Libro Amparo Contra Resoluciones Judiciales (1)

AMPARO CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES Cómo llevar un caso ordinario a un proceso de amparo PRIMERA EDICIÓN DICIEMBRE 2013 2,790 ejemplares

© Berly Javier López Flores © Gaceta Jurídica S.A. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DERECHOS RESERVADOS D.LEG. Nº 822

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 2013-20497 LEY Nº 26905 / D.S. Nº 017-98-ED ISBN: 978-612-311-108-3 REGISTRO DE PROYECTO EDITORIAL 31501221301095 DIAGRAMACIÓN DE CARÁTULA Martha Hidalgo Rivero DIAGRAMACIÓN DE INTERIORES Rosa Alarcón Romero

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Con la inmensidad del cariño y amor de un hijo, para mis progenitores Benigno y Julia, sublimes fuentes inspiradoras de alegría, sabiduría, perseverancia, justicia, y honestidad

Prólogo El joven profesor Berly López me pide que prologue su trabajo sobre amparo contra resoluciones judiciales. Lo hago con mucho gusto, porque se trata de un estudioso que combina el análisis jurídico con la práctica que desarrolla en el Tribunal Constitucional, donde labora como asesor jurisdiccional; además, desempeña la cátedra en esta materia en distintas universidades, donde encuentra permanente contacto con los inquietos estudiantes que discuten otro tipo de cuestiones y ayudan a mantener vivo el espíritu, aunque tal vez para Berly fuera suficiente los desafíos que día a día encuentra en los casos que se plantean desde la vida misma y que concluyen en los procesos que se siguen ante el Tribunal Constitucional. El amparo contra resoluciones judiciales es un tema trajinado como pocos en el fuero constitucional. Esto porque se trata siempre de resolver violaciones a los derechos fundamentales a través de la convocatoria que el quejoso hace a los jueces cuando demanda y los invita a levantar una situación irregular que lo perjudica en sus derechos fundamentales, y aquellos no tramitan un proceso con todas las garantías que la ley exige para poder dar pie a un contradictorio en que ambas partes puedan participar en igualdad de condiciones, o porque al momento de resolver la causa no atienden las exigencias que la Constitución hace a través de sus prescripciones, las que en un Estado Constitucional de Derecho –como se entiende al Perú desde 1979 (aún con la mascarada y la desfachatez de la dictadura de 1992 y su “Constitución” de 1993)– resultan ser obligatorias no solo para las autoridades de los poderes del Estado, sino para el propio Poder Judicial. En una situación ideal en que los jueces no inclinen la cerviz como lamentablemente lo hicieron durante décadas y en el que hoy todavía algunos –no pocos– lo hacen, entendiendo que el Código Procesal Civil o las normas de menor jerarquía están por encima de la Constitución, o simplemente atemorizados de lo que pueda suceder a sus “carreras” si es que no le siguen el amén al poder político de turno o a las autoridades encargadas de analizar el

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comportamiento de los jueces; es preciso que se habilite el remedio jurídico constitucional para que el texto fundamental no pueda ser desconocido por quienes están llamados a ser la garantía de los ciudadanos: los jueces. Si en una situación desesperada observamos que el agresor es un comisario, un ministro, cualquier autoridad del Poder Ejecutivo o del poder local como un alcalde o un secretario regional, y aún si la agresión proviniese del mismísimo Poder Legislativo, el ciudadano siempre guarda la esperanza de que concurriendo al Poder Judicial, los magistrados –funcionarios que forman parte del Estado, pero que no dependen del Gobierno– le hagan justicia e impidan, suspendan o reparen el daño que se le ha hecho; pero si ve que esto no pasa, el ciudadano podrá caer en el desencanto con el sistema e irá adoptando o una actitud cínica o desafiante, según el caso; ambas muy graves si lo que queremos es que en el Perú se hable ya no solo en la letra, sino en la práctica del respeto al Derecho y a la tranquilidad que se le debe otorgar a los ciudadanos cuando todos orientan sus conductas o decisiones de acuerdo a sus normas. Los jueces son los llamados a resolver las arbitrariedades, pero como históricamente no lo hicieron, en el Perú del año 1979 se incorporó –por iniciativa de Javier Valle Riestra– la figura del Tribunal de Garantías Constitucionales, encargándosele resolver en definitiva las violaciones a los derechos fundamentales, más allá de lo que pudieran hacer los tribunales ordinarios. Es importante resaltar que el mantenimiento del trámite del proceso de amparo ante el Poder Judicial ordinario se acordó como una concesión, por cuanto los jueces de la época entendieron que el Tribunal Constitucional se convertiría en la última instancia, y por lo mismo en la suprema, en todos aquellos casos importantes donde estuviera en juego la norma más importante del esquema jurídico del país. Desde el comienzo, en la Constitución de 1979 se señaló que el amparo procedía contra los actos u omisiones inconstitucionales en que incurriera cualquier autoridad, funcionario o persona. No cabe duda que dentro de esta calificación también se encuentran los miembros del Poder Judicial y los actos que estos llevan a cabo. Sin embargo, en la ley de desarrollo constitucional Nº 23506 ya se había señalado –en 1982– que el amparo procedía contra las resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento irregular. Una sencilla interpretación a contrario de lo señalado en el inciso 2) del artículo 6 así lo autorizaba.

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ALBERTO BOREA ODRÍA

Se ha dicho recientemente que no hay zonas que puedan quedar en la oscuridad o en las tinieblas inconstitucionales dentro de un Estado de Derecho, y por ello es perfectamente pertinente desarrollar el amparo contra resoluciones judiciales. El debate se centró, entonces, en si la irregularidad podía entenderse solo referida al proceso, de tal forma que el Tribunal Constitucional no pudiera ingresar a conocer sobre la violación evidente de un derecho constitucional que pudiera llevarse a cabo en la sentencia misma, o si tenía que limitarse solo a vigilar que el proceso hubiese sido llevado a cabo con las garantías que la norma adjetiva establece a favor de los litigantes. Este desarrollo ha sido recogido, expuesto y analizado por el profesor López en el presente libro. La jurisprudencia ha ido labrando la piedra y dejando en claro qué es lo que se tiene que entender en cada caso y cuál es la extensión del fallo que se puede esperar de un Tribunal Constitucional que ingresa a analizar las resoluciones emitidas por los jueces del fuero ordinario o militar, según el caso y, ahora también, de los árbitros. La sistematización y el resumen de los fallos que hace el profesor López nos explican las razones que se han esgrimido para admitir o rechazar los amparos contra resoluciones judiciales, la profundidad con que el Tribunal Constitucional se permite entrar cuando analiza cada tema, cuando devuelve el expediente a la instancia que agravió el derecho para que continúe con el trámite de la acción purgada que fue declarada inconstitucional, y cuando se impone él mismo la tarea de levantar el daño causado al agraviado. El profesor López analiza algunos casos que ya han sido materia de estudio en las comisiones que se han designado para mejorar –de acuerdo a la experiencia– la ley conocida como el Código Procesal Constitucional, la que, a su vez, reemplazó a la citada Ley Nº 23506 y a la norma (Ley Nº 25398) que realizó algunas modificaciones a esta última y que fue promulgada por el Congreso superando las observaciones que había formulado el ingeniero Fujimori pocos días antes de devenir en dictador del país. El presente libro inicia con un breve repaso sobre lo que sucede en otros países como Argentina, Ecuador, Colombia, España, México, Venezuela y Bolivia. Naturalmente que la comparación hay que tomarla con sumo cuidado, máxime cuando se considera a la actual Venezuela como digna de ser tomada en cuenta en el mundo del Derecho, habiendo quedado demostrado –a mi criterio– que en dicho país la realidad política y el ejercicio de los poderes y las libertades de los ciudadanos no siguen la norma, sino que esta se acomoda

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a lo que se ha hecho desde el poder; siendo bastante claro que en dicho lugar no hay tribunales independientes. Inmediatamente después se continúa con los distintos temas que llaman la atención de quienes ejercemos el Derecho en el Perú desde las distintas capacidades que exige la carrera. Eso hace que este libro sea el análisis del derecho vivo, de la living constitution; de aquella que al final de cuentas importa a la persona que está inmersa en un litigio. Se encontrará justicia y se aplicará el derecho no porque lo dice la norma en abstracto, sino porque en el caso de dicha persona se ha podido percibir que ese predicado se convierte en realidad. Asimismo, se percibirá que la Constitución no es letra muerta, sino que, como lo señalara Carlos Sánchez Viamonte, la acción de garantía se convierte en el último remedio jurídico contra la arbitrariedad, incluso contra la arbitrariedad judicial. Una discusión muy interesante que se plantea en el libro es la de la autoridad judicial que debe recibir la demanda de amparo. Si se insiste en que sea el juez del Poder Judicial el que resuelva en primera instancia y que solo vaya en casación al Tribunal la resolución de segunda instancia; el autor analiza si el juez de primera instancia o incluso los de las cortes superiores, y aún los propios vocales supremos, tienen o no independencia y distancia para poder declarar fundadas las demandas de amparo; o si, por el contrario, debido al temor reverencial o sencillamente por un mal entendido espíritu de cuerpo, se le exige al perjudicado transitar una vía innecesaria, alargando así el proceso y haciendo mayores los perjuicios que ya se le ha infligido. Cuando se discuta esta reforma habrá de tenerse muy en cuenta lo que ha pasado en la realidad, porque no se trata de querer quedar bien con tal o cual poder, descuidando que lo que se busca con cualquier regulación de las garantías constitucionales es que estas puedan atender el carácter de urgencia con el que se plantea el reclamo y cuya pronta solución verificará que se vive, efectivamente, en un Estado Constitucional de Derecho. Naturalmente, una reforma que apunte, como lo menciona Berly, a que el amparo contra resoluciones judiciales se tramite directamente ante el Tribunal Constitucional, requerirá de una modificación constitucional (aún si entendiéramos –cosa que no deberíamos hacer los hombres y las mujeres de Derecho del país– que el texto de 1993 es una Constitución). Pero, además, deberá revisarse tanto la composición como el número de miembros que componen el Tribunal Constitucional. En numerosos casos, este organismo ha soplado la pluma y se ha desprendido del conocimiento de acciones que configuran –sin duda– agresiones a las normas constitucionales, insistiendo en

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que estos deben ser vistos en acciones ordinarias, especialmente en casos relacionados con acciones contencioso-administrativas. Igualmente, creemos que habrá de generarse un procedimiento para revisar la admisibilidad a trámite de esas acciones, que indudablemente tocarán las puertas del Tribunal. Paralelamente, habrá que trabajar el tema de la represión de los actos homogéneos y la obligación que tienen las autoridades del Estado de proceder conforme a los dictados del Alto Tribunal. Un caso concreto y muy doloroso es el camino que se obliga transitar a las personas mayores de edad año tras año, en juicios cuyos resultados han sido adelantados en casos “casi” similares –y muchas veces sin el “casi”– a aquel en que se está denegando el derecho en lo administrativo. Similar cosa es aplicable al caso de las resoluciones de acotación que emiten los tribunales fiscales o de aduanas. Dentro de esta línea también se aborda el caso de las resoluciones del Tribunal Constitucional que se pronuncian sobre improcedencias liminares decretadas por el Poder Judicial que luego son revocadas por dicho Tribunal, cuando ha decidido entrar en el fondo del asunto en casos en los que entiende no se ha producido indefensión. Es evidente, y la práctica así lo enseña, que en muchos casos ha de seguirse el amparo hasta este extremo, lo que puede tomar dos años, y recién después, cuando el Tribunal ordena que se admita la demanda, reiniciar el trámite para que se pueda analizar la inconstitucionalidad denunciada. Todo ello agravado por el camino que ya de por sí hubo de seguir el quejoso de manera previa y hasta en la última instancia, lo que puede haberle insumido años. Resulta hasta burlón, en este caso, hablar de acción de garantía y de reparación adecuada de la inconstitucionalidad cometida. Berly López, al traer a colación el referido tema, explica sobre la base de sentencias pronunciadas por el Tribunal Constitucional, que debe resolverse sobre la base de los principios de economía, informalidad, celeridad y finalismo, que son consustanciales a la institución. No son pocos los casos en que en esta articulación de la procedencia o improcedencia de la demanda se pueden percibir los elementos esgrimidos por todas las partes que han concurrido al proceso. No hay razón, entonces, para no pronunciarse sobre el fondo y acabar con la agresión, ordenando la reparación de la situación creada. Como se ha señalado anteriormente, otro de los temas desarrollados en el caso de los amparos contra resoluciones judiciales es la competencia del Tribunal Constitucional para ingresar a analizar los derechos constitucionales materiales, incluso en el caso que el procedimiento judicial se hubiera llevado a cabo con todas las garantías, produciéndose la violación solo en el acto mismo de la sentencia, al emitirse esta contradiciéndose el derecho de la

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PRÓLOGO

persona reconocido por la Constitución. En este libro también se sigue el hilo, a través de sus pronunciamientos, de las razones que ha adoptado el Máximo Intérprete de la Carta en este asunto. La conclusión es que no hay zonas grises u oscuras donde este no pueda emitir sentencia para reparar la agresión. Naturalmente aborda con fruición los casos de sentencias dictadas en expedientes donde se produce violación del debido proceso. Sobre este tópico, no ha habido duda y la jurisprudencia ha sido pacífica; sin embargo, el libro de Berly trae a colación las sentencias que ejemplifican las causales de procedencia en las distintas formas en que se viola el proceso. Puede destacarse en este punto el caso de la violación que se produce cuando los tribunales ordinarios aceptan a trámite una demanda cuando la materia que se reclama ya ha sido decidida previamente y el vencedor del proceso original, a quien hoy se le pretende arrebatar el triunfo obtenido en buena lid, es puesto en una situación en la que debe volver a defenderse y transitar todo un proceso. Esto con el riesgo de que el perdedor cargoso presente sucesivamente amparos que irá perdiendo hasta que en un instante algún juez desprevenido admita la demanda. El solo hecho de exigir un nuevo litigio, sin necesidad de esperar la sentencia, cuando se ha producido una cosa juzgada inobjetable, constituye agresión al derecho constitucional. Otro tópico que se desarrolla y que tiene conexión con la represión de los actos homogéneos y el respeto de las resoluciones por él pronunciadas, es el de la defensa judicial del Estado. Los procuradores –conociendo incluso el claro y reiterado sentido de la interpretación del Tribunal Constitucional en reiterados casos análogos–, insisten en plantear recursos destinados a dilatar la acción, como si fuese un mérito lograr que se prolongue los efectos de la violación y el desamparo en el que se sume al quejoso. Allí los procuradores y las leyes que los obligan a litigar aunque se conozca de antemano el resultado, no cumplen con el artículo primero de la Constitución, repetido en el texto de Fujimori de 1993, por el que se reconoce la preeminencia de la persona sobre el Estado y que este actúa para servirlo y no para fastidiarlo o agredirlo. También se aborda el tema de la prevalencia de las sentencias constitucionales por sobre las emitidas en los procesos ordinarios. Otro punto necesario de esclarecer, porque, no pocas veces, los litigantes que han perdido en una acción de garantía, y muchas veces el propio Estado, no comprenden todavía el papel que les toca asumir en una sociedad como la diseñada por la Constitución del Perú, en la que por el principio de separación de poderes el Ejecutivo no puede discutir lo ordenado en última instancia por los órganos jurisdiccionales. Cualquier medida que proviene de un juez constitucional

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debe aplicarse por sobre lo señalado por un juez civil, penal, o de cualquier otra especialidad. Así se bloquea la posibilidad de dejar sin efecto las resoluciones de garantía. Otro asunto que se aborda en la obra es el de la buena fe que debe presidir los actos del quejoso. Esto para que no reclame por la vía de la garantía constitucional –que es un remedio urgente y el último recurso contra la arbitrariedad– cuando no solo dejó consentir las resoluciones previas, sino que además dio muestra de conocerlas incluso utilizándolas en otros procesos. Como se dijo en la doctrina, el amparo no es un arma para ser utilizado por el litigante descuidado o negligente, menos aún por el apostador que pretende que en cualquiera de esas oportunidades el descuido de un juez mal informado pueda llevarlo a discutir lo que ya consintió. El presente trabajo, en resumen, hace una revisión adecuada de las preguntas que se formulan los litigantes y los mismos jueces; asimismo, les muestra el camino que los jueces constitucionales han desbrozado en la lidia cotidiana con la mar de posibilidades que la práctica les presenta. Es evidente que en un libro como este hay afirmaciones y conclusiones que pueden ser discutidas por otros profesores o jueces. Esto es propio del Derecho, pero el solo hecho de esbozar algunas soluciones ya demuestra el mérito de quien le da un tratamiento esmerado a las cuestiones con las que hace frente a diario. El libro que hoy presentamos ha tomado muchos casos de la vida real resueltos por los tribunales y ha explicado los porqués de estos raciocinios, lo que es altamente valioso. Las instituciones y las piezas jurídicas, entre las que figuran los fallos de los jueces constitucionales, deben conocerse en cuanto a su telos, a su destino, a la orden que se establece a la sociedad para que se oriente. Hay, finalmente, una aseveración que Berly hace y que me parece esencial recordar en un momento en el que se quiere procesalizar todo y donde los reyes de las nulidades, los vicios nulificantes, los regresos a fojas cero, del retiro del cuerpo para no abordar los aspectos de fondo, propugnan un Derecho en el que –como decía el gran amparista mexicano Felipe Tena Ramírez– se busca que salga mejor librada la habilidad de los abogados que la justicia de las causas. Dicha aseveración debe de ser el norte de toda legislación que desarrolle la protección de los derechos fundamentales. Nos referimos a que en la Constitución o en conexión a ella, la materialidad del derecho es el valor supremo. Y el proceso, un camino para que este pueda regir a cabalidad.

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PRÓLOGO

Antes de terminar, quiero lanzar un reto a otro investigador de la generación de Berly o a él mismo. Una tarea a futuro es el seguimiento que debe dársele a las resoluciones de cada uno de los jueces –cosa que se facilita con los avances informáticos– para evitar los fallos erráticos, en los que se pueda demostrar favoritismo y parcialidad, al generar excepciones en casos comunes o tratar de forzar figuras para favorecer a uno u otro de los contendores. Para concluir, cabe recordar que no es casual que un gran porcentaje de causas –que estoy seguro, en el país supera el 70 %–, se centran en amparos contra resoluciones judiciales. Por ello, este trabajo es de gran utilidad práctica y ayudará a los abogados, jueces, académicos y público en general a conocer las claves que el Tribunal Constitucional ha ido enhebrando para resolver este tópico. Este libro ayudará a que los litigantes y jueces se orienten en esta materia, de tal forma que los primeros no aconsejen a sus clientes emprender un camino hacia el vacío, y los jueces no agredan el derecho, ni dejen de cumplir su papel, y puedan –más bien– administrar oportunamente justicia, especialmente la constitucional en el Perú. Berly estudió en la Universidad de Piura y enseña en ella, lo que demuestra la solidez de ese centro de estudios. Tiene una maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha trabajado en distintas posiciones como jurista dentro de la Administración Pública. Es, además, un inquieto escritor, lo que demuestra su concentración en el tema jurídico. Es sabido que quien escribe no solo se comunica con los demás, en la tranquilidad que tienen los que leen al repasar las líneas que el profesor escribe, sino que reafirma sus propias ideas, se obliga a un deber de seriedad para no quedar luego desautorizado por él mismo. El primer libro individual que escribió Berly sobre los medios probatorios en los procesos constitucionales es igualmente instructivo que el que ahora se publica, siendo este último el que refuerza ese compromiso, que –esperamos– siga con otros temas, por ahora monográficos, y que en algún momento, con la experiencia que dan los años y el recorrido en el Derecho Constitucional, abordarán una visión integral de la materia. Solo queda, en estas líneas, desearle muy buena fortuna al autor en sus próximos emprendimientos y agradecer a la empresa editora, que se preocupa por difundir estos temas y promocionar a estos autores. Lima, enero de 2014 Alberto Borea Odría

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Introducción La vigencia del Estado Constitucional de Derecho trae consigo la implementación de mecanismos especiales y excepcionales que tienen como única finalidad respetar y hacer cumplir la Constitución, la que se constituye en razón de ser y última ratio de este Estado. En este contexto, los derechos fundamentales ocupan un lugar privilegiado, debido a que se constituyen en eje central sobre el que gira todo el ordenamiento jurídico, y en criterio de vinculación para las actuaciones y decisiones de los poderes públicos. A estos efectos, los procesos constitucionales de la libertad (amparo, hábeas corpus, hábeas data y cumplimiento) se convierten en mecanismos que tienen como finalidad proteger los derechos fundamentales de las personas, reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración o amenaza de vulneración del derecho fundamental. De los citados mecanismos, el proceso de amparo se ha convertido progresivamente en la vedette de los justiciables debido a que a través de este mecanismo procesal de tutela de urgencia, el vulnerado o amenazado en sus derechos fundamentales puede accionar no solo contra actos de particulares y autoridades (amparo contra particulares y/o autoridades), sino también contra actos procesales de jueces ordinarios (“amparo contra resoluciones judiciales”) y, vaya la excepcionalidad, contra actos procesales de jueces constitucionales (“amparo contra amparo” y demás variantes). Respecto a estos últimos mecanismos, esto es, el “amparo contra resolución judicial” y el “amparo contra amparo”, tanto el legislador como la doctrina nacional no han sido pacíficos en admitir y habilitar su existencia y procedencia. Tenemos así que la antigua y hoy derogada Ley N° 23506 (Ley de Hábeas Corpus y Amparo) no reconoció cláusula textual y explícita que abordara de manera directa ambos mecanismos, por el contrario, fue la jurisprudencia la que se encargó de delinear determinados aspectos procesales que permitieron encarar el modo de cómo resolver controversias suscitadas por

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AMPARO CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES

la interposición de procesos constitucionales contra procesos judiciales ordinarios y contra procesos de la misma naturaleza constitucional. La necesidad de definir tal o cual esquema procesal a seguir, esto es, la de procedencia o la de improcedencia, se imponía desde que la figura del “amparo contra resolución judicial”, y su subespecie, la del “amparo contra amparo”, representaban ambas excepciones dentro de lo que ya de por sí resultaba una verdadera excepción (el cuestionamiento de decisiones judiciales vulneratorias de los derechos fundamentales). De manera frecuente, y cada vez en forma más creciente, se cuestionaban los resultados de un proceso judicial ordinario o de un proceso constitucional, por ser tramitados con vulneración de los derechos fundamentales. La respuesta dispensada por la jurisprudencia peruana durante la vigencia de la Ley N° 23506, que vetaba la procedencia del amparo contra resolución judicial emanada de procedimiento regular, permitió enfatizar y afianzar el certero juicio referido a que la aparente voluntad del constituyente y del legislador no eran precisamente los únicos referentes cuando se trataba de precisar el camino que en su aplicación práctica ha de seguir una determinada norma constitucional o legal. Queda claro, por lo tanto, que los fundamentos que justifican la procedencia del “amparo contra resoluciones judiciales”, y de la subespecie “amparo contra amparo” son tanto el principio de normatividad de la Constitución, norma que vincula también a las autoridades judiciales; como la constatación real de que los jueces del Poder Judicial puedan tramitar una causa y resolverla –consciente o inconscientemente por dolo o error– con manifiesta vulneración de un derecho fundamental, por lo que sería un despropósito no admitir que el juez que resuelve una demanda judicial ordinaria o una constitucional también se encuentra vinculado a la Constitución, originándose de este modo la necesidad de mecanismos de control judicial que den cuenta de esa vinculación. En efecto, de lo que se trata a través de estos procesos de amparo, es de controlar la regularidad constitucional de los actos procesales expedidos por las autoridades judiciales, es decir, de verificar si existe o no una clara, manifiesta, patente, visible o perceptible vulneración a un derecho fundamental o más precisamente a su contenido constitucionalmente protegido, para lo cual se necesitará una participación activa del demandante sobre quien recae la carga de probar o acreditar esa vulneración, o una participación activa del juez constitucional a quien le corresponde ordenar pruebas de oficio para probar o acreditar la vulneración.

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BERLY JAVIER LÓPEZ FLORES

Planteado, en estos términos, la necesidad y legitimidad del “amparo contra resolución judicial”, el presente trabajo, antes que constituir esencialmente un estudio dogmático o conceptual sobre el mismo, intentará explicitar cuáles son los presupuestos, requisitos o exigencias postulados desde la doctrina y la jurisprudencia para la procedencia del “amparo contra resolución judicial”, su posterior tramitación ante el Poder Judicial, y finalmente, su éxito en sede del Tribunal Constitucional. Teniendo en cuenta que muchos de estos requisitos deben ser cumplidos anteladamente, al interior mismo del proceso judicial ordinario que se pretende cuestionar, y otros deberán cumplirse al momento de postular la demanda de “amparo contra resolución judicial”, resulta indispensable dar pautas procesales de actuación en ese proceso judicial ordinario y, desde luego, pautas de postulación de las pretensiones de la demanda constitucional, las cuales darán lugar a estructurar una relación jurídica procesal válida en sede constitucional. Esta tarea postulatoria no es labor fácil, por el contrario conlleva dificultad, y esta radica esencialmente en la salvación o cumplimiento de una serie de requisitos o vallas que ha impuesto, por un lado, el legislador del Código Procesal Constitucional y, por otro, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, para la promoción de estas demandas constitucionales. No debemos olvidar que con el “amparo contra resolución judicial” se pretende dejar sin efecto o enervar lo resuelto por el Poder Judicial en un determinado proceso judicial ordinario, lo que a la larga implica el sacrificio del derecho fundamental a la cosa juzgada, motivo por el cual este amparo solo debe proceder ante situaciones muy excepcionales. Es pues atendiendo a esta excepcionalidad, que se han impuesto exigencias muy altas para que proceda tal sacrificio. Conforme suelo decirles a mis alumnos de pregrado en la Universidad de Piura, y en cuanta charla o taller que me invitan ha disertar sobre “amparo contra resolución judicial”, hoy en día lo que resuelva el Poder Judicial en un proceso ordinario, sea este penal, civil, laboral, comercial, contencioso-administrativo, etc., ya no es lo definitivo, inapelable o inmutable; características que otrora le eran asignadas a los autos o sentencias que expedía el Poder Judicial. Lo que, ciertamente, equivale a decir que los asuntos judiciales ordinarios ya no acaban necesariamente en sede del Poder Judicial. Hoy en día, en el sistema de justicia del Estado Constitucional de Derecho, los grandes asuntos judiciales ordinarios acaban, por el contrario, en sede

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constitucional del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, con decisiones constitucionales que penetran o influyen decisivamente en la resolución final del caso ordinario. Lo que, ciertamente, equivale a afirmar que quien resulta vencedor en el “amparo contra resolución judicial”, ergo resultará también vencedor en el proceso judicial ordinario que ha sido corregido o enmendado por una decisión constitucional. Ello, por el principio de prevalencia de las sentencias constitucionales por sobre las sentencias ordinarias. Resaltadas las bondades de la temática descrita, la presente investigación va dirigida a todas aquellas partes procesales que han sido vencidas –en mala lid procesal– en un proceso judicial ordinario y/o afectadas con una resolución judicial arbitraria, a quienes les queda aún la vía excepcional del “amparo contra resolución judicial” como último remedio para corregir la arbitrariedad producida al interior de ese proceso judicial ordinario. También, y esencialmente, la presente investigación va dirigida a todos los jueces de la República que tienen la competencia de tramitar procesos judiciales ordinarios en cualesquiera de sus instancias, a quienes se les dará pautas sobre qué actuaciones procesales en el quehacer judicial diario podrían constituir actos lesivos (agravio manifiesto) a los derechos fundamentales de las partes procesales, y darían lugar a la promoción de un “amparo contra resolución judicial”. Conforme advertirá el lector (estudiantes de Derecho, abogados, jueces, especialistas judiciales y letrados de tribunales constitucionales, etc.), el estudio del “amparo contra resolución judicial” resulta de vital importancia, toda vez que constituye el último remedio contra la arbitrariedad judicial al que pueden acceder las partes procesales para revertir lo resuelto en una resolución judicial (autos, decretos o sentencias) que ha vulnerado derechos fundamentales por haber dispuesto indebidamente: el pago de una obligación de dar suma de dinero, la entrega en propiedad de un inmueble, el pago de beneficios sociales, la nulidad de un acto administrativo, la denegatoria de una pensión, la nulidad de un acto jurídico, la nulidad de un laudo arbitral, la reposición laboral de un trabajador, etc., etc. En otras palabras, el “amparo contra resolución judicial” constituye la última esperanza procesal para revertir o nulificar una resolución judicial arbitraria, y es por ello que merece ser estudiado y aprendido a cabalidad por la comunidad jurídica.

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Argumentos a favor y en contra del “amparo contra resolución judicial”1

I. El caso argentino Impera en él la tesis en contra de la existencia del “amparo contra resolución judicial”, por cuanto el artículo 2, inciso b) de la Ley 16,986 establece que una demanda de amparo no será admitida o, en su defecto, no resultará procedente cuando el acto impugnado emanara de un órgano del Poder Judicial. Conforme resulta evidente, el amparo argentino contra resoluciones judiciales adopta la tesis negativa absoluta en estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 2, inciso b) de dicha ley según el cual el amparo será inadmisible cuando el acto impugnado emanara de un órgano del Poder Judicial (…) entonces queda claro que la citada norma impide el amparo frente a los actos jurisdiccionales y no los administrativos”2. Sirvieron de argumentos para impedir la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales, entre otros, el valor seguridad jurídica, el subsanamiento de las posibles violaciones constitucionales ante el mismo juez, la sumariedad del amparo para invalidar un proceso ordinario más extenso, la jerarquía del juez del amparo para invalidar resoluciones de un juez jerárquicamente superior, etc.3.

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Cfr. ETO CRUZ, Gerardo. El amparo contra resoluciones judiciales. Indejuc. Sullana, 2011; SÁENZ DÁVALOS, Luis. “Los procesos constitucionales como mecanismos de protección frente a resoluciones judiciales arbitrarias”. En: Derecho Procesal Constitucional. Tomo II, Jurista Editores, Lima, 2004, pp. 731-755; CARPIO MARCOS, Edgar. “Amparo contra resoluciones judiciales: La problemática del amparo contra amparo”. En: Revista Peruana de Jurisprudencia. Trujillo, 2002, pp. I-XIX; SAGÜÉS, Néstor. Derecho Procesal Constitucional. Logros y obstáculos. CEC, Lima, 2008. ABAD YUPANQUI, Samuel. El proceso constitucional de amparo. Gaceta Jurídica, Lima, 2004, p. 285. Ibídem, p. 284.

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II. El caso ecuatoriano A diferencia del caso argentino, en el que la tesis en contra de la existencia del amparo contra resolución judicial estaba sustentada en una ley, en Ecuador la prohibición llegó a ser establecida en su propio texto constitucional. El artículo 95 de la Constitución de 1998 establecía en su momento que no serán susceptibles de acción de amparo las decisiones judiciales adoptadas en el seno de un proceso judicial; ello derivó en la interpretación de que la acción de protección (amparo) procede contra cualquier acción u omisión de cualquier autoridad pública, mas no de una autoridad judicial. Posteriormente, la Constitución ecuatoriana de 2008 en su artículo 94 recoge la acción especial o extraordinaria de protección, la cual procede contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión un derecho constitucional, y se promoverá ante la Corte Constitucional, luego de haberse agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado. Por lo tanto, queda claro, que en Ecuador existe pacíficamente la figura del “amparo contra resolución judicial”, muy a pesar de que en otro lado del texto constitucional específicamente en el artículo 88 se establezca que la acción de protección podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial.

III. El caso colombiano La Constitución colombiana de 1991 recoge en su artículo 86 la acción de tutela, equivalente y semejante al proceso de amparo, como un mecanismo de protección de los derechos constitucionales. A pesar de que la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales, ha sido la jurisprudencia constitucional la que determinó la procedencia de esta figura procesal, a través de las denominadas vías de hecho que alude a una situación en la cual las autoridades judiciales en su actuar judicial se han desviado de

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las competencias asignadas, obedeciendo a su sola voluntad o desconociendo el contenido de los derechos constitucionales. En efecto, a pesar de no estar reconocido ni excluido expresamente del texto constitucional, el “amparo contra resolución judicial” sentó su procedencia por vía jurisprudencial, pues la Corte Constitucional tuvo ocasión de pronunciarse al respecto con motivo del análisis del artículo 40 de la Ley 2591 que regula el procedimiento de la acción de tutela (…) la Corte declaró inconstitucional dicho dispositivo4 y admitió su procedencia de manera excepcional cuando se trata de una vía de hecho5; definiéndose esta como un acto manifiestamente arbitrario, carente de razonabilidad y proporcionalidad.

IV. El caso español El artículo 44 de la Ley Orgánica 6/2007 establece que las vulneraciones a los derechos y libertades susceptibles de un amparo constitucional, que tuvieren un origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, pueden dar lugar a este recurso siempre y cuando se cumplan determinados requisitos. La experiencia española del amparo contra resoluciones judiciales nos demuestra que de conformidad con el artículo 44.1 a) de la LOTC, las violaciones de los derechos y libertades susceptibles del amparo constitucional, que tuviesen su origen inmediato en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán dar lugar a este recurso siempre que se hayan agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial6. Empero, este requisito de agotamiento de todos los recursos para acceder al proceso de amparo no obliga a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación existentes en el ordenamiento, sino solo aquellos que razonablemente convengan para la protección del derecho fundamental o libertad pública vulnerada7. Siendo así, y en aras de una protección rápida y eficaz de los derechos fundamentales, en el caso español, en la hipótesis que contra un acto u omisión

4 Ídem. 5 Ibídem, p. 291. 6 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. La acción constitucional de amparo en México y España. Porrúa, México, 2000, p. 307. 7 Ibídem, p. 310.

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de los órganos judiciales no proceda ningún recurso, se entiende que quedará abierta la vía del proceso de amparo8. Asimismo, tenemos que otro requisito de procedencia para el amparo español viene dado por el hecho de que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron9; esto quiere decir que deviene en improcedente un amparo contra resolución judicial si el justiciable, por culpa o negligencia, dejó consentir la violación a su derecho fundamental.

V. El caso mexicano En México existe una regulación especial del amparo, que no solo procede para cuestionar resoluciones judiciales que vulneren derechos fundamentales, sino también contra aquellas resoluciones judiciales que infrinjan las normas que regulan los procesos legales ordinarios, esto último ha generado la modalidad de un amparo casación. El amparo mexicano contra resoluciones judiciales muestra carácter único con el principio de definitividad en virtud del cual solo será procedente este mecanismo procesal cuando se agoten todas las instancias, recursos y medios de defensa ordinarios previstos por las leyes que rijan el acto que se reclama y que puedan modificarlo o revocarlo10. Otra peculiaridad del amparo mexicano, relacionada con el objeto de control, es el hecho de que no solo opera como un verdadero mecanismo de control de constitucionalidad, sino que además actúa como medio de control de la legalidad de las resoluciones judiciales definitivas a través del amparo directo11; que viene a ser una suerte de amparo-casación, por errores in iudicando, que se presenta directamente ante la Corte Suprema. Este amparo mexicano nació pese a tener una consagración constitucional expresa sobre su inviabilidad o improcedencia. Así tenemos que para el caso de México, señala Abad Yupanqui, el artículo 8 de la Ley Orgánica Constitucional sobre el recurso de amparo –promulgada el 20 de enero de 8 Ídem. 9 ABAD YUPANQUI, Samuel. Ob. cit., p. 288. 10 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. Ob. cit., p. 314. 11 ABAD YUPANQUI, Samuel. Ob. cit., p. 286.

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1869– negaba la existencia del amparo contra resoluciones judiciales, la cual no se aplicó por su manifiesta inconstitucionalidad12. Actualmente, la reciente Ley de amparo aprobada, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, zanja toda duda sobre la procedencia del “amparo contra resoluciones judiciales”, estableciendo en su artículo 170 que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Dicha ley resalta, asimismo, que se entenderá por sentencias definitivas o laudos, esto es, los que decidan el juicio en lo principal; y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal den por concluido el juicio. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

VI. El caso venezolano El artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo, como es sabido, establece que procede la acción de amparo cuando un tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. Conforme a esta norma, por tanto, para que proceda la acción de amparo contra sentencias o decisiones judiciales es necesario, primero, que algún tribunal de la República haya actuado fuera de su competencia; segundo, que de esa forma, haya expedido una resolución o sentencia, o haya ordenado la realización de un acto; y tercero, que ese acto haya lesionado un derecho fundamental.

12 Ibídem, p. 287.

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De este modo, para que proceda una acción de amparo contra una actuación judicial, el requisito esencial es la determinación de si la actuación judicial concreta se dictó por el juez “actuando fuera de su competencia”, lo que implica a la larga no solo un problema de competencia procesal in strictu, sino que básicamente comporta un problema de carácter sustancial o material con relación al respeto de los derechos fundamentales al interior del proceso judicial ordinario.

VII. El caso boliviano El artículo 128 de la Constitución Política boliviana establece que la acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Jurisprudencialmente se ha destacado, en el caso boliviano, que el amparo constitucional procede contra resoluciones judiciales que incluso hayan alcanzado la aparente calidad de cosa juzgada. Actualmente, sostiene el órgano de control de constitucionalidad que cuando una resolución ilegal y arbitraria afecta al contenido normal de un derecho fundamental, no se puede sustentar su ilegalidad bajo una supuesta cosa juzgada; en cuyo caso inexcusablemente se abre el ámbito de protección del amparo constitucional; pero de ninguna manera puede pretenderse que el amparo constitucional se convierta en una tercera instancia que considere aspectos de fondo como la valoración de la prueba, la determinación de derechos, el cumplimiento de contratos; o se busque revisar de nuevo la revisión de la interpretación de la legalidad, pues en los referidos casos únicamente deberá circunscribirse al análisis de la vulneración de derechos y garantías supuestamente afectados durante la tramitación de los procesos judiciales13.

13 Tribunal Constitucional, auto constitucional Nº 111/99-R del 6 de setiembre de 1999.

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La Constitución Política del Perú de 1993: Argumentos a favor y en contra del “amparo contra resolución judicial”

I. La Ley Nº 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo El artículo 200.2 de la Constitución Política del Perú establece que son garantías constitucionales: “la acción de amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular”. De este modo, la respuesta jurisprudencial en torno a la procedencia o no del “amparo contra resolución judicial” se ha intentado dar a partir de una interpretación de la limitación contenida en el segundo párrafo del inciso 2) del artículo 200 de la Constitución, cuyo texto reprodujo con algunas variantes lo que en su momento preveía el inciso 3) del artículo 6 de la Ley Nº 23506, actualmente derogado, según el cual el amparo no procede contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular Como era evidente, desechada una interpretación de dicho precepto constitucional en el sentido de que no cabía la procedencia de un “amparo contra resolución judicial”, existía consenso en admitirse que, más que una prohibición, en realidad, dicho dispositivo contenía una limitación, cuyo ámbito de actuación operaba en aquellos casos en los que la resolución judicial emanaba de un proceso “regular”, pero dicha limitación no operaba en aquellos casos donde la resolución judicial se expedía en el seno de un proceso “irregular”. Se fijó así el sentido interpretativo de este precepto constitucional, dejando de lado una interpretación literal, entonces el paso siguiente fue dar respuesta a las siguientes interrogantes ¿cuándo un proceso judicial puede considerarse “regular”? o, dicho en otros términos ¿cuándo una resolución judicial emana de un proceso “irregular”? Las respuestas a tales interrogantes fue que una resolución judicial emana de un proceso regular si esta se expide con respeto de los derechos que integran

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el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, ambos reconocidos en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Ello significaba entonces que mediante el amparo solo se podía cuestionar resoluciones judiciales si es que al momento de expedirse la irregularidad se materializaba en la vulneración de aquellos derechos fundamentales. Con esto, se ratificaba la tesis, tantas veces repetida, de que el “amparo contra resolución judicial” no podía constituirse en un instrumento procesal que se superpusiera a los medios impugnatorios existentes en la legislación procesal de la materia ni tampoco que se convierta en una vía procesal en la que se pudiera reabrir o reproducir una controversia ya resuelta ante las instancias de la jurisdicción ordinaria. Pese a lo dicho, durante la vigencia de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo, se institucionalizó una corriente jurisprudencial según la cual los jueces ordinarios del Poder Judicial, en el ejercicio de sus funciones y/o atribuciones judiciales, solo se encontraban vinculados a respetar un número determinado de derechos fundamentales. En concreto, solo aquellos de naturaleza procesal, esto es, la tutela procesal y todos los derechos que lo integran. En este contexto, la última parte del artículo 200.2 de la Constitución Política del Perú, que señalaba que no procede el amparo contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular, no debía entenderse en el sentido de que se prohíba la procedencia del “amparo contra resoluciones judiciales”, sino solo que su procedencia no prosperaba si lo que se buscaba era cuestionar mediante este proceso constitucional una resolución judicial emanada de un proceso “regular”. Por este motivo, a contrario sensu, si la resolución judicial emanaba de un proceso “irregular”, sí cabía la procedencia del “amparo contra resolución judicial”. Con todo, la procedencia del “amparo contra resoluciones judiciales” quedaba supeditada a lo que se pudiera entender por el término “regular”, resolviéndose ello en el sentido de entender que un proceso judicial impregnaba el carácter de regular siempre que se haya expedido con respeto del derecho a la tutela procesal. En tanto que, por el contrario, un proceso judicial devenía en “irregular” si la resolución judicial se había expedido al interior de un proceso judicial donde se hubiera vulnerado el mismo derecho, o cualquiera de los derechos procesales que forman parte de él.

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II. El Código Procesal Constitucional, Ley Nº 28237 En este nuevo escenario procesal, la existencia y procedibilidad del “amparo contra resolución judicial”, a diferencia del régimen legal anterior, vino pacificada ya con la dación de la Ley Nº 28237, Código Procesal Constitucional, que en su artículo 4 estableció que “el amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo”. Pacificada la existencia constitucional y legal del “amparo contra resolución judicial”, los debates se suscitaron esta vez en tribunas doctrinarias en las que se analizaron, desde el punto de vista de la política jurisdiccional de un Estado, la conveniencia o no de que por esta vía excepcional se dejen sin efecto o se anulen sentencias judiciales ordinarias que habían adquirido la calidad de cosa juzgada. Tenemos así que, a favor del “amparo contra resolución judicial”, se postuló que los derechos fundamentales, como a la cosa juzgada, no son absolutos sino que admiten límites, restricciones y/o ponderaciones, y que la restricción a la cosa juzgada debía proceder en aras de proteger otro derecho, bien, valor o principio constitucional de igual jerarquía. En este supuesto, un proceso judicial ordinario llevado a cabo con respeto de los derechos fundamentales de las personas, impregnado –claro está– del valor justicia, arremete como un bien o valor susceptible de tutela preferente en contraposición a una cosa juzgada fraudulenta, irregular u obtenida con vulneración de los derechos constitucionales. Asimismo, la búsqueda de la verdad real y procesal en un determinado proceso judicial ordinario, también se presenta como un valor digno de tutela en cuanto que con ella se logrará la paz social en justicia. Otro argumento en favor de la existencia del “amparo contra resolución judicial”, es que generalmente el amparo procede frente a actos expedidos por cualquier tipo de autoridad o funcionario, sin exclusión ni excepción alguna, lo cual ciertamente incluye a las autoridades judiciales en el marco de sus quehaceres judiciales al momento de tramitar procesos judiciales ordinarios. En este contexto, no existen pues actividades, zonas o islas exentas de control constitucional, y es por ello que las resoluciones judiciales pueden ser

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controladas también en clave constitucional. Ninguna autoridad u órgano del Estado puede sustraerse del orden constitucional y de los sistemas de control constitucional que incluye la protección y defensa de los derechos fundamentales. A favor de este “amparo contra resolución judicial”, cabe decir también que el proceso de amparo integra el elenco de procesos que forma parte la jurisdicción constitucional, en cuanto es un proceso constitucional que tiene por finalidad la tutela de derechos que tienen la calidad de fundamentales o constitucionales, no formando parte de la jurisdicción ordinaria del Poder Judicial. Por lo tanto, el asunto de la jerarquía o superioridad del órgano judicial del amparo que pretende nulificar o anular una sentencia judicial ordinaria expedida, por ejemplo, por una Sala Suprema, no debiera constituir impedimento u obstáculo alguno, dado que el control judicial que se realiza en la jurisdicción constitucional, a través del amparo, tiene la especial finalidad de verificar la vulneración de un derecho fundamental al interior de un proceso judicial ordinario, y no resolver el fondo de la cuestión ordinaria planteada. De este modo, antes que un asunto de jerarquías entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, se plantea más bien un asunto de competencias claramente definidas y delimitadas entre ambas jurisdicciones. Asimismo, la verificación o constatación manifiesta y evidente de una agresión o vulneración a los derechos fundamentales de las partes procesales al interior de un proceso judicial ordinario, hace que el “amparo contra resolución judicial” proceda con la única finalidad de poner coto a tales vulneraciones, en el entendido de que el Estado Constitucional de Derecho no puede intangibilizar, so pretexto de la inmutabilidad de la cosa juzgada, actos procesales que atenten contra la bondad del sistema de justicia. Cierto es que, con el “amparo contra resolución judicial”, se pierde el otrora carácter absoluto, definitivo e inmutable que era atribuible a una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada (“aceptar la posibilidad del amparo contra resolución judicial supone desconocer los alcances del derecho fundamental a la cosa juzgada”); sin embargo, actualmente subsiste la teoría de la limitación o relatividad del derecho a la cosa juzgada, cuando el contenido de la sentencia sea contraria o haya afectado los derechos fundamentales de las partes procesales.

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Conforme a lo expuesto, el proceso de amparo es admisible y procede promoverlo contra sentencias y otros actos procesales, aun cuando existan remedios procesales ordinarios o se hayan agotado los mismos, tales como la apelación o la casación para impugnar dichos actos procesales, si los mismos no permiten en forma idónea y efectiva, la restitución de los derechos fundamentales vulnerados. Es decir, si mediante los remedios procesales ordinarios las partes procesales no pueden lograr los efectos deseados, entonces ello puede ser pretendido por la vía del “amparo contra resolución judicial”. De otro lado, en contra del “amparo contra resolución judicial”, se argumenta que su existencia genera inseguridad jurídica, en vista de que existiendo un pronunciamiento definitivo sobre el fondo de una cuestión ordinaria, queda a la larga la posibilidad de que esa decisión ordinaria sea dejada sin efecto o anulada por medio del “amparo contra resolución judicial”, con lo cual se prolongaría indefinidamente la solución definitiva de la cuestión ordinaria controvertida. Asimismo, otro argumento en contra, estriba en el hecho de que en el “amparo contra resolución judicial” se habilitaría la participación de funcionarios o autoridades judiciales en la dilucidación de la cuestión controvertida ordinaria, tales como los jueces del amparo y los magistrados del Tribunal Constitucional, los cuales son ajenos al proceso ordinario mismo y, finalmente, podrían influir en la decisión definitiva sobre el fondo de la cuestión ordinaria. Otro argumento, no menos importante, en contra del “amparo contra resolución judicial” se centra en la carencia de idoneidad y de eficacia jurídica del proceso amparo, puesto que se aduce que resultaría casi imposible, por no decir difícil e increíble, y atentatorio contra toda lógica jurídica procesal, que en un proceso breve, sencillo y sumario, como el amparo, se dejen sin efecto o anulen sentencias judiciales expedidas al interior de un proceso complejo, largo y que cuenta con una etapa probatoria, como es, por ejemplo, un proceso de conocimiento de nulidad de acto jurídico. En igual sentido que lo indicado en el párrafo anterior, se afirma que en el “amparo contra resolución judicial” resultaría inconcebible o poco práctico que, dada la estructura jerárquica imperante al interior del Poder Judicial, un juez de inferior nivel o jerarquía tenga el ímpetu y la voluntad de anular o nulificar una decisión judicial emitida por un juez superior o supremo. Por último, en contra del “amparo contra resolución judicial”, cabe argumentar también que las probables transgresiones o afectaciones a los derechos

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fundamentales de las partes procesales al interior de un proceso judicial ordinario, deben ser corregidas única y exclusivamente mediante los propios mecanismos impugnatorios internos que el propio proceso judicial dispone y/o habilita, y no por un proceso autónomo e independiente como el amparo. Se afirma, creemos sin éxito, que con los medios impugnatorios se podrían obtener los mismos efectos que se pretenden con el amparo.

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El contenido constitucionalmente protegido de los derechos constitucionales invocados en un “amparo contra resolución judicial” I. Solo derechos fundamentales procesales Como ya lo hemos señalado en el capítulo anterior, durante la vigencia de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo, únicamente se podían cuestionar a través del amparo los procesos judiciales que tenían la calidad de cosa juzgada, siempre y cuando en tal proceso se hayan conculcado los derechos fundamentales estrictamente de naturaleza procesal. En este sentido, el amparo tenía solo el efecto de retrotraer el proceso a la etapa o momento anterior en que se produjo el acto lesivo, pero de ningún modo permitía pronunciarse sobre el fondo de ese proceso ordinario. Esta posición fue ratificada de manera explícita por el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, el cual señala que el amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Ya en lo referente a la tutela procesal efectiva, el Código Procesal Constitucional señala que esta comprende aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal. De este modo, por vía legislativa, la concreción sobre el ámbito de protección del “amparo contra resoluciones judiciales” se ha circunscrito solo a la protección de los derechos fundamentales de orden procesal, quedando fuera de su órbita todos los restantes derechos igualmente fundamentales (o constitucionales).

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II. Derechos fundamentales procesales y sustantivos Empero ¿habrían razones jurídico iusfundamentales para que el ámbito de derechos protegidos mediante este amparo tenga que ser replanteado y/o extendido? El Tribunal Constitucional consideró correctamente que el elenco de derechos fundamentales susceptibles de ser protegidos por este amparo debía ser ampliado. Ello lo hizo, sustentándose en el diseño constitucional del ámbito de protección de este proceso, y también a partir de la doctrina de la eficacia vertical de los derechos fundamentales en el Estado Constitucional de Derecho. De este modo, los supuestos en los cuales resulta procedente el “amparo contra resoluciones judiciales”, no se circunscriben únicamente al agravio a la tutela procesal efectiva, sino que esta tiene un carácter de númerus apertus o solo enunciativo. Así las cosas, en la sentencia recaída en el Exp. Nº 03179-2004-PA/TC, caso Apolonia Ccollcca, el Tribunal Constitucional interpretó extensivamente el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, señalando que, a través del proceso de amparo, puede cuestionarse una resolución judicial firme no solo por la afectación de derecho de orden procesal, sino de derechos fundamentales de orden material, como los derechos de propiedad, al trabajo, a la pensión, a la educación, al honor, entre otros. A esta interpretación llegó el Tribunal Constitucional tomando en consideración que la eficacia vertical de los derechos fundamentales vincula a todos los jueces su observancia y respeto absoluto. Esta premisa permitió concluir al Tribunal que el juez constitucional podía incluso analizar el fondo del asunto bajo determinados criterios restrictivos y excepcionales. Posteriormente, el Tribunal Constitucional en sentencia recaída en el Exp. Nº 01209-2006-PA/TC, caso Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C., pese a seguir el mismo criterio vertido en el caso Apolonia Ccollcca, decide ampliar su argumentación, reafirmando que el juez constitucional puede y debe tutelar derechos fundamentales de orden material en función de su eficacia vertical. Pero, en esta ocasión, el análisis de la resolución judicial exige esta vez que el juez constitucional verifique si es que la resolución cuestionada vulnera de modo manifiesto los derechos fundamentales sustantivos alegados.

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Vale decir que, a partir de ahora, no solo se controla el debido proceso formal, sino también el sustantivo, y con relación al control del derecho al debido proceso sustantivo se deberá aplicar el principio de proporcionalidad para evaluar la constitucionalidad de la decisión cuando se alegue la vulneración de un derecho fundamental, que no sea de orden procesal. Asimismo, se aplicará el principio de razonabilidad para descubrir la arbitrariedad de una resolución judicial, y por último el principio de decisión justa. Esto, como es evidente, no debiera implicar la evaluación de fondo del proceso, pues esta es competencia exclusiva del órgano jurisdiccional ordinario. Y ello, porque el objeto del proceso de amparo, no es evaluar si el juez ordinario aplicó o no correctamente la norma pertinente al caso, o valoró de manera errónea ciertos medios probatorios; sino que, por el contrario, el objeto del amparo solo es verificar que las resoluciones judiciales hayan respetado los principios de proporcionalidad, razonabilidad y de decisión justa. Todo lo expuesto cobra vigor, si tomamos en cuenta el ámbito de derechos protegidos en el proceso de amparo, recogido en el inciso 2) del artículo 200 de la Constitución Política del Perú, el cual precisa la competencia material del amparo al establecer que “son garantías constitucionales la acción de amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente”. Conforme a ello, en el “amparo contra resoluciones judiciales” se han de proteger todos aquellos atributos subjetivos o derechos reconocidos en la Constitución, con excepción de los que, a su vez, son protegidos por el proceso de hábeas data; es decir, el derecho de acceso a la información pública, reconocido en el inciso 5) del artículo 2 de la Constitución; y el derecho a la autodeterminación informativa, reconocido a su vez en el inciso 6) del mismo artículo 2 de la Constitución. No obstante ello, la determinación del ámbito de protección del “amparo contra resolución judicial” no solo puede realizarse a partir de la interpretación literal de la disposición y de la remisión que esta pueda hacer hacia otros dispositivos constitucionales. En este sentido, una interpretación sistemática con el inciso 1) del artículo 200 de la Constitución, en aplicación del principio de unidad de la Constitución, necesariamente tiene que terminar con excluir también, del “amparo

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contra resolución judicial”, a los derechos protegidos por el proceso de hábeas corpus; es decir, a la libertad individual y a los derechos conexos a ella. Conforme es fácil advertir, el ámbito de los derechos protegidos por el proceso de amparo, resulta ser de amplio espectro, y comprende residualmente la protección de todos los derechos constitucionales no protegidos por los otros procesos de tutela de los derechos fundamentales (como el hábeas corpus y el hábeas data). Planteadas así las cosas, resulta lógico rechazar las razones jurídicoconstitucionales que limiten el ámbito de los derechos protegidos por el “amparo contra resoluciones judiciales” solo a la protección de los derechos que integran la tutela procesal efectiva, pues los únicos derechos exceptuados del control mediante este proceso son los protegidos, a su vez, por el hábeas corpus y el hábeas data. Y es que resulta inadmisible desde un punto de vista constitucional sostener que una resolución judicial deviene de un proceso “irregular” solo cuando ella vulnere el derecho a la tutela procesal, y resulta más inadmisible aún que esa presunta “irregularidad” no llegue a vulnerar a la larga otros derechos fundamentales sustantivos.

III. Situaciones que revisten relevancia constitucional por vulnerar derechos procesales y/o sustantivos al interior de un proceso judicial ordinario Descartada, entonces, la tesis acerca del ámbito restringido de protección del “amparo contra resolución judicial”, toca ahora ratificar la tesis del amplio espectro de protección que tiene este proceso constitucional, dando cuenta de un elenco de sentencias y/o resoluciones expedidas por el Tribunal Constitucional que dan cuenta de que las decisiones del Poder Judicial no solo pueden vulnerar derechos fundamentales procesales, sino que también pueden vulnerar derechos fundamentales sustantivos. Tenemos así que en la sentencia recaída en el Exp. Nº 05923-2009-PA/ TC, caso Pablo Torres Arana, el Tribunal, con relación al derecho fundamental al plazo razonable, estableció que:

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“(…) la interpretación de la legalidad es función de la justicia ordinaria [‘la competencia del Poder Judicial quedará restablecida, salvo acuerdo distinto de las partes’ prevista en el inciso 6) del


artículo 78 de la Ley Nº 26572]. Empero, en este caso existe una excepción, pues obligar a la Corte a que interprete la frase afectaría el plazo razonable (8 años). Por tanto, el Tribunal Constitucional considera que el órgano competente para conocer la pretensión arbitral cuyo laudo fue declarado nulo es la Sala que declaró la nulidad, quien debe fallar de modo inmediato”. Asimismo, con relación al principio constitucional de protección del interés superior del niño, niña y adolescente, el Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. Nº 02132-2008-PA/TC, caso Rosa Martínez, señaló que:

“(…) la pretensión de la recurrente sí es una susceptible de protección mediante el presente proceso constitucional, pues si bien, conforme a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la interpretación de la ley (Código Civil, Código Procesal Civil, etc.), en general, viene a ser una competencia propia de la justicia ordinaria, existen casos en que la justicia constitucional sí se encuentra habilitada para emitir pronunciamiento respecto de la interpretación de la ley, precisamente cuando tal interpretación incida de modo arbitrario en determinados derechos fundamentales, entre otros bienes constitucionales”.

Con relación al derecho fundamental a la prueba, en la sentencia recaída en el Exp. Nº 05876-2008-PA/TC, caso Miguel Acuña, el Tribunal afirmó que:

“(…) la respuesta de la Sala demandada a la solicitud de actuación probatoria no solo deviene en inmotivada y arbitraria, sino que también resulta omisiva, pues al encontrarse frente al caso límite de conflictos de derechos fundamentales (derecho a probar del recurrente versus derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones de los coprocesados) optó de plano por uno de ellos, sin realizar previamente un análisis de ponderación y/o de determinación de los derechos en conflicto que justifique el ejercicio privilegiado del uno sobre el otro”.

Seguidamente, en la resolución recaída en el Exp. Nº 03764-2010-PA/ TC, caso Guillermo Sandoval, a colación del derecho fundamental al debido proceso, el Tribunal advirtió que:

“(…) en el proceso judicial subyacente (nulidad de despido e indemnización por despido arbitrario) los órganos judiciales no valoraron el

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Oficio Nº 136-2006-HC.LMS.PNP/DIVREMED/SERDET, el cual concluía que el día 14 de febrero de 2003 él [recurrente] fue a laborar conteniendo en la sangre tan solo 0. 46 g/l de cantidad de alcohol, mas no fue a laborar en estado de embriaguez, todo lo cual advierte a este Colegiado que la demanda contiene asuntos de relevancia constitucional relacionados, primero, con la eventual vulneración del derecho al debido proceso del recurrente en su faceta de derecho a probar al no haberse valorado la prueba de dosaje etílico que concluía la inexistencia del estado de embriaguez; segundo, con la eventual vulneración del principio de legalidad al equiparar sin fundamentación alguna la existencia del estado de embriaguez en el recurrente con la existencia de 0. 46 g/l de cantidad de alcohol en su sangre (…)”. De otro lado, respecto al derecho fundamental a la efectividad de las resoluciones judiciales, el Tribunal en la resolución recaída en el Exp. Nº 00377-2011-PA/TC, caso Antonio Delgado, señaló que:

“(…) en la tramitación del proceso judicial subyacente (impugnación de resolución administrativa) el órgano judicial encargado de la ejecución de sentencia decidió unilateralmente dar por concluido el proceso y remitirlo al archivo, sin haberse percatado sobre el efectivo cumplimiento de la sentencia y sin previamente haberle corrido traslado a su parte [el recurrente], todo lo cual advierte a este Colegiado que la demanda contiene asuntos de relevancia constitucional relacionados, primero, con la eventual vulneración del derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales del recurrente al no haberse ejecutado en sus propios términos una sentencia judicial; y, segundo, con la eventual vulneración del derecho de defensa del recurrente al haberse decretado la conclusión del proceso y el archivo del mismo, sin habérsele dado la oportunidad a que alegue su posición sobre el efectivo cumplimiento de la sentencia (…)”.

Del mismo modo, con relación al derecho fundamental al procedimiento preestablecido por ley, el Tribunal, en la resolución recaída en el Exp. Nº 00129-2011-PA/TC, caso Víctor Vargas, determinó que:

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“(…) los órganos judiciales que tramitaron el proceso de impugnación de resolución administrativa interpretaron erróneamente que el régimen laboral de la entidad pública donde él [recurrente] laboró no era público y además tramitaron la pretensión de declarar


la nulidad de su incorporación en el régimen pensionario en la vía laboral y no en la vía contenciosa-administrativa que era la idónea para dejar sin efecto la resolución administrativa que lo incorporaba en el régimen pensionario, todo lo cual advierte a este Colegiado que la demanda contiene un asunto de relevancia constitucional relacionado con la eventual vulneración del derecho del recurrente al procedimiento preestablecido en la ley al obligársele a litigar como parte demandada en una vía procesal que resultaba inespecífica e impertinente para cuestionar la resolución o acto administrativo que lo incorporó al régimen pensionario 20530, situación que le habría causado indefensión (…)”. Ya con relación al derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales, el Tribunal en la resolución recaída en el Exp. Nº 007492011-PA/TC, caso Martín Rivera, señaló que:

“(…) la resolución cuestionada de fecha 22 de julio de 2008 (fojas 14 primer cuaderno), expedida por la Sala Suprema, sustentó el carácter desestimatorio de la demanda laboral esencialmente en la inaplicación al caso del principio de primacía de la realidad. Sin embargo, la Sala no expone las fundamentaciones y/o consideraciones que la condujeron a inaplicar dicho principio, proceder que resultaría de obligatorio cumplimiento, máxime si se tiene en cuenta que las instancias inferiores estimaron la demanda laboral sustentándose precisamente en el principio de primacía de la realidad, y que su aplicación servía para verificar la existencia o no de una relación laboral. Por lo expuesto, en la resolución cuestionada se habría decidido con una omisión de motivación, resultando evidente que tal hecho tiene relación directa con el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales (…)”.

Por último, con relación al derecho fundamental a la propiedad, el Tribunal en la resolución recaída en el Exp. Nº 01494-2011-PA/TC, caso Corporación Peruana de Productos Químicos S.A., determinó que:

“(…) en el contexto de la tramitación del remate público, a través del cual se le adjudicó [al recurrente] el inmueble inscrito en la partida Nº 49074167, los órganos judiciales desestimaron su pedido de levantamiento de anotación de demanda basándose en el artículo 739 del Código Procesal Civil que posibilita el levantamiento de todo gravamen que pesa sobre el inmueble, con excepción de la medida

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cautelar de anotación demanda, lo cual advierte a este Colegiado que la demanda aun contiene un asunto de relevancia constitucional relacionado con la eventual vulneración del derecho a la propiedad al dificultarse en los hechos la libre disposición y negociación futura del inmueble adjudicado [al recurrente] sobre el cual recae aún la citada medida de anotación (…)”.

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La inexistencia de vía igualmente satisfactoria, más que el “amparo contra resolución judicial”, para cuestionar vulneraciones a los derechos constitucionales producidas por resoluciones judiciales arbitrarias Se entiende por vías paralelas –también llamadas convergentes o concurrentes– a todo proceso (ordinario, sumario, especial, etc.) distinto al amparo, mediante el cual se puede obtener la protección del derecho fundamental vulnerado o amenazado. Para que una vía pueda ser calificada como paralela debe perseguir el mismo fin que el amparo, con invocación de los mismos hechos y de las mismas partes14. La vía paralela atañe, pues, a la imposibilidad de acudir al amparo cuando el ordenamiento procesal prevé otra vía de tutela, acarreando la declaración de inadmisibilidad del amparo articulado15. Tiene su fundamento en la naturaleza excepcional del amparo, y en el deseo de no trastocar el ordenamiento procesal dejando de lado los procesos establecidos16. Y es que el amparo debe ser concebido como un remedio excepcional, extraordinario, que no debería ser utilizado si existen instrumentos procesales idóneos y, por lo tanto, su empleo ha de ser compatible con tal naturaleza. El amparo no debe actuar cuando exista una vía judicial ordinaria, sumaria o especial que pueda proteger en forma oportuna y eficaz los derechos de los demandantes17. Conforme a lo expuesto, si mediante la vía ordinaria se pueden obtener los mismos efectos perseguidos con el inicio de un amparo, es decir, se puede obtener el restablecimiento de la situación jurídica constitucional lesionada o infringida, entonces el amparo no prosperará.

14 ABAD YUPANQUI, Samuel. Ob. cit., p. 268. 15 BEATRIZ SBDAR, Claudia. Amparo de derechos fundamentales. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2003, p. 129. 16 ABAD YUPANQUI, Samuel. Ob. cit., p. 270. 17 Ídem.

