y percatarme de que los contribuyentes, como la mayoría de los alumnos, no comprenden adecuadamente las disposiciones fiscales, de modo que su incumplimiento no es sólo una mera inobservancia, sino que obedece a la complejidad con que las leyes y diversas normas tributarias han sido redactadas. He llegado a pensar que para la interpretación de la legislación fiscal se necesita de un gurú o especialista en ciencias ocultas, ya que la forma en que esta redactada parece con frecuencia un verdadero galimatías. Fue este entorno lo que propicio que al libro de Derecho Procesal Fiscal, de mi autoria y publicado por Editorial Porrúa, se sume ahora este nuevo volumen, dedicado a condensar en un solo instrumento los conceptos básicos del Derecho Fiscal y que trata en lo posible de hacer entendible esta noble asignatura. Es importante destacar que la obra ha sido dividida en cinco libros: el primero se ocupa de la teoría, doctrina y formalidades del Derecho Fiscal; el segundo, de los aspectos prácticos de las contribuciones; el tercero, de las facultades y atribuciones de las autoridades fiscales; el cuarto, de los medios de defensa en materia fiscal, y el quinto, de los delitos fiscales. Asimismo, se incluyeron casos prácticos de actualización de contribuciones y aplicación de recargos y, finalmente, se insertó un glosario de términos y referencias que puede ser de utilidad para el estudioso.
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No puedo evitar, al impartir mis clases de Derecho Fiscal, la contrariedad que invariablemente me produce la queja permanente de los estudiantes de Derecho, en el sentido de que los cálculos que se les pide realizar, son para contadores públicos y no de abogados, por lo que muestran reticencia y desagrado hacia la práctica de esos cálculos. Sin embargo no hay nada más equivocado que esa apreciación, pues los cálculos están en las leyes, no en documentos que como boletines se dirigen a los contadores públicos, y las operaciones son simplemente aritmética básica, es decir, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, propias de alumnos de tercer año de primaria, además de que resultan esenciales para una debida comprensión de la materia. Así pues, con ejemplos prácticos y sencillos se ha procurado contribuir a una mejor comprensión de la asignatura, de la legislación tributaria y hasta de las necesidades de la autoridad para establecer determinadas contribuciones, que conjuntamente con otros ingresos le permitan desarrollar y llevar a cabo los grandes proyectos nacionales y dar viabilidad a su propia estadía. Sin más, espero haber reflejado las inquietudes de mis alumnos y de los practicantes del Derecho, al poner a su disposición una obra que les permita acumular más conocimientos o simplemente adentrase de una manera sencilla en el Derecho Fiscal.
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LIBRO PRIMERO
TITULO I TEORÍA Y DOCTRINA GENERAL DEL DERECHO FISCAL
CAPÍTULO I ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y DOCTRINA DEL DERECHO FISCAL
PRIMERA SECCIÓN PROLEGÓMENOS DE LA TRIBUTACIÓN En los albores de la organización humana, se presentaron las primeras manifestaciones de agrupación de individuos, las cuales tenían como finalidad la supervivencia de los integrantes de la agrupación contra posibles ataques de bestias o fieras, asó como de integrantes de otras asociaciones. Ejemplos de estas eran el Clan, la gens, la horda, la tribu, etcétera. Por otro lado, el hombre, en todas épocas, ha idealizado y aceptado siempre la existencia de un ser superior, que pudiera representarse como superior jerárquico o, la más común, como su Dios. Así es como aparecen las primeras manifestaciones de los tributos (que son los antecedentes de las llamadas contribuciones), en una relación de un hombre más fuerte que otro, el débil rendiría tributo pues de lo contrario su existencia se vería amenazada. Por otro lado, bajo el temor de no gozar de la vida inmortal y el apoyo y guarda de los dioses, se rendía tributo y honor a los mismos, que podían ir desde frutos y animales hasta personas que serían sacrificadas. Posteriormente aparece la formación de las primeras ciudades (por cierto amuralladas), en las que los subordinados, para gozar de la protección de los
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reyes, debían participarles a éstos de sus frutos y ganancias. Algunos para el consumo del rey, su familia y servidumbre, otros para los integrantes del ejército. Desde luego, en todas y cada una de estas etapas, la imposición y recaudación de los tributos eran definitivamente anárquicas y por ende arbitrarias. La certeza de los tributos no existía, más estaban latentes los inminentes y despiadados castigos por el incumplimiento. Tras la aparición del estado moderno (como resultado de las agrupaciones anteriormente mencionadas), y con plena convicción de que las imposición y recaudación de los tributos tenía la finalidad de destinarlos al gasto público, con el cual serian satisfechas las necesidades de la colectividad subordinada, surge la idea de que los mismos formen parte integral de las obligaciones de todo ciudadano. No obstante, tanto la imposición como la recaudación de esos tributos debía hacerse con estricto apego al marco jurídico preestablecido, pues de lo contrario se atentaría contra la finalidad del Estado y de la estabilidad social. El Derecho Fiscal, como disciplina legal, debe ser abordado de manera sistemática para poder comprender sus orígenes y las necesidades que cubre, así como la importancia que reviste en la economía de cualquier país, como de la domestica, o sea la que se desarrolla en nuestras propias casas. Por estas circunstancias, a continuación se abordaren de manera breve los antecedentes del Derecho Fiscal, la connotación que adquiere y sus alcances históricos. SEGUNDA SECCIÓN ORIGEN Y SIGNIFICADO DEL CONCEPTO "FISCAL" La acepción de la palabra "fiscal" tiene sus orígenes en el latín, pues proviene de la palabra fiscalis, que significa perteneciente al tesoro o erario público y, a su vez, el vocablo "fisco" deriva del latín fiscus, cuyo significado es la de bolsa o morral del recapitare. Este recapitare, o recaudador de los tributos, llevaba ceñida a su cintura el fiscus, donde depositaba el producto de lo recaudado, generado por los tributos instituidos a los tributarios. En efecto, la tributación es tan antigua como la vida misma, desde los primeros pobladores de la tierra hasta nuestros días, invariablemente se han pagado tributos, ya sea como penalización o como modo de subsistencia del dominador al dominado. Aún en documentos conocidos como sagrados, entre los que destaca la Biblia, encontramos a un personaje como Mateo, quien fuera uno de los doce discípulos de Jesús y uno de los llamados evangelistas; este apóstol fue
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reclutado, por así decirlo, cuando se encontraba en plena faena de recaudación de impuestos para el Imperio romano. TERCERA SECCIÓN EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA TRIBUTACIÓN La prehistoria Como hemos afirmado, los impuestos aparecen con el hombre mismo, pues es palpable la tendencia que ha seguido la humanidad en cuanto a la conocida ley del más fuerte: el poderoso ha aprovechado tal posición para que el débil en la mayoría de los casos le aporte tributos, de modo que se puede decir que los tributos hacen su aparición de manera anárquica. Esto compagina con la teoría de Maslow, quien señala que "al considerar que existe un ser superior o Dios", se ha motivado que en ciertos momentos el poderoso se valga de esta idea para sacar buen provecho personal. En este mismo sentido, el fenómeno religioso ha sido aprovechado de tal modo que en la antigüedad se hacía prácticamente imposible la defraudación de tributos, ya que se consideraba que si alguien no cumplía con su deber de pagar, le pesarían calamidades que iban desde enfermedades o demonios hasta la muerte misma. El fenómeno religioso no solo fue de trascendencia en las civilizaciones prehistóricas; más tarde muchas culturas basaron el pago o rendimiento de un tributo a los que ellos idealizaban o consideraban sus dioses. Así pues, desde antes de la aparición de la civilización (entendida ésta como la organización social de nuestra conceptualización actual y moderna) han existido los tributos. En las primeras civilizaciones, como la egipcia, ya existían los tributos para el faraón. En esa época también hace su aparición la más antigua forma de tributar: "el trabajo personal"; tal es el caso de la construcción de la pirámide del rey Keops. Asimismo, los egipcios manejaban un control de declaraciones de impuestos de frutos y animales. Este pueblo demostraba su control fiscal al operar con recibos el cobro de los tributos. Dichos recibos consistían en piezas de cerámica que servían como comprobante de pago de determinados tributos. Como puede apreciarse, el control y la "fiscalización" no forman parte novedosa de nuestro sistema fiscal, sino que a lo largo de la historia se ha estudiado su desarrollo para implementar lo más conveniente. La tributación en Roma
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Definitivamente, al referirnos a la cultura romana en el aspecto tributario, debemos hacer especial énfasis en reconocer que es en ella donde se sientan las bases para la regulación de la materia tributaria, que incluso siguen vigentes en nuestros días. Es precisamente en Roma donde surgen términos tales como aerarium, tributum, fiscus, etc., que desde luego forman parte de la terminología fiscal empleada en la legislación nacional y en las opiniones doctrinarias contemporáneas. Durante el desarrollo de la cultura romana, no solo se sentaron las bases para el Derecho tributario sino para el Derecho en sí. Es también evidente que durante su vigencia en ese Imperio, la imposición no fue la más justa, pero si la más acertada. Los primeros controles, los órganos recaudadores, los primeros cuerpos jurídicos, incluso el primer censo de la historia (motivado por intereses tributarios) surgen en Roma. En cuanto al pueblo romano dentro del campo tributario, sus experiencias dejaron a las civilizaciones posteriores aportaciones de emperadores como Augusto, que en el tiempo que manejo los destinos del imperio, estableció el impuesto del 1% sobre los negocios globales. Existió en el Imperio romano desde una organización bien fundada en el campo tributario hasta la tiranía de emperadores como Tito, que decretó un impuesto humillante por el uso de los urinarios públicos. Así pues, una de las más importantes civilizaciones de nuestro mundo lega a la humanidad (pensando benéficamente), la sorprendente regulación jurídica tributaria que prevalece y, al parecer, prevalecerá permanentemente. No debemos considerar exclusivamente el lado negativo de la cultura romana en el aspecto tributario, pues siempre se liga la tiranía (por el esclavismo) con el potencial jurídico que se manejo y que, como se ha venido reiterando, continua vigente. La tributación en Ia Edad Media En esta época el poderoso estaba representado por el señor feudal, rico por tener abundancia de propiedades, pero que requería de manos útiles para cultivar su tierra y sobre todo para proteger su integridad física del ataque vandálico de posibles agresores. En esta época el señor feudal establece condiciones sobre sus siervos, los cuales estaban ante todo obligados a deberle respeto y agradecimiento; esto origina que la cuestión tributaria se vuelva anárquica, arbitraria e injusta, ya
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que los siervos tenían que cumplir con dos tipos de obligaciones: personales y económicas. Las primeras consistían en prestar servicio militar en favor del señor feudal, tal obligación era libre, y finalmente se restringió a 40 días de servicio y el deber para el siervo de acompañar a su señor hasta determinada región. Entre estas obligaciones se encontraba también la de cultivar las tierras propiedad del feudo, así como las de orientar al señor en los negocios y la de hacer guardia. Cuando alguno de los siervos no deseaba cumplir con las obligaciones personales, quedaba obligado a pagar las conocidas tasas de rescate. En cuanto al segundo tipo de obligaciones, aparece la de tener que pagar banalidades como la de usar el horno o el molino del señor feudal, contribuir con vino, proporcionar granos, así como aportar los impuestos de la talla o pecho, el impuesto de la mano muerta y el diezmo. Otros tributos conocidos en esta época son: impuestos sobre la barba, sobre títulos de nobleza, de justicia, de peaje (que consistía en pagar por transitar por los peligrosos y escasos caminos), de pontazgo (es decir, pagar para pasar por los pocos puentes que existían entonces). La tributación en México En nuestro país, el desarrollo de los tributos se puede compendiar en las siguientes fases.
Antes de la Conquista Los tributos que se pagaban en México antes de la llegada de los españoles, se dividían básicamente en dos: • Los que pagaban los pueblos sometidos y conquistados, y • Los que pagaban los habitantes de los pueblos conquistadores. La diferencia entre estos tributos radicaba en que en el caso de los pueblos sometidos, por ninguna causa podían suspender o incumplir con el pago de los tributos, so pena de verse ferozmente reprimidos. Por su parte, los pobladores originarios que imponían los tributos gozaban, por así decirlo, de ciertas preferencias o dilación en el pago de sus obligaciones tributarias, pero de alguna manera, tarde o temprano, tenían que pagar.
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Al consolidarse el poderío de los aztecas, Tenochtitlán surge como la capital del Imperio mexica, dando paso a la expansión y dominio militar de los aztecas. A los pueblos que éstos sometían, les imponían cargas tributarias consistentes en productos que debían entregar: mantas de algodón, plumas de aves, telas de varias fibras, cigarros, bolas de caucho para el juego de pelota y metales preciosos, así como águilas, serpientes e incluso hombres jóvenes para sacrificios humanos a los dioses. Durante este periodo los tributos cobrados a los pueblos sometidos no eran utilizados para beneficio de las comunidades que los aportaban; en realidad, se destinaban a las necesidades de los gobernantes y del pueblo dominante. La sociedad azteca era muy compleja, ya que se encontraban perfectamente definidas sus estructuras de sociedad y poder. Sin embargo, por el hecho de ser mexica, el soberano estaba obligado a una redistribución de los bienes en beneficio de los habitantes del Imperio, lo que se traducía en una importante obra pública que facilitaba el transito, el comercio y las artes. Los primeros recaudadores El cobro de tributos era tan importante para los aztecas que se organizaron para facilitar su recaudación y nombraron a los calpixquis o primeros recaudadores. Esos personajes eran identificados por el pueblo porque llevaban una vara en una mano y un abanico en la otra. La recaudación requería que estos funcionarios realizaran un registro pormenorizado de los pueblos y ciudades tributarios, así como de la numeración y valuación de las riquezas recibidas. Los registros de tributos se llamaban tequiámatl o matrícula de tributos; fueron un género de códices relacionados con la administración pública del Imperio mexica. Tributos aztecas Varios tipos de tributos se entregaban según la ocasión, como los de guerra y religiosos, entre otros. Los tributos a que estaban obligados los pueblos sometidos por los aztecas eran de dos tipos: EI primero, en especie o mercancías, variaba según la provincia, población, riqueza o industria; el segundo, en servicios especiales, obligaba a prestarlos a los habitantes de los pueblos sometidos, tales como apoyo en guerras y paso o salvoconducto de derecho de transito por sus territorios.
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La Colonia La organización del pueblo azteca, militar, administrativa y desde luego la que controlaba las finanzas o hacienda pública, sorprendió a Hernán Cortes, quien de inmediato aprovecho las formas y modifico los montos y obviamente los tipos de tributo, ya que la riqueza que para los aztecas representaban las plumas o flores exóticas, para Cortes poco valía, de modo que su aspecto recaudatorio se enfoco en el oro, plata y piedras preciosas, En sus Cartas de relación Cortes describe sus hazañas y el gran minero de pueblos que tributaban al emperador Moctezuma; esto último lo descubre en el libro de tributos de los aztecas, del que obtuvo también información para localizar y explotar los yacimientos de minerales. El oro y la plata le interesaban sobre todo, pero también pensaba en el cobre como material necesario para preparar el bronce de sus cañones. Las mismas Cartas de relación son el primer documento fiscal en la historia de la Real Hacienda de la Nueva España. Cortes cambio el pago de tributos del pueblo azteca de flores y animales, por alimentos, piedras y joyas. Después de la caída de México, se creó la Real Hacienda, institución que se dedico al cobro de impuestos. La Real Hacienda estaba constituida por un tesorero, un contador que llevaba el registro de las contribuciones en libros, un factor que cobraba los impuestos, un veedor que veía o inspeccionaba, y oficiales que eran una especie de judiciales fiscales. El tesorero recibía las barras de oro o plata o monedas y las guardaba en la Caja Real. Esta se abría con tres llaves, que por seguridad estaban en manos de tres personas distintas: el tesorero, el contador y el gobernador. A su cargo estaba resguardar el quinto real. El diezmo y la primicia eran otros impuestos solicitados por el clero a las provincias. Gracias a ellos la Iglesia acumuló grandes riquezas, con las que atendió obras de construcción, beneficencia, educación y arte. Para llevar a cabo estos trabajos contaba con haciendas, conventos, casas, templos, escuelas, hospitales, asilos y orfanatorios. Un ejemplo de la forma en que cobraban la primicia y el diezmo es el siguiente: si una vaca daba a luz, su primer crío pasaba al clero; del segundo, el dueño solo aportaba el 10%. Establecida la Colonia, los indígenas pagaban impuestos con trabajo en minias, haciendas y granjas. En 1573 se implanto la alcabala (tributo que se pagaba sobre el precio de una compra—venta) y después el peaje (derecho de paso).
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La principal fuente de riqueza para el conquistador fueron las minas y sus productos, por lo que fue este el ramo que más se atendió y para el que se creó un sistema jurídico fiscal con el objeto de obtener el máximo aprovechamiento de su riqueza en beneficio del Estado. Las Leyes de Indias hacen referencia a la administración de los bienes de la comunidad de los pueblos indígenas en América. En primer término establecen las Cajas de Comunidad, que estaban al cuidado de los oficiales reales, de los corregidores y caciques. Los fondos de estas cajas se formaban con bienes comunales y aportaciones personales de los indígenas, y solo podían ser utilizados en el auxilio de los indios necesitados y para ayudar a pagar la plata de los tributos preestablecidos, En realidad, cuando en 1704 por órdenes del rey se hacen averiguaciones sobre las Cajas de Comunidad, se encuentra que los bienes eran mínimos y que por la suma pobreza de los tributarios, apenas podían costearse los tributos no pagados, las fiestas de obligación de los pueblos y demás gastos derivados de los cultos. México independiente En 1810, la Orden Real de la Nueva España dicto que los indios quedaban eximidos del pago de contribuciones. Entre las proclamas de los insurgentes se observan las siguientes: • Que cese la contribución de tributos respecto a las castas que lo pagan y toda exacción que a los indios se les exija. • Que en todos los negocios judiciales, documentos, escrituras y actuaciones, se haga uso de papel común para dejar de pagar impuestos por el papel sellado. En 1812 se organiza la Hacienda Pública, que indico que en cada provincia debería existir una tesorería que recaudara los caudales 0 recursos del erario público. En 1814, con Fernando VII, se complemento el sistema fiscal para las provincias, estructurándose la Hacienda. Se encargo a cada ayuntamiento la administración y distribución de las recaudaciones, convirtiéndose las diputaciones locales en autoridad suprema. Al consumarse la independencia en 1821, México tuvo que enfrentarse al doble problema de reparar los daños causados por la guerra y establecer las bases sobre las que debía operar el nuevo gobierno.
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En 1821 se suprimen por decreto los siguientes impuestos: • 1% de diezmo y real señoreaje. • El derecho o tributo de 8 maravedíes (moneda española) por marco de plata, pago que se hacía por el proceso de afinación de las pastas de oro y plata. • Se suprimen todos los derechos que gravaban las pastas (proceso de aleación) de oro y plata, así como a la moneda, y que les habían sido asignados durante la guerra de Independencia. En 1822 se aplicaron nuevas disposiciones hacendarias para tratar de arreglar la situación económica. Se modificaron los derechos sobre el vino y el aguardiente, aumentándose la tasa para los extranjeros. El Congreso ot0rgo la primera exención de impuestos en un caso particular: se permitió la introducción de cinco imprentas sin impuestos ni derechos. En 1824, cuando era presidente el general Guadalupe Victoria, se creé la Contaduría Mayor de Hacienda, integrada por Hacienda y por Crédito Público. La sección de Crédito Publico debía comprobar el estado de la deuda nacional, las sumas autorizadas y los intereses cubiertos. Se fundan también los principios jurídicos sobre los que se basé la Hacienda Pública. Estos quedaron establecidos en el Acta Constitutiva. Asimismo, se sanciono el principio de que no podría hacerse ningún pago o erogación que no estuviera comprendido en los presupuestos, excepto en el caso de que fuera aprobado por el Congreso. Al llegar al poder, Antonio López de Santa Arma decreta una contribución de un real por cada puerta y cuatro centavos por cada ventana de las casas; decreta también un impuesto de dos pesos mensuales por cada caballo frisón (robusto) y un peso por cada caballo flaco; además, un peso al mes por la posesión de cada perro. La Reforma El panorama político, social y económico del país después de la Independencia era difícil. La mayoría de los mexicanos vivía en el campo en condiciones de miseria y trabajaban en las haciendas como peones. Otros habitantes eran reclutados para el ejército por la fuerza. La guerra de Reforma que entre 1858 y 1861 enfrento a conservadores y liberales, llevé al pueblo nuevamente a un periodo de inestabilidad. Durante este lapso la Hacienda Pública no funcionaba regularmente; sin embargo, Benito Juárez y otros liberales expidieron las Leyes de Reforma, entre las que
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destaca la Ley de Desamortización de los Bienes del Clero (nacionalización de bienes de la Iglesia). A consecuencia de la guerra, Benito Juárez se vio obligado a instalar su gobierno en diferentes ciudades del país, hasta que al triunfo de los liberales regresó a la capital y se dedico a la reorganización de la administración pública y a la reestructuración de la Secretaria de Hacienda. Los principales hechos de importancia hacendaria emanados del Gobierno Constitucional de don Benito Juárez fueron: • El restablecimiento de la junta de Crédito Público, encargada de administrar las aduanas marítimas, así como de las modificaciones que se hicieron a su organización. • La medida de cobro de los impuestos en los puntos del consumo y no de la producción. • El cese de las facultades extraordinarias concedidas gobernadores de los estados en el ramo de Hacienda.
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los
• Liberación del cultivo, elaboración y comercio del tabaco y fijación de un impuesto por su consumo. • Se extinguen los fondos de peajes, minería y judicial. z • Se establece la Lotería Nacional, cuyos productos se destinan a la instrucción publica. • Se establece la Contribución Federal, que consistió en el 25% o cuarta parte adicional sobre todo entero (pago) realizado en las oficinas de la Federación y en los estados. Es durante el gobierno de Juárez cuando por primera vez las oficinas principales de Hacienda tienen una dirección específica de contabilidad, se llevan con toda regularidad las cuentas y disposiciones del Ejecutivo y funciona cabalmente la maquinaria administrativa, toda vez que la doctrina económica se centraba en la consolidación de las instituciones de la Republica. Esto era importante porque el estado lastimoso en que se hallaba la Hacienda hasta ese momento, impedía prever gastos, buscar el desarrollo del país y el bienestar social. Entre las innovaciones fiscales notables del periodo se encuentra también el establecimiento del sistema de contabilidad llamado "partida doble “y la expedición de la Ley del Timbre, la cual fijaba un plazo para la sustitución de papel sellado por las estampillas correspondientes, así como la creación de una oficina especial en la que se imprimieran dichas estampillas y el papel
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para despachos, títulos y nombramientos. Este es antecedente de la Dirección de Impresión de Estampillas y Valores. El Porfiriato Durante el gobierno de Porfirio Díaz se inició un periodo de prosperidad en el país, sobre todo mediante una política de impulso a la construcción de ferrocarriles y el desarrollo de la industria minera, razón por la que se requería la reforma y actualización del sistema fiscal y de la Secretaría de Hacienda.
Las principales características del sistema fiscal de la época fueron: • La mayor parte de la riqueza del país estaba ligeramente gravada o no pagaba ningún impuesto. Esta, en gran parte, era controlada por extranjeros y algunas familias mexicanas muy adineradas, escapando la porción de su riqueza a la carga impositiva estatal o nacional • El consumo se gravaba, sobre todo, en los artículos de primera necesidad. • A pesar de la estrecha relación entre los sistemas hacendarios federal y estatal, ninguno tomaba en cuenta los impuestos establecidos entre ellos. Porfirio Díaz duplicó el impuesto del Timbre, que se adhería a documentos oficiales; gravó las medicinas y cien artículos más; cobró impuestos por adelantado y pudo recaudar 30 millones de pesos, pero gastó 44. Asimismo, en este periodo se generó una deuda externa considerable y por la cual se pagaban altos intereses. Se requería un sistema tributario controlado y de equilibrio. No obstante que un estrato de la sociedad mexicana imitaba el lujo y diversiones de las cortes europeas, en 1892, en un informe elaborado por el ministro de Hacienda, Matías Romero, se puso de manifiesto la falsa bonanza de la Hacienda Pública de la administración porfirista y los graves problemas económicos de la Republica, causados por el excesivo gasto en el ambicioso programa ferroviario, la caída de los precios de la plata y los excesivos empréstitos solicitados con réditos relativamente altos. Con la llegada del ministro de Hacienda José Yves Limantour, en 1893, se niveló la Hacienda Pública. Las medidas para lograrlo fueron amplias. Se gravo el alcohol y el tabaco, las donaciones y sucesiones o herencias; también se
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aumentaron las cuotas de los estados a la Federación. Se redujo el presupuesto y las partidas abiertas del Ejecutivo, así como los sueldos de los empleados. Se buscaron nuevas fuentes de ingresos al gravar las actividades, especulaciones y riquezas que antes no contribuían a los gastos públicos; se fijo el derecho o impuesto de exportación sobre el henequén y el café y se regularizo la percepción de los impuestos existentes, por medio de una vigilancia activa y sistemática sobre empleados y contribuyentes. En 1910 se celebraron las fiestas del centenario de la Independencia, que encabezo Porfirio Díaz inaugurando edificios públicos, monumentos y escuelas; se realizaron bailes, banquetes y un gran desfile al que asistieron personalidades de otros lugares del mundo. Frente a este panorama, era difícil pensar que estallaría una revolución La Revolución Hacia 1910, la población dedicada a las labores agrícolas, sin duda el núcleo más importante de todos, se encontraba en una situación angustiosa de miseria y explotación. Las riquezas que la minería y el petróleo produjeron en escala creciente, iban a parar a manos de sus propietarios en el extranjero, dejando en el país escasos beneficios en forma de salarios e impuestos. La caída de Ia dictadura, así como el destierro de Porfirio Díaz, trajeron desorden al país, situación a la que no escapo la tributación. Los mexicanos dejaron de pagar impuestos, dado que estaban ocupados en las armas. Durante siete años, el desempeño de la Secretaria de Hacienda fue irregular, pues aun cuando seguían utilizando los procedimientos establecidos, los jefes militares exigían desembolsos de dinero para adquirir bienes, armas y municiones, e imponían "préstamos forzosos" en papel moneda y oro. A partir de 1913, la Hacienda Pública se procuró fondos a través del sistema de emisión de papel moneda y mediante un principio de organización hacendaria, que consistió en el aprovechamiento de los recursos generados por los derechos de importación y exportación de las aduanas que se encontraban en las regiones ocupadas por cada ejército. A fin de que los jefes pudieran proveerse inmediatamente de fondos, las oficinas recaudadoras de Hacienda fueron dejadas a su disposición, y en la mayoría de los casos, los comandantes militares asumían facultades hacendarias, entre ellas la de imponer contribuciones especiales. Cada jefe militar emitía papel moneda y los ejércitos que tenían la posesión de regiones petrolíferas, recaudaban un impuesto en metálico derivado del petróleo.
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Los ejércitos revolucionarios contribuyeron también a la ruptura del sistema monetario con la emisión de su propio papel moneda, que sin tener ningún apoyo como reserva del Estado, carecía de valor y originaba un rechazo generalizado de la población hacia cualquier forma de billetes, llamados "bilimbiques". Como consecuencia de esta situación, los impuestos y los procedimientos hacendarios se modificaron en virtud de las circunstancias especiales del momento. El cobro de un gran número de impuestos que se pagaban en papel moneda fue imposible, ya que éste dejo de tener validez al no poder convertirse en valores metálicos como el oro y la plata. Cuando Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista, asumió el Poder Ejecutivo de la Nación, se encontró ante una grave crisis económica: huelgas, enfrentamientos con las compañías por el aumento de impuestos, ausencia de créditos del exterior e inflación debida a las emisiones monetarias de los años anteriores. Entre 1917 y 1935 se implementaron diversos impuestos, como el de los servicios por el uso de ferrocarriles, el especial sobre exportación de petróleo y derivados, por consumo de luz, el especial sobre teléfono, timbre, botellas cerradas, avisos y anuncios. Un hecho que estabilizo la vida política del país fue la promulgación de la Constitución de 1917 que actualmente nos rige. Como dato importante a destacar, en el año de 1921, precisamente durante los festejos del centenario de la consumación de la Independencia de México, fue promulgado el antecedente del actual impuesto sobre la renta, mismo que asumió el nombre de "Ley del Centenario". Otro cambio importante en el sistema tributario fue el incremento de los impuestos a los artículos nocivos para la salud: 40% a bebidas alcohólicas, 16% a la cerveza y se duplico el impuesto al tabaco. Simultáneamente, se incremento el impuesto sobre la renta y el de consumo de gasolina. Tales medidas redundaron en beneficios sociales, como la implantación del servicio civil y el retiro por edad avanzada con pensión; en general, se modernizaron los procedimientos administrativos y los servicios a la comunidad. México contemporáneo Muchos años fueron necesarios para estabilizar la situación económica y las finanzas públicas del país. En el México contemporáneo los gobiernos han
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modificado las leyes fiscales conforme a los principios de la Constitución: equidad, proporcionalidad y legalidad. El Estado dispone así de recursos para construir obras y prestar servicios a la colectividad, procurando una mejor distribución de la riqueza. El sistema tributario de nuestro país es mucho más que un conjunto de disposiciones fiscales; es parte de nuestra historia, de nuestras costumbres, y permite avizorar una mejor calidad de vida a los mexicanos. El país requiere que haya más y mejores maestros, escuelas para todos los niños, hospitales, higiene, comida, habitación, caminos, servicios públicos y elementos de bienestar y seguridad común. En este sentido, resulta fácil comprender que el Estado, no es una negociación que realiza actos mercantiles o comerciales con el fin de obtener recursos o lucrar, y así beneficiarse de los ingresos que percibiría por dicha actividad para el cumplimiento de sus fines. Por ello, es importante destacar que para tratar de satisfacer las necesidades que por ley tiene encomendadas, el Estado requiere ingresos que le permitan asumir su responsabilidad de manera cabal y oportuna. Así pues, como ocurre en cualquier otro país, implanta tributos que deben ser pagados de manera periódica, oportuna y responsable. En la reciente reforma fiscal, llamada así por los fiscalistas, ya que en realidad, en nuestra opinión, solo se trata del establecimiento de nuevos tributos pero sin ampliar la base tributaria ni los ingresos del Estado a partir de un mejor sistema tributario, se aprobaron dos impuestos por demás cuestionables: el Impuesto Empresarial a Tasa Única y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, los cuales serán objeto de análisis en su oportunidad en el presente trabajo.
CAPÍTULO ll UBICACIÓN DEL DERECHO FISCAL EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO
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PRIMERA SECCIÓN ESPECIALIZACIÓN DEL DERECHO FISCAL El Derecho Fiscal, como asignatura, tiene su origen en el Derecho Público, ya que como sabemos, el Derecho se divide en dos vertientes, Público y Privado, correspondiendo el primero a las relaciones del Estado con los gobernados, mientras que el segundo se refiere a los actos o acciones de carácter puramente entre particulares, pero que por su trascendencia deben ser regulados por disposiciones legales. Del Derecho Público emana el Derecho Administrativo, el cual se puede definir como el conjunto de normas destinadas a regular la actividad del Estado y de los demás órganos públicos, en cuanto al establecimiento y realización de los servicios que está obligado a prestar, así como todo lo relacionado con las relaciones entre la administración pública y los gobernados. A su vez, el Derecho Financiero procede del Derecho Administrativo, siendo su especialidad la de establecer la totalidad de normas y regulaciones en materia financiera del Estado; es decir, reglamentara la captación de los ingresos y la erogación de los mismos, previendo en todo caso, la congruencia entre los ingresos y los egresos, así como lo referente a los empréstitos que complementen el gasto publico. Del Derecho Financiero surge el Derecho Fiscal, como un conjunto de normas y disposiciones legales referentes a los gravámenes y contribuciones generales que se han de establecer, para sufragar los gastos públicos. Para una mejor comprensión, a continuación se presenta un cuadro que facilitará su apreciación;
Diagrama de especialización del Derecho Fiscal
Derecho Público Ingresos
Derecho Administrativo
Egresos
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Derecho Financiero
Ingresos fiscales
Contribuciones internas
Derecho Fiscal Contribuciones externas
Derecho Aduanero
Ingresos Ingresos no fiscales
Como se puede observar, las materias de Derecho Fiscal y Derecho Aduanero, aunque pertenecen o tienen un mismo origen, son en realidad disciplinas totalmente distintas; sin embargo, en esencia y conceptualización parten de la misma raíz.
SEGUNDA SECCIÓN CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO FISCAL Se ha considerado que el término "fiscal” es mas preciso y un tanto mas conveniente; no obstante, tratadistas como De la Garza lo llaman Derecho Tributario y lo definen como el conjunto de normas jurídicas que se refieren al establecimiento de impuestos, derechos y contribuciones especiales, a las relaciones jurídicas principales y accesorias que se establecen entre la Administración y los particulares con motivo de su nacimiento, cumplimiento o incumplimiento, a los procedimientos oficiosos o contenciosos que pueden surgir y a la sanciones establecidas por su violación. En el sentido amplio de la definición de Derecho Financiero, este abarca los tres aspectos: el Derecho Fiscal, que se refiere a la obtención de recursos; el Derecho Patrimonial, que alude al manejo de dichos recursos, y finalmente el Derecho Presupuestario, que versa sobre la erogación de los mismos recursos. Ahora bien, se sostiene que el Derecho Tributario forma parte del Derecho Fiscal, pues al referirse éste a la obtención de recursos, una parte de esos recursos la integran los provenientes de la imposición de cargas tributarias. De ahí que se pretenda diferenciar entre los ingresos que obtiene el Estado sin la característica de soberano y los que obtiene vía impositiva. Se entenderá como materia fiscal todo lo relativo a los ingresos del Estado provenientes de las contribuciones y a las relaciones entre el propio Estado y los particulares, considerados en su calidad de contribuyentes.
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Por su parte, la Suprema Corte de Justicia considera fiscal lo perteneciente al fisco; y fisco significa la parte de la Hacienda Publica que se forma con las contribuciones, impuestos o derechos, siendo autoridades fiscales las que tienen intervención por mandato legal. Así pues, considera materia fiscal lo relativo a la determinación, la liquidación, el pago, la devolución, la exención, la prescripción o el control de los créditos fiscales, o lo referente a las sanciones que se impongan por motivo de haberse infringido las leyes tributarias. Por su parte, Manuel Andreozzi define al Derecho Tributario como la rama del Derecho Publico que estudia los principios, fija las normas que rigen la creación y prescripción de los tributos y determina la naturaleza y los caracteres de la relación del Estado con el administrado que esta obligado a pagarlos. Mientras que Rafael Bielza dice que el Derecho Fiscal es el conjunto de disposiciones legales y de principios de Derecho Publico que regulan la actividad jurídica del fisco. Otra definición de Derecho Fiscal considera a este como el sistema de normas jurídicas que de acuerdo con determinados principios comunes a todas ellas, regula el establecimiento, recaudación y control de los ingresos de Derecho Publico del Estado derivados del ejercicio de su potestad tributaria, así como las relaciones entre el propio Estado y los particulares considerados en su calidad de contribuyentes. Con todo lo antes señalado podemos decir que con la expresión Derecho Tributario se envuelve todo un régimen jurídico relativo al pago de tributos, y con la expresión Derecho Impositivo se denomina al régimen jurídico relativo al cumplimiento de obligaciones impuestas por el Estado; resulta claro que en ambos casos se trata de la misma materia fiscal y, por lo tanto, las expresiones Derecho Fiscal, Derecho Tributario y Derecho Impositivo pueden considerarse sinónimas, aunque en México se emplea tradicionalmente la de Derecho Fiscal. Nuestra definición del Derecho Fiscal El Derecho Fiscal es la disciplina especializada del Derecho Público, que establece las disposiciones necesarias para dotar al Estado de los ingresos públicos derivados de contribuciones, instituyendo un vinculo jurídico tributario entre los gobernados, la Federación, entidades federativas y municipios, estableciendo las bases, temporalidad y marco jurídico al que han de someterse para la captación, recaudación, control, administración y fiscalización de los recursos obtenidos por concepto de contribuciones federales, para su debida aplicación y distribución.
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CAPITULO III CONSTITUCIONALIDAD DE LAS CONTRIBUCIONES PRIMERA SECCIÓN LEGALIDAD DE LOS IMPUESTOS
El pago de contribuciones tiene su fundamento legal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en el artículo 31, fracción IV, que señala entre las obligaciones de los mexicanos: IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Conforme a esta disposición, todos los mexicanos tenemos la obligación de participar y coadyuvar a los gastos del Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, federal, estatal o municipal; sin embargo, esta cooperación debe ser de manera proporcional, equitativa y justa. Es decir, el Estado, al no percibir ingresos generados por alguna actividad mercantil o comercial (ya que no esta creado para esos propósitos), necesariamente requiere recursos tanto para su propia subsistencia como para atender las necesidades de la población a la que sirve. En este orden de ideas, la principal fuente de los ingresos del Estado descansa en las entradas que percibe por concepto de tributos o contribuciones. Es importante destacar que anteriormente se denominaba "causantes" a los que pagaban impuestos, Incluso el Registro Tributario o Padrón se llamaba "Registro Federal de Causantes"; sin embargo, a raíz de que se experimentaron múltiples amparos contra las leyes fiscales y su obligación de registrarse, alegando válidamente que la Constitución Federal obligaba a contribuir y que las leyes secundarias hablaban de causar, por lo que en tales circunstancias esas disposiciones (secundarias) no podían ir mas allá de lo que el máximo ordenamiento legal del país establecía, es decir se contribuía mas no se causaba, por ese motivo toda la legislación fiscal y desde luego el registro, cambio su nombre para contemplar en todos los supuestos a contribuyentes y no a causantes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es el principal ordenamiento en materia fiscal. Todo profesional responsable debe
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comenzar aquí el estudio relacionado con los impuestos. El artículo 31, fracción IV, de nuestra Constitución establece que: Es obligación de todos los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la federación, los estados y los municipios en que residan, de manera proporcional y equitativa según dispongan las leyes respectivas. De esta disposición se desprenden seis principios básicos: • Principio de generalidad. • Principio de obligatoriedad. • Principio de vinculación con el gasto público. • Principio de legalidad. • Principio de proporcionalidad. • Principio de equidad. A continuación se define cada uno de ellos: Principio de generalidad. Este principio se apoya en el enunciado inicial del articulo 31, fracción IV de nuestra Constitución: “Es obligación de los mexicanos". La obligación es general, es para todos: tanto personas físicas como personas morales, todos estamos obligados. Principio obligatoriedad. Todos estamos obligados y esto se traduce en que el gobierno posee entonces la facultad económico-coactiva para hacer que los contribuyentes paguen impuestos. Principio de vinculación can el gasto público. La autoridad esta obligada a cobrar impuestos hasta por el importe de lo que presupueste erogar (presupuesto de egresos) y no por encima. Los contribuyentes estamos obligados a contribuir para el gasto del gobierno, no para el ahorro gubernamental; por tal motivo, si el gobierno estuviera cobrando mas de lo que gasta, estaría obligado a reducir los impuestos. Principio de legalidad. No puede existir ningún impuesto en México si no hay una ley que lo regule y que le dé origen y vigencia. Principio de proporcionalidad. El contribuyente debe aportar de acuerdo con su capacidad contributiva. Si tiene poco, paga menos; si tiene mucho, paga más. Principio de equidad. Deberé gravarse igual a los iguales y desigual a los desiguales. Las leyes fiscales deberán aplicarse consistentemente, gravando sin excepción a quienes realicen actos similares. Una vez revisados los principios constitucionales, es importante hacer mención de los artículos que en materia fiscal consagra nuestra Constitución. Una clasificación útil de los principios constitucionales seria:
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Artículos constitucionales relacionados con las garantías individuales en materia fiscal: ARTÍCULO 5. Derecho a la libertad de actividad. ARTÍCULO 8. Derecho de petición. ARTÍCULO 13. Derecho a la aplicación de las leyes fiscales en forma general. ARTÍCULO 14. Derecho a la no retroactividad de las leyes mexicanas. ARTÍCULO 15. Derecho de ser escuchado (garantía de audiencia). ARTÍCULO 16. Garantía de legalidad en lo referente a visitas domiciliarias. ARTÍCULO 17. Garantía a la impartición de justicia por parte del Poder Judicial. ARTÍCULO 21. Tope en la imposición de multas. ARTÍCULO 22. No se considera confiscación de bienes las aplicaciones totales o parciales de los bienes de una persona realizadas por la autoridad judicial para el pago de impuestos y multas. ARTÍCULO 23. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito (garantía de amparo). ARTICULOS 103 y 107. Establecimiento del juicio de Amparo Artículos constitucionales derivados de la organización política del Estado mexicano: ARTÍCULO 31. Obligaciones de los mexicanos con el Estado. ARTÍCULO 36. Obligación de registrarse en el catastro municipal. ARTÍCULO 65. Revisión de la cuenta publica por pagar del Congreso de la Unión. ARTÍCULO 70. La resolución del Congreso tendrá carácter de ley. ARTÍCULO 73, fracción, VII. Facultad del Congreso para imponer contribuciones necesarias para cubrir el gasto público. ARTÍCULO 73, fracción, XXIX-H. Para crear tribunales específicos, como es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ARTÍCULO 73, fracción, XXIX. Para establecer contribuciones especiales. ARTÍCULO 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, discutir y aprobar en su caso el presupuesto de ingresos. ARTÍCULO 89, fracción I. Es facultad del Poder Ejecutivo expedir lineamientos necesarios (reglamentos de las leyes) para su exacta observancia. ARTÍCULO 92. Es facultad del Ejecutivo el refrendo de las leyes fiscales. ARTÍCULO 94. Este artículo da origen a la jurisprudencia. ARTÍCULO 102. Función del ministerio público como parte actuante, en caso de defraudación fiscal. ARTÍCULO 115, fracción IV. Manejo de la Hacienda Pública por el municipio. ARTÍCULO 120. Los Gobernadores están obligados a promulgar y hacer cumplir las leyes. ARTICULOS 123, fracción IX. Obligación de reparto de utilidades a cargo del patrón.
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ARTICULOS 123, fracción XII. Obligación de otorgamiento de vivienda a cargo del patrón. ARTICULOS 123, fracción XXIX. Obligación de otorgamiento de seguridad social. ARTÍCULO 131. Es facultad de la federación gravar mercancía que se exporte o importe. ARTÍCULO 133. Los tratados internacionales tendrán nivel de ley suprema. Artículos constitucionales basados en consideraciones económicas: ARTÍCULO 73, fracción, XXIX. Facultad exclusiva del Congreso de la Unión para establecer impuestos sobre: • El comercio exterior. • Los aprovechamientos. • Exportación y concesión de servicios y bienes públicos. • Gravar bienes como la energía eléctrica, gasolina, tabaco, cerillos, petróleo y sus derivados. ARTÍCULO 117. Los estados no pueden, en ningún caso: • Acuñar moneda. • Gravar el tránsito de personas o cosas. • Gravar directa o indirectamente la exportación o importación de bienes de o hacia su estado. • Gravar la producción y el acopio del tabaco. ARTICULO 117, fracción VI. Los estados ni los municipios podrán expedir leyes impositivas diversas de las federales. ¿Qué es contribuir? De la manera más sencilla, se puede afirmar que contribuir significa coadyuvar, colaborar, aportar; y técnicamente definiríamos esta acción como tributar, pagar o saldar una obligación contraída con el Estado. Sin embargo, la primera definición nos obliga a formular al menos otra pregunta: ¿por qué contribuir?; en tanto que la segunda definición suena vaga y hasta poco comprensible. Por ello, preferimos dar nuestra propia tesis, con lo cual pretendemos aportar mayores elementos de comprensión sobre los aspectos fiscales y desde luego su política tributaria. Como ya mencionamos, el Estado no percibe ingresos propios, como lo hacen las negociaciones o entidades mercantiles; de hecho, su función se encuentra enmarcada en el Derecho Publico, es decir, el Estado fue creado para administrar los bienes nacionales, dar representatividad, legalidad a los actos, seguridad nacional, proporcionar servicios y hasta esparcimiento. De tal suerte que para cumplir estas premisas, el Estado requiere los ingresos necesarios y suficientes que cubran las exigencias de la ciudadanía y
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desde luego su propia supervivencia, por lo que dichos ingresos se expresan en contribuciones. En este sentido, el Estado hace suyo el mandato constitucional a través del cual se obliga a todos los mexicanos a contribuir a los gastos públicos, tal y como los previene el referido articulo 31, en su fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vinculando el aspecto de contribuir a principios de proporcionalidad, equidad y justicia que mas adelante abordaremos. Por su parte, el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 1°, precisa que las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir a los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Es decir, el concepto de contribución se amplia no solo a los mexicanos, sino a todas las personas físicas y morales, incluidos los extranjeros que de alguna manera tengan fuente de ingresos o riqueza ubicada en territorio nacional. De tal forma que la explicación de por qué contribuir, se expresaría en resumidas palabras de la siguiente forma: Contribuir a proporcionarle al Estado las recursos económicos necesarios para que éste, a su vez, nos provea los servicios y bienestar que reclamamos día a día. Sin embargo, es aquí donde surge la primera disyuntiva, ¿por qué el Estado incumple con sus obligaciones legales? Desde luego que pueden existir innumerables excusas o justificaciones, pero sin duda la mas recurrente y que incide precisamente en la falta de cumplimiento, radica en la falta de pago oportuno de las contribuciones, ya que si todos los que deben contribuir no lo hacen o lo hacen parcialmente o de alguna manera de forma incompleta, el Estado también tiene sobradas explicaciones para no satisfacer a plenitud las exigencias de los gobernados. A manera de ejemplo, supongamos que vivimos en un edificio de condominios en el cual habitan 50 familias, es decir, la administración del condominio enfrenta la responsabilidad de proporcionar, a las áreas comunes, vigilancia, limpieza, alumbrado y otros servicios, y para cumplir de manera puntual esas exigencias, cobrará a cada condómino una cuota mensual de mantenimiento de 500 pesos, lo cual representa un total de ingresos por esa vía de 25,000 pesos mensuales, cantidad que apenas resulta suficiente para cubrir los gastos fijos tales como sueldos, prestaciones, material de limpieza, insumos, consumos y otros gastos.
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Sin embargo, en un determinado mes, la bomba del agua, que da suministro a todos los departamentos, se descompuso; en otro mes, algún elevador falló, y mes a mes se van presentando problemas que no se habían previsto y que desequilibran las finanzas de la administración del conjunto habitacional. Si el administrador fue previsor, acaso habrá guardado algún fondo de reserva de las propias cuotas de mantenimiento, a efecto de cubrir el imprevisto, pero como la reparación es urgente, seguramente tomara de las cuotas ordinarias para hacer frente a ese gasto. En ese escenario la situación es critica, pero estamos en el supuesto de que todos los condóminos son cumplidos y pagan oportunamente sus respectivas cuotas, es decir, contribuyen al sostenimiento de su hábitat, e incluso aportan una cuota extraordinaria para fortalecer a la administración. Pero qué pasa si de los 50 condóminos, algunos no pagan su cuota ordinaria de mantenimiento, se esconden, salen temprano y regresan tarde para que no los encuentren ni por consiguiente les cobren dichas cuotas, e incluso llegan a realizar maniobras evasoras y convencen a otros de que el servicio que les proporciona la administración no es el óptimo; el efecto es entonces multiplicador. La administración del conjunto se vería seriamente comprometida, su credibilidad caería y, por supuesto, el aspecto del condominio irremisiblemente perdería su plusvalía al verse en el abandono, pues se ha roto el esquema de proporcionalidad, equidad y justicia, Los que aun pagan sus cuotas, exigirían medidas punitivas para los incumplidos, con la amenaza de que de no ser así, tampoco ellos pagarán sus cuotas de mantenimiento. Dimensionado este ejemplo a lo que sucede en el país, tenemos que mientras unos pagan puntual, oportuna, voluntaria y espontáneamente sus contribuciones, otros de manera artificiosa las disminuyen, las evaden o simplemente no las pagan, propiciando que la carga tributaria se reparta solamente entre algunos sectores de la economía o contribuyentes cautivos, propiciando lo que se conoce como "fatiga fiscal"; es decir, los que siempre pagan, corren el riesgo de caer en la indiferencia y cansarse de estar pagando mientras otros no lo hacen. Ante la falta de ingresos suficientes, el Estado no tiene más opciones que, para tratar de cumplir con su cometido, cancelar obras, proyectos y desarrollos en general o al menos postergarlos, o bien recurrir al endeudamiento ya sea interno o externo. El endeudamiento interno no necesariamente implica la solicitud de préstamos, sino que puede causar el retraso en el pago a proveedores; el
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externo, como ya sabemos, supone recurrir al Banco Mundial, el Fondo Monetario internacional o cualquier institución financiera o gobierno del extranjero para que le proporcione los recursos faltantes. En ambos casos, estos empréstitos repercuten en la cuenta pública, se agregan a la deuda pública que pagamos todos los mexicanos, ya sea de manera directa en los impuestos o indirectamente a través de la cancelación del crecimiento económico del país. Adicionalmente, existe otro daño colateral cuando el Estado no recibe los ingresos presupuestados, pues al verse disminuidos los ingresos de la Federación, las participaciones de las entidades federativas y municipios se ven obviamente afectados, Se trata pues de un circulo vicioso, en el que el gobernado no contribuye porque el Estado no cumple con sus obligaciones, y el Estado no satisface las necesidades de sus habitantes porque éstos tampoco pagan las contribuciones. Así las cosas, se puede afirmar que el problema no sólo es de conciencia cívica, sino también de tipo educacional, ya que desde la infancia se debe inculcar el deber de contribuir para el mejoramiento del país y del propio gobernado, de tal suerte que al llegar a la adolescencia este sentimiento se haya arraigado profundamente y se considere algo natural y esencial. Por su parte, el Estado debe transparentar el uso de los dineros que le son entregados por los gobernados, además de establecer esquemas que por un lado inhiban el incumplimiento de las disposiciones fiscales y por el otro hagan sencilla la tributación, alejándola de la complejidad y tecnicismos, que faciliten el cumplimiento, permitan su inclusión en la legalidad o formalidad de sus actos, así como el retorno de aquellos que por alguna causa se han apartado del Estado de Derecho. Cuando una ley es incomprensible para el gobernado, ¿cómo esperamos que la cumplan a cabalidad?. Luego entonces, si las leyes fiscales necesitan ser interpretadas, explicadas hasta el cansancio, y para su cumplimiento puntual se requiere de asesores y otros profesionales, lo cual encarece las propias contribuciones, el fenómeno del Incumplimiento que genera esa política lo propicia el propio Estado. En resumen, es tarea de todos solucionar el problema de las contribuciones, para propiciar un mejor país, de legalidad y de derecho; sin embargo, como decía Nicolás Maquiavelo, hay cosas que dependen de uno mismo y otras que están en la voluntad de los otros, por lo que en nuestra calidad de ciudadanos y contribuyentes, cumplamos cada día nuestro deber, contribuyamos con calidad, oportunidad y de manera correcta, para así estar en posibilidades de exigirle al Estado que haga lo propio.
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SEGUNDA SECCIÓN FUENTES FORMALES DEL DERECHO TRIBUTARIO Una vez definido el Derecho Fiscal, debemos precisar también cuales son las situaciones que le dan origen, tanto a la existencia de las normas como a la propia realización jurídica tributaria. " Es oportuno señalar que a lo largo de la formación del profesionista del Derecho, se ha denominado siempre a la situación que origina la creación de la norma como "fuente". Sin embargo (académicamente puede ser aceptado, mas técnicamente no) resulta contradictorio pensar o suponer que la materia creadora de situaciones jurídicas pudiese recogerse como fruto. En lo personal, considero que se trata propiamente de una recopilación e identificación de aspectos específicos que permiten al legislador contar con los elementos suficientes para su establecimiento. Una vez hecha la precisión, procederemos al análisis. Entendemos por fuentes del Derecho las formas o actos a través de los cuales se manifiesta la vigencia del Derecho. Son fuentes del Derecho Tributario: • Ley. • Decreto-ley. • Decreto-delegado. • Reglamento. • Circulares. • Jurisprudencia. • Tratados internacionales. • Principios generales del Derecho. La ley. Es el acto emanado del Poder Legislativo que crea situaciones jurídicas generales, abstractas e impersonales; se considera que la ley es la fuente más importante del Derecho Fiscal. Para suplir las lagunas que se encuentran en el Derecho Tributario, el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 1°, establece la aplicación del derecho federal común como suplente del Derecho Fiscal en lo no previsto. Sin embargo, es muy importante señalar que se trata propiamente de uno de los elementos indispensables para el establecimiento y cobro de las contribuciones, pues el artículo 31, fracción IV, lo convierte en el pilar de la relación tributaria. EI decreto-ley. Es aquel que se ejerce cuando la Constitución autoriza al Poder Ejecutivo a expedir leyes sin necesidad de una delegación del Congreso; el origen de la autorización se encuentra directamente en la Constitución. En
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México se exige que el Ejecutivo dé cuenta al Congreso del ejercicio de esta facultad. Un caso especifico de la delegación de facultades para legislar en materia Tributaria se encuentra en el articulo 131, párrafo segundo, de la Constitución Federal, en virtud del cual el Ejecutivo puede ser facultado por el Congreso para aumentar, disminuir o suprimir la cuota de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como para restringir y prohibir las importaciones, las exportaciones y el transito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. El Ejecutivo debe someter a la aprobación del Congreso el uso que hubiese hecho de la facultad concedida, al enviar el proyecto de presupuesto anual. El decreto-delegado. Supone que el Congreso de la Unión transmite al Ejecutivo facultades entre las que se encuentra la de legislar en uso de esas facultades extraordinarias delegadas por el Congreso, las cuales por su propia naturaleza tienen el carácter de transitorias. El reglamento. De acuerdo con el articulo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se otorgan poderes al presidente de la República para promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia; el artículo 92 de la misma ley dispone que todos los reglamentos, decretos y ordenes del presidente deberán estar firmados por el secretario del despacho encargado del ramo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, precisa que cuando se trate de decretos en los que se promulguen leyes o decretos expedidos por el Congreso de la Unión, solo se requeriré el refrendo del titular de la Secretaria de Gobernación para que éstos sean validos. Asimismo, la disposición contenida en el articulo 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todos los reglamentos, decretos, acuerdos y ordenes del presidente, deberán estar firmados por el secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos. En cuanto a la facultad reglamentaria, el maestro Andrés Serra Rojas considera que el reglamento es un acto administrativo, puesto que tiene su origen en el Poder Ejecutivo, y desde un punto de vista material se identifica
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con el acto legislativo ya que crea normas que establecen situaciones jurídicas generales, abstractas e impersonales. La facultad reglamentaria del Ejecutivo es de carácter discrecional, pues éste puede expedir un reglamento cuando y en el caso que considere convenientes. Las circulares. Son comunicaciones o avisos expedidos por los superiores jerárquicos en la esfera administrativa, y dan instrucciones a los inferiores sobre el régimen interior de la oficina, o sobre su funcionamiento en relación con el publico, o para aclarar a los inferiores la inteligencia de disposiciones legales ya existentes; pero no para establecer derechos o imponer restricciones al ejercicio de ellos; se trata pues de un instructivo u opinión de los superiores jerárquicos administrativos. La validez de las circulares estará limitada por los mismos conceptos que restringen la validez de los reglamentos; la circular debe limitarse a la ejecución de una norma contenida en la ley, no debe contradecir disposición alguna de jerarquía superior, ni invocar materia reservada a la ley en sentido formal. Es importante destacar que estas circulares son en realidad lineamientos o normatividades, que guían o instruyen a los diversos mandos de la administración tributaria respecto de situaciones concretas en las que se vean involucradas. La jurisprudencia. Esta es creada por la Suprema Corte funcionando en Pleno o en Salas, según sus respectivas competencias, o por los Tribunales Colegiados de Circuito, y puede referirse tanto a la Constitución como a la Leyes Orgánicas, Reglamentarias y Ordinarias, tanto de la Federación como de los estados, el Distrito Federal y territorios. La jurisprudencia es de gran importancia, pues en muchas ocasiones las decisiones rendidas han motivado que las leyes se reformen a fin de corregir los defectos de inconstitucionalidad. No obstante, es importante destacar que la jurisprudencia en realidad no es obligatoria para la autoridad, ya que ésta solamente la utiliza como guía, pero sin una obligación legal de acatarla, como lo es para los tribunales y juzgados que sustentan sus fallos en la ley y desde luego con apego a la jurisprudencia. Los tratados internacionales. La Constitución Federal, en su artículo 133, establece que los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma y que hayan sido aprobados por el Senado de la Republica tienen en carácter de ley suprema.
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En este sentido, la interpretación que se debe dar a la expresión "ley suprema", es que en orden jerárquico se ubica inmediatamente debajo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y antes de las leyes federales; de ahí su importancia en el Derecho Fiscal, ya que existen diversos tratados de intercambio de información tanto para evitar la doble tributación como para conocer el estatus de algunos contribuyentes que se pueden situar en algún ilícito de carácter fiscal o financiero. Los principios generales del Derecho. Tienen el carácter de fuente de Derecho como elementos de integración e interpretación de las normas jurídicas tributarias. Resulta oportuno señalar que a diferencia de otras ramas del Derecho, en el Derecho Fiscal, y desde luego nos referimos al momento impositivo y de recaudación, la autoridad debe sujetarse al principio de legalidad; es decir, no puede realizar nada que no se encuentre previsto en la ley con anticipación a la realización del hecho generador. Bajo esta premisa, la costumbre como fuente de obligación entre sujeto activo y pasivo de Ia obligación fiscal seria inoperante, pues de realizarse, seria completamente nulo y quedaría sin efecto alguno. No obstante, y dada la cientificidad del Derecho, existen teorías que pretenden demostrar la existencia de la costumbre como fuente especifica del Derecho Fiscal, y que buscan desde luego declarar la nulidad de la norma que la contiene.
TERCERA SECCION RELACIONES DEL DERECHO FISCAL CON OTRAS RAMAS DEL DERECH0 Al igual que todas las disciplinas jurídicas, el Derecho Fiscal, en el curso de su desarrollo, interactúa con múltiples disciplinas para su desenvolvimiento. El Derecho Fiscal se encuentra ampliamente relacionado con otras ramas del Derecho, de las que ha tomado principios generales, así como conceptos o instituciones jurídicas, con el fin de ampliar, restringir o modificar el significado y alcance que los conceptos y las instituciones tienen en las otras ramas del Derecho de donde han sido tomados. A la materia tributaria podemos conceptuarla como la rama más compleja del Derecho, ya que la solución de sus problemas corresponde, en ocasiones, al Derecho Constitucional, al Penal, al Civil, al Mercantil o al Procesal.
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Entre las ramas con las cuales se relaciona se encuentra: a) Derecho Constitucional. De esta rama obtiene su fundamento jurídico dentro del sistema normativo general del Estado, a través de los preceptos constitucionales que prevén el ejercicio de la potestad tributaria del propio Estado. La Constitución Política establece los principios generales rectores de la regulación de que se ocupa el Derecho Fiscal, como son el principio de justicia tributaria (proporcionalidad y equidad), el principio de destino de las contribuciones (gasto publico); el principio de legalidad (no hay tributes sin ley), el principio de aplicación estricta de la ley, entre otros. b) Derecho Civil. De esta rama ha tomado numerosos conceptos, entre ellos los de obligación, sujetos de la obligación, responsabilidad, domicilio, residencia, pago, prescripción, compensación. c) Derecho Mercantil. De esta rama ha tomado conceptos como sociedad mercantil, empresa y titulo de crédito, entre otros. d) Derecho Procesal. De esta rama ha tomado el principio e instituciones relativos tanto a los procedimientos para el control de legalidad de los actos del fisco como el procedimiento administrativo de ejecución y todo lo referente a las situaciones procesales y de litigio. e) Derecho Penal. De esta rama ha tomado los principios básicos para tipificar las infracciones a los ordenamientos fiscales y para aplicar las sanciones correspondientes; siempre dentro de los principios generales del Derecho Penal, el Derecho Fiscal contempla delitos en materia fiscal o especializados que no se encuentra en el Código Penal Federal. f) Derecho internacional Público. De esta rama ha tomado los principios básicos y las instituciones conforme a los cuales pretende resolver los problemas relativos a la doble o múltiple tributación internacional, así como el intercambio de información mediante tratados internacionales o acuerdos bilaterales. g) Derecho Administrativo. De esta rama ha tomado los principios básicos y las instituciones necesarias para la administración fiscal. No obstante que el Derecho Fiscal es autónomo, es innegable que los órganos públicos encargados de la aplicación de las leyes impositivas y de la vigilancia de su cumplimiento son de carácter administrativo; por lo tanto, la actividad de estos organismos esta regulada a la vez por las leyes fiscales y las administrativas. h) Derecho Financiero. Esta rama del Derecho se ocupa del estudio general del aspecto jurídico de la actividad financiera del Estado en sus tres momentos: la obtención, la administración o manejo y el empleo de los
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recursos monetarios; al Derecho Fiscal corresponde el estudio detallado del aspecto jurídico de uno solo de esos tres momentos, el de la obtención de los recursos monetarios, únicamente en lo que se refiere a las contribuciones forzadas exacciones, el Derecho Fiscal desarrolla el estudio detallado de las exacciones y de las instituciones jurídicas complementarias necesarias para su efectividad a partir de los principios básicos, conceptos generales e instituciones relativas a los ingresos del Estado elaborados por el Derecho Financiero.
CAPÍTULO IV LOS IMPUESTOS
PRIMERA SECCIÓN PRINCIPIOS DE LOS IMPUESTOS
El ejercicio de la potestad tributaria debe observar una serie de principios. La aplicación indiscriminada y arbitraria de impuestos puede provocar graves consecuencias económicas, políticas y sociales en un Estado, de ahí la existencia de los principios fundamentales o esenciales. En este sentido, es oportuno mencionar que tales principios fueron originalmente propuestos por el sobresaliente liberal Adam Smith, y reconocidos y plasmados implícitamente en nuestra legislación fiscal. Adam Smith resumió en cuatro máximas o principios, las cualidades que son de desear en un sistema de impuestos desde el punto de vista económico;
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como los autores posteriores han estado de acuerdo con ellas, puede decirse que han llegado a ser clásicas, y por ello la mejor manera de comenzar este capitulo es citarlas. Los gobernados de cada Estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus respectivas capacidades; es decir, en proporción al ingreso de que gozan bajo la protección del Estado. Del cumplimiento o el menosprecio de esta máxima depende lo que se llama la equidad o falta de equidad de los impuestos. El impuesto que cada individuo esta obligado a pagar debe ser fijo y no arbitrario; esta situación ubica al tributo como una situación prevista en alguna disposición legal y no creada por capricho de la autoridad. La fecha de pago, la forma de pago, la cantidad a pagar, deben ser claras para el contribuyente y para todas las demás personas. Cuando no sucede así, toda persona sujeta a un impuesto se halla mas o menos a merced del recaudador, el cual puede agravar el impuesto para cualquier contribuyente que le desagrade o arrancarle, por la amenaza de esa agravación, algún presente o propina. La inseguridad de los impuestos estimula la insolencia y favorece la corrupción de una clase de hombres que son inherentemente impopulares, incluso cuando no son ni insolentes ni corrompidos. La incertidumbre de lo que cada individuo debe pagar es, en lo que respecta a los impuestos, una cuestión de tan extrema importancia que creo, y así parece deducirse de la experiencia de todas las naciones, que un grado muy considerable de desigualdad no es un mal tan grande como un grado muy pequeño de inseguridad. Todo impuesto debe recaudarse en la época y en la forma en las que es más probable que convenga su pago al contribuyente. Un impuesto sobre la renta de la tierra o de las casas, pagadero por el tiempo en que por lo general se pagan dichas rentas, se recauda precisamente cuando es más conveniente el pago para el contribuyente, o cuando es más probable que disponga de los medios para pagarlo. Los impuestos sobre bienes de consumo tales como los artículos de lujo, los paga todos en último término el consumidor y, por lo general, en una forma que es muy conveniente para él. Los paga poco a poco y a medida que compra los géneros. Como esta en libertad de comprarlos o no, a su voluntad, si esos impuestos le ocasionan inconvenientes es por su propia falta. El impuesto debe planearse de modo que la diferencia entre lo que se recauda y lo que ingresa en el tesoro público del Estado sea lo mas pequeña posible. Un impuesto puede tomar o quitar del bolsillo de la gente bastante
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más de lo que ingresa en el tesoro público en una de las cuatro formas siguientes. PRIMERA. La recaudación del impuesto puede necesitar un gran número de funcionarios cuyos sueldos pueden devorar la mayor parte del producto del mismo y cuyos gajes pueden aun imponer una especie de impuesto adicional al público. SEGUNDA, Puede desviar una parte del capital de la comunidad de un empleo más productivo a otro menos productivo. TERCERA. Por las multas y otras penas en que incurren los infortunados individuos que tratan, sin éxito, de evadir el impuesto, pueden con frecuencia arruinarlos, terminando así con el beneficio que la comunidad pudiera derivar del empleo de sus capitales. Un impuesto imprudente ofrece grandes tentaciones de evadirlo. CUARTA. Someter a la gente a las frecuentes visitas y al examen odioso de los recaudadores de impuestos, puede exponerla a muchas molestias, vejaciones y operaciones innecesarias, a lo que puede añadirse que las reglas de carácter restrictivo a las que se somete con frecuencia al comercio y a la industria para impedir que escapen a un impuesto, no solo son de por si molestas y costosas, sino que a menudo crean obstáculos insuperables para la introducción de perfeccionamientos. Las tres últimas de esas cuatro máximas precisan poco o ninguna explicación además de la que ya contiene el pasaje mismo. Hasta que punto se ajusta a ellas o se opone a las mismas un impuesto determinado, es una cuestión que se ha de examinar al discutir impuestos concretos. Pero el primero de esos puntos, el referente a la igualdad de los impuestos, precisa un examen mas completo, ya que es algo que con frecuencia no se comprende bien y acerca de lo cual se admiten muchas ideas erróneas, por faltarle a la opinión pública elementos de juicio.
¿Por qué razón debe prevalecer Ia igualdad en materia de impuestos? Por la razón de que así debe ser en todas las cuestiones de gobierno. Así como el gobierno no debe hacer ninguna distinción entre las personas o las clases por lo que respecta a las peticiones que éstas puedan hacerle, los sacrificios que les exija deben, por así decir, presionar a todos por igual en la medida de lo posible, lo cual debe observarse que es la manera de que el sacrificio para el conjunto sea menor. Si alguien soporta una carga menor de lo que le corresponde, es porque otro soporta una mayor, y el aligeramiento de la carga para el primero no
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representará, caeteris paribus, un bien tan grande para él como el mal que para el segundo representa el aumento de la que en justicia le corresponde. La igualdad en la imposición, como una máxima política, significa, por consiguiente, igualdad en el sacrificio. Quiere decir tanto como hacer que la contribución de cada persona a los gastos del gobierno sea tal que los inconvenientes que para ella se deriven del pago de su parte no sean mayores ni menores de los que experimenta cualquiera otra por el pago de Ia suya. Este ideal, como otros ideales de perfección no puede realizarse por completo; pero el primer objetivo en toda discusión práctica debe ser en que consiste la perfección. No obstante, hay personas que no se contentan con los principios generales de justicia como base para una regla de carácter financiero, sino que deben tener algo que sea, según ellos, más específicamente apropiado al asunto. Lo que mas les agrada es considerar los impuestos que paga cada miembro de la comunidad como un equivalente de lo que recibe en forma de servicios; y prefieren que la justicia de hacer que cada cual contribuya en proporción a sus medios se base sobre el hecho de que el que tiene el doble de bienes que otro, recibe, según cálculos bastante precisos, el doble de protección y debe pagar, por consiguiente, el doble por ella. Sin embargo, el supuesto de que el gobierno existe tan solo para proteger la propiedad no puede admitirse de una manera deliberada; algunos partidarios decididos del principio del quid pro quo observan que, puesto que las personas necesitan la protección tanto como la propiedad y cada persona recibe la misma cantidad de protección, un impuesto de capitación o una cantidad fija por cabeza seria un equivalente apropiado para esta parte de las ventajas del gobierno, mientras que el resto, esto es, la protección de la propiedad, debe pagarse en proporción a los bienes que se tengan. Tiene esta forma de arreglo un aire de amable adaptación, que es muy aceptable para algunos espíritus. Pero, en primer lugar, no es admisible que la protección de las personas y de la propiedad sea la única función del gobierno. Los fines de éste son tan amplios como los de la armonía social. Consisten en todo el bien y toda la inmunidad al mal que la asistencia del gobierno pueda conceder, ya directa, ya indirectamente. En segundo lugar, la costumbre de atribuir valores definidos a cosas que son en esencia indefinidas y basar sobre ellas conclusiones prácticas, es exponerse a formar opiniones falsas sobre las cuestiones sociales.
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No puede admitirse que el hecho de ser protegido en la propiedad de algo que vale como diez equivale a recibir diez veces más protección que si vale solo uno. Ni puede tampoco, en verdad, decirse que la protección de 1,000 pesos por año cuesta al Estado diez veces mas que la de 100 pesos o el doble o exactamente igual. Los mismos jueces, soldados y marineros que protegen a una, protegen al otro, y la renta mayor no precisa por necesidad, si bien puede precisarlo algunas veces, incluso más policías. Ya se tome como patrón el esfuerzo y costo de protección o los sentimientos de la persona protegida o cualquiera otra cosa, no existe una proporción como la supuesta, ni ninguna otra definible. Si quisiéramos calcular los grados de beneficio que diferentes personas derivan de la protección del gobierno, tendríamos que examinar quién es el que sufriría mas si cesara esa protección, cuestión que si tiene alguna respuesta es que los que sufrirían más serian los más débiles de cuerpo o espíritu, ya fuera por su naturaleza, ya por la posición que ocupan. En realidad, esas personas serian casi infaliblemente esclavos. Por consiguiente, si hubiera alguna justicia en la teoría de la justicia que examinamos, los que deberían pagar mas, en proporción de lo que cuesta la protección del gobierno, serian los que son menos capaces de defenderse por si mismos, ya que son los que mas la necesitan, que es precisamente lo opuesto a la verdadera idea de la justicia distributiva, la cual consiste no en imitar, sino en corregir las desigualdades y las injusticias de la naturaleza. El gobernar, tiene que considerarse como algo que a todos interese tanto, que el determinar quiénes son los más interesados en ella no tiene en realidad importancia alguna. Si una persona o una clase de personas recibe una parte tan pequeña del beneficio, que resulta necesario plantear la cuestión, lo que falla es algo que no son los impuestos, y lo que hay que hacer es remediar el defecto en lugar de limitarse a reconocerlo y convertirlo en una razón para pedir que se rebajen los impuestos. Así como en el caso de una subscripción voluntaria para algo que a todos interesa, se cree que todos han puesto su parte cuando cada cual ha contribuido con arreglo a sus medios, esto es, ha hecho un sacrificio igual para obtener el objetivo común, de la misma manera debiera ser este el principio en el que se basaran las contribuciones obligatorias, y es inútil que busquemos una razón más ingeniosa o más recóndita sobre la que basar el principio.
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Partiendo, pues, de la máxima de que debe exigirse a todos iguales sacrificios, tenemos ahora que examinar si se hace esta en realidad hacienda que cada cual contribuya can el mismo por ciento de sus medios pecuniarios. Muchas personas sostienen que no es así, pues dicen que una décima parte que se tome de un ingreso reducido es una carga mas pesada que la misma fracción deducida de otra mucho mayor: y sobre esto se basa el plan popular de lo que se llama un impuesto progresivo de Ia propiedad, esta es, un impuesto sobre el ingreso en el cual el porcentaje sube a medida que aumenta el importe de éste. Examinando lo mejor que puedo esta cuestión, me parece que la verdad que la doctrina contiene se deriva principalmente de la diferencia entre un impuesto que puede economizarse de los lujos y otra que cercena, aunque sea en grado muy pequeño, la necesario para vivir. Exigiendo mil pesos por año al que posee diez mil de ingreso anual no se le privara de nada que sea en realidad necesario para el sustenta o el confort de la existencia; y si fuera este el efecto producido tomándole cinco pesos, al que tiene cincuenta de ingreso, el sacrificio que se exige a este último es no sólo mayor, sino que no admite comparación con el exigido al primero. La manera que me parece más equitativa para hacer desaparecer en lo posible esas desigualdades es Ia recomendada por Bentham, que consiste en dejar libre de impuesto un determinado ingreso mínimo suficiente para proveer a las cosas más necesarias para la vida. Supongamos que cincuenta pesos por año sean suficientes para proveer al numero de personas que ordinariamente se mantienen de un sólo ingreso con las cosas necesarias para la vida y la salud, con protección adecuada contra los sufrimientos corporales habituales, pero sin ninguna comodidad. Éste seria, pues, el mínimo, y los ingresos que excedieran de esta cifra, pagarían impuestos no sobre su importe total, sino sobre el excedente. Es decir, si el impuesta es del diez por ciento, un ingreso de sesenta pesos se consideraría como un ingreso neto de diez pesos y se le gravaría con un peso por año, mientras un ingreso de mil pesos, se gravaría como si fuera de novecientos cincuenta pesos. Cada uno pagaría entonces una proporción fija, no sobre la totalidad de sus medias, sino sobre lo que tiene de superfluo. Un ingreso que no excediera de cincuenta pesos no estaría sometido a ningún impuesto de manera directa, ni por impuestos indirectos sobre los artículos de primera necesidad; ya que como partimos del supuesto de que éste es el ingreso mínimo del que el
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trabajador debería disponer, el gobierno no debe contribuir a hacerle aún más pequeño. Este arreglo, sin embargo, constituiría una razón, además de otras que podrían exponerse, para mantener impuestos sobre los artículos de lujo que consumen los pobres. La inmunidad extendida al ingreso precisa para adquirir artículos de primera necesidad debería depender de que se gastara efectivamente para ese fin; y el pobre que, no teniendo mas de l0 necesario para aquéllos, distrajera una parte de sus ingresos para placeres, debería contribuir como los demás a los gastos del Estado con el impuesto correspondiente a lo que gastara en ellos. La exención de los ingresos más pequeños no debe extenderse, más allá de la cantidad de ingresos necesaria para atender a la vida y a la salud y a la inmunidad de penalidades corporales. Si bastan 50 pesos por año para esos fines, un ingreso de 100 pesos obtiene todo el alivio a que tiene derecho, comparado con uno de 1,000 pesos, gravándolo tan sólo sobre 50 pesos de su importe. Tal vez se diga que tomar 100 pesos de 1,000 (aun devolviendo 5 pesos) supone un impuesto más pesado que 1,000 tomados de un ingreso de 10,000 pesos (devolviendo los mismos 5 pesos). Pero semejante doctrina es muy discutible, y aún en el caso de que fuera cierta, no lo seria lo bastante para basar sobre ella una regla de imposición. No es posible decidir, con el grado de certidumbre con el que deben actuar el legislador o el financiero, si a la persona con 10,000 pesos al año le importan menos 1,000 pesos que 100 pesos a la que solo dispone de 1,000, y en caso de que así fuera, cuánto menos es lo que le importa. Algunos, es cierto, afirman que la regla del impuesto proporcional grava con mayor dureza a los ingresos modestos que a los grandes, porque el mismo pago proporcional tiende más, en el primer caso que en el segundo, a reducir al que lo efectúa a un grado inferior en rango social. Pero aun admitiéndolo, no me parece bien que se considere que incumbe al gobierno determinar su conducta por consideraciones de esta naturaleza o reconocer que la importancia social se determina o puede determinarse por el importe de los gastos. El gobierno debe sentar el ejemplo de tasar todas las cosas en su verdadero valor, y las riquezas, por consiguiente, en lo que valen para las comodidades o los placeres o las cosas que con ellas se pueden comprar, y no
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debe sancionar la vulgaridad de evaluarlas por la despreciable vanidad de que los demás sepan que se poseen, o la mezquina vergüenza de que los demás sospechen que no se poseen, que son los motivos que presiden las tres cuartas partes de los gastos que hacen las clases medias. Los sacrificios de comodidades o placeres efectivos que el gobierno exige, esta obligado a repartirlos entre todas las personas con la mayor igualdad posible; pero se puede ahorrar el trabajo de calcular sus sacrificios de la dignidad imaginaria que depende de los gastos. Tanto en Inglaterra como en el continente se ha defendido el impuesto progresivo sobre la propiedad (I´impoot progressif), con el fin manifiesto de que el Estado use los impuestos como un instrumento para corregir las desigualdades de riqueza. Es un anhelo que primero se tomen medidas para que disminuyan esas desigualdades, pero no de manera que alivien al prodigo a expensas del prudente. Imponer sobre los grandes ingresos un porcentaje mas elevado que sobre los pequeños es imponer una contribución a la actividad y a la economía; imponer un castigo a los que han trabajado y han ahorrado mas que sus vecinos, No son las fortunas que se han ganado, sino las que se han heredado, las que es conveniente limitar para bien del publico. Una legislación justa y prudente se abstendría de proponer motivos que tienden a disipar más bien que a economizar las ganancias del esfuerzo honrado. Su imparcialidad entre los competidores debería consistir en tratar de conseguir que todos empiecen en las mismas condiciones y no en colgarle un peso a los más rápidos para disminuir su diferencia con los mas lentos. Muchos, es cierto, no tienen éxito a pesar de que sus esfuerzos son mayores que los que realizan los que lo consiguen, no por diferencias en los méritos respectivos, sino en las oportunidades; pero si se hiciera todo lo que pudiera hacer un buen gobierno por medio de la instrucción y la legislación para disminuir esa desigualdad de oportunidades, las diferencias de fortuna que se derivan de las ganancias personales no podrían causar recelos. Por lo que respecta a las grandes fortunas adquiridas por donación o herencia, la facultad de legar es uno de esos privilegios de la propiedad que es conveniente regular por razones de utilidad publica; y he sugerido ya como un medio posible de restringir la acumulación de grandes fortunas en manos de quienes no las han ganado con sus esfuerzos, limitar la cantidad que cualquier persona pueda adquirir por donación, legado o herencia.
