La Sociedad de Gananciales Jose Almeida

José Almeida Briceño

LA SOCIEDAD DE

GANANCIALES

Capítulo 2 LA DISPOSICIÓN ARBITRARIA DEL PATRIMONIO SOCIAL

1.

LA REGLA DE LA ACTUACIÓN CONJUNTA

El Art. 315Q del CC contiene una regla y tres excepciones. La primera, señala que para disponer o gravar bienes sociales se requiere la intervención del marido y de la mujer. Las excepciones a dicha regla son las siguientes: i) cuando uno de los cónyuges delega al otro el ejercicio de tal facultad, mediante poder especial; ii) los actos de adquisición de bienes muebles; y iii) los casos considerados por leyes especiales. En estos supuestos, el acto de disposición o de gravamen puede ser realizado por cualquiera de los cónyuges. Con esta aparente sencillez, nuestro ordenamiento legal pretende abordar una materia que entraña problemas de difícil solución dentro del régimen patrimonial de la sociedad de gananciales, especialmente cuando uno de los cónyuges, infringiendo la regla contenida en dicha norma, dispone o grava uno o más de los bienes sociales sin asentimiento de su consorte a favor de un tercero que actúa sin conocimiento de este hecho; supuesto al que hemos denominado como disposición arbitraria del patrimonio social y cuya amplitud y complejidad se podrán apreciar en los casos que a continuación exponemos:

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CAPíTULO JOSÉ AlMEIDA

BRICEÑO

.Caso 1: DISPOSICiÓN DE INMUEBLE SOCIAL En la mayoría de veces, la disposición arbitraria recae sobre inmuebles que conforman el patrimonio social. Rosa Obregón y Juan Rojas contrajeron matrimonio bajo el régimen de sociedad de gananciales, adquiriendo durante su vigencia dos inmuebles. Uno de ellos ubicado en la calle San José N° 322 Y el otro en la avenida Santa Victoria N° 638 de la ciudad de Chiclayo. El esposo dispuso unilateralmente de dichos inmuebles, el primero a favor de su hijo César a título de anticipo de legítima y el segundo a favor de su hija María a título de compraventa. A su vez, estos hijos los vendieron a favor de César Belisario y Francisco Moza, respectivamente. Una vez que tomó conocimiento de estos hechos, Rosa Obregón pretendió la reivindicación de los bienes sociales, arguyendo que su consorte simuló dichos actos a favor de sus hijos y por lo tanto estarían viciados de nulidad. Los compradores de los inmuebles, por su parte, señalaron que actuaron bajo la fe del registro, ya que en éste no figuraba anotada medida judicial o extrajudicial que limitara su disposición o dominio; y que en mérito a ello, inscribieron sus derechos.

Caso 2: GRAVAMEN DE INMUEBLE SOCIAL En otros casos, el problema se origina por el gravamen de un bien social. En Chiclayo, Julio Severino solicitó un préstamo a un Banco local y en garantía del mismo hipotecó un inmueble inscrito a su nombre pese a haber sido adquirido durante el matrimonio que celebró con María Gonzales, bajo el régimen de la sociedad de gananciales. Más tarde, producto de un mal negocio, Julio Sev~rin? no log:ó cumplir con la deuda y el Banco ejecutó la gar?ntla hipotecaria y finalmente hizo suyo el inmueble social. Mana GO,nzales enterada del embargo de dicho bien, presentó una terc~r~a ?e propiedad, alegando que el gravamen del mismo se realizo Sin su consentimiento; mientras que el Banco adujo a su favor que ignoraba que el contratante era casado, ya que este hecho no aparecía consignado en los Registros Públicos.

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2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

Caso 3: DISPOSICiÓN A TíTULO GRATUITO La amplitud del tema no sólo abarca actos. a título oneroso sino bién a título gratuito y los bienes que Involucra pueden ser tam . '1 f d ., es o inmuebles. Miguel Mujica constituyo a un ación que mue bl . I dif u nombre afectando la propiedad predial urbana y as e I lIIeva s . S t' . nes de la calleAlonso de Molina N° 110, Monternco, an lacaCIO ., dAd I Surco de la ciudad de Lima y la Colecclon e rmas e go de . . b . Perú Y Oro del Mundo, que adquiri? durante s.u ma~nmonlo ajo el régimen de sociedad de gananciales con Aida Diez Cans~~o. Asimismo, constituyó un usufructo personal a favor de sus hijos Milagros Y Pedro sobre los bienes antes indicados. Como consecuencia de ello, la esposa solicitó la nulidad de los actos que produjeron un desmedro en el patrimo.ni~ social, argumenta_nd~ que éstos se realizaron sin su consentimiento. El esp.oso ~enalo que la mayoría de dichos bienes ingresaron a.su p.atnmonl~ propio, por haber sido adquiridos antes.del matrimoruo y ~ue estos por ser una Colección Cultural constituyen una sola unidad.

En todos los casos reseñados, el cónyuge no interviniente se pregunta ¿cómo puede negar fuerza jurídica vinculante ~l acto de disposición o de gravamen realizado por su consorte sin su consentimiento? La respuesta debe partir necesariamente por acreditar que el bien afectado por dicho acto corr:spo~de. al patrimonio social de los cónyuges y no al patrimOnIO pnva?vo del cónyuge interviniente. Salvando este posible inc~onvenI.ente, el problema de fondo estribará en determinar cual es ~l mstrumento de tutela legal que le servirá para sancionar con me~cacia al acto de disposición o de gravamen arbitrario del patnmonio social, ante la omisión que al respecto presenta el Art. 315º del CC. La elección se circunscribirá entre aquellas figuras que produzcan ineficacia por contener un vicio coetáneo al momento de su celebración (ineficacia estructural). Para algunos, el acto adolecerá de nulidad (Art. 219º CC), lo que supone 123

JOSÉ AlMEIDA

que el acto carece de un elemento esencial o es contrario al orden público o a las buenas costumbres; de tal manera que se le niega de cualquier modo la posibilidad de producir conse_ cuencias jurídicas. Para otros, será aplicable la anulabilidad (Art. 221 º CC), que si bien teleológicamente es idéntica a la nulidad se diferencia de ésta porque el acto contiene los elementos esen~ ciales; sin embargo, está afectado de un vicio que puede ser subsanado mediante confirmación. Adicionalmente, desde el ámbito contractual, puede argüirse la existencia de rescisión (Art, 1370º CC), especialmente cuando el acto es concebido como una compraventa de bien ajeno. Finalmente, un número menor, por cierto, podrá opinar que se trata de un caso de ineficacia relativa o inoponibilidad (Art. 161 º CC), ya que el cónyuge interviniente actuó como pseudo representante de su consorte preterido y por consiguiente, el acto resulta ineficaz frente a éste. Por su parte, el tercero de buena fe se pregunta, ¿en qué supuestos puede hacer suyo el bien social a pesar de no haber participado ambos cónyuges en el acto de disposición o de gravamen? Es habitual que argumente que su actuación se guió por los signos de recognoscibilidad de la propiedad que el ordenamiento jurídico nacional le provee: el registro y la posesión. La fe pública registral (Art. 2014º CC) protege a los terceros que adquieren a título oneroso y de buena fe algún bien de uno de los cónyuges que en el registro aparece con facultad para otorgarlo -aun cuando en la realidad de las cosas tenga la calidad de bien social-, pese a que después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los Registros Públicos. La adquisición a non domino (Art. 948º CC) protege al tercero que de buena fe ha recibido un bien mueble no registrado mediante la tradición física de quien aparece en la posesión del mismo. En algunos casos, buscará acreditar que el cónyuge sí conocía del acto de disposición arbitrario y que incluso le brindó una aceptación tácita; mientras que 124

CAPíTULO

BRICEÑO

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

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SOCIAL

otrOS, tratará de ingresar dentro de las excepciones estable1Art 315º del CC específicamente en aquellos casos ·daspore., . 1 el intentarán descifrar «considerados por leyes espeCla es». q~lea~:ente, no es raro que por el decurso del tiempo, a~u~~ a fin cripción adquisitiva de dominio o a la prescnpclOn la pres . .. .ntlva . de la acción del cónyuge no intervimerite. e"u Las soluciones a los interrogantes planteados, así como la ue las normas del CC sirven en la defensa de los forrna en q . in obi d 1 . s de una y otra parte en conflicto seran o ~eto e preinterese f ítulo tratando por separado los argumentos a avor cap sente , d b f del cónyuge no interviniente y a favor de? tercero e uena. e. Un acápite final se ocupará ~e l?s. mecamsmos ~ompensatonos ue nuestro ordenamiento JundlCo debe considerar, ya sea a ~vor del cónyuge no interviniente o .del.tercero de buena fe, cuando la balanza del Derecho no se incline a su favor.

eIl

Actos de gestión ordinaria y extraordinaria del patrimonio social Es importante recordar que, aun cuando el CC no lo exprese claramente, la regla de la actuación conjunta presenta una excepción más, en la medida. que ést~ no puede ~barcar todos los actos de disposición de bienes sociales. ~~ra disponer parte del patrimonio social con el objeto de adqmn~ el pan que se consume en el desayuno de cada día, no se requiere el asentimiento de ambos cónyuges. En general, por el solo hecho del matrimonio y sin importar el régimen patrimonial ~n el qu~ se encuentren, los esposos quedan necesariamente SUjetos a ciertas obligaciones de carácter patrimonial dirigidas a l:vantar las cargas del matrimonio -estatuto que algunos denomlllan como «régimen matrimonial primario»-, dentro de las que se en:~entran las necesidades ordinarias del hogar, a que hace alusión el Art. 292º del CC (asistemáticamente ubicado en el C~pítulo Unico del Título II del Libro de Familia) o en forma analoga la 125

JOSÉ ALMEIDA

BRICE - O CAPíTULO

contribución al so teni . des y rentas de los cón mIento del ho~ar, según las posibilida_ ' YUges,que menCIOna el Art. 300Q del CC E n esto casos lo conyug . . ..' es se encuentran autorizados para tuar mdIstmtamente (potestad d ,.) acomestlca . D~ntro de las cargas del matrimonio deben incIuir erogacIOnes derivadas de adquisiciones co . . se las rnentes u ordmar' 1 para e sustento cotidiano, así como tarnbí 11 las di . ien aque as que Ingen a la conservación del patrimonio de cadaa os se patrimonio social (Art. 316Q, incisos 1 2 4 6 8 c90nCyu~e y del 1 . , , , ,y C) entre d~:~7~er1as [;deb.e.tenerse presente que las necesidades' inmee a arnilia deben encontrarse en propo " co n diICIOnSOCIay " . 1 económica de ' t rCIOn con la . d d es a y SIempre se encuentra fa:i~:~ .e ~ll~~10sl gastos q~e tengan por objeto el cuidado de 1: , mc U1 as as necesIdades urgen tes au d carácter extraordinario(43). ' n cuan o sean de Parla que los alcances del Art 315Q del CC' . a aquellos actos de di '. " se CIrcunscnben ISpOSlCIOnque forma d 1 ., extraordinaria del patri . . n parte e a gesnon ., nmomo SOCIal;concepto . ~IOdncomI?re~de aquellos actos que van más al1i~: f~r n~~~::~ a loeso:dmanas del hogar o de la conservación del patrimonio de s conyuges.

Actos de administración y actos de disposición Tratar de distinguir clar de gestión ordí amente mana y extraordinaria (43)

C

ARBITRARIA

DEL PATRIMO'JIO

SOCIAL

es tarea fácil en la práctica. A manera de ejemplo, el arrendamiento de un bien, cuando uno de los cónyuges actúa como arrendatario, ¿puede considerar e como uno dirigido a atender las necesidades ordinarias del hogar o como un acto de administración o disposición? En un proceso de desalojo por vencimiento del contrato de arrendamiento, el demandado (cónyuge no interviniente) con el fin de evitar el lanzamiento del inmueble que ocupaba, argumentó que dicho contrato fue suscrito únicamente por su esposa y por lo tanto, ante la falta de su asentimiento, requería declararse previamente la nulidad del mismo. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en la CAS. Q 3053-98-CALLAO, resolvió la controversia interpretando los alcances del Art. 292Q del CCC44, )señalando que el acto de administración es aquel que tiene por objeto conservar y obtener el normal rendimiento de los bienes sobre los que recaen. En ese sentido, el acto por el que se entrega en arrendamiento un inmueble social-en calidad de arrendadores un típico acto de administración; mientras que el acto por el cual se recibe un bien en arrendamiento -en calidad de arrendatario- no es en estricto un acto de administración, porque el pago de la renta convenida importa un acto de disposición sobre las sumas destinadas a dicho fin. Cosa distinta, señala la Sala, es determinar si este acto de disposición puede considerarse como uno dirigido a atender las necesidades ordinarias del ho-

(44) CAS. º 3053-98-CALLAO del 19 de mayo de 1999, publicada en la SCEP del 18 de agosto de 1999, pp. 3220-3221. El Artículo 292º CC, en su

omparten

esta posición'

159-160. En el Derecho

IV [Der!cho de F~~ii;~se~e;~~L~;"S:~oi::~sfis~:~I~~ e d., pp. 153-154 Y201. "

126

LA DISPOSIClÓ,

. la dIferencia entre actos del patrimonio social no

P . . _ ~CIDO, Manual de Derecho de Familia, Ci Ciuil; Tomo IV [Derech esp~~ol. AU:lALADEJO, Manuel: Curso de Derecho 149-151 DíEZ-PI' o. de Fa.m¡].la], Barc~lona, Bosch, 1991, 5ª ed. . L, pp.

2:

.J~.

D;echo Civil: ecnos, 1998, 7ª

segt~?do párrafo señala que «para las necesidades del hogar)' actos de administraclOn)' conservación, la sociedad es representada indistintamente por cualquiera de los cón)'uges». La frase «actos de administración» citado en dicho artículo, de?e entenderse Íntimamente ligado a los actos de conservación, con el o.bJeto de diferenciarlo de los actos de «administración del patrimonio soCIal» (Art. 313º CC) y en los que sí se requiere la actuación conjunta de ambos cónyuges.

127

JOSÉ ALMEIOA

gar. En el presente caso, considera que sí, porque el arrendamiento del bien tuvo por objeto proveer un domicilio conyugal en el que los cónyuges puedan hacer vida en común -obligación establecida por el Art. 289Q del CC-; en consecuencia, para dicho acto basta la intervención d uno solo de los cónyuges(45). Discrepamos del criterio del Tribunal Supremo, sobre el caso en el que el cónyuge actúe en solitario en calidad de arrendador de un bien, en tal supuesto, requerirá el asentimiento de su consorte cuando el bien tenga la calidad de social. Con mayor claridad, el Tribunal Registral de la Oficina Registral de Lima y Callao distingue los actos de administración, como aquellos cuya finalidad es mantener el íntegro o aumentar el patrimonio por medio de la explotación de bienes que lo componen, de los actos de disposición, que tienen por objeto provocar una modificación sustancial de la composición del patrimonio mediante un egreso anormal de bienes, seguido o no de una contraprestación. A partir de esta distinción, considera como actos de disposición: i) la construcción de una edificación, de tal manera que la inscripción de la declaratoria de fábrica solicitada por un casado debe contar con la necesaria

(45) A contraconiente de lo expuesto, la Oficina Registral de Lima y Callao considera como única regla la actuación conjunta cuando uno o ambos cónyuges son arrendatarios del bien. Así, la RES. º 172-98-0RLCj TR del 28 de abril de 1998, en ORLC, Vol. VI, pp. 125-128. PLÁCIDO, Manual ~e ?erecho de familia, cit., pp. 178-180, en un caso similar, resolvió (p. 427) indicando que «el arrendamiento es un acto de disposición por cuanto se ~ede temporalmente uno de los atributos de la propiedad, conservando es~. Debe diferenciárselo del cobro de la renta mensual por el arrendan:1~nto que e un acto de administración, por el cual se percibe un fruto c~~l».SALA'lAR, Carla, «Importancia de los actos de administración y disposiClan de los bienes sociales», en Diálogo con laJurisprudencia, Año lII, Nº 4, Lima, 1997, pp. 141-150, recoge la doctrina argentina, para concluir que el arrendamiento, cuando el cónyuge es arrendador, puede ser acto de administración o de dispo ición, dependiendo de la duración del mismo.

128

CAPíTULO

BRICEÑO

2: LA

DISPOSICló

ARBITRARIA

DEL PATRIMO

10 SOCIAL

.

vención de su consorte; ii) la cancelación o levantamiento ter . ., , e la hipoteca, que reqUIere la intervenClon ~el conyuge d~l d edor hipotecario; iii) la renovación de la hipoteca, que exiacre . (46) ge la intervención del garan te hipotecario . ll1

DEfensa del patrirrwnio conyugal

Otro supuesto discutible es el referido a la defensa del patrimonio conyugal: ¿se requiere de la actuación conjunta o indistinta de los cónyuges? El Art. 65Q del CPC (modificado por el Decreto Legislativo JQ 861 del 22 de octubre de 1996 y luego restituido en su texto original por la Ley Q 26827 del 29 de junio de 1997), señala en su segundo párrafo, que: «la sociedad conyugal y otros patrimonios autónomos son representados por cualquiera de sus partícipes si son demandantes. Si son demandados, la representación recae en la totalidad de los que la conforman, Q siendo de aplicación, en este caso, el artículo 93 [litisconsorcio necesario]». El sustento de dicha norma no puede ser otro que considerar que cuando la sociedad conyugal actúa como demandante basta la actuación de uno de los cónyuges, por tratarse de actos de conservación del patrimonio social (actos de gestión ordinaria); mientras que cuando los cónyuges son demandados, se requiere la actuación conjunta por tratarse de actos de disposi-

(46) RES. Nº 445-2000-0RLCjTR del 15 de diciembre de 2000, en ORLC, Tomo 1, Vol. XI, pp. 65-69; RES. º 248-2000-0RLCjTR del 21 de agosto de 2000, en ORLC, Tomo 1, Vol. XI, pp. 70-72; RES. º 174-2001ORLCjTR del 20 de abril de 2001, en ORLC, Tomo 1,Vol. XII, pp. 37-41; Y RES.Nº 403-2001-0RLCjTRdeI13 de setiembre de 2001, en ORLC, Tomo 1,Vol. XIII, pp. 399-402.

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JOSÉ ALMEIDA

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CAPíTULO

2:

LA DISPOSICiÓN

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DEL PATRIMONIO

SOCIAL

ción (actos de gestión extraordinaria). Así lo ha establecido una profusajurisprudencia de la Corte Suprema de justiciav'?'.

/ es(48)y además por los múltiples problemas que acarreaconyug / el ámbito procesal la fórmula actual debe mantenerse. naen '

Consideramos que la divi ión efectuada tanto por ellegislador como por la magistratura nacional no es del todo exact ¿qué pasa si el cónyuge demandante acepta una fórmula conc~~ liatoria disponiendo parte del patrimonio social o realiza un defensa ineficiente que deviene en un fallo adverso a los cónyu~ ges?; o cuando existe recon~ención ¿deberá integrarse al cónyuge no demandante? En estncto, debería solicitarse la actuación conjunta. de .am?os cónyuges, por tratarse de actos de gestión extraordinaria; sin embargo, nos inclinamos a favor de la posí.1 . , cion doctrinal que considera que por la estrecha unión de los

Esta regla ha sido utilizada, en muchos casos, como un desmedido recurso procesa~ del cónyuge demandado, quien muchas veces deja transcurnr todas las etapas del proce~o para lueeñalar en casación que se requería el emplazamiento de su ~~~sorte. Su propósito no es otro que retardar la emisión del fallo mediante la declaración de nulidad del proceso que volvería a la etapa de notificación de la demanda. La Corte Suprema de Justicia ha establecido como criterio para evitar estos casos, ue si el cónyuge demandado no formula denuncia civil, con~rme lo señala el Art. l02º del CPC, en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo, la nulidad en la que se haya incurrido queda convalidada (Art. 172º CPC) (49~.En ot:-os casos, específicamente en los procesos de desalojo, ha senalado que los demandados no necesariamente son los cónyuges sino aque-

E id 1 . . n ese senu o, as siguientes casaciones: CAS. Nº 01-94-LA LIBERTAD del 2 de mayo de 1994, publicada en la SJEP del 25 de marzo de 1995 p. 1907; CAS. º 81-94-AREQUIPA del 21 de diciembre de 1995, publicad~ en la SJEP del 26 de abril de 1996, p. 2189; CAS. º 201-95-CAÑETE del 13 de may~ de 1996 publicada en la SJEP del 7 de agosto de 1996, p. 2226; CAS. N- 772-92-AREQUIPA del 7 de setiembre de 1992 [sic] publicada en la SJE~ del 29 de diciembre de 1996, pp. 2755-2756; CAS. Nº 254-98~~ANUCO del 1 de setiembre de 1998, publicad; en la SCEP del 10 de diciembre de 1998, p. 2210; CAS. º 1450-98-CHI TCHA del 2 de noviembre de 1998, publicada en la SCEP del 10 de diciembre de 1998, p. 2213; CAS. N- ~846-98-CUSCO del 26 de mayo de 1999, publicada en la SCEP del 27 de etiembre de 1999, p. 3588; CAS. º 891-99-LIMA del 4 de octubre de 1999, publicada en la SCEP del 22 de noviembre de 1999, p. 4097; CAS. Nº 2150-99-LAMBAYEQUE del 23 de noviembre de 1999, publicada en la SCEP del 8 de enero de 2000, p. 4520; CAS. º 514-99-LAMBAYEQUE del 29 de ;gos~o de 2001~ publicada en l~ SCEP del 31 de mayo de 2002, pp. 8814815, Y CAS. - 2227-2001:JU 1 del 12 de julio de 2002, publicada en la ~CEP ~el 31 de octubre de 2002, p. 9427. La CAS. 1211-2000-LIMA del 9 e novíembr- de 2000, publicada en la SCEP del 2 de enero de 2001, pp. 6691-6692 Y la CAS. º 1231-99-AREQUIPA del3 de octubre de 2001, public~da en l~ SCEP del 1 de abril de ~OO.2~ p. 8648, afirman que los cónyuges solo requrerer, presentar una tasa judicial, por constituir una sola parte. (47)

0

Q

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(48)

DíEZ-PlCAZO/GULLó>J, Sistema de Derecho civil, cit., Vol. IV, pp. 199-200.

CAS. 388-95-LAMBAYEQUE del 5 de junio de 1996, publicada en la SJEP del 22 de noviembre de 1996, pp. 2411-2412; CAS. Nº 34-95LIMA del 22 de enero de 1997, publicada en la SCEP del 31 de diciembre de 1997, p. 232; CAS. Nº 561-97-ANCASH del 7 de agosto de 1998, publicada en la SCEP del 30 de setiembre de 1998, pp. 1697-1698; CAS. º 115298-LA LIBERTAD del 15 de marzo de 2000, publicada en la SCEP del 1 de diciembre de 2000, pp. 6633-6634 Y CAS. Nº 499-99-HUAURA del 3 de octubre de 2001, publicada en la SCEP del 2 de mayo de 2002, pp. 8683-8684. o ob tante, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en su CAS. s 2717-2001-LA LIBERTAD del 16 de agosto de 2002, publicada en la SCEP del 31 de octubre de 2002, p. 9418, señaló que aun cuando se invoque OPOrtunamente la nulidad por esto motivos, son necesarias la presentación de la partida de matrimonio -no es uficiente la inscripción en los Registros Públicos- y la inexistencia de mala fe. (49)

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131

CAPíTULO JOSÉ AlMEIDA

2:

LA DISPOSiCiÓN

ARBITRARIA -DEL PATRIMONIO

SOCiAL

BRICEÑO

110sque ocupen el predio'!", Hace falta un Pleno Casatorio sobre el tema.

Bienes adquiridos a plazos Es el caso de los bienes adquiridos durante la vigencia del , . de la sociedad de gananciales a título oneroso, cuando regnnen 302 -, mClSO adquisición ha precedido a aquella (Art. d la causa e Ellemslador se refería a «aportaciones en formas de de2 C·C) 0-. . (51) E 1 e se hacen efectIvos en fecha postenor» . n e terechos qu . d hechos no es raro que los noVIOSpor separa o los rreno d e ' . inmuebles a título oneroso, que luego cancelan meadqUIeran . . . . . 1 pago de cuotas periódicas, que imcian antes de la vi- . iliwree ..' . d la sociedad de gananClales y termman durante esta genCla e . con aportaciones sociales. 0'

2.

ARGUME

TOS A FAVOR DEL CÓNYUGE

1

O INTERVINIENTE

2.1. La absorción del principio general de ganancialidad de los bienes existentes en el matrimonio Generalmente, el primer argumento de defensa que utiliza el cónyuge no interviniente consiste en reforzar el carácter social del bien que pretende defender; caso contrario, se verá imposibilitado de sustentar su pretensión de recuperar el bien dispuesto por su consorte. Esto no le será difícil, teniendo en cuenta que el actual CC diferencia dentro de los bienes existentes en el matrimonio -entiéndase aquellos que los cónyuges tenían antes de entrar al régimen patrimonial en vigor como los adquiridos por cualquier título durante su vigencia (Art. 299º CC)-, qué bienes tienen la calidad de propios mediante un númerus clausus (Art. 302º CC) y luego señala que los demás bienes tienen la calidad de sociales (Art. 310º CC) y por lo tanto, forman parte del patrimonio social de ambos cónyuges. Pese a ello, en la práctica se presentan supuestos de hecho que se convierten en verdaderas «zonas grises» ante la dicotomía de bienes propios y bienes sociales.

(50) CAS. Nº 33-95-LAMBAYEQUE del 6 de noviembre de 1996, publicada en la SJEP del 23 de diciembre de 1996, p. 2605 Y CAS. 06-96-LIMA del 20 de diciembre de 1996, publicada en la SCEP del 1 de diciembre de 1997, p. 8? Sin embargo, la CAS. Nº 824-2002-LIMA del 9 de agosto de 2002, publicada en la SCEP del 1 de octubre de 2002, pp. 9320-9321, dice lo contrario.

.

Ernesto Cruzado, por ejemplo, adquirió un inmueble me. te compraventa a plazos el 14 de febrero de 1987, semanas d Ian . . bai 1 después (el 7 de marzo de 1987). contrajo matnmomo aJo e régimen de sociedad de ga~~nCl~les con Nancy Godoy. Con posterioridad, el esposo vendIO el mm~eble a favor ~e un ter:~ro considerando que el bien era propIO por haber SIdo adquirído antes del matrimonio. La esposa solicitó la nulidad del acto, por haberse realizado aportes durante el matrimonio. ¿Qué calidad tiene dicho inmueble? La doctrina presenta

tres posiciones sobre el tema. La pri. .' 1 armas mera, se sustenta en que antes del matnmomo ngen :s n del Derecho común: de acuerdo con la teoría del título y del modo, el bien sería indudablemente propio en el caso de inmueble s (en cuya transferencia opera el solo consenso) Yta~bién en el caso de bienes muebles, ya que a pesar que la adquísición recién se produce con la tradición, que puede ser duran-

Q

(51)

COR~EJO

CHÁVEZ,

Derechofamiliarperuano,

cit., T. 1, p. 289.

133 132

JOSÉ ALMEIDA

SRICEÑO CAPíTULO

te la vigencia d 1 ~ . 1 . e reg¡men, a causa de la misma (el tít 1 ) antenor(52) L . ~ u o es bi . a segunda, estima mas racional la indivisió d . ~ ~. del mí .ren que la ca lifi 1 IcaClon unlCa e mIsmo -como . n el cial-: 1 propio o solid, por o que debe entenderse que el bien tiene esta d bl ~a 1 ad, en pr~porción al origen de las Cuotas desembolsada~(53~ a tercera, senala que el bien tendrá la calidad q . da al aporte mayor(54)-seá desembolsado d 1 ~e co~resP?n_ tivo o social-o e patnmolllO pnvaLa Sala Civil Permanente de la Corte Su . . en la CASoNº 1715-96-PIURA prema de .Iusrícía, , en el caso antes propuesto, razo-

(52) En ese sentido, LUGARMilagritos L b' d '.. ~ ',« os ienes propios y la d a quisieron en la sociedad de ga . 1 ., causa e Año lII, NQ 6, 1997, pp. 153_16~~~~~~:s1~n Dzalogo con laJurisprudencia, Depalma, Buenos Aires 1999 To~o ir ~ 1 I~;t~D Tratado de Derecho civil, 252-256 y PLÁCIDO, Man~al de Derecho defi' erecho de familia], pp. go, este último propone modifi 1 ar;zz ta, cit., pp. 145-146; sin embar. car e artículo 311 2 CC gurente tenor: «los bienes ad uiri ' mClSO con el si-

°t. .

Q'

•

gananciales, mediante precio ~a a~:' e~nt: o durante la vigencia de la sociedad de fondos propios de uno o de amb ~, p rte con fondos soczales y en parte con proporción al valor de los desemb°slsconyuges,. se reputan de la misma condición en .. o os respectzvos» (PLÁcIDOM 1d D fiamzlza, cit., P 175). GARcÍA,Ré imen . ' a~ ua . e erecho de reclamó una enunciación m:: r ~gal de bzenes.en el Matrzmonzo, cit., p. 30,

como p

ro i b' P ecisa de los bienes que se comprenden p os aJOeste concepto, recogiendo el Att. 17362 del CC hil

Al respecto, véase VALE~ClA ZEA,Arturo O ~ .. 14- ed., Temis Bogotá 1995 T V [D h Y RTIZ,Alvaro, Derecho cioil; Gustavo y ZA.'\':-\ONI '". Ed d M erec o de familia] ,pp. 316-317 y BossERT, Buenos Aires, 1996, PP~~37~238 a~:lde Derecho de familia, 41 ed., Astrea, criterio; pero en aplicación dI' ~ ~te un! ~en~enCla que considera este consideraba como corn e artícu 0.184, mClSO2 del CC de 1936, que del caudal común au unehs a «aquellos bienes adquiridos a título oneroso a costa , nque se aga la adquisició b d ges»; CAS. NQ 2316-98-LIMA d n a nom re e uno solo de los cónyue 119 del 7 de junio de 1999 2g 6 de marzo de 1999, publicada en la SCEP , pp. 5-2966. (54) En ese sentid B ~ lia Depalm B o,. ELLUSCIO, Augusto Cesar, Manual de Derecho defami, a, uenos Aires, 1981, T. II, pp. 55-56.

134

LA D,SPOS'CIÓN

ARBITRARIA

OEL PATRIMONIO

SOCIAL

nó que el término «causa» contenido en el Art. 302Q, inciso 2 del ee, debe entenderse como el motivo o el antecedente necesario que origina un efecto y también el fundamento necesario or el cual se adquiere un derecho. Agrega que la norma antes ;ludida se refiere a bienes sobre los cuales uno de los esposos ya tenía un derecho antes de casarse, distintos de los considerados en el inciso 1 del Art. 302º del CC; y éstos pueden ser: i) bienes habidos bajo condición suspensiva que se cumple durante el matrimonio; (ii) bienes reivindicados por acción iniciada antes del casamiento; y iii) bienes que vuelven a poder de uno de los cónyuges por acción de nulidad de contrato. El bien en discusión, entonces, para la Corte Suprema de Justicia tiene la condición de social y no reconoce ninguna compensación a favor del cónyuge interviniente=". Nos inclinamos por la primera de las posiciones doctrinales expuestas con una limitación: los aportes efectuados con cargo a fondos sociales, de acuerdo con una correcta aplicación del principio de subrogación, deben ser reembolsados con su valor al momento de la liquidación de la sociedad de gananciales (vide acápite 4.1 del presente capítulo) (56). En la legislación española se sigue este criterio, aun cuando la totalidad o parte del precio aplazado se satisfaga con dinero ganancial, con la excepción de

cnueno.

(53

o

2:

)

(55)

CAS. N2 1715-96-PIURA del 11 de mayo de 1998, publicada en la

SCEP del 8 de junio de 1998, pp. 1267-1268. Con aplicación CC de 1936-

cuyo artículo 1772, inciso 3 guarda similitud con la actual normativa-, véase las siguientes sentencias: CAS. N2 838-96-LIMA del 5 de noviembre de 1997, publicada en la SCEP del 3 de mayo de 1998, pp. 861-862 y CAS. N2 220199-LIMA del 28 de junio de 2000, publicada en la SCEP del 1 de setiembre de 2000, pp. 6198-6199. El término «causa» se asimila al concepto de título material y no formal, conforme lo establece la RES. N2 300-98-0RLC/TR del 10 de agosto de 1998, en ORLC, Vol. VII, pp. 17-22. Esta solución coincide con la establecida por el Art. 1736 inciso 7 del CC chileno. (56)

Q

,

135

JOSÉ AlMEIDA

BRICEÑO CAPíTULO

la vivienda o del ajuar familiar En ' . . ., . estos últimos casos, nge 1 1 reg a d e la actuación conjunta indep d' a bi ,en ienternente que se tr d te e ren propIO o social (Art . 1357º CC espano - 1) . aSi el bien fue adquirido a plazos por los ' la vi . conyuges antes d a VIgencIa de la sociedad de gananciales se considera-s e una copropiedad. ,rara como

Edificaciones sociales construidas sobre terreno propio Otro caso más, lo constituyen los edificios construidos costa del caudal social en suelo propio de uno de Ios rri a d d 11 . e os conyuges on e e egislador, por motivos prácticos, invirtió el pri ..' por el cual «lo accesorio sigue la suerte de lo . . 1 nCIpl? d d . prmcipa », consio que dichos edificios forman parte del patri . .eran 1 momo soCIa y que e~ estos casos. el valor del terreno será reembolsado a favor del conyuge propIetario del mismo (Art 310º últi , rrafo CC). . ,lmo pa-

«Artículo 31 Oº.- Bienes sociales [...] ~ambién tienen la calidad de bienes sociales los edific~os construidos a costa del caudal social en suelo profIO :~ uno de los cónyuges, abonándose a éste el vaor e suelo al momento del reembolso». Algunos cónyuges . . para evitar esta regla han pretendido argumentar que la d 1 di ., , . causa e a e ificación fue anterior al matrim0 n IO, con el objeto de ingresar al supuesto del Art. 302º inciso 2 del CC La Sal C' '1 P , u t' . . a lVI ermanente de la Corte Suprema de J s icia, en la CAS. Nº 1818-96-LIMA itid ermti a en el proceso seguid o por Norma Mansilla contra su esposo Pedro Farr b . o, so re D ec1arac"Ion d e propiedad, senaló que:

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

«el hecho de que [sic] la adquisición del terreno y parte del primer piso tengan causa anterior al matrimonio celebrado entre las partes, no puede interpretarse correctamente que esa causa alcance como tal a la construcción de los pisos indicados, pues estos bienes no existían cuando se celebró el matrimonio y fueron constituidos [sic] muchos años después de haberse celebrado=Y"

.