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Empero, el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta18 no garantiza los mismos derechos fundamentales que el amparo, no tiene la misma vía procedimental, y el alcance cautelar es limitado. Cierto es que el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta tiene el mismo efecto nulificador que el amparo, y que puede ser demandado por quien fuera la parte vencida en el proceso antecedente o subyacente, por los terceros allí apersonados, o por terceros no apersonados, a quienes sus derechos e intereses se les ha vulnerado con la sentencia a nulificar. Sin embargo, ello no hace que guarde la misma naturaleza procesal y tuitiva que el amparo. El plazo de caducidad para la interposición de la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta es de seis meses de ejecutada la sentencia del proceso subyacente o antecedente o de haber adquirido esta la calidad de cosa juzgada. Su trámite es la del proceso de conocimiento, y puede controlar cualquier tipo de proceso subyacente sea este abreviado, sumario, de ejecución o no contencioso. Más, con aquel proceso solo se puede controlar o nulificar sentencias judiciales ordinarias, por lo que incidentes cautelares, de ejecución, de excepciones, o probatorios, etc., escapan a su alcance u objeto de control judicial. Del mismo modo, la sentencia judicial que se emita tiene un límite de oponibilidad frente al tercero de buena fe y a título oneroso. Otro de sus límites, es que aquel proceso resulta insuficiente para nulificar una sentencia constitucional expedida con dolo, fraude, o con vulneración de derechos fundamentales, pues constitucionalmente la vía judicial idónea para cuestionar sentencias constitucionales es la del “amparo contra amparo y sus demás variantes”. Esta insuficiencia procesal viene corroborada con el hecho de que si al interior del mismo proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta se emite una sentencia que es fraudulenta o ha sido emitida con vulneración de derechos constitucionales, entonces la vía judicial idónea para cuestionar tal decisión es la del “amparo contra resolución judicial”. Cabe advertir también, que la existencia en sí de otros procesos judiciales no será obstáculo para el inicio de un amparo, si el tránsito por dichos procesos trajera aparejado un daño grave e irreparable y, claro está, siempre que aparezca de modo claro y manifiesto la vulneración de cualquier derecho fundamental. 18 Cfr. QUIROGA LEÓN, Aníbal. “La nulidad de cosa juzgada fraudulenta y la acción de amparo constitucional”. En: Revista Derecho-PUC. Nº 49, Lima, diciembre de 1995, pp. 139-155.

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El juez competente en el “amparo contra resolución judicial”

I. El juez del domicilio del afectado El artículo 51 del Código Procesal Constitucional establece que “es competente para conocer del proceso de amparo (…) el juez civil o mixto del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio principal el afectado, a elección del demandante”. Dicha competencia judicial fue señalada por la Ley Nº 29364 (publicada en El Peruano, el 28 de mayo 2009) que introdujo una serie de modificaciones al Código Procesal Civil, al Código Procesal Constitucional, a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, de entre las cuales se estableció que las Salas Constitucionales y Sociales de la Corte Suprema de la República no constituyen ya segunda instancia en los procesos de tutela de derechos fundamentales y tampoco conocerían de los mismos. La indicada norma, al derogar los dos últimos párrafos del original artículo 51 del Código Procesal Constitucional, establece que toda demanda de amparo, incluidas aquellas que se presentan contra resoluciones judiciales, son de competencia en primera instancia de los jueces constitucionales, civiles o mixtos, mas ya no de las Salas Superiores constitucionales, civiles o mixtas, las que en todo caso se constituyen en segunda instancia, quedando proscrito que las Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República conozcan en segunda instancia de los procesos de “amparo contra resoluciones judiciales”. Con relación a la competencia del juez del domicilio del afectado, el Tribunal Constitucional ha venido entendiendo al domicilio del afectado como aquel consignado en el Documento Nacional de Identidad (DNI). De este modo, el juez competente por el domicilio, será cualquier juez constitucional, civil o mixto que ejerza competencia en el distrito o provincia consignado en el DNI del demandante del amparo. En este sentido, en la resolución recaída en el Exp. Nº 04249-2011-PA/TC, caso Luis Miñán, el Tribunal señaló que:

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“(….) del Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 2, consta que el demandante tenía su domicilio principal al momento de interponer la demanda en ‘Av. Juan Pablo Fernardini 1335 Dpto. 501’ del distrito de Pueblo Libre. Asimismo, en la Carta Notarial presentada por el propio actor, recepcionada el 5 de octubre de 2009, por el que la empresa Adecco notifica al actor el término del contrato modal, figura la misma dirección. Por otro lado, los hechos que el demandante califica de vulnerarios de sus derechos constitucionales tuvieron lugar en el distrito de Ventanilla, dicha ubicación consta en el Acta de Infracción del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, presentada por el propio actor, a fojas 3, y en la constatación policial de fojas 35. A este respecto el actor en el escrito de fojas 626 y en el recurso de agravio constitucional ha reiterado que los hechos donde se habrían afectado sus derechos ocurrieron en la Avenida Néstor Gambeta Km 16.5, autopista a Ventanilla. Finalmente, respecto del domicilio señalado por el recurrente en la demanda, no ha adjuntado a esta documento alguno idóneo que acredite que tenga su domicilio en dicho lugar. En tal sentido, sea que se trate del lugar donde se afectó el derecho, sea donde tenía su domicilio principal el supuesto afectado al interponer la demanda, de conformidad con el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, para este Colegiado queda claro que la demanda debió haber sido interpuesta en el juzgado civil o mixto de Ventanilla o en el juzgado competente en donde tiene su domicilio principal. En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 427, inciso 4), del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria por mandato del artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, la demanda debe ser declarada improcedente (…)”.

II. El juez del lugar donde se afectó el derecho constitucional. Excepciones a la regla Con relación a la competencia del juez del lugar donde se afectó el derecho, debe entenderse como aquel juez que ejerce competencia en el lugar donde se expidió la resolución que se pretende cuestionar vía “amparo contra resolución judicial”. Vale decir entonces que, atendiendo al criterio del lugar donde se afectó el derecho, el juez competente será el juez constitucional, civil o mixto que ejerza competencia en la Corte Superior de Justicia o Distrito Judicial donde

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se expidió o expidieron las resoluciones judiciales cuestionadas, ello en el entendido de que es un juez ordinario y una Sala Superior quienes, al expedir las resoluciones judiciales de primera y segunda instancia, y al haberse generado la firmeza deseada para el “amparo contra resolución judicial”, han vulnerado los derechos fundamentales del demandante con la emisión de estas. Situación muy particular, es la que se genera cuando la única resolución judicial cuestionada es un auto o sentencia casatoria expedida por algunas de las Salas Supremas de Justicia de la República, cuyas sedes están ubicadas en la ciudad de Lima. En este supuesto, el demandante en amparo, acogiéndose al juez competente del lugar donde se afectó el derecho constitucional, puede demandar la nulidad de la resolución casatoria ante los jueces constitucionales de la Corte Superior de Justicia de Lima. Una excepción a la competencia del juez del lugar donde se afectó el derecho constitucional (pues el juez competente ya no va a ser el juez de la Corte Superior de Justicia donde se expidieron las resoluciones judiciales cuestionadas, ni tampoco el juez de la Corte de Lima si de una resolución casatoria se tratara), se origina cuando los efectos dañosos, perversos y nocivos de una resolución judicial se manifiestan o materializan en un lugar distinto en el que se expidió la resolución judicial cuestionada, siendo que es en aquel lugar donde realmente se afectan los derechos fundamentales. En este sentido, el Tribunal Constitucional en la resolución recaída en el Exp. Nº 03131-2012-AA/TC, caso Carmén Oviedo, tuvo la oportunidad de señalar que:

“(…) a pesar que la recurrente tiene domicilio en la Av. Nueva Toledo 116, Provincia y Departamento de Lima; y que la resolución judicial cuestionada ha sido expedida por la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, este Colegiado considera que el Juzgado Transitorio de Ica tiene la competencia para tramitar la demanda de amparo de autos. En efecto, la recurrente cuestiona una resolución judicial que confirmó la adjudicación a un tercero del inmueble de su propiedad ubicado en Calle Libertad Nº 291 y Calle San Martín Nº 201, Provincia y Departamento de Ica, quedando meridianamente claro que la afectación a su derecho, de ser cierta, tendrá que producirse en la ciudad de Ica, pues en aquel lugar es donde se generarán los efectos de la resolución judicial cuestionada. Por esta razón, el Juzgado Transitorio de Ica es competente para tramitar el amparo (…)”.

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El juez imparcial en el “amparo contra resolución judicial”: La teoría de la apariencia

I. La viabilidad de un amparo directo ante el Tribunal Constitucional Como bien sabemos, el 2 de mayo de 2009 se promulgó la Ley N° 29364, mediante la cual se derogaron los dos últimos párrafos del artículo 51 del Código Procesal Constitucional, variándose la competencia del juez en las demandas de “amparo contra resolución judicial”. Entonces, desde la entrada en vigencia de la citada ley, la competencia judicial para conocer en primera instancia dichas demandas ya no le pertenece a las Salas civiles, constitucionales o mixtas de las Cortes Superiores de Justicia de la República, tal como lo establecían los párrafos derogados, sino que ahora dicha competencia judicial se les ha asignado a los juzgados constitucionales, civiles o mixtos, conforme al primer párrafo del actual artículo 51 del Código Procesal Constitucional, según el cual, es competente para conocer el proceso de amparo el juez constitucional, civil o mixto del lugar donde se afectó el derecho o donde tiene su domicilio principal el afectado, a elección del demandante. El cuestionamiento o interrogante que salta a la vista es si ¿los juzgados constitucionales, civiles o mixtos encargados de la tramitación de los amparos tendrán el ímpetu o la vocación de nulificar o anular sentencias judiciales ordinarias dictadas por jueces superiores o supremos? La respuesta, sustentada en una comprobación jurisprudencial que se desarrollará más adelante, parece resultar obvia: No anularán las resoluciones judiciales expedidas por el superior jerárquico, ello porque la independencia judicial de los jueces constitucionales, civiles o mixtos se verá seriamente comprometida o afectada. Y es que la independencia judicial debe, pues, percibirse tanto como la ausencia de vínculos de sujeción política (imposición de directivas por parte de los órganos políticos) o de procedencia jerárquica al interior de la organización judicial, en lo concerniente a la actuación judicial per se, salvo el caso de los recursos impugnativos, aunque sujetos a las reglas de competencia

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(STC Nº 0023-2003-AI/TC, caso Defensoría del Pueblo vs. Congreso de la República). El principio de independencia de la función jurisdiccional tiene pues dos dimensiones: a) Independencia externa. Según esta dimensión, la autoridad judicial, en el desarrollo de la función jurisdiccional, no puede sujetarse a ningún interés que provenga de fuera de la organización judicial en conjunto, ni admitir presiones para resolver un caso en un determinado sentido. Las decisiones de la autoridad judicial, ya sea que esta se desempeñe en la especialidad constitucional, civil, penal, penal militar, laboral, entre otras, no pueden depender de la voluntad de otros poderes públicos (Poder Ejecutivo o Poder Legislativo, por ejemplo), partidos políticos, medios de comunicación o particulares en general, sino tan solo de la Constitución y de la ley que sea acorde con esta. (…) b) Independencia interna. De acuerdo con esta dimensión, la independencia judicial implica, entre otros aspectos, que, dentro de la organización judicial: 1) la autoridad judicial, en el ejercicio de la función jurisdiccional, no puede sujetarse a la voluntad de otros órganos judiciales, salvo que medie un medio impugnatorio; y, 2) que la autoridad judicial, en el desempeño de la función jurisdiccional, no pueda sujetarse a los intereses de órganos administrativos de gobierno que existan dentro de la organización judicial. En cuanto al primero de los puntos mencionados, cabe mencionar que el principio de independencia judicial prohíbe que los órganos jurisdiccionales superiores obliguen a los órganos de instancias inferiores a decidir de una determinada manera, si es que no existe un medio impugnatorio que dé mérito a tal pronunciamiento. De este modo, siempre que medie un medio impugnatorio, las instancias superiores podrán corregir a las inferiores respecto de cuestiones de hecho o de derecho sometidas a su conocimiento, según sea el caso (STC Exp. Nº 0004-2006-PI/TC, caso Fiscal de la Nación vs. el Congreso de la República). La independencia del juez está íntimamente ligada al derecho a ser juzgado por un juez imparcial, de ahí que se ha reconocido la relación de complementariedad que existe entre ambas garantías al expresar que “mientras la garantía de la independencia, en términos generales, alerta al juez de influencias externas, la garantía de la imparcialidad se vincula a exigencias dentro del proceso, definidas como la independencia del juez frente a las partes y el objeto del proceso mismo. De este modo, ambas deben ser entendidas como una totalidad, por lo que no puede alegarse el respeto al principio de independencia mientras existan situaciones que generen dudas razonables sobre la parcialidad de los jueces” (STC Exp. Nº 02465-2004-AA/TC, caso Jorge Barreto).

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Solo un tercero puede asegurar que el conflicto puesto a su conocimiento sea resuelto con objetividad. Esta posición de neutralidad implica un compromiso de respeto hacia las partes, por lo que crear desajustes durante el proceso que inclinen la balanza a favor o en contra del imputado resultaría una grave violación a esta responsabilidad y desnaturalizaría la esencia del rol del juez (STC Exp. Nº 02568-2011-PHC/TC, caso Lina del Carmen Amayo). Así las cosas, se respetará y dará cumplimiento a la independencia judicial cuando la demanda de “amparo contra resolución judicial” dictada en cualquier instancia jurisdiccional se ponga en conocimiento de un juez o tribunal independiente (no vinculado con ninguna de las partes procesales). Sabido es que en nuestro sistema judicial, las decisiones de los jueces del Poder Judicial son muy criticadas por la sociedad civil y la comunidad jurídica en general, situación que a la par involucra el cuestionamiento a la honestidad, independencia e imparcialidad en las decisiones de los jueces. En este sentido, resultaría ineficiente e ineficaz, de cara a una protección urgente de los derechos fundamentales, que a otros jueces de la misma estructura del Poder Judicial y de inferior jerarquía jurisdiccional, se les encargue la revisión o el control de decisiones judiciales, ya que se afectan los principios jurisdiccionales de independencia e imparcialidad; máxime si existe desconfianza y el escondido espíritu de cuerpo entre los mismos jueces del Poder Judicial, posibilitándose así la injerencia en las decisiones que se adopten. Por consiguiente, también resultaría desacertado el cambio de competencia judicial establecido por el legislador, toda vez que afecta el derecho de los justiciables a ser juzgados por jueces independientes. Teniendo en cuenta las distorsiones o anomalías que genera esta competencia judicial, existen pues razones suficientes para que la competencia judicial del “amparo contra resolución judicial”, sea atribuida al Tribunal Constitucional en una única y definitiva instancia, tal como sucede en el modelo español, es decir, que este órgano jurisdiccional sea el único competente para conocer los amparos contra las decisiones judiciales ordinarias expedidas por los jueces del Poder Judicial, a través de un “amparo directo”. Para dicho fin, en caso no exista voluntad legislativa del Congreso que confíe esta competencia única y exclusiva en el Tribunal Constitucional, el juez constitucional, civil o mixto que conoce en primera instancia del “amparo contra resolución judicial” puede ejercer el control difuso de constitucionalidad

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de las leyes, en específico de los artículos 51, 57 y 58 del Código Procesal Constitucional, que regulan el agotamiento de las dos instancias del Poder Judicial antes de que llegue a conocimiento del Tribunal Constitucional. Ello, por cuanto el recorrido de esas dos instancias del Poder Judicial afectaría el principio de independencia judicial, y el derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención (artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Y es que el Tribunal Constitucional, al ser un órgano constitucionalmente autónomo, que ocupa la cúspide en la justicia constitucional, es ajeno a los órganos judiciales del Poder Judicial, por lo que ostenta la garantía de la independencia para revisar o controlar las decisiones ordinarias emitidas por los jueces del Poder Judicial.

II. El Poder Judicial y las improcedencias liminares de la demanda Una comprobación de que el modelo de “amparo contra resolución judicial”, con recorrido previo antes las dos instancias del Poder Judicial, deviene en inoperante por ineficaz, lo constituye una serie de decisiones judiciales de primera y segunda instancia que declararon liminarmente improcedentes las demandas, decisiones que luego fueron enmendadas o corregidas por el Tribunal Constitucional, quien declaró fundada la demanda o la admitió a trámite, lo cual refleja, por decir lo menos, un desconocimiento del Poder Judicial de lo que significa la jurisdicción constitucional, y el objeto de protección de los procesos constitucionales, como por ejemplo el amparo. Tenemos así que en la sentencia recaída en el Exp. Nº 05876-2008-PA/ TC, caso Miguel Acuña, las instancias inferiores del Poder Judicial declararon improcedente la demanda de “amparo contra resolución judicial”, por considerar que el recurrente pretendía que se revise una decisión judicial expedida dentro de un proceso regular y que aún se encuentra en trámite, y porque de la demanda y de sus recaudos no se advertía que se hayan vulnerado los derechos constitucionales que alega el recurrente. No obstante la improcedencia liminar de la demanda, y las consideraciones vertidas por el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, en este caso, declaró fundada la demanda de amparo, por haberse vulnerado el derecho fundamental a la prueba. Seguidamente, en la resolución recaída en el Exp. Nº 03764-2010-PA/ TC, caso Guillermo Sandoval, las instancias inferiores del Poder Judicial

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también declararon improcedente la demanda de “amparo contra resolución judicial”, por considerar que los argumentos de la demanda se dirigían a cuestionar el razonamiento jurídico y la decisión jurisdiccional de los magistrados emplazados, y porque no existía evidencia de la vulneración de los derechos que denuncia el recurrente en su demanda de amparo. No obstante, la improcedencia liminar decretada, el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de amparo, por existir una eventual vulneración del derecho fundamental al debido proceso. Asimismo, en la resolución recaída en el Exp. Nº 00377-2011-PA/TC, caso Antonio Delgado, las instancias inferiores del Poder Judicial declararon improcedente la demanda de “amparo contra resolución judicial”, por considerar que el recurrente convino con la resolución que hoy se cuestiona al otorgársele la posibilidad de cuestionarla a través de un medio procesal idóneo como es el recurso de apelación, y porque el amparo contra resoluciones judiciales no es un instrumento procesal mediante el cual el juez constitucional pueda evaluar la interpretación y/o aplicación correcta de una norma legal. No obstante la improcedencia liminar decretada, el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de amparo, por existir una eventual vulneración del derecho fundamental a la efectividad de las resoluciones. Del mismo modo, en la resolución recaída en el Exp. Nº 00129-2011-PA/ TC, caso Víctor Vargas, las instancias inferiores del Poder Judicial declararon improcedente la demanda de “amparo contra resolución judicial”, por considerar que existen vías procedimentales específicas e igualmente satisfactorias para la protección del derecho constitucional denunciado, y porque la demanda fue planteada de manera extemporánea. No obstante la improcedencia liminar decretada, el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de amparo, por existir una eventual vulneración del derecho fundamental al procedimiento preestablecido por ley. Ya en la sentencia recaída en el Exp. Nº 03515-2010-PA/TC, caso Justo Caparo, las instancias inferiores del Poder Judicial declararon improcedente la demanda de “amparo contra resolución judicial”, por considerar que el derecho de embargo tiene una reglamentación legal, mas no constitucional; y porque la Gerencia General del Poder Judicial viene efectivizando el pago de sus obligaciones derivadas de sentencias judiciales. No obstante la improcedencia liminar de la demanda y las consideraciones vertidas por el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo, por haberse vulnerado el derecho fundamental a la efectividad de las resoluciones judiciales en un plazo razonable.

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Por último, en la sentencia recaída en el Exp. Nº 0089-2007-PA/TC, caso Crucita Sotelo, las instancias inferiores del Poder Judicial declararon improcedente la demanda de “amparo contra resolución judicial”, por considerar que no se evidenciaba amenaza o violación de derecho constitucional alguno, y la recurrente pretendía originar un nuevo debate de los hechos relacionados con la controversia. No obstante la improcedencia liminar de la demanda, y las consideraciones vertidas por el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo, por haberse vulnerado el derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

III. El Tribunal Constitucional y las improcedencias liminares de la demanda Verificada la inoperancia de las dos instancias del Poder Judicial, que de manera impertinente vienen declarando liminarmente improcedentes sendas demandas de “amparo contra resolución judicial”, a pesar de que las mismas contenían asuntos de relevancia constitucional; cierto es también que muchas de estas demandas son planteadas sin sustento constitucional alguno, mereciendo la declaratoria de improcedencia porque solo buscan extender el debate de lo ya resuelto en la jurisdicción ordinaria. Es pues, atendiendo a esta problemática, que el Tribunal Constitucional en una serie de fallos, ha venido delineando qué pretensiones pueden tramitarse por la vía del “amparo contra resolución judicial” y qué otras pretensiones no. De este modo, en la resolución recaída en el Exp. Nº 04496-2008-PA/ TC, caso Eusebia Rivera, el Tribunal declaró improcedente la demanda, tras considerar que el amparo contra resoluciones judiciales no puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, ya que no constituye un medio impugnatorio que continúe revisando una decisión que sea de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria. En el caso de autos, el medio impugnatorio pertinente para hacer valer tal pretensión era el recurso de casación, el cual no fue interpuesto por la recurrente. Asimismo, en la resolución recaída en el Exp. Nº 05203-2008-PA/TC, caso Delfina Telma, el Tribunal declaró improcedente la demanda, tras considerar que se quería convertir al proceso de amparo contra resoluciones judiciales en un medio para subsanar deficiencias procesales o eventuales descuidos en la defensa de alguna de las partes en el trámite regular de un proceso judicial; cuestión esta que la justicia constitucional no debe permitir.

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Seguidamente, en la resolución recaída en el Exp. Nº 04553-2008-PA/ TC, caso Las Cinco Estrellas del Sur S.A., el Tribunal declaró improcedente la demanda, tras considerar que el proceso de amparo, en general, y el amparo contra resoluciones judiciales, en particular, no pueden constituirse en mecanismos de articulación procesal de las partes, mediante los cuales se pretende extender el debate de las cuestiones sustantivas y procesales ocurridas en un proceso anterior, sea este de naturaleza que fuere. El amparo contra resoluciones judiciales requiere, pues, como presupuestos procesales indispensables, la constatación de un agravio manifiesto a la tutela judicial o al debido proceso (artículo 4 del Código Procesal Constitucional) que comprometa seriamente el contenido protegido de algún derecho de naturaleza constitucional (artículo 5 inciso 1 del Código Procesal Constitucional). Posteriormente, en la resolución recaída en el Exp. Nº 03222-2011-PA/ TC, caso Inhorsa, el Tribunal declaró improcedente la demanda, tras considerar que lo pretendido por la empresa recurrente era que este Colegiado suspenda la tramitación de los procesos judiciales de desalojo por ocupación precaria basado en la propiedad de los inmuebles descritos, pretensión esta que no puede ser ventilada en sede constitucional en razón de que la titularidad del derecho de propiedad resulta –por decir lo menos– incierta, controvertida o dudosa ante las posteriores transferencias y cesiones de derechos realizadas a favor del Banco de Vivienda del Perú en liquidación sobre los inmuebles inscritos en las fichas Nº 365039, Nº 365040, Nº 188156, del distrito de Santiago de Surco, y Nº 149764, del distrito de San Martín de Porres; actos jurídicos que no han sido declarados judicialmente nulos o ineficaces. Ya en la resolución recaída en el Exp. Nº 05350-2011-PA/TC, caso Yolanda Mamani, el Tribunal declaró improcedente la demanda, tras considerar que la pretensión de la recurrente no está referida al ámbito constitucionalmente protegido de los derechos que invoca, pues como es de advertirse la desestimatoria del pedido de nulidad de remate realizado por la recurrente es una atribución que corresponde a la jurisdicción ordinaria (Poder Judicial), la cual debe orientarse por las reglas específicas establecidas para tal propósito, así como por los valores y principios que informan la función jurisdiccional, ya que dicha facultad constituye la materialización de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional que la Norma Fundamental reconoce a este Poder del Estado, no siendo competencia ratione materiae de los procesos constitucionales evaluar las decisiones judiciales, a menos que se aprecie un proceder irrazonable, lo que no sucede en el presente caso.

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Acto seguido, en la resolución recaída en el Exp. Nº 02585-2009-PA/TC, caso Carlos Pisco, el Tribunal declaró improcedente la demanda, tras considerar que los procesos constitucionales no pueden articularse para reexaminar los hechos, reinterpretar normas o valorar medios probatorios ofrecidos y que ya han sido previamente compulsados por las instancias judiciales competentes para tal materia, a menos, claro está, que de dichas actuaciones se ponga en evidencia la violación manifiesta de algún derecho fundamental. En cuanto a la cobertura y alcances del proceso de “amparo contra resolución judicial”, en la resolución recaída en el Exp. Nº 03113-2012-PA/TC, caso Elizabeth Guerrero y otra, el Tribunal declaró improcedente la demanda, tras considerar que las recurrentes trajeron a debate en sede constitucional la supuesta existencia de remates extrajudiciales sobre inmuebles de su propiedad adquiridos vía prescripción adquisitiva de dominio, inscritos e independizados en las partidas registrales Nºs 11131034 y 11122470; empero dicho asunto no puede ser ventilado en sede constitucional a través del proceso constitucional de amparo toda vez que este, por carecer de estación probatoria y por tener naturaleza eminentemente restitutiva, resulta impertinente para determinar, individualizar y/o declarar la propiedad de los inmuebles de las recurrentes que formarían parte de la Urbanización Nuestra Señora del Carmen, distrito de El Tambo, provincia y departamento de Junín. Que de otro lado, el proceso constitucional de amparo también se muestra impertinente para establecer con meridiana claridad los linderos, límites y extensiones de los inmuebles de propiedad de las recurrentes en relación con los otros inmuebles que formarían parte de la Urbanización Nuestra Señora del Carmen, distrito de El Tambo, provincia y departamento de Junín, los cuales se sacarían a remate extrajudicial, pues para ello se requiere actuar, valorar y merituar medios probatorios tales como: pericias, inspecciones judiciales y/o levantamiento topográfico de linderos, entre otros, en etapa probatoria que resulta vedada a los procesos constitucionales. En la sentencia recaída en el Exp. Nº 02298-2005-PA/TC, caso José Mendo, el Tribunal expresó que conforme a su reiterada y uniforme jurisprudencia, la determinación de cuál es la norma aplicable para resolver una controversia suscitada en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, es un tema que no está dentro de la competencia ratione materiae del proceso constitucional de amparo. Tenemos dicho, en efecto, que el amparo contra resoluciones judiciales no es un instrumento procesal que (...) mediante su utilización el juez constitucional pueda evaluar si la aplicación de una norma legal se ha efectuado correctamente (o no) al resolverse un caso. (Fundamento 4). Al Tribunal no le es ajeno que en la aplicación del derecho ordinario se

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puedan afectar los derechos fundamentales. Por ello, aplicando la denominada “fórmula Heck”, empleada por el Tribunal Constitucional Federal alemán o la denominada “fórmula de la cuarta instancia” utilizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos sostenido que: La estructuración del proceso, la determinación y valoración de los elementos de hecho, la interpretación del derecho ordinario y su aplicación a los casos individuales son asuntos de los tribunales competentes para tal efecto, y se encuentran sustraídos de la revisión posterior por parte del Tribunal Constitucional (...); solo en caso de la violación de un derecho constitucional específico por parte de un tribunal, puede el Tribunal Constitucional (...) entrar a conocer el asunto (...). [L]os procesos de subsunción normales dentro del derecho ordinario se encuentran sustraídos del examen posterior del Tribunal Constitucional Federal, siempre y cuando no se aprecien errores de interpretación relacionados fundamentalmente con una percepción incorrecta del significado de un derecho fundamental, especialmente en lo que respecta a la extensión de su ámbito de protección, y cuando su significado material también sea de alguna importancia para el caso legal concreto. No obstante el recuento jurisprudencial realizado, creemos necesario efectuar algunas precisiones o ratificaciones a lo que ha venido resolviendo el Tribunal Constitucional en relación con las pretensiones que pueden ser promovidas por la vía del “amparo contra resolución judicial”. Al respecto, es cierto que constituye objeto de este proceso constitucional la protección de derechos fundamentales y no el ser un remedio procesal que se superponga o sustituya al recurso de apelación o casación, al juicio de legalidad del juez ordinario. Ello es así, por cuanto los procesos constitucionales de tutela de derechos fundamentales no tienen por propósito verificar si los jueces, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, infringieron normas procedimentales que no incidan en el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la tutela procesal (error in procedendo), o, acaso, que no hayan interpretado adecuadamente el derecho material (error in iudicando). Empero, cierto es también que el juez constitucional o el Tribunal Constitucional tienen competencia para examinar dichos errores del juez ordinario cuando los mismos son constitutivos de la vulneración de un derecho fundamental.

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No es posible pues, utilizar el “amparo contra resolución judicial” como un mecanismo donde pueda volverse a reproducir una controversia resuelta por las instancias de la jurisdicción ordinaria. Y es que este amparo no tiene el efecto de convertir al juez constitucional o al Tribunal Constitucional en una instancia más de la jurisdicción ordinaria, pues la resolución de controversias surgidas de la interpretación y aplicación de la ley es de competencia del Poder Judicial; siempre, claro está, que esa interpretación y aplicación de la ley se realice conforme a la Constitución y no vulnere derechos fundamentales. Lo expuesto, lleva a afirmar entonces que en el seno del “amparo contra resolución judicial” solo puede plantearse como pretensión que un acto procesal del juez ordinario ha vulnerado un derecho fundamental, descartándose todos aquellos pronunciamientos que no incidan sobre el contenido constitucionalmente protegido de estos derechos fundamentales invocados.

IV. Improcedencias liminares y pronunciamientos de fondo del Tribunal Constitucional Un asunto procesal que reviste especial relevancia es la posibilidad o no de que el Tribunal Constitucional, pese a las improcedencias liminares de la demanda de “amparo contra resolución judicial” decretadas por las instancias inferiores del Poder Judicial, pueda emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, declarando fundada o infundada la demanda constitucional, sin que haya mediado contradictorio previo o no hayan participado los demandados y demás interesados, en quienes puede recaer los efectos de la sentencia constitucional a emitirse. A propósito de ello, el Tribunal Constitucional ha desarrollado una argumentación en la que privilegia la emisión de una sentencia sobre el fondo del asunto (fundada o infundada), ya sea por razones de urgencia en la protección del derecho fundamental o por existir abundante acervo probatorio acompañado a la demanda, postergando de esta manera la participación del emplazado y demás interesados en el proceso constitucional hasta el momento en que se renueve o repongan los actos procesales al interior del proceso judicial ordinario. De este modo, en la sentencia recaída en el Exp. Nº 0089-2007-PA/TC, caso Crucita Sotelo, el Tribunal, a pesar de advertir la improcedencia liminar

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de la demanda de amparo, optó por emitir un pronunciando sobre el fondo del asunto, argumentando que:

“(…) El Tribunal Constitucional, previamente, estima que los motivos en los cuales se ha sustentado el pronunciamiento desestimatorio de la demanda, en el mejor de los casos, es impertinente. Sucede, en efecto, que según lo planteado en la demanda, la recurrente cuestiona un asunto constitucionalmente relevante: la omisión y/o falta de pronunciamiento respecto a la responsabilidad del codemandado principal (Sandvik Tamrock del Perú S.A.) la cual vulneraría el derecho de la recurrente a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

Al efecto, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal (cfr. STC Nº 4587-2004-AA/TC), en algunos casos es posible emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, aun cuando la demanda haya sido declarada liminarmente improcedente en las instancias inferiores. Para evaluar la procedencia de tal decisión se tiene que tomar en cuenta si se afectan los derechos de la parte contraria que, al no haber contestado la demanda, podría quedar en estado de indefensión ante una sentencia adversa; la intensidad de la afectación en el ámbito de sus derechos como producto de la decisión del Tribunal; la importancia objetiva del caso; los perjuicios que se podrían generar al recurrente por la demora en un pronunciamiento sobre el fondo; y el hecho de que el demandado por lo menos se haya apersonado al proceso y contestado la demanda, de ser el caso.

Sobre el particular, este Tribunal Constitucional ha tenido la ocasión de precisar que si se está ante la presencia de afectaciones formales y sustanciales al debido proceso, es posible condicionar la naturaleza de la participación de las partes en el amparo, puesto que las argumentaciones que estas puedan ofrecer, esencialmente, se centran en colaborar con el juez constitucional ofreciendo criterios de interpretación en torno al significado jurídico-constitucional de los derechos fundamentales cuya afectación se cuestiona (cfr. STC Nº 0976-2001-AA/TC). No obstante lo expuesto, en el caso de autos este Tribunal Constitucional considera que de igual forma no se requiere la participación del demandado, en tanto se aprecia que la recurrente cuestiona la omisión y/o falta de pronunciamiento respecto a la responsabilidad del codemandado principal (Sandvik Tamrock del Perú S.A.), lo que constituye un asunto

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de puro derecho o de iure, siendo innecesaria e irrelevante para los fines de resolver la presente causa la existencia previa de cualquier alegación o defensa del órgano judicial demandado, pues estando ante la presencia de una resolución judicial que se cuestiona a través del amparo contra resoluciones judiciales la posición jurídica del órgano judicial demandado siempre y en todo los casos se encontrará reflejada en la misma resolución que se cuestiona; situación que se corrobora con la experiencia acumulada por este Tribunal Constitucional la cual revela que también siempre y en todos los casos la defensa del Poder Judicial, realizada por sus procuradores públicos, argumenta a ultranza la situación de arreglada a derecho de la resolución cuestionada, sin llegar a enriquecer el debate constitucional.

Por tanto, el Tribunal Constitucional estima que tiene competencia para analizar el fondo de la controversia”.

De igual forma, en la sentencia recaída en el Exp. Nº 01206-2006-PA/TC, caso Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C., el Tribunal, a pesar de advertir la improcedencia liminar de la demanda de amparo, optó por emitir un pronunciando sobre el fondo de asunto, precisando que:

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“Una segunda cuestión que debe también ser analizada antes de ingresar al fondo de las cuestiones planteadas, es la referida al rechazo liminar que ha merecido la demanda de autos por las dos instancias judiciales previas. La cuestión que debe plantearse en este punto es si, pese a tal situación procesal, resulta válida la emisión de una sentencia sobre el fondo. Al respecto, la posición jurisprudencial de este Tribunal ha sido uniforme, al considerar que la aplicación del segundo párrafo del artículo 20 del Código Procesal Constitucional, esto es, la anulación de todo lo actuado tras constatarse que se ha producido un indebido rechazo liminar de la demanda en las instancias judiciales, solo podría decretarse tratándose de la presencia irrefutable de un acto nulo; entendiéndolo como aquel, ‘(...) que, habiendo comprometido seriamente derechos o principios constitucionales, no pueden ser reparados’ (STC Nº 0569-2003-AC/ TC, fund. jur. Nº 4).

En este sentido y conforme hemos señalado recientemente en la sentencia del Exp. N° 4587-2004-AA/TC, “la declaración de invalidez de todo lo actuado solo resulta procedente en aquellos casos en los que el vicio procesal pudiera afectar derechos constitucionales de alguno de los sujetos que participan en el proceso. En particular, del


emplazado con la demanda, cuya intervención y defensa pueda haber quedado frustrada como consecuencia precisamente del rechazo liminar” (f. j. 15).

En el caso de autos, tal afectación no se ha producido, en la medida en que las partes involucradas, pese al rechazo liminar de la demanda por las dos instancias judiciales, no obstante han tomado conocimiento del trámite procesal de la demanda. En tal sentido, el procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, se ha apersonado y presentado sus alegatos e incluso la empresa Backus, que en estricto no era la parte emplazada con la presente demanda, ha presentado informes y escritos sustentando su posición. De este modo, el Tribunal considera que si bien los jueces de las instancias precedentes debieron admitir la demanda, sin embargo al no hacerlo, no se ha generado un supuesto de nulidad que amerite retrotraer el estado del proceso a la etapa de su admisión, pues ello podría resultar más gravoso aún para la parte que ha venido solicitando tutela urgente para sus derechos a través del proceso de amparo. Esta postura encuentra fundamento además, en el hecho de que en el caso de autos; a) en primer lugar, se recogen todos los recaudos necesarios como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo; b) el rechazo liminar de la demanda no ha afectado el derecho de defensa de los emplazados, quienes fueron notificados, y si bien no participaron directamente, sí lo hicieron a través del procurador público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial; c) por último, no debe olvidarse que en el caso de autos se cuestiona una decisión cautelar, es decir, una decisión que ha sido adoptada con la inmediatez y urgencia propia de su naturaleza procesal y que viene surtiendo efectos desde su adopción, lo que requiere también una respuesta rápida que no convierta en irreparable la posible afectación si es que así se comprobara.

En consecuencia y, conforme a los principios que informan los procesos constitucionales, en particular, los principios de economía, informalidad, celeridad y el principio finalista, según el cual, las formalidades procesales están al servicio de los fines que se persigue con la instauración de los procesos constitucionales; este Tribunal considera que debe ingresar a analizar las pretensiones de fondo planteadas y emitir sentencia resolviendo el conflicto constitucional suscitado.

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Los actos lesivos en el “amparo contra resolución judicial”: Autos, decretos y sentencias

I. La interpretación arbitraria de una ley Reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional, establece que la interpretación del derecho legal ordinario (Código Civil, Código Penal, Código Tributario, etc.) es una competencia propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, existen casos en que la jurisdicción constitucional sí se encuentra habilitada para emitir un pronunciamiento respecto de los alcances interpretativos de una ley, precisamente cuando tal interpretación, por ser arbitraria, incida de modo arbitrario en determinados derechos fundamentales, bienes o valores constitucionales. Y es que cuando un juez ordinario, al momento de resolver una controversia jurídica, interpreta las disposiciones legales, serán los significados y normas extraídas de tales dispositivos los que constituirán el basamento de la decisión judicial, y precisamente esos significados o normas pueden y deben ser controladas de cara con el marco de derechos y valores establecidos en la Constitución Política del Perú. De esta manera, es posible el control constitucional sobre las interpretaciones de las disposiciones de una ley que realice el juez ordinario, en tanto y en cuanto la interpretación de una norma, es susceptible de vulnerar el contenido constitucionalmente protegido de algún derecho fundamental. Lo contrario, la ausencia de control sobre la interpretación de un dispositivo legal, crearía zonas exentas del control constitucional, resultando ello vedado en el actual Estado Constitucional de Derecho. Ejemplo de este acto lesivo, es el consignado en la sentencia recaída en el Exp. Nº 05923-2009-PA/TC, caso Pablo Torres Arana, a través del cual el Tribunal estableció que:

“(…) la interpretación de la legalidad es función de la justicia ordinaria [‘la competencia del Poder Judicial quedará restablecida, salvo acuerdo distinto de las partes’ prevista en el inciso 6) del artículo 78 de la Ley Nº 26572]. Empero, en este caso existe una

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excepción, pues obligar a la Corte a que interprete la frase afectaría el plazo razonable (8 años). Por tanto, el Tribunal Constitucional considera que el órgano competente para conocer la pretensión arbitral cuyo laudo fue declarado nulo es la Sala que declaró la nulidad, quien debe fallar de modo inmediato”. Asimismo, en la sentencia recaída en el Exp. Nº 02132-2008-PA/TC, caso Rosa Martínez, el Tribunal señaló que:

“(…) la pretensión de la recurrente sí es una susceptible de protección mediante el presente proceso constitucional, pues si bien, conforme a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la interpretación de la ley (Código Civil, Código Procesal Civil, etc.), en general, viene a ser una competencia propia de la justicia ordinaria, existen casos en que la justicia constitucional sí se encuentra habilitada para emitir pronunciamiento respecto de la interpretación de la ley, precisamente cuando tal interpretación incida de modo arbitrario en determinados derechos fundamentales, entre otros bienes constitucionales”.

II. La aplicación arbitraria de una ley Alude a un supuesto en el que el proceso judicial ordinario, sea del tipo que fuere, ha sido sentenciado o resuelto en su decisión final sustentándose en una norma que no se encuentra vigente, ya sea porque esta ha sido derogada, modificada o aún no ha sido promulgada, o se encuentra en periodo de vacatio legis.

III. La indebida motivación de las sentencias y autos dictados por el juez La motivación debida de las decisiones judiciales comporta que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión; implica también que exista congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, que por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun cuando esta sea breve o concisa. Esas razones, por lo demás, deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino y sobre todo de los propios hechos

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debidamente acreditados en el trámite del proceso del que se deriva la resolución cuestionada. Así pues, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, inconstitucional. No obstante lo anterior, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la afectación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, sino solo en aquellos casos en los que dicha facultad se ejerce de manera arbitraria; es decir, en los casos en los que la decisión es más bien fruto del decisionismo que de la aplicación razonable del derecho en su conjunto.

IV. La notificación defectuosa de sentencias o autos dictados por el juez Este acto lesivo, se materializa al interior del proceso judicial ordinario, cuando el órgano judicial procede a la notificación de los actos procesales dirigidos al emplazado o demandado en un domicilio procesal que no era el suyo, siguiéndose el proceso judicial a espaldas de este, y con vulneración de su derecho fundamental de defensa. A estos efectos, cabe recordar que se vulnera el derecho de defensa cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su defensa. Evidentemente no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios produce un estado de indefensión reprochada por el contenido constitucionalmente protegido del mencionado derecho. Esta es constitucionalmente relevante cuando la indefensión se genera en una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Y se produce solo en aquellos supuestos en que el justiciable se ve impedido, de modo injustificado, de argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (STC N° 00582-2006-PA/TC).

V. La no actuación de medios probatorios ofrecidos por las partes o las decretadas de oficio por el juez El acto lesivo radica en que la decisión judicial es emitida por los jueces ordinarios sin apoyarse en elemento de prueba alguno que haya sido aportado por las partes procesales o decretada de oficio por el juez ordinario.

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Esta situación, evidentemente vulnera el derecho fundamental a la prueba, el cual está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios; a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios, y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tengan en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado (STC Exp. Nº 6712-2005-PHC/TC).

VI. Las denegatorias de los recursos de apelación y casación Este acto lesivo encuentra materialización cuando los jueces de paz letrados, especializados o jueces superiores, encargados de tramitar los recursos de apelación o casación respectivamente, por el contrario los deniegan o rechazan, argumentando la extemporaneidad en la presentación de los mismos o el incumplimiento de requisitos legales para su procedencia. De este modo, se vulneraría el derecho a la pluralidad de instancia, al no habérsele permitido a la parte procesal que la decisión de primera o segunda instancia que le causaba agravio sea revisada por un órgano jerárquicamente superior (STC Exp. N° 0023-2003-AI/TC).

VII. La revisión o inicio de procesos judiciales ya fenecidos Puede darse el caso que habiendo fenecido un determinado proceso judicial ordinario, teniendo este la calidad de cosa juzgada, inmodificable e inmutable, se pretenda luego iniciar un nuevo proceso judicial ordinario que busque restarle validez al anterior. En este supuesto, queda claro que el control constitucional se centrará en determinar o evaluar si el acto lesivo consistente en el inicio de este nuevo proceso judicial tendría por vocación u objetivo modificar, alterar o suspender los alcances de lo resuelto en el anterior proceso judicial, lo cual vulneraría el derecho fundamental a que se respete una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada. Y es que mediante el derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada se garantiza el derecho de todo

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justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó (STC Exp. Nº 4587-2004-AA/TC).

VIII. La declaratoria de nulidad de sentencias o autos ya emitidos Los órganos judiciales ordinarios, al momento de conocer en grado de apelación asuntos principales o incidentales, tienen la facultad de nulificar o anular la sentencia o auto de primera instancia en el supuesto de que se haya incurrido en un vicio del procedimiento (errores in procedendo), ordenando, en este último supuesto, que el juez de inferior grado expida nueva sentencia o auto. En este supuesto, el acto lesivo consistiría en el incorrecto ejercicio de la potestad nulificadora del órgano judicial.

IX. La omisión judicial Las vulneraciones a los derechos fundamentales, producidos al interior de procesos judiciales ordinarios, pueden tener su origen tanto en acciones como en omisiones, pues el proceso de amparo, según el artículo 200.2 de la Constitución Política del Perú, procede frente a un hecho (acto) u omisión. Dentro de los primeros no solo se incluyen los autos, decretos y sentencias, sino a todas las actuaciones judiciales susceptibles de vulnerar los derechos fundamentales de las partes procesales. En cuanto a las omisiones, las demandas de “amparo contra resoluciones judiciales” tendrían como objeto denunciar dilaciones indebidas en la tramitación o en la resolución de los procesos judiciales ordinarios, así como dilaciones en el concesorio de ciertos medios impugnatorios (apelación, queja o casacion), ello a consecuencia de la burocracia judicial o la excesiva carga procesal que habita en los despachos de los jueces ordinarios.

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STC Exp. N° 3491-2005-PHC/TC Las situaciones lesivas 11. En el caso de autos, se observa que tras haberse expedido la resolución de fecha 25 de octubre de 2004 por parte del Cuadragésimo Primer Juzgado en lo Penal de Lima, mediante la cual se declara improcedente el proceso de hábeas corpus que inicialmente planteara el recurrente, este interpone su recurso de apelación, dando lugar a que la Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima emita resolución con fecha 15 de noviembre de 2004, mediante la cual señala como fecha de la vista de la causa el 22 de noviembre de 2004, situación que también es reconocida por los vocales demandados en sus respectivas manifestaciones. 12. El demandante de la presente causa sostiene que, pese a haberse llevado a efecto la vista de la causa en la fecha señalada (22 de noviembre de 2004), hasta el momento de la interposición de la presente demanda (10 de enero de 2005), no había sido resuelta la apelación que formulara contra la resolución de primera instancia, lo que, en efecto, constituye un total despropósito si se toma en cuenta que tanto el artículo 20 de la Ley N° 23506 (vigente al momento de tramitarse el primer hábeas corpus) como el artículo 36 del Código Procesal Constitucional (vigente al tramitarse el segundo hábeas corpus) consideran, como plazo máximo e improrrogable para resolver, un periodo de cinco días (entendidos como hábiles), no existiendo, por otra parte, ninguna explicación que pueda justificar tal demora. 13. Aunque, a posteriori de haberse interpuesto la presente demanda constitucional, la Sala emplazada ha señalado que, con fecha 26 de noviembre de 2004, se procedió a expedir la resolución que confirma la apelada en todos sus extremos, habiéndose acompañado la resolución en la que, en efecto, consta su existencia, consideramos insuficiente dicha argumentación, pues conforme aparece de dicha copia, obrante de fojas 31 a 33 de los autos, esta fue notificada recién con fecha 11 de enero de 2005; es decir, un día después de haberse promovido el presente proceso constitucional y solo a instancias de haberse emplazado a los magistrados demandados. No es, pues, la fecha de emisión de la resolución lo que aquí se meritúa, sino la fecha de su notificación, ya que es desde la misma en que el demandante recién puede considerar resuelta su situación jurídica en uno u otro sentido. Es incongruente, por lo demás, que entre la fecha en que supuestamente fue expedida la resolución y la fecha en que se produce su notificación, exista un lapso notoriamente dilatado e incompatible a todas luces con el carácter sumarísimo de todo proceso de hábeas corpus, tanto más cuanto que el mismo Código Procesal Constitucional establece, en su artículo 33, inciso 8), el carácter improrrogable de las actuaciones procesales. 14. Debe, en todo caso, quedar establecido que, aun cuando los plazos previstos para la tramitación de cada proceso constitucional supongan un carácter sumarísimo, en muchas ocasiones incompatible con la inmensa carga procesal de la que adolece la

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administración de justicia en general, ello no significa que, so pretexto de tal situación, se minimice o, peor aún, se ignore por completo los fines tutelares de dichos mecanismos, equiparando su tramitación a la de los procesos ordinarios. No debe olvidarse que, conforme lo dispone el artículo 13 del Código Procesal Constitucional (reiterando criterios en su día dispuestos por los artículos 6 y 7 de la Ley N° 25398), los jueces se encuentran en la obligación de tramitar con preferencia los procesos constitucionales, quedando claro que la responsabilidad por la defectuosa o tardía tramitación de estos será exigida y sancionada por los órganos competentes.

X. La valoración de pruebas en sede casatoria Según el artículo 384 del Código Procesal Civil el recurso de casación tiene “por fines esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia”. Advertido ello, queda claro que en el recurso casación no se pueden, cual si fuera una instancia de mérito, valorar nuevamente las pruebas aportadas, admitidas y actuadas en el primer y/o en el segundo grado del proceso ordinario, pues su configuración normativa establece que tal recurso tiene por finalidad solo la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto. STC Exp. N° 02039-2007-PA/TC 5. (...) [L]a casación se erige en algunos casos como un mecanismo de defensa de la legalidad por medio del cual se asegura la sujeción de los jueces a la ley en la impartición de justicia y, por esa vía, se mantiene el efecto vinculante del derecho objetivo. En otros supuestos, la casación se proclama como el mecanismo destinado a garantizar la vigencia real y efectiva del principio de igualdad en su aplicación, pues al unificar su interpretación evita decisiones judiciales contradictorias.

En todo caso, si la Corte Suprema de Justicia de la República considera que la valoración de los medios de prueba actuados en primer y/o en segundo grado contraviene los principios de la lógica, las máximas de la experiencia o las reglas de la apreciación razonada de la prueba; es decir, si las distintas conclusiones a que se llega sobre las pruebas alcanzan a revestir arbitrariedad, deberá anular la resolución que afecta el derecho al debido proceso porque, en tal caso, se ha valorado indebida o irrazonablemente los medios probatorios, y ordenar al juez o Sala que expida una nueva resolución.

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6. Efectuadas las precisiones que anteceden sobre el recurso de casación, este Colegiado considera que en el presente caso se ha vulnerado el derecho al debido proceso de los demandantes, debido a que las ejecutorias supremas referidas en el fundamento 1, supra, han resuelto los recursos de casación interpuestos como si se tratara de una instancia adicional y no un mecanismo extraordinario, en tanto plantearon y resolvieron una nueva consideración de lo que fue objeto de debate en los procesos laborales, así como de los medios de prueba actuados y valorados por las Salas laborales de segundo grado. 7. Por esta razón, debe estimarse la demanda y, en virtud de la finalidad restitutiva del proceso de amparo, las sentencias de las Salas laborales que han sido revocadas por las ejecutorias supremas cuestionadas deben mantener la calidad de cosa juzgada, y por ende, ser ejecutadas en sus propios términos.

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Los demandados en el “amparo contra resolución judicial”

De conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 39 del Código Procesal Constitucional, el legitimado activo para promover un “amparo contra resolución judicial”, resulta ser precisamente la persona afectada con alguna resolución judicial que, de manera individual, directa o indirecta, le produce un agravio a sus derechos e intereses jurídicos, sea que haya participado en el proceso judicial ordinario o no haya participado en él (tercero), recayendo, en este último, la totalidad de los efectos de la decisión judicial. Empero, surge la interrogante: ¿Quiénes pueden ser los demandados o legitimados pasivos en el “amparo contra resolución judicial”?

I. Los jueces de paz letrados, especializados, superiores o supremos del Poder Judicial Los legitimados pasivos o demandados por excelencia en el “amparo contra resolución judicial”, aluden pues a los órganos judiciales del Poder Judicial, conformados solo por todos los jueces de paz, especializados, superiores o supremos que imparten justicia o resuelven conflictos en la jurisdicción del Poder Judicial. Siendo que a través del “amparo contra resolución judicial” se pretende nulificar o dejar sin efecto autos, decretos o sentencias, no cabe duda alguna de que los demandados deben ser los jueces que emitieron o suscribieron la decisión emitida. Y es que a ellos mismos, el juez constitucional en caso de estimar el amparo, les ordenara renovar el auto, decreto o sentencia viciado de inconstitucionalidad. La defensa de los jueces estará a cargo del Procurador Público del sector, cuya participación es ineludible, sin embargo, la participación de los jueces en el proceso es facultativa, aunque el Código Procesal Constitucional establece que se les debe notificar la demanda y la sentencia. Resulta evidente pues, que cuando se promueve una demanda de “amparo contra resolución judicial” es porque precede o antecede un proceso judicial

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ordinario cuya resolución judicial firme es considerada inconstitucional porque se le acusa de vulnerar un derecho fundamental. Entonces, si el acto lesivo que será objeto de análisis en el amparo es una resolución judicial firme, cabe preguntarse ¿quién o quiénes expidieron esa resolución judicial firme? sujetos que a la postre constituirán la parte pasiva de la relación jurídico-procesal, esto es, los jueces del Poder Judicial. RTC Exp. N° 01543-2011-PA/TC 4. (...) [L]a recurrente reclama vulneraciones a los derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva producida durante la tramitación de un proceso de hábeas corpus (Exp. Nº 1329-2009) seguido en última instancia por ante el Poder Judicial, y en el que finalmente este expidió una decisión estimatoria de la demanda que dejó sin efecto las órdenes de captura dictadas y dispuso la inmediata libertad del favorecido, decisión que la recurrente la juzga ilegítima e inconstitucional porque en su calidad de vocal integrante de la Sala Penal fue comprendida en la demanda, a pesar de que oportunamente comunicó a los órganos judiciales que en ese momento no había tenido participación alguna en el expediente penal donde se emitieron las órdenes de captura. 5. Que analizada la reclamación formulada, este Colegiado aprecia que la demanda no cumple los presupuestos de procedencia recogidos en el primer párrafo del supuesto a), ni en el supuesto d) del consabido régimen especial, toda vez que en las demandas de [amparo contra resoluciones judiciales], por cuestionarse una resolución judicial la legitimidad pasiva –sin exclusión de otros legitimados e interesados– la ostentan el juez o los jueces que individualmente expidieron la resolución judicial que se cuestiona; o en su defecto, la ostentan el juez o los jueces que al momento de la demanda integren el órgano o despacho judicial que expidió la resolución judicial cuestionada, esto último atendiendo a que los jueces que expidieron la resolución cuestionada pueden no ocupar actualmente tales cargos. Por tanto, el hecho que al momento de la presentación de la demanda haya integrado dicho colegiado, no la hace responsable de la vulneración de los derechos del favorecido, por no haber participado individualmente en el dictado de las órdenes de captura. 6. Que en consecuencia, resulta de aplicación el artículo 5, inciso 6, del Código Procesal Constitucional, debiendo desestimarse la demanda de amparo por improcedente.

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II. El procurador público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial El artículo 7 del Código Procesal Constitucional establece que la defensa del Estado o de cualquier funcionario o servidor público está a cargo del procurador público o del representante legal respectivo, quien deberá ser emplazado con la demanda. Además, debe notificarse con ella a la propia entidad estatal o al funcionario o servidor demandado, quienes pueden intervenir en el proceso. Aun cuando no se apersonaran, se les debe notificar la resolución que ponga fin al grado. Su no participación no afecta la validez del proceso. En explicación de este dispositivo legal, y en desarrollo de la participación obligatoria del procurador público del Estado en los procesos constitucionales, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Exp. Nº 01152-2010-PA/TC, caso Félix Ramírez, ha sostenido que:

“(…) la configuración del Sistema de Defensa Judicial o Jurídica del Estado y la actuación de los procuradores públicos en el Estado Constitucional de Derecho debería presuponer, en opinión de este Colegiado, una colaboración activa y tenaz con los órganos jurisdiccionales en procura de la solución justa, pacífica y oportuna del conflicto judicial, pues no debe olvidarse que el Sistema de Defensa Judicial del Estado, como órgano constitucional, se encuentra íntimamente vinculado al respeto, promoción y defensa de los derechos fundamentales de la persona. (Cfr. STC Nº 04063-2007-PA/TC, fundamento 11).

De este modo, así como al Estado, representado judicialmente a través de sus procuradores públicos, se le exige una actitud colaboradora con la promoción y respeto de los derechos constitucionales y la solución justa del proceso judicial en el que intervenga; tal exigencia se extrapola también a los privados e inclusive, en casos excepcionales, al Estado cuando se enfrenta al propio Estado representado a través de sus procuradores públicos. Y esto porque a cada derecho otorgado a un titular le corresponde o sigue una obligación-deber de un tercero de respetarlo. Por tanto si al Estado, representado a través de sus procuradores públicos, se le exige una actitud de respeto a los derechos constitucionales procesales o sustantivos de la contraparte al interior de un proceso judicial (constitucional, laboral, civil, etc.), resulta lógico también que por reciprocidad a las contrapartes

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públicas o privadas enfrentadas con el Estado al interior del proceso judicial también se le exija el respeto de los derechos e intereses de este, reflejado mínimamente en el ejercicio de su derecho de defensa.

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A ello apunta el artículo 7 del Código Procesal Constitucional cuando establece que ‘la defensa del Estado o de cualquier funcionario o servidor público está a cargo del procurador público o del representante legal respectivo, quien deberá ser emplazado con la demanda. Además, debe notificarse con ella a la propia entidad estatal o al funcionario o servidor demandado, quienes pueden intervenir en el proceso. Aun cuando no se apersonaran, se les debe notificar la resolución que ponga fin al grado. Su no participación no afecta la validez del proceso’. De este dispositivo se extrae que cuando se demande o se inicie un proceso judicial en contra del Estado (en sus funciones ejecutivas, legislativas o judiciales) de dicho acto resulta la ineludible obligación del órgano judicial de poner a conocimiento del procurador público del sector la demanda, y la no observancia de ello origina el vicio de invalidez o la nulidad del proceso al tener un defecto insubsanable la relación jurídica procesal. Del referido dispositivo también se deduce la ineludible obligación de poner a conocimiento de la propia entidad estatal o del funcionario o servidor la demanda que se ha interpuesto, entendiéndose en estos supuestos que la demanda deberá ser dirigida al titular del pliego de la entidad, o al órgano estructural en el que desarrolla sus funciones el funcionario o servidor público, y bajo ningún concepto a las personas naturales e individuales que desarrollan tales funciones.

Se aprecia de esta manera que el Código Procesal Constitucional, en el caso de demandas dirigidas contra el Estado (en sus funciones ejecutivas, legislativas o judiciales), ha establecido un litisconsorcio pasivo necesario a través del cual se vincula de manera indisoluble en la relación jurídica procesal tanto al procurador público sectorial como a la propia entidad estatal o al funcionario o servidor demandado, toda vez que la decisión a recaer en el proceso afecta a todos ellos y solo será expedida válidamente si todos comparecen o son emplazados en él. Y es que el Estado lo conformamos todos y cada uno de los ciudadanos y toda decisión que atente contra las funciones, derechos e intereses del Estado nos afecta a todos por igual, de allí que surja la necesidad de que el procurador público tenga la alta responsabilidad y el privilegio de velar por los intereses


del Estado, amén de la defensa que pueda ser ejercida de manera directa por la propia entidad y por el funcionario o servidor público. Esta participación obligatoria del procurador público en los procesos judiciales en los que sea emplazado el Estado tiene por finalidad: i) velar por los derechos e intereses del Estado; ii) coadyuvar de manera eficiente y en forma eficaz al cumplimiento efectivo de la sentencias que ordenan un hacer, un no hacer o un dar al Estado y iii) evitar en el Estado futuras imputaciones de responsabilidades civiles o de cualquier otra índole que repercuta en su patrimonio, sobre todo, en los casos en que el Estado sea parte emplazada y vencida en procesos constitucionales (amparo, hábeas corpus, cumplimiento, etc.)”. No obstante, esta participación obligatoria e ineludible del Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, el Tribunal, en la sentencia recaída en el Exp. Nº 04063-2007-PA/TC, caso José Fernández, le ha impuesto pautas procesales de actuación a estos procuradores públicos, señalándole que:

“(…) la configuración del Sistema de Defensa Judicial del Estado y la actuación de los procuradores públicos en el Estado Constitucional de Derecho, debería presuponer, en opinión de este Supremo Colegiado, una colaboración activa y tenaz con los órganos jurisdiccionales en procura de la solución justa, pacífica y oportuna del conflicto judicial, pues no debe olvidarse que el Sistema de Defensa Judicial del Estado, como órgano constitucional, se encuentra íntimamente vinculado al respeto, promoción y defensa de los derechos fundamentales de la persona. De manera tal que los actos temerarios y dilatorios de los procuradores públicos a sabiendas de la desestimación evidente de sus pretensiones, deberían ser sancionados como faltas graves que atentan contra el valor supremo de justicia. Bajo esta concepción constitucional es que se debe redefinir el sistema de defensa judicial del Estado, debiendo actuar esta, a través de sus procuradores públicos, en coordinación fluida con los titulares de ministerios, órganos públicos ejecutivos y no ejecutivos y demás reparticiones administrativas, a efectos de que estos le sinceren la realidad del caso justiciable, y atendiendo a ello, el procurador público diseñe la estrategia judicial a seguir, gozando este último de real autonomía al momento de ejercer la defensa y el ataque del Estado; pues, siendo profesionales en Derecho, su actuación judicial y administrativa debería estar imbuida primeramente de criterios deontológicos”.

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III. La participación del sujeto beneficiado con la resolución judicial cuestionada El artículo 43 del Código Procesal Constitucional establece que cuando de la demanda apareciera la necesidad de comprender a terceros que no han sido emplazados, el juez podrá integrar la relación procesal emplazando a otras personas, si de la demanda o de la contestación aparece evidente que la decisión a recaer en el proceso los va a afectar. Conforme es fácil advertir, el dispositivo glosado recoge la institución procesal del “litisconsorcio necesario pasivo”, institución que alude esencialmente a que más de una persona conforma de manera indisoluble, la calidad de parte material, es decir, participa de manera inherente e indivisible en una relación jurídica sustantiva. Con él, se busca que quede correctamente establecida la relación jurídica procesal y las decisiones que se expidan (sentencia o un auto) sean eficaces, exigibles y ejecutables. A estos efectos, para que se presente una situación de litisconsorcio necesario pasivo debe existir una relación jurídica sustancial; la relación jurídica sustancial es única para todos los litisconsortes y, resultaría imposible romper la relación material y resolver separadamente la controversia jurídica. De este modo, de conformidad con el 43 del Código Procesal Constitucional, y en aras de establecer una relación jurídica procesal válida, el juez constitucional puede ordenar de oficio, para continuar con el proceso, que se notifique al litisconsorte sobre el inicio del proceso y se le otorgue el plazo para que se apersone, conteste la demanda u oponga excepciones. Y es que se hace necesaria la presencia de todos los componentes de la relación material para poder decidir sobre el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica que se presenta. La no participación en el “amparo contra resolución judicial” de uno de los litisconsortes, origina pues un vicio en la relación jurídica procesal, lo que impide la emisión de un pronunciamiento válido sobre el fondo (sentencia), situación que genera la necesidad de incorporar a este litisconsorte al interior del proceso constitucional. Un ejemplo nos ilustrará acerca de la figura del “litisconsorcio necesario pasivo” en el “amparo contra resolución judicial”. Si un proceso judicial sobre pago de beneficios sociales es iniciado por “José El Vivo”, con la pretensión de que su empleador el “Banco Gandhi

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S.A.” le pague la suma de S/. 75, 000.00 por concepto de beneficios sociales, siendo el caso que “José El Vivo” resulta vencedor del proceso judicial en primera y segunda instancia, e incluso en sede casatoria, porque el derecho le asistía, haciéndose efectivo el pago de la suma dineraria ejecutándose un embargo en el proceso. Pero, es el caso que el “Banco Gandhi S.A.” presenta una demanda de “amparo contra resolución judicial” solicitando la nulidad de las resoluciones de primera y segunda instancia, así como de la casatoria, indicando que los demandados son los jueces especializados, superiores y supremos del Poder Judicial que suscribieron las resoluciones judiciales, quienes al interior del proceso de pago de beneficios sociales le han vulnerado un conjunto de derechos fundamentales. En este caso hipotético, si el amparo lo gana el “Banco Gandhi S.A.” podría ser que el cobro de la suma dineraria decretada a favor de “José El Vivo” corra riesgo o resulte ineficaz si se dejan sin efecto las resoluciones de primera y segunda instancia, así como la casatoria que ordenaron pagar la suma de S/. 75, 000.00. Es por esta razón que el amparo no puede seguirse a espaldas y sin conocimiento de “José El Vivo”, ello porque el artículo 43 del Código Procesal Constitucional establece: cuando de la demanda apareciera la necesidad de comprender a terceros que no han sido emplazados, el juez podrá integrar la relación procesal emplazando a otras personas, si de la demanda o de la contestación aparece evidente que la decisión a recaer en el proceso los va a afectar. Qué duda cabe que, en el ejemplo descrito, “José El Vivo” puede ser afectado en el disfrute y goce de su derecho indiscutible, cierto y líquido de cobrar la suma de dineraria dispuesta por una sentencia judicial ordinaria si se estimara el “amparo contra resolución judicial” a favor del “Banco Gandhi S.A.”. Qué duda cabe también, que “José El Vivo” ha participado en una sola relación jurídica sustancial integrada también por los jueces demandados: el proceso judicial sobre pago de beneficios sociales. Por ello, la figura del “litisconsorcio necesario pasivo” surge respecto del beneficiario con las resoluciones judiciales cuya nulidad se pretende y con los jueces demandados que expidieron las resoluciones judiciales cuestionadas. De este modo, podemos concluir que quienes forman parte en un proceso de “amparo contra resoluciones judiciales” son, sin duda alguna, los jueces que expidieron las resoluciones judiciales cuestionadas, conjuntamente con el beneficiario de la resoluciones judiciales.