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Aparte de esto, y de la proposición de Bentham de que cese la herencia colateral ab intestato, y que la propiedad caduque a favor del Estado, deben gravarse con impuestos las herencias y los legados que excedan de una cierta cantidad; y que el ingreso que de ellos se obtenga debe ser tan elevado como sea posible hacerlo sin provocar evasiones, por donación inter vivos o por ocultación de la propiedad, en forma que seria imposible contener adecuadamente. El principio de la graduación (según se le llama), esto es, de gravar con un porcentaje tanto mayor cuanto mayor es la suma, si bien su aplicación a los impuestos en general seria, en mi opinión, censurable, me parece a la vez justo y conveniente aplicado a los derechos sobre las herencias y los legados. La objeción a un impuesto progresivo sobre la propiedad se aplica aun en mayor grado a la proposición de un impuesto exclusivo sobre lo que se llama propiedad acumulada, esto es, propiedad que no forma parte de ningún capital dedicado a negocios o más bien a negocios bajo la dirección inmediata del dueño, como la tierra, los valores públicos, dinero prestado en hipoteca y acciones de sociedades anónimas. Si se exceptúa la propuesta para que se pasara una esponja sobre la deuda nacional, ninguna otra violación tan palpable de la honradez corriente ha encontrado bastante apoyo en el país durante la generación actual para que pueda considerársela como discutible. Ni siquiera tiene el paliativo del impuesto progresivo sobre la propiedad: el de aplicar la carga sobre aquellos que pueden soportarla mejor; pues la propiedad acumulada incluye con mucho la mayor parte de las reservas hechas por aquellos que están incapacitados para trabajar, y consisten, en gran parte, en sumas muy pequeñas. Difícilmente puede concebirse una pretensión mas vergonzosa que la de que la mayor parte de los bienes del país, los de los comerciantes, fabricantes, agricultores y tenderos, queden exentos de participar en los impuestos, que esas clases solo empiecen a pagar lo que les corresponde cuando se hayan retirado de los negocios y que si no se retiran nunca se les excuse de pagarlos en absoluto. Pero ni aun esto, da una idea adecuada de la injusticia de la proposición. La carga que de esta manera se aplicaría exclusivamente sobre los dueños de la fracción más pequeña de la riqueza de la comunidad, no seria una carga para esa clase de personas a perpetuidad, sino que recaería tan solo sobre las que por casualidad la compusieran cuando se estableciera el impuesto. Como la tierra y esos otros valores rentarían menos desde entonces en proporción a los intereses generales del capital y a las ganancias del comercio,
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el equilibrio se restablecería por si mismo por la depreciación de esas clases de propiedad. Los futuros compradores adquirirían la tierra y los valores con una reducción en el precio equivalente a ese impuesto especial, a cuyo pago escaparían por consiguiente, mientras que los poseedores primitivos continuarían soportando esa carga aun después de haberse desprendido de la propiedad, ya que habrían vendido su tierra o sus valores con una pérdida de valor equivalente al dominio absoluto que representaba el impuesto. Su gravamen equivaldría, pues, a una confiscación para fines públicos de un porcentaje de su propiedad, igual al que el impuesto establece sobre su ingreso. El que esta proposición alcance algún favor es un ejemplo notable de la falta de conciencia en materia de impuestos, resultado de la ausencia de principios fijos en el ánimo público y de todo sentido de la justicia sobre el Asunto en la conducta general de los gobiernos. La cuestión de si no debieran en justicia gravarse las ganancias del comercio a un tipo más bajo que los intereses o los ingresos en concepto de interés o renta, forma parte de una cuestión mas vasta que se ha discutido frecuentemente con motivo del actual impuesto sobre el ingreso, a saber, si las rentas vitalicias deben sujetarse al mismo tipo de impuesto que las perpetuas; si los salarios, por ejemplo, o las anualidades o las ganancias de los profesionales, deben pagar el mismo porcentaje que el ingreso derivado de la propiedad hereditaria. La forma de pago que defiende esta escuela de reformadores financieros seria muy apropiada si el impuesto solamente se recaudara una vez para hacer frente a una emergencia nacional. Basándose en el principio de exigir a todos los contribuyentes el mismo sacrificio, toda persona que tuviera algo que le perteneciera, aunque fuera revocable, tendría que hacer un pago proporcional al valor actual de su propiedad. Sorprende que no se le ocurra a los reformadores, que precisamente por el hecho de que este principio de evaluación seria justo en el caso de un pago hecho de una sola vez, no puede serlo para un impuesto permanente. Cuando cada uno paga una sola vez, nadie paga con mayor frecuencia que otro, y la proporción que seria justa en ese caso no puede serlo también si una persona tiene que hacer el pago solo una vez y las otras varias veces. Esto, no obstante, es lo que ocurre en realidad, Las rentas permanentes pagan el impuesto tantas veces más que las temporales, como veces excede una perpetuidad en duración al tiempo, determinado o indeterminado, que dura la renta vitalicia o por un determinado numero de años.
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Todas las tentativas que se hagan para basar sobre razones numéricas un derecho a favor de los ingresos de duración limitada, para hacer, en resumen, que un impuesto proporcional no lo sea, son, evidentemente, absurdas. La razón no reposa en razones de aritmética, sino de necesidades y sentimientos humanos. El impuesto que debe pagar el rentista temporal debe tasarse a un tipo mas bajo no porque sus medios sean más reducidos, sino porque tiene mayores necesidades. El principio de la igualdad en los impuestos, interpretado de la única manera justa, esto es, igualdad del sacrificio, exige qua a una persona que no tiene medios para proveer al cuidado de su vejez o de aquellos por quienes se interesa, excepto ahorrando de su ingreso, debe condonársele el impuesto sobre toda aquella parte de su ingreso que se aplica en realidad y bona fide a ese fin. En realidad, si pudiera confiarse en la conciencia de los contribuyentes o asegurarse de la exactitud de sus declaraciones tomando determinadas precauciones, la mejor manera de tasar un impuesto sobre el ingreso seria gravar sólo la parte del ingreso que se dedicara a gastos, eximiendo la que se ahorra. Pues cuanto se ahorra y se invierte (y en términos generales, todos los ahorros se invierten) desde ese momento paga impuesto sobre el interés o la ganancia que produce, a pesar de que ya se gravo en el principal. Por consiguiente, a menos que los derechos estén exentos del impuesto sobre el ingreso, se grava dos veces a los contribuyentes sobre lo que ahorran y solo una vez sobre lo que gastan. Se ha alegado como una objeción contra la exención de impuestos de los ahorros que la ley no debe perturbar, por una intervención artificial, la competencia natural entre los motivos para ahorrar y los que impulsan a gastar. Pero hemos visto que la ley perturba esta competencia natural cuando grava los ahorros, no cuando se abstiene de hacerlo, ya que, puesto que los ahorros pagan de todos modos todo el impuesto tan pronto como se invierten, para evitar que paguen dos veces es necesario eximirlos del pago al principio, mientras que el dinero gastado en consumo improductivo paga solo una vez. Se ha dicho también que, como los ricos están en mejores condiciones para ahorrar, cualquier privilegio que se conceda a los ahorros es una ventaja que se da a los ricos a expensas de los pobres.
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Se les concede solo en proporción a como abdican del uso personal de sus riquezas; en proporción a como dedican sus rentas a inversiones productivas en lugar de gastarlas en satisfacer sus necesidades, es decir, en proporción a como en lugar de consumirlas por si mismos, hacen que se distribuyan entre los pobres bajo la forma de salarios. Ningún impuesto sobre el ingreso del que no estén exceptuados los ahorros puede decirse que es justo; y no debiera votarse ningún impuesto de esta clase sin esa estipulación, si pudieran arreglarse la forma de las ganancias y la naturaleza de las pruebas precisas, de manera a evitar que se aprovechara fraudulentamente la exención ahorrando por un lado y contrayendo deudas por otro o gastando en el año siguiente lo que se había ahorrado libre de impuesto en el año anterior. Si se pudiera superar esta dificultad, desaparecerían las que provienen de la distinción entre ingresos temporales y permanentes, pues como los primeros no pueden invocar ningún motivo justo para que el impuesto que sobre ellos pesa sea mas ligero que el que grava los permanentes, excepto que sus poseedores se ven mas obligados a ahorrar, la exención de lo que en efecto ahorraran satisfaría por completo la pretensión. Pero si no puede idearse ningún plan para eximir los ahorros efectivos, que este suficientemente libre de la posibilidad del fraude, es necesario, por lo que respecta a la justicia, tener en cuenta, al fijar el impuesto, lo que las diferentes clases de contribuyentes deberían ahorrar. Habría gran dificultad al estimar las diferencias de duración entre los distintos ingresos perecederos; y en el caso mas frecuente, el de los ingresos que dependen de la vida, de las diferencias de edad y de salud, constituirían una diversidad tan extrema que seria imposible conocerlas con exactitud. Probablemente seria necesario contentarse con un tipo uniforme para todos los ingresos de herencia, y otro tipo también uniforme para todos aquellos que terminan forzosamente con la vida del individuo. Al fijar la proporción entre esos dos tipos es inevitable que haya algo arbitrario; tal vez una deducción de una cuarta parte a favor de las rentas vitalicias seria tan poco objetable como cualquiera otra que se hiciera, y esto equivaldría a suponer que la cuarta parte de una renta vitalicia es, en el promedio de todas las edades y estados de salud, una proporción adecuada para economizar como una provisión para los sucesores o para la vejez. De las ganancias liquidas de los hombres de negocios, una parte, según se ha observado antes, puede considerarse como intereses del capital y como de carácter perpetuo y el resto como remuneración de la habilidad y el trabajo de dirección.
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El excedente, después de descontado el interés, depende de la vida del Individuo, e incluso de su continuación en el negocio y tiene derecho a la exención completa que se concede a los ingresos perecederos. Además de las reglas precedentes, se defiende algunas veces otra regla de carácter general respecto de los impuestos, a saber, que deben recaer sobre el ingreso y no sobre el capital. Es ciertamente de la mayor importancia que los impuestos no tiendan a hacer disminuir el capital nacional, pero cuando este efecto se produce no es por el hecho de que exista un impuesto especial determinado, sino porque los impuestos en general son excesivos. Los excesivos impuestos, si se lleva el exceso hasta un grado suficiente, son capaces de arruinar a la comunidad mas industriosa, sobre todo si son hasta cierto punto arbitrarios, de modo que el contribuyente no esta nunca seguro de lo que se le permitirá que retenga, o cuando se han dispuesto de manera que la actividad y el ahorro no tienen objeto. Pero si se evitan esos errores y el importe de los impuestos no pasa de lo que es hoy incluso en los países de Europa en los que son más severos, no hay peligro de que puedan privar al país de una parte de su capital. El disponer los impuestos en forma que recaigan enteramente sobre el ingreso y en modo alguno sobre el capital, esta fuera del alcance de cualquier sistema fiscal. No hay ningún impuesto que no se pague en parte con lo que de otra manera se hubiera ahorrado; ningún impuesto cuyo importe, si se perdonara, se emplearía todo en aumentar los gastos y no se guardaría una parte del mismo como capital adicional. Por consiguiente, todos los impuestos se pagan en cierto modo con capital, y en un país pobre es imposible imponer ninguna contribución que no tienda a impedir el crecimiento de la riqueza nacional. Pero en un país en el que abunda el capital y en el que es vigoroso el espíritu de acumulación, casi no se siente el efecto de los impuestos. Habiendo llegado el capital a esa etapa en la cual, si no fuera por los constantes perfeccionamientos en la producción, cesaría todo aumento del mismo (y teniendo una tendencia tan fuerte incluso a marchar mas aprisa que esos perfeccionamientos, que las ganancias se mantienen por encima del mínimo solo a causa de la emigración del capital o por una limpieza periódica ala que llamamos crisis comercial) tomarle al capital por medio de impuestos lo que se llevaría la emigración o destruiría una crisis comercial, es solo hacer lo
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que cualquiera de esas dos causas hubiera hecho, esto es, hacer hueco para nuevos ahorros. De tal suerte que la aplicación indiscriminada y arbitraría de impuestos puede provocar graves consecuencias económicas, políticas y sociales en un Estado de ahí la existencia de los principios fundamentales o esenciales antes mencionados. En resumen, un Estado que se soslaya de los deberes para los que fue creado y no atiende atingentemente las necesidades de sus gobernados, la confección de nuevos tributos o impone tributos exorbitantes, inequitativos, desproporcionados e injustos, traerá como consecuencia el natural incumplimiento de las obligaciones fiscales y en corto plazo, la inmolación del propio Estado, el cual se verá rebasado por su propia ciudadanía propiciando estallidos sociales y anarquía.
SEGUNDA SECCIÓN CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EQUIDAD, JUSTICIA Y PROPORCIONALIDAD DE LOS IMPUESTOS Equidad. El término “equidad” proviene del latín aequitas, de aequus, igual. Tiene una connotación de justicia e igualdad social con responsabilidad y valoración de la individualidad; llegando a un equilibrio entre las dos cosas, la equidad es lo justo en plenitud. Dentro de un contesto similar puede significar también: • Propiedad por la que la prosperidad económica se distribuya equitativamente entre los miembros de la sociedad. • (Del lat. Aéquitas, atis) f. Ecuanimidad. Propensión a juzgar con imparcialidad y de acuerdo con la razón. Moderación en los contratos o en el precio de las cosas. La equidad puede darse en los siguientes ámbitos: laboral, étnico, social y de género. En palabras de Aristóteles, la equidad es la justicia aplicada al caso concreto. Según el filósofo, muchas veces de la rigurosa aplicación de una norma a los casos típicos que ella regula pueden producirse efectos injustos. Por ello, se hace necesario que en el Derecho se atenúen los efectos perniciosos del tener liberal de una ley.
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Esto es lo que los romanos ilustraban en la máxima o adagio Summum Ius, Summa Injuria, que significa que del máximo rigor de la ley, a veces pueden seguirse estas consecuencias injustas de las que hablamos. Es por ello que recurrir a la equidad en el Derecho, equivale a resolver el caso como si el legislador hubiese considerado las particularidades del mismo. El principio de equidad es un principio general del Derecho. Constituye uno de los postulados básicos de tales principios y nos indica que esta íntimamente ligada a la justicia, no pudiendo entenderse sin ella. Tanto es así que Aristóteles consideraba lo equitativo y lo justo como una misma cosa; pero para él, aún siendo ambos buenos, la diferencia existente entre ellos es que lo equitativo es mejor aún. De tal forma, el Diccionario de la Lengua Española precisa que la equidad es la "bondadosa templanza habitual; propensión a dejarse guiar, o a fallar, por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley"; asimismo, se define como "justicia natural por oposición a la letra de la ley positiva", por lo tanto, en la definición de este principio encontramos referencias a lo justo, a la justicia. Sin embargo, justicia y equidad son conceptos distintos. La justicia es universal, pero no siempre puede tener en cuenta los casos concretos en su aplicación; tomando como referencia la ley como medida de la justicia, la equidad estaría ahí para corregir la omisión o el error producido o la aplicación rigorista de la misma. Con todo, la equidad también es lo justo, y ambas, equidad y justicia, no son incompatibles sino que se complementan. Un impuesto ha de ser, por su propia naturaleza, equitativo, es decir que las cargas fiscales que se paguen sean proporcionales a la capacidad de pago de los individuos (Adam Smith las define de una forma ambigua, afirmando que deberían ser proporcionales al beneficio obtenido del gobierno, apreciación con la cual no estamos de acuerdo del todo, ya que en nuestro sistema tributario, pocos son los que tributan y los beneficiados son otros; de ser así, los que pagan sus impuestos de manera correcta, tendrían la posibilidad de exigir mayores y mejores beneficios o prebendas respecto de los que no pagan; pero como es sabido, nuestro sistema impositivo suele aplicar mayor carga tributaria a los que si pagan, en lugar de propiciar la ampliación de la base tributaria, por esa circunstancia, no resulta muy aplicable el pensamiento del economista Smith desde nuestro particular punto de vista).
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Por otra parte, se considera que un impuesto es equitativo cuando los individuos contribuyen en relación con su capacidad de pago o, según la situación, de la cantidad de servicios que obtienen del gobierno. Por lo tanto, la capacidad de pago y los servicios obtenidos serán criterios de equidad. Cuando la intervención pública en la economía es muy grande, resulta imposible diferenciar los dos criterios, ya que la gente mas rica posee una mayor parte de la riqueza social; sin embargo, al mismo tiempo, son los mayores pagadores de impuestos, con todo y sus esquemas y operaciones para disminuir la carga tributaria. Se consideraría equitativo que una persona, cuando recibe un determinado servicio del gobierno (que no obtienen los demás gobernados), pague parte de los costos del servicio; como es obvio, este criterio no se aplica cuando se obtienen subvenciones gubernamentales o una transferencia de renta como parte del sistema de redistribución del Estado de bienestar, pero desde luego, acarrearía estados de excepción más allá de lo que es permisible o resentimientos económicos y sociales entre los no beneficiados. Cuando un sistema impositivo satisface los dos criterios anteriores, se dice que es verticalmente equitativo (es decir, que quien tiene mayor capacidad de pago paga más). De igual importancia es la equidad horizontal, según la cual, a igual capacidad de pago corresponde igual presión fiscal. Puesto que no hay ningún indicador preciso de la capacidad de pago, casi todos los países intentan diversificar la presión fiscal gravando las distintas fuentes de riqueza. Se suele equiparar la capacidad de pago con el nivel de ingresos. Sin embargo, este supuesto parece cada vez menos adecuado debido a las injusticias que generan los modernos sistemas tributarios. El impuesto sobre la renta también esta recibiendo numerosas criticas. Los expertos en fiscalidad parecen preferir los impuestos sobre el consumo, pero éstos son poco populares. Ningún impuesto es equitativo por completo; parece inevitable que grave más a unos que a otros. Por ello, se han creado numerosas exenciones, excepciones y deducciones para reducir la presión fiscal sobre los más desfavorecidos. Esto se ha debido, en parte, a presiones políticas, y hasta cierto punto, a la ineficacia de la administración o a la incapacidad de gestionar un sistema tributario que no sea complejo en exceso.
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Al utilizar varios impuestos, los gobiernos intentan distribuir las posibles ineficiencias, reduciendo así sus efectos. A medida que la presión fiscal aumenta, así como el descontento de los contribuyentes, crece el interés por aumentar la equidad de los impuestos y la oferta de servicios. En algunos países estos servicios se financian a partir de los impuestos que se cobran sobre los mismos. Por ejemplo, las tasas universitarias se cobran para financiar los gastos de la universidad. Los impuestos sobre la gasolina estarían destinados a financiar la construcción y mantenimiento de la red vial. Las cotizaciones a la seguridad social permiten sufragar los gastos del seguro de desempleo, de la sanidad pública y el pago de pensiones. Sin embargo, se trata de una decisión política, de modo que lo que se obtiene de un impuesto no tiene que servir necesariamente para financiar el bien público que gravan. Aunque este sistema facilita la gestión de los impuestos, también puede crear desequilibrios presupuestarios, generando superávit en algunos servicios cuando otros carecen de fondos suficientes. Justicia La "justicia" es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones especificas en la interacción de individuos e instituciones. Este conjunto de reglas tiene un fundamento cultural y en la mayoría de las sociedades modernas un fundamento formal. El fundamento cultural se basa en un consenso amplio entre los individuos de una sociedad sobre lo bueno y lo malo, y otros aspectos prácticos de cómo deben organizarse las relaciones entre personas. Se supone que en toda sociedad humana, la mayoría de sus miembros tienen una concepción de lo justo, y se considera una virtud social el actuar de acuerdo con esa concepción. El fundamento formal es el codificado formalmente en varias disposiciones escritas, que son aplicadas por jueces y personas especialmente designadas, que tratan de ser imparciales con respecto a los miembros e instituciones de la sociedad y los conflictos que aparezcan en sus relaciones. La justicia no consiste en dar o repartir cosas a la humanidad, sino en saber decidir a quién le pertenece esa cosa por derecho.
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La justicia es ética, equidad y honradez. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que es suyo. Es aquel sentimiento de rectitud que gobierna la conducta y hace acatar debidamente todos los derechos de los demás. Hans Kelsen la define así: “La justicia es para mi aquello cuya protección puede hacer florecer la ciencia, y junto con la ciencia, la verdad y la sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia”. Otro nivel de análisis entiende la justicia como valor y fin del Derecho (más que como virtud subjetiva) al que podemos conceptualizar. Como Io define Norberto Bobbio: “La justicia es el conjunto de valores, bienes o intereses para cuya protección o incremento los hombres recurren a esa técnica de convivencia a la que llamamos Derecho”. Ahora bien, el "ideal de justicia", o sea ese conjunto de condiciones protegidas por el Derecho, se puede considerar desde una perspectiva absoluta iusnaturalista, dentro de la cual todo Derecho es justo y si no es justo es Derecho. Pero desde una perspectiva iuspositivista, el Derecho es condición de la justicia y a la vez ésta es una medida de valoración del Derecho, por lo que podemos decir que un Derecho Positivo determinado es justo o es injusto de acuerdo con un ideal de justicia subjetivo. La recopilación, como uno de los componentes de la obra de la colección del Derecho romano realizada por Justiniano (el Corpus luris Civilis), comienza así: ius a iustitia... ius est ars boni et aequi — “El Derecho es justicia, el Derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo”. Todas las virtudes están comprendidas en la justicia. En definitiva, la verdadera justicia es el arte de dar lo justo o hacer dar lo justo a un individuo, a partir de los principios del arte del Derecho, sin tener ningún tipo de discriminación o preferencia hacia ninguna persona. Todas las personas deben ser tratadas sin ninguna discriminación o preferencia, pues de otro modo se estaría dando una justicia falsa y no la de “dar a cada uno lo suyo”, sino “dar a él lo que le toque”, dependiendo de su clase social o raza. El concepto revolucionario de justicia se basa en concebirla como el sentimiento y actitud humana que, fundamentado en los principios y normas de la ética, la moral y la ley, tiene como fin supremo lograr el respeto de los derechos colectivos e individuales de todos y cada uno de los miembros que integran una determinada sociedad, induciéndonos a decidir acciones como instrumentos específicos de premiar o sancionar la conducta humana, en proporción igual al bien o al daño causado por dicha conducta.
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Teorías sobre la justicia Entre otras muchas teorías sobre la justicia, destacamos las de los filósofos: • Platón. La justicia aristocrática como armonía social. Propone que los puestos de mando los detenten los mejores de la sociedad, es decir, los más sabios. • Aristóteles. La justicia como igualdad proporcional: dar a cada uno lo que es suyo, o lo que le corresponde. Para él, lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción con su rango social y sus méritos personales. • Santo Tomás de Aquino, La Ley Natural; sostiene que los ciudadanos han de tener los derechos naturales, que son l0s que Dios les da. Estos derechos son mas tarde llamados Derechos Humanos. • Para los utilitaristas, las instituciones públicas se componen de una forma justa cuando consiguen maximizar la utilidad (en el sentido de felicidad) agregada. Según esta teoría, lo justo es l0 que beneficia al mayor número de personas a la vez. Un aspecto interesante de la organización de las sociedades es como se reparten los recursos disponibles, los bienes producidos y la riqueza disponible. En principio, en la mayoría de las sociedades se han manejado dos conceptos parcialmente incompatibles sobre qué es una distribución justa de los bienes y la riqueza: La justicia según Ia necesidad sostiene que quienes tienen mayores necesidades de un bien deben poseer asignaciones mayores. En general este criterio es preponderante al considerar la situación de personas enfermas o con discapacidades, y también a segmentos de las sociedades con menos capacidad de procurarse bienes, como los niños, ancianos y marginados. La justicia según el mérito sostiene que aquellos que más contribuyen a la producción de bienes y riqueza deben tener también una mayor proporción de los mismos. Algunos partidarios del liberalismo señalan que poner en riesgo el criterio anterior eliminaría un importante incentivo para la generación de riqueza y el trabajo contributivo. Karl Marx, en su obra Crítica al Programa de Gotha, advirtió el error de confundir ambos tipos de justicia. En la práctica, en las sociedades modernas los dos criterios de justicia distributiva coexisten en la asignación de recursos, aplicándose con mayor o menor prioridad uno u otro según el caso concreto.
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En nuestra opinión, la justicia no radica esencialmente en dar o proporcionar lo que a cada cual le corresponde; en realidad, la justicia es o debe ser más precisa, ya que en materia tributaria no se da. Existen diversos factores para “justificar” la falta de aplicación de justicia en la sociedad; sin embargo, la justicia debe estar encaminada a resarcir o restituir a los menos beneficiados de los sistemas o gobiernos, los derechos y posibilidades que su propia condición económica, demográfica y aún cultural, así como las políticas de gobierno, han desplazado, mancillado o apartado de los frutos que los ingresos tributarios producen, e incluso los han obligado a subsistir en la informalidad y, en muchos casos, al margen del propio orden jurídico. Proporcionalidad Como es de explorado derecho, el principio de proporcionalidad es atendido por el legislador en su calidad de hacedor de leyes cuando en estas últimas se observa la capacidad contributiva del obligado al pago. La proporcionalidad no estriba a favor del que ha de cobrar el tributo o los supuestos beneficios que ha de percibir el que debe pagar un impuesto; la proporcionalidad es la adecuación equilibrada en función de la potencialidad real del gobernado para contribuir; es decir, de acuerdo con la posibilidad del que ha de pagar el tributo, se generarán las condiciones impositivas y, por ende, el pago proporcional a esa capacidad. En nuestro sistema tributario, la aplicación alícuota de tasas impositivas solo se da en el esquema de las personas físicas; sin embargo, al llegar a determinado nivel de ingresos, todos deben pagar la misma cuota, independientemente de los ingresos o gastos que se puedan sumar o restar, respectivamente, para obtener una base para el gravamen correspondiente. Por su parte, todas las personas morales tienen el mismo porcentaje de aplicación de cuota o tasa de impuesto sobre la renta, sin importar la proporción de los ingresos o deducciones que puedan obtener en un determinado periodo. Por ello afirmamos que la proporcionalidad, equidad y justicia en los tributos, prácticamente son nulas en nuestro sistema tributario, pues para la aplicación de los impuestos en realidad no se toman estas premisas, sobre todo por la incapacidad y la falta de habilidad del Estado para establecer mejores leyes impositivas y esquemas de tributación que amplíen la base tributaria, así como la responsabilidad de los ciudadanos en coadyuvar a los gastos del Estado —sobre todo cuando éste se aparta de los más necesitados y sus propias políticas públicas responden a intereses de grupo o partido.
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TERCERA SECCION PRINCIPIOS INTEGRADOS A LA LEGISLACIÓN FISCAL MEXICANA a) Principio de justicia o igualdad. Los habitantes de una nación deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus necesidades económicas, y de la observancia o menosprecio de esta máxima depende lo que se llama equidad o falta de equidad en la imposición. Este principio parte de la generalidad y de la uniformidad, que el principio sea general significa que comprenda a todas las personas cuya situación coincide con la hipótesis que la ley señala como hecho generador del crédito fiscal; que el impuesto sea uniforme significa en principio que todas las personas sean iguales frente al tributo, y el impuesto será uniforme si la ley trata igual a situaciones iguales y desigual a situaciones desiguales. b) Principio de certidumbre. Todo impuesto debe poseer fijeza en sus elementos esenciales para evitar actos arbitrarios por parte de la autoridad; los elementos necesarios para ello son el objeto, el sujeto, las exenciones, tarifa, época de pago, infracciones y sanciones. c) Principio de comodidad. Consiste en que todo impuesto debe recaudarse en la época y en la forma en que es mas probable que convenga su pago al contribuyente; por ello deben escogerse aquellas fechas o periodos que en atención a la naturaleza del gravamen sean mas propicios y ventajosos para que el causante realice su pago. d) Principio de economía. Consiste en que el rendimiento del impuesto debe ser el mayor posible; para ello su recaudación no debe ser onerosa, o sea que la diferencia entre la suma que se recaude y la que realmente entre en las arcas de la nación tiene que ser la menor posible.
CUARTA SECCIÓN CARACTERISTICAS DE LOS IMPUESTOS Una vez definidos los principios de los impuestos, es pertinente establecer las características o particularidades que guardan respecto de los gobernados: a) Constituyen una obligación. b) Deben ser establecidos por la ley. c) Deben ser proporcionales y equitativos. d) Están a cargo de personas morales. e) Se encuentran en la situación jurídica prevista por la ley. f) Deben destinarse a cubrir los gastos públicos. Las características antes señaladas contienen los siguientes elementos:
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• • • • • • •
Hecho generador de la contribución. Objeto de la Contribución. Relación jurídica tributaria. Sujeto pasivo. Sujeto activo. Base. Tasa o tarifa.
QUINTA SECCIÓN TIPO DE CONTRIBUCIONES Las contribuciones se establecen esencialmente para sufragar los gastos públicos del Estado; es decir, el Estado no es una empresa que genere ingresos propios a partir de actividades lucrativas. Sin embargo, sí tiene obligaciones que cubrir y que desde luego emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La doctrina ha fijado tres tipos de contribuciones, que se denominan de la siguiente manera: • Contribuciones fiscales, • Contribuciones parafiscales, y • Contribuciones extrafiscales. Las contribuciones fiscales se definen como las establecidas en la legislación mexicana para solventar los gastos en que incurren la Federación, las entidades federativas y los municipios, y cuyo punto de partida es la legalidad en que se soslayan y que se encuentra sustentada en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal. En este sentido, se trata de contribuciones compuestas por los impuestos federales que presentan, entre otros elementos, los siguientes: • Se encuentran establecidos en las leyes fiscales federales; • Se ubican los supuestos de tributación; • Están definidos los componentes del impuesto; • Se precisan las autoridades encargadas de administrar, recaudar, controlar y fiscalizar los impuestos; • Se establece la periodicidad, lugares y tiempos de pago, y • Se define el destino de esas contribuciones. Por su parte, las contribuciones parafiscales, como lo señala la acepción “para”, supone la vinculación de un hecho parecido a otro o similar a aquel que sirve de referencia. En este caso ubicaríamos los derechos, contribuciones de mejoras y las aportaciones de seguridad social, ya que si bien gozan de los principios de los impuestos en cuanto a fiscalidad, cobro, recaudación y determinación de créditos fiscales, no están destinados a sufragar los gastos públicos, sino en
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todo caso los de una determinada situación o sector, como seria el caso de las cuotas al Seguro Social. En efecto, éstas no las pagan todos los mexicanos o residentes en territorio nacional, sino solamente los directamente beneficiados con esos servicios o prestaciones sociales; de ahí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya pronunciado en el sentido de que son mal llamadas contribuciones parafiscales. DETERMINACIÓN DE LA LEGALIDAD DE LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES.— Las mal llamadas contribuciones parafiscales, son inconstitucionales al no estar previstas en el articulo 31, fracción IV, constitucional, sino sólo en la doctrina; si se convalida la constitucionalidad de éstas, se estaría legitimando una facultad no prevista en la Carta Magna para el efecto de que el Estado pueda crear dependencias y entidades sin mayor compromiso que sufragar sólo una parte de su gasto, en detrimento del patrimonio de los gobernados, imponiéndoles cargas económicas adicionales a las contribuciones que deben erogar para cubrir el gasto publico; consecuentemente las contribuciones parafiscales no tienen reconocimiento alguno en la legislación y por Io tanto, no existen como tales. En este sentido, los derechos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras, los productos y los aprovechamientos, se configuran también como contribuciones que encuadran en el articulo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, mismo que establece: ART. 31.- Son obligaciones de los mexicanos: IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Es decir, las contribuciones distintas de los impuestos participan de su misma naturaleza, ya que la finalidad de éstas, son las de dotar de recursos para satisfacer los servicios que presta el Estado. Por consiguiente, no deben denominárseles como contribuciones parafiscales. No obstante lo anterior, para efectos prácticos, conforme a la doctrina y para la esencia de este libro, se continuara denominándolas contribuciones parafiscales. Finalmente, las contribuciones llamadas “extrafiscales”, según la doctrina, no estén dirigidas a la totalidad de los mexicanos o residentes en territorio nacional, ni se ubican en la necesidad de solventar gastos específicos de sectores o de situaciones especificas, como las contribuciones parafiscales; más bien tienen como finalidad primordial la protección del Estado, los sectores
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Suprema Corte de justicia de la Nación, Sesión Ordinaria Numero 72, lunes 9 de julio de 2007. 1
económicos de la sociedad, sus propios finanzas o evitar la invasión de productos que al estar subvencionados o subsidiados, de permitirse su introducción al país los productores nacionales se verían sensiblemente afectados y condenados al cierre de sus empresas. De igual forma, el establecimiento de estas contribuciones impide la posibilidad real de que se introduzcan materiales peligrosos o de riesgo para la salud; de ahí que no obstante no cubrir cabalmente los principios de la Ley Fundamental, su establecimiento se encuentra sustentado en la preservación del Estado. Asimismo, pueden servir para complementar los ingresos que requiere el Estado; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido su constitución, las providencias que deben cuidarse y la responsabilidad del Legislativo. A continuación, se presenta la tesis jurisprudencial que clarifica lo anterior: CONTRIBUCIONES. LOS FINES EXTRAFISCALES NO PUFDEN JUSTIFICAR LA VIOLACI+ON AL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.— La existencia de un fin extrafiscal, entendido éste como un objetivo distinto al recaudatorio que se pretende alcanzar con el establecimiento de una determinada contribución, no puede convertirse en un elemento aislado que justifique la violación a los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público consagrados por el artículo 31, fracción IV de la Ley Fundamental. Los fines extrafiscales son exclusivamente otros elementos que debe analizar el órgano de control para determinar la constitucionalidad o no de un determinado precepto. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciséis de noviembre de 1999, aprobó, con el número CIV/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. Ahora bien, por su parte en el artículo 2° del Código Fiscal de la Federación establece como contribuciones federales las siguientes: • lmpuestos; • Aportaciones de Seguridad Social; • Contribuciones de Mejoras; • Derechos.
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De igual forma, considera contribuciones federales los aprovechamientos y los productos que sean percibidos por el Estado. El mismo Código Fiscal de la Federación define a las contribuciones de la siguiente manera: Impuestos. Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV del artículo 2° del Código Fiscal de la Federación. Aportaciones de Seguridad Social. Son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Contribuciones de Mejoras. Son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Derechos. Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio publico de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho publico, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Con la finalidad de hacer más entendible estas definiciones contenidas en el referido Código tributario, a continuación hacemos nuestra propia aportación, con la esperanza de no caer en tecnicismos: Introito La figura tributaria por excelencia son los impuestos, determinados como los tributos más representativos porque se trata de gravámenes a cargo de los particulares diferentes de las aportaciones de seguridad social, de las contribuciones de mejoras y de los derechos. Denominados éstos como tasas, han dado lugar a gran número de controversias respecto de su naturaleza tributaria, ya que una corriente representativa no considera a los derechos como tributos, en virtud de que la obligación se genera por la voluntad del sujeto que solicita el servicio. No obstante, la generalidad de la doctrina los incluye como tales, entre otras figuras que la Ley de Ingresos de la Federación señala, son las que se catalogan también como tributos al referirse a las
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aportaciones para el INFONAVIT y las cuotas para el Seguro Social, conocidas como aportaciones de seguridad social, así como las contribuciones de mejoras, las cuales participan de la naturaleza tributaria, sobre todo por la imposición unilateral de la exacción y el fin de su producto para un gasto de naturaleza publica. En cuanto a las denominaciones de las aportaciones, cuotas o atribuciones, más que jurídicas son económicas, ya que se refieren a un contenido económico pero no nos informan de su estructura y mucho menos sobre los elementos jurídicos que las conforman; estos nombres solo se utilizan para caracterizarlas con alguna diferencia nominal de los demás tributos. A fin de precisar la naturaleza jurídica de estos gravámenes la doctrina nos proporciona una figura adecuada a la casa denominada contribuciones especiales, la cual se establece por imposición unilateral del Estado en función del beneficio claramente obtenido por el deudor, y que se genera por la realización de obras publicas o por el establecimiento de servicios cuyo producto se destina a cubrir el gasto originado por la obra o el servicio. Las especies de contribuciones son: impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. En los impuestos el presupuesto de hecho esta representado por cualquier actividad de contenido económico que el Estado, a través del Poder Legislativo, considere suficiente para que al efectuarse se genere la obligación; en cuanto a los derechos, tenemos que el presupuesto de hecho es la prestación de un servicio particularizado al contribuyente o el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación. En las aportaciones de seguridad social el presupuesto de hecho será el beneficio recibido por el contribuyente como consecuencia del establecimiento de un servicio de seguridad social realizado por el Estado, o por haber sido sustituido por el mismo en una obligación de seguridad social; por ultimo, en las contribuciones de mejoras, lo será el beneficio que obtendrá el sujeto como consecuencia de la realización de una obra publica. Impuestos Como su nombre lo indica, se trata de obligaciones que el Estado impone a sus gobernados para poder solventar las necesidades que de acuerdo con la propia Constitución Federal, tiene encomendado realizar; es decir, son deberes establecidos como cargas o derechos que el Estado cobra o exige, ya sea por el suministro de servicios o para la subsistencia de los mismos. Para tales efectos y mejor comprensión del concepto, a continuación se definen las necesidades que debe satisfacer el Estado con los impuestos:
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Necesidades colectivas. Son las que surgen cuando los individuos viven en sociedad, pues se derivan precisamente de esa convivencia; por ejemplo: la necesidad de cultura, de asistencia social. Necesidades de carácter público. Surgen en la comunidad política en cualquiera de las formas de Estado que se conocen, pues se le adjudica al Estado la tarea de satisfacer determinadas necesidades que revisten el carácter de públicas; entre las mas elementales de este tipo se encuentran las de conservación del orden interior (policía), defensa exterior (ejército) e impartición de justicia (tribunales). El beneficio de los impuestos es palpable cuando gozamos de educación, seguridad, tribunales, servicios, esparcimiento y alimentación, entre otros. Aportaciones de seguridad social Las aportaciones de seguridad social básicamente se vinculan con los pagos que deben realizarse a instituciones de seguridad social que suplen al Estado, que es el encargado original de proporcionarla, pero que por su especialidad o complejidad comparte; es decir, la Secretaria de Salud es la dependencia del Ejecutivo Federal encargada de normar y regular la seguridad social y la sanidad de los gobernados, Sin embargo, es minima su capacidad y mas bien tiene un carácter rector o directivo de los servicios que en este ámbito se deben proporcionar, por lo que la seguridad social se le asigna a tres instituciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto Nacional de Fondo a la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Es importante destacar que al establecer estas aportaciones como parte de las contribuciones, el Estado las dota de los mismos imperios que gozan los impuestos; es decir, les da atribuciones de créditos fiscales que al ser o poseer esta potestad, los convierte en exigibles y por ende son fiscalizables. De tal suerte que aun cuando no se les puede igualar a los impuestos, ya que no son generales ni establecidos para todos los gobernados, los que se ubican en los supuestos de tributación deberán contribuir en los términos y formas establecidos por las leyes en la materia, sobre todo porque la legislación les concede el rango de Organismos Fiscales Autónomos. Contribuciones de mejoras Estas contribuciones son quizá las mas representativas del principio de equidad, pues solo se aplican a quienes directamente se benefician de alguna obra, crecimiento de un servicio, adecuación de algo en especifico o el establecimiento de condiciones que por su naturaleza, se significan por representar, de alguna manera, una mejora que bien puede facilitar la vida
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cotidiana de los favorecidos, ya sea con el crecimiento, desarrollo o superación del hábitat, la plusvalía o el avance de nuevas tecnologías. Como ejemplo podemos citar no solo lo que se refiere a caminos, servidumbres o servicios de agua potable; en realidad, es posible incluir hasta la alta tecnología que consiste en disponer de un mejor sistema de comunicación satelital, que permita contar con un sistema superior de transferencia de datos y voz, a través de nuevas técnicas de enlace de avanzados procesos. Es decir, los directamente beneficiados con estas mejoras, no todos, estarán obligados a pagar por ellas; en ocasiones puede tratarse de una cuota única y en otras su pago será periódico, continuo y hasta permanente. Derechos Por su parte, los derechos son participaciones que el Estado cobra a los peticionarios o beneficiarios del uso o disfrute de alguna circunstancia en concreto. El Estado, la facilita en sus funciones de derecho público; es decir, se trata del otorgamiento de franquicias expresadas en concesiones, permisos, licencias o autorizaciones que por su naturaleza, tienen una temporalidad y sujeción a normas de cumplimiento de hacer y de no hacer que se dan en la esfera de servicios que el Estado no puede cubrir o cuya función no es en si prioritaria, o bien que la propia Constitución de la República le faculta para trasladar su utilización, explotación y beneficio a los gobernados a cambio del pago de un derecho, que al igual que los impuestos, dota de fiscalidad y exigibilidad, siendo en todo caso créditos fiscales. No obstante lo anterior, los derechos son contribuciones que sólo cuando el particular los requiera, necesite o solicite, se vera obligado a cubrir; de tal suerte que la particularidad de este tipo de contribuciones descansa en la posibilidad y la premisa de que se dé la vinculación entre el que necesita el derecho de que se trate y un tercero que a su vez, requerirá del mismo; de otra forma, el derecho no se puede configurar como tal, pues la carencia del solicitante hace fatua la contribución. CAPÍTULO V SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO El Sistema Tributario Mexicana distingue básicamente dos tipos de impuestos, denominados internos y externos. Estos últimos se refieren a las contribuciones que se pagan en los procesos de importación y exportación de bienes y servicios, las cuales se encuentran contempladas en la legislación aduanera como impuestos al comercio exterior.
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En cuanto a los impuestos internos, estos se denominan de esa manera porque gravan los actos o actividades de las personas físicas y morales que se ubiquen en territorio nacional o cuya fuente de su riqueza se encuentre en el país, sin importar su nacionalidad. Los impuestos internos se dividen, a su vez, en dos grupos: impuestos directos e impuestos indirectos. Impuestos directos Los impuestos directos son aquellos cuya afectación tributaria incide de manera inmediata y rigurosa en el contribuyente por su capacidad contributiva o adquisitiva; es decir, se relacionan con la magnitud de los ingresos que se perciben o con el potencial de adquisición del contribuyente. En este orden de ideas, ya sea que se trate de personas físicas o morales, sus capacidades contributivas o adquisitivas se verán afectadas en mayor cuantía por el nivel de percepciones o de costo de bienes adquiridos. Impuestos indirectos Los impuestos indirectos, como su nombre lo indica, son gravámenes que afectan a los contribuyentes cuando éstos se ubican en la hipótesis jurídica de tributación; es decir, solo en el caso de que el contribuyente, al situarse en el último eslabón de la cadena de consumo (consumidor final), adquiera algún bien o servicio que este gravado, se vera afectado, pues absorberá todos los impuestos trasladados o transferidos en cada etapa de dicha cadena de consumo. Para mayor claridad, es importante señalar que en cada una de las fases de una cadena de consumo, uno a uno, los integrantes de dicho proceso trasladan sucesivamente el impuesto y recuperan el pagado a su anterior proveedor cuando cobran el impuesto al siguiente consumidor, hasta que llega al consumidor final, en que difícilmente puede repercutir ese efecto, por lo que indirectamente es el que asume todos los impuestos trasladados desde su fabricación hasta su venta final. Para una mejor identificación, a continuación se presentan los siguientes cuadros;
Cuadro 1 Sistema Tributario Mexicano
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Impuestos internos
Impuestos externos
Impuesto Sobre la Renta (ISR)
Impuesto al Comercio Exterior (ICE)
(Ley General de los impuestos de importación y Exportación) Impuesto Empresarial a Tasa Única Cuotas Compensatorias (IETU) Impuesto al Valor Agregado (IVA) Derechos Aduaneros Impuesto Especial Sobre Producción y Otros Derechos y Obligaciones Servicios (IEPS) Derechos fitosanitarios Impuesto sobre Automóviles Nuevos Cumplimiento de Normas Oficiales (ISAN) Impuesto sobre Tenencia y Uso de Mexicanas Vehículos (ISTUV) Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE)
Cuadro 2 Ubicación de los impuestos internos Directos
Indirectos
Impuesto Sobre la Renta
Impuesto al Valor Agregado
Impuesto Empresarial a Tasa Única Impuesto sobre Automóviles Nuevos
Impuesto Especial sobre Producción y
Impuesto sobre Tenencia y Uso de
Servicios
Vehículos Impuesto a los Depósitos en Efectivo
Cuadro 3 Gravamen de los impuestos directos Grava
Nombre del Impuesto
Impuesto Sobre la Renta Impuesto Empresarial Tasa Única
Ingresos a
Flujo comercial
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Se relaciona con la capacidad
Contributiva Contributiva
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos Impuesto a los Depósitos en Efectivo
Adquisición
Adquisitiva
Tenencia o Adquisitiva posesión Flujo de Efectivo (Informalidad)
Acumulativa de efectivo
Cuadro 4 Gravamen de los impuestos indirectos Grava
Se relaciona con la capacidad
Consumo de bienes y servicios Producción y consumo
Adquisitiva
Nombre del Impuesto
Impuesto Agregado
al
Valor
Impuesto Especial Sobre Producciones y Servicios
Adquisitiva
CAPÍTULO VI TIPOLOGÍA DE IMPUESTOS Una vez ubicados los impuestos internos y externos, así como los que son directos e indirectos y su relación con la capacidad contributiva o adquisitiva del contribuyente, a continuación definiremos la tipología de los impuestos. En esencia, podemos definir los impuestos conforme a los siguientes grupos: • Impuestos • Impuestos • Impuestos • Impuestos • Impuestos • Impuestos • Impuestos • Impuestos Impuestos reales
reales. personales. retenidos. recaudados. ad valorem. generales. específicos. virtuales.
Se denominan "reales”’ porque se les vincula con el patrimonio del contribuyente; es decir, gravan la capacidad adquisitiva y el volumen de lo que se compra. Se les ubica como tributos que van dirigidos a la posesión y adquisición de bienes sobre todo de uso duradero, que incrementan de manera indiscutible y tangible el peculio del contribuyente.
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Como ejemplo se puede señalar el impuesto al activo, que fue abrogado el 1° de enero de 2008; aun con sus desventajas, este impuesto procuraba gravar la acumulación de bienes, de tal suerte que entre más activos se tuviera, mayor era el impuesto que se pagaba. Otro ejemplo mas ilustrativo es el impuesto predial, el cual desde luego no es el mismo que se paga por una casa ubicada en una zona prospera y con plusvalía, que por otra situada en un lugar menos agraciado. Impuestos personales Se trata de un gravamen que recae sobre los ingresos anuales que perciben las personas naturales dentro del término municipal, tengan 0 no domicilio u residencia. Se considera ingreso toda clase de rendimiento, utilidad, ganancia, dividendo, renta interés, producto provecho, participación, sueldo, salario, jornal, honorario y en general cualquier percepción en efectivo, en valores o en especie, que modifique el patrimonio del contribuyente, exceptuándose la jubilación. Impuestos retenidos Estos impuestos son el resultado de la aplicación de un gravamen de tipo personal a los trabajadores que laboran bajo la dependencia de un patrón; es decir, se trata de empleados o dependientes de un sueldo regular, ya sea que se encuentren en nómina o en calidad de asimilados, y que sin ser trabajadores definitivos, tienen condiciones similares a los trabajadores de planta. En el particular, los trabajadores son el contribuyente directo del impuesto; sin embargo, por cuestiones administrativas, económico—procesales y desde luego de control, la ley transfiere la obligación de calcular, determinar, retener y pagar el impuesto al patrón, en su calidad de responsable solidario. Impuestos recaudados Se les denomina de esa manera porque se originan principalmente cuando son realizadas operaciones de tipo mercantil, concretamente el IVA, por su naturaleza de acreditamiento y traslación. Cuando se efectúa una transacción de compra-venta, si el producto o la actividad esta gravada, al momento de cobrar el importe de la operación se traslada el impuesto correspondiente y se disminuye el que se pagó en la operación de adquisición, dando como resultado un diferencial entre lo pagado y lo cobrado que es el que se entera al fisco; es decir, se recauda para el fisco dicha diferencia y se le entera en los términos de la ley respectiva.
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Por otro lado, los empleados fedatarios (notarios públicos y corredores públicos), al certificar alguna operación mercantil, cobran por cuenta del Estado los impuestos correspondientes y los enteran a la autoridad. La diferencia radical con los impuestos retenidos es que en éstos existe una merma en la cantidad final que se entrega, mientras que en los recaudados se adiciona una cantidad al precio pactado, el cual se convierte en el impuesto o diferencial a recaudar. Es importante aclarar que tratándose de personas físicas, que trabajan de manera independiente o por su cuenta, al momento de expedir el recibo correspondiente, el beneficiario de esos servicios se encuentra obligado a retener una porción tanto del impuesto sobre la renta como del impuesto al valor agregado (seguramente, en el futuro, también se les obligara a hacer la retención de la porción respectiva del impuesto empresarial a tasa única). En efecto, cuando hablamos de una porción del impuesto, queremos decir que no se retiene todo el impuesto causado, como sucede en el caso de los asalariados, pues la porción que en la actualidad es exigida como retención se refiere, en el caso del impuesto sobre la renta, a un 10% de los honorarios pagados, y en el caso del impuesto al valor agregado, la retención será de dos terceras partes de la tasa impositiva. Impuestos ad valorem Dentro del Derecho Aduanero, encontramos los impuestos denominados ad valorem que, en esencia, significan "según el valor". Este tipo de impuestos se aplican a las mercancías de procedencia extranjera, sobre todo cuando no se cuenta con los elementos de identificación, tales como factura, valor, origen, volumen, número y precio, así como impuestos trasladados; por ello, las autoridades aduanales, basándose en la apreciación de expertos, los ubican en precios de referencia, confección, atributos del bien, originalidad, a efecto de situarlos en alguna fracción arancelaria para aplicar, pese a no tener los citados elementos, el impuesto al comercio exterior que corresponda. Impuestos generales Los impuestos generales no se enfocan a una actividad en especifico, más bien se relacionan con actos o actividades de tipo genérico; por ejemplo, la obtención de ingresos, sin importar la función o labor que se desempeñe para su obtención. Impuestos específicos
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Estos gravámenes se relacionan con un bien o servicio determinado, estableciendo para esos efectos un tributo sumamente especifico, que lo distingue de los generales por cargar esa actividad o bien con un impuesto específico; así sucede con el impuesto especial sobre producción y servicios, que se aplica a la producción del alcohol, gasolina o tabaco. Se denomina de esta forma a los impuestos causados por un contribuyente, pero que son absorbidos por otro o sustituidos por otro; es decir, de manera subsidiaria, no solidaria, se asume por cuenta de otro la obligación de pagar el impuesto respectivo. Por ejemplo, en un contrato colectivo de trabajo, condiciones generales de trabajo u otros factores, los patrones acuerdan asumir por cuenta del trabajador el impuesto que a éstos les correspondería aplicar la retención y pago. La virtualidad emana del procedimiento, mismo que en si, se efectúa todo el proceso de cálculo, determinación y pago, pero se omite la retención. En otros casos, se efectúa la retención, pero solo para efectos de control, ya que es devuelto a los trabajadores bajo otros conceptos incluidos en prestaciones laborales o de carácter general. De igual forma, cuando en un sorteo o rifa el beneficiario obtiene un premio expresado en un bien tangible, como casas, automóviles, viajes, etc., el otorgante del premio asume el pago del impuesto respectivo, sin efectuar retención alguna al beneficiario; sin que esto necesariamente implique que quien obtuvo el citado premio, no acumule el monto del premio obtenido en especie, ya que de alguna manera incrementa su patrimonio.
CAPÍTULO VII TIPOLOGÍA DE CONTRIBUYENTES Así como existen diversos tipos de impuestos, también hay diversos contribuyentes que de alguna manera sustentan la base tributaria del sistema impositivo de México. Para su mejor comprensión los hemos definido de la siguiente manera; • • • • • •
Contribuyente Contribuyente Contribuyente Contribuyente Contribuyente Contribuyente
habitual. cautivo. periódico. ocasional. fortuito. estacional.
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Contribuyente habitual Se trata de contribuyentes que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo cualquiera de los esquemas de tributación, y que pagan sus impuestos de manera tradicional —entendiéndose como tal la presentación de avisos, declaraciones, pagos provisionales— y cumplen con las obligaciones normales de la legislación fiscal; su habitualidad estriba en el hecho de que el pago de tributos de manera tradicional se realiza en los tiempos establecidos por las leyes para el contribuyente asiduo y natural. Contribuyente cautivo Se trata básicamente de contribuyentes que operan o trabajan bajo la dependencia de un patrón, ya sea como trabajadores de nómina o asimilados, e incluso los de honorarios, pues su cautividad se establece precisamente por esa relación de trabajo; sin importar las erogaciones necesarias que se tengan que realizar para la obtención de los ingresos objeto del impuesto, a esos trabajadores se les retiene el impuesto correspondiente, sin posibilidad alguna de evitarlo o diferirlo. Contribuyente periódico En este caso el contribuyente, para tributar, requiere necesariamente de cierto tiempo o periodo para la acumulación de actos o actividades que la autoridad consideraré para determinar el impuesto correspondiente. Contribuyente ocasional Como su nombre lo indica, se trata de contribuyentes que no realizan actividades gravadas de manera habitual, ni son cautivos de una retención patronal, ya que su tributación responde a la ocasión; es decir, se les vincula con una situación en particular o concreta, por la cual en ese momento se ven obligados a pagar el impuesto respectivo, pero solo por esa vez; a esta tributación suele llamársele impuestos instantáneos. Contribuyente fortuito Lo fortuito proviene del azar o la fortuna y se le vincula con la obtención de algún premio derivado de una rifa o sorteo; en este caso, la ley establece la forma de pago del impuesto correspondiente, ya sea por cuenta del beneficiario del premio o por el organizador del evento. Contribuyente estacional Se trata de contribuyentes que solo operan en determinadas estaciones del año o ejercicio fiscal, de modo que pagan sus impuestos por los conceptos que realizan en esas fechas, independientemente de sus operaciones normales
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o tradicionales y por las cuales en su oportunidad pagan los impuestos respectivos.
TÍTULO II ELEMENTOS DE LA TRIBUTACIÓN
CAPÍTULO I ASPECTOS RELEVANTES DE LA TRIBUTACIÓN
En el Titulo I de este libro nos hemos referido a conceptos tales como contribuciones, contribuir, contribuyentes, impuestos, tributación, etc. Sin embargo, todos ellos resultan abstractos si no se define y, aun más, se establece la relación existente entre el Estado y los gobernados. En efecto, en un Estado de Derecho, entendido como el orden jurídico que establece derechos y obligaciones, el pago de contribuciones necesariamente implica la vinculación de actos o actividades gravadas que son contempladas por una disposición legal, los responsables de pagarlas, las autoridades encargadas de administrarlas, recaudarlas, controlarlas y fiscalizarlas y, desde luego, los momentos procesales para su pago. En este orden de ideas, es conveniente precisar como se pasa de la doctrina y la teoría a la realidad, determinando los elementos jurídicos que legalmente establecen una relación entre los contribuyentes y el Estado en su calidad de autoridad fiscal.
PRIMERA SECCIÓN SUJETOS DE LA RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA La relación jurídica tributaria esta vinculada con actos jurídicos previstos en las leyes fiscales y los supuestos de tributación; es decir, previamente al establecimiento de obligaciones por parte del contribuyente, éste debe
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ubicarse en los supuestos de tributación, y en ese sentido se denomina a los sujetos que intervienen activo y pasivo. El sujeto activo Asume ese rol la autoridad que administra, controla, recauda y fiscaliza tanto a las contribuciones como a los contribuyentes. Se le denomina de esa manera porque en una relación de fisco-contribuyente, el Estado toma el papel de acreedor de las contribuciones y, a la vez, en éste, se configura la parte relativa de la contribución que señala la fracción IV del articulo 31 de la Constitución Federal, al ser el Ejecutivo Federal el encargado de aplicar y supervisar el debido cumplimiento de lo expresado en las leyes fiscales. Es decir, al Estado le compete la formulación de las iniciativas de ley que serán sometidas al Legislativo para su aprobación; en ellas se contempla la obtención de los ingresos necesarios para salvaguardar su propia existencia y la satisfacción de los bienes y servicios que constitucionalmente esta obligado a cubrir, determinando de qué tributos se valdrá para la obtención de esos ingresos. De igual manera, el Estado tiene la encomienda de administrar, recaudar, controlar y realizar los actos inherentes para verificar el debido cumplimiento y pago de las contribuciones de quienes legalmente se encuentran obligados a cubrirlas, tanto en forma como en tiempo. El sujeto pasivo En su carácter de contribuyente, a éste se le adjudica el papel de sujeto pasivo, pues se trata de quien debe coadyuvar o contribuir a los gastos públicos del Estado, tal y como lo dispone el citado precepto constitucional; su aspecto de pasividad deriva de su calidad de deudor de una obligación tributaria, es decir, es el que debe el tributo y por ello, en tanto no lo pague, su calidad es la de deudor o pasivo. Esta acepción proviene del Derecho Mercantil, en donde las operaciones activas son atribuidas a las entradas y las operaciones pasivas son definidas como deudas, sean éstas inmediatas, habituales o contingentes. De tal suerte que en la relación existen los tres factores siguientes: la disposición legal que establece los tiempos y movimientos en que se ha de calcular y pagar la contribución, el Estado como sujeto activo y el contribuyente en su calidad de sujeto pasivo. A este vinculo se le ha denominado "Relación jurídica Tributaria".
SEGUNDA SECCIÓN
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RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA Para la mejor comprensión de este tema, conviene no olvidar ciertas nociones jurídicas fundamentales. Si acudimos a la teoría general del Derecho que encuentra aplicación en nuestra materia, recordaremos que el nexo o vínculo que se produce entre dos o más sujetos a propósito de un “hecho o condición” al cual una norma jurídica le atribuye ciertas consecuencias, es una relación jurídica. Cabe acotar que las consecuencias que atribuye la norma jurídica consisten en poderes y deberes, y que el objeto de la relación jurídica es una prestación, que puede consistir a su vez en un dar, un hacer o un no hacer; en otras palabras, en una actividad o abstención que el sujeto pasivo debe realizar a favor del sujeto activo. Esta prestación es precisamente la que integra el poder del sujeto activo y el deber del sujeto pasivo. De derecho público es también la relación jurídica que surge entre el fisco y un particular en virtud de la cual este queda obligado a cumplir una prestación, normalmente pecuniaria, la denominada contribución, estableciendo por consiguiente una relación jurídica tributaria sustancial. Dicha relación puede definirse come: el nexo o vinculo jurídico de carácter personal que surge cuando se produce la situación descrita hipotéticamente en Ia norma (hecho imponible), entre el Estado u otra entidad pública que en consecuencia tiene el derecho-deber de exigir la prestación tributaria (sujeto activo) y Ia persona o cuyo cargo ha puesto la ley el pago de dicha prestación (sujeto pasivo). En palabras más sencillas, la relación jurídica tributaria sustancial es aquella que tiene por objeto una obligación de dar, la cual es, en este case, pagar el tributo. Pero esta no es la única relación jurídica que se produce a propósito del fenómeno tributario. En efecto, el fenómeno tributario esta integrado por relaciones jurídicas múltiples y de variada naturaleza. De manera consustancial a la relación jurídica tributaria sustancial (que es la mas importante, la principal, pues todas las demás tienden de una a otra forma al pago del tributo) encontramos un conjunto de relaciones que se caracterizan por ser accesorias o conexas a la principal, y otra serie de relaciones que aunque vinculadas a la superior, pueden subsistir independientemente de esta. Podemos señalar, a titulo de ejemplo, que pertenece a la primera clase (relaciones jurídicas tributarias accesorias a la sustancial) la relación que surge cuando el obligado al pago del tributo incurre en mora, haciéndese merecedor de recargos y multas de carácter pecuniario.
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Queda desde luego incluida en esta categoría la relación que emerge a propósito del pago de un tributo indebido, y que origina la acción de reembolso o repetición de lo indebido. Los supuestos que dan erigen a ambas obligaciones (pagar intereses y repetir lo que se ha recibido indebidamente) sen, en el primer caso, la mora, y en el segundo, el pago de un tributo que la ley no ha establecido. Observemos entonces que estos supuestos son distintos al que da origen a la obligación de pagar el tributo (relación jurídica tributaria sustancial), que será siempre la hipótesis descrita en la ley y que conocemos come hecho imponible. También en este grupo quedan comprendidas las relaciones que regulan garantías reales y las que establecen otros sujetos pasivos, solidarios, subsidiarios o sustitutivos del deudor principal. El segundo grupo de relaciones que ubicamos al lado de la relación jurídica tributaria sustancial, comprende a las que surgen en ocasión de las infracciones y sanciones tributarias, a las que nacen de las controversias tributarias que se producen entre el fisco y los particulares, y a las de índole administrativa que se traducen en obligaciones o deberes de los particulares frente a la administración de carácter formal. Se aprecia fácilmente que la relación jurídica tributaria sustancial y las demás relaciones jurídicas que surgen a raíz del fenómeno tributario son de distinta naturaleza. Coinciden en esta opinión en líneas generales, entre otros autores, Dino Jarach, Valdés Costa, Héctor B. Villegas, Mario Pugliese y Giorgio Tesoro. El primero de los nombrados sostiene que la relación jurídica tributaria sustancial es una simple relación obligacional, al lado de la cual existen otras relaciones completamente distintas; y para ilustrar que “existe una diferencia fundamental entre ciertas obligaciones de los contribuyentes como las de pagar el tributo, y otras de adoptar un determinado comportamiento activo y pasivo frente a la Administración pública, para facilitar o cooperar con las tareas del organismo administrativo encargado de la recaudación fiscal”, señala que cuando se trata de la relación jurídica tributaria sustancial el acreedor no puede dejar de exigir la prestación. No ocurre lo mismo, continúa Jarach, en la relación de carácter administrativo, en donde existe la posibilidad de que la Administración ejerza o no su facultad, de acuerdo con un criterio de oportunidad. Seria una facultad discrecional. La Administración puede usarla o no (por ejemplo, podrá inspeccionar, pero también podrá no hacerlo y en ambos casos estará dentro del marco legal). Asimismo, explica que no existe, necesariamente, identidad de sujetos entre la relación sustantiva y las demás relaciones, pues mientras “la relación
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que tiene como objeto la prestación del tributo tiene, siempre como sujetos, por un lado, el sujeto activo titular del crédito fiscal, es decir, de la pretensión al tributo y por otro, los contribuyentes y responsables que están obligados al pago de esa prestación”, se dan casos en que personas que no son contribuyentes, deben soportar verificaciones o inspecciones o están obligados a informar o llevar determinados libros, es decir, son sujetos pasivos de un deber de colaboración con la Administración sin ser sujetos de la relación que tiene como objeto la prestación del tributo. Es conveniente señalar que otros tratadistas (estimo que equivocadamente) han sostenido opinión distinta. Achille Donato Giannini y otros autores (entre ellos Antonio Berliri) afirman que la relación jurídica tributaria tiene un carácter complejo. Giannini, principal defensor de esta teoría, sostiene que de la relación jurídica tributaria derivan, por una parte, poderes, derechos y obligaciones de la autoridad financiera a los que corresponden obligaciones positivas y negativas así como derechos de las personas sometidas a su potestad, y por otra parte, el derecho del ente público a exigir la correlativa obligación del contribuyente de pagar la cantidad equivalente al importe del tributo debido en cada caso, que estima “constituye la parte esencial y fundamental de la relación”. Aclarado que la relación jurídica tributaria sustancial es, como afirmara Jarach, una simple relación obligacional, al lado de la cual existen otras relaciones completamente distintas, y no una relación compleja, es pertinente ahondar en algunas expresiones que sin controvertirse entre ellas, pueden confundir y, sin embargo, se trata de un mismo vinculo tributario. Ello es necesario porque la relación jurídica que se establece entre el fisco y el contribuyente, cuyo objeto es el pago del tributo y al cual nos hemos venido refiriendo como relación jurídica tributaria sustancial, ha recibido en la doctrina distintas denominaciones: Ernst Blumenstain la llama “crédito impositivo”, Valdés Costa utiliza simplemente la expresión “relación jurídica tributaria”, Jarach la llama “relación jurídica tributaria sustancial”, Giannini la denomina “deuda tributaria”, Villegas prefiere “relación jurídica tributaria principal”. Aunque también se le ha llamado “relación de deuda tributaria”, “relación jurídica propiamente dicha”, “relación jurídica stricto sensu”, Giuliani Fonrouge y la mayoría de la doctrina la llama “obligación tributaria”. En la definición señalamos que la relación jurídica tributaria sustancial tiene carácter personal. En rigor, tal indicación es innecesaria, por cuanto previamente habíamos aclarado nuestra adhesión a la teoría que sostiene que toda relación jurídica se da entre sujetos. Sin embargo, preferimos incluirla debido a que en algún momento el carácter personal de la relación jurídica tributaria fue discutido. En efecto, doctrinas hoy superadas llegaron a sostener
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el carácter real de la relación jurídica tributaria respecto de ciertos gravámenes. En la actualidad, tanto la doctrina como el Derecho Positivo de distintos países admiten el carácter personal de la relación jurídica tributaria principal, sin mayores desacuerdos. El vínculo entre el Estado y el contribuyente ha sido concebido por algunos como una relación de poder. En cambio, la más moderna doctrina lo considera una relación de derecho. Autores alemanes (entre los que destaca el prestigioso Ottanar Buhler) e italianos son quienes principalmente sostienen la tesis de que la relación jurídica tributaria es una relación de poder o de fuerza (gewaltverhaltnis, como la han llamado los primeros). Para esta concepción, el Estado actúa dotado de un poder superior (poder fiscal) frente a unos sujetos sometidos a ese poder, en una suerte de relación soberano-súbditos. Así, la naturaleza de la relación jurídica tributaria no es la de una relación de derecho, por lo que las partes (fisco y contribuyente) no están en un plano de igualdad. Esta teoría ha sido refutada con sólidos argumentos. Para Dino Jarach la teoría que sostiene la naturaleza de relación de poder se funda, en primer lugar, en una equivocación de carácter doctrinario e ideológico, al considerar ineludible Ia supremacía del Estado frente a los individuos, cuando en realidad, en los Estados de Derecho, el Estado como persona jurídica se coloca dentro de los cauces del Derecho; sometido a este, igual que los particulares. En segundo lugar, explica el autor, la mencionada teoría se funda también en un defecto de análisis jurídico, pues no distingue “los aspectos propiamente dichos del Derecho Tributario Sustantivo o Material, de los otros de Derecho Formal o Administrativo y de Derecho Penal Tributario”. Valdés Costa, por su parte, sostiene que la adaptación al Derecho Tributario del concepto de que el vinculo entre el Estado y el contribuyente es una relación jurídica y no una relación de poder, “se ha visto dificultada y retardada” por la no distinción entre el poder estático de establecer tributos discrecionalmente mediante ley (ejercicio de la potestad tributaria que se agota con la emisión de la norma) y la situación del ente publico, acreedor del tributo que, en función administrativa puede exigir el cumplimiento de dicha obligación legal (sometido al igual que el contribuyente a la ley y a la jurisdicción).
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En el estado actual de la evolución del Derecho Tributario, es indudable que el nexo entre el Estado y el contribuyente no puede ser entendido sino como una relación de Derecho y no de fuerza. Esto significa que las partes, el Estado u otra entidad pública (sujeto activo) y la persona deudora o responsable del tributo (sujeto pasivo) se encuentran en un plano de igualdad. El fisco es el acreedor, responsable de administrar, controlar, recaudar, exigir, fiscalizar y en su caso sancionar el incumplimiento de las disposiciones fiscales, por lo que como tal, dirige sus esfuerzos hacia la satisfacción de las obligaciones tributarias, sin que le esté dado pretender por ser poder público, más derecho que el que se deriva de la ley. El poder coactivo que le corresponde, especialmente la facultad de perseguir judicialmente al deudor tributario e incluso ejecutar sus bienes, como bien, es el que normalmente emana de las normas que imponen obligaciones pecuniarias. De modo que, a nuestro juicio, no caben dudas respecto a que las dos partes de la relación jurídica tributaria sustancial (fisco y contribuyente) se encuentran en un plano de igualdad. Adicionalmente, el fisco, al exigir al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones, no hace otra cosa que cumplir con un mandato legal que le confiere esa facultad, pero además lo hace en función de quienes cumplen a cabalidad y se encuentran en desventaja e inequidad con los que no pagan el tributo. El fisco y el contribuyente se encuentran en la misma situación jurídica, sometidos por igual a la ley y a la jurisdicción, aunque, evidentemente, esta igualdad jurídica no implique una igualdad de hecho, pues a veces la ley consagra diferencias entre acreedores y deudores cuando considera que existen circunstancias que las justifican lo cual, por lo demás, no se presenta sólo en Derecho Tributario: lo observamos también en otras ramas jurídicas. Excepcionalmente, como sucede en el caso del impuesto a los depósitos en efectivo, en realidad no existe como tal una relación estrictamente pura entre contribuyente y Estado, ya que sin que se configure una obligación de tributar directamente, se ubican en una posición de contribuyente, los sujetos que reciban más de 25 mil pesos mensuales en depósitos en efectivo. TERCERA SECCIÓN EL HECHO IMPONIBLE Una vez establecidos los factores del vínculo tributario, es importante examinar los elementos que conducen a que esa relación tributaria se
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concrete; es decir, puede existir la ley que impone el tributo, el sujeto pasivo y el sujeto activo, pero es necesario que se den los siguientes componentes: La legislación fiscal establece una serie de presupuestos de hecho o hipótesis, a cuya realización asocia el nacimiento de la legislación fiscal. A ese presupuesto de hecho o hipótesis configurado en las normas jurídicas tributarias en forma abstracta e hipotética, se le ha dado en llamar, haciéndose eco de Jarach, hecho imponible. Respecto de este hecho imponible Sainz de Bujanda, siguiendo a Berliri, nos dice que el presupuesto de hecho comprende todos los elementos necesarios para la producción de un determinado efecto jurídico y sólo esos elementos, lo cual trae aparejada una triple consecuencia: a) Que en una ausencia de uno cualquiera de los elementos que concurren a formar el presupuesto, el efecto jurídico en cuestión no se produce; b) Que no es posible establecer una distinción entre los varios elementos del presupuesto en cuanto se refiere a la causalidad jurídica existente entre cada uno de esos elementos singulares y el efecto jurídico producido, y c) Que dos presupuestos distintos deben contener al menos un elemento diverso, que es precisamente el que cualifica el presupuesto particular de que se trata en contraste con todos los otros presupuestos posibles. En cuanto a la definición de hecho imponible, nos acogemos a la formulada por el propio Sainz de Bujanda, quien establece que es “el hecho hipotéticamente previsto en la norma, que genera al realizarse, la obligación tributaria”, o bien, “el conjunto de circunstancias, hipotéticamente previstas en la norma, cuya realización provoca el nacimiento de una obligación tributaria concreta”. Conviene tener presente que debe distinguirse entre el hecho hipotético al que hemos aludido, hecho imponible, que tiene solo una existencia ideal en la legislación tributaria, y el hecho concreto, material, que se realiza en la vida real, y que es el que, cuando se realiza reuniendo los elementos contenidos en la hipótesis, es decir adecuándose el presupuesto, genera el crédito tributario; para distinguir uno del otro, llamamos a este último, hecho generador. Sobre la denominación de este presupuesto de hecho, Jarach apunta que “hecho imponible” es una expresión muy sintética, y podría decirse convencional, para un concepto que es mucho mas amplio de lo que las dos palabras significan. Quizá la expresión sea errónea, porque habla de hecho cuando muchas veces se trata de un conjunto de hechos o circunstancias de hecho; porque
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habla de “imponible” y el adjetivo con la terminación “ble” indica una idea de posibilidad, cuando en realidad sabemos que es un conjunto de hechos que hacen nacer, indefectiblemente, la pretensión del tributo y la obligación. De manera que no es “imponible”, sino “impuesto”. Es un hecho sobre el que recae el gravamen sin posibilidad o facultad de someterlo o no al gravamen. Esté gravado. A pesar de sus imperfecciones, es una terminología eficaz para entender lo que se quiere decir, y tiene la ventaja de mostrar cierta analogía con otra del Derecho Penal que, estructuralmente, es muy parecida a la nuestra. En el Derecho Penal se habla, en efecto, de hecho punible, donde el adjetivo “punible” es mucho mas exacto que en materia de Derecho Tributario; en la primera materia no se debe estar necesariamente sujeto al castigo, porque ello dependerá de la aplicación que haga el juez, mientras que en la nuestra es ineludible la consecuencia jurídica del hecho, o sea la obligación. Sin embargo, existe una analogía que permite adoptar las palabras “hecho imponible” en vez de “impuesto”, Esta terminología tiene otra ventaja: señala que el hecho o conjunto de hechos definidos por la ley en todos sus aspectos objetivos y subjetivos, constituyen formalmente considerados desde el punto de vista de la obligación tributaria que va a nacer de ellos, un hecho y no un acto. En los tributos, los hechos imponibles son muy diversos, pueden ser simples hechos materiales, como el paso de una mercancía por la línea aduanera, o hechos económicos como la percepción de una renta, o incluso negocios jurídicos. Todos los presupuestos mencionados, aunque distintos entre si, originan una obligación; el motivo radica en que la norma tributaria no ve en ellos sino simples hechos capaces de constituir el presupuesto de la obligación; no considera la distinta naturaleza del hecho, sino que los agrupa todos bajo la denominación genérica de presupuesto de hecho. Los presupuestos de hecho en cada uno de los tributos que hemos estudiado, son distintos; se dice que los derechos y la contribución especial tienen presupuestos típicos y que, en cambio, el impuesto tiene presupuestos atípicos. En los derechos, el presupuesto es la prestación de un servicio al particular por el Estado. En la contribución especial, el presupuesto de hecho es la realización por el Estado de la obra pública de interés general que representa para el particular una especial ventaja, o “la realización de la actividad del contribuyente que hace necesaria en bien de la colectividad, la prestación de un servicio que provoca un gasto público o un incremento del
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mismo”. Tratándose de los impuestos, el presupuesto de hecho es de la más variada índole; se determina por consideraciones económicas, políticas y técnicas extrañas al Derecho Fiscal y varían de un Estado a otro y de un momento histórico a otro, pues dependen de la estructura y necesidades económicas de los países, incluso de consideraciones extra fiscales; por lo tanto, cualquier situación de hecho es susceptible de convertirse en presupuesto de hecho. Sin embargo, existe cierta uniformidad, pues el legislador se dirige preferentemente hacia situaciones económicas que demuestran capacidad contributiva del ciudadano, como son el patrimonio, la renta, la propiedad, etcétera. Sainz de Bujanda nos da la siguiente clasificación de hechos imponibles, tomando en cuenta su aspecto material: a) Un acontecimiento material o un fenómeno de consistencia económica, tipificado por las normas tributarias, y transformado consiguientemente, en figuras jurídicas dotadas de un tratamiento determinado por el ordenamiento positivo. b) Un acto o negocio jurídico, tipificado por el Derecho Privado o por otro sector del ordenamiento positivo, y transformado en hecho imponible por obra de la ley tributaria. c) El estado, situación o cualidad de la persona. d) La actividad de una persona no comprendida dentro del marco de una actividad específicamente jurídica. e) La mera titularidad de cierto tipo de derecho sobre bienes o cosas, sin que a ella se adicione acto jurídico alguno del titular. Para Berliri, los hechos imponibles pueden clasificarse de la siguiente manera, tomando en cuenta, también, su aspecto material: a) La percepción de un ingreso o la percepción de una renta. Como la renta supone la percepción de un ingreso, consideramos que la distinción radica en que el primer caso se refiere al ingreso bruto de la persona y el segundo, al ingreso neto. Ejemplo del primer caso es el ingreso de las personas residentes en el extranjero gravado por el impuesto sobre la renta y del segundo caso la utilidad de las sociedades mercantiles residentes en México gravada por el propio impuesto sobre la renta. b) La propiedad posesión de un bien, al que corresponde el impuesto predial o territorial y el impuesto sobre uso o tenencia de automóviles y camiones, etcétera.
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c) Un acto o un negocio jurídico, tipificado por el Derecho Privado o por otro sector del Derecho Positivo, y transformado en hecho imponible por obra de la ley tributaria. Este tipo de hechos imponibles lo encontramos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. d) El consumo de un bien o de un servicio, al que correspondían el impuesto sobre consumo de energía eléctrica y el impuesto sobre consumo de algodón despepitado. e) La producción de determinados bienes o servicios, al que correspondían el impuesto sobre producción de cerveza o el de tabacos labrados. f) El desarrollo de una determinada actividad. Este tipo de hecho imponible se encuentra generalmente en legislaciones municipales; por ejemplo, la dedicación habitual a negocios u operaciones comerciales o industriales, según los giros que exploten, como la fabricación o venta de pan, el ejercicio de oficios tales como los de peluquería, sastrería, hojalatería y la operación de tocadiscos y otros aparatos electromecánicos. g) Ciertos hechos materiales transformados por la ley en figuras jurídicas, con un perfil y naturaleza distintos a los que tenían antes de ser tratados por el Derecho; por ejemplo, la captura de peces y mariscos, Ia tala de árboles, el sacrificio de ganado en un rastro, etcétera. h) La nacionalización de las mercancías extranjeras, a la que corresponden los impuestos de importación. Las cosas a que se refieren los hechos imponibles pueden agruparse de la siguiente manera: 1. Un bien material: predios, edificaciones, vehículos, cerveza, vinos, materias primas, etcétera. 2. Un bien jurídico, esto es, el resultado de una creación del Derecho: patentes, derechos de autor, concesiones mineras, póliza de seguro, etcétera. 3. Un concepto abstracto, el cual requiere siempre de una definición legal o de la ciencia del Derecho: renta, patrimonio, herencia, legado, etcétera. No sólo los hechos positivos pueden ser erigidos por el legislador en hechos imponibles, sino también los hechos negativos; es decir, el hecho imponible no sólo es lo que se hace, sino también lo que no se hace. En cuanto a la realización del hecho imponible, no solo los hechos lícitos pueden considerarse como hechos generadores, sino también los ilícitos.