En la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia hemos hallado dos ejecutorias que corroboran esta interpretación como una línea jurisprudencial, con algunas modificaciones. La primera fue emitida por la Sala Civil Permanente en la CASo Nº 1369-2002-AREQUIPA del 12 de noviembre de 2003(58), se resolvió la casación presentada por el Banco Santander Central Hispano en contra de la sentencia de vista que declaró fundada la demanda de nulidad del contrato de mutuo y garantía hipotecaria celebrado por dicho Banco con Rogelio Tapia. La relación de los hechos es como sigue: el 27 de junio de 1986, Rogelio Tapia adquirió siendo soltero un chalet de dos pisos. El 7 de enero de 1988, dicha persona contrae matrimonio con Margarita Flores. El 2 de octubre de 1996, se inscriben edificaciones adicionales en el chalet, registradas como ampliación de fábrica. EllO de febrero de 1997 se celebró el

(57) CAS. T2 1818-96-LIMAdel 4 de junio de 1998, publicada en la SCEP del 4 de agosto de 1998, p. 1512, con aplicación del artículo 1772, inciso 3 del CC de 1936. Existe una sentencia que con criterio singular y perturbador ha expresado que la edificación sobre terreno propio de uno de los cónyuges se rige por las reglas establecidas para la edificación de terreno ~eno (Arts. 9412 Y9422 CC), se trata de la CAS. N2 102-98-PUNO del 17 de junio de 1998, publicada en la SCEP del 6 de agosto de 1998, p. 1532.

(58)

CAS.

T2

1369-2002-AREQUIPAdel 12 de noviembre de 2003, SPIJ

2004. 136 137

CAPíTULO JOSÉ ALMEIDA

contr~to de .mutuo con garantía hipotecaria entre el Banco Rogeho Tapia, sin la participación de su esposa. y La Sala Civil Permanente no casó la sentencia de vista , d ., , en razon e que consideró que el bien inmueble hipotecado . , d . consistia . e un. inmueble con construcciones realizadas dent ro d e 1 , matnmoruo de. estor. Pon~e con Margarita Flores; que generaba que se consI~ere dicho inmueble como bien social y por lo tanto se requena el asentimiento de la esposa para gravarlo: «Por tanto, no se corrobora el error in iudicando consistente en la aplicación indebida del inciso 1 del artículo 219º, así como el artículo 292º, inciso 1 del artículo 311º Yel artículo 315º del Código Civil, pues los inmuebles sub litis han sido edificados dentro del matrimonio de lo~ codema~dados Rogelio Jesús Tapia Concha y María Elizabeth Pll1to Polar. Por tanto, para gravar dichos bienes se :e~uería del consentimiento de ambos cónyug~s, máxime que sobre las edificaciones no se ha podido enervar la presunción que todos los bienes se presumen sociales, salvo prueba en contrario. Sólo a modo complementario e ilustrativo, la última parte. ~el ~rtículo 310.º del Código Civil prescribe que t~mbIen tienen la calidad de bienes sociales los edific~os construidos a costa del caudal social en suelo prode uno. ~e los cónyuges. La doctrina precisa que la construcción de un edificio con el caudal social tiene como efecto el cambio de la titularidad del inmueble en su conjunto; no solo lo edificado es de la sociedad ~e ga~anciales sino también el suelo convirtiéndose I~medIatamente ambos -en bien común' (Código CiVilCo~entado por los cien mejores especialistas, Tomo I1, Edlt~rial Gaceta Jurídica, Lima, dos mil tres, página trescientos cincuenta).

?1O

138

2:

LA DISPOSICló

ARBITRARIA DEL

P ATRIMO

10 SOCIAL

BRICE - O

Examinando los supuestos de inaplicación de los artículos 1097º, 1098º, 1099º, 2013!:!Y 2014º del Código Civil, concordante con el artículo VII del Título Preliminar del Reglamento de lo Registros Públicos, se concluye que la aplicación de estos preceptos legales no variaría el sentido de la recurrida, pues conforme se ha examinado precedentemente, el Banco demandado no ha demostrado que los inmuebles sub litissean bienes propios de su cliente, pues cuando se suscribió la escritura pública que contiene la hipoteca y sus ampliatorias consta el estado civil de casado de éste; que, además las edificaciones de los inmue~les e~ controversia se han realizado dentro del matnmoruo- En suma, la recurrida se ajusta a lo actuado y al derecho». Es pertinente señalar que la Sala Ci~l Perman~nte. en esta sentencia hace una interpretación extensrva de los term1l10S del segundo párrafo del Art. 310º del CC, en razón de que esta norma se circunscribe a las edificaciones realizadas sobre suelo propio de uno de los cónyuges, mas no en el supuesto que ad~más del terreno propio existan edificaciones que tengan la rmsma calidad, como sucede en el presente caso. La segunda ejecutoria fue emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema en el proceso seguido por Santusa Huaylla en contra de su esposo Bartolomé Chullo y el Banco de Crédito, sobre nulidad de acto jurídico. El esposo adquirió un lote de terreno el 26 de diciembre de 1976, en el distrito de Paucarpata, Arequipa, siendo soltero. E15 de diciembre de 1980 se realizó el enlace matrimonial entre Santusa Huayl1a Y o Bartolomé Chullo. E15 de diciembre de 1995, Bartolomé Chull hipoteca el inmueble a favor del Banco de Crédito, sin participación de su esposa. Esta hipoteca incluía el lote de ter~eno inicialmente adquirido por Bartolomé Chullo más las edIficaciones realizadas durante su matrimonio. En la CAS. º 372139

CAPíTULO JOSÉ AlMEIDA

2005 AREQUIPA del 17 de enero de 2006(59) . . manente declaró a favor de la nulidad de la '. la Sala CIVIlPerde que el inmueble tenía la calidad d . hipoteca, en razón , e social y por lo t quena para ser gravado el asentimiento de lo s d os conyuges: ,anto re«No existe e h a de constituirse la hi o . duda ' que a 1a lec te,: del mmueble con las edificaciones construida; e; co emandado se encontraba casado con la de da te po 1 man an'. :- o q:-re, resulta aplicable la regla establecida en el mClSOp~mero del artículo 311 º del Código Civil el cual . 1 prescnbe que ' 'todos los biienes se presumen socia_ es, prueba en contrario' . R esu 1ta necesano. 1 salvo 1 sena ar o expresado por Max Arias-Schereiber Pezet respecto ., latia este artículo ' pues, se trata de una presuncion re atrva que o pera en caso de duda o ante la falta de prueba para calificar un bien como pr . d de los cón D' opIO e uno .yuges. e ocurnr ello, se considera al bi como sO.Clal;.presunción iuris tantum que se suste~t~ en la solidaridad que gobierna tod 1 ' . de la soci o e proceso econo~ICOd e a sociedad de gananciales. Es decir, que si bien el co 1 emandado Bartolomé Chullo Arhui uire a doui qUInO, es bpresumible entonces ,eman que la d d ante Sa ote, t 1 él n ~~

~al el Huaylla de Chullo al haberse casado con

p~r~e ~~~ina~~:~~~~~t~~i~~

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t~~~ ~;u:~l~i¿::~o:~~

por codemandado Bartolomé Chullo Arhui g escnto de contestación de demanda de foja~l~~.en su ~~c~:l :e~~:~~ al ~~~ers~ aplicado la presunción, resertin s.~ I icaciones son un bien social, es p ente también la aplicación del segundo párrafo

140

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMO;-'¡IO

SOCIAL

del artículo 310º del Código Civil, el cual establece, que también tienen la calidad de bienes sociales los edificios construidos a costa del caudal social en el suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose a éste el valor del suelo al momento del reembolso. Asimismo, lo antes expuesto debe ser concordado con el artículo 315º del Código Civil, el cual señala que, para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer. Consecuentemente, durante el transcurso del proceso se ha acreditado que la cónyuge demandante no intervino en la celebración de la constitución de la hipoteca, pese a que el Banco demandado tenía conocimiento que el codemandado Bartolomé Chullo era casado y que el inmueble que se iba a hipotecar contenía edificaciones, por lo cual, tenía la calidad de bien social». Siguiendo la misma orientación, el Tribunal Registral rechaza las rogatorias de inscripción o de rectificación que tengan por objeto inscribir a nombre de uno solo de los cónyuges la edificación construida en suelo propio a costa del caudal social-situación que se presume durante la vigencia de la sociedad de gananciales-, salvo que el cónyuge propietario del suelo acredite que dicha construcción se realizó con desembolsos de su patrimonio

GAS . N-o 372-2005-AREQUIPA del 17 de enero de 2006 , SPIJ 2006.

privativO<60).

Este supuesto se debe diferenciar de aquellos casos en los que se acredite que uno de los cónyuges ha construido con cargo a su patrimonio privativo sobre suelo propio de su consorte. En estos casos, estaremos ante un supuesto de copropiedad.

(60)

(59)

2:

BRICEÑO

RES. Nº 312-2000-0RLC/TR del 3 de octubre de 2000, en la ORLC,

Tomo 1,Vol. XI, pp. 320-322.

141

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICló

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

Adquisiciones a título gratuito También sucede con las d '" , , , , a qmsICIOnes realizadas dur la vigencia del régimen a título gratuito (Art 302 3 ante ímbi , ' ,InCISO CC), t en es e am ito se Incluyen todas las ad '" , ' d " qmslCIOnes realIzadas uno e los conyuges SIn qu~ éstos hayan efectuado un sa 'ft?r en compensación, o obstante ell '1 d cri ICIO , egIs a or se encargó d li ' tar este concepto a los bienes obt id e ImIeru os por causa de h ' legado o donación(61) Este criterio h id ' erenCIa, , a SI o seguIdo al ' d letra por la magistratura nacional pIe e la " , , ' como veremos a conti cion con los SIguIentes casos referidos ' nuaQ'

,

~os por usu~apión, los obte~idos com~ :dj~~~~:!~::~:~qURirirorrna Agrana o po ' , a e, 1 r programas del MInIsterio de Agricult ~:~~:o ;ntqu~llos casos en los cuales exista duda sobre la p~~~e~ la e os bIenes con los cuales se realizo' la adq , , " UISlCIOn, Los bienes 'adquiridos por usucapión 'qu' di , '~ ,e,con ICIOn tienen aquellos bienes ad uiq por prescnpcIOn adquisitiva? En la CAS Q 2176 99 LAMBAYE QUE (62) 1 S ' , ,, a ala CIVIlTransitoria de la Corte Suprema ridos

de Justicia resolvió la demanda de nulidad de acto jurídico prentada por Rosa Flores contra su esposo Juan Durand, el de:~andado adquirió mediante prescripción adquisitiva el predio rústico «El Cerro» de la ha declarada por sentencia del 31 de agosto de 1990, durante la vigencia del m~trimonio que celebró con Rosa Elvira el 30 de abril de 1973, El argumentó que el bien pertenecía a su patrimonio privativo, porque inició las gestiones para que se declare la prescripción adquisitiva, de mutuo propio y sin desembolsar ~~ma algu~a e~ compe~sación; ella discrepó de tal interpretación y consideró que el bien formaba parte del patrimonio social. La Sala estableció que la declaración judicial efectuada a favor del que adquiere el dominio de un bien por prescripción adquisitiva de dominio no puede considerarse como un acto de liberalidad, durante la vigencia del matrimonio, vale decir con «la tenencia de la sociedad conyugal»; por lo que dicho bien está comprendido dentro del patrimonio social de ambos cónyuges,

El primero'

COR~EJOCHÁvEZ,Derecho familiar ' tra esta concepción limitativa de los ~e~~no, "': T. 1, p, 289, ConBIGLlAZZI GERl Lina et al Dere h " actos jurídicos a titulo gratuito, cfr; "c o CWl~ trad Fe d H' d ad Externado ' de Colombí B ' ,rnan o mestroza, Universi, 'd' la, agota 1992 To 1 11 1 2 J~n lcosJ,Pp,l111-1112yCIFl:E:\,TES' ,mo [Hechos y actos ClOS,Nulidades EJEA Bu Aire , Santos, NegoCloJurídico, Estructura, Vi, ,enos res, 1954, pp, 233-234 (62) CAS, N!l 2176-99-LAMBA ' blicada en la SCEP del 7 de abril JEQUE del 7 de diciembre de 1999, puRES, N!l 106-200 1-0RLC/TR d e 2000, pp, 4976-4977, En igual sentido: Vol. XII, pp, 230-234 En el el 9 de marzo d~ 2001, en la ORLC, Tomo 1, Manual de Derecho d fi' 'Z' Derecho argentmo, BOSSERT/ZANNONI de los bienes que c~::p~~~nc~t" p, ~3d6dYBORDA,Guillermo, «Clasificació~ 839 ' c onsiid eran que el b", a SaCIe a conyugal», en La Le"J' 1983 -A P ien tIene la calidad de propio; esta sol ' , " ' UClon nene 142 (61)

,,V?' :

Los beneficiarios de la Reforma Agraria o adjudicatarios Ministerio de Agricultura

del

El segundo: ¿qué condición tienen los bienes adquiridos por uno de los cónyuges como beneficiarios o adjudicatarios de la Reforma Agraria? Serapio Silvano, Alberto Pastor y Ulises Castañeda adquirieron predios rurales, el primero en Ucayali, el segundo en Junín y el tercero en La Libertad, como adjudicatarios de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural del Ministerio de Agricultura, durante su vida matrimonial sujeta al régimen de la sociedad de gananciales, En los procesos iniciados por sus esposas, sobre nulidad de

en Cuenta el efecto retroactivo a la fecha de comienzo de la usucapión que tiene tal sentencia, dado su carácter declarativo, Similar solución expresan, el Art. 17922 del CC colombiano y el Art. 17362 del CC chileno. 143

CAPíTULO JOSÉ ALMEIDA

acto jurídico de disposición de dichos bi . cional y Social de la Corte Suprema de le~e., la Sala ~~nstltucriterio que dichos i bl justicia estableció como os inrnue es no habían sid d .. d lo grat~ito por los beneficiarios, porque de~t~o ~:~i os a utu-n cepto solo se incluyen los bienes que se obtienen cho cO. legado o donación, conforme puede verse de la e~or herencia, premas contenid Jecutonas su as contem as en las CAS. Nº 106-95-UCAYALI ciembre de 1995, CAS. º 220-96-JUNI T del 26 d del 12 de diy CAS. º 762-96-LA LIBERTAD d e 1 3 d e noviembre . e mayo de 1997 de 1997(63)

. ConradoUgaz,por su parte, demandó la declaració . bien propIO del predio rural ubicado en Lamba e u don .d~ d~ mediante condonación, en aplicación de la q .e a q~In-

ri

~ls~o~ciónGeneraly Transitoriade la Constituc:~~~q~¿~~a p~::nB::t~=~¿::~~;:;

r~::~~!~~~:'a aq~~u~~ ~;:~u:;~;~u ~s:

rado s~c~al. La Sala Constitucional y Social de la Corte Su ec ade J~StlCla, acogió la reconvención de la esposa por 1 ~rema motivo 1 hi os mismos Refor~a~;r:ria~~~ para los predios rústicos adquiridos por la En adición a estas ejecutorias su re 1 . ñaló en la CAS º 514-99 LAM P mas, a misma Sala se2001 (65)que:' BAYEQUE del 29 de agosto de

. son las siguientes' CAS Tº . (63) . Las sentencias ..de diciembre de 1995 br d .. 106-90-UCAYALI del 12 46; CAS. Nº 220-96-JU Pt ~c~2~en la SCEP del 27 de febrero de 1996, p. del 4 de diciembre de 1997 e 16:.e mayo deo 1997, publicada en la SCEP de noviembre de 1997 bi. p. ,y CAS. N- 762-96-LA LIBERTAD del 3 pp. 2321-2322. ,pu icada en la SCEP del 31 de diciembre de 1998, (64) CAS. Nº 251-95-lAMBAYEQ cada en la SJEP d 122 d . UE del 12 de setiembre de 1996 publie e noviembre de 1996, p. 2409.

da en (65) 1 CAS . º 514-9 9-lAMBAYEQUE del 29 de agosto de 2001 . a SCEP del 31 de mayo de 2002, pp. 8814-8815. ' publica-

144

2:

LA DISPOSICló

I

ARBITRARIA

DEL PATRIMO'iIO

SOCIAL

BRICEÑO

«El Decreto Ley Nº 17716 se dio con fines eminentemente sociales, por lo que estableció una serie de requisitoS para la adjudicación de las tierras con fines de Reforma Agraria [...]; así tenemo que el inciso e del artículo 84º del mencionado decreto ley, dispuso que para ser admitido como postulante para la adjudicación de Unidades Agrícolas Familiares, se requería, entre otros requisitos, ser 'Jefe de Familia', lo que evidencia que el objetivo de la adjudicación de tierras, no era que éstas pasen a manos de personas que no tuvieran carga familiar, sino que muy por el contrario, que pasaran a convertirse en bienes sociales». En la revisión realizada de las ejecutorias supremas, sin embargo, se han hallado algunos pronunciamientos contradictorios con esta tendencia mayoritaria a favor de la ganancialidad de los predios rurales adquiridos como consecuencia de la Reforma Agraria. A manera de ejemplo, en la CASo Nº 1304-98LAMBAYEQUE del 27 de marzo de 2000(66)emitida por la Sala Constitucional Y Social de la Corte Suprema de Justicia se presenta un criterio singular e incongruente con los anteriores: Sabino Bonilla laboró para una Cooperativa Agraria d Trabajadores y al término de su relación laboral se le adjudicó un predio rural denominado «El Huaral», cuando seguía casado con Ana Salgado; tiempo después, debido a desavenencias matrimoniales, ésta solicitó la separación de bienes sociales incluyendo dentro de su petitorio el inmueble adjudicado a su esposo. La Sala desestimó la demanda, porque consideró que ese tipo de liberalidad sí se encontraba incluida dentro de lo establecido por el Art. 302º, inciso 3 del CC. En otra ejecutoria suprema contenida en la CASo Nº 951-2005-:JAEN del 16 dejunio CAS. Nº 1304-98-LAMBAYEQUE del 27 de marzo de 2000, publicada en la SCEP del 01 de setiembre de 2000, p. 6208. (66)

145

JOSÉ ALMEIDA

BRlCEÑo

de 2006(67) 1 S 1 . ,a a a Constitucional So' , . propio el predio agrícola obt id y CI~l d claro como bIen dición de beneficiario el 24 den~ o 'por AtIlano LIatas en su Con. e juma de 1997 djurii , de la DIrección Regional Agraria XI del '. por. a ~UdIcaCIon tura. El beneficiario era casad P MlDIsteno de Agricul. o con ura Pére d d septIembre de 1961 El 19 d di b z, es e el 1 de ., . e rciern re de 2002 A '1 vendió dicho predio agrícola a c. d ..' tr ano LIatas lavar e su hIlO 1 . E 1 hermano de éste Jose' Llat '" , :J gnaClo LIatas. , as InIClOuna " d este contrato bajo el ente d'd' aCCIOn e nulidad de ':J n I o que la pa 1 ' condición de bien social La S 1 d . rce a agncola tenía la . . a a e VIsta falló pretensión, en razón que el bie d Atil en Contra de esta do a título gratuito: n e u ano Llata fue adquiri-

«Estando a la causal denunciada corres . sar que el artículo 3022 del Códi o G '1 pond: p.reClseñal~ que son bienes propios de ~ad::ó~n su lDCISO3 adqUIera durante la vigencia del révi yuge l~s que de gananciales a título gratuito. gImen de SOCIedad Las instancias de mérito valora d han establecido que di n o la prueba actuada . me Iante Contrato 222374 rnente de fajas un d f , coM'" o e echa 24 de junio de 1987 1 mlsteno de Agricultura -D' ., ,e Agraria XI-Ca'amarc '. l:ecclOn de la Región litis, a título iratuito a~ ~djU~c.~ el predio materia de en su condición de b' fio~. ti ano LIatas CabanilIas ene iciarm de las ti duce en el área d ierras que connado Bellavista S e procyecto de adjudicación denomi. , anta ruz y Pu bl V' . . mscrita con fecha 9 d e o rejo. Propiedad gistros Públicos de Ch~ ~arzo de 1988 por ante los Reto 1, Partida 7 del R ~cayo, Tomo 44, Folio 59, Asiende Jaén e f egrstro de la Propiedad Inmueble , on arme a la copia literal de fajas 42.

----(67)

CAS. NQ 9

51-2005:JAEN del 16 dejunio de 2006, SPIJ 2006.

146

CAPíTULO

2:

LA D,SPOS'C'ÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

En dicho contexto, como se verifica de fajas 5, don Atilano Llatas Cabanillas, mediante escritura pública de compraventa de fecha 19 de diciembre de 2002 transfiere su propiedad a favor de don Ignacio Llatas Pérez la citada Parcela por la suma de 12,000 nuevo soles. Así mismo de fajas 17 se constata que con fecha 1 de setiembre de 1961, el demandado don Atilano Llatas Cabanillas contrajo matrimonio con doña Pura Flor Pérez Campos, por ante la Municipalidad Distrital de Santa Rosa provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. Conforme a lo expuesto se advierte que la autoridad jurisdiccional al declarar infundada la demanda ha efectuado una interpretación lógica y coherente de los alcances del inciso 3, artículo 3022, pues si bien a la fecha de la adjudicación del pedio sub litis el demandado LIatas Cabanillas se encontraba casado con la madre del demandante -esto es conformando una sociedad de gananciales- dicho bien inmueble fue adquirido a título gratuito por el emplazado constituyendo por tanto bien propio, susceptible de disposición por voluntad del demandado LIatas Cabanillas, siendo así al haberse determinado que la escritura pública de compraventa celebrada por el mencionado emplazado a favor de don Ignacio LIatas Pérez no se encuentra incursa en las causales de nulidad, no se ha incurrido en el error in iure denunciado por el impugnante». Estos pronunciamientos contradictorios merecen ser tratados en un Pleno Casatorio, según lo establecido por el Art. 4002 del CPC. ElArt. 1452 del Reglamento de Inscripciones del Registro de predios (Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N2 540-2003-SU ARP-S ) señala que: 147

JOSÉ ALMEIDA

BRICE-'O

«Art, 145Q.- Adquisición de la . ción a favor de la s . d d propIedad por prescripOCIe a conyugal El formulario que se refiere una sociedad quiera de los 1 a formulario de matrimonio

reg'istral de . '. _ mscnpclOn de po .el Decreto Le . 1 . seston a gIS atrvo 2 667 f d conyugal d _ . ,a avor e cónyug ,po ra ser Suscnto por cuals, en cuyo caso se ac -registral . d 1 ompanara la decl~ co~:a . e a respectiva partida , raclOnJurada del có suscribe el formulario re . t 1 nyuge que gIs ra u otro docu acredita la calidad de bi mento que ien social del predio. Sin per] UlClO '. d e 1o dispuesto en el . adquisición por prescri ._ ~arrafo antenor, la favor de uno d 1 _pcion podra efectuarse sólo a e os conyuges cuand que la posesión ha sido' 'd' o este acredite cjerci a en forma' di id para lo cual deb m IVI ual _ era presentar las prueb . ' tuen la presunción d bi . as que desvire ren social». Modificado por Resolución del Su . de los Registros Públ' o penntendente diciembre de 2004. ICO - 484-2004-SUNARP_S

acional del 10 de

CAPíTULO

2:

LA D,SPOS,CIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

tados antes de la vigencia del régimen de la sociedad de gananciales (inciso. 1) Y los intrínsecamente ligados a la per ona (incisos. 4-9). Po~ lo que una primera apro~~mación a los criterios jurisprudenCIales nos lleva a la conclusión que nuestra magistratura nacional, en los casos más comunes que ocurren en la práctica, ha formado un criterio a favor del cónyuge no interviniente, que se puede expresar diciendo que «en la duda, a favor de la comunidad». Como complemento de lo anterior, el Art. 3112 del CC señala tres presunciones: i) todos los bienes se presumen sociales, salvo prueba en contrario, ii) los bienes sustituidos o subrogados a otros se reputan de la misma condición de los que sustituyeron o subrogaron; y iii) cuando vendidos algunos bienes, cuyo precio no consta haberse invertido, se compran después otros equivalentes, se presume mientras no se pruebe lo contrario, que la adquisición posterior es hecha con el producto de la enajenación anterior. ¿Cómo han sido interpretadas estas presunciones en la práctica? La Sala Civil Permanente

. _ Por lo que se admite la posibilidad d . ClOnde ganancialidad . e deSVIrtuar la presun.activa aunque qued di tación que dará a esta n ' '. a pen lente la orienorrna la Junsprudencia registral. Anteladd fi u a, a auor de la comunidad Superando estos pronunci . aparecen como rnín - d amlentos contradictorios, que ona entro de 1 Ií supremas se apre . a tota idad de ejecutorias , CIa que el rest d J 2 el Art, 302 del CC o e supuestos considerados en 1 son menos recurrentes 1 -. sa y se refieren a bie . en a practIca proce'. nes que emmentement f patnmonIO plivativo de cada cónyug e arman parte del e, como son los bien es apor148

de la Corte Suprema en la CASo de 2006(68)resolvió la causa promovida por Lilian Pérez contra su esposo Elard Sánchez, sobre declaración de bien común. La demandante pretendía que el inmueble adquirido por su consorte sea declarado parte del patrimonio social. El 12 de noviembre de 1975, Elard Sánchez era soltero y adquirió el inmueble de sus padres en calidad de anticipo de legítima. Se casó en 1988 con Lilian Pérez. Al fallecimiento de su padre, Elard Sánchez celebró un contrato de compensación con los otros herederos sobre los bienes de la masa hereditaria, siendo valorizado para tal efecto el inmueble en US$ 66,000, acordándose que la beneficiaria de

N2 855-2006-LIMA del 7 de noviembre

(68)

CAS. NQ855-2006-LlMA del 7 de noviembre de 2006, SPIJ 2007.

149

JOSÉ AlMEIDA

BRICEÑO

esta suma sería Eva Sánchez (madre del demandado). La demandante consideró que el bien era parte del patrimonio social, en razón que fue obtenido durante la vigencia del matrimonio. El demandado defendió la calidad de bien privativo del inmueble, arguyendo que el inmueble consta de un terreno que fue adquirido por anticipo de legítima y edificaciones que fueron construidas antes del matrimonio. La Sala Civil Permanente declaró fundada la demanda, sobre la base de que no existen pruebas en el proceso que acrediten la oportunidad en que se construyó la edificación; por lo que se consideró que el bien era parte del patrimonio social:

150

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICiÓN

ARBITRARIA DEL PATRIMONIO

SOCIAL

compensación en los considerandos undécimo, decimosegundo, decimotercero y decimoquinto. Por lo demás, no existe agravio cuando se alega que el contrato sólo fue suscrito por el demandado con su señora madre, no interviniendo ningún otro heredero de don Luis Alberto Escala Valdizán, pues a esta misma conclusión llega la recurrida, tanto más si se tiene en consideración que la presunta simulación, alegada por el demandado, no ha sido declarada judicialmente. Asimismo el documento en que consta dicho contrato no ha sido objeto de impugnación o tacha. En consecuencia se descartan los cargos in procedendo.

«La ficha de inscripción registral del inmueble, según la copia certificada de fojas 5, establece la fecha de la declaración de fábrica, según Resolución del Ministerio de Vivienda de fecha 4 de marzo de 1976 y escritura pública del 17 de abril del mismo año extendida ante el notario de Lima Gastón Barboza; mas no acredita la fecha de la construcción misma que lógicamente es anterior, y no hay en autos prueba al respecto, pues no se ha presentado copia de la licencia de construcción u otros medios que permitan determinar la oportunidad en que se edificó la vivienda que existe sobre el terreno, advirtiéndose por el contrario que en el documento de fojas 7 se hace referencia al área construida del inmueble, lo que lleva a la conclusión que la valoración de la prueba hecha en la instancia, no es arbitraria.

La impertinencia de una norma de derecho material se establece con relación al juicio de hecho establecido en la instancia. En este caso se denuncia la aplicación indebida de los artículos 310º y 949º del Código Civil, pero el recurrente los relaciona con una nueva apreciación probatoria y la consiguiente modificación de dicho juicio, lo que no es posible en casación. El artículo 310º citado, ubicado en el Capítulo de la Sociedad de Gananciales, señala cuáles bienes tienen la calidad de sociales, con el añadido que el artículo siguiente establece que los bienes se presumen sociales. El artículo 949º del Código Civil se contrae a la consensualidad en la transmisión de la propiedad de los bienes muebles, que la de vista aplica en su considerando decimosexto, al corregir el criterio de la apelada que exigía escritura pública.

La sentencia de vista analiza el acta de la audiencia de conciliación, así como los denominados pagarés, como así resulta, especialmente, de sus considerandos quinto y noveno, dándose por acreditado su pago; y se analiza también y ampliamente el mérito del contrato de

El cargo de inaplicación de una norma de derecho material exige que se demuestre su pertinencia al juicio de hecho establecido en la instancia, que el recurrente demuestre la subsunción y cómo ello modificaría el sentido de lo resuelto. El recurrente invoca los 151

JOSÉ ALMEIDA

BRICEÑO CAPíTULO

artículos 77Si1 y 777 d 1 C' di . . men e o IgO CIVILde 1936 ar u tando que el bien no fue colacionado ' 1g puesto Contrato de compensación solo fu ' .elebr supor dos coherederos y que ' . e ce e rado umcamente b terreno. Nuevamente se pl versa so re el antea una mod'fi " la cuestión de hecho lo 1 ICacIOn de ., ' que no es pos'bl cion, Como ya se ha señalad 1 1 e en casa., o, e contrato de co sacien ha sido analizado por 1 . rnpen. os Jueces d ,. virtiendo la sentencia de vi t ~ mento, ad, s a, en su rnouvo duo dé . mo, que solo fue suscrito por el demandad _Clra madre, por lo que li . oysuseno. '. irni tan su aIcan 1 IntefVlmentes en dicho acto' idi ce a os que no se evídenci 1 . JU:l lCO, de tal manera 777º d 1 C 'd' la ~ ~ertInenCla de los artículos 775º Y e o 19O CIVIlde 1936 colación, y al valor de los biene~ ~~el:ec~~fi~~en a la no se ha establecido Como maten'a aCl~n, que .' d' ControvertIda segun acta e la AudIencia de Conciliación de fojas 229».

2:

LA D,SPOS'CIÓN

ARBITRARIA

DEL

P ATRIMO

'10 SOCIAL

Q

Criterio de la Oficina Registral de Lima y Callao En el ámbito registral el Art 11 º. . de Inscripciones del R .' de j , InClSOd del Reglamento to de inscripción se i~~;~~:~ e~ Predios s.e~ala que en el asienadquirente de la sociedad con esta?o .ClvIld~ la persona. El cia, así COmo los dar d d yu?"al IndIcara dicha circunstan. os e ea a conyug Inscribir el bien pro io d b ,. . e, y en caso se pretenda e adquirido en calidad d ' b. era In~ICarse que el inmueble fue e ien propm En complemento 1 . mismo Regl a o antenor, los artículos amento establecen lo siguiente «Artículo 12º

12º y 13º del

1 ., .- ntervencíon conjunta de los ' conyuges Para la in . " ., . SC~l~:IOnde los actos o contratos de ad u .. cion, dISPOslcIOno gravamen de un bien Social d qb lSl,, e era

constar en el título la intervención de ambos cónyuges por sí o mediante representación, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 145º del presente reglamento». «Artículo 13º.- Rectificación

de calidad del bien

Cuando uno de los cónyuges, manifestando un estado civil distinto al que le corresponde, hubiere inscrito a su favor un inmueble al que la ley le atribuye la calidad de bien social, procede la rectificación del asiento donde consta la adquisición, en mérito a la presentación del título otorgado por el cónyuge que no intervino, insertando o adjuntando la copia certificada de la respectiva partida de matrimonio expedida con posterioridad al documento de fecha cierta en el que consta la adquisición». Por lo que se ha establecido como criterio que la inscripción de los derechos inmuebles y derechos inscribibles adquiridos durante el matrimonio debe extenderse siempre con la calidad de bienes comunes, debiendo hacerse constar en el asiento los nombres y apellidos de los cónyuges, salvo que se presente el título que justifique la calidad de propios de dich s bienes o la resolución judicial que les asigne esta calidad, como puede verse de los siguientes antecedentes: Reglamento de las Inscripciones (aprobado por Acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia del 17 de diciembre de 1936) «Art. 61 º.- La inscripción de los inmuebles y derechos inscribibles adquiridos durante el matrimonio, se extenderá siempre con la calidad de comunes debiendo hacerse constar en el asiento los nombres y apellidos

152

153

JOSÉ AL.V\EIDA

BRICE,- O

~e ~os cónyuges., salvo que se presente el título que ~us~Ifique la calidad de propios en los casos de los 1111CISOS . / .1 Y2 .. del artículo 177'1 del Códi 19OCivil lVl, o resou~lOn judicial ~ue les asigne esta calidad, en los demas casos del citado artículo o la de reservados e 1 caso n e /. del Art. 206º del mismo código ». o/ t ese que este artículo no ha SIdo actualizado con el actual Cc.

~esolución de Superintendencia Nacional de los R g¡stros Públicos Nº 033-96-SUNARP (del 9 d e b e de 1996) e le rero

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICló

-, ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

de la Oficina Registral de Lima y Callao señaló como precedente de observancia obligatoria que «con la finalidad de enervar la presunción de bien social contenida en el inciso 1 del Art. 311'1 del CC e inscribir un bien como propio, no es suficiente la declaración efectuada por el otro cónyuge contenida en la escritura pública de compraventa»(69), lo cual implica que el origen de los fondos sea acreditado mediante instrumento público, conforme lo señala el Art. 245º del CPC(70).Los mismos requisitoS se solicitan en los Registros Públicos, para rectificar la calidad de un bien social como un bien propio'i" o para acreditar la calidad de bienes propios por subrogación (Art. 311 '1 incisos 2 Y3 CC) (72).

«Art. 2º.~ Declarar que la intervención conjunta de a~bos conyuges en lo~ actos de adquisición, disposiclO.n.o ?rava~en de bienes sociales inmuebles es reqUlS1t~ineludible para la inscripción de tales actos en el Registro de Propiedad Inmueble.

Lo dispuesto en el Párrafo anterior no es de aplicacion en los casos en que uno de los cónyuges que tenga poder especial del otro para la realización de alguno de tales actos».