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Solo ellos y no otros, con excepción del procurador público del Estado, son quienes deben responder y/o defender la resolución judicial cuestionada que resulta lesiva a un derecho fundamental. Y es que para que el proceso pueda seguir sus cauces normales es indispensable para el juez constitucional, encargado de impartir justicia, definir exactamente quiénes son las partes del proceso constitucional. RTC Exp. N° 01350-2011-PA/TC La existencia de vicios en la tramitación del proceso de amparo contra resolución judicial 5. En el caso que aquí se analiza se reclama la vulneración de los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que en el proceso laboral sobre pago de vacaciones truncas e indemnización por despido arbitrario seguido por doña Ida Belinda Bojorquez Henostroza (Exp. Nº 1152-2007), la Sala demandada convalidó la decisión de primera instancia de pronunciarse sobre la existencia de una supuesta intermediación laboral entre Minera Barrick Misquichilca S.A y la Empresa Emergencia Médica - Plan Vital, aun cuando dicha situación no fue alegada por la demandante. Sin embargo, de la demanda, del admisorio y de las resoluciones expedidas por las instancias judiciales inferiores no es posible advertir que se haya emplazado o puesto en conocimiento de doña Ida Belinda Bojorquez Henostroza la tramitación del presente proceso, deviniendo en obligatoria su participación al tener algo que decir o alegar en defensa del proceso laboral en el que resultó vencedora y en el que se ordenó el pago a su favor de S/. 10,714.97 por concepto de vacaciones truncas e indemnización, resultando evidente que la decisión a recaer en el presente proceso la puede afectar. 6. Que advirtiéndose la omisión descrita, este Colegiado considera que se ha incurrido en causal de nulidad insalvable al haberse admitido y, peor aún, proseguido con la tramitación de una demanda sin que se haya emplazado a doña Ida Belinda Bojorquez Henostroza. Por tanto, en aplicación del artículo 20 del Código Procesal Constitucional, debe anularse lo actuado y remitirse este al juez de la demanda para que emplace a doña Ida Belinda Bojorquez Henostroza y ejerza esta su derecho de defensa.

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Irreparabilidad y cese en el “amparo contra resolución judicial”

Las situaciones de irreparabilidad del derecho fundamental y/o cese del acto lesivo al derecho fundamental, regulados en los artículos 1 y 5 del Código Procesal Constitucional, no resultan extrañas al proceso de “amparo contra resolución judicial”, y pueden dar lugar a que se declare improcedente, fundada o infundada la demanda constitucional. El juego interpretativo de ambos artículos, y su alegación práctica, puede originar las siguientes hipótesis o situaciones en el “amparo contra resolución judicial”: •

A la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional.

•

A la presentación de la demanda la vulneración del derecho constitucional se ha convertido en irreparable.

•

El cese de la agresión y la irreparabilidad se producen antes de la presentación de la demanda de amparo, hábeas corpus, hábeas data y cumplimiento.

•

Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda (amparo innovativo).

•

El cese de la agresión y la irreparabilidad se producen después de la presentación de la demanda de amparo, hábeas corpus, hábeas data y cumplimiento.

A estos efectos, en la resolución recaída en el Exp. Nº 02598-2011-PA/ TC, caso Oswaldo Fernández, el Tribunal Constitucional, por haber cesado la agresión a un derecho fundamental, estableció que:

“(…) en el proceso subyacente de ejecución de garantía hipotecaria (Exp. Nº 02236-1999) no existe acto alguno que cause un agravio actual y manifiesto en el recurrente que sustente además su

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emplazamiento en el citado proceso judicial, toda vez que la orden judicial de lanzamiento ya no recae sobre el inmueble de su propiedad, sino que por el contrario recae en el inmueble que precisamente fue materia del proceso de ejecución de garantía. Razón por la cual, siguiendo el criterio expuesto en los Exp. Nºs 0889-2009-PA/ TC, 4100-2010-PA/TC, carece de objeto que el Colegiado emita pronunciamiento sobre el fondo del asunto por haber desaparecido el agravio alegado por el recurrente. Por lo expuesto, la demanda debe ser declarada improcedente al haber cesado la agresión y no existir agravio a los derechos constitucionales alegados por el recurrente (artículos 1 y 4 del Código Procesal Constitucional)”. Por lo demás, y como ha quedado corroborado en la resolución antes mencionada, la situación de cese del acto lesivo al derecho fundamental se produce cuando el propio aparato judicial, a través de sus jueces, es el que enmienda, corrige o subsana el agravio al derecho fundamental, aun cuando se haya presentado la demanda, declarando de oficio la nulidad de una sentencia o resolución que producía agravio a un derecho fundamental de las partes procesales. Mientras que, por otro lado, la situación de irreparabilidad del derecho fundamental en un “amparo contra resolución judicial”, alude a la imposibilidad material y jurídica de dar una marcha atrás, es decir, de reponer o restituir al momento anterior al agravio producido el derecho fundamental, y ello porque en momentos coetáneos al agravio, en torno a él se han generado una serie de relaciones jurídicas que merecen ser protegidas y coberturadas por el ordenamiento jurídico a través del prinicipio de buena fe negocial. Nos estamos refiriendo, esencialmente, a los agravios a los derechos fundamentales producidos al interior de un proceso de obligación de dar suma de dinero que culmina con el remate del bien inmueble hipotecado. Este inmueble, una vez producido el remate, puede ser transferido de buena fe a segundas o terceras personas, sobre las cuales ya no podría recaer los eventuales efectos de una sentencia constitucional estimatoria que declare nulo el remate, así como las posteriores transferencias realizadas sobre el inmueble. En estos supuestos de irreparabilidad del derecho fundamental vulnerado, cabe acudir válidamente a las correspondientes acciones civiles por daños y perjuicios generados por los jueces ordinarios que tramitaron el proceso de obligación de dar suma de dinero o por los funcionarios judiciales que llevaron adelante el remate efectuado, situación en la cual la

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sentencia constitucional que declarará fundada la demanda y la situación de irreparabilidad del derecho, constituirá prueba idónea acerca del daño producido a una de las partes procesales, estando a cargo de la vía civil solo la cuantificación del perjuicio ocasionado. Atendiendo a esta situación descrita, el Tribunal Constitucional en la resolución recaída en el Exp. Nº 02117-2010-PA/TC, caso Clara Rengifo, con relación a un amparo en el que se cuestionaba el remate judicial de un inmueble que fuera luego transferido a segundas o terceras personas, sostuvo que:

“(…) el artículo 1 del Código Procesal Constitucional establece que ‘si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión (…)’ entendiéndose a contrario sensu que ante la situación de irreparabilidad del derecho y ante la inexistencia de tal agravio la magistratura constitucional declarará la improcedencia de la demanda por haberse producido la sustracción de la materia (cfr. Exp. Nº 0449-2008-PA/TC, fundamento 3).

Que a estos efectos, a fojas 34, cuaderno único, se aprecia que la recurrente aduce en su demanda que ‘el inmueble de su propiedad, vía remate, ha sido adjudicado y transferido encontrándose con resoluciones firmes’; situación que se corrobora a fojas 22, cuaderno único, en el que el órgano judicial ‘adjudica y transfiere a favor de los postores Alberto Siu Landaveri e Irene Inocente la propiedad del bien inmueble ubicado en Jr. Huánuco Nº 185 (…)’, así como a fojas 26, cuaderno único, en el que el órgano judicial resuelve ‘procédase a la inscripción de la adjudicación (…) a favor de los adjudicatarios don Alberto Siu Landaveri y doña Irene Inocente y Bernal, por poseer un derecho anterior consagrado en la constitución de hipoteca’.

Que de lo expuesto, se colige que existe sustracción de la materia al haberse producido la situación de irreparabilidad del derecho constitucional de propiedad alegado por la recurrente, motivo por el cual la demanda de autos debe ser declarada improcedente en tanto se aprecia de autos que no se ha producido un agravio a la recurrente en la tramitación del proceso judicial subyacente, y ello porque a la adquisición del inmueble sacado a remate le antecedía la

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constitución de una garantía hipotecaria celebrada entre el Banco Central de Crédito Hipotecario y don Luis Santiago Bartra Alegría, la cual goza de persecutoriedad, oponibilidad y preferencia frente a otros actos posteriores a ella (la adquisición de la recurrente). De otro lado, al no haber participado la recurrente en la constitución de la garantía hipotecaria, tampoco procede su participación en el proceso judicial de ejecución de garantía, por carecer de interés para obrar”.

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La cosa juzgada en el “amparo contra resolución judicial”

El artículo 6 del Código Procesal Constitucional, con relación al momento de cuándo se genera la cosa juzgada en un proceso constitucional, refiere que solo adquiere la autoridad de cosa juzgada la decisión final que se pronuncie sobre el fondo del asunto. Ello quiere decir, entonces, que en un escenario procesal donde vía “amparo contra resolución judicial” se pretenda la nulidad de una sentencia de primera o segunda instancia, o de una casatoria, por resultar ellas vulneratorias de derechos fundamentales procesales y/o sustantivos, la autoridad de cosa juzgada respecto del proceso constitucional se generará cuando, ya sea el juez constitucional o el Tribunal Constitucional, emita un pronunciamiento de fondo que tenga la calidad de firme, con el carácter de fundado o infundado de la demanda, decisiones que darán cuenta de la existencia o no de la vulneración a un derecho fundamental. De este modo, teniendo en cuenta que los jueces constitucionales del Poder Judicial o los del Tribunal Constitucional se constituyen en jueces de la vulneración de derechos fundamentales, la autoridad de cosa juzgada en relación con las resoluciones judiciales cuestionadas se generará cuando exista un pronunciamiento sobre el fondo del asunto (fundado o infundado) acerca de que aquellas vulneraron o no un derecho fundamental. La autoridad de cosa juzgada impide pues el inicio de un nuevo “amparo contra resolución judicial” que tenga como objetivo el cuestionamiento de resoluciones judiciales que ya fueron materia de análisis y evaluación de fondo en un anterior “amparo contra resolución judicial”.

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La prevalencia de las sentencias constitucionales frente a las ordinarias

El caso “Agrícola Cerro Prieto S.A.C.”, aparte de dejarnos una secuela de procesos constitucionales iniciados en torno a la devolución de terrenos eriazos confiscados e inscritos a favor del Instituto Nacional de Desarrollo (Exp. N° 05614-2007-PA/TC, Nº 03569-2010-PA/TC, Nº 03066-2012-PA/ TC), nos dejó también algunas reflexiones sobre lo que el Tribunal Constitucional entiende con relación a la prevalencia de las sentencias constitucionales. No fue el primer caso donde el Tribunal abordó la temática citada, pues ya lo había hecho con motivo de resolver el Exp. Nº 01601-2012-PA/TC, cuya materia controvertida consistía en evaluar la constitucionalidad de una resolución expedida en un proceso de ejecución de resolución judicial acusada de desnaturalizar, incumplir o ir más allá de lo ordenado en una sentencia constitucional. En esta ocasión, aplicando el criterio de prevalencia de las sentencias constitucionales, se declaró la nulidad de la resolución judicial tras considerarse “que un proceso judicial de configuración típicamente ordinaria no puede desnaturalizar lo decidido por la justicia constitucional”. Más allá de juzgar si el caso descrito resultaba ser el adecuado para aplicar el criterio en mención, pues este consistía en la desnaturalización o incumplimiento de una sentencia constitucional, lo cierto e incontrovertible es que la prevalencia de las sentencias constitucionales viene a solucionar la problemática de la coexistencia en el tiempo de sentencias judiciales que definen situaciones jurídicas o materias controvertidas patrimoniales o extrapatrimoniales de maneras distintas o disímiles. A la larga, tal criterio, pretende dar solución a los conflictos de sentencias en el tiempo, los cuales pueden presentarse en fase decisoria del proceso constitucional, es decir, una vez expedida la sentencia; o en fase de ejecución de sentencia del proceso constitucional, ante la pretendida oposición de una sentencia ordinaria.

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De esta manera, coexistiendo en el tiempo una sentencia constitucional que en sus términos se opone o contradice a una sentencia ordinaria, se debe dar prevalencia a la primera, conllevando a la inejecución de la segunda. Igual razonamiento deberá seguirse con relación a los conflictos en el tiempo de las medidas cautelares concedidas en una u otra sede judicial. Lo dicho, debiera constituir pues el efecto natural de la prevalencia de las sentencias constitucionales, esto es, la inejecutabilidad de la sentencia judicial ordinaria, que en sus términos se opone a la sentencia constitucional emitida con anterioridad o posterioridad a ella, o la inejecutabilidad de la sentencia judicial ordinaria porque ha sido dejada sin efecto en un “amparo contra resolución judicial”. Empero, la prevalencia de las sentencias constitucionales, no debiera tener el efecto de declarar la nulidad de la resolución judicial (sentencia) o del proceso ordinario in toto, pues, primero, ese no es el espíritu de la norma establecida en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional; segundo, la nulidad de una sentencia ordinaria o de un proceso judicial in toto no puede hacerse por vía incidental (pedido de prevalencia de sentencias constitucionales), sino a través de un proceso autónomo (“amparo contra resolución judicial”), en donde intervengan todas las partes interesadas; y tercero, la nulidad de una sentencia judicial o de un proceso ordinario in toto es consecuencia de que los mismos se han dictado o llevado a cabo con vulneración de los derechos fundamentales de las partes procesales o de un tercero; sin embargo, una sentencia ordinaria no deviene per se en inconstitucional por su sola oposición a los términos de una sentencia constitucional. Del mismo modo, tampoco debiera tener el efecto de declarar la conclusión de un proceso judicial ordinario en trámite, pues ello constituiría un avocamiento indebido, el cual supone, en palabras del Tribunal Constitucional, desplazar al juez del juzgamiento de una determinada causa y que, en su lugar, el proceso se resuelva por una autoridad distinta, cualquiera que sea su clase (Exp. Nº 01091-2002-HC/TC). Por ello, a fin de no infringir la cláusula constitucional descrita, lo natural y legítimo es que el proceso judicial ordinario continúe y llegue a su fin con la expedición de la sentencia, y si esta en la práctica resulta opuesta en sus términos a una sentencia constitucional, se debiera decretar su inejecutabilidad de conformidad con el artículo 22 del Código Procesal Constitucional. Tal declaración, deberá realizarla –vía incidental– el juez de ejecución del proceso constitucional pues, en los hechos y a efectos prácticos, la sentencia constitucional subsume o reemplaza los términos de la sentencia ordinaria.

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Como es evidente, subyace al criterio de prevalencia de las sentencias constitucionales, la fuerza vinculante de la Constitución y la primacía de los derechos fundamentales sobre los de índole legal. Por este motivo, la aplicación del criterio de prevalencia de sentencias constitucionales, presupone la verificación de la existencia de procesos judiciales tramitados bajo parámetros normativos distintos, esto es, la ley o reglamento, por un lado, y la Constitución, por el otro. Así las cosas, procediéndose a tal distingo, resulta coherente con el sistema de fuentes del Derecho hacer prevalecer o preferir la sentencia que tiene como parámetro la Constitución antes que la ley, toda vez que la Constitución ocupa el rango mayor en la pirámide normativa. Lo expuesto, si bien es cierto clarifica las razones para la aplicación del criterio de prevalencia de las sentencias constitucionales sobre las sentencias ordinarias; sin embargo, no ayuda a solucionar la problemática de conflictos que se produzcan entre sentencias constitucionales emitidas por jueces constitucionales del propio Poder Judicial y aquellas expedidas por el Tribunal Constitucional. Esta problemática se solucionaría prima facie atendiendo al criterio de supremacía interpretativa de la Constitución que ostenta el Tribunal Constitucional por sobre el Poder Judicial, pues suya es la última palabra con relación a la determinación, contenido e interpretación de los derechos fundamentales. Otra solución habrá que postularse respecto a los conflictos que se produzcan entre sentencias constitucionales emitidas por los jueces constitucionales del propio Poder Judicial. Una de ellas podría ser la prevalencia de la sentencia constitucional que fue emitida con anterioridad a la otra, ello atendiendo al principio prior in tempore, potior in iure.

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La actividad probatoria en el “amparo contra resolución judicial”19

Al momento de plantear un “amparo contra resolución judicial”, el actor o demandante intenta un cambio legítimo en su esfera jurídica de derechos fundamentales, por lo tanto, a él toca aportar las razones que justifiquen la satisfacción plena de su pretensión, exponer así por qué dicha situación debe ser cambiada a su favor. Lo mismo debe decirse del demandado si la conducta que le imputa el actor o demandante fuese contraria a derecho. Así las cosas, resulta pacífico sostener que en todo proceso constitucional se dirime un litigio consistente en las afirmaciones y contradicciones del demandante y demandado respecto de la conformidad con los derechos fundamentales de un acto legislativo, judicial, administrativo, corporativo, etc. En tal sentido, resulta válido afirmar que en relación con el acto lesivo reclamado, corresponde al demandante la carga de argumentar y alegar sobre la existencia del mismo, aun tratándose de acciones u omisiones atribuidas al sujeto demandado. El juez constitucional deberá exponer cuál es el preciso acto u omisión cuya constitucionalidad cuestiona o impugna, señalar también quiénes fueron sus autores, así como el contexto o las circunstancias que dieron origen a la expedición del acto reclamado. Y es que resulta imposible para cualquier órgano judicial (juez constitucional o Tribunal Constitucional) adivinar o imaginarse cuál es la situación exacta que le causa agravio al demandante. Conforme es fácil advertir, la actividad probatoria solo tiene por objeto los hechos, no las normas jurídicas, dado que el juez constitucional conoce el Derecho. Por lo tanto, la prueba únicamente puede versar sobre los hechos de los que dependa la estimatoria o desestimatoria de la demanda constitucional, es decir, sobre los hechos relacionados con la vulneración o no del derecho constitucional, con la existencia del acto lesivo reclamado y, en algunos casos, con la titularidad del derecho fundamental vulnerado.

19 Cfr. LÓPEZ FLORES, Berly. Los medios probatorios en los procesos constitucionales. Gaceta Jurídica, Lima, 2012.

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I. La titularidad del derecho fundamental invocado La titularidad de un derecho constitucional, sobre el cual se busca su protección o el restablecimiento en su ejercicio, le viene dado a las personas en función de su dignidad humana, integrada por dones naturales de inteligencia y voluntad. Quiere decir, entonces, que a la persona, dada su preciada dignidad, le son reconocidos por el Estado una serie de derechos, los cuales luego son positivizados por las Constituciones Políticas de cada país. Estos derechos, sin cuya pertenencia a la persona le sería imposible alcanzar los fines naturales íntimamente trazados y llegar a la plenitud: la felicidad; pues los derechos fundamentales no constituyen un fin en sí mismo, sino que –por el contrario– constituyen medios naturales (preestatales) que le son otorgados a las personas para fines de trascendencia interna y externa, personal y en comunidad20. Así, por ejemplo, dada su dignidad, a las personas le son reconocidos los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad física, al honor y a la buena reputación, a la libertad de expresión, a la educación pública, etc. En el caso de otros derechos fundamentales, por el contrario, su titularidad no nace de la condición inherente de persona humana, ni de un reconocimiento por parte del Estado, sino, por el contrario, nacen de la derivación de estos y a consecuencia de la realización de actos humanos, revestidos de inteligencia y voluntad, a través de los cuales se obtiene la titularidad sobre los mismos. Significa que, para obtener la titularidad sobre dichos derechos, la persona ha tenido que transformar, adecuar u orientar sus circunstancias de vida con los fines de conseguir preciados bienes. Ejemplo de ello, lo constituyen el derecho a la propiedad sobre un determinado inmueble adquirido; el derecho a no ser despedido sino por justa causa como manifestación del derecho al trabajo previamente obtenido; el derecho a la pensión previa acreditación de los requisitos para percibirla; el derecho a la herencia derivado de la condición de heredero, etc. Por último, la titularidad sobre otros derechos fundamentales le es otorgada a las personas a consecuencia de desenvolverse con inteligencia y voluntad, en un escenario jurídico en particular, lugar en el cual acuden 20 LÓPEZ FLORES, Berly. “Constitución y proceso. Presuntos vicios de inconstitucionalidad en normas procesales que regulan procesos constitucionales y ordinarios”. En: Gaceta Constitucional. Tomo 52, Gaceta Jurídica, Lima, abril de 2012, p. 330.

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a resolver sus controversias jurídicas surgidas en la convivencia diaria con los demás (tráfico de Derecho Privado) o con el Estado (tráfico de Derecho Público) en las sedes judicial, administrativa, arbitral, militar, corporativa o comunal. Tenemos así el elenco de derechos fundamentales que componen el debido proceso (formal y material), integrado por los derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal, etc. En este escenario, el titular o legitimado activo para promover un “amparo contra resolución judicial” resulta ser la persona afectada con alguna resolución judicial que, de manera individual, directa o indirecta, le produce un agravio a sus derechos e intereses jurídicos, sea que haya participado en el proceso judicial ordinario o no haya participado en él (tercero), recayéndole la totalidad de los efectos nocivos de la decisión judicial. De este modo, en el “amparo contra resolución judicial”, el demandante en el amparo tendrá que acreditar ante el juez constitucional la titularidad de sus derechos fundamentales procesales y sustantivos, invocando haber participado en un proceso judicial ordinario (civil, penal, laboral, etc.) en calidad de parte demandante, demandado o tercero.

II. La existencia del acto lesivo reclamado Atendiendo a la gama de procesos constitucionales de la libertad y orgánicos (amparo, hábeas data, hábeas corpus, cumplimiento, inconstitucionalidad, competencial, y acción popular), los actos lesivos de los derechos constitucionales de las personas pueden venir constituidos por: una resolución judicial, una resolución administrativa, una resolución electoral, una resolución de la magistratura, una resolución arbitral, una carta de despido laboral, un acuerdo de expulsión como asociado, un oficio que deniega el acceso a la información pública, un oficio que reitera el incumplimiento a acatar una ley o acto administrativo, una ley, un decreto legislativo, un decreto de urgencia, una ordenanza municipal o regional, un decreto supremo, una resolución ministerial, etc.

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En el caso específico del “amparo contra resolución judicial”, los actos lesivos a los derechos fundamentales de las partes procesales o de un tercero, producidos al interior de un proceso judicial ordinario, vienen constituidos por actos procesales expedidos por los jueces del Poder Judicial, que pueden ser: autos, decretos o sentencias. Estos actos lesivos (autos, decretos o sentencias), como lo hemos señalado en un capítulo anterior, pueden contener diversas materializaciones antijurídicas que son, las que, a la larga y concretamente, producen la vulneración a los derechos fundamentales de las partes procesales o del tercero. Estas manifestaciones antijurídicas, incurridas por los jueces del Poder Judicial, pueden consistir enunciativamente en:

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•

Una interpretación arbitraria de una ley.

•

Una aplicación arbitraria de una ley.

•

Una indebida motivación de las sentencias y autos.

•

Una notificación defectuosa de sentencias o autos.

•

La no actuación de medios probatorios ofrecidos por las partes o decretadas de oficio por el juez.

•

Las denegatorias de los recursos de apelación y casación.

•

La revisión o inicio de procesos judiciales ya fenecidos.

•

La falta de emplazamiento con la demanda a algún demandado o tercero.

•

El desconocimiento de una doctrina jurisprudencial o precedente vinculante del Tribunal Constitucional.

•

El desconocimiento de un precedente judicial de la Corte Suprema de Justicia de la República.

•

El incorrecto ejercicio del control difuso de la constitucionalidad sobre las leyes o de la declaratoria de ilegalidad de los reglamentos.

•

La declaratoria de nulidad de sentencias o autos ya emitidos.

•

Una omisión judicial.

•

La valoración de pruebas en sede casatoria.


III. La intervención del acto lesivo en el derecho fundamental invocado Tanto la intervención del acto lesivo en el derecho fundamental invocado, como la incompatibilidad del acto infractor con la Constitución, un tratado de derechos humanos o, en último término, con una ley pasa, primero, por determinar el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental invocado; segundo, por identificar cuál acto es el que se cuestiona; tercero, por verificar si dicho acto proyecta sus efectos sobre el ámbito constitucionalmente protegido del derecho fundamental invocado. Luego de lo cual, se procederá a evaluar la constitucionalidad de la intervención.

IV. Cánones de control constitucional de las resoluciones judiciales Respecto al canon de control constitucional de las resoluciones judiciales (o el cómo debe ser ejercido ese control), la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Exp. Nº 03179-2004-AA/TC, caso Apolonia Ccollcca dejó establecido los criterios que, a modo de pautas o principios, deben orientar el control que corresponde al juez constitucional en la vía del proceso de amparo. En tal sentido, precisó que el control constitucional de una resolución judicial debía tomar en cuenta criterios de: a) razonabilidad; b) coherencia, y; c) suficiencia. • Examen de razonabilidad.- Por el examen de razonabilidad, el Tribunal Constitucional debe evaluar si la revisión del (...) proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo alegado. Si bien el criterio de razonabilidad ha sido desarrollado con contenido diferente en nuestra jurisprudencia (cfr. STC Exp. Nº 0902003-AA/TC o también la STC Exp. Nº 0045-2004-AI/TC), aquí sin embargo, este criterio expresa la necesidad de establecer un límite razonable a la función de control que corresponde al Tribunal. De este modo, el criterio de razonabilidad permite delimitar el ámbito del control, en la medida en que el control de las resoluciones es también, en buena cuenta, control del proceso. Mediante este examen, en consideración nuestra, se evalúa la necesidad de controlar la totalidad del proceso judicial ordinario, a los efectos de verificar la vulneración a un derecho fundamental invocado en la demanda, y este control total puede proceder ante manifestaciones antijurídicas consistentes en: i) una

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notificación o emplazamiento defectuoso de la demanda (para verificar si la totalidad del proceso ordinario fue tramitado a espaldas del demandado y no pudo ejercer su derecho de defensa); ii) la no absolución de todas las pretensiones de la demanda (para verificar si las pretensiones fueron resueltas); iii) la inejecución o incumplimiento de la sentencia que contiene un mandato poco claro u oscuro (hay que controlar la totalidad del proceso ordinario para verificar qué se demandó, qué se discutió y qué se resolvió, para finalmente, orientarnos en qué es lo que se va a ejecutar); etc. • Examen de coherencia.- El examen de coherencia exige que el Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con (...) la decisión judicial que se impugna (...). En buena cuenta se trata de un criterio de conexión entre el acto lesivo y el acto materia de control. La exigencia de coherencia permite controlar la legitimidad del juez constitucional a la hora de revisar una decisión judicial. Solo serán controlables aquellas resoluciones directamente vinculadas con la violación del derecho denunciada o delimitado en tales términos por el juez constitucional, con base en el principio iura novit curia. Con este examen, se busca evaluar la relación causa-efecto entre la manifestación antijurídica contenida en un acto lesivo y el acto lesivo mismo que se impugna. Ello resulta, por ejemplo, cuando se denuncia como manifestación antijurídica que el juez ordinario ha concedido un recurso de apelación o casación fuera del plazo establecido en la Ley Procesal, entonces el juez constitucional, por coherencia, controlará la regularidad procesal del auto que indebidamente concedió la apelación o casación, y eventualmente declarará la nulidad del auto concesorio del recurso. Del mismo modo, si se denuncia como manifestación antijurídica que el juez ordinario ha emitido una sentencia que carece de una motivación razonada y adecuada, entonces el juez constitucional, por coherencia, controlará la regularidad procesal de la sentencia, y eventualmente declarará la nulidad de la sentencia ordinaria inmotivada. Por último, si se denuncia como manifestación antijurídica que el juez ordinario ha emitido un auto firme que incumple la ejecución, en sus propios términos, de una sentencia judicial ordinaria, entonces el juez constitucional, por coherencia, controlará la regularidad procesal de ese auto, y eventualmente declarará la nulidad del auto que incumpliría la sentencia, disponiendo su inmediata ejecución.

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•

Examen de suficiencia.- Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión [de la resolución judicial], a fin de cautelar el derecho fundamental demandado. El examen de suficiencia permite, de este modo, fijar los límites del control, esto es, hasta donde le alcanza legitimidad al juez constitucional, de conformidad con lo que establece el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, a efectos de hacer cumplir la finalidad de los proceso constitucionales, “reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional”.

Por lo tanto, en el control de las resoluciones judiciales resulta relevante establecer: a) el ámbito del control (el proceso en su conjunto o una resolución en particular); b) la legitimidad del control (solo resulta legítimo controlar aquellas resoluciones o actos directamente vinculados con la afectación de derechos) y; c) la intensidad del control (el control debe penetrar hasta donde sea necesario para el restablecimiento del ejercicio de los derechos invocados). El criterio, intensidad del control, juega un rol relevante en aquellas situaciones en las que la vulneración de los derechos constitucionales se ha producido como consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional. En tal sentido, el proceso de amparo solo resultará una garantía procesal efectiva para los derechos, si es que es capaz de retrotraer la actividad judicial hasta el momento anterior a la vulneración de los derechos invocados y, ello solo será posible, si es que el juez constitucional tiene legitimidad para anular o dejar sin efecto, según sea el caso, todos y cada uno de los actos jurisdiccionales o decisiones, que hayan sido tomadas con desconocimiento de los derechos fundamentales. Así, la intensidad del control hace referencia también a un examen de ponderación entre, preservar una resolución judicial en aras de la seguridad jurídica que proyecta o, enervarla para restablecer el ejercicio de algún derecho de naturaleza constitucional que se haya invocado en el ámbito de un proceso de amparo contra resolución judicial.

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La vía previa judicial en el “amparo contra resolución judicial”

I. La firmeza de la resolución judicial cuestionada. Excepciones a la regla de la firmeza La vía previa refiere a la exigencia de articular un reclamo administrativo o jurisdiccional antes de promover el amparo; y obliga a agotar la instancia para que el acto quede firme antes de la interposición del amparo21. Se alude con ella, a todos aquellos recursos jerárquicos que tiene a su disposición el que se dice agraviado en su derecho constitucional, para reclamar la violación de su derecho ante el mismo órgano agresor. La exigencia de agotar la vía previa como requisito de procedencia del amparo significa que el agraviado deberá agotar esos recursos jerárquicos antes de acudir al amparo22. Esta vía previa judicial viene constituida por el conjunto de recursos judiciales que el que se dice agraviado en su derecho constitucional deberá agotar a fin de que la resolución que finalmente cuestione a través del amparo constitucional sea una resolución firme. Si no lo hiciese, es decir, si la resolución judicial no llega a adquirir firmeza, la demanda de amparo resultará siendo improcedente23. Precisamente, el artículo 4 del Código Procesal Constitucional establece que el “amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo. En desarrollo del dispositivo legal glosado, el Tribunal Constitucional ha sostenido que una resolución adquiere el carácter de firme cuando se han agotado todos los recursos que prevé la ley para impugnarla dentro del proceso

21 BEATRIZ SBDAR, Claudia. Ob. cit., p. 129. 22 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “Algunas cuestiones en torno al amparo contra resoluciones judiciales”. En: Gaceta Constitucional. Nº 14, Gaceta Jurídica, Lima, febrero de 2009, p. 27. 23 Ibídem, p. 28.

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ordinario, siempre que dichos recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución impugnada (STC Exp. Nº 02494-2005-PA/TC). También ha establecido el Tribunal que, por resolución judicial firme debe entenderse a aquella contra la que se han agotado los recursos previstos por la ley procesal de la materia” (STC Exp. Nº 04107-2004-HC/TC). De este modo, habrá que estar a los recursos específicos incorporados en cada cuerpo procesal (civil, penal, laboral, contencioso-administrativo, comercial, etc.), para que el demandante en el “amparo contra resolución judicial” considere haber agotado los recursos idóneos y pertinentes que generen la firmeza deseada por el Código Procesal Constitucional para la procedencia del amparo. Normalmente, como manifestación del derecho fundamental a la pluralidad de la instancia, el cual garantiza que lo resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser revisado por un órgano funcionalmente superior, y de esta manera se permita que lo resuelto por aquel, cuando menos, sea objeto de un doble pronunciamiento jurisdiccional” (STC Exp. N° 0023-2003-AI/ TC), los cuerpos procesales ordinarios civil, penal, laboral, contencioso-administrativo, comercial, etc., han incorporado el recurso de apelación como mecanismo idóneo y eficaz para revertir lo resuelto por una resolución judicial arbitraria expedida en primera instancia. Lo dicho, con relación a la idoneidad del recurso de apelación, ha sido convalidado por el Tribunal Constitucional en la resolución recaída en el Exp. Nº 00022-2010-PA/TC, caso Esgardo Ordinola, en la que se estableció:

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“(…) que la resolución judicial que le causa agravio al recurrente es la de fecha 29 de abril de 2009 que suspendió los efectos de la Resolución Directoral UGEL.S Nº 01130-2009 y dejó sin efecto su reincorporación en la vía administrativa. Contra dicha resolución, si bien es cierto el recurrente solicitó su intervención en el proceso judicial como litisconsorte necesario, pedido que fue desestimado (fojas 66 del cuaderno único), no es menos cierto también que dicha desestimatoria no fue impugnada por el recurrente a través del recurso de apelación, por el contrario, fue consentida; constituyéndose el recurso de apelación –de haberse interpuesto– en el medio idóneo y eficaz para lograr el fin perseguido por el recurrente ‘lograr el apersonamiento en el proceso judicial en el cual se dejó sin efecto su reincorporación y hacer valer su derecho de defensa en él’”.


Excepcionalmente, y también como manifestación del derecho fundamental a la pluralidad de la instancia, los cuerpos procesales ordinarios de carácter civil, penal, laboral, contencioso-administrativo, comercial, etc., han incorporado el recurso de casación como mecanismo idóneo y eficaz para revertir lo resuelto por una resolución judicial arbitraria expedida en segunda instancia por una Sala Superior. En este sentido, ratificando al legislador procesal, el Tribunal Constitucional, en la resolución recaída en el Exp. Nº 03182-2012-AA/TC, caso Jacinto López, estableció respecto al recurso de casación que:

“(…) se aprecia que la última resolución judicial que le causa agravio al recurrente es la sentencia de vista de fecha 26 de marzo de 2008 que confirmó la improcedencia de su demanda de declaración judicial al considerar que el artículo 70 de la Constitución Política del Perú de 1993 no era aplicable retroactivamente. Dicha sentencia, de acuerdo al expediente que obra en este Colegiado, no fue impugnada mediante recurso de casación por ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República; constituyéndose el recurso de casación –de haberse interpuesto– en el medio idóneo y eficaz para lograr el fin perseguido por el recurrente, esto es, ‘que se declare la nulidad de la sentencia de vista de fecha 26 de marzo de 2008’, invocando a dicho efecto la causal de ‘inaplicación de una norma de derecho material o de la doctrina jurisprudencial’ (artículo 386, inciso 2 del Código Procesal Civil vigente al momento de expedirse la sentencia de segunda instancia)”.

Conforme es fácil advertir, para restablecer o reponer una situación jurídica procesal que vulnera un derecho fundamental, estos medios impugnatorios tienen que ser “apropiados, idóneos, eficaces y de resolución breve y sumaria”, porque de lo contrario, si no lo son en el caso concreto, procedería entonces de manera directa el “amparo contra resolución judicial”. Frente a ello, surgen pues excepciones al agotamiento de la vía previa judicial o a la firmeza deseada para el inicio de un “amparo contra resolución judicial”. Tenemos así que los terceros extraños, no partes en el proceso judicial ordinario, pero que han sido afectados por determinadas actuaciones o decisiones judiciales dictadas en un proceso judicial, no están obligados a agotar los medios impugnatorios (apelación o casación) para acudir al “amparo contra resolución judicial”.

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Lo afirmado no debiera interpretarse en términos absolutos, sino como una opción o posibilidad del tercero, que ante una determinada actuación o decisión judicial puede interponer los medios impugnatorios (nulidad, apelación o casación) si es que ello le conviene a sus derechos e intereses y le resulta, a su juicio, el mejor remedio para obtener la protección a sus derechos fundamentales; a contrario sensu, este tercero tendrá habilitado de manera directa el “amparo contra resolución judicial”. En coincidencia con lo señalado, el Tribunal Constitucional, en las resoluciones recaídas en los Exps. Nºs 03752-2010-PA/TC y 04881-2011-PA/TC, casos Guillermo Huapaya y Salomón Manzur, respectivamente, estableció que:

“(…) en los casos como el de autos, en los cuales el agravio alegado por el recurrente proviene de un proceso judicial donde se le impidió la incorporación al proceso en calidad de parte procesal, no es exigible la existencia de una resolución judicial firme para la procedencia del amparo, puesto que los medios impugnatorios que se interpongan para la incorporación al proceso serán inconducentes o inviables al no tenerse aún la condición de parte procesal y, con ello, la posibilidad de impugnar al interior del proceso judicial. Por lo tanto, contra las decisiones que deniegan la incorporación al proceso es posible plantear de manera directa el amparo, sin necesidad de exigirse la firmeza de la resolución judicial”.

Muy a parte de esta excepción jurisprudencial para el agotamiento de la vía previa judicial o para generar la firmeza deseada, existen otras excepciones que vienen señaladas por el Código Procesal Constitucional, que en alguna medida han sido replicadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Primero: no será exigible firmeza en la resolución judicial cuando no siendo la última en la vía judicial, “es ejecutada antes de vencerse el plazo para que quede consentida” (artículo 46.1 del CPConst.). Segundo: no será exigible firmeza en la resolución judicial cuando por el agotamiento de los medios impugnativos “la agresión pudiera convertirse en irreparable” (artículo 46.2 del CPConst.). Tercero: no será exigible firmeza en la resolución judicial cuando la vía previa judicial “no se encuentra regulada o ha sido iniciada innecesariamente por el afectado” (artículo 46.3 del CPConst.). Y cuarto: no será exigible firmeza en la resolución judicial cuando no se resuelvan los medios

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impugnatorios “en los plazos fijados para su resolución” (artículo 46.4 del CPConst.)24. En afirmación de lo expuesto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Exp. Nº 0633-2007-PA/TC, caso Telefónica del Perú S.A.A., ha establecido como excepción para el agotamiento de la vía previa judicial que:

“(…) si bien el Código Procesal Civil no establece de manera expresa cuál es el plazo con que cuenta la Sala para pronunciarse respecto de la apelación de un auto (mandato de ejecución) en un proceso de ejecución de resolución judicial, la norma aplicable para tal efecto es el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo 1 del Decreto Ley N° 25869, publicado el 25 de noviembre de 1992, que establece lo siguiente: La Corte Suprema y las Cortes Superiores ven las causas en audiencias públicas, por riguroso orden de ingreso, dentro de los treinta días siguientes a que se hallen expeditas para ser resueltas. No es necesario que la designación de día y hora para la vista conste en resolución expresa. (...) Tratándose de autos, quejas de derecho, contiendas de competencia, procesos sobre alimentos, hábeas corpus, acciones de amparo y procesos con reo en cárcel, o que estén por prescribir, la vista de la causa tendrá lugar dentro del quinto día de hallarse expeditas. En todo caso, deben resolverse en un plazo máximo improrrogable de tres meses calendarios sin perjuicio de la normatividad procesal expresa que señale un plazo menor, especialmente en las acciones de garantía (...) (énfasis agregado).

Según se desprende de la norma citada, el plazo máximo que las Cortes Superiores tienen para resolver un auto es de tres meses. Sin embargo, conforme puede observarse, en el presente caso han transcurrido casi dos años sin que el recurso de apelación interpuesto haya sido resuelto por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, lo que constituye una dilación indebida y un plazo irrazonable que restringe y vulnera la tutela procesal efectiva del demandante, así como una vulneración del derecho de acceso a la justicia constitucional, toda vez que, en tanto la apelación no sea resuelta, el demandante no podría acudir a la justicia constitucional en amparo de su derecho al debido proceso, lo que podría generar consecuencias irreparables.

24 Ibídem, p. 29.

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Conforme a lo expresado en el párrafo precedente, puede llegarse a la conclusión de que el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, respecto al carácter ‘firme’ de las resoluciones judiciales como requisito de procedibilidad del amparo, no puede aplicarse por igual a todos los supuestos en los que se interponga dicho proceso constitucional, sino que el juez constitucional deberá analizar el caso concreto a fin de dilucidar si la falta de agotamiento de los medios impugnatorios se debe a una dilación indebida del operador judicial”.

II. Demandas de amparo prematuras Una situación muy particular, que debiera ser inusual, pero que por desconocimiento o negligencia se viene presentando reiteradamente en la práctica procesal, constituye el hecho de promover demandas de amparo contra resoluciones judiciales de primera o segunda instancia, aun cuando estas han sido impugnadas vía recursos de apelación o casación al interior del proceso judicial ordinario, lo que ciertamente implica el inicio simultáneo y coetáneo de un “amparo contra resolución judicial” y la actividad recursiva al interior del proceso judicial ordinario. Ello, en nuestro entender, origina un defecto en el agotamiento de la vía previa judicial o en la firmeza deseada para el inicio de un “amparo contra resolución judicial”, pues las resoluciones judiciales cuestionadas con el amparo aún siguen pendientes de tramitación y resolución al interior del proceso judicial ordinario, y puede darse el caso que aquellos medios impugnatorios interpuestos (apelación o casación) puedan lograr revertir o anular resoluciones judiciales arbitrarias, siendo que, a la larga, el “amparo contra resolución judicial” podría carecer de efecto jurídico práctico, al haberse puesto coto a la vulneración de derechos fundamentales a través de los medios impugnatorios ordinarios. A estos efectos, el Tribunal Constitucional, en la resolución recaída en el Exp. Nº 00221-2012-AA/TC, caso Fondo de Garantía de la Bolsa de valores de Lima, estableció que:

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“(…) la demanda ha sido planteada de manera negligente (prematura), pues de ella y de sus recaudos se advierte que, al momento de ser interpuesta (29 de octubre de 2010), la resolución judicial cuestionada que dispuso oficiar a la Conasev para que restituya a la Empresa Intercon Group Consultores S.A.C. la suma de S/. 61,118.15 no contaba con el presupuesto de firmeza requerido


por el Código Procesal Constitucional. Y es que el mismo recurrente manifiesta en el fundamento 1.4 de su recurso de agravio constitucional (fojas 213 cuaderno único) que ‘(…) con posterioridad a la interposición de la presente demanda de amparo, la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (…) declaró fundada la queja interpuesta por él contra la resolución que declaró improcedente por extemporáneo su recurso de apelación en el incidente de nulidad (…)’; comprobándose de este modo que la resolución judicial cuestionada no es firme, pues a la fecha de interposición de la demanda de autos no había recaído aún pronunciamiento absolviendo el grado de la apelación formulada por el recurrente en el incidente de nulidad (cfr. Exp. N° 00873-2011-PA/TC). Por lo expuesto, la demanda debe ser declarada improcedente de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional”.

III. El no consentimiento del agravio Otras situaciones particulares, con relación a la improcedencia del “amparo contra resolución judicial”, provienen del hecho de que al interior del proceso judicial, si bien se han agotado los medios impugnatorios regulados en las leyes procesales de la materia, generándose así la firmeza deseada; empero en el amparo se plantean asuntos o incidentes no debatidos al interior del proceso judicial ordinario, tales como por ejemplo: el debate referido a la parcialidad de los jueces (sin haberse promovido un incidente de recusación o advertido en el proceso ordinario), a la incompetencia del juez (sin haberse promovido una excepción de incompetencia o denunciado ello en el proceso ordinario), a una indebida actuación de un medio probatorio (sin haberse promovido una cuestión probatoria o cuestionado el medio probatorio en el proceso ordinario), etc. Y es que la exigencia de que se cuestionen mediante el proceso de amparo resoluciones judiciales individuales o, en su defecto, procesos judiciales in toto le impone al demandante en el amparo cumplir los presupuestos procesales para acceder a esta tutela de urgencia a cargo del Estado. De este modo, para que la tutela proceda, el demandante en el amparo tiene que haber puesto coto a tales vulneraciones en el seno del mismo proceso judicial ordinario donde aquellas se originaron, esto es, promoviendo los cuestionamientos, incidentes o nulidades a que hubiera lugar.

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Es más, puede tratarse de una vulneración grave, directa y manifiestamente evidente de algún derecho fundamental, pero si el afectado no ha cuestionado previamente tales vulneraciones, entonces el juez del amparo no estaría en la capacidad de expedir una sentencia sobre el fondo. Ratificando lo expuesto, el Tribunal Constitucional, mediante resolución recaída en el Exp. Nº 02711-2011-PA/TC, caso Selva Inversiones Inmobiliarias S.A.C., ha destacado que:

“(…) de los actuados del proceso judicial sobre obligación de dar suma de dinero, es posible apreciar a fojas 414 que la Empresa recurrente, aun a sabiendas del proceso judicial seguido en su contra, con escrito de fecha 28 de abril de 2009 tan solo se apersonó al proceso solicitando el otorgamiento de copias simples de la demanda, resolución admisoria, copias de las letras puestas a cobro, de la sentencia, de la notificación de la sentencia, del requerimiento de cumplimiento de la sentencia, de la notificación del requerimiento de cumplimiento de la sentencia, de la resolución que dispone la ejecución forzada, de la notificación de la resolución que dispone la ejecución forzada. Asimismo, a fojas 448 se aprecia que con escrito de fecha 7 de octubre de 2009 observó la tasación efectuada sobre el inmueble embargado. Sin embargo, no cuestionó al interior de dicho proceso judicial lo que recién hoy viene a cuestionar por la vía del amparo, esto es, “la vulneración de sus derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, debido a que en el expediente judicial no obraban los originales de las letras de cambio puestas a cobro, que el juez era incompetente, y que el proceso judicial fue seguido a sus espaldas”.

Que, por consiguiente, en el presente caso la empresa recurrente ha actuado con negligencia en el proceso judicial que ahora cuestiona, pues en vez de cuestionar el proceso judicial, por ejemplo, promoviendo un pedido de nulidad de todo lo actuado en él, tan solo solicitó copias de los actuados procesales y, luego, observó la tasación efectuada sobre el inmueble embargado, todo lo cual supone que dejó consentir los supuestos agravios que ahora cuestiona”.

IV. La firmeza de una resolución judicial que declara nula otra resolución ordenando que el inferior en grado expida una nueva El artículo 355 del Código Procesal Civil establece que mediante los medios impugnatorios las partes o terceros legitimados solicitan que se anule

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o revoque, total o parcialmente, un acto procesal presuntamente afectado por vicio o error. Estos medios impugnatorios, según el mismo cuerpo procesal, son “los remedios que pueden formularse por quien se considere agraviado por actos procesales no contenidos en resoluciones (…) y los recursos que pueden formularse por quien se considere agraviado con una resolución o parte de ella, para que luego de un nuevo examen de esta, se subsane el vicio o error alegado” (artículo 356). Centrándonos en los recursos, el de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente (artículo 364). Analizados los dispositivos glosados, se tiene que el órgano judicial que tiene la competencia para resolver la apelación formulada contra una sentencia de primera instancia, tiene la facultad de revocar o modificar la decisión impugnada por haberse incurrido en errores de apreciación del derecho (errores in iudicando); y tiene también la facultad de nulificar o anular la sentencia de primera instancia en el supuesto de que se haya incurrido en un vicio del procedimiento (errores in procedendo), ordenando, en este último supuesto, que el juez de inferior grado expida nueva sentencia. Surge de este modo, el cuestionamiento respecto a si se configura la firmeza deseada para el “amparo contra resolución judicial” al expedirse una resolución judicial que declara nula otra resolución ordenando que el inferior en grado expida una nueva. En nuestra consideración, y dependiendo de la estrategia procesal que más le convenga a la parte procesal agraviada, esta podrá optar entre aceptar la decisión judicial que ordena al juez inferior renovar la sentencia o auto declarado nulo; o en su defecto cuestionar dicha decisión judicial a través del “amparo contra resolución judicial”, siendo que con dicha decisión nulificante se adquiere la firmeza deseada por el artículo 4 del Código Procesal Constitucional para el inicio de este proceso constitucional. En este último supuesto, queda claro que el control constitucional se centrará en determinar o evaluar el correcto ejercicio de la potestad nulificante del juez superior al resolver el recurso de apelación planteado contra la sentencia o auto de primera instancia, evaluación que podría tener como consecuencia dejar sin efecto la decisión nulificante, subsistiendo de este modo la

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sentencia o auto de primera instancia, o convalidar la decisión nulificante y la renovación por el juez de primera instancia de la sentencia o auto declarado nulo. El Tribunal Constitucional, haciéndole frente al cuestionamiento planteado, señaló en la resolución recaída en el Exp. Nº 05156-2011-PA/TC, caso Florencia Pomallanqui:

“Que estando a que la resolución judicial cuestionada de fecha 8 de julio de 2010 declaró nula la sentencia de primera instancia ordenando la actuación de medios probatorios, a este Colegiado no le queda la menor duda que contra dicha decisión no cabía ya medio impugnatorio alguno que interponer, pues no se pronunciaba sobre el fondo del asunto y tampoco ponía fin al proceso, situación en las cuales resultaría procedente el recurso de casación; por el contrario la decisión solo ordenaba la renovación del acto procesal de expedición de sentencia de primer grado, deviniendo en improcedente el recurso de casación. Por esta razón, la resolución cuestionada cumple con el presupuesto procesal de firmeza para la procedencia del amparo contra resolución judicial (…)”.

V. Singularidades en los procesos contenciosos-administrativos inapreciables en dinero o de cuantías menores La existencia de resolución judicial firme resulta inexigible en casos donde, a través de una demanda contencioso-administrativa, se pretenden simultáneamente pretensiones cuantificables (como por ejemplo: la indemnización por el perjuicio generado en un monto de S/. 10,000.00) y pretensiones no cuantificables (como por ejemplo: la nulidad de resoluciones de jefatura de personal). Y es que, el artículo 32 de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, establece que en dicho proceso: “El recurso de casación procede en los casos que versen sobre pretensiones no cuantificables. Tratándose de pretensiones cuantificables, cuando la cuantía del acto impugnado sea superior a 140 Unidades de Referencia Procesal (URP) o cuando dicho acto impugnado provenga de autoridad de competencia provincial, regional o nacional; y, por excepción, respecto de los actos administrativos dictados por autoridad administrativa distrital, cuando

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la cuantía sea superior a 140 Unidades de Referencia Procesal (URP)”. Atendiendo a la norma procesal glosada, y siendo que la pretensión de la demanda puesta en el ejemplo ascendería a S/. 10,000.00, es decir, a menos de 140 URP (valor URP año 2011 S/. 360.00), entonces el demandante no se encontraría habilitado para recurrir en casación, siendo que contra la resolución de segunda instancia expedida en el proceso contencioso-administrativo, el demandante puede acudir válidamente al “amparo contra resolución judicial”.

VI. Singularidades en los procesos penales sumarios En los procesos penales sumarios, como por ejemplo el seguido por el delito de estafa, “no procede el recurso de nulidad, solamente procede el recurso de queja por la denegatoria del recurso de apelación (artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 124, modificado por Ley Nº 27833)”. En efecto, el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 124, Ley especial que regula la tramitación del proceso penal sumario, modificado por Ley Nº 27833, establece con meridiana claridad que:

“El recurso de nulidad es improcedente en los casos sujetos al procedimiento sumario regulado en el presente decreto legislativo. El recurso de queja solo procede por denegatoria del de apelación y se interpone ante el juez que denegó el recurso, quien lo remite al superior jerárquico. (…) Cumplida la instancia plural no procede ningún recurso” (resaltado agregado).

La misma Ley Procesal Penal precisa que ella constituye una norma especial sobre la materia que regula los procesos penales sumarios. Así, su artículo 1 señala que: “Los jueces de primera instancia en lo penal conocerán en juicio sumario y sentenciarán con arreglo al presente decreto legislativo los delitos tipificados por el Código Penal y leyes especiales que se precisan en el artículo siguiente (…)” (resaltado agregado). De los citados dispositivos glosados se advierte, por un lado, que en los procesos penales sumarios –como por ejemplo por el delito de estafa– solo cabe interponer el recurso de apelación, ante el superior en grado, y el de

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queja por la denegatoria del recurso de apelación, también ante el superior en grado. De este modo, se veta expresamente cualquier intento o posibilidad de interponer recurso de nulidad, como uno adicional al de apelación, para que sea resuelto por el superior en grado, el cual de interponerse, deberá ser rechazado o declarado improcedente. Los referidos dispositivos dan cuenta, in abstractum, que bajo ningún concepto se puede habilitar un recurso adicional al de apelación –como el de nulidad– para cuestionar una decisión emitida en un proceso penal sumario. Por tal motivo, siendo que en los procesos penales sumarios el recurso de nulidad no se encuentra habilitado, entonces el agraviado con una resolución de segunda instancia, puede acudir válidamente al “amparo contra resolución judicial”. No obstante lo expuesto, y contrariamente a nuestra posición basada en la Ley Procesal sobre la materia, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. Nº 7566-2005-PA/TC, caso Ernesto Ordinola, ha establecido que:

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“‘(...) una interpretación literal y aislada del artículo 9 del Decreto Legislativo N° 124 podría llevar a la conclusión de que el recurso de queja excepcional no resulta aplicable a los procesos sumarios. Es más, strictu sensu, dicha interpretación no sería inconstitucional, pues la pluralidad de instancias queda garantizada con la doble instancia regulada en el referido decreto legislativo. Empero, resulta evidente que no fue ese el criterio que tuvo la Corte Suprema (...) [que] ha optado por interpretar que el recurso de queja excepcional [establecido en el inciso 2 del artículo 297 del Código de Procedimientos Penales, modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 9591 es aplicable, incluso, a los procesos sumarios (...)’, destacando además que la aludida modificatoria consigna expresamente que este recurso de queja excepcional procederá ‘siempre que se acredite que la resolución impugnada o el procedimiento que la precedió infringió normas constitucionales o normas con rango de ley directamente derivadas de aquellas’”.


VII. Singularidades en los recursos de anulación de laudo arbitral El artículo 64, numeral 5 del Decreto Legislativo Nº 1071, que norma el arbitraje, establece que:

“contra lo resuelto por la Corte Superior solo procede recurso de casación cuando el laudo hubiera sido anulado total o parcialmente” (resaltado agregado).

De esta norma glosada, es posible advertir que para habilitar la procedencia del recurso de casación en la tramitación de demandas de anulación de laudo arbitral se prevé como requisito que el laudo previamente haya sido anulado total o parcialmente; a contrario sensu, cuando ello no haya sucedido, no cabe la interposición de recurso alguno, ni siquiera el de casación. Así las cosas, frente a las decisiones judiciales que se expidan en el trámite de un recurso de anulación de laudo arbitral, que por ejemplo: rechacen el recurso por no anexar los requisitos de ley, lo declaren improcedente o infundado, convalidando la vigencia del laudo arbitral, no procede legalmente la interposición de recurso alguno (apelación, queja o casación), puesto que el laudo arbitral no ha sido anulado total o parcialmente. Por esta razón, contra las resoluciones judiciales cuestionadas que rechacen el recurso de anulación de laudo, lo declaren improcedente o infundado o, en otros términos, lo desestimen, se podrá habilitar de manera directa el “amparo contra resolución judicial”. En coincidencia con lo antes expuesto, el Tribunal Constitucional, en la resolución recaída en el Exp. Nº 00461-2012-PA/TC, caso Municipalidad Provincial del Callao, dejó señalado que:

“(…) la recurrente cuestiona, entre otras cosas, la declaratoria de improcedencia de sus recursos de apelación y de queja por denegatoria de apelación; sin embargo, no ha evaluado ni tenido en cuenta que conforme a lo establecido en el artículo 64, numeral 5 del Decreto Legislativo Nº 1071, que norma el arbitraje (vigente al momento de plantearse el ‘recurso’ de anulación de laudo arbitral) ‘contra lo resuelto por la Corte Superior solo procede recurso de casación cuando el laudo hubiera sido anulado total o parcialmente’.

Que a partir de la norma glosada es posible advertir que para declarar la procedencia del recurso de casación en la tramitación de ‘recursos’ de anulación de laudo arbitral se prevé como requisito que el laudo

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previamente haya sido anulado total o parcialmente; a contrario sensu, cuando ello no haya sucedido no cabe la interposición de recurso alguno, ni siquiera el de casación. En el presente caso, a fojas 11 se aprecia con claridad que el ‘recurso’ de anulación de laudo arbitral fue rechazado por la Sala Superior al no absolver la razón emitida relacionada con el domicilio de los miembros del Tribunal Arbitral. Así las cosas al haberse rechazado el ‘recurso’ de anulación de laudo arbitral, entonces no procedía legalmente la interposición de recurso alguno (apelación, queja o casación), puesto que el laudo no fue anulado total o parcialmente. Por esta razón, las resoluciones cuestionadas que decretaron la improcedencia de los recursos de apelación y de queja por denegatoria de apelación han sido expedidas conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1071, que norma el arbitraje (Ley especial sobre la materia)”.

VIII. Singularidades en los procesos laborales tramitados bajo la Ley Nº 26636 La Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 26636, establece que el recurso de casación procede únicamente en los siguientes supuestos: a) contra sentencias expedidas en revisión por las Salas Laborales o Mixtas de las Cortes Superiores de Justicia que resuelvan el conflicto jurídico planteado por las partes; y b) si la pretensión es de naturaleza económica y está expresada en dinero, solo procederá si dicha cuantía supera las 100 URP. De este modo, atendiendo a la regulación procesal sobre la materia, contra los autos expedidos por las Salas Laborales que, por ejemplo, estimen excepciones procesales impidiendo la continuación del proceso laboral, se podrá acudir de manera directa al “amparo contra resolución judicial”, pues el recurso de casación laboral no está habilitado para autos, sino solo para sentencias expedidas por las Salas Laborales. Igualmente, procederá de manera directa el “amparo contra resolución judicial”, sin necesidad de agotarse el recurso de casación, cuando la Sala Laboral haya expedido una sentencia de segunda instancia fundada que, en coincidencia con la pretensión solicitada en la demanda, reconoce cantidad dineraria en monto inferior a las 100 URP.

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El plazo de prescripción en el “amparo contra resolución judicial”

El artículo 44 del Código Procesal Constitucional establece que “tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la resolución queda firme. Dicho plazo concluye treinta días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido (...)”.

I. Para sentencias estimatorias y desestimatorias De conformidad con el dispositivo legal antes glosado, se advierte con facilidad que el elemento clave para computar el plazo de prescripción en un “amparo contra resolución judicial”, es determinar si la resolución judicial cuestionada, ya sea una sentencia o un auto, contiene in vivito un asunto material o sustancial por ejecutar o cumplir a cargo del juez de ejecución del proceso ordinario. Es por ello que, válidamente, habría que distinguir las sentencias estimatorias de condena que contienen un mandato de dar, hacer o no hacer, y que conllevan un asunto material o sustancial por ejecutar o cumplir; frente a las sentencias desestimatorias recaídas en procesos ordinarios que por su naturaleza están exentas de contener mandato de ejecución alguno. Así las cosas, tratándose del cuestionamiento de sentencias judiciales ordinarias que contienen un mandato de ejecución (dar, hacer o no hacer), el plazo de prescripción para el “amparo contra resolución judicial” concluye a los treinta días hábiles después de la notificación de la resolución (auto) que ordena se cumpla lo decidido; acto procesal que, como bien sabemos, es llevado a cabo por el juez de ejecución del proceso ordinario. Debemos entender, entonces, que es recién con la notificación del mandato de ejecución de sentencia, que el demandante en el amparo ve materializada la afectación a sus derechos fundamentales. A contrario sensu, tratándose del cuestionamiento de sentencias judiciales ordinarias que no contienen un mandato de ejecución, obviamente por ser desestimatorias de la demanda, el plazo de prescripción para el “amparo

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contra resolución judicial” concluye a los treinta días hábiles después de la notificación de la resolución (sentencia) firme, pues en este supuesto resulta imposible que el juez de ejecución expida mandato de ejecución alguno en tanto que solo expedirá un “procédase al archivo de los autos”. En coincidencia con lo expuesto, el Tribunal Constitucional, en la resolución recaída en el Exp. Nº 04817-2012-PA/TC, caso Carlos Zumaeta, precisó el plazo de prescripción para el inicio del amparo contra resoluciones judiciales desestimatorias señalando que:

“(…) sin entrar al fondo del asunto, este Colegiado considera que la demanda debe ser desestimada, ya que ha sido interpuesta fuera del plazo contemplado en el dispositivo legal acotado. En efecto, conforme se aprecia a fojas 5, al recurrente le fue notificada la resolución de vista que confirmó el cumplimiento de lo ejecutoriado y la conclusión del proceso en fecha 20 de agosto de 2010, en tanto que la demanda de amparo fue promovida en fecha 23 de febrero de 2011, es decir, de manera notoriamente extemporánea.

En consecuencia al haber transcurrido en exceso el plazo prescriptorio establecido por ley, la demanda incoada resulta improcedente conforme lo establece el inciso 10) del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. Y es que este Colegiado ya ha precisado que ‘(…) se inicia el plazo para interponer el amparo contra resolución judicial cuando la resolución que lesiona algún derecho constitucional queda firme y concluye dicho plazo treinta días después de notificada la resolución que ordena el cumplimiento de lo decidido. Es pertinente, sin embargo, anotar que existen resoluciones firmes que por su naturaleza no requieren de una resolución que ordene su cumplimiento. En estos casos, el plazo regulado en el artículo 44 del Código mencionado se computa desde el día siguiente de notificada tal resolución’ (cfr. Exp. N° 00538-2010-PA/TC, fundamento 6). Es atendiendo a este último criterio que debe realizarse el cómputo del plazo de prescripción, toda vez que a la decisión que confirmó el cumplimiento de lo ejecutoriado y la conclusión del proceso no le sigue o acompaña asunto sustancial alguno por cumplir y/o ejecutar a cargo del órgano judicial o de la parte procesal”.

De igual forma, el Tribunal Constitucional, en la resolución recaída en el Exp. Nº 00461-2012-PA/TC, caso Municipalidad Provincial del Callao, ratificó el plazo de prescripción para el inicio del amparo contra resoluciones judiciales desestimatorias, señalando que:

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“(…) sin entrar al fondo del asunto, este Colegiado considera que la demanda de ‘amparo contra resolución judicial’ debe ser desestimada, ya que ha sido interpuesta fuera del plazo contemplado en el dispositivo legal acotado. En efecto, a fojas 11 obra la resolución cuestionada de fecha 29 de enero de 2009 que rechaza el ‘recurso’ de anulación de laudo arbitral por no absolver la razón emitida relacionada con el domicilio de los miembros del Tribunal Arbitral, resolución que según documento que obra a fojas 10 le fue notificada a la recurrente en fecha 23 de marzo de 2009; en tanto que la demanda de ‘amparo contra resolución judicial’ ha sido promovida en fecha 22 de setiembre de 2009, es decir, de manera notoriamente extemporánea.

Que en el caso de autos, para el cómputo del plazo de prescripción de la demanda de autos no resulta procedente incluir la notificación de las resoluciones cuestionadas de fechas 26 de marzo de 2009 y 4 de mayo de 2009 que declararon improcedente el recurso de apelación e infundado el recurso de queja, respectivamente, toda vez que dichos recursos resultaban inoficiosos, al no estar regulados en el Decreto Legislativo Nº 1071 que norma el arbitraje. En consecuencia, al haber transcurrido en exceso el plazo prescriptorio establecido por ley, la demanda incoada resulta improcedente conforme lo establece el artículo 5 inciso 10) del Código Procesal Constitucional.