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Esto es así no porque en el Derecho Fiscal prive un concepto ético distinto al de las otras ramas del Derecho, sino porque para la tributación lo que interesa es sólo el aspecto económico del hecho generador, por cuanto sirve de índice de la capacidad contributiva y, además, porque seria contrario al principio de igualdad y por lo tanto injusto que los contraventores de la ley estuvieran en ventaja respecto de quienes cumplen con la ley y quedaran exonerados del pago del tributo, no obstante que ambos realizan el hecho imponible, por la sola razón de que uno lo hizo mediante un hecho licito y el otro mediante uno ilícito. Así, por ejemplo, el impuesto de importación se causa no solo por las mercancías que se introducen legalmente al país, sino también por las que entran de contrabando. Entre el objeto del tributo y el hecho imponible hay una íntima relación, ya que seria insuficiente para la causación del tributo que la ley impositiva sólo estableciera el objeto del gravamen; por eso precisa cuál es el acto o hecho relacionado con él, cuya realización por el particular da origen a la obligación fiscal, y es justamente ese acto o hecho el contenido del hecho imponible. De gran importancia en el estudio del hecho imponible es el examen de su aspecto temporal, para estar en condiciones de establecer el momento en que debe considerarse consumado. Por su estructura temporal, observamos que los hechos imponibles pueden clasificarse en instantáneos y periódicos. Los instantáneos son los que ocurren y se agotan en un determinado momento, por lo tanto, cada vez que surgen dan lugar a una obligación fiscal autónoma; ejemplos de hechos imponibles instantáneos son los previstos en el impuesto sobre adquisición de inmuebles y en el de importación, pues cada vez que se celebra un contrato de compraventa respecto de un inmueble o se introduce mercancía extranjera a territorio nacional, surge la obligación de pagar el impuesto respectivo. Los periódicos son los que requieren un determinado periodo de tiempo para su consumación, periodo que estaré precisado por la ley y que cada vez que concluye da lugar a una obligación fiscal; ejemplos de hechos imponibles periódicos son los previstos en los impuestos sobre la renta, al valor agregado, o sobre tenencia o uso de vehículos. En algunos de los impuestos cuyo hecho imponible es periódico, al periodo de tiempo necesario para que se consume el hecho generador se le llama ejercicio fiscal, que por regla general es de un año, pero que en el caso de sociedades mercantiles puede, en casos de excepción, ser menor o mayor.
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En tales circunstancias, el impuesto es una prestación pecuniaria obligatoria establecida por la ley. Expresado en otros términos, la obligación tributaria nace de la ley. Ello hace necesario que el texto legal defina cuáles son los hechos, las situaciones, los supuestos o las circunstancias que generan, en los casos concretos, la obligación tributaria. La ley impositiva debe definir cuáles son las circunstancias que han de verificarse en la realidad de los hechos para que nazca la obligación de pagar el impuesto. Esta definición surge, a veces, del análisis del conjunto de normas legales referidas a un impuesto. Estas circunstancias, situaciones o supuestos de “hecho”, definidos legalmente, al verificarse en la realidad y en los casos concretos generan la obligación impositiva, es decir que conforman el hecho generador del impuesto. Cuando nuestras leyes hacen referencia al objeto y la materia imponible, constituyen solo los aspectos objetivos o materiales de circunstancias de hecho mas complejas, que abarcan, al mismo tiempo, atribuciones a determinados sujetos, limitación en el espacio y en el tiempo en que se verifican los supuestos de, determinación cuantitativa de los hechos verificados que permita establecer el monto del impuesto resultante. La realización de los hechos jurídicos, es decir de aquellos definidos abstractamente por la ley, hace nacer la obligación tributaria. Este hecho jurídico se denomina “hecho imponible”. Los hechos imponibles tienen como característica determinante su naturaleza económica. Esto significa que los supuestos que generan la obligación de pagar el impuesto se relacionan con manifestaciones de riqueza, toda vez que el impuesto es un tributo que tiene como principio justificativo la capacidad contributiva. Los elementos constitutivos del hecho imponible son: 1. Hechos objetivos contenidos en la definición legal del presupuesto. 2. Determinación del o los sujetos obligados al pago. 3. La delimitación del espacio en que ocurren esos hechos. 4. La base imponible. 5. La determinación del tiempo en que ocurren esos hechos. 6. Exenciones.
CUARTA SECCIÓN HIPÓTESIS TRIBUTARIA
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Definida la relación jurídica tributaria, los sujetos que la conforman, así como el hecho imponible, es importante destacar que la hipótesis tributaria se da precisamente con la conjunción de dichos elementos y desde luego cuando el particular se ubica en algún acto o actividad gravada por la ley. La hipótesis tributaria no siempre es visible o apreciable por el particular; claro esta que cuando se trata del impuesto sobre la renta o el impuesto empresarial a tasa única, su conceptualización resulta mas clara, toda vez que el contribuyente asume de manera directa la obligación de tributar. Esta situación se presenta de manera más sutil pero constante y cotidianamente en el impuesto al valor agregado, el cual, como consumidores finales, al adquirir bienes o pagar servicios, nos ubica en la hipótesis de tributación y pagamos el impuesto que se nos transfiere, traslada o repercute en el precio final de la venta. Como confirmación de lo anterior, la hipótesis tributaria responde a la generalidad y pluralidad de los impuestos; es decir, no esta dirigida a alguien en particular, sino a quien de alguna manera se coloca en el supuesto normativo de la ley. Al hablar de generalidad en su acepción jurídica, tenemos por fuerza que formular una importante distinción entre este concepto y el de uniformidad, con el que, indebidamente pero con gran frecuencia, suele confundirse. Distinción que es de gran trascendencia para la aplicación a casos concretos de las normas jurídico—tributarias. Así, se dice que una ley es general cuando se aplica, sin excepción, a todas las personas que se coloquen en las diversas hipótesis normativas que la misma establezca. Por eso se afirma que las leyes van dirigidas a una pluralidad innominada de sujetos, o sea, a todos aquellos que realicen en algún momento los correspondientes supuestos normativos. En cambio, una disposición es uniforme cuando debe aplicarse por igual y sin distinciones de ninguna especie a todas las personas colocadas bajo la potestad o jurisdicción de quien Ia emita. Evidentemente, el concepto de “uniformidad” repugna al más elemental sentido común, y por ello esta proscrito del campo del Derecho, cuyas normas exclusivamente se expresan en disposiciones de carácter general, atribuyéndole a dicha generalidad efectos de elemento esencial del acto legislativo. Establecido lo anterior, el Principio de Generalidad Tributaria puede enunciarse diciendo que solo están obligados a pagar los tributos aquellas personas físicas o morales que, por cualquier motivo o circunstancia, se
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ubiquen en alguna de las hipótesis normativas previstas en las leyes tributarias, llevando a cabo, en consecuencia, el correspondiente hecho generador de los tributos o contribuciones de que se trate.
CAPÍTULO II PERSONAS FÍSICAS Y PERSONAS MORALES Las personas físicas y morales son las entidades jurídicas contempladas en la legislación fiscal como contribuyentes de las obligaciones tributarias. En efecto, a lo largo del presente libro se ha mencionado en múltiples ocasiones la palabra “contribuyente”, y sin que pierdan esta calidad, las referencias jurídicas se enfocan a las personas físicas y morales. Pero la conceptualización de personas físicas y morales como personas jurídicas obligadas en la relación jurídica tributaria emana del Derecho Civil, de la siguiente manera; El artículo 22 del Código Civil Federal establece que las personas físicas tienen capacidad jurídica por nacimiento y que se pierde con la muerte; es decir, adquieren todos los derechos, prerrogativas y obligaciones que las leyes les impongan, entre ellas, desde luego, las de carácter fiscal. Esta definición comprende a todo tipo de personas distintas de las personas morales, y solo tendrían como limitantes las que establecen los artículos 23 y 24 del mismo ordenamiento legal, que en el particular establecen: ART. 23.— La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de Ia persona ni atentar contra la integridad de la familia; pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. ART. 24.— El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley. Por su parte, el artículo 25 del Código Civil Federal establece quiénes deben ser considerados personas morales, como se ve a continuación: ART. 25.- Son personas morales: I. La Nación, los Estados y los Municipios; II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley; III. Las sociedades civiles o mercantiles;
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IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal; V. Las sociedades cooperativas y mutualistas; VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley. VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736. Asimismo, el referido numeral 2736 del Código Civil Federal, precisa lo siguiente: ART. 2736,—La existencia, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, funcionamiento, transformación, disolución, liquidación y fusión de las personas morales extranjeras de naturaleza privada se regirán por el derecho de su constitución, entendiéndose por tal, aquél del estado en que se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas. En ningún caso el reconocimiento de la capacidad de una persona moral extranjera excederá a la que le otorgue el derecho conforme al cual se. Cuando alguna persona extranjera de naturaleza privada actúe por medio de algún representante, se considerara que tal representante, o quien lo substituya, esta autorizado para responder a las reclamaciones y demandas que se intenten en contra de dicha persona con motivo de los actos en cuestión. Estas precisiones se hacen necesarias, toda vez que el artículo 1° del Código Fiscal de la Federación contempla lo siguiente: Articulo 1°. Las personas físicas y las morales, estén obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados interaccionares de los que México sea parte. Solo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico. La Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente. Los estados extranjeros, en casos de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos. No quedan comprendidas en esta exención las entidades o agencias pertenecientes a dichos estados. Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes. Consecuentemente, al tener los contribuyentes la calidad de personas físicas o morales, se entiende que realizan actos o actividades que pueden ubicarse en alguna hipótesis jurídica de tributación, actualizándose el hecho imponible y la obligación fiscal de tributar.
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CAPÍTULO III LA OBLIGACIÓN FISCAL PRIMERA SECCIÓN DEFINICIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA La obligación tributaria ha sido definida por Emilio Margáin como el vínculo jurídico en virtud del cual el Estado, denominado sujeto activo, exige a un deudor, denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria, excepcionalmente en especie. Por su parte, De la Garza sostiene que de la realización del presupuesto legal conocido como hecho imponible, surge una relación jurídica que tiene la naturaleza de una obligación, en cuyos extremos se encuentran los elementos personales: un acreedor y un deudor, y en el centro un contenido que es la prestación del tributo.
SEGUNDA SECCIÓN EL NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN FISCAL Como hemos visto, el hecho imponible es una hipótesis normativa a cuya realización se asocia el nacimiento de la obligación fiscal, y el hecho generador es el hecho material que se realiza en la vida real y que actualiza esa hipótesis normativa; por lo tanto, la obligación fiscal nace en el momento en que se realiza el hecho imponible, es decir, cuando se da el hecho generador, pues en ese momento se coincide con la situación abstracta prevista por la ley. Nos hemos referido a la hipótesis de incidencia como presupuesto o descripción hipotética de hechos que, de suscitarse en la realidad, dan lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Hemos analizado también el hecho generador como el evento que se lleva a cabo en la realidad, el cual, al encuadrar dentro de los supuestos previstos en la hipótesis de incidencia, origina la obligación tributaria. A la coincidencia de la hipótesis de incidencia con el hecho generador, la doctrina la ha llamado de subsunción. En la legislación mexicana, tal momento es denominado causación del tributo. Así, en el artículo 6° del Código Fiscal de la Federación se señala que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho (hechos generadores) previstas en las leyes fiscales (hipótesis de incidencia) vigentes durante el lapso en que ocurran.
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En relación con los tres tipos de tributo o contribuciones: • Impuestos. La obligación tributaria nace cuando se realizan los hechos generadores previstos en la ley en forma de hipótesis de incidencia. Por ejemplo, la obligación de pagar el impuesto sobre la renta nace en el momento en que una persona física o moral obtiene ingresos por el desarrollo de actividades empresariales (comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca). La determinación de la obligación tributaria y su posterior exigibilidad será objeto de estudio en los siguientes puntos de este capitulo. • Derechos. En este caso, la obligación tributaria surge on el momento en que se prestan los servicios administrativos; recuérdese que los derechos son contraprestaciones exigidas por la ley, a cambio de la prestación de un servicio público. Coincidimos con De la Garza en que la obligación tributaria nace en el momento en que se reciben los servicios, sin que tenga relevancia el hecho do que la autoridad administrativa cobre previa o posteriormente el importe del derecho, pues tal situación solo implica que la autoridad administrativa se garantice el interés fiscal. • Contribuciones especiales. En este caso, la obligación tributaria surge según el tipo de contribución especial de que se trate. Así, por ejemplo, tratándose de contribuciones especiales de mejora, la obligación nace en el momento en que la ley que la establece entra en vigor, independientemente de que se haya realizado o no la obra material que dará plusvalía al inmueble de un contribuyente, ya que el tributo nace por ministerio de ley y no porque se realicen materialmente las obras publicas. • Contribuciones especiales de seguridad social. De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Seguro Social, este tipo de contribuciones surge en el momento en que se establece la relación laboral entre patrón y trabajador. La determinación y liquidación del tributo se lleva a cabo en fecha posterior al nacimiento de la obligación.
TERCERA SECCIÓN DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN FISCAL
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La determinación de determinar la obligación fiscal consiste en constatar la realización del hecho imponible o existencia del hecho generador y la precisión de la deuda en cantidad liquida. Pugliese nos dice que a través de esta institución el Estado tiende a un fin único y predominante: hacer cierta y realizable su pretensión, transformar la obligación abstracta y genérica de los contribuyentes para el pago de los gastos públicos, en una obligación individual y concreta de una prestación determinada. Asimismo, la determinación radica en fijar los elementos inciertos de la obligación, tales como que la hipótesis de incidencia quedó configurada al realizarse un hecho generador que coincidió exactamente con ella, así como señalar el sujeto pasivo a cargo del cual correrá la obligación de pagar el tributo, ya sea por adeudo propio o ajeno, el monto de la obligación en cantidad cierta, etcétera. En la legislación mexicana se han implantado los términos de determinación y liquidación. El término “liquidación” se ha empleado para denominar a la actividad consistente en señalar el monto exacto, en dinero o especie, a cubrir por concepto del nacimiento de la obligación tributaria, y el término “determinación” se aplica a la identificación de los hechos generadores que dan lugar al nacimiento de obligaciones fiscales.
CUARTA SECCIÓN ÉPOCA DE PAGO DE LA OBLIGACIÓN FISCAL La época de pago de la obligación fiscal es el plazo o el momento establecido por la ley para que se satisfaga la obligación; por lo tanto, el pago debe hacerse dentro del plazo o en el momento que para ese efecto señale la ley. Se distinguen tres casos: • El gravamen se paga antes de que nazca la obligación fiscal. • El gravamen se paga en el instante en que mace la obligación fiscal. • El gravamen se paga después de que nace la obligación fiscal. Es decir, dependiendo del tipo de gravamen o de los momentos en que se ubican o se dan los supuestos de la hipótesis tributaria, se deberá cubrir la contribución; ya sea que se trate de una contribución periódica, sucesiva o instantánea, para tales efectos se debe atender a los momentos de determinación y pago. QUINTA SECCIÓN NATURALEZA JURÍDICA DE LA DETERMINACIÓN
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Para explicar la naturaleza jurídica de la determinación existen tres tesis: PRIMERA TESIS: de efectos declarativos. La obligación fiscal habrá nacido con la realización del hecho generador, y la determinación únicamente tendrá efecto declarativo por parte de la autoridad respecto de la obligación. SEGUNDA TESIS: de efectos constitutivos. La obligación fiscal nacerá en el momento en que la autoridad administrativa produzca el acto de determinación. TERCERA TESIS: ecléctica. Quienes la sostienen atribuyen un carácter constitutivo y declarativo al acto de determinación. Se puede afirmar que el legislador mexicano aplicó la tesis que contempla que la determinación produce efectos tanto declarativos como constitutivos, puesto que existe distinción entre el momento en que nace la obligación fiscal y el momento de la exigibilidad de la obligación fiscal. Es decir, la determinación tendrá un aspecto declarativo en los casos en que la obligación nazca en el momento en que se realiza el presupuesto de hecho, y una situación diversa se da cuando se determina y liquida la obligación por parte de la autoridad administrativa. En este caso, el deudor no puede efectuar el pago aún cuando pretendiera hacerlo, ya que la exigibilidad del crédito esta sujeta a una condición: que la autoridad administrativa lleve a cabo la determinación y liquidación. Clases de determinación. Existen tres tipos de determinación de la obligación tributaria, a saber: A) La que lleva a cabo el sujeto pasivo de forma espontánea, sin la intervención de la autoridad fiscal. B) La que realiza la autoridad administrativa sin intervención del sujeto pasivo. En este caso, se esta ante una determinación de oficio. C) Determinación efectuada por la administración con la colaboración del sujeto pasivo, conocida también como procedimiento mixto.
SEXTA SECCIÓN DETERMINACIÓN LLEVADA A CABO POR EL SUJETO PASIVO En este caso, el sujeto pasivo reconoce la existencia de hechos generadores que dan lugar a obligaciones fiscales a su cargo, las cuales
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determina y liquida aplicando a los hechos imponibles los parámetros o bases imponibles previstos en la ley, con los cuales obtendré el monto de la obligación a su cargo. La determinación de la obligación por el sujeto pasivo esta prevista en el artículo 6° del Código Fiscal de la Federación, en el cual se establece lo siguiente: ART. 6".— Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionaran Ia información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación. Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentaré ante las oficinas autorizadas, dentro del plazo que a continuación se indica: I. Si la contribución se calcula por periodos establecidos en Ley y en los casos de retención o de recaudación de contribuciones, los contribuyentes, retenedores o las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudarlas, las enterarán a mas tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior al de terminación del periodo de la retención o de la recaudación, respectivamente. ll. En cualquier otro caso, dentro de los 5 días siguientes al momento de la causación. En el caso de contribuciones que se deben pagar mediante retención, aún cuando quien deba efectuarla no retenga o no haga pago de la contraprestación relativa, el retenedor estará obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido. Cuando los retenedores deban hacer un pago en bienes, solamente harán la entrega del bien de que se trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda nacional.
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Quien haga pago de créditos fiscales deberá obtener de la oficina recaudadora, la forma oficial, el recibo oficial o la forma valorada, expedidos y controlados exclusivamente por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico o la documentación que en las disposiciones respectivas se establezca en la que conste la impresión original de la máquina registradora. Tratándose de los pagos efectuados en las oficinas de las instituciones de crédito y se deberé obtener Ia impresión de la máquina registradora, el sello, la constancia o el acuse de recibo electrónico con sello digital. Cuando las disposiciones fiscales establezcan opciones a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o para determinar las contribuciones a su cargo, la elegida por el contribuyente no podrá variarla respecto al mismo ejercicio. Como se puede observar, en el mismo artículo antes descrito se establece la posibilidad de que las autoridades fiscales lleven a cabo la determinación, en cuyo caso el sujeto pasivo tiene la obligación de proporcionar la información necesaria para la determinación de la obligación a su cargo, dentro de los quince días siguientes a la realización del hecho generador. Independientemente de que el sujeto pasivo cumpla estrictamente con el compromiso de determinar la obligación a su cargo, la ley establece a favor de la autoridad fiscal un término de cinco años a partir de la fecha en que se presento o debió presentarse la declaración, en el cual puede revisar los elementos declarados por el contribuyente, como el monto del ingreso declarado, la aplicación a los parámetros o bases imponibles de las alícuotas o tipos de gravamen, y demás elementos necesarios para la determinación adecuada de la obligación fiscal.
SÉPTIMA SECCIÓN CRÉDITO FISCAL Al haber definido la obligación contributiva o tributaria, cuantificada en cantidad liquida, es decir que se haya precisado su monto, surge entonces lo que se denomina crédito fiscal. Se puede decir que los créditos fiscales están identificados más explícitamente con la determinación en cantidad líquida de una contribución, multa, recargo, etc., que con el nacimiento o causación de la obligación contributiva o tributaria, ya que se dan en diferentes momentos.
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El nacimiento o causación de la obligación contributiva o tributaria comienza en el momento en que se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas por la ley y que generan la obligación. En cambio, la determinación de la obligación contributiva o tributaria es un acto posterior a su nacimiento o causación, y consiste en precisar si el acto realizado encuadra en el supuesto previsto por la ley y genera la citada obligación contributiva, que posteriormente será cuantificada en cantidad liquida, ya sea por el contribuyente o por la autoridad fiscal, aplicando los procedimientos establecidos en la ley fiscal para obtener el importe del crédito fiscal a pagar. Es importante señalar que actualmente el Código Fiscal de la Federación (CFF) no define propiamente lo que debe entenderse por crédito fiscal, sino que se limita a dar un listado de conceptos que por disposición del citado Código se consideran créditos fiscales. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4° del Código Fiscal de la Federación, son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados y que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluidos los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. La definición anterior no es muy afortunada, ya que en todo caso, el Estado tiene derecho a percibir las contribuciones y sus accesorios que se encuentren establecidos en la legislación fiscal y que, al formar parte de los ingresos presupuestados en la Ley de Ingresos de la Federación, por ese simple hecho, ya son exigibles. La redacción del Código Fiscal de la Federación de I967 resultaba más precisa, ya que establecía lo siguiente: ART. 18.- El crédito fiscal es la obligación fiscal determinada en cantidad liquida y debe pagarse en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. Por su parte, el artículo 19 del citado Código del mismo año precisaba lo siguiente: ART, 19.-La falta de pago de un crédito fiscal en la fecha o plazo establecido en las disposiciones respectivas, determina que el crédito fiscal sea exigible. Como se puede apreciar, en los artículos antes citados, mismos que son antecedentes del actual artículo 4° del Código Tributario Federal, al menos la
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definición era mas interpretaciones.
clara
y
no
propiciaba
confusiones
o
indebidas
Ahora bien, los créditos fiscales son, como cita la ley, los derechos de cobro a favor del Estado 0 de sus organismos descentralizados (IMSS, INFONAVIT, etc.), los cuales se integran por: • • • • •
Contribuciones. Recargos. Sanciones (multas). Gastos de ejecución. Indemnizaciones por cheques devueltos.
La relación directa entre cada uno de los anteriores conceptos es muy obvia, pues si la autoridad detecta algún impuesto o contribución aún vigente pero omitido por el contribuyente, entonces procederá a cuantificar los recargos, las multas aplicables y, por tanto, a determinar el crédito fiscal, asignándole un numero de control y exigiendo al contribuyente el pago de dicho crédito. Nacimiento y ciclo del crédito fiscal Una de las fuentes más importantes en el estudio del Derecho Fiscal es el nacimiento o causación de la obligación contributiva o tributaria, pues en ese momento surge o nace la obligación de dotar materialmente al Estado de los recursos económicos necesarios para sufragar los gastos públicos. De conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del articulo 6° del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran y se determinarán conforme a dichas disposiciones. Es decir, para que se cause o nazca una obligación contributiva, debe realizarse el hecho o situación prevista por la ley fiscal respectiva. Una vez que nace o se causa la obligación contributiva o tributaria, resulta imprescindible conocer las reglas conforme a las cuales debemos determinar en cantidad liquida, el importe a cargo del contribuyente, el crédito fiscal. Este procedimiento se conoce doctrinalmente como: “Determinación de la obligación contributiva o tributaria”. No obstante que la legislación fiscal no lo regula, en el análisis del mismo podemos identificar tres momentos, a saber: el nacimiento o causación, que consiste en la realización de los hechos, actividades o situaciones gravadas por la ley; la determinación, que consiste en el señalamiento de que la acción o
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conducta realizada encuadra en el supuesto previsto por la ley; la liquidación, que consiste en la operación de los cálculos matemáticos correspondientes, obtener el importe de la contribución a pagar, o sea el crédito fiscal, y el momento o época de pago de la contribución respectiva. El nacimiento o casación de la obligación contributiva o tributaria puede derivar de los siguientes supuestos: • Porque el contribuyente haya originado el nacimiento de la obligación individualmente, al realizar los hechos gravados por la ley fiscal respectiva. • Porque el contribuyente haya originado el nacimiento de la obligación al realizar los hechos gravados por la ley fiscal respectiva, en concurrencia con otra persona (copropietario). • Porque el contribuyente haya sustituido al sujeto pasivo originario voluntariamente (herederos o legatarios). • Porque el contribuyente haya sustituido al sujeto pasivo originario, por disposición de la ley fiscal respectiva (fedatarios públicos). • Porque el incumplimiento de una obligación fiscal trajo como consecuencia la evasión total o parcial de contribuciones, por parte del que dio nacimiento a la obligación fiscal (patrones). • Por haber adquirido un bien que se encuentra afecto al pago de contribuciones adeudadas por el anterior propietario o poseedor (adquisición de negociaciones). Determinación de los créditos fiscales La determinación de la obligación contributiva o tributaria Por determinación debemos entender el razonamiento lógico jurídico, para precisar si la conducta realizada encuadra o no en el supuesto previsto por la ley, como generadora de la obligación contributiva o tributaria, para que a su vez se aplique el procedimiento de liquidación establecido por la ley fiscal respectiva y, previas las operaciones matemáticas correspondientes, obtener el importe a pagar de la cantidad liquida, o sea el crédito fiscal a cargo del contribuyente. La liquidación, la realización de las operaciones matemáticas para precisar la cantidad de la contribución correspondiente, deberá hacerse en moneda nacional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, conforme a las normas vigentes en el momento de su causación.
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La determinación de la obligación contributiva o tributaria puede hacerse: • Por el contribuyente. En nuestro sistema fiscal, prevalece el principio de la autodeterminación de las contribuciones, es decir que por disposición expresa de la ley, en principio le corresponde al contribuyente o sujeto pasivo, determinar y liquidar el importe de la contribución a su cargo, de conformidad con el artículo 6° del Código Fiscal de la Federación. Este sistema se establece porque el contribuyente es quien dispone de los elementos necesarios para determinar si su conducta encuadra o no con el supuesto previsto por la ley, como generador de la obligación contributiva o tributaria, y obtener de acuerdo con las disposiciones vigentes en el momento de su causación, el importe de la contribución a pagar, reservándose la autoridad fiscal el derecho de revisar lo declarado o manifestado por el contribuyente. • Por la autoridad fiscal, cuando corresponde a ésta efectuar la determinación de la contribución por disposición expresa de la ley, los contribuyentes deberán proporcionarle la información necesaria dentro de los quince días siguientes a la fecha de su causación, en los términos del artículo 6° del Código Fiscal de la Federación. • Por acuerdo de ambos, cuando tanto la autoridad fiscal como el contribuyente, según los datos requeridos por la ley de que se trate, determinaran el monto a pagar. Actualmente no se utiliza en nuestra legislación este mecanismo, por considerarse que fomenta la corrupción. Existen varios supuestos que generan el nacimiento o causación y la posterior determinación de los créditos fiscales: La contribución se determina y se paga antes de que se cause o nazca Ia obligación. En este caso, primero se paga el importe del futuro crédito fiscal y después se realizan los hechos generadores de la contribución. Como ejemplo se pueden mencionar los derechos de explotación forestal, pues primero se paga el importe y posteriormente se realiza la explotación. La contribución se determina y se paga en el momento en que nace la obligación. En el momento que se realizan los hechos o situaciones previstas por la ley que dan origen al nacimiento de la obligación contributiva, se determina y se paga el importe del crédito fiscal correspondiente; como ejemplo se tienen los derechos por servicios de correos, en los cuales el importe se paga en el momento de solicitar el servicio de remisión de la pieza postal.
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La contribución se paga después de que se cause o nazca la obligación. En este caso primero se realizan los hechos generadores de la obligación contributiva, y después se determina en calidad liquidada y se paga el imparte dentro de los plazos establecidos por la ley correspondiente. Esta última situación es la que actualmente prevalece en la mayoría de las leyes fiscales por ser más cómodo para el contribuyente, que está sujeto a un registro para el control y revisión de sus obligaciones. En este sentido, podemos concluir desde luego que al darse la relación jurídico tributaria, la hipótesis de la tributación, la existencia del sujeto pasivo y el sujeto activo de dicha relación, el hecho generador o imponible de la tributación, se configuran las obligaciones formales relacionadas con las contribuciones, destacando entre ellas la de cálculo, determinación y pago; es decir, corresponde al contribuyente cubrir el adeudo fiscal dentro de los plazos y en los términos establecidos por la legislación fiscal, por lo que podemos considerar que si existe una obligación de pagar una contribución. Sin embargo, ésta no es exigible hasta que el plazo para enterarla oportuna, voluntaria y espontáneamente no haya concluido, pues sólo al vencer dicho plazo la obligación se convierte en crédito fiscal, toda vez que conlleva intrínsecamente la exigibilidad y desde luego los accesorios que la falta de pago en tiempo y forma genera. No obstante lo anterior, es importante señalar que a partir del 1° de enero de 2008, Ia autoridad fiscal introdujo otra figura de “crédito fiscal”, derivada de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y que define de la siguiente manera: Es una cantidad que se determina cuando el monto de las deducciones es mayor a los ingresos gravados en el ejercicio de que se trate. Se determina aplicando la tasa respectiva sobre el excedente. Esta cantidad pueden descontarla o acreditarla los contribuyentes contra el impuesto empresarial a tasa única del ejercicio o contra los pagos provisionales de dicho impuesto, en los diez ejercicios siguientes hasta agotarlo. También se podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se generé el crédito; en este caso, dicha cantidad ya no podrá acreditarse contra el impuesto empresarial a tasa única y su aplicación no dará derecho a devolución alguna. El monto del crédito fiscal determinado se podrá actualizar desde que se generó hasta que se aplique.
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De tal suerte que estamos ante la presencia “ilógica” de dos figuras de “crédito fiscal”; la primera se origina como consecuencia de la falta de pago oportuno de la obligación tributaria, y la segunda, cuando como consecuencia de determinar la base para el pago del impuesto empresarial a tasa única, el contribuyente hubiese realizado más gastos que los ingresos percibidos en un mismo periodo, generando un saldo a favor que la ley califica como crédito fiscal. En tales circunstancias, resultaría importante que en el futuro se pudiesen distinguir estas figuras para evitar confusiones, y sobre todo una indebida interpretación y aplicación del crédito fiscal.
OCTAVA SECCIÓN APLICACIÓN ESTRICTA DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS Y LEGISLACIÓN SUPLETORIA
La aplicación de las disposiciones fiscales, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5° del Código Fiscal de la Federación, son de aplicación estricta: ART, 5".— Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método du interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. De manera hermenéutica hay que apreciar lo dispuesto en este precepto, así como lo precisado en los párrafos primero y segundo del artículo 6° del mismo Código Tributario Federal, ya que si bien las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran, también es cierto que dichas contribuciones se determinaran conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. Es decir, a una contribución omitida de un ejercicio fiscal de 2005, se le aplicaran las disposiciones de ese ejercicio relativas al objeto, sujeto, base,
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tasa o tarifa; pero al mismo tiempo, se usaran las normas que sobre procedimiento se hubiesen expedido al momento de su determinación, sobre todo si quien la efectúa es la autoridad en ejercicio de sus facultades discrecionales. Ahora bien, es preciso entender lo que es una norma jurídica, qué es lo que comprende la ley, las manifestaciones del Derecho a las que el legislador les atribuye esta calidad; en cuanto a la ley, se le divide en dos formas: en sentido material, es toda norma jurídica y, en sentido formal, es toda disposición elaborada por el Poder Legislativo aunque no sea norma jurídica. En cuanto a la definición de una norma jurídica procesal, podemos decir que regula la relación procesal, y la naturaleza de una ley no debe deducirse del lugar en que aparece incluida; los objetos de una ley procesal son Ia formación de órganos jurisdiccionales y la regulación de las normas de actuación de la ley. La clasificación de la norma procesal civil se da en esta forma: la ley procesal está en su sentido formal, que es el procedimiento; en su sentido material, que es regular la capacidad de las partes, y en el sentido orgánico, que atiende a la Constitución y a los órganos de jurisdicción. Las clases de interpretación son jurisdiccional (juez), doctrinal (estudio), auténtica (legislador), vulgar (todos los que no estudiaron Derecho). El fundamento de la norma jurídica procesal es la disposición o regla de derecho en el cual tiene por objeto el cumplir en cuanto a los actos de signos exteriores, ya que las reglas procesales están contenidas en cuerpos legales de forma sustantiva o material. La forma de interpretar la ley es realizada por los órganos legislativos, por los tratadistas o por los órganos jurisdiccionales; su objeto es encontrar el verdadero sentido de la norma y el exacto alcance que debe atribuírsele; en cuanto a su integración, es la actividad intelectual del juez encaminada a encontrar y aplicar la forma adecuada para cubrir una forma de la ley ante la obligación rigurosa de decir un caso concreto y determinado. Karl Marx concibe el Derecho como superestructura de las relaciones de producción, es decir, como una ideología de la estructura económica de una sociedad, Por lo tanto, cuando las clases que ostentan el poder ven amenazados sus intereses o sienten la necesidad de cambiar las normas, éstas son adaptadas a las nuevas condiciones socioeconómicas; por lo tanto, la norma jurídica material o procesal cambia en el tiempo obedeciendo no lógicas internas del proceso o del derecho material, sino a factores externos de orden socioeconómico.
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Con el positivismo de Kelsen, la lógica interna, es decir, el derecho pum, independiente de toda subjetividad del legislador o dispensador de justicia, es lo que determina la relación norma material y norma procesal en el tiempo. Como puede verse, son múltiples las interpretaciones y factores que han incidido en el desarrollo de la aplicación de la norma sustantiva y procesal en el tiempo; la filosofía del Derecho al igual que la socio—jurídica nos proporcionan muchos datos acerca de como se ha explicado y cómo ha funcionado la norma en el tiempo. Ahora, desde una concepción más contemporánea y del Derecho actual, veamos como se aborda esta temática en particular. Analizar la norma procesal en el tiempo es esencial para la protección de los derechos sustantivos y adjetivos de las partes. Por razones de orden metodológico, abordaremos inicialmente conceptos que resulta necesario tratar para lograr mayor claridad y rigor en el desarrollo de esta temática. En primer lugar, diferenciaremos la naturaleza jurídica de la norma procesal y de la norma sustantiva; en este ejercicio encontraremos diferencias pero también algunas coincidencias en materia procesal, lo cual resulta útil para el trabajo que nos proponemos adelantar. La norma jurídica según Kelsen, es la que emana del Estado, tiene precepto y sanción; la norma procesal normalmente no tiene sanción. La doctrina es muy rica en esta materia, diversos tratadistas nos pueden ayudar a comprender la naturaleza jurídica de la norma procesal y de la norma sustantiva. Por ejemplo, Piero Calamandrei, al hacer un trabajo de ubicación de la norma en el proceso, llega a diferenciar la norma material de la instrumental, y señala que las norma procesal está dentro del proceso, en tanto que la sustantiva se halla fuera del proceso. Francesco Carnelutti instrumentaliza la norma procesal, al considerar que esta se refiere a los instrumentos o requisitos de los actos dentro del proceso; a diferencia de la norma sustantiva, que contiene un juicio de valor y soluciona una situación problemática. Este carácter instrumental que le asigna Carnelutti a la norma procesal es muy importante para comprender su finalidad, pues encamina esas normas a resolver el conflicto, como un conjunto de operaciones dentro del proceso, de allí su carácter instrumental; la norma procesal entendida de esa manera operacional, señala el camino, los pasos que se deben seguir en el proceso para dar solución al acto o hecho jurídico; de esta manera la norma procesal tiene un carácter restringido, el proceso.
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Pareciera haber suficiente claridad sobre el lugar donde se encuentra la norma material y la norma instrumental: la primera estaría fuera del proceso, mientras que la segunda, en el proceso; sin embargo, hay quienes consideran que la norma sustancial o material esta contenida en el proceso, en la pretensión de la demanda. La norma procesal señalaría el procedimiento a observar para atender la pretensión, ambas se encontrarían en el proceso; por lo tanto, creemos que el y elemento revelador de la naturaleza jurídica de la norma procesal tiene que ver con sus elementos, ya señalados. Siguiendo esta misma línea de pensamiento, Luis Eduardo Couture sostiene que la norma procesal es meramente descriptiva, pues señala los pasos, los procedimientos que se deben atender para resolver un conflicto; por el contrario, la norma material contiene un derecho, un juicio, comprende mandatos, estatus, a veces también describe conductas. La norma sustantiva describe conductas, licitas o ilícitas, mientras que la norma procesal describe el desarrollo del proceso, su origen y evolución; es decir, se pone de manifiesto en este nuevo análisis el carácter instrumental de la norma procesal. Este reconocimiento de la naturaleza jurídica de la norma procesal y de la norma material es útil, en la medida que nos permite superar la concepción que tiene que ver con la supuesta identidad entre código procesal y código sustantivo; aunque generalmente esto sea cierto, no siempre sucede así, pues en ocasiones podemos encontrar normas procesales en los códigos sustantivos, o normas materiales en los códigos procesales. Se necesita, entonces, reconocer cual es la finalidad de la norma procesal, independientemente del lugar que ésta ocupe, porque sus elementos jurídicos orientan en su aplicación, y además porque son distintos a los de la norma material. La finalidad de la norma procesal es darle aplicación a la norma material, al Derecho Sustancial, sin la norma procesal el Derecho Sustantivo seria ineficaz, no habría lugar a su aplicación, un mismo caso tendría múltiples maneras de resolverse, atendiendo el conocimiento del juez, y esto generaría una altísima inseguridad jurídica, pues se verían amenazados los derechos más elementales que contempla el debido proceso e incluso se vería afectado el orden publico. Queda claro entonces cual es la finalidad suprema de la norma procesal y cuál su importancia dentro del Derecho. Tanto el Derecho Sustantivo como el Procesal son fundamentales dentro del ordenamiento jurídico de un país, no puede pensarse que uno es de mayor importancia que el otro.
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En definitiva, la norma procesal reglamenta el proceso de aplicación y creación de la ley sustancial, en virtud del carácter de norma que tiene la sentencia y de su coercibilidad. Lo anterior plantea un problema relacionado con establecer cuál ley procesal debe ser aplicada a cada proceso en particular, si el dispensador de justicia se halla frente a leyes diversas que se encuentran en total o parcial incompatibilidad, expedidas en forma legitima en momentos diferentes; es decir, el operador de justicia se encuentra ante normas que fueron expedidas en épocas distintas. La doctrina dice que cada acto debe sujetarse de manera integra y exclusiva a las normas vigentes en el lugar y en el momento en que se realiza, si tenemos en cuenta que a nadie se le puede exigir la observancia de disposiciones que no se conocen o que aun no entran en vigor. Tampoco se le puede pedir a un sujeto que obre conforme a la norma cuya vigencia ya expiro. Jaime Guasp habla de la unidad del proceso, al igual que los diferentes actos que hacen parte del proceso, según estos dos elementos existe un derecho adquirido del proceso, si tenemos en cuenta que las leyes procesales para no ser retroactivas únicamente se pueden aplicar a los procesos verdaderamente nuevos. Como pude verse, existen argumentos jurídicos muy sólidos a favor de unos derechos que se consideran adquiridos y no de simple expectativa, como suelen creer quienes piensan de manera diferente. Es frecuente que cuando la ley procesal cambia en el transcurso del proceso, en su mismo cuerpo normativo señale los limites de su aplicabilidad a los procesos en curso, tratando de armonizar las exigencias del respeto por los efectos jurídicos procesales ya producidos por actos iniciados bajo el régimen del proceso anterior, los cuales tienen proyección en el tiempo especialmente por la estructura dinámica de la norma procesal, con el principio de inmediata aplicación, característica que también proviene de la norma procesal. Todas estas dificultades deben resolverse en la aplicación de por lo menos dos principios esenciales: el de la conservación de los actos jurídicos y el de coherencia lógica de las normas. De acuerdo con el primero, los actos ya producidos son validos; y de acuerdo con el segundo, solamente puede permitirse el acoplamiento de lo viejo y lo nuevo cuando una y otra voluntad normativa resulten compatibles entre si. Otro aspecto importante se relaciona con la organización judicial y la asignación de competencias, la doctrina sostiene que lo mas frecuente es que se aplique solo a los procesos que aún no han comenzado. Se tiene como regla general que la norma, y en particular la procesal, nace y tiene efecto a partir de su promulgación; sin embargo, puede suceder
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que la misma norma expresamente diga en que momento o tiempo comienza a regir. En este caso la misma ley lo expresa, pero si no lo hace, se entiende que comienza a regir a partir del mismo momento de su promulgación. Se propugna entonces la aplicación natural del principio de derogación, la vigencia inmediata de la ley procesal atemperada por los principios de conservación y de coherencia en cada caso particular. En este orden de ideas, se puede concluir que la norma sustantiva es aquella que se refiere al hecho concreto del momento de la tributación, aplicándose por consecuencia las disposiciones que se encontraban vigentes; pero en cuanto al procedimiento, es decir, facultades, atribuciones, sanciones a las conductas y otras de naturaleza análoga, se utilizaran las normas procesales vigentes en el momento en que la autoridad las determine o cuando el propio contribuyente se las aplique. Por otra parte, en cuanto a la supletoriedad de la norma especifica por la genérica, es conveniente precisar que el Código Fiscal de la Federación claramente establece que, cuando la norma fiscal no contemple alguna situación en particular, se podrá utilizar la legislación federal común, entendiéndose como tal el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su caso, el Código Civil Federal, siempre y cuando su aplicación no resulte contraria a las disposiciones tributarias. Es importante que el Código Tributario contemple esta posibilidad, ya que la supletoriedad no se intuye, sino que en todo caso debe estar debidamente contemplada y prevista en el ordenamiento que le permite su suplencia, pues de lo contrario su aplicación es invalida.
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TÍTULO III OBLIGACIONES FORMALES DE LOS CONTRIBUYENTES CAPÍTULO I REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y AVISOS PRIMERA SECCIÓN REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es un instrumento de identificación fiscal, a través del cual la autoridad lleva un padrón de las personas físicas y morales que realizan actividades gravadas y que, por consiguiente, se encuentran obligadas a tributar. No obstante lo anterior, en ese registro también se encuentran inscritas las personas morales cuyo fin no es lucrativo, es decir, que para efectos del
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impuesto sobre la renta no se consideran contribuyentes, pero que pueden recibir donativos o adquirir bienes y servicios por los cuales deberán enterar las retenciones que efectúen o que les hubiesen trasladado, así como expedir recibos que contengan el número de autorización de la autoridad para recibir dichos donativos. Por otra parte, los empleadores deben registrar a sus trabajadores y obtener su clave de identificación fiscal, para que se abone a la cuenta de éstos las retenciones y enteros de las contribuciones que les realicen, así como expedirles las constancias de retención respectivas. En esencia, el RFC representa una forma de control y de fiscalización de las cantidades que los contribuyentes inscritos deben efectuar periódicamente, así como de los movimientos, avisos y declaraciones que de igual manera deben presentar. En la Unión Americana este número se maneja como Registro de Seguridad Social, sin el cual no es posible acceder a una serie de servicios. En México, para poder acreditar gastos o deducciones en prácticamente todos los ámbitos, se nos pide que exhibamos la “Cédula de Identificación Fiscal” (CIF), documento expedido por la autoridad y que al presentarlo al vendedor de algún bien o prestador de servicio, este se ve obligado a facturar y, en su caso, trasladar por separado el impuesto al valor agregado. El artículo 27 del Código Fiscal de la Federación establece lo siguiente: ART. 27.- Las personas morales, así como las personas físicas que deban presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes por las actividades que realicen, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria y su certificado de firma electrónica avanzada, así como proporcionar la información relacionada con su identidad, su domicilio y en general sobre su situación fiscal, mediante los avisos que se establecen en el Reglamento de este Código. Asimismo, las personas a que se refiere este párrafo estarán obligadas a manifestar al registro federal de contribuyentes su domicilio fiscal; en el caso de cambio de domicilio fiscal, deberán presentar el aviso correspondiente, dentro del mes siguiente al día en el que tenga lugar dicho cambio salvo que al contribuyente se le hayan iniciado facultades de comprobación y no se le haya notificado la resolución a que se refiere el articulo 50 de este Código, en cuyo caso deberá presentar el aviso previo a dicho cambio con cinco días de anticipación. La autoridad fiscal podrá considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquel en el que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el articulo 10 de este Código, cuando el manifestado en las solicitudes y avisos a que se refiere este artículo no corresponda a alguno de los supuestos de dicho precepto.
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Asimismo, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes y su certificado de firma electrónica avanzada, así como presentar los avisos que señale el Reglamento de este Código, los socios y accionistas de las personas morales a que se refiere el párrafo anterior, salvo los miembros de las personas morales con fines no lucrativos a que se refiere el Titulo III de la Ley del lmpuesto sobre la Renta, así como las personas que hubiesen adquirido sus acciones a través de mercados reconocidos o de amplia bursatilidad y dichas acciones se consideren colocadas entre el gran público inversionista, siempre que, en este ultimo supuesto, el socio o accionista no hubiere solicitado su registro en el libro de socios y accionistas. Las personas morales cuyos socios o accionistas deban inscribirse conforme al párrafo anterior, anotaran en el libro de socios y accionistas la clave del registro federal de contribuyentes de cada socio y accionista y, en cada acta de asamblea, la clave de los socios o accionistas que concurran ala misma. Para ello, la persona moral se cerciorara de que el registro proporcionado por el socio o accionista concuerde con el que aparece en la cédula respectiva. No estarán obligados a solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes los socios o accionistas residentes en el extranjero de personas morales residentes en México, así como los asociados residentes en el extranjero de asociaciones en participación, siempre que la persona moral o el asociante, residentes en México, presente ante las autoridades fiscales dentro de los tres primeros meses siguientes al cierre de cada ejercicio, una relación de los socios, accionistas o asociados, residentes en el extranjero, en la que se indique su domicilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal. Las personas que hagan los pagos a que se refiere el Capitulo l del Titulo IV de la Ley de Impuesto sobre la Renta, deberán solicitar la inscripción de los contribuyentes a los que hagan dichos pagos, para tal efecto éstos deberán proporcionarles los datos necesarios. Las personas físicas y las morales, residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, que no se ubiquen en los supuestos previstos en el presente articulo, podrán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes, proporcionando su numero de identificación fiscal, cuando tengan obligación de contar con éste en el país en que residan, así como la información a que se refiere el primer párrafo de este artículo, en los términos y para los fines que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, sin que dicha inscripción les otorgue la posibilidad de solicitar la devolución de contribuciones. Los fedatarios públicos exigirán a los otorgantes de las escrituras públicas en que se haga constar actas constitutivas, de fusión, escisión o de
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liquidación de personas morales, que comprueben dentro del mes siguiente a la firma que han presentado solicitud de inscripción, o aviso de liquidación o de cancelación, según sea el caso, en el registro federal de contribuyentes, de la persona moral de que se trate, debiendo asentar en su protocolo la fecha de su presentación; en caso contrario, el fedatario deberá informar de dicha omisión al Servicio de Administración Tributaria dentro del mes siguiente a la autorización de la escritura. Asimismo, los fedatarios públicos deberán asentar en las escrituras públicas en que hagan constar actas constitutivas y demás actas de asamblea de personas morales cuyos socios o accionistas deban solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes, la clave correspondiente a cada socio o accionista o, en su caso, verificar que dicha clave aparezca en los documentos señalados. Para ello, se cerciorarán de que dicha clave concuerde con la cédula respectiva. Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios deban presentar la información relativa a las operaciones consignadas en escrituras públicas celebradas ante ellos, respecto de las operaciones realizadas en el mes inmediato anterior, dicha información deberé ser presentada a mas tardar el día 17 del mes siguiente ante el Servicio de Administración Tributaria de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita dicho órgano. La declaración informativa a que se refiere el párrafo anterior deberá contener, al menos, la información necesaria para identificar a los contratantes, a las sociedades que se constituyan, el numero de escritura pública que le corresponda a cada operación y la fecha de firma de la citada escritura, el valor de avalúo de cada bien enajenado, el monto de la contraprestación pactada y de los impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales correspondieron a las operaciones manifestadas. El Servicio de Administración Tributaria llevará el registro federal de contribuyentes basándose en los datos que las personas le proporcionen de conformidad con este articulo y en los que obtenga por cualquier otro medio; asimismo asignará la clave que corresponda a cada persona inscrita, quien deberé citarla en todo documento que presente ante las autoridades fiscales y jurisdiccionales, cuando en este ultimo caso se trate de asuntos en que el Servicio de Administración Tributaria o la Secretaria de Hacienda y Crédito Público sea parte. Las personas inscritas deberán conservar en su domicilio fiscal la documentación comprobatoria de haber cumplido con las obligaciones que establecen este artículo y el Reglamento de este Código. La clave a que se refiere el párrafo que antecede se proporcionaré a los contribuyentes a través de la cédula de identificación fiscal o la constancia de
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registro fiscal, las cuales deberán contener las características que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Tratándose de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en donde se almacenen mercancías y en general cualquier local o establecimiento que se utilice para el desempeño de sus actividades, los contribuyentes deberán presentar aviso de apertura o cierre de dichos lugares en la forma que al efecto apruebe el Servicio de Administración Tributaria y conservar en los lugares citados el aviso de apertura, debiendo exhibirlo a las autoridades fiscales cuando éstas lo soliciten. La solicitud o los avisos a que se refiere el primer párrafo de este artículo que se presenten en forma extemporánea, surtirán sus efectos a partir de la fecha en que sean presentados. Las autoridades fiscales podrán verificar la existencia y localización del domicilio fiscal manifestado por el contribuyente en el aviso respectivo. Las personas físicas que no se encuentren en los supuestos del párrafo primero de este artículo, podrán solicitar su inscripción al registro federal de contribuyentes, cumpliendo los requisitos establecidos mediante reglas de carácter general que para tal efecto publique el Servicio de Administración Tributaria. De conformidad con este dispositivo legal, todos los que se ubiquen en Ia hipótesis tributaria, deberán solicitar su inscripción y registro ante el citado padrón de contribuyentes. Avances del Registro Federal de Contribuyentes a partir de 2008: 1. Cuando los contribuyentes acuden a realizar su inscripción, se les hace entrega, en forma gratuita, de la guía de obligaciones fiscales, para que se enteren de las fechas o periodos de cumplimiento. Además, la guía también se obtiene en la página de Internet www.sat.gob.mx. 2. Los contribuyentes recogen la CIF en la Administración Local de su preferencia. Se realiza la inscripción y entrega de la CIF de forma inmediata. 3. Se eliminó el envío de la CIF por SEPOMEX. Se entrega de forma inmediata. 4. A partir del 1° de enero de 2008, la CIF es de libre impresión por el propio contribuyente. 5. Los contribuyentes tramitan y recogen la CIF en la Administración Local de su preferencia. Se implementa el sistema de citas vía Internet en caso de que así lo prefiera el contribuyente.
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6. Se eliminó la verificación domiciliaria como requisito para entregar la CIF en el caso de personas físicas y morales. 7. Se elimino el formato R1, el contribuyente se presenta en la Administración Local de su preferencia y a través de un sistema especializado (Solución Integral) puede verificar que sus datos estén correctos. 8. Las personas morales pueden inscribirse ante fedatario público y recibir una CIF definitiva. A continuación se señalan las obligaciones y documentos que deberán acompañar tanto las personas físicas como las morales para quedar debidamente registradas, según el tipo de actividad o persona de que se trate: Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes Fundamento legal: CFF 27; RCFF 14, 15, 16 y 18; RMF 2.3.9. Formato R-1 “SOLICITUD DE INSCRIPCION AL REGISTRO FEDERAL DE COTRIBUYENTES” (duplicado) • El Anexo que corresponda de acuerdo a lo siguiente (duplicado): • Anexo 1. “REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL Y DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS”. • Anexo 2. “REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. PERSONAS MORALES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO Y SUS INTEGRANTES PERSONAS MORALES”. • Anexo 8. “REGISTRO FEDERAL DE C0NTRIBUYENTES. PERSONAS MORALES Y FÍSICAS IEPS, ISAN; ISTUV (TENENCIA) Y DERECHOS SOBRE CONCESIÓN Y/O ASIGNACIÓN MINERA”. • Copia certificada del documento constitutivo. • Tratándose de personas distintas a sociedades mercantiles, copia certificada del documento constitutivo de la agrupación o en su caso fotocopia de la publicación en el órgano oficial (periódico o gaceta oficial). • En caso de Asociaciones en Participación, original y fotocopia del contrato de la asociación en participación, con firma autógrafa del asociante y asociados o sus representantes legales (original para cotejo). • En caso de Fideicomiso, original y fotocopia del contrato de fideicomiso, con firma autógrafa del fideicomitente, fideicomisario o sus
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representantes legales, así como del representante legal de la institución fiduciaria (original para cotejo). • Original y fotocopia de comprobante de domicilio fiscal (original para cotejo). • En su caso, copia certificada y fotocopia del poder notarial con el que acredite la personalidad del representante legal o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público (copia certificada para cotejo). • Original y fotocopia de la identificación oficial del representante legal (original para cotejo). Tratándose de personas morales residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México: Formato R-1 “SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES” (duplicado) • El Anexo que corresponda de acuerdo a lo siguiente (duplicado): • Anexo 1. “REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL Y DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FlNES NO LUCRATIVOS”. • Anexo 2. “REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. PERSONAS MORALES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO Y SUS INTEGRANTES PERSONAS MORALES”. • Anexo 8. “REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. PERSONAS MORALES Y FÍSICAS IEPS, ISAN; ISTUV (TENENUA) Y DERECHOS SOBRE CONCESION Y/O ASIGNACIÓN MINERA”. • Acta o documento constitutivo debidamente apostillado o certificado, según proceda. Cuando el acta constitutiva conste en idioma distinto al español deberá presentarse una traducción autorizada. • En su caso, original y fotocopia del contrato de asociación en participación, con firma autógrafa del asociante y asociados o sus representantes legales (original para cotejo). • En su caso, original y fotocopia del contrato de fideicomiso, con firma autógrafa del fideicomitente, fideicomisario o sus representantes legales, así como del representante legal de la institución fiduciaria (original para cotejo).
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• En su caso, fotocopia debidamente certificada, legalizada o apostillada por autoridad competente del documento con que acrediten su número de identificación fiscal del país en que residan, cuando tengan obligación de contar con éste en dicho país. • Original y fotocopia del comprobante de domicilio fiscal (original para cotejo). • En su caso, copia certificada y fotocopia del poder notarial con el que acredite la personalidad del representante legal o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público (original para cotejo). • Original y fotocopia de la identificación oficial del representante legal (original para cotejo). Tratándose de personas morales residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México (estos casos se presentarán ante la Administración Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes que corresponda): Formato R-1 “SOLICITUD DE CONTRIBUYENTES” (duplicado)
INSCRIPCIÓN
AL
REGISTRO
FEDERAL
DE
• Anexo 9. “Registro Federal de Contribuyentes residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en méxic0" (duplicado). • Acta o documento constitutivo debidamente apostillado o certificado, según proceda. Cuando el acta constitutiva conste en idioma distinto al español deberá presentarse una traducción autorizada. • En su caso, documento con que acrediten su número de identificación fiscal del país en que residan debidamente certificado, legalizado o apostillado según corresponda por autoridad competente, cuando tengan obligación de contar con éste en dicho país. • Original y fotocopia de comprobante de domicilio fiscal (original para cotejo). • Copia certificada y fotocopia del poder notarial con el que acredite la personalidad del representante legal 0 carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales, notario o fedatario publico (copia certificada para cotejo). • Original y fotocopia de la identificación oficial del representante legal (original para cotejo). Tratándose de la Administración Pública (Federal, Estatal, Municipal, etc):
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Formato R—1 “Solicitud de inscripción al REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES” (duplicado) • Anexo 1. “REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL Y DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS”. • Anexo 8. “REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. PERSONAS MORALES Y FÍSICAS IEPS, ISAN; ISTUV (TENENCIA) Y DERECHOS SOBRE CONCESIÓN Y/O ASIGNACIÓN MINERA”. • Decreto o acuerdo por el cual se crean dichas entidades publicado en el órgano oficial (fotocopia del periódico o gaceta oficial). • Copia certificada y fotocopia del poder notarial con el que acredite la personalidad del representante legal o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales, notario o fedatario publico (copia certificada para cotejo). • Original y fotocopia de la identificación oficial del representante legal (original para cotejo). Tratándose de sindicatos: Formato R-1 “SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES” (duplicado) • Anexo 1. “REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL Y DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS”. • Original y fotocopia del Estatuto de la agrupación (original para cotejo). • Original y fotocopia de la Resolución de registro emitida por la autoridad laboral competente (original para cotejo). • Original y fotocopia de comprobante de domicilio fiscal (original para cotejo). • Copia certificada y fotocopia del poder notarial con el que acredite la personalidad del representante legal o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público (copia certificada para cotejo). • Original y fotocopia de la identificación oficial del representante legal (original para cotejo).
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Tratándose de las demás figuras de agrupación que regule la legislación vigente: Formato R-1 “SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES” (duplicado) • El Anexo que corresponda de acuerdo a lo siguiente (duplicado): • Anexo 1. “REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL Y DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS”. • Anexo 2. “REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. PERSONAS MORALES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO Y SUS INTEGRANTES PERSONAS MORALES”. • Anexo 8. “REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PER0NAS MORALES Y FÍSICAS IEPS, ISAN; ISTUV (TENENCIA) Y DERECHOS S0ERE CONCESIÓN Y/O ASIGNACIÓN MINERA”. • Original y fotocopia del documento constitutivo que corresponda según lo establezca la ley de la materia (original para cotejo). • Original y fotocopia de comprobante de domicilio fiscal (original para cotejo). • Copia certificada y fotocopia del poder notarial con el que acredite la personalidad del representante legal o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales, notario o fedatario publico (copia certificada para cotejo). • Original y fotocopia de la identificación oficial del representante legal (original para cotejo). NOTA ACLARATORIA: Se dejó intencionalmente la cita del Formato R1, únicamente para efectos de referencia y de identificación del tipo de contribuyentes con las obligaciones que debe dar de alta. Para la inscripción del contribuyente, así como para la obtención de la CIF, se puede acudir a las Administraciones Locales de Servicios al contribuyente (antes Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente) diseminadas por toda la república, así como al Centro Nacional de Consulta de la Administración General de Servicios al Contribuyente, ubicada en Avenida Hidalgo N° 77, Colonia Guerrero, frente a la Alameda Central de la ciudad de México.
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SEGUNDA SECCIÓN AVISOS AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES La inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes implica el alta de obligaciones que como contribuyente es necesario cumplir; sin embargo, adicionalmente, también se deben presentar los siguientes avisos:
• Aviso de apertura de establecimiento, sucursal, local fijo, semifijo o almacén. • Aviso de cierre de establecimiento, sucursal, local fijo, semifijo 0 almacén. • Aviso de cambio de domicilio fiscal. • Aviso de suspensión de actividades. • Aviso de reanulación de actividades. • Aviso de aumento de obligaciones fiscales. • Aviso de disminución de obligaciones fiscales. • Asalariados que aumentan obligaciones. • Aviso de apertura de sucesión. • Aviso de cancelación por liquidación de la sucesión. • Aviso de cancelación por defunción. • Aviso de cambio de denominación o razón social. • Aviso de cambio de nombre (personas físicas), • Aviso de cambio de régimen de capital (personas morales). • Aviso de inicio de liquidación. • Aviso de cancelación por liquidación total del activo. • Solicitud de inscripción al registro de empresas exportadoras de servicios de convenciones y exposiciones. • Solicitud de inscripción al registro de empresas exportadoras de servicios de hotelería. • Aviso de cancelación por fusión de sociedades. • Aviso de cancelación por escisión de sociedades, • Avisos por fusión y escisión de sociedades (Articulo 5-A RCFF). • Aviso de cancelación por cesación total de operaciones de personas morales que no entren en liquidación. • Aviso de cambio de representante legal.
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• Aviso de cancelación por terminación del contrato de fideicomisos. • Cancelación de la clave temporal de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. • Aviso de ratificación de domicilio. Empresas PITEX y Maquila de Exportación. • Solicitud de registro en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas de RFC. • Solicitud de Constancia de Inscripción al Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas de RFC. • Aviso de cambio de actividad preponderante. La intención de presentar estos avisos es mantener actualizados los datos de obligaciones y estar en posibilidad de que, en caso de que se desee concluir las operaciones 0 dar de baja las obligaciones, la autoridad no se oponga y menos aun pueda exigir el cumplimiento de situaciones que por no haberlas dado de baja en su oportunidad, ahora se reviertan en contra del contribuyente.
CAPÍTULO II FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (Fiel) Los avances electrónicos e informáticos facilitan en la actualidad el desempeño de las labores cotidianas y, a la vez, dan certidumbre a las operaciones financieras y sobre todo reducen los tiempos, con lo cual se hacen más eficientes los servicios y su accesibilidad, lo cual ha propiciado su utilización sobre los métodos tradicionales. ¿Qué es una firma electrónica avanzada? Consiste en un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legitimo de este, tal y como si se tratara de una firma autógrafa. En este punto es importante destacar que en sus inicios, a la firma electrónica se le denominaba “Fea”, abreviación poco afortunada, sobre todo por la connotación de carácter fiscal; sin embargo, a partir del 2007 cambio su denominación a “Fiel”, concepto que tiene al menos mejor aceptación que el precedente mencionado. ¿Qué atributos tiene la Fiel?
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Gracias a sus características tecnológicas, la Fiel es una herramienta que brinda seguridad a las transacciones electrónicas que realicen los contribuyentes con el SAT, ya que permite: • Verificar que los mensajes recibidos no hayan sido modificados, • Identificar al autor del mensaje.
Asimismo, permite establecer la identidad personal del suscriptor respecto de los datos firmados y comprobar la integridad. ¿Quiénes están obligados a tramitar la Fiel? De acuerdo con las reformas al Código Fiscal de la Federación, publicadas en el Diario Oficial el 28 de junio y 27 de diciembre de 2006, todos los contribuyentes están obligados a tramitarla. El Servicio de Administración Tributaria liberará gradualmente los trámites y servicios en donde el uso de la Fiel será obligatorio. ¿Cuál es el fundamento legal de la Fiel? El sustento jurídico de la Fiel se encuentra en el artículo I7D del Código Fiscal de la Federación, que sobre el particular expresa lo siguiente: ART. 17-D,— Cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, éstos deberán ser digitales y contener una firma electrónica avanzada del autor, salvo los casos que establezcan una regla diferente. Las autoridades fiscales, mediante reglas de carácter general, podrán autorizar el uso de otras firmas electrónicas. Para los efectos mencionados en el párrafo anterior, se deberá contar con un certificado que confirme el vinculo entre un firmante y los datos de creación de una firma electrónica avanzada, expedido por el Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de personas morales y de los sellos digitales previstos en el articulo 29 de este Código, y por un prestador de servicios de certificación autorizado por el Banco de México cuando se trate de personas físicas. El Banco de México publicará en el Diario Oficial de la Federación la denominación de los prestadores de los servicios mencionados que autorice y, en su caso, la revocación correspondiente.
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En los documentos digitales, una firma electrónica avanzada amparada por un certificado vigente sustituirá a la firma autógrafa del firmante, garantizara la integridad del documento y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio. Se entiende por documento digital todo mensaje de datos que contiene información o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.
¿Qué duración o vigencia tiene la Fiel? Conforme al penúltimo párrafo del citado articulo 17D del Código Fiscal de la Federación, la duración de la Fiel Serra de dos años, como a continuación se precisa (transcripción del penúltimo párrafo del artículo 17D del CFF): Para los efectos fiscales, los certificados tendrán una vigencia máxima de dos años, contados a partir de la fecha en que se hayan expedido. Antes de que concluya el periodo de vigencia de un certificado, su titular podrá solicitar uno nuevo. En el supuesto mencionado el Servicio de Administración Tributaria podrá, mediante reglas de carácter general, relevar a los titulares del certificado de la comparecencia personal ante dicho órgano para acreditar su identidad y, en el caso de las personas morales, la representación legal correspondiente, cuando los contribuyentes cumplan con los requisitos que se establezcan en las propias reglas. Si dicho órgano no emite las reglas de carácter general, se estará a lo dispuesto en los párrafos sexto y séptimo de este artículo.
¿Qué plataforma de diseño informático se utilizó para la Fiel empleada en materia tributaria, es decir, qué elementos la hacen confiable? Su diseño se basa en estándares internacionales de infraestructura de claves públicas (o PKI por sus siglas en inglés: Public Key Infrastructure), en la cual se utilizan dos claves o llaves, matemáticamente relacionadas, para el envío de mensajes: Una de las llaves solo es conocida por el titular de la Fiel y sirve para cifrar datos, de ahí que se le designe con el término "llave o clave privada". La otra, denominada "llave o clave pública", esta disponible en Internet para consulta de todos los usuarios de servicios electrónicos y sirve para descifrar datos.
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En términos computacionales es imposible descifrar un mensaje utilizando una llave que no corresponda. ¿Qué son las llaves o claves privadas de la Fiel? Una clave o llave privada (archivo electrónico con extensión KEY) y su respectiva contraseña de acceso. Un certificado digital (archivo electrónico con extensión CER) expedido por el SAT, que contiene la clave o llave pública del titular de la Fiel. ¿La utilización supone que se debe ser experto en informática y tener acceso a algún sistema computacional especial? No, el simple acceso a una computadora conectada a Internet es suficiente para acceder al portal del Servicio de Administración Tributaria, portal de Solución Inmediata, y seguir las instrucciones que en el mismo se presentan. ¿Son necesarias otras condiciones especiales o complementarías a la Fiel? De hecho, para realizar los pagos se deberá contar con una cuenta de cheques de cualquier banco, a través de la cual se realizaran las transferencias electrónicas de saldos y pagos; asimismo, cuando la autoridad esté obligada a devolver algún saldo a favor del contribuyente, la devolución también se hará por este medio. Por ello es necesario contar con una cuenta en un banco que permita el acceso a través de medios electrónicos. ¿En qué servicios se utiliza la Fiel? Servicios que la utilizan obligatoriamente: • PEDIMENTOS ADUANALES A partir del 1° de abril de 2005 para la elaboración y transmisión de pedimentos por parte de agentes aduanales, mandatarios y apoderados. • DICTAMENES FISCALES A partir del 2005 para los contadores públicos registrados y los contribuyentes que dictaminan estados financieros. • EXPEDIENTE INTEGRAL DEL CONTRIBUYENTE Esta nueva alterativa de consulta le permite mantenerse al tanto de su situación fiscal así como del estado de sus obligaciones fiscales sin tener que trasladarse a alguno de los módulos de atención del SAT.
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• COMPROBANTES FISCALES DIGITALES A partir del 2005 es posible emitir comprobantes fiscales de manera electrónica. Utilice la Fiel para solicitar los folios y certificados de sello digital requeridos para la emisión de comprobantes. • IMPRESORES AUTORIZADOS Para la presentación del aviso mediante el cual señalan, bajo protesta de decir verdad, que cumplen con los requisitos vigentes para continuar con la autorización en el 2006. • AUTO IMPRESORES AUTORIZADOS Para la presentación del aviso mediante el cual señalan, bajo protesta de decir verdad, que cumplen con los requisitos vigentes para continuar con la autorización en el 2006, así como para el envío del reporte semestral de folios utilizados. • DONATARIAS AUTORIZADAS Para presentar vía electrónica el aviso en el que, bajo protesta de decir verdad, se declare seguir cumpliendo con los requisitos y obligaciones para continuar con la autorización. • DEVOLUCIONES DE IVA CUYO IMPORTE SEA MAYOR O IGUAL A 10,000 PESOS Los contribuyentes que tengan cantidades a su favor cuyo monto sea igual o superior a $10,000.00 y soliciten su devolución, además de reunir los requisitos a que se refieren las disposiciones fiscales, en el momento de presentar la solicitud deberán contar con Fiel. Servicios que la utilizan de manera opcional: A continuación se indican los servicios que pueden ser utilizados opcionalmente con Fiel o con la Clave de Identificación Electrónica Confidencial (CIEC), disponibles en la Oficina Virtual del SAT. • Declaración anual de personas físicas (DECLARASAT y DECLARASAT en línea). • Avisos al RFC por Internet. • Declaraciones para la corrección de datos. • Declaraciones estadísticas (ceros). • Reimpresión de acuses.
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• Aviso de destrucción de bienes. • Consulta de transacciones. • Consulta de devoluciones. ¿La Fiel es utilizada en otras entidades o dependencias del Gobierno Federal? Las dependencias del gobierno federal y órganos desconcentrados que utilizan firmas electrónicas para la presentación de trámites de manera remota son: • Banco de México. • Secretaria de la Función Pública. • Secretaria de Economía. • Instituto Mexicano del Seguro Social. Adicionalmente, a continuación se señalan los países en que las firmas electrónicas son utilizadas. Las administraciones tributarias afiliadas al “Subgrupo de Servicios Electrónicos” de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE), que actualmente hacen uso de firmas electrónicas para la presentación de declaraciones y trámites diversos son: • • • • • • • • • • • • • • •
Corea Dinamarca Eslovaquia España Estados Unidos Finlandia Francia Holanda Hungría Irlanda Islandia Italia Japón Suecia Turquía
¿Qué requisitos se deben reunir para solicitar la Fiel?
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Tratándose de personas físicas: Disquete de 3%, dispositivo USB, disco compacto con el archivo de requerimiento (extensión *.req) generado con la aplicación Solcedi. Formato FE: Solicitud de certificado de Firma Electrónica Avanzada, lleno e impreso por ambos lados en una sola hoja. Este formato se descarga del portal del SAT y se entrega por duplicado. Original y fotocopia del acta de nacimiento, carta de naturalización o documento migratorio vigente. Tratándose del documento migratorio únicamente deberá fotocopiar la hoja en Ia cual se encuentra su foto y datos, así como Ia hoja donde se encuentra el refrendo vigente. Original y fotocopia de la identificación oficial (credencial para votar pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar o credencial emitida por los gobiernos federal, estatal o municipal que cuente con la fotografía, firma y CURP del titular). Al finalizar el tramite, recibirá una copia de su certificado digital (extensión CER) grabada en el disco magnético de 3 1/2 o en el dispositivo USB con el que presento su archivo de requerimiento. En caso de haber presentado este archivo en CD, tendrá que descargar el certificado accediendo al apartado Entrega de certificados. Datos de identidad recabados durante el trámite: Con la finalidad de garantizar el vínculo que debe existir entre un certificado digital y su titular, al acudir a tramitar su Fiel es necesario que en el sistema de registro se ingresen sus siguientes datos personales: Fotografía de frente, Huellas dactilares, Firma autógrafa, y Documentos requeridos, según sea el caso (persona física o moral). Los datos personales antes citados serán incorporados y protegidos en los sistemas del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre la confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal. Tratándose de personales morales:
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1. Contar con un representante legal que haya tramitado previamente su certificado digital de Firma Electrónica Avanzada “Fiel” como persona física. 2. Llevar el día de su cita lo siguiente: • Disquete de 3 1/2, dispositivo USB o disco compacto con el archivo de requerimiento (extensión *.req) generado con la aplicación Solcedi. • Formato FE: Solicitud de certificado de Firma Electrónica Avanzada, lleno e impreso por ambos lados en una sola hoja. Este formato se descarga del portal del SAT y se entrega por duplicado. • Copia certificada y fotocopia del poder general del representante legal para actos de dominio o de administración. • Original y fotocopia del acta constitutiva de la persona moral solicitante. • Original y fotocopia de la identificación oficial del representante legal de la persona moral solicitante (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar o credencial emitida por los gobiernos federal, estatal o municipal que cuente con la fotografía, firma y CURP del titular). • Al finalizar el trámite, recibirá una copia de su certificado digital (extensión CER) grabada en el disco magnético de 3 1/2 o en el dispositivo USB con el que presentó su archivo de requerimiento. En caso de haber presentado este archivo en CD, tendrá que descargar el certificado accediendo al apartado Entrega de certificados. Datos de identidad recabados durante el trámite: Con la finalidad de garantizar el vínculo que debe existir entre un certificado digital y su titular, al acudir a tramitar su Fiel es necesario que en el sistema de registro se ingresen sus siguientes datos personales: • Fotografía de frente, • Huellas dactilares, • Firma autógrafa, y • Documentos requeridos, según sea el caso (persona física o moral). Los datos personales antes citados serán incorporados y protegidos en los sistemas del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre la confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal. ¿En qué casos se puede rechazar la obtención de la Fiel?
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El Servicio de Administración Tributaria puede rechazar la expedición de la Fiel en los siguientes casos: 1. El contribuyente no lleva la documentación completa. 2. El contribuyente no guardo el archivo de requerimiento en el disco de 3 1/2. 3. El disco de 3 1/2 presentado por el contribuyente está dañado o contiene virus. 4. El contribuyente llenó de manera incorrecta la solicitud de certificado de firma electrónica avanzada. 5. El RFC del contribuyente no esta registrado ante el SAT. 6. El contribuyente no cuenta con un estatus de situación fiscal o de domicilio validos. 7. El domicilio registrado en el formato “solicitud de certificado de firma electrónica avanzada” contiene información distinta a lo registrado en las bases de datos del SAT. 8. El representante legal de la persona moral acredita sus facultades con un poder que no cumple con lo establecido en el artículo 19-a del Código Fiscal de la Federación. 9. El representante legal presenta un poder general para realizar actos de administración o dominio conforme a lo señalado en el artículo 19-a del Código Fiscal de la Federación, pero éste solo puede ser ejercido de forma mancomunada. 10. EI representante legal presenta un poder en donde su nombre esta escrito de manera incorrecta, o bien, esta incompleto. Conforme a lo anterior, la utilización de una firma electrónica avanzada, supone eficiencia, rapidez, agilidad de trámites, confiabilidad y confidencialidad de los datos; pero adicionalmente es importante destacar que para el fisco, representa la disminución de fraudes en los pagos que se realizan a esa entidad, ya que la transferencia electrónica de fondos evita las componendas entre empleados bancarios y contribuyentes, en los que se daba el case de “vender” el sello de pago de la institución bancaria para aparentar el pago de contribuciones, con el consecuente detrimento de las finanzas públicas y gastos adicionales en investigaciones y recuperación de los supuestos pagos, desde luego, no efectuados. En el particular, esta nueva situación se configura como otro obstáculo para facilitar los servicios tributarios, pues es indispensable estar conectado a
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la red de Internet y, en muchos casos, contratar los servicios de un especialista en esos menesteres. Sin embargo, como todo, si bien al principio encontré cierta renuencia, se trata de una oportunidad de mejorar y facilitar las funciones de tributación, ya que no es necesario acudir a las sucursales bancarias, e incluso acomodarse a sus horarios y comisiones, teda vez que al no existir un horario real de entrega, el servicio puede ser utilizado en la noche, por la tarde, en la mañana o tal vez en la madrugada, sin problema alguno. En resumen, es necesario asumir el cambio y verlo como un beneficio.
CAPÍTULO III RESIDENCIA Y DOMICILIO FISCAL
PRIMERA SECCIÓN RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES Los conceptos de residencia y domicilio a menudo son objeto de confusión o utilizados como sinónimos, y tal vez esta situación emane del contenido del artículo 30 del Código Civil, que a la letra expone lo siguiente: ART. 304- El domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente. Sin embargo, en materia fiscal esta situación no admite confusión alguna, ya que para esos efectos el artículo 9° del Código Fiscal de la Federación precisa lo siguiente: ART. 9".— Se consideran residentes en territorio nacional: I. A las siguientes personas físicas: a) Las que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando las personas físicas de que se trate también tengan casa habitación en otro país, se consideraran residentes en México, si en territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. Para estos efectos, se considerara que el centro de intereses vitales esta en territorio nacional cuando, entre otros cases, se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Cuando mas del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona física en el año de calendario tengan fuente de riqueza en México.
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2. Cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades profesionales. b) Las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, aun cuando su centro de intereses vitales se encuentre en el extranjero. No perderán la condición de residentes en México, las personas físicas de nacionalidad mexicana que acrediten su nueva residencia fiscal en un país o territorio en donde sus ingresos se encuentren sujetos a un régimen fiscal preferente en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará en el ejercicio fiscal en el que se presente el aviso a que se refiere el último párrafo de este artículo y durante los tres ejercicios fiscales siguientes. No se aplicará lo previsto en el párrafo anterior, cuando el país en el que se acredite la nueva residencia fiscal, tenga celebrado un acuerdo amplio de intercambio de información tributaria con México. ll. Las personas morales que hayan establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva, Salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas de nacionalidad mexicana, son residentes en territorio nacional. Las personas físicas o morales que dejen de ser residentes en México de conformidad con este Código, deberán presentar un aviso ante las autoridades fiscales, a más tardar dentro de los 15 días inmediatos anteriores a aquel en el que suceda el cambio de residencia fiscal. En primer término, este ordenamiento divide la residencia en dos partes, la primera se refiere a personas físicas y la segunda se vincula con las personas morales. Para las personas físicas, la residencia dentro de territorio nacional se da en esencia por ser mexicanos, es decir que todos los que han nacido en México son automáticamente residentes nacionales, salvo que residan en otro país con el cual México tenga celebrado un tratado para evitar la doble tributación; se entiende que entonces el natural de México paga sus contribuciones en ese país y por lo tanto no se encuentra obligado a pagarlos en México. Ahora bien, el referido artículo señala un “centro de intereses vitales”, lo que significa un lugar situado en un territorio nacional en el cual Ia persona de existencia visible mantiene sus relaciones personales y económicas más estrechas, las que deben ser consideradas en forma conjunta. En caso de que dichas relaciones estuvieran en diferentes Estados, se otorgará preeminencia a las relaciones personales.