La confesión de privatividad de un bien m

b ancy. Alania pretendió inscribir como bien propio el inu.e/ le ublCa~o en la manzana Q, Primera Etapa de la urbanizacllOnMercuno, del distrito de Los Olivos, Lima que adquirió d os esposos Car men D onayre y Ruga Loyola (en ' dee vend d su calidad e ores) en contraprestación del precio que fue desemb o 1sa d o con el di en calidad de 111e:~que 1e fue ~roporcionado por su padre donación. Con el objeto que no exista duda algu~~' su esposo, Percy Coria, declara en inserto a la escritura pú/lca, corroborando dicha condición. El rezistrador ob / 1 título 1 l" 0servo e y a so icitante interpuso apelación. El Tribunal R'egistra 1 154

(69) RES. NQ003-2002-0RLCjTR del 4 de enero de 2002, publicada en el diario oficial El Peruano del 30 de enero de 2002, pp. 216570-216572. Los antecedentes de este precedente son: RES. Q020-96-0RLCjTR del 22 de enero de 1996, en ORLC, Vol. II, pp. 207-209; RES. NQ275-97-0RLC/TR del 30 de junio de 1997, en ORLC, Vol. IV, pp. 89-90; RES. NQ433-98-0RLC/TR del 24 de noviembre de 1998, en ORLC, Vol. VII, pp. 118-121 YRES. NQ23999-0RLC/TRdel21 de setiembre de 1999, en ORLC, Vol. IX, pp. 108-111. (70) RES. NQ078/92-0NARPjV del 26 de noviembre de 1992, en ORLC, Vol. 1, pp. 39-40; RES. NQ431-96-0RLC/TR del 6 de diciembre de 1996, en ORLC, Vol. 1lI, pp. 104-106; RES. NQ249-96-0RLC/TR del 30 de julio de 1996, en ORLC, Vol. III, pp. 107-109; RES. Q247-97-0RLC/TR del 23 de junio de 1997, en ORLC, Vol. IV, pp. 91-93; RES. NI!037-98-0RLC/TR del 30 de enero de 1998, en ORLC, Vol. VI, pp. 59-62; RES. NQ019-2000-0RLC/ TR del 28 de enero de 2000, en ORLC, Vol. X, pp. 61-63; RES. I!29-2001ORLC/TR del 22 de enero de 2001, en ORLC, Tomo 1, Vol. XII, pp. 366368 YRES. NI!220-2001-0RLC/TRde124 de mayo de 2001, en ORLC, Tomo

I, Vol. XII, pp. 320-323. (71) RES. I!255-96-0RLC/TR del 30 de julio de 1996, en ORLC, Vol. 1II, pp. 71-72; RES. NI!286-96-0RLCjTRdel12 de agosto de 1996, en ORLC, Vol. I1I, pp. 73-75 YRES. NI!384-96-0RLC/TRdel11 de noviembre de 1996,

en ORLC, Vol. III, pp. 76-77. (72) RES. NI! 053-96-0RLC/TR del 9 de febrero de 1996, en ORLC, Vol. II, pp. 101-103; RES. NI!087-96-0RLC/TR del 1 de marzo de 1996, en

155

JOSÉ AlMEIDA

BRICEÑO CAPíTULO

Con pOsterioridad a la emi ión de estos pronunciamientos y con relación a la inscripción de la propiedad vehicular, de acuerdo con el Registro de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular (Resolución de Superintendente Nacional de los Registros Públicos N!.!.087-~O?4-SU.NARP_SN), se admite qula persona casada pueda inscríbír el bien como propio; pero en tal caso se señala que «se deberá acreditar dicha circunstancia». Como regla general, aciertan más aquellas legislaciones, como el CC español (Art. 1324!.!),que admiten la simple confesión del consorte para inscribir el bien como propio, dejando a salvo los derechos de los herederos forzosos del confesante y a los acreedores, sean de la comunidad como de cada uno de los cónyuges, para impugnar dicho acto si así lo consideran conveniente(73). Código Civil español «Artículo 1.324 Para probar entre cónyuges que determinados bienes son propios de uno de ellos, será bastante la confesión

ORLC, Vol. II, pp. 110-112; RES. 001-9&-ORLC/TR del 1 de enero de 1996, en ORLC, Vol. II, pp. 204-206; RES. 420-9&-ORLC/TR del 29 de noviembre de 1996, en ORLC, Vol. III, pp. 101-103 YRES. 223-98-0RLC/ TR del 12 de junio de 1998, en ORLC, Vol. VI, pp. 155-158. o obstante, resulta viable que las adquisiciones de bienes inmuebles realizadas durante la vigencia del CC de 1936 se efectúen sin la necesaria intervención de la mttier, otorgándosele a dichos bienes la calidad de comunes: RES. NQ 19598-0RLC/TR del 7 de mayo de 1998, en ORLC, Vol. VI, pp. 122-124; RES. 215-98-0RLC/TR del 29 de mayo de 1998, en ORLC, Vol. VI, pp. 151153; RES. NQ 001-9&-ORLC/TR del 1 de enero de 1996, en ORLC, Vol. 1I, pp. 204-206; RES. NQ 628-2001-0RLC/TR del 28 de diciembre de 2001, en ORLC, Tomo 1, Vol. XIII, pp. 223-226 Y RES. 352-2001-0RLC/TR dell5 de agosto de 2001, en ORLC, Tomo 1, Vol. XIII, pp. 303-306. Q

Q

Q

Q

Q

p.227. 156

(73)

Coincide DÍEZ-PlCAZO, Luis, Derecho de daños, Cívicas,Madrid, 1999,

2:

LA D,sPOSICló¡o.,

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

del otro, pero tal confesión por sí sola no perjudicará a los herederos forzosos del confesante, ni a los ~creedore , sean de la comunidad o de cada uno de los conyuges». Interpretan d o, esta norma Lasarte'?" señala que .el~ legislad 1 di1do darle dos alcances a la confesión e, a r ha preten . ~ . d o .' d L rimera con relación a las relaciones entre conrivatlVIda . a P , 1 ., d 1 P ges don d e b a sta la mera manifestación o dec aracion .. 1 ~e yu, d e el bien pertenece pnvativamente a otro conconfesante e qu l' ~ d e uge para d esviirtuar el valor propio de a presunclOn y . lid d La segunda frente a terceros, sean herederos gananCIa 1 a . dores de la' sociedad de gananciales o de cualforzosos o acree . .. d . d e 1os, cónyuges la confesión de privatividad carece e qUIera . efectos por SI~sola , con el fin de evitar posibles . fraudes.b Por . tan-. ~ ges deben apoyarse en otros medios pro to, 1os conyu . ~ atonos SI desean dotar de eficacia erga omnes a esta confesión. A nuestro parecer, en aquellos supuestos en los cuales ambos cónyuges están de acuerdo con que el bien pertenece al patrimonio privativo de uno de ellos, la e~igen~ia de p~obanza nos parece demasiado drástica para acreditar dicha calidad, ~o . . iblee SIse si t r ata de dinero' que ngurosamente sera~ lmposl ... ' cosa distinta es que por este medio se pretenda causar perJu~Cl~ ~ ~creedores de buena fe, supuesto en el cual éstos ~odran 1l11:Iar la acción revocatoria (Art. 195Q CC) o la de nulidad por slm~lación (Art. 219Q, inciso 5 CC). En cambio, consideramos ~phcable esta regla a aquellas controversias en las cuales se ~Iscuta .. 'al del bien ..~A entre los cónyuges la naturaleza pnvatlva o SOCl manera de ejemplo, Felipe Arteaga demandó la declar~ClOl~ .:.J . de bIen propio del inmueble ubicado en la averuid a E ~~ana N-r 2424 de la ciudad de Trujillo, señalando que fue adquirido po

------, " "/ 5ª ed ., Marcial Pons, Bar( 74) LASARTE, Carlos, Principios de D erec¡lO CWZ" celona, 2006, T. VI [Derecho de Familia], pp. 211-212.

157

JOSÉ AlMEIDA

BRICE - O

subrogación (Art. 31P, inciso 3 CC), con el dinero obtenid por la venta.previa de tres lotes de ,terreno y una camioneta Pic~ up marca .Nlssa~, todos el~os -segun su versión- adquiridos antes ,. de la VIgenCIa de la sociedad de gananciales ' tal co mo apareCIa en las mmutas de compraventa. Su esposa, Yolanda Pinillos no estab~ conf?rme con esta pretensión ni con el parecer de l~ Sala de VIsta e 1l1terpuso recurso de casación . La Sa 1a. Civil IVI P ermanente de la Corte Suprema de Justicia, en la CAS. Nº 26312001-LA LIBERTAD (75) , amparó dicho recurso por la causal d afectación al debido proceso, al haberse otorgado a las minuta: de compraventa plena eficacia probatoria para determinar un hecho que no se advierte directamente de dicha prueba ya q 1 ch. ' ue as l~C as CI~rt~Sde l~s e?ajenaciones son las consignadas en las escntu~as pub!Icas, siguiendo lo dispuesto por el Art. 245º del CPC, SIendo estas posteriores a la adquisición del inmueble materia del proceso. Criterio de las normas tributarias y del Tribunal Fiscal La presunción de ganancialidad activa también es utilizada en l~ n~rmas tribut~rias, para determinar cuál de los cónyuges esta obligado a rea~Izar la declaración y pago del impuesto a la r~nta: Sob~e el particular, los artículos 14º y 16º del Decreto Legislativo T- 774 (Ley del Impuesto a la Renta), señalan dentro de los obligados a este impuesto a las sociedades conyugales y, a efectos de la determinación de la renta se consideran dos n;glas: i) las re~tas que obtenga cada cónyu~e por separado seran declaradas 1l1~ependientemente por cada uno de ellos y ii) ~asrentas producidas por bienes comunes serán atribuidas, por Igual, a cada uno de los cónyuges, sin embargo, éstos podrán

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICiÓ,

o rar por atribuidas

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

So

IAl

a uno sólo de ellos con la finalidad de la

d~claración Y pago como sociedad conyugal. En tres procedimientos administrativos revisados en el Tribunal Fiscal se resolvieron los r~cu:sos prese.ntados por las eso as de Luis Duthurburu Y Nicolás de Ban Hermoza, cuyos ingresos económicos y actividades fueron cuestionados en el fuero penal. Una vez finalizada la discusión propia de un proceso penal, correspondía ~eterminar si ~asesposas eran obligadas solidarias respecto de tnbutos prodUCIdos por rentas generadas por incrementos patrimoniales no justificados por sus consortes. En las RTF "s 07335-4-2003, 01302-3-2005 Y 01725-6-2006(76) se señaló a favor del criterio de incluir a las esposas de estas personas, que de acuerdo con las normas civiles los esposos se encontraban sujetos a las reglas del régimen patrimonial de sociedad de gananciales. Por lo que al no haber utilizado la segunda opción establecida por el Art. 16º de la Ley del Impuesto a la Renta, se entiende que las rentas de los bienes comunes se asignan por igual a cada uno de los cónyuges. Así mismo, teniendo en cuenta que no existe prueba alguna que acredite que los bienes tienen la calidad de propio según el Art. 302º del CC, se presume que los incrementos patrimoniales no justificados, reparados por la administración tributaria, corresponden al patrimonio común de las sociedades conyugales.

*** En síntesis, el examen en conjunto de las sentencias emitidas en casación y la jurisprudencia registral anotadas, nos conducen a afirmar que el «principio general de ganancialidad de Q RTF NQ07335-4-2003 del 17 de diciembre del 2003, RTF N 013023-2005 del 28 de febrero de 2005 y RTF Q 01725-6-2006 del 30 de marzo de (76)

(75) GAS . 02 - 631-2001-LA LIBERTAD del 14 de agosto de 2002 publicada en la SCEP del 2 de diciembre de 2002, pp. 9573-9574. '

2006, TF.

159 158

CAPíTULO JOSÉ AlMEIDA

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMO

10 SOCIAL

BRICEÑO

los bienes existentes en el matrimonio» -trazado por ell e~s~ .1 .. dor- .ha venido absorbiendo verdaderas «zonas grises », que se constituyen en lo~ c~ os más frecuentes (Art. 302º, incisos 2 y 3 CC) que en la practICa propone la dicotomía entre bienes . b' . propIOSy. ienes sociales; convirtiéndose en un principio muchas veces infranqueable, que . .. admite sólo como excepció n 1a probanza fe~aClente mediante instrumento público que la titularidad , del bien corresponde al patrimonio privativo de uno d e 1os conyuges o que subroga a otro bien propio.

doble intervención [se refiere a la intervención con'unta de ambos cónyuges en actos de disposición o de Jgravamen de bienes s~ciale~] no se exige para actos de dquisición Y si ademas se tiene en cuenta que uno de ~os cónyuges puede dar poder al ot~o. Existe siemine. es verdad, el riesgo de abuso de uno de los conyug~: pero si entre Ilos no se mantiene un mínimo de armonía, diálogo y buena e l l ley l (77) fe, entonces el problema no puede reso ver o a guna» . En su Manual de Derecho

de familia, el autor de la pro-

puesta señaló que:

2.2. La nulidad como soluciónjurisprudencial Sin perjuicio de lo antes expuesto, el principal problema que debe superar el cónyuge no interviniente, ante la ausencia de una sanción específica en el Art. 315º del CC es determinar cu~l viene .a ser el instrumento legal que le perr~'lÍtirá producir la l~eficaCla del. acto de disposición arbitrario del patrimonio sOCl~I,con el objeto que se restituya el bien a dicho patrimonio. Es CIerto que éste viene a ser un supuesto generalmente insospechado al inicio del matrimonio, pero adquiere importancia c?nforme van pasando los años en la medida que va acrecentandose el patrimonio común dentro del régimen de sociedad de gananciales. . ~l legis~ador soslayó el problema y presentó argumentos ~nsatIsfactonos y de verdadera resignación sobre el tema. Recojarnos sus palabras: ~(Escierto que esta solución deja en pie un problema Importante si se opta por el régimen de comunidad de gananciales, y es el de las dificultades que acarrea para la contratación con terceros la obligación de que ambos cónyuges intervengan; pero ello podría ser subsanado en parte considerable si se dispusiese que esa

"Si bien es cierto que tratándose de bienes comunes Y no pudiendo el marido vender lo que no es suyo, podría considerarse a la mujer como covendedora a los efectos de franquearle la acción rescisoria por causa de lesión; pero también es verdad que esa acción sólo bi . bl (78) procede cuando se trata de lene mmue es» . Más tarde examinaremos

los inconvenientes

ción (véase acápite 2.3 del presente

de esta solu-

capítulo).

Ante este panorama, la primera opción -mas no la únicaconsiste en privar de eficacia al acto por haber sido afectado por una de las causales de nulidad del acto jurídico. En efecto, una revisión de diversas sentencias emitidas en casación, con relación a los casos propuestos al inicio del presente capítulo, nos llevan a concluir que la Corte Suprema de Justicia de la

(77)

COR..'\EJO CHÁvEZ,

Héctor en

PO'-TIF1ClA U>:IVERSlDAD CATÓLICA DE~ PE~é,

Proyectos y Anteproyectos de la Reforma del Código Civil; Lima, Fondo EditoDal PUCP,

1980, pp. 540-54l. (78)

COR>:EJO CHÁvEZ,

Manual de Derecho defamilia,

cit.,

p. 299. 161

160

CAPíTULO JOSÉ AlMEIDA

República se inclina por la nulidad del acto de-disposición trario del patrimonio social.

arbi-

Así se pronunció la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de justicia, en la CAS. Jº 2273-97-LAMBAYEQUE, respecto al ~ declarando a favor de la pretensión de Rosa Obregón la nulidad de los actos de disposición arbitraria de los dos inmuebles sociales ubicados en la ciudad de Chiclayo realizados por su esposo a favor de sus hijos César, a título de anticipo de legítima, y María, a título de compraventa. La demandante invocó tres causales de nulidad (Art. 219º, incisos 1,5 Y 7 del CC); la Sala señaló (considerando segundo) que los «actos jurídicos resultan viciados de nulidad absoluta, conforme al Art. 219º, inciso 1 del CC, concordante con el Art. 315º del mismo código, porque no intervino la cónyuge»?". También lo hizo la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de justicia, en la CAS. º 1634-99-PUNO, en el proceso seguido por Guillermina Carhua contra los esposos Carmela Toro y Mauro Ildefonso, sobre otorgamiento de escritura pública. La demanda fue declarada infundada y el contrato suscrito por el esposo a favor de la demandante nulo como consecuencia de haberse «inaplicado el inciso 1 del Art. 219º del CC, por cuanto dicho inmueble fue dispuesto unilateralmente por el esposo, acto jurídico que resulta viciado de nulidad absoluta, porque no intervino la cónyuge recurrente lesposal»?",

• (79) CAS. 2273-97-LAMBAYEQUEdel 4 de noviembre de 1998, pub.hc~da en la SCEP de19 de diciembre de 1998, pp. 2189-2190. Con posteno~dad examinaremos las implicancias de las posteriores enajenaciones realizadas por los hijos y la protección de la fe pública registral a favor de los terceros (véase acápite 3.2 del presente capítulo). Q

Q

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMO

10 SOCIAL

. 1 de la Corte Su"cí como la Sala Constitucional y Sooa .. rs» . . CAS º 398-97-CRI CRA, emitida de justloa, en su . prerna ro seguido por los esposos Flores contra los esposos ceso en el p Agropecuaria «El Refugio». Los esposos Flores susTasaycO y t ato de promesa de venta con los esposos ·bieron un con r d cn . mueble social; sin embargo, antes e que co sobre un m' . Tasay 1 ntrato de compraventa, el esposo Tasayco, sin oncrete e co . d 1 se c .. de su esposa dispuso el bien a favor e a emlento' . e 1 as entlm . «El Refugio». Los esposos Flores so uicitaesa AgropeCuana . . pr la nulidad basándose en que la esposa Tasayco no mte:vlron .. ., del inmueble social. La Sala reafirmo la o en la dlSpOSIClOn , . li n . d d di ha acto señalando que se llevo «sin las forma 1nuhda e ic , 1A d d requeridas para los actos jurídicos, l?uesto que e rt. 2~9:~el CC establece que los actos jurídicos son nulos :uando o ha existido manifestación de voluntad y que al no interven. losa del vendedor, pese a que el contrato versaba sonir a esp ., di h 1de bre bien de la sociedad conyugal, se incurno en IC a causa la nulidad»

(81l .

,

Un caso similar al~ es el siguiente: Delia Amanqui se casó conjuan Canahua el mes de febrero de 1981 y el ~O de abril de 1992 adquirió por compraventa un inmueble ub.ICado en la calle Zepita y Chinchana del Barrio Asunción de la clUd~d de juli (Puna), que ingresó al patrimonio social ~e ambos; sin . .. , . 1 - 1 ba que el bien se enconembargo la mscnpcion registra sena a . traba ins~rito a nombre de Juan Canahua dejando constano~ , devé t adquiere un vehlque su estado civil era casado. M as tar e, es e ,. ía hi tecaria gravo el mculo de la empresa Valva y en garantla lpO · . , 1 lidad del gravamen. La l mueble social. La esposa so icito a nu 1 . . 1 CAS Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de justICla, en a .

(81)

CAS. 1634-99-PU O del 12 de octubre de 1999, publicada en la SCEP del 30 de noviembre de 1999, pp. 4197-4198. (80)

2:

BRICE - O

CAS.

Q

398-97-CHINCHA del 11 de agosto de 1998, publicada .en

la SCEP del 11 de marzo de 1999, p. 2753. 163

162

JOSÉ AlMEIDA

BRICEÑO CAPíTULO

NQ 2492-98-PUNO, señaló que el acto adolece no haber participado ambos cónyuges(82).

de nulidad

por

Con relación a los actos de disposición a título gratuito, la magistratura nacional ha mantenido su posición. Esto se puede corroborar en el~ derivado del proceso seguido por Aida Diez Canseco contra su esposo Miguel Mujica, en el cual se discutieron los actos de disposición a título gratuito del patrimonio realizados por éste, mediante la constitución de la fundación que lleva su nombre, afectando la propiedad predial urbana y las edificaciones del inmueble ubicado en la calle Alonso de Molina Tº 110, Monterrico, Santiago de Surco de la ciudad de Lima y la Colección de Armas del Perú y Oro del Mundo y la constitución de un usufructo personal a favor de sus hijos Milagros y Pedro, sobre los bienes antes indicados. La esposa solicitó la nulidad de estos actos por haber producido un desmedro en el patrimonio social, argumentando que éstos se realizaron sin su consentimiento. Por su parte, el esposo señaló que la mayoría de dichos bienes ingresaron a su patrimonio propio, por haber sido adquiridos antes del matrimonio y que éstos, por ser una Colección Cultural, constituyen una sola unidad. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en la CAS. Nº 2242-99-LlMA, resolvió que el usufructo dispuesto a título gratuito por el esposo es nulo por contravenir el Art. 315º del CC; sin embargo, la constitución de la fundación, por referirse a bienes propios, no constituye un acto de disposición arbitrario(83).

(82) CAS. Q2942-98-PU O del 28 de mayo de 1999, publicada en la SCEP del 26 de octubre de 1999, pp. 3806-3808. La Sala Civil Permanente d.e la Corte Suprema, respecto del gravamen arbitrario del patrimonio social, posee un fallo mal motivado que, finalmente, no dice nada: CAS. TQ 1491-99-LAMBAYEQUEdel 17 de setiembre de 1999, publicada en laSCEP del 16 de noviembre de 1999, pp. 3991-3992. (83) CAS.NQ2242-99-LIMAdel5 de abril de 2000, publicada en la SCEP del 24 de agosto de 2000, pp. 6087-6088.

2:

LA D,SPOS,CIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

Sumado a lo anterior, la Comisión de Magistrados reunien el Pleno Jurisdiccional Civil 1997 opinaron q~e «,d~ condos. d 1 Art 219º inciso 1 del CC, el acto jurídico. es fonu1da con e . , ulo cuan do falta la manifestación de voluntad ... del agente, que, ., n ara dIsponer . d e los bienes sociales se reqUIere la . . parucipacron ._ P constituyen. .un patn del rnari id o y la muier :J':J que coruuntamente . autonom , o », por lo que acordaron ". por unanimidad que monlO . ídiICo por el que uno de los conyuges dispone de bie«el acto Jun . . 1 sin la participación del otro, es nulo por no cumplir nes SOCIaes . ,. . 1 CC (84) con los requisitos de validez del acto jurídico que eXIge e ».

En consecuencia, podemos afirmar que nuestra mag~stratura nacional considera mayoritariamente que la ca~sal d.enull~ad que afecta al acto de disposición arbitrario del ?atrrm.on~osocial es la establecida por el Art. 219°, inc. 1 CC, baJ.~el sl~ulente razonamiento de subsunción: la falta de intervención conjunta de ambos cónyuges en los actos de disposición (y de gravamen), s~a a título gratuito u oneroso, de los bienes que.confor.~an el patrirnonio social equivale a la ausencia de manifestación de voluntad como elemento esencial de los actos jurídicos (Art. 140° CC).

La doctrina nacional, en cambio, no es unánime en ~uanto a la causal de nulidad a emplearse. Así, Belaunde considera que el acto contiene un objeto jurídicamente imposible y por lo tanto, la causal de nulidad aplicable es la establecida por el Art. 219Q, inc. 4 del CC, como indica a continuación:

. del Pleno Juns. dilccwna l Civil 1997, elabo(84) Pom:R]cDICIAL, Conclusiones .. . d e1PIeno j'uns dilCcional rado por la Comisión de Magistrados 1 ':JTruiillo, 1997, d pp. 4-5. Sigue la misma orientación, aun cuando no señale la caus~l e nulidad aplicable la CAS. 11 941-95-LA LIBERTAD del 12 de octubre de 1996 publicada e'n la SJEP del 12 de marzo de 1997, p. 2903.y PODERjUDIClAL'Materiales de Trabajo para la Sala Plena deJurisprudencia Vznculante, elabor~dos por la Comisión de Alto Nivel de jurisprudencia de la Corte Suprema, Lima, 1999, pp. 119-123.

164 165

JOSÉ AlMEIDA

BRICEÑO

«Al respecto, el suscrito se inclina a considerar que si la ley establece la intervención de ambos cónyuges para disponer o gravar los bienes sociales, la ausencia de uno de ellos en el acto dispositivo determina su nulidad al convertirse en un acto jurídicamente imposible de consumarse, siendo de aplicación los Arts. 140º, ine. 2 y 219; ine. 3 del Código Civil. Es por tanto, un acto nulo conforme a los dispositivos antes citados. ¿Por qué la ausencia de uno de los cónyuges convierte a la disposición del bien común en un imposible jurídico? Por una razón muy sencilla: si la ley establece el requisito de la intervención de ambos cónyuges como condición de validez, su omisión determina que no se ha cumplido la exigencia de la ley para que se perfeccione jurídicamente, al margen de que el acto como tal sea posible si cumple todos sus presupuestos legales. Por consiguiente, mientras persista esta situación el acto jamás llegará a configurarse, siendo en ese sentido un imposible jurídico, respecto del fin que se ha propuesto. De otro lado cabe argumentar que se trata de una situación de consentimiento incompleto, que desnaturaliza la esencia del acto jurídico así como del contrato, los cuales requieren de una perfecta manifestación de voluntad para consumarse. La falta o ausencia de consentimiento es causal de nulidad del acto jurídico conforme al ine. 1 del Art. 219º del CC. En ese aspecto dicho dispositivo es aplicable de pleno derecho a la venta de un bien inmueble social por sólo uno de los cónyuges. Claro que puede alegarse que ésa sería más una característica de ineficacia que de nulidad, ya que la posterior intervención del cónyuge ausente podría convalidar el acto. Sin embargo, en opinión del suscrito, si el 166

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA DEL

PAT RIMONIO

SOCIAL

. " d a su co nsentimiento descónyuge no mtervimerite ., ués se trataría de un nuevo acto jurídico que reCl:n P surte , sus efectos a partIr. del mornen t o que. ambos conconSIderar como yuges participan . en él, debiéndose • , (85) inexistente la pnmera transacción. bi Plácido coincide que el acto es nulo por falta En cam 10, o . . _ 'C tación de voluntad (Art. 219-, me. 1 CC), pero, con de manl1es . 1 di' . n función al interés protegido -e e conyuge no. sldera que e d di . .' te es aplicable la anulabilidad del acto e ISpOSIinterVlmen ción arbitrario: «Como queda dicho, la voluntad conco~de ~e los cónyuges se requiere como elerr:ento CO~StltUtIVO nec~sario para la validez del acto. SIendo aSI, el act~ practIcado sin intervención de uno de ellos y, aun, sin la aut~rización supletoria judicial, es nulo por falta de r.namfestación de voluntad: esta se configura con la mtervenció n de ambos cónyuges (Art. 219º inc. 1 CC). [...] Pero, como el interés afectado no es otro que el del cónyuge que no interviene par.a contro~ar el poder administrativo o dispositivo de bienes SOCIalesy ~u~de suceder por el contrario, que, aun sin su consentImlen, to, no tenga nada que oponer al acto rea liIza d o, q ue tal vez estime ventajoso, o bien que prefiera proteger su interés de algún otro modo, de acuerdo co~ su c?,nsorte, no parece adecuado caracterizar esta situacion

. ., d e Compraven1 1 MOREYRAMartín, «¿Nuhdad o reso 1UClOn ELALNDE, ." n enrebi . 1;> De có mo una transacción SImple termmo en u ta d e un Ien SOCla . " Q 99 20-21. . ídilCO», en D'wilogo con lajunsprudencw, Año 5, N 13,19 ,pp. d o jun (85)

B

167

JOSÉ ALMEIDA

CAPíTULO

BRICEÑO

como . 1va bl e, SIno . , .una acción de nulidad radical e Insa mas bien como una acción de anulabilid d . ., d 1 1 a ,cuyo eJerCICIO del arbi trio di'e conyuge . . epende no interviniente» (86). No quisiéramos finalizar este acápite sin antes . alcances que la nulidad .como soluciónJ'~risprude p.relClsar los nCla presenta, d e acuerdo con .. las diversas casaciones d e J usticia. S uprema

emitidas po r 1a C orte

Po~ un lado, es ~mport~nte tener en cuenta que para nuestrad magistratura nacional solo la acción de nulidad resu 1ta proce ente para los actos de disposición arbitraria del patri . social M 1 B . momo . '. ar eny nones solicitó la tercería excluyente de do mi1110d~l111mueble gravado por su esposo Juan Arévalo f mater de ei ., ,que ue . la e eJecucIOn en e! ~roceso seguido contra éste por la Caja Rural de Ahorro y Crédito de Cajamarca. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en la CASo Q 781-99CAJAMARCA, señaló que: b~en es cierto que el esposo ha gravado el bien sub litis S111la autorización de la esposa, también es cierto q~e la presente a:c~ó~ de tercería excluyente de propiedad, no es la via idónea mediante la cual la demandante. puede hacer valer su derecho sobre el bien en su calidad de cónyuge de Juan Arévalo Acuña, frente a l~ codemandada Caja Rural de Ahorro y Crédito de Cajamarca, demandante en el proceso sobre eiecución de ga rantiaia hiipotecaria seguido contra su esposo :J pues~q~ ; se esta' vulnerando la naturaleza jurídica ' de la tercena de propi le d a d ,por 1a cual se cuestiona . . la propiedad de los bienes afectados por la medida cautelar «~~

2:

LA DISPOSICiÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMO

10 SOCIAL

o para la ejecución, basado en el derecho de dominio obre el bien o en el derecho preferente a ser pagado con el precio del bieri-"?'. La nulidad también puede utilizarse para aquellos actos en los que, aun cuando no hay disposición efectiva del patrimonio social, existe un riesgo latente de dicha disposición, como es el caso de entregar en arras un bien mueble social. El11 de marzo de 1987, Carlos Peña celebró un contrato de promesa de venta con Fidel Mamani, por el cual el primero se comprometía a venderle un inmueble ubicado en la calle Manantial Nº 550, La Planicie, Lima y el segundo, en señal de arras de retractación entregó US$ 20,000 y un automóvil marca Mercedes Benz valorizado en US$ 35,000. Noemí Poblete, esposa de Fidel Mamani, solicitó la nulidad de las arras por haber recaído sobre bienes sociales. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de justicia, en la CAS. º 964-99-LlMA, señaló que el acto de entrega de arras de retractación y de una suma de dinero que constituyen al patrimonio social corresponden a una disposición arbitraria y por lo tanto son nulos, ordenando la devolución de dichos bienes al patrimonio

social(88).

De acuerdo con el criterio de la Corte Suprema de justicia, la nulidad sólo puede invocarse por el cónyuge no interviniente en vía de acción mas no mediante contradicción en proceso ejec~tivo o de ejecución. En ese sentido, la CASo Nº 05-99HUANUCO(89). Tampoco nuestro ordenamiento procesal admite

CAS. 2 781-99-CA]AMARCAdel 24 de setiembre de 1999, publicada en la SCEP del 16 de noviembre de 1999, p. 3992. (87)

(88)

CAS.

2

964-99-L1MAdel 25 de agosto de 1999, publicada en la

SCEP del 12 de noviembre de 1999, p. 391l. CAS. 12 05-99-HUÁNUCO del 24dejunio de 1999, publicada en la SCEP del 28 de setiembre de 1999, pp. 3605-3606. (89)

(86)

P LACIDO, . Manual de Derecho de familia, cit., p. 161.

169 168

JOSÉ AlMEIDA

BRICE - O

deducir -como excepción procesal la nulidad del acto, confo-, me es de verse del Art. 446º del CPC; razón por la cual no podr.¡ invocarse por dicha vía. En la CAS. º 670-2003-AREQUIPA de~ 19 de agosto de 2003, se niega la posibilidad que la nulidad del acto de disposición arbitraria sea solicitado vía nulidad de Cosa juzgada fraudulenta, porque equivaldría a un nuevo examen de las pruebas actuadas en el proceso anterior, totalmente extraña a este tipo de procesos'?".

Otorgamiento de escritura pública Por la misma razón que la falta de la intervención de ambos cónyuges en la disposición de un bien social acarrea su nulidad, es improcedente la demanda de otorgamiento de escritura pública en la vía judicial, cuando el contrato ha sido únicamente suscrito por uno de los cónyuges. Así ha sido establecido por la CAS. Nº 723-2005-TACNA del 25 de octubre de 2006, por el cual la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema resolvió la litis presentada por la Municipalidad Distrital de Catana en contra de los esposos Mirta uñez y Máximo Siña, sobre otorgamiento de escritura pública. El contrato en cuestión fue suscrito por el esposo en solitario con la Municipalidad. La Sala razonó que la demanda era infundada debido a que sólo procedía elevar a escritura pública dicho contrato si hubiese sido firmado por los dos eónyuges(91).

(90)

CAS.

JQ

670-2003-AREQUIPA

del 19 de agosto de 2003, SPIJ 2004.

(91) CAS. Q 723-2005-TAC A de 25 de octubre del 2006, SPIJ 2007. De manera similar, sobre un caso con aplicación del CC de 1936, véase la CAS. Q 1794-2004-AREQUIPA del 7 de junio de 2006, SPIJ 2006.