Que en este sentido, cabe recordar que este Colegiado ha precisado que ‘(…) cuando el justiciable interponga medios impugnatorios o recursos que no tengan real posibilidad de revertir sus efectos, el inicio del plazo prescriptorio deberá contabilizarse desde el día siguiente de la fecha de notificación de la resolución firme a la que se considera lesiva y concluirá inevitablemente treinta días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena el cúmplase con lo decidido’ (cfr. Exp. Nº 00252-2009-PA/TC, fundamento 18). Respecto a esto último, cabe también recordar que el mismo Colegiado ha precisado que ‘(…) existen resoluciones firmes que por su naturaleza no requieren de una resolución que ordene su cumplimiento. En estos casos, el plazo regulado en el artículo 44 del Código mencionado se computa desde el día siguiente de notificada tal resolución’. (cfr. Exp. Nº 00538-2010-PA/TC, fundamento 6). Es pues, atendiendo a este último criterio, que debe realizarse el cómputo del plazo de prescripción, toda vez que a la decisión que rechaza

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el ‘recurso’ de anulación de laudo arbitral no le sigue o acompaña asunto sustancial alguno por cumplir y/o ejecutar a cargo del órgano judicial o de la parte procesal”.

II. Para autos cautelares estimatorios y desestimatorios El estatus o categoría que debe revestir una resolución judicial firme, a efectos de que contra ella proceda un “amparo contra resolución judicial”, debe ser calificada al margen del trámite incidental o de las etapas en que vaya discurriendo el proceso judicial ordinario, pues ello permite que incluso un auto, y no solo la sentencia que ponga fin al proceso judicial, pueda ser objeto de control por el juez constitucional. El requisito ineludible, para que proceda tal control, es que el incidente o trámite haya generado la existencia de una resolución firme, esto es, una situación procesal en la que ya no es posible interponer otro medio impugnatorio que logre revertir la vulneración a los derechos fundamentales. En el caso específico de los autos que conceden o deniegan medidas cautelares, dicha firmeza se alcanza con la apelación y su posterior confirmatoria o revocatoria por el superior jerárquico, con lo cual, una vez emitida la resolución de segunda instancia queda habilitada la vía del “amparo contra resolución judicial”. A los efectos del cómputo del plazo, ya no habría que distinguir los autos que conceden o admiten las medidas cautelares que normalmente contienen mandatos de innovar y de no innovar, y que conllevan un asunto material o sustancial por ejecutar o cumplir antes de ser apeladas; de los autos que rechazan o deniegan las medidas cautelares, los cuales por su naturaleza están exentas de contener mandato alguno. Así las cosas, tratándose del cuestionamiento de autos que conceden o admiten medidas cautelares de innovar y de no innovar, el plazo de prescripción para el “amparo contra resolución judicial” concluye a los treinta días hábiles después de la notificación de la resolución superior (auto) que confirma el concesorio de la medida cautelar o desestima la oposición a la cautelar, sin esperar que recaiga el cúmplase con lo decidido, pues en este supuesto la medida ya se ejecutó con antelación en forma in audita pars. Debemos entender entonces que es recién con la confirmatoria del mandato cautelar, que el demandante en el amparo ve materializada la afectación a sus derechos fundamentales.

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Similar criterio deberá exponerse tratándose del cuestionamiento de autos que rechazan o deniegan medidas cautelares, en estos supuestos el plazo de prescripción para el “amparo contra resolución judicial” concluye a los treinta días hábiles después de la notificación de la resolución superior (auto) firme.

III. Para autos que declaran la conclusión o continuación de un proceso judicial ordinario Como ya se ha mencionado, las vulneraciones a los derechos fundamentales de las partes procesales, producidas al interior de un proceso judicial ordinario, se pueden manifestar en cualquier fase o incidente de este. Y precisamente, una denuncia recurrente en fase de ejecución de la sentencia de un proceso ordinario, consiste en el hecho de que los órganos judiciales, pese a decretar la conclusión del proceso y el archivo definitivo del proceso, no habrían dado cumplimiento cabal y efectivo a la sentencia judicial. ¿En qué plazo se puede cuestionar un auto firme que incumple o inejecuta una sentencia ordinaria? Consideramos que el plazo concluye a los treinta días hábiles después de la notificación de la resolución superior (auto) que incumple o inejecuta la sentencia. El Tribunal Constitucional, en la resolución recaída en el Exp. Nº 023292012-PA/TC, caso Antonio Córdova, nos ilustra acerca del plazo de prescripción para el inicio del “amparo contra resolución judicial” recaída en fase de ejecución de sentencia, señalando que:

“(…) sin entrar al fondo del asunto, este Colegiado considera que la demanda debe ser desestimada, ya que ha sido interpuesta fuera del plazo contemplado en el dispositivo legal acotado. En efecto, conforme se aprecia a fojas 24 y 27, al recurrente le fue notificada la resolución cuestionada de fecha 17 de abril de 2008 que confirmó la improcedencia de la observación formulada en fecha 19 de mayo de 2008, en tanto que la demanda fue promovida en fecha 23 de febrero de 2009, es decir, de manera notoriamente extemporánea.

En consecuencia, al haber transcurrido en exceso el plazo prescriptorio establecido por ley, la demanda incoada resulta improcedente conforme lo establece el inciso 10) del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. Y es que este Colegiado ya ha precisado que ‘(…) se inicia el plazo para interponer el amparo con

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la notificación al demandante en amparo de la resolución firme que lesiona algún derecho constitucional, y concluye dicho plazo treinta días después de notificada la resolución que ordena el cumplimiento de la decisión que se encuentra firme. Es pertinente, sin embargo, anotar que existen resoluciones firmes que por su naturaleza no requieren de una resolución que ordene su cumplimiento. En estos casos, el plazo regulado en el artículo 44 del Código mencionado se computa desde el día siguiente de notificada tal resolución’ (resaltado agregado) (cfr. Exp. N° 00538-2010-PA/TC, fundamento 6). Es, atendiendo a este último criterio que debe realizarse el cómputo del plazo de prescripción, toda vez que a la decisión que confirmó la improcedencia de la observación formulada no le sigue o acompaña asunto sustancial alguno por cumplir y/o ejecutar a cargo del órgano judicial o de la parte procesal.

IV. Para autos que estiman o desestiman excepciones procesales Lo resuelto por el juez en un incidente de excepciones procesales promovido por la parte demandada en un proceso judicial ordinario, también es susceptible de control constitucional por la vía del “amparo contra resolución judicial”, requiriéndose también la firmeza deseada por Código Procesal Constitucional. En el caso específico de los autos que estiman excepciones procesales perentorias, declarando nulo todo lo actuado y concluido el proceso judicial ordinario, dicha firmeza se alcanza con la apelación y, dependiendo del proceso judicial ordinario en que estemos incurso, con la casación dado que la estimatoria impide la continuación del proceso. De esta manera, una vez emitida la resolución de segunda instancia o, en su caso, la casatoria, entonces queda habilitada la vía del “amparo contra resolución judicial”. A los efectos del cómputo del plazo, no habría que distinguir los autos que estiman las excepciones procesales, declarando nulo todo lo actuado y concluido el proceso judicial ordinario y, por lo tanto, no conllevan un asunto material o sustancial por ejecutar o cumplir por el juez de ejecución; de los autos que desestiman las excepciones procesales, los cuales por su naturaleza están exentas de contener mandato alguno, y por el contrario disponen tácitamente la continuación del proceso judicial ordinario. Entonces, tratándose del cuestionamiento de autos que estiman o desestiman excepciones procesales, el plazo de prescripción para el “amparo

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contra resolución judicial” concluye a los treinta días hábiles después de la notificación de la resolución superior o suprema (auto) que resuelva la excepción procesal, sin esperar que recaiga el cúmplase con lo decidido, pues en estos supuestos no hay asunto material o sustancial alguno por ejecutar o cumplir. Debemos entender que es recién con la confirmatoria o denegatoria de la excepción procesal, que el demandante en el amparo ve materializada la afectación a sus derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional, en la resolución recaída en el Exp. Nº 004662012-PA/TC, caso Ricardo Morales, nos ilustra acerca del plazo de prescripción para el inicio del “amparo contra resolución judicial” recaída en un incidente de excepciones procesales, señalando que:

“(…) sin entrar al fondo del asunto este Colegiado considera que la demanda de amparo contra resolución judicial ha sido interpuesta fuera del plazo contemplado en el dispositivo legal acotado. En efecto, conforme se aprecia a fojas 11, al recurrente le ha sido notificada la resolución que confirmó la estimatoria de la excepción de prescripción, declarando nulo todo lo actuado y concluido el proceso de pago de beneficios sociales en fecha 24 de mayo de 2010, en tanto que la demanda de amparo contra resolución judicial ha sido promovida en fecha 15 de setiembre de 2010, es decir, de manera notoriamente extemporánea.

Que, en consecuencia, al haber transcurrido en exceso el plazo prescriptorio establecido por ley, la demanda incoada resulta improcedente de conformidad con el inciso 10 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. Y es que este Colegiado ya ha precisado que ‘(…) se inicia el plazo para interponer el amparo con la notificación al demandante en amparo de la resolución firme que lesiona algún derecho constitucional, y concluye dicho plazo treinta días después de notificada la resolución que ordena el cumplimiento de la decisión que se encuentra firme. Es pertinente, sin embargo, anotar que existen resoluciones firmes que por su naturaleza no requieren de una resolución que ordene su cumplimiento. En estos casos, el plazo regulado en el artículo 44 del Código mencionado se computa desde el día siguiente de notificada tal resolución’ (cfr. Exp. N° 00538-2010-PA/TC, fundamento 6). Atendiendo a este último criterio, se debe realizar el cómputo del plazo de prescripción, toda vez que a la decisión que confirmó la estimatoria de la excepción de prescripción, declarando nulo todo lo actuado y

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concluido el proceso de pago de beneficios sociales, no le sigue o acompaña asunto sustancial alguno por cumplir y/o ejecutar a cargo del órgano judicial o de la parte procesal”.

V. Para autos que resuelven el admisorio de una demanda La práctica procesal también nos da cuenta que la vulneración a los derechos fundamentales de las partes procesales, al interior de un proceso judicial ordinario, puede suceder en la fase postulatoria de este. Sabido es que, a la demanda ordinaria presentada por el actor y a su admisorio decretado por el juez, le puede seguir la contestación a la demanda del emplazado, la interposición de excepciones procesales por este, e inclusive un pedido de nulidad, constituyendo todos ellos los mecanismos procesales destinados a desbaratar el admisorio de la demanda; sin embargo, cierto es también que existen situaciones extraprocesales que podrían dar lugar a que se materialice, en esta fase postulatoria, la vulneración a los derechos fundamentales de las personas. En efecto, puede darse el caso que habiendo fenecido un determinado proceso judicial ordinario que declaró la nulidad de un contrato de compraventa, teniendo este la calidad de cosa juzgada, inmodificable e inmutable, se pretenda luego iniciar un nuevo proceso judicial con el fin de otorgar validez a dicho contrato que ha sido declarado nulo por el Poder Judicial. En esta hipótesis, ante la demanda planteada, el emplazado correctamente podría contestar la demanda, interponer excepciones procesales, e inclusive un pedido de nulidad al interior de este nuevo proceso judicial ordinario, denunciando que a través de este nuevo proceso se está reviviendo un proceso ya fenecido, que tiene autoridad de cosa juzgada. Adicionalmente a ello, en nuestra consideración, creemos que más efectivo sería habilitar un “amparo contra resolución judicial” en el que el cuestionamiento central de la demanda se dirigiría contra el auto admisorio de la demanda, al haberse iniciado un nuevo proceso judicial respecto a materias que ya fueron definidas en un anterior proceso. En este último supuesto, queda claro que el control constitucional se centrará en determinar o evaluar si el inicio de este nuevo proceso judicial tendría por vocación u objetivo modificar, alterar o suspender los alcances de lo resuelto en el anterior proceso judicial, siendo que el inicio y tramitación del nuevo proceso judicial constituiría una afectación continuada del

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derecho fundamental a que se respete una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada, por lo que continuadamente se habilitaría también el plazo de prescripción para la interposición del “amparo contra resolución judicial”. Y es que mediante el derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarlas; y, en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó (STC Exp. Nº 4587-2004-PA/TC). Del mismo modo, el respeto de la cosa juzgada impide que lo resuelto pueda desconocerse por medio de una resolución posterior, aunque quienes lo hubieran dictado entendieran que la decisión inicial no se ajustaba a la legalidad aplicable, sino tampoco por cualquier otra autoridad judicial, aunque esta fuera de una instancia superior, precisamente, porque habiendo adquirido el carácter de firme, cualquier clase de alteración importaría una afectación del núcleo esencial del Derecho (STC Exp. Nº 0818-2000-PA/TC).

VI. Para autos que fijan el monto por concepto de costos y costas procesales Puede suceder que la parte vencedora del proceso judicial ordinario, habiendo solicitado en varias oportunidades el pago de costos y costas procesales al juez de ejecución, este le fuera denegado por el juez con un “no ha lugar” en razón de que la sentencia de vista no condenó o, en su defecto, exoneró al demandado con el pago de costos y costas procesales. Asimismo, puede suceder también que el juez de ejecución haya fijado en forma muy diminuta el pago por estos conceptos, perjudicando en sus derechos e intereses al vencedor del proceso judicial ordinario. De este modo, tratándose del cuestionamiento de autos que deniegan o exoneran el pago de costos y costas procesales, el plazo de prescripción para el “amparo contra resolución judicial” concluye a los treinta días hábiles después de la notificación de la resolución superior (auto), sin esperar que recaiga

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el cúmplase con lo decidido, pues obviamente en estos supuestos no hay asunto material o sustancial alguno por ejecutar o cumplir. Debemos entender, entonces, que es recién con la confirmatoria de la resolución superior, que el demandante en el amparo observa materializada la afectación a sus derechos fundamentales. Asimismo, tratándose del cuestionamiento de autos que hayan fijado en forma muy diminuta el pago de costos y costas procesales, el plazo de prescripción para el “amparo contra resolución judicial” concluye a los treinta días hábiles después de la notificación de la resolución (auto) que ordena se cumpla lo decidido; acto procesal que, como bien sabemos, es llevado a cabo por el juez de ejecución del proceso ordinario. Debemos entender entonces que es recién con la notificación del mandato de ejecución de sentencia, que el demandante en el amparo percibe la afectación a sus derechos fundamentales, por haberse fijado en forma diminuta el pago de costos y costas procesales.

VII. Recursos inoficiosos Un asunto muy importante, relacionado con el cómputo del plazo de prescripción para el inicio del “amparo contra resolución judicial”, lo constituye el hecho de que al interior de un proceso judicial ordinario la parte afectada con una resolución judicial promueva –ya sea por negligencia o desconocimiento– recursos inoficiosos, inconducentes, o en su defecto, interponga recursos no regulados en las leyes procesales de la materia, ello podría dar lugar a que en ese trayecto de tiempo, recorrido absurdamente, la demanda pueda ser calificada de extemporánea. A estos efectos, el Tribunal Constitucional, en la resolución recaída en el Exp. Nº 00252-2009-PA/TC, caso Máximo Llanos, realizó precisiones en torno a las conductas dilatorias en que incurren las partes procesales, al interior del proceso judicial ordinario, las cuales tendrían un efecto nocivo en el plazo para interponer el “amparo contra resolución judicial”. Señaló así que:

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“(…) este Colegiado no ha sido ajeno a lo que sucede en la práctica judicial generalizada advirtiéndose que el presupuesto procesal de la prescripción es en muchos casos uno de los menos respetados no solo por nuestros operadores jurídicos, sino fundamentalmente por los abogados de las partes, pues en su afán por eludirlo han llegado a hacer uso pernicioso de los medios impugnatorios que la ley prevé, pretendiendo de esta manera dilatar el inicio de cómputo del plazo. Así, se ha hecho práctica habitual la utilización de cualquier tipo


de medio impugnatorio con la finalidad de obtener hasta el último momento un pronunciamiento judicial que permita contar, recién a partir de ese momento, el plazo para la interposición de la demanda. Esto ha generado –y sigue generando– delicados problemas a la impartición de justicia y en especial a la constitucional, pues cuando los recurrentes advierten que no tienen más posibilidad de revertir el fallo de los jueces, acuden a la jurisdicción constitucional con la finalidad de que se revisen los criterios adoptados por los jueces ordinarios, intentando convertirla en una suprainstancia jurisdiccional, posibilidad que ha sido reiteradamente negada por la jurisprudencia de este Tribunal.

A juicio de este Colegiado una de las causas que producen la grave situación reseñada en el párrafo precedente se debe a que en nuestro ordenamiento no se tiene un concepto uniforme de lo que debe entenderse por resolución judicial firme. Así, es posible advertir que, sobre ella, existen hasta dos tipos de conceptos: uno formal y otro material. Para la concepción formal la firmeza de una resolución se adquiere simplemente con el agotamiento de todos los recursos que la ley prevé para el cuestionamiento del acto con el cual se está en desacuerdo. Para la concepción material, la calidad de firmeza de una resolución se adquiere cuando se han agotado todos lo medios impugnatorios legalmente previstos, pero siempre que estos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución que se impugna. Es decir que si lo que se cuestiona es un auto y contra este se interpone un recurso impugnatorio alegando causales imaginarias, el pronunciamiento denegatorio que el juez emita sobre dicho asunto no podrá entenderse como generador de firmeza, puesto que al no haber sido correctamente impugnada la respectiva resolución, se debe entender que el plazo se cuenta desde que esta fue emitida y notificada y no desde el pronunciamiento judicial que resuelve el supuesto “acto impugnatorio”. Entender lo contrario no hace más que contribuir a un uso negligente de las instituciones jurídicas que afectan el derecho de los demás a la ejecución de las sentencias y a la cosa juzgada.

Así las cosas, y a los efectos de interpretar correctamente el segundo párrafo del artículo 44 del Código Procesal Constitucional, se considera iniciado el plazo y con ello el inicio de la facultad de interponer la demanda de amparo contra la resolución judicial firme cuando se han agotado todos los recursos que prevé la ley para impugnarla

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dentro del proceso ordinario, siempre que dichos recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución impugnada. En ese sentido, cuando el justiciable interponga medios impugnatorios o recursos que no tengan real posibilidad de revertir sus efectos, el inicio del plazo prescriptorio deberá contabilizarse desde el día siguiente de la fecha de notificación de la resolución firme a la que se considera lesiva y concluirá inevitablemente treinta días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena el cúmplase con lo decidido, sin que igualmente se acepte articulaciones inoficiosas contra este último pronunciamiento jurisdiccional. Por lo demás el juez constitucional deberá hacer uso de los apercibimientos y multas atendiendo a la gravedad del perjuicio ocasionado por la parte que actúa con evidente mala fe procesal (…)”. A manera de ejemplo, y en una lista meramente enunciativa, los recursos inoficiosos que tendrían efectos nocivos con relación al cómputo del plazo de prescripción para el “amparo contra resolución judicial” serían la interposición de los siguientes medios impugnatorios:

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•

Recurso de nulidad contra una improcedencia del recurso de casación decretada por la Sala Suprema.

•

Recurso de queja contra la improcedencia del recurso de casación decretada por la Sala Suprema.

•

Recurso de casación contra una decisión emitida en segunda instancia por un juzgado especializado.

•

Recurso de casación contra autos expedidos por las Salas Laborales (Ley Procesal del Trabajo Nº 26636).

•

Recurso de nulidad contra sentencias penales recaídas en procesos sumarios (Decreto Legislativo Nº 124).


STC Exp. N° 3179-2004-AA/TC El amparo contra resoluciones judiciales y el derecho a la tutela procesal 5. En concreto, la respuesta (doctrinal y) jurisprudencial que se ha dado al tema en cuestión normalmente se ha intentado a partir de una interpretación de la limitación contenida en el segundo párrafo del inciso 2) del artículo 200 de la Constitución, cuyo texto reproduce con algunas variantes lo que en su momento preveía el inciso 3) del artículo 6 de la Ley Nº 23506, ahora derogado, según el cual el amparo (...) no procede contra (...) resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular

Descartada una lectura de dicho precepto constitucional en el sentido de que no cabía la interposición de un amparo contra resoluciones judiciales, existe consenso en admitirse que, más que una prohibición, en realidad, dicho precepto contiene una limitación, cuyo ámbito de actuación opera en aquellos casos en los que la resolución judicial emana de un proceso “regular”, pero no en aquellos otros donde esta se expide en el seno de un proceso “irregular”.

Así fijado el sentido de este precepto constitucional, tras una interpretación literal, el paso siguiente fue dar respuesta a la interrogante ¿cuándo un proceso judicial puede considerarse “regular”? o, dicho en términos negativos, ¿cuándo una resolución judicial emana de un proceso “irregular”?

La absolución de tal interrogante, a su vez, fue: Una resolución judicial emana de un proceso regular si esta se expide con respeto de los derechos que integran el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, ambos reconocidos en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución. Lo que venía a significar que mediante el amparo solo se podía cuestionar resoluciones judiciales si es que en el momento de expedirse, la irregularidad se materializaba en la afectación de derechos que forman parte de aquel.

6. Con ello, por un lado, se ratificaba la tesis de que el amparo contra resoluciones judiciales no podía constituir un instrumento procesal que se superpusiera a los medios impugnatorios existentes en la legislación procesal y, tampoco, en la habilitación de una vía en la que se pudiera reproducir una controversia formulada ante las instancias de la jurisdicción ordinaria.

Pero, al mismo tiempo, se venía a institucionalizar una doctrina jurisprudencial, según la cual los jueces ordinarios, en el ejercicio de sus funciones, solo se encontraban vinculados a un número determinado de derechos fundamentales. En concreto, solo en relación con aquellos de naturaleza procesal (tutela procesal y todos los derechos que lo integran).

En cierta forma, tal tendencia se ha concretado en el Código Procesal Constitucional, cuyo artículo 4 establece:

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El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso (...)

En definitiva, ya sea por vía jurisprudencial o por vía legislativa, la concreción sobre el ámbito de protección del amparo contra resoluciones judiciales se ha circunscrito solo a la protección de los derechos fundamentales de orden procesal, quedando fuera de su ámbito todos los otros derechos igualmente fundamentales (o constitucionales).

7. ¿Hay razones jurídico-constitucionales para que el ámbito de derechos protegidos mediante esta variante del amparo tenga que ser replanteado? El Tribunal Constitucional considera que la respuesta es afirmativa, desde un doble punto de vista. Por un lado, a partir del diseño constitucional del ámbito de protección de este proceso; y, por otro, a partir de la eficacia vertical de los derechos fundamentales en el Estado Constitucional de Derecho. Constitución y ámbito de protección del proceso de amparo 8. En el Estado constitucional de Derecho, la Constitución no solo es una norma que se limita a reconocer los derechos fundamentales, sino también a crear o instaurar los procesos destinados a su defensa. Mediante el establecimiento ope constitutione de los procesos constitucionales, la Ley Fundamental pone a buen recaudo de las mayorías coyunturales los instrumentos procesales creados para su defensa. En ese sentido, como ha puesto de relieve Gomes Canotilho, los procesos constitucionales no solo constituyen instrumentos procesales destinados a que en su seno se resuelva problemas vinculados con el principio de supremacía normativa y la tutela de los derechos fundamentales, sino también, en un sentido más amplio, lo que bien puede denominarse garantías de la Constitución, en tanto que medios e institutos destinados a asegurar la observancia, aplicación, estabilidad y conservación de la Ley Fundamental. Como se trata de garantías de la existencia de la propia constitución (...), se suele decir que ellas son “la constitución de la propia Constitución”. 9. Sin embargo, la instauración de los procesos constitucionales no solo tiene el propósito de recordar que ni el legislador ni ningún otro poder constituido tienen la capacidad jurídica para disponer de ellos, en cuanto instrumentos procesales de conservación y actualización de la Ley Fundamental, sino que tampoco pueden alterar lo que bien podría denominarse el diseño constitucional de los procesos constitucionales, es decir, los rasgos esenciales con que la Ley Fundamental los ha creado y diseñado.

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En efecto, a la limitación de los poderes públicos para no suprimir o desnaturalizar los procesos constitucionales, le sigue la obligación (particularmente del Poder Legislativo) de regular su desarrollo y procedimiento conforme al “modelo” constitucional de cada uno de dichos procesos, es decir, conforme a las características que textualmente se hayan establecido en la Ley Fundamental, pero también que implícitamente se deriven de su finalidad constitucionalmente declarada.


10. En lo que hace al modelo constitucional del proceso de amparo, la Ley Fundamental contiene ciertas pautas específicas, como puede ser el ámbito de derechos protegidos (artículo 200.2); extensión y límites del control de los actos restrictivos de derechos durante los regímenes de excepción (artículo 200 in fine) o la regulación parcialmente delimitada de las instancias competentes para conocerla (artículo 202), etc. 11. Por lo que aquí interesa, es decir, con relación al ámbito de derechos protegidos en el proceso de amparo, el inciso 2) del artículo 200 de la Constitución precisa cuál es su competencia, ratione materiae, al establecer que

Son garantías constitucionales:

2) La acción de amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. En él, pues, se han de tutelar todos aquellos atributos subjetivos reconocidos en la Constitución, con excepción de los que, a su vez, son protegidos por el proceso de hábeas data; es decir, el derecho de acceso a la información pública, reconocido en el inciso 5) del artículo 2 de la Constitución; y el derecho a la autodeterminación informativa, reconocido a su vez en el inciso 6) del mismo artículo 2 de la Norma Fundamental.

12. Sin embargo, la determinación de la competencia ratione materiae del proceso de amparo no solo puede realizarse a partir de la dicción literal de la disposición que lo crea y de la remisión que esta pueda hacer hacia otra disposición constitucional. Una interpretación sistemática con el inciso 1) del artículo 200, por exigencias del principio de unidad de la Constitución, necesariamente tiene que terminar con excluir también a los derechos protegidos por el proceso de hábeas corpus; es decir, a la libertad individual y a los derechos conexos a él (enunciados, por otra parte, en el artículo 25 del Código Procesal Constitucional).

De modo, pues, que el diseño constitucional de los derechos protegidos por el proceso de amparo, bien puede caracterizarse por tener un carácter totalizador, esto es, comprender residualmente la protección de todos los derechos constitucionales no protegidos por los otros procesos de tutela de los derechos fundamentales (hábeas corpus y hábeas data).

13. Así las cosas, cabe que nos cuestionemos acerca de las razones jurídico-constitucionales que puedan existir para limitar el ámbito de derechos protegidos por el amparo contra resoluciones judiciales solo a la protección de los derechos que integran la tutela procesal.

Como ya se ha indicado, una primera respuesta a esta cuestión se ha efectuado interpretándose los alcances del segundo párrafo del inciso 2) del artículo 200 de la Constitución que, como se sabe, establece que el amparo

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No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular.

Esta última parte del precepto constitucional antes recordado, no se ha entendido en el sentido de que por su virtud se prohíba la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales, sino solo que él no prospere si lo que se busca es cuestionar mediante este proceso constitucional una resolución judicial emanada de un proceso “regular”. Por el contrario, si la resolución judicial emanaba de un proceso “irregular”, sí cabía que se abrieran las puertas de procedencia del amparo.

De esta manera la viabilidad del amparo contra resoluciones judiciales quedaba librada a lo que se pudiera entender por el término “regular”. Lo que, a su vez, se resolvió en el sentido de entender que un proceso judicial era regular siempre que se haya expedido con respeto del derecho a la tutela procesal. En tanto que devenía en irregular si la resolución judicial se había expedido en un proceso judicial donde se hubiera lesionado el mismo derecho, o cualquiera de los derechos procesales que forman parte de él.

14. El Tribunal Constitucional considera que una respuesta como la brindada no concilia con el diseño constitucional del ámbito de derechos protegidos por el proceso de amparo. a) En primer lugar, pues como se ha expuesto en el fundamento 12 de esta sentencia, los únicos derechos exceptuados del control mediante este proceso son los protegidos, a su vez, por el hábeas corpus y el hábeas data. b) En segundo lugar, es inadmisible desde un punto de vista constitucional que se pueda sostener que una resolución judicial devenga de un proceso “irregular” solo cuando afecte el derecho a la tutela procesal, y que tal “irregularidad” no acontezca cuando esta afecta otros derechos fundamentales. A juicio del Tribunal, la irregularidad de una resolución judicial, con relevancia constitucional, se produce cada vez que esta se expida con violación de cualquier derecho fundamental, y no solo en relación con los contemplados en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional.

En definitiva, a partir del diseño constitucional del ámbito de derechos protegidos por el amparo, el Tribunal considera que es constitucionalmente inadmisible sostener que del referido segundo párrafo del inciso 2) del artículo 200 de la Constitución se pueda inferir una limitación de la competencia ratione materiae del amparo contra resoluciones judiciales, más allá de los derechos garantizados por el hábeas corpus y el hábeas data.

Constitución y eficacia vertical de los derechos fundamentales. Sus consecuencias en el ámbito de los derechos protegidos por el amparo contra resoluciones judiciales 15. A la misma conclusión hemos de arribar si ahora el análisis se efectúa a partir de la eficacia de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de 1993.

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Tenemos expresado en nuestra jurisprudencia que todo derecho constitucional –expreso o implícitamente reconocido– tiene un ámbito protegido, un bien jurídico identificable, que es distinto de aquellos garantizados por otros derechos, en tanto que constituye una manifestación concreta del principio-derecho de dignidad.

Ese ámbito de la realidad, deducible válidamente de una norma y disposición de derecho fundamental, es lo que en la STC Exp. Nº 1417-2005-PAA/TC hemos venido en denominar posición iusfundamental:

Las posiciones de derecho fundamental son los derechos fundamentales en sentido estricto, pues son los concretos atributos que la persona humana ostenta al amparo de las normas (sentidos interpretativos) válidas derivadas directamente de las disposiciones contenidas en la Constitución que reconoce derechos.

El objeto de una posición iusfundamental es siempre una conducta, de acción o de omisión –dependiendo del derecho de que se trate–, que un tercero (sujeto pasivo) debe realizar a favor de quien titulariza el derecho (sujeto activo). De ahí que los elementos de todo derecho fundamental sean: a) el sujeto que lo titulariza; b) el sujeto que se encuentra obligado con aquel, y c) el haz de posiciones subjetivas y objetivas efectivamente garantizadas por el derecho.

16. Por lo general, el asunto relativo a la titularidad de los derechos fundamentales no ofrece mayores dificultades en su determinación. Prima facie, el titular por antonomasia de los derechos fundamentales es siempre la persona humana, en tanto que, como se ha expuesto, dichos derechos no son sino la concretización específica de particulares exigencias del principio de dignidad (artículo 1 de la Constitución), no obstante que la titularidad de algunos derechos fundamentales esté sujeta a la satisfacción de ciertas exigencias, como sucede con los derechos políticos y determinados derechos sociales y económicos.

A su vez, el objeto de la relación, esto es, el haz de posiciones subjetivas y objetivas garantizados y, por lo tanto, exigibles en su realización a los sujetos obligados, depende de una serie de variables recabables en función de cada derecho reconocido en la Constitución. Como en la tantas veces citada STC Exp. Nº 1417-2005/PAA/ TC hemos sostenido, el contenido constitucionalmente protegido de cada uno de los derechos no puede determinarse en abstracto, sino a “a la luz de cada caso concreto”, identificando su finalidad, naturaleza y el ámbito de la realidad que se ha pretendido garantizar en cada uno de ellos.

Por lo que se refiere a los sujetos obligados con el objeto de la relación, no cabe duda de que el primer obligado con ellos es, sin excepción alguna, el Estado. Como se recordó en la STC Exp. Nº 0976-2001-AA/TC.

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históricamente, los derechos fundamentales surgieron como derechos de defensa oponibles al Estado. Esto es, atributos subjetivos que protegen un ámbito de autonomía individual contra acciones arbitrarias de cualquiera de los poderes públicos.

17. La vinculación de los derechos hacia cualesquiera de los poderes y, en general, órganos públicos, es lo que hemos venido en denominar eficacia vertical de los derechos fundamentales. Tal eficacia no es sino consecuencia de la naturaleza preestatal de los derechos fundamentales y, por lo tanto, del carácter servicial del Estado para con ellos, en tanto que la persona humana se proyecta en él como el fin supremo (artículo 1 de la Constitución).

En ese sentido, tenemos dicho que dentro de estos sujetos obligados para con el respeto y protección de los derechos fundamentales se encuentran todos los poderes públicos, es decir, los entes que forman parte del Estado, independientemente de su condición de órgano constitucional, legal o administrativo, y los grados e intensidad de autonomía que para con ellos el ordenamiento haya podido prever.

Qué duda cabe de que dentro de esos poderes públicos vinculados con los derechos fundamentales se encuentra también el Poder Judicial y, con él, todas sus instancias jurisdiccionales, al mismo tiempo que sus órganos administrativos. La cuestión de qué derechos lo vinculan; bien cuando ejerce funciones jurisdiccionales; bien cuando ejerza las funciones administrativas propias a sus actividades de gestión, no puede sino responderse en los mismos términos que habitualmente se efectúa en relación con los demás poderes públicos. Todos los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos. De modo que todos los derechos fundamentales (y no solo los que conforman la tutela procesal) vinculan al Poder Judicial y, en ese sentido, demandan acciones u omisiones destinadas a garantizar el ámbito de la realidad que cada uno de ellos persigue tutelar.

No hay (no puede haber) un solo derecho fundamental que no pueda vincular a los órganos de la jurisdicción ordinaria. Ello es consecuencia de su condición de poder constituido y, al mismo tiempo, del carácter servicial para con el ejercicio efectivo de los derechos de la persona humana, pues, al fin y al cabo, la tutela jurisdiccional que prestan “(...) emana del pueblo”, conforme lo recuerda el artículo 138 de la Ley Fundamental.

18. La tesis según la cual el amparo contra resoluciones judiciales procede únicamente por violación del derecho al debido proceso o a la tutela jurisdiccional, confirma la vinculatoriedad de dichos derechos en relación con los órganos que forman parte del Poder Judicial. Pero constituye una negación inaceptable en el marco de un Estado Constitucional de Derecho, sobre la vinculatoriedad de los “otros” derechos fundamentales que no tengan la naturaleza de derechos fundamentales procesales, así como la exigencia de respeto, tutela y promoción ínsitos en cada uno de ellos.

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En efecto, en el ejercicio de la función jurisdiccional, los jueces del Poder Judicial no solo tienen la obligación de cuidar porque se hayan respetado los derechos fundamentales en las relaciones jurídicas cuya controversia se haya sometido a su conocimiento, sino también la obligación –ellos mismos– de respetar y proteger todos los derechos fundamentales al dirimir tales conflictos y controversias.

Como se afirma en el artículo 38 de la Constitución:

Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Entre tanto, el artículo 138 de la Norma Fundamental recuerda que

La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.

19. Similar criterio es posible deducir si el mismo asunto se aborda a partir del artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según el cual:

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

En efecto, con la referencia al recurso sencillo, rápido y efectivo para la tutela de los derechos que pudieran resultar lesionados por actos emanados incluso de “personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”, quiere expresarse la idea de que para la Convención Americana de Derechos no existe actuación estatal alguna que quede (o pueda quedar) exenta de control en nombre de los derechos fundamentales. Al extremo que, de acuerdo con los artículos 1.1 y 1.2 de la misma Convención, producida una lesión de los derechos esenciales del hombre, el Estado está en la obligación de establecer un proceso que sirva para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho; es decir, tiene el deber de proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías, vale decir, de los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia.

A juicio de la misma Corte Interamericana, el artículo 25.1 de la Convención

(...) recoge la institución procesal del amparo, entendido como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados partes y por la Convención.

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Establece este artículo, igualmente, en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales.

20. En definitiva, una interpretación del segundo párrafo del inciso 2) del artículo 200 de la Constitución bajo los alcances del principio de unidad de la Constitución, no puede concluir sino con la afirmación de que la competencia ratione materiae del amparo contra resoluciones judiciales comprende a todos y cada uno de los derechos fundamentales que se puedan encontrar reconocidos, expresa o implícitamente, por la Norma Suprema. En su seno, los jueces constitucionales juzgan si las actuaciones jurisdiccionales de los órganos del Poder Judicial se encuentran conformes con la totalidad de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. De modo que la calificación de regular o irregular de una resolución judicial, desde una perspectiva constitucional, depende de que estas se encuentren en armonía con el contenido constitucionalmente protegido de todos los derechos fundamentales. 21. La variación de una jurisprudencia consolidada durante un poco más de cuatro lustros y, correlativamente, el establecimiento de un precedente de esta naturaleza, tras las observaciones precedentemente planteadas, no tiene por efecto inmediato la variación de algunos criterios consolidados jurisprudencialmente en torno a los alcances del control constitucional de las resoluciones judiciales. Particularmente, de aquellos en los que se afirmó: a) Que el objeto de este proceso constitucional es la protección de derechos constitucionales y no el de constituir un remedio procesal que se superponga o sustituya al recurso de casación. En efecto, los procesos constitucionales de tutela de derechos no tienen por propósito, prima facie, verificar si los jueces, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, infringieron normas procedimentales que no incidan en el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la tutela procesal (error in procedendo), o, acaso, que no hayan interpretado adecuadamente el derecho material (error in iudicando). Pero el juez constitucional sí tiene competencia para examinar dichos errores cuando los mismos son constitutivos de la violación de un derecho fundamental. b) Que se utilice como un mecanismo donde pueda volverse a reproducir una controversia resuelta por las instancias de la jurisdicción ordinaria. El amparo contra resoluciones judiciales no tiene el efecto de convertir al juez constitucional en una instancia más de la jurisdicción ordinaria, pues la resolución de controversias surgidas de la interpretación y aplicación de la ley es de competencia del Poder Judicial; siempre, claro está, que esa interpretación y aplicación de la ley se realice conforme a la Constitución y no vulnere derechos fundamentales. En efecto, en el seno del amparo contra resoluciones judiciales solo puede plantearse como pretensión que una determinada actuación judicial haya violado (o no) un derecho constitucional, descartándose todos aquellos pronunciamientos que no incidan sobre el contenido protegido de estos.

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Peculiaridades de las medidas cautelares en el “amparo contra resolución judicial”

La casuística procesal podría presentar casos límites para los derechos fundamentales, a través de los cuales medidas cautelares dictadas en el contexto de un “amparo contra resolución judicial” podrían oponerse en sus términos a una sentencia judicial ordinaria con autoridad de cosa juzgada y suspender a la larga la ejecución de la misma. En suma, se tratarían de casos en los cuales se daría privilegio a la ejecución de lo resuelto en un incidente cautelar (debate breve y sumario) frente a lo resuelto en un proceso principal ordinario (debate amplio y profundo), y ello a la larga tendría el efecto de suspender el ejercicio y disfrute del derecho fundamental a la cosa juzgada. Al respecto, es necesario poner en evidencia que la suspensión de los efectos de una sentencia dictada en un proceso ordinario, producto de una medida cautelar dictada en un “amparo contra resolución judicial”, podría ocasionar perjuicios irreparables sobre el vencedor del proceso ordinario, titular indiscutible del derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales y a que lo resuelto sea ejecutado en sus propios términos. Ningún postulado del Estado Constitucional de Derecho puede pues legitimar el hecho de que un vencedor en un proceso ordinario cuya sentencia ordenó ser beneficiario de un dar, hacer, no hacer o cualquier otra, no pueda luego ejecutar la decisión que lo beneficiaba porque se ha dictado una medida cautelar que, al oponerse en sus términos, suspende los efectos de la sentencia. Si bien es cierto, todo otorgamiento o concesorio de una medida cautelar tiene entre sus requisitos legalmente estipulados, la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora, resulta inaceptable sostenerse en términos procesales-constitucionales que una cautelar, que por su naturaleza contiene un debate simple, preventivo, sumario, provisorio, accesorio, tenga pues la aptitud legal para suspender lo decidido en un proceso principal que por su naturaleza contiene un debate definitorio, amplio, principal. Cierto es que la calidad de cosa juzgada de una sentencia ordinaria se relativiza cuando es expedida sin respetar la tutela procesal efectiva, el debido proceso o el orden material de valores inscrito en la Constitución, frente a

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lo cual puede discutirse la validez de esta en un proceso de “amparo contra resolución judicial”. Empero, constituye una anomalía del sistema que una sentencia ordinaria pueda ceder, suspenderse o ser limitada a través de una medida cautelar dictada en un “amparo contra resolución judicial”. Y es que cualquier acto procesal –del juez o de las partes– que suspenda el ejercicio de un derecho constitucional para ser considerado válido debe estar revestido de un mismo valor o importancia jurídica fundamental, pues la ponderación implica un equilibrio in abstractu de bienes jurídicos que tienen un mismo valor. Sin embargo, el concesorio de una medida cautelar dictada en un “amparo contra resolución judicial”, que es manifestación del derecho a la tutela procesal efectiva, no tendría, ni podría tener el mismo valor jurídico que una sentencia ordinaria con autoridad de cosa juzgada en la cual subyace la ejecución de un derecho constitucional debatido, reconocido y restablecido. En una sentencia ordinaria, el órgano judicial se ha encargado de decir, a través de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto y luego del debate procesal correspondiente, a quién le asiste el derecho; por lo que constituiría contrario a toda lógica que un juez de apariencias, como es el juez de una cautelar, diga que, más bien, el derecho corresponde, “aparentemente”, a quien resultó vencido en el primer amparo (STC Exp. Nº 03545-2009-PA/TC). Por ello, resulta un despropósito que la parte afectada con una medida cautelar dictada en un “amparo contra resolución judicial” sea precisamente la persona cuyo derecho ha sido declarado y restablecido en un proceso ordinario, pues este se verá seriamente perjudicado en el ejercicio de su derecho en el lapso de tiempo que dure la tramitación final del proceso de amparo en que se dictó la medida cautelar. En este sentido, las medidas cautelares no pueden ser utilizadas con la simple intención de prolongar en el tiempo la ejecución de una sentencia ordinaria o de resistirse a su efectivo cumplimiento. El principio pro homine debe trasladarse inclusive al ámbito de los procesos ordinarios, de este modo cuando existan oposiciones o contradicciones en los términos de dichos actos procesales, los jueces del proceso constitucional deberían optar por hacer prevalecer la sentencia ordinaria sobre cualquier intento de desconocerla o perturbarla a través del concesorio de una medida cautelar dictada en un “amparo contra resolución judicial”, pues en este tipo de casos específicos la tutela procesal efectiva, manifestada a través de una medida cautelar, viene ciertamente limitada por el derecho a la cosa juzgada.

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La actuación inmediata de sentencia impugnada en el “amparo contra resolución judicial” El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales –entendido como una de las dimensiones del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva–, garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de una sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido (STC Exp. Nº 00607-2009-PA/TC). En este sentido, una postura favorable a la ejecución de la sentencia estimatoria de primer grado en el amparo –en lugar de reservarla exclusivamente para la etapa final del proceso–, protege de forma adecuada el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del demandante, por dos órdenes de razones: a) porque la sentencia de primer grado es ante todo una decisión obligatoria; y b) porque esa decisión merece una ejecución acorde con el carácter perentorio y urgente que caracteriza al amparo (STC Exp. Nº 00607-2009-PA/TC). La resolución que ordena la actuación inmediata, así como aquella que la deniega, serán inimpugnables (STC Exp. Nº 00607-2009-PA/TC, fundamento 63 ix.); y si la sentencia de segundo grado revoca la decisión del juez a quo que se venía ejecutando provisionalmente, dicha ejecución provisional podrá seguir surtiendo efectos en tanto se mantengan los presupuestos en atención a los cuales fue inicialmente otorgada; lo que se justifica en la finalidad esencial de los procesos constitucionales que, de acuerdo a lo previsto en el artículo II del Título Preliminar del CPConst., es la vigencia efectiva de los derechos fundamentales (STC Exp. Nº 00607-2009-PA/TC, fundamento 63 x.2.) Una vez emitida la sentencia estimatoria de primer grado, el demandante podrá optar alternativamente entre la actuación inmediata o la medida cautelar; sin embargo, la utilización de una excluirá la de la otra (STC Exp. Nº 006072009-PA/TC, fundamento 63 xi.) Al respecto, a diferencia de nuestra consideración esgrimida para la procedencia de las medidas cautelares en el “amparo contra resolución judicial”, nos inclinamos afirmativamente por la procedencia de la actuación inmediata de sentencia impugnada en un “amparo contra resolución judicial”, pues la

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eventual suspensión de los efectos de una sentencia dictada en un proceso ordinario, producto de una actuación inmediata de sentencia impugnada, no originaría perjuicios irreparables sobre el vencedor del proceso ordinario, toda vez que aquí, con la sentencia de primera instancia expedida en el “amparo contra resolución judicial”, ya ha existido un proceso principal que por su naturaleza contiene un debate profundo y amplio, sobre la vulneración de un derecho fundamental.

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La represión de actos lesivos homogéneos en el “amparo contra resolución judicial” La represión de actos lesivos homogéneos es en un mecanismo de protección judicial de derechos fundamentales, frente a actos que exhiben características similares a aquellos que han sido considerados en una sentencia previa como contrarios a tales derechos. En este sentido, lo resuelto en un proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales no agota sus efectos con el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia respectiva, sino que se extiende hacia el futuro, en la perspectiva de garantizar que no se vuelva a cometer una afectación similar del mismo derecho (STC Exp. Nº 04878-2008-PA/TC). Con relación a la competencia para el control de las resoluciones judiciales que resolvían las solicitudes de represión de actos lesivos homogéneos, se consideró que solo si existe una sentencia previa, en la que se ha establecido claramente el derecho afectado y el acto lesivo, y que ha adquirido la calidad de firme, podrá evaluarse si la acción u omisión que se produzca con posterioridad resulta homogénea. Así, si se declara improcedente o infundada una demanda de tutela de derechos fundamentales, no puede solicitarse con posterioridad la represión de actos lesivos homogéneos. La sentencia previa mediante la cual se declara fundada la demanda puede ser una expedida por el Poder Judicial o por el Tribunal Constitucional (STC Exp. Nº 048782008-PA/TC). Constituye, pues, finalidad de la represión de actos lesivos homogéneos proteger los derechos fundamentales que han vuelto a ser afectados, correspondiendo al juez constitucional (STC Exp. Nº 04878-2008-PA/TC): a) Determinar si el acto invocado es homogéneo a uno declarado con anterioridad como violatorio de un derecho fundamental, y b) Ordenar a la otra parte que deje de llevarlo a cabo. Este carácter homogéneo del nuevo acto lesivo debe ser manifiesto, es decir, no deben existir dudas sobre la homogeneidad entre el acto anterior y el nuevo. En caso contrario, debe declararse improcedente la solicitud de represión respectiva, sin perjuicio de que el demandante inicie un nuevo proceso constitucional contra aquel nuevo acto que considera afecta sus

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derechos fundamentales, pero que no ha sido considerado homogéneo respecto a un acto anterior (RTC Exp. Nº 02628-2009-PA/TC). Recientemente, el Tribunal Constitucional ha reiterado su competencia para el conocimiento de los incidentes que generen las solicitudes de represión de actos lesivos homogéneos presentadas ante el juez de ejecución luego de cumplida o ejecutada la sentencia constitucional, correspondiendo en este caso al Poder Judicial conceder el recurso de agravio constitucional, el que para estos efectos habrá de denominarse recurso de agravio constitucional verificador de la homogeneidad del acto lesivo, según se trate de una sentencia emitida por el Poder Judicial o de una emitida por el Tribunal Constitucional, y de denegarse el recurso antes referido, el recurrente tendrá expedito su derecho a interponer recurso de queja conforme a lo establecido en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional (STC Exp. Nº 054962011-PA/TC). Conforme es posible advertir del artículo 60 del Código Procesal Constitucional, la represión de actos lesivos homogéneos es una institución predicable solo del proceso amparo, y desde luego, qué duda cabe, aplicable y extrapolable también al “amparo contra resolución judicial”. En este incidente, la función del juez constitucional, se va constreñir a identificar si el órgano judicial ordinario (juez, Sala Superior o Sala Suprema), ha reiterado la vulneración a un derecho fundamental, emitiendo idéntica resolución judicial a la que fuera declarada nula en un “amparo contra resolución judicial”. De ser positiva esa identificación, el juez constitucional declarará la existencia de un acto lesivo homogéneo; y como consecuencia de ello ampliará el ámbito de protección del proceso de amparo anulando o dejando sin efecto la nueva resolución judicial expedida por el juez ordinario.

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La sentencia en el “amparo contra resolución judicial”

Como bien sabemos, la vulneración a los derechos fundamentales de las partes procesales por parte de los jueces del Poder Judicial, puede tener orígenes en errores in procedendo como en errores in iudicando, distinción esta que resultará vital a la hora de modular los alcances de la sentencia constitucional a emitir. En efecto, cuando la vulneración a un derecho fundamental tiene origen en un error in procedendo (o del procedimiento), la sentencia en el “amparo contra resolución judicial”, a parte de la declaración de nulidad de los actos procesales cuestionados, llevará aparejada ineludiblemente la restitución o reposición de las actuaciones judiciales al momento anterior a la vulneración del derecho fundamental, ello con el fin de que el órgano judicial dicte nueva resolución que sea respetuosa de los derechos fundamentales. En cambio, cuando la vulneración a un derecho fundamental tiene origen en un error in iudicando (en la aplicación del Derecho), la sentencia en el “amparo contra resolución judicial”, a parte de la declaración de nulidad de los actos procesales cuestionados, llevará aparejada ineludiblemente consideraciones o elucubraciones sobre el fondo de lo que se discute en proceso judicial ordinario. Asunto medular en la sentencia a expedir en un “amparo contra resolución judicial” lo constituye la decisión a adoptarse, que podrá consistir en la declaratoria de nulidad de la resolución o resoluciones judiciales (autos, decretos o sentencias) que vulneran los derechos fundamentales del demandante, y la orden de expedición de una nueva resolución judicial o, en su defecto, la subsistencia de una determinada resolución judicial.

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¿Sobre quién recae el pago de costos procesales en el “amparo contra resolución judicial”?

Todo proceso judicial (civil, penal, laboral, administrativo, etc.) tiene la especial vocación de atender a unas finalidades propias que los distinguen de una u otra temática procesal. Los procesos constitucionales no escapan a dicha vocación, pues concretizan la finalidad específica de proteger los derechos constitucionales de las personas. Para dicha tarea, dada la especial valía de los derechos constitucionales, necesita de normas propias, especiales y singulares. Ejemplo de ello, lo constituye la especial regulación del pago de costos procesales en los procesos constitucionales. En efecto, a diferencia de lo que establece el Código Procesal Civil, la norma procesal constitucional en su artículo 56 señala con meridiana claridad que ante la expedición de una sentencia constitucional estimatoria (fundada), a ello le seguirá ineludiblemente la orden de pago de costos procesales por el Estado o un particular. No hay matiz, zona gris o discrecionalidad judicial alguna que permita la posibilidad de omitir u exonerar el pago de costos procesales ante la estimatoria de un “amparo contra resolución judicial”. Así lo ha entendido pacíficamente el Tribunal Constitucional en los Exps. Nºs 00098-2012-Q/TC, 04158-2011-PA/TC, 02776-2011-PHD/TC y 00073-2011-PA/TC, entre otros, resueltos con motivo de haberse omitido el pago de los costos procesales o exonerado del pago de estos en procesos constitucionales. Recientemente, con motivo de solucionar la problemática de omitir el pago de costos procesales a pesar de estimarse la demanda constitucional, señaló el Tribunal en el Exp. Nº 092-2012-PA/TC que dicha omisión no puede ser entendida como una denegatoria al pago de los costos procesales, toda vez que aquel –el pago de costos procesales– constituye un contenido implícito derivado del hecho de estimarse una demanda constitucional. Sin embargo, asunto que no ha merecido un tratamiento procesal coherente es el referido al cuestionamiento o debate judicial respecto al monto fijado por concepto de costos procesales.

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¿Qué mecanismo o vía procesal tiene disponible el vencedor de un “amparo contra resolución judicial” para cuestionar el monto fijado por el órgano judicial? El Tribunal Constitucional, a través de los Exps. Nºs 00052-2010-PA/ TC y 02814-2011-PA/TC, ha dejado abierta la posibilidad de que tal cuestionamiento se realice por las vías jurisprudenciales de los recursos de agravio constitucional a favor del cumplimiento de las sentencias expedidas por el Poder Judicial y por el Tribunal Constitucional (recurso de apelación por salto). Ante ello, la pregunta que surge de inmediato es si strictu sensu ¿existiría un problema de incumplimiento de una sentencia constitucional cuando el vencedor de un proceso constitucional discute el monto o la cuantía de los costos procesales ya fijados? Evidentemente que no. Y es que los costos procesales ya han sido fijados en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia constitucional. Si bien es cierto pueden haber sido fijados en forma diminuta, estos fueron fijados y, por lo tanto, no habría ya nada por cumplir y/o ejecutar. Es por ello, que siendo coherentes con la naturaleza de las instituciones procesales, la vía adecuada para cuestionar el monto o la cuantía fijada por concepto de costos procesales debiera ser la del “amparo contra amparo” y sus demás variantes (“amparo contra cumplimiento”, “amparo contra hábeas data”, etc.), la cual tendría como objeto evaluar la razonabilidad y/o proporcionalidad de la decisión judicial que fijó un elevado o diminuto monto por concepto de costos procesales. STC Exp. N° 00092-2012-PA/TC El vencedor en el proceso de amparo y el pago de costos procesales a cargo del Estado 13. Sobre el particular el artículo 56 del Código Procesal Constitucional establece que “si la sentencia declara fundada la demanda, se impondrán las costas y costos que el juez establezca a la autoridad, funcionario o persona demandada (…) En los procesos constitucionales el Estado solo puede ser condenado al pago de costos”. 14. Conforme es posible apreciar a fojas 18-20, donde obra la sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada, el recurrente fue vencedor en el proceso de amparo seguido en contra de la Oficina de Normalización Previsional - ONP (Exp. Nº 21562008), proceso en el cual se ordenó a la ONP emitir una nueva resolución otorgándole pensión de jubilación conforme a los criterios de la Ley Nº 23908 y se le abonen sus devengados desde la fecha de ocurrida la contingencia.

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15. Sin embargo, a pesar de haberse estimado la demanda de amparo, y en razón de ello, solicitarse el pago de costos procesales, el juzgado demandado determinó un “no ha lugar” al citado pedido, aduciendo que la sentencia de vista no había condenado al demandado con el pago de costos procesales (fojas 4). 16. Expuesta así la razón para desestimar el pedido de pago de costos procesales, a este Colegiado no le queda duda alguna de que el juzgado demandado ha resuelto el pedido del recurrente contraviniendo el texto expreso del artículo 56 del Código Procesal Constitucional, el cual establece con meridiana claridad la obligatoriedad del órgano judicial de ordenar el pago de costos procesales ante el supuesto de declararse fundada la demanda constitucional, constituyendo uno (el pago de costos) consecuencia legal de lo otro (el carácter fundado de la demanda). Y es que tal dispositivo legal, por regular de manera expresa el pago de costos procesales a cargo del Estado (principio de ley especial prima sobre la ley general) resulta aplicable al caso de autos, en contraposición a lo que señale al respecto el Código Procesal Civil (cfr. STC Exp. Nº 02776-2011-PHD/TC). 17. En razón de tal dispositivo, aun cuando en la sentencia estimatoria firme emitida en un proceso constitucional no se haya ordenado expresamente el pago de los costos procesales, ello no puede ser entendido bajo ningún concepto como una denegatoria del mismo; por el contrario debe ser entendido como un contenido implícito derivado del hecho de haberse estimado una demanda constitucional. 18. Por tal motivo, la denegatoria del pago de costos procesales, aduciéndose que la sentencia firme no hizo referencia alguna a dicho pago, vulnera el derecho del recurrente a la debida motivación de las resoluciones judiciales, el cual garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso (cfr. STC Exp. Nº 03943-2006-PA/TC, fundamento 4).

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Una excentricidad procesal constitucional apasionante: “El amparo contra hábeas corpus”

I. Introducción Quizás, no exista asunto procesal-constitucional más polémico y controversial, y por ello genera muchos apasionamientos en la comunidad jurídica, que la posibilidad de dejar sin efecto resoluciones judiciales (autos, decretos, sentencias) recaídas en procesos constitucionales a través del inicio de nuevos procesos constitucionales. La polémica y controversia, obedece pues a que esta posibilidad rompe con los esquemas o postulados de épocas pasadas que afirmaban la sacrosanta inmutabilidad de las decisiones judiciales y la seguridad jurídica que producían estas en el tráfico de derecho; amén que se trataban de decisiones expedidas en procesos constitucionales, las cuales gozaban, al menos lingüísticamente, de confianza y credibilidad social, aunque en el fondo estas hayan sido expedidas con manifiesta vulneración a los derechos constitucionales. El nuevo Estado Constitucional de Derecho, que postula la inexistencia de zona exenta alguna que escape al control constitucional, provee así herramientas y/o mecanismos procesales a través de los cuales es posible poner coto a las vulneraciones a los derechos constitucionales ocurridas al interior de procesos constitucionales. Por un lado, los medios impugnatorios se constituyen en mecanismos procesales internos cuya finalidad es la revisión, anulación, modificación o revocación de resoluciones judiciales viciadas de errores in procedendo (formalidad del proceso) o errores in iudicando (decisión final del proceso). De otro lado, existen procesos constitucionales autónomos cuya finalidad es reconducir, reponer, corregir o restituir el trámite o la decisión final de otros procesos constitucionales por la senda del respeto a los derechos constitucionales de las partes en conflicto. En este esquema, un proceso constitucional puede penetrar e influir –a través de la declaratoria de nulidad, inaplicabilidad o insubsistencia de resoluciones judiciales– en el trámite o la decisión final de otro proceso constitucional, a los efectos de purificarlo

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de vicios o irregularidades cometidos, adecuándolo a los nuevos estándares exigidos por el Estado Constitucional de Derecho que procura la expedición de resoluciones judiciales que sean producto fiel del respeto a los derechos constitucionales de las personas. Es en este contexto, que cobra principal protagonismo el proceso constitucional de “amparo contra hábeas corpus”, el cual tiene como finalidad corregir eventuales vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas, con excepción del derecho a la libertad individual, ocurridas en el trámite o la decisión final de un proceso constitucional de hábeas corpus. Por tal motivo, en atención al principio de corrección funcional, los derechos vedette protagonistas en el “amparo contra hábeas corpus” solo serán los derechos fundamentales tutelables a través del proceso de amparo, y por dicha razón le son aplicables las reglas procesales (trámite, plazos, apercibimientos, providencias, etc.) acordes a ese proceso constitucional25. De esta manera, si en una demanda de amparo se verifica o se alega que es el derecho a la libertad individual el que ha sido vulnerado en un anterior proceso de hábeas corpus, por estar privado o restringido en su libertad el demandante, entonces el “amparo contra hábeas corpus” no prosperará, porque él no tiene la finalidad de proteger la libertad individual, siendo el mecanismo procesal pertinente en aquel caso el “hábeas corpus contra hábeas corpus”. Advertida así la existencia del proceso constitucional de “amparo contra hábeas corpus” cuya finalidad es corregir eventuales vulneraciones a los derechos constitucionales de las personas ocurridas en el trámite o en la decisión final de un proceso constitucional de hábeas corpus, resulta necesario reconfigurar su contenido, explicar su finalidad y desarrollar sus presupuestos procesales a la luz de lo que significa la doctrina ya establecida del “amparo contra amparo” (STC Exp. Nº 04853-2004-PA/TC y STC Exp. Nº 039082007-PA/TC), el cual se constituye en fuente directa de este proceso constitucional. A ello nos dedicaremos en estas breves líneas, poniendo énfasis en los aspectos procesales que difieren a uno u otro régimen procesal.

25 Cfr. LÓPEZ FLORES, Berly. “Hábeas corpus y debido proceso (‘el cuasi amparo’): cuando la libertad individual ya no es más la vedette en los casos justiciables”. En: Gaceta Constitucional. Nº 45. Sección especial del mes ¿Redefinición del ámbito protegido por el hábeas corpus. Gaceta Jurídica, Lima, setiembre de 2009, pp. 33-39.

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II. Fuente constitucional del “amparo contra hábeas corpus” Como bien sabemos, el Código Procesal Constitucional sanciona en su artículo 5, inciso 6 la improcedencia de los procesos constitucionales cuando se pretende cuestionar una resolución firme recaída en otro proceso constitucional. Atendiendo a dicho dispositivo, se llegó a afirmar que dicha causal de improcedencia, se había incorporado con la finalidad de evitar el polémico y peligroso empleo del “amparo contra amparo” o del “amparo contra hábeas corpus”, así como sus diferentes variantes. Empero, tras la aprobación del Código Procesal Constitucional e incluso antes de que este fuese puesto en vigencia, sendas resoluciones expedidas por el Tribunal Constitucional dieron cuenta de casos en los cuales se articularon no solo “amparos contra hábeas corpus”26, sino también otras clases de procesos constitucionales, tales como: amparos contra cumplimiento27, etc. Y es que la eventual presencia de esquemas alternos (“amparo contra hábeas corpus”, “amparo contra cumplimiento”, etc.) responde en lo esencial a la posibilidad de que por medio estuviesen comprometidos resoluciones judiciales expedidas tras procesos constitucionales presuntamente considerados inconstitucionales; por lo que si existía un régimen especial dirigido a canalizar el “amparo contra amparo”, no había ninguna razón en particular que impidiera que hipótesis similares como el “amparo contra hábeas corpus” pudieran ser habilitadas por la vía jurisprudencial28. Así las cosas, es posible concluir que un proceso, como por ejemplo el de hábeas corpus, cuyo desarrollo o cuya resolución vulnera cualquier derecho constitucional es necesariamente un proceso irregular o un proceso indebido, pasible –por ello– de ser cuestionado a través de un proceso de “amparo contra hábeas corpus”29.

26 Cfr. STC Exp. Nº 2727-2006-PA/TC, caso Washington David Cruz Cervantes. 27 Cfr. STC Exp. Nº 1975-2002-AA/TC, caso Municipalidad Metropolitana de Lima; STC Exp. Nº 1942005-PAA/TC, caso Seguro Social de Salud. 28 SÁENZ DÁVALOS, Luis. “Los nuevos derroteros del amparo contra amparo en la jurisprudencia del TC”. En: El amparo contra amparo y el recurso de agravio a favor del precedente. Palestra, Lima, 2007, p. 94. 29 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “El Tribunal Constitucional como creador de Derecho Constitucional”. En: El amparo contra amparo y el recurso de agravio a favor del precedente. Palestra, Lima, 2007, p. 20.

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Atendiendo a la cotidianidad de la praxis judicial, es posible admitir pacíficamente que los jueces constitucionales que tramitan y resuelven procesos constitucionales, como el de hábeas corpus, se encuentran en la posibilidad real de vulnerar los derechos fundamentales, por ello se debe concluir que contra la resolución que emite el juez constitucional en un proceso constitucional que vulnera un derecho fundamental procede interponer una demanda constitucional de “amparo contra hábeas corpus”. Sostener su improcedencia, sería admitir que el juez constitucional no se encuentra en posición de vulnerar derecho fundamental alguno, lo cual es un imposible: pretender la infalibilidad del juez sería tanto como pretender la infalibilidad humana, lo que ciertamente es un imposible30. Cabe recordarse además, que todos los actos jurídicos tienen como presupuesto y condición de validez la observancia de los principios establecidos en la Constitución, en especial, la observancia de los derechos constitucionales. Esto significa que la omisión de tal exigencia conlleva la invalidez de todo acto jurídico y su consiguiente nulidad31. Por lo tanto, aquellas resoluciones judiciales (autos, decretos o sentencias) recaídas en procesos constitucionales que vulneren derechos fundamentales de las partes en conflicto, se les impondrá la misma sanción de nulidad o invalidez, por ser actos contra Constitucione. Y ello es así, toda vez que en el Estado Constitucional de Derecho la única solución judicial acorde con el valor de persona humana, fin en sí misma, es la solución justa. Si la justicia tiene que ver con dar a cada uno lo que le corresponde, la decisión justa tiene que ver con dar a cada quien lo que le es debido, y lo debido para el hombre es siempre el respeto de sus derechos reconocidos jurídicamente. Cuando se vulnera un derecho constitucional se habrá agredido el valor justicia y, consecuentemente, se habrá vulnerado el debido proceso en su dimensión material, lo que hace procedente una demanda de “amparo contra hábeas corpus”32. Por lo expuesto, el proceso constitucional de “amparo contra hábeas corpus” viene a constituir una respuesta jurisprudencial al problema de la

30 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. El Tribunal Constitucional… Ob. cit., pp. 22-23. 31 MENDOZA ESCALANTE, Mijail. “Amparo contra amparo: la reparación de lesiones de derechos fundamentales en un proceso de amparo”. En: El amparo contra amparo y el recurso de agravio a favor del precedente. Palestra, Lima, 2007, p. 231. 32 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. El Tribunal Constitucional… Ob. cit., p. 20.