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Aun más, el propio ordenamiento prevé como centro de intereses vitales el lugar de donde provenga más del 50% de los ingresos totales, lo que supone que la persona física deberé sumar todos sus ingresos brutos, sin ninguna deducción, y determinar si más de la mitad provienen de México. Sin embargo, se considera que esta disposición es imperfecta, ya que no señala nada en relación con la persona física que no tiene mas del 50% de sus ingresos en territorio nacional, y más aun, qué pasa si su ubicación física se localiza en un país con el que México no tenga tratado para evitar la doble tributación. Válidamente, la persona física de que se trate puede argumentar tales supuestos y eludir el pago de contribuciones, por lo que se hace necesario especificar de manera más precisa el centro de intereses vitales, e incluso asumir que salvo prueba en contrario, el extranjero, por la obtención de ingresos en territorio nacional, se encuentra obligado a tributar, sin perjuicio de que en su lugar de origen pueda o no acreditar el pago de contribuciones en México. Por lo que toca a las personas morales, la presunción es más sencilla, pues respecto de la administración principal de negocios no puede argumentarse que se encuentra fuera del país, ya que la probable obligación de transferir las ganancias netas de la negociación a su matriz o centro corporativo, supone que antes de efectuar esa transacción deberán pagarse los impuestos y demás contribuciones que como residentes en territorio nacional se encuentran obligados a cubrir. La residencia no es un estatus de nacionalidad, en todo caso lo es de estadía, lo que significa que se deben cumplir las leyes del país donde se encuentren las personas morales, sin importar su calidad o situación de negocios. A partir de esta premisa, deben cubrirse las obligaciones tributarias específicas a su actividad y las demás obligaciones de carácter formal, pues nada tienen que ver con el domicilio o casa habitación donde se encuentren; de ahí la diferencia que en materia fiscal se propicia.
SEGUNDA SECCIÓN DOMICILIO PARA EFECTOS FISCALES En cuanto al domicilio fiscal, el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación define el concepto de domicilio fiscal de la siguiente manera; I. Tratándose de personas físicas:
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a) Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios. b) Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. c) Únicamente en los casos en que la persona física, que realice actividades señaladas en los incisos anteriores no cuenta con un local, su casa habitación. Para estos efectos, las autoridades fiscales harán del conocimiento del contribuyente en su casa habitación, que cuenta con un plazo de cinco días para acreditar que su domicilio corresponde a uno de los supuestos previstos en les incisos a) o b) de esta fracción. ll. En el caso de personas morales: a) Cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio. b) Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento; en el caso de varios establecimientos, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio en el país, o en su defecto el que designen. Cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal estando obligados a ello, o hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en este mismo precepto o cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el que realicen sus actividades o en el lugar que conforme a este artículo se considere su domicilio, indistintamente. Para poder estudiar y precisar el domicilio fiscal de las personas físicas y morales, al igual que lo hicimos en el caso de residencia fiscal, dividiremos el tema en dos partes, la primera enfocada a las personas físicas y la segunda a las personas morales. Domicilio fiscal para personas físicas De acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del Código Civil Federal, las personas tienen derecho a designar un domicilio convencional para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Es decir, originalmente, el domicilio fiscal de una persona física debiera de ser su casa; sin embargo, atendiendo a la disposición antes planteada, se puede designar un domicilio que no sea el mismo en donde se habita.
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De hecho, en principio, el domicilio fiscal es aquel que se designó al momento de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, el cual, debe suponerse, es en el que normalmente se realizan las actividades por las cuales se debe pagar las contribuciones a que se este sujeto. La finalidad de esta condición es que en el domicilio fiscal se conserven todos los documentos inherentes a las obligaciones fiscales que se deben de pagar, se le pueda localizar para efectos de constatación y verificación de datos, e incluso para practicar o ejercer las facultades de comprobación; es decir, se trata de estar debidamente localizado y controlado, ya que de otra manera se podría propiciar la elusión o evasión del cumplimiento de obligaciones y, desde luego, el pago de contribuciones. No obstante, al prever la posibilidad de que el contribuyente haga uso de la opción de destinar o designar otro domicilio distinto o alternativo al fiscal, la disposición fiscal prevé también los supuestos de presunción; es decir, si cuando no se le localiza en el domicilio inscrito en el referido padrón de contribuyentes, o incluso encontrándosele, no se pueden comprobar las operaciones que realiza y menos aún constatar el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la autoridad puede ejercer sus facultades y determinar válidamente como domicilio fiscal de la persona física, si realiza actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios. En el particular, tal vez se tenga destinado como domicilio fiscal una oficina ubicada en algún edificio y la actividad empresarial se desarrolle en otro sitio, pero aún cuando no se encuentre en el mismo lugar la documentación que ampare las operaciones por las cuales se deben pagar los impuestos respectivos, la autoridad podrá llevar al cabo las acciones y facultades que tiene conferidas en ese domicilio que es el asiento principal de las actividades. Es oportuno, en esta fase, precisar cuales se consideran actividades empresariales. El artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a actividades empresariales, establece que se entiende como tales, las relacionadas con actividades comerciales, sin incluirse las operaciones industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas en cualquiera de sus modalidades. Por otra parte, si no se realizan actividades empresariales, la ley permite que la autoridad considere además como domicilio de las personas físicas, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades, ya sea que el local sea o no de su propiedad; sin embargo, se reputará que en dicho domicilio se llevan a cabo las operaciones que están gravadas y, por ende, se deberé dar acceso a la comprobación de las obligaciones a la autoridad fiscal.
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En defecto de lo antes descrito, es decir, ante la ausencia de un lugar visible y tangible donde se pueda constatar el cumplimiento de las obligaciones del contribuyente, la disposición legal previene que las diligencias también se podrán realizar en la casa habitación del contribuyente; y si el domicilio designado como fiscal es distinto a ese donde normalmente realiza sus operaciones, o se trata de un domicilio falso, las diligencias, sobre todo aquellas encaminadas a comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, se podrán realizar en donde se localice al contribuyente. En este orden de ideas, es imprescindible que se consideren estas situaciones de afectación y actos de molestia de la autoridad, pues si no se quiere ser objeto de desagradables contrariedades, se debe acatar a cabalidad la disposición de realizar las operaciones y actividades en el domicilio fiscal declarado. Domicilio fiscal para personas morales En estos casos la concepción es más simple, ya que el domicilio fiscal será además del que se haya designado como tal para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, cuando se trata de residentes en el país, las oficinas en donde se encuentra la administración principal de negocios; si se trata en cambio de residentes en el extranjero, será el local en donde se encuentre la administración principal del negocio en el país, o en su defecto el que designen. Desde luego que estas situaciones conducen a otros escenarios de carácter práctico, pero poco entendibles. En efecto, un contribuyente puede tener fuente de ingresos en diversas partes del país, pero se consideraran “oficinas administrativas sin ingresos”; es decir, aunque no necesariamente no perciben ingresos, lo que en realidad sucede es que éstos se concentran en la matriz o en la oficina corporativa, o en su defecto, donde se estableció la administración principal del negocio.
CAPÍTULO IV EJERCICIO FISCAL Y DILIGENCIAS
PRIMERA SECCIÓN EJERCICIO FISCAL Por lo que toca a los ejercicios fiscales, el artículo ll del Código Fiscal de la Federación establece lo siguiente:
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ART. ll.— Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularán por ejercicios fiscales, éstos coincidirán con el año de calendario. Cuando las personas morales inicien sus actividades con posterioridad al 1 de enero, en dicho año el ejercicio fiscal será irregular, debiendo iniciarse el día en que comiencen actividades y terminarse el 31 de diciembre del año de que se trate. En los casos en que una sociedad entre en liquidación, sea fusionada o se escinda, siempre que la sociedad escindente desaparezca, el ejercicio fiscal terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación, sea fusionada o se escinda, respectivamente. En el primer caso, se considerará que habrá un ejercicio por todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación. Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calculen por mes, se entenderá que corresponde al mes de calendario. El ejercicio fiscal es un periodo de tiempo de tributación, el cual se define como el espacio en que los contribuyentes realizan operaciones gravadas y por las cuales deberán pagar los impuestos correspondientes. En el pasado se tenían ejercicios denominados “montados”, definición que obedecía al caso de que si el periodo de tributación no coincidía con el año de calendario, de todas formas se computaban doce meses, aunque fueran de uno a otro año. Sin embargo, esta situación implicaba un grado de complejidad para el control de los contribuyentes, pues al no coincidir el término del ejercicio con el del año de calendario, existía una diversidad de fechas para la presentación de declaraciones anuales y, por consiguiente, la recaudación se difería. Tal situación, además de complicar el control administrativo, repercutía en los ingresos de la Federación, pues debemos recordar que el Ejecutivo Federal debe presentar el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos en un determinado tiempo (en la actualidad a más tardar el 8 de septiembre de cada año, salvo en el de elección presidencial, que será a mas tardar el 15 de diciembre de ese año), para ejercerlo a partir del siguiente; luego entonces, ante la diversidad de tiempos de conclusión de los ejercicios fiscales de los contribuyentes, resultaba difícil proyectar con depurada eficiencia los ingresos que se podían percibir efectivamente. Otra situación que afectaba el control administrativo de los ejercicios montados, se presentaba en la caducidad de las facultades de las autoridades para revisar y determinar contribuciones omitidas, pues se tenía que estar al pendiente de diversas fechas para poder ejercer dichas facultades sin caer en la caducidad antes aludida.
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Ante este escenario, la autoridad adoptó la fórmula de establecer que todos los ejercicios concluirían con el año de calendario, es decir, empezarían en enero e indefectiblemente concluirían en diciembre del mismo año; con esta medida se uniformó la presentación de declaraciones, los tiempos de caducidad y por supuesto se tuvo certeza en la cuantificación y ponderación de los ingresos tributarios que se percibirían. Desde luego, no todos los contribuyentes pueden iniciar sus operaciones en coincidencia con el año de calendario, motivo por el cual a esos ejercicios fiscales menores de doce meses se les ha denominado “ejercicios fiscales irregulares”, lo que no significa que tengan alguna anomalía o incumplimiento legal; en todo caso, se trata de periodos de tributación de menor extensión al tradicional, pero cuya regularidad no es cuestionable, ya que en ese breve espacio de tiempo se cumple con las disposiciones legales y reglamentarias. En resumen, el ejercicio fiscal es el espacio de tiempo de tributación de una persona moral o física, que tiene como particularidad la coincidencia con el año de calendario y, en caso de no ser así, se estaría ante un ejercicio fiscal asimétrico.
SEGUNDA SECCIÓN DILIGENCIAS EN MATERIA FISCAL Las autoridades fiscales realizan diversos actos relacionados con sus facultades y atribuciones, que pueden ir desde el envío de información fiscal, requerimientos, avisos, revisiones de obligaciones fiscales, verificaciones, visitas domiciliarias hasta otros procedimientos; para tales efectos, generalmente los horarios y tiempos se ajustan o son los mismos que en la mayoría de los casos emplea la Administración Pública Federal para ejecutar sus acciones. No obstante lo anterior, en el Código Fiscal de la Federación se precisan los tiempos y horarios en que las diligencias de las autoridades fiscales se han de desarrollar, según lo previenen los artículos 12 y 13 del citado ordenamiento legal: ART, 12.-En los plazos fijados en días no se contarán los sábados, los domingos ni el 1° de enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; el 1° y 5 de mayo; el 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; el 1°. de diciembre de cada 6 anos, cuando corresponda a Ia transmisión del Poder Ejecutivo, y el 25 de diciembre.
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Tampoco se contarán en dichos plazos, los días en que tengan vacaciones generales las autoridades fiscales federales, excepto cuando se trate de plazos para la presentación de declaraciones y pago de contribuciones, exclusivamente, en cuyos casos esos días se consideran hábiles. No son vacaciones generales las que se otorguen en forma escalonada. En los plazos establecidos por periodos y aquellos en que se señale una fecha determinada para su extinción se computaran todos los días. Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de calendario, se entenderá que en el primer caso el plazo concluye el mismo día del mes de calendario posterior a aquel en que se inicio y en el segundo, el término vencerá el mismo día del siguiente año de calendario a aquel en que se inicio. En los plazos que se fijen por mes o por año cuando no exista el mismo día en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario. No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo o en la fecha determinada, las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores o se trate de un día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil. Lo dispuesto en este artículo es aplicable, inclusive cuando se autorice a las instituciones de crédito para recibir declaraciones. También se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil, cuando sea viernes el último día del plazo en que se deba presentar la declaración respectiva, ante las instituciones de crédito autorizadas. Las autoridades fiscales podrán habilitar los días inhábiles. Esta circunstancia deberá comunicarse a los particulares y no alterará el cálculo de plazos. ART. 13.-La práctica de diligencias por las autoridades fiscales deberá efectuarse en días y horas hábiles, que son las comprendidas entre las 7:30 y las 18:00 horas. Una diligencia de notificación iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez. Tratándose de la verificación de bienes y de mercancías en transporte, se consideraran hábiles todos los días del año y las 24 horas del día. Las autoridades fiscales para la práctica de visitas domiciliarias, del procedimiento administrativo de ejecución, de notificaciones y de embargos precautorios, podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando la persona con quien se va a practicar la diligencia realice las actividades por las que deba pagar contribuciones en días u horas inhábiles. También se podrá continuar en días u horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando la continuación tenga por objeto el aseguramiento de contabilidad o de bienes del particular.
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Ahora bien, es importante analizar pormenorizadamente estas disposiciones, ya que como se puede apreciar, en el caso del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación se establecen los días que no se contarán como hábiles para la práctica de diligencias; sin embargo, es importante que se atienda la disposición adoptada por el Congreso de la Unión, a través de la cual se trasladan algunos días conmemorativos o de fiesta al siguiente lunes previo a la celebración de dicho evento, a fin de evitar lo que se ha llamado tradicionalmente en nuestra sociedad los “superpuentes”, que en pocas palabras significa unir dos o más días inhábiles, faltando o no laborando precisamente el día hábil que se encuentra entre esos días (por ejemplo, el día 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución Federal, en el año 2008 cayó en martes, y para evitar que se produzca el efecto del puente, la festividad, en cuanto al día de asueto, se recorrió al lunes anterior y el martes, día de la fecha conmemorativa, si es laborable, situación que se debe tomar en cuenta, ya que la autoridad no estaría actuando ilegalmente). Por otra parte, la experiencia nos ha enseñado que los periodos vacacionales, en cuanto tales, para la autoridad fiscal no existen, puesto que ha establecido un sistema escalonado de acceso a sus vacaciones; en realidad, sólo en el mes de diciembre, en la última semana, la autoridad se toma un periodo vacacional. En cuanto al cómputo de plazos, es importante destacar que cuando las disposiciones fiscales se refieran a días, su contabilización se hará en días hábiles; por el contrario, cuando señale periodos o meses, éstos se contarán en días naturales. Por ejemplo, el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación establece que los créditos fiscales deberán pagarse, impugnarse o garantizarse dentro de un término de 45 días, o sea que el cálculo se hará excluyendo los sábados, domingos y días festivos que afecten dicho plazo, tomando por consiguiente únicamente los días hábiles. En cambio, el artículo 37 del citado Código establece que las instancias o peticiones que formulen los particulares, deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; es decir, en este caso se sumarán para el computo todos los días, hábiles e inhábiles. También se debe precisar lo que se denomina “momento a momento”, situación que supone de una fecha a otra fecha; es decir, desde un día en particular hasta otro que coincide con un espacio de tiempo. Esta particularidad se presenta sobre todo en el caso de la caducidad prevista en el numeral 67 del Código invocado, pues para que opere la extinción de las facultades de revisión y determinación de las autoridades fiscales, se tomarán en cuenta determinadas circunstancias, pero invariablemente empezarán con
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una fecha en específico y concluirán en esa fecha, pero afectada por el transcurso del tiempo. Asimismo, cuando se trate de la presentación de declaraciones a que el contribuyente se encuentre obligado, si el día en que se debe presentar es inhábil, el plazo se recorre al siguiente día hábil, para dar oportunidad al cumplimiento espontáneo y oportuno. Respecto a los horarios en que deben desahogarse las diligencias, como se puede apreciar en el dispositivo transcrito, las acciones de las autoridades fiscales se deben sujetar a un itinerario comprendido de las 7:30 horas a las 18:00 horas del mismo día; sin embargo, también establece que una diligencia de notificación iniciada en las horas antes descritas, puede concluir después de ese horario, cuando se trate de actuaciones de notificación. Es decir, si la autoridad va a practicar una visita domiciliaria y la diligencia de notificación se inicia dentro del rango de las 7:30 a las 18:00 horas, sin que se afecte la legalidad y mucho menos la eficacia del acto, dicha diligencia validamente puede concluir en horas consideradas inhábiles, al igual que cuando se trate del aseguramiento de bienes o la contabilidad del contribuyente. Por otro lado, si el giro del contribuyente se encuentra fuera de los rangos de las horas consideradas como hábiles (bares, discotecas, centros nocturnos, entre otros), la autoridad se encuentra facultada para realizar sus actos fuera del horario señalado; sin embargo, en el mismo acto de notificación de las facultades de dichas autoridades se hará constar tal situación, para que sus actuaciones no se vean invalidadas. Finalmente, cuando se trate de mercancías en transporte o de la verificación de bienes (de procedencia extranjera generalmente), todos los días y horas se consideran hábiles, sin necesidad de notificación previa o situación especial. En resumen, las diligencias de las autoridades fiscales deben realizarse por lo general en días y horas hábiles, es decir de lunes a viernes en un horario comprendido de las 7:30 a las 18:00 horas, salvo en los casos en que se justifique su practica fuera de esos días y horas.
CAPÍTULO V PAGOS PROVISIONALES Y DECLARACIONES
PRIMERA SECCIÓN
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DECLARACIONES MENSUALES Y ANUAL La habitualidad de presentar declaraciones de pagos mensuales y anuales de las contribuciones a que están obligados los contribuyentes, las ha mecanizado y desvirtuado, a tal grado que se les ha denostado y concedido poca importancia. Sin embargo, es importante recordar el sentido de las declaraciones que se formulan ante el fisco federal, así como su propia justificación, dimensionando su importancia y relevancia dentro de nuestro esquema tributario, ya sea en el sentido del contribuyente o en el de la autoridad. Recordemos que hemos analizado ya entre otras obligaciones de los contribuyentes, la de calcular, determinar y enterar las contribuciones a su cargo; es decir, las declaraciones no son una simple expresión de números y operaciones aritméticas, sino en si un verdadero acto legal, que contiene la manifestación del contribuyente, entendiendo como tal, aquella que se produce por voluntad propia, sin coacción alguna y ajena a dolo, presión o mala fe. En este sentido, las declaraciones no sólo contienen los datos del periodo de tributación, pues también constituyen una aseveración de que lo declarado corresponde a la verdad histórica, legal y absoluta de las operaciones realizadas en un determinado espacio del tiempo; esto significa, en los términos de los artículos 93, fracción I, 94 y 95, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria en virtud de lo señalado en el numeral 5° del Código Fiscal de la Federación, que esas declaraciones son confesiones expresas que producen efectos legales, en lo que lo perjudica, al que las manifiesta. Es decir, proporcionar datos inexactos, falsos o incluso, amañados o maquillados, al comprobarse su veracidad, el declarante, no puede alegar error involuntario de su parte, puesto que para la presentación de sus declaraciones, tuvo suficiente tiempo como para cerciorarse de que los datos manifestados, correspondían exactamente a sus operaciones realizadas en ese periodo. Asimismo, cuando omite la presentación de las declaraciones a que esta obligado, el contribuyente se ubica en la hipótesis de renuencia y desobediencia, lo que además de configurar un esquema poco propicio ante la autoridad, irremediablemente se ubica fuera de la ley y puede ser objeto de severas sanciones, incluso de tipo penal. Aclarado lo anterior, en el particular existen diversas declaraciones que los contribuyentes deben presentar, según lo dispone el artículo 31 del Código Fiscal de Ia Federación, como a continuación se indica:
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Declaraciones informativas Todos los contribuyentes obligados a presentar las Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros correspondientes al 2008, deberán hacerlo con la versión de la DIOT Completa 2008. La versión Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) 2007 Simplificada, podrá ser utilizada por los contribuyentes que deban presentar una declaración complementaria por los periodos del ejercicio 2007, siempre y cuando la normal o la complementaria que se corrige se haya presentado en la versión simplificada. Las declaraciones normales de 2007 que se presenten extemporáneamente, deberán presentarse en la versión Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) 2008 Completa. Las declaraciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2007 que se presenten durante el mes de enero de 2008, se podrán enviar en la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) 2007 Simplificada. Declaraciones mensuales Los contribuyentes deberán presentar las declaraciones de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual, a más tardar el día 17 de cada mes inmediato al que se declara. Declaraciones anuales • Personas físicas. Dentro del periodo comprendido del 1° de febrero al 30 de abril del siguiente año por el cual se declara. • Personas morales. Dentro del periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo del siguiente año por el cual se declara. Declaraciones con clientes y proveedores Las personas morales y las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, así como las del régimen intermedio, deben proporcionar a través de medios magnéticos la información de las operaciones realizadas con sus clientes y proveedores a más tardar el 15 de febrero de cada año, ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda a su domicilio fiscal, utilizando para ello el Sistema Declaraciones Informativas en Medios Magnéticos (DIMM) que se obtiene en el portal del SAT en Internet. La información de clientes y proveedores que se deberá presentar será aquella cuyo monto anual sea igual o superior a 50,000 pesos.
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Declaraciones de personas morales con fines no lucrativos Deben presentar las siguientes declaraciones informativas a través del Programa Declaración Informativa Múltiple (DIM), a más tardar el 15 de febrero de cada año: 1. De crédito al salario entregado a los trabajadores (hasta 2007). 2. De pagos efectuados por sueldos y salarios. 3. De los residentes en el extranjero a los que les hubieran efectuado pagos. 4. De las demás personas a quienes les hubieran efectuado pagos y retenciones del impuesto sobre la renta y, en su caso, IVA durante el ejercicio 2007. 5. De las personas a las que les hayan otorgado donativos deducibles del impuesto sobre la renta durante 2007. 6. Información de las inversiones que hayan realizado o mantengan en el ejercicio inmediato anterior en territorios con regimenes fiscales preferentes. También deben presentar información de las operaciones realizadas con sus clientes y proveedores mediante el programa DIMM (Declaración Informativa por Medios Magnéticos) que se obtiene en el portal del SAT en Internet. Asimismo, presentarán a través del programa DEM, formato electrónico 21, la información sobre la determinación del remanente distribuible y la proporción que de dicho remanente corresponda a cada integrante. Por otro lado, las personas morales con fines no lucrativos que realicen las actividades siguientes, deben presentar por el ejercicio fiscal de 2007 declaraciones del impuesto sobre la renta y del impuesto al activo vía Internet, mediante el programa DEM (Programa para la Presentación de la Declaración Anual de las Personas Morales), a más tardar el 31 de marzo de 2008. • Cuando vendan bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros, y los ingresos por estos conceptos excedan de 5% del total de sus ingresos del ejercicio, deberán calcular el impuesto sobre la renta que corresponda a la utilidad por los ingresos mencionados, salvo que se trate de personas autorizada para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, en cuyo caso no se aplicaría este supuesto.
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• Cuando hayan rentado durante 2007 bienes a personas que realicen actividades empresariales, deben declarar el impuesto al activo únicamente por esos bienes. • Las personas morales con fines no lucrativos relacionadas en las fracciones V a XIX del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deben presentar por Internet a más tardar el 15 de febrero de 2008, la información de los ingresos y erogaciones efectuadas, a través del programa DEM. Declaraciones de Sociedades de Inversión Las Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda y las Sociedades de Inversión de Renta Variable deben presentar además ante el Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el 15 de febrero de 2008, a través de sus operadores, administradores o distribuidores, una declaración en la que informen sobre los datos contenidos en las constancias que se hayan expedido, así como el saldo promedio mensual de las inversiones en la sociedad en cada uno de los meses del año por cada una de las personas a quienes se les emitieron. Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) Presentarán declaraciones bimestrales, en lugar de las mensuales; es decir, por cada dos meses, en el tercero se deberán presentar las operaciones correspondientes al bimestre anterior. Asimismo, en la primera quincena de cada año, deberá presentarse la estimación de sus ingresos, tomando como base los percibidos en el ejercicio inmediato anterior, es decir, el que se declararé. Declaraciones complementarias El artículo 32 del Código Fiscal de la Federación establece que las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas y sólo podrán ser modificadas por el propio contribuyente hasta en tres ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación. Estas declaraciones complementarias podrán ser presentadas por el contribuyente: • Cuando sólo incrementen sus ingresos o el valor de sus actos o actividades. • Cuando solo disminuyan sus deducciones o pérdidas o reduzcan las cantidades acreditables o compensadas o los pagos provisionales o de contribuciones a cuenta.
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• Cuando el contribuyente haga dictaminar por contador público autorizado sus estados financieros, podrá corregir, en su caso, la declaración original como consecuencia de los resultados obtenidos en el dictamen respectivo. • Cuando la presentación de la declaración que modifica a la original se establezca como obligación por disposición expresa de ley. Sobre este punto en particular, en nuestra apreciación, las declaraciones complementarias no lo son en si, o por lo menos no deberían denominarse de esa manera, pues al incluir otros valores que pueden modificar el resultado fiscal o no, lo que en realidad pretende el contribuyente con esa modificación es presentar datos reales y fidedignos de sus operaciones, por lo que en todo caso se les debería llamar “declaraciones suplementarias”, toda vez que suplen a la declaración original. Asimismo, hay cierta lógica en no limitar la presentación de este tipo de declaraciones cuando se incrementen los ingresos o disminuyan las deducciones, ya que la variante arrojará como consecuencia un incremento en el resultado fiscal en el caso de que se presente utilidad y, por ende, mayor pago del impuesto sobre la renta y menor impuesto al valor agregado acreditable, y en caso de presentar una pérdida fiscal, ésta se verá disminuida; así pues, en cualquiera de ambos casos conlleva un beneficio para la autoridad. Por otro lado, la prohibición de presentar declaraciones complementarias una vez iniciadas las facultades de comprobación, tiene su origen en que incluso la presentación de declaraciones complementarias se considera espontánea, no obstante que trae consigo la aplicación de los factores de actualización y recargos, pero se evita la imposición de multas precisamente por ser actos espontáneos. Esto queda regulado por el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, que establece lo siguiente: ART. 73.- No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito, Se considerará que el cumplimiento no es espontáneo en el caso de que: l. La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales. ll. La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las autoridades fiscales hubieren notificado una orden de visita domiciliaria, o haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada por las mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento de disposiciones fiscales.
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III. La omisión haya sido subsanada por el contribuyente con posterioridad a los diez días siguientes a la presentación del dictamen de los estados financieros de dicho contribuyente formulado por contador público ante el Servicio de Administración Tributaria, respecto de aquellas contribuciones omitidas que hubieren sido observadas en el dictamen. Siempre que se omita el pago de una contribución cuya determinación corresponda a los funcionarios o empleados públicos o a los notarios o corredores titulados, los accesorios serán, a cargo exclusivamente de ellos, y los contribuyentes sólo quedarán obligados a pagar las contribuciones omitidas. Si la infracción se cometiere por inexactitud o falsedad de los datos proporcionados por los contribuyentes a quien determino las contribuciones, los accesorios serán a cargo de los contribuyentes. En todo caso, si el contribuyente hace caso omiso de esta prohibición, la presentación de la declaración complementaria no se considerará espontánea y por lo tanto se hará acreedor a la imposición de las sanciones que le correspondan, así como los accesorios que no hubiese cubierto o que haya pagado en inferioridad a lo que realmente le correspondía. Debe advertirse la importancia de las declaraciones que se presentan ante la autoridad fiscal federal, además de lo planteado anteriormente respecto a las declaraciones y manifestaciones y su posible connotación legal; la verdadera finalidad de las declaraciones, sobre todo las que se presentan mes a mes, consiste desde luego en cumplir con un mandato legal, establecido en los artículos 6, fracciones l y II, 31 y 32 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, existen al menos otras dos situaciones que son también importantes, La primera radica en que en la Ley de Ingresos de la Federación se presupuestan los ingresos que se han de percibir para su ejercicio y disposición; es decir, si el Estado esperara a que los contribuyentes sólo realizaran un pago al final del ejercicio fiscal de que se trate, de qué manera haría frente a las necesidades que constitucionalmente debe efectuar, simplemente sería inviable tal situación. Por ello es que se establecen periodos de pago, lo que representa una especie de amortización a cuenta del pago anual, sin que los pagos provisionales dejen de tener la calidad de definitivos. Con ello se asegura la realización de obras, prestación de servicios y otras acciones de naturaleza análoga, que permiten al Estado hacer frente a sus obligaciones, de tal suerte que si no se cuenta con dichos ingresos, el presupuesto de egresos se ve seriamente comprometido, lo que significa que las proyecciones de crecimiento y desarrollo se pueden ver canceladas o al menos postergadas, afectando de manera sensible, sobre todo, a los sectores de la economía más vulnerables.
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Ante la carencia o insuficiencia de recursos económicos, el Estado sólo tendrá dos opciones. La primera, recurrir al empréstito, es decir a préstamos externos e internos; en el caso de los externos, éstos se convierten en deuda pública que de alguna manera todos pagamos, incluso por generaciones, y en el supuesto de los préstamos internos, no siempre se expresan en flujo de efectivo, sino más bien se traducen en el diferimiento del pago de servicios u obras ya contratadas, con el consecuente detrimento de las finanzas de proveedores y prestadores de servicios, lo que a su vez puede repercutir en la disminución de sus pagos por concepto de contribuciones y el despido de la planta productiva. Este círculo vicioso puede traer aparejado que el personal despedido se incorpore a la informalidad o al ambulantaje, y cause otras afectaciones en la economía nacional. Por otro lado, efectuar pagos provisionales significa para los contribuyentes no tener que desembolsar al final del ejercicio una fuerte cantidad de dinero, lo que podría propiciar la descapitalización del contribuyente e incluso diferir su pago; esto añadiría, en el mejor de los casos, actualizaciones y recargos, sin contar que la autoridad pueda ejercer sus facultades de comprobación, adicionando la imposición de multas. Así pues, explicados los alcances legales y bondades de las declaraciones de pago de contribuciones, los contribuyentes deben poner especial atención a este rubro, verificar que se presenten con oportunidad y exactitud, ya que el tiempo destinado a esos propósitos redituará beneficios tanto a la autoridad fiscal como al propio contribuyente, además de dar tranquilidad y certidumbre respecto de las operaciones realizadas y manifestadas.
SEGUNDA SECCIÓN RETENCION Y PAGO DE CONTRIBUCIONES A CARGO DE TERCEROS Entre los impuestos existen los llamados “retenidos”, cuya particularidad reside en que originalmente el que les casusa es uno, pero la ley obliga a otro a realizar el cálculo, determinación, retención y entero del impuesto correspondiente; es decir, no obstante ser uno el obligado, otro en su calidad de responsable solidario asume la tarea de pagar el impuesto dentro de las fechas establecidas y en los términos precisados por las disposiciones fiscales. La responsabilidad solidaria no se deduce o se intuye, debe estar debidamente establecida en la norma jurídica para poder responsabilizar al deudor solidario del pago de la contribución respectiva. El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 26, en lo conducente, señala lo siguiente:
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ART. 26.— Son responsables solidarios con los contribuyentes: I. Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por el monto de dichas contribuciones. II. Las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente, hasta por el monto de estos pagos. ¿Qué son las retenciones de impuestos? Retenciones son las cantidades que se deben descontar, del pago total que se realice a un tercero, por concepto de impuestos, previamente a la entrega de dicho pago. ¿Cómo es el procedimiento de retención de los impuestos? Al monto total de la contraprestación se le calculará el porcentaje, tasa o proporción establecidos en la disposición fiscal que corresponda; el resultado se descontará del total a pagar, y esa cantidad descontada es la que se denomina impuesto retenido. ¿Qué se tiene que hacer can el impuesto retenido? Una vez calculado, determinado y retenido el impuesto respectivo, se enterará ante la autoridad fiscal, como parte de las retenciones que el responsable solidario esta obligado a realizar. ¿En qué fechas se debe enterar los impuestos retenidos? Al igual que las demás contribuciones, las retenciones tienen que enterarse en el siguiente mes a aquel en que se efectuó la retención, es decir, a más tardar el día 17 de cada mes inmediato por el que se efectuó el pago y retención del impuesto. En este punto es importante destacar que suele darse la circunstancia de que algunos contribuyentes, aunque efectúan la retención del impuesto a cargo de terceros, de alguna manera difieren su entero, se financian del mismo y hasta llegan a no pagarlo. Tal situación representa un verdadero problema y es una insensatez, pues la mayoría de las veces existe información cruzada que sirve de referencia para corroborar las omisiones en el entero del pago de contribuciones. En efecto, al mismo tiempo que se pagan salarios, también se calculan las cuotas obrero patronales que son entregadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como las aportaciones al INFONAVIT, compartiendo los mismos datos, por lo que en algún momento será detectado que no se pagaron los impuestos retenidos.
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Esta situación es sumamente penada por la legislación fiscal, pues si se examinan los motivos por los cuales la autoridad la considera no sólo una simple omisión, se entenderá a la perfección tal severidad. Es decir, no se trata de un mal cálculo de impuestos, sino de una verdadera maquinación en la que se pretende despojar al Estado de recursos que debe percibir; además, ni siquiera son parte del peculio del contribuyente, sino que se trata de cantidades que le fueron descontadas a un tercero, pero que no llegaron al destino para el cual se retuvieron.
TERCERA SECCIÓN PAGO DE CONTRIBUCIONES RECAUDADAS Estas contribuciones guardan cierta similitud con los impuestos retenidos, su diferencia estriba en que no se efectúa un descuento al pago, sino más bien al pago recibido se adiciona la contribución que, en su caso, se traslada; como ejemplo se puede señalar el impuesto al valor agregado, que se traslada en cada fase de una cadena de consumo. Otro ejemplo es el que se puede originar como impuesto sobre la renta, derivado de una operación de compra venta de inmuebles; en este caso el empleado fedatario, al formalizar la operación, además de sus honorarios, cobrara el impuesto generado por la citada operación. En resumen, lo que caracteriza a los impuestos recaudados es que no existe un descuento, sino más bien un valor adicionado a la contraprestación, de modo que el contribuyente original se lo entrega al responsable solidario, que es en quien recae la obligación de enterarlo a la autoridad. En todo caso, tanto en la retención como en la recaudación, el responsable solidario asume la obligación de entregar en tiempo y forma los impuestos respectivos, por lo que de alguna manera se compromete a cumplir cabalmente con su responsabilidad, pues de no hacerlo, acepta las consecuencias de sus actos.
CAPÍTULO VI REPRESENTACIÓN Y FORMALIDADES DE LOS ESCRITOS ANTE AUTORIDADES FISCALES
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Tomando en consideración lo establecido en los artículos 18 y 19 del Código Fiscal de la Federación, las promociones que se dirijan a las autoridades fiscales deberán satisfacer diversos requisitos procedimentales. El artículo 18 del citado Código, señala que toda promoción dirigida a las autoridades fiscales deberá presentarse mediante documento digital que contenga firma electrónica avanzada. El mismo dispositivo, en su segundo párrafo, indica que las promociones deberán enviarse por los medios electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, a las direcciones electrónicas que al efecto apruebe dicho órgano. En este orden de ideas, las reglas de carácter general son aquellas que se dan a conocer en la Resolución Fiscal Miscelánea, misma que sobre el particular no expresa nada; es decir, no precisa alguna forma especifica en que deba presentarse la promoción que contiene el recurso de revocación, por lo que ha de entenderse que para el caso, prevalece la presentación en medio impreso y no digital, por lo menos hasta que no se autorice o disponga otra forma de presentación. Por consiguiente, tomaremos como referencia lo que señala el citado precepto en cuanto a las formalidades que los escritos libres deben contener, es decir; • El nombre, la denominación o razón social, y el domicilio fiscal manifestado al registro federal de contribuyentes, para el efecto de fijar la competencia de la autoridad, y la clave que le correspondió en dicho registro. • Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción. • La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones.
Asimismo, el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación especifica que no se permite la gestión de negocios, lo que significa que sólo quienes tengan interés en el asunto de que se trate, podrán intervenir en el caso. En este caso, se actualiza lo previsto en el artículo 1° del Código Federal de Procedimientos Civiles, mismo que se aplica de manera supletoria en materia fiscal, en virtud de lo que establece el numeral 5°, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación:
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
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ARI. 1°.— Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario. Actuarán, en el juicio, los mismos interesados o sus representantes o apoderados, en los términos de la ley. En cualquier caso, los efectos procesales serán los mismos, salvo prevención en contrario. En este tenor, en lo conducente, el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación consigna: ART. 19.- En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios, La representación de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales se hará mediante escritura publica o mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público. Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a personas que a su nombre reciban notificaciones. La persona así autorizada podrá ofrecer y rendir pruebas y presentar promociones relacionadas con estos propósitos. Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha en que se presenta la promoción. Concretamente, para poder ostentarse como representante de alguna persona, ya sea moral o física, deberá, en el primer caso, contarse con un poder otorgado ante notario público, y en el segundo, mediante carta poder ratificada ante la propia autoridad fiscal. Es importante que al momento de acreditar la personalidad y, en consecuencia, autorizar a abogados para que a su nombre oigan y reciban notificaciones, al mismo tiempo se les autorice que también se puedan imponer del expediente; es decir, no sólo se les autoriza para oír y recibir notificaciones, sino también a revisar el expediente sobre el cual se actúa, a efecto de cerciorarse del estado procesal que guarda, toda vez que en materia fiscal no se da la inactividad procesal caducidad de la instancia —mas bien, lo que puede suceder es que se actualice la negativa ficta a que alude el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación. En síntesis, los requisitos que deben contener las promociones son los siguientes: 1. Nombre del promovente. 2. Denominación o razón social del contribuyente.
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3. Registro federal del contribuyente y del promovente. 4. Mencionar el documento que acredita la personalidad del promovente. 5. Señalar la autoridad a la que se dirige. 6. Establecer el propósito de la promoción. 7. Señalar la dirección para oír y recibir notificaciones. 8. Lugar y fecha de la promoción. 9. Firma del promovente. 10. Registro Federal de Contribuyentes del promovente.
CAPÍTULO VII REQUISITOS GENERALES DE LOS COMPROBANTES FÍSCALES Los comprobantes fiscales representan la forma de documentar las operaciones que normalmente realiza un contribuyente; es decir, guardan el historial de los ingresos, gastos, inversiones y en general todo lo relacionado con sus actividades por las cuales esta obligado a contribuir. Además, son indispensables para poder, para efectos fiscales, deducirlos de los ingresos obtenidos, así como acreditar que se ha pagado un servicio y hasta una contribución. Pero ¿qué son los comprobantes fiscales? Son documentos que se reciben al adquirir un bien, un servicio o usar temporalmente bienes inmuebles (arrendamiento). ¿Cuántos tipos de comprobantes hay? Existen dos grupos de comprobantes: • Los simplificados y • Los que cumplen con todos los requisitos fiscales (comprobantes para efectos fiscales). Los comprobantes simplificados son los que entregan las personas que prestan servicios o enajenan bienes al público en general, y se expiden cuando el adquirente no solicita un comprobante con todos los requisitos fiscales.
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Los comprobantes para efectos fiscales deben reunir los requisitos y características que establece la legislación fiscal. Estos comprobantes permiten la disminución de un gasto sobre los ingresos (deducción) y la disminución de impuestos contra lo que se tiene a cargo (acreditamiento), y a la vez comprobar el ingreso percibido por esa operación. ¿Por qué es importante recabar o solicitar un comprobante fiscal? Es importante que el contribuyente que pagó por un bien o servicio cuente con un comprobante de la transacción que efectué, ya que le permitirá disminuir ese gasto de sus ingresos (a esto se llama deducción) o bien, disminuir del IVA que se tiene a cargo el impuesto pagado al incurrir en esos gastos, o bien el cobrado a los clientes al vender (esto es el acreditamiento). Por eso se debe exigir que le entreguen un comprobante que tenga efectos fiscales. Para el contribuyente que enajene bienes o preste servicios, es el medio por el cual puede comprobar los ingresos que percibe, y debe ser su fuente de información al momento de calcular el pago de sus impuestos. Para que se le pueda denominar comprobante para efectos fiscales, el comprobante debe reunir la serie de requisitos y características que marca la legislación fiscal vigente. ¿Qué sucede si no se obtiene el comprobante fiscal? Como se trata de una obligación establecida en las disposiciones fiscales, los contribuyentes tienen la responsabilidad de cumplir con la misma; en caso de no hacerlo, la consecuencia seria que el adquirente del bien o servicio no pueda deducir el gasto. ¿Qué consecuencias tiene que el obligado a expedir el comprobante fiscal no lo haga? Con la finalidad de garantizar y dotar de mayor seguridad jurídica a los contribuyentes en materia de comprobantes fiscales, la omisión o el incumplimiento de las disposiciones fiscales es una infracción que trae aparejada la aplicación de una sanción. Las infracciones relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales son las que se enuncian a continuación, siempre y cuando sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales correspondientes: Infracciones (artículo 83 del CFF)
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No expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías en transporte en territorio nacional. No expedir o no entregar comprobante de sus actividades cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin requisitos fiscales. No cumplir con los requisitos señalados para la expedición de los comprobantes que amparen donativos y expedir dichos comprobantes. Expedir comprobantes fiscales asentando nombre, denominación, razón social o domicilio de persona distinta a la que adquiere el bien, contrate el uso o goce temporal de bienes o el uso de servicios. ¿Qué datos deben contener los requisitos fiscales? Según lo dispone el artículo 29 A del Código Fiscal de la Federación, los comprobantes fiscales deben reunir los siguientes requisitos: • Contener impreso el nombre, denominación o razón social. • Domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyente de quien los expida. • Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, deberán señalar en los mismos el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes. • Contener impreso el número de folio. • Lugar y fecha de expedición. • Clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida. • Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen. • Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra, así como el monto de los impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse, desglosado por tasa de impuesto, en su caso. • Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual se realizó la importación, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de importación. • Fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado.
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• Tratándose de comprobantes que amparen la enajenación de ganado, la reproducción del hierro de marcar de dicho ganado, siempre que se trate de aquel que deba ser marcado. Ahora bien, los comprobantes fiscales deben ser expedidos por impresores autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. Asimismo, dichos comprobantes deberán ser utilizados por el contribuyente en un plazo máximo de dos años; es posible prorrogar su utilización cuando se cubran los requisitos que al efecto señale la autoridad fiscal de acuerdo con reglas de carácter general que al efecto se expidan. La fecha de vigencia deberá aparecer impresa en cada comprobante. Transcurrido el plazo antes referido, se considerará que el comprobante queda sin efectos para la deducción o acreditamiento previstos en las leyes fiscales. Los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general, respecto de dichas operaciones deberán expedir comprobantes simplificados en los términos que señale el Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Dichos contribuyentes quedarán liberados de esta obligación cuando las operaciones con el público en general se realicen con un monedero electrónico que reúna los requisitos de control que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Por último, es importante señalar que los comprobantes de las operaciones tanto de los gastos como de los ingresos, al igual que toda la contabilidad, deberán conservarse en el domicilio fiscal del contribuyente y por un plazo de cinco anos.
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LIBRO SEGUNDO
ASPECTOS PRÁCTICOS DE LAS CONTRIBUCIONES
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TÍTULO IV ACTUALIZACIÓN DE CONTRIBUCIONES Y RECARGOS CAPÍTULO I ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) La utilización de un indicador como el Índice Nacional de Precios al Consumidor, representa la indexación o referencial de costos, gastos e ingresos a una serie de dates e información, que se supone experimenta variaciones de acuerdo con el comportamiento económico y financiero del país. La indexación, o indización, significa vincular algo a un índice que esta expuesto a variaciones y alteraciones, ya sea a la alza o a la baja, y por ello lo que esté referenciado a él, sufrirá irremediablemente las mismas consecuencias. El Índice Nacional de Precios al Consumidor de México, a diferencia de de lo que ocurre en países como la Unión Americana, no es un parámetro de confianza del consumidor que establezca que entre más se gasta, mayor es la confianza de los consumidores en la economía de sus finanzas; por el contrario, en nuestro país el índice esta dirigido básicamente a medir las variaciones de los precios al consumidor, que en un mercado libre y sin control de precios se fundamenta en la oferta y la demanda, De tal suerte que si la demanda baja, los precios al consumidor asumen una tendencia a la baja y por consiguiente el índice disminuye de un mes a
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otro; en cambio, el efecto es precisamente a la inversa cuando la demanda sube, pues los precios siguen esa tendencia y la variación del índice de un mes a otro se expresara en un incremento. En México, la obtención de factores, índices y vectores económicos no es cosa nueva; sin embargo, las graves crisis financieras de los últimos 30 años han dado relevancia a su utilización. Entre los primeros en utilizar como medio de conocimiento de valores actuales las adquisiciones realizadas en periodos anteriores, se encuentra el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, al publicar el Boletín B10, que en síntesis nos habla de la reexpresión de estados financieros y valores de los activos. A partir del 1° de enero de 1990, se incorporó al Código Fiscal de la Federación el artículo l7-A, que en la actualidad establece lo siguiente; ART. 17-A.— El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del fisco federal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco federal, no se actualizarán por fracciones de mes. En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado. Los valores de bienes u operaciones se actualizarán de acuerdo con lo dispuesto por este artículo, cuando las leyes fiscales así lo establezcan. Las disposiciones señalarán en cada caso el periodo de que se trate. Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. El monto de ésta, determinado en los pagos provisionales y del ejercicio, no será deducible ni acreditable. Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo del fisco federal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1.
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Las cantidades en moneda nacional que se establezcan en este Código, se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 10%. Dicha actualización se llevará a cabo a partir del mes de enero del siguiente ejercicio a aquel en el que se haya dado dicho incremento. Para la actualización mencionada se considerará el periodo comprendido desde el mes en el que éstas se actualizaron por última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado. Para estos efectos, el factor de actualización se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. El Servicio de Administración Tributaria realizará las operaciones aritméticas previstas en este artículo y publicará el factor de actualización así como las cantidades actualizadas en el Diario Oficial de la Federación. Para determinar el monto de las cantidades a que se refiere el párrafo anterior se consideraran, inclusive, las fracciones de peso; no obstante lo anterior, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata superior. Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales se deban realizar operaciones aritméticas, con el fin de determinar factores o proporciones, las mismas deberán calcularse hasta el diezmilésimo. Para conocer un poco más y al mismo tiempo comprender todo lo relacionado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, a continuación se presentan los siguientes cuestionamientos. ¿Qué es el Índice Nacional de Precios al Consumidor? El Índice Nacional de Precios al Consumidor es un indicador económico de gran importancia, cuya finalidad es medir a través del tiempo la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares. ¿Quién es el encargado de investigar y obtener el Índice Nacional de Precios al Consumidor? De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2° de la Ley del Banco de México, 20, segundo párrafo y 20 Bis del Código Fiscal de la Federación, compete al Banco de México procurar la estabilidad del poder adquisitivo y regular la inflación del país, para lo cual efectuará los análisis estadísticos, financieros y de movimientos de precios del país.
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¿Para que sirve el Índice Nacional de Precios al Consumidor? Es el instrumento estadístico por medio del cual se mide el fenómeno económico que se conoce como inflación. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor es a la inflación lo mismo que el termómetro a la temperatura, el barómetro a la presión atmosférica o el velocímetro a la velocidad. Se entiende por inflación, el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios que se expenden en una economía. ¿Por qué es difícil medir la inflación? Medir la inflación es un reto técnico complejo por las siguientes razones: • Por el gran numero de precios que existe en una economía moderna; • Por la necesidad de tener una cobertura lo más amplia posible de los gastos que realizan los agentes económicos; • Porque los bienes y servicios se expenden a todo lo largo y ancho del territorio nacional; • Porque los precios no cambian simultáneamente, ni avanzan todo el tiempo a la misma velocidad. En razón de que es imposible cotizar la totalidad de los precios de los bienes y servicios que se consumen, la construcción del Índice Nacional de Precios al Consumidor y sus cálculos se realizan con base en procedimientos basados en el muestreo. Éstos se apoyan en el principio fundamental de la estadística inferencial, es decir, se infieren algunos conceptos y se asumen valores, por lo que no es necesario consumir la totalidad de un platillo, basta con probarlo para saber si es del sabor apetecido. ¿Por qué es importante e Índice Nacional de Precios al Consumidor? Porque permite conocer cuál es la inflación promedio en el país durante un periodo específico. Asimismo, porque de acuerdo con el comportamiento del citado índice, el Banco de México diseña la política monetaria orientada a procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Los contratos de diverso tipo, como alquileres de inmuebles y pensiones, se revisan con base en las variaciones del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
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Otra utilidad complementaria de este índice es la de obtener magnitudes "reales", o lo que es lo mismo, en términos del poder de compra, a partir do información económica expresada en términos "nominales". En busca de la estabilidad de los precios Una de las principales razones para realizar una medición lo más precisa posible de la inflación es porque se trata de un fenómeno económico nocivo. La inflación es perjudicial por los siguientes motivos: • Daña la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional; • Afecta el crecimiento económico al hacer más riesgosos los proyectos de inversión; • Distorsiona las decisiones de consumo y ahorro; • Propicia una desigual distribución del ingreso, y • Dificulta la intermediación financiera.
Las anteriores son algunas de las causas de que la función primordial del Banco de México, por mandato constitucional, sea la de procurar que el País tenga una moneda sana. El cumplimiento de ese cometido da sustento al programa de reducción de la inflación en que esta comprometido actualmente el Instituto Central. ¿Cuáles son los principales componentes del Índice Nacional de Precios al Consumidor? Los principales componentes de este índice se agrupan en ocho categorías, de acuerdo con la forma en que los consumidores distribuyen su gasto: • • • • • • • •
Alimentos, bebidas y tabaco; Ropa, calzado y accesorios; Vivienda; Muebles, aparatos y accesorios domésticos; Salud y cuidado personal; Transporte; Educación y esparcimiento, y Otros servicios. ¿Qué son los conceptos genéricos y específicos?
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Para elaborar el Índice Nacional de Precios al Consumidor se hace un seguimiento continuo de los precios de productos específicos. Sin embargo, para fines de cálculo de dicho índice, estos específicos se agrupan para formar conjuntos aproximadamente homogéneos de bienes y servicios que se denominan genéricos. Estos últimos constituyen la menor unidad de ponderación dentro del Índice Nacional de Precios al Consumidor. En la práctica, cada mes se recopilan 170,000 cotizaciones de productos específicos que se agrupan en 313 conceptos genéricos. Ejemplos: • Genérico refrescos. Para conformar el genérico "refrescos" se investiga permanentemente el precio de cada una de las marcas (específicos) con sus respectivas presentaciones (aluminio, cristal, plástico, etcétera). • Genérico automóviles. Para el dato del genérico “automóviles” se investigan los precios de las diferentes marcas y modelos (específicos). Importancia relativa de los genéricos en la canasta del Índice Nacional de Precios al Consumidor La información para medir la importancia relativa de los genéricos dentro de la canasta de este índice se obtiene a partir de una encuesta que levanta el INEGI en los hogares y que tiene cobertura nacional. A tal estudio se le conoce con el nombre de Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). Así, el gasto que la ENIGH asocia con cada bien o servicio se compara contra el gasto total de las familias mexicanas. De esta comparación se obtiene un cociente mediante la siguiente formula: Gasto total de las familias mexicanas Σ
= Gasto en el bien o servicio i de todas las familias mexicanas
Estos cocientes indican la importancia relativa o el peso de cada satisfactor en los gastos de las familias mexicanas. A su vez, cada uno de esos porcentajes tiene una correspondencia con los genéricos del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Por tanto, los pesos así estimados determinan el impacto que tendrá un cambio en el precio de un genérico dentro del presupuesto familiar. Por ejemplo, un aumento en el precio de la sal tiene menor incidencia sobre el presupuesto familiar que un aumento en el de los refrescos. Ello, aún cuando el de la sal fuese de 30% y el de los refrescos de tan sólo 5%. A cada
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uno de estos pesos relativos se le conoce como ponderación. Así, al conjunto de todos esos pesos relativos se le denomina estructura de ponderaciones. ¿Cómo se garantiza que los precios que alimentan recurrentemente al índice Nacional de Precios al Consumidor sean mediciones representativas? Para garantizar la representatividad de los precios que intervienen en el cálculo del índice se realiza una selección de fuentes de información en cada una de las 46 ciudades de cotización. Estas fuentes son normalmente tiendas, comercios y prestadores de servicios ampliamente preferidos por los consumidores. Una vez elegidos los establecimientos, se lleva a cabo una investigación de marcas y presentaciones para seleccionar los productos específicos de cuyo precio se hará un seguimiento recurrente. La selección de los servicios se realiza con base en la opinión de los informantes, que escogen los más representativos. Los precios que se recaban pasan por un proceso de revisión y, si es necesario, de verificación. Así se garantiza que las cotizaciones que intervienen en el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor sean los precios vigentes en el mercado. ¿Se toma en cuenta algún tipo de regionalización para el cálculo del índice Nacional de Precios al Consumidor? El sistema del índice esta integrado por 46 ciudades y áreas metropolitanas agrupadas en siete regiones. A su vez, por su tamaño, las ciudades se clasifican en pequeñas, medianas y grandes. De este modo se calculan índices de precios para cada una de las siete regiones en que se divide el territorio nacional y para las 46 ciudades que conforman el sistema, así como para cada tamaño de localidad. Cabe señalar que al menos en una ciudad por estado se recoge información para el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor. De esta manera se asegura su representatividad espacial. Al calcular el índice, ¿se hace alguna diferenciación de la población de acuerdo con el nivel de ingreso de las familias? El cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor considera cuatro estratos diferentes de acuerdo con el nivel de ingreso de los hogares. Estos grupos son: • Estrato 1: Hogares con ingresos menores de un salario mínimo;
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• Estrato 2: Hogares con ingresos entre uno y tres salaries mínimos; • Estrato 3: Hogares con ingresos entre tres y seis salaries mínimos, y • Estrato 4: Hogares con ingresos mayores de seis salaries mínimos. Para cada uno de los grupos anteriores se calcula un índice, el cual considera las particularidades del consumo de su estrato específico. Por ejemplo, servicios como el transporte colectivo tienen mayor peso para el cálculo del índice del estrato 1 que para el del estrato 4. Otro ejemplo seria el del consumo de gasolina y automóviles, que tiene mayor peso en el estrato 4 que en el estrato. Es posible consultar los índices por estrato en el ámbito nacional. Asimismo, éstos pueden conocerse también por región. En el ámbito nacional, se calculan índices por estrato de ingreso para cada uno de los ocho grandes grupos de bienes y servicios, clasificados por objeto del gasto. ¿Que es la inflación subyacente? Es el aumento continuo de los precios de un subconjunto del Índice Nacional de Precios al Consumidor que contiene a los genéricos con cotizaciones menos volátiles. La inflación subyacente mide la tendencia inflacionaria de mediano plazo y su comportamiento se ve influido, principalmente, por variables macroeconómicas como el tipo de cambio y los salarios. ¿Cómo se mide la inflación subyacente? Su estimación consiste en separar de forma sistemática y predeterminada del cálculo, aquellos componentes del Índice Nacional de Precios al Consumidor cuyos precios tienen un comportamiento que se sabe, por experiencia, difiere frecuentemente de la tendencia general del resto de los genéricos que forman el sistema de precios. La medida resultante es muy valiosa y útil para el análisis de la tendencia de los precios a mediano plazo, y como referencia para la instrumentación de la política monetaria. ¿En que consisten los índices de precios especiales que se derivan del Índice Nacional de Precios al Consumidor? No todos los precios que integran el índice presentan igual patrón de comportamiento. La experiencia ha mostrado que los precios de algunos bienes y servicios (perfectamente identificados hoy en día) tienen un comportamiento caracterizado por la volatilidad o por influencias estacionales.
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Este último es el caso de los productos agropecuarios, de los bienes y servicios con precios administrados y concertados o de los servicios educativos (colegiaturas). La experiencia ha confirmado también que la comprensión del fenómeno inflacionario se facilita si los precios de estos últimos bienes se agrupan en un subíndice aparte. Esa comprensión se fortalece si el resto de los precios (determinados por factores macroeconómicos como el tipo de cambio o los salarios) se estudian por separado. De esta última decisión surgió el llamado índice de inflación subyacente, cuya canasta esta integrada por todos aquellos productos y servicios cuyos precios tienen una evolución más estable. El índice de inflación subyacente se separa, a su vez, en el subíndice subyacente de las mercancías (cuyos precios reciben una gran influencia del tipo de cambio) y el subíndice subyacente de los servicios (con influencia preponderante de los salarios). El estudio del índice de inflación subyacente y de sus respectivos subíndices permite captar con más nitidez las tendencias generales de la inflación. Esto es muy importante para el análisis del fenómeno inflacionario y para la toma de decisiones en materia de política monetaria. Sin embargo, es conveniente resaltar que la meta inflacionaria anual se fija con respecto al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Periodicidad de publicación y difusión del índice Nacional de Precios al Consumidor El Banco de México publica el nivel del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el Diario Oficial de la Federación los días 10 y 25 de cada mes o, en su caso, el día hábil inmediato anterior. Un día antes de la publicación, el Banco de México la difunde en su página electrónica. Además de esta divulgación quincenal del Índice, también se cuenta con una mensual, que trasciende el día 10 de cada mes. Cabe señalar que el dato del Índice Nacional de Precios al Consumidor mensual y del quincenal es un promedio del periodo respectivo. Sin embargo, para los efectos fiscales, el Índice Nacional de Precios al Consumidor que se emplea para la actualización de contribuciones, es el que se publica en el Diario Oficial de la Federación a mas tardar el 10 de cada mes.
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CAPÍTULO II FACTORES DE ACTUALIZACIÓN Y EFECTOS EN LAS CONTRIBUCIONES Como señalamos en el capítulo anterior, el Banco de México es la entidad encargada de realizar el diagnóstico de las variaciones de precios, calcular el impacto en el consumo y determinar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo que se convierte en referencia para estimar y, aún más, precisar la inflación alcanzada mes a mes y desde luego la obtenida en todo un año. Una vez comprendida la función del citado Índice, es preciso abordar el tema que se relaciona con el factor de actualización. En el articulo 17-A del Código Fiscal de la Federación, se utiliza la expresión “Factor de Actualización” (FA), y al mismo tiempo nos proporciona una fórmula para obtener ese factor. Sin embargo, ¿que es la actualización de contribuciones? Como su nombre lo indica, se trata del reconocimiento de los efectos inflacionarios en las contribuciones que no se pagan de manera oportuna; es decir, representa traer al presente datos y cifras de contribuciones que tenían un valor en un determinado tiempo, pero que por el transcurso del tiempo pueden verse afectados de tal forma que ya no valgan lo mismo, por lo cual se tienen que renovar a efecto de darles un valor verdadero. Ahora bien, señalamos que el artículo antes mencionado facilita una fórmula para obtener el factor de actualización, el cual se basará en los índices que mes a mes publica el Banco de México; el procedimiento es el siguiente: INPC <
R FA
INPC < A Esta fórmula se explica de la siguiente manera: • Las siglas INPC son precisamente las del Índice Nacional de Precios al Consumidor, • El signo < significa anterior. • La letra "R" significa el mes más reciente • La letra "A" significa el mes más antiguo.
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• Las letras "FA" significan factor de actualización; es decir, el resultado de dividir el INPC de un determinado mes, entre otro INPC de otro mes. Lo anterior se fundamenta en el artículo l7—A del Código Tributario, que en la parte especifica consigna lo siguiente: Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior del más reciente del periodo entre el citado Índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo [cursivas del autor]. Sin embargo, el siguiente párrafo del dispositivo legal antes mencionado señala que: En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último Índice mensual publicado. El párrafo antes transcrito es una modificación al citado precepto, ya que originalmente, cuando en l990 se incorporó al artículo de referencia, éste decía en lo medular lo siguiente: El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del fisco federal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo entre el citado Índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco federal, no se actualizaron por fracciones de mes [cursivas del autor]. Como se puede apreciar, cuando se adiciono el articulo 17-A del Código Fiscal de la Federación, su redacción era mas simple y comprensible; sin embargo, al modificarse y agregarle el adjetivo "anterior", hubo confusiones, por lo que tuvieron que precisar que cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor anterior al más reciente no se hubiese publicado, para los efectos de las actualizaciones, se tomará como referencia el último Índice publicado, lo que también ha generado confusiones. En realidad, la actualización de contribuciones consiste en tomar como referencia el mes anterior a aquel en que se debió pagar el impuesto o la diferencia no enterada en su oportunidad y, al mismo tiempo, se asume como mes de actualización el último conocido o publicado, a efecto de que la
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renovación sea lo mas cercana posible al momento en que se actualiza dicha contribución; en este contexto, la fórmula queda de la siguiente manera: INPC más reciente o conocido = INPC <
FA
A
Para dar certidumbre a lo que se expresa, a continuación se presentan dos ejemplos que exponen los dos escenarios: Ejemplo 1 Contribución omitida en el mes de febrero de 2005 por $100,000.00 Procedimiento Formula: INPC <
R = FA
INPC < A Periodo de actualización: Tomando en consideración que se pagará la contribución omitida el día 6 de febrero de 2008, el periodo de actualización se presentaría de la siguiente manera: a. Mes anterior al más antiguo del periodo enero de 2005, ya que la contribución no se pagó en el mes de febrero de 2005. b. Mes anterior al más reciente del periodo noviembre de 2007, esto debido a que el mes de enero de 2008, al momento en que se actualiza, no se ha publicado, por lo que el mes más reciente seria el de diciembre de 2007, y tomando en consideración la fórmula antes citada el anterior seria el mes de noviembre. Sustitución de la formula: INPC del mes de noviembre de 2007 =
FA
=
FA
INPC del mes de enero de 2005 Sustitución de valores: INPC/ noviembre de 2007 = 125.047 INPC/ enero de 2005 Actualización de la contribución omitida:
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= 112.554
Contribución omitida en el mes de febrero de 2005 por el factor de actualización obtenido. Operación aritmética: DIHD
FA
$100,000.00 X
1. 1109
DIA =
$111,090.00
Es decir, la contribución actualizada utilizando el primer método, se incremento en $11, 090.00. Aclaraciones: • Lo que se representa con el factor de actualización, es que en el periodo transcurrido del mes de enero de 2005 al mes de noviembre de 2006, la inflación registró un incremento real del orden de 11.09%, resultado que proviene de convertir en porcentaje los dígitos que se expresan después del punto, ya que la multiplicación por 1 significa multiplicar el monto original por 1, que es la unidad, lo que da como consecuencia la misma cantidad. • Asimismo, la cantidad que arroja la operación de dividir los índices utilizados, tiene como resultado 1.110995610996, pero atendiendo a lo expuesto en el último párrafo del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, cuando de conformidad con las disposiciones fiscales se deban realizar operaciones aritméticas con el fin de determinar factores o proporciones, las mismas deberán calcularse hasta el diezmilésimo. • En consecuencia, el número antes señalado se corta hasta el diezmilésimo, o sea cuatro dígitos después del punto sin redondear (1.110995610996).
Ejemplo 2 Contribución omitida en el mes de febrero de 2005 por $100,000.00 Procedimiento Fórmula: INPC más reciente o conocido INPC <
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= FA A
Periodo de actualización: Tomando en consideración que se pagará la contribución omitida el día 6 de febrero de 2008, el periodo de actualización sería de la siguiente manera: a. Mes anterior al más antiguo del periodo enero de 2005, ya que la contribución no se pagó en el mes de febrero de 2005. b. El mes conocido es el mes de diciembre de 2007, que corresponde al mes publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2008, esto debido a que el mes de enero de 2008, al momento en que se actualiza, no se ha publicado. Sustitución de la fórmula: INPC del mes de diciembre de 2007 =
FA
=
FA
INPC del mes de enero de 2005 Sustitución de valores: INPC/ diciembre de 2007 = 125.564 INPC/ enero de 2005
= 112.554
Actualización de la contribución omitida; Contribución omitida en el mes de febrero de 2005 por el factor de actualización obtenido. Operación aritmética: DIHD
FA
$100,000.00 X
1. 1155
DIA =
$111,550
Es decir, la contribución actualizada utilizando el Segundo método su incrementó en $11, 550.00, lo que da un diferencial respecto a la primera técnica utilizada de $460.00. En apariencia, no es muy notable la citada diferencia; sin embargo, el espíritu de la actualización es que se realice de la manera más certera posible y desde luego lo más cercana al momento de pagar la contribución que se actualiza. Pudiera pensarse que no es equitativo utilizar el mes anterior al más antiguo y en contraparte utilizar el mas reciente o conocido; sin embargo, si se
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asume que nunca se actualizará al mes real en el que se paga, por el simple hecho de no haber concluido y por ende desconocerse el índice que le corresponde, luego entonces, el periodo se complementa al recurrir al mes anterior al más antiguo, logrando con tal situación que la actualización sea mas fidedigna. De todo lo antes expuesto, esperando haber tratado lo más explícitamente posible, podríamos concluir lo siguiente: • El Índice Nacional de Precios al Consumidor es el que el Banco de México da a conocer a más tardar el día 10 de cada mes en el Diario Oficial de la Federación, correspondiendo dicho índice al mes inmediato anterior, es decir, el de enero lo publica en febrero, el de febrero en marzo, el de marzo en abril, y así sucesivamente. • Para la actualización, respecto del periodo, en cuanto al tributo no pagado, se toma el mes anterior a aquel en que se debió pagar la contribución; o sea, si la contribución se omitió en el mes de enero de un ano, el índice que se utilizará para la actualización seria el de diciembre del año anterior; si la contribución omitida se tenia que pagar en el mes de febrero de un año, el índice a utilizar seria el de enero de ese mismo año, y así en cada caso. • En cuanto al índice a utilizar para conocer el mes en que se pagará, se toma el índice que se conoce, es decir el más reciente que se haya publicado. • El índice más reciente conocido es en la operación aritmética el dividendo de la división, o sea el que va en la parte superior, y el índice anterior al más antiguo se ubica como divisor en dicha operación, es decir debajo de la citada división. • El resultado de la operación aritmética es el factor de actualización a utilizar, que debe emplearse únicamente hasta el diezmilésimo, o sea cuatro dígitos después del punto, sin redondear. • La contribución omitida o no pagada se multiplica por el factor de actualización obtenido, y el resultado será la contribución actualizada. • El procedimiento correcto a utilizar es el que se demostró con el Ejemplo 2 de este estudio. • La contribución así actualizada, con el monto adicionado por la actualización, conserva la misma naturaleza jurídica original. • Las siglas DIHD significan Diferencia de lmpuesto Histórica Determinada.
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• Las siglas DIA significan Diferencia de lmpuesto Actualizada. Por último, es importante destacar que el articulo l7·A del Código Fiscal de la Federación únicamente señala el procedimiento para actualizar las contribuciones; sin embargo, el precepto 21 del citado Código es el que establece la obligación de actualizar las contribuciones no pagadas en su oportunidad, ya que precisa en el primer párrafo, en lo conducente, lo que a continuación se transcribe: ART. 2l.— Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe... [cursivas del autor].
CAPÍTULO III Recargos La expresión "recargos" supone la aplicación de una carga adicional a la que originalmente se adeuda; en materia financiera se les denominan intereses, y tienen por objeto cobrar el costo de una deuda diferida por convenio. A través de esos intereses el acreedor le impone al deudor una tasa de interés que se adiciona al adeudo original y que se cubre mediante amortizaciones parciales hasta cubrir el total del préstamo o deuda contraída. Por otro lado, también se reconocen los intereses moratorios, que se aplican como penalización por el aplazamiento de la fecha en que se debió pagar el adeudo y los intereses pactados o convenidos. En materia fiscal, los recargos se configuran como una indemnización por el diferimiento indebido en el pago de las contribuciones a que se esta obligado; es decir, cuando no se cubren las contribuciones en tiempo y forma o se cubren de manera incompleta, se causan recargos. En efecto, el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación establece lo siguiente: ART. 21 .— Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectuó, además deberán pagarse recargos en concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en
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el periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Unión. Los recargos se causaran hasta por cinco años, salvo en los casos a que se refiere el artículo 67 de este Código, supuestos en los cuales los recargos se causarán hasta en tanto no se extingan las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos emitidos y sus accesorios, y se calcularán sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización a que se refiere el párrafo séptimo de este articulo, los gastes de ejecución y las multas por infracción a disposiciones fiscales. En los casos de garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros, los recargos se causarán sobre el monto de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado, cuando no se pague dentro del plazo legal. Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se computarán sobre la diferencia. Los recargos se causaran por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectué. Cuando los recargos determinados por el contribuyente (sic) sean inferiores a los que calcule la oficina recaudadora, ésta deberé aceptar el pago y procederá a exigir el remanente. El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea presentado en tiempo y no sea pagado, dará lugar al cobro del monto del cheque y a una indemnización que será siempre del 20% del valor de este, y se exigirá independientemente de los demás conceptos a que se refiere este articulo, Para tal efecto, la autoridad requerirá al librador del cheque para que, dentro de un plazo de tres días, efectué el pago junto con la mencionada indemnización del 20%, o bien, acredite fehacientemente, con las pruebas documentales procedentes, que se realizó el pago o que dicho pago no se realizó por causas exclusivamente imputables a la institución de crédito. Transcurrido el plazo señalado sin que se obtenga el pago o se demuestre cualquiera de los extremos antes señalados, la autoridad fiscal requerirá y cobrará el monto del cheque, la indemnización mencionada y los demás accesorios que correspondan, mediante el procedimiento administrativo de ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad que en su caso procediere. Si se obtiene autorización para pagar a plazos, ya sea en forma diferida o en parcialidades, se causaran además los recargos que establece el artículo 66 de este Código, por la parte diferida.
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En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere este artículo. No causarán recargos las multas no fiscales. Las autoridades fiscales podrán condonar total o parcialmente los recargos derivados de un ajuste a los precios o montos de contraprestaciones en operaciones entre partes relacionadas, siempre que dicha condonación derive de un acuerdo de autoridad competente sobre las bases de reciprocidad, con las autoridades de un país con el que se tenga celebrado un tratado para evitar la doble tributación, y dichas autoridades hayan devuelto el impuesto correspondiente sin el pago de cantidades a título de intereses. En ningún caso las autoridades fiscales podrán liberar a los contribuyentes de la actualización de las contribuciones o condonar total o parcialmente los recargos correspondientes. Para su debida comprensión, a continuación se realiza el siguiente análisis del artículo citado. Conceptualización de los recargos En el primer párrafo se establece que cuando no se cubran las contribuciones en su oportunidad, dichas contribuciones deberán actualizarse, lo cual ya se estudio en el capítulo anterior, en donde se explicó el procedimiento para su actualización; sin embargo, se precisa que se causarán recargos como indemnización al fisco federal por no haberlos pagado oportunamente. Respecto a esta situación, la indemnización constituye un resarcimiento o retribución al fisco federal, en su calidad de autoridad encargada de administrar, controlar y recaudar los tributos de los contribuyentes. La aplicación de los recargos obedece a que los contribuyentes que no pagan oportunamente, se colocan en ventaja respecto de quienes si los cubren debidamente; además, no hay que perder de vista que las contribuciones forman parte de los ingresos que el Estado tiene contemplados en un ejercicio fiscal. Asimismo, la conceptualización de “indemnización” se vincula con el daño que se ocasiona, es decir, demorar el pago de una contribución ocasiona un detrimento en los ingresos federales, que a su vez se destinan al cumplimiento de las obligaciones constitucionales que el Estado debe llevar al cabo. Por su parte, la oportunidad se refiere a los tiempos que la legislación fiscal establece como fechas limites para enterar las contribuciones a que se esta obligado; o sea, cuando se rebasa el término previsto para pagar, en
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automático al día siguiente el moroso se hace merecedor a la sanción de recargos. Ahora bien, los recargos se calculan multiplicando el total de las contribuciones no pagadas en su oportunidad, previamente actualizadas, por el tiempo que haya transcurrido desde la fecha en que debió cubrirse hasta la fecha en que se paguen. Determinación de la tasa de recargos Para determinar el total de recargos a pagar, se sumarán las tasas de recargos de cada uno de los meses que hubiesen transcurrido desde la fecha en que no se pagó hasta la fecha en que se efectúe el pago. En cuanto a la tasa o tasas aplicables de recargos, el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación consigna que dichas tasas serán las que por ley fije anualmente el Congreso de la Unión, aumentadas en un 50%. Para estos efectos, la ley a que se hace referencia en el dispositivo antes mencionado, es la Ley de Ingresos de la Federación. Es importante destacar en este momento que desde el ejercicio fiscal de 2004, la Ley de Ingresos de la Federación no ha experimentado cambios en cuanto a la tasa que se debe aplicar por mora en el pago de contribuciones. En el artículo 8°, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación, vigente para el ejercicio 2008 (como apuntamos, el articulo en cuanto a esta parte y porcentaje no ha cambiado desde 2004), establece lo siguiente: ART. 8".— En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos: I. Al 0.75 por ciento mensual sobre los saldos insolutos. Es decir, la tasa de recargos establecida para cada mes durante el ejercicio de 2008, será de 0.75%. Sin embargo, atendiendo a lo dispuesto en la última parte del primer párrafo del artículo 21 del Código Tributario, dicha tasa se debe incrementar en un 50%, por lo que la tasa real de recargos queda de la siguiente manera: Tasa de recargos contemplada en la Ley de Ingresos de la Federación 0.75% Por 50% de incremento contemplado en el artículo 21 del CFF Igual a:
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0.375 Suma: 0.75 + 0.375 = 1.125, esta cifra se cierra a centésimos, es decir a dos dígitos después del punto, por lo que la tasa de recargos mensuales queda en 1.13%. NOTA ACLARATORIA: Esta determinación difiere de lo señalado para los factores de actualización, debido a que se trata de porcentaje, no de factores o cocientes. Por lo tanto, se puede afirmar que desde el mes de enero de 2004 hasta la fecha, las tasas aplicables para cada uno de los meses es de 1.13% mensual. Periodo de causación de recargos Los recargos se causaran hasta por cinco años, contados a partir de la fecha en que se debió pagar la contribución adeudada; sin embargo, existe el Limite de la caducidad, es decir, pueden causarse y deberán pagarse mientras la autoridad no ejerza sus facultades de revisión y determinación de contribuciones y hasta que se extingan dichas facultades. Base para la aplicación de recargos Ahora bien, si el monto de la contribución omitida consiste no en el total, sino en una parte, es decir que el contribuyente no hubiera pagado en su totalidad el adeudo, los recargos se causaran por la diferencia, como a continuación se describe: Ejemplo Total de contribución $100,000.00 Menos Contribución pagada $ 80,000 00 Diferencia no pagada $ 20,000.00 Sobre la diferencia que resultó ($20,000.00), se aplicarían los recargos, no sobre el total. Momento de causación de recargos Los recargos se causan por mes o fracción de mes; es decir, si una contribución no se pagó el 17 del mes de febrero (limite o plazo máximo para enterar un pago provisional), los recargos se causan a partir del día 18 de ese
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mismo mes, pero los siguientes recargos se causarán el día 1° de marzo del mismo año, no hasta el día 18 de marzo, por lo que es erróneo considerar que los recargos se causan de momento a momento. Por el contrario, como se puede apreciar en el supuesto planteado, los primeros recargos se causaron por la fracción del mes de febrero, y los segundos, por todo el mes de marzo.
Ampliación de recargos Si el contribuyente, al momento de determinar los recargos causados, los fija en menor cantidad a la que debió aplicar, la autoridad verificará su monto, recibiendo el pago pero calculando la diferencia, y exigirá se cubra el remanente. Indemnización adicional a los recargos En el caso de que el contribuyente, dolosamente o no, pague sus contribuciones en tiempo pero mediante un cheque que no tenga fondos, independientemente de que por el tiempo que transcurra se calculen y cobren los recargos respectivos, se hará merecedor del pago de una indemnización del orden del 20% sobre la contribución supuestamente pagada, lo que ocurrirá dentro de un término de tres días; sin embargo, tal situación no siempre sucede, de modo que los recargos pueden incrementarse por transcurrir más de los citados tres días. Recargos por pagar a plazos A diferencia de los recargos establecidos en el primer párrafo del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, en el propio dispositivo se prevé la aplicación de recargos cuando se solicite y autorice el pago de alguna contribución a plazos; ya sea que se difiera su entero o se opte por cubrir el adeudo en parcialidades, el contribuyente deberá pagar además de los recargos por el diferimiento de la contribución de que se trate, recargos por concepto de aplazamiento autorizado del pago comentado. En estos casos el contribuyente, al optar por pagar en parcialidades, deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 66 del citado Código; sin embargo, en cuanto a las tasas aplicables, la Ley de Ingresos de la Federación precisa en el artículo 8°, fracción II, lo siguiente: ART. 8".— En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causaran recargos: (….)
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II. Cuando de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, se autorice el pago a plazos, se aplicará la tasa de recargos que a continuación se establece, sobre los saldos y durante el periodo de que se trate: a) Tratándose de pagos a plazos en parcialidades hasta de 12 meses, la tasa de recargos será de 1 por ciento mensual. b) Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, la tasa de recargos será de 1.25 por ciento mensual. c) Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, así como tratándose de pagos a plazo diferido, la tasa de recargos será de 1.50 por ciento mensual. Las tasas de recargos establecidas en la fracción II de este artículo incluyen la actualización. Es decir, dependiendo del plazo que adopte el contribuyente, el porcentaje de recargos por pago a plazo será de 1% mensual, si el plazo no supera el año de diferimiento; de 1.25% mensual, si el término elegido es de más de un año y hasta dos años; y finalmente, si el tiempo seleccionado es superior a dos años, la tasa de recargos por financiamiento será de 1.50% mensual. Liberación de la aplicación de recargos Aunque el último párrafo del artículo sujeto a estudio señala puntualmente que en ningún caso las autoridades fiscales podrán liberar a los contribuyentes de la aplicación de la actualización de las contribuciones adeudadas ni de los recargos causados, lo cierto es que en condiciones como desastres naturales o algunas otras de naturaleza análoga, la autoridad ha recurrido a la condonación total o parcial de los recargos. De igual forma, en el 2007, concretamente en el último trimestre, la autoridad promocionó el perdón de recargos y sanciones hasta por el 100% si el contribuyente se acercaba a la autoridad y regularizaba su situación fiscal, incluso condonó hasta el 80% de las contribuciones que generaron los recargos y multas. Ejemplo de determinación de recargos: Tomando en consideración las cantidades con que se ejemplificó la actualización de contribuciones, se presentan las siguientes cantidades.