170

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICló

ARBITRARIA DEL PATRIMONIO

SOCIAL

La adquisición de bienes muebles no de los aspectos de mayor discusión es el relativo a los bienes muebles, a partir de la incomprensible redacción del segundo párrafo del Art. 315º del CC, que señala como excepción de la actuación conjunta de ambos cónyuges «la adquisición de bienes muebles». La única justificación que aparece en el Proyecto de CC elaborado por la Comisión Reformadora dice que tal excepción serviría ~ara atenuar los rigores d~ la a.c~~ación conjunta de ambos conyuges en los actos de disposición arbitraria de los bienes sociales, bajo el entendido que los actos de adquisición de bienes importan necesariamente una contraprestación (92): «Las dificultades prácticas a que se ha hecho mención párrafos arriba se presentan principalmente tratándose de los actos de gravamen o de disposición, que, como regla general, exigen la intervención de ambos cónyuges (artículo 315º); Yprecisamente con el ánimo de obviarlas o atenuarlas, el ponente propuso: primero, la posibilidad de que uno de los cónyuges confiera poder al otro; y segundo, que la participación de ambos cónyuges no sea necesaria tratándose de actos de adquisición -pese a que, como es obvio, en todo acto de adquisición de un bien existe uno de disposición del dinero con que se adquiere- o de actos a los que se refieran leyes especiales (como por ejemplo, aquellos a que aludieron los Decretos Leyes Nºs 18358 y

(92) Palabras de CORNEJOCHÁvEZ,Derecho familiar peruano, cit., T.l, p. 300. Antes, el mismo autor opinó totalmente a favor de la redacción de la Comisión Revisora, vide CmlISIÓ" E"CARGADA DELESTUDIOY REVISIÓ"DELCÓDIGo CIVILs C'd' . T. IV, p. 467 . o zgo C"1 uru; CIt.,

171

JOSÉ ALMEIDA

BRICEÑO

18855). Aceptado este criterio por la Comisión Reformadora, la Revisora lo limitó a los actos de adquisición de bienes muebles -Ios que ordinaria, pero no necesariamente, son menos valiosos que los inmuebles- ya los considerados en leyes especiales». Esto evidencia un craso error del legislador. Como sabemos, los actos de adquisición pueden ser a título gratuito, en los cuales no existe contraprestación, o a título oneroso, en los Cuales sí existe una contraprestación y por lo tanto apareja un acto de disposición de bienes a cambio, que pueden ser o no del patrimonio social. Si bien los primeros no aparejan mayor peligro, por no importar ningún tipo de disposición, los segundos sí, ya que se pueden producir desmedros al patrimonio social mediante la sobrevaluación del bien a adquirirse; supuesto que no será compensado por el principio de subrogación del Art. 311 º, inc. 2 del CC. No solucionó nada la Comisión Revisora al limitar el texto del Proyecto de CC a los «actos de adquisición de bienes muebles»; máxime si actualmente existen bienes muebles de igualo mayor valor que los inmuebles. En el ámbito registral se ha formado como criterio que la adquisición de bienes inmuebles de los casados requiere necesariamente el asentimiento de ambos cónyuges -como se puede leer del Art. 61 º del Reglamento de Inscripciones y el Art. 2º de la Resolución de Superintendencia acional de ~os Registros Públicos Nº 033-96-SUNARP-, a partir de una mterpretación a contrario sensu del segundo párrafo del Art. 315º del CC. En realidad, el legislador quiso referirse a las adquisiciones a título oneroso que se realizan dentro de la potestad doméstica; es decir, para solventar las necesidades ordinarias del hogar, tema al cual nos hemos referido con anterioridad (véase acápite 5 del Capítulo 1). 172

CAPíTULO

2:

LA DISPOSIClól':

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

En el debate parlamentario actual, la propuesta de modifi· 'n del Art. 315º del CC(93) incurre en el mismo error, mancaclO ., . 1 · do como excepción a la reg-Ia de actuacion conjunta a temen ., adquisición de bienes muebles. En el f~tu~~, esta excepclOn debe formularse haciendo una clara distinción entre actos de gesr~, rdinaria y actos de gestión extraordinaria del patrimonio non o . . . . · 1 de tal manera que las adquisiciones realizadas dentro del soCIa, , bito de la gestión ordinaria se consideren exceptuadas de la arn -e la de la actuación conjunta, que regula 1as re laci aciones deri eriva~a~ de la gestión extraordinaria del patrimonio social. Esta fórmula legal no cumple su finalidad y más bien se ha convertido en fuente de equívocos y confusiones'?". Como puede apreciarse en el siguiente caso: Ciprian~ ?rihuela yVict?,riano Chirinos, durante su matrimonio, adquirieron un carmen de placa de rodaje XY-1174. El esposo dispuso el bien sin cons:l:ti~ miento de su esposa a favor de Paulino León. La esposa solicitó la nulidad del acto; Paulino León contestó que el esposo de la demandante sí se encontraba facuItado por tratarse de "la adquisición de un bien mueble social», y por lo tanto, exceptuado

(95) CO~GRESODE LA REpl:BUCA,Propuestas de reformas del Código Cioil, cit. La Subcomisión de Derecho de Familia del Congreso de la República propuso en su momento modificar el segundo párrafo del Art. 3152 del CC, con el siguiente texto: «Lo dispuesto en el párrafo anterior no rige, para las necesidades ordinarias de la familia, para gastos urgentes de caracter ~xtraordinario , actos de conservación de bienes sociales y adquisición de bie. nes muebles que no sean de gran valor, o cualquier otra situación preVl~ta por la ley, bastando en estos casos la intervención de cualquiera de los conyuges», como puede verse en Muxiz ZICHEs,]orge et al., ob. cit., p. 342.

en el mismo error PLÁCIDO,Manual de Derecho de no sejustifica, porqu~ «en todo acto de adquisición de un bien existe uno de dispo ición del d.l~ero con que se 10 adquiere» y ARIAS-SCHREIBER, PEZET,Exégesis del Código Cioil peruano de 1984, cit., T. VII, pp. 235-236. (94)

También

incurren

familia, cit., p. 163, al indicar que esta excepción

173

CAPíTULO JOSÉ ALMEIDA

de la regla de la actuación conjunta .. ~e la Corte Suprema deJustici;, en ia~:;la ~l\~l Permanente Interpretó los alcances del segundo pá ~1 d9~~OOO-LlMA, CC, señalando que dicha norma sól ITfíO e t. 315º del d b' o se re iere a la adq . . " e ienes muebles, mas no a los actos de dis .., uisicion mueble social, donde es «necesaria la interve P~~ICIdonde un cónyug 1 1b ncion e ambo es en a ce e ración del acto jurídico-v'". s

2.3. Soluciones minoritarias Venta de bien ajeno Barchi. analiza el acto de disposición arbitrari . mueble social, específicamente medi t o de un Indobq~eés.te es válido pero reSCindib;:np~~~:::ra:::e::~~eañalanló segUlid o transcribimos su opinión: venta d e ien ajeno . A re Q.gon ~slotros consideramos que la disposición de un bien SOCIa por, .uno de los c onyuges ' . la intervención del SIn otro. di es válida ' por 1os argumentos que a continuación se In ican. «

El patri~onio social de la sociedad de gananciales (bienes sociales) .. d o por las situaciones jurídicas cuya titula . c~nStltUl que adopt; c.orresponde a la sociedad conyugal un ' . e ~egtmen de sociedad de gananciales, es ( patnm~mo separado de titularidad conjunta' mano comun o gesamnte haná) .

el

t'

Es . . s~parado' del patrimonio propio de un cad ' patnmomo a uno de los conyuges (bienes propios), afecta-

se

2:

LA DISPOSICló

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

BRICEÑO

(95) GAS . 951-2000-LIMA del 23 de octubre de 2000 EP del 30 de enero de 2001 p 6842 E "1 .' publicada en la PIURA d " . n sirm ar senudo GAS el16 de octubre de 1997 en eCTC To mo II ,pp. ' 312-313. . N 513-96-

do a un fin determinado, esto es, a responder por las deudas que asuma la sociedad de gananciales (artículo 317º CC). Es de titularidad conjunta ('mano común') en la medida que los bienes que integran dicho patrimonio pertenecen a ambos cónyuges en conjunto (copropiedad sin cuotas), de tal manera que cada cónyuge individualmente es un tercero con relación al bien. La titularidad conjunta supone que para la disposición de un bien social se requiere, en principio, el consentimiento de ambos; de tal manera que cuando uno de ellos dispone del bien sin intervención del otro, en realidad estamos en un supuesto de disposición de bien ajeno. El bien social respecto a cada uno de los cónyuges no es un bien parcialmente ajeno corno el caso de los copropietarios, pues en este caso a cada uno de los copropietarios les corresponde una cuota ideal del bien, hecho que en la sociedad de gananciales sólo se presenta a su disolución. [ ...] Se ha considerado que el artículo 315º del CC constituye una norma de orden público, por lo que· todo acto jurídico contrario es nulo (artículo V del Título Preliminar del Código Civil). Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. El artículo indicado, protegería así al cónyuge que no interviene en la disposición, lo que en la práctica signifIca proteger a la mujer. Ello porque el régimen de la sociedad de gananciales tiene su fundamento en la clásica distribución de roles en el matrimonio, donde el hombre es quien tiene acceso al mercado mientras que la mujer queda

Q

limitada al espacio doméstico.

Q

,

174

~,

.l'

175

CAPíTULO JOSÉ AlMEIDA

En tal sentido, se explica que la titularidad de los bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad de gananciales corresponda en conjunto a ambos cónyuges, como lo establece el artículo 315º del CC, de manera que la sociedad conyugal sujeta a e te régimen económico se comporta como un 'sujeto abstracto que obra como tercero distinto de los individuos que la componen' con lo que se trata de evitar que un bien social pueda ser transferido sin el consentimiento de uno de los cónyuges; es decir, sin el consentimiento del titular, Ello ha llevado a considerar que esa protección se logra atribuyendo al artículo 315º del CC el carácter de orden público, En tal sentido, se dice, el Estado pretende evitar que se 'expropie' a uno de los cónyuges, sancionando con nulidad todos los actos de disposición de los bienes sociales en los que no intervengan uno de ellos, Sin embargo, encontramos un contrasentido en dicha afirmación, En efecto, el 'orden público' supone no una norma considerada individualmente sino como parte de un sistema, Esto nos lleva a la idea de 'orden público económico' el cual comprende 'un conjunto de principios y de líneas de inspiración sobre las cuales la actividad económica de la sociedad se desarrolla' »(96),

(96) BARCHI, Luciano, «Disposición de bien social, Cónyuge que aparece como titular en el registro», en Diálogo con la Jurisprudencia, Año 11, N2 3, 1996, pp, 5&.64, La posición del autor reseña una ejecutoria emitida e18 de enero de 1991, que resuelve un caso en el que son de aplicación las normas referida al ee de 1936, Por lo que, en principio consideramos inapropiada la cita de artículos del ee de 1984 sin detallar de qué manera se relacionan ambos cuerpos normativos,

176

2:

LA DISPOSIClÓ,

ARBITRARIA

DEL

P AT RIMO".;IO

SOCIAL

BRICE - O

, " h tagiado a algunos abota de una poslClon que a con Se tra ' (97) pero que no la defensa e incluso a algunos Jueces , d gadoS en 'da por la Corte Suprema de Justicia, como pue e l ha ido recog , ientes.A .;: resolvió en la CAS, Nº 238-96d casaClones recién es, Asi, , verse e S 1 Con tituciorial y Social en el proceso seguido TACNA, ~: ;á~la contra su esposo y Arm~~do Herr~ra (t~~~cpor Eulah b lidad de acto jundlCo (de disposición d uirente), so re nu , d ro a q , ' 1) El tercero que venta de per er en , 'de bien SOCla ' arbItranO, ' urre en casación argumentando que el da InstanCla, rec , " segun , sición arbitrario no es nulo sino umcamente resacto de díspo d r (que es él) basándose en los Arts. , dible por el compra o ~ , Cl~ 90 1409º inc 2 del CC, La Sala senalo que: ltJ3 - Y "

, 1 315º del Código Civil establece la forma «El arucu o ,1 , d los bienes sOClales y gravar os, de dIsponer e " _ , " dose la intervención del mando y la mujer, reqUlnen , ídi al no haberse llenado esta exigencia el acto Jun I~Oes , " de los incisos 1 y 6 del aruculo nulo, por ap 1icacion

, -'a en la sentencia La Dra Valcárcel Saldaña, en su voto en mmOll ) - lé abun, ,, '(Ex Nº 9234-96 , sena o expedida por la Sala de Familia de LIma P: t de la venta de , 1 esu'icto se tra a dando a favor de esta tesIS- que e act~ «~n , , _C t do de nulidad iurídiICOque pOI' SI mismo no esta un bien ajeno, acto juri d arec a elArt 15392 , " d 111.·, 14092 inc 9 concor ante con ' por expresa autorizacion e ru t. , 1 ,, " [) Además , 1 oce es la reSClSlOn, .., , ee, desde que la ineñcacia que se e recon 1 ," oponible a la , , " ' SIendo un actoJundlco res mter a l'lOSac t a, dicha venta e sena m e afecta1 d mandante pues no v sociedad conyugal de la que forma parte e e '1 transferencia no , íd n él y por tanto, a do u derecho al no haber mtervern o e, 1 ni le son d 1 ' o no le a canzan se ha producido para él y los efectos e mIs~, ro ietario Y no exigibles, [, ..), En tal sentido, el demandante SIgue u~ acto jurídinecesita de una sentencia judicial que declare la ~~ 1 a deerecho real de -ado y que no arecta su co o documento que no h a ce 1e b 1 'l' Criterios , P 'R ]L'DlClAl Derecho de famt la, propiedad», Al respecto, vea e ons 1 e"", E' tiva Lima 2000, , , , jurisprudencíales, ecretana'E' ~ecu u'va de a ormsion ~ecu, p,166, (97)

sr:;~ol

177

JOSÉ AlMEIDA

BRICEÑO

219º del Código Civil; que no hay venta de lo ajeno porque el vendedor no puede sustituir la expresión de voluntad del verdadero propietario; que el caso que se refiere el artículo 1539º del Código Civil, es diferente al presente, pues consiste en la facultad que se otorga al comprador de bien ajeno para pedir su rescisión si hubiese ignorado que el bien no pertenecía al vendedor, pero en el presente caso hay también nulidad en la venta de la cónyuge promovida por ella, hecha sin su intervención, es decir, sin expresión de su voluntad como lo exige el inciso 1 del Art. 219º del acotado. Que, también es distinto el caso del inciso 2 del Art. 1409º del mismo código, que es el supuesto de vender o afectar bienes ajenos expresando la situación en ~~contrato, respondiendo al otorgante por la obligaClon que contrae es el supuesto de vender o afectar bienes ajenos, expresando la situación en el contrato , . respondiendo el otorgante por la obligación que contrae en nombre de otro sin tener expresa facultad para hacerlo, es decir, haya ausencia de dolo o engaño»(98). E~ igual s:ntido, en el proceso seguido por Esperanza Delza y Al:dIa Ar~g~n contra Isidro ovario, sobre otorgamiento de escntura pública, la demandada reconvino la nulidad del acto de disposición arbitrario por no haber participado conjuntamente con su consorte. La Sala Civil Permanente, en la CAS. Tº 1316-96-LIMA, señaló a favor de la reconvención que el acto es nulo y que «los artículos 1539º y 1412º del CC [invocados en la sentencia de segunda instancia] se refieren a supuestos de he-

CAS. NI! 238-96-TACNA del 2 de junio de 1997, publicada en la SCEP del 2 de diciembre de 1997, pp. 133-134. (98)

178

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICiÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

distintos a los resueltos ~n el presente proceso»; por lo que chO ., . d bid (99) licaclOn es In e la. SU a P por cierto, la solución que el legislador peruano estableció compraventa de bien ajeno no tiene precedentes en el 1 Para aho comparado: es la única que ha estab lecid eci o que diICh o Derec. ídico es rescindible. La mayonaía d e co'd·IgOS h a opta d o acto Jun or la anulabilidad Y otros por la nulidad del act~. El ~istema Peruano sustenta la validez de la compraventa de bieri ajeno en ~l hecho que su única peculiaridad frente a la c~mpraventa común Ycorriente radica en que recae sobre un.bIen que el vendedor conoce que es ajeno y el comprador lo Ignora. Con.~osterioridad, De la Puente, autor de esta p.r?puesta, ha adm~tIdo la existencia de omisiones en la redacción del Art. 1539- del CC, realizando precisiones a la compraventa de bien ajeno: la primera, que el vendedor no debe informar al comprador que el bien es ajeno al momento de celebrarse la compraven~a -supuesto del Art. 1537º del CC- pero tampoco que es ~roplO -en cuyo caso, el vendedor actuaría con dolo y el acto sena anulabl: (Art. 210º CC)-; la segunda, es indispensable que el contrato este sujeto a un razonable plazo suspensivo inicial que per~ita al vendedor obtener la propiedad del bien a fin de transfenrla al comprador dentro de tal plazo, esto último se debe a que nuestro ordenamiento legal ha optado por el sistema del título y el modo, lo cual trae como consecuencia que la inexistencia de este plazo traiga insuperables dificultades, especialmente tratándose de la compraventa de inmuebles ajenos; Y la tercera, que la rescisión opera como un mecanismo de defensa del compra-

CAS. NI!1316-96-LlMA del 4 dejulio de 2000, publicada en la SCEP del 17 de setiembre de 2000, p. 6222. (99)

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JOSÉ AlMEIDA

CAPíTULO

BRICE!\JO

dar cuando se percata que el bien no pertenece al vendedor y dentro del plazo establecido por ambas partes. A ello, ha agregado Castillo una limitación adicional, que nos parece razonable: la figura sólo es aplicable para bienes ciertos al momento de la celebración del acto, mas no pueden ser bienes inciertos o fungibles. En consecuencia, la rescisión tiene como única justificación la particular situación del comprador que, dentro del plazo inicial convenido con el vendedor, se percata que éste no es dueño del bien cierto materia del contrato''?".

Ineficacia relativa o inoponibilidad En el Derecho comparado, especialmente para cierto sector de la doctrina argentina, la sanción aplicable sería la de ineficacia relativa (denominada también, inoponibilidad o irrelevancia). Se trata de supuestos en los cuales la ley toma en cuenta el interés del tercero afectado por la celebración de un acto jurídico (en nuestro caso, el cónyuge no interviniente); para lo cual, sin perjuicio de que ese acto puede desplegar sus efectos propios entre quienes los otorgaron, limita la eficacia respecto de terceros con un interés distinto, que se verían perjudicados de no disponerse tal limitación. En ese sentido, se habla de ineficacia relativa, cuando la eficacia del acto jurídico no es total respecto de las personas, pues ciertos terceros pueden desconocerlo como si no existiera''?",

(100) DE LAPUE:-iTF. y LAVALLE, Manuel, Estudios sobre el contrato de compraventa, GacetaJurídica, Lima, 1999, pp. 81-85. COMISle):-iE:\':AA.ADAosr, F. TCDIOy REVISIÓN DELCómGO CIVIL,Código Cioil; cit., T. VI, pp. 210-211. CAsTILLO FRf:YRE, Mario, Tratado de la venta, PUCP, Lima, Biblioteca para leer el Código Civil, 2000. T. III, Vol. XVIII, pp. 30-33. óte e la diferencia entre lo expuesto por el autor de la propuesta y la exposición de motivos del Código Civil. (101) Respecto al concepto de ineficacia relativa, véase: CIFC¡':~TES,Santos, ob. cit., pp. 576-580 Y ZA~:-iO:-iI, Eduardo, Ineficacia)' nulidad de los actos

2:

LA DISPOSICló

ARBITRARIA

DEL PATRIMO'-iIO

SOCIAL

para los autores que proponen esta sol~cióI~,. ,la 'bilidad es la que mejor responde al acto de d1sposlCIOn ino?Ol1.l. del patrimonio social' para lo cual postulan que la 'd de uno e 1os conyuges ' a rb1trano .c t ción de voluntad es es f [ta de manll a id E a d ficacia del acto mas no de vali ez. 11.ese senelemen to e el, 1b un , '11'do y eficaz entre las partes que lo ce e raid el acto sena va , n o, , 'nterviniente Y el tercero-, pero ineficaz para -el conyuge 1 , ron, . e no interviniente, para quien el acto es como SI no el ~o.nyug A~' ta solución deja a salvo el derecho del tercero, eXIStIese.fi;)1,es , , d a' obtener la ratificación del acto por el conyuge no qUIen ,po. r partir del cual tendrá plena e ficaci reacia o po d ra' interVll1.lente y a _' ' , , demandar la indemnización por danos y perJUICIOS~: co(nyuge , .' te ante el incumplimiento de su prestaCIon trans1nterVln1en , ferencia del bien), En nuestro ordenamiento legal, esta situación se asemeja a la descri escnta por e 1Art ' 161 º del CC para los actos celebrados , por el representante sin poder. Como se sabe, para que exista representación en puridad basta la actuación del representa~,te en nombre del representado; sin embargo, par~ la producción de la eficacia directa de la gestión representatIva en l~ ~sfera 'urídica del representado, es menester un requisito adicional. J , ia d previo poder de Este requisito consiste en la existencia e un , , o en una postenor 't'ficación por el pseudo representación ra 1 1 representado

de lo hecho por el representante

(Art. 160º CC),

En ese sentido, habiéndose diferenciado el acto d~ apode. ' , del po d)er como ti19ura independIente del. rarmento (concesión , 1t ro se puede deCIr acto realizado por el representante con e erce., . , " d ando' 1) quien se comque existe representación S111. po er cu . 1ª reimpr Astrea Buenos Aires, pp. 135-138. De acuerdo co~. este 'l";' ., o n'os enconU-amos ante la inoponibilidad pOsluvaumo autor, en este cas . ficacl'a frente a determinados terceros- y no negauva n O se pue d e oponer 1a el. -1 . eficacia del acto frente determmados terceros-. +no se pue d e oponer a In

jurídicos U

181

180

CAPÍTULO

porta como representante no ha tenido jamás poder de repre. entación o la vigencia de su poder ya venció, o ii) quien posee poder de representación se excede de sus facultades o las viola. En estos casos, señala el Art. 151º del CC, el acto jurídico es ineficaz con relación al representado; no obstante, puede ser ratificado por el representado observando la forma prescrita para su celebración (Art. 152º CC)(102). La pregunta es si el acto de disposición arbitrario del patrimonio social constituye un acto de representación sin poder y por lo tanto inoponible al cónyuge no interviniente, de acuerdo con los límites establecidos por nuestro CC. Abona a favor de dicha tesis, la posición de Vidal que considera que la representación de la sociedad conyugal constituye un caso especial de representación legal, a partir de una singular interpretación que realiza del Art. 292º del CC(103). Siguiendo este razonamiento, la falta de manifestación de voluntad de uno de los cónyuges importa la insuficiente representación de la «sociedad conyugal». Sin embargo, consideramos que esta tesis, aun llevada a sus últimos extremos, no tiene un verdadero sustento: la sociedad conyugal no es una entelequia distinta de ambos cónyuges (como lo expresáramos anteriormente, véase acápite 4); por lo tanto, éstos no resultan representantes por mandato legal de la misma. En realidad, la representación de los cónyuges se encuentra dentro del ámbito de la representación voluntaria, conforme lo señala el Art. 146º del CC con una fórmula breve pero

(102)

Respecto

al tema, VIde . BIGLIAZZIGERl, et al., Derecho cioil; cit., T. 1,

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL

P ATRIMO

10 SOCIAL

_ ísa «se permite

la representación entre cónyuges». Este .' con el pnmer parraloe d e 1A rt. 315º dlSPOSl v _ cc ue senala como una de las excepclO. nes . a la regla genedel ,q uación con1unta . ' de los conyuges en los actos d e dilSpOral d e ac t :J . ., del patrimonio social que uno de ellos tenga poder espen SlClÜ d que . 1 del otro. En consecuencia, puede darse 1a pOSIibilid 11 a Cla . " di' ca un acto de representación SIn po er entre os canse pro d u Z ndo uno de ellos (el falso procurador) afirma tener yuges, cua . la representación del otro y SIn embargo, no posee, poder o se cede de sus facultades. En este caso, el conyuge no eX . 1 . terviniente puede ratificar el acto o de lo contrano, e tercero ;odrá resolver el acto y solicitar la indemnización por daños y

., PIeCl . .u' o tiene relación

perjuiciOS, de ser el caso. IOobstante, debemos admitir que la inoponibilidad no es una figura suficientemente delineada en nuestro ordel:amiento jurídico, ya que el Art. 156º del CC señala que. «para dlspon.er de la propiedad del representado o gravar sus bienes, se re~Ulere que el encargo conste en forma indubitable y por escntura pública, bajo sanción de nulidad». Esta norma, a pesar de referirse ciertamente al acto jurídico de apoderamiento, trasciend~ al acto realizado mediante representación sin poder, ya que SI éste se refiere a la disposición o gravamen del bien del repr~sentado, su voluntad debe manifestarse bajo la forma estableCIda por la ley, bajo sanción de nulidad'l?". Para entender el origen de esta confusa regulación, debemos retrotraernos al momento de la elaboración del Título Tercero del Libro Segundo del CC, que tuvo como mérito Í1:discutible haber culminado una evolución legislativa, independIzando

Vol. 2, pp. 728-731 Y DÍEZ-PICAZO/GULLó", Sistema de Derecho Civil, cit., Vol. 1, pp. 565-574. VIDAL D.,· . - en el ámbito del ~\1IREZ, F ernando, «La representación Derecho de familia», en TRAZEG:\lIoSGRA:\DAet al., La familia en el Derecho peruano. Libro Homenaje al Dr. Héctor Cornejo Cháuez; PUCP, Lima 1999 pp 288-289. ' -, . (103)

(104) LOH~1A:\~LeCA DE TE:\A,]uan Guillermo, El negocio jurídico, 2" ed., Grijley, Lima, 1994, pp. 192-194, coincide igualmente que la formalida¿ establecida por el Art. 156º del CC colisiona con el Art. 161 º del CC, ademas

de los Arts. 164º y 1652 del CC.

183 182

JOSÉ ALMEIDA

BRICEÑO

la figura de la representación del contrato de mandato -este último fue el modelo del CC francés-o 1\0 obstante, en la construcción de dicho Titulo, el legislador recogió normas del CC de 1936, como puede verse de sus Arts. 147!!, 148º, 149º, 151!!, 152º, 154º, 155º, 156!!, 157º, 158!!, 159º Y 164º(105)Y las fusionó con normas recogidas del CC italiano que actualmente se encuentran en sus Arts. 145!!, 160º, 161º, 162º, 163º Y 166º(106).La unión de ambas normas trajo consigo la actual antinomia existente entre los Arts. 156º Y161 º del CC; ya que el primero reclama la nulidad del apoderamiento y en consecuencia del acto realizado en función de éste (cuando se refiere a la disposición y gravamen de un bien de propiedad del representado); mientras que el segundo, señala que el acto es ineficaz relativo frente al seudo representado sin importar que se haya realizado o no el apoderamiento. Esta confusa regulación no ha sido aclarada en las ejecutorias emitidas por la Corte Suprema de Justicia de la República. A manera de ejemplo, en la CAS. Nº 1815-2006-CALLAO del 26 de enero de 2007(107)se niega la posibilidad de aplicar la figura del falso procurador en las relaciones entre cónyuges con terceros. José Velásquez otorgó poder general a su esposa, Man Vi, para que administre los bienes de la sociedad conyugal. Exce-

(105) Estos artículos corresponden respectivamente a los Arts. 1642º, 1643º, 1650º, 1652º, 1651º, 1653º, 1632º, 1633º, 1638º, 1639º, 1641º Y1640º del CC de 1936, contenidos en el Título X (Mandato) de la Sección V de dicho código.

(106) Los artículos citados corresponden a los Arts. 1387º, 1388º, 1398º, 1399º, 1390º Y1395º del CC Italiano (Capítulo VI de la Sección IV del Libro Cuarto). Curiosamen te en la Exposición de Motivos no se revela la verdadera fuente de la actual regulación del Título referido a la Representación en nuestro Cc.

(107)

184

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL

PATRIMONIO '

SOCIAL

· do los límites de este poder genera, 1 1a esposa vendió Lun dlen .al aJuan ., Lam. y ee . ue ble que perteneCla,. al patnmol1lo. SOCl 1l1rD d eman dóo 1a nu lidad de este acto Jundlco, en 1 'yuge 1 Siu. E con blecid lArt 156º del CCy la sentencia de virtud de lo esta eci l? ?tordeEn c~sación los demandados soli· cedió a esta so lCl u . , . VIstaac que la sentencia de vista, declarando Impro· ron que se revo 1 ., d cita d e -al parecer de ellos- a accion ecedente la demlanb.l~d'p;r;luamparo de los artículos 161º, 162º, bió er de anu a I la, , 10 0S Q d 1CC La Sala Civil Permanente no caso la senten163 y 221 e . . id -. 1 d que en el presente caso se ha mcurn o · de Vista sena an o d cia 'de falta de manifestación de volunta ,que es en un supuesto ,. C .. l . do con nulidad .por nuestro COdIgO IVI: sanciona «Los recurrentes en cuanto a su de.nuncia de inaplicación de normas de derecho matenal, como ya se ha reseñado, sostienen que se trata de un caso del [alsus procurator, pues la apode~ada code~andada, Ma~ Chi Yi Lee, se habría excedido ampliamente en mandato conferido por el actor, por lo qu~ el acto es., po r ende sena anulable taría sujeto a una rau ificacion, . y debería haberse aplicado las norma~ :ontel1ldas en los artículos 161 º y 162Q del Código CIVIL El artículo 161 Q del Código Civil contien.e tres hipó~esis concretas que determinan la ineficacia del acto .do . '1 a represe ntado: . a) el celebra o rídico con relación por el representante exce diien d o 1os lími tes de las dfa. e . do:, b) el celebra d o1 cultades que se le hubiere conren por el representante violando el texto expreso e poder que se le ha otorgado; y e) el celebrado p~r per~ sona que no tiene la representación que se le a:~buye, pero com O se ha señalado, la instancia de mento .,ha distinto, con relación esta bl eCIid o u n supuesto de hecho ,. subsuncion de dicha norma. la a 1 cua l no res u lta

CAS. Nº 1815-2006-CALLAOdel 26 de enero de 2007, SPIJ 2007. 185

CAPíTULO JOSÉ ALMEIDA

BRICEÑO

E.n.materia de representación, nuestro ordenamiento CIVIlen su artículo 1632 prevé la anulabilidad del acto jurídico, cuando la voluntad del actor ha sido viciada. En el pr~s~nte caso, se ha establecido un supuesto de hecho distinto, esto es, la falta o ausencia de manifes~ación ~e voluntad, por lo que no es un problema de l~capacldad relativa, error, dolo, violencia, intimidaCIón.o si~ulación, y los recurrentes no demuestran la pertmencia del artículo 221 º del Código Civil a los hechos establecidos en la instancia. En anterior pronunciamiento, y según sentencia de fecha 6 de enero de 2004, corriente a foias 222 la Sal S . J ' a upenor_ estableció que el poder otorgado por el actor a dona Man Chi Yi Lee fue de carácter genérico que de acuerdo a los extremos del mandato el apoderada debía velar por el resguardo, acrecentamiento o beneficios ~conómi:os del demandado, y que la apoderada habl~ ex~~dIdo ampliamente su mandato, por lo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 156º del Código Civil, declaró nulo el contrato de compra venta. Esa sentencia fue casada por la de fecha 2 de a?"osto de ~OO~, corriente a fajas 327, por la causal preVIsta en el mCISO3 del artículo 386º del Código Pro 1G .1 ce sa IVI, como se había denunciado por los recurrentes, pues el colegiado superior estableció una causal de anulabilidad, y no aplicó lo dispuesto en los artículos 162º, 163º Y 221 º del Código Civil. En esta oportunidad, la sentencia de vista ha llegado a una con . ~ diistinta, . . e 1USlOn esto es, que existe una causal de n~~Idad y aplica el artículo 219º, inciso 12 del Códi~o CIVIl,que es también fundamento legal de la demana, y de otro lado, los recurrentes en el recurso que se resuelve, no han aducido vicio procesal alguno».

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

Otro ejemplo de confusión en las ejecutorias supremas recientes, lo encontramos en la CAS. Nº 111-2006-LAl\l1BAYEQUE del 31 de octubre de 2006(108),que de acuerdo con sus términos tuVO por objeto «variar criterios anteriormente establecidos» sobre el supuesto de incumplimiento de la norma establecida por el Art. 315º del CC que obliga a la actuación conjunta de ambos cónyuges en la disposición de bienes del patrimonio social. Alejándose de la tendencia mayoritaria de ejecutorias supremas anteriores a favor de la nulidad como solución jurisprudencial, la Sala Civil Permanente declara que tal incumplimiento es sancionado con «ineficacia, el mismo que origina .que el acto jurídico cuestionado no sea oponible al patrimonio de la sociedad conyugal». Para tal efecto, argumenta que la obligación de actuación conjunta de los cónyuges en este tipo de actos es un requisito de eficacia y no de validez, basado en la legitimidad

de contratar:

«Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia se ha discutido sobre el supuesto de hecho previsto en el artículo 315º del código sustantivo, siendo que con esta sentencia suprema, se procede a variar criterios anteriormente establecidos, a fin de concluir que, el supuesto previsto en la referida norma sustantiva no recoge un supuesto de nulidad del acto jurídico, sino uno de ineficacia, el mismo que origina que el acto jurídico cuestionado no sea oponible al patrimonio de la sociedad de gananciales. A mayor abundamiento, conforme lo establece el artículo 292º del Código Civil, la sociedad conyugal se encuentra representada por los dos cónyuges, la mis-

(108)

CAS. NI! 111_2006-LAMBAYEQUE del 31 de octubre del 2006, SPIJ

2007. 187

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JOSÉ ALMEIDA

CAPíTULO

BRICEÑO

m~ que a.demás debe er ejercida de manera conjunta, atendiendo a ello el artículo 31¡;º d e 1 co~d'IgO en me~CIon esta~lece que, para disponer o gravar un bien social se reqUlere de la intervención de am b os conyu~ ges; supu sto que no descarta la posibilidad que uno de ellos pueda otorgar poder al otro, posibilidad legal que se encuentra recogida tanto en el artículo 315º como en el artículo 292º del código glosado 1 1 11' ' o cua eva a concluir .que, la presencia de ambos cónyuges en u~ .acto de ~Isposición o gravamen, no supone un requisito de validez del acto jurídico, sino upone una adecuada legi timidad para con tratar. . ~

,

J

Es dec~r,l~ intervención de ambos cónyuges supone dar CU~?lI~Iento a un requisito de eficacia denominado l~g¡tm~I~~d para :ontratar, el cual implica el 'poder de dI~posICI~nque tiene el sujeto en relación a una determmada SItuaciónjurídica' (MAssIMO BIANCA, Diritto Civile Tomo III [11 Contratto], Giuffré Editore, Milán, 1998: pp. 75-76). Tal supuesto resulta plenamente reconocido por nuestro sistema jurídico, ya que el mismo puede ser encontrado también en el artículo 161º del C ~d' G '1 ~. OIgO I~ , a propósito de los efectos realizados por el deno~mado falsus procurator. La diferencia con el caso mate~a d~ ~utos es que, en la celebración del contrato de consutucion de garantía hipotecaria, la demandada doña Monnsyd e F~' B atima Chong Arrunátegui se presentó ante el anco demandado como única propietaria del bien inmueble y además declarando su calidad de soltera. ~~~o así, atendiendo a que se ha demandado la nu~e a ~: ~n acto jurídico, la norma sustantiva materia análisis, al no recoger un supuesto de nulidad resulta ~plicable a los autos, por lo que esta pri~e:~ denuncia debe ser desestimada.

2:

LA DlsPoslcló

ARBITRARIA

DEL PATRIMO

'10 SOCIAL

Corno se puede apreciar, ante la ausencia de una sanción específica en el Art. 315!.! del CC, la Sala asim~la su incumplimiento corno un supuesto de ineficacia que denva de la falta de legitimidad para obrar del cónyuge interviniente. Esta ineficacia sería reconocida por nuestro ordenamiento jurídico, según se señala en la ejecutoria suprema, en el Art. 16P del CC, que regula la figura del falso procurador. A nuestro parecer, consideramOS que debido a la confusa regulación que posee esta figura _ineficacia por falta de legitimidad- en nuestro ordenamiento jurídico, que ha llevado a su poca utilización en nuesrros tribunales, resultaría inconveniente Ygeneraría problemas mayores a los que actualmente presenta la solución de nulidad, asumida generalmente en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la República. Más adelante fundamentaremos cuál es la solución más adecuada (acápite 2.5 del presente capítulo).