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reparación de los vicios procesales consistentes en la lesión de derechos constitucionales al interior de un proceso constitucional33. Actualmente, el marco jurisprudencial de este proceso constitucional lo conforman las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los Exps. Nºs 04853-2004-PA/TC, caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad, y 03908-2007-PA/TC, caso Provías Nacional, las cuales conjuntamente reconocen la existencia de una serie de presupuestos procesales específicos para la procedencia del “amparo contra hábeas corpus”: a) Solo procede cuando la vulneración constitucional resulte evidente o manifiesta. b) Su habilitación solo opera por una sola y única oportunidad, siempre que las partes procesales del hábeas corpus y del amparo corrector sean las mismas, salvo habilitación especial del tercero. c) Resulta pertinente tanto contra resoluciones judiciales desestimatorias como contra las estimatorias de un proceso de hábeas corpus. d) Su habilitación se condiciona a la vulneración de uno o más derechos constitucionales, independientemente de la naturaleza de los mismos, con excepción del derecho a la libertad individual que es protegible a través del “hábeas corpus contra hábeas corpus”. e) Procede en defensa de la doctrina jurisprudencial vinculante establecida por el Tribunal Constitucional en materia de hábeas corpus. f) Se habilita en defensa de los terceros que no han participado en el proceso constitucional de hábeas corpus y cuyos derechos han sido vulnerados, así como respecto del demandante de hábeas corpus que por razones extraordinarias, debidamente acreditadas, no pudo acceder al agravio constitucional. g) Resulta pertinente como mecanismo de defensa de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional en materia de hábeas corpus. h) No procede en contra de las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional.

33 MENDOZA ESCALANTE, Mijail. Ob. cit., p. 230.

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i) Procede incluso cuando el proceso de hábeas corpus se torna inconstitucional en cualquiera de sus otras fases o etapas distintas a la decisoria, como por ejemplo: la fase postulatoria, la impugnatoria y la de ejecución de sentencia.

III. La evidente o manifiesta vulneración a los derechos fundamentales Esta vulneración a los derechos fundamentales al interior de un proceso de hábeas corpus, se puede producir cuando el órgano del Poder Judicial –juzgado, Sala Superior o Sala Suprema– resuelve amparando por exceso un derecho constitucional, incorporando contenidos iusfundamentales que no le son propios al derecho constitucional invocado o, en su defecto, equiparando la existencia de un acto lesivo allí donde existe aplicación de la ley procesal correspondiente, ocasionando la vulneración a los derechos constitucionales. En estos supuestos vulneratorios, se dice que existe una lectura expansiva realizada por el juez, extralimitando el contenido de un derecho constitucional, la que provoca la lesión de otro derecho constitucional que por causa de esa amplificación interpretativa resulta vulnerado34. La alegada vulneración de un derecho fundamental al interior de un proceso de hábeas corpus debe ir acompañada pues de un mínimo soporte probatorio para que la vulneración sea tomada como seria y eventualmente existente. No caben alegaciones divagantes o presunciones de vulneraciones inexistentes. Todo lo que se exponga en la demanda deberá tener siempre y en todos los casos un correlato documentario. En este contexto, si se aduce la vulneración a un derecho fundamental constitucional en la etapa decisoria de un proceso de hábeas corpus, mínimamente el demandante de “amparo contra hábeas corpus” deberá aportar como medio probatorio las sentencias constitucionales expedidas y exponer las razones por las cuales ellas le causan agravio a sus derechos constitucionales. Por el contrario, si la vulneración del derecho se produce en la etapa impugnatoria del proceso de hábeas corpus, el demandante deberá acreditar

34 CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, Francisco. “El recurso de amparo y la reforma peyorativa de derechos fundamentales: el denominado ‘contra-amparo’. En: Revista Española de Derecho Constitucional. Nº 47, año 16, mayo-agosto de 1996, p. 142.

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la irregularidad cometida por el órgano judicial al no tramitar, rechazar o no elevar indebidamente su impugnación propuesta, adjuntando para estos efectos el auto que rechaza la impugnación formulada, los cargos de notificación de la resolución impugnada, etc. De igual forma, si la vulneración del derecho constitucional acontece en fase de ejecución de sentencia de un proceso de hábeas corpus, se deberá acreditar mínimamente que lo resuelto en él, por lo general un auto, impide o estanca la ejecución en sus propios términos de una sentencia constitucional; o en su defecto la perturba o desnaturaliza al ejecutarse esta solo en algunos términos35. Por último, cuando la vulneración del derecho constitucional se produce en fase postulatoria de un proceso de hábeas corpus, por ejemplo, cuando el órgano judicial admite, rechaza o deniega indebidamente una demanda, se deberá acreditar mínimamente que el admisorio o el rechazo de la demanda de hábeas corpus produce la vulneración de derechos constitucionales de las partes en conflicto.

IV. El carácter heroico o excepcional de su interposición por una sola vez La habilitación del proceso constitucional de “amparo contra hábeas corpus” solo debería operar por una sola y única oportunidad, y siempre que las partes procesales del hábeas corpus y del amparo corrector sean las mismas y estas hayan participado en uno u otro proceso constitucional, pues de lo contrario se rompe la regla de la excepcionalidad, posibilitando a los terceros no intervinientes el inicio de un nuevo proceso constitucional. Según lo expuesto, si bien puede admitirse que un amparo pueda ser utilizado como mecanismo corrector de un hábeas corpus, es evidente que tal esquema no puede desarrollarse ad infinítum. Precisamente, y en la idea de que no se produzca una sucesión en cadena de procesos constitucionales que traiga consigo el deterioro o la desnaturalización de una serie de principios, ha

35 Cfr. LÓPEZ FLORES, Berly. “Ejecución de sentencias constitucionales en el Perú. A propósito de la represión de actos homogéneos, del recurso de agravio constitucional y del ‘amparo contra amparo’. En: Gaceta Constitucional. Nº 43, Sección análisis constitucional y procesal constitucional. Gaceta Jurídica, Lima, julio de 2011, pp. 95-116.

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hecho bien el Tribunal en condicionar la procedencia del régimen a una sola y excluyente posibilidad36. Contrariamente a lo expuesto, una voz discrepante con la excepcionalidad del “amparo contra hábeas corpus”, afirma que en el ordenamiento constitucional peruano el amparo no ha sido concebido como un recurso, sino como un proceso y, por ello, procesalmente ha de proceder ahí donde concurran los requisitos formales y materiales que hagan viable el proceso, además deberá proceder tantas veces como haga falta, y hará falta tantas veces como ocurra la vulneración de un derecho constitucional37. Por lo que limitar a una única vez el “amparo contra hábeas corpus” equivale a generar un ámbito exento de control por parte del Tribunal Constitucional, y ese ámbito exento de control sería la resolución del segundo proceso de “amparo contra hábeas corpus” tramitado con vulneración manifiesta del debido proceso38. A estas afirmaciones discrepantes con la excepcionalidad del “amparo contra hábeas corpus”, habría que precisarles que la seguridad jurídica constituye un valor superior inherente al tráfico de derecho. En efecto, a través del valor seguridad jurídica, las partes intervinientes en un proceso constitucional, sea el que fuere, tienen la esperanza cierta de que la controversia constitucional llegue a su fin independientemente del resultado –favorable o desfavorable– que se obtenga. Esas son las reglas del tráfico de derecho: “que los procesos judiciales tengan un final previsible y produzcan certeza; y que además los cuestionamientos a ellos no se prolonguen indefinidamente en el tiempo”. Nada produce más daño al tráfico de derecho que la posibilidad sucesiva, continuada y en cadena de promover procesos constitucionales con la finalidad de dejar sin efecto lo resuelto en otros procesos constitucionales, pues genera incertidumbre, desconfianza y descrédito en las decisiones judiciales. Por ello, resulta un imperativo establecer un límite cuantitativo a la interposición de las demandas de “amparo contra hábeas corpus” a una sola y única vez en sede nacional, independientemente de la irregularidad de su resultado final, posibilitándose solo la revisión en sede internacional de lo resuelto en la demanda. Contrariamente a lo que sostenemos aquí, y para argumentar la posibilidad sucesiva, continuada y en cadena de promover procesos constitucionales, se

36 SÁENZ DÁVALOS, Luis. Ob. cit., p. 102. 37 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. El Tribunal Constitucional… Ob. cit., p. 27. 38 Ibídem, p. 31.

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ha afirmado que la vulneración del derecho constitucional que justifica la procedencia del primer “amparo contra hábeas corpus”, es distinta que la vulneración del derecho fundamental que justificaría la procedencia de un segundo “amparo contra hábeas corpus”. Al ser vulneraciones independientes y, por tanto, distintas, surge la necesidad de plantear amparos diferentes para conseguir el cese de la agresión en cada una de ellas, lo que admite la procedencia de un segundo “amparo contra hábeas corpus”39. Lo afirmado, si bien denota claramente la bondadosa intención de proteger los derechos constitucionales a través de la promoción sucesiva de nuevos procesos constitucionales, sin embargo, encuentra dificultades en su aplicabilidad práctica, lo cual genera incertidumbre, desconfianza y descrédito en las decisiones judiciales que se emitan. En efecto, fácil es advertir que si tenemos un proceso de hábeas corpus (proceso madre), contra el cual se promueve un primer “amparo contra hábeas corpus”, la decisión que se tome en él determinará siempre la validez o invalidez del hábeas corpus madre. Lo mismo sucederá si sucesivamente se interpone un segundo “amparo contra hábeas corpus” o un tercer “amparo contra hábeas corpus”. Todos ellos influirán de alguna manera en el proceso anterior al que sirven de corrector. De manera tal que, en los hechos, no se trata de vulneraciones independientes las unas y las otras, sino de vulneraciones conectadas o entrelazadas al proceso madre donde por primera vez se vulneró el derecho constitucional, pues todos los procesos sucesivos tendrán la vocación última de corregir o reencauzar el proceso madre. Por tal motivo, el inicio sucesivo e indefinido de nuevos procesos constitucionales con la finalidad de cuestionar otros procesos constitucionales, genera incertidumbre, desconfianza y descrédito en lo resuelto en el proceso constitucional madre.

V. Evalúa las vulneraciones a los derechos constitucionales acontecidas en las etapas postulatoria, decisoria, impugnatoria y de ejecución de un proceso constitucional de hábeas corpus, así como en incidentes cautelares Con la expedición de la sentencia de fecha 19 de abril de 2007 recaída en el Exp. N° 04853-2004-PA/TC, el Alto Tribunal ratificó su tendencia

39 Ídem.

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jurisprudencial acerca de la posibilidad de cuestionar, por la vía constitucional del amparo, lo resuelto en otro proceso constitucional. En aquella ocasión, sobre la base de lo ya establecido en anterior jurisprudencia sobre la materia, el Tribunal estableció nuevas reglas procesales y sustantivas para la interposición de una demanda de “amparo contra amparo” (y por extensión de “amparo contra hábeas corpus”, etc.), dejando en claro que este régimen procesal solo cabía ser promovido para cuestionar o reclamar una sentencia recaída en otro proceso constitucional que se reputaba ilegítima o inconstitucional, por vulnerar algún derecho constitucional. Posteriormente, el Tribunal Constitucional expidió la sentencia de fecha 31 de agosto de 2009 recaída en el Exp. N° 04063-2007-PA/TC. En dicha demanda, se había alegado la situación de incumplimiento de una sentencia constitucional expedida por el Poder Judicial en un proceso de amparo. Previamente al análisis de fondo, el Tribunal consideró que el caso planteado en la demanda calzaba dentro del régimen procesal del “amparo contra amparo” (y por extensión del “amparo contra hábeas corpus”), pues señaló expresamente que “aun cuando las citadas reglas del “amparo contra amparo” han sido configuradas bajo la lógica de que lo que se cuestiona en sede constitucional es una sentencia emitida en un anterior proceso constitucional, nada impide invocarlas cuando, como ocurre en el caso de autos, el proceso se torna inconstitucional en cualquiera de sus otras fases o etapas, incluso en la de ejecución de sentencia” (fundamento 3). La sentencia reseñada, constituye pues el reconocimiento oficial de la incorporación de una serie de contenidos al “amparo contra hábeas corpus”, cuyo objeto de control ya no es solo una sentencia constitucional (fase decisoria) recaída en un proceso de hábeas corpus, sino que incluso puede ser una resolución judicial (auto) expedida en fase postulatoria de un proceso constitucional en la cual se deniega, rechaza o admite irregularmente una demanda constitucional; o en la fase impugnatoria en la cual se deniega, rechaza u omite el trámite de una impugnación formulada; o en la fase de ejecución de sentencia en la cual se desnaturaliza, infringe o perturba una sentencia constitucional. De esta manera, se aprecia que ha habido una modificación por adición a los contenidos ya establecidos por el Tribunal Constitucional en el Exp.

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N° 04853-2004-PA/TC con relación al objeto de control en los procesos de “amparo contra hábeas corpus”40. Sabemos bien, que este régimen procesal del “amparo contra hábeas corpus” nació y se desarrolló jurisprudencialmente influenciado por la necesidad de controlar las sentencias constitucionales inconstitucionales –estimatorias o desestimatorias– emitidas por autoridades judiciales en la tramitación de procesos constitucionales; control que se hacía necesario porque el obrar judicial –al ser un obrar humano– no estaba exento del error, y la sentencia constitucional al ser expedida por una autoridad tampoco estaba exenta del control constitucional; y porque además la tramitación de procesos constitucionales adolece en la actualidad de una magistratura especializada en lo constitucional que conozca sobre la aplicación de los particulares principios de esta especialísima materia41. Sin embargo, ni el anterior régimen procesal del “amparo contra hábeas corpus” proclamado en el Exp. Nº 0200-2002-AA/TC, ni el actual régimen establecido en el Exp. N° 04853-2004-PA/TC advirtieron que un proceso constitucional se puede tornar en inconstitucional no solo con la expedición de una sentencia (fase decisoria) que vulneraba los derechos constitucionales, la doctrina o un procedente constitucional, sino que también se puede tornar inconstitucional con la expedición de un auto en las fases postulatoria, impugnatoria y de ejecución de un proceso constitucional. Advertido ello, quedaba entonces en el limbo procesal, al no decirse nada al respecto, saber con qué mecanismo procesal se cuestionaban las resoluciones judiciales (autos) expedidas en las fases postulatoria, impugnatoria y de ejecución de un proceso constitucional que vulneraban los derechos constitucionales. Resultaba claro que dichas resoluciones (autos) no podían ser cuestionadas a través del régimen general del amparo contra resolución judicial recogido en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, en vista de que no fueron expedidas en un proceso ordinario –civil, penal, laboral, administrativo, etc.– sino en un proceso constitucional, cuya posibilidad de cuestionamiento, por la vía del “amparo contra hábeas corpus”, no ha tenido amparo legal, sino jurisprudencial. Así las cosas, el cuestionamiento de una resolución judicial (auto) expedida en un proceso constitucional no podía ser sometido a un régimen

40 LÓPEZ FLORES, Berly. Ejecución de sentencias constitucionales… Ob. cit., p. 108. 41 Ídem.

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legal bajo el cual no nació y que, por el contrario, vetaba su nacimiento, conforme lo dispone el artículo 5.6 del Código Procesal Constitucional. A contrario sensu, el cuestionamiento de las resoluciones judiciales (auto) expedidas en las fases postulatoria, impugnatoria y de ejecución de un proceso constitucional solo podía ser canalizado a través del régimen procesal que posibilitaba tal cuestionamiento: “amparo contra hábeas corpus”. Ello, por la vinculatoriedad y accesoriedad que tienen dichas resoluciones con el proceso constitucional de donde emanan.

1. Etapa postulatoria Es posible que en fase postulatoria de un proceso de hábeas corpus se produzca la vulneración a los derechos constitucionales de las personas; y ello puede originarse cuando, por ejemplo, el órgano judicial admite, rechaza o deniega indebidamente la demanda constitucional, situación que deberá acreditarse mínimamente con la resolución judicial firme que admita o rechace la demanda de hábeas corpus, lo cual genera la vulneración a los derechos constitucionales de las partes en conflicto. Estas vulneraciones pueden provenir de la expedición, por parte del órgano judicial, del auto admisorio de la demanda sin que se haya fundamentado, explicado o dado cuenta en él acerca del cumplimiento de los presupuestos procesales del hábeas corpus. Igual vulneración se produce cuando el órgano judicial impone o exige requisitos irrazonables, no previstos en la ley ni en la jurisprudencia constitucional, para admitir la demanda de hábeas corpus, situación que origina el rechazo de esta y la consecuente vulneración del derecho de acceso a la justicia. Uno de los primeros casos jurisprudenciales de “amparo contra hábeas corpus” planteado en fase postulatoria, lo constituye la resolución de fecha 27 de octubre de 2010 recaída en el Exp. N° 03477-2010-PA/TC, caso Víctor Mateo Guisti, en la cual el demandante cuestionaba la decisión de declarar inadmisible una demanda de hábeas corpus por no consignarse en ella la firma del demandante. En esta oportunidad, el Alto Tribunal desestimó por improcedente la demanda de “amparo contra hábeas corpus”, señalando que:

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“(…) el amparo contra hábeas corpus no puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales (la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda de hábeas corpus), a menos


que se aprecie un proceder manifiestamente irrazonable que como tal comprometa los derechos fundamentales de las personas, lo que en definitiva no ha sucedido en el presente caso, más aún cuando dicha declaratoria de inadmisibilidad no fue subsanada por el propio recurrente, según se aprecia a fojas 30 del cuaderno único donde obra la resolución judicial que absolvió su recurso de apelación” (fundamento 3).

2. Etapa impugnatoria Las vulneraciones en la etapa impugnatoria de un proceso constitucional pueden provenir de la inconstitucional tramitación de los recursos de apelación o de agravio constitucional interpuestos al interior de un proceso constitucional de hábeas corpus. En estos casos, las vulneraciones a los derechos constitucionales pueden concretizarse a través de la exigencia irrazonable de requisitos para la interposición de los recursos de apelación y/o de agravio constitucional, como por ejemplo, exigiéndose la presentación de tasas o aranceles judiciales, obteniéndose como resultado la inadmisibilidad o rechazo del recurso planteado por no presentar aquellos, situación que no se condice con el principio de gratuidad de los procesos constitucionales. De igual forma, se produce la vulneración cuando el órgano judicial, a pesar de haber concedido oportunamente el recurso de apelación o de agravio constitucional, debido a la burocracia judicial interna de su despacho retarda en demasía la elevación del expediente al superior en grado para que resuelva el recurso planteado. Asimismo, se produce cuando el superior en grado, encargado de resolver el recurso planteado, demora en demasía la absolución del mismo, vulnerándose el derecho al plazo razonable de todo proceso judicial, situación que se agrava aún más si el demandante o favorecido con el hábeas corpus se encuentra privado o restringido en su libertad individual.

3. Etapa decisoria 3.1. Sentencia estimatoria Cabe recordar, que el demandado en un proceso constitucional de hábeas corpus, solo podrá interponer un “amparo contra hábeas corpus” cuando la

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sentencia le es adversa o no le favorece, es decir, cuando la sentencia del hábeas corpus ha estimado la pretensión de su contraparte (el demandante). Y es que por lo general, si la sentencia del hábeas corpus es estimatoria de la demanda, entonces el demandado podrá interponer el “amparo contra hábeas corpus”, siempre y cuando dicha decisión no haya sido conocida en última y definitiva instancia por el Tribunal Constitucional. La sentencia estimatoria de una demanda de hábeas corpus puede afectar los derechos constitucionales de las partes en conflicto, por ejemplo, cuando en ella se resuelve extremos o puntos no pedidos en la demanda, vulnerándose así el principio de congruencia procesal. También, cuando se omite exponer en ella las razones de hecho y de derecho que dieron lugar a estimar la demanda, vulnerándose con ello el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Asimismo, cuando se omite valorar pruebas pertinentes que habían sido previamente admitidas por el órgano judicial, vulnerándose así el derecho a la prueba. Es importante precisar que, si bien es cierto, una sentencia estimatoria de hábeas corpus conllevaría el levantamiento de la privación o restricción en la libertad del demandante o favorecido, ello no obsta que dicha decisión pueda ser controlada por la vía del “amparo contra hábeas corpus”, más aún si la decisión del hábeas corpus ha sido emitida de manera irregular o con vulneración a los derechos constitucionales de la contraparte. Así las cosas, queda claro que la sentencia estimatoria de una demanda de hábeas corpus (reparador, restringido, correctivo, preventivo, traslativo, instructivo, innovativo o conexo) puede ser cuestionada a través de la interposición de una demanda de “amparo contra hábeas corpus”. De manera muy frecuente, se observa en la praxis judicial que, a través de procesos de hábeas corpus, es posible dejar sin efecto o declarar la nulidad tanto de investigaciones fiscales (hábeas corpus contra el Ministerio Público), como de procesos penales (hábeas corpus contra resolución judicial), por ello resulta coherente con el sistema democrático de Derecho que dichas decisiones puedan ser controladas a través de un nuevo proceso constitucional, máxime si agravian intereses relevantes o derechos de las partes procesales (el Ministerio Público, los jueces penales, los agraviados, la parte civil, etc.). Un primer caso de “amparo contra hábeas corpus” planteado en fase decisoria, fue precisamente uno en donde se cuestionaba una sentencia estimatoria de hábeas corpus que dejó sin efecto una condena penal impuesta a

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Leopoldo Cari Ortiz como autor del delito de abuso de autoridad. Así, en la sentencia de fecha 10 de abril de 2007 recaída en el Exp. Nº 2727-2006-PA/ TC, caso Washington Cruz Cervantes, el Alto Tribunal desestimó la demanda de “amparo contra hábeas corpus”, señalando que:

“[E]l proceso de amparo no es un medio impugnatorio a través del cual pueda prolongarse el debate originado en un proceso previo (así sea este uno de naturaleza constitucional, como sucede en el presente caso); tampoco es un medio para corregir los eventuales errores (in procedendo e in iudicando) que en su tramitación se puedan haber cometido, a no ser de que entre medio se observe una violación de un derecho fundamental o el desconocimiento sobre su significado. En el caso de autos este Colegiado observa que el cuestionamiento sobre el acto reclamado no gira en torno al contenido constitucionalmente protegido del derecho al debido proceso, sino sobre la validez del criterio jurisdiccional que sirvió para declarar fundado el hábeas corpus, donde se dictó la resolución judicial cuestionada” (fundamentos 2 y 3).

Otro caso de “amparo contra hábeas corpus” planteado en fase decisoria, llegado a conocimiento del Tribunal Constitucional, lo constituye la sentencia de fecha 7 de abril de 2010 recaída en el Exp. Nº 1761-2008-PA/TC, caso Junta Directiva del Colegio de Notarios de Lima, en el cual se cuestionaba una sentencia estimatoria de hábeas corpus que dispuso el cese de todo acto administrativo en la investigación fiscal seguida en contra de Luis Roy Párraga Cordero. En esta ocasión, la Alta Corte señaló que:

“[L]a resolución cuestionada expresa suficientes fundamentos para estimar la demanda de hábeas corpus presentada por Luis Roy Párraga Cordero, específicamente los efectos que tiene para la Administración una resolución fiscal que dispone el archivo definitivo de las investigaciones respecto de determinados hechos” (fundamento 32).

Un tercer caso de “amparo contra hábeas corpus” planteado en fase decisoria, lo constituye la resolución de fecha 8 de marzo de 2010 recaída en el Exp. Nº 04885-2008-PA/TC, caso Manuel Pérez Paredes, en el cual se cuestionaba una sentencia estimatoria de hábeas corpus que dispuso el retiro inmediato de un cerco instalado que impedía el acceso a la propiedad de César Orellano Lamadrid. En esta ocasión, la Alta Corte solo admitió a trámite la demanda de “amparo contra hábeas corpus” a los efectos de debatir la materia controvertida.

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3.2. Sentencia desestimatoria En la lógica de que el “amparo contra hábeas corpus” solo le es posibilitado al demandado, se ha afirmado, con criterio que no compartimos, que si el hábeas corpus no le es favorable al demandante, este deberá recurrir ante el Tribunal Constitucional por la vía del recurso de agravio constitucional. Se afirma así que, en la práctica, lo normal es que el “amparo contra hábeas corpus” no esté a disposición del demandante de hábeas corpus, sino más bien solo del demandado42. Sobre el particular, debo confesar que al interior de la doctrina “amparo contra amparo” (y por extensión “amparo contra hábeas corpus”) constituye asunto muy debatible, por no decir polémico, la posibilidad de que ante una sentencia desestimatoria el demandante de hábeas corpus promueva directamente un “amparo contra hábeas corpus”, dejando de lado la interposición del recurso de agravio constitucional. Lo expuesto, lleva pues a preguntarnos ¿si el “amparo contra hábeas corpus” resulta procedente para cuestionar sentencias desestimatorias de hábeas corpus, o es que para dicho fin se cuenta con el recurso de agravio constitucional? Aunque el tema planteado, confieso, resulta debatible, y el Tribunal Constitucional no ha abordado este debate, considero que el “amparo contra hábeas corpus” procede aun cuando estemos en presencia de una sentencia desestimatoria de hábeas corpus, siendo que en estos casos la interposición del recurso de agravio constitucional es opcional para el demandante. En efecto, bien sabido es que en nuestra estructura constitucional el Poder Judicial es el garante natural de los derechos constitucionales, pues conoce de los procesos constitucionales en doble instancia y se le ha encargado la misión de proteger tales derechos, siendo que en su esfera jurisdiccional es muy común que puedan emitirse decisiones finales y últimas que sin la intervención del Tribunal Constitucional adquieren la calidad de cosa juzgada. De esta manera, atendiendo al diseño descrito, la interposición del recurso de agravio constitucional (antes llamado recurso extraordinario) y la participación del Tribunal Constitucional se convierten ambos en excepcionales, no siendo obligatoria la interposición del recurso de agravio constitucional, lo cual genera la posibilidad de acudir directamente al “amparo contra hábeas 42 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. El Tribunal Constitucional… Ob. cit., p. 39.

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corpus” por ante el Poder Judicial. Ente al que, al desestimar irregularmente la demanda, se le da la oportunidad de enmendar la irregularidad o error cometido a través de un proceso que cuenta con doble instancia, donde se producirá un debate amplio y con plena participación de los jueces demandados y demás interesados. Queremos decir entonces, que ante una decisión desestimatoria de hábeas corpus la fórmula del “amparo contra hábeas corpus” resulta ser más tuitiva de cara a proteger los derechos de todos los intervinientes en el proceso de hábeas corpus. Dos ejemplos ilustrarán aún más nuestra posición: Supongamos, que presentándose una demanda de hábeas corpus en un momento en que un precedente vinculante del Tribunal Constitucional habilitaba la tramitación de las pretensiones x, y, z, pero, sin embargo, luego en el camino, dicho precedente es modificado, siendo inviable ahora la tramitación de las pretensiones x, y, z. ¿resulta razonable aquí que se exija manu militare la interposición del recurso de agravio constitucional? ¿Esa exigencia no conlleva la intención de desestimar de plano las pretensiones x, y, z? Supongamos esta vez, que el Tribunal sufre la renovación total o mayoritaria de sus miembros, y con ello pasa de ser una corte liberal a una de tipo conservadora, cambio ideológico que puede ser determinante al momento de predecir el éxito de una demanda de hábeas corpus ¿resulta razonable aquí que se exija manu militare la interposición del recurso de agravio constitucional a sabiendas del fracaso de la misma? Consideramos que en los casos descritos, dado que el cambio en el contexto de la demanda no se debió al demandante, sino a factores exógenos a él, la fórmula del “amparo contra hábeas corpus” resulta procedente por ser mucho más tuitiva que la interposición del recurso de agravio constitucional, debiendo ser calificado este último como opcional. El Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha 31 días de agosto de 2010 recaída en el Exp. Nº 04163-2009-PA/TC, caso Procurador Público del Gobierno Municipal de Moyobamba, se ha decantado por la alternativa antes descrita. A tal efecto, se preguntó ¿si para promover un “amparo contra hábeas corpus” resulta necesario que en el hábeas corpus se haya agotado el recurso de agravio constitucional? Respondiendo a la interrogante planteada, el Alto Tribunal señaló mutatis mutandi, que:

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“(…) a la luz de la jurisprudencia emitida sobre la materia, no resulta obligatorio la interposición del recurso de agravio constitucional para que el primer hábeas corpus adquiera la firmeza deseada por el artículo 4 del Código Procesal Constitucional y de este modo proceda la demanda de ‘amparo contra hábeas corpus’” (fundamento 3).

Señaló, asimismo que: “(…) el amparo contra hábeas corpus se configura como una excepción dentro de la excepción, (…) se considera pertinente dejar establecido que su uso excepcional solo podrá prosperar por única vez y conforme a las reglas que se desarrollan más adelante. Y precisamente, una de dichas reglas especiales es que ‘no procede en contra de las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional’. La razón de ello estriba en que el Tribunal Constitucional, quiérase o no y de acuerdo a nuestra configuración constitucional, es el órgano último o de cierre de la justicia constitucional, como tal sus decisiones no pueden ser revisadas en sede interna” (fundamento 3). Concluyó finalmente que:

“(…) el no agotamiento del recurso de agravio constitucional en el hábeas corpus, antes que una omisión o negligencia procesal, constituye una opción permitida por las reglas procesales del ‘amparo contra hábeas corpus’ establecidas en la sentencia del Tribunal. Por lo que al interponerse el ‘amparo contra hábeas corpus’ el requisito de firmeza del primer hábeas corpus se flexibiliza, y por tanto, el agotamiento del recurso de agravio constitucional se vuelve opcional” (fundamento 5).

4. Etapa de ejecución Sabido es que una sentencia constitucional se expide para ser ejecutada en sus propios términos, siendo que el proceso constitucional es un todo orgánico e inseparable, cuya finalidad es solucionar un conflicto en paz social. Por ello es que el cuestionamiento sobre la ejecución en sus propios términos de una sentencia constitucional equivale al fin y al cabo a un cuestionamiento de la propia sentencia, pues esta se expide con el espíritu de

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que sea ejecutada: “es connatural a la sentencia y forma parte de su naturaleza jurídica que estas sean ejecutadas”43. Por lo tanto, un problema de inejecución o incumplimiento de una sentencia constitucional, constituye a la larga un problema que atañe a la propia sentencia. En ello radica la razón del por qué la resolución (auto) que declara por ejecutada una sentencia y da por concluido el proceso, a sabiendas de que la misma no ha sido ejecutada, debe ser cuestionada también a través del régimen procesal del “amparo contra hábeas corpus”, pues este posibilita el cuestionamiento de lo resuelto en otro proceso constitucional. Y es que si es posible el cuestionamiento de una sentencia constitucional a través del “amparo contra hábeas corpus”, entonces por igual razón cabe la posibilidad de cuestionar por la misma vía una resolución (auto) que desnaturaliza, incumple o infringe una sentencia expedida en un proceso constitucional, toda vez que la sentencia y su ejecución constituyen un único acto procesal, y ambos se refunden en el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales44.

5. Incidentes cautelares En la lógica de que las vulneraciones a los derechos constitucionales al interior de un proceso constitucional pueden producirse en cualesquiera de sus fases o etapas (postulatoria, decisoria, impugnatoria y de ejecución), es posible también que dichas vulneraciones puedan acontecer en los incidentes cautelares que sirven al proceso principal. De este modo, se posibilita el cuestionamiento de los incidentes cautelares (medidas cautelares de innovar, de no innovar u otras) dictadas en el contexto de la tramitación de un proceso constitucional de hábeas corpus, pues queda claro que en los trámites de concesorios o rechazos de medidas cautelares es muy posible que también se vulneren derechos constitucionales de las partes en conflicto. Esta posibilidad de control constitucional sobre incidentes cautelares ha sido proclamada ya por el Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha 18 de abril de 2011 recaída en el Exp. Nº 03545-2009-PA/TC, caso José Del Busto Medina, al señalar, mutatis mutandi, que: 43 LÓPEZ FLORES, Berly. Ejecución de sentencias… Ob. cit., p. 109. 44 Ídem.

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“(…) dado el trámite incidental y urgente de una medida cautelar puede suceder, efectivamente, que los efectos de la decisión tomada en el hábeas corpus se encuentren suspendidos por una medida cautelar dictada en un ‘amparo contra hábeas corpus’, por lo que cabe interponer contra esta medida cautelar otro proceso de amparo que permita la nulidad de dicha medida y la restitución efectiva de los derechos declarados en el hábeas corpus que, por regla general, deberían poder efectivizarse” (fundamento 3).

VI. Procede frente a vulneraciones de todo tipo de derechos constitucionales, excepto el de la libertad individual No cualquier alegación de vulneración a los derechos constitucionales puede dar lugar a promover un “amparo contra hábeas corpus”; para tal fin tienen que tratarse de agresiones a los derechos constitucionales que resulten evidentes, manifiestas y tangibles, susceptibles de ser verificadas bajo el prisma de la apariencia, acompañada además de un mínimo de carga argumentativa y probatoria que logre persuadir a la autoridad judicial de la existencia de una eventual vulneración ius fundamental. En tal sentido, se deberá poner énfasis en argumentar y probar la existencia del acto judicial reputado de inconstitucional. De no poder alcanzar el demandante de “amparo contra hábeas corpus” la mínima carga argumentativa y probatoria antes descrita, aquel podrá ser sancionado con la improcedencia liminar de su demanda, y con la imposición de cargas económicas o sanciones que ello conlleva; claro está, de comprobarse la manifiesta temeridad en la interposición de aquella. Y a los efectos de poder alcanzar una sentencia estimatoria en un proceso de “amparo contra hábeas corpus” se requiere algo más que una eventual o aparente vulneración de un derecho constitucional. Se solicita la exposición de circunstancias o hechos producidos por la autoridad judicial que contravengan la prudencia, el sentido común o el buen proceder judicial. En otras palabras, se trata de hechos o circunstancias agraviantes que por sí mismos y a simple vista se muestran como contrarias al valor justicia o a la razonabilidad de las decisiones judiciales. El agravio, por tanto, debe generar un sentimiento constitucional en la autoridad judicial en procura de remediar de manera inmediata la lesión al derecho constitucional.

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No existe impedimento alguno –al menos constitucional– para invocar en un “amparo contra hábeas corpus”, además del derecho al debido proceso, otros derechos fundamentales conexos, excepto el de la libertad individual. Dada la instrumentalidad del derecho al debido proceso respecto a los derechos constitucionales sustantivos desconocidos en un proceso de hábeas corpus, la violación de aquel afectaría necesariamente la operatividad o el ejercicio del derecho constitucional sustantivo. Y es que la violación del derecho al debido proceso en el proceso de hábeas corpus, implica necesariamente el desconocimiento o violación indirecta –violación al fin y al cabo– del derecho constitucional materializado en la pretensión procesal. Sobre esta vinculación entre debido proceso formal y debido proceso sustantivo, la Corte Constitucional colombiana expidió la Sentencia T-283/94 y C-383 de 1997, recogiendo el principio de primacía del Derecho sustancial. En dicho fallo la Corte señaló que “la primacía del derecho sustancial significa que los procedimientos legales adquieren su sentido pleno en la protección de los derechos de las personas”45. Como vemos, los derechos constitucionales procesales nacen con la única finalidad de operativizar y concretizar los derechos constitucionales sustantivos; pues ambos se necesitan mutuamente y se encuentran estrechamente ligados a manera de cordón umbilical, donde el Derecho Constitucional Procesal es la madre, el proceso es el cordón umbilical; y, el Derecho Constitucional sustantivo es el feto que necesita de la madre (Derecho Procesal) para existir en el proceso; por lo que vulnerado el derecho procesal (la madre), la consecuencia inmediata de ello será que se afecte necesariamente al derecho sustantivo (el feto), y no al revés. Por ello, deviene en legítima la extensión del ámbito de protección del “amparo contra hábeas corpus” a los derechos constitucionales sustantivos. A mayor abundamiento, si en un proceso de hábeas corpus existen violaciones a más de un derecho constitucional, es lógico y jurídicamente necesario que los mismos sean invocados en la demanda, lo cual daría luces para un mejor resolver del juez constitucional, quien se encuentra vinculado a los

45 MONCADA ZAPATA, Juan. “Principios para la interpretación de la Constitución en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana”. En: Revista Derecho PUC. Nº 53, Lima, diciembre de 2000, p. 169.

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hechos expuestos en la demanda y, por el principio de suplencia de queja, podrá pronunciarse por todos los derechos que advierte se hubiesen vulnerado.

VII. Se habilita en resguardo de la doctrina vinculante establecida por el Tribunal Constitucional No sin razón, se ha dicho que la justicia constitucional nació históricamente por la endémica desconfianza del constitucionalismo hacia el Poder Judicial, hoy esa desconfianza es otra: la que proviene de la aplicación fehaciente, casi notarial, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional por parte de los tribunales ordinarios en la aplicación de los derechos constitucionales46. En la actualidad, los derechos constitucionales encuentran concretizaciones o contenidos en lo que las Altas Cortes Constitucionales se propongan otorgarles. De este modo, no es posible saber, entender o estudiar los derechos constitucionales al margen de las decisiones judiciales de la Alta Corte. Es en este contexto, que cobra vital importancia la doctrina jurisprudencial, la cual se constituye en una pauta interpretativa acerca de una institución procesal o de un derecho constitucional, que debe ser seguida por todos los jueces de la República. Así las cosas, subyace a la obligatoriedad de seguir una determinada pauta o doctrina jurisprudencial el respeto al principio de igualdad en la aplicación del Derecho, que gozan todos los ciudadanos que buscan tutela judicial. Por este motivo, consideramos que quienes sustentan la procedencia del “amparo contra hábeas corpus” solo en la actuación y decisión del juez al margen de la doctrina constitucional establecida por el Tribunal Constitucional, sin fijarse en la existencia o no de la agresión a un derecho constitucional, que es el presupuesto necesario para la procedencia de una demanda de amparo, incurren en graves errores47.

46 CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, Francisco. Ob. cit., p. 149. 47 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. El Tribunal Constitucional… Ob. cit., p. 40.

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VIII. Puede ser promovido por un tercero, con interés jurídico relevante, que no participó en el hábeas corpus, pero cuyos derechos han sido vulnerados; y por el demandante del hábeas corpus que, por razones excepcionales, no interpuso el recurso de agravio constitucional La figura del tercero, que es aquel que tiene un interés jurídicamente relevante en el resultado del proceso de hábeas corpus, pero que por diversas razones no participó en él, altera el normal desenvolvimiento de los presupuestos procesales del “amparo contra hábeas corpus”, sobre todo de los presupuestos que señalan: i) “no procede contra decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional” y ii) “procede su interposición por una sola y única vez”. En posición que no compartimos, se ha afirmado que la limitación que ha establecido el Tribunal Constitucional a la procedencia del “amparo contra hábeas corpus” a favor del tercero que no ha participado del proceso, se ha de formular en el sentido que el “amparo contra hábeas corpus” no procederá siempre que haya habido pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el proceso de hábeas corpus, ya sea para confirmar o para revocar la sentencia de segundo grado. El “amparo contra hábeas corpus” solo procederá en este supuesto si es que el demandante no ha interpuesto el recurso de agravio constitucional48. Consideramos que cuando se postula la interposición, por una sola vez del “amparo contra hábeas corpus”, ello se hace en el entendido de que los participantes del amparo corrector hayan sido los mismos que el del hábeas corpus. Por el contrario, si una de las partes intervinientes en el hábeas corpus no participó en el amparo corrector y la decisión recaída en él le afecta en sus derechos constitucionales, resulta razonable que se pueda promover un nuevo proceso constitucional, incluso cuando el Tribunal Constitucional haya emitido resolución en última y definitiva instancia. De este modo, procede un segundo “amparo contra hábeas corpus”, inclusive cuando el Tribunal Constitucional haya emitido resolución en última y definitiva instancia, si a una de las partes se le impidió su ingreso o no tuvo conocimiento del primer “amparo contra hábeas corpus”.

48 Ibídem, p. 46.

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Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha 15 de abril de 2011 recaída en el Exp. Nº 03569-2010-PA/TC, caso Agrícola Cerro Prieto S.A.C., en el cual modificó los alcances de una sentencia expedida en un anterior amparo (Exp. Nº 05614-2007-PA/TC) seguido por Aspíllaga Anderson Hermanos S.A. en contra del Instituto Nacional de Desarrollo y el Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña, proceso en el cual la ahora demandante Agrícola Cerro Prieto S.A.C. no había participado como parte o tercero en el proceso de amparo mencionado, pues no fue emplazada con la demanda ni denunciada civilmente por las partes demandadas, a pesar de que su participación era transcendente en el resultado del proceso al ser ella la propietaria actual de unos terrenos que le habían sido confiscados a Aspíllaga Hermanos, resultando manifiesto su interés en el resultado del mencionado proceso de amparo. El caso bajo comentario, constituye pues el primer leading case en donde el Tribunal emite una decisión final en un amparo, interfiriendo y afectando la decisión final emitida por él mismo en un anterior amparo, argumentando para ello la afectación de los derechos de un tercero. Creemos que la construcción argumentativa realizada en este caso por el Tribunal fue la más acertada, pues para interferir o afectar lo resuelto en un anterior amparo, solo le bastaba invocar la afectación de derechos de un tercero, lo cual vuelve inaplicable las reglas que precisan que el “amparo contra hábeas corpus” “no procede contra decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional” y “procede por una sola y única vez”. La intervención o participación del tercero en el proceso de “amparo contra hábeas corpus” debe estar habilitado tanto para sentencias estimatorias de hábeas corpus como para las desestimatorias, pues ambas tienen la virtualidad de poder vulnerar los derechos o intereses de terceras personas que no participaron en el proceso de hábeas corpus. Y es que en el contexto de la tramitación de un proceso penal, a parte de los derechos constitucionales de los procesados, merecen tutela también los derechos o intereses de la víctima o agraviada y de los actores civiles que pueden verse afectados en sus intereses o derechos por la declaratoria de nulidad de un proceso penal o de una investigación fiscal. En este contexto, en el hábeas corpus contra resolución judicial o en el hábeas corpus contra actos del Ministerio Público –al decretarse la nulidad de una condena penal, la anulación de todo un proceso penal o de la investigación fiscal– puede llegar a afectarse de manera directa los intereses de la

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parte agraviada, del actor civil, de los jueces, de los fiscales, y de la sociedad en su conjunto. Por este motivo, se debe aceptar la tesis de la impugnación de una resolución (auto, decreto o sentencia) emitida en un proceso de hábeas corpus, siempre que exista un afectado con la decisión judicial. El tercero legitimado a interponer el “amparo contra hábeas corpus” puede ser aquel a quien indebidamente no se le emplazó o no tuvo conocimiento de la demanda de hábeas corpus subyacente; como también aquel quien sí tuvo conocimiento de la demanda de hábeas corpus e intentó participar en él, pero su pedido fue indebidamente desestimado por el órgano judicial. Conforme a lo expuesto, un tercero podrá iniciar un “amparo contra hábeas corpus” cuando la decisión recaída en el hábeas corpus afecta sus derechos e intereses; y para tener éxito en su demanda deberá argumentar y probar que su participación en el proceso de hábeas corpus resultaba tan necesaria que si hubiera participado en el hábeas corpus, hubiese tenido un final distinto. Habrá que estar, entonces, a la relevancia argumentativa de la participación del tercero, es decir, si lo que tenía que alegar podría haber dado lugar a cambiar o modificar el sentido o fallo del hábeas corpus. Finalmente, también puede interponer un “amparo contra hábeas corpus”, el demandante que ha venido participando en el proceso constitucional ante las instancias del Poder Judicial, pero pese a lo cual no fue notificado válidamente de la sentencia desestimatoria o habiendo sido notificado, por motivos muy excepcionales de fuerza mayor debidamente comprobadas, le fue imposible interponer el correspondiente recurso de agravio constitucional. Con ello, se pretende evitar perjuicios irreparables a quienes, mostrando diligentemente su voluntad de litigar y ejercer sus derechos al interior del proceso de hábeas corpus, por razones de fuerza mayor o extrañas a él no le fue posible interponer el recurso de agravio constitucional. Por ejemplo: demandantes de hábeas corpus que se encuentran privados de su libertad, que les devino alguna enfermedad de improviso o que se vieron obligados a realizar viajes al extranjero por motivos reales de urgencia, etc.

IX. Se habilita en defensa de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional Cabe precisar, que no todo apartamiento de las interpretaciones constitucionales contenidas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional justifican la procedencia de un amparo contra amparo, hay que estar a la calidad

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del criterio interpretativo, es decir, si se trata de precedente vinculante o no, y si no es un precedente vinculante, si se trata de ratio decidenci o de obiter dicta, debido a que dependiendo del producto jurisprudencial, habrá una u otra fuerza vinculante49. La razón de ser de este presupuesto procesal obedece pues a que no siempre las reglas vinculantes establecidas por el Tribunal Constitucional son tan claras, objetivas, expresas y concretas como deberían obedecer a un precedente; en muchos casos existen decisiones contradictorias en las cuales el propio Tribunal Constitucional cambia su precedente o se aparta de él inaplicandolo. Asimismo, algunos órganos del Poder Judicial trasladan irreflexivamente los contenidos de las sentencias constitucionales, atribuyéndoles un valor constitutivo del derecho constitucional que resulte de aplicación al caso, y ese pretendido amparo constituye pues el mayor de los desamparos50. Para revertir o solucionar estos problemas en la aplicación del precedente vinculante peruano, resulta pues necesario que las imputaciones a los jueces del Poder Judicial de apartarse, desobedecer o inaplicar un precedente vinculante se ventile a través de un nuevo proceso constitucional, en doble instancia y con participación plena de los jueces demandados y demás interesados, a los efectos de no vulnerar los derechos e intereses de estos.

X. Resulta improcedente contra una demanda de hábeas corpus resuelta en última instancia por el Tribunal Constitucional La posición de Supremo Intérprete de la Constitución y de garante último de los derechos constitucionales de las personas que ostenta el Tribunal Constitucional, hace que contra sus decisiones no proceda el “amparo contra hábeas corpus”. Y es que su palabra es la última en el ordenamiento interno, y su decisión cierra el circuito de la justicia constitucional. Con este presupuesto procesal, se garantiza la existencia de seguridad jurídica en el tráfico de derecho y se consolida la confianza y credibilidad en el Estado Constitucional de Derecho.

49 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. El Tribunal Constitucional… Ob. cit., p. 43. 50 CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, Francisco. Ob. cit., p. 149.

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La práctica diaria de los Tribunales de Justicia en el mundo, corroboran que ellos pueden ser capaces de equivocarse o de incurrir en excesos, defectos o arbitrariedades al momento de impartir justicia. Si bien es cierto, sus actos no son infalibles, pero, pese a ello, resulta conveniente y necesario que sus decisiones no sean impugnadas en sede nacional; ello para proteger el valor seguridad jurídica y la inmutabilidad de sus decisiones judiciales, posibilitándose la impugnación de sus decisiones solo en sede internacional. Es en esta línea que el Tribunal Constitucional, en los casos en que se pretendía cuestionar o atacar una resolución o sentencia expedida por él, ha declarado improcedente la demanda invocando la causal jurisprudencial de que no procede el “amparo contra hábeas corpus” contra decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional. Así, en la resolución de fecha 3 de marzo de 2011 recaída en el Exp. Nº 03252-2010-PA/TC, caso Enrique Trigozo Gonzales, el Tribunal respondió a la interrogante de ¿Por qué no procede el “amparo contra hábeas corpus” contra decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional? Señalando que:

“Ello obedece estrictamente a razones de política jurisdiccional y de seguridad jurídica. Y es que el Tribunal Constitucional es el supremo controlador e intérprete de la Constitución y como tal se constituye en órgano último o de cierre de la justicia constitucional. Dada su colocación en la cúspide del sistema de justicia constitucional interno, surge, pues la necesidad de otorgarle certeza, credibilidad y confianza a sus decisiones con el fin de preservar el valor seguridad jurídica, concretizado en el hecho de que sus decisiones no puedan ser cuestionadas o dejadas sin efecto por órganos judiciales de inferior rango” (fundamento 7). STC Exp. N° 00646-2011-PA/TC

Proceso de hábeas corpus contra el Ministerio Público e intervención de la parte agraviada en la denuncia o proceso penal 6. La empresa recurrente aduce que en el proceso de hábeas corpus subyacente (Exp. Nº 66-2007) se le ha vulnerado sus derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que debió permitírsele ser integrada en la relación procesal por tener legítimo interés en el resultado del proceso, al estar relacionado con la tramitación de un proceso penal en el que era parte agraviada.

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7. Este Colegiado, atendiendo a la alegación antes descrita, tiene a bien emitir pronunciamiento a acerca de si, en el caso concreto, correspondía la participación o intervención de la recurrente en el proceso de hábeas corpus que culminó con la declaratoria de nulidad de la denuncia penal en el que era parte agraviada. Para dicho fin, verificará previamente el título procesal legitimador que, en relación a la denuncia o al proceso penal, ostentaba la recurrente, es decir, si estaba constituida en parte civil en el proceso penal o si, además de ello, tenía a su favor una sentencia penal que le otorgaba o reconocía algún derecho a su favor, criterios estos que, analizados conjuntamente con el de la relevancia argumentativa de la participación, servirán para verificar la existencia de legitimidad procesal en cabeza de la empresa recurrente. 8. Sobre el particular, a fojas 43 del primer cuaderno se aprecia que mediante escrito de fecha 5 de setiembre de 2007 la empresa recurrente solicita a la Sala Penal demandada ser considerada como litisconsorte facultativo en el proceso de hábeas corpus, argumentando su condición de agraviada en el proceso penal del cual deriva el hábeas corpus. Proveyendo el escrito de la recurrente, la Sala Penal Superior, con resolución de fecha 5 de setiembre de 2007, decretó “que no siendo parte en el proceso constitucional de hábeas corpus, téngase por no presentado el escrito” (fojas 631 cuaderno acompañado). Más adelante, a fojas 675 del cuaderno acompañado, la misma Sala Penal Superior, con resolución de fecha 1 de octubre de 2007, declara sin lugar la nulidad de la resolución de fecha 5 de setiembre de 2007, sosteniendo que la solicitud de intervención litisconsorcial fue presentada cuando ya se había expedido la sentencia que estimó la demanda de hábeas corpus. 9. Más allá de calificar si son adecuadas o razonables las respuestas dadas por la Sala Penal Superior a los pedidos realizados por la empresa recurrente para participar o intervenir en el proceso de hábeas corpus, a este Colegiado no le queda duda alguna de que ella sí contaba con título procesal, derivado de la denuncia o del proceso penal, que legitimaría, prima facie, su participación o intervención en el proceso de hábeas corpus. En efecto, de los expedientes principal y acompañado al que ha tenido acceso este Colegiado, se aprecia que, en cumplimiento de la sentencia expedida en el proceso de hábeas corpus, los actos declarados nulos e insubsistentes fueron la resolución que concedió el recurso de queja y que elevó los autos a la Fiscalía Superior correspondiente, recaída en la denuncia fiscal, e igualmente nulo y sin efecto legal todo lo actuado con posterioridad a dicha resolución fiscal (fojas 147 cuaderno principal). Precisamente, la recurrente argumenta y acredita que en los actuados realizados con posterioridad a la resolución fiscal declarada nula, existían actos procesales que le otorgaban o reconocían cierta legitimidad para participar en el proceso de hábeas corpus. 10. Es así que la empresa recurrente acompaña a su interés de participar en el proceso de hábeas corpus la condición procesal de agraviada, derivado de su constitución en parte civil en el proceso penal (fojas 626, 661, 681 del cuaderno acompañado), lo

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cual le generaba la existencia de un derecho expectaticio a obtener la reparación civil, y como tal la legitimaba a participar en el proceso de hábeas corpus. Estaría legitimada, de igual forma, a participar en el proceso de hábeas corpus con la existencia de un derecho concreto, cierto y líquido, esto es, derivado de una sentencia penal firme condenatoria que le otorgue o reconozca algún derecho a su favor como consecuencia de la reparación civil ordenada. Empero, su participación en el proceso de hábeas corpus carece evidentemente de relevancia argumentativa, puesto que su participación en nada aportaría al debate procedimental fiscal que fue materia del proceso de hábeas corpus, y consecuentemente en nada variaría el resultado del mismo. En efecto, el proceso de hábeas corpus fue declarado fundado por la Sala Penal Superior al acreditarse la vulneración del derecho al debido proceso por parte del Fiscal Provincial, al someter a revisión fiscal una decisión, debidamente notificada en un domicilio procesal señalado –verificado por el juez constitucional– vía recurso de queja, sin compulsar su condición de cosa decidida (fojas 585 cuaderno acompañado). Como es de apreciarse, el hábeas corpus cuestionó un asunto procedimental fiscal relacionado con la notificación de la resolución fiscal y con el cómputo del plazo para recurrir en queja, mas no trató de un asunto relacionado con el fondo de la denuncia penal o del proceso penal de estafa (responsabilidad penal de los denunciados), motivo por el cual la participación en el proceso de hábeas corpus de la parte agraviada carecía de relevancia argumentativa, siendo en este caso indispensable tan solo la participación del fiscal provincial que llevó a cabo el procedimiento fiscal y el cómputo irregular de la notificación, tal como así sucedió en los hechos.

11. Por este motivo, al carecer de relevancia argumentativa la participación de la empresa recurrente en el proceso de hábeas corpus, entonces no resultaba necesaria su participación en él; máxime si el proceso de hábeas corpus subyacente tuvo por finalidad cuestionar o atacar actos procedimentales del Ministerio Público que pertinentemente solo pueden ser absueltos por el fiscal provincial. Por estos motivos, la demanda de “amparo contra hábeas corpus” debe ser desestimada.

STC Exp. N° 03515-2010-PA/TC La razonabilidad e interdicción de la arbitrariedad en las resoluciones judiciales que desestimaron el pedido cautelar del recurrente 14. Mediante las resoluciones cuestionadas de fechas 16 de noviembre de 2009 (fojas 4) y 20 de enero de 2010 (fojas 8), los órganos judiciales demandados desestimaron el pedido cautelar del recurrente argumentando esencialmente que “(…) debido a la imposibilidad material por ausencia de créditos presupuestarios autorizados, por el momento no se puede efectuar el pago total de la acreencia en mención, como

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tampoco se puede reprogramar y hacer pagos mayores a los que se les viene haciendo (…)” (resolución de fecha 16 de noviembre de 2009) “(…) la preocupación del demandante en cuanto respecta a la latitud del pago a ejecutarse, igualmente ha sido y es preocupación no solo de esta Sala, sino de los demás órganos, cuyas sentencias deben cumplirse en el menor término posible, sin embargo frente a la existencia de normas vigentes de cómo debe de ejecutarse ese pago, no existe otra alternativa que la que a la fecha de la demandada la está cumpliendo (…)” (resolución de fecha 20 de enero de 2010).

15. Al respecto, este Colegiado considera que los actos y/o disposiciones dictadas tanto por entidades públicas, privadas y particulares, así como por autoridades judiciales, no pueden circunscribirse a una mera aplicación mecánica de las normas, sino que en ellos debe efectuarse una apreciación razonable de los hechos en cada caso concreto, tomando en cuenta las particulares circunstancias que lo rodean. El resultado de esta valoración y evaluación llevará pues a adoptar una decisión razonable, proporcional y no arbitraria, compatible con la llamada dimensión sustantiva del debido proceso. 16. La razonabilidad es un criterio íntimamente vinculado a la justicia y está en la esencia misma del Estado Constitucional de Derecho. Se expresa como un mecanismo de control o interdicción de la arbitrariedad en el uso de las facultades discrecionales, exigiendo que las decisiones que se tomen en ese contexto respondan a criterios de racionalidad y que no sean arbitrarias. Como lo ha sostenido este Colegiado, esto “implica encontrar justificación lógica en los hechos, conductas y circunstancias que motivan todo acto discrecional de los poderes públicos” (cfr. Exp. Nº 00062003-AI/TC). 17. Al reconocerse en los artículos 3 y 43 de la Constitución Política del Perú el Estado Social y Democrático de Derecho, se ha incorporado el principio de interdicción o prohibición de todo poder ejercido en forma arbitraria e injusta. Este principio tiene un doble significado: (i) en un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho; (ii) en un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva, lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo (cfr. Exp. Nº 0090-2004AA/TC). 18. En el caso concreto se aprecia que los órganos judiciales demandados desestimaron la solicitud cautelar de embargo en forma de retención sobre las cuentas del Poder Judicial argumentando que este último ha venido cumpliendo con el pago de lo ordenado en la sentencia y que existen impedimentos legales (Ley Nº 27584) para cumplir, en el breve plazo, con la cancelación total de la acreencia.

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19. La situación descrita obliga a este Tribunal a pronunciarse sobre la razonabilidad de las decisiones emitidas por los órganos judiciales demandados que desestimaron el pedido cautelar del recurrente sin tener en cuenta o, lo que es peor, a sabiendas de la particular situación del recurrente, quien es una persona de avanzada edad (81 años). Al respecto, es menester precisar que este mismo Colegiado en anterior oportunidad y, a propósito de las deudas a cargo del Estado, ha señalado que “(…) el procedimiento establecido [en la Ley Nº 27584] no debe servir de herramienta para postergar sine die el cumplimiento de las sentencias judiciales contra el Estado, por lo que es procedente la vía de la ejecución forzosa mientras se incumpla el pago parcial o total de la obligación, aun (sic) cuando se haya iniciado el procedimiento, (…) sin que el interesado tenga que esperar los 5 años a que se refiere la ley” (cfr. Exp. Nºs 0152001-AI/TC, 016-2001-AI/TC y 004-2002-AI/TC, fundamento 55). 20. Conforme a ello, resulta carente de razonabilidad el hecho de haberse desestimado el pedido cautelar del recurrente sin tener en cuenta ni evaluar su especial condición de ser de avanzada edad, situación sobre la cual debió hacerse un mayor análisis por parte de los órganos judiciales, toda vez que sobre la intención de alargarse ad infinítum la ejecución de la sentencia subyacen razones de evadirla o frustrarla. Así, la imposición de condiciones excesivas y/o irracionales (por ejemplo un cronograma de pago demasiado extenso en años) solo tendrían como finalidad que el recurrente, a su avanzada edad, teniendo aún vida, se quede tan solo en el intento de alcanzar la cancelación total de su acreencia. Y es que el Estado Constitucional de Derecho obliga e impone a las autoridades y particulares que las sentencias judiciales logren su plenitud o ejecución de manera rápida y efectiva, pero sobre todo estando en vida aquellos en cuyo favor se expidieron. En tal sentido, al no haberse tenido en cuenta esta consideración especial del recurrente, ni la habilitación señalada por este Colegiado, entonces las resoluciones cuestionadas, aparte de ser arbitrarias e irracionales, esto es, contrarias al debido proceso sustantivo, también incurren en indebida motivación, en tanto componente del debido proceso formal. Por estas razones, la demanda de amparo debe ser estimada, debiendo declararse la nulidad de las resoluciones judiciales que desestimaron el pedido cautelar del recurrente.

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Anexo

Principales pronunciamientos sobre el “amparo contra resoluciones judiciales”

STC Exp. N° 03179-2004-AA/TC Caso: Apolonia Ccollcca Ponce Asuntos abordados respecto al amparo contra resolución judicial: protección de derechos procesales y materiales, efecto horizontal de los derechos fundamentales y canon interpretativo de control constitucional de resoluciones.

EXP. N° 3179-2004-AA/TC-HUAMANGA APOLONIA CCOLLCCA PONCE SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 18 días del mes de febrero de 2005, el pleno del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, presidente; Bardelli Lartirigoyen, vicepresidente; Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto, adjunto del magistrado Vergara Gotelli. ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Apolonia Ccollcca Ponce contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 37 del segundo cuaderno, su fecha 14 de mayo de 2004, que declaró improcedente la demanda de autos. ANTECEDENTES Con fecha 11 de julio de 2003, la recurrente interpone demanda de amparo contra el titular del Primer Juzgado Mixto de Huamanga, aduciendo la violación de su derecho de propiedad. Sostiene que su vehículo se encuentra incautado indebidamente a consecuencia del proceso penal por delito de tráfico ilícito de drogas que se siguiera contra don Marcelino Guillén Miguel, pese a que ella no fue procesada ni tampoco intervino, en forma directa o indirecta, en la comisión de dicho delito. Refiere que, pese a haber solicitado la nulidad del acta de incautación, esta se ha declarado improcedente y ha sido confirmada por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, mediante resolución de fecha 16 de mayo de 2003. El juez suplente del Primer Juzgado Mixto de Huamanga, Vladimiro Olarte Arteaga, contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente o, en su caso, infundada, tras considerar que la pretensión de la recurrente ya fue resuelta en dos oportunidades, que el juzgado no tiene facultades para disponer la nulidad de un acto policial, como el acta de incautación del vehículo, y que el amparo no procede contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. En ese sentido, considera que si bien el derecho de propiedad está “establecido” en la Constitución (sic), “sus efectos no son de aplicación inmediata como otros derechos, el de detención, sino que requieren de una serie de normas que la hagan viable (...)”. Mediante resolución de fecha 24 de setiembre de 2003, la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho declara improcedente la demanda, por

177


considerar que la resolución judicial que se cuestiona ha sido expedida dentro de un proceso regular, en el que se han respetado los derechos constitucionales de la recurrente. Con similar criterio, la recurrida confirma la apelada. FUNDAMENTOS 1. Conforme se desprende del petitorio de la demanda, el objeto de esta es que se ordene la devolución del vehículo de placa de rodaje WS 2959, marca Nissan, año 1990, modelo cóndor, clase camión, que, a juicio de la recurrente, se mantendría indebidamente incautado por orden judicial decretada en el proceso penal que se siguió contra don Marcelino Guillén Miguel por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado. 2. La demanda fue desestimada por las instancias judiciales precedentes alegándose que la resolución cuestionada emanó de un proceso regular, en el que se respetaron los derechos constitucionales de orden procesal de la recurrente. En los términos de la resolución recurrida mediante el recurso de agravio constitucional:

“(...) debe de concluirse que las resoluciones impugnadas por la actora han sido expedidas por las instancias judiciales correspondientes con sujeción a las normas procesales penales, no evidenciándose que el proceso del cual derivan se haya tornado en irregular, toda vez que como se ha manifestado esta parte, hizo ejercicio de los medios de defensa que el ordenamiento procesal le franquea (...)”1.

3. El Tribunal Constitucional considera que los motivos en los cuales se ha sustentado el pronunciamiento desestimatorio de la demanda, en el mejor de los casos, es impertinente. Sucede, en efecto, que la recurrente no ha cuestionado que con las resoluciones judiciales impugnadas mediante el presente amparo, se haya violado uno (o alguno) de los derechos que, a su vez, forman parte del debido proceso. Por el contrario, desde la presentación de la demanda y, por último, en el recurso de agravio constitucional, esta ha precisado que el derecho cuya tutela solicita no es otro que el derecho de propiedad, derecho sobre el cual, por cierto, ninguna de las instancias de la jurisdicción ordinaria se ha pronunciado. 4. Aunque no constituya justificación alguna, tal vez la inexistencia de un pronunciamiento sobre la lesión (o no) del derecho de propiedad se deba a la existencia de una tendencia jurisprudencial consolidada en torno a los alcances del amparo contra resoluciones judiciales, según la cual en este el único derecho susceptible de protección es el derecho a la tutela jurisdiccional o, como ahora la denomina el Código Procesal Constitucional, el derecho a la tutela procesal.