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Contribución omitida en el mes de febrero de 2005 por el factor de actualización obtenido. Operación aritmética: DIHD
FA
$100,000.00
X
DIA
1.1155:
$111,550
Es decir, en primer lugar la contribución debe actualizarse, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, ya analizado en el capítulo anterior. La cantidad ya determinada como actualizada, se multiplicará por el total de la suma de las tasas por casa uno de los meses y por cada año que haya transcurrido desde el mes en que no se pagó la contribución hasta el mes en que se pague. Determinación de los recargos: Tasas aplicables desde el mes de febrero de 2005, fecha en que se omitió el pago de la contribución, hasta el mes de febrero de 2008, momento en que se paga el impuesto respectivo. Es importante destacar que la aplicación de recargos, será hasta el momento o fecha en que se pague, sin perjuicio de que la actualización de la contribución no coincida necesariamente con el Índice conocido para llevar al cabo la actualización de la contribución omitida. Periodo de causación de recargos Año
Mes
2005
Enero
2005
Febrero
2005 2005
Tasa
Año
Mes
Tasa
Año
Mes
Tasa
2006
Enero
1.13%
2007
Enero
1.13%
1.13%
2006
Febrero
1.13%
2007
Febrero
1.13%
Marzo
1.13%
2006
Marzo
1.13%
2007
Marzo
1.13%
Abril
1.13%
2006
Abril
1.13%
2007
Abril
1.13%
2005
Mayo
1.13%
2006
Mayo
1.13%
2007
Mayo
1.13%
2005
Junio
1.13%
2006
Junio
1.13%
2007
Junio
1.13%
2005
Julio
1.13%
2006
Julio
1.13%
2007
Julio
1.13%
2005
Agosto
1.13%
2006
Agosto
1.13%
2007
Agosto
1.13%
2005
Septiembr e
1.13%
2006
Septiemb re
1.13%
2007
Septiemb re
1.13%
2005
Octubre
1.13%
2006
Octubre
1.13%
2007
Octubre
1.13%
2005
Noviembre
1.13%
2006
Noviembr e
1.13%
2007
Noviembr e
1.13%
2005
Diciembre
1.13%
2006
Diciembr e
1.13%
2007
Diciembr e
1.13%
Suma
11 meses
12.43%
Suma
12 meses
13.46%
Suma
12 meses
Año
Mes
Tasa
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13.46%
2008
Enero
1.13%
2008
Febrero
1.13%
Suma
2.26%
Total de tasas acumuladas de recargos: 2005 2006 2007 2008 Total
= = = = =
12.43% 13.46% 13.46% 2.26% 41.61%
Aplicación de recargos: Contribución $111,550.00
omitida
actualizada
Por TAR 41.61%
(Tasas
acumuladas
de
recargos)
Igual a: $ 46,416.00 Total a pagar: Contribución $111,550.00
omitida
actualizada
Más Recargos 46,416.00 Igual a: Total 157,966.00
a
pagar
Como se puede apreciar, de un total de $100,000.00 que se adeudaba originalmente, en el ejemplo utilizado para ilustrar la forma en que se calcula tanto la actualización como los recargos, el total a pagar se incrementó en $57,966.00, 10 que representó aproximadamente un 58% más de la
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contribución no pagada en su oportunidad, la cual quedó conformada de la siguiente manera: Contribución $111,550.00
omitida
actualizada
Más Actualización $11,550.00 Más Recargos 46,416.00 Total $157,966.00 Lo que se puede concluir es que resulta a todas luces más barato pagar total y oportunamente las contribuciones que se tengan que cubrir, pues los accesorios, representados en este ejemplo por la actualización de la contribución y los recargos generados, mismos que son conceptualizados como indemnización al fisco federal por el diferimiento indebido de dicha contribución, resultan muy onerosos, lo que a la postre afecta al propio contribuyente.
CAPÍTULO IV COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES Ahora bien, cuando por alguna causa los contribuyentes hubiesen pagado contribuciones en exceso, podrán optar por dos alternativas: la primera es la compensación, es decir, contra las diferencias que tengan a su cargo en otras contribuciones, el saldo a pagar se satisface con el remanente que se pagó en demasía en otras contribuciones, a esto se le denomina “compensación universal”; la segunda consiste en la solicitud de devolución de saldos a favor. Para su adecuada comprensión, a continuación abordaremos los temas de compensación y devolución en ese orden. Compensaciones
¿Qué es la compensación universal? Desde julio de 2004 usted puede disminuir los saldos que tenga a su favor de las cantidades que le resulten a pagar por adeudos propios o por
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retención a terceros, aun cuando se trate de impuestos distintos. A este esquema se le conoce como compensación universal. N0 se pueden compensar bajo este esquema los impuestos que se deban pagar par la importación de bienes o de servicios, los que sean administrados por autoridades distintas y aquellos que tengan un destino específico. ¿En qué supuestos no se podrá optar por el esquema de compensación universal? No se podrán compensar bajo el esquema de compensación universal, entre otros, los siguientes supuestos: Contribuciones federales No procede la compensación universal de saldos a favor que se deriven de impuestos federales contra las siguientes contribuciones: • Las aportaciones de seguridad social. • Las contribuciones de mejoras. • Los derechos. • Los productos y aprovechamientos. Retenciones de IVA En ningún caso se pueden compensar contra otros impuestos federales las retenciones de IVA a que se refiere el artículo 1-A de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado, a cargo de los contribuyentes. Compensación de IVA contra IVA Tampoco se pueden compensar los saldos a favor de IVA, contra las cantidades que resulten a cargo de este mismo impuesto, es decir IVA contra IVA. Saldos a favor de IEPS Tratándose de los saldos a favor a que se refiere la Ley del lmpuesto Especial sobre Producción y Servicios, únicamente se podrán compensar contra el mismo impuesto a cargo de los contribuyentes, es decir, no procede la compensación contra otros impuestos federales. Crédito al salario Los saldos a favor de crédito al salario no son susceptibles de la compensación universal, en virtud de que el crédito al salario no era un
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impuesto ni un saldo a favor o pago de lo indebido; es decir, se trataba de cantidades entregadas al trabajador conforme a la mecánica establecida en el artículo 115 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (derogado a partir del 1° de enero de 2008). Diferencias a favor de asalariados Las diferencias a favor de retenciones del impuesto sobre la renta por concepto de salarios, no se pueden compensar contra otros impuestos federales, en virtud de que los retenedores, de conformidad con el artículo 116 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, deben efectuar la compensación de la diferencia que resulte a favor del asalariado contra la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas del mismo, o compensar los saldos a favor de un asalariado contra las cantidades retenidas a las demás personas a las que les hagan pagos por salarios, siempre que se trate de trabajadores que no estén obligados a presentar declaración anual y el retenedor recabe la documentación que compruebe las cantidades compensadas entregadas al trabajador con saldo a favor. Crédito diesel No resulta procedente la compensación universal del crédito diesel contra otros impuestos federales, en virtud de que no se trata de un saldo a favor ni de un pago de lo indebido. Suministro de agua para uso doméstico No son susceptibles de compensar contra otros impuestos federales, los saldos a favor de IVA derivados de la prestación de servicios por el suministro de agua para use doméstico, en virtud de que se trata de cantidades devueltas a los contribuyentes y que se destinan para la inversión en infraestructura hidráulica o al pago de Derechos Federales establecidos en los artículos 222 y 276 de la Ley Federal de Derechos. Prescripción de créditos fiscales Los créditos fiscales se extinguen por prescripción en el término de cinco años. Por lo tanto, no se podrán compensar las cantidades cuando haya prescrito la obligación para devolverlas. Compensación de impuestos retenidos en exceso (Pago indebido) No resulta procedente la compensación universal de los impuestos retenidos en exceso (pago indebido), por ejemplo, les retenidos por concepto de honorarios y arrendamiento, contra otros impuestos federales a cargo del propio retenedor, toda vez que la compensación o devolución de dichas
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cantidades corresponden a las personas a las que les fueron retenidas las contribuciones de que se trate. Excedentes de ISR del IMPAC Los saldos a favor o remanentes de ISR que excedan del IMPAC en el ejercicio, no son susceptibles de la compensación universal contra otros impuestos federales, en virtud de que no se trata de un saldo a favor ni pago de lo indebido; sin embargo, si le es aplicable la compensación especifica que se encuentra prevista en la regla 4.9. de la Resolución Miscelánea Fiscal 2007/2008. ¿Contra qué se pueden compensar los saldos a favor y pagos indebidos? Los impuestos contra los cuales se puede efectuar la compensación universal, son lo que se presentan en el siguiente cuadro: Saldo a favor en: ISR Propio (1) IVA Propio IMPAC IEPS (2) Tenencia Aeronaves
ISR Prop io
IVA Prop io
IMPAC
IEPS Prop io
Sí Sí Sí No Sí
Sí No Sí No Sí
Sí Sí Sí No Sí
Sí Sí Sí Sí Sí
Tenenci a Aerona ves Sí Sí Sí No Sí
Retenci ón ISR
Retenci ón IVA
Retenci ón IEPS
Sí Sí Sí No Sí
No No No No No
Sí Sí Sí No Sí
(I) No precede la compensación contra el ISR causado por REPECOS; 5% de ISR causado por los contribuyentes que tributan en el Régimen Intermedio, así como el ISR causado en la enajenación de terrenos y construcciones, los cuales son administrados por las entidades federativas ante las cuales se realiza el pago. (2) La compensación del IEPS debe efectuarse en los términos del artículo 5 de la Ley de IEPS • No es compensable el impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN), ni el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (excepto aeronaves), ya que son administrados por las entidades federativas. • No procede la compensación del crédito al salario pagado al trabajador, ya que el retenedor podrá acreditarlo contra el ISR a su cargo o contra el ISR retenido a terceros en los términos del extinto artículo 115 de la Ley del ISR. • No procede la compensación de las diferencias a favor de retenciones del ISR por sueldos y salarios contra otros impuestos federales, ya que existe un mecanismo específico en el artículo 116 de la Ley del ISR para compensar dichas diferencias.
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• Se podrá compensar IVA contra IVA considerando el CRITERIO 97/2004/IVA. El CRITERIO 97/2004/IVA señala básicamente que el saldo a favor del impuesto al valor agregado de un ejercicio posterior podrá compensarse contra el adeudo a cargo del contribuyente por el mismo impuesto correspondiente a ejercicios anteriores, con sus respectivos actualización y recargos, de conformidad con el artículo 23, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 1° del mismo ordenamiento, Dicha disposición también será aplicable al saldo a favor del ejercicio 2002 derivado de la presentación de declaraciones normales extemporáneas o complementarias contra saldos a cargo de ejercicios anteriores, incluyendo pagos provisionales. Los pagos indebidos se podrán compensar universalmente contra los conceptos que se presentan en el siguiente cuadro: Pago indebido en: ISR Propio (1) IVA Propio IMPAC IEPS Propio Tenencia de Aeronaves Retención de ISR (2) Retención de IVA Retención de IEPS
ISR Propi o Sí Sí Sí Sí Sí
IVA Propi o Sí Sí Sí Sí Sí
IMPA C Sí Sí Sí Sí Sí
IEPS Propi o Sí Sí Sí Sí Sí
Tenencia de Aeronaves Sí Sí Sí Sí Sí
Retenci ón ISR Sí Sí Sí Sí Sí
Retenció n IVA No No No No No
Retenció n IEPS Sí Sí Sí Sí Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí Sí
Sí Sí
Sí Sí
Sí Sí
Sí Sí
Sí Sí
No No
Sí Sí
(1) No procede la compensación contra el ISR causado por REPECOS, 5% de ISR causado por los contribuyentes que tributan en el régimen intermedio, así como el ISR causado en la enajenación de terrenos y construcciones, los cuales son administrados por las entidades federativas ante las cuales se realiza el pago. (2) No procede la compensación de las diferencias a favor de retenciones del ISR por sueldos y salarios contra otros Impuestos federales ya que existe un mecanismo específico en el artículo 116 de la Ley del ISR para compensar dichas diferencias. El marco jurídico de las compensaciones se encuentra en los siguientes dispositivos:
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION ART. 23.- Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros,
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siempre que ambas deriven de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad y no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este Código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presenté la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se realice. Los contribuyentes presentaran el aviso de compensación, dentro de los cinco días siguientes a aquel en el que la misma se haya efectuado, acompañado de la documentación que al efecto se solicite en la forma oficial que para estos efectos se publique. Los contribuyentes que hayan ejercido la opción a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, que tuvieran remanente una vez efectuada la compensación, podrán solicitar su devolución. Si la compensación se hubiera efectuado y no procediera, se causaran recargos en los términos del articulo 21 de este Código sobre las cantidades compensadas indebidamente, actualizadas por el periodo transcurrido desde el mes en que se efectuó la compensación indebida hasta aquel en que se haga el pago del monto de la compensación indebidamente efectuada. No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o cuando haya prescrito la obligación para devolverlas, ni las cantidades que hubiesen sido trasladadas de conformidad con las leyes fiscales, expresamente y por separado o incluidas en el precio, cuando quien pretenda hacer la compensación no tenga derecho a obtener su devolución en términos del articulo 22 de este Código. Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que los contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto, en los términos de lo dispuesto en el artículo 22 de este Código, aun en el caso de que la devolución hubiera sido o no solicitada, contra las cantidades que los contribuyentes estén obligados a pagar por adeudos propios o por retención a terceros cuando éstos hayan quedado firmes por cualquier causa. La compensación también se podrá aplicar contra créditos fiscales cuyo pago se haya autorizado a plazos; en este último caso, la compensación deberá realizarse sobre el saldo insoluto al momento de efectuarse dicha compensación. Las autoridades fiscales notificaran personalmente al contribuyente la resolución que determine la compensación.
RESOLUCICN MISCELANEA FISCAL 2007/2008 2.2 Devoluciones y Compensaciones
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2.2.5. Para los efectos del artículo 23, el aviso de compensación se presentará mediante la forma oficial 41, acompañada, según corresponda de los Anexos 1, 1-A, 2, 3, 5 y 6 de las formas oficiales 32 y 41. Tratándose de saldos a favor del IVA, deberán presentar adicionalmente, los medios magnéticos a que se refiere el rubro C, numeral 8, inciso d), punto (2), del Anexo 1 que contengan la relación de sus proveedores, prestadores de servicios y arrendadores, que representen al menos el 80% del valor de sus operaciones, así como la información correspondiente a la totalidad de sus operaciones de comercio exterior, operaciones de importación y exportación. La documentación e información a que se refiere esta regla deberá presentarse ante la Administración Local de Asistencia al Contribuyente, ante la Administración Regional de Grandes Contribuyentes o ante la Administración Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes, según corresponda, de acuerdo con los siguientes plazos: Sexto dígito numérico de la clave del RFC
Día siguiente a la presentación de la declaración en que hubieren efectuado la compensación
1y2
Sexto y séptimo día siguiente
3y4
Octavo y noveno día siguiente
5y6
Décimo y Décimo primer día siguiente
7y8
Décimo segundo y Décimo tercer día siguiente
9y0
Décimo cuarto y Décimo quinto día siguiente
Cuando se efectué la compensación de saldos, debe presentarse el aviso correspondiente a la Administración Local de Servicios al Contribuyente que le corresponda, en la forma fiscal 41 acompañada de los anexos y documentos que señala el reverso de dicha forma fiscal, según el tipo de impuesto que haya compensado. Este aviso se presenta conforme al siguiente calendario, según el sexto digito numérico de su RFC: Sexto dígito numérico de la clave del RFC
Día siguiente a la presentación de la declaración en que hubieren efectuado la compensación
1y2
Sexto y séptimo día siguiente
3y4
Octavo y noveno día siguiente
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5y6
Décimo y Décimo primer día siguiente
7y8
Décimo segundo y Décimo tercer día siguiente
9y0
Décimo cuarto y Décimo quinto día siguiente
Sanciones por compensaciones indebidas Las cantidades reales que se tengan a favor se podrán compensar contra las que se este obligado a pagar por adeudo propio, e incluso por retención a terceros; sin embargo, es muy importante cerciorarse de que las cantidades a favor realmente existan, ya que la compensación de cantidades indebidas genera recargos y multas. El Servicio de Administración Tributaria, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, pondrá especial atención en revisar las cantidades a favor que hayan sido compensadas; de encontrar compensaciones improcedentes se causarán recargos sobre las cantidades compensadas indebidamente, actualizadas por el periodo transcurrido desde el mes en que se efectuó la compensación indebida hasta aquel en que se haga el pago del monto de la cantidad indebidamente compensada, y se aplicarán multas sobre el monto del beneficio indebido. Sin perjuicio de las sanciones antes señaladas, el fisco podrá solicitar que se ejerzan las acciones penales contra quienes realicen compensaciones improcedentes, ya que este hecho está tipificado como delito de defraudación fiscal en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Devoluciones Los saldos a favor se presentan cuando los pagos que se efectúan por las contribuciones a cargo se cubren en mayor cantidad de la debida, o bien por el hecho de que la actividad que se realiza genera la causación de un determinado impuesto pero de manera virtual, ya que no se expresa en el precio final. En el primer supuesto planteado, su origen es el mismo que se comentó para las compensaciones; es decir, se pagó en exceso o bien se enteró indebidamente una contribución. Sin embargo, también se puede dar la segunda hipótesis, que consiste en que el saldo a favor se genera a partir de un acto o actividad que esta contemplado en la ley como gravado, pero que al llegar al consumidor final, la venta o prestación de servicios de que se trate, esta sujeta a tasa cero.
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Como ejemplo de lo anterior tenemos los productos alimenticios o medicinas, que en los procesos de fabricación, producción, transformación, procesamiento y comercialización, se traslada el impuesto al valor agregado en cada una de las etapas de consumo; sin embargo, al llegar al consumidor final, los impuestos que se han trasladado en las citadas fases ya no se pueden repercutir, toda vez que la ley de la materia los considera productos sujetos a tasa del 0%. La simple operación matemática origina que cualquier cantidad multiplicada por el 0%, dará como resultado 0 (cero), y esto da lugar a que el impuesto que se pagó en cada etapa, el vendedor final no lo pueda recuperar, por lo que necesariamente se origina un saldo a favor entre los impuestos acreditables y los trasladados. Para una mejor comprensión de tal situación, a continuación se presenta el siguiente ejemplo: Producto: medicina de patente / Costo de fabricación: $1,000.00 / IVA trasladado: $150.00 / Total de la operación: $1,150.00 / Precio de venta al consumidor final: $1,500.00 / IVA trasladado; 0 / Precio final de venta; $1,500.00. Representación aritmética: Comercializador de medicamento de patente vende en $1,000.00 Más IVA.
al
15%
$ 150.00 Total
de
Ia
operación
$1,150.00 Distribuidor de venta al menudeo de medicamento vende en $1,500.00 Más IVA.
AL
0%
de
venta)
$ 0.00 Total
de
Ia
operación
$1,500.00 Determinación del saldo a favor:
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(precio
final
IVA. acreditable
$150.00
Menos IVA. trasladado DIFERENCIA
$0.00 $150.00
La diferencia aquí evidenciada, de $150.00, al no poderse recuperar el impuesto al valor agregado que fue trasladado, se convierte en saldo a favor, por el cual el contribuyente puede pedir la devolución respectiva. Ahora bien, las devoluciones del fisco federal tienen las siguientes particularidades. Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales; sin embargo, si se trata de contribuciones que se hubieran retenido, es decir que la causación originalmente corresponde a un tercero, la devolución se efectuará a ese tercero. Cuando se trate de impuestos indirectos, el saldo que corresponda a pago de lo indebido la devolución se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causé, siempre que no lo hayan acreditado; por lo tanto, quien traslado el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. Respecto de los impuestos indirectos pagados en la importación, procederá la devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiere acreditado, sin que tal situación afecte el acreditamiento de las contribuciones indirectas a que se tenga derecho. Por otra parte, si la contribución se calcula por ejercicios, solo podrá solicitarse la devolución del saldo a favor cuando se haya presentado la declaración del ejercicio respectivo; sin embargo, si la obligación de devolver el saldo a favor de que se trate, emana de una resolución o sentencia firmes, la Devolución se podrá solicitar sin que sea necesaria la presentación de la citada declaración. Asimismo, si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la devolución se origina cuando dicho acto se nulifique. Si en la solicitud de devolución del saldo a favor existen errores, la autoridad tiene la obligación de requerir al contribuyente para que en un plazo de 10 días aclare los errores, apercibiéndolo de que de no hacerlo en dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente.
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Es importante destacar que cuando se trate de errores, no será necesario que el contribuyente presente una nueva solicitud de devolución del saldo a favor, pues bastará que mediante un escrito libre se presenten las aclaraciones respectivas. De igual manera, es de total importancia tener en cuenta que el apercibimiento formulado por la autoridad, suspenderá el plazo previsto para efectuar la devolución durante el periodo que transcurra entre el día hábil siguiente en que surta efectos la notificación del requerimiento y la fecha en que se atienda el requerimiento, y debe recordarse que para su cumplimiento se cuenta sólo con 10 días hábiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del apercibimiento de referencia. La devolución de saldos a favor deberá efectuarse dentro del plazo de 40 días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, incluidos para el caso de depósito en cuenta, los datos de la institución financiera y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución debidamente integrado, de conformidad con las disposiciones del Banco de México. En su caso, también se deberá cumplir con los demás informes y documentos que se requieran por parte de la autoridad, y si se trata de contribuyentes que dictaminen sus estados financieros por contador público autorizado en los términos del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, el plazo para que las autoridades fiscales efectúen la devolución será de 25 días. A efecto de verificar la procedencia y origen del saldo a favor solicitado, las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de 20 días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios y que estén relacionados con la misma. Para dichos efectos, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de 20 días cumpla con lo solicitado, apercibido de que de no hacerlo en dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Asimismo, las autoridades fiscales sólo podrán efectuar un nuevo requerimiento dentro de los 10 días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento. Una vez emitido el segundo requerimiento, el contribuyente contará con un plazo de 10 días hábiles para su cumplimiento y le será aplicable el
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apercibimiento antes comentado; es decir, de no satisfacer lo requerido por la autoridad dentro del plazo mencionado, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución del saldo a favor de que se trate. Si en la solicitud de devolución únicamente existen errores aritméticos en la determinación de la cantidad solicitada, las autoridades fiscales devolverán las cantidades que correspondan, sin que sea necesario presentar una declaración complementaria. Las autoridades fiscales podrán devolver una cantidad menor a la solicitada por los contribuyentes con motivo de la revisión efectuada a la documentación aportada; en este caso, la solicitud se considerará negada por la parte que no sea devuelta, salvo que se trate de errores aritméticos o de forma. Ahora bien, si las autoridades fiscales devuelven la solicitud de devolución a los contribuyentes sin efectuar ninguna devolución, se considerará que ésta fue negada en su totalidad, debiendo fundar y motivar las causas que sustentan la negativa parcial o total de la devolución respectiva, pues no hay que perder de vista que la negativa a la devolución de saldos a favor, puede ser recurrida a través del Recurso de Revocación o bien impugnada por medio del juicio Contencioso Administrativo, seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por otro lado, la solicitud de informes y datos al contribuyente cuando solicite la devolución de saldos a favor, no constituye el inicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales, las cuales por supuesto quedan a salvo para ejercerlas en cualquier momento, salvo que ya hubiese operado la caducidad a que alude el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, si la referida solicitud origina el inicio de facultades de comprobación, el plazo para la devolución se suspenderá en tanto dure la comprobación del origen del multicitado saldo a favor solicitado. Ahora bien, una vez concluida la revisión, efectuada en el ejercicio de facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución, si se autoriza, la autoridad hará la devolución correspondiente dentro de los 10 días siguientes a aquel en el que se notifique la resolución respectiva. Si la devolución se efectúa fuera del plazo mencionado, la autoridad responsable pagará intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en el artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación. No obstante lo anterior, el pago de intereses se hará sobre el saldo a favor determinado actualizado, conforme a lo previsto en el artículo 17-A del Código Tributario, y tal actualización comprenderá desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el
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saldo a favor hasta aquel en el que la devolución esté a disposición del contribuyente, entendiéndose como “a disposición del contribuyente”, a partir de la fecha en que la autoridad efectúe el depósito en la institución financiera señalada en la solicitud de devolución, lo cual debe ocurrir dentro de un plazo de 40 días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud de devolución correspondiente. La devolución del saldo a favor que no hubiese originado el ejercicio de facultades de comprobación, no implica una resolución favorable al contribuyente, quedando a salvo las facultades de comprobación de la autoridad. Asimismo, si la devolución se hubiera efectuado y no procediera, el contribuyente deberá devolver las cantidades entregadas, actualizadas y adicionadas con los recargos respectivos a que aluden los artículos 17 A y 21 del Código Fiscal de la Federación, a partir de la fecha en que tuvo lugar la devolución. Las devoluciones de saldos a favor prescriben en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal. Para estos efectos, la solicitud de devolución que presente el particular, se considera como gestión de cobro que interrumpe la prescripción, excepto cuando el particular se desista de la solicitud. Sin embargo, la devolución podrá hacerse de oficio o a petición del interesado. De acuerdo con las modificaciones que experimentó el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, las solicitudes de devolución de saldos a favor deberán presentarse ante las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal Federal, la correspondiente al domicilio fiscal del contribuyente de que se trate —antes se gestionaban ante las Administraciones Locales de Recaudación—, lo que de alguna manera supone mayor agilidad en la devolución de dichos saldos a favor, en el entendido de que se evitara los tramites de que una autoridad le solicite a otra la verificación de la existencia de un saldo a favor. Por otro lado, la devolución de saldos a favor puede no ser en abono de la cuenta del beneficiario, y sustituirse por certificados especiales, previa autorización de la Tesorería de la Federación, a nombre de terceros en los siguientes supuestos: • Cuando quien solicita la devolución sea una persona moral que determine su resultado fiscal consolidado para los efectos del impuesto sobre la renta y el tercero, a favor de quien se solicita se expida el certificado especial, sea una persona moral del mismo grupo incorporada en el régimen de consolidación.
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• Cuando una persona moral del Régimen Simplificado a que se refiere el artículo 79 de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta solicite que el certificado especial sea expedido a nombre de alguno de sus integrantes. • Cuando los contribuyentes soliciten que el certificado especial sea expedido a nombre de la Administración Publica Federal Centralizada o Paraestatal. Igualmente, podrán expedirse a favor del Distrito Federal, de los Estados o Municipios, así como de sus organismos descentralizados, siempre que en este caso se obtenga autorización previa de las autoridades fiscales. • Se trate de contribuyentes que dictaminen u opten por dictaminarse para efectos fiscales de conformidad con el artículo 32-A de este Código. Para las devoluciones de saldos a favor superiores o iguales a $10,000.00, la solicitud deberá presentarse en formato electrónico con firma electrónica avanzada. Como se pudo observar, las devoluciones a favor de los contribuyentes tienen la expectativa de ser auditadas para cerciorarse de la veracidad de los datos, origen y monto de lo solicitado. El hecho de que las facultades para efectuar las devoluciones de saldos a favor hayan cambiado de autoridad, implica necesariamente dos situaciones la primera, que existen numerosas solicitudes y que la autoridad no se daba abasto para su devolución, so pena de caer en devoluciones actualizadas y con intereses; la segunda, no se puede soslayar que existe una amenaza velada, pues al ser Auditoria Fiscal la autoridad que se encargará de estudiar la solicitud y determinar la procedencia, evidentemente el resultado puede ser que dé inicio al ejercicio de facultades de comprobación disimuladas como simples verificaciones de saldos a favor. Asimismo, resulta inequitativo el trato hacia el contribuyente, puesto que en el caso de un adeudo, de inmediato éste se actualiza y causa recargos para indemnización del fisco federal por el diferimiento en el pago de alguna contribución; en tanto que la autoridad se toma sus tiempos para estudiar, verificar y, en su caso, aprobar la devolución del saldo a favor, sin necesidad de pagar ni la actualización ni los intereses. Además, aunque la verificación no constituye ejercicio de facultades de comprobación, el contribuyente puede estar expuesto a una doble revisión sin que se considere ilegal, y por si tal situación no fuera suficiente, mientras dura la revisión o ejercicio de facultades de comprobación, que de acuerdo con lo expuesto en el artículo 46 A del Código Fiscal de la Federación puede durar hasta un año, el plazo para la devolución a que esta obligada la autoridad (40 días hábiles), se suspende, es decir, no corre y por ello no se generan
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intereses, salvo que una vez concluida la revisión antes referida, la autoridad no haga la devolución dentro del plazo de 40 días hábiles siguientes a la conclusión de la revisión. Por consiguiente, es importante que cuando se solicite una devolución de saldos a favor, se cuente con todos los elementos necesarios que soporten lo solicitado, a efecto de que en caso de que se practique alguna revisión, ésta sea lo más breve posible para acceder de inmediato a lo que en derecho corresponde. En cuanto al marco legal correspondiente, éste se encuentra regulado en los artículos 22, 22 A, 22 B y 22 C, del Código Fiscal de la Federación. CAPÍTULO V RESPONSABILIDAD SOLIDARIA En cuanto a la responsabilidad solidaria, es de suma importancia señalar que ésta no se intuye o se presume, sino que resulta de la ley o de la voluntad de las partes, tal y como lo anota el Código Civil Federal en su articulo 1988, de tal suerte que si en la disposición legal no se contempla esos supuestos, no se puede argumentar la responsabilidad solidaria tacita o implícita. En todo caso, debe prevalecer la voluntad de las partes que por decisión propia asumen la responsabilidad de otro, ya sea de manera solidaria o subsidiaria; es decir, la solidaridad implica necesariamente reemplazar al obligado original en sus responsabilidades, mientras que el ser subsidiario tiene el carácter suplementario o adicional de los citados compromisos. Para una mejor comprensión, a continuación precisaremos las definiciones y terminología que se puede llegar a confundir o incluso emplear como sinónimos, sin que en realidad lo sean. Solidaridad Obligación de reparar el daño y el perjuicio que se causan a una persona, ya sea por culpa o negligencia, por si o por otro, a consecuencia de delito, culpa u otra causa legal; se trata de una situación especial en que, recíprocamente, se encuentran ligados los sujetos que componen cada una de las partes de la obligación, la cual puede ser solidaridad activa o pasiva. La solidaridad activa es aquella que se manifiesta o expresa mediante un convenio o contrato; en tanto que la pasiva es la que se intuye o emana de las disposiciones legales o reglamentarias. Responsabilidad mancomunada y solidaria La define el artículo l985 del Código Civil Federal, que establece:
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La simple mancomunidad de deudores o de acreedores no hace que cada uno de los primeros deba cumplir íntegramente la obligación, ni da derecho a cada uno de los segundos para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores o acreedores haya y cada parte constituye una deuda o un crédito distintos unos de otros. Es decir, la deuda se considera dividida en tantas partes como deudores y acreedores haya, no faculta a los acreedores a exigir el cumplimiento de la obligación a un solo deudor o viceversa. Ahora bien, en el artículo 1989 del mismo Código se precisa lo siguiente: Cada uno de los acreedores o todos juntos pueden exigir de todos los deudores solidarios o de cualquiera de ellos, el pago total o parcial de la deuda. Si reclaman todo de uno de los deudores y resultare insolvente, pueden reclamarlo de los demás o de cualquiera de ellos. Si hubiesen reclamado solo parte, o de otro modo hubiesen consentido en la división de la deuda, respecto de alguno o algunos de los deudores, podrán reclamar el todo de los demás obligados, con deducción de la parte del deudor o deudores libertados de la solidaridad. En el particular, todos los deudores se consideran uno sólo y así también los acreedores, por lo que en este caso si se faculta a un sólo acreedor a exigir todo el cumplimiento de la obligación a un sólo deudor y viceversa. Si se ha pagado parte de la deuda por un sólo deudor, podrá exigirse a los demás obligados el cumplimiento total, con la deducción de lo ya cubierto. Asimismo, el pago hecho a uno de los acreedores solidarios, exime totalmente de la deuda. Por otra parte, en cuanto a responsabilidad solidaria, resultan interesantes los siguientes precedentes: RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. PARA SU DETERMINACIÓN ES NECESARIO QUE SE INDIQUE LA CAUSA GENERADORA DE LA MISMA.— Cuando se determine a cargo del administrador único de una sociedad deudora de créditos fiscales la responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, aduciendo como causa que el contribuyente directo dejó de operar en el domicilio que tiene registrado para ejercer la administración del negocio, lo anterior resulta insuficiente ya que del propio artículo 26 en cita se desprende que para que se configure la responsabilidad solidaria, respecto a dicho administrador es necesario que la empresa deudora haya cambiado su domicilio sin presentar el aviso correspondiente y que dicho cambio se haya efectuado después de que se le haya notificado el inicio de la visita y
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antes de que se haya notificado la resolución que se dicte respecto de la misma o cuando el cambio se realice después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos, por lo que si la autoridad en el oficio en que determina la responsabilidad solidaria no señala la hipótesis concreta en la que se encuadra dicha responsabilidad solidaria, el oficio de referencia carece de la fundamentación y motivación exigida por el artículo 16 Constitucional. Juicio No. 72/95. Sentencia de I4 de agosto de 1995, por unanimidad de votos. Magistrada Instructora: Celia López Reynoso. Secretaria: Lic. Xóchilt Adriana Castellanos Valdez. R.T.F.F., Año VIII, Tercera Época, No. 94, Octubre I995, p. 54, Criterio Aislado. DEUDOR SOLIDARIO O RESPONSABLE OBJETIVAMENTE, EN MATERIA FISCAL. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.— Cuando las autoridades fiscales fincan un crédito a cargo de un tercero, como deudor solidario, o del adquirente de un bien como responsable objetivamente, o por algún otro titulo semejante, deben dar a conocer en forma completa y clara, al nuevo deudor, los fundamentos legales y los motivos del cobro, a fin de no dejarlo en estado de indefensión y de no violar, en su perjuicio, la garantía de fundamentación y motivación consagrada en el artículo I6 constitucional. Por lo demás, como los créditos fiscales no se cobran acudiendo a la autoridad judicial, en términos del artículo 14 constitucional, sino por la vía económico coactiva, en términos del artículo 31, fracción IV, la equidad del procedimiento de cobro exige que se dé al deudor requerido una cabal oportunidad de defender sus derechos y de conocer el alcance de sus obligaciones. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo directo 473/76. Salvador del Conde y del Conde. 9 de noviembre de 1976. Unanimidad de votes. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario judicial de la Federación. Época: Séptima Época. Volumen 91-96. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. AUSENCIA DE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. En la liquidación a cargo de una persona física como responsable solidaria de una persona moral, la autoridad estaba obligada en la misma, a establecer los dispositivos legales que ubican a dicho contribuyente en su carácter de responsable solidario, y al no hacerse así debe declarse la nulidad de la resolución impugnada por carecer de fundamentación y motivación.
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RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS. DEBE SEÑALARSE EN LA PROPIA RESOLUCIÓN LOS ELEMENTOS DE CONOCIMIENTO QUE TOMÓ EN CONSIDERACIÓN LA AUTORIDAD PARA ARRIBAR A LA CONCLUSIÓN QUE LA SOCIEDAD SE UBICÓ EN EL SUPUESTO CONTENIDO EN EL INCISO b) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 26 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.— Para fincar un crédito fiscal debidamente fundado y motivado a los socios accionistas de la sociedad revisada, la autoridad en primer orden debe de establecer en la propia resolución impugnada los elementos de prueba que desarrollo para llegar a la conclusión que una sociedad ha cambiado de domicilio, sin la presentación del aviso correspondiente, no bastando para ello, el simple señalamiento consistente en que la sociedad cambió de domicilio, pues en estos términos se está frete a una manifestación carente de antecedente documental alguno de que se hayan realizado las diligencias necesarias tanto de campo como en las propias oficinas exactoras que controlan los avisos al registro federal de contribuyentes (alias, bajas, cambio de situación fiscal, cambio de domicilio, etc.), de tal suerte que al no existir ese elemento primario del fincamiento de la responsabilidad solidaria a los socios o accionistas, es contundente que el oficio liquidatorio de responsabilidad solidaria atribuida devenga en ilegal por cuanto que para que esta prospere (responsabilidad solidaria) es necesario que la administradora del impuesto después de soportal documentalmente el cambio de domicilio o bien la notificación de este, dirigiera válidamente su actuación identificando cual fue la parte del interés fiscal que no alcanzó a ser garantizada con los bienes de la sociedad, esto es, debió señalar aquellos bienes susceptibles de garantizar el interés fiscal así como su valor, para que se conociera cuál fue el monto que no alcanzan a garantizar o de no existir bien alguno, hacer constar como se cercioró de ello, para, hasta entonces, fincar válidamente responsabilidad solidaria a cada uno de los socios en un monto liquido que no exceda de la participación que tenían en el capital social de la sociedad. Juicio No. 1610/96. Sentencia de 21 de mayo de 1997, aprobada por unanimidad de votos Magistrada Instructora: Lucelia M. Villanueva Olvera. Secretario de Lic. Ricardo Moreno Millanes. R.T.F.F., Año XI, Tercera Época, No. 123, Marzo 1998, p. 251. Subsidiariedad La subsidiariedad, a diferencia de la solidaridad, se puede comparar con la figura del fiador, el cual responde por el obligado original, siempre y cuando éste no pueda cubrir los compromisos adquiridos pero no de manera directa; es decir, la condicionante es que ante todo se debe buscar y en su caso hacer exigible el cumplimiento, en la forma y términos pactados, al obligado original y sólo en el caso de que no se pueda o sea materialmente imposible obtener de éste el cumplimiento de dichas obligaciones, el subsidiario, las asumirá.
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Ahora bien, en materia fiscal la solidaridad se encuentra contemplada de la siguiente manera. La ley atribuye la responsabilidad solidaria con los contribuyentes a: Las personas a quienes las disposiciones fiscales obliguen a efectuar retención y pago de contribuciones a cargo de terceros así como a recaudarlas, hasta por el monto de dichas contribuciones, Las personas que funjan como liquidadores y/0 síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquellas que se causaron durante su gestión. Las personas que dentro de una negociación, sin importar la denominación que se les atribuya, tengan conferida la dirección general, la gerencia general o la administración única de las personas morales. Las personas referidas en el párrafo anterior serán responsables solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas personas morales durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma, cuando el obligado original se ubique en los siguientes supuestos: • Por no solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. • Cuando cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente, si el cambio se efectúa después de que se le hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación y antes de que se haya notificado la resolución que al efecto se dicte. • Cuando el cambio de domicilio se realice después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos. • Cuando no lleve la contabilidad, la oculte, la altere o la destruya. • Cuando desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio. Asimismo, se consuma la responsabilidad solidaria en los siguientes casos: • Los adquieran alguna negociación, respecto de las contribuciones no cubiertas y que se hubieran causado, cuando pertenecía a otra persona, sin que la responsabilidad exceda del valor de la misma. • Los que asuman la representación legal, sin importar el nombre con que se les designe, de personas no residentes en el país, por cuya
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intervención, éstas efectúen actividades por las que deban pagarse contribuciones, hasta por el monto de dichas contribuciones. • Los que ejerzan la patria potestad o la tutela, por las contribuciones a cargo de su representado. • Los legatarios y los donatarios a título particular respecto de las obligaciones fiscales que se hubieran causado en relación con los bienes legados o donados, hasta por el monto de éstos. • Los que manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria. • De igual forma los terceros que de acuerdo al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, para garantizar el interés fiscal constituyan deposito, prenda o hipoteca o permitan el embargo de bienes, hasta por el valor de los dados en garantía, sin que en ningún caso su responsabilidad exceda del monto del interés garantizado. • Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tengan esa calidad, en la parte de interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la misma, sin que la responsabilidad exceda de la participación que tengan en el capital social de la sociedad durante el periodo o a la fecha de que se trate. • Las sociedades que, debiendo inscribir en el registro o libro de acciones o partes sociales a sus socios o accionistas, inscriban a personas físicas o murales que no comprueben haber retenido y enterado, en el caso de que así proceda, el impuesto sobre la renta causado por el enajenante de tales acciones o partes sociales, o haber recibido copia del dictamen respectivo y, en su caso, copia de la declaración en la que conste el pago del impuesto correspondiente. • En el caso de sociedades escindidas, por las contribuciones causadas en relación con la transmisión de los activos, pasivos y de capital transmitidos por la escindente, así como por las contribuciones causadas por esta última con anterioridad a la escisión, sin que la responsabilidad exceda del valor del capital de cada una de ellas al momento de la escisión. • Las personas residentes en México o los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, por el impuesto que se cause por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y por mantener inventarios en territorio nacional para ser transformados o que ya hubieran sido transformados, hasta por el monto de dicha contribución.
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• Las personas a quienes residentes en el extranjero les presten servicios personales subordinados o independientes, cuando éstos sean pagados por residentes en el extranjero, hasta por el monto del impuesto causado. • La sociedad que administre o los propietarios de los inmuebles afectos al servicio turístico de tiempo compartido prestado por residentes en el extranjero, cuando sean partes relacionadas en los términos de los artículos 106 y 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hasta por el monto de las contribuciones que se omitan. • Los asociantes, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas mediante la asociación en participación, cuando tenían tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser pagada o garantizada por los bienes de la misma, sin que la responsabilidad exceda de la aportación hecha a la asociación en participación durante el periodo o la fecha de que se trate. Es importante destacar que la responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las multas, ya que se considera que los responsables solidarios no son culpables de las conductas que conllevaron al incumplimiento del pago de contribuciones. Sin embargo, no existe obstáculo alguno para que los responsables solidarios puedan ser sancionados por los actos u omisiones propios o en su caso se les responsabilice penalmente por las omisiones de l0s obligados originales. Por otro lado, sin que en específico se de como una responsabilidad solidaria, el Código Fiscal de la Federación establece en sus artículos 89 y 90 lo siguiente: ART, 89.— Son infracciones cuya responsabilidad recae sobre terceros, las siguientes: I. Asesorar, aconsejar o prestar servicios para omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución en contravención a las disposiciones fiscales. II. Colaborar en la alteración o la inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en la contabilidad o en los documentos que se expidan. III. Ser cómplice en cualquier forma no prevista, en la comisión de infracciones fiscales. No se incurrirá en la infracción a que se refiere la fracción primera de este artículo, cuando se manifieste en la opinión que se otorgue por escrito que el criterio contenido en ella es diverso a los criterios dados a conocer por las autoridades fiscales en los términos del inciso h) de la fracción I del artículo 33 de este Código o bien manifiesten también por
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escrito al contribuyente que su asesoría puede ser contraria a la interpretación de las autoridades fiscales. ART. 90.-Se sancionará con una multa de $35,000.00 a $55,000.00, a quien cometa las infracciones a las disposiciones fiscales a que se refiere el artículo 89 de este Código. En los supuestos señalados en la fracción I del artículo citado, se considerará como agravante que la asesoría, el consejo o la prestación de servicios sea diversa a los criterios dados a conocer por las autoridades fiscales en los términos del inciso h) de la fracción I del artículo 33 de este Código. En este caso, la multa se aumentará de un 10% a un 20% del monto de la contribución omitida, sin que dicho aumento exceda del doble de los honorarios cobrados por la asesoría, el consejo o la prestación de servicios. No se incurrirá en la agravante a que se refiere el párrafo anterior, cuando se manifieste en la opinión que se otorgue por escrito que el criterio contenido en ella es diverso a los criterios dados a conocer por las autoridades fiscales en los términos del inciso h) de la fracción I del artículo 33 de este Código.
TÍTULO V AUTORIDADES DEL SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO
CAPÍTULO I SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) El Estado, como rector de la economía, desarrolla diversas acciones encaminadas a asegurar el debido cumplimiento de las obligaciones que por mandato constitucional, tiene encomendadas; en este tenor, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público es la dependencia del Ejecutivo Federal que de
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acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiene conferidas, entre otras, las siguientes funciones: • Proyectar y calcular los ingresos de la Federación, del Departamento del Distrito Federal y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la administración pública federal; • Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal; • Manejar la deuda pública de la Federación y del Departamento del Distrito Federal; • Realizar o autorizar todas las operaciones en que se haga uso del crédito público; • Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país, que comprende al Banco Central, a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el Servicio de banca y crédito; • Ejercer las atribuciones que le señalen las leyes en materia de seguros, fianzas, valores y de organizaciones y actividades auxiliares del crédito; • Determinar los criterios y montos globales de los estímulos fiscales, escuchando para ello a las dependencias responsables de los sectores correspondientes, y administrar su aplicación en los casos en que le competa a otra Secretaria; • Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que correspondan; • Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales; • Organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera; • Representar el interés de la Federación en controversias fiscales; • Proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional;
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• Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y presentarlos, junto con el del Departamento del Distrito Federal, a la consideración del Presidente de la República; • Evaluar y autorizar los programas de inversión pública de las dependencias y entidades de la administración pública federal; • Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera la vigilancia y evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los presupuestos de egresos; • Formular la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Federal; • Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación; • Ejercer el control presupuestal de los servicios personales y establecer normas y lineamientos en materia de control del gasto en ese rubro, Como se puede apreciar, destaca en materia tributaria todo lo relacionado con la política impositiva, es decir, el diseño de las acciones encaminadas a garantizar la obtención de los ingresos fiscales, que permitan tanto a la Federación como a las entidades federativas y el Distrito Federal, desarrollar sus propias funciones y responder a las necesidades de los gobernados. Para el cabal cumplimiento de sus atribuciones, la SHCP esta estructurada de la siguiente manera:
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITOPÚBLICO PROCURADURÍA FISCAL FISCAL PROCURADURÍA DE DE LA LA FEDERACIÓN FEDERACIÓN
SUBSECRETARÍA DE DE HACIENDA HACIENDA SUBSECRETARÍA Y Y CRÉDITO CRÉDITO PÚBLICO PÚBLICO
TESORERÍA TESORERÍA DE DE LA LA FEDERACIÓN FEDERACIÓN
SUBSECRETARÍA SUBSECRETARÍA DE DE INGRESOS INGRESOS
UNIDAD DE INTELIGENCIA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA FINANCIERA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
UNIDAD DE293 COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS
NOTA ACLARATORIA: Para efectos del presente análisis, fueron omitidas las áreas cuyas funciones no se consideran sustantivas o relevantes en la operación y desempeño de las funciones tributarias, tales como la Oficialía Mayor, el Órgano Interno de Control o la Unidad de Comunicación Social. Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público Esta dependencia, o Subsecretaría del Ramo como se le conoce comúnmente, tiene conferidas las atribuciones relacionadas con toda la operación crediticia, así como la regulación de los ramos de banca y crédito, seguros, fianzas, valores y del sistema de ahorro para el retiro. Subsecretaría de Ingresos Entre otras atribuciones, esta dependencia tiene delegadas las funciones de establecer la política de ingresos, estudios económicos y de impacto de las contribuciones, así como el establecimiento de métodos de implementación de nuevos tributos y, desde luego, la preparación, ejecución, vigilancia y desenvolvimiento de la Ley de Ingresos de la Federación. Subsecretaría de Egresos Por lo que toca a esta dependencia, le corresponde la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación, programar el presupuesto y las asignaciones o ministraciones que se darán a los tres poderes de la Unión, así como lo relativo a las entidades federativas, de acuerdo con la captación de los ingresos que se perciban por contribuciones federales y los relativos a la venta de productos petroleros y mineros. Tesorería de la Federación Las funciones de esta dependencia que están relacionadas con los aspectos tributarios se encuentran en las siguientes atribuciones: • Resolver los asuntos relacionados con la aplicación de los ordenamientos legales y administrativos que rigen las actividades de tesorería y de vigilancia de fundos y valores de la Federación, que sean competencia de
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la Secretaria, excepto los que con carácter indelegable otorga este Reglamento al Secretario; • Instrumentar y mantener permanentemente actualizado el Sistema Integral de Administración Financiera Federal, con la participación de las unidades administrativas competentes de la Secretaria, de las demás dependencias de la administración pública federal, de la Procuraduría General de la Republica y de la Presidencia de la República, además de concentrar la información presupuestaria, financiera y contable de la administración pública federal para fortalecer los procesos de planeación, programación, presupuesto y de programación financiera, así como de control y evaluación financiera; • Emitir los criterios, lineamientos, procedimientos y demás disposiciones para que las dependencias de la administración pública federal, la Procuraduría General de la República y las unidades administrativas de la Presidencia de la Republica, incorporen al Sistema Integral de Administración Financiera Federal sus registros financieros; • Formular liquidaciones de créditos fiscales que tenga radicados, y otros créditos o derechos pecuniarios a favor del Gobierno Federal, radicados en la Tesorería de la Federación, que deba hacer efectivos, salvo que correspondan ser determinados por otra autoridad competente; • Recaudar, concentrar, custodiar, vigilar y situar los fondos provenientes de la aplicación de la Ley de Ingresos de la Federación y otros conceptos que deba percibir el Gobierno Federal por cuenta propia o ajena, depositándolos diariamente en el Banco de México, o en institución de crédito autorizada por la Tesorería de la Federación, así como establecer, de manera compatible con el Sistema Integral de Administración Financiera Federal, los sistemas y procedimientos de recaudación de los ingresos federales con la participación que le corresponda a las unidades administrativas competentes del Servicio de Administración Tributaria; • Ordenar y sustanciar el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales que le sean radicados, otros créditos a los que por disposición legal debe aplicarse dicho procedimiento y las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal por los citados créditos, así como respecto de fianzas a favor de la Federación otorgadas para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, incluyendo el cobro de los intereses por pago extemporáneo de dichas fianzas y, en su case, el cobro de los recargos; ordenar y pagar los gastos de ejecución y los gastos extraordinarios respecto de los citados créditos; así como establecer las reglas para determinar dichas erogaciones extraordinarias;
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• Hacer los pagos autorizados, de manera compatible con el Sistema Integral de Administración Financiera Federal, que afecten al Presupuesto de Egresos de la Federación y los demás que legalmente deba hacer el Gobierno Federal, en función de las disponibilidades; • Requerir y llevar, a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal, la cuenta del movimiento de los fondos de la Federación, así como rendir cuentas de sus propias operaciones de ingresos, egresos e inversiones; • Administrar y cobrar los créditos a favor del Gobierno Federal, distintos de los fiscales, que tenga radicados; • Intervenir en la materia de su competencia en la formulación de los convenios y acuerdos de coordinación fiscal con las Entidades Federativas; • Conceder prórrogas o plazos para el pago de créditos fiscales a cargo de contribuyentes sujetos a control presupuestal y de adeudos a favor del Gobierno Federal distintos de contribuciones y sus accesorios, y establecer las condiciones necesarias para su adecuado y oportuno cumplimiento de conformidad con las limitaciones que establezcan las disposiciones legales aplicables y previa garantía de su importe y accesorios; • Aceptar, previa calificación, las garantías que se otorguen a favor del Gobierno Federal, registrarlas, conservarlas en guarda y custodia cuando sean remitidas para tal fin, autorizar su sustitución y cancelarlas respecto de los créditos fiscales que le hubieren sido radicados; hacer efectivas las que se constituyan en materias distintas a la fiscal, incluyendo el cobro de los intereses por pago extemporáneo de las mismas y, en su caso, el cobro de los recargos conforme a las disposiciones legales aplicables; desistirse de las acciones de cobro de dichas garantías y transferir a la cuenta de depósito de la Hacienda Pública Federal el importe de las garantías expedidas a favor de la Tesorería de la Federación por institución de crédito autorizada que los haga efectivos; • Expedir certificados de estímulos fiscales y certificados especiales; • Operar el sistema de compensación de deudas entre la Federación por una parte y las entidades públicas por la otra, así como entre la Federación y los particulares, en los términos del Código Fiscal de la Federación; así como manejar el sistema de compensación de adeudos, incluidos los fiscales, entre las dependencias, entre las entidades y entre las dependencias y entidades de la administración pública federal,
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así como entre aquéllas y las empresas que se adhieran al sistema, conforme a las normas que dicte el Ejecutivo Federal; • Autorizar y efectuar la devolución de cantidades pagadas indebidamente al fisco, aprobadas por autoridad competente, por los medios que legalmente procedan; • Aceptar y tramitar hasta su conclusión la dación de bienes o servicios en pago de toda clase de créditos a favor del Gobierno Federal, respecto de los cuales tenga conferido su cobro, de conformidad con lo dispuesto por la Ley. Procuraduría fiscal de la Federación Además de ser el abogado y consejero jurídico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Fiscal de la Federación cuenta, entre otras, con las siguientes facultades: • Ser enlace en asuntos jurídicos con las áreas correspondientes de las dependencias de la administración pública federal, de las entidades paraestatales del sector coordinado por la Secretaría y de las autoridades de la hacienda pública de las entidades federativas coordinadas; • Intervenir en la materia de su competencia, en los aspectos jurídicos de los convenios y acuerdos de coordinación fiscal con entidades federativas, cuidar y promover el cumplimiento reciproco de las obligaciones derivadas de los mismos y asesorarlas en los estudios que soliciten a la Secretaría para la elaboración de sus ordenamientos en materia de hacienda pública y para el establecimiento de los sistemas administrativos correspondientes; • Establecer el criterio de la Secretaria cuando unidades administrativas de la misma emitan opiniones contradictorias en aspectos legales; y como órgano de consulta interna de ésta, establecer la interpretación a efectos administrativos de las leyes y disposiciones en las materias competencia de la propia Secretaría y los criterios generales para su aplicación, obligatorios para dichas unidades administrativas; • Proponer medidas para la mejor aplicación de las disposiciones legales de la materia competencia de la Secretaría y para la pronta y expedita administración de justicia en materia de hacienda pública; • Tramitar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las disposiciones de carácter general y particular relativas a la materia de competencia de la propia Secretaria, pudiendo, en su caso, emitir opinión jurídica al respecto y requerir a los solicitantes de publicaciones las modificaciones, aclaraciones o confirmaciones respectivas;
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• Compilar la legislación y la jurisprudencia en la materia competencia de la Secretaria, y celebrar convenios por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación para la realización del servicio de préstamo bibliotecario; • Integrar la relación de las entidades paraestatales de la administración pública federal y promover anualmente su publicación en el Diario Oficial de la Federación; • Conducir las actividades relativas al Registro Público de Organismos Descentralizados. Calificar los documentos que los organismos descentralizados presenten para su inscripción y, en su caso, expedir las constancias respectivas; • Representar, con excepción del juicio de amparo cuando se actué como Autoridad Responsable, el interés de la Federación en controversias fiscales; a la Secretaria y a las autoridades dependientes de la misma en toda clase de juicios, investigaciones o procedimientos ante los tribunales de la República, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ante otras autoridades competentes, en que sean parte, o cuando sin ser parte, sea requerida su intervención por la autoridad que conoce del juicio o procedimiento, o tenga interés para intervenir conforme a sus atribuciones; y, en su caso, poner en conocimiento del Órgano Interno de Control en la Secretaría, los hechos respectivos; ejercitar los derechos, acciones, excepciones y defensas de las que sean titulares, transigir cuando así convenga a los intereses de la Secretaría, e interponer los recursos que procedan ante los citados tribunales y autoridades, siempre que dicha representación no corresponda a otra unidad administrativa de la propia Secretaría o al Ministerio Público Federal y, en su caso, proporcionarle los elementos que sean necesarios; • Resolver los recursos administrativos conforme a las leyes distintas a las fiscales que se interpongan en contra de actos del Secretario cuando no corresponda a otra unidad de la Secretaria; y aquellos que en contra de los acuerdos que dicte la junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado en materia de pensiones civiles, conforme a la Ley de la materia; y aquellos que se interpongan en contra de los actos de fiscalización que lleve a cabo la Procuraduría Fiscal de la Federación y autoridades que de ella dependan, así como representar a las demás autoridades de la misma Procuraduría ante el Tribunal Federal de justicia Fiscal y Administrativa, en los juicios que se interpongan contra las resoluciones que se dicten derivadas de las acciones de fiscalización que se hubieran llevado a cabo;
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• Representar al Secretario ante el Tribunal Federal de justicia Fiscal y Administrativa, en los juicios que se interpongan en contra de las resoluciones que se dicten en los términos de la fracción anterior; • Proponer los términos de los informes previos y justificados que deban presentar el Presidente de la República y el Secretario, cuando proceda, los servidores públicos de la Secretaría y las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas, en los asuntos competencia de la Secretaría; asimismo de los escritos de demanda o contestación, según proceda, en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad; proponer los términos de intervención de la Secretaría cuando tenga el carácter de tercero perjudicado en los juicios de amparo; proponer los términos de los recursos que procedan, así como realizar, en general, todas las promociones que en dichos juicios se requieran; • interponer con la representación del Secretario, los recursos que procedan contra las sentencias y resoluciones definitivas dictadas por el Tribunal Federal de justicia Fiscal y Administrativa en materia de pensiones civiles, y en aquellos juicios en que hubieran sido parte las autoridades de la Secretaría, cuya representación en el juicio hubiera correspondido a la Procuraduría Fiscal de la Federación; • Coordinar la defensa en los juicios promovidos en el extranjero en que sean parte las entidades de la administración pública paraestatal coordinadas por la Secretaría; • Allanarse y transigir en los juicios en que represente al titular del ramo o a otras autoridades dependientes de la Secretaría; proponer, en su caso, a las mismas autoridades la conveniencia de revocar las resoluciones emitidas, cuando así convenga a los intereses de la Secretaría; • Resolver los recursos administrativos en materia fiscal que sean de su competencia; • Llevar la instrucción de los procedimientos en que deba intervenir la Secretaría y otras autoridades dependientes de la misma, conforme a leyes distintas de las fiscales, y resolver los recursos administrativos relacionados con dichos procedimientos, cuando así proceda conforme a las disposiciones legales aplicables, y cuando ambas competencias no estén asignadas a otra unidad administrativa de la propia Secretaría; • Contestar en representación del Secretario los escritos de los particulares en que ejerzan el derecho de petición, en asuntos de su competencia;
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• Ejercer en materia de infracciones o delitos las atribuciones señaladas a la Secretaría en el Código Fiscal de la Federación y en las demás leyes, e imponer las sanciones correspondientes por infracciones a dichas leyes, excepto cuando competa imponerlas a otra unidad o autoridad administrativa de la Secretaría, así como formular las abstenciones para presentar denuncias, querellas, declaratorias de perjuicio o posible perjuicio o peticiones cuando exista impedimentos: legal o material para ello y proponer la petición de sobreseimiento del proceso; así como otorgar el perdón en los casos que proceda, siempre y cuando las unidades administrativas o autoridades de la Secretaría que tengan injerencia o interés en el asunto de que se trate no manifiesten objeción en su otorgamiento; • Denunciar o querellarse ante el Ministerio Público de la Federación de los hechos que puedan constituir delitos de los servidores públicos de la Secretaría en el desempeño de sus funciones, allegándose los elementos probatorios del caso, dando la intervención que corresponda al Órgano Interno de Control en la Secretaría y a la Secretaría de la Función Pública; así como denunciar o querellarse ante el Ministerio Público competente de los hechos delictuosos en que la Secretaría resulte ofendida o en aquellos en que tenga conocimiento o interés, coadyuvar en estos cases con el propio Ministerio Público, en representación de la Secretaría y, cuando proceda, otorgar el perdón legal, siempre y cuando las unidades administrativas o autoridades de la Secretaría que tengan injerencia o interés en el asunto de que se trate no manifiesten objeción en su otorgamiento y pedir al Ministerio Público competente que solicite el sobreseimiento en los procesos penales; • Ejercer en materia penal las facultades que señalen a la Secretaría las leyes que rigen a las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, a las organizaciones y actividades auxiliares del crédito, al mercado de valores, al sistema de ahorro para el retiro, así como las previstas en otras leyes de la competencia de esta Secretaria; • Expedir certificaciones de constancias de los expedientes relativos a los asuntos de su competencia; • Coordinarse con las autoridades fiscales de las entidades federativas en las materias de su competencia; • Denunciar o querellarse ante el Ministerio Público por la comisión de conductas ilícitas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal y demás disposiciones afines, así como coadyuvar con las autoridades competentes en representación de la Secretaría en los procedimientos penales de que se trate;
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• Ordenar y practicar, en relación a las investigaciones sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras y, en su caso, sobre los hechos en que el fisco federal pudiera querellarse, denunciar, formular declaratoria, haya sufrido o pueda sufrir perjuicio, que lleve a cabo en el ámbito de su competencia, las visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones de origen, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones, reconocimiento aduanero de las mercancías de comercio exterior y los demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, importantes, exportadores, responsables solidarios, terceros relacionados con los contribuyentes y demás obligados en materia de impuestos, incluyendo los que se causen por la entrada al territorio nacional o salida del mismo de mercancías y medios de transporte, derechos, contribuciones de mejoras, cuotas compensatorias, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios de carácter federal, compensaciones efectuadas y saldos a favor determinados por el contribuyente, cuentas aduaneras y pagos en parcialidades no autorizados, o sin tener derecho a ello; así como para recabar de los servidores públicos, fedatarios y personas autorizadas por la Secretaría que sean terceros relacionados con los contribuyentes, los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones; y en materia de determinación de la base de los impuestos generales de importación o exportación, verificar y, en su caso, determinar la correcta clasificación arancelaria de las mercancías de procedencia extranjera, el valor en aduana de las mercancías de importación u otra base gravable que se establezca en las leyes, el valor comercial de las mercancías de exportación, así como comprobar de conformidad con los acuerdos, convenios o tratados en materia fiscal o aduanera de los que México sea parte, el cumplimiento de obligaciones a cargo de importadores y exportadores; revisar el empleo de tuberías, ductos, cables u otros medios susceptibles de conducir mercancías de importación y exportación autorizados o que requieran autorización por autoridad competente; verificar tanto la existencia de los documentos que acrediten la legal estancia y tenencia de las mercancías de comercio exterior, vehículos, aeronaves y embarcaciones de procedencia extranjera, el cumplimiento de las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, normas oficiales mexicanas, cumplimiento de las reglas de origen contenidas en los tratados internacionales; practicar y notificar el embargo precautorio de aquellas mercancías respecto de las cuales no se acredite su legal introducción al país e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera; habilitar almacenes como recintos fiscales para uso de la autoridad fiscal y aduanera; revisar y determinar los precios o montos de contraprestaciones en operaciones con partes relacionadas, y valor declarado en partes vinculadas y resolver los
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problemas de interpretación y aplicación que se susciten de acuerdo con los procedimientos establecidos en los mismos, para poder determinar los ingresos acumulables y deducciones autorizadas en operaciones celebradas entre partes relacionadas, considerando, entre otros, los precios o montos de las contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables, y determinar el valor en aduana y comercial en partes vinculadas; imponer multas por el incumplimiento o cumplimiento extemporáneo, total o parcial, a los requerimientos que formule en los términos de esta fracción; inspeccionar los recintos fiscales y fiscalizados así como ejercer sus facultades de comprobación en recintos fiscalizados; prorrogar los plazos en que se deban concluir las visitas domiciliarias; • Requerir, en relación a las investigaciones sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras y, en su caso, sobre los hechos en que el fisco federal pudiera querellarse, denunciar, formular declaratoria, haya sufrido o pueda sufrir perjuicio, que lleve a cabo en el ámbito de su competencia, a los contribuyentes, importadores, exportadores, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, o a contadores públicos autorizados que hayan formulado dictámenes o declaratorias para efectos fiscales, para que exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos, instrumentos e informes, y en el caso de dichos contadores, también para que exhiban sus papeles de trabajo, así como recabar de los servidores públicos, fedatarios y personas autorizadas por la Secretaría que sean terceros relacionados con los contribuyentes, los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones, todo ello para proceder a su revisión, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales en las materias señaladas en la fracción XL de este artículo; imponer multas por el incumplimiento o cumplimiento extemporáneo, total o parcial, a los requerimientos que formule en los términos de esta fracción; así como autorizar o negar prorrogas para su presentación. Tratándose de las revisiones previstas en esta fracción, emitir los oficios de observaciones, el de conclusión de la revisión, y en su caso el de prorroga del plazo para concluir la revisión; • Allegarse y solicitar toda la información y documentación que sea necesaria cuando, con motivo de los actos de fiscalización que practique, detecte actos u operaciones con recursos, derechos o bienes respecto de los cuales se presuma que procedan o representen el producto de un probable delito, así como requerir a las autoridades o unidades administrativas competentes los reportes de operaciones sospechosas y relevantes, y las declaraciones a que se refiere el artículo 9° de la Ley Aduanera, que se relacionen con los respectivos actos de fiscalización;
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• Solicitar a las autoridades competentes del Servicio de Administración Tributaria el apoyo que estime necesario para la práctica de los actos de fiscalización que lleve a cabo; solicitar en cualquier momento a las autoridades fiscales y aduaneras que tengan competencia, la continuación hasta su conclusión, de los actos de fiscalización que hubiere ordenado y de los procedimientos administrativos en materia aduanera que hubiere iniciado, así como la determinación, notificación y cobro de los créditos fiscales que resulten de los mismos y demás actos que sean necesarios para hacerlos efectivos; informarles sobre las irregularidades detectadas en el ejercicio de sus facultades de comprobación respecto de la actuación de contadores públicos registrados, agentes y apoderados aduanales por no cumplir con las disposiciones fiscales y aduaneras, para que las autoridades competentes determinen la suspensión o cancelación del registro de dicho contador público, lo exhorten o amonesten, así como para que suspendan o cancelen la patente aduanal o la autorización del apoderado aduanal, aportándoles los elementos necesarios para que dichas autoridades ejerzan sus facultades; • Realizar el seguimiento y control de los procesos originados por las querellas, declaraciones de perjuicio, denuncias y peticiones formuladas por la Secretaria, así como de aquellas en que tenga interés; • Llevar y mantener actualizado un banco de datos con la información obtenida en ejercicio de sus funciones, sobre la cuál se mantendrá absoluta reserva, salvo que dicha información deba suministrarse a las autoridades judiciales en los procesos del orden penal; • Elaborar el dictamen técnico contable y la cuantificación del perjuicio ocasionado al fisco federal; designar los peritos que se requieran para la formulación de los dictámenes técnicos relacionados con los asuntos de su competencia; establecer la naturaleza, estado, origen, y demás características de las mercancías de comercio exterior, así como determinar su clasificación arancelaria y solicitar el dictamen que se requiera al agente o apoderado aduanal, al dictaminador aduanero o a cualquier otro perito para ejercer las facultades a que se refiere esta fracción; determinar conforme a la Ley Aduanera el valor en aduana de las mercancías de importación u otra base gravable que se establezca en otras leyes, y el valor comercial de las mercancías de exportación; • Fungir como autoridad competente en los convenios o tratados internacionales en las materias de su competencia y resolver los problemas que se susciten de acuerdo con los procedimientos que en los mismos se establezcan;
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• Formular y ejecutar los acuerdos, convenios o tratados en la materia de su competencia, así como realizar el análisis y evaluación de la aplicación de tales acuerdos, convenios o tratados; • Solicitar y coordinarse con las autoridades fiscales competentes para la practica de los actos de fiscalización que sean necesarios con motivo del ejercicio de las facultades conferidas conforme a este artículo y de la aplicación de los Convenios o Tratados que en las materias de su competencia se tengan celebrados con otros países; • Intervenir en la obtención, análisis y estudio de la información y documentación que se solicite por parte de las autoridades competentes de los países con los que se tengan celebrados convenios o tratados de las materias de su competencia; • Proponer medidas en la materia de su competencia, para la coordinación en asuntos jurídicos con las unidades administrativas de la Secretaría, con las entidades del sector paraestatal coordinadas por la misma y con autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas; • Investigar el cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras y, en su caso, los hechos en que el fisco federal pudiera querellarse, denunciar, formular declaratoria, haya sufrido o pueda sufrir perjuicio, pudiendo allegarse y requerir toda la información y documentación necesaria para su investigación; solicitar de los contribuyentes, importadores, exportadores, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, datos, informes o documentos, para planear y programar actos de fiscalización en materia fiscal y aduanera; recabar de los servidores públicos, fedatarios y personas autorizadas por la Secretaría que sean terceros relacionados con los contribuyentes, los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones, así como ejercer sus facultades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras; allegarse de las pruebas necesarias para que la Secretaría formule la denuncia, querella o declaratoria al Ministerio Público, e intercambiar información con otras autoridades fiscales; • Requerir, recibir y revisar, en relación a las investigaciones sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras y, en su caso, sobre los hechos en que el fisco federal pudiera querellarse, denunciar, formular declaratoria, haya sufrido o pueda sufrir perjuicio, que lleve a cabo en el ámbito de su competencia, que los dictámenes formulados por contador público registrado sobre los estados financieros relacionados con las obligaciones fiscales de los contribuyentes, y respecto de operaciones de enajenación de acciones, así como la declaratoria que emitan para
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solicitudes de devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado o de cualquier otro tipo de dictamen o declaratoria que tenga repercusión para efectos fiscales, reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales y comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras de los contribuyentes relativas a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, cuotas compensatorias, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias, accesorios federales y la actuación profesional del contador público; requerir, recibir, y revisar que los dictámenes de residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente o base fija en el país y los relativos a la enajenación de acciones que lleven a cabo residentes en el extranjero, de conformidad con el titulo V de la Ley del Impuesto sobre la Renta, incluyendo el requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados o a contadores públicos autorizados que hayan formulado esta clase de dictámenes para que exhiban sus papeles de trabajo, reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales y comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras de los contribuyentes relativas a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, cuotas compensatorias, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias, accesorios federales y de la actuación profesional del contador público; así como para determinar los precios o montos de contraprestaciones en operaciones con partes relacionadas, y valor declarado en partes vinculadas y resolver los problemas de interpretación y aplicación que se susciten de acuerdo con los procedimientos establecidos en los mismos, para poder determinar los ingresos acumulables y deducciones autorizadas en operaciones celebradas entre partes relacionadas, considerando, entre otros, los precios o montos de las contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables, y determinar el valor en aduana y comercial en partes vinculadas; imponer multas por el incumplimiento o cumplimiento extemporáneo, total o parcial, a los requerimientos que formule en los términos de esta fracción; autorizar o negar prorrogas para la presentación de lo requerido; • Notificar los actos relacionados con el ejercicio de sus facultades de comprobación, las multas que correspondan a requerimientos no atendidos así como los atendidos en forma extemporánea, total o parcialmente, y otras multas que imponga, y remitir los créditos fiscales a la unidad administrativa competente del Servicio de Administración Tributaria para su control y cobro; • Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias o ejercicio de sus facultades de comprobación;
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• En relación a las investigaciones sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras y, en su caso, sobre los hechos en que el fisco federal pudiera querellarse, denunciar, formular declaratoria, haya sufrido o pueda sufrir perjuicio, que lleve a cabo en el ámbito de su competencia, verificar el domicilio y demás datos a que están obligados los contribuyentes en materia de registro federal de contribuyentes, así como los manifestados en solicitudes, avisos y pedimentos, y comprobar que los contribuyentes se localicen en el domicilio señalado en los mismos; ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presentación de las solicitudes o avisos en materia del registro federal de contribuyentes y, en su caso, solicitar de la autoridad competente del Servicio de Administración Tributaria su inscripción por acto de autoridad; así como declarar que no surten efectos los avisos presentados cuando al revisarse o verificarse no correspondan a lo manifestado, debiendo informar las irregularidades y modificaciones en materia de registro federal de contribuyentes a la unidad administrativa competente del Servicio de Administración Tributaria; • Ordenar y practicar el embargo precautorio de recursos y bienes del contribuyente, y en su caso, del responsable solidario, para asegurar el interés fiscal cuando, a su juicio, hubiera peligro de que el obligado se ausente o realice la enajenación de bienes o cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento de las obligaciones fiscales o en los casos en que la ley lo señale; así como levantarlo cuando proceda; ordenar y practicar el aseguramiento de bienes y contabilidad en los casos en que la ley lo señale, así como levantarlo cuando proceda; • Poder tramitar y resolver los procedimientos administrativos en materia aduanera que se deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras; ordenar, en los casos que proceda, la entrega de las mercancías embargadas, antes de la conclusión del procedimiento a que se refiere esta fracción, previa calificación y aceptación que realice de la garantía del interés fiscal, así como autorizar la sustitución de garantías en los casos que proceda previa calificación y aceptación de la misma; poner a disposición de la instancia competente, la mercancía de procedencia extranjera que haya pasado a propiedad del fisco federal, como consecuencia de un procedimiento aduanero que sea de su competencia, o que encontrándose sujeta a este procedimiento se encuentre en los casos previstos en el artículo 157 de la Ley Aduanera; declarar en el ejercicio de sus atribuciones, cuando proceda, que las mercancías, vehículos, embarcaciones o aeronaves pasan a propiedad del fisco federal;
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• Dar a conocer a contribuyentes, importadores y exportadores, responsables solidarios y demás obligados, los hechos u omisiones imputables a éstos, conocidos con motivo de la revisión de gabinete, dictámenes o visitas domiciliarias, inspección y verificaciones de origen que les practiquen, y hacer constar dichos hechos y omisiones en el oficio de observaciones o en la última acta parcial que se levante, así como lo que proceda en el acta final o resolución que se emita; • Poder determinar, incluso presuntivamente, los impuestos y sus accesorios de carácter federal; aplicar las cuotas compensatorias; poder determinar los derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos y sus accesorios que deriven del ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo y, en cantidad liquida el monto correspondiente, que resulten a cargo de los contribuyentes, importadores o exportadores, responsables solidarios y demás obligados; poder determinar las cantidades compensadas indebidamente y, en su caso, imponer las multas correspondientes; poder determinar a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados el crédito fiscal que corresponda por el pago en parcialidades de contribuciones sin tener derecho a ello; poder determinar la responsabilidad solidaria respecto de créditos fiscales que determine o haya determinado con motivo en sus facultades de comprobación; poder determinar los precios o montos de contraprestaciones en operaciones con partes relacionadas, y valor declarado en partes vinculadas y resolver los problemas de interpretación y aplicación que se susciten de acuerdo con los procedimientos establecidos en los mismos, para poder determinar los ingresos acumulables y deducciones autorizadas en operaciones celebradas entre partes relacionadas, considerando, entre otros, los precios o montos de las contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables, y determinar el valor en aduana y comercial en partes vinculadas; así como remitir a la unidad administrativa competente del Servicio de Administración Tributaria, los créditos fiscales que determine para su control y cobro; • Poder imponer las sanciones y multas por infracción a las disposiciones fiscales o aduaneras que rigen las materias de su competencia y remitir a la unidad administrativa competente del Servicio de Administración Tributaria para su control y cobro, las sanciones y multas que imponga; • Conocer de las visitas domiciliarias u otras revisiones que mediante el ejercicio de facultades de comprobación sobre el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras en la materia de su competencia, practiquen otras autoridades competentes, en los casos que se descubran hechos en que el fisco federal pudiera querellarse, denunciar, formular declaratoria, haya sufrido o pueda sufrir perjuicio, de los que le
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informarán; o en su caso, podrá habilitar personal para conocer de los casos que considere se encuentren en las hipótesis citadas, y las autoridades que correspondan deberán permitir a este personal, el acceso a toda la documentación e información para su revisión y obtención de datos; asimismo, podrá continuar las visitas domiciliarias o revisiones mencionadas en esta fracción que determine requerir de las otras autoridades competentes; • En relación a las investigaciones sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras y, en su caso, sobre los hechos en que el fisco federal pudiera querellarse, denunciar, formular declaratoria, haya sufrido o pueda sufrir perjuicio, que lleve a cabo en el ámbito de su competencia, así como con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, solicitar a los contribuyentes, importadores, exportadores, responsables solidarios, o terceros relacionados con el contribuyente, datos, informes o documentos adicionales, que consideren necesarios para aclarar la información asentada en las declaraciones de pago provisional del ejercicio y complementarias de conformidad con el artículo 41-A del Código Fiscal de la Federación; así como imponer multas por el incumplimiento o cumplimiento extemporáneo, total o parcial, a los requerimientos que formule en los términos de esta fracción. Unidad de Inteligencia Financiera A esta dependencia le están conferidas las siguientes funciones: • Establecer las medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del articulo 400 Bis del mismo Código; • Presentar a la Secretaría de reportes sobre los actos, operaciones y servicios que las entidades obligadas a ello realicen con sus clientes y usuarios, relativos al inciso anterior, así como sobre todo acto, operación o servicio que, en su caso, realicen los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados de dichas personas obligadas, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas; • Establecer los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las personas deban observar en términos de ley respecto del adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios; la información y documentación que, en su caso, dichas personas deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite la identidad de sus clientes; la forma en
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que las mismas personas deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados en términos de Io anterior; así como los términos para proporcionar capacitación al interior de las personas obligadas en términos de ley sobre la materia objeto de esta fracción; • Participar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en el estudio y elaboración de anteproyectos de iniciativas de leyes o decretos relativos a los actos indicados en la fracción I anterior; • Emitir opiniones jurídicas a las unidades administrativas competentes de la Secretaría sobre la interpretación para efectos administrativos de las disposiciones de carácter general señaladas en la fracción I de este artículo, así como de las disposiciones legales de las que aquéllas emanen; • Verificar, en coordinación con los órganos desconcentrados competentes de la Secretaría, el cumplimiento de las disposiciones de carácter general a que se refiere la fracción I de este artículo, por parte de las personas obligadas a ello en términos de la legislación aplicable; • Recibir, capturar y analizar, de conformidad con las disposiciones de carácter general a que se refiere la fracción I de este artículo, la información contenida en los reportes previstos en dichas disposiciones, y en las declaraciones a que se refiere el artículo 9o. de la Ley Aduanera; • Requerir y recabar de las personas sujetas a las disposiciones de carácter general, directamente o a través de las instancias correspondientes, según sea el caso, información y documentación relacionada con los reportes previstos en las disposiciones fiscales, así como obtener información adicional de otras personas o fuentes para el ejercicio de sus atribuciones; • Requerir a las unidades administrativas de la Secretaría para que colaboren en el ejercicio de las facultades conferidas a la Unidad de Inteligencia Financiera y proporcionen la información y documentación necesaria para ello, incluido el acceso a la base de datos que contenga la información que se genere con motivo del ejercicio de tales facultades, en los términos y plazos requeridos por la propia Unidad de conformidad con las disposiciones aplicables; • Recibir, recopilar y analizar, en el ámbito de su competencia, como atribución de la Secretaría, las pruebas, constancias, reportes, documentación e informes sobre la comisión de las conductas que
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pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del articulo 400 Bis del mismo Código y demás disposiciones afines, integrando los expedientes respectivos; • Coordinarse con las autoridades fiscales para la práctica de los actos de fiscalización que resulten necesarios con motivo del ejercicio de las facultades conferidas conforme a las disposiciones fiscales; • Proporcionar y requerir a las autoridades competentes nacionales la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus facultades; • Denunciar o querellarse ante el Ministerio Público por las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el articulo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, allegándose los elementos probatorios del caso; • Coadyuvar con las autoridades competentes, en representación de la Secretaria, en los procesos penales relativos a las conductas delictivas; • Realizar, en el ámbito de su competencia, el seguimiento y control de los procesos originados por las denuncias y querellas formuladas por la Secretaria, así como de aquéllas en que esta tenga interés; • Tramitar y resolver en el ámbito de su competencia los requerimientos y resoluciones de autoridades jurisdiccionales o administrativas, incluyendo al Ministerio Público; • Fungir como enlace entre las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría, y las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en los asuntos de su competencia, así como negociar, celebrar e implementar acuerdos con esas instancias; • Hacer del conocimiento de los órganos desconcentrados de la Secretaría a cargo de la supervisión de los integrantes del sistema financiero el incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de las disposiciones de carácter general a que se refiere la fracción I de este artículo, con el objeto de que, en su caso, dichas instancias ejerzan oportunamente sus facultades de supervisión; • Solicitar a los órganos desconcentrados indicados en la fracción anterior informes sobre el resultado del ejercicio de las facultades de supervisión;
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• Intercambiar información y documentación con las autoridades competentes de los países con los que se tengan celebrados convenios o tratados en las materias de su competencia; • Dar a conocer las tipológicas y guías sobre presuntos casos en la materia de su competencia; • Notificar las resoluciones que dicte, los citatorios, requerimientos, solicitudes de informes y otros actos administrativos, así como los actos relacionados con el ejercicio de sus facultades; • Expedir certificaciones de constancias de los expedientes relativos a los asuntos de su competencia. Unidad de Coordinación con Entidades Federativas Esta dependencia tiene como objetivo general contribuir, conjuntamente con las Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, en la formulación e instrumentación de la política de coordinación en materia de ingresos, gastos y deuda de la Federación con las entidades federativas y los municipios, para coadyuvar en el desarrollo de las haciendas públicas de los tres ámbitos de gobierno. En consecuencia, es el enlace entre las entidades federativas y la Secretaría, que busca optimizar la concertación de acciones en materia de coordinación y fomentar su estrecha relación en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal y de las normas de transparencia y acceso a la información. Luego de un largo proceso de acuerdos que inicio con el establecimiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la Federación y las entidades federativas han llegado a delimitar las fuentes de recursos a las que puede acceder cada orden de gobierno. En este contexto, los problemas de la doble o triple tributación interna en México se han logrado superar, por medio del concepto de participaciones en ingresos federales. La coordinación fiscal nacional es el sistema jurídico administrativo en donde a través de acuerdos y convenios, se establece en forma expresa la voluntad soberana de las dos entidades con capacidad tributaria: la Federación y los estados, y con ello apoyan las relaciones fiscales entre ambas. Es también el mecanismo que tiene por objeto coordinar el Sistema Fiscal de la Federación con les de les estados, municipios y el Distrito Federal; establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre elles dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.