2.4. Inconvenientes de estas soluciones Comencemos por las dos últimas soluciones propuestas: la rescisión y la ineficacia relativa. La confusa delimitación

entre la ineficacia relativa y la

anulabilidad La ineficacia relativa, como ha quedado dicho, sólo puede tener cabida entre los cónyuges, cuando uno de ellos se atribuye la representación de su consorte, sin poseer poder alguno o poseyéndolo se extralimita de sus facultades o las viola. Por otro lado, es de destacar que ante la confusa regulación en nuestro CC, respecto de la ineficacia relativa del acto realizado por el repre entante sin poder, la mayor cantidad de casaciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia se ha alejado de esta solución, asimilándolo como un supuesto de 189

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JOSÉ AlMEIDA

CAPíTULO

BRICEÑO

anulabilidad. A manera de ejemplo, en la CASo 2100-95-LlMA se establecieron los alcances del Art. 1612 del CC, señaland~ que «al establecer el Art. 2202 del código sustantivo que la nulidad del acto jurídico no puede subsanarse por la confirmación, resulta que en los casos previstos en el Art. 1612 del mismo dispositivo legal, invocado como fundamento de la nulidad del act jurídico, sí puede ser ratificado, de acuerdo con lo expresad~ por el Ar:t. 172º del mismo código, por lo que no puede tratarse de la nulidad del acto jurídico, sino de su anulabilidad» (109) . Este es un error gravísimo de nuestra jurisprudencia nacional al confundir la ineficacia relativa (o inoponibilidad) con la anulabilidad, en su intento por descartar a la nulidad como solución frente al acto realizado por el falso procurador. Es de recalcar que la anulabilidad permite la confirmación del acto por la persona que participó en el acto jurídico, mas no su ratificación; ésta es una característica propia de la inoponibilidad, a fa~or del t~rcero que no participó en el acto jurídico y cuya aquiescencia se requería para dar validez al acto del pseudorepresentante. Asimismo, tampoco se ha tenido en cuenta que la anulabil~dad debe ser prescrita expresamente por la ley y no puede ser VIrtual. ~rente a este criterio jurisprudencial, las sentencias que sí han mterpretado correctamente el sentir del legislador resulCAS. NQ 100-95-LIMA del 2 de agosto de 1996 publicada en la de 1996, p. 2373. En igual sentido, CAS. NQ56097-ANCASH del 26 de febrero de 1998, publicada en la SCEP del 28 de mayo de 1998, pp. 1188-1189; CAS. NQ2192-97-CHIMBOTE del 5 de junio ~e :99_8, publicada en la SCEP del 6 de agosto de 1998, p. 1527; CAS. N 3899 CANETE del 13 de agosto de 1999, publicada en la SCEP del 19 de octubre de 1999, pp. 3778-3779; CAS. NQ2064-99-LIMA del 26 de noviembre de 1999, publicada en la SCEP del 7 de abril de 2000, p. 4973; CAS. NQ 926-2000-LIMA del 18 de julio de 2000, publicada en la SCEP del 30 de octubre de 2000, p. 6377 y CAS. NQ1021-96-HUAURA del 25 de noviembre de 1996, publicada en la SCEP del 11 de mayo de 1998, p. 979. (109)

SJEP ellO de noviembre

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

. do minoría(llO). Como ejemplo de estas últimas, en la . ta!1S~le~3777-200&-LAMBAYEQUEdel 5 de diciemb.r: de 2006, eA C"l Permanente de la Corte Suprema defimo correctaSala IV! la 1 ratificación del acto jurídico celebrado por el repremente a . ediendo su poder o cuando no exista e l mi mismo (Ar t. entante exc . /. ~62º CC) de la confirmación del acto Jundlco que adolece de anulabilidad

(Art. 231 º CC):

«El supuesto de exceso de representación o ausencia de la misma no puede considerarse como un caso de invalidez del acto jurídico, porque no afecta la relación al representado, porque el representante se. ha excedido en su representación o simplemente no existe poder; constituyendo este caso un supuesto esp~cial de ineficacia del acto jurídico. Teniendo en cuenta la diferencia expresada anteriormente, el acto jurídico celebrado por el representante excediendo su poder o cuando no exista el mismo, puede conllevar a la ratificación/del acto ~urídic? ~or el representado, conforme al articulo 162- del Código Civil, supuesto que resulta ser diferente al caso de la confirmación del acto jurídico que prevé el artículo 231 º del mismo código y que se aplica para el acto jurídico que sufre de una causa de anulación para efectos de sanear el vicio que lo contiene, no pudiendo en este sentido , confundirse ambas instituciones, como

Q

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(110)

CAS. NQ818-98-CUSCO del 10 de agosto de 1998, publicada en la

SCEP del 16 de octubre de 1998, pp. 1936-1937; CAS. W 2021-97-LIMA del 12 de octubre de 1998, publicada en la SCEP del 5 de diciembre de 1998,

pp. 2148-2149; CAS. NQ1626-2001-LIMA del 14 de diciembre de 2001, publicada en la SCEP del 1 de abril de 2002, pp. 8564-8565. El tema merece ser materia de un Pleno Casatorio. 191

JOSÉ AlMEIDA

BRICEÑO CAPíTULO

lo ha efectuado la Sala de mérito; ni confundirse la naturaleza de lo previsto en el artículo 161!:!del anota~o cuerpo legal, que prevé un supuesto particular de meficaCl: del acto jurídico, con la disposición del artículo 221- del acotado, que prevé el supuesto de a 1 ., d nu aCIOn el acto jurídico». Estas visibles contradicciones no Casatorio.

deben ser materia d

p

e un

lc-

sentencias se ha señalado acertadament rimite . End eotras ., , esta solución -nos referimos a la ineficacia

e, que el 1 . d re atrva-. se pro uce cuando el acto de representación sin poder se Ii d encuentra Iga o a la comisión de un delito(lll). supuesto e 1 1 . idi ,n e cua comer imos, por tratarse de un acto contrario al orden úbli ' es nulo (Art. 219º, inc. 8 CC). PICO Efectuada esta aclaración, podemos afirmar que el sup _ to de representación sin poder es distinto del acto de di ue~ ., bi '. ISpOSIClan ar Itrano del patnmonío social. En el primero el ' . t '. 1 ' conyuge m ervnnenre a ude tener la representación de su consorte y por lo. tanto afirma que el bien pertenece a la sociedad conyugal; nuentras que en el segundo, el cónyuge interviniente vel~d~ como pr?pio un bien que pertenece al patrimonio social de ambos conyuges, sin indicar que es casado.

2:

LA

Drssosicró

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

de bien ajeno, la doctrina nacional considera viable que sus ta [111aspuedan ser aplicadas por analogía a otros contratos so110 ( .. d ., bienes ajenos pennuta' surmrnstro, onacion, mutuo, arren~:~iento, comodato, depósito y renta vitalicia) (112);por lo. que uede señalar que el alcance de esta figura puede ampliarse seotrOS p . . supuesto contractua 1es. o o b stante, 1as l'irmtaciones :stablecidas por el propio legislador reducen inmensamente la osibilidad de realización de la compraventa de bien ajeno y la ~ircunscriben a un supuesto bastante específico y de rara ocurrencia, en la medida que pocas personas están dispuestas a celebrar un contrato de compraventa con un plazo suspensivo inicial, sin antes ser informados por el vendedor si el bien es o no suyo. Tal vez por ello, aunque basado en otros argumentos, Castillo es de la opinión que el actual Art. 1539º del CC debe derogarse(l13) . Por cierto, el autor de la propuesta legislativa consideró necesario que en los supuestos de compraventa de bien ajeno, en los que no se haya señalado un plazo suspensivo inicial, y «en tanto no se introduzca la correspondiente reforma en el CC, los jueces deberían integrar los contratos de compraventa de bienes ajenos con sendos plazos suspensivos iniciales que permitan su ejecución-v!". La respuesta de nuestra jurisprudencia nacional-ante esta complicada regulación y para sorpresa dellegislador-, ha sido

Inconvenientes de la rescisión d

En cuanto se refiere a la rescisión, si bien ha sido establecía por el Art 1539º del CC íf . especi tcamerite para la compraven-

(111) CAS. Nº 1354-99-LI SCEP del 18 . . MA del 7 de octubre de 1999, publicada en la LAMBAYE de dICIembre de 1999, pp. 4327-4328 Y CAS. Nº 2792-00. 1" d 2 QUE del 26 de enero de 2001, publicada en la SCEP del 2 de J u io e 001, pp. 7337-7338.

(112) En este tema, coinciden DE LA PUE~TEY LAVALLE, Manuel, El contrato en general. Comentarios a la Sección Primera del Libro VIII del Código Cunl; 2ª ed., PUCP, Lima, 1993, 1 ª parte, pp. 436-439 Y CASTILLOFREYRE, Tratado de venta, cit., T. I1I, Vol. XVIII, pp. 35-36.

(113)

CASTILLOFREYRE, Tratado de venta, cit., T. I1I, Vol. XVIII, pp. 27-157.

(114) DE LA PUE~TEY LAVALI.E, El contrato en general. Comentarios a la Selección Primera del Libro XIII del Código Civil, cit., p. 82.

192 193

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BRICEÑO

CAPíTULO

eñalar que la compraventa de bien ~eno es nula y no rescindi_ ble com~ se infiere ~ partir de una interpretación literal del Art. 1539- Cc. La razon fundamental que ha motivado a la Corte Suprema de Justicia a señalar este criterio, en diversas sentencias emitidas en casación, se sustenta en que la venta de bien ajeno es tipificada como delito por la ley penal (Art. 197Q, CP) por lo tanto se trata de un acto jurídico contrario al orden público (artículos VII del Título Preliminar y 219º, inciso 8 CC). Así, lo ha establecido la Sala Civil Transitoria, en la CAS. Q 354T-97-CUSCO(l15),con los siguientes argumentos que pasamos a exponer: «En materia de la venta de una cosa ajena, deben distinguirse dos situaciones: a) cuando el vendedor hace presente que se trata de cosa ajena, lo que es lícito e importa la obligación del vendedor de procurar la tran ferencia del bien a favor del comprador como prescribe el Art. 1537Q CC, concordante con el Art. Q 1409 , ine. 2 del mismo código, y b) cuando se vende como propio lo que es ajeno, lo que constituye delito previsto y penado en el artículo 197º, ine. 4 del Códi-

(115) CAS. 354T-97-CUSCO del 5 de diciembre de 1997, publicada en la SCEP del 10 de abril de 1998, p. 648. En igual sentido, la CAS. IQ 1?~7-97-PU 10 del 19 de octubre de 1998 publicada en la SCEP del 10 de diciembre de 1998, p. 2207; la CAS. NQ 1376-99-HUÁNUCO del 28 de setie:nbre de 1999, poublicada en la SCEP del 22 de noviembre de 1999, pp. 40/1-4072; CAS. - 2988-99-LIMAdel 12 de abril de 2000 publicada en la SCEP del ~7 ~e setiembre de 2000, p. 6293; CAS. 0718-99-LAMBAYEQUE del 27 de junio de 2001, publicada en la SCEP del 2 de enero de 2002, pp. 8~1l-8212 Y CAS. 1942-2001-AREQUIPAdel 15 de octubre de 2001, publícada en la SCEP del 2 de febrero de 2002, p. 8295. Una sola sentencia ha seguido señalando que la venta de bien ajeno es rescindible: CAS. 113596-CHIMBOTE del 9 de diciembre de 1997, publicada en la SCEP del 3 de mayo de 1998, p. 867. El tema merece ser materia de un Pleno Casatorio. Q

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LA DISPOSICIÓN

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go Penal y por tanto acto ilícito contra~~ al orden público, que reprueba la ley ci~l y sanCloo~acon la nulidad del acto, conforme al artículo 219-, 111CS. 4y8 del código sustantivo. [...] El artículo 1539º del CC que permite al comprador demandar la rescisión de la venta del bien ajeno, no es aplicable a una acción de nulidad, además de que sólo puede ser ejercida por el comprador que ignoraba que el bien no pertenecía al vendedor, y aún en este caso, siempre que la interponga antes de que el vendedor adquiera el bien para cumplir con la obligación de transferirlo». La interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia superó la previsión del autor de la propuesta legislativa, quien en su oportunidad argumentó que la compraventa de bien ajeno, al haber sido permitida por el CC de 1984 -a diferencia de sus antecesores los CC de 1852 (que lo declaraba nulo) y de 1936 (que lo declarable anulable)-, ya no constituía el delito tipificado como estelionato en el Código Penal; en la medida que de acuerdo con dicho ordenamiento legal, está exento de pena el que practica un acto permitido por la ley. «Sería -agrega- absurdo reconocer, de un lado a una persona la libertad de actuar en nombre de un interés determinado y, de otra parte, de calificar tal actividad de ilícita»(1l6).En todo caso, debemos señalar que al considerarse que la compraventa de bien ajeno está afectada por nulidad, se debe tener en cuenta que ésta suprime a la rescisión, debido a que produce una ineficacia erga omnes.

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(1l6) DE LA PUEc-JTE Y LAvALLE, El contrato en general. Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Cioil; cit., pp. 447-449.

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Lo que queda claro es que la hipótesis de la compraventa de bien ajeno no se ajusta totalmente a la disposición arbitralia del patrimonio social; en la medida que el patrimonio social no le es absolutamente ajeno al cónyuge interviniente (ni tampo_ co se puede afirmar que se trata de un bien parcialmente ajeno, supuesto del Art. 1540º CC) y la rescisión como solución al problema sólo puede ser invocada por el comprador (tercero que contrata con el cónyuge interviniente). En ese sentido, sumadas las dificultades antes mencionadas, dicho tema nos conduce a la revisión de la nulidad como solución de la disposición arbitraria del patrimonio social.

Problemas que origina la solución jurisprudencial Como indicáramos anteriormente, la nulidad es la solución jurisprudencial a la disposición arbitraria del patrimonio social. Para ello, la Corte Suprema de Justicia ha establecido como criterio que la falta de intervención conjunta de ambos cónyuges en los actos de disposición (y de gravamen), sea a título gratuito u oneroso, de los bienes que conforman el patrimonio social equivale a la ausencia de manifestación de voluntad como elemento esencial de los actos jurídicos (Arts. 140º y 219º CC). osotros discrepamos de este razonamiento. Para explicar adecuadamente nuestra afirmación, se hace necesario previamente definir qué significa «manifestación de voluntad». Como tal debemos entender la exteriorización del designio del sujeto; es decir, el acto jurídico requiere como elemento esencial-ciertamente su núcleo central- que el querer interno de los sl~etoS sea manifestado adecuadamente. Esta exigencia tiene como premisa una consideración elemental, según la cual ningún fenómeno psíquico puede aprehenderse, ni puede revelarse como acto, sino en virtud de un comportamiento humano idóneo para manifestarlo, como lo señalan los Arts. 140º y 141º del CC.

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LA DISPOSICiÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

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T: 1concepción ha sido compartida por la Sala Civil Trans.i. a la Corte Suprema de Justicia, co~o podemo~ advertir tona de d 1 CAS. Nº 1772-98-APURIMAC, la misma que lectura e a ., 1 d: 1 de a o típico de falta de manifestaclOn de vo unta . .lustra un cas nOS1 ista voluntadJ·urídica se requiere de la «Para que eXI . . . . de elementos internos (dlscermmlento, concurrenCla . ., ., voluntad) y externos (manifestación): que, intenClon Y 1 lementos internos queda formada la vo uncon 1os e .. ídi tad la misma que para produClr efectos Jun lCOSre.' e sea manifestada· que la voluntad declaraqUIere qu ' . da es la voluntad exteriorizada por m~~lO de declaraciones y comportamientos, siendo la umca que puede ser conocida por el destinatario. [ ... ] Al haberse determinado que la minuta anteriormente glosada ha sido firmada sólo por el ~ema~~ante, es claro que no se ha producido la mamf~sta.clOn de voluntad, es decir, que no ha sido exteriorízada en la forma señalada en el quinto considerando de est~ resolución [transcrito en el anterior párrafo], atendIendo a que la voluntad de algún modo exterioriza~a (manifestada) es elemento dinámico por excelen~la del mundo jurídico; incurriéndose, en consecuenCla, en una interpretación errónea del Art. 140º CC, al no haberse tenido en cuenta este requisito esencial»(l17). . 1a f alt a de manifesta-. Como consecuencia de lo antenor, ción de voluntad, como elemento desencadenan te de la nuli-

CAS. NI! 1772-98-APURÍMAC del 28 de enero de 1999, publicada en la SCEP del 16 de abril de 1999, pp. 2904-2905. (117)

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BRICEÑO CAPíTULO

dad del acto jurídico, se configura cuando la declaración de esta no tiene la intención de provocar efectos ni prácticos ni jurídicos, o simplemente no existe. En ese sentido, con relación al Art. 219º, ine. 1 del CC, es suficiente -como elemento esen_ cial del acto jurídico---Ia manifestación de voluntad ,del cónYuge interviniente en el acto de disposición arbitrario. Este ha exte_ riorizado su voluntad y lo ha hecho conocer al tercero COn el cual negoció. Postular lo contrario, implicaría que la naturale_ za del acto -en este caso de disposición del patrimonio sociaj., -deterrnine la eficacia o no de la manifestación de voluntad del sujeto; lo cual contradice abiertamente a la doctrina especiali_ zada en el tema(1l8). Nos explicamos: si la manifestación de voluntad del cónyuge no interviniente es nula, lo es para todo efecto; no sólo para el acto de disposición arbitrario del patrimonio social. En todo caso, el error del juzgador obedece a que el enunciado amplio del Art. 219º, inciso 1 del CC corre la suerte de toda generalización y abstracción, perdiéndose a veces en la penumbra. Tampoco puede argüirse como lo hizo Belaunde (véase acápite 2.2 del presente capítulo) que el acto se encuentra aquejado de nulidad por poseer un objeto jurídicamente imposible; ya que el bien social al que se refiere, es un bien como cualquier otro, sujeto al tráfico comercial, cosa distinta es el hecho que su disposición esté supeditada al asentimiento conjunto de los cónyuges por mandato del Art. 315º del Cc.

(118) Vide BIGLlAZZI GERI et al., Derecho civil, cit., T. 1, Vol. 2, pp. 738-743; Negocio Jurídico. Estructura. Vicios. Nulidades, ci t., pp. 58-71; LOHMAN~LUCADE TENA,El negocio Jurídico, cit., pp. 101-109,530-532; DiEZ PlCAZO/GULLÓ~, pp. 479-482, n. 67; DOMÍNGUEZMARTiNEz,]orge Alfredo, Derecho civil. Parte general, Personas, cosas, negocio jurídico e invalidez, 4¡ ed., Porrúa México, 1994, pp. 523-526 YVIDAL~"'ÍREZ, Fernando, El actojurídico en el Código Civil peruai no, 2 ed., Cultural Cuzco, Lima, 1990, pp. 80-88 Y 412-413.

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LA D,sPOSICló

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que sola D de nuestro punto de Vl. ta, nos pa rece más lógico "0 es . bi t río del patnmom . d del acto de disposición ar 1 ra dicho acto hda no uestro ordenamiento legal, obedece a que l tos cial, en n . 'blico a e ar de poseer los e emen . es contrano al orden p~ ídi ~omo supuesto de nulidad vir. 1 de todo acto Jun lCO. . esenCIa es d dicho acto es contrano a. .una ' configura cuan o . tu al ' esta e . ióri de las normas dispositivas, . que por OpOSlCl norma imperatlva"'d or la voluntad de los particulares. d ser sustituí as p did no pue .en b d or el pronunciamiento expe 1 o por Esto ha SIdo corro ora o ~ 1 Corte Suprema de Justicia, en la la Sala Civil Permanente e a CAS. º l021-96-HUAURA: »Ó»

, . es nu 1o, a d e más cuan«El acto jurídico . de otras causales, d úblido es contrario a las leyes que mteresa~ a~?r e~ePel in co a las buenas costumbres tal como o .1SpO . Y8 d 1Art 219º del CC en concordancia con e~Art. CISO e . ., V del Título Preliminar del mismo co di19o sustantivo. [...] La anotada causal sustantiva de nulidad se fUIndtaam :: . . 'l de a autono mía de l a vo un d. ta en la limitación . ídilCOS e celebran con., travirazón a que los actos Jun de niendo normas imperativas . que son la expreslOn iti . d orden público; estas nulida es no op eran 1automa d de de-1camente, sino que los jueces tienen l~ fac~r~tiva conclararlas con el sustento de la norma lmp 1 eral . da' , por o gen rohi- , travenida por la autonomía ' pnva estas nulidades están integradas a las nOdrmasmPl'ento . coni to de l or ena bitivas provenientes de l conJun jurídico»(119).

C.HUAURA del 25 979 de noviem . b re d e 1997 , publica(119) CAS. g 1021-9vda en la SCEP del 11 de mayo de 1998, p. .

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Sobre el particular, debemos llamar la atención que la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en su CAS. Nº 3702-2000-MOQUEGUA del S de junio de 2001, ha realizado una peligrosa diferenciación entre normas de orden público -cuya observancia es obligatoria para todos- y normas imperativas -cuya observancia es obligatoria sólo para las personas que se encuentran dentro del supuesto de hecho de las mismas-, para luego ubicar a las normas de Derecho de familia dentro de las normas imperativas, porque «sólo son obligatorias para las personas que se encuentran dentro de una relación jurídica matrimonial», señalando que por esta razón, su incumplimiento no genera nulidad virtual, porque ésta sólo está destinada al incumplimiento de normas de orden público (Art. V del Título Preliminar del CC). En realidad, las normas imperativas son la expresión del orden público y el Derecho de familia, si bien contiene primordialmente normas imperativas, también posee normas díspositívas'"?'. El Art. 315Q del CC es una típica norma imperativa, en la medida que la regla de la intervención conjunta de ambos cónyuges en los actos de disposición del patrimonio social no puede ser sustituida por uno de los cónyuges, salvo las excepciones que la misma ley establece. Por lo que su incumplimiento acarrea nulidad, conforme lo señalan los Art. V del Título PrelimiQ nar y 219 , inc. S del CC. En un reciente pronunciamiento, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia consideró que el acto de disposición arbitrario del patrimonio social es

(120) CAS. NQ 3702-2000-MOQUEGUA del 8 de junio de 2001, publicada en la SCEP del 1 de octubre de 2001, pp. 7783-7784. Al respecto, véase PUlG BRUTAU, José, Introducción al Derecho cioil; Bosch, Barcelona, 1981, pp. 17-21, 36 Y374-377; VIDAL RA.\1IREZ, "la representación en el ámbito del Derecho de familia», cit., pp. 55-57 Y417-418 Y PLÁCIDO, Manual de derecho de familia, cit., pp. 115-117.

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LA DISPOSICiÓN

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nulo por falta de manifestación de voluntad.(Art. 219 inciso 1 CC) y por ser contrario a las normas que interesan al orden úblico (Art. V del Título Preliminar del CC). Se trata de la ~AS. !! 3156-2001-LORETO del 13 de febrero de 2002. En cam. d e acuerdo con .el. razonamiento expuesto por onosotros, se bío. ronunció la Sala CIvIl Permanente, en su CAS. N- 2117-2001PrMA del S de julio de 2002(121),aunque acepta en un extremo,

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~on el objeto de desechar su imp~si.~ilidad)urí~ica (Ar~. 219 , inciso 3 CC)- que el acto de disposición arbitrario se eqUIpara a la venta de un bien ajeno. Con todos estos pronunciamientos singulares, la nulidad or falta de manifestación de voluntad sería el criterio general ~ue, como salida, procura nuestr~ ord~nami~nto .legal al acto de disposición arbitrario del patrimomo social; sin embargo, cabe preguntarse si la nulidad como tal, puede adecu~rs~ al contexto de la vida familiar. Para ello, nos serviremos del SIgUIente pronunciamiento judicial, por el cual la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia ha definido los caracteres de la nulidad, diferenciándolo de la anulabilidad, en los siguientes términos: «En la teoría de la invalidez del acto jurídico, se distingue la nulidad de la anulabilidad, de tal manera que es nulo el acto jurídico al que le falta un requisito esencial, sea contrario a una norma imperativa o sea ilícito (Art. 219Q CC) y es anulable aquel que tiene un vicio invalidante no visible y subsanable (Art. 221 Q CC).

(121) CAS. 3156-2001-LORETO del 13 de febrero de 2002, publicada en la SCEP del1 de julio de 2002, pp. 8941-8942. CAS. NQ 2117-2001-LlMA del 8 de julio de 2002, publicada en la SCEP del 1 de octubre de 2002, pp. 9284-9285. Q

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En el primer caso, cualquiera que tenga interés o el Ministerio Público pueden pedir la declaración de nulidad, y aun declararse de oficio por el juez; y la declaración de nulidad surte efecto ab initio, es decir, el acto nulo resulta inexistente (Art. 220Q CC); en el segundo caso, la nulidad sólo se declara a petición de aquellas personas en cuyo beneficio la establece la ley (Art. 222Q CC)>>(122).

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u Libreta Electoral y en la escritura de compra del inra en s 1 ueble que hipotecó a favor de la demandante,. po~ ,o que su J11 ., de que al momento de contraer la obhgacIOn era eaalegaClon . ue se trata de un bien adquirido con su esposo, Importa sada y q . dolo». Estos casos amp l'ian 1os derecho en su propIO fundar un Art 226º del CC<123). supuestoS d e1 . Sumado a lo anterior, está el hecho que la nulidad es . b able mediante confirmación; motivo por el cual se ofremsU san l bi e: ·1· o una solución demasiado severa para e am ItOranu lar, cecom . .. dentro del cual, no es raro que el cón~ge no intervimente con posterioridad, manifieste su co~f~rmldad con ~l acto, ya sea ue beneficie al interés familiar o porque simple y llanaporq . . . mente lo estime más ventajoso que no otorgar su consentImIená

Conforme a este pronunciamiento, la nulidad produce una ineficacia que importa una sanción irrestricta e ilimitada, debido a que el vicio que le aqueja desde su nacimiento es muy grave; dado que no contiene uno de los elementos esenciales del acto jurídico -señalados por el Art. 140Q del CC- o es contrario al orden público o a las buenas costumbres -según el Art. V del Título Preliminar del CC-. En coherencia con esta gravedad, la ley permite que la nulidad sea invocada por cualquiera que tenga interés o por el Ministerio Público. No obstante, la jurisprudencia se ha encargado de señalar una limitación a este último requisito, que nos parece atinada en el ámbito de la disposición arbitraria del patrimonio social: el cónyuge interviniente no puede solicitar la nulidad del acto, en razón de que «repugna a la moral y al Derecho que alguien pueda prevalerse o beneficiarse de su propio dolo». A manera de ejemplo, la CAS. Nº 62T-97-HUAURA del 23 de setiembre de 1997 y la CASo º 109499-LA LIBERTAD del 8 de setiembre de 1999 , esta última , ante la pretensión de la demandada de solicitar la nulidad del acto de gravamen otorgado a favor del Banco ejecutante, señaló que «la recurrente [demandada] figura con el estado civil de solte-

CAS. NQ 505-97-LIMA del 14 de mayo de 1998, publicada en la SCEP del 05 dejulio de 1998, pp. 1394-1395. Asimismo, CAS. NQ 1522-96 LA LIBERTAD del 24 de febrero de 1998, publicada en la SCEP del 12 de mayo de 1998, pp. 1002-1003. (122)

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to al acto. En ese sentido, la solución que nuestra jurisprudencia nacional provee, por ser radical e insalvable, no es la más a:orde a la vida familiar y más bien nos lleva a afirmar que desalienta la armonía conyugal. Con lo cual, no estamos afirmando que la nulidad no haya sido hasta ahora un arma eficaz para la pretensión del cónyuge no interviniente que aspiraJiberarse de la pretensión del tercero sobre el patrimonio social; de hecho, aqu~nos cónyuges que han presentado este tipo de acción han reClbido una respuesta adecuada a su interés -destr:uir los efe~t?s del acto jurídico-; lo que criticamos es que la mte~pretaCIon realizada por la Corte Suprema de Justicia es insufiCIente para suplir el vacío que deja a su paso la actual redacción del Art. 315º del CC, respecto del instrumento legal a utilizarse frente al acto de disposición arbitrario del patrimonio social.

(123) CAS. NQ62-T-97-HUAURA del 23 de setiembre de 1997, publicada en la SCEP del 27 de febrero de 1998, p. 460. CAS. NQ 1094-99-LA LIBERTAD del8 de setiembre de 1999, publicada en la SCEP del 28 de noviembre

de 1999, p. 4182.

203

JOSÉ ALMEIDA

BRICEÑO

2.5. ¿Cuál es la solución adecuada? A fin de establecer la solu~ión más adecuada al problema planteado en nuestro orderiamiento jurfdico , es necesa no . revi. . sar los antecedentes en nuestro Derecho patrio y los modelos que ofrece la legislación comparada. El texto original del Art. 188º del CC de 1936 estableció co:n0 regla que el marido podía disponer del patrimonio social a"titulo oneroso, .a contrario sensu se entendió que no 1o perrru.. tia a titulo gratu.lto. La Corte Suprema de Justicia declaraba infundada cualquier pretensión de la muier dirigida a de'Jar SIn . . ..,. :J efecto la dlSposl:lOn realizada por el marido a título oneroso. Luego de la modl~cación realizada por el Decreto Ley NQ17838, la re.gla f~e la nulidad de los actos de disposición arbitraria del ~atnmomo social'F". Con posterioridad a la modificación reali~ada por el Decreto Ley Nº 17838 del 30 de setiembre de 1969 ~ICho artículo señaló como regla que la intervención de la mu~ Jer se requería para la disposición del patrimonio social ya sea a título gratuito u oneroso. Con todo, la administración de dicho patrimo~io siempre se encargó al marido; salvo respecto de aquellos bienes que la mujer poseía en calidad de «reservados» y que se encontraban bajo su administracióri'P!'. Junca se estableció en este sistema cuál vendría a ser la sanción aplicable en caso se infrinja el Art. 188º del CC de 1936. A pesar de ello,

' CASTA:\:EDA, . (124) Al " re specto, vease jorge Eugenio Código Civil. Concord~nczas y jurisprudencia de la Corte Suprema al día 6ª ed.' Talleres Villa nueva ~lma, 1978, T. II, pp. 88-91 Y la CAS. Nº 366-95-LAMBAYEQUE del 25 d~ ebrer~ de 1997, publicada en la SCEP del 1 de diciembre de 1997 p. 107 ( repetido en la p. 389). ' El A'1t. 20.6-o del CC de 1936 establecía como bienes reservados: el p dueto ~el trabajo de l.~mujer y l~ que ésta obtenga por el usufructo legal sobr: los ble?es de sus hIJOS. Estos bienes eran administrados por la muier podían ser dispuestos por ella, a título oneroso (Art. 207º del CC de 19i6). Y 1'0

204

(125)

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

debemoS anotar que el Art. 189º de este código estableció que la mujer podía oponerse a todos los actos del marido que excedan de los límites de una administración regular, mediante juicio de menor cuantía. Lo cual llevaría a pensar que el régimen anterior estableció como regla la inoponibilidad a favor de la mujer; pero la jurisprudencia derivada del mismo se encargó de desvirtuarla, señalando como única vía la nulidad. Por su Q parte, Valverde(126)señaló qu: ,e~Art. 189 ~el CC de 1936 sólo era aplicable cuando el acto 11lCitOdel mando que afecta el patrÍluonio social esté en ejecución, mas no en el supuesto que éste se hubiera consumado. En todo caso, la mujer podía solicitar judicialmente la modificación del régimen de sociedad de gananciales por el de separación de patrimonios, cuando el marido abusaba de sus facultades respecto del patrimonio social. Esta posibilidad que la estableció el Art. 241 º, inc. 3 del CC de 1936, también aparece en los Arts. 297º Y329Q del actual CC, a favor de ambos eónyuges(127);agregándose que también opera cuando cualquiera Q de ellos actúa con dolo o culpa. Además, el Art. 292 del CC señala que si cualquiera de los cónyuges abusa de los derechos que le confiere dicho artículo -se refiere entre ellos, a representar a la sociedad conyugal individualmente dentro de las necesidades ordinarias del hogar y actos de administración Y conservación-, el Juez de Paz Letrado puede limitárselos en todo o en parte, mediante proceso abreviado. Estas salidas son poco usuales en la práctica procesal y ciertamente crean un mayor conflicto entre los cónyuges.

(126)

VALVERDE, El Derecho defamilia en el Código Civil peruano, cit., T. 1, pp.

492-501. (127) Respecto de esta opción, véase CAS. N2 2148-2001-CAjAMARCA del 12 de noviembre de 2001, publicada en la SCEP del 2 de febrero de

2002, pp. 8344-8345.

205

CAPíTULO

En la legislación comparada, existen diversos istemas qUe, con el objeto de lograr la igualdad entre marido y mujer en la economía conyugal, ofrecen diversas soluciones al problema planteado. Así, el CC español ha considerado a la sociedad de gananciales como el régimen patrimonial del matrimonio a falta de capitulaciones matrimoniales o cuando éstas sean ineficaces. Además existen dos regímenes patrimoniales más: la separación de patrimonios y el régimen de participación. La administración -gestión y disposición- de la sociedad de gananciales corresponde conjuntamente a ambos cónyuges (Art. 1375º). Código Civil español «Artículo 1375º.- En efecto de pacto en capitulaciones, la gestión y disposiciones de los bienes gananciales corresponde conjuntamente a los cónyuges, sin perjuicio de lo que se determina en los artículos siguientes». Este código contiene dos tipos de sanciones respecto de la disposición arbitraria del patrimonio social: para los actos a título oneroso (artículos 1377º y 1322º), señala como sanción de ineficacia la anulabilidad; mientras que para los actos a título gratuito (Art. 1378º), señala como sanción de ineficacia la nulidad». Código Civil español «Artículo. 1322º.- Cuando la ley requiera para un acto de administración o disposición que uno de los cónyuges actúe con el consentimiento del otro, los realizados sin él y que no hayan sido expresa o tácitamente confirmados podrán ser anulados a instancia del cónyuge cuyo consentimiento se haya omitido o de sus herederos.

2:

LA DISPOSICló

ARBITRARIA DEL

P ATRIMONIO

SOCIAL

, 1 gratuito soNo obstante, serán nulos los actos a títu o . bre bienes comunes si falta, en tales casos, el consentimiento del otro cónyuge». «Artículo. 1377º.- Para realizar actos de disposició~ ~ título oneroso sobre bienes gananciales se requenra el consentimiento de ambos cónyuges. · lo negare o estuviere impedido para . prestado, . Sluno drá l i ez previa información sumana, autonzar P? ra e JU , .. id d 'os actos disposinvos cuando lo consi ere e' uno o van . . ' par·a la familia ExcepclOnalmente, acordara mteres . las limitaciones o cautelas que estime convementes». «Artículo. 1378º.- Serán nulos los actos a título g:atuito si no concurre el consentimiento de ambo~ conyuges. Sin embargo, podrá cada ~no de ellos reahzar con los bienes gananciales liberalidades de uso». Tratando de encontrar una lógica a esta distinción, DiezPicazo y Gullón señalan lo siguiente: «LaJ'ustificación podría tratar de buscarse en la nece., l cé ge que sidad de otorgar una mayor protecClon a ~onyu . no interviene cuando la disposición ha sido gratUlta, de manera que mientras que en los act~s a título o~eroso por el juego conjunto de los ar~l~~los 1322 ~ 1377º se llega a la anulabilidad con poslblhdad de con firmación, la categórica fórmula ('serán. nulos'). del artículo 1378º parece conducir a una nulIdad radICal, ., que exacabsoluta e insanable. Esta conc 1USlOnes, aun tajurídicamente, probablemente excesiva, porque no hay razón para que el acto a título gratuito n.o pueda ser confirmado por el cónyuge que no lo hubiera consentido en el momento de su realización. 207

206

JOSÉ AlMEIDA

BRICEÑO

La razón, del trato diferente se encue n tr1 a en que los actos a titulo oneroso permiten u'na vra para suplir. 1 falta. , del. consentimiento del otro cóonyuge (1a autori ~ .. zacion judicial) que no es en carnbi10 posiibl e en los, actos a título gratuito , porque el u'tul o oneroso puede ser ~~a consecuencia necesaria o razonable de la . reCCIOnde la economía familiar y la negativa i~ust~~ cada no ~uede ser nunca una barrera infranqueabl En cambio, los actos a título gratuito no s e. t r e encuenran en esa I~ea. No son necesarios nunca y sólo ueden ser realizados si ambos cóny 1 ~ ten»«128» uges o consten-

En el debate parlamentario, inicialmente se propuso ger este modelo , con Darme puede verse en el Art. 315-B daco1 P ropuesta de enmiend 1 Lib e a No obstante d b as a 1 ro de Derecho de Familias"?'. , e emos anotar que en . ría justificación para esta doble regut~~stro sI~em~: no existi-

~:s~7~e ~~s a~~~~~a~~UIO gratuito o a :t~~on~~:ro~~C1~:r ~~ ~~:

la propuesta actual consignada en el Pro-

y 205.