Desde esta perspectiva jurisprudencial, si el único derecho tutelado por el amparo contra resoluciones judiciales estaría constituido por el derecho a la tutela procesal, ante un supuesto en el que se impugne un pronunciamiento jurisdiccional,

1

Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, Resolución de fecha 14 de mayo de 2004, f. j. 5, a folios 38.

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ANEXO

el juez de los derechos fundamentales solo debería atenerse a evaluar si, al resolverse la cuestión controvertida en el proceso (o incidente) judicial, se ha respetado el contenido constitucionalmente declarado de los derechos que conforman la tutela procesal, encontrándose prohibido de realizar cualquier otra evaluación de la cuestión en términos de derechos fundamentales ajenos a aquel. El amparo contra resoluciones judiciales y el derecho a la tutela procesal 5. En concreto, la respuesta (doctrinal y) jurisprudencial que se ha dado al tema en cuestión normalmente se ha intentado a partir de una interpretación de la limitación contenida en el segundo párrafo del inciso 2) del artículo 200 de la Constitución, cuyo texto reproduce con algunas variantes lo que en su momento preveía el inciso 3) del artículo 6 de la Ley N° 23506, ahora derogado, según el cual el amparo:

(...) no procede contra (...) resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular.

Descartada una lectura de dicho precepto constitucional en el sentido de que no cabía la interposición de un amparo contra resoluciones judiciales, existe consenso en admitirse que, más que una prohibición, en realidad, dicho precepto contiene una limitación, cuyo ámbito de actuación opera en aquellos casos en los que la resolución judicial emana de un proceso “regular”, pero no en aquellos otros donde esta se expide en el seno de un proceso “irregular”.

Así fijado el sentido de este precepto constitucional, tras una interpretación literal, el paso siguiente fue dar respuesta a la interrogante ¿cuándo un proceso judicial puede considerarse “regular”? o, dicho en términos negativos, ¿cuándo una resolución judicial emana de un proceso “irregular”?

La absolución de tal interrogante, a su vez, fue: Una resolución judicial emana de un proceso regular si esta se expide con respeto de los derechos que integran el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, ambos reconocidos en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución. Lo que venía a significar que mediante el amparo solo se podía cuestionar resoluciones judiciales si es que en el momento de expedirse, la irregularidad se materializaba en la afectación de derechos que forman parte de aquel.

6. Con ello, por un lado, se ratificaba la tesis de que el amparo contra resoluciones judiciales no podía constituir un instrumento procesal que se superpusiera a los medios impugnatorios existentes en la legislación procesal y, tampoco, en la habilitación de una vía en la que se pudiera reproducir una controversia formulada ante las instancias de la jurisdicción ordinaria.

Pero, al mismo tiempo, se venía a institucionalizar una doctrina jurisprudencial, según la cual los jueces ordinarios, en el ejercicio de sus funciones, solo se encontraban vinculados a un número determinado de derechos fundamentales. En concreto, solo en relación con aquellos de naturaleza procesal (tutela procesal y todos los derechos que lo integran).

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En cierta forma, tal tendencia se ha concretado en el Código Procesal Constitucional, cuyo artículo 4 establece:

El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso (...).

En definitiva, ya sea por vía jurisprudencial o por vía legislativa, la concreción sobre el ámbito de protección del amparo contra resoluciones judiciales se ha circunscrito solo a la protección de los derechos fundamentales de orden procesal, quedando fuera de su ámbito todos los otros derechos igualmente fundamentales (o constitucionales).

7. ¿Hay razones jurídico-constitucionales para que el ámbito de derechos protegidos mediante esta variante del amparo tenga que ser replanteado? El Tribunal Constitucional considera que la respuesta es afirmativa, desde un doble punto de vista. Por un lado, a partir del diseño constitucional del ámbito de protección de este proceso; y, por otro, a partir de la eficacia vertical de los derechos fundamentales en el Estado constitucional de derecho. Constitución y ámbito de protección del proceso de amparo 8. En el Estado Constitucional de Derecho, la Constitución no solo es una norma que se limita a reconocer los derechos fundamentales, sino también a crear o instaurar los procesos destinados a su defensa. Mediante el establecimiento ope constitutione de los procesos constitucionales, la Ley Fundamental pone a buen recaudo de las mayorías coyunturales los instrumentos procesales creados para su defensa. En ese sentido, como ha puesto de relieve Gomes Canotilho, los procesos constitucionales no solo constituyen instrumentos procesales destinados a que en su seno se resuelva problemas vinculados con el principio de supremacía normativa y la tutela de los derechos fundamentales, sino también, en un sentido más amplio, lo que bien puede denominarse garantías de la Constitución, en tanto que:

“[M]edios e institutos destinados a asegurar la observancia, aplicación, estabilidad y conservación de la Ley Fundamental. Como se trata de garantías de la existencia de la propia constitución (...), se suele decir que ellas son ‘la constitución de la propia Constitución’”2.

9. Sin embargo, la instauración de los procesos constitucionales no solo tiene el propósito de recordar que ni el legislador ni ningún otro poder constituido tienen la capacidad jurídica para disponer de ellos, en cuanto instrumentos procesales de conservación y actualización de la Ley Fundamental, sino que tampoco pueden alterar lo que bien podría denominarse el diseño constitucional de los procesos constitucionales, es decir, los rasgos esenciales con que la Ley Fundamental los ha creado y diseñado. 2

GOMES CANOTILHO, J.J. Direito Constitucional e Teoría da Constituiçao. Almedina, Coimbra, 2000, pp. 859-860.

180

ANEXO

En efecto, a la limitación de los poderes públicos para no suprimir o desnaturalizar los procesos constitucionales, le sigue la obligación (particularmente del Poder Legislativo) de regular su desarrollo y procedimiento conforme al “modelo” constitucional de cada uno de dichos procesos, es decir, conforme a las características que textualmente se hayan establecido en la Ley Fundamental, pero también que implícitamente se deriven de su finalidad constitucionalmente declarada.

10. En lo que hace al modelo constitucional del proceso de amparo, la Ley Fundamental contiene ciertas pautas específicas, como puede ser el ámbito de derechos protegidos (art. 200.2); extensión y límites del control de los actos restrictivos de derechos durante los regímenes de excepción (art. 200 in fine) o la regulación parcialmente delimitada de las instancias competentes para conocerla (art. 202), etc. 11. Por lo que aquí interesa, es decir, con relación al ámbito de derechos protegidos en el proceso de amparo, el inciso 2) del artículo 200 de la Constitución precisa cuál es su competencia, ratione materiae, al establecer que:

Son garantías constitucionales:

2) La acción de amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente.

En él, pues, se han de tutelar todos aquellos atributos subjetivos reconocidos en la Constitución, con excepción de los que, a su vez, son protegidos por el proceso de hábeas data; es decir, el derecho de acceso a la información pública, reconocido en el inciso 5) del artículo 2 de la Constitución; y el derecho a la autodeterminación informativa, reconocido a su vez en el inciso 6) del mismo artículo 2 de la Norma Fundamental.

12. Sin embargo, la determinación de la competencia ratione materiae del proceso de amparo no solo puede realizarse a partir de la dicción literal de la disposición que lo crea y de la remisión que esta pueda hacer hacia otra disposición constitucional. Una interpretación sistemática con el inciso 1) del artículo 200, por exigencias del principio de unidad de la Constitución, necesariamente tiene que terminar con excluir también a los derechos protegidos por el proceso de hábeas corpus; es decir, a la libertad individual y a los derechos conexos a él (enunciados, por otra parte, en el artículo 25 del Código Procesal Constitucional).

De modo, pues, que el diseño constitucional de los derechos protegidos por el proceso de amparo, bien puede caracterizarse por tener un carácter totalizador, esto es, comprender residualmente la protección de todos los derechos constitucionales no protegidos por los otros procesos de tutela de los derechos fundamentales (hábeas corpus y hábeas data).

181


13. Así las cosas, cabe que nos cuestionemos acerca de las razones jurídico-constitucionales que puedan existir para limitar el ámbito de derechos protegidos por el amparo contra resoluciones judiciales solo a la protección de los derechos que integran la tutela procesal.

Como ya se ha indicado, una primera respuesta a esta cuestión se ha efectuado interpretándose los alcances del segundo párrafo del inciso 2) del artículo 200 de la Constitución que, como se sabe, establece que el amparo:

No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular.

Esta última parte del precepto constitucional antes recordado, no se ha entendido en el sentido de que por su virtud se prohíba la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales, sino solo que él no prospere si lo que se busca es cuestionar mediante este proceso constitucional una resolución judicial emanada de un proceso “regular”. Por el contrario, si la resolución judicial emanaba de un proceso “irregular”, sí cabía que se abriera las puertas de procedencia del amparo.

De esta manera la viabilidad del amparo contra resoluciones judiciales quedaba librada a lo que se pudiera entender por el término “regular”. Lo que, a su vez, se resolvió en el sentido de entender que un proceso judicial era regular siempre que se haya expedido con respeto del derecho a la tutela procesal. En tanto que devenía irregular si la resolución judicial se había expedido en un proceso judicial donde se hubiera lesionado el mismo derecho, o cualquiera de los derechos procesales que forman parte de él.

14. El Tribunal Constitucional considera que una respuesta como la brindada no concilia con el diseño constitucional del ámbito de derechos protegidos por el proceso de amparo. a) En primer lugar, pues como se ha expuesto en el fundamento 12 de esta sentencia, los únicos derechos exceptuados del control mediante este proceso son los protegidos, a su vez, por el hábeas corpus y el hábeas data. b) En segundo lugar, es inadmisible desde un punto de vista constitucional que se pueda sostener que una resolución judicial devenga de un proceso “irregular” solo cuando afecte el derecho a la tutela procesal, y que tal “irregularidad” no acontezca cuando esta afecta otros derechos fundamentales. A juicio del Tribunal, la irregularidad de una resolución judicial, con relevancia constitucional, se produce cada vez que esta se expida con violación de cualquier derecho fundamental, y no solo en relación con los contemplados en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional.

En definitiva, a partir del diseño constitucional del ámbito de derechos protegidos por el amparo, el Tribunal considera que es constitucionalmente inadmisible sostener que del referido segundo párrafo del inciso 2) del artículo 200 de la Constitución se pueda inferir una limitación de la competencia ratione materiae del

182

ANEXO

amparo contra resoluciones judiciales, más allá de los derechos garantizados por el hábeas corpus y el hábeas data. Constitución y eficacia vertical de los derechos fundamentales. Sus consecuencias en el ámbito de los derechos protegidos por el amparo contra resoluciones judiciales 15. A la misma conclusión hemos de arribar si ahora el análisis se efectúa a partir de la eficacia de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de 1993.

Tenemos expresado en nuestra jurisprudencia que todo derecho constitucional – expreso o implícitamente reconocido– tiene un ámbito protegido, un bien jurídico identificable, que es distinto de aquellos garantizados por otros derechos, en tanto que constituye una manifestación concreta del principio-derecho de dignidad.

Ese ámbito de la realidad, deducible válidamente de una norma y disposición de derecho fundamental, es lo que en la STC Exp. N° 1417-2005-AA/TC hemos venido en denominar posición iusfundamental:

“Las posiciones de derecho fundamental son los derechos fundamentales en sentido estricto, pues son los concretos atributos que la persona humana ostenta al amparo de las normas (sentidos interpretativos) válidas derivadas directamente de las disposiciones contenidas en la Constitución que reconocen derechos”3.

El objeto de una posición iusfundamental es siempre una conducta, de acción o de omisión –dependiendo del derecho de que se trate–, que un tercero (sujeto pasivo) debe realizar a favor de quien titulariza el derecho (sujeto activo). De ahí que los elementos de todo derecho fundamental sean: a) el sujeto que lo titulariza; b) el sujeto que se encuentra obligado con aquel, y c) el haz de posiciones subjetivas y objetivas efectivamente garantizadas por el derecho.

16. Por lo general, el asunto relativo a la titularidad de los derechos fundamentales no ofrece mayores dificultades en su determinación. Prima facie, el titular por antonomasia de los derechos fundamentales es siempre la persona humana, en tanto que, como se ha expuesto, dichos derechos no son sino la concretización específica de particulares exigencias del principio de dignidad (artículo 1 de la Constitución), no obstante que la titularidad de algunos derechos fundamentales esté sujeta a la satisfacción de ciertas exigencias, como sucede con los derechos políticos y determinados derechos sociales y económicos.

A su vez, el objeto de la relación, esto es, el haz de posiciones subjetivas y objetivas garantizados y, por lo tanto, exigibles en su realización a los sujetos obligados, depende de una serie de variables recabables en función de cada derecho reconocido en la Constitución. Como en la tantas veces citada STC Exp. N° 1417-2005/AA/TC hemos sostenido, el contenido constitucionalmente

3

STC Exp. N° 1417-2005-AA/TC, f. j. 25.

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protegido de cada uno de los derechos no puede determinarse en abstracto, sino a “a la luz de cada caso concreto”, identificando su finalidad, naturaleza y el ámbito de la realidad que se ha pretendido garantizar en cada uno de ellos.

Por lo que se refiere a los sujetos obligados con el objeto de la relación, no cabe duda de que el primer obligado con ellos es, sin excepción alguna, el Estado. Como se recordó en la STC Exp. N° 0976-2001-AA/TC:

“(...) históricamente, los derechos fundamentales surgieron como derechos de defensa oponibles al Estado”.

Esto es, atributos subjetivos que protegen un ámbito de autonomía individual contra acciones arbitrarias de cualquiera de los poderes públicos.

17. La vinculación de los derechos hacia cualesquiera de los poderes y, en general, órganos públicos, es lo que hemos venido en denominar eficacia vertical de los derechos fundamentales. Tal eficacia no es sino consecuencia de la naturaleza preestatal de los derechos fundamentales y, por tanto, del carácter servicial del Estado para con ellos, en tanto que la persona humana se proyecta en él como el fin supremo (art. 1 de la Constitución).

En ese sentido, tenemos dicho que dentro de estos sujetos obligados para con el respeto y protección de los derechos fundamentales se encuentran todos los poderes públicos, es decir, los entes que forman parte del Estado, independientemente de su condición de órgano constitucional, legal o administrativo, y los grados e intensidad de autonomía que para con ellos el ordenamiento haya podido prever.

Qué duda cabe de que dentro de esos poderes públicos vinculados con los derechos fundamentales se encuentra también el Poder Judicial y, con él, todas sus instancias jurisdiccionales, al mismo tiempo que sus órganos administrativos. La cuestión de qué derechos lo vinculan; bien cuando ejerce funciones jurisdiccionales; bien cuando ejerza las funciones administrativas propias a sus actividades de gestión, no puede sino responderse en los mismos términos que habitualmente se efectúa en relación con los demás poderes públicos. Todos los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos. De modo que todos los derechos fundamentales (y no solo los que conforman la tutela procesal) vinculan al Poder Judicial y, en ese sentido, demandan acciones u omisiones destinadas a garantizar el ámbito de la realidad que cada uno de ellos persigue tutelar.

No hay (no puede haber) un solo derecho fundamental que no pueda vincular a los órganos de la jurisdicción ordinaria. Ello es consecuencia de su condición de poder constituido y, al mismo tiempo, del carácter servicial para con el ejercicio efectivo de los derechos de la persona humana, pues, al fin y al cabo, la tutela jurisdiccional que prestan “(...) emana del pueblo”, conforme lo recuerda el artículo 138 de la Ley Fundamental.

18. La tesis según la cual el amparo contra resoluciones judiciales procede únicamente por violación del derecho al debido proceso o a la tutela jurisdiccional, confirma la vinculatoriedad de dichos derechos en relación con los órganos que forman

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ANEXO

parte del Poder Judicial. Pero constituye una negación inaceptable en el marco de un Estado Constitucional de Derecho, sobre la vinculariedad de los “otros” derechos fundamentales que no tengan la naturaleza de derechos fundamentales procesales, así como la exigencia de respeto, tutela y promoción ínsitos en cada uno de ellos.

En efecto, en el ejercicio de la función jurisdiccional, los jueces del Poder Judicial no solo tienen la obligación de cuidar porque se hayan respetado los derechos fundamentales en las relaciones jurídicas cuya controversia se haya sometido a su conocimiento, sino también la obligación –ellos mismos– de respetar y proteger todos los derechos fundamentales al dirimir tales conflictos y controversias.

Como se afirma en el artículo 38 de la Constitución:

“Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”.

Entre tanto, el artículo 138 de la Norma Fundamental recuerda que:

“La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes”.

19. Similar criterio es posible deducir si el mismo asunto se aborda a partir del artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según el cual: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

En efecto, con la referencia al recurso sencillo, rápido y efectivo para la tutela de los derechos que pudieran resultar lesionados por actos emanados incluso de “personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”, quiere expresarse la idea de que para la Convención Americana de Derechos no existe actuación estatal alguna que quede (o pueda quedar) exenta de control en nombre de los derechos fundamentales. Al extremo que, de acuerdo con los artículos 1.1 y 1.2 de la misma Convención, producida una lesión de los derechos esenciales del hombre, el Estado está en la obligación de establecer un proceso que sirva para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho; es decir, tiene el deber de:

4

“(...) proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías, ale decir, de los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia”4.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 8/87, párrafo 25.

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A juicio de la misma Corte Interamericana, el artículo 25.1 de la Convención:

“(...) recoge la institución procesal del amparo, entendido como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados partes y por la Convención”5.

“Establece este artículo, igualmente, en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales”6.

20. En definitiva, una interpretación del segundo párrafo del inciso 2) del artículo 200 de la Constitución bajo los alcances del principio de unidad de la Constitución, no puede concluir sino con la afirmación de que la competencia ratione materiae del amparo contra resoluciones judiciales comprende a todos y cada uno de los derechos fundamentales que se puedan encontrar reconocidos, expresa o implícitamente, por la Norma Suprema. En su seno, los jueces constitucionales juzgan si las actuaciones jurisdiccionales de los órganos del Poder Judicial se encuentran conformes con la totalidad de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. De modo que la calificación de regular o irregular de una resolución judicial, desde una perspectiva constitucional, depende de que estas se encuentren en armonía con el contenido constitucionalmente protegido de todos los derechos fundamentales. 21. La variación de una jurisprudencia consolidada durante un poco más de cuatro lustros y, correlativamente, el establecimiento de un precedente de esta naturaleza, tras las observaciones precedentemente planteadas, no tiene por efecto inmediato la variación de algunos criterios consolidados jurisprudencialmente en torno a los alcances del control constitucional de las resoluciones judiciales. Particularmente, de aquellos en los que se afirmó: a) Que el objeto de este proceso constitucional es la protección de derechos constitucionales y no el de constituir un remedio procesal que se superponga o sustituya al recurso de casación. En efecto, los procesos constitucionales de tutela de derechos no tienen por propósito, prima facie, verificar si los jueces, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, infringieron normas procedimentales que no incidan en el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la tutela procesal (error in procedendo), o, acaso, que no hayan interpretado adecuadamente el derecho material (error in iudicando). Pero el juez constitucional sí tiene competencia para examinar dichos errores cuando los mismos son constitutivos de la violación de un derecho fundamental. b) Que se utilice como un mecanismo donde pueda volverse a reproducir una controversia resuelta por las instancias de la jurisdicción ordinaria. El amparo 5 6

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 8/87, párrafo 26. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 9/87, párrafo 23.

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contra resoluciones judiciales no tiene el efecto de convertir al juez constitucional en una instancia más de la jurisdicción ordinaria, pues la resolución de controversias surgidas de la interpretación y aplicación de la ley es de competencia del Poder Judicial; siempre, claro está, que esa interpretación y aplicación de la ley se realice conforme a la Constitución y no vulnere derechos fundamentales. En efecto, en el seno del amparo contra resoluciones judiciales solo puede plantearse como pretensión que una determinada actuación judicial haya violado (o no) un derecho constitucional, descartándose todos aquellos pronunciamientos que no incidan sobre el contenido protegido de estos. Canon para el control constitucional de las resoluciones judiciales 22. Los cambios jurisprudenciales a que se ha hecho referencia supra, implica también la necesidad de que el Tribunal Constitucional defina el canon bajo el cual realizará el control constitucional de las resoluciones judiciales.

La intensidad del control constitucional de las resoluciones judiciales a través del proceso de amparo depende de la interpretación que se haga de la configuración constitucional del mencionado proceso. Así, desde una interpretación estricta del amparo, los jueces constitucionales examinan la constitucionalidad de la resolución judicial en base al expediente judicial ordinario, otorgando mérito constitucional suficiente a los actuados judiciales. En esta perspectiva, el juez constitucional asume lo resuelto por el juez ordinario iure et de iure. Luego de ello y con estos actuados indiscutibles se pasa a realizar un examen de la motivación y relevancia constitucional de la resolución judicial en función del derecho fundamental invocado.

De otro lado, se parte de una interpretación flexible del amparo cuando el juez constitucional adquiere plena jurisdicción sobre el fondo y la forma del proceso ordinario, realizando un examen constitucional de la motivación del fallo y de la relevancia de lo actuado judicialmente. Desde esta posición, el juez constitucional asume competencia para examinar el juicio ordinario bajo un canon constitucional propio del supremo intérprete de la Constitución. Lo que significa la posibilidad de revisar todo el proceso que va desde el examen del acto lesivo, la validez o no de una norma legal, hasta el valor probatorio de las pruebas; es decir, revisando y reformando constitucionalmente la actuación judicial concreta que sea necesaria para determinar la constitucionalidad de la resolución judicial cuestionada.

23. No obstante, esta segunda perspectiva del proceso de amparo precisa que el Tribunal Constitucional establezca el canon interpretativo bajo el cual realizará el control constitucional de las resoluciones judiciales, sin que ello suponga convertir al Tribunal Constitucional en una cuarta instancia judicial y sí, más bien, a fin de reconocer que al Tribunal le corresponde, en el proceso de amparo, resolver, ponderadamente, sobre el fondo y la forma de los procesos judiciales ordinarios cuando estos hayan violado los derechos fundamentales tutelados por el proceso constitucional de amparo.

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Dicho canon interpretativo que le permite al Tribunal Constitucional realizar, legítimamente, el control constitucional de las resoluciones judiciales ordinarias, está compuesto, en primer lugar, por un examen de razonabilidad; en segundo lugar, por el examen de coherencia; y, finalmente, por el examen de suficiencia. (a) Examen de razonabilidad.- Por el examen de razonabilidad, el Tribunal Constitucional debe evaluar si la revisión de todo el proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado. (b) Examen de coherencia.- El examen de coherencia exige que el Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna; de lo contrario no estaría plenamente justificado el hecho de que el Tribunal efectúe una revisión total del proceso ordinario, si tal revisión no guarda relación alguna con el acto vulneratorio. (c) Examen de suficiencia.- Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión del proceso judicial ordinario, a fin de cautelar el derecho fundamental demandado.

24. Por todo ello, y en mérito de lo expuesto, habiéndose alegado la violación del derecho de propiedad, el Tribunal Constitucional tiene competencia, ratione materiae, para ingresar a analizar las cuestiones de fondo que entraña el recurso de agravio constitucional. Alegación de violación del derecho de propiedad mediante una resolución judicial 25. En el caso, la recurrente ha alegado la violación de su derecho de propiedad. A su juicio, tal lesión se habría producido por la omisión de las autoridades judiciales de no liberar el vehículo de su propiedad, que fuera incautado a consecuencia de aprehenderse a don Marcelino Guillén Miguel en circunstancias en que este transportaba ilícitamente drogas conduciendo dicho vehículo.

Conforme se observa de fojas 77 a 84, la recurrente solicitó, ante las autoridades judiciales competentes, que se levantara la orden de incautación que pesaba contra el vehículo de la que alega ser propietaria. Aunque inicialmente dicha petición le fuera concedida, con posterioridad la resolución que así lo ordenaba fue revocada, exponiéndose una diversidad de razones por las que, a juicio de los jueces penales, dicha solicitud no debía ser acogida.

En efecto, mediante la resolución de fecha 19 de febrero de 2002, la Primera Sala Mixta de Ayacucho revocó la resolución que, a su vez, había dejado sin efecto el acta de incautación del referido vehículo, sosteniendo que el contrato presentado por la recurrente no merecía “mérito probatorio por ser un instrumento simple sin siquiera legalización notarial o intervención de testigos y que muy bien pudo haberse faccionado para sorprender burdamente a la justicia”; a lo que añadiría que la copia de la tarjeta de propiedad, título con el cual solicitó la anulación de

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la referida acta de incautación, fue expedida con fecha posterior a la comisión del delito.

Posteriormente, al resolverse una nueva solicitud de nulidad presentada por la misma recurrente, el titular del Primer Juzgado Mixto de Huamanga expidió la resolución de fecha 29 de enero de 2003, en la que, después de destacar que la incautación fue efectuada a nivel policial, sostuvo que dicha incautación no contaba con algún defecto o grave irregularidad, agregando que dado que ya existía condena firme, el “presente trámite ya concluyó”, por lo que la recurrente debía hacer valer su derecho conforme a ley.

Por último, mediante resolución de fecha 16 de mayo de 2003, la Primera Sala Mixta de Ayacucho confirmó la resolución supra citada, indicando que el acta de incautación no adolecía de ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 298 del Código de Procedimientos Penales, de modo que no cabía declararse su nulidad.

26. Conforme se observa de autos, la incautación cuestionada se efectuó al amparo del tercer párrafo del artículo 66 del Decreto Ley N° 22095, modificado por el artículo 5 del Decreto Ley N° 22926, según el cual:

Serán decomisados las drogas, insumos, fábricas, laboratorios, alambiques, implementos y enseres empleados en la producción y fabricación ilícita de drogas.

(...) Igualmente, serán incautados los terrenos de cultivo y afectados a la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, para su posterior adjudicación a los campesinos sin tierra; también serán incautados los inmuebles utilizados como fábricas, depósitos o lugares de expendio, así como los vehículos en que se hubiere efectuado la distribución o transporte de las drogas, siempre que pertenezcan a los autores, cómplices o encubridores del delito o a quienes teniendo conocimiento del mismo no lo hubieran denunciado de inmediato (énfasis nuestro).

Dicha disposición legislativa, como se observa, dispone que la incautación de los vehículos donde se hubiese efectuado la distribución o transporte de drogas puede efectuarse en dos supuestos: (i) cuando estos pertenecen a los autores, cómplices o encubridores, y (ii) cuando no teniéndose aquel estatus, el propietario haya tenido conocimiento de su perpetración y no lo hubiese denunciado.

Dado que en el proceso penal quedó demostrado que el vehículo en el cual transportaba drogas el condenado Marcelino Guillén Miguel no era de su propiedad, la mantención de la incautación prevista contra dicho vehículo solo se justificaba en las siguientes razones: a) Porque su real propietario, es decir, quien tenía la condición de tal al momento de producirse los hechos juzgados, era cómplice o encubridor, o b) Porque no teniendo esa cualidad, conocía que el vehículo del cual era propietario era utilizado para la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas.

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27. Del propio proceso penal, y concretamente de la resolución de fecha 9 de octubre de 2001, se desprende que quien solicitó se declarara la nulidad del acta de incautación (esto es, la recurrente) no estuvo comprendida en cualquiera de las dos hipótesis antes descritas. Esto es, que fuera cómplice o encubridora o, a su turno, que haya conocido que el chofer que manejaba el vehículo de su propiedad lo haya utilizado para transportar drogas y, pese a ello, no lo denunciase.

Si tales fueran los hechos que sustentan la alegación de violación del derecho de propiedad, este Tribunal no podría menos que estimar la pretensión. En efecto, no habiéndose demostrado que la propietaria estuviese comprendida en cualquiera de las causales que autoriza la ley para incautar un vehículo que se haya utilizado para la comisión de un delito tan grave, como lo es el tráfico ilícito de drogas, el mantenimiento de la orden de incautación se presenta como una medida eminentemente confiscatoria, que afecta el poder de uso, disfrute y disposición de su titular.

Y poco importa, a estos efectos, que el acta de incautación haya sido levantada a nivel policial o, en su caso, como en determinado momento se alegó, que el acta misma no adolezca de algunos de los requisitos formales que la ley procesal penal contemple para declarar su nulidad. El instituto de la nulidad de los actos (procesales o administrativos) no se puede entender o justificar, como parece ser la creencia de los jueces que han conocido de este proceso, en un simple interés de la ley. A la vieja concepción de la nulidad por la simple nulidad, el Estado Constitucional de Derecho antepone la necesidad de que esta se tenga que declarar, aun ante el silencio de la ley, si tras la expedición o mantenimiento del acto (procesal o administrativo) subyace una violación de algún derecho fundamental.

Como en la STC Exp. N° 0976-2001-AA/TC este Tribunal recordó, si en el Estado legal de Derecho los derechos fundamentales valían en el ámbito de la ley, hoy, en el Estado Constitucional, las leyes valen en el ámbito de los derechos fundamentales. De modo que es una obligación judicial observar porque tal exigencia sea real y efectiva, y no una simple proclama retórica, desprovista de consecuencias jurídicas.

28. No obstante, y pese a lo que se acaba de exponer, este Tribunal no se considera autorizado a expedir una sentencia de fondo en el presente caso, puesto que, según se desprende del escrito presentado por la recurrente al juez mixto de Huamanga, cuando se cometió el delito de tráfico ilícito de drogas, el vehículo cuya incautación se cuestiona tenía registrado a un tercero como propietario, el cual, entre tanto se realizaba el proceso penal, a su vez, transfirió a favor de la recurrente la propiedad del vehículo7.

Este hecho y, particularmente, la inexistencia de una resolución judicial en la que se dilucide si el anterior propietario se encontraba (o no) comprendido en

7

Cf. documento obrante a fojas 10.

190

ANEXO

cualesquiera de los supuestos contemplados en el artículo 66 del Decreto Ley N° 22095, modificado por el artículo 6 del Decreto Ley N° 22926, impide que este Tribunal Constitucional pueda juzgar si la resolución cuestionada mediante el presente amparo afectó el contenido constitucionalmente declarado del derecho de propiedad, motivo por el cual, al desestimarse la pretensión, debe dejarse a salvo el derecho de la recurrente para que lo haga valer conforme a ley. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere. HA RESUELTO Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. Publíquese y notifíquese. SS. ALVA ORLANDINI; BARDELLI LARTIRIGOYEN; GONZALES OJEDA; GARCÍA TOMA; VERGARA GOTELLI; LANDA ARROYO

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STC Exp. N° 02494-2005-PA/TC Caso: Bladimiro Huarancca Ayrampo Asuntos abordados respecto al amparo contra resolución judicial: presupuestos de procedencia, agravio manifiesto y firmeza de la resolución cuestionada (firmeza material).

EXP. N° 2494-2005-PA/TC-LIMA BLADIMIRO HUARANCCA AYRAMPO SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2006, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de pleno jurisdiccional, con la asistencia de los señores magistrados García Toma, presidente; Gonzáles Ojeda, vicepresidente; Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Bladimiro Huarancca Ayrampo contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 58 del segundo cuaderno, su fecha 22 de setiembre de 2004, que declaró infundada la demanda de autos ANTECEDENTES Con fecha 6 de junio de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo contra el Sexto Juzgado Penal y la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cusco por considerar que la resolución de fecha 6 de diciembre de 2002, emitida en el proceso seguido por Leandro Páucar Tito contra Gumercinda Airampo, madre del recurrente, viola su derecho a la propiedad y a la tutela judicial efectiva, toda vez que dicha resolución declara el embargo sobre un inmueble que mediante proceso civil ha sido declarado de su propiedad. Sostiene que la referida resolución ha excedido las competencias legalmente asignadas a un juez penal, pues este, alegando su facultad de garantizar una adecuada indemnización a la víctima, ha terminado declarando la nulidad del anticipo de legítima que su progenitora le había otorgado, acto jurídico que había sido declarado válido por el juez civil, ya que en vista de que no se le permitió oponer su derecho de propiedad en el proceso penal se vio obligado a dilucidarlo en el fuero civil. Por ello, considera que el proceso penal no solo ha afectado su derecho de dominio (como consecuencia de la declaración de embargo definitivo sobre su inmueble) sino, además, su derecho fundamental de acceder a los tribunales, dado que en este proceso se le impidió oponer su derecho de propiedad; finalmente, sostiene que se ha violado el respeto de la cosa juzgada, puesto que el juez penal ha desconocido el criterio del civil que declara válidos los actos jurídicos de transferencia de propiedad que su madre realizó a su favor.

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La procuradora pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta la demanda alegando que la resolución cuestionada ha sido dictada por el juez competente y que emana, por tanto, de un procedimiento regular, razón por la cual considera que las actuaciones del demandante solo están dirigidas a enervar la validez y eficacia del embargo definitivo que ordena la referida resolución. Por su parte, el vocal de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Alcides Bisaga Zambrano, hace uso de su defensa directa y sostiene que la decisión adoptada por el juez penal de declarar la nulidad de los actos posteriores al hecho punible que disminuya el patrimonio del condenado, haciéndolo insuficiente para cubrir la reparación civil, es una decisión conforme al debido proceso, pues se encuentra amparada por el artículo 97 del Código Penal. A su turno, el vocal ponente del Sexto Juzgado Penal de Cusco, Andrés Quinte Villegas, contesta la demanda deduciendo la excepción de caducidad, sosteniendo que el plazo para la interposición de la demanda de amparo debe ser computado desde la resolución de fecha 25 de julio de 2002, emitida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Cusco, pues esta es la resolución firme, consentida y ejecutoriada que genera la presunta afectación constitucional. En ese sentido, considera que, habiendo transcurrido más de 60 días, desde el 25 de julio de 2002 hasta el 6 de junio de 2003, la demanda debe ser declarada improcedente. La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, con fecha 20 de enero de 2004, declara fundada, en parte la demanda y, en consecuencia, inaplicables las resoluciones de fecha 25 de julio de 2002 y 6 de diciembre de 2002. La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, por estimar que el proceso penal culminó con la sentencia condenatoria que contenía no solo la sanción penal, sino también la civil, y que ante el incumplimiento de esta última, simplemente se procedió a declarar el embargo definitivo del inmueble sublitis, razón por la cual no existe vulneración del derecho a la cosa juzgada, máxime si se tiene en cuenta que el demandante nunca llegó a ser parte del proceso penal. FUNDAMENTOS I. Delimitación del petitorio 1. El recurrente solicita la nulidad de las resoluciones producidas en etapa de ejecución de una sentencia penal, donde se había dispuesto el embargo de un inmueble para garantizar el pago de la reparación civil, que, según sostiene, no sería de propiedad de la persona condenada en el referido proceso penal sino de él. Manifiesta que en la medida en que la decisión afecta su derecho de propiedad (que además habría sido confirmada por las instancias judiciales respectivas que han dispuesto a su favor una tercería excluyente de propiedad para desafectar el bien que había sido embargado), se afecta también el principio constitucional de la cosa juzgada y las garantías del debido proceso, toda vez que un juez penal o una Sala no tendrían competencia para pronunciarse sobre la validez de un acto jurídico civil.

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2. De este modo el Tribunal considera que la cuestión de fondo que debe abordarse en el presente caso es si la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cusco [que en ejecución de sentencia del proceso N° 181-2002 dispuso, entre otras cosas, “(...) Nulos todos los actos posteriores al hecho punible, que disminuyen el patrimonio de los condenados, practicados por estos, entre ellos, el anticipo de legítima de fecha 6 de mayo de 1997, celebrado mediante escritura pública del inmueble urbano denominado Cebollapampa Chacatayoc, ubicado en la Urbanización de Ticatica del distrito y provincia del Cusco, otorgado por el sentenciado Rosendo Castro Salas y esposa, a favor de sus hijos Vladimiro Hurancca Ayrampo y Rosendo y Abel Castro Ayrampo (...)”] violó los derechos a la cosa juzgada, al debido proceso y el derecho de propiedad. II. El artículo 97 del Código Penal y su interpretación en el caso de autos 3. El respaldo normativo para declarar la nulidad de los actos de disposición posteriores al hecho punible se encuentra en el artículo 97 del Código Penal, que establece:

Artículo 97.- Protección de la reparación civil

Los actos practicados o las obligaciones adquiridas con posterioridad al hecho punible son nulos en cuanto disminuyan el patrimonio del condenado y lo hagan insuficiente para la reparación, sin perjuicio de los actos jurídicos celebrados de buena fe por terceros.

A partir de esta disposición, en el presente caso, la instancia penal correspondiente ha establecido, entre otras cosas: a) Que con fecha 6 de febrero de 1996 se dictó sentencia penal condenatoria que declara culpables del delito contra el patrimonio (estafa) a Rosendo Castro Salas y Gumercinda Ayrampo. b) Que en la referida sentencia se dispuso, además de la sanción penal, el pago de la reparación civil a favor del agraviado. c) Que, ante el incumplimiento de pagar el monto indemnizatorio establecido en la sentencia penal, la instancia penal procedió, en etapa de ejecución de sentencia, a trabar embargo en un bien inmueble de propiedad de los condenados. d) Que no obstante, con evidente intención de no acatar lo dispuesto en la sentencia penal, los condenados, con fecha 5 de mayo de 1997 –es decir, con posterioridad a la sentencia que los condenaba y que disponía el pago de la reparación civil–, han procedido a ceder la propiedad del bien embargado a favor de sus hijos en calidad de anticipo de legítima. e) Que, en consecuencia, la Sala Penal, mediante la resolución impugnada en esta vía, estableció que en la medida en que resultaba evidente la intención de burlar la decisión judicial que establecía el pago de un monto por concepto de reparación civil como consecuencia del delito cometido, que a la fecha y pese al tiempo transcurrido no había sido pagado por los responsables del delito

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ANEXO

cometido, no obstante existir decisiones judiciales que establecían una tercería de propiedad excluyente a favor de los recurrentes, sin embargo, dado que tales decisiones se basaban en un acto jurídico viciado de nulidad, como es el anticipo de legítima, también ellas resultaban nulas conforme lo establece precisamente el artículo 97 del Código Penal. 4. En este sentido, la instancia judicial que ahora resulta emplazada con la presente demanda, ha establecido que el acto jurídico que deviene en nulo no es precisamente una resolución judicial como sugiere el recurrente sino el acto jurídico privado y previo, esto es, el anticipo de legítima de fecha 6 de mayo de 1997, otorgado por Rosendo Castro Salas y Gumercinda Ayrampo Núñez a favor de Vladimiro Huarancca Ayrampo, Rosendo Castro Ayrampo y Abdel Castro Ayrampo, en la medida en que dicho acto fue posterior a la sentencia que les condena por el delito de estafa. En este sentido, el acto jurídico de disposición del bien aludido tendría como único propósito incumplir el mandato expreso de la sentencia penal que en la parte correspondiente dispuso el pago por concepto de reparación civil por parte de los condenados, hasta por la suma de 15 mil nuevos soles, monto que pese al tiempo transcurrido según se lee en la decisión de la Sala penal emplazada, no habría sido pagado. 5. Para este Tribunal el problema que subyace en el fondo de esta cuestión es entonces el incumplimiento, por parte de los condenados por el delito referido de lo dispuesto en una sentencia judicial firme y que se pretende dejar sin posibilidad de cumplimiento a través del anticipo de legítima.

Tal como lo ha reiterado este Tribunal (cfr. STC Exp. N° 4080-2004-AC/TC; STC Exp. N° 0015-2001-AI/TC), la ejecución de las sentencias en sus reales términos constituye hoy en día una suerte de “plebiscito abierto” sobre la viabilidad y práctica del Estado Constitucional. En este sentido, este Tribunal ha establecido que:

“(...) tras el reconocimiento del derecho a la ejecución de las sentencias no solo está el derecho subjetivo del vencedor en juicio, sino también una cuestión de capital importancia para la efectividad del Estado Democrático de Derecho (...) en la medida que cuando un Tribunal de justicia emite una resolución, y esta adquiere la condición de firme, con su cumplimiento no solo se resuelve un conflicto y se restablece la paz social, sino, además, en la garantía de su cumplimiento, se pone a prueba la sujeción de los ciudadanos y de los poderes públicos al ordenamiento jurídico” (STC Exp. N° 0015-2001-AI/TC, f. j. 13).

6. En este sentido, es precisamente el cumplimiento de una sentencia judicial previa, como la que estableció la responsabilidad penal de quienes luego cedieron en anticipo de legítima la propiedad de un bien inmueble, en evidente propósito de incumplir lo dispuesto en ella, lo que debe ser analizado en primer término en el presente caso. El derecho no es un “dado marcado” que puede ser utilizado ante la mirada atónita de los espectadores, que ven que el jugador más pícaro puede hacer de las suyas en la mesa sin que nadie pueda ponerlo al descubierto.

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7. Es verdad que en el presente caso un pulcro tecnicismo jurídico advertiría que el juez penal, al aplicar el artículo 97 del Código Penal, se ha excedido en sus potestades porque ha dispuesto en el fondo (aunque no de modo expreso, como ya lo hemos señalado) la anulación de decisiones judiciales que ya habían previamente cubierto, con un manto de legalidad, lo que a todas luces resultaba un evidente acto de mala fe para, precisamente, incumplir una sentencia penal que también tiene, no hay que olvidarlo, carácter de cosa juzgada y debe, por tanto, ser acatada sin diatribas.

¿Cuál es, pues, la sentencia que debe acatarse como válida? ¿La que convalida el fraude y la mala fe o la que, reprimiendo el delito, ordenó en su momento que los culpables paguen una reparación civil? ¿De qué lado debe colocarse este Colegiado al resolver este caso: del lado del fraude o del lado de la justicia que imploran quienes en su momento sufrieron el agravio del delito y ahora exigen que el derecho no les dé una vez más la espalda? Hay en este caso una evidente incoherencia moral en quienes vienen a esta instancia solicitando que se respete la “santidad” de una sentencia, cuando saben bien que antes ellos han incumplido y han utilizado el derecho para dejar desatendida una sentencia penal previa.

8. En la medida en que se trataba de atender el derecho constitucional a la ejecución de una sentencia que ha adquirido válidamente la condición de firme, este Tribunal considera que la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cusco, que mediante la resolución impugnada dispuso la nulidad de los actos posteriores a la condena, ha ejercido válidamente sus potestades de preservar la intangibilidad de lo decidido en la sentencia penal, pero, además, tal decisión resulta oportuna y eficaz para el fin perseguido, en la medida en que derivar la declaración de nulidad a un juez competente, vista la reticencia de los condenados, hubiera supuesto un mayor perjuicio para los agraviados con el delito, sobre todo si en el expediente penal se han reunido todos los supuestos y documentos para que dicha declaración proceda de oficio, conforme lo prevé, además, el artículo 220 del Código Civil, según el cual la nulidad declarada por ley (art. 219.7) “(...) Puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta”. 9. En el presente caso, la nulidad de los actos posteriores al hecho delictivo está sancionada en el artículo 97 del Código Penal, lo cual supone una declaración expresa por mandato, no del juez sino de la propia ley, potestad que ha sido ejercida de oficio por el juez penal, sin que ello pueda considerarse violatorio de algún derecho constitucional, como alega el recurrente. III. Los límites procesales al pronunciamiento sobre el fondo: la prescripción como presupuesto para una sentencia sobre el fondo 10. Hasta aquí la decisión que habría dado este Colegiado ingresando al fondo de la cuestión resulta obvia. Sin embargo, las instituciones procesales son también un límite para este Colegiado. Tal como lo estableciera Calamandrei:

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ANEXO

“(...) que para vencer una causa, no basta tener razón en el mérito; sino que es necesario también hacerla valer en los modos prescritos por el Derecho Procesal (...)”1. 11. Los presupuestos procesales constituyen en este sentido:

“(...) las condiciones que deben existir a fin de que pueda tenerse un pronunciamiento cualquiera, favorable o desfavorable, sobre la demanda, esto es, a fin de que se concrete el poder-deber del juez de proveer sobre el mérito: así, (...) los presupuestos procesales son requisitos atinentes a la constitución y al desarrollo de la relación procesal, independientemente del fundamento sustancial de la demanda”2.

12. En el ámbito de los procesos constitucionales, entre otros presupuestos procesales, se encuentra el que el plazo de prescripción establecido no haya vencido. Inicialmente, durante la vigencia de la Ley N° 23506, se consideró que el plazo para la interposición de la demanda era el de caducidad. Sin embargo, en la STC Exp. N° 1049-2003-AA/TC, este Tribunal interpretó que la denominación de la referida ley no era adecuada, estableciendo que la correcta interpretación consistía en considerarlo como un plazo de naturaleza prescriptiva, lo cual permitía dejar a salvo el derecho del demandante para que este pudiera hacerlo valer en un proceso ordinario. 13. Esta precisión contribuye, además, en la consolidación del actual rol subsidiario que el amparo tiene en nuestro ordenamiento, instituido por el Código Procesal Constitucional a través del inciso 2 de su artículo 5. Así pues, en el supuesto de que no existiese plazo alguno para la interposición de la demanda de amparo, ya sea de prescripción o de caducidad, el análisis para su procedencia tendría que hacerse solamente evaluando si existen, o no, otras vías igualmente satisfactorias; sin embargo, como existe un plazo establecido, es fácil imaginar el supuesto en que, a pesar de que la causa sea constitucionalmente amparable, no podrá ser vista en un proceso de amparo cuando el plazo haya vencido. 14. Ahora bien, como en nuestro ordenamiento el plazo es de prescripción y no de caducidad, la pretensión del recurrente no dejará de estar protegida y podría ser encauzada a un proceso ordinario. Con lo cual se puede afirmar válidamente que la existencia de un plazo de prescripción para la procedencia del amparo ayuda a “hacer más residual lo residual”. Ello es así toda vez que hay que desmitificar la idea de que los procesos constitucionales son los únicos procesos capaces de proteger los derechos constitucionales y/o fundamentales de las personas, ya que en el Estado Constitucional todo juez es, en principio, juez para la tutela de los derechos fundamentales.

CALAMANDREI, Piero. Instituciones del Derecho Procesal Civil según el nuevo Código. Vol. I, EJEA, Buenos Aires, 1962, p. 348. 2 Ibídem, p. 351. 1

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III.1. Situación actual del plazo de prescripción 15. A la luz de la práctica jurídica generalizada, es posible advertir que este es uno de los presupuestos procesales menos respetados por nuestros operadores jurídicos, en especial por los abogados, pues, en su afán por eludirlo, han llegado a hacer uso pernicioso de los medios impugnatorios que la ley prevé. Así, queda comprobado en nuestra realidad que se utiliza cualquier tipo de medio o impugnatorio con la finalidad de obtener hasta el último pronunciamiento judicial que permita contar, recién a partir de ese momento, el plazo para la interposición de la demanda. Esto ha generado –y sigue generando–, graves problemas a la administración de justicia y, en especial, a la constitucional, pues cuando los recurrentes advierten que no tienen más posibilidad de revertir el fallo de los jueces, acuden a la jurisdicción constitucional con la finalidad de que se revisen los criterios adoptados por los jueces ordinarios, intentando convertirla en una suprainstancia, posibilidad que ha sido reiteradamente negada por la jurisprudencia de este Colegiado. 16. A juicio de este Tribunal, una de las causas que producen la grave situación reseñada en el punto anterior se debe a que, en nuestro ordenamiento, no se tiene un concepto uniforme de lo que debe entenderse por resolución judicial firme. Así, es posible advertir que existen hasta dos tipos de conceptos: uno formal y otro material.

La concepción formal establece que la firmeza de una resolución se adquiere simplemente con el agotamiento de todos los recursos que la ley prevé para el cuestionamiento del acto con el cual se está en desacuerdo.

Por su parte, la concepción material complementa la postura anterior señalando que la calidad de firmeza de una resolución se adquiere cuando se han agotado todos lo medios impugnatorios legalmente previstos, pero siempre que estos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución que se impugna. Es decir, que si lo que se impugna es un auto y contra este se interpone un recurso de nulidad alegando causales imaginarias, el pronunciamiento denegatorio que el juez emita sobre dicho asunto no podrá entenderse como generador de la firmeza del referido auto, puesto que al no haber sido correctamente impugnado se debe entender que el plazo se cuenta desde que fue emitido, y no desde el pronunciamiento judicial que resuelve el supuesto “acto impugnatorio”. Entender lo contrario no hace más que contribuir a un uso negligente de las instituciones jurídicas.

17. El mismo sentido ha sido esbozado en el fundamento 1 de la STC Exp. N° 95982005-PHC/TC, caso Jaime Mur Campoverde: “(...) La resolución judicial se convierte en firme cuando ha sido impugnada y el superior jerárquico ha emitido decisión final confirmándola (ejecutoriada); también se convierte en firme cuando dicha resolución es consentida, es decir, cuando el justiciable presuntamente agraviado con ella no la impugna, significando esta conducta el reconocimiento de las bondades de tal decisión o cualquiera otra expresión de aceptación de la facultad

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ANEXO

jurisdiccional. Es menester considerar también que el sentido de ‘resolución judicial firme’ no puede medirse solo por la posibilidad legal del cuestionamiento directo e inmediato a través de remedios o recursos (impugnatorios) (...)”. IV. Análisis del caso concreto a) Alegaciones del demandante 18. El demandante solicita que se declare la nulidad de todo lo actuado a partir de la resolución de fecha 25 de julio de 2002, emitida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Considera que la referida Sala ha transgredido manifiestamente la tutela procesal efectiva. Para ello, el demandante utilizó los distintos medios impugnatorios que la ley establece, todo con la finalidad de revocar la decisión de la Sala Penal en cuanto ordena el embargo sobre el inmueble de su propiedad. Así, de autos se observa que el demandante, con fecha 17 de diciembre de 2002, interpuso recurso de nulidad contra la resolución de fecha 6 de diciembre del mismo año, el cual fue denegado. Luego, con fecha 31 de diciembre de 2002, presentó recurso de reposición contra la resolución denegatoria anteriormente señalada. Este recurso también le fue denegado. Posteriormente, el 16 de enero de 2003, la Sala Penal emitió el acta de embargo. De igual forma, contra dicho acto procesal interpuso recurso de apelación, el cual fue declarado improcedente mediante la resolución expedida el 6 de mayo de 2003. A partir de esta fecha el demandante computa el plazo para la interposición de su demanda. b) Alegaciones del demandado 19. El vocal ponente del Sexto Juzgado Penal de Cusco, Andrés Quinte Villegas, haciendo uso de su defensa directa, dedujo la excepción de caducidad, argumentando que el plazo para la interposición de la demanda de amparo debía ser computado desde la resolución de fecha 25 de julio de 2002, pues, a su juicio, esta era la resolución firme que generaba la pretendida afectación constitucional. En ese sentido, habiendo transcurrido más de 60 días, desde el 25 de julio de 2002 hasta el 6 de junio de 2003, fecha de interposición de la demanda, esta debe ser declarada improcedente conforme al artículo 37 de la Ley N° 23506. c) Consideraciones de la jurisdicción ordinaria 20. Con fecha 20 de diciembre de 2004, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco declara infundada la excepción de caducidad alegada por el vocal Andrés Quinte Villegas, sosteniendo que: “(...) el demandante no ha sido parte en el proceso penal en el que se dicta la resolución cuestionada. Como tal no fue notificado con la resolución de vista. En ese sentido, es lógico deducir la existencia de una imposibilidad jurídica para el ejercicio de la Acción de Amparo y por tanto declarar improcedente la caducidad deducida por el demandado”3. 3

Sentencia de la primera Sala Civil de Cusco, de fojas 322 del primer cuaderno.

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La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, al momento de resolver, no se pronunció sobre este extremo.

d) Consideraciones del Tribunal Constitucional 21. Este Colegiado advierte que, como lo ha expresado el vocal Andrés Quinte Villegas, la afectación del derecho constitucional alegado se produce con la resolución emitida el 25 de julio de 2002; sin embargo, la calidad de firme de dicha resolución se adquiere cuando se han agotado los medios impugnatorios capaces de revertir los efectos de la decisión judicial que se cuestiona. En el caso se observa que el recurrente, el 17 de diciembre de 2002, presentó un recurso de nulidad contra la resolución de embargo, de fecha 6 diciembre de 2002 (resolución que fue dictada conforme a la resolución generadora de la alegada afectación constitucional; es decir, la de fecha 25 de julio de 2002), el cual le fue denegado mediante resolución de fecha 19 de diciembre de 2002. 22. En consecuencia, a juicio de este Tribunal, es desde esa fecha que debe computarse el plazo para la interposición de la demanda, pues los recursos posteriores no hacen más que dilatar innecesariamente el proceso. Así pues el recurso de reposición que se presenta contra la resolución denegatoria del recurso de nulidad, no tiene posibilidad alguna de revertir los efectos de la decisión judicial cuestionada, ya que, en principio, la reposición solo procede contra decretos, es decir contra actos de mero trámite y no contra resoluciones decisiorias como es el caso de este auto denegatorio. 23. Por lo tanto, habiendo trascurrido más de 60 días desde la emisión de la resolución denegatoria del recurso de nulidad (19 de diciembre de 2002), hasta la fecha en que se interpuso la demanda (6 de junio de 2003), en aplicación del artículo 37 de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo, N° 23506, hoy regulado en el artículo 47 del Código Procesal Constitucional, se comprueba que el plazo para la interposición de la demanda ha vencido en exceso. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú. HA RESUELTO Declarar IMPROCEDENTE la demanda. Publíquese y notifíquese. SS. GARCÍA TOMA; GONZALES OJEDA; ALVA ORLANDINI; BARDELLI LARTIRIGOYEN; VERGARA GOTELLI; LANDA ARROYO

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STC Exp. N° 01209-2006-PA/TC Caso: Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C. Asuntos abordados respecto al amparo contra resolución judicial: firmeza de resolución judicial y posibilidad de cuestionar decisiones que resuelven medidas cautelares

EXP. N° 1209-2006-PA/TC-LIMA COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERÚ S.A.C. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 14 días del mes de marzo de 2006, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Gonzales Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular de los magistrados Alva Orlandini y Landa Arroyo y los fundamentos de voto de los magistrados Bardelli Lartirigoyen y Vergara Gotelli ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C., contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 105 del segundo cuaderno, su fecha 15 de diciembre de 2005, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos. ANTECEDENTES Con fecha 12 de julio de 2005, la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra los vocales de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y contra el juez del Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, solicitando se declare la nulidad de las resoluciones N° 8 de fecha 18 de mayo de 2005 y N° 1 de fecha 9 de diciembre de 2004, expedidas por los mencionados órganos, vulnerando su derecho al debido proceso, libertad de empresa, libertad de industria y libertad de contratación. Refiere que la empresa “Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A” (Backus), interpuso demanda en su contra ante el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima solicitando que: a) se declare a Backus propietaria de 88’330,000 envases de vidrio; b) se declare que Ambev no tiene derecho a utilizar sus envases, sin que medie una autorización; c) se ordene a las empresas García S.A., Distribuidora del Norte S.A.C, Central del Sur S.A y Europa S.A.C; a no entregar o disponer sus envases a personas ajenas; d) se declare que Indecopi no puede disponer la entrega de sus envases. Sostiene también que, con la finalidad de garantizar el resultado del proceso principal, la propia empresa Backus solicitó medida cautelar, la misma que fue concedida

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mediante resolución N° 1 de fecha 9 de diciembre de 2004, en la que se ordena que: a) Ambev se abstenga de tomar posesión por cualquier título de los envases de vidrio existentes en el mercado, en tanto no se resuelva de manera definitiva este proceso; b) se abstenga de introducir al mercado peruano, utilizar o envasar sus productos en botellas iguales a los envases de vidrio referidos, en tanto no se resuelva de manera definitiva este proceso; c) se ordene que Ambev se abstenga de intercambiar, por sí o por intermedio de terceros, botellas iguales a las descritas. Posteriormente, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante resolución N° 8 de fecha 18 de mayo de 2005, confirmó la apelada. Finalmente alega que, dichas resoluciones vulneran sus derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, en concreto su derecho a obtener una resolución fundada en derecho, así como la observancia de los principios de proporcionalidad y congruencia en el otorgamiento de la medida cautelar. Mediante resolución s/n de fecha 5 de setiembre de 2005, la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda, por considerar que solo procede demanda de amparo contra resoluciones judiciales emanadas de un proceso irregular, donde se verifica vulneración de la tutela procesal efectiva (que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso) y que lo que realmente se pretende cuestionar en el presente proceso es lo resuelto por las instancias ordinarias, pues se verifica que la pretensión es igual a la solicitada en el recurso de apelación contra la medida cautelar, la misma que fue desestimada en su oportunidad. Recurrida la sentencia, esta fue confirmada, básicamente porque a criterio de la Sala, solo procede la demanda de amparo contra resoluciones judiciales firmes y definitivas, no contra una medida cautelar que tiene por característica la provisionalidad y variabilidad a través del uso de medios impugnatorios, además de considerar que resultaría inconstitucional que el juez constitucional se inmiscuya en un proceso en trámite. FUNDAMENTOS §1. Delimitación del petitorio 1. Mediante el presente proceso, la compañía recurrente solicita que se deje sin efecto la Resolución N° 8 de fecha 18 de mayo de 2005 (Exp. N° 576-2005), mediante la cual la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, confirmó la Resolución de fecha 9 de diciembre de 2004, emitida por el Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Lima, mediante la que se concede una medida cautelar a favor de la empresa “Unión de Cervecerías Peruanas Backus & Johnston S.A.C.”. 2. En dicha medida cautelar, se ordena que la empresa recurrente se abstenga de:

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“(...) tomar posesión por cualquier título de los envases de vidrio de 620 mililitros de capacidad, color ámbar, de boca redonda y pico rasurado con ribete sobresaliente, cuello delgado que va ampliando hasta llegar a la parte cóncava, además del tronco cilíndrico con base redonda, que se encuentra signados con un símbolo consistente en un triángulo que lleva las iniciales

ANEXO

CFC a la altura del cuello de la botella, en tanto no se resuelva de manera definitiva este proceso; y finalmente se ordena que Ambev no intercambie, por sí o por intermedio de terceros (...) las referidas botellas ya identificadas previamente”. 3. En tal sentido, según refiere la empresa demandante, con la confirmación en segunda instancia de la medida cautelar se afectan sus derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva, a la libre contratación y la libertad de empresa, comercio e industria. De otro lado, según manifiesta, la medida cautelar ha sido dictada con manifiesto agravio no solo del derecho a la tutela procesal, en la medida que otorga más de lo solicitado en el proceso principal, sino que además, por esta misma razón, afecta también el derecho de propiedad de los usuarios o consumidores de cervezas que también son propietarios de envases, lo que habría sido reconocido por la propia empresa beneficiada con la medida cautelar. §2. Cuestiones procesales previas 6. (sic) Antes de avanzar sobre las cuestiones planteadas por la demandante, conviene detenerse en algunos aspectos procesales que han sido planteados en las instancias judiciales previas y que ameritan la consideración de este Colegiado. La primera de estas cuestiones se refiere a la posibilidad o no de un control constitucional de las resoluciones judiciales emitidas en el trámite de una medida cautelar; la segunda en cambio, está referida a la posibilidad procesal de emitir una sentencia sobre el fondo pese a que las dos instancias judiciales han rechazado de plano la demanda sin que se haya producido un emplazamiento pleno de la demanda. 2.1. Sobre el control constitucional de las medidas cautelares 7. Con relación a la primera cuestión, esto es, la posibilidad o no del control constitucional a través del proceso de amparo de lo resuelto en el trámite judicial de una medida cautelar, ambas instancias judiciales han tomado como argumento central de rechazo de la demanda, la consideración de que en el trámite de una medida cautelar no se estaría ante una resolución firme y definitiva, puesto que según sostienen, constituye una característica consustancial a toda medida cautelar, el que estas sean provisionales y, por tanto, variables en el tiempo. 8. En efecto, la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución de fecha 5 de setiembre de 2005, rechazó la demanda tras considerar fundamentalmente que:

“(...) las medidas cautelares son de tipo precautorio, preventivo, no son dictadas cuando el juzgador ha formado certeza, basta la probabilidad de que la pretensión sea amparada en la sentencia final, por tanto no tiene la característica de la inmutabilidad propia de las resoluciones firmes o definitivas” (f. j. 4).

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Ahondando en este argumento, la Sala ha precisado que:

“La condición de ‘firme’ de una resolución judicial prevista en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional no puede ser interpretado únicamente como las resoluciones contra las cuales no proceden otros medios impugnatorios que los ya resueltos, esto es como sinónimo de inimpugnable; sino debe ser entendido también en su atributo de inmutabilidad, característica que no se tiene en el presente caso” (f. j. 5).

9. En esta misma línea argumental, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, ha sostenido que:

“(...) el amparo no es procedente (sic) en contra de lo ordenado en una medida cautelar, pues por su propia naturaleza tal medida no es firme ni definitiva, por el contrario, la validez de lo ordenado vía medida cautelar, necesariamente estará supeditado al eventual cambio de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de sustento”1.

10. Este Colegiado no comparte el criterio propuesto por las instancias judiciales. Tal como ha sido sustentado por la parte demandante, una cosa es que una decisión tenga el carácter de firme porque es inatacable mediante los recursos procesales previstos, y otra que la misma sea inmutable o “inalterable” porque sea una decisión jurisdiccional definitiva. La confusión de conceptos lleva a las instancias judiciales a la errónea interpretación de que cuando estamos frente a decisiones producidas en el trámite de medidas cautelares, como estas no son “inmutables” (pues siempre existe la posibilidad de su variabilidad por tratarse de medidas provisionales), ergo no cabe su control a través del proceso de amparo, ya que conforme al artículo 4 del Código Procesal Constitucional, para que ello suceda debe tratarse de “resoluciones judiciales firmes”. La categoría de resolución firme, debe ser comprendida al margen del trámite integral del proceso, pues ello permite que incluso un auto, y no solo la sentencia que pone fin al proceso, puedan merecer control por parte del juez constitucional. La condición es, en todo caso, que su trámite autónomo (y la medida cautelar tiene una tramitación autónoma) haya generado una decisión firme, esto es, una situación procesal en la que ya no es posible hacer prosperar ningún otro recurso o remedio procesal que logre revertir la situación denunciada. 11. Entender en sentido contrario, como lo hacen las instancias judiciales, llevaría al absurdo de que por ejemplo, una medida cautelar como la detención preventiva en los procesos penales, no podría ser controlada por el juez constitucional a través del proceso de hábeas corpus o incluso, dependiendo de la naturaleza del agravio, a través de cualquier otro proceso constitucional que tenga por finalidad preservar el derecho en cuestión. No es pues la naturaleza provisional o transitoria del acto o resolución judicial lo que determina que prospere o no una garantía constitucional como es el amparo, sino en todo caso, la constatación de que se ha afectado 1

Resolución de fecha 15 de diciembre de 2005, f. j. 6, fojas 108 y ss. del cuaderno respectivo.

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de modo manifiesto alguno de los contenidos constitucionales protegidos a través de los procesos constitucionales, y que, el afectado con tales actos o resoluciones, haya agotado los medios procesales de defensa o impugnación, de modo que la decisión que viene al juez constitucional sea una que ha adquirido firmeza en su trámite procesal. 12. En el caso de las medidas cautelares, dicha firmeza se alcanza con la apelación y su confirmatoria por la Sala, con lo cual, una vez emitida la resolución de segunda instancia queda habilitada la vía del amparo si es que la violación o amenaza continúa vigente. De lo contrario, se estaría creando zonas de intangibilidad, que no pueden ser controladas hasta que concluya el proceso judicial principal. Se dejaría de este modo al arbitrio judicial sin ningún mecanismo de control a través de los procesos constitucionales. En este sentido, debe recordarse que la tutela cautelar si bien constituye un derecho para garantizar el cumplimiento de la sentencia que se dicte sobre el fondo, supone al mismo tiempo, un juzgamiento en base a probabilidades, por tanto, su potencial de constituirse en acto arbitrario es incluso mayor al de una sentencia que ha merecido una mayor cautela y conocimiento por parte del juez. En consecuencia, el pretender cerrar la posibilidad de su control jurisdiccional a través de los procesos constitucionales, resulta en este sentido manifiestamente incongruente con los postulados básicos del Estado Democrático de Derecho, entre estos, con el principio de interdicción de la arbitrariedad reconocido por nuestra propia jurisprudencia2. En este sentido, el Tribunal considera que el argumento utilizado por las instancias judiciales para rechazar la presente demanda, según el cual en el caso de autos no estamos ante una “resolución judicial firme”, debe ser rechazada debiendo proceder a analizar las cuestiones sobre el fondo. 2.2. Rechazo liminar y sentencia sobre el fondo 13. Una segunda cuestión que debe también ser analizada antes de ingresar al fondo de las cuestiones planteadas, es la referida al rechazo liminar que ha merecido la demanda de autos por las dos instancias judiciales previas. La cuestión que debe plantearse en este punto es si, pese a tal situación procesal, resulta válida la emisión de una sentencia sobre el fondo. Al respecto la posición jurisprudencial de este Tribunal ha sido uniforme, al considerar que la aplicación del segundo párrafo del artículo 20 del Código Procesal Constitucional, esto es, la anulación de todo lo actuado tras constatarse que se ha producido un indebido rechazo liminar de la demanda en las instancias judiciales, solo podría decretarse tratándose de la presencia irrefutable de un acto nulo; entendiéndolo como aquel:

“(...) que, habiendo comprometido seriamente derechos o principios constitucionales, no pueden ser reparados” (STC Exp. N° 0569-2003-AC/TC, f. j. 4).