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La ley autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para celebrar convenios con los estados que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Al adherirse, los estados y el Distrito Federal participarán en el total de los impuestos federales y en otros ingresos que se mencionan en la misma ley mediante la distribución de los fondos y de las asignaciones especificas que la propia ley establece. Algunos fenómenos resultantes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal de indudable beneficie son: la simplificación técnica y la armonización de los sistemas fiscales de los tres niveles de gobierno; optimización de los procedimientos recaudatorios y de fiscalización, ya que su consecuencia no ha sido solo la captación de mayores recursos, sino la menor evasión fiscal; una mayor y mejor relación de los tres ámbitos tributarios que reditúa en beneficio del contribuyente, pues propicia un mayor nexo de este con el fisco, elimina instancias innecesarias y una multiplicidad de tramites; la constante remodelación en el aspecto normativo y operativo, gracias a la cooperación y experiencia que brinda el contacte constante entre las diversas autoridades fiscales. La Unidad de Coordinación con Entidades Federativas tiene las siguientes atribuciones: • Ser el enlace entre las Entidades Federativas y Municipios y la Secretaría, en las materias de la competencia de esta última, inclusive en materia de coordinación fiscal, plantación, pregrabación y presupueste; • Asistir a las unidades administrativas de la Secretaría y del Servicio de Administración Tributaria en las materias de su competencia; • Proponer, para aprobación superior, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, la formulación de la política de coordinación fiscal de la Federación con las Entidades Federativas y Municipios en materia de ingreso, gasto y deuda, previa opinión de las unidades administrativas de la Secretaría y del Servicio de Administración Tributaria; • Elaborar, con la participación de las unidades administrativas competentes de la Secretaría y del Servicio de Administración Tributaria, los proyectos de convenios, acuerdos y demás disposiciones legales relativos a la coordinación con las Entidades Federativas y Municipios; • Participar, con las unidades administrativas competentes de la Secretaría y del Servicio de Administración Tributaria, en la vigilancia y promoción del cumplimiento reciproco de las obligaciones derivadas del ámbito tributario de la Ley de Coordinación Fiscal, de los convenios y
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acuerdos, así como sus anexos, declaratorias y demás disposiciones legales relativas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; • Calcular, distribuir y liquidar, las cantidades que correspondan a las Entidades Federativas y a los Municipios, por concepto de participaciones en ingresos federales derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal; • Liquidar los incentivos que correspondan a las Entidades Federativas y a los Municipios, derivados de la Ley de Coordinación Fiscal; • Realizar, con la participación de las unidades administrativas competentes de la Secretaría y del Servicio de Administración Tributaría, el diseño de los sistemas para un eficiente movimiento de los fondos relativos a las participaciones, incentivos y aportaciones federales derivados de la Ley de Coordinación Fiscal y de otros ordenamientos fiscales federales aplicables; • Asesorar a las Entidades Federativas y Municipios cuando lo soliciten, en el establecimiento de los Sistemas de administración impositiva; • Llevar a cabo, con la participación de las unidades administrativas competentes de la Secretaría y del Servicio de Administración Tributaria, la promoción de la colaboración y la concertación con las autoridades de las Entidades Federativas en los asuntos relativos a la coordinación en materia de ingreso, gasto y deuda, así como estimular la colaboración administrativa entre las citadas Entidades Federativas para la modernización de sus sistemas fiscales; • Resolver los asuntos que las disposiciones legales que rigen las actividades de coordinación con Entidades Federativas y Municipios atribuyan a la Secretaría en materia de ingreso, gasto y deuda, siempre y cuando no formen parte de las facultades indelegables del Secretario y no estén asignadas expresamente a otra unidad administrativa de la misma; • Administrar en forma integral la partida presupuestaria de participaciones a Entidades Federativas y Municipios, de conformidad a lo establecido al efecto en la Ley de Coordinación Fiscal; • Proponer políticas de aplicación, normatividad y coordinación de los ramos presupuestarios que asignen recursos para las Entidades Federativas; • Promover la transparencia de la información en materia de ingreso, gasto y deuda de las Entidades Federativas; • Establecer en coordinación con la Unidad de Crédito Público, las políticas relativas al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades
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Federativas y Municipios, de conformidad con la legislación aplicable; llevar dicho Registro y elaborar y difundir la información estadística en materia de deuda pública de las Entidades Federativas, del Distrito Federal y de los Municipios, así como proporcionar dicha información a las unidades administrativas que la requieran; • Coadyuvar con la Unidad de Crédito Público en el diseño de las directrices para el acceso de los gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios a los mercados internos de dinero y capitales; • Elaborar los anteproyectos de iniciativas de ley y proyectos de reglamentos relativos a las materias de coordinación, inclusive en materia fiscal con Entidades Federativas y Municipios; • Representar al Titular de la Secretaría en asuntos de coordinación con Entidades Federativas y Municipios, en materia de ingreso, gasto y deuda, siempre y cuando no formen parte de las facultades indelegables del Secretario y no estén asignadas expresamente a otra unidad administrativa de la misma. • Ser el enlace con los Organismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como participar en la evaluación de la gestión del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.
CAPÍTULO II SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)
Antecedentes El 1° de julio de 1997, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reemplazó a la Subsecretaría de Ingresos en las atribuciones de determinación y recaudación de las contribuciones del ámbito federal. Con la creación del SAT se busca realizar de manera más eficiente las labores de recaudación de contribuciones federales, coordinación fiscal con entidades, representación de la Federación en controversias fiscales, dirección de los servicios aduaneros y participación en la negociación de tratados internacionales en materia fiscal y aduanera, entre otras. En este sentido, se llevó a cabo un programa de reingeniería y modernización de los procesos, sistemas y estructuras.
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El Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. El SAT, como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuenta con autonomía de gestión para la consecución de sus labores, y con autonomía técnica para dictar sus resoluciones a fin de recaudar las contribuciones federales y controlar la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, garantizando la correcta aplicación de la legislación y promoviendo el cumplimiento voluntario y oportuno. Atribuciones Ahora bien, de acuerdo con la Ley del Servicio de Administración Tributaria, este organismo cuenta con las siguientes atribuciones: • Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable; • Dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera; • Representar el interés de la Federación en controversias fiscales; • Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios cuando, conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte, estas atribuciones deban ser ejercidas por las autoridades fiscales y aduaneras del orden federal; • Ejercer aquellas que, en materia de coordinación fiscal, correspondan a la administración tributaria; • Solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones públicas, nacionales o del extranjero, el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscales, de conformidad con las leyes y tratados internacionales en materia fiscal y aduanera; • Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones;
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• Participar en la negociación de los tratados internacionales que lleve a cabo el Ejecutivo Federal en las materias fiscal y aduanera, así como celebrar acuerdos interinstitucionales en el ámbito de su competencia; • Proporcionar, bajo el principio de reciprocidad, la asistencia que le soliciten instancias supervisoras y reguladoras de otros países con las cuales se tengan firmados acuerdos o formen parte de convenciones internacionales de las que México sea parte, para lo cual, en ejercicio de sus facultades de vigilancia, podrá recabar respecto de los contribuyentes y terceros con ellos relacionados, la información y documentación que sea objeto de la solicitud; • Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en las materias fiscal y aduanera; • Localizar y listar a los contribuyentes con el objeto de ampliar y mantener actualizado el registro respectivo;
• Allegarse la información necesaria para determinar el origen de los ingresos de los contribuyentes y, en su caso, el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales; • Proponer, para aprobación superior, la política de administración tributaria y aduanera, y ejecutar las acciones para su aplicación. Se entenderá como política de administración tributaria y aduanera el conjunto de acciones dirigidas a recaudar eficientemente las contribuciones federales y los aprovechamientos que la legislación fiscal establece, así como combatir la evasión y elusión fiscales, ampliar la base de contribuyentes y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los contribuyentes; • Diseñar, administrar y operar la base de datos para el sistema de información fiscal y aduanera, proporcionando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos estadísticos suficientes que permitan elaborar de manera completa los informes que en materia de recaudación federal y fiscalización debe rendir el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión; • Contribuir con datos oportunos, ciertos y verificables al diseño de la política tributaria; • Emitir las disposiciones de carácter general necesarias para el ejercicio eficaz de sus facultades, así como para la aplicación de las leyes, tratados y disposiciones que con base en ellas se expidan;
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• Emitir los marbetes y los precintos que los contribuyentes deban utilizar cuando las leyes fiscales los obliguen, y • Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta Ley, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables. Organización del SAT El SAT cuenta con las siguientes instancias de gobierno: • La Junta de Gobierno; • El jefe del SAT, y • Unidades administrativas. La junta de Gobierno del SAT esta integrada por el secretario de Hacienda y Crédito Público y tres consejeros designados por él de entre los empleados superiores de Hacienda. El secretario de Hacienda y Crédito Público presidirá la junta de Gobierno y podrá ser suplido por otro empleado superior de Hacienda que sea distinto de los designados para integrar la Junta de Gobierno. Asimismo, contará con tres consejeros independientes, designados por el presidente de la República, dos de éstos a propuesta de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales a que hace referencia la Ley de Coordinación Fiscal. Estos nombramientos deberán recaer en personas que cuenten con amplia experiencia en la administración tributaria, federal o estatal, y quienes por sus conocimientos, honorabilidad, prestigio profesional y experiencia, sean ampliamente reconocidos y puedan contribuir a mejorar la eficiencia de la administración tributaria y la atención al contribuyente. Los consejeros independientes no deben tener impedimento alguno para desempeñarse como tales, así como aceptar los derechos y obligaciones derivados de su cargo, sin que por ello se les considere servidores públicos en los términos de la legislación aplicable. Los consejeros independientes deberán reunir los siguientes requisitos: a) No haber ocupado cargos en el último año anterior a su nombramiento en la administración pública federal o de las entidades federativas o municipales, y b) Durante el tiempo que dure su nombramiento no podrán llevar a cabo el ejercicio particular de una profesión en materia fiscal o aduanera, ni ejercer cualquier actividad cuando ésta sea incompatible con sus funciones.
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Esta limitante no aplicará cuando se trate de causa propia, la de su cónyuge o concubina o concubinario, así como parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, y colaterales hasta el cuarto grado, por afinidad o civil. Los consejeros independientes deberán asistir cuando menos al 70 por ciento de las sesiones que se hayan convocado en un ejercicio, y en caso contrario, podrá ser designado otro en su lugar. Las atribuciones de la Junta de Gobierno son las siguientes: I. Opinar y coadyuvar con las autoridades competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la elaboración de las medidas de política fiscal y aduanera necesarias para la formulación y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, así como llevar a cabo los programas especiales y los asuntos que el propio Secretario de Hacienda y Crédito Público le encomiende ejecutar y coordinar en esas materias; II. Someter a la consideración de las autoridades competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su opinión sobre los proyectos de iniciativas de ley, decretos, acuerdos, órdenes, resoluciones administrativas y disposiciones de carácter general que en las materias fiscal y aduanera corresponda expedir o promover a la propia Secretaria; III. Aprobar los programas y presupuestos del Servicio de Administración Tributaria, así como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable; IV. Aprobar la estructura orgánica básica del Servicio de Administración Tributaria y las modificaciones que procedan a la misma, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como el anteproyecto de Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y sus modificaciones correspondientes; V. Examinar y, en su caso, aprobar los informes generales y especiales que someta a su consideración el Presidente del Servicio de Administración Tributaria; VI. Estudiar y, en su caso, aprobar todas aquellas medidas que, a propuesta del Presidente del Servicio de Administración Tributaria, incrementen la eficiencia en la operación de la administración tributaria y en el servicio de orientación al contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y VII. Aprobar el programa anual de mejora continua y establecer y dar seguimiento a las metas relativas a aumentar la eficiencia en la administración tributaria y mejorar la calidad del servicio a los contribuyentes.
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El programa anual de mejora continua deberá contener indicadores de desempeño para medir lo siguiente: a) El incremento en la recaudación por mejoras en la administración tributaria. b) El incremento en la recaudación por aumentos en la base de contribuyentes. c) El incremento en la recaudación por combate a la evasión de impuestos. d) El incremento en la recaudación por una mejor percepción de la efectividad del Servicio de Administración Tributaria por parte de los contribuyentes. e) La disminución del costo de operación por peso recaudado. f) La disminución del costo de cumplimiento de obligaciones por parte de los contribuyentes. g) La disminución del tiempo de cumplimiento de obligaciones por parte de los contribuyentes. VIII. Analizar las propuestas sobre mejora continua que incluyan los aspectos relacionados con la disminución de los costos de recaudación, la lucha contra la evasión, la elusión, el contrabando y la corrupción, la mejor atención al contribuyente, la seguridad jurídica de la recaudación y del contribuyente, la rentabilidad de la fiscalización y la simplificación administrativa y reducción de los costos de cumplimiento, que sean elaboradas por las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria. IX. Proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como responsable de la política de ingresos, los cambios a la legislación pertinentes para la mejora continua de la administración tributaria. X. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta Ley, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables. Estructura del SAT La estructura funcional del SAT es la siguiente: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORIA FISCAL
ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICA
NOTA ACLARATORIA: Para efectos del presente análisis, fueron omitidas las áreas cuyas funciones no se consideran sustantivas o relevantes en la operación y desempeño de las funciones tributarias, tales como la Oficialía Mayor, el Órgano Interno de Control o Administraciones Generales que cumplen otro tipo de funciones, que en su oportunidad más bien son de apoyo a los trabajos que tiene encomendado el Servicio de Administración Tributaria. Administración General de Aduanas Esta dependencia tiene conferidas las siguientes facultades; • Participar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el estudio y elaboración de propuestas de políticas y programas relativos al desarrollo de la franja y región fronteriza del país, al fomento de las industrias de exportación, regimenes temporales de importación o exportación y de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos, efectuado por la industria automotriz terminal; intervenir en el estudio y formulación de los proyectos de aranceles, cuotas compensatorias y demás medidas de regulación y restricción al comercio exterior en los que las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participen con otras autoridades competentes; emitir opinión sobre los precios estimados que fije la citada Secretaría, respecto de las mercancías de comercio exterior que sean objeto de subvaluación o sobrevaloración, así como establecer las políticas, lineamientos y directrices que deben seguir
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las unidades administrativas que le sean adscritas y las aduanas, en las siguientes materias: normas de operación, despacho aduanero y comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras; embargo precautorio de mercancías extranjeras respecto de las cuales no se acredite la legal importación, tenencia o estancia en el país; procedimientos aduaneros que se deriven del ejercicio de las facultades de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, así como en materia de impuestos, derechos, aprovechamientos y sus accesorios de carácter federal; verificación del cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, inclusive en materia de normas oficiales mexicanas; inspección y vigilancia de los recintos fiscales y fiscalizados y, en este último caso, vigilancia del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión 0o autorización otorgada para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior. • Participar conjuntamente con las unidades administrativas competentes del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia, en las negociaciones de convenios aduaneros y tratados internacionales en materia comercial en las que se discutan temas aduaneros y en los grupos de trabajo que se establezcan al amparo de los tratados internacionales suscritos por México en materia de aduanas y reglas de origen. • Proponer el establecimiento o supresión de aduanas, garitas, secciones aduaneras y puntos de revisión, así como aprobar las instalaciones que se pondrán a su disposición para el despacho aduanero de mercancías, su reconocimiento y demás actos o hechos que deriven de los mismos, según los programas de inversión que presenten los interesados, así como las obras que se realizarán en las oficinas administrativas de las aduanas y sus instalaciones complementarias. • Emitir los acuerdos de otorgamiento de patente de agente aduanal y de autorización de agente aduanal sustituto, de apoderado aduanal, de mandatario de agente aduanal, de dictaminador aduanero y de apoderado de almacén para los almacenes generales de depósito o para la industria automotriz terminal, únicamente para las extracciones de mercancías en depósito fiscal; autorizar el registro de agentes y apoderados aduanales y comprobar el cumplimiento de sus obligaciones; • emitir a los agentes aduanales autorizaciones de aduana adicional; determinar la lesión al interés fiscal, inclusive por la inexactitud de la clasificación arancelaria o de algún dato declarado en el pedimento, en la factura o en la declaración del valor en aduana o comercial, o por la omisión del permiso de autoridad competente, cuando constituyan causal
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de suspensión o cancelación de patente de agente aduanal o de autorización de apoderado aduanal, mandatario de agente aduanal, dictaminador aduanero y de apoderado de almacén para los almacenes generales de depósito o para la industria automotriz terminal; iniciar, tramitar y resolver los procedimientos de cancelación de patentes de agente aduanal, de autorizaciones de apoderado aduanal y de dictaminador aduanero, así como suspenderlos o declarar la extinción del derecho de ejercer la patente de agente aduanal y efectuar las notificaciones de dichos procedimientos, así como tramitar y resolver otros asuntos concernientes a los citados agentes aduanales, agentes aduanales sustitutos, apoderados aduanales, dictaminadores aduaneros y mandatarios de agente aduanal. • Establecer los lineamientos que instrumenten los procedimientos para obtener la patente de agente aduanal y las autorizaciones de mandatario de agente aduanal, de agente aduanal sustituto, de apoderado aduanal o de dictaminador aduanero. • Inhabilitar a los agentes o apoderados aduanales, en los casos previstos por la Ley. • Integrar la información estadística sobre el comercio exterior • Planear, organizar, establecer, dirigir y controlar estrategias que permitan crear e instrumentar mecanismos y sistemas para prevenir y combatir conductas ilícitas relacionadas con el comercio exterior, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como participar con otras autoridades en la prevención de ilícitos en las aduanas, recintos fiscales y fiscalizados, secciones aduaneras, garitas y puntos de revisión aduaneros y en los aeropuertos, puertos marítimos y terminales ferroviarias o de autotransporte de carga o de pasajeros, autorizados para el tráfico internacional. • Mantener comunicación con las autoridades fiscales y aduaneras de otros países para obtener y proporcionar información y documentación en relación con los asuntos fiscales y aduaneros internacionales de su competencia. • Ordenar y practicar la verificación de mercancías de comercio exterior en transporte, la verificación en transito de vehículos de procedencia extranjera y de aeronaves y embarcaciones, la vigilancia y custodia de los recintos fiscales y de los demás bienes y valores depositados en ellos, así como llevar a cabo otros actos de vigilancia para cerciorarse del cumplimiento do las disposiciones legales que regulan y gravan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y medios de
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transporte, el despacho aduanero y los hechos y actos que deriven de este o de dicha entrada o salida. • Ordenar y realizar la inspección y vigilancia permanente en el manejo, transporte o tenencia de las mercancías en los recintos fiscales y fiscalizados, así como en cualquier otra parte del territorio nacional. • Ordenar y practicar el embargo precautorio o aseguramiento de bienes o mercancías en los casos en que haya peligro de que el obligado se ausente, se realice la enajenación u ocultamiento de bienes o cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento de las obligaciones fiscales o en cualquier otro caso que señalen las leyes, así como de cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores a las cantidades que señalen las disposiciones legales, cuando se omita declararlas a las autoridades aduaneras al entrar o salir del territorio nacional, conforme a lo dispuesto en la legislación aduanera, y levantarlo cuando proceda. • Dar a conocer a los contribuyentes, responsables solidarios, productores, importadores, exportadores y demás obligados, los hechos u omisiones imputables a estos, conocidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y hacer constar dichos hechos y omisiones en las actas u oficios que para tal efecto se levanten. • Intervenir en la recuperación en el extranjero de vehículos y aeronaves nacionales o nacionalizados objeto de robo o de disposición ilícita y, en los términos de las leyes del país y de los convenios internacionales celebrados en esta materia, expedir las constancias que sean necesarias y proporcionar la documentación e informes de que disponga, que sean requeridos por las autoridades consulares mexicanas que formulen la solicitud respectiva; aplicar la legislación aduanera y los convenios internacionales para la devolución de los vehículos o aeronaves extranjeros materia de robo o de disposición ilícita, mediante la realización de los actos de vigilancia y verificación en tránsito y de revisión física en los recintos fiscales respectivos; notificar a las autoridades del país de procedencia la localización de los vehículos o aeronaves robados u objeto de disposición ilícita, así como resolver acerca de su devolución y del cobro de los gastos que se hubieren autorizado, • Normar la operación de las áreas de servicios aduanales, respecto a la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y medios de transporte, del despacho aduanero y los hechos y actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida, así como de la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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• Coordinarse para el mejor desempeño de sus facultades con las demás unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con las autoridades de las entidades federativas y municipios, de conformidad con la legislación aduanera y demás disposiciones aplicables y en relación con las medidas de seguridad y control que deben aplicarse en aeropuertos, puertos marítimos, terminales ferroviarias o de autotransporte de carga y pasajeros y cruces fronterizos autorizados para el trafico internacional, establecer la coordinación con las dependencias y organismos que lleven a cabo sus funciones en los mismos. • Ejercer las facultades de las autoridades aduaneras en materia de abandono de las mercancías y declarar, en su caso, que han pasado a propiedad del Fisco Federal en coordinación con las autoridades competentes previstas en la legislación aduanera y en las demás disposiciones aplicables. • Revisar los pedimentos y demás documentos exigibles por los ordenamientos legales aplicables a los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores, en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como a los agentes o apoderados aduanales, para destinar las mercancías a algún régimen aduanero; verificar los documentos requeridos y determinar las contribuciones, aprovechamientos y accesorios, así como imponer sanciones y, en su caso, aplicar las cuotas compensatorias y determinar en cantidad liquida el monto correspondiente, de que tenga conocimiento con motivo de la revisión practicada en los términos de esta fracción. • Autorizar el empleo de tuberías, ductos, cables u otros medios susceptibles de conducir mercancías de importación y exportación, y el despacho de mercancías de importación en el domicilio de los interesados, así como prorrogar, modificar o cancelar dichas autorizaciones. • Señalar dentro de los recintos fiscales la ubicación de las oficinas administrativas y sus instalaciones complementarias, las zonas restringidas y las zonas de circulación de vehículos, así como autorizar las personas y los objetos que puedan permanecer dentro de dichos recintos. • Fijar los lineamientos para el control, vigilancia y seguridad de los recintos fiscales y fiscalizados y de las mercancías de comercio exterior en ellos depositados, para las operaciones de carga, descarga y manejo de dichas mercancías, así como para el control, vigilancia y seguridad sobre la entrada y salida de mercancías y personas en los aeropuertos, puertos marítimos y terminales ferroviarias o de autotransporte de carga y
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pasajeros autorizados para el trafico internacional y en forma exclusiva en las aduanas, recintos fiscales y fiscalizados, secciones aduaneras, garitas y puntos de revisión aduaneros. • Autorizar y, en su caso, modificar, renovar, suspender o cancelar la inscripción en el Registro del Despacho de Mercancías de las Empresas. • Otorgar, prorrogar y cancelar la autorización para el establecimiento de depósitos fiscales para la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales libres de impuestos y, en su caso, clausurar dichos establecimientos así como la autorización temporal para locales destinados a exposiciones internacionales de mercancías o para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos a empresas de la industria automotriz terminal, y de los inmuebles destinados al almacenamiento de mercancías. • Otorgar concesión o autorización para que los particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior y autorizar para que dentro de los recintos fiscalizados las mercancías puedan ser objeto de elaboración, transformación o reparación para su posterior retorno al extranjero o exportación, así como modificar o prorrogar las mismas; autorizar la prestación de los servicios de carga, descarga y maniobras de mercancías en el recinto fiscal y, en su caso, proceder a su revocación o cancelación, según lo previsto por la legislación aplicable, y habilitar lugares de entrada y salida o maniobras de mercancías, así como instalaciones como recintos fiscales para uso de la autoridad aduanera. • Autorizar que la entrada o salida de mercancías de territorio nacional, las maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de su equipaje, así como que los demás actos del despacho, sean prestados por el personal aduanero en lugar distinto del autorizado y, en su caso, modificar, prorrogar o cancelar dichas autorizaciones. • Autorizar que la obligación de retorno de exportaciones temporales se cumpla con la introducción al país de mercancías que no hayan sido las exportadas temporalmente; aplicar los lineamientos para llevar a cabo el registro de las importaciones o internaciones temporales de vehículos y verificar sus salidas y retornos, así como la toma de muestras de mercancías en deposito ante la aduana. • Determinar, conforme a la Ley Aduanera, el valor en aduana y el valor comercial de las mercancías.
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• Mantener la consulta permanente con los organismos y asociaciones representativos de los contribuyentes sobre cuestiones relevantes en materia aduanera que requieran ser simplificadas y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones, así como analizar las propuestas formuladas por los citados organismos y asociaciones que tengan por objeto dar claridad y sencillez a la aplicación de los procedimientos administrativos en materia aduanera. • Dar a conocer la información contenida en los pedimentos de conformidad con las disposiciones legales aplicables. • Señalar en las aduanas y en los desarrollos portuarios los lugares autorizados para la entrada y salida de mercancías extranjeras o nacionales, así como aprobar el programa maestro de desarrollo portuario a las administraciones portuarias integrales, en el que se señalen las instalaciones para la función del despacho aduanero de las mercancías y los documentos donde se especifiquen las construcciones de las terminales ferroviarias de pasajeros o de carga, así como de aeropuertos internacionales; fijar los lineamientos para la circulación de vehículos dentro de los recintos fiscales o fiscalizados y señalar dentro de ellos las áreas restringidas para el uso de telefonía celular u otros medios de comunicación. • Autorizar a las empresas certificadoras de peso o volumen para efectos de importaciones de mercancías a granel en aduanas de tráfico marítimo y exportaciones, así como modificar, revocar o cancelar dichas autorizaciones. • Autorizar el registrar para la toma de muestras de mercancías estériles, radiactivas, peligrosas o para las que se requiera de instalaciones o equipos especiales para la toma de las mismas, así como suspender o cancelar la inscripción en dicho registro. • Retener las mercancías de procedencia extranjera objeto de una resolución de suspensión de libre circulación emitida por la autoridad competente en materia de propiedad intelectual y ponerlas a disposición de dicha autoridad, • Practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías de comercio exterior en los recintos fiscales y fiscalizados o, a petición del contribuyente, en su domicilio, en las dependencias, bodegas, instalaciones o establecimientos que señale, cuando se satisfagan los requisitos correspondientes, así como conocer los hechos derivados del segundo reconocimiento a que se refiere la Ley Aduanera; verificar y supervisar dicho reconocimiento, así como revisar los dictámenes formulados por los dictaminadores aduaneros.
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• Sustanciar y resolver el procedimiento relacionado con la determinación en cantidad liquida de contribuciones y aprovechamientos omitidos, así como de las sanciones y accesorios de los mismos, en los términos que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras. • Evaluar y, en su caso, aceptar las garantías que se otorguen respecto de impuestos al comercio exterior, derechos por servicios aduaneros, accesorios, aprovechamientos y demás contribuciones que se causen con motivo de la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de mercancías y medios de transporte, siguiendo los lineamientos que establezca la Administración General de Recaudación. • Entregar a los interesados las mercancías objeto de una infracción a la Ley Aduanera y demás disposiciones fiscales, cuando dichas mercancías no estén sujetas a prohibiciones o restricciones y se garantice suficientemente el interés fiscal. • Establecer la viabilidad de incorporación de nuevos sectores industriales al programa de control aduanero y de fiscalización por sectores, nuevos padrones, aduanas exclusivas para determinadas mercancías, fracciones arancelarias y demás datos que permitan la identificación individual de las mercancías. • Analizar, detectar y dar seguimiento, en coordinación con las demás autoridades competentes, respecto de las operaciones especificas de comercio exterior en las que se presuma la comisión de cualquier ilícito en cuanto al valor, origen, clasificación arancelaria de mercancías, evasión en el pago de impuestos, cuotas compensatorias u otros aprovechamientos y derechos, incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias e infracciones administrativas, para la debida aplicación del programa de control aduanero y de fiscalización, así como investigar y dar seguimiento a las denuncias presentadas dentro del ámbito de su competencia. • Dirigir y operar la sala de servicios aduanales en aeropuertos internacionales, respecto de la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y medios de transporte; el despacho aduanero y los hechos y actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida, así como la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones respectivas, inclusive las establecidas por las disposiciones sobre recaudación, cobro coactivo, imposición de sanciones, contabilidad de ingresos y movimiento de fondos. • Aplicar las autorizaciones previas, franquicias, exenciones, estímulos fiscales y subsidios que sean otorgados por las autoridades competentes en la materia aduanera; constatar los requisitos y límites de las exenciones de impuestos al comercio exterior a favor de pasajeros y de menajes y resolver las solicitudes de abastecimiento de medios de transporte.
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• Tramitar las importaciones o internaciones temporales de vehículos. • Proponer las acciones a desarrollar que impliquen la aplicación de los recursos de los fideicomisos públicos en los que el Servicio de Administración Tributaria sea parte. • Autorizar la inscripción en el registro de empresas certificadas y en el registro de almacenes generales de deposito certificados; otorgar autorizaciones para la prestación de servicios de prevalidación electrónica de datos y para la prestación de servicios necesarios para llevar a cabo el control de la importación temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores; modificar, prorrogar, renovar o cancelar dichas autorizaciones u ordenar la suspensión de las operaciones, y resolver otros asuntos relacionados con tales autorizaciones. • Habilitar inmuebles para la introducción de mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico y emitir la autorización para su administración; otorgar autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, así como modificar, prorrogar o cancelar dichas autorizaciones u ordenar la suspensión de las operaciones correspondientes. • Autorizar, modificar, prorrogar, suspender y, en su caso, cancelar la inscripción de las empresas transportistas que trasladan mercancías bajo el régimen aduanero de tránsito en el registro correspondiente y otorgar el código alfanumérico armonizado del transportista. • Emitir la opinión sobre el otorgamiento o cancelación de las autorizaciones en materia de segundo reconocimiento a que se refiere el artículo 28, fracción XLVII de este Reglamento; vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las personas autorizadas en los términos del segundo párrafo del artículo 16 de la Ley Aduanera y de los dictaminadores aduaneros y dar a conocer a la autoridad competente las irregularidades y los hechos que impliquen la aplicación de sanciones o que puedan constituir causales de cancelación de dichas autorizaciones, así como coadyuvar en la integración de los expedientes respectivos. • Autorizar a los gobiernos extranjeros para efectuar el tránsito internacional de mercancías, en los términos de las disposiciones legales aplicables. • Autorizar la exención de la presentación de la garantía a que se refiere el artículo 84-A de la Ley Aduanera.
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• Autorizar la importación definitiva de mercancías clasificadas en los sectores específicos, sin que el importador este inscrito en los padrones de importadores de sectores específicos correspondientes. • Autorizar la prestación del servicio de consolidación de carga bajo el régimen de tránsito por vía terrestre. • Autorizar la liberación de la garantía de tránsito interno otorgada mediante cuenta aduanera de garantía. • Transferir a la instancia competente la mercancía de procedencia extranjera embargada en el ejercicio de sus facultades, que haya pasado a propiedad del Fisco Federal o de la que pueda disponer en términos de la normatividad aplicable, así como realizar, de conformidad con las políticas, procedimientos y criterios que al efecto se emitan, la donación o destrucción de dichas mercancías cuando no puedan ser transferidas a la instancia competente de acuerdo con las disposiciones aplicables. • Proponer a las autoridades competentes de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y municipios, en su casa, la asignación de recursos para las obras de mejoramiento de infraestructura, desarrollo tecnológico y equipamiento de las aduanas. • Realizar, en el ámbito de su competencia, el procedimiento do inscripción, suspensión, modificación y cancelación de los registros en los padrones de importadores, de exportadores sectoriales y de importadores de sectores específicos y dejar sin efectos la suspensión del registro en dichos padrones, así como habilitar a los agentes aduanales a los que se les hubiera conferido el encargo para actuar como consignatarios o mandatarios. • Autorizar, oficializar y firmar los gafetes de identificación de las personas que presten servicios o que deban tener acceso a los recintos fiscales o fiscalizados. • Habilitar días y horas inhábiles para el despacho aduanero. • Ordenar y practicar la retención, persecución, embargo precautorio o aseguramiento de las mercancías de comercio exterior, incluidos los vehículos, o de sus medios de transporte, en términos de la Ley Aduanera, inclusive por compromisos interacciónales, requerimientos de orden público o cualquier otra regulación o restricción no arancelaria; notificar el embargo precautorio o aseguramiento de las mercancías respecto de las cuales no se acredite su legal internación, estancia o tenencia en el país; tramitar y resolver los procedimientos administrativos en materia aduanera que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación o
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del ejercicio de las facultades de comprobación efectuado por otras autoridades fiscales, así como ordenar en los casos que proceda, el levantamiento del citado embargo y la entrega de las mercancías embargadas antes de la conclusión de los procedimientos a que se refiere esta fracción, previa calificación y aceptación de la garantía del interés fiscal por parte de la autoridad competente, y poner a disposición de la aduana que corresponda las mercancías embargadas para que realice su control y custodia. • Determinar los impuestos al comercio exterior, derechos por servicios aduaneros y aprovechamientos; aplicar las cuotas compensatorias y determinar en cantidad liquida el monto correspondiente a cargo de contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, así como determinar las otras contribuciones que se causen por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de mercancías y medios de transporte, cuando ello sea necesario o consecuencia del ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo, y determinar los accesorios que correspondan en los supuestos antes señalados. • Practicar inspecciones, actos de vigilancia y verificaciones, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos, incluyendo los que se causen por la entrada al territorio nacional o salida del mismo de mercancías y medios de transporte, derechos, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios de carácter federal; en materia de determinación de la base de los impuestos generales de importación o exportación, verificar y determinar la clasificación arancelaria de las mercancías de procedencia extranjera, así como comprobar, de conformidad con los acuerdos, convenios o tratados en materia fiscal o aduanera de los que México sea parte, el cumplimiento de obligaciones a cargo de contribuyentes, importadores, exportadores, productores, responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos, inclusive en materia de origen en términos del último párrafo del articulo 63 del Código Fiscal de la Federación; verificar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias en las mercancías de comercio exterior, inclusive las normas oficiales mexicanas; declarar que las mercancías, vehículos, embarcaciones o aeronaves pasan a propiedad del Fisco Federal; practicar visitas domiciliarias, auditorias, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras para verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia aduanera derivadas de autorizaciones o concesiones; inspeccionar y vigilar los recintos fiscales y fiscalizados y, en este último caso, vigilar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la concesión o autorización otorgada para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior; verificar el
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domicilio que los contribuyentes declaren en el pedimento; ordenar y practicar la verificación de aeronaves y embarcaciones para comprobar su legal estancia en el país, e imponer multas por el incumplimiento o cumplimiento extemporáneo a los requerimientos que formule en los términos de esta fracción. • Asistir, en las materias de su competencia, a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria en sus relaciones con los funcionarios o autoridades de otros países, respecto de convenios o tratados celebrados en materia aduanera internacional. • Recibir y requerir a los particulares, responsables solidarios y terceros con ellos relacionados, que exhiban y proporcionen la contabilidad, avisos, declaraciones, pedimentos, manifestaciones y demás datos, documentos e informes que, conforme a las disposiciones legales aplicables, deben presentarse o conservar, catálogos y demás elementos que le permitan identificar las mercancías, así como los títulos de crédito y demás documentos mercantiles negociables utilizados por los importadores y exportadores en las operaciones de comercio exterior y los originales para el cotejo de las copias que se acompañen a la documentación relacionada con las operaciones de comercio exterior; recabar de los servidores públicos y de los fedatarios los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia aduanera; autorizar prórrogas para la presentación de la documentación a que se refiere esta fracción, y revisar los dictámenes que se formulan para efectos aduaneros e imponer las multas correspondientes por el cumplimiento extemporáneo a los requerimientos formulados en términos de esta fracción. • Informar a las personas que presten los servicios señalados en el artículo 14 de la Ley Aduanera, de las mercancías respecto de las cuales se haya declarado el abandono, que no serán objeto de destino, a fin de que puedan disponer de ellas de conformidad con las disposiciones aplicables. • Autorizar la exención de los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional de las mercancías que sean donadas para ser destinadas a fines culturales, de enseñanza, de investigación, de salud pública o de servicio social, que importen organismos públicos, así como personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta. • Supervisar a la Unidad de Apoyo para la inspección Fiscal y Aduanera. • Dictaminar, mediante el análisis de carácter científico y técnico, las características, naturaleza, usos, origen y funciones de las mercancías de comercio exterior; efectuar ensayos con relación a minerales, metales y
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compuestos metálicos sujetos al pago de contribuciones o aprovechamientos; practicar el examen pericial de otros productos y materias primas; desempeñar las funciones de Oficina de Ensayo; realizar las acciones de carácter técnico-científico, siguiendo los lineamientos y las normas científicas aplicables, así como los instrumentos metodológicos y técnicos que den sustento a dichas acciones, a efecto de emitir los dictámenes que contribuyan a proporcionar solidez científica al ejercicio de las atribuciones de las autoridades fiscales y aduaneras, y a la defensa de los intereses del Fisco Federal, así como proporcionar servicios de asistencia técnica en materia de muestreo, de análisis y de ingeniería a los entes del sector público conforme a los convenios respectivos y a los particulares, mediante el pago de derechos correspondiente. • Establecer la naturaleza, estado, origen y demás características de las mercancías de comercio exterior, así como sugerir su clasificación arancelaria de conformidad con los elementos con los que cuente la autoridad y solicitar el dictamen que se requiera al agente o apoderado aduanal, al dictaminador aduanero o a cualquier otro perito para ejercer las facultades a que se refiere esta fracción. • Autorizar la importación de muestras destinadas a análisis y pruebas de laboratorio para verificar el cumplimiento de normas de carácter internacional. • Diseñar, aplicar y evaluar los exámenes de conocimientos técnicos para obtener la patente de agente aduanal y las autorizaciones de mandatarios de agente aduanal, de agente aduanal sustituto, de apoderado aduanal y de dictaminador aduanero. • Establecer lineamientos en materia de la recuperación de los depósitos en cuenta aduanera, efectuados por contribuyentes ante instituciones de crédito y casas de bolsa autorizadas para estos efectos y normar la operación de las disposiciones sobre recaudación, cobro coactivo, imposición de sanciones, contabilidad de ingresos y movimiento de fondos, en las materias de su competencia. • Emitir opinión respecto de la procedencia del reintegro de los depósitos derivados de cuentas aduaneras efectuados por contribuyentes ante instituciones de crédito y casas de bolsa autorizadas y los rendimientos que se hayan generado en dicha cuenta. • Recaudar, directamente, por terceros o a través de las oficinas autorizadas al efecto, el importe de las contribuciones y aprovechamientos, incluyendo las cuotas compensatorias, así como los productos federales, en el ámbito de su competencia.
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• Verificar el saldo a favor por compensar, determinar las cantidades compensadas indebidamente, incluida la actualización y recargos a que haya lugar y, en su caso, imponer las multas correspondientes, en materia de comercio exterior. • Coordinar los programas en materia de seguridad, en el ámbito de su competencia, y fungir como enlace con otras dependencias y con las autoridades competentes de los gobiernos extranjeros para la adopción de medidas y la implementación de programas y proyectos que en materia de seguridad, deban aplicar las autoridades aduaneras, conjuntamente con las autoridades federales, estatales o locales. • Resolver las consultas relacionadas con la operación aduanera que no impliquen la interpretación jurídica de las disposiciones fiscales y aduaneras. • Autorizar a los almacenes generales de deposito para que presten el servicio de deposito fiscal y para que en sus instalaciones se adhieran los marbetes o precintos a que se refiere la Ley del lmpuesto Especial sobre Producción y Servicios.
• Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de registro de contribuyentes, para comprobar los datos que se encuentran en el Registro Federal de Contribuyentes y realizar las inscripciones y actualizaciones de los mismos por actos de autoridad, en el ámbito de su competencia. En cuanto a su estructura, esta compuesta de la siguiente forma: Administración General de Aduanas • Administrador Central de Operación Aduanera: • Administrador de Operación Aduanera “1”. • Administrador de Operación Aduanera “2”. • Administrador de Operación Aduanera “3”. • Administrador de Operación Aduanera “4”. • Administrador de Operación Aduanera “5”. • Administrador de Operación Aduanera “6”. • Administrador de Operación Aduanera “7”. • Administrador de Operación Aduanera “8”. • Administrador de Operación Aduanera “9”. • Administrador de Operación Aduanera “10”.
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• Administrador Central de Regulación Aduanera: • Administrador de Regulación Aduanera “1”. • Administrador de Regulación Aduanera “2”. • Administrador de Regulación Aduanera “3”. • Administrador de Regulación Aduanera “4”. • Administrador de Regulación Aduanera “5”. • Administrador Central de Planeación Aduanera: • Administrador de Planeación Aduanera “1”. • Administrador de Planeación Aduanera “2”. • Administrador de Planeación Aduanera “3”. • Administrador de Planeación Aduanera “4”. • Administrador de Planeación Aduanera “5”. • Administrador de Planeación Aduanera “6”. • Administrador Central de Contabilidad y Glosa: • Administrador de Contabilidad y Glosa • Administrador de Contabilidad y Glosa • Administrador de Contabilidad y Glosa • Administrador de Contabilidad y Glosa • Administrador de Contabilidad y Glosa • Administrador de Contabilidad y Glosa • Administrador Central de Investigación Aduanera: • Administrador de Investigación Aduanera “1”. • Administrador de Investigación Aduanera “2”. • Administrador de Investigación Aduanera “3”. • Administrador de Investigación Aduanera “4”. • Administrador de Investigación Aduanera “5”. • Administrador Central de Inspección Fiscal y Aduanera: • Administrador de Inspección Fiscal y Aduanera “1”. • Administrador de Inspección Fiscal y Aduanera “2”. • Administrador Central de Asuntos Internacionales: • Administrador de Asuntos Internacionales “1”. • Administrador de Asuntos Internacionales “2”. • Administrador de Asuntos Internacionales “3”. • Administrador de Asuntos Internacionales “4”. • Administradores de las Aduanas.
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En cuanto a los Administradores de las Aduanas, éstas se encuentran ubicadas en los siguientes lugares: I. Acapulco, Guerrero. 2. Aduana de México, D.F. 3. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, D.F. 4. Agua Prieta, Sonora. 5. Aguascalientes, Aguascalientes. 6. Altamira, Tamaulipas. 7. Cancún, Quintana Roo. 8. Chihuahua, Chihuahua. 9. Ciudad Acuna, Coahuila. 10. Ciudad Camargo, Tamaulipas. ll. Ciudad del Carmen, Campeche. l2. Ciudad Hidalgo, Chiapas. I3. Ciudad Juárez, Chihuahua. 14. Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. 15. Ciudad Reynosa, Tamaulipas. 16. Coatzacoalcos, Veracruz. 17. Colombia, Nuevo León. 18. Dos Bocas, Tabasco. 19. Ensenada, Baja California. 20. Guadalajara, Jalisco. 21. Guanajuato, Guanajuato. 22. Guaymas, Sonora. 23. La Paz, Baja California Sur. 24. Lázaro Cárdenas, Michoacán. 25. Manzanillo, Colima. 26. Matamoros, Tamaulipas. 27. Mazatlán, Sinaloa. 28. Mexicali, Baja California. 29. Monterrey, Nuevo León. 30. Naco, Sonora. 31. Nogales, Sonora. 32. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 33. Ojinaga, Chihuahua. 34. Piedras Negras, Coahuila. 35. Progreso, Yucatán. 36. Puebla, Puebla. 37. Puerto Palomas, Chihuahua. 38. Querétaro, Querétaro 39. Salina Cruz, Oaxaca. 40. San Luis Rio Colorado, Sonora. 41. Sonoyta, Sonora.
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42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
Subteniente López, Quintana Roo. Tampico, Tamaulipas. Tecate, Baja California. Tijuana, Baja California. Toluca, Estado de México. Torreón, Coahuila. Tuxpan, Veracruz. Veracruz, Veracruz.
Administración General de Grandes Contribuyentes La Administración General de Grandes Contribuyentes tiene encomendadas las siguientes atribuciones: A. Competencia: • Participar, conjuntamente con las unidades administrativas competentes, en la formulación de los programas relativos a la aplicación de las disposiciones en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. • Requerir los avisos, manifestaciones y demás documentación que deban presentarse ante la misma, conforme a las disposiciones fiscales y aduaneras. • Aplicar la tasa de recargos que corresponda durante el ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de emitirse la liquidación determinativa del crédito fiscal, en términos del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, así como disminuir o reducir las multas que correspondan conforme a las disposiciones fiscales o aduaneras. • Informar a la autoridad competente, la cuantificación del perjuicio sufrido por el Fisco Federal por aquellos hechos que pudieren constituir delitos fiscales o de los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones, así como proporcionarle a dicha autoridad, en su carácter de coadyuvante del Ministerio Público el apoyo técnico y contable en los procesos penales que deriven de dichas actuaciones. • Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorias, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones, verificaciones de origen y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras, para comprobar el cumplimiento de tales disposiciones por los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de contribuciones, incluyendo las que se causen por la entrada al territorio nacional o salida del mismo de
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mercancías y medios de transporte, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios de carácter federal, cuotas compensatorias, regulaciones y restricciones no arancelarias, inclusive normas oficiales mexicanas, y para comprobar de conformidad con los acuerdos, convenios o tratados en materia fiscal o aduanera de los que México sea parte, el cumplimiento de obligaciones a cargo de los contribuyentes, importadores, exportadores, productores, responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos, inclusive en materia de origen; comunicar a los contribuyentes la sustitución de la autoridad que continúe con el procedimiento instaurado para la comprobación de las obligaciones fiscales y reponer dicho procedimiento de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. • Ordenar y practicar visitas domiciliarias, inspecciones, actos de vigilancia y verificaciones, requerir informes y llevar a cabo cualquier otro acto que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, relativas a la propiedad intelectual e industrial; detectar, analizar y dar seguimiento a los casos de impresión, reproducción o comercialización de documentos públicos y privados, así como la venta de combustibles, sin la autorización que establezcan las disposiciones legales aplicables, cuando tengan repercusiones en el cumplimiento de las obligaciones fiscales o aduaneras de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, así como analizar y dar seguimiento a las denuncias que le sean presentadas dentro del ámbito de su competencia. • Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con la expedición de comprobantes fiscales, así como solicitar la exhibición de los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de los bienes y mercancías que vendan. • Ordenar y practicar la clausura preventiva de los establecimientos de los contribuyentes por no expedir o no entregar comprobantes de sus actividades; que los expedidos no reúnan requisitos fiscales o que los datos asentados en el comprobante correspondan a persona distinta a la que adquiere el bien o contrate el uso o goce temporal de bienes o la prestación de servicios, así como ordenar y practicar la clausura de los establecimientos de los contribuyentes en el caso de que no cuente con controles volumétricos. • Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados o a contadores públicos registrados que hayan formulado dictámenes o declaratorias para efectos fiscales, para que
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exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos e informes y, en el caso de dichos contadores, citarlos para que exhiban sus papeles de trabajo, así como recabar de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las diversas disposiciones fiscales y aduaneras; autorizar prórrogas para su presentación; emitir los oficios de observaciones y el de conclusión de la revisión, así como comunicar a los contribuyentes la sustitución de la autoridad que continúe con el procedimiento instaurado para la comprobación de las obligaciones fiscales. • Revisar que los dictámenes formulados por contador público registrado sobre los estados financieros relacionados con las declaraciones fiscales de los contribuyentes o respecto de operaciones de enajenación de acciones, o cualquier otro tipo de dictamen o declaratoria que tenga repercusión para efectos fiscales, reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales y cumplan las relativas a impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios federales; autorizar prórrogas para la presentación del dictamen y los demás documentos que lo deban acompañar; comunicar a los contribuyentes que surte efectos o no el aviso para presentar dictamen fiscal y el propio dictamen, así como notificar a los contribuyentes cuando la autoridad haya iniciado el ejercicio de facultades de comprobación con un tercero relacionado con éstos. • Comunicar a los contadores públicos registrados las irregularidades de las que tenga conocimiento la autoridad con motivo de la revisión de los dictámenes que formulen para efectos fiscales o las derivadas del incumplimiento de las disposiciones fiscales de parte de dichos contadores, así como suspender o cancelar el registro correspondiente y exhortar o amonestar a dichos contadores públicos. • Recibir y revisar los dictámenes de residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país y los relativos a la enajenación de acciones que lleven a cabo estos contribuyentes, de conformidad con el Título V de la Ley del Impuesto sobre la Renta. • Dar a conocer a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados los hechos u omisiones imputables a éstos, conocidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y de las verificaciones de origen practicadas y hacer constar dichos hechos y omisiones en el oficio de observaciones o en la última acta parcial que se levante.
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• Determinar los impuestos y sus accesorios de carácter federal que resulten a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, así come determinar les derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos y sus accesorios que deriven del ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo. • Estudiar y resolver las objeciones que se formulen respecte a la participación de les trabajadores en las utilidades de las empresas y dictar las resoluciones que procedan en esta materia, así como cuando se desprendan del ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. • Vigilar la destrucción o donación de mercancías, incluyendo las importadas temporalmente y los bienes de active fijo. • Determinar la responsabilidad solidaria respecto de créditos fiscales de su competencia. • Determinar los impuestos y sus accesorios de carácter federal, así como verificar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales a cargo de les contribuyentes o responsables solidarios, relativos a los casos de responsabilidad derivada de la fusión. • Requerir y recabar de las sociedades financieras de objeto múltiple, de las personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de los transmisores de dinero a que se refiere la citada Ley, la información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere la fracción II del artículo 95-Bis de dicha Ley; supervisar, vigilar e inspeccionar el cumplimiento y observancia de le dispuesto por el artículo 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así come por las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de dicho artículo; imponer las sanciones correspondientes a las sociedades financieras de objeto múltiple, a las personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y a los transmisores de dinero y, según corresponda, a los miembros de su consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados, así como a las personas físicas y morales que, en razón de sus actos, hayan ocasionado o intervenido para que dichas personas incurran en irregularidades o resulten responsables de las mismas. • Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios, a terceros relacionados con ellos y demás obligados en materia de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, los datos, informes o documentos para
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aclarar la información asentada en las declaraciones de pago provisional, definitivo, del ejercicio y complementarias. • Determinar conforme al artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, una cantidad igual a la determinada en la última o en cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate o a la que resulte determinada por la autoridad, así como practicar el embargo precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente. • Determinar y liquidar a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, las diferencias por errores aritméticos derivados de las solicitudes de devolución o de las compensaciones realizadas. • Revisar las declaraciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos y accesorios de carácter federal en el ámbito de su competencia. • Ordenar y practicar el embargo precautorio o aseguramiento en los casos en que la Ley lo señale, así como levantarlo cuando proceda y, en su caso, poner a disposición de los interesados los bienes. • Solicitar a las instituciones bancarias, así como a las organizaciones auxiliares del crédito, que ejecuten el embargo de cuentas bancarias y de inversiones a nombre de los contribuyentes o de los responsables solidarios y solicitar su levantamiento cuando así proceda. • Dejar sin efectos las órdenes de visita domiciliaria, los requerimientos de información que se formulen a los contribuyentes, así como la revisión de papeles de trabajo que se haga a los contadores públicos registrados. • Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, datos, informes o documentos relativos a los trámites de devolución o de compensación de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la importación, en el ámbito de su competencia. • Verificar el saldo a favor compensado; determinar y liquidar las cantidades compensadas indebidamente, incluida la actualización y recargos a que haya lugar, así como efectuar la compensación de oficio do cantidades a favor de los contribuyentes. • Tramitar y resolver las solicitudes de devolución de cantidades pagadas indebidamente al Fisco Federal y las que procedan conforme a las leyes fiscales, así como solicitar documentación para verificar dicha procedencia y, en su caso, determinar las diferencias.
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• Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los asuntos de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y supervisión, que estén o pudieran estar relacionados con el financiamiento, aportación o recaudación de fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza para que sean utilizados en apoyo de personas u organizaciones terroristas que operen o cometan actos terroristas en el territorio nacional o que operen en el extranjero o para la comisión de actos terroristas internacionales; o con operaciones con recursos de procedencia ilícita, a que se refiere el Código Penal Federal. • Ordenar y practicar actos de comprobación necesarios para la obtención de la información y documentación que resulten procedentes, para proporcionarlos a las autoridades de los países con los que se tengan celebrados convenios o tratados en materia fiscal o aduanera, u otros que contengan disposiciones sobre dichas materias, e imponer multas por el incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de los requerimientos que se formulen en los términos de esta fracción, así como solicitar a las autoridades de gobiernos extranjeros que, de conformidad con los tratados y demás instrumentos internacionales aplicables, ordenen y practiquen en su territorio las visitas domiciliarias, auditorias, inspecciones, verificaciones, incluso las relativas a la existencia de los documentos que acrediten la legal estancia y tenencia de las mercancías de comercio exterior, y los demás actos que establezcan las disposiciones aplicables. • Intervenir en la obtención, análisis y estudio de la información y documentación que se solicite por parte de las autoridades competentes de los países con los que se tengan celebrados convenios o tratados en las materias de su competencia. • Emitir, cuando proceda, opinión para condonar los recargos en materia de resoluciones y auditorias sobre metodologías para precios o montos de contraprestaciones en operaciones con partes relacionadas, en términos de las disposiciones fiscales. • Solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos, para planear y programar actos de fiscalización. • Ordenar y practicar la retención, persecución, embargo precautorio de mercancías de comercio exterior y sus medios de transporte, en los supuestos que establece la Ley Aduanera; tramitar y resolver los procedimientos aduaneros que se deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, o del ejercicio de las facultades de comprobación efectuado por otras autoridades aduaneras, así como ordenar en los casos que proceda,
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el levantamiento del citado embargo y la entrega de las mercancías embargadas, antes de la conclusión del procedimiento de que se trate, previa calificación y aceptación de la garantía del interés fiscal; declarar que las mercancías, vehículos, embarcaciones o aeronaves pasan a propiedad del Fisco Federal; liberar las garantías otorgadas respecto de la posible omisión del pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados; notificar a las autoridades del país de procedencia la localización de los vehículos o aeronaves robados u objeto de disposición ilícita, así como resolver acerca de su devolución y del cobro de los gastos que se hayan autorizado. • inspeccionar y vigilar los recintos fiscales y fiscalizados y, en este último caso, vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión o autorización otorgada para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, habilitar instalaciones como recintos fiscales para uso de la autoridad fiscal y aduanera, así como declarar el abandono de las mercancías que se encuentren en los patios y recintos fiscales bajo su responsabilidad. • Ordenar el pago, ya sea en dinero o en bienes equivalentes, del valor de las mercancías que, depositadas en los recintos fiscales y bajo la custodia de las autoridades aduaneras, se extravíen o por cualquier otra circunstancia no se puedan entregar, en coordinación con la unidad administrativa competente. • Transferir a la instancia competente los bienes embargados en el ejercicio de sus facultades que hayan pasado a propiedad del Fisco Federal o de los que pueda disponer en términos de la normatividad aplicable, así como realizar, de conformidad con las políticas, procedimientos y criterios que al efecto se emitan, la donación o destrucción de dichos bienes cuando no puedan ser transferidos a la instancia competente de acuerdo con las disposiciones aplicables. • Requerir a los contribuyentes, importadores, exportadores, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, así como a contadores públicos registrados que hayan formulado dictámenes o declaratorias para efectos fiscales, para que exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos, instrumentos e informes y, tratándose de dichos contadores, para que exhiban sus papeles de trabajo, con objeto de que el Fisco Federal pudiera querellarse, denunciar, formular declaratoria de que haya sufrido o pueda sufrir perjuicio; recabar de los servidores públicos y fedatarios y personas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones, así como allegarse la información, documentación o pruebas necesarias para que las autoridades competentes formulen la
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denuncia, querella o declaratoria al Ministerio Público, e intercambiar información con otras autoridades fiscales. • Determinar los impuestos al comercio exterior, derechos por servicies aduaneros 0 aprovechamientos; aplicar las cuotas compensatorias y determinar en cantidad liquida el monto correspondiente a cargo de contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, así como determinar las otras contribuciones que se causen por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de mercancías y medios de transporte, derivado del ejercicio de facultades a que se refiere este artículo y determinar los accesorios que correspondan en los supuestos antes señalados. • Solicitar a la Tesorería de la Federación el reintegro de los depósitos derivados de cuentas aduaneras efectuados por contribuyentes ante instituciones de crédito y casas de bolsa autorizadas y los rendimientos que se hayan generado en dichas cuentas, previa opinión de la Administración General de Aduanas. • Verificar y, en su caso, determinar conforme a la Ley Aduanera, la clasificación arancelaria, así como el valor en aduana o el valor comercial de las mercancías de comercio exterior. • Ordenar y practicar visitas domiciliarías a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de registro de contribuyentes, para comprobar los datos que se encuentran en el Registro Federal de Contribuyentes y realizar las inscripciones y actualizaciones de los mismos por actos de autoridad. • Asistir, en las materias de su competencia, a las unidades administrativas que le son adscritas, a fin de que en los procedimientos administrativos que dichas unidades lleven a cabo se cumplan las formalidades previstas en las disposiciones que los regulan, cuando dichas unidades así lo soliciten. • Establecer los criterios de interpretación de las disposiciones fiscales y aduaneras en las materias de su competencia, en coordinación con la Administración General Jurídica. • Revocar las respuestas favorables a los contribuyentes que lo soliciten y manifiesten su conformidad. • Resolver las consultas que formulen los interesados en situaciones reales y concretas sobre la aplicación de las disposiciones fiscales y aduaneras, así como las solicitudes respecto a las autorizaciones previstas en dichas disposiciones.
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• Resolver las consultas que se formulen en situaciones reales y concretas sobre la aplicación de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, relativas a las obligaciones que se deben cumplir ante o por conducto del Servicio de Administración Tributaria, previa opinión de la unidad administrativa competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. • Resolver las consultas o solicitudes de autorización o de determinación del régimen fiscal que formulen los interesados en situaciones reales y concretas sobre la metodología utilizada en la determinación de los precios o montos de las contraprestaciones en operaciones con partes relacionadas. • Fungir como autoridad competente en la interpretación y aplicación de los acuerdos, convenios o tratados de los que México sea parte en materia fiscal, aduanera, de libre comercio o de intercambio de información, incluso en lo referente a la determinación de precios o montos de contraprestaciones en operaciones con partes relacionadas de acuerdo con los procedimientos establecidos en los mismos y de las disposiciones jurídicas en dichas materias contenidas en otros instrumentos jurídicos internacionales, así como resolver los problemas específicos y consultas de interpretación y aplicación que se susciten de acuerdo con los procedimientos establecidos en los mismos. • Participar en la formulación de los anteproyectos de convenios y tratados de carácter internacional en materia fiscal y aduanera, u otros que contengan disposiciones sobre dichas materias, así como en las negociaciones respectivas con las autoridades competentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Coadyuvar en la elaboración y análisis de los proyectos e iniciativas de carácter legislativo, en materias relacionadas con la competencia del Servicio de Administración Tributaria. • Servir de enlace entre el Servicio de Administración Tributaria y las unidades administrativas de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Estados Extranjeros y Organismos Interacciónales. • Participar conjuntamente con las unidades administrativas competentes del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia, en los grupos de trabajo que se establezcan al amparo de los acuerdos, convenios o tratados de los que México sea parte en materia fiscal o aduanera, u otros que contengan disposiciones sobre dichas materias. • Asistir a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria en sus relaciones con los funcionarios o autoridades de otros países,
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respecto de convenios o tratados celebrados en materia fiscal o aduanera, u otros que contengan disposiciones sobre dichas materias. • Autorizar importaciones temporales de vehículos especialmente construidos o transformados para realizar funciones distintas a las de transporte de personas o mercancías. • Mantener comunicación con las autoridades fiscales y aduaneras de otros países para obtener y proporcionar la información y documentación en relación con los asuntos fiscales y aduaneros internacionales de su competencia. • Declarar la prescripción de los créditos fiscales y la extinción de las facultades de la autoridad para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios y para imponer multas, en relación con los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y sus accesorios de carácter federal. • Tramitar y resolver el recurso de inconformidad a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal. • Tramitar y resolver los recursos administrativos interpuestos contra resoluciones o actos de ella misma o de las unidades administrativas que de ella dependan, así como aquellos que se interpongan contra las resoluciones en materia de certificación de origen, los actos que apliquen cuotas compensatorias definitivas y los emitidos a los sujetos de su competencia por la Administración General de Aduanas, excepto los emitidos por las aduanas que de esta última dependan. • Representar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Jefe del Servicio de Administración Tributaria y a las unidades administrativas de dicho órgano desconcentrado, en toda clase de juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contra resoluciones o actos de éstos o de las autoridades fiscales de las entidades federativas por la aplicación que dichas autoridades hagan de las leyes fiscales federales en cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, así como para ejercer las acciones, excepciones y defensas que correspondan a las autoridades señaladas en los juicios ante dicho Tribunal. • Interponer con la representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de las unidades administrativas de dicho órgano desconcentrado, el recurso de revisión contra las sentencias y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por las Salas del Tribunal Federal de justicia Fiscal y Administrativa, respecto de los juicios de su competencia; comparecer y alegar en los juicios de amparo que interpongan los particulares en contra de las sentencias y
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resoluciones definitivas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. • Elaborar y presentar los informes previos y justificados que se deban rendir en relación con los juicios de amparo interpuestos contra sus propios actos o de las unidades administrativas que de ella dependan; intervenir cuando la mencionada unidad administrativa tenga el carácter de tercero perjudicado en los juicios de amparo e interponer los recursos que procedan. • Designar a los servidores públicos que tengan el carácter de delegados en los juicios de su competencia. • Allanarse y transigir en los juicios fiscales de su competencia, así como abstenerse de interponer los recursos en dichos juicios, incluyendo el de revisión contra sentencias o resoluciones dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. • Resolver los recursos administrativos hechos valer contra actos o resoluciones de sus unidades administrativas, derivados de las facultades a que se refiere el artículo 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así como representar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Jefe del Servicio de Administración Tributaria y a las unidades administrativas del propio órgano desconcentrado, en toda clase de procedimientos judiciales o administrativos contra actos o resoluciones de las mismas, por la aplicación que dichas autoridades hagan del referido artículo 95-Bis y de las disposiciones de carácter general relacionadas con el mismo, así como para ejercer las acciones, excepciones y defensas que correspondan a las autoridades señaladas en dichos procedimientos. • Continuar con la práctica de los actos de fiscalización que hayan iniciado otras autoridades fiscales. • Emitir conjuntamente con la Administración General de Recaudación en los casos en que lo solicite la Procuraduría Fiscal de la Federación un informe en el que se señale si se encuentran pagados o garantizados los créditos fiscales, conforme a los lineamientos que se emitan para tal efecto. B. Sujetos y entidades bajo su control: • Las instituciones de crédito, las organizaciones auxiliares del crédito salvo las uniones de crédito, las casas de cambio, las instituciones para el deposito de valores, las instituciones y las sociedades mutualistas de seguros, las instituciones de fianzas, las sociedades de inversión de renta
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variable, las sociedades de inversión en instrumentos de deuda, las suciedades de inversión de capitales, las sociedades de inversión de objeto limitado, las sociedades operadoras de sociedades de inversión, las sociedades distribuidoras o valuadoras de acciones de sociedades de inversión, las bolsas de valores, las bolsas de derivados, las casas de bolsa, las instituciones calificadoras de valores, las sociedades valuadoras, los proveedores de precios, las sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores, las contrapartes centrales de valores, las contrapartes centrales de derivados, las sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil, las sociedades anónimas bursátiles, las empresas de servicios complementarios o conexos tanto de grupos financieros como de casas de bolsa, las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las sociedades financieras de objeto limitado, las sociedades financieras de objeto múltiple a que se refiere la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, las sociedades controladoras de grupos financieros, las federaciones y las confederaciones, así como las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y sociedades financieras populares autorizadas para operar como entidades de ahorro y crédito popular, las inmobiliarias en las que en su capital social tengan participación entidades del sector financiero, las oficinas de representación de bancos extranjeros, así como cualquier entidad o intermediario financiero residente en México, diverso de los señalados en esta fracción, y las asociaciones u organismos que agrupen a las entidades antes señaladas; las instituciones y sociedades nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito y las instituciones nacionales de seguros y de fianzas. • Asimismo, respecto de cualquiera de las entidades referidas en el párrafo anterior, por el periodo posterior a la fecha en que se les haya revocado, cancelado o suspendido, en su caso, la autorización que, para operar conforme a las disposiciones aplicables les hubiere sido otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o cualquier otra autoridad competente para otorgar dichas autorizaciones conforme a las citadas disposiciones. • Las sociedades mercantiles que cuenten con autorización para determinar su resultado fiscal consolidado como controladoras, en los términos del Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. • Las sociedades mercantiles controladas en los términos del Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. • Los contribuyentes personas morales a que se refiere el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta que en el último ejercicio fiscal declarado
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hayan consignado en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta iguales o superiores a un monto equivalente a $500,000,000.00. • Se consideran incluidos en esta fracción, los contribuyentes personas morales a que se refiere el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta que al cierre del ejercicio inmediato anterior tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista, en bolsa de valores y que no se encuentren en otro supuesto señalado en cualquier otra fracción de este apartado. • El monto de la cantidad establecida en esta fracción se actualizara en el mes de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año al mes de diciembre del ultimo año inmediato anterior a aquel por el cual se efectúe el cálculo, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. • Los Estados Extranjeros, los Organismos Internacionales, los miembros del servicio exterior mexicano, los miembros del personal diplomático y consular extranjero que no sean nacionales, así como los servidores públicos cuando por el carácter de sus funciones permanezcan en el extranjero en el año de calendario por más de ciento ochenta y tres días naturales, ya sean consecutivos o no. • Cualquier persona física o moral en materia de verificación de la determinación de deducciones autorizadas e ingresos acumulables en operaciones celebradas con partes relacionadas; verificaciones de origen llevadas a cabo al amparo de los diversos tratados comerciales de los que México sea parte; acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero de los intereses a que se refiere el artículo 32, fracción XXVI de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de inversiones en regimenes fiscales preferentes a que se refiere el Título VI de la propia Ley; verificación de la repatriación de capitales, del impuesto especial sobre producción y servicios a la exportación tratándose de regimenes fiscales preferentes e intercambio de información con autoridades competentes extranjeras que se realiza al amparo de los diversos acuerdos, tratados y convenios celebrados por México, así como interpretación y aplicación de acuerdos, convenios o tratados de los que México sea parte en materia fiscal y aduanera, u otros que contengan disposiciones sobre dichas materias. • El Poder Legislativo, el Poder judicial de la Federación y la Administración Pública Centralizada, en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. • Los organismos constitucionalmente autónomos.
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• Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. • Los residentes en el extranjero, incluyendo aquellos que sean residentes en territorio nacional para efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, las líneas aéreas y navieras extranjeras con establecimiento permanente o representante en el país, así como sus responsables solidarios. • Asimismo, cualquier residente en México, cuando los mismos no estén contemplados en alguna de las fracciones I a XI de este apartado, serán sujetos de la competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes respecto de las operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero, incluyendo la determinación de cualquier efecto fiscal que como sujeto directo derive de dichas operaciones, sin perjuicio de la competencia que corresponda respecto del mismo sujeto a otras unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria. • Los responsables solidarios de los sujetos a que se refieren las fracciones I a X de este apartado, únicamente respecto de las obligaciones a cargo de los sujetos de la competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes, sin perjuicio de la competencia que corresponda respecto de dichos responsables solidarios a otras unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria. • La Administración General de Grandes Contribuyentes continuará siendo competente respecto de aquellos contribuyentes a que se refiere el apartado B de este artículo, hasta el ejercicio inmediato posterior a aquel en que éstos presenten aviso ante la Administración General de Servicios al Contribuyente en el que acrediten que han dejado de ubicarse en los supuestos previstos en dicho apartado, o se realice o se compruebe dicha circunstancia por parte de las unidades administrativas adscritas a la Administración General de Grandes Contribuyentes, en el ejercicio de sus facultades. La Administración General de Grandes Contribuyentes aplicara este párrafo sin perjuicio de lo dispuesto en el cuarto párrafo de este artículo. • Respecto de las entidades y sujetos a que se refiere el apartado B de este artículo, la Administración General de Grandes Contribuyentes y sus unidades administrativas centrales podrán ejercer las facultades contenidas en este artículo conjunta o separadamente con la Administración General de Auditoria Fiscal Federal o las unidades administrativas adscritas a éstas, sin perjuicio de las facultades que les correspondan de conformidad con los artículos 17, 18 y 19 de este Reglamento.
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• Cuando la Administración General de Grandes Contribuyentes o cualquiera de las unidades administrativas que de ella dependan inicien facultades de comprobación respecto de un sujeto de su competencia, éste lo continuará siendo por los ejercicios fiscales revisados hasta que la resolución que se emita quede firme. La resolución de los recursos y la defensa del interés fiscal en este supuesto también serán competencia de las mencionadas unidades administrativas, así como la reposición del acto impugnado que, en su caso, se ordene. En lo que se refiere a la estructura funcional de la Administración General de Grandes Contribuyentes, esta conformada de la siguiente manera: • Administrador Central de Planeación y Programación: • Administrador de Planeación y Programación. • Administrador Central de Normatividad de Grandes Contribuyentes: • Administrador de Normatividad de Grandes Contribuyentes “1”. • Administrador de Normatividad de Grandes Contribuyentes “2”. • Administrador de Normatividad de Grandes Contribuyentes “3”. • Administrador de Normatividad de Grandes Contribuyentes “4”. • Administrador de Normatividad de Grandes Contribuyentes “5”. • Administrador Central de Normatividad Internacional: • Administrador de Normatividad Internacional “1”. • Administrador de Normatividad Internacional “2”. • Administrador de Normatividad Internacional “3”. • Administrador de Normatividad Internacional “4”. • Administrador de Normatividad Internacional “5”. • Administrador Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes: • Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes “1”. • Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes “2”. • Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes “3”. • Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes “4”. • Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes “5”. • Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes “6”. • Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente: • Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente “1”. • Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente “2”.
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• Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente “3”. • Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente “4”. • Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente “5”. • Administrador Central de Fiscalización al Sector Financiero: • Administrador de Fiscalización al Sector Financiero “1”. • Administrador de Fiscalización al Sector Financiero “2”. • Administrador de Fiscalización al Sector Financiero “3”. • Administrador de Fiscalización al Sector Financiero “4”. • Administrador de Fiscalización al Sector Financiero “5”. • Administrador Central de Fiscalización Internacional: • Administrador de Fiscalización Internacional “1”. • Administrador de Fiscalización Internacional “2”. • Administrador de Fiscalización Internacional “3”. • Administrador de Fiscalización Internacional “4”. • Administrador Central de Fiscalización de Precios de Transferencia: • Administrador de Fiscalización de Precios de Transferencia “1”. • Administrador de Fiscalización de Precios de Transferencia “2”. • Administrador de Fiscalización de Precios de Transferencia “3”. • Administrador de Fiscalización de Precios de Transferencia “4”. • Administrador Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos: • Administrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos “1”. • Administrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos “2”. • Administrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos “3”. • Administrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos “4”. • Administrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos “5”. • Administrador Central de Fiscalización de Comercio Exterior: • Administrador de Fiscalización de Comercio Exterior “1”. • Administrador de Fiscalización de Comercio Exterior “2”. • Administrador de Fiscalización de Comercio Exterior “3”. • Administrador de Fiscalización de Comercio Exterior “4”. Asimismo, la Administración General de Grandes Contribuyentes cuenta con las siguientes Administraciones Regionales de Grandes Contribuyentes: • Zona Sur, con sede en Veracruz, Veracruz.
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• Zona Centro, con sede en Guadalajara, Jalisco. • Zona Norte, con sede en Ciudad Guadalupe, Nuevo León. • Zona Noroeste, con sede en Hermosillo, Sonora. Administración General de Servicios al Contribuyente La Administración General de Servicios al Contribuyente se denominaba anteriormente Administración General de Asistencia al Contribuyente; sin embargo, de acuerdo con el nuevo Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, adopta ese nuevo nombre toda vez que sus facultadas se adicionaron. Entre otras, ahora se incluye la verificación de domicilios para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, así como la solución de algunas consultas, lo que se puede constatar con las atribuciones que a continuación se precisan: • Participar en los programas relativos a la aplicación de las disposiciones en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, conjuntamente con las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del propio Servicio de Administración Tributaria y demás dependencias competentes, • Proponer y apoyar a la Administración General de Plantación en el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones XXVIII y XXIX del artículo 35 de este Reglamento. • Prestar, a través de diversos canales de atención a los contribuyentes, los servicios de asistencia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, así como darles a conocer sus derechos; normar y ejercer las acciones de los programas en materia de prevención y resolución de problemas del contribuyente y síndicos del contribuyente. • Recibir de los particulares directamente o a través de las oficinas y medios electrónicos autorizados las declaraciones, avisos, requerimientos, solicitudes, manifestaciones, instrumentos autorizados y demás documentación a que obliguen las disposiciones fiscales y aduaneras que no deban presentarse ante otras unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, y orientar a los contribuyentes en el cumplimiento de tales obligaciones. • Recibir las solicitudes de marbetes y precintos y apoyar a las áreas competentes en el trámite respectivo y realizar su entrega. • Recibir y atender las quejas que presenten los contribuyentes, así como operar el Sistema Integral de Quejas, Denuncias y Reconocimientos,
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dando la participación correspondiente al Órgano Interno de Control y a la Administración General de Evaluación. • Celebrar toda clase de actos jurídicos directamente vinculados con el desarrollo de la firma electrónica avanzada, que no sean de la competencia de otra unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria. • Llevar el registro de contribuyentes que obtengan el certificado digital que confirme el vínculo entre el firmante y los datos de creación de la firma electrónica avanzada, y realizar cualquier otro acto relacionado con los mismos, incluyendo las autorizaciones relacionadas con la expedición de documentos digitales. • Normar los programas y procedimientos para la inscripción, así como realizar la inscripción, suspensión, modificación y cancelación de los registros y padrones de importadores, de exportadores sectoriales, de importadores de sectores específicos y de cualquier otro padrón o registro previsto en la legislación fiscal o aduanera, así como dejar sin efectos la suspensión del registro en dichos padrones, y normar el procedimiento de inscripción en el registro de representantes legales de los contribuyentes. • Tramitar y resolver las solicitudes de registro que prevean las disposiciones fiscales sobre operaciones de financiamiento, bancos, fondos de pensiones y jubilaciones, así como de fondos de inversión del extranjero. • Normar y ejercer las acciones de los programas en materia de civismo fiscal. • Integrar y mantener actualizado el Registro Federal de Contribuyentes y los demás registros y padrones previstos en la legislación fiscal; verificar el exacto cumplimiento de las obligaciones en materia de registro y actualización del Registro Federal de Contribuyentes, requerir la presentación de avisos, solicitudes y demás documentos autorizados en materia de Registro Federal de Contribuyentes, cuando los obligados no lo hagan en los plazos respectivos; tramitar y resolver las solicitudes de aclaraciones que presenten los contribuyentes en esta materia, así como requerir la rectificación de errores u omisiones contenidos en los citados documentos. • Participar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, en el diseño de los procesos de recaudación de ingresos por las entidades u oficinas de recaudación autorizadas.