(128)

DÍEZ-PICAZO/G' '. . üLLOl'\,Sistema de Derecho civil, cit., Vol. 1, pp. 204

(129) L a propuesta aparece en Cox ea Separata Especial P . CRESO ~STITl;YE:-';TE DDlOcRÁTlco « royectos pr d . , Código Civil de 1984 E esenta os a la Comisión de Reforma del », en l Peruano del 7 d Manual de Derecho de e '1" e enero de 1995 y en PLÁCllJO rarru la, cit ., pp . 172 - 177 , con la redacción siguiente: '

«Art, 315-B.- El acto practicad . ., 315-A Y que no haya sid ? ~on infracciór; de los Artículos 315 )' . o expresa o tacitarne t fi '" n e con irrnado, puede ser anu1a d o a mstancia del cón yuge no intervimente o de sus herederos. .

No obstante, son nulos 1 .. ..?S actos ~: disposición a título gratuito de os SIn intervencion de ambos cónyu ges» .. '

bieries sociales practicad

208

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

yecto de reformas al Libro IlI: Derecho de Familia (2006)(130), a favor de establecer que la disposición unilateral de los bienes de la sociedad de gananciales debe ser sancionada con anulabilidad, a solicitud del cónyuge que no intervino o de sus herederos. Específicamente, respecto de los actos de disposición arbitraria del patrimonio social a título gratuito, verbigracia, el~, nada obsta que la cónyuge no interviniente (esposa de Mujica Gallo) pueda otorgar su asentimiento con posterioridad a la celebración del acto, posibilidad que estaría proscrita en el supuesto que se considere que la sanción aplicable es la nulidad. En obsequio a la armonía conyugal, el cónyuge no interviniente debería contar con la posibilidad de confirmar el acto de su consorte realizado sin su asentimiento y a título gratuito y de no estar de acuerdo, siempre tendrá la vía judicial para dejarlo sin efecto. El CC chileno, al igual que el CC español, considera tres regímenes patrimoniales. En la sociedad conyugal -régimen patrimonial en ausencia de capitulaciones matrimoniales-, el marido es el jefe y como tal administra los bienes sociales. En cuanto se refiere a los actos de disposición, el esposo requiere del asentimiento de su consorte cuando pretende enajenar o gravar (o comprometerse a dichas acciones) inmuebles sociales o para entregar a título gratuito los bienes sociales; así como para dar en arrendamiento o ceder la tenencia de los bienes inmuebles urbanos por más de 5 años y los bienes inmuebles rústicos por más de 8 años (Art. 1749º). Los actos que infrinjan la regla antes indicada adolecerán de nulidad relativa (Art.

(130) COC\'GRESO DE LA Rr:réBLICA, Propuestas de reformas del Código Civil. Proyecto de Reformas al Libro III: Derecho de Familia, 2006.

209

CAPíTULO JOSÉ AlMEIDA

2:

LA DISPOSICló

ARBITRARIA

DEL PATRIMO

10 SOCIAL

BRICEÑO

o tenencia éstas se red 1?57º). En el ea o de arrendamiento ran a los plazos máximos establecidos por el Art. 1749º.

. UC¡-

herederos. En ningún caso se podrá pedir la declaración de nulidad pasados diez años desde la celebración del acto o contrato».

Código Civil chileno «Artículo.

1749º.-

[ ... ] El ~arido no podrá enajenar o gravar voluntariament~ m pr?meter enajenar o gravar los bienes raíces sociales hereditarios de la m'uJer, SIn . aut . m., losd derechos ' orizacion . dilCh a auto. ., . e esta. o podrá tampo co, SIn n.zacIOn, ~Isponer entre vivos a título gratuito de los bienes .sociales, salvo el caso del artículo 1735Q ,m • d ~ d en ~rnen o o ceder la tenencia de los bienes raíces sOClale~ urbanos por más de cinco años, ni los rústicos por .mas de ocho años, incluidas las prórrogas que hubiere pactado el marido . Si el marid . man o se constituye aval, codeudor solidario, fiador u otorga cual qUIera . ot ra cauCl~n res~ecto de obligaciones contraídas por ~erceros, solo obh~ar~ sus bienes propios. En los casos que s~ refiere el mClSO anterior para obligar los bienes sociales necesitará la autorización de 1a mUJer». . »Ó»

En el CC argentino, con posterioridad a las modificaciones realizadas por las Leyes º s 11357, 17711 Y 23515, la sociedad de gananciales ha desaparecido para dar paso al régimen de participación en los adquiridos (o comunidad de gestión separada). Este es el régimen que gobierna la economía conyu-: gal de los matrimonios argentinos, con una reducida concesión a las capitulaciones matrimoniales, que únicamente pueden servir para designar los bienes que cada cónyuge lleva al matrimonio y las donaciones que el esposo hiciere a la esposa (Art. 121 7º) . La primera diferencia con el sistema anterior es la existencia de cuatro patrimonios: i) los bienes privativos del marido, ii) los bienes privativos de la mujer, iii) los bienes gananciales adquiridos por el marido y iv) los bienes gananciales adquiridos por la Q mujer. Conforme lo señala el Art. 1276 del CC argentino, los cónyuges durante la vigencia del régimen patrimonial pueden disponer sus bienes como si estuvieran en un régimen de separación de patrimonios, el único rasgo común con la sociedad de gananciales consiste en que al fenecimiento de dicho régimen se realiza igualmente una división a prorrata de las ganancias obtenidas

«Art '. 1.'57º.- Los actos ejecutados sin cumplir con los requ~sItOS pres:ritos en los artículos 1749Q, 1754Q 1755- ado~eceran de nulidad relativa. En el caso dJ ~;~enda~I~n~o

o de la cesión de la tenencia,

los t~ ;:~ra ~~~06~or el tie.mpo . y, . La nulidad no:es p~dran hacerlas valer la cesionarros , . El c u~ drinema para ~ontara desde la dI~olución de esde que cese la mcapacidad

el con-

se.ñalado en los artícuo moponibilidad antemujer, sus herederos o . Impetrar la nulidad se la sociedad conyugal, o de la mujer o de sus

por ambos cónyuges.

Código Civil argentino «Art. 1276º.- Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios y de los gananciales adquiridos con su trabajo personal o por cualquier otro título legítimo, con la salvedad prevista en el Art. 1277º. [ ... ] ».

211 210

JOSÉ AlMEIDA

BRICE - O

La única salvedad que señala este régimen de gestión separada, se refiere a los actos de disposición o gravamen de los bienes gananciales cuando se trate de inmuebles, derechos o bienes muebles cuyo registro han impuesto las leyes en forma obligatoria, aportes de dominio o uso de dichos bienes a sociedad y tratándose de sociedades de personas, la transformación y fusión de éstas. Respecto de estos supuestos, el Art. 1277'2 del CC argentino señala que se requiere el consentimiento de ambos cónyuges, mas no ha establecido -al igual que en el sistema peruano- cuál viene a ser la sanción aplicable en caso falte el consentimiento del cónyuge no interviniente, lo cual ha abierto una polémica en la doctrina de dicho país.

Código Civil argentino «Artículo. 1277Q.- Es necesario el consentimiento

de ambos cónyuges para disponer o gravar los bienes gananciales cuando se trate de inmuebles, derechos o bienes muebles cuyo registro han impuesto las leyes en forma obligatoria, aportes de dominio o uso de dichos bienes a sociedades, y tratándose de sociedades de personas, la transformación y fusión de éstas. Si alguno de los cónyuges negare sin justa causa su consentimiento para otorgar el acto, eljuez podrá autorizarlo previa audiencia de las partes. [ ... ] »,

Lo que sí ha quedado claro es que la manifestación de voluntad del cónyuge de aquél que tiene a cargo los bienes gananciales asume el carácter de asentimiento más no de consentimiento. Para algunos autores, este asentimiento es un elemento de eficacia del acto de disposición y acarrea la

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL

P

AT

RIMONIO

SOCIAL

'b'lidad(131);mientras que para otros se trata.' de un vicio inopODl l b anado por el cónyuge no interVlDlente Ypor ue puede ser su s 'l'd d(132) q e trata de un supuesto de anulabl la· lo tanto s ., . . lleva a la conclusión Un balance de ambas poslClones, nos ., . . ., doctrinal a favor de la anulablhdad ha SIdo acoe la pOSIClon .' (133) qu .' mente por laJ'urisprudenCla argentlDa . gida mayontana . · lí con las modificaciones reahzadas por la Ley C El e ita lana, d 1975 también regula a la comunidad. ;-..¡Q 175 del 19 de mayo . e le 'le) como régimen legal supletoga . . . d e gan anciales (comunwne . 1 . es matrimomales (convenzwm . falta de cap rtu acio n . . , . no ~ . Además regula dos regímenes patn~oDlales mas. matnmonz~ ~ . . 1 Y la separación de bienes. Una de convenClOna . . 1a co munidad , . 1 .dad de gananClales en este sistelas caractenstlcas de a cornum