2 Véase en este sentido nuestra sentencia en el Exp. N° 1803-2004-AA/TC, en especial su fundamento 14 donde el Tribunal establece: “(...) aunque no explícitamente, al reconocer la Constitución en su artículo 3, así como en el artículo 43, el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, ha incorporado el principio de interdicción o prohibición de todo poder ejercido en forma arbitraria e injusta y así ha puesto un límite infranqueable para todo poder público”.

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14. En este sentido y conforme hemos señalado recientemente en la sentencia del Exp. N° 4587-2004-AA/TC:

“(...) la declaración de invalidez de todo lo actuado solo resulta procedente en aquellos casos en los que el vicio procesal pudiera afectar derechos constitucionales de alguno de los sujetos que participan en el proceso. En particular, del emplazado con la demanda, cuya intervención y defensa pueda haber quedado frustrada como consecuencia precisamente del rechazo liminar” (f. j. 15).

15. En el caso de autos, tal afectación no se ha producido, en la medida que las partes involucradas, pese al rechazo liminar de la demanda por las dos instancias judiciales, no obstante han tomado conocimiento del trámite procesal de la demanda. En tal sentido, el procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, se ha apersonado y presentado sus alegatos e incluso la empresa Backus, que en estricto no era la parte emplazada con la presente demanda, ha presentado informes y escritos sustentando su posición3. De este modo, el Tribunal considera que si bien los jueces de las instancias precedentes debieron admitir la demanda, sin embargo al no hacerlo, no se ha generado un supuesto de nulidad que amerite retrotraer el estado del proceso a la etapa de su admisión, pues ello podría resultar más gravoso aún para la parte que ha venido solicitando tutela urgente para sus derechos a través del proceso de amparo. Esta postura encuentra fundamento además, en el hecho de que en el caso de autos; a) en primer lugar, se recogen todos los recaudos necesarios como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo; b) el rechazo liminar de la demanda no ha afectado el derecho de defensa de los emplazados, quienes fueron notificados, y si bien no participaron directamente, sí lo hicieron a través del procurador público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial; c) por último, no debe olvidarse que en el caso de autos se cuestiona una decisión cautelar, es decir, una decisión que ha sido adoptada con la inmediatez y urgencia propia de su naturaleza procesal y que viene surtiendo efectos desde su adopción, lo que requiere también una respuesta rápida que no convierta en irreparable la posible afectación si es que así se comprobara. 16. En consecuencia y, conforme a los principios que informan los procesos constitucionales, en particular, los principios de economía, informalidad, celeridad y el principio finalista, según el cual, las formalidades procesales están al servicio de los fines que se persigue con la instauración de los procesos constitucionales; este Tribunal considera que debe ingresar a analizar las pretensiones de fondo planteadas y emitir sentencia resolviendo el conflicto constitucional suscitado.

3 Así se constata en autos a fojas 229, 230, 231, 232 y 233, donde consta las notificaciones efectuadas a los magistrados emplazados; asimismo, a fojas 237, consta el apersonamiento del procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, Dr. Segundo Jesús Vitery Rodríguez. Por su parte, a fojas 76 del segundo cuaderno, consta la notificación que se hace a la Empresa Unión de Cervecería Peruana Backus y Johnston, y a fojas 80 del mismo cuaderno, consta el escrito de apersonamiento de la referida empresa, solicitando los recaudos del expediente. Finalmente, mediante escrito de fecha 20 de marzo de 2006, la misma empresa ha presentado sus alegatos ante este Tribunal, acompañando los dictámenes técnicos de los doctores, Jorge Avendaño y Francisco Eguiguren.

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§3. Sobre la presunta afectación del derecho a la libertad contractual 17. Ingresando a las cuestiones planteadas sobre el fondo, lo primero que debe analizarse, es el argumento sobre la supuesta afectación a la libertad de contratar de Ambev que supondría la medida cautelar otorgada por los jueces emplazados. Para sustentar este extremo de su pretensión, la empresa recurrente ha sostenido básicamente, que la prohibición de intercambiar los envases de cervezas objeto de la medida cautelar, afecta su relación contractual con sus clientes, puesto que según sostiene:

“En el sistema de intercambio imperante en el mercado cervecero peruano, el intercambio se produce entre productores y consumidores, de manera que cualquier productor de cerveza (como Ambev Perú) debe poder intercambiar sus botellas de cerveza (que no son las discutidas por Backus) con las que son de propiedad de los consumidores. Por ende, ese intercambio, en el que no participa de modo alguno Backus (ni ‘sus’ botellas), no puede ser legal ni judicialmente impedido”4.

18. Por su parte, Backus ha sostenido que la medida cautelar que les ha sido concedida, en ningún momento puede afectar el derecho de libertad de contratar de Ambev Perú, puesto que lo que en ella se ha dispuesto es la restricción del uso de las botellas de propiedad de Backus sin que medie autorización de parte de esta.

“(...) ello sin embargo no tiene ninguna relación con el derecho a la libre contratación que tiene Ambev para contratar libremente con los consumidores la venta de sus productos en sus propios envases”; así mismo ha sostenido que “Ambev no tiene ninguna limitación para producir y vender su cerveza en envases de su propiedad, e intercambiar los mismos con los consumidores (...)”5.

19. Este Colegiado encuentra que el amparo no es la vía adecuada para un pronunciamiento sobre el fondo de este extremo de la demanda, puesto que, (tal como ha sido presentado), un pronunciamiento sobre el derecho en cuestión, requeriría necesariamente la acreditación de la propiedad de las botellas como bienes fungibles, pero además, de la patente sobre las formas y demás derechos industriales que la misma involucra; del mismo modo, resulta indispensable la verificación de la forma en que opera el proceso de intercambio de botellas en el mercado cervecero peruano, cuestiones que no pueden ser debidamente contrastadas en esta vía, debido a la naturaleza sumaria del proceso de amparo y a la ausencia de una etapa probatoria en su interior. Como tantas veces ha afirmado este Colegiado, la tutela de derechos fundamentales mediante los procesos constitucionales requiere como supuestos de hecho, que la afectación o en su caso la amenaza sean irrefutables, de modo que su evidencia sea razonablemente precisa y clara para el juez constitucional, sin que pueda admitirse solicitudes de tutela cuando los presupuestos de los que parte (como en este caso la propiedad de las botellas), son todavía objeto de un proceso judicial en trámite. De otro modo, se estaría obligando a una

4 5

Escrito de demanda punto V.3. Escrito presentado ante el Tribunal Constitucional, punto 3.2.

207


actuación temeraria y riesgosa para los mimos derechos por parte de la justicia constitucional; máxime si se tiene en cuenta que, con relación a la propiedad de las botellas a que se refiere el presente amparo, existe pendiente ante la justicia ordinaria un proceso judicial en curso en cuyo marco se ha dictado precisamente la medida cautelar que motivó la presente demanda. §4. Sobre la afectación a las libertades de empresa, comercio e industria 4.1. ¿Puede afectarse la libertad de empresa, comercio e industria mediante una resolución judicial? 20. Antes de proceder a analizar si con la medida cautelar en cuestión se afecta alguno de los ámbitos constitucionalmente protegidos del derecho a la libertad de empresa, comercio e industria, conviene detenernos no obstante en un aspecto procesal que ha invocado Backus. En efecto, al responder este extremo de la demanda, la empresa Backus ha propuesto el argumento conforme al cual, el amparo contra resoluciones judiciales no podría prosperar si es que se alega la violación de derechos que no sean los expresamente reconocidos en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. En efecto, conforme ha sostenido la defensa de Backus al solicitar la improcedencia de este extremo de la demanda:

“(...) solo procede amparo contra resoluciones judiciales cuando estamos ante un supuesto de afectación a la tutela procesal efectiva. La vulneración de cualquier otro derecho constitucional no se encuentra protegida por el amparo contra resoluciones judiciales”.

Según su parecer, tal conclusión se desprendería de modo inequívoco de lo establecido en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional.

21. El referido artículo 4 del CPConst. establece en efecto, que tratándose del amparo contra resoluciones judiciales, este solo procede “respecto de resoluciones firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso”. A partir de este enunciado general puede establecerse prima facie, que la procedencia del amparo respecto de resoluciones judiciales, estaría condicionado, cuando menos, a los siguientes supuestos de hecho: a) Que la decisión judicial que se cuestiona sea una que tenga la condición de firme; b) que el agravio denunciado sea manifiesto, y que recaiga; c) en algún aspecto de la tutela procesal efectiva, que según el propio Código, comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Con más precisión aún, el mismo dispositivo legal intenta delimitar el contenido de lo que debe entenderse por tutela procesal efectiva para efectos de controlar la actividad judicial y su posible incidencia en la afectación de derechos fundamentales6. 6

Según el mismo artículo 4: “Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”.

208

ANEXO

22. De este modo, al delimitar el ámbito de control constitucional de las decisiones judiciales a los aspectos vinculados con la tutela procesal y el debido proceso, se ha intentado dar un contenido más específico a lo que hasta hace poco se identificaba como “proceso irregular” para, de este modo, admitir la procedencia del amparo contra decisiones judiciales asumiendo en este sentido una interpretación en sentido contrario a la dicción literal de lo que establecía el inciso 2) del artículo 6 de la derogada Ley N° 23506 y recogido ahora en el artículo 200, inciso 2 de la Constitución, conforme al cual el amparo “no procede (...) contra resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento regular”. 23. Como es sabido, hoy en día es pacífica tanto la doctrina como la propia jurisprudencia de este Tribunal al admitir el amparo contra decisiones judiciales. La cuestión que en todo caso, resta por definir y que aparece planteada en el presente caso, es si los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional, solo pueden afectar determinados derechos y no cualquiera como ocurre con cualquier otro funcionario, autoridad o incluso los particulares. Una interpretación aislada de lo que dispone hoy en día el artículo 4 del CPConst., pareciera en efecto, sugerir una respuesta restrictiva en el sentido anotado, generándose de este modo algunas incoherencias con el propio texto constitucional. 4.2. Los jueces como cualquier autoridad o funcionario pueden afectar cualquiera de los derechos constitucionales reconocidos 24. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, no solo porque se desprenden de un texto normativo que es norma fundamental, sino por su dimisión axiológica de unión inseparable a la dignidad humana, fundamento último del orden constitucional7. De este modo, aunque resulte obvio decirlo, también los jueces están sometidos en su actuación a los contenidos la Constitución. Ello supone desde luego, que todos los derechos fundamentales vinculan a los jueces y no solo los referidos a la tutela judicial efectiva como pareciera sugerir la lectura de los abogados de Backus con relación al artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Si todos los derechos fundamentales vinculan a los jueces como a todo poder público, entonces: ¿qué pasa si una decisión jurisdiccional se emite violando flagrantemente un derecho que no se encuentre en la lista enunciativa del artículo 4 del CPConst.? La repuesta a esta cuestión, supone indagar sobre el modelo de protección constitucional de los derechos fundamentales a través del proceso de amparo. 25. En efecto, el artículo 200, inciso 2 de la Constitución no hace diferencias entre los tipos de actos que pueden ser objeto de control mediante el proceso de amparo. Solo se refiere a que el proceso de amparo resulta procedente “contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución (...)”. De este modo, el amparo se constituye en una de las garantías jurisdiccionales de 7

Esta concepción de los derechos fundamentales ha sido constante en nuestra jurisprudencia, véase solo como referencia la STC Exp. N° 5854-2005-AA/TC, caso Lizana Puelles, ff. jj. 3 a 6.

209


protección de derechos fundamentales más amplia y complementaria de las demás que ofrece el sistema constitucional peruano (a saber, el hábeas corpus y el hábeas data). La extensión de tal protección no se agota ni siquiera en la enunciación textual de los derechos reconocidos en la propia Constitución, pues mediante la cláusula de expansión y desarrollo de los derechos fundamentales a que hace referencia el artículo 3 de la Constitución, el amparo es también la garantía por excelencia para proteger los ‘otros’ derechos ‘que se fundan en la dignidad del hombre, en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno’. Como anota Häberle, en el Estado Constitucional “¡No hay númerus clausus de las dimensiones de tutela y garantía de los derechos fundamentales, así como no hay númerus clausus de los peligros!8.

En esta misma dirección se ha pronunciado recientemente este Colegiado al sostener que:

“La tesis según la cual el amparo contra resoluciones judiciales procede únicamente por violación del derecho al debido proceso o a la tutela jurisdiccional, confirma la vinculatoriedad de dichos derechos en relación con los órganos que forman parte del Poder Judicial. Pero constituye una negación inaceptable en el marco de un Estado constitucional de derecho, sobre la vinculariedad de los ‘otros’ derechos fundamentales que no tengan la naturaleza de derechos fundamentales procesales, así como la exigencia de respeto, tutela y promoción ínsitos en cada uno de ellos.

En efecto, en el ejercicio de la función jurisdiccional, los jueces del Poder Judicial no solo tienen la obligación de cuidar porque se hayan respetado los derechos fundamentales en las relaciones jurídicas cuya controversia se haya sometido a su conocimiento, sino también la obligación –ellos mismos– de respetar y proteger todos los derechos fundamentales al dirimir tales conflictos y controversias” (STC Exp. N° 3179-2004-AA f. j. 18).

26. El Tribunal considera en este sentido, que la enunciación de una lista de derechos que el legislador ha establecido como atributos de la tutela procesal efectiva, para efectos de controlar la actuación de los jueces o incluso de los fiscales en el ámbito de sus respectivas competencias relacionadas con los procesos judiciales, no agota las posibilidades fácticas para el ejercicio de dicho control, ni tampoco quiere significar una lista cerrada de derechos vinculados a la cláusula general de la tutela procesal efectiva. Esto se desprende además de la propia lectura del artículo 4 del CPConst. que al referirse a la tutela procesal efectiva lo define como “aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos (…)”. Una lista enunciativa supone una referencia sobre los alcances de tal derecho, mas no debe interpretarse como una lista cerrada de posibles infracciones, puesto que no se trata de un código de prohibiciones sino de 8

HÄBERLE, P. La libertad fundamental en el Estado Constitucional. Fondo Editorial de la PUCP, Lima, 1997, p. 269.

210

ANEXO

posibilidades interpretativas para su mejor aplicación. Resulta por tanto razonable pensar que con tal enunciación no se está estableciendo la imposibilidad de que otros bienes constitucionales, y no solo la tutela procesal, puedan también resultar afectados mediante la actuación del poder jurisdiccional del Estado. 27. Establecido lo anterior, debe precisarse, sin embargo, que el amparo contra resoluciones judiciales no supone como tantas veces lo hemos afirmado, un mecanismo de revisión de la cuestión de fondo discutida en el proceso que lo origina, por lo que las violaciones a los derechos de las partes de un proceso deben expresarse con autonomía de dichas pretensiones. Es decir, debe tratarse de afectaciones del juez o Tribunal producidas en el marco de su actuación jurisdiccional que la Constitución les confiere y que distorsionan o desnaturalizan tales competencias al punto de volverlas contrarias a los derechos constitucionales reconocidos y por tanto inválidas. 4.3. El debido proceso como garantía no solo procedimental sino también sustancial de los derechos 28. Unido a las consideraciones precedentes, debe también tenerse en cuenta que la dimensión sustancial del debido proceso abre las puertas para un control no solo formal del proceso judicial sino que incide y controla también los contenidos de la decisión en el marco del Estado Constitucional. Es decir, la posibilidad de la corrección no solo formal de la decisión judicial, sino también la razonabilidad y proporcionalidad con que debe actuar todo juez en el marco de la Constitución y las leyes. Como lo ha precisado la Corte Constitucional colombiana en criterio que en este extremo suscribimos:

“El derecho al debido proceso es un derecho fundamental constitucional, instituido para proteger a los ciudadanos contra los abusos y desviaciones de las autoridades, originadas no solo en las actuaciones procesales sino de las decisiones que adoptan y pueda afectar injustamente los derechos e intereses legítimos de aquellos”9.

29. Por nuestra parte, hemos expresado que a partir del debido proceso también es posible un control que no es solo procesal o formal, sino también material o sustancial, respecto de la actuación jurisdiccional vinculado esta vez con la proporcionalidad y razonabilidad de las decisiones que emite en el marco de sus potestades y competencias10. En este sentido hemos establecido que:

9 10

“(...) el debido proceso no es solo un derecho de connotación procesal, que se traduce (...) en el respeto de determinados atributos, sino también una institución compleja, que no alude solo a un proceso intrínsecamente correcto y leal, justo sobre el plano de las modalidades de su tránsito, sino también

Sentencia de la Corte Colombiana T-751A de 1999, citado por Carlos Bernal Pulido en El derecho de los derechos. Universidad Externado de Colombia, 2005, p. 338. Véase en este sentido, entre otras el Exp. N° 080-2003-HC/TC (f. j. 1).

211


como un proceso capaz de consentir la consecución de resultados esperados, en el sentido de oportunidad y de eficacia”11. 30. El debido proceso en su dimensión sustancial quiere significar un mecanismo de control sobre las propias decisiones y sus efectos, cuando a partir de dichas actuaciones o decisiones se afecta de modo manifiesto y grave cualquier derecho fundamental (y no solo los establecidos en el artículo 4 del CPConst.). No se trata desde luego que la justicia constitucional asuma el papel de revisión de todo cuanto haya sido resuelto por la justicia ordinaria a través de estos mecanismos, pero tampoco de crear zonas de intangibilidad para que la arbitrariedad o la injusticia puedan prosperar cubiertas con algún manto de justicia procedimental o formal. En otras palabras, en el Estado Constitucional, lo “debido” no solo está referido al cómo se ha de actuar sino también a qué contenidos son admitidos como válidos. Tal como refiere Bernal Pulido12, el Estado Constitucional bien puede ser definido en su dimensión objetiva como un “conjunto de procesos debidos” que vinculan la actuación de los poderes públicos a los principios, valores y reglas del Estado democrático. 31. De este modo, también a partir de la dimensión sustancial del debido proceso, cualquier decisión judicial puede ser evaluada por el juez constitucional no solo con relación a los derechos enunciativamente señalados en el artículo 4 del CPConst. sino a partir de la posible afectación que supongan en la esfera de los derechos constitucionales. En consecuencia, el argumento de Backus, en el sentido de que el derecho a la libertad de empresa, comercio e industria no deben merecer análisis por este Colegiado al no tratarse de derechos incluidos en el ámbito de la tutela procesal efectiva, carece de sustento y, en consecuencia, se debe proseguir a su análisis. 4.4. Evaluación del derecho invocado y su supuesta afectación 32. Esclarecida la posibilidad de que mediante una decisión judicial también es factible la afectación de cualquiera de los derechos constitucionalmente reconocidos o incluso aquellos que no tienen reconocimiento expreso conforme lo estable el artículo 3 de la Constitución; debemos ahora analizar, si en el caso de autos, la resolución cuestionada vulnera el derecho a la libertad de empresa, industria y comercio. Conforme ha sostenido la empresa recurrente:

11 12 13

“La afectación provocada por la resolución judicial que motiva esta demanda tiene un innegable ‘efecto cascada’ pues, el agravio al derecho a la tutela procesal efectiva de Ambev Perú produce, como efecto directo, una afectación de nuestro derecho a la libre contratación con los consumidores. A su vez, dicha afectación a la libre contratación ha traído como consecuencia la afectación de nuestro derecho a la libertad de empresa, comercio e industria, garantizado expresamente por la Constitución (...)”13.

Exp. N° 0258-2003-HC/TC, (f. j. 1). BERNAL PULIDO Carlos. Ob. cit., p. 335. Escrito de demanda, punto V.4.

212

ANEXO

a) En este sentido y conforme ha expuesto la empresa recurrente en su recurso de agravio:

“La afectación a nuestras libertades de empresa, comercio e industria también es manifiesta, pues la resolución judicial mencionada, al impedirnos realizar los contratos antes aludidos, restringe arbitrariamente el ejercicio de nuestras legítimas actividades empresariales”.

33. Por su parte, la empresa Backus, mediante escrito presentado ante este Tribunal, ha refutado este argumento señalando que:

“Dicha afirmación queda totalmente desvirtuada ya que Ambev puede comercializar su cerveza con el público consumidor utilizando sus propios envases, mas no los envases de Backus ya que son de nuestra propiedad”.

En el mismo sentido, con relación al derecho de libertad de empresa y de industria, ha sostenido que:

“Ambev no ha tenido ninguna limitación para elegir el sector industrial en el cual desea participar en el Perú ni para obrar en él”, prueba de ello, según sostiene, es que la empresa recurrente, “está debidamente constituida (...), tiene una planta de producción y comercializa su cerveza en envases de su propiedad sin ningún inconveniente”.

34. El artículo 59 de la Constitución reconoce el derecho a la libertad de empresa, comercio e industria al establecer que: “el Estado garantiza (...) la libertad de empresa, comercio e industria”. Se trata de este modo de garantizar las libertades económicas en el marco de los demás derechos individuales y colectivos que la propia Constitución también proclama y garantiza. Por tanto, no se trata de libertades y garantías sin límites, sino que su delimitación constitucional requiere permanentemente de un armonioso balance a efectos de preservar otros bienes y valores igualmente valiosos para la sociedad. Como anota Häberle:

“El mercado en el Estado Constitucional, es –como toda la vida social– estructurado, funcionalizado y disciplinado normativamente, esto es, constituido”.

35. Por tanto la libertad de empresa que se proclama en la Constitución no es una libertad del mercado “de naturaleza”, sino una libertad dentro del pacto constitucional, sometido a los acondicionamientos de la vida cultural y social de la nación. Solo a partir de esta constatación de la realidad normativa del mercado es que se puede concluir con Häberle, en sentido de que:

“El Estado constitucional coloca al mercado a su servicio, como un sustrato material irrenunciable de sus fines ideales, orientados a favor de la dignidad del hombre y de la democracia”14.

14 HÄBERLE, Peter. “Incursos. Perspectiva de una doctrina constitucional del mercado: siete tesis de trabajo”. En: Pensamiento Constitucional. N° 4, Año IV, PUCP, Lima, 1997.

213


36. En consecuencia, una concepción integral de las cláusulas de la libertad de mercado, no puede extraerse solo a partir de la lectura aislada del Título III de la Constitución que se refiere al régimen económico, si no que resulta necesario un contraste permanente de estos postulados con los valores y principios que se desprenden de la cláusula de fundación de la sociedad constituida y contenida en el artículo 1 del Título I de la Constitución según la cual:

“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.

37. Conforme ha precisado este Colegiado, con relación a la libertad de empresa, este derecho protege por lo menos cuatro ámbitos bien delimitados de las libertades económicas, que suponen al propio tiempo, los contextos en que el Estado debe garantizar su actuación sin interferencias que no sean razonables constitucionalmente. Las libertades que comprende la libertad de empresa son en este sentido; 1) libertad para crear una empresa y acceder al mercado en condiciones de igualdad; 2) libertad para determinar el objeto, determinar el nombre, domicilio y establecer el gobierno interno de la empresa; 3) libertad para competir en igualdad de condiciones en el mercado; y finalmente 4) libertad de salida del mercado o de cambio de giro de la actividad15. 38. En estrecha relación con lo anterior, también hemos identificado a las libertades de industria y comercio. Así hemos establecido que mientras la libertad de comercio:

“(...) consiste en la facultad de elegir la organización y llevar a cabo una actividad ligada al intercambio de mercaderías o servicios, para satisfacer la demanda de los consumidores o usuarios. (...), la libertad de industria se manifiesta en la facultad de elegir y obrar, según propia determinación, en el ámbito de la actividad económica cuyo objeto es la realización de un conjunto de operaciones para la obtención y/o transformación de uno o varios productos” 16.

39. En el caso de autos, la empresa recurrente cuestiona que una decisión judicial, adoptada provisionalmente en el marco de un proceso cautelar, interfiera en el ejercicio de su libertad de empresa, comercio e industria. Este Colegiado encuentra que tal situación no se corrobora con lo que consta en autos, pues admitir que el dictado de una medida cautelar resulta per se limitativa de las libertades económicas aludidas, llevaría al absurdo de que ninguna empresa podría ser objeto de tales medidas jurisdiccionales, puesto que toda medida cautelar supone siempre una cierta limitación de algún derecho, en la medida que busca garantizar otros que están también en juego. 40. Conforme ha quedado acreditado en autos, la empresa recurrente sigue desarrollando sus actividades y ejerce sin mayor limitación las libertades económicas 15 Cfr. la STC N° 3330-2004-AA/TC, f. j. 13. 16 Ídem.

214

ANEXO

que la Constitución le garantiza, tampoco ha demostrado perturbación alguna a sus libertades de elección del giro o actividad, tampoco se le ha restringido el acceso y permanencia en el mercado, toda vez que sus productos no han tenido restricción para competir libremente en el mercado cervecero peruano. En todo caso, la única restricción que ha motivado este proceso se ha producido en el ámbito de un proceso judicial y con relación al uso de determinado tipo de envases, lo cual no afecta el ámbito constitucionalmente protegido de las libertades de empresa, comercio e industria. Ello se corrobora, además, con facilidad tras constatar la presencia de los productos de AmbevPeru en el mercado peruano. En consecuencia este Colegiado considera que en el caso de autos, no se ha afectado el contenido constitucionalmente protegido de las libertades de empresa, comercio e industria de la recurrente. §5. Sobre la invocación de los derechos de los usuarios y la falta de congruencia de la medida cautelar 41. La última cuestión que debe analizar este Tribunal en el presente caso, está referida a la supuesta arbitrariedad y exceso en que habría incurrido el juez que concedió la medida cautelar, así como la Sala que confirmó dicha decisión, toda vez que la misma sería incongruente y, por tanto, inadecuada, con relación a la pretensión principal que tiene como objetivo asegurar. En este sentido, la empresa recurrente ha sostenido en primer término, que la medida afecta el derecho de propiedad de los usuarios y consumidores de cervezas, y en segundo lugar, sería también incongruente desde una perspectiva procesal. Con relación al primer extremo, esto es, la afectación de los derechos de propiedad de los consumidores y usuarios ha sostenido que:

“(...) si en el mercado existe un número mucho mayor de botellas de cerveza que el referido por Backus en la demanda a que hacemos referencia, es innegable que los efectos de tal proceso no pueden hacerse extensivos a dicho ‘excedente’, por tratarse de bienes claramente pertenecientes a terceras personas, es decir, a los consumidores. Sin embargo el actuar de los jueces demandados está permitiendo, indebidamente, lo contrario”17.

Con relación a la falta de congruencia entre la medida cautelar otorgada y las pretensiones postuladas en su demanda principal, ha sostenido que tal situación:

“(...) ha afectado el presupuesto de adecuación y, con ello, se ha afectado el derecho de Ambev de recibir una resolución fundada en derecho. En otras palabras se ha violado flagrantemente su derecho a un debido proceso”18.

De este modo, la actora considera que la medida cautelar otorgada por el Poder Judicial:

17 18

Escrito de demanda punto 3 (fundamentos de hecho). Escrito de fecha 21 de marzo de 2006, presentado ante este Tribunal.

215


“(...) excede larga, abusiva y arbitrariamente el numero de botellas señalado por Backus como de ‘su propiedad’, afectando severamente la validez de la resolución cautelar mencionada”.

42. Por su parte Backus ha respondido este extremo de los argumentos sosteniendo, con relación a la falta de congruencia en la medida cautelar otorgada y lo solicitado en el proceso principal, que la apreciación de la recurrente no es correcta, puesto que:

“(...) olvida señalar (...) que asimismo hemos solicitado que se declare que Ambev no tiene derecho a utilizar nuestros envases para la producción o comercialización de su cerveza, sin nuestro consentimiento”.

43. Con relación a la afectación de los derechos de propiedad de los usuarios y consumidores, ha sostenido básicamente que si bien:

“(...) dentro de la cadena de distribución es posible que algunos de nuestros envases hayan sido transferidos a consumidores finales (...)”.

Sin embargo en este extremo, ha cuestionado la legitimidad para representar dichos intereses por parte de Ambev, puesto que:

“(...) si aceptamos la tesis esgrimida por Ambev de que los consumidores finales son los afectados con la medida cautelar concedida a nuestro favor, entonces estaríamos ante un claro supuesto de improcedencia de la demanda por carecer de manera manifiesta de legitimidad para obrar, ya que en dicho supuesto serían los supuestos afectados, es decir los consumidores finales, los legitimados a iniciar el presente proceso de amparo y no Ambev”19.

44. De este modo, la cuestiones que en este punto deben ser analizadas por este Colegiado son las siguientes: b) Si se afecta los derechos de los consumidores y usuarios de cervezas al restringir el intercambio de los envases que son de su propiedad. c) Si la falta de congruencia entre el proceso principal y la medida cautelar concedida existe y si tal incongruencia afecta algún derecho fundamental de la recurrente. d) Finalmente, si la decisión judicial puede ser analizada a través del test de proporcionalidad a efectos de controlar la arbitrariedad judicial en que habría incurrido el Poder Judicial al otorgar la medida cautelar bajo análisis. 5.1. Sobre los derechos de los usuarios y consumidores de cervezas que son propietarios de los envases 45. Tal como se aprecia del tenor de la medida cautelar concedida, esta no ha precisado el ámbito o extensión de los envases afectados con dicha medida, toda vez que en el mercado existe en circulación, no solo botellas de la empresa que solicita la 19

Escrito presentado con fecha 20 de marzo ante este Tribunal, Puntos 3.1.a)

216

ANEXO

medida (Backus), sino también de los usuarios y de la propia empresa recurrente tal como se acredita en autos a fojas 114 a 119 del primer cuaderno. Como se aprecia de uno de los extremos de la medida cautelar, en ella sin precisar la extensión de la restricción, se ordena que Ambev Perú:

“(...) no intercambie, por sí o por intermedio de terceros, botellas iguales a los envases de vidrio de 620 ml. de capacidad color ámbar de boca redonda y pico rasurado con ribete sobresaliente, cuello delgado que se va ampliando hasta llegar a la parte cóncava, además del tronco cilíndrico con base redonda, que se encuentran signados con un símbolo consistente en un triángulo que lleva las iniciales CFC a la altura del cuello de la botella, en tanto no se resuelva de manera definitiva este proceso”.

46. Conforme se acredita en autos, sin que haya sido desvirtuado por Backus, en el mercado cervecero peruano, existe una cantidad importante de botellas de las mismas características que han suscitado el presente proceso y que no corresponden a ninguna de las empresas que comparecen en el presente proceso. Esas botellas son de los consumidores. Mientras que la recurrente ha afirmado que su número alcanza aproximadamente unos 50 millones de botellas, Backus, sin negar esta afirmación, se ha limitado a aceptar que tal hecho se ha producido “por desconocer que los mismos habían sido entregados en calidad de comodato”20. Esto pone de manifiesto, de modo preliminar, que la decisión del poder judicial al momento de confirmar la medida cautelar otorgada en primera instancia, resulta cuando menos, poco diligente puesto que en los términos en que ha sido otorgada dicha medida, ha terminado por restringir también la posibilidad de intercambio de las botellas que los usuarios o distribuidores de cervezas podrían concertar con Ambev, sin que ello ponga en riesgo la propiedad de las botellas de Backus que se encuentran debidamente identificadas en cuanto al número. 47. Dicho esto, de inmediato debe también quedar establecido, que se trata de derechos potenciales o probables que no han sido debidamente acreditados en el trámite del presente proceso, por lo que el amparo no resulta ser la vía adecuada para pronunciarse en abstracto sobre una afectación o peligro de afectación de los derechos de propiedad de los usuarios o consumidores de cervezas, o incluso de algún eventual distribuidor que haya obtenido envases y desee intercambiarlo con botellas con contenidos de cervezas de propiedad de Ambev Perú. A ello debe añadirse el hecho que los titulares de dichos envases no han expuesto un interés actual y legítimo en la presente causa, requisito indispensable para otorgar tutela de un derecho a través del proceso de amparo. 48. El Proceso de amparo no es pues un remedio procesal donde sea posible la apreciación en abstracto de las medidas y sus posibilidades de restricción como ocurre con el juicio de constitucionalidad de la ley por ejemplo. Este extremo en todo caso será materia de pronunciamiento in extenso por parte de este Colegiado en el expediente N°........ (sic) donde debemos afrontar de modo directo los derechos 20

Página 20 del escrito presentado por Backus ante este Tribunal.

217


de los usuarios y consumidores con relación a la medida cautelar en cuestión. Ello sin embargo, no constituye impedimento para que este Tribunal, valore este hecho al momento de analizar otro aspecto que en este punto resultará determinante. Nos referimos en seguida a la falta de congruencia de la medida cautelar y su incidencia en la violación del principio de proporcionalidad. 5.2. Falta de congruencia entre el proceso principal y aplicación del principio de proporcionalidad para solucionar el presente caso 49. Quizá el argumento más relevante que ha presentado la empresa recurrente para cuestionar la decisión cautelar en su contra, lo constituye la afirmación según la cual esta resulta incongruente con la finalidad que persigue en el proceso principal. De este modo, tal como han sido planteados los argumentos, mientras que Ambev Perú sostiene que existe incongruencia entre lo solicitado en el proceso principal (demanda declarativa de propiedad) y lo concedido en la medida cautelar, Backus sostiene que lo concedido por el juez se ajusta perfectamente a lo solicitado en el proceso principal, toda vez que también habrían solicitado:

“(...) que se declare que Ambev no tiene derecho a utilizar nuestros envases para la producción o comercialización de su cerveza, sin nuestro consentimiento”21.

Esta aparente contradicción podría sin embargo ser fácilmente solucionada leyendo los petitorios concretos de la demanda en el proceso principal y luego contrastándola con los términos en que ha sido otorgada la medida. Sin embargo, este camino parece demasiado obvio y sencillo para evaluar lo que en realidad se cobija detrás de este argumento de la parte demandante.

50. En efecto, de una lectura literal de la pretensión planteada por Backus en el proceso principal, se desprende que mediante el proceso en referencia se solicita básicamente lo siguiente: a) Se declare a Backus propietaria de 88’330,000.00 de envases con las características ya aludidas. b) Se declare que Ambev no tiene derecho a utilizar dichos envases (“nuestros envases” se lee en la precisión del petitorio) (resaltado nuestro). c) Se ordene a las empresas, Distribuidora García S.A.C, San Ignacio S.A., Distribuidora Central del Norte S.A.C, Central del Sur S.A., y Europa S.A.C a no entregar o disponer la entrega de los envases en cuestión a personas agenas a Backus sin autorización voluntaria de nuestra empresa, en particular a Ambev (resaltado nuestro). d) Se declare que Indecopi no puede disponer la entrega de los envases de Backus a terceras personas, en especial a Ambev Perú (resaltado nuestro).

21

Página 19 del escrito presentado ante este Tribunal.

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ANEXO

51. De la lista de pretensiones planteadas aparece con claridad que el propósito de Backus es preservar la propiedad de las 88’330,000.00 envases que reclama judicialmente, a efectos de que los mimos no vayan a caer en alguna red de distribución de AmvebPerú. En tal sentido, tal como se aprecia, no se cuestiona el que Ambev compre envases de las mismas características a las que son materia de conflicto, como en efecto parece haberlo hecho conforme se acredita con las facturas que se adjuntan en autos, y tampoco solicita que los usuarios o demás distribuidores no comprendidos en la lista de su tercera pretensión principal, o aquellas que en el futuro pudieran constituirse con dicho objeto, puedan llegar a un acuerdo comercial de intercambio de botellas con las botellas de propiedad de AmvebPerú. 52. Todas estas posibilidades no advertidas por el juez al momento de conceder la medida cautelar a favor de Backus, ponen de manifiesto la necesidad de ingresar a una análisis más estricto sobre las potestades cautelares y la posibilidad de afectación del principio de proporcionalidad a que está sujeto, en última instancia, todo poder en el Estado Democrático. De este modo, el Tribunal considera que no es la congruencia procesal, que no siempre alcanza relevancia constitucional, la que debe analizarse en el caso de autos, sino la posibilidad de que la medida cautelar dictada haya violado el principio de proporcionalidad y, en consecuencia, devenga en una decisión contraria a la Constitución por desproporcionada y por que además, una decisión judicial con tales características viola el principio de tutela jurisdiccional previsto en el artículo 139.3 de la Constitución. 5.3. Principio de proporcionalidad y control de las decisiones judiciales 53. El principio de proporcionalidad ha sido utilizado por este Tribunal en varias ocasiones, para controlar los límites constitucionalmente permitidos en la intervención de los derechos fundamentales por parte del legislador22 (en el control de la constitucionalidad de la ley), o de la Administración23 (para el caso del control de los actos y decisiones reglamentarias). Con relación a su imbricación constitucional, hemos sostenido que:

En tal sentido este Colegiado ha señalado que:

22 23 24

“Los principios de razonabilidad y proporcionalidad, previstos en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución son pues el parámetro de determinación de validez de los actos (normativos y no normativos) que establezcan límites a los derechos fundamentales”24. “Por virtud del principio de razonabilidad se exige que la medida restrictiva se justifique en la necesidad de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. Es la protección de fines constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una intervención estatal en el seno de los

STC Exp. N° 045-2004-AI/TC. STC Exp. N° 1803-2004-AA/TC. STC Exp. N° 4677-2004-PA/TC, f. j. 26.

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derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la restricción de un derecho fundamental satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta persiga garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional”25. 54. En la medida que las decisiones judiciales tienen una permanente incidencia sobre los derechos fundamentales, la invocación del principio de proporcionalidad resulta plenamente válida también tratándose del control de este tipo de decisiones. El presupuesto para su aplicación es siempre la presencia de dos principios constitucionales en conflicto y una decisión que afecta alguno de estos principios o bienes constitucionales. De este modo, la aplicación del principio de proporcionalidad debe suministrar elementos para determinar si la intervención en uno de los principios o derechos en cuestión, es proporcional al grado de satisfacción que se obtiene a favor del principio o valor favorecido con la intervención o restricción. El test está compuesto por tres subprincipios: idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. 55. En cuando al procedimiento que debe seguirse en la aplicación del test de proporcionalidad, hemos sugerido que la decisión que afecta un derecho fundamental debe ser sometida, en primer término, a un juicio de idoneidad o adecuación, esto es, si la restricción en el derecho resulta pertinente o adecuada al fin propuesto; en segundo lugar, superado este primer análisis, el siguiente paso consiste en analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad; esto supone como hemos señalado, verificar “si existen medios alternativos al optado”, en este caso por el juez, que es quien ha tomado la medida. Se trata del análisis de relación medio-medio, esto es, de una comparación entre medios; el medio elegido por quien está interviniendo en la esfera de un derecho fundamental y él o los hipotéticos medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Finalmente, en un tercer momento y siempre que la medida haya superado con éxito los test o pasos previos, debe proseguirse con el análisis de la ponderación entre principios constitucionales en conflicto. Aquí rige la ley de la ponderación, según la cual “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”26. 5.4. Aplicación del test de proporcionalidad al caso de autos 56. En el caso de autos, la adopción de una medida cautelar tiene como finalidad el preservar el resultado de un proceso al que se denomina proceso principal. En tal sentido, se trata de una finalidad legítima desde el punto de vista constitucional. De otro lado, al margen de que supra se haya establecido que en el caso no puede establecerse un pronunciamiento a favor del derecho de propiedad de los consumidores y usuarios de los embaces que también han resultado afectados con la medida; en este punto, este Tribunal no puede ser ajeno al hecho, además admitido por ambas partes, que existen en el mercado más botellas de las que se señalan en la pretensión postulada por Backus en el proceso principal. Esto es, existen 25 26

STC Exp. N° 2235-2004-AA/TC, f. j. 6, segundo párrafo. STC Exp. N° 045-2004-AI/TC, f. j. 39.

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ANEXO

otros embaces de botellas con las mismas características a las señaladas por Backus que también están siendo afectadas y que no son propiedad de Ambev. En consecuencia, se trata de establecer mediante el test de proporcionalidad, si la intervención en el derecho de propiedad, cuya titularidad si bien no puede ser establecida mediante este proceso; sin embargo, resulta razonable atendiendo a los fines de dicha intervención.

Establecida la legitimidad constitucional de la intervención (asegurar los resultados del proceso principal), así como los derechos que están siendo afectados con la medida (propiedad y tutela jurisdiccional), este Tribunal considera pertinente someter dicha medida al test de proporcionalidad en los términos y procedimiento anunciados supra. En primer término, con relación a la idoneidad o adecuación, una medida cautelar es por naturaleza una medida procesal adecuada para lograr garantizar el cumplimiento de una sentencia. El proceso judicial, en cuanto instrumento para la realización de la justicia, tiene de este modo en las medidas cautelares una valiosa herramienta al que no puede renunciar. Se trata como anotaba Chiovenda de garantizar que “la necesidad de servirse del proceso para obtener la razón no se vuelva en contra de quien tiene la razón”27, o como lo ha señalado más recientemente el Tribunal Constitucional español, las medidas cautelares:

“(...) responden a la necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano jurisdiccional: esto es, de evitar que un posible fallo favorable a la pretensión deducida quede (...) desprovisto de eficacia por la conservación o consolidación irreversible de situaciones contrarias al derecho o interés reconocido por el órgano jurisdiccional en su momento”28.

57. De este modo, “los instrumentos del instrumento” como ha denominado en célebre frase Calamandrei29 refiriéndose a las medidas cautelares, gozan hoy en día no solo de regulación procesal y consenso en la doctrina como un medio indispensable para compensar los estragos que puede generar, ya sea el transcurso del tiempo en los procesos judiciales, o la propia conducta procesal de las partes destinadas a dejar en la total ineficacia la decisión final en un proceso; sino que tras la constitucionalización de los derechos de justicia y en particular a partir de la relevancia constitucional de la tutela judicial efectiva, las medidas cautelares deben ser consideradas auténticas garantías constitucionales al servicio de la efectividad del proceso y la justicia. 58. No es este el lugar para detenerse a desarrollar los alcances del derecho a la tutela cautelar y su dimensión constitucional, baste decir en todo caso, que se trata de una garantía para la efectividad de la justicia y que tiene como sus titulares a quienes pueden constituirse en parte en un proceso, quienes pueden exigir la constitución de mecanismo procesales que sean eficaces para preservar la efectividad de

27 28 29

CHIOVENDA, G. Instituzioni di diritto processuale civile. 2ª edición, Vol. I, Napoli 1935, p. 139. STC Español N° 238 de 17 de diciembre de 1992, f. j. 3. CALAMANDREI, P. Introdución al estudio sistemático de las providencias cautelares, traducción de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, 1945, p. 45.

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lo que vaya ha ser resuelto por el Poder Judicial o por el propio Tribunal Constitucional, llegado el caso. Vista la dimensión constitucional y la finalidad que persigue, la adopción de una medida cautelar por parte del juez, se trata a todas luces de una medida adecuada y, por tanto, idónea a la finalidad a la que se dirige. 59. Verificada que la finalidad es constitucionalmente legítima (garantizar el resultado del proceso) y que el medio utilizado para garantizar dicha finalidad legítima resulta idóneo (una medida cautelar); el siguiente paso, conforme ya hemos anunciado, supone analizar la necesidad de la medida. Como lo ha precisado Alexy, “los principios de idoneidad y de necesidad conciernen a la optimización relacionada con aquello que es fácticamente posible”30. Se trata, en el presente caso, de analizar las posibles alternativas con que contaba el juez al momento de conceder la medida cautelar. Dichas posibilidades desde luego, no brotan de la imaginación en abstracto de este Colegiado, sino que han sido puestos de manifiesto por la propia recurrente, quien ha manifestado que:

“La pretensión de Backus en dicho proceso (se refiere al proceso principal) es que se le declare propietaria de 88’330,000 botellas de cerveza (‘primera pretensión principal’) y que, como consecuencia de ello, el Poder Judicial emita determinadas órdenes que impidan a Ambev Perú utilizar ESOS envases (‘Segunda, Tercera y Cuarta Pretensiones Principales’”)31.

Así ha podido constatar también este Colegiado y lo ha resumido en el fundamento 51 supra. Ahora debemos señalar que este es el marco, donde debemos fijarnos para determinar las opciones con las que contaba el juez al momento de dictar la medida. No se trata como ya hemos adelantado, de un marco solo “procesal” para la actuación del juez, sino que alcanza relevancia constitucional en la medida que se demuestre que, en este punto, existían mecanismo menos restrictivos de los derechos de quienes han resultado afectados con la medida cautelar.

60. Si bien habíamos adelantado, que tratándose de la aplicación del subprincipio de necesidad el análisis se centra en la relación medio-medio; ahora debemos precisar que aquí no vamos a comparar el medio (medida cautelar) con otros medios con que contaba el juez para garantizar la finalidad constitucional previamente identificada. El principio de necesidad supone, en este punto, la evaluación de la intensidad con que el medio elegido puede afectar los derechos en cuestión, a efectos de analizar si dicha intensidad podía ser morigerada o reducida por el juez sin poner en riesgo la finalidad constitucional a la que intenta servir la medida cautelar dictada y, al mismo tiempo, sin afectar innecesariamente los derechos de otros titulares de botellas que no han participado en el presente proceso, pero cuya existencia ha sido debidamente acreditada en autos como se advertido supra. El control de la necesidad de la medida adoptada supone de este modo, como lo anota Gonzales Beilfuss, resumiendo la jurisprudencia del

30 31

ALEXY, Robert. “Ponderación, control de constitucionalidad y representación”. En: Jueces y ponderación argumentativa. Traducción de René de la Vega. UNAM, 2006, p. 2. Punto 2.1 del escrito de demanda.

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ANEXO

Tribunal Constitucional español, la demostración por parte de quien asume una decisión en el ámbito de los derechos fundamentales, de que no existe “alternativas más moderadas (o menos gravosas) para la consecución, con igual eficacia, de la finalidad perseguida”32. La pregunta pertinente en este punto es entonces, ¿pudo el juez dictar una medida cautelar menos lesiva de los derechos sin afectar la finalidad a la que pretende servir la medida cautelar? 61. El Derecho Procesal, incluso antes que el Derecho Constitucional, ya intentó responder esta pregunta poniéndose también en la perspectiva de los derechos en cuestión. En este sentido, lo que desde una perspectiva procesal se conoce como principio de congruencia o, en la teoría cautelar como “principio de adecuación” o principio de mínima injerencia, sirve para delimitar las potestades cautelares del juez, ya que permite que la medida adoptada sea no solo idónea a la finalidad que persigue, sino que al mismo tiempo no sea tan dañina que incluso cause mayores estragos al peligro de daño irreparable al que se intenta garantizar al adoptarla. En síntesis, el juez que adopta una medida cautelar, sabiendo de la omnipotencia de sus facultades, debe tratar de que la medida adoptada, no solo se restrinja al ámbito del proceso principal, sino que dentro de las posibles alternativas que se presente (por ejemplo, entre varios tipos de bienes posibles de afectar), debe optar por aquella fórmula que lesione menos los derechos de la persona o personas sobre las que va ha recaer la medida. Desde una perspectiva constitucional, tales principios de las medidas cautelares son protegidas a través del principio de proporcionalidad y, en concreto, a través de los subprincipios de idoneidad y necesidad. Se trata de optimizar las técnicas procesales de tutela de los derechos a efectos de garantizar la vigencia de los derechos no solo de quien solicita una medida cautelar, sino también y con mayor rigor aún, de quien los va ha sufrir. 62. En lo que atañe al caso de autos, la medida cautelar intenta garantizar un conjunto de pretensiones específicas contenidas en el expediente principal, las mismas que aparecen debidamente resumidas en el fundamento 51 supra, no obstante su concesión, a partir de una redacción defectuosa de la misma, termina por expandir sus efectos más allá de la finalidad a la que pretende garantizar. De este modo, mientras que la pretensión principal estaba delimitada a un número preciso de botellas de determinadas características, la medida cautelar restringe arbitrariamente toda posibilidad de “tomar posesión por cualquier título” de todas las botellas “existentes en el mercado, en tanto no se resuelva de manera definitiva este proceso”, lo cual como ha sido ya puesto de manifiesto, incluye no solo las botellas cuya propiedad se reclama en el proceso judicial, sino también las botellas adquiridas por Ambev Perú, y la de los usuarios y otros distribuidores que puedan tener en su poder, por haberlos adquirido en el mercado. Más aún, ordena que Ambev “se abstenga de introducir al mercado peruano, utilizar o envasar sus productos en botellas iguales a los envases de vidrio de 620 ml. de capacidad, color ambar (...)”. Este último aspecto no solo no había sido solicitado en el proceso principal 32

GONZALES BEILFUSS, Markus. El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Aranzadi, Pamplona, 2003, p. 72.

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en tales términos, sino que termina por anular la libertad contractual de Ambev Perú con la fabricante de las botellas que no es Backus y que tampoco participa del proceso en cuestión. 63. En consecuencia, por los términos en que ha sido adoptada la medida cautelar bajo análisis, al no haber delimitado adecuadamente el ámbito de la afectación en función de la finalidad a la que se orienta, ha terminado por afectar de modo innecesario el derecho de propiedad de la empresa recurrente violándose al mismo tiempo su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el artículo 139.3 de la Constitución, así como los principios de proporcionalidad y razonabilidad previstos en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú. HA RESUELTO 1) Declarar FUNDADA la demanda de autos, en consecuencia NULA la resolución N° 01 de fecha 9 de diciembre de 2004, emitida por el 26° Juzgado Civil de Lima, así como su confirmatoria de fecha 18 de mayo de 2005, emitida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima. 2) DISPONE que el juez a quo, evaluando las nuevas circunstancias y el avance del proceso principal, disponga si considera aún pertinente, la concesión de una nueva medida cautelar adecuada a la finalidad del proceso principal y sin caer en el exceso que ha sido censurado por este Tribunal, bajo apercibimiento de ser pasible de las medidas de coerción a que se refiere el artículo 22 y 59 del Código Procesal Constitucional en lo que resulte aplicable. Publíquese y notifíquese. SS. GONZALES OJEDA; VERGARA GOTELLI; BARDELLI LARTIRIGOYEN

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STC Exp. N° 00037-2012-PA/TC Caso: Scotiabank Perú S.A.A. Asuntos abordados respecto al amparo contra resolución judicial: control constitucional de las interpretaciones de normas que realizan los jueces ordinarios.

EXP. N° 00037-2012-PA/TC-LIMA SCOTIABANK PERÚ S.A.A SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 25 días del mes de enero de 2012, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores magistrados Álvarez Miranda, Presidente; Urviola Hani, Vicepresidente; Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia, con los votos singulares de los magistrados Calle Hayen y Eto Cruz, que se agregan ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por Scotiabank Perú S.A.A. contra la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 440, su fecha 5 de octubre de 2011, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos. ANTECEDENTES Con fecha 17 de mayo de 2011, la entidad recurrente interpone demanda de amparo contra la resolución s/n de fecha 5 de abril de 2011 emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el proceso seguido en su contra por Telefónica Móviles S.A., bajo el Expediente CAS. N° 3313-2009, solicitando que cese la violación de sus derechos constitucionales a la debida motivación, al principio de interdicción a la arbitrariedad, seguridad jurídica y predictibilidad de las resoluciones judiciales y, consecuentemente, se declare la nulidad de la resolución impugnada. Alega que la mencionada resolución adopta una tesis absolutamente irrazonable y desproporcionada, cual es señalar en su fundamento décimo cuarto que solo los ejecutores coactivos acreditados ante todas las entidades estipuladas taxativamente en el artículo 3.3 del Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva (Decreto Supremo N° 069-2003-EF), podrán ordenar embargos o requerir su cumplimiento, lo que a su juicio es fruto de una interpretación literal que vulnera los derechos invocados. En ese sentido, aduce que la resolución cuestionada i) incurre en motivación arbitraria, ya que la interpretación hecha del artículo 3.3 del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva viola el principio constitucional de razonabilidad y no atiende a la ratio legis ni a la finalidad de la norma interpretada, generando efectos nocivos para todo el sistema financiero y quebrando la estructura de las cobranzas coactivas, pues con esa interpretación cualquier entidad ante la cual se pretenda hacer valer un mandato coactivo podría negarse a cumplir dicho mandato si el ejecutor coactivo no

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estuviera inscrito ante todas las entidades que se señalan en la norma a nivel nacional; ii) desconoce la legislación vigente al momento de los hechos, puesto que el artículo 10 del Decreto Supremo N° 036-2001-EF exigía la consignación de la suma a cobro como requisito para suspender un mandato coactivo; iii) tolera la existencia de fallos contradictorios sobre la legalidad de las cobranzas coactivas, lo cual vulnera la garantía constitucional de la seguridad jurídica y la predictibilidad de las decisiones judiciales, ya que los procesos de revisión judicial de legalidad son la vía especifica e idónea para cuestionar precisamente la legalidad de la actuación de los ejecutores coactivos, con mayor razón si en lo que respecta a la actuación del ejecutor coactivo de la Municipalidad de Subjantalla, existía ya al momento de la emisión de la resolución impugnada una resolución judicial firme en el Expediente N° 01-2003 que rechazaba la demanda de legalidad de la ejecución coactiva, y en lo que respecta a la demanda de legalidad de la ejecución coactiva promovida contra la Municipalidad de San Andrés, el proceso de revisión judicial de legalidad Expediente N° 008-2003 no se encuentra concluido, sino en trámite activo dado que fue apelada la resolución de improcedencia dictada en primera instancia; iv) ampara un doble cobro y un enriquecimiento indebido, pues Telefónica ha recuperado y/o está en vías de recuperar el dinero embargado a través de procesos contenciosos administrativos de nulidad de las multas que motivaron las ejecuciones coactivas, contra la Municipalidad de Subtanjalla (Exps. N°s 1543-2003, 14544-2003 y 1595-2003), los cuales han concluido de manera definitiva a favor de Telefónica, teniendo una sentencia ejecutoriada que ordena la restitución de la suma de dinero cobrada; y contra la Municipalidad Distrital de San Andrés (Exp. N° 228-2004), el cual se encuentra en trámite en la vía administrativa. El Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 27 de junio de 2011, declara improcedente la demanda en aplicación del artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional, por considerar que lo pretendido no es ventilable en un proceso constitucional. Telefónica del Perú S.A.A., con fecha 23 de setiembre de 2011, se apersona al proceso solicitando que se le incorpore como litisconsorte necesario pasivo en el trámite de apelación, para así poder ejercer su derecho de defensa, dado que la demanda de amparo estaría cuestionando la validez de un proceso en el que Telefónica es parte demandante. La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 5 de octubre de 2011, previa negatoria de lugar al pedido de Telefónica, confirma la apelada y declara improcedente la demanda de amparo, por considerar que, pese a advertirse falta de interés para obrar de parte de Telefónica del Perú S.A.A. en el proceso de cumplimiento de contrato que inició contra Scotiabank S.A.A, y no obstante que la tesis adoptada en la resolución cuestionada hace imposible la ejecución de una resolución coactiva al imponer una carga gravosa a los ejecutores coactivos, dichos supuestos no se encuadran dentro del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, invocado en la demanda.

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ANEXO

FUNDAMENTOS 1. § Sobre el rechazo liminar, la necesidad de emitir un pronunciamiento de fondo y la competencia del Tribunal Constitucional para ello 1. De manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia, este Tribunal Constitucional estima necesario pronunciarse sobre una cuestión procesal previa, referida al doble rechazo liminar que ha sido decretado por los juzgadores de las instancias precedentes. En efecto, tal como se aprecia de las resoluciones que obran en autos, tanto el Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional así como la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, han rechazado liminarmente la demanda de amparo de autos en aplicación del artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional, por considerar que la pretensión incoada por la entidad demandante no resulta ventilable en un proceso constitucional. 2. Al respecto, en constante jurisprudencia este Tribunal ha dejado claramente establecido que el rechazo liminar de la demanda de amparo es una alternativa a la que solo cabe acudir cuando no exista margen de duda respecto de su improcedencia, es decir, cuando de una manera manifiesta se configure una causal de improcedencia específicamente prevista en el artículo 5 del Código Procesal Constitucional, que haga viable el rechazo de una demanda que se encuentra condenada al fracaso y que a su vez restringe la atención oportuna de otras demandas constitucionales que merecen un pronunciamiento urgente sobre el fondo. De este modo, si existen elementos de juicio que admitan un razonable margen de debate o discusión, la aplicación de la figura del rechazo liminar resultará impertinente. 3. Como ha quedado expuesto en los antecedentes de la presente sentencia, los juzgadores de las instancias precedentes han desestimado liminarmente la demanda en aplicación del artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional, que dispone que no proceden los procesos constitucionales cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. 4. En efecto, el Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima (Resolución N° 02 que obra a fojas 328), declara la improcedencia liminar de la demanda de autos bajo el argumento de que:

“(…) al advertirse que la parte recurrente se encuentra cuestionando aspectos que ya han sido objeto de análisis por parte de la sala emplazada, se tiene que lo que pretende en realidad es que realice un nuevo examen de la materia controvertida en el proceso ordinario, hecho que ocasiona que la pretensión incoada deba desestimarse en aplicación del inciso 1) del artículo 5 del Código Procesal Constitucional”.

5. Por su parte, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (Resolución N° 03, obrante a fojas 440) decidió confirmar dicha decisión tras estimar que:

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“(…) si bien es cierto el Colegiado advierte que la tesis que ha sido adoptada en la Resolución S/N de fecha 5 de abril de 2011 es una tesis que hace imposible la ejecución de una resolución coactiva al imponer una carga gravosa a los ejecutores coactivos en el sentido de que les exige probar estar acreditados ante todas las entidades señaladas en el artículo 3 del Decreto Supremo N° 069-2003-EF y no solo ante la entidad ante la cual se va a ejecutar la orden coactiva, lo que constituye una interpretación incorrecta de la norma como señala la parte demandante, lo cierto es que dicho supuesto tampoco se encuentra dentro del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación e interdicción de la arbitrariedad, por lo que las pretensiones de la parte demandante no pueden ser revisadas en un proceso constitucional de amparo (…)” (énfasis agregado). 6. Respecto del pronunciamiento del Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima se aprecia un defecto de motivación, pues se limita a sostener que lo que en realidad pretende la entidad demandante “es que se realice un nuevo examen de la materia controvertida en el proceso ordinario”. Pues bien, tratándose de un proceso de amparo contra resolución judicial, en el que se denuncia la afectación del derecho a la motivación de las resoluciones, es evidente que para determinar ello el juez constitucional debe revisar la cuestión controvertida en el proceso ordinario, pues no de otra manera podrá verificarse si, como se alega, se produjo una afectación de los derechos invocados. No basta, entonces, con utilizar expresiones cliché y sin mayor sustento, sino que, como luego se verá, se requiere de un deber especial de motivación. 7. Lo mismo ocurre con el pronunciamiento de la Quinta Sala Civil, con el agregado de que reconoce, de manera contradictoria, que los hechos sí tienen incidencia en el contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, y sin embargo, concluye confirmando el indebido rechazo liminar. Adviértase, además, que la conclusión de que “la tesis adoptada en la resolución cuestionada constituye una interpretación incorrecta de la norma como señala la parte demandante” supone un pronunciamiento de fondo que debe realizarse en el estadio procesal correspondiente, mas no a través del rechazo liminar. 8. Tales pronunciamientos suponen un defecto de motivación que contraviene lo dispuesto por el artículo 47 del Código Procesal Constitucional, en tanto dispone que: “Si el juez al calificar la demanda de amparo considera que ella resulta manifiestamente improcedente, lo declarará así expresando los fundamentos de su decisión. Se podrá rechazar liminarmente una demanda manifiestamente improcedente en los casos previstos por el artículo 5 del presente Código”. De lo que se desprende que no basta con invocar por el solo hecho de hacerlo alguna de las causales previstas en el artículo 5, sino que se requiere de un deber especial de motivación. 9. En consecuencia, el Tribunal Constitucional no solo discrepa de ambos razonamientos –aun cuando, si bien es cierto, el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional habilita a los jueces para, en el legítimo e independiente ejercicio de de la

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función jurisdiccional, desestimar liminarmente una demanda– sino que además, por las consideraciones expuestas supra, y por los hechos descritos en la demanda, entiende que estos sí se encuadran, prima facie, dentro del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. En vista de ello, debe concluirse que se ha producido un indebido rechazo liminar de la demanda a nivel de los juzgadores de las instancias previas. 10. Ahora bien, de conformidad con el artículo 20 del Código Procesal Constitucional, este doble e indebido rechazo liminar calificaría como un vicio procesal que, a su vez, exigiría declarar nulas las resoluciones judiciales así expedidas por el a quo y el ad quem, ordenándoles la admisión a trámite de la demanda de amparo. No obstante, es preciso recordar que, como es jurisprudencia reiterada de este Colegiado,

“[L]a declaración de invalidez de todo lo actuado solo es procedente en aquellos casos en los que el vicio procesal pudiera afectar derechos constitucionales de alguno de los sujetos que participan en el proceso. En particular, del emplazado con la demanda, cuya intervención y defensa pueda haber quedado frustrada como consecuencia precisamente del rechazo liminar” [cfr. Sentencia recaída en el Expediente N° 04587-2004-PA/TC, fundamento 15].

11. Tal construcción jurisprudencial, realizada incluso antes de que entrara en vigencia el Código Procesal Constitucional, se ha sustentado en diferentes principios propios a la naturaleza y fines de los procesos constitucionales y, particularmente, en los de a) economía, b) informalidad y c) la naturaleza objetiva de los procesos de tutela de derechos fundamentales [cfr. Sentencia recaída en el Expediente N° 04587-2004-PA/TC, fundamentos 16 a 19]. 12. En lo que respecta al principio de economía procesal, este Colegiado ha establecido que si de los actuados existen los suficientes elementos de juicio como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo, pese al rechazo liminar de la demanda, resulta innecesario condenar a las partes a que vuelvan a sufrir la angustia de ver que su proceso se reinicie, no obstante todo el tiempo transcurrido. Con ello, no solo se posterga la resolución del conflicto innecesariamente, sino que, a la par, se sobrecarga innecesariamente la labor de las instancias jurisdiccionales competentes. 13. En lo que concierne al principio de informalidad, este Tribunal tiene dicho que si en el caso existen todos los elementos como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo, este se expedirá respetándose el derecho de las partes a ser oídas por un juez o tribunal, de manera que una declaración de nulidad de todo lo actuado, por el solo hecho de servir a la ley, y no porque se justifique en la protección de algún bien constitucionalmente relevante, devendría en un exceso de ritualismo procesal incompatible con el “(...) logro de los fines de los procesos constitucionales”, como ahora establece el tercer párrafo del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

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14. Finalmente, y no en menor medida, el rechazo liminar de la demanda tampoco ha impedido que este Tribunal, después de percatarse que los derechos de las partes hayan quedado salvados, expida sentencia sobre el fondo en casos en los que la controversia era de notoria trascendencia nacional y, por tanto, de alcances que trascendían al caso concreto, como por ejemplo ocurrió al emitirse la sentencia recaída en el Expediente N° 04549-2004-PC/TC, donde después de advertirse lo innecesario que resultaba declarar la nulidad de todo lo actuado tras el impertinente rechazo liminar de la demanda, el Tribunal afirmó que su competencia para expedir sentencias sobre el fondo obedecía a:

“(...) la necesidad de pronunciamiento inmediato justificada en la particular naturaleza de los hechos discutidos en el presente proceso, los que por otra parte y dado que revisten importancia e incidencia en el ordenamiento, precisan ser abordados de manera prioritaria por este Tribunal en su condición de Supremo Intérprete de la Constitución”.