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• Recibir de las sociedades financieras de objeto múltiple, de las personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de los transmisores de dinero a que se refiere la citada Ley, la información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere el artículo 95-Bis, fracción II de dicha Ley. • Vigilar la aplicación de los sistemas de contabilidad de los ingresos federales, de los movimientos de fondos y de la deuda publica; consolidar los estados de resultados de las operaciones relativas a los conceptos antes mencionados, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público responsables de dichas funciones. • Fijar los plazos a los cuentadantes de la Federación para la rendición de la cuenta comprobada mensual. • Recaudar directamente, por terceros o a través de las oficinas autorizadas al efecto, el importe de las contribuciones y aprovechamientos, incluyendo las cuotas compensatorias, así como los productos federales. • Concentrar en la unidad administrativa competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los ingresos recaudados. • Efectuar los pagos que tenga radicados y rendir la cuenta del movimiento de fondos y valores. • Llevar a cabo las acciones necesarias para el desarrollo, instrumentación y mantenimiento del servicio de cuenta tributaria. • Coordinar los programas en materia de calidad que le sean aplicables, así como dirigir la actualización permanente de la información de la gestión de calidad. • Definir, previa opinión de la Administración General de Plantación, tanto las formas oficiales y demás documentos requeridos por las disposiciones fiscales y aduaneras, como la integración y actualización de los archivos que se utilicen para el procesamiento electrónico de datos y verificar la integridad de la información contenida en los mismos, dándole la participación que le corresponda a las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. • Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de autorización de disminución de pagos provisionales de contribuciones, inclusive tratándose de los sujetos a que se refiere el apartado B del artículo 20 de este Reglamento.
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• Expedir constancias de residencia para efectos fiscales. • Recibir, dictaminar y resolver las solicitudes de expedición de informe de cumplimiento de obligaciones fiscales de conformidad con lo previsto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. • Normar, tramitar y resolver las solicitudes de aclaración que presente los contribuyentes sobre problemas relacionados con la presentación de declaraciones, imposición de multas, requerimientos, solicitudes y avisos al Registro Federal de Contribuyentes. • Elaborar y actualizar los instructivos de operación para la recepción de pagos y declaraciones presentadas a través de medios electrónicos y de papel de las instituciones de crédito, así como terceros u oficinas autorizadas al efecto. • Verificar que los diferentes cuentadantes de la Federación apliquen correctamente las cuentas contables y claves de cómputo que conforman el Sistema de Contabilidad de los Ingresos Federales. • Entregar a la Administración General de Plantación los reportes necesarios para cumplir con las peticiones realizadas por las diferentes autoridades. • Participar en la definición e instrumentación de los mecanismos para la implementación de los proyectos especiales en materia de recaudación, en forma desagregada por sector de contribuyentes. • Realizar, acordar y promover programas relativos al intercambio de información con autoridades y organismos públicos y privados, que controlen padrones con información genérica de personas físicas y morales, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, para la actualización del Registro Federal de Contribuyentes, previa determinación de la viabilidad y características técnicas de los intercambios y actualizaciones, así como colaborar en el diseño, generación y mantenimiento de los registros que lleve. • Vigilar que los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, cumplan con la obligación de presentar declaraciones, así como solicitar a dichas personas y a terceros los datos, informes o documentos para aclarar la información asentada en las declaraciones de pago provisional, definitivo, del ejercicio y complementarias. • Otorgar a los contribuyentes el certificado que les permita la emisión de comprobantes digitales, así como llevar el registro y control de dichos certificados.
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• Fungir como unidad de enlace ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. • Elaborar el contenido de toda clase de material de información impresa y electrónica para la orientación en el cumplimiento voluntario de las disposiciones fiscales y aduaneras. • Recibir los dictámenes formulados por contador público registrado para su entrega e intervenir en su trámite. • Participar en los sondeos y encuestas de evaluación de la operación recaudatoria y la calidad y cobertura de los registros de padrones contemplados en la legislación fiscal y aduanera. • Generar e integrar la información estadística en materia de Registro Federal de Contribuyentes. • Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del Registro Federal de Contribuyentes, para comprobar los datos que se encuentran en dicho registro y realizar las inscripciones y actualizaciones de los mismos por actos de autoridad. • Requerir la presentación de declaraciones, avisos, documentos e instrumentos autorizados, cuando los obligados no lo hagan en los plazos respectivos y simultanea o sucesivamente hacer efectiva una cantidad igual a la determinada en la ultima o en cualquiera de las seis ultimas declaraciones de que se trate o a la que resulte determinada por la autoridad, así como requerir la rectificación de errores u omisiones contenidos en las declaraciones, solicitudes, avisos, documentos e instrumentos autorizados. • Recibir las solicitudes de recuperación de los depósitos en cuenta aduanera y los rendimientos que se hayan generado en dicha cuenta, efectuados por contribuyentes ante instituciones de crédito y casas de bolsa autorizadas para estos efectos. • Normar y ejercer las acciones de los programas en materia de actualización del Registro Federal de Contribuyentes. • Recibir y autorizar las solicitudes para la incorporación al sistema de inscripción de personas morales a través de fedatario público, inclusive tratándose de los sujetos a que se refiere el apartado B del artículo 20 de este Reglamento. • Establecer, normar y mantener actualizado el registro de trámites fiscales, incluyendo los requisitos para la presentación de los mismos.
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• Autorizar a las organizaciones que agrupen a contribuyentes para que a nombre de éstos puedan presentar declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos que exijan las disposiciones fiscales, inclusive tratándose de los sujetos a que se refiere el apartado B del artículo 20 de este Reglamento. • Dejar sin efectos sus propias resoluciones, cuando se hayan emitido en contravención a las disposiciones fiscales, siempre que la resolución no se encuentre firme, hubiere sido impugnada a través de algún recurso de revocación y medie solicitud de la Administración General Jurídica o de sus unidades administrativas. • Resolver las solicitudes de autorización para registrar equipos electrónicos, imprimir comprobantes, auto imprimir y utilizar equipos propios para el registro de operaciones, registrar nuevos modelos de equipos electrónicos de registro fiscal y de maquinas registradoras de comprobación fiscal autónomas y equipo terminal punto de venta, utilizar equipos propios y de franquicia en el registro de operaciones con el público en general y para la auto impresión e impresión de comprobantes fiscales, inclusive tratándose de los sujetos a que se refiere el apartado B del artículo 20 de este Reglamento. • Participar en el diseño y elaboración de un marco geográfico fiscal que permita geo referenciar cualquier tipo de información, así como actualizar tanto el sistema de información geográfica fiscal como dicho marco. Ahora bien, para el cumplimiento de sus atribuciones, la Administración General de Servicios al Contribuyente esta estructurada de la siguiente manera: • Administrador Central de Servicios Tributarios al Contribuyente: • Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente “1”. • Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente “2”. • Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente “3”. • Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente “4”. • Administrador Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento: • Administrador de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento “1”. • Administrador de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento “2”. • Administrador de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento “3”. • Administrador de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento “4”. • Administrador Central de Operación de Canales de Servicios: • Administrador de Operación de Canales de Servicios “1”. • Administrador de Operación de Canales de Servicios “2”.
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• Administrador de Operación de Canales de Servicios “3”. • Administrador de Operación de Canales de Servicios “4”. • Administrador Central de Gestión de Calidad: • Administrador de Gestión de Calidad “1”. • Administrador de Gestión de Calidad “2”. • Administrador Central de Identificación del Contribuyente: • Administrador de Identificación del Contribuyente “1”. • Administrador de identificación del Contribuyente “2”. • Administrador de Identificación del Contribuyente “3”. • Administrador de identificación del Contribuyente “4”. • Administrador Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos: • Administrador de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos “1”. • Administrador de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos “2”. • Administrador de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos “3”. • Administrador de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos “4”. • Administrador de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos “5”. • Coordinador Nacional de Administraciones Locales de Contribuyente. • Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente.
Servicios
al
NOTA ACLARATORIA: Toda vez que las Administraciones Generales de Servicios al Contribuyente, Auditoria Fiscal Federal, Recaudación y Jurídica, del Servicio de Administración Tributaria, tienen Administraciones Locales en los mismos puntos del país, para su inclusión se decidió ubicarlas en un sólo apartado, a efecto de evitar reiteraciones innecesarias. Administración General de Recaudación: Por lo que toca a la Administración General de Recaudación, para el desarrollo de sus funciones cuenta con las siguientes facultades: • Participar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, en el establecimiento de los lineamientos para depurar y cancelar los créditos fiscales. • Participar en el diseño y elaboración de un marco geográfico fiscal que permita geo referenciar cualquier tipo de información, así como actualizar tanto el sistema de información geográfica fiscal como dicho marco.
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• Notificar todo tipo de actos administrativos, incluyendo los que determinen créditos fiscales, citatorios, requerimientos y solicitud de informes que emitan las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, así como habilitar a terceros para que realicen notificaciones. • Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, incluyendo el embargo de cuentas bancarias y de inversiones a nombre de los contribuyentes deudores y responsables solidarios, así como hacer efectivas las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal. • Enajenar, dentro o fuera de remate, bienes y negociaciones embargados a través del procedimiento administrativo de ejecución, así como expedir el documento que ampare la enajenación de los mismos. • Tramitar y aceptar o rechazar, según proceda, las garantías para asegurar el interés fiscal así como sus ampliaciones, disminuciones o sustituciones; ampliar el embargo en bienes del contribuyente o responsable solidario cuando estime que los bienes embargados son insuficientes para cubrir los créditos fiscales, o cuando la garantía del interés fiscal resulte insuficiente, y fijar los honorarios del depositario interventor de negociaciones o administrador de bienes raíces, en coordinación con las unidades administrativas competentes. • Tramitar y, en su caso, autorizar las solicitudes de pago diferido o en parcialidades de los créditos fiscales, mediante garantía de su importe y accesorios legales, inclusive tratándose de aprovechamientos, así como determinar y liquidar a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, las diferencias que hubiere por haber realizado pagos a plazos, diferidos o en parcialidades, sin tener derecho a ello. • Determinar y cobrar a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, el monto de los recargos, gastos de ejecución, honorarios y gastos extraordinarios que se causen en los procedimientos de ejecución que lleve a cabo, así como determinar y hacer efectivo el importe de los cheques no pagados de inmediato y de las indemnizaciones correspondientes. • Depurar y cancelar, cuando así proceda, los créditos fiscales a favor de la Federación. • Cobrar las multas impuestas por las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria.
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• Ordenar la entrega a los adquirentes de bienes rematados del monto pagado por los mismos, cuando dichos bienes no puedan ser entregados a éstos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 188-Bis del Código Fiscal de la Federación. • Declarar el abandono de los bienes y de las cantidades a favor del Fisco Federal en los términos de lo dispuesto en los artículos 188-Bis y 196-A del Código Fiscal de la Federación. • Proporcionar a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información relativa a los créditos fiscales exigibles de los contribuyentes, en el ámbito de su competencia. • Transferir a la instancia competente los bienes embargados en el ejercicio de sus facultades que hayan pasado a propiedad del Fisco Federal o de los que pueda disponer en términos de la normatividad aplicable, así como realizar, de conformidad con las políticas, procedimientos y criterios que al efecto se emitan, la donación o destrucción de dichos bienes cuando no puedan ser transferidos a la instancia competente de acuerdo con las disposiciones aplicables. • Tramitar y aceptar o rechazar, según proceda, el pago en especie conforme a las disposiciones de la materia. • Condonar cuando proceda, previa opinión de autoridad competente, los recargos, en materia de resoluciones y auditorias sobre metodologías para precios o montos de contraprestaciones en operaciones con partes relacionadas, en términos de las disposiciones fiscales. • Tramitar y aceptar o rechazar, según proceda, la dación de servicios y bienes en pago de créditos fiscales. • Condonar, en los términos de las disposiciones aplicables, multas determinadas e impuestas por las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria o las auto impuestas por los contribuyentes; condonar parcialmente los créditos fiscales relativos a contribuciones que se hayan determinado con anterioridad a la fecha de inicio del concurso mercantil, en términos del articulo 146-B del Código Fiscal de la Federación; reducir las multas y aplicar la tasa de recargos, en términos de lo dispuesto por el artículo 70-A del propio Código, cuando no corresponda a otra unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria. • Establecer los lineamientos respecto a la aceptación de las garantías que se otorguen respecto de impuestos al comercio exterior, derechos por
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servicios aduaneros, accesorios, aprovechamientos y demás contribuciones que se causen con motivo de la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de mercancías y medios de transporte. • Participar, con la unidad administrativa competente, en la custodia y preservación de las obras aceptadas como pago en especie, así como llevar el control administrativo de los registros de consulta publica de dichas obras, hasta antes de su entrega a la Administración General de Recursos y Servicios. • Proponer, para aprobación superior, la selección de las obras aceptadas como pago en especie que serán destinadas a las entidades federativas y municipios por la autoridad competente. • Solicitar a las instituciones bancarias, así como a las organizaciones auxiliares del crédito, que ejecuten el embargo o aseguramiento de cuentas bancarias y de inversiones a nombre de los contribuyentes 0 de los responsables solidarios y solicitar su levantamiento cuando así proceda. • Realizar la valuación de cartera de créditos fiscales, así como mejorar los modelos de valuación de cartera y administración de riesgos. • Establecer acuerdos operativos con otros auxiliares de Tesorería que faciliten el control y cobro de los créditos fiscales, así como ejercer la facultad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 4 del Código Fiscal de la Federación. • Ordenar y practicar el embargo precautorio para asegurar el interés fiscal cuando, a su juicio, hubiera peligro de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como levantarlo cuando proceda. • Determinar la responsabilidad solidaria respecto de créditos fiscales de su competencia y hacerlos exigibles mediante la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución. • Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de registro de contribuyentes, para comprobar los datos que se encuentran en el Registro Federal de Contribuyentes y realizar las inscripciones y actualizaciones de los mismos por actos de autoridad. • Coordinarse con las unidades competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, a efecto de dar seguimiento a las funciones conferidas a las entidades federativas en materia de impuestos federales,
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conforme a los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal, así como para evaluar el grado de avance de los programas operativos establecidos a dichas entidades federativas para su desarrollo; así como intercambiar, solicitar y entregar información a las entidades federativas, en las materias de su competencia. • Dejar sin efectos sus propias resoluciones, cuando se hayan emitido en contravención a las disposiciones fiscales, siempre que la resolución no se encuentre firme, hubiere sido impugnada a través de algún recurso de revocación y medie solicitud de la Administración General Jurídica o de sus unidades administrativas. • Tramitar y resolver las solicitudes de aclaración que presenten los contribuyentes sobre aspectos relacionados con los créditos fiscales cuyo cobro le corresponda. • Enviar a los contribuyentes comunicados y en general realizar, en el ámbito de su competencia, las acciones necesarias para promover el cumplimiento voluntario y oportuno del pago de sus créditos fiscales, sin que por ello se considere el inicio de facultades de comprobación. • Emitir conjuntamente con la Administración General de Auditoria Fiscal Federal o con la Administración General de Grandes Contribuyentes, según corresponda, en los casos en que lo solicite la Procuraduría , Fiscal de la Federación un informe en el que se señale si se encuentran pagados o garantizados los créditos fiscales, conforme a los lineamientos que se emitan para tal efecto. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Administración General de Recaudación esta compuesta de la siguiente manera: • Administrador Central de Cobro Coactivo: • Administrador de Cobro Coactivo “1”. • Administrador de Cobro Coactivo “2”. • Administrador de Cobro Coactivo “3”. • Administrador de Cobro Coactivo “4”. • Administrador Central de Cobro Persuasivo y Garantías: • Administrador de Cobro Persuasivo y Garantías “1”. • Administrador de Cobro Persuasivo y Garantías “2”. • Administrador de Cobro Persuasivo y Garantías “3”. • Administrador de Cobro Persuasivo y Garantías “4”. • Administrador Central de Planeación y Estrategias de Cobro: • Administrador de Planeación y Estrategias de Cobro “1”. • Administrador de Planeación y Estrategias de Cobro “2”.
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• Administrador Central de Notificación: • Administrador de Notificación. • Administrador Central de Programas Operativos con Entidades Federativas: • Administrador de Programas Operativos con Entidades Federativas “1”. • Administrador de Programas Operativos con Entidades Federativas “2”. • Coordinador de Apoyo Operativo de Recaudación: • Administrador de Apoyo Operativo de Recaudación “1”. • Administrador de Apoyo Operativo de Recaudación “2”. • Administraciones Locales de Recaudación. NOTA ACLARATORIA: Teda vez que las Administraciones Generales de Servicios al Contribuyente, Auditoría Fiscal Federal, Recaudación y Jurídica, del Servicio de Administración Tributaria, tienen Administraciones Locales en los mismos puntos del país, para su inclusión se decidió ubicarlas en un sólo apartado, a efecto de evitar reiteraciones innecesarias. Administración General de Auditoria Fiscal Federal La Administración General de Auditoría Fiscal Federal tiene encomendadas las siguientes funciones: • Participar, conjuntamente con las unidades administrativas competentes, en la formulación de los programas relativos a la aplicación de las disposiciones en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. • Requerir los avisos, manifestaciones y demás documentación que, conforme a las disposiciones fiscales y aduaneras, deban presentarse ante la misma. • Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorias, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones, verificaciones de origen y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras, para comprobar el cumplimiento de tales disposiciones por los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de contribuciones, incluyendo las que se causen por la entrada al territorio nacional o salida del mismo de mercancías y medios de transporte, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios de carácter federal, cuotas compensatorias, regulaciones y restricciones no arancelarias, inclusive normas oficiales mexicanas, y para comprobar de conformidad con los acuerdos, convenios
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o tratados en materia fiscal o aduanera de los que México sea parte, el cumplimiento de obligaciones a cargo de los contribuyentes, importadores, exportadores, productores, responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos, inclusive un materia de origen; comunicar a los contribuyentes la sustitución de la autoridad que continúe con el procedimiento instaurado para la comprobación de las obligaciones fiscales y reponer dicho procedimiento de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. • Solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos, para planear y programar actos de fiscalización. • Ordenar y practicar la verificación de mercancías de comercio exterior en transporte, de vehículos de procedencia extranjera en tránsito, de aeronaves y embarcaciones; llevar a cabo otros actos de vigilancia para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan y gravan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y medios de transporte, el despacho aduanero y los hechos y actos que deriven de este o de dicha entrada o salida; analizar, detectar y dar seguimiento, en coordinación con las demás autoridades competentes, respecto de las operaciones especificas de comercio exterior en que se presuma la comisión de cualquier ilícito en cuanto al valor, origen, clasificación arancelaria de mercancías, evasión en el pago de contribuciones, cuotas compensatorias u otros aprovechamientos y derechos, incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, inclusive normas oficiales mexicanas, e infracciones administrativas, así como investigar y dar seguimiento a las denuncias presentadas dentro del ámbito de su competencia. • inspeccionar y vigilar los recintos fiscales y fiscalizados y, en este último caso y vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión o autorización otorgada para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, habilitar instalaciones como recintos fiscales para uso de la autoridad fiscal y aduanera, así como declarar el abandono de las mercancías que se encuentren en los patios y recintos fiscales bajo su responsabilidad. • Ordenar y practicar visitas domiciliarias, inspecciones, actos de vigilancia y verificaciones, requerir informes y llevar a cabo cualquier otro acto que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, relativas a la propiedad intelectual e industrial; detectar, analizar y dar seguimiento a los casos de impresión, reproducción o comercialización de documentos públicos y privados, así como la venta de combustibles, sin la autorización
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que establezcan las disposiciones legales aplicables, cuando tengan repercusiones en el cumplimiento de las obligaciones fiscales o aduaneras de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, así como analizar y dar seguimiento a las denuncias que le sean presentadas dentro del ámbito de su competencia. • Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con la expedición de comprobantes fiscales, así como solicitar la exhibición de los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de los bienes y mercancías que vendan. • Ordenar y practicar la clausura preventiva de los establecimientos de los contribuyentes por no expedir o no entregar comprobantes de sus actividades; que los expedidos no reúnan requisitos fiscales o que los datos asentados en el comprobante correspondan a persona distinta a la que adquiere el bien o contrate el uso o goce temporal de bienes o la prestación de servicios, así como ordenar y practicar la clausura de los establecimientos en el caso de que el contribuyente no cuente con controles volumétricas. • Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados o a contadores públicos registrados que hayan formulado dictámenes o declaratorias para efectos fiscales, para que exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, da- tos, otros documentos e informes y, en el caso de dichos contadores, citarlos para que exhiban sus papeles de trabajo, así como recabar de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las diversas disposiciones fiscales y aduaneras; autorizar prórrogas para su presentación; emitir los oficios de observaciones y el de conclusión de la revisión, así como comunicar a los contribuyentes la sustitución de la autoridad que continúe con el procedimiento instaurado para la comprobación de las obligaciones fiscales. • Ordenar y practicar el embargo precautorio o aseguramiento en los casos en que la Ley lo señale, así como levantarlo cuando proceda y, en su caso, poner a disposición de los interesados los bienes. • Ordenar y practicar la retención, persecución, embargo precautorio de mercancías de comercio exterior y sus medios de transporte, en los supuestos que establece la Ley Aduanera; tramitar y resolver los procedimientos aduaneros que se deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, o del ejercicio de las facultades de comprobación efectuado
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por otras autoridades aduaneras, así como ordenar en los casos que proceda, el levantamiento del citado embargo y la entrega de las mercancías embargadas, antes de la conclusión del procedimiento de que se trate, previa calificación y aceptación de la garantía del interés fiscal; declarar que las mercancías, vehículos, embarcaciones o aeronaves pasan a propiedad del Fisco Federal; liberar las garantías otorgadas respecto de la posible omisión del pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados; notificar a las autoridades del país de procedencia la localización de los vehículos o aeronaves robados u objeto de disposición ilícita, así como resolver acerca de su devolución y del cobro de los gastos que se hayan autorizado. • Otorgar registro a los contadores públicos para formular dictámenes sobre los estados financieros relacionados con las declaraciones fiscales de los contribuyentes o cualquier otro tipo de dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales, así como otorgar el registro a despachos de contadores públicos, cuyos socios o integrantes sean contadores públicos que hayan obtenido registro para formular dictámenes para efectos fiscales. • Comunicar a los contadores públicos registrados las irregularidades de las que tenga conocimiento la autoridad con motivo de la revisión de los dictámenes que formulen para efectos fiscales o las derivadas del incumplimiento de las disposiciones fiscales por parte de dichos contadores, así como suspender o cancelar el registro correspondiente y exhortar o amonestar a dichos contadores públicos. • Revisar que los dictámenes formulados por contador público registrado sobre los estados financieros relacionados con las declaraciones fiscales de los contribuyentes o respecto de operaciones de enajenación de acciones, o cualquier otro tipo de dictamen o declaratoria que tenga repercusión para efectos fiscales, reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales y cumplan las relativas a impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios federales; autorizar prórrogas para la presentación del dictamen y los demás documentos que lo deban acompañar; comunicar a los contribuyentes que surte efectos o no el aviso para presentar dictamen fiscal y el propio dictamen, así como notificar a los contribuyentes cuando la autoridad haya iniciado el ejercicio de facultades de comprobación con un tercero relacionado con éstos. • Verificar y, en su caso, determinar conforme a la Ley Aduanera la clasificación arancelaria, así como el valor en aduana o el valor comercial de las mercancías de comercio exterior.
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• Determinar los impuestos y sus accesorios de carácter federal que resulten a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, así como determinar los derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos y sus accesorios que deriven del ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo. • Dar a conocer a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados los hechos u omisiones imputables a éstos, conocidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y de las verificaciones de origen practicadas y hacer constar dichos hechos y omisiones en el oficio de observaciones o en la última acta parcial que se levante. • Estudiar y resolver las objeciones que se formulen respecto a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y dictar las resoluciones que procedan en esta materia, así como cuando se desprendan del ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. • Aplicar la tasa de recargos que corresponda durante el ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de emitirse la liquidación determinativa del crédito fiscal, en términos del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, así como disminuir o reducir las multas que correspondan conforme a las disposiciones fiscales o aduaneras. • Informar a la autoridad competente, la cuantificación del perjuicio sufrido por el Fisco Federal por aquellos hechos que pudieren constituir delitos fiscales o de los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones, así como proporcionarle a dicha autoridad, en su carácter de coadyuvante del Ministerio Público el apoyo técnico y contable en los procesos penales que deriven de dichas actuaciones. • Transferir a la instancia competente los bienes embargados en el ejercicio de sus facultades, que hayan pasado a propiedad del Fisco Federal o de los que pueda disponer en términos de la normatividad aplicable, así como realizar, de conformidad con las políticas, procedimientos y criterios que al efecto se emitan, la donación o destrucción de dichos bienes cuando no puedan ser transferidos a la instancia competente de acuerdo con las disposiciones aplicables. • Vigilar la destrucción o donación de mercancías, incluyendo las importadas temporalmente y los bienes de activo fijo. • Determinar la responsabilidad solidaria respecto de créditos fiscales de su competencia.
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• Dejar sin efectos las órdenes de visita domiciliaria, los requerimientos de información que se formulen a los contribuyentes, así como la revisión de papeles de trabajo que se haga a los contadores públicos registrados. • Solicitar a las instituciones bancarias, así como a las organizaciones auxiliares del crédito, que ejecuten el embargo o aseguramiento de cuentas bancarias y de inversiones a nombre de los contribuyentes o de los responsables solidarios y solicitar su levantamiento cuando así proceda. • Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de registro de contribuyentes, para comprobar los datos que se encuentran en el Registro Federal de Contribuyentes y realizar las inscripciones y actualizaciones de los mismos por actos de autoridad. • Requerir a los contribuyentes, importadores, exportadores, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, así como a contadores públicos registrados que hayan formulado dictámenes o declaratorias para efectos fiscales, para que exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos, instrumentos e informes y, tratándose de dichos contadores, para que exhiban sus papeles de trabajo, con objeto de que el Fisco Federal pudiera querellarse, denunciar, formular declaratoria de que haya sufrido o pueda sufrir perjuicio; recabar de los servidores públicos y fedatarios y personas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones, así como allegarse la información, documentación o pruebas necesarias para que las autoridades competentes formulen la denuncia, querella o declaratoria al Ministerio Público, e intercambiar información con otras autoridades fiscales. • Requerir y recabar de las sociedades financieras de objeto múltiple, de las personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de los transmisores de dinero a que se refiere la citada Ley, la información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere la fracción II del artículo 95-Bis de dicha Ley; supervisar, vigilar e inspeccionar el cumplimiento y observancia de lo dispuesto por el artículo 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así como por las disposiciones de carácter general que emita la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en términos de dicho artículo; imponer las sanciones correspondientes a las sociedades financieras de objeto múltiple, a las personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades
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Auxiliares del Crédito y a los transmisores de dinero y, según corresponda, a los miembros de su consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados, así como a las personas físicas y morales que, en razón de sus actos, hayan ocasionado o intervenido para que dichas personas incurran en irregularidades o resulten responsables de las mismas. • Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de los asuntos de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y supervisión, que estén o pudieran estar relacionados con el financiamiento, aportación o recaudación de fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza para que sean utilizados en apoyo de personas u organizaciones terroristas que operen o cometan actos terroristas en el territorio nacional o que operen en el extranjero o para la comisión de actos terroristas internacionales; o con operaciones con recursos de procedencia ilícita, a que se refiere el Código Penal Federal. • Determinar los impuestos y sus accesorios de carácter federal, así como verificar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales a cargo de los contribuyentes o responsables solidarios, relativos a los casos de responsabilidad derivada de la fusión. • Verificar el saldo a favor compensado; determinar y liquidar las cantidades compensadas indebidamente, incluida la actualización y recargos a que haya lugar, así como efectuar la compensación de oficio de cantidades a favor de los contribuyentes. • Tramitar y resolver las solicitudes de devolución de cantidades pagadas indebidamente al Fisco Federal y las que procedan conforme a las leyes fiscales, así como solicitar documentación para verificar dicha procedencia y, en su caso, determinar las diferencias. • Determinar conforme al artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, una cantidad igual a la determinada en la última o en cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate o a la que resulte determinada por la autoridad, así como practicar el embargo precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente. • Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, datos, informes o documentos relativos a los tramites de devolución o de compensación de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la importación, en el ámbito de su competencia.
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• Tramitar las solicitudes de marbetes y precintos que los contribuyentes deban utilizar cuando las leyes fiscales los obliguen, así como ordenar su elaboración y, en los cases que proceda, su destrucción. • Solicitar a la Tesorería de la Federación el reintegro de los depósitos derivados de cuentas aduaneras efectuados por contribuyentes ante instituciones de crédito y casas de bolsa autorizadas y los rendimientos que se hayan generado en dichas cuentas, previa opinión de la Administración General de Aduanas. • Determinar los impuestos al comercio exterior, derechos por servicios aduaneros o aprovechamientos; aplicar las cuotas compensatorias y determinar en cantidad liquida el monto correspondiente a cargo de contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, así como determinar las otras contribuciones que se causen por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de mercancías y medios de transporte, derivado del ejercicio de facultades a que se refiere este artículo y determinar los accesorios que correspondan en los supuestos antes señalados. • Instrumentar las medidas que considere necesarias para el cumplimiento del programa operativo anual, respecto de las funciones de su competencia conferidas a las entidades federativas, así como sus modificaciones y, en su caso, supervisar y evaluar su grado de avance. • Determinar y liquidar a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, las diferencias por errores aritméticos derivados de las solicitudes de devolución o de las compensaciones realizadas. • Coordinarse con las autoridades fiscales de las entidades federativas que hayan celebrado convenios de colaboración administrativa con la Federación, para la integración y seguimiento del programa operativo anual. • Verificar que las autoridades fiscales de las entidades federativas ejerzan sus facultades de comprobación de conformidad con las disposiciones legales aplicables y los lineamientos normativos que al efecto se establezcan. • Continuar con la práctica de los actos de fiscalización que hayan iniciado otras autoridades fiscales. • Emitir conjuntamente con la Administración General de Recaudación en los casos en que lo solicite la Procuraduría Fiscal de la Federación un informe en el que se señale si se encuentran pagados o garantizados los
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créditos fiscales, conforme a los lineamientos que se emitan para tal efecto. Para la instrumentación de los actos que debe llevar al cabo, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal cuenta con la siguiente estructura: • Administrador Central de Operación de la Fiscalización Nacional: • Coordinador de Operación de la Fiscalización Nacional. • Administrador de Operación de la Fiscalización Nacional “1”. • Administrador de Operación de la Fiscalización Nacional “2”. • Administrador de Operación de la Fiscalización Nacional “3”. • Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal: • Administrador de Análisis Técnico Fiscal “1”. • Administrador de Análisis Técnico Fiscal “2”. • Administrador de Análisis Técnico Fiscal “3”. • Administrador de Análisis Técnico Fiscal “4”. • Administrador de Análisis Técnico Fiscal “5”. • Administrador Central de Planeación y Programación: • Administrador de Planeación y Programación “1”. • Administrador de Planeación y Programación “2”. • Administrador de Planeación y Programación “3”. • Administrador de Planeación y Programación “4”. • Administrador Central de Verificación y Evaluación en Materia de Coordinación Fiscal: • Administrador de Verificación y Evaluación de Materia de Coordinación Fiscal “1”. • Administrador de Verificación y Evaluación de Materia de Coordinación Fiscal “2”. • Administrador de Verificación y Evaluación de Materia de Coordinación Fiscal “3”. • Administrador Central de Fiscalización Estratégica: • Coordinador de Fiscalización Estratégica. • Administrador de Fiscalización Estratégica “1”. • Administrador de Fiscalización Estratégica “2”. • Administrador de Fiscalización Estratégica “3”. • Administrador de Fiscalización Estratégica “4”. • Administrador de Fiscalización Estratégica “5”. • Administrador de Fiscalización Estratégica “6”. • Administrador de Fiscalización Estratégica “7”. • Administrador Central de Comercio Exterior: • Coordinador de Comercio Exterior. • Administrador de Comercio Exterior “1”. • Administrador de Comercio Exterior “2”. • Administrador de Comercio Exterior “3”.
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de Entidades Federativas Entidades Federativas en Entidades Federativas en Entidades Federativas en
• Administrador de Comercio Exterior “4”. • Administrador de Comercio Exterior “5”. • Administrador Central de Normatividad de Auditoría Fiscal Federal: • Administrador de Normatividad de Auditoría Fiscal Federal “1”. • Administrador de Normatividad de Auditoría Fiscal Federal “2”. • Administrador de Normatividad de Auditoría Fiscal Federal “3”. • Administrador de Normatividad de Auditoría Fiscal Federal “4”. • Administrador Central de Devoluciones y Compensaciones: • Administrador de Devoluciones y Compensaciones “1”. • Administrador de Devoluciones y Compensaciones “2”. • Administrador de Devoluciones y Compensaciones “3”. • Administrador de Devoluciones y Compensaciones “4”. • Administraciones Locales de Auditoría Fiscal. NOTA ACLARATORIA: Toda vez que las Administraciones Generales de Servicios al Contribuyente, Auditoria Fiscal Federal, Recaudación y Jurídica, del Servicio de Administración Tributaria, tienen Administraciones Locales en los mismos puntos del país, para su inclusión se decidió ubicarlas en un solo apartado, a efecto de evitar reiteraciones innecesarias. Administración general jurídica En cuanto a las facultades de la Administración General jurídica del Servicio de Administración Tributaria, se le han conferido las siguientes atribuciones: • Coadyuvar en el análisis de los proyectos e iniciativas de carácter legislativo, en materias relacionadas con la competencia del Servicio de Administración Tributaria. • Establecer el criterio de interpretación que las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria deberán seguir en la aplicación de las disposiciones fiscales y aduaneras, en materia de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos y sus accesorios de carácter federal, así como de este Reglamento, con excepción de los señalados como competencia de otra unidad administrativa de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. • Asistir a las unidades administrativas adscritas al Servicio de Administración Tributaria, a fin de que en los procedimientos administrativos que dichas unidades lleven a cabo se cumplan las formalidades previstas en las disposiciones que los regulan, de oficio o a petición de parte.
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• Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, la documentación, datos e informes que sean necesarios para el ejercicio de sus facultades, así como recabar de los servidores públicos y de los fedatarios los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones, para el objeto antes citado; requerir, respecto de los hechos en que pudiera querellarse, denunciar, formular declaratoria de que se haya sufrido o se pueda sufrir perjuicio, en asuntos relativos a su competencia, a los contribuyentes, importadores, exportadores, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, contadores públicos registrados que hayan formulado dictámenes o declaratorias para efectos fiscales y a cualquier persona relacionada con dichos hechos, para que exhiban y proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos, instrumentos e informes y, en el caso de los contadores, para que exhiban sus papeles de trabajo, a fin de allegarse las pruebas necesarias para formular cualquiera de los requisitos de procedibilidad a que se refiere el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, para proceder penalmente por la probable comisión de delitos fiscales previstos en el Titulo IV, Capítulo ll del Código Fiscal de la Federación que incidan en la competencia del Servicio de Administración Tributaria. • Resolver las consultas que formulen los interesados en situaciones reales y concretas sobre la aplicación de las disposiciones fiscales y aduaneras, así como las solicitudes que presenten respecto a las autorizaciones previstas en dichas disposiciones, que no sean competencia de otras unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria. • Orientar y asistir legalmente a los servidores públicos adscritos al Servicio de Administración Tributaria, en los asuntos que deriven del ejercicio de las atribuciones propias de sus cargos, de conformidad con los lineamientos que al efecto determine el jefe del citado órgano desconcentrado. • Resolver les recursos administrativos hechos valer contra actos o resoluciones de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, derivados de las facultades a que se refiere el artículo 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; representar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al jefe del Servicio de Administración Tributaria y a las unidades administrativas del propio órgano desconcentrado, en toda clase de procedimientos judiciales o administrativos contra actos o resoluciones de éstos, por la aplicación que dichas autoridades hagan del referido artículo 95-Bis y de las disposiciones de carácter general a que el mismo se refiere, así como para ejercer las acciones, excepciones y defensas que
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correspondan a las autoridades señaladas en dichos procedimientos, siempre que no sean competencia de otra unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria. • Declarar la prescripción de los créditos fiscales y la extinción de las facultades de la autoridad para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios y para imponer multas en relación con los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y sus accesorios de carácter federal. • Resolver los recursos administrativos hechos valer contra actos o resoluciones de ella misma o de cualquier unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria que no tenga conferida de manera expresa dicha facultad, o de autoridades fiscales de las entidades federativas en cumplimiento de convenios de coordinación fiscal, así como el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. • Representar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al jefe del Servicio de Administración Tributaria y a las unidades administrativas de dicho órgano desconcentrado, en toda clase de juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contra resoluciones o actos de éstos o de las autoridades fiscales de las entidades federativas por la aplicación que dichas autoridades hagan de las leyes fiscales federales en cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, así como para ejercer las acciones, excepciones y defensas que correspondan a las autoridades señaladas en los juicios ante dicho Tribunal. • Interponer con la representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas, el recurso de revisión contra las sentencias y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, respecto de los juicios de su competencia, así como comparecer y alegar en los juicios de amparo que interpongan los particulares en contra de las sentencias y resoluciones definitivas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. • Formular las denuncias, querellas, declaratorias de que el Fisco Federal haya sufrido o pudo sufrir perjuicio, por hechos u omisiones que puedan constituir delitos fiscales, con excepción de los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables; denunciar o querellarse en aquellos hechos u omisiones que puedan constituir delitos de los contemplados en el Código Penal Federal y otros ordenamientos legales, cuando dichas acciones no correspondan a la competencia de alguna unidad administrativa de la
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Secretaria de Hacienda y Crédito Público y, tratándose de hechos u omisiones que puedan constituir delitos en que el Servicio de Administración Tributaria resulte afectado o aquellos de que tenga conocimiento o interés, inclusive tratándose de hechos u omisiones que puedan constituir delitos de los servidores públicos de dicho órgano desconcentrado, así como coadyuvar en todos los supuestos anteriores con el Ministerio Publico competente. • Elaborar, para aprobación superior, las disposiciones administrativas de carácter general que corresponda emitir al Servicio de Administración Tributaria para aplicar la legislación fiscal y aduanera, con la participación de las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. • Representar al Servicio de Administración Tributaria en juicios mercantiles, civiles y en otros en que dicho órgano sea parte o en los que éste tenga interés jurídico; formular las demandas y contestaciones correspondientes y desistirse de las mismas; allanarse o transigir en estos juicios, así como representar al Servicio de Administración Tributaria en los procedimientos en que deba comparecer; interponer los recursos a que tenga derecho y actuar en todas las instancias del juicio, procedimiento o recurso de que se trate y en el juicio de amparo que promuevan los particulares contra las resoluciones dictadas en aquéllos. • Proponer el contenido de los informes previos y justificados que deban rendir en relación con los juicios de amparo promovidos contra actos de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria; intervenir en los juicios de amparo en representación de dichas unidades administrativas cuando tengan el carácter de tercero perjudicado y proponer los términos e interponer los recursos que procedan, así como actuar en estos juicios con las facultades de delegado en las audiencias. • Designar a los servidores públicos que tengan el carácter de delegados en los juicios de su competencia. • Allanarse y transigir en juicios fiscales, así como abstenerse de interponer los recursos en toda clase de juicios, incluyendo el de revisión contra sentencias o resoluciones dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. • Representar al Servicio de Administración Tributaria y a las autoridades dependientes de éste en toda clase de investigaciones y procedimientos administrativos tramitados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, así como ejercer las negociaciones, excepciones y defensas de las que sean
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titulares y, en su caso, proporcionar al Órgano lnterno de Control los elementos que sean necesarios. • Resolver las consultas que se formulen en situaciones reales y concretas sobre la aplicación de las disposiciones de carácter general a que se refiere el articulo 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, relativas a las obligaciones que se deben cumplir ante o por conducto del Servicio de Administración Tributaria, previa opinión de la unidad administrativa competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y que no sean competencia de otra unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria. • Tramitar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras, así como de las disposiciones de carácter general y particular que corresponda emitir al Servicio de Administración Tributaria. • Elaborar propuestas de modificación a leyes o decretos; a los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República, y a las demás disposiciones de observancia general, que deban proponerse a la unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, en las materias de la competencia del Servicio de Administración Tributaría, así como solicitar a las unidades administrativas de dicho órgano desconcentrado la información necesaria para tales efectos, así como fungir como enlace del Servicio de Administración Tributaría ante dicha Dependencia para estos efectos. • Dar a conocer a las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria la jurisprudencia en materia fiscal y aduanera de la competencia del Servicio de Administración Tributaria. • Compilar la normatividad interna del Servicio de Administración Tributaria, en la materia fiscal y aduanera. • Analizar de oficio o previa solicitud de la unidad administrativa, que los actos administrativos dirigidos de manera individual a contribuyentes, que emitan las Administraciones Locales de las otras unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, cumplan las formalidades previstas en las disposiciones legales que regulan dichos actos, a fin de evitar vicios de fondo o de procedimiento. • Resolver las autorizaciones para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta y las consultas que sean formuladas sobre dicha materia, inclusive tratándose de los sujetos a que se refiere el apartado B del artículo 20 de este Reglamento, siempre que no impliquen la interpretación de un tratado en materia internacional.
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• Revocar las respuestas favorables a los contribuyentes que lo soliciten y manifiesten su conformidad. • Ordenar el pago, ya sea en dinero o en bienes equivalentes, del valor de las mercancías que, depositadas en los recintos fiscales y bajo la custodia de las autoridades aduaneras, se extravíen o por cualquier otra circunstancia no se puedan entregar, en coordinación con la unidad administrativa competente. Para el desempeño de sus funciones, la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria esta compuesta de la siguiente forma: • Administrador Central de Amparo e lnstancias Judiciales: • Administrador de Amparo e Instancias Judiciales “1”. • Administrador de Amparo e lnstancias Judiciales “2”. • Administrador de Amparo e Instancias Judiciales “3”. • Administrador de Amparo e Instancias judiciales “4”. • Administrador de Amparo e lnstancias Judiciales “5”. • Administrador Central de lo Contencioso: • Administrador de lo Contencioso “1”. • Administrador de lo Contencioso “2”. • Administrador de lo Contencioso “3”. • Administrador de lo Contencioso “4”. • Administrador de lo Contencioso “5”. • Administrador de lo Contencioso “6”. • Administrador Central de Operación Jurídica: • Administrador de Operación Jurídica “1”. • Administrador de Operación Jurídica “2”. • Administrador de Operación Jurídica “3”. • Administrador de Operación Jurídica “4”. • Administrador de Operación Jurídica “5”. • Administrador Central de Normatividad de lmpuestos Internos: • Administrador de Normatividad de lmpuestos internos “1”. • Administrador de Normatividad de Impuestos Internos “2”. • Administrador de Normatividad de Impuestos Internos “3”. • Administrador de Normatividad de Impuestos Internos “4”. • Administrador de Normatividad de lmpuestos Internos “5”. • Administrador de Normatividad de Impuestos lnternos “6”. • Administrador de Normatividad de lmpuestos lnternos “7” • Administrador Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal: • Administrador de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal “1”. • Administrador de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal “2”. • Administrador de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal “3”. • Administrador de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal “4”. • Administrador de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal “5”. • Administrador de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal “6”.
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• Administrador de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal “7”. • Administrador Central de Asuntos Penales y Especiales: • Administrador de Asuntos Penales y Especiales “1". • Administrador de Asuntos Penales y Especiales "2". • Administrador de Asuntos Penales y Especiales "3". • Administrador de Asuntos Penales y Especiales "4". • Administraciones Locales Jurídicas. Por lo que toca a las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente, Recaudación, Auditoria Fiscal Federal y Jurídica, del Servicio de Administración Tributaria, éstas se encuentran diseminadas en todo el país y su ubicación es la siguiente: Ubicación de las Administraciones Locales 1. Acapulco, Guerrero. 2. Aguascalientes, Aguascalientes. 3. Campeche, Campeche. 4. Cancún, Quintana Roo. 5. Celaya, Guanajuato. 6. Centro del Distrito Federal. 7. Chetumal, Quintana Roo. 8. Chihuahua, Chihuahua, 9. Ciudad Guzmán, Jalisco. 10. Ciudad Juárez, Chihuahua. 11. Ciudad Obregón, Sonora. 12. Ciudad Victoria, Tamaulipas. 13. Coatzacoalcos, Veracruz. 14. Colima, Colima. 15. Córdoba, Veracruz. 16. Cuernavaca, Morelos. 17. Culiacán, Sinaloa. 18. Durango, Durango. 19. Ensenada, Baja California. 20. Guadalajara, Jalisco. 21. Guadalajara Sur, Jalisco. 22. Guadalupe, Nuevo León. 23. Hermosillo, Sonora. 24. Iguala, Guerrero. 25. Irapuato, Guanajuato. 26. La Paz, Baja California Sur. 27. León, Guanajuato. 28. Los Mochis, Sinaloa. 29. Matamoros, Tamaulipas. 30. Mazatlán, Sinaloa. 31. Mérida, Yucatán. 32. Mexicali, Baja California. 33. Monterrey, Nuevo León.
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34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.
Morelia, Michoacán. Naucalpan, Estado de México. Nogales, Sonora. Norte del Distrito Federal. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Oaxaca, Oaxaca. Oriente del Distrito Federal. Pachuca, Hidalgo. Piedras Negras, Coahuila. Puebla Norte, Puebla. Puebla Sur, Puebla. Puerto Vallarta, Jalisco. Querétaro, Querétaro. Reynosa, Tamaulipas. Saltillo, Coahuila. San Luis Potosí, San Luis Potosí. San Pedro Garza, Nuevo León. Sur del Distrito Federal. Tampico, Tamaulipas. Tapachula, Chiapas. Tepic, Nayarit. Tijuana, Baja California. Tlaxcala, Tlaxcala. Toluca, Estado de México. Torreón, Coahuila. Tuxpan, Veracruz. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Uruapan, Michoacán. Veracruz, Veracruz. Villahermosa, Tabasco. Xalapa, Veracruz. Zacatecas, Zacatecas. Zapopan, Jalisco.
Es importante destacar que el Servicio de Administración Tributaria, con el objeto de acercar los servicios que presta, en particular los que proporciona en las áreas de Servicios al Contribuyente y Jurídica, organiza e instaura Oficinas, Subadministraciones o Administraciones, en localidades que por sus dimensiones o necesidades así lo requieran. Por otra parte, como se pudo observar, existen diversas facultades o atribuciones que son compartidas por otras tantas autoridades, tanto del Servicio de Administración Tributaria como de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que no necesariamente implica duplicidad de funciones sino, en todo caso, la concurrencia de potestades; esta se explica por la convergencia de acciones que en su oportunidad, una autoridad puede realizar, sin necesidad de tener que interrumpir o, aún peor, no efectuar sus actos por carecer de esas atribuciones, sin que tal situación implique la violación de los derechos de los contribuyentes.
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No obstante lo anterior, en todo caso las autoridades están obligadas a probar los hechos que motiven sus actos o resoluciones, sin importar que dichos actos o resoluciones se reputen legales, tal y como lo establece el articulo 68 del Código Fiscal de la Federación.
CAPÍTULO III INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) El Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley del Seguro Social, tiene el carácter de organismo fiscal autónomo. Es importante recordar que al ser consideradas contribuciones, pues están incluidas en la legislación fiscal, las cantidades que se adeuden al IMSS tendrán el carácter de créditos fiscales, con lo cual gozan de los aspectos de obligatoriedad, oportunidad de pago, exigibilidad y cobro coactivo, así como fiscalidad. Por su parte, la doctrina no considera a las aportaciones de seguridad social como contribuciones, dado que sus fines son distintos a los de éstas; se piensa que el legislador las contempla como créditos fiscales, tanto en la Ley de Ingresos de la Federación como en el CFF, únicamente con la finalidad de facilitar su cobro por los organismos descentralizados creados en esta materia, en virtud de que así podrán aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, pues se les dota de un instrumento privilegiado, indispensable, para que cobren en forma oportuna, rápida y fácil, las aportaciones de seguridad social no cubiertas por los sujetos obligados dentro de los plazos legales respectivos, en los términos de la ley correspondiente. ¿Que son las aportaciones de seguridad social? Según el Código Fiscal de la Federación, en su articulo 2°, fracción II, las aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o de las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Las aportaciones de seguridad social son denominadas por la doctrina exacciones parafiscales, es decir, requerimientos con características semejantes a las de los impuestos federales, pero no iguales.
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Características: 1. Son obligatorias, es decir que la fuente de ellas no esta ni en la voluntad unilateral del obligado, ni tampoco surge de un acuerdo de voluntades. 2. No se trata de algunas de las figuras tradicionales (impuestos, derechos o contribuciones especiales). 3. Se han establecido a favor de organismos públicos descentralizados, esto es, no a favor de la administración activa del Estado, 4. En el Derecho mexicano es indiferente que esos ingresos estén previstos en el presupuesto o no lo estén. Es cierto que originalmente las parafiscalidades se presentan como fenómenos financieros extrapresupuestarios, y que la doctrina señala esta circunstancia como propia de la parafiscalidad; pero en México, a partir de 1965, quedaron incorporados al presupuesto, en el ramo de Organismos Públicos descentralizados, los ingresos de algunos de estos organismos. ¿Quiénes son sujetos de las aportaciones de seguridad social? Son sujetos pasivos de estas aportaciones las personas físicas o morales que tengan obligaciones en materia de seguridad social. Las aportaciones de seguridad social tienen su fundamento constitucional en el articulo 123 A, fracción XXIX, el cual indica que es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. Sobre la clasificación de las aportaciones de seguridad social, la fracción II del artículo 1° de la Ley de Ingresos de la Federación las enumera así: II. Aportaciones de Seguridad Social. • Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. • Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores. • Cuotas del sistema de ahorro para el retiro a cargo de los patrones. • Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores.
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• Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los militares. Ahora bien, determinar el Salario Diario Integrado, base para pagar las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, parece ser algo sencillo, dado que el articulo 27 de la Ley del IMSS nos indica lo que no se incluye como salario, y por lo tanto todas las demás percepciones que tengan los trabajadores estarían consideradas para determinar las mencionadas cuotas. Lo que entonces tendríamos que identificar es si lo hacemos como concepto "Fijo" o como "Variable"; sin embargo, en la práctica hay innumerables conceptos de percepciones que requieren un análisis más profundo, por medio del cual podremos determinar si dichas percepciones pertenecen al grupo de los conceptos gravados, o bien son parte de los que se excluyen. Es importante mencionar que para hacer una adecuada integración de los salarios debemos tomar en cuenta los acuerdos del Consejo Técnico del IMSS; estos acuerdos representan para la Ley del Seguro Social, lo que la Resolución Miscelánea Fiscal para las Leyes Fiscales Federales, afortunadamente sin demasiados cambios a partir de que la mayoría de ellos fueron incorporados al artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Para esos efectos, el artículo 27 de la Ley del Seguro Social establece lo siguiente: ART. 27.— Para los efectos de esta Ley, se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos: I. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares; II. El ahorro, cuando se integre por un depósito; de cantidad semanaria, quincenal o mensual igual del trabajador y de la empresa; si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de dos veces al año, integrará salario; tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical; III. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; IV. Las cuotas que en términos de esta Ley le corresponde cubrir al patrón, las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y las participaciones en las utilidades de la empresa;
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V. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores; se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas, como minima, el veinte por ciento del salario mínimo general diario que rija en el Distrito Federal; VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el cuarenta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal; VII. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el diez por ciento del salario base de cotización; VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán solo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo. Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del patrón. En los conceptos previstos en las fracciones VI, VII y IX cuando el importe de estas prestaciones rebase el porcentaje establecido, solamente se Integrarán los excedentes al salario base de cotización. Por otra parte, entre los supuestos que pueden originar el fincamiento de créditos fiscales, estén los capitales constitutivos. ¿Qué puede originar los capitales constitutivos? La fracción primera del artículo I5 de la Ley del Seguro Social (LSS) establece que los patrones estarán obligados a registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores a cinco días hábiles. El artículo 16 del reglamento de afiliación de la LSS establece que los patrones deberán inscribir ante el Instituto a sus trabajadores en los cinco días hábiles contados a partir de la fecha de inicio de la relación laboral.
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El artículo 34 del mismo conjunto reglamentario señala que las modificaciones de salarios variables deberán presentarse en los primeros quince días naturales del mes siguiente. El mismo artículo 34 establece que tratándose de salarios que se componen de elementos fijos y de elementos variables, se deberán presentar las modificaciones de salario como sigue: 1. De modificarse el elemento fijo, se deberá presentar el aviso dentro del plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a tal evento. 2. Cuando se modifique la parte variable, dentro de los primeros quince días naturales del mes siguiente. Hay casos en los cuales un trabajador de reciente ingreso o aquel al que se le ha modificado su salario sufre un accidente o enfermedad de trabajo y el patrón no lo ha asegurado o no ha modificado su salario debido a que se encuentra dentro del plazo legal de cinco días antes señalado. Por su parte, el tercer párrafo del artículo 77 de la LSS establece que los avisos de ingreso o alta de los trabajadores asegurados y los de modificación de su salario, entregados al Instituto después de ocurrido el siniestro, en ningún caso liberan al patrón de la obligación de pagar los capitales constitutivos, aun cuando los hubiese presentado dentro de los términos de ley. ¿Qué es un capital constitutivo? El citado artículo 77 establece que el patrón que estando obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos de trabajo no lo hiciera, deberé enterar al Instituto, en caso de que ocurra un siniestro, los capitales constitutivos de las prestaciones en dinero y en especie. El artículo 79 de la LSS señala que los capitales constitutivos se integran con el importe de alguna o algunas de las prestaciones siguientes: 1. Asistencia médica. 2. Hospitalización. 3. Medicamentos y material de curación. 4. Servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento. 5. Intervenciones quirúrgicas. 6. Aparatos de prótesis y ortopedia. 7. Gastos de traslado del trabajador accidentado y pago de viáticos en su caso. 8. Subsidies pagados. 9. En su caso, gastos de funeral. 10. Indemnizaciones globales en sustitución de la pensión. 11. Valor actual de la pensión.
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12. El 5% del importe de los conceptos que lo integren, por gastos de administración. El instituto determinará el monto de los capitales constitutivos. Algunos particulares han querido ver una inconstitucionalidad en las disposiciones, debido a que por un lado se le otorga al patrón un plazo para presentar los avisos correspondientes y por el otro, no obstante que se encontrara dentro de tales plazos, se le obliga a pagar capitales constitutivos en el casa de riesgos de trabajo; pero esta opinión ha sido descalificada por la Suprema Corte de justicia de la Nación.
¿Cómo protegerse de esta situación? El artículo 16 del reglamento de afiliación establece que la inscripción de los trabajadores podrá realizarse el día hábil anterior al inicio de la relación laboral. Para efectos de modificaciones de salaries no se hace la misma precisión, pero vale la pena tomar en cuenta lo importante que resulta para cualquier patrón o empleador el presentar sus avisos de inscripción o de modificación de salario en forma oportuna. Asimismo, de acuerdo con el artículo 88 de la LSS, el patrón pagará el importe de los capitales constitutivos determinados por el IMSS, cuando éste proporcione a los asegurados o beneficiarios las prestaciones en especie y en dinero a que tienen derecho, porque el patrón manifiesta salarios base de cotización inferiores a los que realmente reciben los trabajadores, pues se ven disminuidas las prestaciones a que tienen derecho; por lo tanto, en estos casos el patrón pagará las diferencias que resulten. Es necesario comentar que a diferencia de lo ocurrido con los capitales constitutivos generados en el seguro de riesgos de trabajo, en este seguro no procederá la determinación del capital Constitutivo, aún cuando el instituto otorgue a los derechohabientes las prestaciones en especie y en dinero a que tengan derecho antes de la presentación de los avisos de ingreso o alta de los trabajadores asegurados y los de modificaciones salariales ante el IMSS, dentro de los plazos señalados en los artículos 15, fracción I, y 34 de la LSS. En caso de capitales por enfermedades y maternidad, con el pago del capital constitutivo se exime a los patrones del entero de las cuotas (artículo 88, segundo párrafo de la LSS). Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, invalidez y vida
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De acuerdo con los seguros de invalidez y vida, de retiro, y de cesantía en edad avanzada y vejez, conforme a los artículos 149 y 186 de la LSS, los capitales constitutivos se determinan cuando al tener derecho a una pensión por cualquiera de estos supuestos, y a los servicios médicos, el Instituto los otorgue aún cuando los trabajadores no hubiesen sido inscritos, o no se hubiesen presentado las modificaciones de salario respectivas. Sujetos liberados del Fincamiento de capitales constitutivos Los patrones que trabajen en la construcción y que opten por celebrar con el IMSS un convenio de pago anticipado de cuotas obrero patronales respecto de la ejecución de ciertas obras, no serán sujetos del fincamiento de capitales constitutivos en los casos de siniestros ocurridos a sus trabajadores contratados para ejecutar las obras por las que fue celebrado el convenio, desde la fecha de su formalización y hasta la fecha estimada de conclusión de las obras, siempre y cuando hubieren presentado los avisos afiliatorios correspondientes, sin que se señale si se fincarían de ser extemporánea su presentación. Es de suma importancia señalar que para determinar el monto de las prestaciones en especie, los servicios médicos de IMSS están obligados, al iniciar la atención del trabajador o a sus beneficiarios, a: Realizar el diagnóstico y tratamiento requerido; Señalar la duración del tratamiento, tipo, y numero de prestaciones que se van a otorgar, así como las secuelas orgánicas o funcionales derivadas del siniestro, y determinar el importe de las prestaciones a otorgar con base en los costos unitarios por nivel de atención aplicables a los pacientes no derechohabientes. El área de prestaciones económicas es la encargada de calcular el importe de las prestaciones pecuniarias a otorgar, por concepto de: • Subsidios; • Gastos de funeral; • Indemnización global, y valor de la pensión correspondiente. Por lo tanto, el Instituto, al inicio de la atención, determinará y cobrará el monto del capital constitutivo correspondiente, independientemente de que al concluir el tratamiento prescrito, pueda emitir diferentes capitales constitutivos por las prestaciones otorgadas y no incluidas inicialmente (articulo 79 de la LSS).
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Con base en esto se debe comentar que el monto de los capitales se calcula empleando técnicas matemáticas actuariales e incluye tanto el valor de las rentas mensuales a que tienen derecho los pensionados, y en su caso los beneficiarios, como las demás prestaciones a las que tengan derecho. De igual forma, es importante recordar que el IMSS, al aplicar los capitales constitutivos, tomará como base para su cobro, en el caso de atenciones médicas, los valores que se encuentren en el mercado, es decir, asumirá como base para el cobro los precios de hospitales de primer nivel, adicionados con actualizaciones, recargos y multas. Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de las aportaciones de seguridad social como contribuciones federales, tiene las siguientes facultades: • Registrar a los patrones y demás sujetos obligados, inscribir a los trabajadores asalariados y precisar su base de cotización aun sin previa gestión de los interesados, y a los trabajadores independientes a su solicitud, sin que ello libere a los obligados de las responsabilidades y sanciones por infracciones en que hubiesen incurrido; y • Dar de baja del régimen obligatorio a los patrones, sujetos obligados y asegurados, verificada por el Instituto la desaparición o inexistencia del supuesto de hecho que dio origen a su aseguramiento, aún cuando el patrón o sujetos obligados hubiesen omitido presentar el aviso de baja respectivo, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley; • Recaudar y cobrar las cuotas de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, salud para la familia y adicionales, los capitales constitutivos, así como sus accesorios legales, percibir los demás recursos del Instituto, y llevar a cabo programas de regularización de pago de cuotas. De igual forma, recaudar y cobrar las cuotas y sus accesorios legales del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; • Establecer los procedimientos para la inscripción, cobro de cuotas y otorgamiento de prestaciones; • Determinar los créditos a favor del Instituto y las bases para la liquidación de cuotas y recaros, así como sus accesorios y fijarlos en cantidad liquida, cobrarlos y percibirlos, de conformidad con la presente Ley y demás disposiciones aplicables. • Las liquidaciones de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez podrán ser emitidas y notificadas conjuntamente con las liquidaciones de las aportaciones y descuentos correspondientes al Fondo
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Nacional de la Vivienda por el personal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, previo convenio de coordinación con el citado Instituto; • Determinar la existencia, contenido y alcance de las obligaciones incumplidas por los patrones y demás sujetos obligados en los términos de la Ley del Seguro Social, aplicando en su caso, los datos con los que cuente o con apoyo en los hechos que conozca con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación de que goza como autoridad fiscal o bien, a través de los expedientes o documentos proporcionados por otras autoridades fiscales; • Ratificar o rectificar la clase y la prima de riesgo de las empresas para efectos de la cobertura de las cuotas del seguro de riesgos de trabajo; • Determinar y hacer efectivo el monto de los capitales constitutivos en los términos de la Ley del Seguro Social; • Ordenar y practicar visitas domiciliarias con el personal que al efecto se designe y requerir la exhibición de libros y documentos, a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley y demás disposiciones aplicables; • Ordenar y practicar las investigaciones correspondientes en los casos de sustitución patronal y de responsabilidad solidaria previstos en esta Ley y en el Código, y emitir los dictámenes respectivos; • Establecer coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, para el cumplimiento de sus objetivos; • Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y sus reglamentos, así como imponer a dichos contadores públicos, en su caso, las sanciones administrativas establecidas en el reglamento respectivo; • Realizar inversiones en sociedades y empresas que tengan objeto social complementario o afín al del propio Instituto; • Celebrar convenios de coordinación con la Federación, entidades federativas, municipios y sus respectivas administraciones públicas, así como de colaboración con el sector social y privado, para el intercambio de información relacionada con el cumplimiento de sus objetivos, en los términos previstos en esta Ley; • Promover y propiciar la realización de investigación en salud y seguridad social, utilizándola como una herramienta para la generación de nuevos
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conocimientos, para la mejoría de la calidad de la atención que se otorga y para la formación y capacitación del personal; • Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de a las liquidaciones que no hubiesen sido cubiertas oportunamente, con sujeción a las normas del Código y demás disposiciones aplicables; • Emitir y notificar por el personal del Instituto, las cédulas de determinación de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, conjuntamente con las liquidaciones de las aportaciones y descuentos correspondientes al fondo nacional de la vivienda, previo convenio de coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en dispositivos magnéticos, digitales, electrónicos o de cualquier otra naturaleza, o bien en documento impreso; • Hacer efectivas las fianzas que se otorguen en su favor para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará exclusivamente a lo dispuesto por el Código; • Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las solicitudes, avisos o cédulas de determinación presentados por los patrones, para lo cual podrá requerirles la presentación de la documentación que proceda. • Asimismo, el Instituto podrá requerir a los patrones, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, sin que medie visita domiciliaria, para que exhiban en las oficinas del propio Instituto, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran; • Autorizar el registro a los contadores públicos, para dictaminar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y comprobar que cumplan con los requisitos exigidos al efecto en el reglamento respectivo; • Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor del Instituto, cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro o la incosteabilidad del mismo. La cancelación de estos créditos no libera al deudor de su obligación de pago; • Celebrar convenios con entidades o instituciones extranjeras para la asistencia técnica, intercambio de información relacionada con el cumplimiento de sus objetivos y la atención de derechohabientes, bajo el principio de reciprocidad, con las restricciones pactadas en los convenios
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que al efecto se suscriban, los cuales invariablemente tendrán una cláusula de confidencialidad y no difusión; • Celebrar convenios de cooperación e intercambio en materia de medicina preventiva, atención médica, manejo y atención hospitalaria y rehabilitación de cualquier nivel con otras instituciones de seguridad social o de salud de los sectores públicos federal, estatal o municipal o del sector social; • Celebrar convenios de reconocimiento de adeudos y facilidades de pago, relativos a cuotas obrero patronales, capitales constitutivos, actualización, recargos y multas; aprobar el cambio de garantía de dichos convenios, y la cancelación, de conformidad con las disposiciones aplicables, de créditos fiscales a favor del Instituto y a cargo de patrones no localizados o insolventes de acuerdo a los montos autorizados por el Consejo Técnico del Instituto; • Tramitar y, en su caso, resolver el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 294 de Ley del Seguro Social, así como los recursos previstos en el Código, respecto al procedimiento administrativo de ejecución; • Declarar la prescripción de la obligación patronal de enterar las cuotas obrero patronales y los capitales constitutivos, cuando lo soliciten los patrones y demás sujetos obligados, en los términos del Código; • Prestar servicios a quienes no sean sus derechohabientes, a titulo oneroso, a efecto de utilizar de manera eficiente su capacidad instalada y coadyuvar al financiamiento de su operación y mantenimiento, siempre que ello no represente menoscabo en la calidad y calidez del servicio que debe prestar a sus derechohabientes, y • Las demás que le otorguen esta Ley, sus reglamentos y cualquier otra disposición aplicable. De tal suerte que las aportaciones de seguridad social, también por ministerio de ley, es decir, por así establecerlo la Ley del Seguro Social y el Código Fiscal de la Federación, son contribuciones federales. CAPITULO IV INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES (Infonavit) Introducción
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Los recursos de los trabajadores que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) capta, tienen como fin primario dotar de vivienda digna a los mismos, pero considerando que no es posible otorgar vivienda a todos ellos, dados los limitados recursos existentes, entonces los recursos que los patrones han aportado por concepto de vivienda en favor de los trabajadores, deben servir para beneficiarlos al momento de obtener una pensión, cuando lleguen a la edad de retiro. Sin embargo, esta circunstancia, que no es muy conocida entre los trabajadores, ha sufrido diversos cambios en el transcurso del tiempo, lo que ha generado gran confusión. Etapas histórico-financiera del Infonavit El 24 de abril de 1972 se creo el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y se modificó la Ley del Trabajo para establecer que los trabajadores tendrán derecho a retirar periódicamente el fondo constituido a su favor en los diez años anteriores (Reforma a la Ley del Infonavit de 1982). El 7 de enero de 1982 se publicaron reformas a la Ley del lnfonavit y la Ley Federal del Trabajo para derogar el derecho a retirar periódicamente los fondos (justo en el momento en que se iban a poder realizar los retiros). Cabe señalar que hasta el 30 de abril de 1992 el Infonavit pagó tasas reales muy negativas. Los únicos supuestos para la devolución de recursos eran las pensiones definitivas, en los cuales se entregaban los depósitos más otra cantidad igual a la depositada. Así lo establecía el artículo 40 de la Ley del Infonavit; que en los casos de jubilación o incapacidad permanente, se entregaría al trabajador el total de los depósitos que tenga a su favor en el Infonavit, además de una cantidad adicional igual a sus depósitos. En el supuesto de muerte, dicha entrega se haría a sus beneficiarios. Por su parte, el artículo 59 de la mencionada ley establecía que el trabajador con 50 años cumplidos o más de edad y que deje de estar sujeto a una relación laboral, tendrá derecho a optar por la devolución de sus depósitos o por la continuación de sus derechos (Reforma a la Ley del Infonavit de 1992). Del 1° de mayo de 1992 al 30 de junio de 1997 las aportaciones de los patrones al Fondo Nacional de la Vivienda se efectuaron mediante el depósito de los recursos correspondientes en instituciones de crédito, para su abono en las subcuentas de vivienda de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro abiertas a nombre de los trabajadores, previstas en la Ley del Seguro Social.
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Los intereses a favor del trabajador estaban en función del remanente de operación del lnfonavit y se pagaron tasas reales negativas o muy cercanas a cero (artículo 34). La entrega de estos depósitos se realizaba cuando el trabajador cumplía 65 años o adquiría el derecho a disfrutar de una pensión en edad avanzada, vejez, invalidez, incapacidad permanente total o parcial del 50% o más o de algún plan de pensiones; en estos supuestos el Infonavit le entregaba los fondos en una sola exhibición (artículo 40). Reforma a la Ley de Infonavit de 1997 El 1° de julio de 1997 se reformó la Ley del Infonavit y en su artículo noveno transitorio se prescribió que las instituciones de crédito que estuvieran operando subcuentas de vivienda de las cuentas individuales de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con anterioridad al 1° de julio de 1997, deberían abstenerse de seguir captando nuevas subcuentas. La información sobre los saldos de las subcuentas de vivienda, serian proporcionadas a las Afores, las que los mantendrían registrados en las subcuentas de vivienda. Los recursos del Infonavit de 1992 al 30 de junio de 1997 se entregan actualmente al trabajador o a sus beneficiarios, siempre que obtengan del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) una resolución definitiva o de negativa de pensión por retiro, edad avanzada y vejez, así como aquellos que adquieran el derecho a disfrutar de un plan de pensiones establecido por su patrón o derivado de contratación colectiva, de conformidad con las Leyes de Seguro Social de 1973 y 1997, en una sola exhibición. Estos trabajadores podrán requerir a la Afore la entrega de los mismos, mediante la presentación de una solicitud de disposición de recursos, debidamente requisitada que les proporcionará la Afore (Circular CONSAR 31-1, “Reglas generales que establecen los procesos a los que deberán sujetarse las Afores y las empresas operadoras de la base de datos nacional SAR, para la disposición total y transferencia de los recursos depositados en las cuentas individuales de los trabajadores”). Nueva subcuenta de vivienda Con la vigencia de las reformas a la Ley del Infonavit, el artículo 29, fracción II, de su ley determina que el monto de las aportaciones del 5% sobre el salario de los trabajadores, se abonará en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores. El artículo 38 de la Ley del Infonavit establece que las Afores deberán informar a cada trabajador el estado de su subcuenta de vivienda por los
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menos una vez al año; por su parte, el trabajador tendrá derecho, en todo momento, a solicitar información a las Afores sobre el monto de las aportaciones registradas a su favor. La información anterior también podrá solicitarla el trabajador a través del Infonavit o del patrón que preste sus servicios. El artículo 40 de la ley de referencia señala que los fondos de la subcuenta de vivienda que no hubieran sido aplicados a un crédito habitacional, serán transferidos a las Afores para la contratación de una pensión de invalidez, vida, retiro, edad avanzada y vejez y planes de pensiones privados. En atención a lo anterior, el trabajador o sus beneficiarios deberán solicitar al Infonavit la transferencia de los recursos de la subcuenta de vivienda a las Afores. El Instituto podrá convenir con el IMSS los términos y requisitos para simplificar y unificar los procesos para autorizar la disponibilidad de los recursos. Es decir, los recursos de la nueva subcuenta de vivienda ya no se van a entregar como anteriormente se había establecido en una sola exhibición cuando el IMSS determinará una pensión de la edad avanzada o vejez; ahora estos recursos van a formar parte de las propias pensiones. Ahora bien, según lo establece el artículo 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Linfonavit), dicha institución tiene el carácter de organismo fiscal autónomo, al igual que el Instituto Mexicano del Seguro Social, destacando las siguientes atribuciones: • Determinar, en caso de incumplimiento, el importe de las aportaciones patronales y de los descuentos omitidos, así como calcular su actualización y recargos que se generen, señalar las bases para su liquidación, fijarlos en cantidad liquida y requerir su pago. Para este fin podrá ordenar y practicar, con el personal que al efecto designe, visitas domiciliarias, auditorias e inspecciones a los patrones, requiriéndoles la exhibición de libros y documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones que en materia habitacional les impone la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. • Las facultades del Instituto para comprobar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, así como para determinar las aportaciones omitidas y sus accesorios, se extinguen en el término de cinco anos no sujeto a interrupción contado a partir de la fecha en que el propio Instituto tenga conocimiento del hecho generador de la obligación. El plazo solo se suspenderá cuando se interponga el recurso de inconformidad previsto en Ley del Instituto del Fondo Nacional de la
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Vivienda para los Trabajadores o se entable juicio ante el Tribunal Federal de justicia Fiscal y Administrativa. • Recibir en sus oficinas o a través de las entidades receptoras, los pagos que deban efectuarse conforme a lo previsto por este artículo. • Las entidades receptoras son aquellas autorizadas por los institutos de seguridad social para recibir el pago de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previsto en la Ley del Seguro Social, de aportaciones y descuentos de vivienda al Fondo Nacional de la Vivienda y de aportaciones voluntarias. • El Instituto deberá abonar a la subcuenta de vivienda del trabajador el importe de las aportaciones recibidas conforme a este artículo, así como los intereses determinados de conformidad a lo previsto en el artículo 39, que correspondan al periodo de omisión del patrón. En caso de que no se realice el abono dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de cobro efectivo, los intereses se calcularan hasta la fecha en que éste se acredite en la subcuenta de vivienda del trabajador; • Realizar por si o a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico el cobro y la ejecución correspondiente a las aportaciones patronales y a los descuentos omitidos, sujetándose a las normas del Código Fiscal de la Federación; • Resolver en l0s casos en que así proceda, los recursos previstos en el Código Fiscal de la Federación relativos al procedimiento administrativo de ejecución, así como las solicitudes de prescripción y caducidad planteadas por los patrones; • Requerir a los patrones que omitan el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley establece, la información necesaria para determinar la existencia o no de la relación laboral con las personas a su servicio, así como la que permita establecer en forma presuntiva y conforme al procedimiento que al efecto el Instituto señale, el monto de las aportaciones omitidas. • La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y el Instituto, indistintamente, sancionarán aquellos casos en que el incumplimiento de las obligaciones que la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establece, origine la omisión total o parcial en el pago de las aportaciones y el entero de los descuentos, en los términos del Código Fiscal de la Federación. • Previa solicitud del Instituto, la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Instituto Mexicano del Seguro Social y las autoridades fiscales locales,
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en los términos de los convenios de coordinación que al efecto se celebren, indistintamente y conforme a las disposiciones legales aplicables, están facultados para determinar, en caso de incumplimiento, el importe de las aportaciones patronales y de los descuentos omitidos. • Para estos efectos, podrán ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorias e inspecciones a los patrones y requerir la exhibición de los libros y documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones que en materia habitacional les impone la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. • Determinar la existencia, contenido y alcance de las obligaciones incumplidas por los patrones y demás sujetos obligados en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y demás disposiciones relativas, para lo cual podrá aplicar los datos con los que cuente, en función del ultimo mes cubierto o con apoyo en los hechos que conozca con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación de que goza como autoridad o bien a través de los expedientes o documentos proporcionados por otras autoridades fiscales; • Ordenar y practicar, en los casus de sustitución patronal, las investigaciones correspondientes así como emitir los dictámenes respectivos; • Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias respectivas; • Hacer efectivas las garantías del interés fiscal ofrecidas a favor del Instituto, incluyendo fianza, en los términos del Código Fiscal de la Federación; • Conocer y resolver las solicitudes de devolución y compensación de cantidades pagadas indebidamente o en exceso, de conformidad a lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias, y • Las demás previstas en la Ley.