n

., T [1\[ Carlos Régimen de bienes en A favor de esta p~sic~on, VIDAL 23515, 3ª ed., Depalma, el matrimonio, con las modiflcacwnes dSela Le)rn t do YdeDerecho Civil; T. II, Vol. . 1990 362-371 Y POTA,ira a Buenos Aires, ',P?' 1 ue el supuesto se asemeja a la de III, pp. 55-57. Este ulumo autor sena a q. ponible deia la nulidad para .,' S10 po de 1 por lo tanto es 100 ':J representacion , los actos fraudulentos de los conyuges. .. , /Z '\'\0'\1 Manual de Derecho de (132) Comparten esta poslClon, BOSSERT A:. . 'f 1 d senúmiento MALA x José Rafael «La a ta e a familia, cit., pp. 266-267; f, SP!.A'rina de la C~rte Suprema de]usúcia de conyugal y sus efectos se,gun la doct 1982-D . 1019-1027; BELLLSCIO, la Provincia de Tucuman», en La Ley, 9'8~PF .. . ATOEduardo, El r. ili . t T II pp. 85- , A'\ZOLn. , Manual de Derecho de jarn.lla, cit., " ~ va 1986 .67-80 YMÉ:\m:zCOSTA, asentimiento consugal, Castillo Hnos., COldo R' bi ' PlPc lzoni Santa Fe, 1981, . sobresoae. d a d con)iueal u lnza - u , María] osefa, Estudios e " pp. 143-174. . R s Abel y ROVEDA, Edual(133) Según nos informa FLEITAS ORTIZDE OSA'. 9001 109-110. . . La Ley Buenos Aires, , pp. do Réoimen de bienes del matnmonso. '. d CC de 1998 en , b" . . a partir del Proyecto e ' El problema vuelve a tenervlgenCla, ., 1 ·noponibilidad. rt 466º como sarrcro n a a 1 el cual se considera, en su ru . ,

~~~;64

(131)

o

-

o

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•

A

213 212

JOSÉ ALMEIDA

BRICEÑO

ma consiste en diferenciar los supuestos de gestión ordinaria y extraordinaria del patrimonio social. Los primeros, se producen dentro de la administración de los bienes de la comunidad y la representación en juicio para los actos relativos a ella y Corresponden indistintamente a ambos cónyuges; mientras que los segundos, se encuentran circunscritos a los actos que exceden la ordinaria administración y la estipulación de contratos por los que se concedan o se adquieran derechos personales de goce y la representación en juicio de sus respectivas acciones y corresponden conjuntamente a ambos cónyuges (Art. 180º CC italiano). El Art. 184º del CC italiano señala que los actos de gestión extraordinaria realizados por uno de los cónyuges sin el asentimiento de su consorte, o no convalidados por éste, son anulables si se refieren a bienes inmuebles o a los bienes muebles registrables. Estos últimos son los siguientes: i) las naves y buques inscritos en los registros señalados por el código de la navegación; ii) las aeronaves inscritas en los registros indicados por el mismo código; y iii) los vehículos inscritos en el registro público automovilístico. Si los actos atañen a bienes muebles de cualquier otra índole, el acto realizado por el cónyuge interviniente es válido, pero éste está obligado, a instancia de su consorte, a reconstituir la comunidad en el estado en que se encontraba antes de la realización del acto. En el supuesto que ello no sea posible, el cónyuge no interviniente está obligado al pago del valor equivalente del bien dispuesto, según los valores corrientes a la época de la reconstitución de la comunidad. Código Civil italiano «Artículo. 184º.- Actos realizados sin el consentimiento necesario Los actos realizados por un cónyuge sin el consentimiento necesario de su consorte y por éste no convalidados, 214

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL

PATRIMO I

10 SOCIAL

son anulables si e refieren a bienes inmuebles o a bienes muebles enumerados en el arúculo 2683º. La acción puede ser propuesta por el cónyuge cuyo consentimiento era necesario dentro de un ano desde la fecha en que ha tenido. conocimiento del a~to y ~n o caso dentro de un año desde la fecha de mscnpto d . l có ha . , Si el acto no ha sido inscnto y e conyuge no Clan. . ., d 1 id conocimiento antes de la disolución e a cotem o , 11' mas a a murn id a d , la acción no podrá ser propuesta ., del año computado desde dicha disolución; S' los actos consideran bienes muebles distintos a los ~encionados en el primer párrafo, el cónyuge q~e l~.s ha realizado sin el consentimiento del otro esta obl~gado, a instancia de este último, a restituir la com~md d en el estado en el que estaba antes de la realizac~n del acto o, en caso que ello no sea posible, al,pago del equivalente según los valo:es corrientes a la epoca de la restitución de la comumdad». La doctrina italiana ha señalado con acierto que dentro ~e la gestión extraordinaria de los bienes se encuentran ~o solo aquellos actos de eficacia real sino también obligatoria, sl~~~~e . .' , stitución o adqulslCIOn que tengan por objeto la enajenación, con de derechos reales sobre bienes inmuebles o bienes muebles re. . . ' ge pueda rebelarse gistrados'P". Asimismo, para que un conyu . que contra el comportamIento ar biitrano d e 1o tro , es indiferente .. . di . 1 1 unidad (o a la famIlIa) el acto haya sido o no peIJu icia a a com . . is.Ia y es Irrelevante, ademas, la b uena o m al a ele e on la que actuaba el tercero al momento en que se ha estipulado el acto.

(134)

BlA).;'CA , Massimo

Famiglia-Le Successioni],

'

Diritto Civile, Giuffré, Milán, 1985, Tomo II [La

pp. 86-87.

215

JOSÉ AlMEIDA

BRICEÑO CAPíTULO

a todas estas providencias , se ha sena - la d o q ~ Pese . practica procesal italiana no se en ue en la . d' . 1 cuentran pronunc' . JU icia es respecto del tema' lo 11 Iamlentos , que eva a Sostene l mente que los cónyuges sujetos al ~ . r a ternativa_ J reglmen legal so os del precepto legal (Art. 1802 CC' Ii n respetuo_ Ha iano ) para n . 1 nunca o que -como es preferible sostener 1 ~ o VIOarlo ~ . - os conyuge . a 1 regrmen legal son ya muy pOCOS(135). s SUjetos

*** . ~ Luego de esta revisión del Derecho com arado CIOna que la solución que deb . p y en aten. ~. e asumir nuestro ord . jurídíco debe tener en cuenta 1 enamlento que son propias del régimen' ,~~r un ado, las características nes económicas de los có jurr lCOque gobiernan las relacioal ordenamiento jurídiconyuges y~Plor otro lado, debe ajustarse de los actos jundíco, co q~desena a las causales de ineficacia , nSI eramos que la .~ optar el legislador nacional es la " OpcIOn que debe disposición arbitraria del narri a~ulablhdad de los actos de nuestro ordenamiento l: ~atn~ol1lo s.ocial. Ello enc"Úaría en en éste, el acto de dispOSI'CI'O~ g 'b . a .medlda que de acuerdo con . n ar Hrano del pat . . . tIene los elementos . l nm011l0 SOCIalconesencia es de tod . ~. . go, por contradecir una . o ac~ojurídico; SIn ernbar3152 del CC ~ norma ImperatIVa como lo es el Art. ,sena nulo (Art. 2192, ine. 8 CC)(136). Para evitar esta interpretació h en nuestro CC n, se ace necesario incluir , como causal de a 1 bilid d miento del cónyu en' '. nu a 11 a ,la falta de asentig o InteTVIl1lente en los actos de diisposicion .. ~ (135) A _ _ esta conclusión arriba Fc\" Famzgba: Comento sistematico della Le e 90CCHIARO, ~fioo y Mar~o, ~irit~o_ di 1984, Vol 1 Artt 1 89 'gg< Maggzo 19/.J N-175 Ciuffré Milán -, . - ,pp. 1077-1078. " (136) En nuestr a doctnna, comparte esta posición: PI.ÁCIDO, pp_ 160-163_

j

2:

LA DISPOSICló

ARBITRARIA DEL PATRIMO'JIO

SOCIAL

arbitraria del patrimonio social; ya que, como sabemos, la anulabilidad sólo tiene carácter expreso y no puede ser invocada en forma virtual. De esta manera, no se negará al cónyuge no interviniente la posibilidad de acudir al órgano jurisdiccional a solicitar la anulación del acto realizado por su consorte, el mismo que tendrá efecto a partir de la sentencia que lo declare; corno tampoco se le impedirá otorgar su asentimiento con posterioridad a la celebración del acto de disposición arbitrario del patrimonio social, mediante la confirmación (Art. 230º CC), como mecanismo sanatorio del mismo. Es pertinente indicar que el acto también quedará confirmado si el cónyuge no interviniente, conociendo la causal, lo hubiese ejecutado en forma total o parcial, o si existiesen hechos que inequívocamente pongan de manifiesto la intención de renunciar a la acción de anulabilidad (Art. 231 º CC). Admitiéndose esta solución, la acción de anulabilidad del acto de disposición arbitrario del patrimonio social será facultad exclusiva del cónyuge no interviniente o de sus herederos, legitimados por el desmedro ocasionado en el patrimonio social, y no de cualquiera que manifieste interés o del Ministerio Público, como sería en el caso de conservarse la solución jurisprudencial por la nulidad del acto. Asimismo, el plazo de prescripción sería de dos años (Art. 2001 º, inc. 4 CC) y se admitiría que eljuez evalúe la posibilidad de indagar los motivos de la pretensión del cónyuge no interviniente, las particularidades del negocio y su incidencia patrimonial; elementos valiosos dentro de los conflictos de los intereses derivados de las relaciones entre los cónyuges y los terceros; de tal manera que el tercero mediante contestación o reconvención podrá defenderse según los argumento expuestos en los acápites contenidos en el numeral 2 del pre ente capítulo, e incluso solicitar el perfeccionamiento del acto, alegando el asentimiento tácito del cónyuge SUpuestamente preterido. Por su parte, el cónyuge interviniente

216 217

JOSÉ AlMEIDA

BRICEÑO

podrá solicitar al órgano jurisdiccional que supla el asentimien_ to de su consorte por negativa injustificada, para lo cual deberá demostrar que el acto redundó en beneficio de la sociedad o se realizó en forma más ventajosa para ella.

3.

ARCUME

TTOS A FAVOR DEL TERCERO DE BUENA FE

3.1. La adquisición a non domino ¿La anulabilidad resultaría aplicable a todos los casos de disposición arb~traria del patrimonio social? ¿En qué supuestos, el tercero podna protegerse de la anulabilidad presentada por el cónyuge no interviniente? La anulabilidad propuesta en el presente trabajo -o la nulidad como solución jurisprudencialproduce la ineficacia del acto; por lo que algunos autores consideran que no puede servir de fundamento de ningún efecto negocial y origina una reacción en cadena de nulidades, arrastrando titularidades, derechos, transmisiones de derechos, obligaciones y cargas, en fin, todo aquello que en el acto tuviere su fundamento, se apoyara en él o de él se derivase. Así, una compraventa nula no dará lugar a la adquisición de propiedad por el comprador, ni a la obligación de pagar el precio. Por lo que, cabe preguntarse en qué supuestos los terceros Son protegidos por nuestro ordenamiento jurídico frente a la p~etensión del cónyuge no interviniente. Zusman opina que ~Ichos terceros sólo han sido protegidos frente a la nulidad por sImulación absoluta (Art. 194º CC), mas no en los demás supuestos de nulidad. Las razones que estima abonan a favor de su posición son las siguientes: «En nuestra opinión, el Código Civil no ha protegido a terceros adquirentes por las siguientes razones: 218

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LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

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SOCIAL

Porque la nulidad, por definición, arrastra a los negocios jurídicos derivados del negocio nulo. Por ello, de haber querido la ley dar protección a tales terceros, lo habría hecho explícitamente. Porque, tanto los anteproyectos de la Comisión Reformadora del Código Civil de 1936 cuanto el Proyecto de Código Civil incorporaron expresamente para el caso de nulidad, la protección de terceros adquirentes a título oneroso y de buena fe. Debe suponerse, entonces aplicando el método histórico de interpretación de la ley que, si el legislador ha partido de los antecedentes legislativos antes mencionados sin haber incluido la norma de protección a terceros, es porque su intención ha sido la de no hacerlo. Porque, unido a lo anterior, cabe sostener, interpretando a contrario sensu, que si el artículo 194º del código, en el caso de simulación, protege restrictivamente a terceros adquirentes a título oneroso y de buena fe, es porque la norma general es la de no protegerlos. Porque, finalmente, interpretar en otro sentido daría lugar a graves problemas, como el determinar si se protege, de manera general a terceros de buena fe, sin interesar el título de la adquisición» (137) • Hay razones para desmentir esta posición doctrinal, por su abierta contradicción con las normas de protección a terceros adquirentes (Arts. 948º Y2014º CC) que nuestro CC provee. En

(137) Z SMA~ T¡;-.IMA;-.I, Shoschana, «Teoría de la invalidez y la ineficacia,» en Ius et Veritas, Año IV, N2 7,1993, p. 163.

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efecto, los terceros que adquieren guiados por los signos de recognoscibilidad que nuestro ordenamiento jurídico reconoce (la posesión y el registro) mantienen a su favor la propiedad del bien, aunque éste haya pertenecido al patrimonio social de los cónyuges y se declare la anulabilidad del acto de disposición arbitrario del patrimonio social. Para entender el sustento de este sistema de protección a terceros, debemos precisar que la transferencia de propiedad en nuestro ordenamiento jurídico se realiza según la teoría del título y el modo, por la cual, el proceso de adquisición del derecho real de propiedad se produce en dos etapas. En la primera, como consecuencia del título (entendido como el acto por el que se establece la voluntad de enajenación del derecho), el futuro adquirente recibe un derecho de crédito a que el futuro transmiten te le transfiera el derecho real de que se trate. Hasta aquí nos encontramos en el campo del Derecho de obligaciones. Uno puede exigir y el otro debe realizar una prestación: la conducta que consiste en transmitir el derecho real. En la segunda etapa, el enajenante cumple su obligación, que consiste en realizar el modo o acto transmisivo del referido derecho real. Como complemento de lo anterior, en el caso de bienes n:uebles, la posesión es considerada como mecanismo de publicidad que permite determinar la propiedad del bien, conforme lo señala el Art. 912º del CC, al establecer que «el poseedor es reputado propietario, mientras no se pruebe lo contrario». Por lo cual, la transferencia de la propiedad de dichos bienes se realiza me~iante la tradición (Art. 947º CC), porque ésta supone que el bien es entregado por aquel que es poseedor del bien. ~ ~a~era de ejemplo, el tercero sólo podrá defender su adquisicion SI se le ha entregado el bien mueble que se le ofreció. Así, Mariell~ Chilquillo celebró un contrato de compraventa con juana Molma, por el cual ésta se obligó a transferirle la propiedad de un televisor y dos parlantes; una vez pagado el precio, se dis220

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LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

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USOa recoger los bienes muebles, dándose con la sorpresa que ~stoS habían sido embargados en forma de depósito a solicitud de René Díaz, para garantizar el cumplimiento de una obligación de dar suma de dinero. Enterada de ello, Marielly Chilquillo inició una tercería de propiedad. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en la CAS. Nº 3202-98-ICA(l38),rechaZÓ dicha pretensión, bajo los siguientes argumentos: «Conforme a lo prescrito en el Art. 947º del CC, la transferencia de propiedad de una cosa mueble determinada se efectúa con la tradición a su acreedor, salvo disposición legal diferente; que en consecuencia, demostrado como está que los bienes embargados han seguido en poder de la demandada Uuana Molina], es obvio que en aplicación de la citada norma el derecho de propiedad de la actora no está probado, como lo hace notar el juez en su sentencia y bajo este aspecto, conviene aclarar que el artículo 912º del mismo código, citado por la Sala, no es que sea impertinente sino que ha sido erróneamente interpretado. Por lo expuesto, el derecho del demandado don René Díaz Espinoza, se encuentra amparado por el citado artículo 947º del CC que la Sala Civil ha dejado de aplicar, configurándose con ello la causal de inaplicación de normas de derecho material». En consecuencia, normalmente los cónyuges de consuno pueden transferir la propiedad de un mueble social que poseen mediante compraventa (Art. 1529º CC) -título-, la misma que se efectivizará mediante su tradición (Art. 947º CC) -modo- al

(138) CAS. NQ3202-98-ICA del2 dejunio de 1999, publicada en la SCEP del 30 de setiembre de 1999, pp. 3625-3626.

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tercero comprador. Esta regla permite otorgar fluidez a las transacciones de bienes muebles, ya que el tercero sólo necesitará asegurarse que la transmi ión de la propiedad lo realiza quien es su po eedor y que por tal hecho se le presume propietario de dicho bien. Sin embargo, puede darse el caso que los terceros precisamente guiados por e ta presunción, reciban la posesiól~ de un mueble de quien no es propietario. o es raro que el verdadero propietario, una vez ubicado el bien, pretenda reívindicarlo. Por lo que nos preguntamos si en nuestro ordenamiento jurídico merecen protección estos terceros. Es preciso entender que negar absolutamente algún tipo de protección significaría crear desconfianza en los terceros adquirentes, afectando el tráfico comercial. Por ello, el Art. 9482 del. CC señala en qué supuestos los terceros se encuentran protegidos frente a la protección del verdadero propietario, estableciendo que quien de buena fe y como propietario recibe de otro la posesión de una cosa mueble, adquiere el dominio, aunque el enajenante de la posesión carezca de facultad para hacerlo. Se exceptúan de esta regla los bienes perdidos y los adquiridos con infracción de la ley penal. Este supuesto es conocido en doctrina como la adquisición a non domino. Aun cuando no se han registrado casos en casación en los cuales se haya aplicado el artículo antes citado en la vida famili~r pueden ocurrir enajenaciones realizadas' por uno de los conyuges sin asentimiento del otro que se encuadren dentro del s~pue~t? de hecho del Art. 948Q del CC, como el caso que a c~~tmuaClon exponemos: María yJuan, durante la vigencia del régimen de sociedad de gananciales, adquieren diversos artefac.tos el.ectrodomésticos. Un día,Juan se dirige a la casa de Luis, quren VIve al otro lado de la ciudad, y le ofrece venderle un televisor, sin expresarle que era casado y que el bien tenía la calidad de mueble social. Finalmente, el bien es vendido por 250 nuevos soles y entregado a Luis en el mismo acto. María, 222

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LA DISPOSICIÓN

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e lo ucedido reclama a Luis la devolución del bien. eDtera d a d , . , , te le responde que la adquisición la realizó de buena fe.y se Es ara en la adquisición a non domino. En este caso, por eJemarnp 1 cónyuge no interviniente no podrá lograr que la Plo, a'l'dad del acto traiga como consecuenCla. 1a di" evo ucion 1 b 11 aDUa , . . . ueble social. El tercero habra adquirido la propiedad del de 1 rn , . .. ) bl un cuando el enaieriante (el conyuge mtervirnente a rnue e, :J , , de facultades para transferirlo, ya que requena el asencareCla 1, -o tirniento de su consorte (Art. 31~- CC). Examinemos a continuación los requisitos que exige la adquisición a non domino. En principio, debemos indica~ que esta figura sólo se refiere exclusivame.nte a la transferencia del derecho de propiedad. Esto se apreCla del hecho que se haga alusión en el Art. 948Q del CC, a quien recibe la posesión del bien mueble «como propietario» y luego la consecuencia «adquiere el dominio» y se corrobora con la interpretación sist~mática, ya que el artículo antes citado se encuentra com~rendIdo dentro del Subcapítulo IV (Transmisión de la propiedad}, del Capítulo II (Adquisición de la propiedad). Co~ lo cual: se excluye dentro de su ámbito de protección a cualquier otra titularidad adquirida por el tercero (como puede ser el gravamen o renuncia de derechos). Asimismo, resulta claro que la adquisición a non domino, sólo atañe a la enajenación de bienes muebles. o pudiend~ 2 hacerse exten ivo el Art. 948 del CC a los bienes inmuebles. AsI lo estableció la Sala Civil de la Corte Suprema en la CASo Q 953-96-LAMBAYEQUE(l39),señalando que «el Art. 948Q del CC regula la transmisión de la propiedad de bienes muebles y en el presente caso el bien materia de controversia es de naturaleza

(139) CAS. jQ 953-96-LAMBAYEQUE del 17 de noviembre de 1997, en CCJC, Tomo I1, pp. 616-618.

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inmue~~e, por lo que la ref~rida norma no es aplicable a la presente 11tIS».En consecuencia, la entrega de inmuebles sociales por uno de los cónyuges no puede considerarse den tro del ámbito de la adquisición a non domino. Por otro lado, la norma exige que el tercero reciba la pOsesión del bien. Lo cual hace alusión a un tipo especial de tradición. En efecto, dentro del concepto establecido por el Art. 948'-' CC se encuentra claramente la tradición real, que ha sido definida en el Art. 901º del CC, al señalarse que ésta se realiza mediante la entrega del bien a quien debe recibirlo o a la persona designada por él o por la ley y con las formalidades que ésta establece. Esto se explica por el hecho que la elección de este tipo de tradición como mecanismo constitutivo de la propiedad mueble se sustenta en el efecto publicitario que genera la posesión. De tal manera que se afirma que la publicidad no se origina por el acto de entrega, que suele permanecer oculta a los terceros, sino por la situación jurídica que la entrega origina: la posesión como estado es el elemento publicitario. Es por esta razón que la tradición ficta conocida como constituto posesorio no puede considerarse dentro del supuesto del Art. 948º del Cc. Esta figura se encuentra comprendida en el Art. 902º, inciso 1 del CC y se concreta cuando el propietario del mueble, como poseedor absoluto, lo enajena a un tercero pero continúa como poseedor inmediato, sea a título de usufructuario, arrendatario, comodatario u otro. En este caso, la tradición opera de una manera ficticia o espiritualizada. En cambio, sí se cumple el requisito establecido por el Art. 948º del CC, a pesar de tratarse de una tradición ficticia, en el supuesto de traditio brevi manu. Esta figura también se encuentr~ comprendida en el Art. 902º, inciso 1 del CC, pero opera a la mversa de la constituto posesorio. Se produce cuando se cambia el título posesorio de quien está poseyendo. A manera de ejem224

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ARBITRARIA

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n bien social puede ser entregado por uno de los esposos pl~, Uyugeinterviniente) a un tercero en calidad de depositario (con osteriormente celebrar un contrato de compraventa respecy p de dicho bien. En este caso, la posesión del tercero que to .,. di rimigeniamente se trataba de una po.sesl~~ mme lata se transforma en una posesión absoluta,. ~a~l:faClendose ~l efecto de publicidad requerido por la adquisición a non domino. Por lo que queda delimitado el alcance del Art. 948º del CC, teniendo como apoyo elArt. 912º del CC, que sirve de fuente de información presunta que califica la buena fe y justifica la protección, y por la cual se otorga la titularidad, u~a vez recibida la posesión a los sujetos de buena fe que adquieren la propiedad de bienes muebles; esta adquisición puede realizarse a título oneroso como a título gratuito. Otro de los requisitos para la adquisición a non domino es la buena fe. Esto es «la buena fe creencia» o «la buena fe subjetiva». Nos encontramos ante un problema de información. El tercero tendrá buena fe si la información con la que cuenta le permite creer que la otra parte es titular del derecho que pretende y por lo tanto se encuentra facultado para transferirle la propiedad o, en sentido negativo, si carece de información sobre su falta de derecho o de facultades para transferirle la titularidad. Es el caso de Luis, en el ejemplo presentado líneas arriba, guiado por la posesión del bien y por el silencio de Juan, adquiere el mueble social creeyendo que se trata de un bien que tiene como único propietario a su enajenante y desconocía que éste se encontraba casado bajo el régimen de la sociedad de gananciales con María. Los bienes muebles registrados En este punto, resulta pertinente exponer la problemática que deja abierta nuestro CC respecto a los bienes muebles re225

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gistrados, con relación a los cuales no queda claro si se encuen_ tran dentro del ámbito del Art. 948º del CC o del Art. 2014º del CC -que será materia de mayor examen en el siguiente acápite_. Al respecto, consideramos que la adquisición a non domino sólo protege a los bienes muebles no registrados. Esto se debe a que el registro tiene como uno de sus pilares a la presunción iure el de iure que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones (Art. 2013º CC). De tal manera que un tercero no puede alegar buena fe, cuando el bien mueble enajenado por el cónyuge interviniente aparezca registrado como social en el Registro de Bienes Muebles de los Registros Públicos. En consecuencia, la publicidad que provee el registro elimina la posibilidad que un tercero lo desconozca, incluso basándose en que el mueble se encontraba en posesión del enajenante. En tal sentido, la protección absoluta de la titularidad adquirida sobre un bien mueble social inscrito se alcanza sólo a partir de su inscripción. Antes de ello, puede haberse adquirido mediante un contrato seguido de la tradición, pero ésta no podrá oponerse de manera total y absoluta. Así, si el bien transferido por Juan a Luis hubiese sido un automóvil registrado como bien social, éste no podrá argüir a su favor que recibió la posesión del bien según los requisitos establecidos por la adquisición a non domino, ya que tratándose de un bien registrado, deberá previamente hacer una búsqueda para determinar la titularidad del mismo. Lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia no ha definido claramente un criterio respecto al tema. Por un lado, la Sala Civil Permanente, en la CAS. Nº 415-99-LIMA(I40), ha señalado que en los muebles prima la tradición, con los siguientes términos:

(140) CAS. Nº 415-99-LIMA del 12 de julio de 1999, publicada en la SCEP del 1 de setiembre de 1999, pp. 3409-3410.

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LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

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«El hecho de que un vehículo sea un bien mueble registrable, es decir, que los derechos que recai~an sobre él sean susceptibles de ser inscritos en la oficma correspondiente de los Registros Públicos y así obtener la publicidad y consecuente protección de los mismos, no implica que la transferencia de dichos bienes se perfeccione con la inscripción registral, ya que como se ha indicado en los considerandos precedentes, para que el Registro tenga efectos constitutivos, ello debe estar legalmente establecido. [ ... ]

Atendiendo a lo expuesto en el considerando precedente, se concluye que, no existiendo disposición legal en contrario, la regla aplicable para la transferencia de propiedad vehicular es la tradición, en consecuencia, no ha existido una errónea interpretación de la norma contenida en el Art. 947º del Código Civil ni tampoco una inaplicación del Reglamento de Inscripciones del Registro de la Propiedad Vehicular». Mientras que la Sala Civil Transitoria, en la CAS. Nº 15182000-MOYOBAMBA(141),ha establecido el criterio contrario, señalando que en los muebles registrables prima la inscripción registral:

(141) CAS. Nº 1518-2000-MOYOBAMBAdel 13 de setiembre de 2000, publicada en la SCEP del 30 de abril de 2001, pp. 7158-7159. En la CAS. Nº 3290-01-CONO NORTE del 19 de abril de 2002, publicada en la SCEP del 31 de julio de 2002, p. 9023 Y en la CAS.Nº 3372-2001-LIMAdel 15 de a~r~l de 2002, publicada en la SCEP del 31 dejulio de 2002, p. 9023, la Sala 0:11 Transitoria cambia de criterio señalando que «la transferencia de propIedad de un vehículo automotor se efectúa con la tradición, en virtud del Art. 947º del CC».

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«La demandante tiene tarjeta de propiedad respecto del vehículo materia de la tercería y contrato de compraventa celebrado no por la ejecutada en el proceso principal sino por una compañía diferente. [...] Más aún, la tarjeta de propiedad que menciona la sentencia de vista ha sido otorgada por la Oficina Registral de la Región de Loreto de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. [...] La sentencia de vista no contiene ningún argumento que mencione que la compradora del vehículo ha actuado de mala fe, sino que se refiere al vendedor pero la recurrente ha adquirido el bien bajo la fe del registro. La supuesta tradición realizada a favor de la ejecutada no puede prevalecer sobre la tarjeta de propiedad y el contrato de compraventa a favor del tercerista». La contradicción entre ambas casaciones requiere ser materia de un Pleno Casatorio. En todo caso, con la finalidad de concordar ambos criterios, el Art. 25º, inciso a del Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular (Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Tº 087-2004-SUNARP) presume, a efectos registrales, que una vez otorgada el acta respectiva se ha hecho la tradición del vehículo, salvo que se desprenda del mismo instrumento lo contrario. En este último caso -señala la norma-, no podrá inscribirse el título y el registrador deberá observarlo a fin de que, mediante otro instrumento notarial, ambas partes declaren que se ha hecho tradición del vehículo. No obstante, si del contrato se desprende que el vehículo se encuentra en posesión del adquirente o de un tercero, la tradición se considerará efectuada, en aplicación del Art. 902!"!del Cc. 228

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Excepciones a la adquisición a non domino Las excepciones a la adquisición a non domino son las con. nadas en el Art. 948!"!del CC: los bienes perdidos y los adquiSlg . , de la ley penal. Respecto dee los nri id on infracción os pnmeros, n os c . did ' Art. 932º del CC señala que quien halle un bien per 1 o esta e~li ado a entregarlo a la autoridad municipal, la cual comuniag. ' 1hallazgo mediante anuncio pu.iblilcO. E n cuanto a 1os secara e .. dos se refiere a aquellos que han sido objeto de los delitos ~~tra ~l patrimonio, como son el hurto (Arts. 185º al 187º CP), robo (Arts. 188º a1189º CP), abigeato (Arts. 189-A al 189-C CP), apropiación ilícita (Arts. 190º a~ 193º CP) y recep~ación (Art. 194º CP). Sin embargo, estos delitos no resultan aplicables a los actos de disposición arbitraria del patrimonio social, en la medida que son irreprimibles en el ámbito penal, c~ando se causen entre los cónyuges (Art. 208!"!,inciso 1 CP ruodificado por la Ley Nº 27309 del 17 de julio de 2000). En la legislación comparada, el CC chileno ha consa.grad~ la adquisición a non domino con relación a los actos de dISpOSIción arbitraria del patrimonio social, estableciendo en su Art. 1739º que: «Tratándose de bienes muebles, los terceros que contraten a título oneroso con cualquiera de los cónyuges quedarán a cubierto de toda reclamación que éstos pudieren intentar fundada en que el bien es social o del otro cónyuge, siempre que el cónyuge contratante haya hecho al tercero de buena fe la entrega o la tradición del bien respectivo. Jo e pre umirá la bu na fe del tercero cuando 1bien obj to del contrato figure inscrito a nombre d 1otro cónyuge en un registro abierto al público, como n 1 caso de automóviles, acciones de sociedades anónimas, naves 229

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o aeronaves, etc. Se presume que todo bien adquirido a título oneroso por cualquiera de los cónyuges después de disuelta la sociedad conyugal y antes de su liquidación, se ha adquirido con bienes sociales. El cónyuge deberá, por consiguiente, recompensar a la sociedad, a menos que pruebe haberlo adquirido con bienes propios o provenientes de su sola actividad personal».

3.2. La fe pública registra! La transferencia de los bienes inmuebles, en nuestro sistema jurídico, se realiza mediante el sistema de adquisición de los derechos reales por el solo contrato (nudo consensu). Esta premisa se sustenta en que si bien es cierto nuestro CC se ha adherido al sistema del título y el modo -como puede observarse respecto de los bienes muebles-o En el caso de bienes inmuebles, la sola obligación de transferir la propiedad hace al acreedor propietario del bien (Art. 949º CC). Suprimida la necesidad de la tradición, el contrato es por sí solo, modo de adquirir los derechos reales (es decir, el hecho que según la ley produce la adquisición). Se funden en él el título Yel modo, o si se quiere se borra la bipartición. El sistema elegido por el legislador nacional, como es de apreciarse a simple vista, es imperfecto, porque admite la posibilidad que quien enajene no sea el verdadero titular del bien o no se encuentre facultado para ello. Así, en el caso de inmuebles, cualquiera de los cónyuges puede atribuirse la titularidad del bien y luego transferirlo a un tercero; sin embargo, el cónyuge ~o interviniente puede recuperarlo porque el acto se realizó sin su consentimiento. Se comprende que de esta forma el tráfico comercial se convierte en inseguro y la propiedad en relativa. Por lo que con el objeto de determinar fehacientemente si un bien es propio o social, el tercero debe acudir al mecanismo

icidad inmobiliaria que ofrecen los registros públicos de pu bl cialmente creados para ello. esp e La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia ha afirmado lo anterior, en la CAS. Nº 1783-96-LlMA(142),con los siguientes términos: «La publicidad jurídica es una activida~ que. ~e~e ~o.r finalidad manifestar un hecho, acto o situación Jundlea y que crea al objeto publicado la posibilidad de ser conocido por todos. En efecto, la publicidad jurídica en razón de una presunción cerrada (absoluta o iure et de iure), impide totalmente la posibilidad que alguna persona, d.esconozca "" derecho debidamente inscrito, la cual, nene como mmediata consecuencia que el contenido de la inscripción se presume cierto y produzca todos sus efectos,. mie~tras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez, tal como precisa el Art. 2013º del Código Civil, norma que contiene el principio de legitimación registral. [ ...] Es decir, se trata de proteger la apariencia gen~rada por los actos de publicidad, aun cuando haya discrepancia entre las auténticas relaciones y las que hayan sido objeto de publicidad». El principio de publicidad registral por el cual se p~esume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona nene co-

(142) CAS. NQ1783-96-LlMA del 18 de mayo de 1998, publicada en la SCEP del 5 de julio de 1998, pp. 1393-1394.

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nacimiento del contenido de las inscripciones (Art. 2012'2 CC) se complementa con el principio de legitimidad registral, por el cual el contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez (Art. 2013º CC). La consecuencia de ambos principios trae consigo que en obsequio al tráfico comercial se sacrifique, al menos en ocasiones, el dogma según el cual nema plus iura in alium transferre po test, quam ipse haberet (nadie puede transferir a otro más derecho que el que él mismo tenga) y una limitación a la producción de ineficacia derivada de la anulabilidad del acto. En condiciones normales y de acuerdo con el principio de causalidad, las inscripciones se realizan en virtud de un acto que constituye su causa eficiente, de modo tal que los vicios y nulidades de este acto afectarán en forma directa e inmediata la eficacia y validez del asiento registral. El registro no convalida los actos que sean nulos o anulables. Sin embargo, es necesario proteger una razonable confianza en la apariencia de una situación jurídica, de manera que quien suscite en los demás la apariencia de que una situación jurídica existe, tiene que dejarla valer contra sí mismo y que quien de buena fe confía en la situación aparente merece ser protegido. Incluso la Sala Civil Permanente, en la CAS. º 1617-97LAMBAYEQUE (143) , ha llegado a afirmar que la fe registral, en el caso que la inscripción del bien se haya realizado únicamente a favor de uno de los cónyuges, deja sin efecto la presunción iuris tantum por la cual los bienes obtenidos durante el matrimonio tienen la calidad de sociales,

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LA DISPOSICiÓN

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'. . Públicos como bien . 1 puede aparecer inscrito en los Registros cia , . ' yuges, ' .por haber erteneciente al patnmonio de uno de 1os con Pdec 1ar ado éste ante el rezistrador tener el estado CIVIlde solteb' . " 1d . CI'ón que por cierto evade el pnnCIpIO genera e ro' srtua . io Ivé , . lid d de los bienes existentes en el matnmomo vease gananCIa la. , bi bai " 2 1 del presente capítulo), Quien adquiera un ien aJo acaplte ' , , bl id 1 ' 'a y reuniendo los requisitos esta apanenCI , " esta eCI os por , ,e CC se encuentra protegido por e~ p~~CIpl~ de la fe pubhca. , 1 La formulación de este pnncIpIO senala , que el tercero regIstra, h d ue de buena fe adquiere a título oneroso algun derec o e q para otorgarpersona q ue en el registro aparece con, facultades , lo, mantiene su adquisición una vez mscnto su derecho, aundespués se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por que , virtud de causas que no consten en los registros pu.ibliICOS,(Art ' 2014º CC y Arts. VIII del Reglamento General de los Registros Públicos), De modo tal que si un tercero adquiere a título ,oneros~ u~ inmueble social cuya titularidad aparece en los Registros Pubh: cos a favor de uno solo de los cónyuges (porque se present? como soltero o logró acreditar que el bien pertenece a s.u patn" inscrib e su pr opiedad , manuene su momo, privativo) y luego mscn , , " adquisición aun cuan d o se anu lIt e e ac o jurí dico por el cual se , " dee l có transfiere dicha propiedad a instancia cony uge no , id o en el mismo ' Así lo esinterviniente por no haber mtervern , Constituciona 1 y SOCIa '1 en 1a CAS , Nº 398-97tableció la Sala CHINCHA (144) en la que se afirmó la preferencia del derecho " có del tercero registral frente al del e conyuge no Iinterviniente , con los siguientes argumentos:

Por lo que en algunos casos, el bien que en la realidad de las cosas (realidad extrarregistral) pertenece al patrimonio soCAS Nº 398-97-CHINCHA del 11 de agosto de 1998, publicada en . de marzo de 1999, p. 2753, En igual . 1 SCEP d 1 11 senu'd o, la CAS' N2 2~37-2000-~IMA del 23 de mayo de 2001, publicada en la SCEP del 5 de noviembre de 2001, p. 7976. (144)

GAS,NQ 1617-97-LAMBAYEQUEdel 29 de octubre de 1998, publicada en la SCEP del 10 de diciembre de 1998, pp. 2205-2206, (145)

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«El objeto de la demanda es que se declare la nulidad del acto jurídico contenido en la escritura pública de compraventa celebrada entre los demandados [el cónyuge interviniente y el tercero] con fecha 25 de octubre de 1995 y de su inscripción en los Registros Públicos, aduciendo que dicha escritura se ha llevado a cabo sin las formalidades requeridas para los actos jurídicos, puesto que el Art. 219º del CC establece que los actos jurídicos son nulos cuando no ha existido manifestación de voluntad y que al no intervenir la esposa del vendedor, pese a que el contrato versaba sobre un bien de la sociedad conyugal se incurrió en dicha causal de nulidad. [...] Lo cual se dio en el caso de autos respecto del contrato celebrado entre los demandados, [...] por tratarse de un bien de la sociedad conyugal sin intervención del cónyuge del vendedor en dicho acto. [...] Además, el referido código sustantivo establece que el tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el Registro aparece con facultades para otorgado, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los Registros Públicos y que su buena fe se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro, lo cual se evidencia que ha ocurrido en el caso de autos, puesto que la mala fe que alegan los demandantes es del vendedor [el cónyuge interviniente] y no han acreditado fehacientemente la mala fe de la Agropecuaria «El Refugio» [el 234

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LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

tercero], la que a la fecha en que celebró la compraventa con el codemandado, desconocía que el bien materia de litis había sido objeto de los contratos preparatorios anteriormente citados, todo lo cual está previsto en los Arts. 2012º Y2014º del Cc. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y que la entidad codemandada, actuando diligentemente, ha inscrito su derecho en los Registros Públicos, ello le da preferencia y oponibilidad erga omnes ante cualquiera que pretenda derecho real sobre el bien materia de la presente acción, conforme lo establecen los Arts. 20 16º Y2022º del CC». En la reciente jurisprudencia se aprecian varias ejecutorias supremas que corroboran este criterio como una tendencia jurisprudencial. Así, en el proceso seguido por Doris Morante en contra de su esposo, Martín Salazar, y la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Paita, sobre tercería de propiedad, la demandante buscaba evitar que se remate el inmueble que fue hipotecado sin su consentimiento por su consorte. Para tal efecto, acreditó que el inmueble fue adquirido durante la vigencia de la sociedad de gananciales. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declaró infundada la demanda, en razón de que la Caja Municipal en mención actuó amparada por la fe pública registral. En los Registros Públicos aparecía que el demandad~ Martín Salazar adquirió el bien como soltero, cuando en realidad era casado; pero esta inexactitud no era conocida por la entidad financiera. A continuación, los principales argumentos de la CAS. Nº 1870-2004-PIURAde125 de noviembre de 2005(145):

(145) CAS. NQ1870-2004-PIURA del 25 de noviembre de 2005, SPIJ 2006. En ese mismo sentido, la CAS. Q403-2004-PIURA del 28 de setiembre de 2005, SPIJ 2006; CAS. NQ 1402-2005-TACNA del 6 de noviembre de 2006,

235.

JOSÉ ALMEIDA

BRICEÑO

«Conforme a lo expuesto, aparece como un hecho acreditado que en la adquisición del bien materia de litis, según escritura pública de compraventa, cuyo testimonio corre a fojas 5, de fecha 24 de marzo de 1995 se consigna que Martín Artemio Salazar Martínez declaró su estado civil de soltero, lo que también se reproduce en la inscripción registral de la compraventa, asiento tres c de la ficha número 11036, inscrita el 7 de abril de 1995, obrante a fojas 87 de autos. En aplicación de los principios registrales que contienen los artículos 2013Q Y2014Q del Código Civil se tiene que al constituirse la garantía hipotecaria sobre el inmueble, comprado e inscrito a favor de Martín Artemio Salazar Martínez como titular del derecho en calidad de soltero; y,no en nombre de la sociedad conyugal que conforma con la actora; la Caja Municipal acreedora tiene protegido su derecho a mérito de los principios registrales contenidos en las normas sustantivasanotadas, de legitimidad, fe pública registral y prioridad; esto significa, que al suscribirse la garantía hipotecaria, la entidad acreedora respecto del bien suscrito a nombre de una persona facultada para hacerlo, mantiene su derecho una vez inscrito, aunque el titular sea realmente casado y por tanto se trate de un bien social, ya que como se ha señalado, el bien no se encuentra inscrito a nombre de la sociedad conyugal. En consecuencia, las normas materiales contenidas en los artículos 301Q, 310Q Yel inciso 1 del artículo 1099Q

SPIJ 2007; CAS. Nº 2504-2005-CAÑETE del 14 de noviembre de 2006, SPIJ 2007; y CAS. Nº 1160-2005-LA LIBERTAD del 28 de marzo de 2006, SPIJ 2006.

236

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

del Código Civil, relativas a los bienes que integran la sociedad de gananciales, los bienes sociales y requisito para la validez de la hipoteca, no resultan per~in.entes para dilucidar la controversia; toda vez, q~e SIblen.el inmueble en referencia podía ser de la CItada SOCIedad conyugal, sin embargo, para efectos del tráfico comercial, quien aparecía registralmente como su propietario únicamente era el emplazado Martín Artemio Salazar Martínez, como soltero, y en base a ello fue que la Caja Municipal acreed?ra,r el cita~o co-dema~dado, constituyeron la garantla hipotecaria, cuya copla certificada corre a fojas dieciocho del acompañado, su fecha 18 de julio de 2002, con firmas legalizadas el 20 de julio e inscrita el 31 dejulio de 2000 en el asiento 6 d de la ficha número 11136,como se aprecia a fojas 89 de estos autos; por lo tanto, la presunción de buena fe de la Caja Municipal acreedora no ha sido destruida ya que el otorgante era la persona que se encontraba registralmente legitimado para hacerlo, procedien~o a inscribir tal acto jurídico que le otorga a la Caja Municipal acreedora la protección registral indicada». Esta regla también es aplicable a los muebles registrables que hayan sido prendados por uno de los cónyuges, haciéndose pasar como soltero. En la CAS. NQ782-2005-CAjAMARCAdel 13 de agosto de 2006, se resolvió el proceso seguido por Lisette Otiniano contra su esposo Roger Silva y la empresa Ferreyr~s S.A.A.,sobre tercería de propiedad. El objeto de esta tercena de propiedad consistía en levantar el embargo en forma de secuestro conservativo dictado sobre el camión Volvo, placa WL1819. Este vehículo fue entregado el 8 de enero de 2002 en prenda por Roger Silvaa la empresa Ferreyros SAA,en garantía de una operación comercial, a pesar que dicha persona se enContraba casada con la demandante Lisette Otiniano desde el 2 237

CAPíTULO

de agosto de 1986 y por lo tanto, el vehículo tenía la calidad de bien social. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema desestimó la demanda, en razón de que la empresa se encuentra amparada por la fe pública registral, en la medida que en el registro, Roger Silva aparece como soltero y único propietario del bien: «La primera parte de la denuncia procesal cuestiona la validez de las sentencias expedidas por las instancias de mérito, por no haberse pronunciado sobre uno de los puntos controvertidos, consistente en establecer sila demanda de tercería de propiedad es o no procedente para cuestionar un gravamen proveniente de una garantía real. Revisados los actuados, en especial el acta de la Audiencia de Saneamiento y Conciliación de fajas sesenta y dos y sesenta y tres, se advierte que, en efecto, tal hecho fue fijado como tercer punto controvertido del proceso, el mismo que no ha merecido pronunciamiento alguno por las instancias de mérito, no obstante ser el principal sustento de la contestación de la demanda y del recurso de apelación de sentencia; en consecuencia, las sentencias de mérito no cumplen con el requisito de la motivación adecuada y suficiente, pues contienen una decisión que no se sustenta en la valoración conjunta y razonada de los medios probatorios aportados al proceso; por tanto, se trata de un fallo que no se ajusta al mérito de lo actuado, contraviniendo el inciso 3 del artículo 122º del Código Procesal Civil; razón por la cual el primer extremo del recurso de casación interpuesto debe declararse fundado. La segunda parte de la denuncia procesal trata igualmente sobre dos aspectos que no habrían sido analiza238

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

dos por las instancias de mérito, como es el que garantía preridaria a favor de Ferreyros Sociedad Anónima Abierta se sustenta en la buena fe prevista en el artículo 2014º del Código Civil, y que el codemandado Roger Adrián Rodriga Silva Santisteban en todo momento se identificó como soltero y único propietario del bien. Al respecto, es cierto que las instancias de mérito no han analizado dos aspectos relativos a la fe registral y buena fe del adquirente derivados del acto de constitución de la prenda, y atendiendo a que tales circunstancias gu~rdan relación con el punto controvertido no absuelto, éstos deberán ser objeto de pronunciamiento por el juez de la causa al emitir nuevo fallo». En consecuencia, la nulidad -o la anulabilidad propuesta por nosotros- del acto de disposición arbitrario del patrimonio social no afecta el derecho del tercero que se encuentra protegido por la fe pública registral, la cual requiere la conjunción de los siguientes requisitos: i) adquisición por un tercero de derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo; ii) que se adquiera a título oneroso; iii) posibilidad de discordancia entre el registro y la realidad civil; iv) que se adquiera de buena fe; y v) que el adquirente inscriba su derecho en el registro. Éste vendría a ser un saludable criterio a favor de los terceros que se encuentran amparados por la fe pública registral, no obstante, se ve ensombrecido por otros pronunciamientos jurisdiccionales. La Comisión de Magistrados reunidos en el Pleno Jurisdiccional de Familia 1998(146),en su Acuerdo º 6.1, con-