15. En el presente caso, este Tribunal estima que el rechazo liminar de la demanda de amparo no ha afectado el derecho de defensa del emplazado Poder Judicial y de la empresa Telefónica del Perú S.A.A. –tercero que debe participar porque la decisión a recaer en el proceso lo puede afectar– como así lo demuestran las instrumentales que obran en autos y lo confirma la línea jurisprudencial asumida por este Colegiado ante supuestos análogos. En efecto, en lo que se refiere al órgano judicial demandado, hemos de recordar que este Tribunal, tratándose de supuestos de amparo contra resoluciones judiciales, como ocurre en el caso de autos, ha estimado que ante afectaciones formales y sustanciales al debido proceso, es posible condicionar la intervención de las partes, no requiriéndose la participación del órgano judicial demandado, al tratarse de cuestiones de puro derecho [cfr. Sentencia recaída en el Expediente N° 05580-2009-PA/TC, fundamento 4]. 16. En el caso de autos, que la cuestión controvertida sea una de puro derecho, lo demuestra el que la pretensión incoada se circunscriba a cuestionar una resolución judicial, y más específicamente, la interpretación realizada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en torno a un determinado dispositivo legal, razón por la cual, para este Colegiado, la ausencia del órgano judicial emplazado en el proceso de autos no constituye razón suficiente para declarar la nulidad de todo lo actuado. Por lo mismo, y para tales efectos, es claro para este Colegiado no solo que la constatación en torno de la presunta vulneración requiere tan solo un juicio de puro derecho o de simple contraste normativo, sino que en autos existen suficientes elementos de juicio como para emitir un pronunciamiento de fondo, de modo que resulta innecesario condenar a las partes a transitar nuevamente por la vía judicial para llegar a un destino que ahora puede dilucidarse. 17. En todo caso, de autos se verifica que los vocales supremos que emitieron la cuestionada resolución, así como el procurador público competente han sido notificados en diversas oportunidades con cada uno de los diferentes actos procesales posteriores al concesorio de la apelación, conforme consta a fojas 384, 385, 388,

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ANEXO

389, 401, 409, 410, 412, 413, 414, 467, 470, 473, 474, 475, 476, 477, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 546 y 549, con lo cual su derecho de defensa no se ha visto afectado en tanto han tenido conocimiento oportuno de la existencia del presente proceso. Por lo demás, consta a fojas 395 que el Procurador Público del Poder Judicial se apersonó al proceso ante el juez de primera instancia el 8 de agosto de 2011, lo cual reiteró ante la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (fojas 418). 18. Por su parte, en lo que respecta al derecho de defensa de la empresa Telefónica del Perú S.A.A., el Tribunal Constitucional advierte que si bien con fecha 23 de setiembre de 2011 dicha empresa se apersonó al proceso solicitando que se la incorpore como litisconsorte necesaria pasiva durante el trámite de apelación interpuesto por Scotiabank, y que dicho pedido fue desestimado por la Quinta Sala Civil mediante resolución que obra a fojas 438, también es cierto que con fecha 16 de enero de 2012, este Colegiado reprogramó la vista de la causa para el día 25 de enero de 2012, según consta a fojas 32 del Cuaderno del Tribunal, ordenando que se notifique a Telefónica del Perú S.A.A. con los actuados pertinentes, aun a pesar de que según consta a fojas 537, la Quinta Sala Civil le notificó la resolución mediante la que concedió a la entidad recurrente el recurso de agravio constitucional. Es a partir de esta habilitación que la referida empresa presentó con fecha 24 de enero de 2012 un escrito ante este Colegiado, según consta a fojas 49 del Cuaderno del Tribunal, en el que expresó los argumentos de defensa que consideró pertinentes a sus intereses, realizándose finalmente el día 25 de enero de 2012 la vista de la causa con la participación de dicha empresa. 19. Por todo lo expuesto, para este Tribunal queda claro que el derecho de defensa de la empresa Telefónica del Perú S.A.A. ha quedado plenamente garantizado en la presente causa, pues tuvo la oportunidad de hacer valer su derecho de defensa, como en efecto lo hizo, participando en la vista de la causa programada por este Tribunal para el día 25 de enero de 2012, así como presentando un escrito en el que ha expresado los argumentos de defensa que consideró pertinentes a sus intereses. 20. Asimismo, este Tribunal advierte que el reiterado argumento expresado por la mencionada empresa en el sentido de que “el demandante Scotiabank no nos incluyó dolosamente como demandados, con la clara intención de evitar que ejercitemos nuestro de defensa” (escrito presentado ante la Quinta Sala Civil, y escrito obrante a fojas 49 del Cuaderno del Tribunal, presentado ante este Colegiado) no se ajusta –por decir lo menos– a la realidad de los hechos, pues según consta de la demanda de amparo la recurrente solicitó –quinto otrosí a fojas 235– que se emplace a Telefónica del Perú S.A.A. a efectos de que pueda manifestar lo conveniente a su derecho, lo que es coherente con el pedido de fecha 16 de enero de 2012, obrante a fojas 30 del Cuaderno del Tribunal, mediante el cual Scotiabank solicitó a este Colegiado se sirva notificar a aquella empresa “con el propósito de evitar cualquier nulidad que afecte su derecho al debido proceso”.

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21. Por lo demás, y en la medida en que lo que aquí se cuestiona es una resolución judicial emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, resulta claro que la antes mencionada empresa de telefonía no podía ostentar la calidad de demandada o emplazada, sino la de un tercero con interés en los términos a que se refiere el artículo 43 del Código Procesal Constitucional. 22. Pero de igual forma, este Tribunal encuentra que, por la propia naturaleza de la controversia aquí planteada, interesa también al interés público la solución pronta y definitiva de la cuestión expuesta en la demanda, al ser evidente que esta, más que un cotejo entre posiciones asumidas individualmente o a título subjetivo, entraña un manifiesto cariz objetivo, que no es otro que las condiciones que resulta legítimo exigir a los ejecutores coactivos para hacer efectivas las acreencias del Estado. En ese sentido, siendo manifiesta la innegable importancia y trascendencia nacional –porque va más allá del interés de las partes intervinientes– de las implicancias que sobre el sistema de ejecución coactiva estatal exhibe la materia sublitis, vinculada como está a la dimensión objetiva del proceso constitucional de amparo, este Tribunal entiende que, más que una facultad, constituye su deber emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, dado que, como luego se verá, reviste importancia y tiene incidencia en el ordenamiento nacional, de manera que precisa ser abordada de modo prioritario por este Tribunal en su condición de Supremo Intérprete de la Constitución. 23. Finalmente, y sin perjuicio de lo expuesto, no escapa a la consideración de este Colegiado el que, teniendo en cuenta el plazo de sustanciación que ha llevado la controversia de autos (más de cuatro años, desde que fue expedida la resolución que en primera instancia declaró fundada la demanda de cumplimiento de contrato interpuesta por Telefónica del Perú S.A.A. contra Scotiabank S.A.A., su fecha 10 de junio de 2007, según consta a fojas 277), la opción de remitir los autos al juez de primera instancia para que este admita a trámite la demanda de amparo resultaría inoficiosa, de manera que, a juicio de este Tribunal la tutela de urgencia propia de los procesos constitucionales como el amparo incoado se encuentra plenamente justificada, máxime si, como antes quedó dicho: i) la cuestión a dilucidar es una de puro derecho, no siendo necesario actuar medios probatorios; ii) en el expediente obran todos los recaudos suficientes para emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto; iii) se ha garantizado el derecho de defensa de todas las partes intervinientes; y, iv) la controversia reviste innegable importancia y notoria trascendencia nacional. 24. En consecuencia, el Tribunal Constitucional estima que una evaluación de los actuados evidencia: a) En atención al principio de economía procesal, que en autos existen suficientes recaudos y elementos de juicio como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, máxime cuando la cuestión a dilucidar es de puro derecho y no se requiere la actuación de medios probatorios. b) Por lo que hace al principio de informalidad, que el rechazo liminar de la demanda no ha afectado el derecho de defensa del emplazado Poder Judicial y

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ANEXO

de la empresa Telefónica del Perú S.A.A., quienes fueron notificados e incluso participaron de la vista de la causa ante este Tribunal a través de la Procuradora Pública competente y sus abogados, respectivamente. c) En lo que respecta a la naturaleza objetiva de los procesos de tutela de derechos fundamentales como el amparo incoado, es innegable la importancia y notoria trascendencia nacional de la controversia por las cuestiones que ella conlleva y, por tanto, de alcances que trascienden al caso concreto y al interés de las partes intervinientes en el proceso. d) Por último, y no por ello menos importante, porque la la tutela de urgencia del proceso de amparo incoado se encuentra plenamente justificada, en la medida que la controversia de autos lleva más de cuatro años desde que fue expedida la resolución que en primera instancia declaró fundada la demanda de cumplimiento de contrato interpuesta por Telefónica del Perú S.A.A. contra Scotiabank S.A.A., de manera que reviste capital importancia para el aparato de ejecución coactiva del Estado que se defina de manera pronta y definitiva la solución de la cuestión controvertida. Por lo mismo, el Tribunal Constitucional considera que es competente para resolver el fondo de la controversia. 2.§ Delimitación del petitorio y de la materia constitucional relevante 25. La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 5 de abril de 2011 emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró infundado el recurso de casación interpuesto por Scotiabank S.A.A. en el proceso seguido con Telefónica Móviles S.A. bajo el Expediente CAS N° 3313-2009 (proceso de cumplimiento de contrato). 26. La entidad demandante considera que la impugnada resolución vulnera su derecho a la motivación de las resoluciones judiciales toda vez que incurre en una serie de arbitrariedades al aplicar erróneamente el artículo 3.3 del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva, bajo un criterio que, según alega, permitiría a cualquier entidad ante la cual se pretenda hacer valer un mandato coactivo, negarse a cumplir con dicho mandato si el ejecutor coactivo no estuviera inscrito, a nivel nacional, ante toda la lista de entidades que se señalan en la citada norma, frustrándose así cualquier procedimiento de ejecución coactiva conducido por el Estado. 27. En ese sentido, este Tribunal Constitucional estima que la controversia en el caso de autos se circunscribe a verificar si en la casación materia de análisis se ha realizado, o no, una correcta aplicación del artículo 3.3 del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva. Siendo así, el Tribunal observará los siguientes pasos para resolver la controversia: en primer lugar, identificará el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, en particular, cómo ha de motivarse la premisa normativa; y en segundo lugar, verificará si la aplicación de la norma acotada en la casación materia de este proceso, limita de forma desproporcionada e irrazonable los derechos invocados

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por la entidad demandante, así como otros bienes jurídicos que la Constitución reconoce. 3.§ Verificación de la existencia de contenidos de relevancia constitucional 28. En el presente caso, teniendo en cuenta los elementos concretos que obran en el expediente, se evidencia que uno de los principales problemas que se plantean es el relacionado con la interpretación de la primera parte del artículo 3.3 del Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, que a la letra establece que:

Artículo 3.- Función del ejecutor coactivo

“(…)

3.3 Solo los ejecutores coactivos debidamente acreditados ante las entidades del Sistema Financiero y Bancario, la Policía Nacional del Perú, las diferentes oficinas registrales del territorio nacional y ante el Banco de la Nación, podrán ordenar embargos o requerir su cumplimiento (…)”.

29. En efecto, se aprecia que el considerando décimo cuarto de la resolución judicial aquí impugnada se fundamenta en la aplicación del precitado artículo, interpretación esta última que la entidad recurrente cuestiona en su demanda, por afectar su derecho a la motivación de las resoluciones judiciales e imponer una carga demasiado gravosa a los ejecutores coactivos en su labor de cobranza. En consecuencia, este Tribunal estima que, existiendo relevancia constitucional en la interpretación del mencionado dispositivo legal, corresponde emitir pronunciamiento sobre la controversia de autos. 30. A mayor abundamiento, conviene precisar, además, que la pretensión del banco recurrente sí es una susceptible de protección mediante el presente proceso de amparo, pues si bien, conforme a nuestra reiterada jurisprudencia, la interpretación de las normas ordinarias (Código Civil, Código Procesal Civil, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva y su Reglamento etc.) es, en general, una competencia propia de la justicia ordinaria, existen casos en que la jurisdicción constitucional sí se encuentra habilitada para emitir un pronunciamiento respecto de la interpretación de la ley, precisamente cuando tal interpretación incida de modo arbitrario en determinados derechos fundamentales, entre otros bienes constitucionales. 4.§ El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales: concepto y análisis del caso en concreto 31. De conformidad con el artículo 139.3 de la Constitución, toda persona tiene derecho a la observancia del debido proceso en cualquier tipo de procedimiento en el que se diluciden sus derechos, se solucione un conflicto jurídico o se aclare una incertidumbre jurídica. Como lo ha enfatizado este Tribunal, el debido proceso, tanto en su dimensión formal como sustantiva, garantiza el respeto de los derechos y garantías mínimas con que debe contar todo justiciable para que una causa

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pueda tramitarse y resolverse en justicia [cfr. por todas, Sentencia recaída en el Expediente N° 07289-2005-AA/TC, fundamento 3]. 32. Pero el derecho fundamental al debido proceso, preciso es recordarlo, se caracteriza también por tener un contenido, antes bien que unívoco, heterodoxo o complejo. Precisamente, uno de esos contenidos que hacen parte del debido proceso es el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, reconocido en el artículo 139.5 de la Constitución. 33. La jurisprudencia de este Tribunal ha sido constante al establecer que la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas “garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables” [cfr. Sentencia recaída en el Expediente N° 01230-2002-HC/TC, fundamento 11]. De este modo, la motivación de las resoluciones judiciales se revela tanto como un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, así como un derecho constitucional que asiste a todos los justiciables [cfr. Sentencia recaída en el Expediente N° 08125-2005-HC/TC, fundamento 10]. 34. En su interpretación sobre el contenido constitucionalmente protegido de este derecho, el Tribunal Constitucional ha formulado una tipología de supuestos en los cuales dicho contenido resulta vulnerado, como es el caso de la sentencia recaída en el Expediente N° 03943-2006-PA/TC, en la que el Tribunal reconoció las siguientes hipótesis de vulneración: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente b) Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble dimensión: por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el juez en su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se presenta cuando las premisas [normativa y fáctica] de las que parte el juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica [según corresponda]. d) La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, solo resultará

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relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). 35. De manera que, si bien no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, cierto es también que el deber de motivar constituye una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. 36. Así, en aplicación de los conceptos antes aludidos al caso de autos, este Tribunal advierte que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia sostiene la tesis de que, para afirmar la legalidad de una cobranza coactiva, es indispensable que los ejecutores coactivos estén acreditados ante todas las entidades a que se contrae el tantas veces citado artículo 3.3 del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva. En efecto, esta conclusión puede derivarse claramente de una lectura del considerando Décimo Cuarto que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia expone en la resolución cuestionada, en la que sostiene que:

“(…) en rigor, analizada la norma en cuestión, se colige que solo los ejecutores coactivos acreditados ante las entidades que dicho numeral establece taxativamente, podrán ordenar embargos o requerir su cumplimiento. Esta afirmación deriva de la interpretación literal efectuada al artículo en mención pues el mismo enumera las entidades ante las cuales deben estar acreditados los ejecutores coactivos, enumeración taxativa que denota una conjunción copulativa al utilizarse la palabra “y”. Esa interpretación constituye una garantía que la ley impone para evitar el fraude. De no cumplir puntualmente con esta exigencia legal los ejecutores coactivos carecerían de la facultad para ordenar embargos o requerir su cumplimiento” (énfasis agregado).

37. Más aún, como consecuencia derivada de este razonamiento, la Sala Civil Permanente llega a afirmar, en este mismo considerando, que:

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“La norma discutida obliga a los terceros a exigir, bajo responsabilidad, la acreditación antes referida, quienes inclusive quedan dispensados de ejecutar las medidas cautelares que sean dictadas en caso la acreditación no sea cumplida y/o no se encuentre conforme a lo establecido en la presente norma, por consiguiente, es evidente que no se configura la infracción normativa sustantiva denunciando (sic), resultando infundado este extremo del recurso [de casación]” (énfasis agregado).

38. Como se puede apreciar, en criterio de la Sala Civil Permanente, no solo resulta que los Ejecutores Coactivos deben estar acreditados ante todas las entidades taxativamente señaladas en el artículo 3.3. del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva para hacer cumplir sus mandatos, sino que también tales entidades están obligadas a exigir el cumplimiento escrupuloso de dicha acreditación, pudiendo negarse, en su criterio, a ejecutar medidas cautelares que no satisfagan el mencionado requisito. 39. A juicio del Tribunal Constitucional, tal razonamiento vulnera el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales en un doble sentido: en primer lugar, porque los argumentos brindados por la Sala Civil Permanente están insuficientemente motivados, pues no resuelven con un mínimo de solvencia la causal de casación formulada en su momento por la parte demandante; y en segundo lugar, porque incurre en un supuesto de motivación incongruente, al momento de enunciar un argumento ultra petita que no había sido invocado por el demandante. 40. En relación con el primer punto, es claro para este Colegiado que, siendo la interpretación del artículo 3.3 del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva una cuestión de medular importancia para resolver el recurso de casación interpuesto (como así lo demuestra el voto en discordia que acompaña a la sentencia), tal relevancia obligaba a la Sala Civil Permanente a exponer detalladamente los argumentos en base a los cuales estimaba infundada la causal invocada en dicho recurso referida a la interpretación del citado artículo. Lo que se advierte, sin embargo, es que muy por el contrario, la Sala se limitó a realizar una “interpretación literal” del mencionado artículo, obviando expresar las razones de fondo por las cuales desestimaba la tesis interpretativa formulada, a su vez, por Scotiabank, consistente en afirmar que los ejecutores coactivos solo debían estar acreditados ante la entidad ante la cual pretendían hacer efectivo el cobro de su acreencia, y no ante todas las entidades mencionadas en la norma en cuestión. A juicio de este Tribunal, el que la Sala demandada haya recurrido a una interpretación textual del artículo 3.3. del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva, desentendiéndose así de las razones objetivas que habían sido esgrimidas por Scotiabank S.A.A para sustentar su causal de casación, revela que dicho razonamiento no constituye una respuesta adecuada y razonable al recurso interpuesto por dicha entidad. 41. Pero, por otro lado, este Tribunal encuentra también que la Sala Civil Permanente incurre en un supuesto de motivación incongruente (incongruencia activa), pues desvinculándose de los términos estrictos de la causal de casación invocada, fue más allá en la definición de un supuesto deber de los terceros (entidades

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bancarias) de exigir a los ejecutores coactivos, bajo responsabilidad, su acreditación ante todas las entidades a que se refiere el artículo 3.3 del Reglamento de la Ley de ejecución coactiva, como requisito para proceder a la retención de los fondos correspondientes. Al ser este pronunciamiento una desviación o alteración del debate procesal fijado en el recurso interpuesto, cuyos términos giraban en torno al deber de diligencia observado por Scotiabank S.A.A al retener los fondos de Telefónica del Perú S.A.A., este Tribunal estima que tal declaración, además de ultra petita, constituye un supuesto de motivación incongruente. 42. Precisamente, vinculado con este último extremo, cabe precisar que la entidad recurrente aduce también en su demanda de amparo que la resolución impugnada resulta irrazonable y desproporcionada, pues impone un requisito desmedido a las entidades del Estado para ejecutar coactivamente sus cobranzas ante las entidades financieras del país. Al respecto, señala en su recurso de agravio constitucional, obrante a fojas 510:

“Nótese además que la interpretación sostenida por la resolución judicial impugnada no solo es absurda y carente de motivación sino que [además] pretende generar efectos nocivos para todo el sistema financiero y quebrar tod[a] la estructura de las cobranzas coactivas. En efecto, bajo esta interpretación, cualquier entidad ante la cual se pretenda hacer valer un mandato coactivo podría negarse a cumplir con dicho mandato si el ejecutor coactivo no estuviera inscrito ante, por ejemplo, una de las oficinas registrales a nivel nacional (¡bastaría que no estuviera inscrito solo ante una de ellas!), sin importar su lejanía o que se ubique fuera de su ámbito de competencia. Esto, señores magistrados, implica un precedente nefasto para el sistema, pues virtualmente permitiría frustrar cualquier procedimiento de ejecución coactivo conducido por el Estado peruano”.

43. El Tribunal Constitucional encuentra razonable y atendible el argumento esgrimido por la entidad demandante. Sin embargo, entiende también que para constatar si la interpretación realizada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República resulta, además de indebidamente motivada, arbitraria o irrazonable, es preciso aplicar el test de proporcionalidad a la resolución de autos. 44. En ese sentido, y atendiendo a la circunstancia de que, en lo sucesivo, este Tribunal realizará un control constitucional de la interpretación realizada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República al interpretar el artículo 3.3. del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva en la resolución cuestionada, importante será recordar que, conforme a la jurisprudencia de este Colegiado:

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“[L]a Corte Suprema, como cualquier otro poder público, se encuentra sujeta al principio de interdicción de la arbitrariedad”, por lo que sus decisiones se encuentren sujetas a control en el ámbito de la justicia constitucional [cfr. Sentencia recaída en el Expediente N° 03151-2006-AA/TC, fundamento 3].

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Naturalmente, dicho control no pasará por determinar el derecho material (ordinario) discutido en el caso, sino tan solo si el órgano de la jurisdicción ordinaria ha cumplido con su deber de respetar y garantizar los valores y principios que la Constitución reconoce, en el seno del proceso judicial en el cual ha hecho ejercicio de su competencia.

5.§ El principio de proporcionalidad en el caso de autos 45. Independientemente de los derechos y principios cuya violación invoca la entidad recurrente (v. gr. debida motivación, y principios de interdicción de la arbitrariedad, seguridad jurídica y predictibilidad de las resoluciones judiciales), así como de los argumentos que sustentan su pretensión, el Tribunal Constitucional advierte que la controversia de autos guarda relación la con la garantía institucional de la autonomía municipal, de manera que, en aplicación del artículo VIII del Título Preliminar Código Procesal Constitucional, considera pertinente pronunciarse respecto de ella. Así, en el presente caso, el examen de proporcionalidad recaerá sobre la interpretación esgrimida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en torno al artículo 3.3 del Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. 46. De este modo, este Tribunal podrá verificar si, en el presente caso, la interpretación de la mencionada Sala limita en modo desproporcionado o no la garantía institucional de la autonomía municipal, reconocida en el artículo 194 de la Constitución, y manifestada en este caso en la posibilidad de que las municipalidades hagan efectivas sus acreencias a través del aparato coactivo del cual disponen legalmente. 47. Para entender los alcances de esta limitación, será preciso acudir al tenor del artículo 194 de la Constitución, el cual dispone que: “[L]as municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (…)”. Es del caso precisar que el Tribunal Constitucional ha señalado (cfr. Sentencia recaída en el Expediente N° 0013-2003-AI/TC) que, frente a la diversidad de significados y contenidos que reviste la garantía institucional de la autonomía municipal, deben tenerse en consideración, principalmente, los siguientes elementos: “a) contenido subjetivo u organizativo de la autonomía: la existencia de las municipalidades; b) contenido objetivo o sustantivo de la autonomía, esto es, la autonomía como garantía de la gestión de los asuntos que interesen a la comunidad local; y c) contenido institucional de la autonomía, que hace referencia a la posición de las municipalidades en el desempeño de sus funciones, es decir, la autonomía como ejercicio bajo la propia responsabilidad del ámbito de funciones públicas confiado por el legislador, con lo que se alude a cierto grado de libertad e independencia que caracteriza la posición de la actuación de las municipalidades frente a injerencias de instancias superiores”.

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48. Asumiendo esta perspectiva, este Tribunal considera que la interpretación formulada por la Sala emplazada en la resolución de autos implica, prima facie, una afectación a la garantía institucional de la autonomía municipal en su dimensión institucional, reconocida en el artículo 194 de la Constitución, en la medida que impone a las municipalidades distritales y provinciales de todo el país la obligación de que sus ejecutores coactivos estén acreditados ante todas las entidades mencionadas en el artículo 3.3. del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva, como requisito previo para hacer efectivas sus acreencias. Identificación de la medida objeto de control de proporcionalidad. Distinción entre “disposición” y “norma” 49. Como antes quedó expuesto, el artículo 3.3 del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva prescribe que “[S]olo los ejecutores coactivos debidamente acreditados ante las entidades del sistema financiero y bancario, la Policía Nacional del Perú, las diferentes oficinas registrales del territorio nacional y ante el Banco de la Nación, podrán ordenar embargos o requerir su cumplimiento (…)”. Al respecto, cabe precisar que conforme lo ha sostenido este Tribunal en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00010-2002-AI/TC, fundamento 34, en todo precepto legal se puede distinguir entre: a) el texto o enunciado, es decir, el conjunto de palabras que integran un determinado precepto legal (disposición); y, b) el contenido normativo, o sea el significado o sentido de ella (norma). 50. Pues bien, de una lectura preliminar del artículo 3.3 del Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva (disposición) es posible desprender una serie de sentidos interpretativos (normas), todos ellos potencialmente aplicables al interior del proceso ordinario aquí cuestionado. Sin embargo, el control constitucional que se efectuará en esta sede recaerá en aquella norma que fue aplicada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia al emitir la resolución s/n de fecha 5 de abril de 2011. Esa norma es: “Solo los ejecutores coactivos debidamente acreditados ante todos los siguientes organismos: entidades del sistema financiero y bancario, Policía Nacional del Perú, las diferentes oficinas registrales del territorio nacional y el Banco de la Nación, podrán ordenar embargos o requerir su cumplimiento”. Examen de idoneidad 51. En tal sentido, corresponde evaluar: i) el objetivo y finalidad de relevancia constitucional que se persiguen con la intervención en los principios constitucionales; y ii) la adecuación de la medida, es decir, verificar si la medida estatal es adecuada o no para lograr la mencionada finalidad de relevancia constitucional. i) Objetivo y finalidad de la intervención (medio-fin) 52. Para determinar el objetivo, esto es, el estado de cosas que se pretende lograr con la enumeración de una serie de entidades ante las cuales deben estar acreditados los ejecutores coactivos para ordenar embargos o requerir su cumplimiento, resulta válido acudir a lo expresado por la propia Sala en la resolución cuestionada, cuando afirma que su interpretación del artículo 3.3. del Reglamento de la Ley de

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Ejecución Coactiva “constituye una garantía que la ley impone para evitar el fraude”. De lo cual se desprende que el objetivo de la interpretación sostenida por la Sala consiste en evitar el fraude en los procedimientos de ejecución coactiva, al impedir que terceros no autorizados y legitimados por la entidad correspondiente pretendan la ejecución de embargos inexistentes. 53. Ahora bien, este objetivo se justifica en la prosecución de determinados principios constitucionales tales como el principio de seguridad jurídica y de orden público, que se derivan de la fórmula de Estado de Derecho contenida en los artículos 3 y 43 de la Constitución, así como en la proscripción del abuso del derecho, reconocida en su artículo 103 segundo párrafo. Así las cosas, se advierte que el objetivo de la disposición legal cuestionada se justifica en la prosecución de fines que tienen cobertura constitucional. ii) Adecuación de la medida 54. Se trata ahora de determinar si la medida adoptada, esto es, interpretar que la lista de entidades que establece el artículo 3.3. del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva es una lista taxativa, es adecuada o conducente al objetivo antes mencionado. La respuesta es afirmativa. El objetivo de impedir el abuso del derecho, favorecer la seguridad jurídica y legitimar la acción de los ejecutores coactivos, puede lograrse a través de la interpretación esbozada por la Sala Civil demandada. 55. Es importante destacar que la verificación sobre si una determinada medida estatal es adecuada o no para lograr un objetivo basado en un fin de relevancia constitucional, no implica un pronunciamiento respecto de si tal medida es la mejor, o no, o si es necesaria, o no, pues tal pronunciamiento recién se realizará en el siguiente examen (el de necesidad). Examen de necesidad 56. Dado que la medida cuestionada ha superado el examen de idoneidad, corresponde ahora verificar si supera también el examen de necesidad. Bajo este examen se analiza si existen interpretaciones alternativas a la optada por el juez, que no sean gravosas o, al menos, que lo sean en menor intensidad. Se trata de comparaciones entre medios (relación medio-medio). De un lado, el medio estatal cuestionado, y de otro lado, otros medios alternativos (hipotéticos) que se hubieran podido adoptar para alcanzar el mismo fin de relevancia constitucional. Por ello, los medios alternativos han de ser igualmente idóneos. En el caso se trata entonces de examinar si frente a la interpretación adoptada por los jueces de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República –esto es, afirmar que el ejecutor coactivo se encuentre acreditado ante todas las entidades consignadas en el artículo 3.3. del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva– había medidas alternativas menos lesivas pero igualmente aptas para alcanzar el objetivo de los principios constitucionales antes señalados. 57. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional estima que la interpretación adoptada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República

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no resulta absolutamente necesaria para la consecución del objetivo que se pretende, vale decir, impedir el abuso del derecho, favorecer la seguridad jurídica y legitimar las actuaciones de los ejecutores coactivos, pues el mismo objetivo pudo haberse logrado mediante una interpretación distinta, igualmente idónea al fin previsto, pero menos restrictiva de la garantía institucional de la autonomía municipal antes aludida, cuál era entender que la acreditación solo resultaba exigible ante la entidad frente a la cual el ejecutor coactivo pretende hacer efectiva su acreencia. 58. No otra cosa, en efecto, se desprende de la ratio legis de la norma en cuestión, cual es vincular la acreditación exigida con la naturaleza de la medida cautelar que va a ser ejecutada: así, si se tratara de un embargo en forma de secuestro que requiere el auxilio de la fuerza pública, lo razonable será exigir que el ejecutor coactivo esté acreditado ante la Policía Nacional del Perú; tratándose de un embargo en forma de inscripción, deberá estarlo ante la oficina registral correspondiente; mientras que, tratándose de un embargo en forma de retención, como en el caso de autos, bastará con que el ejecutor coactivo esté acreditado ante la entidad financiera correspondiente; requisito este último que, como consta de los actuados, fue verificado y cumplido a cabalidad tanto por Scotiabank S.A.A. como por el ejecutor coactivo. 59. En ese sentido, deviene en arbitrario que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República haya aplicado el citado dispositivo legal de una manera tan estricta y literal, que termine imponiendo un requisito de imposible cumplimiento a las municipalidades y demás órganos estatales, desnaturalizando de este modo todo el sistema de ejecución coactiva del Estado en su conjunto así como la garantía institucional de la autonomía municipal, en su contenido institucional. 60. Por lo demás, no escapa a la consideración de este Colegiado que, para el caso específico de los gobiernos locales, el artículo 3.4 del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva dispone expresamente que: “(…) el ejecutor coactivo no podrá realizar sus funciones fuera de la provincia a la que pertenece la entidad que representa”, por lo que mal hace la Sala al exigir a tales Ejecutores estar acreditados ante entidades frente a las cuales, en virtud de este numeral, no podrán ejercer sus funciones. Esto último revela no solo que la opción interpretativa hipotética antes formulada tiene pleno asidero legal, sino también que la opción opuesta, la formulada por la Sala es, además de irrazonable y desproporcionada, manifiestamente incorrecta. 61. En suma, habiéndose verificado que la interpretación del artículo 3.3. del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva, sostenida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, no supera el examen de necesidad, y consecuentemente que dicha interpretación restringe injustificadamente la garantía institucional de la autonomía municipal y el sistema de ejecución coactiva del Estado en su conjunto, debe declararse la inconstitucionalidad de la interpretación

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ANEXO

del citado dispositivo (norma o sentido interpretativo) realizada por los jueces supremos, por resultar irrazonable y desproporcionada. Examen de proporcionalidad en sentido estricto 62. No obstante haberse determinado que la interpretación sostenida por la Sala demandada no supera el examen de necesidad, y en consecuencia, es inconstitucional, cabe adicionalmente someter dicho criterio interpretativo al examen de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto, con arreglo al cual “cuanto mayor sea la intensidad de la intervención en el derecho fundamental, tanto mayor ha de ser el grado de realización u optimización del fin constitucional”; examen este que, si bien no añadirá nada a la conclusión antes formulada, permitirá evidenciar con mayor claridad aún el agravio constitucional generado por la resolución cuestionada. 63. Partiendo, pues, de esta premisa, el Tribunal Constitucional observa que la Sala Civil demandada tampoco ha realizado una adecuada ponderación de los bienes y derechos en conflicto, pues otorgó mayor peso, sin mayor fundamento, al valor de la seguridad jurídica en el sistema de acreditación de los ejecutores coactivos, en detrimento de la garantía institucional de la autonomía municipal y de la propia eficacia del sistema de ejecución coactiva en su conjunto, más aún cuando ello condujo a la afectación del derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales según lo expuesto supra, al imponer un requisito de imposible cumplimiento a las entidades estatales para hacer efectivas sus acreencias a través del sistema financiero, desconociendo de este modo la innegable importancia que ostenta para el Estado la regularidad y permanencia de dicho sistema, amén de situar a las entidades del sistema financiero –como el banco recurrente– en una situación de incertidumbre respecto de la legitimidad de su accionar y las consecuencias de ello, al no poder prever sus futuras responsabilidades de orden civil y penal. Por esta razón adicional, entonces, la interpretación de la Sala demandada también resulta irrazonable y desproporcionada. 6.§ Derecho a la seguridad jurídica y proscripción del abuso del derecho 64. En otro extremo de su demanda, la sociedad recurrente manifiesta que la resolución judicial cuestionada vulnera también la garantía constitucional de la seguridad jurídica, pues ha sido emitida en el marco de un proceso viciado por la manifiesta falta de interés para obrar de Telefónica, al no haberse tenido en cuenta que el proceso iniciado contra Scotiabank S.A.A. persigue la misma función satisfactiva (esto es, la restitución del monto que fue materia de cobranza coactiva) que los procesos contencioso administrativos previamente iniciados por Telefónica S.A.A. contra las municipalidades ejecutantes. 65. Al respecto, de la copia de la resolución cuestionada, de fecha 5 de abril de 2011, el Tribunal Constitucional constata que, efectivamente, la recurrente alegó como causal de su recurso de casación la infracción a las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales, aduciendo que:

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“(…) la Sala Superior ejerciendo su deber permanente de saneamiento del proceso debió advertir que Telefónica del Perú S.A.A. carece manifiestamente de interés para obrar en tanto que la materia que se discute en este proceso no difiere de lo que es materia de discusión en el proceso de revisión judicial de legalidad del procedimiento de cobranza coactiva iniciado por la misma, concluyendo el banco recurrente que la demanda debió ser declarada improcedente en virtud de lo establecido en el artículo 427, inciso 2 del Código Procesal Civil” (considerando primero).

66. En su análisis sobre esta causal específica, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República resolvió declararla infundada pues, a su juicio, el interés para obrar de Telefónica S.A.A. se manifestaba en la necesidad de solicitar en la vía civil el cumplimiento de la relación contractual celebrada con el Banco Wiese Sudameris (hoy Scotiabank), a fin de que este último le restituya la suma de dinero depositada e indebidamente retenida y entregada a terceros; mientras que, por el contrario:

“(…) los mencionados procesos de revisión judicial del procedimiento coactivo tienen como finalidad la revisión de la legalidad de dicho procedimiento en el cual se denota la relación existente entre el administrado y la administración, relación jurídica distinta a la que es materia de discusión, no pudiendo ser objeto de análisis en esta vía las relaciones administrativas entre Telefónica del Perú y las municipalidades ejecutante[s]” (considerando décimo).

67. El Tribunal Constitucional no comparte esta apreciación de la Sala y entiende, por el contrario, que ella avala un supuesto de abuso del derecho proscrito por el artículo 103 de la Constitución, a la vez que afecta el principio de predictibilidad de las resoluciones judiciales, reconocido implícitamente por la Constitución. En efecto, de las instrumentales que obran a fojas 41, 61, 85 y 90, queda plenamente acreditado que, con fecha anterior a la expedición de la resolución judicial aquí cuestionada, la empresa Telefónica S.A.A. impulsó en la vía ordinaria una serie de procesos judiciales contra las Municipalidades de San Andrés y Subjantalla, uno de los cuales se encuentra actualmente en trámite, y el otro, con sentencia definitiva favorable a dicha empresa. Así pues: -

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A fojas 41, obra la Resolución N° 65, su fecha 3 de abril de 2009, expedida por la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima (Expediente N° 0638-2008), que resuelve declarar improcedente la demanda interpuesta por Telefónica del Perú S.A.A., sobre revisión judicial, contra la Municipalidad Distrital de San Andrés y otros. Según el Reporte del Sistema de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial (obrante a fojas 52), se observa que este proceso se encuentra en trámite de apelación, ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República (Expediente N° 321-2010).

ANEXO

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A fojas 61, obra la Resolución N° 21, su fecha 30 de mayo de 2006, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica (Expediente N° 2003-1543) que reformando la apelada, resuelve declarar fundada la demanda interpuesta por Telefónica del Perú S.A.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Subjantalla, sobre impugnación de resolución administrativa, y en consecuencia nulas las Resoluciones de Alcaldía N°s 066-2003-MDSA y N° 048-03-MDS/A, esta última que modificó el monto de la multa inicialmente impuesta a la suma de 1’000,240.00 nuevos soles, y nulo todo lo actuado a nivel administrativo, debiendo la entidad edil demandada restituir los montos indebidamente abonados por la demandante como consecuencia de la imposición de multas. Cabe señalar que, según el Reporte del Sistema de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial (obrante a fojas 68), existe una medida cautelar de embargo, en el Expediente N° 1544-2003, de Telefónica del Perú contra la Municipalidad de Subjantalla. Igualmente, a fojas 71, según la demandante, se viene ejecutando una medida cautelar de embargo a favor de Telefónica.

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A fojas 85, obra la Resolución N° 35, su fecha 24 de abril de 2006, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica (Expediente N° 2003-1595), mediante la cual, reformando la apelada, declaró fundada la demanda interpuesta por Telefónica del Perú S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de Subjantalla, sobre impugnación de resolución administrativa, y en consecuencia, nulo el expediente administrativo del cual derivaron las Resoluciones de Alcaldía N° 067-2003-MDS/A y N° 050-2003-MDS/A, sobre recurso de reconsideración y modificación del monto de la multa impuesta.

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A fojas 90, obra la Resolución N° 37, su fecha 7 de mayo de 2007, expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Pisco (Expediente N° 2004-228), mediante la cual, confirmando la apelada, declara fundada en parte la demanda interpuesta por Telefónica del Perú S.A.A. contra la Municipalidad de San Andrés, sobre proceso contencioso administrativo, y en consecuencia, nulo el oficio N° 0148-2004-MDSA/ALC, que suspende el trámite de solicitud de nulidad presentada contra la Multa N° 001-2003-UR-MDSA y ordena que la municipalidad demandada expida nueva resolución en el plazo de diez días y vuelva a calificar el recurso de reconsideración presentado por Telefónica del Perú S.A.A., careciendo de objeto que se emita pronunciamiento respecto de la pretensión accesoria de nulidad de actos derivados que se sustente en la resolución impugnada.

68. En ese sentido, y sin que resulte necesario que este Tribunal se pronuncie sobre el interés para obrar que le asistía Telefónica S.A.A. en el proceso civil de cumplimiento de contrato del cual emana la resolución judicial aquí cuestionada, elemento este cuya apreciación corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, el Tribunal Constitucional estima que el criterio asumido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República vulnera los principios constitucionales de seguridad jurídica y proscripción del abuso del derecho,

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pues no obstante conocer de la preexistencia de estos procesos, desestimó inexplicablemente la causal de casación referida a estos hechos, restándole así importancia al accionar de Telefónica S.A.A. para hacer un doble cobro de su acreencia, intención esta que queda plenamente acreditada con las instrumentales citadas supra. 69. Sobre el particular, debe recordar este Tribunal que la cláusula constitucional que proscribe el abuso del derecho, aplicada al ámbito de los derechos fundamentales, supone la prohibición de desnaturalizar las finalidades u objetivos que sustentan la existencia de cada atributo, facultad o libertad reconocida sobre las personas [cfr. Sentencia recaída en el Expediente N° 05296-2007-PA/TC, fundamento 12 ]. Los derechos, pues, no pueden utilizarse de una forma ilegítima o abusiva, como ocurre en el presente caso, en que la empresa Telefónica S.A.A. pretenda obtener un doble beneficio por una misma causa, lo que a todas luces resulta inconstitucional. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú. HA RESUELTO 1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo, y en consecuencia, NULA la resolución s/n de fecha 5 de abril de 2011, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República derivada del Expediente CAS. N° 3313-2009. 2. Dispone que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República emita una nueva resolución tomando en consideración los fundamentos expuestos en la presente sentencia. Publíquese y notifíquese. SS. ÁLVAREZ MIRANDA; URVIOLA HANI; MESÍA RAMÍREZ; BEAUMONT CALLIRGOS

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STC Exp. N° 04509-2011-PA/TC Caso: Estalin Mello Pinedo Asuntos abordados respecto al amparo contra resolución judicial: estándares del control constitucional de providencias judiciales: examen de razonabilidad examen de coherencia y, examen de suficiencia (atenuación); prevalencia del interés superior del niño y adolescentes sobre el derecho de defensa

EXP. N° 04509-2011-PA/TC-SAN MARTÍN ESTALIN MELLO PINEDO SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 11 días del mes de julio de 2012, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Mesía Ramírez y Beaumont Callirgos, pronuncia la siguiente sentencia. ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Estalin Mello Pinedo contra la sentencia expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, de fojas 234, su fecha 15 de julio de 2011, que declaró improcedente la demanda de autos. ANTECEDENTES Con fecha 13 de enero de 2010, el recurrente interpone acción de amparo contra el Primer Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Tarapoto, a fin de que se declare nulo todo lo actuado hasta la notificación del mandato de declaración judicial de paternidad extramatrimonial en el proceso sobre filiación extramatrimonial iniciado en su contra por doña Gianinna Lozano Pérez, en representación de la menor P.N.M.L. (Exp. N° 524-2008). Sostiene que ha sido declarado padre biológico de la antes citada menor en mérito a la Resolución N° 2, de fecha 3 de octubre de 2008, que contiene el mandato de declaración judicial de paternidad, ordenándose la inscripción de la misma como si fuera su hija y todo ello por no haber formulado oposición alguna. Señala, al respecto, que si no se opuso en su momento a la citada declaración no fue por dejadez alguna de su parte, sino porque nunca tuvo conocimiento del proceso de filiación iniciado en su contra, ya que no fue notificado con la demanda ni con las resoluciones recaídas en el trámite del proceso, siendo que tuvo conocimiento de dicho proceso recién a su retorno al país por intermedio de sus padres. Alega que durante toda la secuela del proceso ha estado ausente del país, esto es desde el año 1999 hasta el año 2009, por lo que en ese sentido no ha sido válidamente notificado no obstante que la representante legal de la menor sabía de su residencia en el exterior, por lo que debió ser notificado vía edictos. Agrega que por lo mismo se le ha impedido ejercer su derecho de defensa y tener la certeza de que la indicada menor sea realmente su progenie, afectándose su derecho al debido proceso.

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El emplazado contesta la demanda manifestando que no ha emitido resolución admitiendo ni ordenado que se registre a la menor como hija del recurrente, pues su designación al despacho ha sido posterior a la emisión de la resolución cuestionada. El procurador público adjunto ad hoc en procesos constitucionales a cargo de la Procuraduría Pública del Poder Judicial contesta la demanda manifestando que lo que se pretende es revertir el criterio jurisdiccional emitido por el juzgador, al interior de un proceso regular, lo cual resulta vedado para los procesos constitucionales. El Juzgado Especializado en lo Civil de la Provincia de San Martín, con fecha 14 de diciembre de 2010, declaró fundada la demanda, considerando que se ha comprobado la ausencia del actor en el país durante el periodo comprendido entre el 24 de junio de 1999 y el 18 de diciembre de 2009, razón por la cual no pudo ser notificado debidamente, vulnerándose de este modo su derecho a la defensa. La recurrida revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, argumentando que el recurrente tiene expedita otra vía igualmente satisfactoria para la protección del derecho invocado. FUNDAMENTOS Petitorio 1. Conforme aparece del petitorio de la demanda, el presente proceso constitucional se dirige a que se declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso sobre filiación extramatrimonial iniciado contra el demandante por doña Gianinna Lozano Pérez, en representación de la menor P.N.M.L. (Exp. N° 524-2008), toda vez que según alega el demandante no ha sido notificado válidamente en tanto no se encontraba en el país durante el periodo en que se sustanció el citado proceso. Alega la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa y solicita retrotraer el citado proceso hasta el momento de la notificación del mandato de declaración judicial de paternidad extramatrimonial. 2. De la pretensión contenida en los autos se aprecia que el debate se centra en el cuestionamiento de un proceso en el que, según afirma el demandante, se le ha colocado en total indefensión, al haberse tramitado a sus espaldas y lo que es más delicado, habérsele asignado una condición de paternidad que en ningún momento tuvo la posibilidad de cuestionar o debatir. El debido proceso 3. El artículo 139, inciso 3), de la Constitución establece como derecho de todo justiciable y principio de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso. Dicho atributo, a tenor de lo que establece nuestra jurisprudencia, admite dos dimensiones; una formal o procedimental y otra de carácter sustantivo o material. Mientras que en la primera de las señaladas está concebido como un derecho continente que abarca diversas garantías y reglas que garantizan un estándar de participación justa o debida durante la secuela o desarrollo de todo tipo de procedimiento (sea este judicial, administrativo, corporativo particular o de cualquier otra índole), en la segunda de sus dimensiones exige que los pronunciamientos o

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resoluciones con los que se pone término a todo tipo de proceso respondan a un referente mínimo de justicia o razonabilidad, determinado con sujeción a su respeto por los derechos y valores constitucionales. 4. El debido proceso dentro de la perspectiva formal, cuya afectación se invoca en el presente caso, comprende un repertorio de derechos que forman parte de su contenido esencial, entre ellos, el derecho al juez natural, el derecho al procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, el derecho a la motivación de las resoluciones, el derecho a los medios de prueba, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, etc. La sola inobservancia de cualquiera de estas reglas, como de otras que forman parte del citado contenido, convierte el proceso en irregular legitimando con ello el control constitucional. Análisis de las afectaciones al debido proceso producidas al interior del proceso judicial cuestionado. El derecho de defensa 5. De acuerdo a lo que se aprecia de la demanda, se califica el proceso sobre filiación extramatrimonial seguido contra el recurrente de indebido o irregular, en tanto se imputa violación de su derecho de defensa. Este Colegiado, al respecto y de lo que aparece de los actuados de dicho proceso ordinario, acompañados al expediente constitucional, observa que en efecto no se cumplió en momento alguno con notificarle válidamente el mandato de declaración judicial de paternidad extramatrimonial, pues como ha quedado demostrado con la hoja de movimiento migratorio (fojas 96 del expediente principal), el recurrente estuvo ausente del país durante el periodo comprendido entre el 24 de junio de 1999 y el 18 de diciembre del 2009, en que retornó al suelo patrio. 6. Aunque de los actuados del proceso sobre filiación extramatrimonial, se aprecia que el entonces demandado fue notificado por debajo de la puerta en el domicilio que al efecto señaló la demandante del citado proceso, dicho acto procesal carece de toda validez, pues no encontrándose el actual recurrente en el territorio del Estado, no se pudo garantizar su derecho de defensa en la forma prevista por la Ley N° 28457, que regula el proceso de filiación extramatrimonial. Conviene, al respecto, precisar que de acuerdo con el citado procedimiento, emitido el mandato de declaración judicial, este se comunicará al demandado, quien tendrá derecho a oponerse específicamente mediante la prueba de ADN, contando para tal efecto con el término de diez días para la indicada oposición, plazo fuera del cual dicho mandato se convertirá recién en una resolución de declaración judicial de paternidad. 7. En el contexto descrito y siendo evidente que el actual amparista no tuvo conocimiento alguno del mandato de declaración judicial de paternidad, no se le ha dado la oportunidad de oponerse en la forma antes señalada ni mucho menos de interponer los mecanismos impugnatorios previstos por la ley, afectándose de este modo y de manera directa su derecho a defenderse. En tales circunstancias y como no puede ser de otra manera, el destino de la presente demanda no es otro que el de su consideración estimatoria.

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Caso especial. Los eventuales perjuicios sobre una menor a consecuencia de un proceso irregular. 8. Al margen de las consideraciones precedentes que advierten a este Colegiado de una evidente legitimidad en el reclamo planteado, el presente caso, sin embargo, presenta un ingrediente especial que tampoco puede pasar inadvertido y que se refiere al estatus especial en el que pueda encontrarse aquella menor reconocida judicialmente con una determinada identidad a título de un proceso que según se ha dicho, es irregular y cuyas consecuencias puedan acarrearle un evidente perjuicio. Ello, a juicio de este Tribunal, obliga a que la presente causa, con independencia de su resultado favorable, tenga que ser vista de una manera muy particular, según se verá más adelante. El derecho a la identidad y la protección del menor 9. Este Colegiado ha dejado establecido en su jurisprudencia que la identidad a que se refiere el inciso 1) del artículo 2 de la Constitución ocupa un lugar esencial entre los atributos esenciales de la persona. Como tal representa el derecho que tiene todo individuo a ser reconocido estrictamente por lo que es y por el modo como es, encontrándose constituido por diversos elementos tanto de carácter objetivo como también de carácter subjetivo. Entre los primeros cabe mencionar los nombres, los seudónimos, los registros, la herencia genética, las características corporales, etc., mientras que entre los segundos se encuentran la ideología, la identidad cultural, los valores, la reputación, etc. (Exp. N° 2223-2005-PHC/TC). 10. Particularmente especial, por lo que respecta a los casos en que se efectúa un reconocimiento judicial de paternidad es el nombre, pues es en función del mismo que la persona no solo puede conocer su origen, sino saber quién o quiénes son sus progenitores, así como conservar sus apellidos. El nombre adquiere así una trascendencia vital en tanto, una vez establecido, la persona puede quedar plenamente individualizada en el universo de sus relaciones jurídicas y, desde luego, tener los derechos y las obligaciones que de acuerdo a su edad o condición le va señalando el ordenamiento jurídico. 11. No menos importante que el derecho a la identidad es, a su vez, el principio del interés superior del niño y el adolescente. Este principio, reconocido primigeniamente en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con fecha 20 de noviembre de 1959, estableció en el artículo 2 que:

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“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”.

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12. El mismo criterio quedó reiterado y desarrollado en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que en su momento dispuso que:

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

13. En el plano interno y en una línea muy semejante a la supranacional resulta de particular relevancia lo dispuesto en el artículo 4 de nuestra Constitución Política de 1993 y en el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes.

Mientras que la primera de las citadas normas estableció que:

“La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono”.

La segunda de las mencionadas dejó claramente establecido que:

“En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los gobiernos regionales, gobiernos locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el principio del interés superior del niño y del adolescente y el respeto a sus derechos”.

14. Por último, y en el escenario de la jurisprudencia constitucional, cabe aquí relievar que desde muy temprano nuestro Colegiado tuvo la ocasión de reconocer la antes citada línea de razonamiento como lo demuestra, entre otras, la ejecutoria emitida en el Exp. N° 0298-96-AA/TC o de considerarla como parte integrante del bloque de constitucionalidad, como se desprende de la sentencia recaída en el Exp. N° 6165-2005-PHC/TC. 15. En muy resumidas cuentas, lo que se quiere enfatizar con el principio señalado es, pues, el interés prioritario que subyace tras toda medida o decisión adoptada por el Estado y sus órganos cuando del niño o del adolescente se trata. Dicho interés, como es obvio suponer, no se traduce en una simple concepción enunciativa, sino que exige, por sobre todo, la concretización de medidas y decisiones en todos los planos. Estas últimas, como regla general, gozarán de plena legitimidad o sustento constitucional en tanto sean adoptadas a favor del menor y el adolescente, no en su perjuicio, lo que supone que de presentarse casos en los que sus derechos o intereses tengan que verse afectados por alguna razón de suyo justificada (otros bienes jurídicos) deberá el Estado tratar de mitigar los perjuicios hasta donde razonablemente sea posible. 16. Conviene, por supuesto, añadir que la concepción de un interés prevaleciente para el menor o el adolescente no solo individualiza al Estado y a sus órganos como los directos responsables de su promoción y ejecución, sino que también involucra a

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la sociedad en conjunto, en tanto esta es otra [de] las destinatarias de los mandatos contenidos en la Constitución. Decisión adoptada para evitar el perjuicio del menor 17. En la sentencia recaída en el Exp. N° 3179-2004-AA/TC se dejó establecido que a efectos de delimitar el canon interpretativo conforme al cual se ha de proceder al examen de la resolución o las resoluciones judiciales que han sido objeto de cuestionamiento vía un proceso constitucional, son tres los criterios o estándares a seguir: a) examen de razonabilidad; b) examen de coherencia y c) examen de suficiencia. 18. El examen de razonabilidad permite concretizar el control tomando en cuenta los actuados del proceso ordinario que realmente resulten relevantes para el análisis del caso constitucional planteado. De acuerdo con este criterio, habrá supuestos en que dicho análisis tenga que ser total (se tomará en cuenta la totalidad del proceso de donde deriva la resolución o las resoluciones cuestionadas) y habrá casos en que el mismo se limite a solo parte de los actuados. En tal contexto y aun cuando lo conveniente siempre será tener una visión integral del proceso cuestionado, el control de constitucionalidad solo podrá recaer específicamente en la parte o sector que tenga incidencia directa o real sobre la vulneración reclamada. 19. El examen de coherencia supone individualizar la conducta lesiva a partir de sus vínculos con la resolución o las resoluciones cuestionadas, de modo tal que se demuestre o quede en evidencia la relación indiscutible entre lo que se considera inconstitucional y los actuados del proceso judicial ordinario. De no ser así, carecería de todo sentido un control sobre las resoluciones judiciales o más aún, sobre la totalidad del proceso. 20. El examen de suficiencia es lo que en último término va a permitir determinar el nivel de control necesario para el caso planteado. Siendo evidente que habrá casos en que la inconstitucionalidad ha de recaer sobre la totalidad del proceso y otros sobre los que esta última solo estará focalizada en determinada parte del mismo, (resolución o resoluciones en particular), la intensidad de la fiscalización a ponerse en práctica ha de responder a las características de cada supuesto y siempre deberá tener en cuenta las consecuencias o repercusiones en el proceso ordinario y, por sobre todo, los derechos y valores constitucionales que habrá de afectarse. 21. Particularmente relevante es en el caso de autos el examen de suficiencia, pues como se ha indicado precedentemente, el proceso cuestionado tiene como ingrediente especial el hecho de que la resolución judicial en cuestión se pronuncia a favor de la identidad que en adelante ha de corresponderle a una menor. En tales circunstancias procede dilucidar si la decisión a adoptar puede de alguna manera involucrar el estatus adquirido, sea para mantenerlo, sea para dejarlo sin efecto. 22. Considera, al respecto, este Colegiado que en el supuesto examinado y aun cuando ha quedado plenamente acreditado el agravio de los derechos de la parte recurrente, no se puede tampoco y sin más desproteger los derechos constitucionales de la menor P.N.M.L. en cuanto beneficiaria de la declaración judicial de

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ANEXO

paternidad ya que ello podría resultar particularmente pernicioso en relación con su derecho a la identidad. En tales circunstancias y a efectos de obrar en forma adecuadamente previsora, esto es, compatible con el control de intensidad, deberá suspenderse los efectos nulificantes que pudieran recaer específicamente sobre el reconocimiento de paternidad ordenado en el proceso subyacente (Resolución N° 2, del 3 de octubre del 2008), hasta que culmine el nuevo trámite de dicho proceso, pues el efecto retroactivo de la presente decisión constitucional necesariamente implicará que el juez reanude los actos de notificación del mandato judicial de paternidad, siendo evidente que se mantendrá la expectativa de que se demuestre la filiación de la menor. Mientras ello se dilucide, la menor favorecida con la declaración del citado proceso tendrá plenamente garantizado su derecho a la identidad. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú. HA RESUELTO Declarar FUNDADA la demanda, por haberse acreditado la vulneración del derecho al debido proceso de don Estalin Mello Pinedo, debiéndose retrotraer el proceso al estado respectivo a fin de notificar el mandato judicial de paternidad obrante a fojas 11 del expediente sobre filiación extramatrimonial (Exp. N° 524-2008). Suspender los efectos nulificantes sobre la declaración judicial de paternidad extramatimonial de la menor P.N.M.L. (Resolución N° 2, del 3 de octubre del 2008), debiendo garantizarse su derecho a la identidad, bajo expresa responsabilidad de las autoridades judiciales que conozcan y resuelvan el proceso de filiación extramatrimonial reiniciado por efecto del mandato contenido en esta sentencia y hasta que este quede concluido. Publíquese y notifíquese. SS. ÁLVAREZ MIRANDA; MESÍA RAMÍREZ; BEAUMONT CALLIRGOS

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Índice general

Índice general

Dedicatoria................................................................................................ 5 Prólogo...................................................................................................... 7 Introducción ............................................................................................. 15

Argumentos a favor y en contra del “amparo contra resolución judicial” I.

El caso argentino............................................................................... 19

II. El caso ecuatoriano........................................................................... 20 III. El caso colombiano........................................................................... 20 IV. El caso español................................................................................. 21 V. El caso mexicano.............................................................................. 22 VI. El caso venezolano........................................................................... 23 VII. El caso boliviano.............................................................................. 24

La Constitución Política del Perú de 1993: Argumentos a favor y en contra del “amparo contra resolución judicial” I.

La Ley Nº 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo....................... 25

II. El Código Procesal Constitucional, Ley Nº 28237........................... 27

El contenido constitucionalmente protegido de los derechos constitucionales invocados en un “amparo contra resolución judicial” I.

Solo derechos fundamentales procesales.......................................... 31

II. Derechos fundamentales procesales y sustantivos........................... 32 III. Situaciones que revisten relevancia constitucional por vulnerar derechos procesales y/o sustantivos al interior de un proceso judicial ordinario............................................................................................ 34

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La inexistencia de vía igualmente satisfactoria, más que el “amparo contra resolución judicial”, para cuestionar vulneraciones a los derechos constitucionales producidas por resoluciones judiciales arbitrarias ..........................................

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El juez competente en el “amparo contra resolución judicial” I.

El juez del domicilio del afectado.................................................... 41

II. El juez del lugar donde se afectó el derecho constitucional. Excepciones a la regla...................................................................... 42

El juez imparcial en el “amparo contra resolución judicial”: La teoría de la apariencia I.

La viabilidad de un amparo directo ante el Tribunal Constitucional..... 45

II. El Poder Judicial y las improcedencias liminares de la demanda.... 48 III. El Tribunal Constitucional y las improcedencias liminares de la demanda............................................................................................ 50 IV. Improcedencias liminares y pronunciamientos de fondo del Tribunal Constitucional............................................................................. 54

Los actos lesivos en el “amparo contra resolución judicial”: Autos, decretos y sentencias I.

La interpretación arbitraria de una ley.............................................. 59

II. La aplicación arbitraria de una ley.................................................... 60 III. La indebida motivación de las sentencias y autos dictados por el juez.................................................................................................... 60 IV. La notificación defectuosa de sentencias o autos dictados por el juez.................................................................................................... 61 V. La no actuación de medios probatorios ofrecidos por las partes o las decretadas de oficio por el juez................................................... 61 VI. Las denegatorias de los recursos de apelación y casación................ 62 VII. La revisión o inicio de procesos judiciales ya fenecidos.................. 62

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ÍNDICE GENERAL

VIII. La declaratoria de nulidad de sentencias o autos ya emitidos.......... 63 IX. La omisión judicial........................................................................... 63 X. La valoración de pruebas en sede casatoria...................................... 65

Los demandados en el “amparo contra resolución judicial” I.

Los jueces de paz letrados, especializados, superiores o supremos del Poder Judicial...................................................................... 67

II. El procurador público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial.............................................................................................. 69 III. La participación del sujeto beneficiado con la resolución judicial cuestionada....................................................................................... 72

Irreparabilidad y cese en el “amparo contra resolución judicial”.................................................................................................. 75 La cosa juzgada en el “amparo contra resolución judicial”..... 79 La prevalencia de las sentencias constitucionales frente a las ordinarias............................................................................................... 81 La actividad probatoria en el “amparo contra resolución judicial” ................................................................................................. I.

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La titularidad del derecho fundamental invocado............................ 86

II. La existencia del acto lesivo reclamado........................................... 87 III. La intervención del acto lesivo en el derecho fundamental invocado.... 89 IV. Cánones de control constitucional de las resoluciones judiciales.... 89

La vía previa judicial en el “amparo contra resolución judicial” I.

La firmeza de la resolución judicial cuestionada. Excepciones a la regla de la firmeza............................................................................. 93

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II. Demandas de amparo prematuras..................................................... 98 III. El no consentimiento del agravio..................................................... 99 IV. La firmeza de una resolución judicial que declara nula otra resolución ordenando que el inferior en grado expida una nueva.............. 100 V. Singularidades en los procesos contenciosos-administrativos inapreciables en dinero o de cuantías menores...................................... 102 VI. Singularidades en los procesos penales sumarios............................. 103 VII. Singularidades en los recursos de anulación de laudo arbitral......... 105 VIII. Singularidades en los procesos laborales tramitados bajo la Ley Nº 26636........................................................................................... 106

El plazo de prescripción en el “amparo contra resolución judicial” I.

Para sentencias estimatorias y desestimatorias................................. 107

II. Para autos cautelares estimatorios y desestimatorios....................... 110 III. Para autos que declaran la conclusión o continuación de un proceso judicial ordinario............................................................................... 111 IV. Para autos que estiman o desestiman excepciones procesales.......... 112 V. Para autos que resuelven el admisorio de una demanda................... 114 VI. Para autos que fijan el monto por concepto de costos y costas procesales............................................................................................... 115 VII. Recursos inoficiosos......................................................................... 116

Peculiaridades de las medidas cautelares en el “amparo contra resolución judicial”................................................................. 127 La actuación inmediata de sentencia impugnada en el “amparo contra resolución judicial”.............................................. 129 La represión de actos lesivos homogéneos en el “amparo contra resolución judicial”................................................................. 131 260

ÍNDICE GENERAL

La sentencia en el “amparo contra resolución judicial”............ 133 ¿Sobre quién recae el pago de costos procesales en el “amparo contra resolución judicial”?.............................................................. 135 Una excentricidad procesal constitucional apasionante: “El amparo contra hábeas corpus” I. Introducción...................................................................................... 139 II. Fuente constitucional del “amparo contra hábeas corpus”............... 141 III. La evidente o manifiesta vulneración a los derechos fundamentales.... 144 IV. El carácter heroico o excepcional de su interposición por una sola vez..................................................................................................... 145 V. Evalúa las vulneraciones a los derechos constitucionales acontecidas en las etapas postulatoria, decisoria, impugnatoria y de ejecución de un proceso constitucional de hábeas corpus, así como en incidentes cautelares......................................................................... 147 1. Etapa postulatoria....................................................................... 150 2. Etapa impugnatoria..................................................................... 151 3. Etapa decisoria............................................................................ 151

3.1. Sentencia estimatoria........................................................... 151

3.2. Sentencia desestimatoria..................................................... 154

4. Etapa de ejecución...................................................................... 156 5. Incidentes cautelares................................................................... 157 VI. Procede frente a vulneraciones de todo tipo de derechos constitucionales, excepto el de la libertad individual.................................... 158 VII. Se habilita en resguardo de la doctrina vinculante establecida por el Tribunal Constitucional................................................................ 160 VIII. Puede ser promovido por un tercero, con interés jurídico relevante, que no participó en el hábeas corpus, pero cuyos derechos han sido vulnerados; y por el demandante del hábeas corpus que, por razones excepcionales, no interpuso el recurso de agravio constitucional............................................................................................. 161

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IX. Se habilita en defensa de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional.......................................................... 163 X. Resulta improcedente contra una demanda de hábeas corpus resuelta en última instancia por el Tribunal Constitucional........................... 164 Bibliografía............................................................................................... 171

Anexo: Principales pronunciamientos sobre el “amparo contra resoluciones judiciales” •

STC Exp. N° 03179-2004-AA/TC................................................... 177

•

STC Exp. N° 02494-2005-PA/TC.................................................... 192

•

STC Exp. N° 01209-2006-PA/TC.................................................... 201

•

STC Exp. N° 00037-2012-PA/TC.................................................... 225

•

STC Exp. N° 04509-2011-PA/TC..................................................... 247

Índice general............................................................................................ 257

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Libro Amparo Contra Resoluciones Judiciales (1)

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