CAPÍTULO V GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS CONVENIOS DE ADHESIÓN (SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL)
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Introducción Es necesario abordar el régimen financiero del Estado para dejar en claro los diversos mecanismos e instrumentos que utiliza para allegarse recursos pecuniarios, con el fin de subsistir y, sobre todo, de poder cumplir sus múltiples tareas públicas. Esta actividad cada vez resulta más compleja ante el desmedido crecimiento demográfico, la falta de fuentes de trabajo para la población económicamente activa, una deuda pública agobiante e imposible de saldar, así como la notable y dañina desviación de recursos oficiales por parte de servidores del Estado, factores que repercuten negativamente en la satisfacción equitativa de las necesidades y demandas sociales. Sin perder de vista que hoy en día el tema de las finanzas públicas es abordado como un paso necesario y de orden metodológico, para conocer el género de los ingresos y egresos del Estado, y por consiguiente comprender que la especie Derecho Fiscal constituye una rama del Derecho Financiero, así como por su propia evolución científica se ha preferido estudiarlo por separado. Es importante comentar que las finanzas públicas están enmarcadas en el Estado, y que éste se encuentra estructurado por el Derecho y sujeto al principio de legalidad. Esto supone que el Poder Público solo puede actuar en aquello que esta expresamente autorizado por la Ley en interés de la satisfacción de los objetivos sociales. Por lo tanto, al estudio de los ingresos y de los gastos públicos se le denomina también Hacienda Pública. EI Sistema Nacional y Estatal de Coordinación Fiscal 1. EI problema de la doble tributación Sin duda, la concurrencia tributaria entre la Federación, las entidades federativas y los municipios sobre las mismas fuentes, actos u objetos gravables conduce al serio problema de la doble tributación en perjuicio de la economía de los contribuyentes. La doble tributación sobre la misma fuente exige el mismo sujeto pasivo y el mismo objeto en la relación fiscal y, en el caso del articulo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que establece el impuesto sobre dividendos, no puede ser el mismo sujeto pasivo el socio que la sociedad, ya que aun cuando aquél integra ésta, ambos tienen personalidad jurídica distinta, y la sociedad, aún siendo una ficción, puede ser gravada por la utilidad que percibe como tal, y el socio por los dividendos que obtiene. No debe olvidarse que no toda la utilidad de la sociedad se traduce en dividendos para los socios, ya que éstos pueden disponer que determinada parte se reinvierta en la sociedad y solo se les
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distribuya otra, no tratándose, por tanto, de una doble tributación sobre la misma fuente. Como una consecuencia lógica de nuestro sistema constitucional, tan impreciso para el ejercicio de la potestad tributaria de los tres ámbitos políticos de gobierno que existen en México, sobre todo por la carencia de reglas claras y especificas para delimitar los campos de acción y las materias que pueden ser gravadas por cada una de las instancias competenciales en cuestión, sucede con gran frecuencia que dos o más sujetos activos establezcan dos o más contribuciones sobre un mismo ingreso o capital, de tal manera que una misma llave impositiva puede estar gravada por dos o más entidades federativas o por una de éstas y por la Federación y los municipios a la vez; complejo asunto que en el fondo representa una notable injusticia contributiva, con repercusiones negativas para la economía pública. Es tendencia de la política fiscal de la mayoría de los países, entre ellos el nuestro, evitar la doble tributación precisamente para realizar la justicia fiscal; para lograrlo, infinidad de países han celebrado convenciones, convenios y modus vivendi, y existen normas de derecho que buscan evitar la doble tributación. Sin embargo, en ocasiones, la doble tributación es conscientemente buscada por el legislador para lograr diversos fines, por ejemplo: graduar la imposición o hacerla mas fuerte a través de gravámenes que se complementen, en lugar de aumentar las cuotas del primeramente establecido; buscar un fin social extra fiscal; lograr una mayor equidad en la imposición, tomando en cuenta la distinta capacidad contributiva de los sujetos pasivos, y aun tratar de captar un aumento en el ingreso con mayor comodidad para la administración pública. En nuestra propia legislación positiva existen normas que tratan de evitar la doble tributación y otras que claramente dan lugar a ella. Sin embargo, no puede decirse que por el solo hecho de que un determinado impuesto dé lugar a una doble tributación, por ello sea inconstitucional. Podrá contravenir una sana política tributaria o un principio de buena administración fiscal, pero no existe disposición constitucional que lo prohíba. Lo que la norma constitucional prohíbe, en su artículo 31, fracción IV, es que los tributos sean exorbitantes o ruinosos, que no estén establecidos por ley o que no se destinen para gastos públicos; pero no que haya doble tributación. En resumen, una misma fuente de ingresos puede estar gravada por uno o más tributos, sin contradecir por ello la Constitución; lo que podría violar la Carta Magna es que con diversos tributos se rompa la proporcionalidad y equidad que deben satisfacer.
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En la fracción XXIX del articulo 73 Constitucional se indica una serie de fuentes de riqueza que solo pueden ser gravadas por la Federación y que, por ende, están vedadas a la potestad hacendaria de los estados y municipios. Sin embargo, con base en la fracción VII del mismo articulo 73, la Federación puede decretar otras contribuciones sobre fuentes distintas a las mencionadas en la fracción XXIX antes mencionada; las cuales, al no estar prohibidas a los fiscos estatales y municipales, se convierten en campo propicio para la doble tributación. El problema ha tratado de resolverse a través de la Ley de Coordinación Fiscal, que tiende a la creación de impuestos federales únicos, en cuyos rendimientos se concede una participación porcentual a entidades y municipios. La doble tributación se presenta cuando una misma fuente es gravada con dos o más impuestos, ya sea que los establezca una misma entidad, o bien porque concurren en esa fuente dos o más autoridades fiscales de distinto orden de gobierno, y se puede presentar bajo los siguientes aspectos: • Cuando una misma entidad impositiva (Federación, Estado o Municipios) establece dos o más gravámenes sobre una misma fuente de impuesto. • Cuando concurren en una misma fuente dos Estados soberanos. • Cuando en los Estados Federales gravan la misma fuente la Federación y los Estados que la integran. • Cuando concurren en el gravamen los Estados miembros de la Federación y los Municipios que los integran. La regla general es que debe evitarse la doble imposición porque resulta contraria al principio de justicia, pues la fuente doblemente gravada se encontrara en situación de desigualdad frente a otras gravadas con un solo impuesto, y porque constituye un obstáculo para el desarrollo económico de un país; pero hay ocasiones en que la doble imposición es querida por el legislador por diversas razones, que pueden ser: a) Lograr determinado fin social, por ejemplo, evitar la salida de capitales producidos en el país que serian gastados en el extranjero; b) Graduar la imposición o hacerla más fuerte a través de dos gravámenes que se complementan, en vez de aumentar las cuotas de uno de ellos; c) Dar a un impuesto semipersonal el carácter de personal; y
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d) Perseguir una mayor equidad en la imposición, teniendo en cuenta la diversa capacidad productiva de los individuos y de las personal industriales y comerciales. El segundo caso general de doble imposición ocurre entre Estados soberanos que gravan una misma fuente impositiva. Esto sucede, por ejemplo, cuando una persona obtiene rentas de fuentes ubicadas en México y se encuentra domiciliada en el extranjero; por consiguiente, esta sujeta al impuesto sobre la renta tanto en el país de origen de las rentas como en el de residencia. En la doctrina del Derecho Fiscal se ha tratado de distinguir lo que debe entenderse por fuente y objeto de los tributes. En este sentido, la fuente de una contribución es la actividad económica considerada en sus diversas etapas o facetas que la componen, susceptible de ser gravada en lo general o por facetas (producción, distribución, comercialización y consumo). Por el contrario, el objeto constituye el ingreso, rendimiento o utilidad específicamente gravados por el legislador provenientes de una actividad económica o de cualquiera de sus facetas. Lo anterior da origen a una relación de género a especie entre la fuente y el objeto. Por consiguiente, la doble tributación tiene por fuerza que hacer referencia al ingreso, a la utilidad o al rendimiento gravables, debido a que los mismos, al ser objeto de dos o mas impactos tributarios, disminuyen en tal forma el ingreso bruto que dejan al contribuyente una percepción neta tan escasa o nula que da pie para sostener que se le esta obligando a contribuir de manera exorbitante o ruinosa, es decir en una proporción que va más allá de su verdadera capacidad económica. Con base en lo anterior, podernos establecer las siguientes hipótesis o casos de doble tributación: a) Cuando un mismo sujeto activo establece más de un gravamen sobre el mismo objeto; b) Cuando dos o más sujetos activos establecen más de un tributo sobre el mismo objeto; y c) Cuando dos o más sujetos activos establecen dos o más gravámenes cada uno de ellos sobre el mismo objeto. Como factores negativos que son notables en el problema de la doble tributación, existen los siguientes:
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• Es injusta para el contribuyente porque lo obliga a sacrificar sus ingresos más allá de sus posibilidades económicas, de tal manera que puede conducirlo a la quiebra, al fuerte endeudamiento o a su descapitalización en la industria, el comercio, en la prestación de servicios o por percibir cualquier otro ingreso, utilidad o ganancia. • Es inconstitucional, porque indiscutiblemente viola las máximas de proporcionalidad y equidad; en el primer supuesto se obliga a tributar más allá de su capacidad contributiva, y en el segundo supuesto queda en desventaja frente a los que solamente soportan un tributo por sus ingresos, utilidades o ganancias, no respetándose la generalidad o igualdad en las obligaciones tributarias. • Es antieconómica tanto para el fisco como para los contribuyentes, ya que en el primer caso se ahuyenta a las actividades productivas de la población a grado tal que muchas empresas pueden declararse en quiebra, o cambiar de país o entidad para buscar mejores oportunidades en la industria, en el comercio o en la prestación de servicios, que no tengan fuertes cargas impositivas, que estén exentas de ellas o simplemente que no sufran la doble tributación, fenómeno que como consecuencia lógica le resta ingresos a los Estados que padecen ese fenómeno negativo. Al ser antieconómicas para los particulares, propicia su ruina, y el empobrecimiento por las actividades que queden sujetas a la doble tributación. • Conduce a la evasión fiscal, toda vez que en esas condiciones los contribuyentes tratan de declarar ingresos menores a los percibidos, no registrarse o empadronarse ante el fisco por el temor de sufrir una doble tributación, no llevar registros contables, ni expedir notas de venta o factura, para que de esta forma las autoridades fiscales no conozcan a ciencia cierta sobre sus utilidades o ganancias. • Es símbolo de un sistema constitucional impreciso, desordenado e incongruente para el ejercicio de la potestad tributaria federal, estatal y municipal, lo que por conveniencia política y jurídica debe corregirse para hacer realidad la justicia contributiva en bien de las finanzas públicas. Por otra parte, la doble tributación se justifica cuando la obligación de aportar la contribución establecida en la ley reclamada no destruye la fuente que le da origen. 2. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal La concurrencia de facultades tributarias de la Federación y de las entidades federativas, no es la solución deseable para buscar un equilibrio y una plena justicia en el ejercicio de la potestad tributaria de dichas esferas de
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gobierno, pues se trata de un asunto que el Constituyente hasta nuestros días no ha logrado resolver, al no delimitar campos exclusivos de imposición de gobierno nacional y provincial. Los estudiosos del Derecho Fiscal mexicano a partir de los años veinte del siglo pasado, tuvieron como preocupación fundamental la de delimitar campos exclusivos de tributación para la Federación y para las entidades federativas, ante la conciencia de que si el problema derivaba del texto constitucional, que no hace una separación clara, explicita y justa de fuentes impositivas, la solución consistía en reformar la Carta Fundamental, con el objeto de establecer la correspondiente distribución de las materias gravables por cada una de dichas entidades políticas. Las particularidades de nuestro pacto federal en materia fiscal se han desarrollado gradualmente; durante el siglo pasado, en las Convenciones Nacionales Fiscales de 1925, 1933 y 1947, se observo una creciente centralización de la recaudación en la Federación. Este proceso culmino con la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y la introducción del impuesto al valor agregado en 1980, pues
entonces se eliminaron 18 impuestos federales y alrededor de 458 impuestos locales, lo que simplifico notablemente la carga fiscal para los contribuyentes, pero concentré la recaudación en el nivel federal. Asimismo, se celebraron entre la Federación y las entidades federativas los convenios de colaboración administrativa, respecto de tributos federales coordinados, como una nueva mecánica en la desconcentración administrativa fiscal federal, para que diversos actos relacionados con la determinación, requerimiento y control de obligaciones fiscales, así como la imposición de multas y recargos quedaran a cargo de las autoridades fiscales estatales, incluyendo los conducentes a las funciones de fiscalización, asistencia y consultas que formulen los contribuyentes, registro de los mismos, entre otras cuestiones. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es el régimen jurídico relativo a las participaciones de tributos y otros ingresos federales a favor de las entidades federativas y municipios, que incluye reglas sobre la colaboración administrativa, las conducentes a los organismos en materia de coordinación fiscal, y sobre los montos porcentuales que deben otorgarse a dichas entidades
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políticas, para que con ellos se fortalezcan sus respectivas haciendas publicas y se restrinja parcialmente el problema de la doble o triple tributación sobre los mismos ingresos u objetos gravables. Las participaciones federales son el resultado del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que, por un lado, busca instituir impuestos federales únicos en todo el territorio nacional, y por el otro, otorgar participaciones en el rendimiento de los mismos a las entidades federativas y municipios para fortalecer sus finanzas públicas. Como elementos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, es importante destacar los siguientes aspectos: a. Solo pueden existir por disposición de una norma constitucional debidamente reglamentada por la Ley Federal secundaria aplicable a la materia de que se trate. Es decir, quedan enmarcadas en el contexto del principio de legalidad. b. Presuponen la existencia de contribuciones y otros ingresos de naturaleza federal. c. Requieren la intervención de las entidades federativas en las funciones de recaudación y administración del tributo federal coordinado, previa autorización de la Secretaría de Hacienda. d. Otorgan a las entidades coordinadas una participación proporcional en los rendimientos fiscales obtenidos por la Federación. En esas condiciones, la coordinación tributaria deriva de un tratamiento constitucional y legal. En el párrafo final de la fracción XXIX-A del artículo 73 de la Constitución Federal se observa que: “Las Entidades Federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la Ley Secundaria Federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios en sus ingresos por concepto del Impuesto sobre Energía Eléctrica. En acatamiento a dicha norma constitucional se expidió la referida Ley Federal de Coordinación Fiscal, misma que se encuentra en vigor, y no obstante que el citado párrafo de nuestra Carta Magna se limita a unos cuantos impuestos especiales, en la práctica el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal viene operando respecto de todos aquellos tributos y otros ingresos que a la Federación le han parecido convenientes. Esto lo demuestra la misma ley, cuyos aspectos mas relevantes son los siguientes:
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ART. 1°.— Esta ley tiene por objeto coordinar el Sistema Fiscal de la Federación con las de los Estados, Municipios y Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento. Cuando en esta ley se utilice la expresión “Entidades”, esta se referiré a los Estados y al Distrito Federal. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público celebrara convenio con los Estados que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que establece esta ley. Dichos Estados y el D. F. participaran en el total de impuestos federales y en los otros ingresos que señale esta ley mediante la distribución de los fondos que en la misma se establecen. Los organismos en materia de coordinación fiscal federal que deben participar en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal son: la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales; la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) y la junta de Coordinación Fiscal. La coordinación fiscal ofrece la ventaja de que al impedir la existencia de tributos locales sobre ingresos gravados por la Federación, evita la concurrencia fiscal y con ello la doble tributación, proveyendo al mismo tiempo de recursos tributarios a las entidades federativas y a los municipios, que de otra suerte enfrentarían una grave situación financiera, por la carencia de ingresos propios y suficientes para cubrir el gasto público. Sin embargo, debe existir una tendencia real al federalismo, es decir, permitir a las entidades federativas establecer las contribuciones que les permitan su propia subsistencia, sin necesidad de esperar las participaciones de la Federación, y hacer congruente la expresión de Estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior. Dicha coordinación lleva en contrapartida una gran desventaja, pues propicia la agudización del centralismo político fiscal, opuesto en esencia al mencionado federalismo que se contiene en los artículos 40 y 42 de la Ley Suprema. Al no ir a tono lo anterior con nuestro marco constitucional, si los gobiernos locales y municipales siguen cediendo y consintiendo o perdiendo autoridad, a la larga puede imponerse un régimen tributario en el que solo subsistan contribuciones federales y una serie de participaciones en su rendimiento para los estados y municipios, a manera de donaciones graciosas, lo que viene a representar el principal sustento de los presupuestos de egresos de estas ultimas entidades políticas.
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3. El Sistema Estatal de Coordinación Fiscal Tiene por objeto regular las actividades fiscales estatales y municipales, establecer las bases de calculo para la distribución de participaciones de tributos y otros ingresos federales y locales, distribuir dichas participaciones entre los municipios, fijar reglas de colaboración administrativa y constituir los organismos en materia de coordinación fiscal de ambas esferas de gobierno, Esas reglas están definidas en la Ley de Coordinación Fiscal de cada una de las entidades federativas, que ha sido expedida por sus legislaturas locales, en congruencia con los objetivos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que pretende, sobre todo, fortalecer la economía regional y en particular la de los municipios del país. Las participaciones del Fondo General de Participaciones, extraído de la Recaudación Federal Participable, se determinarán para cada municipio anualmente hasta una cantidad igual a la que haya resultado para cada caso en el ano anterior; además, se les asignara el incremento respectivo que se apruebe de la siguiente forma: un 40% en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio; otro 40% en proporción directa al incremento relativo de la recaudación realizada de sus impuestos y derechos en el año precedente; y el 20% restante se asignará en proporción inversa a la participación por el número de habitantes, siguiendo las indicaciones de la Ley de Coordinación Fiscal. Las participaciones federales que correspondan a los municipios de los fondos que establece dicha ley, se calcularán por cada ejercicio, y se harán las entregas respectivas a cada uno de ellos mensualmente, siguiendo los lineamientos de la Ley Federal de Coordinación Fiscal. En cuanto a los impuestos estatales sobre tenencia o uso de vehículos automotores, y sobre adquisición de vehículos automotores usados, los municipios de la entidad federativa recibirán el 2º0% de lo recaudado, tomando en consideración los puntos respectivos de cada uno de ellos. En relación con el impuesto estatal sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos con cruce de apuestas, para otorgar las participaciones a los municipios se constituirá un fondo con el 50% de las cantidades recaudadas mensualmente por concepto del mismo. Los convenios de colaboración administrativa celebrados entre el Ejecutivo estatal, por conducto de las respectivas Secretarias de Finanzas de cada entidad, y los municipios, comprenderán los siguientes aspectos: • Registro de contribuyentes; • Recaudación;
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• Notificación y cobranza de tributos; • Informática; • Asistencia al contribuyente; consultas y autorizaciones; • Comprobación del cumplimento de las disposiciones fiscales; • Determinación de tributos y sus accesorios legales; • Imposición y condonación de multas; • Tramitación y resolución de recursos administrativos e intervención en juicios de naturaleza fiscal municipal. Cabe aclarar que dichos convenios en la practica, en el Estado de México, se han celebrado en cuestión con el impuesto predial y los derechos sobre agua potable y drenaje, pues el gobierno de esa entidad colabora administrativamente con los municipios en los diversos rubros que se han citado, además de brindarles accesoria técnica y profesional a sus servidores públicos para elevar la calidad del fisco municipal. Tales acuerdos de voluntad se han verificado temporalmente, toda vez que la mayoría de los municipios están asumiendo en un 100% la responsabilidad de sus obligaciones administrativas tributarias. Por su parte, la Ley de Coordinación Fiscal establece la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, regulándolo de la siguiente manera: Art. 10.- Las Entidades que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir las participaciones que establezca esta Ley, lo harán mediante convenio que celebren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá ser autorizado o aprobado por su legislatura. También, con autorización de la legislatura podrán dar por terminado el convenio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de la Entidad de que se trate, ordenarán la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de la Entidad, respectivamente, del convenio celebrado, por el cual la Entidad se adhiera; del acto por el que se separe del sistema; y de los decretos de la Legislatura de la Entidad por los cuales se autoricen o se aprueben dichos actos, que surtirán efectos a partir del día siguiente a la publicación que se efectúe en último lugar. La adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal deberá llevarse a cabo integralmente y no sélo en relación con algunos de los ingresos de la Federación.
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Las Entidades que no deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, participaran en los impuestos especiales a que se refiere el inciso 50 de la fracción XXIX, del articulo 73 constitucional, en los términos que establecen las leyes respectivas. ART. 1o-A.— Las entidades federativas que opten por coordinarse en derechos, no mantendrán en vigor derechos estatales o municipales por: I. Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en general concesiones, permisos o autorizaciones, o bien obligaciones y requisitos que condicionen el ejercicio de actividades comerciales o industriales y de prestación de servicios. Asimismo, los que resulten como consecuencia de permitir o tolerar excepciones a una disposición administrativa tales como la ampliación de horario, con excepción de las siguientes: a). Licencias de construcción. b). Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes publicas de agua y alcantarillado. c). Licencias para fraccionar o lotificar terrenos. d). Licencias para conducir vehículos. e). Expedición de placas y tarjeta para la circulación de vehículos. f). Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total o parcialmente con el público en general. g). Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas. II. Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a excepción de los siguientes: a). Registro Civil. b). Registro de la Propiedad y del Comercio. III. Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas. No se considerarán comprendidos dentro de lo dispuesto en esta fracción los derechos de estacionamiento de vehículos, el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos, ni por el uso o tenencia de anuncios.
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IV. Actos de inspección y vigilancia. Los derechos locales o municipales no podrán ser diferenciales considerando el tipo de actividad a que se dedique el contribuyente, excepto tratándose de derechos diferenciales por los conceptos a los que se refieren los incisos del a) al g) de la fracción I y la fracción III. Las certificaciones de documentos así como la reposición de éstos por extravío o destrucción parcial o total, no quedarán comprendidas dentro de lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo. Tampoco quedan comprendidas las concesiones por el uso o aprovechamiento de bienes pertenecientes a las Entidades Federativas o a los Municipios. En ningún caso lo dispuesto en este artículo, se entenderá que limita la facultad de los Estados y Municipios para requerir licencias, registros, permisos o autorizaciones, otorgar concesiones y realizar actos de inspección y vigilancia, Para el ejercicio de estas facultades no se podrá exigir cobro alguno, con las salvedades expresamente señaladas en este articulo. Para los efectos de coordinación con las Entidades, se consideraran derechos, aun cuando tengan una denominación distinta en la legislación local correspondiente, las contribuciones que tengan las características de derecho conforme al Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación. También se considerarán como derechos para los efectos de este artículo, las contribuciones u otros cobros, cualquiera que sea su denominación, que tengan la características de derechos de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, aún cuando se cobren por concepto de aportaciones, cooperaciones, donativos, productos, aprovechamientos o como garantía de pago por posibles infracciones. Asimismo, las entidades coordinadas deberán celebrar convenios de colaboración administrativa y fiscal, a través de los cualas las entidades federativas asumen el compromiso de coadyuvar con la Federación en la fiscalización de los impuestos que se destinen para efectos de la comprobación de las obligaciones fiscales.
CAPÍTULO VI LA DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL 1. Métodos implementados para la eliminación de la doble tributación internacional
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Los métodos de eliminación de la doble tributación internacional son fundamentalmente dos. Podemos decir que el primero de ellos lo constituye el método de la imputación. El Estado de residencia, como hemos mencionado, somete a gravamen todas las rentas de la persona, incluidas las que obtiene en el extranjero; tiene en cuenta los impuestos que el residente ha pagado en el país donde ha invertido, permitiéndole que se los deduzca o los reste del impuesto a pagar en su país. Este método solo elimina parcialmente la doble imposición, porque normalmente la deducción del impuesto pagado en el extranjero se permite solo hasta el límite del impuesto que le habría correspondido pagar de haberse realizado la inversión en el Estado de residencia. El otro método es llamado exención, pues el Estado de residencia permite que no se incluyan las rentas obtenidas en el extranjero, Con este sistema, la inversión realizada tributa solo en el Estado donde se hace la inversión. Por lo tanto, es más ventajoso este método para el contribuyente. En materia del impuesto sobre las ventas, el método utilizado es el de la exención para los artículos que se exporten, que se supone pueden ser afectados en el país consumidor con gravámenes semejantes. La doble tributación internacional es un obstáculo para el comercio internacional, pues encarece las inversiones exteriores. De ahí que los Estados tiendan a la neutralidad fiscal e intenten eliminarla mediante la aprobación de convenios o tratados. Para desarrollar una buena operación de inversión en el exterior, es necesario que el inversor conozca las alternativas que le permitan minimizar la carga tributaria, o al menos diferir en el tiempo el pago del impuesto. Normalmente, es importante tener en cuenta si el país donde se va a realizar la inversión es políticamente estable, si tiene un sano sistema financiero y un buen número de convenios para evitar la doble imposición, en especial con el país donde el inversor mantiene su residencia. De esta forma, el contribuyente puede planear la mejor forma de repatriar beneficios. Aunque también hay que señalar que por lo general los convenios contienen una cláusula que impide el mal uso o abuso de las estructuras del convenio. De igual forma, ha de estudiarse el tipo de estructura que conviene constituir. Una entidad holding que posea las acciones o participaciones de otras sociedades, puede recibir rentas de dividendos y de venta de acciones sin tributar por ellas. Un centro de financiación puede funcionar como un banco
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para el grupo, mejorando la gestión de sus recursos, optimizando sus excedentes de tesorería y financiando a las sociedades del grupo. Un centro de distribución o de comercio canaliza las ventas del grupo y centraliza las gestiones administrativas. El aspecto de la incidencia tributaria no es el factor primordial que tiene en cuenta im inversionista extranjero cuando decide llevar a cabo inversiones en el extranjero. Se convierte en una consideración importante cuando él puede escoger entre varios países, cuando cualquiera de ellos puede servir de base de operación para cubrir a más de un país en una región. Además, la carga impositiva constituye una de las consideraciones que hay que tener en cuenta y puede ser decisiva para determinar en case de duda el sitio de inversión. Como regla general, no debe ejercerse discriminación alguna contra las compañías extranjeras. Se debe tener especial consideración en lo que concierne a la doble tributación. En general es deseable que el inversionista extranjero pueda escoger la forma del negocio en el cual quiere tomar parte en el país donde va a invertir, sin que tenga que ocuparse demasiado de las diferentes cargas impositivas. Por otra parte, el país en cuestión tal vez desee canalizar las inversiones en determinadas formas, y por lo tanto usar sistemas de impuestos diferenciales. 2. Los convenios y tratados tendientes a la eliminación de la doble tributación internacional Constituyen los tratados o acuerdos bilaterales, al igual que los acuerdos multilaterales, la solución más adecuada para la solución de la doble tributación internacional. No obstante, en la práctica resulta bastante difícil, aunque no imposible, obtener acuerdos, especialmente multilaterales, sobre esta materia, debido a las dificultades de orden económico, político y jurídico. En estos acuerdos internacionales es posible acordar mecanismos de compensación tributaria para evitar o contrarrestar el doble gravamen, como los de reciprocidad, deducción, exención y crédito de impuestos. Asimismo, pueden establecerse exoneraciones totales o parciales de impuestos directos o indirectos, aun con base en la simple cooperación internacional. Pero la tarea o el papel primordial que deben desempeñar los acuerdos internacionales sobre esta materia, es buscar y adoptar criterios uniformes de
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gravabilidad que eviten la interferencia de diversas facultades impositivas y por ende la doble imposición económica internacional. Con todo, los Estados no adoptan un criterio uniforme con respecto a la gravabilidad, como seria el de gravar las rentas en el país donde se originen, es decir que la inversión solo tributa en el Estado donde se hace la inversión, independientemente del domicilio o residencia del sujeto beneficiado, propietario o poseedor. Esta norma general tiene algunas excepciones donde priva ya el estatuto personal, residencia o domicilio del sujeto, como sucede con los beneficios de las empresas de transporte internacional y con los dividendos. En estos casos, la renta se considera originada en el país del domicilio del sujeto. Podemos mencionar que nuestro país, en materia de convenios o tratados bilaterales o multilaterales tendientes a eliminar la doble imposición internacional, tiene una política bastante limitada. No obstante, como ejemplo puede citarse el tratado suscrito con el Uruguay, un Convenio sobre Aviación Civil, establece entre otras cosas la cooperación entre ambos Estados para el desarrollo de la aviación civil, sobre todo en lo relacionado con el servicio aéreo internacional. Dicho convenio, que en la actualidad es ley de la Republica de Panamá, en su artículo 17 establece lo siguiente: Las ganancias generadas por las líneas aéreas designadas de cada una de las Partes Contratantes dentro del territorio de la otra Parte Contratante con relación a la operación de los servicios acordados, estarán exentas de impuestos y cargos que podrían o deberían ser aplicados de acuerdo con las leyes de la otra Parte Contratante. Vemos que este artículo trata sobre la institución de la doble tributación internacional y que su función es básicamente eliminarla, es decir que aquellas ganancias o rentas que obtengan las líneas aéreas “designadas” de cada uno de los Estados, en el territorio del otro país estarán exentas de tributar o ser afectadas por impuesto alguno, de acuerdo con las leyes tributarias del otro país contratante del presente convenio. Igualmente, en el área países como Chile, Colombia, Canadá y México han celebrado convenios sobre la materia en estudio. Tal es el caso de los gobiernos de Chile y Canadá, que firmaron el 21 de enero de 1998 un convenio que busca evitar la doble tributación internacional y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos a la renta y al patrimonio. Cuando se realiza una inversión en otro país, las rentas que se obtienen pueden verse sometidas a doble imposición, es decir, pueden verse gravadas
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tanto por el Estado de la inversión como por el Estado del inversor. Esto ocurre porque los sistemas fiscales se solapan entre si. Los sistemas fiscales se basan en el principio de residencia y/o en el principio de la fuente. El criterio de la residencia implica que el Estado donde la persona tiene fijada la residencia grava toda su renta mundial. Por su parte, el principio de la fuente consiste en que el Estado somete a tributación todas las rentas con origen en su territorio. La aplicación conjunta de estos dos principios hace que ciertas rentas queden gravadas dos veces, en dos jurisdicciones distintas, y que se origine la doble imposición. Los métodos de eliminación de la doble imposición son fundamentalmente dos. En el método de la imputación, el Estado de residencia, que como hemos dicho somete a gravamen todas las rentas de la persona, incluidas las que obtiene en el extranjero, tiene en cuenta los impuestos que el residente ha pagado en el país donde ha invertido, permitiéndole que se los deduzca o los reste del impuesto a pagar en su país. Este método elimina solo parcialmente la doble imposición, porque normalmente la deducción del impuesto pagado en el extranjero se permite solo hasta el límite del impuesto que le habría correspondido pagar de haberse realizado la inversión en el Estado de residencia. En el método de la exención, el Estado de residencia permite que no se incluyan las rentas obtenidas en el extranjero. Con este sistema, la inversión tributa solo en el Estado donde se hace la inversión. Por tanto, es más ventajoso para el contribuyente que la imputación. Como apuntamos, la doble imposición es una traba para el comercio internacional que encarece las inversiones exteriores. De ahí que los Estados tiendan a la neutralidad fiscal e intenten eliminar la doble imposición mediante la aprobación de convenios. La inmensa mayoría de los convenios firmados por España, por ejemplo, recoge el método de la imputación. Para desarrollar una buena operación de inversión en el exterior, es necesario que el inversor conozca las alternativas que le permitan minimizar la carga tributaria, o al menos, diferir en el tiempo el pago del impuesto. Normalmente, es importante tener en cuenta si el país de inversión es políticamente estable, si tiene un buen sistema financiero y un buen numero de convenios para evitar la doble imposición, especialmente con el país donde el inversor mantiene su residencia. De esta forma, el contribuyente puede planificarse la mejor forma de repatriar beneficios. Aunque también hay que señalar que normalmente los
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convenios contienen una cláusula que impide el mal uso o abuso de las estructuras del convenio. Igualmente, ha de estudiarse el tipo de estructura que conviene constituir. Una entidad holding, que posea las acciones o participaciones de otras entidades, puede recibir rentas de dividendos y de venta de acciones sin tributar por ellas. Un centro de financiación puede funcionar como un banco para el grupo y mejorando la gestión de los recursos del grupo, optimizando sus excedentes de tesorería y financiando a las sociedades del grupo. Un centro de distribución o de comercio canaliza las ventas del grupo y centraliza las gestiones administrativas. Recientemente, España ha introducido en su legislación la figura de la entidad de tenencia de valores extranjeros. El régimen consiste, básicamente, en considerar exentas de tributación las rentas procedentes de las participaciones en sociedades extranjeras, ya se trate de dividendos, ya de plusvalías obtenidas por la entidad, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Es decir, es un sistema basado en el método de la exención. La introducción de estas holdings en el sistema español responde a la idea de atraer a España capitales extranjeros, así como otorgar a las filiales de empresas españolas que llevan a cabo actividades empresariales en el extranjero un trato igual o similar al que reciben las filiales de sociedades extranjeras que actúan en el mismo mercado. Para llevar al cabo la celebración de tratados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con la Unidad de Asuntos internacionales, que se encarga de coordinar y promover la política de la hacienda pública del país a nivel internacional y de impulsar iniciativas internacionales de cooperación y desarrollo económico de interés para México. Así, busca fortalecer las relaciones bilaterales de la SHCP, además de instrumentar y dar seguimiento a acciones de cooperación técnica y financiera con diferentes países para difundir en el mundo las políticas económicas y financieras de México, buscando promover a nuestro país como destino confiable de inversiones y compartir nuestras experiencias en el desarrollo y consolidación de políticas económicas y financieras sanas y sostenibles. Asimismo, pretende fomentar la integración económica y la cooperación de México, mediante la profundización de las relaciones económicas y financieras internacionales, en beneficio de las empresas mexicanas y de la consecución de los objetivos de desarrollo de nuestro país. En cuanto a la relación multilateral, la SHCP participa activamente en foros, iniciativas y comisiones multilaterales y regionales, con la finalidad de promover una mejor inserción de México en el proceso de globalización; incidir
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en la conformación de la nueva agenda internacional; impulsar un orden internacional mas equilibrado; y coadyuvar a un crecimiento estable y competitivo con un desarrollo incluyente y sustentable. Finalmente, la SHCP participa en organismos e instituciones financieras internacionales y regionales para promover los intereses de México, e incidir en sus agendas, apoyando de esta manera el desarrollo de nuestro país. Países con los que México tiene celebrados tratados para evitar la doble tributación 1. 18. 2. 19. 3. 20. 4. 21. 5. 22. 6. 23. 7. 24. 8, 25. 9. 26. 10. 27. 11. 28. 12. 29. 13. 30. 14. 31. 15. 32. 16. 33. 17. 34.
Alemania Israel Australia Italia Austria Japón Bélgica Luxemburgo Canadá Noruega Chile Nueva Zelanda Corea Países Bajos Dinamarca Polonia Ecuador Portugal España Reino Unido Estados
Unidos
República Checa Finlandia República Eslovaca Francia Rumania Grecia Singapur Hungría Suecia Irlanda Suiza Islandia Turquía
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Países con los que México tiene celebrados tratados de intercambio de información fiscal y financiera para evitar la evasión fiscal 1. Bélgica 2. Canadá 3. Corea 4. Chile 5. Ecuador 6. España 7. Estados Unidos de América 8. Finlandia 9. Francia 10. Israel 11. Italia 12. Noruega 13. Países Bajos 14. República Checa 15. Rumania 16. Singapur 17. Suecia
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LIBRO TERCERO
FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES FISCALES
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TÍTULO VI ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES FISCALES CAPÍTULO I FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES PRIMERA SECCIÓN REVISIONES FISCALES Las revisiones de carácter fiscal invariablemente conllevan cierta preocupación por haber incumplido, acaso involuntariamente, las disposiciones fiscales; en el particular, es importante destacar que las facultades de comprobación tienen los objetivos siguientes: • Comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados, han cumplido con las disposiciones fiscales. • Determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, • Comprobar la comisión de delitos fiscales, • Obtener información que podría ser proporcionada a otras autoridades fiscales. Para tales efectos, la autoridad cuenta con las siguientes facultades: • Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la presentación de la documentación que proceda, para la rectificación del error u omisión de que se trate, Revisiones de gabinete De oficio, las autoridades fiscales, al revisar las declaraciones presentadas por 1os contribuyentes, ya sea que se trate de las provisionales o anuales, están facultadas para rectificar los errores que encuentren, generalmente de tipo aritmético, por lo que requerirán al contribuyente para que 10s corrija y, en su caso, imponerle las multas que correspondan, además de la actualización y los recargos que se hubiesen causado.
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• Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisen, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran, Este tipo de revisiones son las llamadas de gabinete o escritorio, es decir que la revisión la efectúa la autoridad en sus oficinas, para lo cual mediara el requerimiento de la información de que se trate, generalmente la revisión de la contabilidad y de un periodo en concreto. Una vez terminada la revisión antes mencionada, la autoridad emitirá un oficio de observaciones, mismo que para esos efectos tiene como plazo máximo 12 meses, contados a partir de la fecha en que se notificó la orden de revisión de escritorio antes referida. Visitas domiciliarias • Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. Esta facultad es la denominada "Acto Extremo de Molestia"; en efecto, se trata de una de las facultades contempladas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que en la parte medular precisa lo siguiente: La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos [cursivas del autor]. Es decir, no cualquier autoridad puede realizar visitas domiciliarias, por lo que en el particular se está ante uno de los tres supuestos que prevé la Constitución Federal. La visita domiciliaria tiene por objeto acudir al domicilio fiscal del contribuyente, o en su defecto, donde realice las operaciones principales, obtenga la fuente de sus ingresos e incluso donde se encuentre. (Tomando en consideración lo establecido en los artículos 9 y 10 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a residencia y domicilio fiscal.) Sobre el particular es importante destacar que al ser un acto extremo de la autoridad, debe estar debidamente regulado, por lo que la visita domiciliaria tendrá que desarrollarse conforme a l0 siguiente:
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• Constar por escrito en documento impreso o digital. • Señalar la autoridad que lo emite. • Señalar lugar y fecha de emisión. • Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. • Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalaran los datos suficientes que permitan su identificación. • El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. • E1 aumento de lugares a visitar deberá notificarse al visitado. • El nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita, las cuales podrán ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su número, en cualquier tiempo por la autoridad competente. • La sustitución o aumento de las personas que deban efectuar la visita se notificaré al visitado. • Las personas designadas para efectuar la visita la podrán hacer conjunta o separadamente, • Tratándose de las visitas domiciliarias a que se refiere el articulo 44 del Código Fiscal de la Federación, las órdenes de visita deberán contener impreso el nombre del visitado, excepto cuando se trate de ordenes de verificación en materia de comercio exterior y se ignore el nombre del mismo. • En estos supuestos, deberán señalarse los datos que permitan su identificación, los cuales podrán ser obtenidos, al momento de efectuarse la visita domiciliaria, por el personal actuante en la visita de que se trate. • La visita se realizara en el lugar o lugares señalados en la orden de visita. • Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse Ia diligencia, no estuviere el visitado o su representante, dejaren citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su representante los esperen a la hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita; si no lo hicieren, la visita se iniciaré con quien se encuentre en el lugar visitado.
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• Si el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio después de recibido el citatorio, la visita podré llevarse a cabo en el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente y en el anterior, cuando el visitado conserve el local de éste, sin que para ello se requiera nueva orden o ampliación de la orden de visita, haciendo constar tales hechos en el acta que levanten, salvo que en el domicilio anterior se verifique alguno de los supuestos establecidos en el articulo 10 de este Código, caso en el cual la visita se continuaré en el domicilio anterior. • Cuando exista peligro de que el visitado se ausente o pueda realizar maniobras para impedir el inicio o desarrollo de la diligencia, los visitadores podrán proceder al aseguramiento de la contabilidad. • En los casos en que al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, descubran bienes o mercancías cuya importación, tenencia, producción, explotación, captura o transporte deba ser manifestada a las autoridades fiscales o autorizada por ellas, sin que se hubiera cumplido con la obligación respectiva, los visitadores procederán al aseguramiento de dichos bienes o mercancías, • Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal, los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar ante la persona c0n quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos, si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores l0s designaren, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita. • Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar donde se esté llevando a cabo la visita, por ausentarse de él antes de que concluya la diligencia o por manifestar su voluntad de dejar de ser testigo, en tales circunstancias la persona con la que so entienda la visita deberá designar de inmediato otros y ante su negativa o impedimento de los designados, los visitadores podrán designar a quienes deban sustituirlos. La sustitución de los testigos no invalida los resultados de la visita. • Las autoridades fiscales podrán solicitar el auxilio de otras autoridades fiscales que sean competentes, para que continúen una visita iniciada por aquéllas notificando al visitado la sustitución de autoridad y de visitadores. • Podrán también solicitarles practiquen otras visitas para comprobar hechos relacionados con la que estén practicando. • Los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal, están obligados a permitir a los visitadores
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designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales, de los que los visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo con sus originales se certifiquen por éstos y sean anexados a las actas finales parciales que levanten con motivo de la visita. También deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, discos, cintas 0 cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados. • Cuando los visitados lleven su contabilidad o parte de ella con el sistema de registro electrónico, o microfilmen o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general, deberán poner a disposición de los visitadores el equipo de cómputo y sus operadores, para que los auxilien en el desarrollo de la visita. • Cuando se de alguno de los supuestos que a continuación se enumeran, 1os visitadores podrán obtener copias de la contabilidad y demás papeles relacionados con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, para que, previo cotejo con los originales, se certifiquen por los visitadores • EI visitado, su representante o quien se encuentre en el lugar de la visita se niegue a recibir la orden, • Existan sistemas de contabilidad, registros o libros sociales, que no estén sellados, cuando deban estarlo conforme a las disposiciones fiscales. • Existan dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido, sin que se puedan conciliar con los datos que requieren los avisos o declaraciones presentados. • Se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido. • N0 se hayan presentado t0das las declaraciones periódicas a que obligan las disposiciones fiscales, por el periodo al que se refiere la visita. • L0s datos anotados en la contabilidad no coincidan o no se puedan conciliar con los asentados en las declaraciones o avisos presentad0s o cuando 1os documentos que amparen los actos o actividades del visitado no aparezcan asentados en dicha contabilidad, dentro del plazo que señalen las disposiciones fiscales o cuando sean falsos o amparen operaciones inexistentes. • Se desprendan, alteren o destruyan parcial o totalmente, sin autorización legal, los sellos o marcas oficiales colocados por los
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visitadores o se impida por medio de cualquier maniobra que se 1ogre el prop0sito para el que fueron colocados. • Cuando el visitado sea emplazado a huelga o suspensión de labores, en cuyo caso la contabilidad solo podrá recogerse dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la fecha señalada para el inicio de la huelga o suspensión de labores. • Si el visitado, su representante o la persona con quien se entienda la visita se niega a permitir a los visitadores el acceso a los lugares donde se realiza la visita; así como a mantener a su disposición la contabilidad, correspondencia o contenido de cajas de valores. • En los supuestos anteriores, se entenderá que la contabilidad incluye, entre otros, los papeles, discos y cintas, así como cualquier otro medio procesable de almacenamiento de dates. • En el caso de que 1os visitadores obtengan copias certificadas de la contabilidad por encontrarse el visitado en cualquiera de los supuestos antes mencionados, deberán levantar acta parcial al respecto, la cual deberé reunir los requisitos que establece el articulo 46 del Código Fiscal de la Federación, con la que podrá terminar la visita domiciliaria en el domicilio 0 establecimientos del visitado, pudiéndose continuar el ejercicio de las facultades de comprobación en el domicilio del visitado 0 en las oficinas de las autoridades fiscales, donde se levantara el acta final, con las mismas formalidades como si se realizara en el domicilio del visitado. • Lo antes señalado, no es aplicable cuando los visitadores obtengan copias de sólo parte de la contabilidad. En este caso, se levantará el acta parcial señalando los documentos de los que se obtuvieron copias, pudiéndose continuar la visita en el domicilio o establecimientos del visitado. • En ningún caso las autoridades fiscales podrán recoger la contabilidad del visitado. • Ahora bien, de toda visita en el domicilio fiscal se levantara acta en la que se hará constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores. • Los hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas hacen prueba de la existencia de tales hechos o de las omisiones encontradas, para efectos de cualquiera de las contribuciones a cargo del visitado en el periodo revisado. • Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se deberán levantar actas parciales, mismas que se
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agregarán al acta final que de la visita se haga, la cual puede ser levantada en cualquiera de dichos lugares. • En estos casos, se requeriré la presencia de dos testigos en cada establecimiento visitado en donde se levante acta parcial, cumpliendo al respecto con lo previsto en la fracción II del Artículo 44 del Código Tributario. • Durante el desarrollo de la visita los visitadores a fin de asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad, podrán, indistintamente, sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o en muebles, archiveros u oficinas donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia, previo inventario que al efecto formulen, siempre que dicho aseguramiento no impida la realización de las actividades del visitado. • Para los efectos antes mencionados, se considera que no se impide la realización de actividades cuando se asegure contabilidad o correspondencia no relacionada con las actividades del mes en curso y los dos anteriores. • En el caso de que algún documento que se encuentre en los muebles, archiveros u oficinas que se sellen, sea necesario al visitado para realizar sus actividades, se le permitirá extraerlo ante la presencia de los visitadores, quienes podrán sacar copia del mismo. • Con las mismas formalidades con las que se levanté el Acta Parcial de Inicio de la Visita Domiciliaria, se podrán levantar actas parciales o complementarias, tantas como sean necesarias, en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de una visita. • Una vez levantada el acta final, no se podrán levantar actas complementarias sin que exista una nueva orden de visita. • Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos u omisiones que puedan entraftar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los consignarán en forma circunstanciada en actas parciales. • De igual forma se consignarán en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. • En la ultima acta parcial que al efecto se levante, la autoridad deberá hacer mención expresa de tal circunstancia y entre ésta y el acta final, deberán transcurrir, cuando menos veinte días, durante l0s cuales el
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contribuyente podré presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal. • Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de este, se ampliaré el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días. • Es importante destacar que se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas antes referidas, si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los documentos, libros o registros de referencia o no señale el lugar en que se encuentren, siempre que éste sea el domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar su contabilidad o no prueba que éstos se encuentran en poder de una autoridad. • Tratándose de visitas relacionadas con el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 215 y 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Regimenes Fiscales Preferentes y Empresas Multinacionales), deberán transcurrir cuando menos dos meses entre la fecha de la ultima acta parcial y el acta final, pudiendo ampliarse dicho plazo por una sola vez por un plazo de un mes a solicitud del contribuyente. • Dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha de la ultima acta parcial, exclusivamente en los casos a que se refiere el párrafo anterior, el contribuyente podré designar un máximo de dos representantes, con el fin de tener acceso a la información confidencial proporcionada u obtenida de terceros independientes respecto de operaciones comparables que afecte la posición competitiva de dichos terceros. • La designación de representantes deberé hacerse por escrito y presentarse ante la autoridad fiscal competente. Se tendrá por consentida la información confidencial proporcionada u obtenida de terceros independientes, si el contribuyente omite designar, dentro del plazo conferido, a los citados representantes. Los contribuyentes personas físicas podrán tener acceso directo a la información confidencial a que se refiere este párrafo. • Presentada en tiempo y forma la designación de representantes por el contribuyente a que se refiere esta fraccion, los representantes autorizados tendrán acceso a la información confidencial proporcionada por terceros desde ese momento y hasta los cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la resolución en la que se determine la situación fiscal del contribuyente que los designo.
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• Los representantes autorizados podrán ser sustituidos por única vez por el contribuyente, debiendo éste hacer del conocimiento de la autoridad fiscal la revocación y sustitución respectivas, en la misma fecha en que se haga la revocación y sustitución. La autoridad fiscal deberá levantar acta circunstanciada en la que haga constar la naturaleza y características de la información y documentación consultadas por el o por sus representantes designados, por cada ocasión en que esto ocurra. El contribuyente 0 sus representantes no podrán sustraer o fotocopiar información alguna, debiéndose limitar a la toma de notas y apuntes. • El contribuyente y los representantes designados en los términos de esta fracción serán responsables hasta por un plazo de cinco anos contados a partir de la fecha en que se tuvo acceso a la información confidencial o a partir de la fecha de presentación del escrito de designación, respectivamente, de la divulgación, uso personal o indebido, para cualquier propósito, de la información confidencial a la que tuvieron acceso, por cualquier medio, con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación ejercidas por las autoridades fiscales. El contribuyente será responsable solidario por los perjuicios que genere la divulgación, uso personal o indebido de la información, que hagan los representantes a los que se refiere este párrafo. • La revocación de la designación de representante autorizado para acceder a información confidencial proporcionada por terceros no libera al representante ni al contribuyente de la responsabilidad solidaria en que puedan incurrir por la divulgación, uso personal o indebido, que hagan de dicha información confidencial. • Ahora bien, cuando resulte imposible continuar 0 concluir el ejercicio de las facultades de comprobación en los establecimientos del visitado, las actas en las que se haga constar el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal podrán levantarse en las oficinas de las autoridades fiscales. • En este caso se deberá notificar previamente esta circunstancia a la persona con quien se entiende la diligencia, excepto en el supuesto de que el visitado hubiere desaparecido del domicilio fiscal durante el desarrollo de la visita, • Asimismo, si al cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su representante, se le dejaré citatorio para que esté presente a una hora determinada del día siguiente, si no se presentare, el acta final se levantará ante quien estuviere presente en el lugar visitado; en ese momento cualquiera de los visitadores que haya intervenido en la visita, el visitado o la persona con quien se entiende la diligencia y los testigos firmaran el acta de la que se dejara copia al visitado.
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• Si el visitado, la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos no comparecen a firmar el acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentara en la propia acta sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma. • En cuanto a las actas parciales que se levanten en el transcurso de la visita, se entenderá que forman parte integrante del acta final de la visita aunque no se señale así expresamente. • Si de la revisión de las actas de visita levantadas y dramas documentación vinculada a éstas, se observa que el procedimiento no se ajusté a las normas aplicables, o a las disposiciones legales, que pudieran afectar la legalidad de la determinación del crédito fiscal, la autoridad podrá de oficio, por una sola vez, reponer el procedimiento, a partir de la violación formal cometida. • Concluida la visita en el domicilio fiscal, para iniciar otra a la misma persona, se requerirá nueva orden. En el caso de que las facultades de comprobación se refieran a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, solo se podrá efectuar la nueva revisión cuando se comprueben hechos diferentes a los ya revisados, • Por otra parte, cuando el contribuyente interponga algún medio de defensa, adjuntando documentos probatorios que en su oportunidad no hayan sido exhibidos y revisados por la autoridad fiscal durante el desarrollo de la revisión, dicha autoridad podrá revisarlos; salvo que la autoridad no haya objetado de falso el documento en el medio de defensa correspondiente, pudiendo haberlo hecho o bien, cuando habiéndolo objetado, el incidente respectivo haya sido declarado improcedente Ahora bien, en cuanto a la duración de la visita domiciliaria, esta se sujetara a lo siguiente: • Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectué en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plaza máximo de duce meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación [cursivas del autor]. • La conclusión en doce meses seré en todos los casos, excepto cuando: • Se trate de contribuyentes que integran el sistema financiero, así como de aquellos que consoliden para efectos fiscales de conformidad con el Titulo II, Capítulo VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
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• En estos casos, el plazo seré de dieciocho meses contado a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. • Por otro lad0, cuando sean contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite información a autoridades fiscales o aduaneras de otro país o este ejerciendo sus facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 86, fraccion XII, 215 y 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o cuando la autoridad aduanera esté llevando a cabo la verificación de origen a exportadores o productores de otros países de conformidad con los tratados internacionales celebrados por México. • En estos casos, el plazo será de dos años contados a partir de la fecha en la que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. Asimismo, los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, se suspenderán en los casos de: • Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga. • Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la sucesión. • Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente 0 cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que se le localice. • Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes 0 documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el peri0d0 que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste 0 atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses. En el caso de dos 0 mas solicitudes de información, se sumaran los distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año. • El plazo se suspenderá a partir de que la autoridad informe al contribuyente la reposicion del procedimiento. • Dicha suspensión no podrá exceder de un plazo de dos meses contados a partir de que la autoridad notifique al contribuyente la reposición del procedimiento.
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• Cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejercicio de sus facultades de comprobación por caso fortuito 0 fuerza mayor, hasta que la causa desaparezca, lo cual se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en la pagina de Internet del Servicio de Administración Tributaria. • Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos 0 actividades que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos. • Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita 0 no notifiquen el oficio de observaciones, 0 en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión. Dentro de las visitas domiciliarias, existe la posibilidad de que la autoridad tenga que concluir anticipadamente el acto de revisión, en los domicilios fiscales que haya ordenado, cuando el visitado se encuentre obligado a dictaminar sus estados financieros por contador publico autorizado o cuando el contribuyente haya ejercido la opción a que se refiere el párrafo quinto del articulo 32-A del Código Fiscal de la Federación. Esta conclusión anticipada no será aplicable cuando a juicio de las autoridades fiscales la información proporcionada en los términos del articulo 52-A del citado Código Tributario, por el contador público que haya dictaminado, no sea suficiente para conocer la situación fiscal del contribuyente, cuando no presente dentro de los plazos que establece el articulo 53-A, la información 0 documentación solicitada, ni cuando en el dictamen exista abstención de opinion, opinión negativa 0 salvedades, que tengan implicaciones fiscales. En todo caso, si se concluye anticipadamente la visita domiciliaria, se deberá levantar el acta respectiva, en la que se senalara el motivo de dicha conclusión. Tipos de visitas domiciliarias Entre la gama de visitas domiciliarias que al efecto practica la autoridad fiscal, es conveniente señalar que éstas no se realizan por capricho 0 al azar, pues existe todo un procedimiento para su realización; por ejemplo, en el caso de las visitas que efectúa la Administración General de Auditoria Fiscal Federal, éstas responden a los productos que son estudiados, valorados y concebidos como viables, ya sea por su naturaleza 0 por los antecedentes que se reportan,
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y solo en los casos que se confirmen, se toman las denuncias que al efecto se presenten, siendo responsable de elaborar los proyectos la Administración Central de Planeación y Programación de la citada Administración General. Podemos enumerar las visitas domiciliarias de la siguiente marnera; • • • • •
Visitas Visitas Visitas Visitas Visitas
domiciliarias domiciliarias domiciliarias domiciliarias domiciliarias
a renglones específicos. intermedias. integrales. profundas. por compulsa.
Visitas a renglones específicos Las visitas domiciliarias a rrrrglarws vspucfhcns pueden ubicarse por lo general como auditorias rápidas, ya que como su nombre lo indica, se trata de revisar algunos rubros concretos de la declaración del contribuyente y que básicamente llamaron la atención de la autoridad. También en este apartado pueden encuadrarse las visitas domiciliarias que se originan como consecuencia de los escritos de objeciones que presentan los sindicatos de las personas morales, que al revisar ellos mismos la citada declaración, presentan inconformidades en contra de algunas erogaciones que consideran ficticias o no estrictamente indispensables para los fines de la negociación. Es importante señalar que el escrito de objeciones formulado por el sindicato tiene la calidad de denuncia, por lo que una Vez presentada no es posible desistirse del mismo, lo que de todas formas conllevara la revisión de la autoridad fiscal. De igual forma, se habla de revisiones especificas cuando se trata de comprobar, entre otros conceptos: • • • •
El origen de saldos a favor, sobre los cuales se ha solicitado su devolución. La deducción de algún concepto. El origen de las pérdidas fiscales declaradas. Aplicación de subsidios.
Visitas intermedias Así se denomina a las visitas cuya finalidad es la revisar situaciones derivadas de los ingresos 0 deducciones de un contribuyente; generalmente responden a los programas de auditoria que al efecto se elaboran, tales como:
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• Programa de tarjetas de crédito. • Programas de importadores y exportadores. • Disminución dramática de ingresos. • Aumento sensible de las deducciones. • Discrepancia en ingresos reportados por clientes contra los declarados. • Discrepancia de deducciones reportadas por proveedores contra las declaradas. · Pérdidas fiscales declaradas reiteradamente. • Cambios constantes de domicilios. Visitas integrales Como su nombre lo indica, se trata de revisiones a toda la declaración del contribuyente, de un ejercicio, las cuales se derivan de los citados programas de auditoria, pero con la característica de que la exploración del cumplimiento de las obligaciones del contribuyente será mas minuciosa y detallada, abarcando desde luego las contribuciones propias, así como aquellas en que tenga participación solidaria como retenedor 0 recaudador. Visitas prnhznrlns Al igual que las anteriores, las visitas profundas abarcan toda la contabilidad del contribuyente, pero no se constriñen a un solo ejercicio fiscal, sino que pueden ampliarse hasta los últimos cinco ejercicios declarados, siempre y cuando no haya operado la caducidad a que alude el articulo 67 del Código Fiscal de la Federación. Visitas para compulsa La compulsa como tal, tiene la connotación de comprobar, cotejar o corroborar algunas circunstancias que durante el transcurso de una visita domiciliaria se hubiesen detectado, y sobre las cuales se ponga en duda su autenticidad, veracidad o cuantía, 0 que los datos no correspondan a las declaraciones de clientes y proveedores que se presentan. Dusizrmllo du In vista domiciliaria Como se ha comentado en otros apartados de esta sección, la visita domiciliaria se inicia con una orden, que debe ser expedida por la autoridad facultada para ello; en dicha orden se debe especificar lo siguiente: Contenido de la orden de visita domiciliaria: • Numero de la orden de visita domiciliaria. • Numero de expediente del contribuyente a visitar.
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• Numero del Registro Federal de Contribuyentes (solo podrá omitirse en el caso de que la autoridad desconozca la clave correspondiente). • Nombre de la autoridad que expide la orden de visita domiciliaria. • Nombre del contribuyente o destinatario de la orden. • Domicilio fiscal, donde ha de desarrollarse la visita domiciliaria, así como otros domicilios que pudiesen estar relacionados con el propio contribuyente visitado. • Facultades de la autoridad para practicar la visita domiciliaria (en esta parte se deben incluir las facultades que le otorgan la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; el Código Fiscal de la Federación; las leyes fiscales en la materia que se han de revisar; las atribuciones contenidas en la Ley del Servicio de Administración Tributaria, así como el Reglamento Interior del citado organismo y desde luego los acuerdos de delegación de facultades y el de circunscripción territorial, todo esto para establecer fehacientemente la competencia y facultades de las autoridades). • Especificación del 0 los ejercicios a revisar, así como el periodo que transcurre entre la conclusión del ultimo ejercicio y el inicio de las facultades de revisión. • Personal designado para practicar la visita domiciliaria. • Señalamiento de que el contribuyente deberé permitir el acceso a las instalaciones del visitado, cajas de seguridad, bodegas, azoteas, terrazas, cofres, archiveros, oficinas, cajas fuertes y en general, todo lo relacionado con las actividades que se relacionen con el giro del contribuyente. • La orden de referencia también contendré el apercibimiento de que de no permitir el acceso a todo lo antes mencionado, la autoridad podré hacer uso de las medidas de apremio que la ley le permite. • El horario en que se practicara la diligencia mencionada. • Además contendrá el nombre y puesto del funcionario que expide la orden de visita, asi como la firma de su puno y letra. Entrega de la orden de visita domiciliaria Los visitadores, al inicio de la diligencia de notificación de la orden de visita domiciliaria, requerirán la presencia del representante legal de la visitada 0 en su caso, de tratarse de personas físicas, el apersonamiento del destinatario de la orden, en caso de no encontrarse, no comparecer 0 no demostrar indubitablemente que se trata de la persona legitimada para recibir la orden, los visitadores le dejaren un citatorio, para que a una hora
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determinada del día siguiente, los espere para recibir la citada orden de visita domiciliaria. Es importante comentar que en esta parte, el personal actuante no ha asumido el papel de visitadores, ya que para tales efectos solo se apersonan uno o dos miembros del equipo que compone el grupo de visitadores, con lo cual pretenden que el factor sorpresa no se pierda; asi pues, únicamente mencionan que tienen un oficio que debe ser recibido por el representante legal de la negociación o el destinatario del documento. Si el representante legal no se encuentra, como ya se comento, los visitadores dejaren citatorio para que acuda a la cita del día siguiente ese representante y reciba el documento que se le pretende notificar. En caso de que no se presente el representante legal 0 el destinatario de la orden, la visita se iniciara con quien se encuentre, y por supuesto, ante la negativa de recibir la orden de visita de referencia, la autoridad podrá hacer uso de las medidas de apremio e incluso proceder por desacato a un mandamiento legitimo de autoridad competente, pudiendo asegurar la contabilidad para evitar su sustracción, deterioro o alteración. Únicamente podrán negarse a recibir la orden de visita domiciliaria, cuando se demuestre fehacientemente lo siguiente: • Que el domicilio anotado en la orden no corresponde al lugar en que se pretende practicar la visita domiciliaria, • Que el destinatario de la orden de visita domiciliaria no corresponde al que lleva impreso la orden de referencia. • Que el contribuyente hubiese presentado aviso de cambio de domicilio, previamente al inicio de facultades de comprobación. • Que quien se apersone al acto jurídico de notificación de la orden de visita domiciliaria, demuestre no tener ninguna relación de trabajo, parentesco o de cualquier forma con el visitado. • Que el visitado hubiese fallecido y que para tales efectos, no exista ninguna sucesión legal. En este punto resulta importante hacer las siguientes anotaciones: • En cuanto al poder que la autoridad fiscal exige y acepta para poder llevar al cabo la diligencia en comento, solamente serán los que dotan de calidad de actos de administración al representante legal o los de dominio, es decir, aquellos que otorgan facultades suficientes para la toma de decisiones o carácter de dueño de la negociación; esta situación tiene la finalidad de agilizar en su caso la corrección del contribuyente, sin necesidad de que el que se
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ostenta con una legitima representación, argumente que necesita consultar a otro para tomar una adecuada determinación. • Por lo que respecta a los días en que se pueden realizar las visitas domiciliarias, sin que exista una formula mágica, la verdad es que salvo que el contribuyente realice actividades fuera de los horarios normales 0 tradicionales de las demás negociaciones o en días considerados como inhábiles, las diligencias de notificación de las órdenes de visitas domiciliarias se efectuaran previendo la posibilidad de tener que dejar un citatorio, de la siguiente manera: • De lunes a jueves, de las 9:00 a las 18:00 horas; es decir, si el lunes dejan citatorio, el martes iniciaría la visita, del martes al miércoles, del miércoles al jueves y finalmente del jueves al viernes. • Es difícil que la autoridad ejerza sus facultades de visita domiciliaria en viernes, a menos que tenga la certeza de que el visitado o su representante legal se encuentran en el domicilio a visitar, pues de 10 contrario, si acuden el viernes y se tiene que dejar citatorio, este seria para el siguiente día hábil, es decir para el próximo lunes, perdiendo el factor sorpresa de la visita y dejando transcurrir al memos todo el viernes, sábado y domingo, tiempo suficiente como para que el contribuyente "arregle" sus papeles 0 pretenda corregir su situación fiscal. Esto desde luego ya no será posible, al menos visto desde el punto de la espontaneidad, ya que la corrección fiscal la habría efectuado a gestión de autoridad. En efecto, el inicio de las facultades de comprobación se dio con la citación realizada anteriormente. Ahora bien, una vez que el representante legal debidamente acreditado o el destinatario de la orden se presentan, los visitadores le pedirán que proporcione el documento que contiene la acreditación de la personalidad; es decir, el poder notarial o acta constitutiva en la que conste que tiene conferidas facultades para actos de administración y/o dominio y se cercioraran de que esté vigente, además de estar inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, con el folio respectivo, ya que tal situación da certeza de que el poder está debidamente registrado. De igual forma, le pedirán que acredite su identidad, es decir, que demuestre que es la persona que dice ser; para tales efectos, deberá exhibir cualquiera de los siguientes documentos: • Credencial para votar con fotografía (IFE), • Pasaporte. • Cartilla del Servicio Militar Obligatorio.
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• Cédula profesional. Una vez cerciorados de los datos tanto del poder como de la identificacién, los visitadores haran entrega de la orden de visita domiciliaria, pidiéndole al visitado que proceda a leerla con detenimiento; en ese mismo acto, le piden que si tiene acceso a lntemet, se sirva verificar que la orden de visita domiciliaria es legal, para lo cual le dan las siguientes instrucciones: • Acceder a la pagina www.sat.gob.mx • En la parte izquierda del portal, acceder a la liga "Portal Anticorrupción". • Desplegar el contenido y acceder al menú de opciones, y en la que sería la "Denuncias y Quejas", entrar. • En el menú siguiente, entrar en la parte que se identifica como "Verificación de Auditorias". • Al acceder se despliega otro menú que pide "Ingrese los datos de la orden de fiscalización". • Finalmente en ese menú, encontrara una base de datos que solicita básicamente lo siguiente: I{.F.(`.: I N0. De orden: I / [__ Al ingresar los datos que se le piden, se despliega la informacién de la autoridad encargada de girar la orden de auditoria, asi como la certificación de que ésta es legal. No obstante l0 anterior, 0 en caso de no contar con Internet, se le pide al contribuyente que marque el número telefónico lada sin costo O1-8004636728, para cerciorase de la veracidad de la orden de referencia. Es importante destacar que en este numero telefónico será solicitada una serie de datos para que a su vez la autoridad constate que es el contribuyente visitado quien hace uso de ese servicio y no otra persona no autorizada; sin embargo, una vez comprobada la autenticidad de la llamada, se le proporcionarén los datos inherentes a la orden de visita domiciliaria respectiva. Curm do derechos dvi crmtribuyentc audimda El Servicio de Administración Tributaria introdujo desde 19901:4 entrega de la Carta de los Derechos de los Contribuyentes Auditados, con el fin de responder a una serie de reclamos por abusos de los visitadores, así como a los estados de indefensión a que se encontraban sujetos como visitados.
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Finalidad adicional de dicha carta era asegurar que el contribuyente tuviese a su alcance la información necesaria para asistirlo en sus derechos y obligaciones, sobre todo en lo que a una visita domiciliaria se refiere. Enuncia, en efecto, la serie de derechos y obligaciones, asf como los medios de defensa a su alcance y la conducta que deben observar las autoridades fiscales en todo momento. La referida Carta, contiene enunciativamente la serie de derechos y obligaciones, así como los medios de defensa a su alcance y la conducta que deben observar las autoridades fiscales en todo momento. Asimismo, se señalan los lugares y medios para presentar quejas y denuncias por violaciones o actos arbitrarios que cometan los visitadores, además de los lugares para solicitar orientación o asesoría sobre los actos de fiscalización practicados por la autoridad fiscal, entre otra información, Contenido de la carta La Carta antes mencionada se refiere básicamente a lo siguiente: • Presentación. • ¿Qué es una visita domiciliaria y cual es su objetivo? • ¿Qué conducta deben asumir los visitadores ante el contribuyente? • ¿Qué requisitos deben contener las órdenes de visita? • ¿Qué reglas se deben cumplir para iniciar la visita? • ¿Cómo se debe desarrollar la visita domiciliaria? • ¿Cuanto tiempo pueden durar las visitas domiciliarias? • ¿En qué casos se debe concluir de manera anticipada una visita domiciliaria? • ¿Cómo se deben levantar las actas parciales? • ¿Qué es el acta final y como se debe levantar? • Orientación al contribuyente por el Comité de Seguimiento y Evaluación de Resultados. • ¿Cómo puede el contribuyente corregir su situación fiscal (autocorrección) después de iniciada la visita domiciliaria? • ¿Puede el contribuyente pagar en parcialidades? • ¿Cuál es el plazo para que la autoridad emita la liquidación de las contribuciones omitidas?
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• ¿Qué son las revisiones de gabinete y como se llevan a cabo? • ¿Qué otras visitas domiciliarias se pueden practicar a los contribuyentes? • Visitas domiciliarias practicadas por entidades federativas o el Distrito Federal. • ¿Cómo se deben pagar las contribuciones o las multas? • ¿Cuáles son los derechos de las personas que transportan mercancías de procedencia extranjera? • Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA). • Medios de defensa del contribuyente. • Reconsideración administrativa. • Facultades delegadas a las entidades federativas y al Distrito Federal. • Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. • Recepción de quejas y denuncias. • Servicios a su servicio, gratuitos y confidenciales. Se puede decir que, por tradición, las autoridades fiscales continúan entregando la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado, sobre todo como una forma de hacer sentir al contribuyente que la autoridad no esta actuando arbitrariamente; sin embargo, desde el 23 de julio de 2005, fecha en que entré en vigor la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, todas las actuaciones de la autoridad fiscal deben sujetarse a las regulaciones de
INDICE Pág. INTRODUCCIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IX
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LIBRO PRIMERO TEORIA, DOCTRINA Y FORMALIDADES DEL DERECHO FISCAL TÍTULO I TEORÍA Y DOCTRINA GENERAL DEL DERECHO FISCAL CAPÍTULO I ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y DOCTRINA DEL DERECHO FISCAL Primera Sección. Prolegómenos de la tributación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Segunda Sección. Origen y significado del concepto “fiscal” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Tercera Sección. Evolución histórica de la tributación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................4 La prehistoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............4 La tributación en Roma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................5 La tributación en la Edad Media. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 La tributación en México. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................6 Antes de la Conquista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Los primeros recaudadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Tributes aztecas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........8 La Colonia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................8 México independiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 La Reforma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I0 El Porfiriato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
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La Revolución. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 México contemporáneo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 CAPÍTULO II UBICACIÓN DEL DERECHO FISCAL EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO Primera Sección. Especialización del derecho fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Segunda Sección. Conceptualización del derecho fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Nuestra definición del derecho fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 CAPITULO III CONSTITUCIONALIDAD DE LAS CONTRIBUCIONES Primera Sección. Legalidad de los impuestos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ¿Qué es contribuir?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Segunda sección. Fuentes formales del derecho tributario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Tercera Sección. Relaciones del derecho fiscal con otras ramas del derecho. . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 CAPÍTULO IV LOS IMPUESTOS Primera Sección. Principios de los impuestos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 ¿Por qué razón debe prevalecer la igualdad en materia de impuestos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Segunda sección. Conceptualización de la equidad, justicia y proporcionalidad de los impuestos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Equidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
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Justicia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Teorías sobre la justicia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Proporcionalidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Tercera Sección. Principios integrados a la legislación fiscal mexicana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Cuarta Sección. Características de los impuestos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Quinta Sección. Tipo de contribuciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 lntroito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Impuestos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Aportaciones de seguridad social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Contribuciones de mejoras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Derechos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 CAPÍTULO V SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO Impuestos directos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Impuestos indirectos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 CAPÍTULO VI TIPOLOGÍA DE IMPUESTOS Impuestos reales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Impuestos personales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Impuestos retenidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
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Impuestos recaudados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Impuestos ad valoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Impuestos generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Impuestos específicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 CAPITULO VII TIPOLOGÍA DE CONTRIBUYENTES Contribuyente habitual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Contribuyente cautivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Contribuyente periódico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Contribuyente ocasional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Contribuyente fortuito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Contribuyente estacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 TÍTULO II ELEMENTOS DE LA TRIBUTACIÓN CAPÍTULO I ASPECTOS RELEVANTES DE LA TRIBUTACIÓN Primera Sección. Sujetos de la relación jurídica tributaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..61 El sujeto activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
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El sujeto pasivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Segunda Sección. Relación jurídica tributaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Tercera Sección. El hecho imponible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Cuarta Sección. Hipótesis tributaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 CAPÍTULO II PERSONAS FÍSICAS Y PERSONAS MORALES [73] CAPÍTULO III LA OBLIGACIÓN FISCAL Primera sección. Definición de la obligación tributaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Segunda Sección. El nacimiento de la obligación fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Tercera Sección. Determinación de la obligación fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Cuarta Sección. Época de pago de la obligación fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Quinta Sección. Naturaleza jurídica de la determinación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Clases de determinación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Sexta sección. Determinación llevada a cabo por el sujeto pasivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Séptima Sección. Crédito fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Nacimiento y ciclo del crédito fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Determinación de los créditos fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Octava Sección. Aplicación estricta de las normas tributarias y legislación supletoria. . . . . . . . . . . 85
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TÍTULO III OBLIGACIONES FORMALES DE LOS CONTRIBUYENTES CAPÍTULO I REGÍSTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y AVISOS Primera Sección. Registro federal de contribuyentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Segunda Sección. Avisos al Registro Federal de Contribuyentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 CAPÍTULO ll FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (Fiel) [100]
CAPÍTULO III RESIDENCIA Y DOMICILIO FISCAL Primera Sección. Residencia para efectos fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Segunda Sección. Domicilio para efectos fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Domicilio fiscal para personas físicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Domicilio fiscal para personas morales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 CAPITULO IV EJERCICIO FISCAL Y DILIGENCIAS Primera Sección. Ejercicio fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Segunda Sección. Diligencias en materia fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 CAPÍTULO V PAGOS PROVISIONALES Y DECLARACIONES
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Primera Sección. Declaraciones mensuales y anual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Declaraciones Informativas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 Declaraciones mensuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Declaraciones anuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 Declaración de clientes y proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 Declaraciones de personas morales con fines no lucrativos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Declaraciones de Sociedades de Inversión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Declaraciones complementarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 Segunda Sección. Retención y pago de contribuciones a cargo de terceros. . . . . . . . . . . . . . . . . ..122 Tercera Sección, Pago de contribuciones recaudadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 CAPÍTULO VI REPRESENTACION Y FORMALIDADES DE LOS ESCRITOS ANTE AUTORIDADES FISCALES [124] CAPÍTULO VII REQUISITOS GENERALES DE LOS COMPROBANTES FISCALES [126] LIBRO SEGUNDO ASPECTOS PRACTICOS DE LAS CONTRIBUCIONES T1TULO IV ACTUALIZACION DE CONTRIBUCIONES Y RECARGOS
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CAPÍTUL0 I ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) En busca de la estabilidad de los precios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Importancia relativa de los genéricos en la canasta del Índice Nacional de Precios al Consumidor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Periodicidad de publicación y difusión del Índice Nacional de Precios al Consumidor. . . . . . . . . . 140 CAPÍTULO II FACTORES DE ACTUALIZACIÓN Y EFECTOS EN LAS CONTRIBUCIONES [140] CAPÍTULO III RECARGOS Conceptualización de los recargos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Determinación de la tasa de recargos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Periodo de causación de recargos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Base para la aplicación de recargos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Momento de causación de recargos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Ampliación de recargos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 Indemnización adicional a los recargos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Recargos por pagar a plazos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Liberación de la aplicación de recargos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 CAPÍTULO IV COMPENSACIONE5 Y DEVOLUCIONES Compensaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
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Devoluciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 CAPÍTULO V RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Solidaridad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Responsabilidad mancomunada y solidaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 Subsidiariedad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 TÍTULO V AUTORIDADES DEL SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO CAPÍTULO I SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDIT0 PÚBLICO (SHCP) Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Subsecretaría de Ingresos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Subsecretaria de Egresos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Tesorería de la Federación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Procuraduría Fiscal de la Federación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Unidad de Inteligencia Financiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191 CAPITULO II SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) Antecedentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
293
Atribuciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195 Organización del SAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196 Estructura del SAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Administración General de Aduanas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Administración General de Grandes Contribuyentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Administración General de Servicios al Contribuyente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 Administración General de Recaudación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 Administración General de Auditoria Fiscal Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Administración General jurídica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Ubicación de las Administraciones Locales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 CAPÍTULO III Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, invalidez y vida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 Sujetos liberados del fincamiento de capitales constitutivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 CAPÍTULO IV INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265 Etapas histórico-financieras del Infonavit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Reforma a la ley del Infonavit de 1997. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266 Nueva subcuenta de vivienda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
293
CAPÍTULO V GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS CONVENIOS DE ADHESIÓN (SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL) Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 El Sistema Nacional y Estatal de Coordinación Fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 CAPÍTULO VI LA DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL [280] LIBRO TERCERO FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES FISCALES TITULO VI ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES FISCALES CAPITULO I FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES Primera Sección. Revisiones fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289 Revisiones de gabinete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Visitas domiciliarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Tipos de visitas domiciliarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 Visitas a renglones específicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
293
Desarrollo de la visita domiciliaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Carta de derechos del contribuyente auditado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 Identificación de los visitadores o personal actuante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 Recepción de la orden de visita domiciliaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Cuestionario de Investigación Fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312 Código Fiscal de la Federación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Código Federal de Procedimientos Civiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 Levantamiento del acta de inicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Visitas domiciliarias en caso de revisión de dictámenes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325 Concepto de normas de auditoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Verificación de expedición de comprobantes fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Verificación de solicitudes y avisos al Registro Federal de Contribuyentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Verificación de mercancías de procedencia extranjera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Verificación de adhesión de marbetes o precintos fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Práctica de avalúos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Segunda Sección. Pago a plazos o en parcialidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Tercera Sección. Multas y sanciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344 Infracción tributaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346 Elementos de las infracciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346
293
La sanción tributaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Sanciones fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350 Cuarta Sección. Medidas de apremio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353 Imposición de multas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354 Auxilio de la fuerza pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Desacato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356 CAPÍTULO II EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN Y DEL CREDITO FISCAL El pago, formas y medios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357 Formas de pago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 CAPÍTULO III CADUCIDAD [368] CAPÍTULO IV PRESCRIPCIÓN Diferencias entre caducidad y prescripción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 CAPÍTULO V NOTIFICACIONES [377] CAPÍTULO VI PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN
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Y LA GARANTIA DEL INTERES FISCAL Primera Sección. Procedimiento administrativo de ejecución. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384 Naturaleza jurídica del procedimiento admi9nistrativo de ejecución. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384 Segunda Sección. La garantía del interés fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 LIBRO CUARTO MEDIOS DE DEFENSA EN MATERIA FISCAL TITULO VII LA DEFENSA EN MATERIA FISCAL CAPITUL0 I EL RECURSO DE REVOCACIÓN [401] CAPITULO II EL IUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL Medidas cautelares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Conceptos de impugnación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .459 CAPÍTUL0 III EL JUICIO DE AMPARO Conceptos generales del juicio de amparo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 Sección Primera. Amparo indirecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 Leyes autoaplicativas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .461 Leyes heteroaplicativas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
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Sección Segunda. Amparo directo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Elementos en el juicio de amparo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .464 Fines del amparo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Sujetos legitimados para interponerlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465 Autoridades ante las que se interpone el juicio de amparo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .468 Competencia del Tribunal Colegiado de Circuito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .469
LIBRO QUINTO DELITOS FISCALES TÍTUL0 VIII GENERALIDADES DE LOS DELITOS FISCALES CAPÍTULO I ILICITUD Y RESPONSABILIDAD PENAL FISCAL El Derecho Penal Fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 La responsabilidad en materia fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .475 Responsables en los delitos fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .476 La capacidad en materia fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 Obligaciones derivadas de la responsabilidad fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 La ilicitud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .477 Responsabilidad penal fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .478 Calificación de los ilícitos fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
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CAPÍTULO II CONTRABANDO [481] CAPÍTULO III DEFRAUDACIÓN FISCAL Evasión y elusión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 CAPÍTULO IV DETERMINACIÓN DE LA DEFRAUDACIÓN FISCAL Procesos para la determinación de la defraudación fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 Detección de datos y fuente del delito de defraudación fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 Elaboración del Dictamen Técnico Contable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499 Perjuicio y quebranto fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 CAPÍTULO V OPERACIONES C0N RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LAVADO DE DINERO) Antecedentes e historia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .502 Etapas del lavado de dinero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 Actividades ilegales especificas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 El lavado de dinero en Estados Unidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
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Ley Principal: Título 18, Código de Estados Unidos, sección. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 Sanciones criminales y civiles por lavado de dinero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 Sanciones civiles por violaciones de la LSB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 Financiación del terrorismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .506 Antecedentes en México. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .508 Premisa en el lavado de dinero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 Inicios del lavado de dinero en México. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 Países considerados "Paraísos fiscales”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 Combate del lavado de dinero en México. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .516 CASOS PRACTICOS DE ACTUALIZACION DE CONTRIBUCIONES Y APLICACION DE RECARGOS Actualización de contribuciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523 Recargos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 GLOSARIO DE TÉRMINOS FISCALES Y REFERENCIA RÁPIDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 BIBLIOGRAFÍA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .537
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