(146)

Ejecutiva

PODERJUDICIAL,Conclusiones Plenos jurisdiccionales del Poder Judicial, Lima, 1999, p. 114.

1998, Comisión

239

JOS~ AlMEIDA

BRICEÑO

cluyó que «los actos de disposición unilateral de los bienes sociales, inmuebles o muebles registrables o de derechos y acciones, que pueda hacer uno de los cónyuges sin la intervención del otro es un acto jurídico nulo [sic]» y la Sala CivilPermanen_ te de la Corte Suprema, en la CASoNº 2023-2001-LlMA(147) ha sostenido que la acción de nulidad es un derecho personal del cónyuge no interviniente y que prevalece frente al derecho real derivado de la información que provee los registros públicos al tercero; aplicando indebidamente lo dispuesto por el segundo párrafo del Art. 2022º del CC, porque en el presente caso no se trata de un conflicto de derechos de distinta naturaleza. Todas estas razones obligan a la realización de un Pleno Casatorio que aclare cuál es el criterio jurisprudencial a seguir. Discusiones en torno a la protección de la fe pública registral

Siguiendo el criterio general expuesto, en la práctica se discute fundamentalmente el requisito de la buena fe del tercero y la onerosidad de la adquisición realizada por este. Con relación a la buena fe, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que ésta no puede invocarse por aquel que conocía que el cónyuge con el cual contrataba tenía en realidad el estado civil de

(147) CAS. NQ2023-2001-LIMA del 1 de julio de 2002, publicada en la SCEP del 2 de setiembre de 2002, pp. 9117-9118.

CAS. NQ 265-T-97-lA LIBERTAD del 21 de noviembre de 1997 publicada en la SCEP del 03 de abril de 1998, p. 605; CAS. NQ 1046-2001~ CANETE del 18 de setiembre de 2001, publicada en la SCEP del 2 de febrero de 2002, pp. 8277-8279; CAS. Nº 2125-99-lAMBAYEQUE del 19 de octubre de 2001, publicada en la SCEP del 31 de mayo de 2002, pp. 8816-8817 y CAS. N2 2023-2001-LIMA del 1 de julio de 2002, publicada en la SCEP del 2 de setiembre de 2002, pp. 9117-9118. En general, nadie puede invocar la buena fe si conocía la inexactitud del registro, véase CAS. NQ 1433-96-IA LIBERTAD del 28 de noviembre de 1997, publicada en la SCEP del 4 de

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

casado(148). Sin embargo, en algún caso ha.tenido que ,atenuarla . idez de esta regla a favor del tercero reg¡stral, específicamente ng ibilid di' en aquellos casos en los cuales asoma la pOSl 1.1, a que o~c~nes estén haciendo un abuso de esta excepclOn a la fe publica TUNIN del 19 de setiemyugotral reg¡s .,Así en la CAS. N<:' 1522-2004-J., bre de 2005(149), se resolvió un caso que refleja esta Iínea de armentación. El proceso se inició con la demanda de Mery ~elgarejo que demandó la,n~lidad de la.esc:rit~ra pública celebrada por el Banco de Crédito y Metodl~ Nana, su espo~o..El . Banco replicó que se encontraba protegido po: la fe p~blica registral, pero la esposa tenía preparado un ardid. En la mtroducción de la escritura pública del contrato de compraventa del inmueble, se consignó que ésta se realizaba a favor de «Metodio Ñaña y señora», pero contradictoriamente el contrato fue suscrito en calidad de soltero; por lo que a su parecer, el Banco conocía del estado civil del contratante y debió exigir la actuación de la esposa. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema resolvió a favor del Banco, teniendo en cuenta la actuación procesal de la demandante y su esposo en otros procesos similares, en los cuales utilizaron el mismo argumento: «Admitida a trámite la demanda, su cónyuge codemandado, contesta la misma aceptando los argumentos de la actora; mientras que el Banco demandado señala que celebró con el hipotecante la escritura

(148)

240

mayo de 1998, p. 876; CAS. NQ3017-2000-LIMA del 30 de mayo de 2001, publicada en la SCEP del 5 de noviembre de 2001, p. 7959 y CAS. Nº 43962001-LIMA del 21 de mayo de 2002, publicada en la SCEP del 30 de setiembre de 2002, pp. 9227-9228. (149) CAS. NQ1522-2004-jUNÍN del 19 de setiembre de 2005, SPIJ 2006. En la CAS. NQ1470-2006-TACNA del 13 de noviembre de 2006, SPIJ 200?, se declaró en un caso similar, donde el cónyuge declaró ser divorciado, SIn tener dicho estado civil.

241

CAPíTULO

pública de constitución de hipoteca debido a que era éste quien aparecía en los registros públicos como único propietario del bien; también refiere que el acto jurídico celebrado ha sido evaluado por los funcionarios de los Registros Públicos, sin que se haya hecho ninguna observación; asimismo, indica que existe connivencia entre la parte actora y el co-demandado, ya que existen otros procesos judiciales, con otras entidades financieras, en donde la sociedad conyugal ha actuado de la misma manera, esto es, uno de los cónyuges ~e prestaba dinero, hipoteca un bien, alegando ser soltero, y cuando se iniciaba el proceso de ejecución de garantías, la actora iniciaba este tipo de proceso, con el objeto de evadir su responsabilidad. [ ...] En lo que respecta al segundo reqUIsIto, debe precisarse que el acto jurídico del matrimonio civil se inscribe en los Registros Civiles, por lo que, por su naturaleza no goza del principio de publicidad registral consagrado en el artículo 2012º del Código Civil, es decir, que su contenido no se presume conocido sin admitir prueba en contrario, no habiéndose acreditado en autos que la entidad financiera recurrente haya tenido conocimiento del verdadero estado civil del codemandado con la actora; en tal sentido, se presum~ que actuó de buena fe; más bien, ha sido la actora la qu~ ha tenido una conducta procesal que no se ajusta a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, puesto que ésta ya ha intentado esta misma acción, habiendo dejado que el proceso cayera en abandono.

2:

LA DISPOSICiÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

La sola mención, en el contrato de compraventa del bien que fuera gravado, del término «Metodio Antonio - aña y Señora» cuando en el documento de compraventa el adquiriente se identifica como soltero, no es suficiente para configurar la nulidad del acto jurídico, puesto que la imprecisión o contradicción de este dato, no es relevante, puesto que ~e este proceso no se plantea la nulidad del contrato de compraventa sino la nulidad de un contrato de hipoteca, que está respaldado por la fe pública registral, que data de 1991, y que fue ratificado, mediante una escritura de ampliación, al año siguiente, en donde el hipotecante señaló, en forma expresa y libre que su condición era la de soltero, por lo que no se le puede exigir a los sujetos económicos más información de la que los mismos registros públicos brindan, porque ello constituiría en un obstáculo imposible de salvar, encareciendo las operaciones crediticias y obstaculizando el sistema de garantías». Así mismo, para lograr la protección registral debe exigirse el despliegue de una diligencia ordinaria, lo cual implica que no es suficiente leer el resumen del asiento registral, sino tomar conocimiento del título archivado que le dio origen. o está de más indicar que el asiento registral sólo es un resumen del título que lo origina y que éste se encuentra a disposición de toda persona, de conformidad con el principio de publicidad registral (Art. 20122 CC, Art. 184º del Reglamento General de los Registros Públicos anterior y Art. II del Titulo Preliminar del actual Reglamento) (150). Es más, la jurisprudencia ha establecido que

(150)

CAS. NQ2356-98-LlMA del 13 de agosto de 1999, publicada en la

SCEP del 12 de noviembre de 1999, pp. 3899-3900. De acuerdo con esta

[ ...] 242

243

JOSÉ ALMEIDA

BRICEÑO

la buena fe del tercero sólo se sustenta en los asientos registrales mas no en anotaciones preventivas'P!'; en todo caso, éstas advierten al tercero de la posible existencia de un derecho preterído'P" (como puede ser el caso de una anotación de demanda que ha de producir efecto sobre el bien inscrito, según el Art. 79Q,inc. 2 del Reglamento de las Inscripciones). Sin embargo, no puede obligarse al tercero a conocer lo inscrito en otra partida abierta en forma irregular'"?'. De acuerdo con el Art. 127Qdel TUO del Reglamento General de los Registros Públicos «toda persona tiene derecho sin expresión de causa a obtener del Registro, previo pago de las tasas registrales correspondientes: la manifestación de las partidas registrales o exhibición de los títulos que conforman el archivo registral o que se encuentran en trámite de inscripción». Lajurisprudencia reciente de la Corte Suprema ha atenuado el rigor de la regla de revisar los títulos archivados de los

interpretación,

VIVARMORALES, Elena, La inscripción registral de la propiedad inmueble en el Perú, PULP, Lima, 1998, Tomo 1, p. 109 Y GUEVARA MA~RIQl"F.,

Rubén, «La fe pública registral: ¿Cómo nos beneficia?», en CONGRESO DE LA REpL-BLlCA, Homenaje aJosé León Barandiarán, Tomo II, Lima, Congreso de la República, Lima 2000, T. II, pp. 558-559. En contra, ALIAGA HUARlPATA, Luis, «La publicidad registral y sus alcances ¿hasta dónde se extiende la publicidad regulada en el Art. 20122 del Código Civil?», en Diálogo con laJurisprudencia, Año 7, NQ36, Lima, 2001, pp. 47-56. (151) CAS. NQ2374-98-SAN ROMÁN:JULIACA del 17 de marzo de 1999, publicada el 23 de abril de 1999 en la SCEP, p. 2929. (152) CAS. NQ291-99-HUAURA del 30 dejunio de 1999, publicada en la SCEP del 1 de septiembre de 1999, p. 3406. (153) Así, lo han señalado: CAS. N2 1418-99-lAMBAYEQUE del 5 de octubre de 1999, publicada en la SCEP del 30 de noviembre de 1999, pp. 4194-4195 Y la CAS. NQ 2556-98-LAMBAYEQUE del 16 de abril de 1999, publicada en la SCEP del 3 de seúembre de 1999, p. 3417.

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CAPíTULO

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMO~IO

SOCIAL

. 1 . cipio de publicidad asientos registrales. senalando que e pnn . . registral se extiende a estos títulos siempre.y cu~nd.~ no existiera información suficiente en el asiento de mscn~clOn '.De otro . establece como regla la revisión obligatona de los rno d o, SI se d 1 f .ibli antecedentes registrales se generaría un d.es.~e ro a a e pu ,l. t 1Yla seguridadj·urídica, en perjUICiOde la econorrua ea regIs ra CAS NQ24- 8 .1 . ~ .. la d e merca do . Los principales argumentos de 2005-LIMAdel 13 de julio de 2006(154) reflejan este cnteno:

«Si bien es verdad, el artículo 184º del Reglamento General de los Registros Públicos, vigente a la fech~ de los hechos, establece que a fin de asegurar la ~ublIcidad de los registros, los funcionarios de los m:smos están obligados a manifestar a toda persona los libros, los títulos archivados, índices y demás documento~ que obran en las oficinas registrales, ello no .d~be ser I?terpretado como que el principio de publicidad ,regIstral se extiende también por regla general a los tltu~~sarchivados sino en el sentido de que dicha extenslOn alcanzará a los títulos archivados si existiera insuficiente información en el asiento de inscripción; dado que estimar que los interesados deben recur~r a .los títulos archivados o a procedimientos extraordmanos para la determinación de con quién están contratan~o ,g~neraría un obstáculo para la realización de actosjundlCos y una elevación del costo de los mismos, ~ocu.al~t~ntaría contra la fe pública registral y la segundad jundlCa». 06(155) En la CAS.Nº 336-2006-LIMAdel 2~ de .agosto de 20. .os emitida por la Sala CivilTransitoria, se smtetlzan estos cnten en los siguientes términos: (154)

CAS. N2 2458-2005-LlMA del 13 de julio de 2006, SPIJ 2007.

(155)

CAS. NQ336-2006-LlMA del 28 de agosto de 2006, SPIJ 2007.

245

JOSÉ AlMEIDA

BRICEÑO

«En tal virtud , armonizand ., . .. o a h ora las disposiciones de derecho de familia y registrales precitadas se concluye: i)

ií)

Que au? cuando el terreno o la fábrica o ambos hay~n sido de ~ropied~d .de una sociedad conyugal SIen los Registros Públicos aparece inscrito solo a nombre de uno de los cónyuges con estado civil de soltero, ~l ad~uiriente de algún derecho respecto del refendo bien o bienes de parte de la referida ~erso~a, conserva su derecho una vez que inscriba este aSIse anule, rescinda o resuelva el del otorgante, lo que significa que con mayor razón el títul del adquiriente no puede ser obieto de nulidad ~ J m d e cua loui qmer declaración de ineficacia' ,

Que

!~precitada

conservación de derechos del adq~Inen~e desaparece si se acredita, ya sea por la misma mfo~mación que aparece en los registros ~ .cualqmer otro medio válido, que dicho adquiriente tomó conocimiento o se encontró en la aptitud de conocer sobre el real estado civil del otorgante y de la naturaleza del bien o bienes que aparecen a su nombre, haciéndose acreedor el título del tercero de la declaración de nulidad n 1 ., ye a extensión que corresponda conforme a los artículos 219º y 224º del Código Civil».

Respecto al momento en que debe exigirse la buena fe al tercero no hay duda q , d e b e aparecer en el momento de d .. ' . , ue esta a quisieron del tercero como también en el m senta el título el" omento que prefi d fi . n e registro, sIempre y cuando el título sea calilCa, o a irmauvamennpor el registrador, supuesto en el cual segun ,el ~Tt. IX del TUO del Reglamento General de los Regis~ tros Públicos, los efectos de la inscripción se retrotraen al _ mento de la presentación del título al registro. mo 246

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICiÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

Con relación a la onerosidad de la prestación, algunos han tratado de negar la posibilidad de incluir dentro del ámbito de la fe pública registral a la hipoteca y otros actos de gravamen. Inicialmente, la Corte Suprema de Justicia, con criterio saludable, estableció que la hipoteca concede un derecho real sobre el bien gravado y es sin duda un contrato oneroso. A manera de ejemplo, en el ~ la Sala Civil Permanente señaló en la l, el Banco que contrató CAS. º 2299_98_LAJ.\1BAYEQUE<156 que con el cónyuge interviniente (Julio Severino) se encuentra protegido por la fe pública registral, porque en el Registro el bien aparecía a nombre del enajenante como soltero. Los argumentos principales de esta resolución son los siguientes: «Como fundamento de la decisión del colegiado, [la Sala de vista] se tomó en cuenta que el matrimonio celebrado entre don Julio Ismael Severino Bazán y doña María Alejandra Malinarich Gonzales tuvo lugar el 27 de octubre de 1991 y al considerar que el bien submateria había sido adquirido en fecha posterior,

(156) CAS. Tº2299-98-LAMBAYEQUEdel 5 de mayo de 1999, publicada en la SCEP del 17 de agosto de 1999, p. 3216. Este criterio ha sido seguido en otras sentencias: CAS. Nº 1337-98 LAMBAYEQUEdel 2 de diciembre de 1998, publicada en la SCEP del8 de enero de 1999, pp. 2442-2443; CAS. Nº 1845-2000jU Í del 28 de noviembre de 2000, publicada en la SCEP del 30 de enero de 2001, pp. 6811-6812 Y CAS. Nº 2942-98-PUNO del 28 de mayo de 1999, publicada en la SCEP del 26 de octubre de 1999, pp. 38063808. Asimismo, corroboran el criterio antes expuesto, para otros casos similares: CAS. Nº 691-97-LIMA del 20 de agosto de 1998, publicada en la SCEP del 15 de octubre de 1998, pp. 1922-1923; CAS. Nº 3186-98-LA LIBERTADdel 9 de agosto de 1999, publicada en la SCEP del 21 de setiembre de 1999, p. 3568; CAS. Nº 2250-2001-CAMANÁ-AREQUIPAdel22 de octubre de 2001, publicada en la SCEP del 2 de febrero de 2002, p. 8299 Y CAS. Nº 793-2001-TACNAdel 8 de noviembre de 2001, publicada en la SCEP del 1 de marzo de 2002, p. 8484.

247

CAPíTULO JOSÉ ALMEIDA

por aplicación del Art. 3102 del Código Civil, aquel tenía la condición de bien social y por consiguiente de propiedad de la sociedad conyugal conformada por los esposos Severino-Malinarich. Aparece como un hecho acreditado que en la adquisición del bien sub litis según escritura pública cuyo testimonio corre de fojas 2 a 4, con fecha 10 dejunio de 1992 se consigna que don Julio Ismael Severino Bazán tiene la condición de soltero. En aplicación de los Arts. 2013!ly 2014Qdel Código Civil, se tiene que el Banco acreedor al momento de ser otorgada la fianza con garantía hipotecaria sobre el inmueble comprado e inscrito a favor de don Julio Ismael Severino Bazán como titular del derecho en calidad de soltero y no en nombre de la sociedad conyugal que conforma con la actora, se tiene protegido su derecho por los principios registrales contenidos en las normas sustantivas anotadas de legitimidad, fe pública registral y prioridad; esto significa que al suscribirse la garantía hipotecaria, la entidad acreedora respecto del bien inscrito a nombre de una persona facultada para hacerlo, mantiene su derecho una vez inscrito aunque el titular sea casado y se trate de un b.i:n ~o~ial,quedando sin efecto entonces la presunc~on zu~ tantum de calificar el bien hipotecado como bien social, ya que como se ha señalado, el bien no se encuentra inscrito a nombre de la sociedad conyugal». Sin embargo, algunas casaciones entran en contradicción: la CASo NQ 1666-2001-JUNÍN y la CASo NQ 1245-99lAMBAYEQUEdicen que la hipoteca adolece de nulidad y ésta prevalece sobre la fe pública registral; mientras que la CAS.NQ 2714-2001-LALIBERTADY la CASoN!!4148-2001-LALIBERTAD 248

2:

LA OlSPOSIClÓ'J

ARBITRARIA

DEL PATRIMOt'>IO

SOCIAL

BRICEÑO

prosiguen el criterio general expuesto(157).:r\uev~mente ,:rge la realización de un Pleno Casatorio para determmar cual es el criterio correcto. En cambio, el supuesto descrito en el~, por tratarse de la disposición del patrimonio social a título gratuito, se encuentra claramente fuera de la esfera de la fe pública registral. En consecuencia, en nuestro sistema jurídico, si la disposición arbitraria del patrimonio social se ha realizado a título gratuito, el cónyuge puede lograr su nulidad y el tercero -aunque guiado por la fe pública del registro- no merecerá ningún tipo de protección. Algunos autores critican el hecho que nuestra legisQ lación, al recoger en su integridad el Art. 34 de la Ley HipotecaQ ria española -que es el antecedente del Art. 2014 del CC-, no se haya detenido a analizar este aspecto'P". ¿Por qué se restringe la fe pública registral en función de la onerosidad del título, excluyéndose a las adquisiciones que se concretan a título gratuito? A nuestro parecer, no existe una verdadera justificación. En todo caso, esta limitación puede ser superada en la realidad, como puede apreciarse en elmmJl, en el cual surge una

(157) CAS. º 1666-2001:JUNÍN del 10 de octubre de 2001, publicada en la SCEP del 2 de febrero de 2002, p. 8289; CASo Nº 1245-99LAMBAYEQUE del 7 de setiembre de 2001, publicada en la SCEP del 2 de mayo de 2002, p. 8700; CAS. Nº 2714-2001-LA LIBERTAD del 7 de diciembre de 2001, publicada en la SCEP del 1 de abril de 2002, p. 8523 y CAS. Nº 4148-2001-LA LIBERTAD del 24 de mayo de 2002, publicada en la SCEP del 1 de octubre de 2002, pp. 9399-9400. En la CAS. Nº 3273-2001-LIMA del 16 de setiembre de 2002, publicada en la SCEP de13 de diciembre de 2002, p. 9688, se recoge un ea o interesante: el recurrente -uno de los demandados- no invocó er tercero registral en la apelación de la re olución de primera instancia que le era de favorable; la ala ivil Permanente señaló que tal argumento ya no podía hacer e valer en ea ación. (158) PIZARRO ARA~GL"RE~, Luis, «Reflexiones Públicos», en Thémis, NI!30,1998, pp. 221-229.

obre el Libro de Registros 249

JOSÉ AlMEIDA

situación peculiar::l esposo (Juan Rojas) dispuso unilateralmj-j-, te .a favor d~ sus hijos César y María dos inmuebles sociales al pnmero a titulo de compraventa ya la segunda a título d '. . de leaí . e antICIpO e egluma. Si bien ninguno de ellos podía alega b f l. r uena e, os terceros adquirentes a título oneroso que cont t hii , ra aron con 1os . · ~os 1 SIse . encuentran protegidos por la fe públi ica regis. tra,1 b aJo os siguientes argumentos: «Las sentencias de ~érito han establecido que los compradores de los mmuebles lo hicieron de buena ~e, tanto más si al momento de la transferencia de mmueble otorgada por los señores Rojas León, no figura~a anotada medida judicial o extrajudicial en el RegI~tr~ de la Propiedad Inmueble que en alguna forma limitara su libre disposición o dominio y siendo que la buena fe se presume y que no se ha demostr~do que los adquirentes no la hubieran tenido, es evidente que esas transferencias, hechas a título oneroso, están amparadas por la fe del Registro Público y no pueden ser invalidadas, por aplicación de lo dispu~sto ~n el Art. 2014º del CC, por lo que no se pued~ invalidar las escrituras de transferencia de domimo otorgadas, respectivamente a favor de Luis Alberto Aldana Saavedra y su esposa y Francisca Moza Vásquez [terceros] . La ap:eciaci~n fáctica hecha en la sentencia de primera I~stanc~a en el sentido de que don César Enrique ,ROjas L~on y doña María Catalina Rojas León conocian del vmculo matrimonial de su señor padre con !a demandante, no ha sido modificada por la de vista, o que ~e d~?e tener en cuenta para el efecto de la ~~t~rmmaclOn de responsabilidades por daños y perJUICIOS,conforme al Art. 969º del CC». 250

CAPíTULO

BRICEÑO

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

En otros casos, en cambio, es evidente que el tercero no está amparado por la fe pública registral, en razón de que conocía del estado civil de su contratante. Es el caso consignado en la CAS. º 1692-2003-PIURA del 8 de junio de 2004(159),en el que se consigna el caso de los sobrinos Marco y Óscar Morán que adquirieron de su tío un inmueble mediante compraventa. Ellos alegaron estar amparados por la fe pública registral. La Sala desestimó su pretensión, en razón del vínculo familiar que les une con el vendedor y el hecho que vivían cerca de los esposos. Finalizamos este acápite con un caso interesante que refleja la complejidad de los casos prácticos que se presentan ante nuestros tribunales. En este caso, la demandante Carmen Ávalos solicita al órgano jurisdiccional que se declare la nulidad de los actos celebrados por su esposo, José Vilela, por los cuales hipotecó el inmueble social a favor de la empresa Sociedad Comercial Agrícola del Perú S.A. En el transcurso del proceso, se acreditó que el contrato de mutuo con garantía hipotecaria fue celebrado por José Vilela y esposa, pero esta no era la demandante, sino Juana Pinillos, que se hizo pasar como tal, suponemos aun cuando no lo diga la sentencia, pero es práctica comúnfraguando documentos o sorprendiendo a algún registrador civil. En un anterior proceso judicial, la demandante había obtenido sentencia a su favor para que se declare la nulidad del asiento registral por el cual se inscribe la propiedad del inmueble a nombre de su esposo y Juana Pinillos. Sin perjuicio de este antecedente, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema en la CAS. Nº 1884-2002-LA LIBERTAD del 21 de octubre de 2003(160)razona que la empresa actuó como tercero de bue-

(159)

CAS.

(160)

CAS. Nº 1884-2002-LA LIBERTAD del 21 de octubre de 2003, SPI}

s

1692-2003-PIURA del 8 dejunio

de 2004, SPI} 2004.

2004.

251

JOSÉ ALMEIDA

BRICEt\:O

na fe, ya que no se acreditó que conocía la inexactitud del registro, y por lo tanto se encuentra amparada por la fe pública registral. A nuestro parecer, la sentencia sigue el criterio antes señalado, pero era preferible que agregase un considerando al menos, respecto de cuál era la vía donde debía discutir su derecho (de acuerdo con los términos del presente libro, a la demandante le corresponde el reembolso por parte de su consorte, conforme veremos en el acápite 4.1 del presente capítulo). Desalojo del cónyuge como ocupante precario En caso el tercero haya logrado acreditar estar amparado por la fe pública registral a través de un proceso judicial, mantendrá la propiedad del bien adquirido. Frente a ello, el cónyuge no interviniente no podrá invocar cualquier otro argumento a su favor para conservar la posesión o propiedad del bien. Extraído el bien del patrimonio social, no forma parte de este patrimonio, ha sido transferido a un tercero. El cónyuge, como lo venimos señalando, únicamente tiene derecho al reembolso del valor del bien extraído del patrimonio social. En la práctica judicial, se han venido registrando procesos de desalojo dirigidos contra cónyuges no intervinientes en actos de disposición del patrimonio social. Estos cónyuges argumentan que el bien social fue enajenado sin su consentimiento y por lo tanto están aquejados de nulidad; pero los terceros argumentan con éxito que se encontraban amparados por la fe pública registral y en mérito de ello, siendo propietarios con título inscrito en los r gistras públicos, solicitan el de alojo por ocupación precaria contra los ocupantes, d ntro de los cuales s ncuentran los r feridos cónyuges. A manera d ilustración, n la CASo Q 292-2006-LlMA d 1 30 d octubre de 2006, se consigna el siguiente caso: el 27 de setiembre del 2000, los hermanos Dalmacio y Reynaldo olasco

252

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICiÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

egaron en dación de pago al 'NBK Bank un inmueble, a fin en tr 1 R . er cancelar una deuda con dicho Banco. En os egIsd de po , , . .' Públicos apareCIan como los urucos propietarios y se pretraS . mo solteros Una vez inscrita su propiedad, el 0lBK co on sentar . Bank inició un proceso de desalojo contra los ocupantes del inmueble. Entre estos ocupantes se encontrab~ OIga Javier, esa de Dalmacio olasco, que obtuvo sentencia favorable por pos dí ... la Sala de segunda instancia, en razón de que no se po la argu~r -al arecer de dicha Sala- que la esposa era ocupante precana del ;nmueble, mucho más si se tiene en cuenta que e.lbien era arte del patrimonio social de los esposos Nolasco-Iavier y no se p d d ., contaba con el asentimiento de los dos en el contrato e ación en pago celebrado con el NBK Bank. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema casó la sentencia de vista, señalando que dicho Banco estaba amparado en la fe pública registral y que la única defensa posible frente al desalojo iniciado por quien aparece como titular consistía en presentar un título, a partir del cual le permita poseer el inmueble, como puede ser un co~trato de arrendamiento, usufructo, uso, comodato, superficie o anticresis -entre otros-; y descartó que el solo estado o condición familiar del ocupante pueda generar este título: «Es por ello que cuando la litisconsorte neces~ria pasiva alega en su escrito de contestación de fajas 380 ser casada con el codemandado Dalmacio Nolasco olasco y que, por ello, el bien sub litis es uno que pertenece a la sociedad de gananciales, en el fondo cuestiona la adquisición operada a favor del NBK~ank y su título de propietario, pero sin oponer otro titulo más que el [que] emana del acta de matrimonio de fajas 74, no obstante que en autos no se debate el.e;tado civil de los ocupantes del bien ni tampoco SI este integra o no los bienes comunes de la sociedad conyugal, sino únicamente si sus ocupantes detentan o no

253

JOSÉ AlMEIDA

BRICEÑO

un título que justifique su posesión; en consecuencia, se advierte que las instancias de mérito, en su razonamiento, han procedido inaplicando los artículos 2013º y 20 14º del Código Civil, pues no consideran que no es esta vía para dilucidar la validez de los actos jurídicos mediante los cuales la actora adquirió la titularidad sobre el bien, los cuales surten plenamente sus efectos en tanto no se declare judicialmente su invalidez. En ese sentido, no correspondía a las instancias de mérito establecer si el inmueble pertenecía o no a la sociedad de gananciales, o si éste fue transferido al NBK Bank (y posteriormente al Banco Financiero del Perú) con anuencia o no de uno de sus integrantes, sino si la litisconsorte -en defecto de sus coernplazados- detentaba el inmueble al amparo de un título específico; y siendo que en autos tal título que esgrime es la sola condición de casada con uno de los codemandados, aquella circunstancia no otorga título ni derecho alguno para legitimar la posesión precaria de la emplazada, pues desde que los propietarios del bien decid~ero~_d~rlo en pago a tercera persona, se generó la obl~gacl?n meludible de transferirlo a su adquiriente, qmen tiene el derecho de solicitar su restitución. En cons~cuen~ia, habiéndose acreditado en autos que Olga joyíta javier Zárate ocupa el bien sub litis en calidad de precaria y que los codemandados Dalmacio S~tur~o y Reynaldo Nolasco Nolasco ya no son propietanos del mismo por haberlo dado en pago a favor de NBK Bank y éste, a su vez, haberlo transferido a favor del Banco Financiero del Perú, la demanda resul~~ fundada, por lo que debe declararse así en aplicacion de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 396º del Código Procesal Civil». 254

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

El caso del conviviente sujeto a desalojo En contradicción al criterio antes señalado, por el cual se arguye que la sola condición de casado no puede ser considerada como título para afrontar un desalojo por ocupación precaria, hemos hallado un caso judicial en el cual un conviviente pudo hacer valer su condición, para eliminar la posibilidad que sea considerado precario. Esto se puede únicamente llevar a cabo cuando la unión de hecho ha sido declarada judicialmente o al menos existe un proceso judicial en trámite, como ocurre en este caso. Emilia Gallardo solicitó en la vía judicial, el desalojo por ocupante precaria a la conviviente supérstite de su padre, Elisa Cerda. Dicha persona formó una unión de hecho con Jorge Gallardo, pero no logró su declaración a nivel judicial. A la muerte de éste, su hija solicitó el desalojo. La demandada logró vencer esta argumentación, aludiendo que existía un proceso judicial en trámite en el cual se estaba analizando la declaración de convivencia (y por cierto, la propiedad del bien) y mientras que ello no suceda en sentido contrario, no se le podía considerar como precaria. Así se estableció en la CAS. Nº 3111-2006TACNA del 13 de octubre de 2006(161): «Tanto la sentencia de primera Instancia como la de segunda Instancia, han declarado la calidad de propietarios que tienen los demandantes (al haber adquirido el inmueble por sucesión del causante Jorge Gallardo Paredes), pero, al momento de establecer la precariedad han señalado que tal supuesto aún no se encuentra acreditado, al existir un proceso judicial en trámite, en donde la parte emplazada ha demandado

(161)

CAS. N2 31l1-2006-TACNA del 13 de octubre de 2006, SPIJ 2007.

255

JOSÉ AlMEIDA

BRICE - O

el reconocimiento de unión de hecho y liquidación de ociedad de gananciales que habría tenido con don Jorge Gallardo Paredes. [...] De lo expuesto se puede concluir que, de declararse la nulidad de la sentencia, por un supuesto de incongruencia entre lo que se expresa en lafundamentación fáctica y lo que se decide, y, disponerse que se dicte nueva sentencia, en nada se afectaría el sentido de la decisión final, ya que de remediarse la incongruencia que se denuncia, con ello no se llega a desvirtuar lo alegado por la demandada, sino hasta que se resuelva el proceso judicial antes indicado, mas aún si de tal proceso se va a expedir una entencia declarativa, por lo que no corresponde disponer su desalojo hasta que su situación jurídica haya quedado definida en el proceso de reconocimiento de unión de hecho; entonces carecerá de interés jurídico y atentará contra el principio de economía procesal declarar la nulidad de la de vista para que ésta se pronuncie sobre una situación -la precariedad- que no se encuentra acreditada, mientras no se resuelva en definitiva el proceso de reconocimiento de unión de hecho».

El conviviente frente al tercero registral En algún caso registrado en las ejecutorias supremas, se observa qu: una vez declarada la convivencia en la vía judicial, los conc~bll10s buscan hacer valer dicha condición para evitar qu: el bien sea embargado y luego ejecutado por deudas contraídas ~?r uno de ellos. Esta situación no varía el hecho que la protecclOn establecida por la fe pública registral protege a los

CAPíTULO

LA DISPOSICló,

ARBITRARIA

DEL PATRIMO,

10 SOCIAL

terceros, independiente de si la sociedad de gananciales nace del matrimonio o de una unión de hecho debidamente declarada en la víajudicial. Así se estableció en la CAS. N'-' 201.1-2001leA del 5 de diciembre de 2003(162), en el proceso seguido por Felicitas Gamboa contra Manuel Lengua, sobre tercería de proiedad. En este proceso se discutió si la declaración de convi~encia que acredita que la demandante tiene una unión de hecho con Marcial Barrientos desde 1987, podía ser opuesta al embargo dictado sobre la parcela «Fundo Santiago», a fin de garantizar la deuda impaga asumida por éste a Manuel Lengua. La demandante alegaba que la deuda fue hecha sin su consentimiento y por lo tanto no podían afectar el patrimonio social por una deuda privativa de su pareja. El acreedor tuvo el cuidado de verificar que el inmueble esté inscrito únicamente a favor de Marcial Barrientos, y por ello el órgano jurisdiccional concedió el embargo sobre dicho bien. Confrontados ambos argumentos, la Sala declaró infundada la demanda por los siguientes argumentos: «La sentencias de mérito, al declarar fundada la demanda, han establecido que el bien materia de tercería fue independizado a favor de don Marcial Barrientos Ramírez por contrato del 4 de julio de 1989, e inscritos en los Registros Públicos el 3 de junio de 1994, esto es, que fue adquirido dentro de la relación de convivencia con la accionante, reconocida desde 1987 por sentencia expedida en el proceso número 844-99, sobre declaración judicial de convivencia, resultando por tanto de aplicación el artículo 315 del Código Civil que eñala que para disponer de los bie-

(162)

256

2:

CAS. NQ 2011-2001-ICA del 5 de diciembre

de 2003, SPIJ 2004.

257

CAPíTULO

nes sociales o gravarlos, se requiere del marido y la mujer.

la intervención

El artículo 2012Q del Código Civil recoge el principio de publicidad registral que dispone que toda persona tiene conocimiento de las inscripciones, publicidad que no sólo está referida al contenido de los Asientos Registrales sino también a los títulos que dieron origen a la inscripción. El artículo 2014Q del Código Civil y artículo VIII del Reglamento General de los Registros Públicos reconocen el principio de la buena fe registral, la que se presume mientras no se pruebe que el tercero tenía conocimiento de la inexactitud del registro, y que se sustenta en la necesidad de proteger las adquisiciones que por negocio jurídico afectúen terceros adquirientes y que se hayan producido confiados en el contenido del registro. Al haberse establecido en autos que la accionante era propietaria del bien materia de ejecución, a pesar de que dicha situación no aparecía anotada en el Registro de la Propiedad Inmueble, resulta evidente que el impugnante, al momento de contratar los préstamos otorgados a favor del codemandado Germán Barrientos, desconocía de la calidad de bien social que ostentaba el inmueble aceptado en garantía, lo cual se encuentra corroborado con la ficha registral obrante a fojas' 49. Siendo ello así, es claro que don Manuel Alejandro Lengua Zambrano contrató con quien aparecía con derecho inscrito en el Registro Público, como único propietario de la parcela número 33, negocio jurídico que se encuentra amparado por el principio de buena 258

2:

LA DISPOSICiÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

Q

fe registral contenido en el artículo 2014 del Código Civil, siendo procedente que se continúe con la ejecución del bien dado en garantía. No obstante se haya reconocido judicialmente la unión de hecho establecida desde el año 1987 entre la accionante y don Germán Barrientos Ramírez, tal situación no puede ser opuesta a la ejecución ordenada dentro del expediente acompañado, al no haber acreditado la demandante la titularidad del predio sub litis conforme lo prescribe el artículo 923Q del Código Civil».

El caso del bígamo La fe pública registral ampara al tercero de buena fe inclusive frente a la eventualidad que los vendedores de un bien no sean realmente sus propietarios. Esto sucede en mayor o menor medida, mando una pareja matri:nonial inscribe la propiedad de un inmueble como suyo a sabiendas que a partir del momento de la adquisición correspondía a un matrimonio anterior al de uno de ellos. Esto se puede generar en los casos de bigamia, que como sabemos origina la nulidad del segundo matrimonio. El siguiente caso refleja esta situación: el 22 de enero de 1955, Dora Arrasco contrajo matrimonio con Gustavo Cancino. En 1975, el esposo adquirió un inmueble. El 4 de enero de 1988, sin disolver su vínculo matrimonial, Gustavo Cancino contrae segundas nupcias con Herlinda Sánchez. El 9 de julio de 1993, los esposos Cancino-Sánchez disponen del inmueble como si fuese uno generado durante la vigencia de la sociedad de gananciales a favor de Adriano Baca y OIga Camacho. Dora Arrasco presentó demanda de nulidad de la compraventa y de los asientos registrales, amparándose que el segundo matrimonio era inválido y por lo tanto el bien inmueble dispuesto corresponde a la sociedad de gananciales del primer matrimonio. La Sala 259

JOSÉ AlMEIDA

BRICEÑO

corroboró esta condición, sin embargo, señaló que los esposos Baca-Camacho al haber actuado en función de aquello que aparecía en los registros, estaban amparados por la fe pública registra!:

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMO

'10 SOCIAL

ha carta fue remitida a los demandados compradoc d. res con posterioridad a la transferencia del pre 10».

Aceptación tácita del cónyuge no interviniente 3..3 «Con respecto a la denuncia de inaplicación del artículo 219Q, incisos 1,3 Y4 del Código Civil, a la conclusión fáctica establecida; corresponde señalar que dicha norma en sus supuestos denunciados, de aplicarse, no va a variar la decisión adoptada en la sentencia, por cuanto el artículo 2014Q del Código Civil tiene prescrito que 'el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de personas que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos'; esto es, conforme lo ha determinado la Sala de mérito, si bien el inmueble sub litis es bien social y el demandado don Gustavo Cancino Mendoza lo vendió sin consentimiento de su cónyuge la actora doña Dora Arrasco Cruz, no es menos verdad que en el Registro de la Propiedad Inmueble no figuraban ambos como propietarios registrales sino el demandado Gustavo Cancino Mendoza y su codemandada doña Herlinda Sánchez Salazar; habiendo adquirido el inmueble los codemandados compradores bajo la buena fe registral, que consagra el artículo 2014º del Código Civil que contiene la presunción iuris tantum de la buena fe; y que recién en el mes de junio del año de 1997 la accionante remitió al demandado Baca Espinoza carta notarial mediante la cual pone en su conocimiento que se ha llegado a enterar que han adquirido el predio sub litis, lo que determina que di260

Resulta interesante que el criterio establecido por la Corte Suprema deJusti~ia, po.r el cual los actos de disposición ar.bitra. del patrimomo SOCIalson nulos, se vea atenuado en CIertos nos d· di supuestos en los cuales los terceros logran acre itar me iante tas procesales que el asentimiento del cónyuge no argu men . ~ . ~ interviniente si bien no se realizó expresamente, se mamfesto en forma tácita. Es cierto que el Art. 141 Q CC admite que la manifestación de la voluntad sea expresa o tácita, produciéndose esta última, cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una actitud o de circunstancias de comportamiento que revelan su existencia. Sin embargo, este tipo de manifestación resulta discutible dentro del marco establecido por el Art. 315º del CC que requiere la «intervención» conjunta de los cónyuges en los actos de disposición del patrimonio social. A manera de ejemplo, resumimos el caso expuesto por Belaunde'P": Oscar Linares celebró un contrato de compraventa con los cónyuges Armando Manco y María Flores, el 20 de jul~o de 1988, por el cual se obligó a transferirles un inmue~le sin indicarles que éste fue adquirido durante su matrimom~ con Lotty Burckhardt bajo el régimen de sociedad de gananCIales. El pago total del precio del bien (US$ 45,000) fue pact~~o en cuatro armadas: la inicial fue pagada antes de la celebración del

(163)BELAlJNDE MOREYRA, «¿Nulidad o resolución de compraventa, .de ,U? bien social? De cómo una transacción simple terminó en un enredo Jundl-

co», cit., pp. 11-16.

261

JOSÉ ALMEIDA

CAPíTULO

BRICEÑO

contrato, por US$ 13,750 Yel remanente debió ser pagado el 30 de mayo de 1989 (US$ 22,000), el 30 de agosto de 1989 (US$ 5,000) y el 30 de diciembre de 1989 (US$ 4,250). La esposa demandó la nulidad del acto de disposición celebrado por su esposo sin su consentimiento. Los terceros argumentaron que la demandante reconoció los recibos de pago de la cuota inicial y por lo tanto asintió la venta del inmueble social. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, atendiendo el recurso de nulidad (Exp. Nº 973-93-LlMA) acogió este argumento, señalando lo siguiente: «Si bien es verdad, la demandante doña Lotty Burckhardt Sayán de Linares no ha suscrito el contrato privado de compraventa q~e en copia obra a fajas 3, por el cual su cónyuge don Oscar Linares Núñez transfiere la propiedad del inmueble sito en Caminos del Inca Nº 2476, Monterrico Sur, distrito de Santiago de Surco, a favor de los demandados, sin embargo, de los documentos de fajas 116, 117 y 118, que han sido reconocidos por la citada demandante en la diligencia de fajas 134 vuelta, fluye claramente que ella no sólo reconocía la aludida compraventa, sino también ha recibido dinero como parte del pago del precio del bien materia de autos, debiendo conducirse [sic] que el contrato privado de fajas 3 constituye la culminación de las tr.atativas que venían celebrando para la venta del predIO. [...] En tal virtud, la demanda sobre nulidad de compraventa planteada debe desestimarse». Comentando

(164)

262

esta sentencia, Belaunde''?",

Ibídem, p. 30.

señala:

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

«El problema fundamental de los casos analizados fue uno de probanza más que de interpretación legal. La Corte Suprema falló correctamente cuando desestimó la demanda de nulidad del contrato de compraventa por la supuesta no intervención de la esposa. Este aspecto quedó irrefutablemente desvirtuado con los recibos que ella misma había suscrito por las sumas pagadas a cuenta del precio y que luego reconoció en el proceso, aunque quiso darles una significación distinta de la expresada en su contenido. El consentimiento no sólo se manifiesta con la firma de los documentos formales de compraventa. También puede evidenciarse mediante otras acciones y la recepción de dinero en pago parcial del precio sin lugar a dudas es una manera de expresar el consentimiento. [oo.] Por consiguiente se puede formular la siguiente sumilla del caso en cuestión: Cuando se vende un bien inmueble social para cumplir la exigencia establecida en el artículo 315º del Código Civil en el sentido de que marido y mujer consientan la transacción, no es indispensable la firma de los dos cónyuges en el contrato, si la voluntad de ambos es demostrada por otros medios, tales como la recepción conjunta de dinero a cuenta del precio pactado». En la línea de este antecedente, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema se pronunció en la CASo Nº 2614-2005AREQUIPA del 19 dejunio de 2006(165)a favor del asentimiento

(165)

CAS.N2 2614-2005-AREQUIPAdel19 dejunio de 2006, SPIJ 2006.

263

JOSÉ ALMEIDA

BRICE-'O

tácito del cónyuge no interviniente. Juan Pan se casó Con Ambrocia Almonte. Haciéndose pasar como soltera y sin intervención de su consorte, esta última adquirió un inmueble de Maria Casapia. Posteriormente, Ambrocia Almonte subdividió el inmueble en dos lotes y los vendió, uno de ellos a favor de Eleuterio Carpio (lote 1) y el otro a favor de Maria Casapia (lote 1-A). En autos se acreditó que el esposo tuvo conocimiento de la primera transferencia, mas no de la segunda. Precisamente, el esposo solicitó la nulidad de este último acto por no haber intervenido. La Sala razona que si el esposo conoció sobre la subdivisión y la venta de uno de los lotes es presumible que también conoció la suerte del otro lote. No cambia este resultado el hecho que la esposa se haya allanado a la demanda, seguramente en contubernio con su consorte. A ello agregó que en casación no se podían actuar: «Las instancias de mérito estiman que si el actor tuvo conocimiento y participación activa en la adquisición, sub división y venta del lote 1, con más razón debía tener conocimiento de la venta del lote 1-A, más aún si de la valoración del contenido de las cintas magnetofónicas ofrecidas por la codemandada María Casapia, se advierte que el demandante autorizó la transferencia del lote 1-Apor parte de su esposa a cambio de que la señora Casapia le pagara una suma de dinero, esto es, el actor consintió la celebración del acto cuya nulidad pretende, a todo lo cual se agrega el silencio de la codemandada Ambrocia Almonte durante la secuela del proceso, al que se apersonó con la única finalidad de allanarse a la demanda de nulidad interpuesta por su cónyuge; por tanto -concluyen-, habiendo permitido el actor que la transferencia del lote 1-A se realice a favor de la señora Casapia, no puede propiciar ahora su nulidad aprovechándose de lo establecido en el 264

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

artículo 3152 del Código Civil, pues ello implicaría un abuso del derecho que la ley prohíbe. La conclusión a que arriban las instancias de mérito bre el conocimiento que tuvo el actor de la venta del so ., . d bien sub litis, es producto de la valoración conjunta e los hechos expuestos y las pruebas actuadas en el proceso, las cuales no pueden ser objeto de nueva valoraión a través de la causal material propuesta, que presCl d . . cinde del análisis de aquello que estima proba o, mcidiendo únicamente en aspectos de iure o de derecho». En otros casos, la manifestación de voluntad del cóny~~e no interviniente se presenta como una verdad~ra.confirmaclO~ del acto celebrado por su consorte sin su asentirniento, com? SI se tratase de un acto anulable, de acuerdo con lo establecido por e.1Art 2312 del CC , el mismo que. señala que «el ,.acto queda , también confirmado si la parte a qUlen correspondía la acción de anulación , conociendo la causal, lo hubiese en . ejecutado , forma total o parcial, o si existen hechos que l.neqUlvoca~ente pongan de manifiesto la intención de re~~nClar a la acción de anulabilidad». Este criterio ha sido admitido por la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que, como ~epe.timos, ha ?pta~o por la nulidad del acto de disposición arbItrano d~l pammorno social y por lo tanto, por la insubsanabilidad de dicho acto. Así, Favio Tejada celebró con Elva Aguirre un cont~ato de . d un mmuecompraventa del 50% de los derechos y aCClOnes e , . e 1 ven d e d o r se nego a enble social. Una vez pagado el preclO, .. tregar el inmueble, alegando que en la compraventa no partl~lpó su cónyuge (Augusta Moncada). La compradora dem.and.~ a . d e escn .t ura d e independIzaClon ambos esposos el otorgamIento . de la parte que le correspondía del inmueble socIal: Para. tal efecto, señaló que si bien la esposa del vendedor no mtervmo 265

JOSÉ ALMEIDA

CAPíTULO

BRICEÑO

en el contrato. de compraventa ' ésta consintió la transfer . L' enCla cuando la mmuta de compraventa fue elevada a escritura pública. Este argumento fue aceptado por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en la CAS. Nº 2792-98-LlMA(l66) conforme se puede ver a continuación: ' «Las sentencias inferiores han establecido como hecho probado que si bien la cónyuge del recurrente no ha intervenido en el contrato de compraventa, tal formalidad legal ha sido convalidada con la suscripción de dicho cónyuge de la escritura de compraventa que corre a fojas 208 a 235 de fecha 31 de enero de 1995 , precisándose además que en ella corre como inserta la voluntad del emplazado de haber transferido a la actora e150% de los derechos y acciones del inmueble sub litis. . Doña Augusta Luzgarda Moncada Cabanillas, esposa del demandado, fue integrada a la relación procesal en su calidad de litisconsorcio necesario y no habiendo contestado la demanda se le declaró rebelde no habiendo apelado de la sentencia de primera instancia, ni interpuesto recurso de casación, ni objetado el contrato de compraventa, por lo que no resulta de aplicación el artículo 315º del Código Civil». _. Este último argumento de carácter procesal también es válido para el tercero que afirmó en su demanda o reconvención ~puede ser de otorgamiento de escritura pública o entrega del. blen- que el acto de disposición arbitrario del patrimonio SOCIalcontaba con el asentimiento del cónyuge no interviniente;

CAS. Nº 2792-98-LIMA del 1 de junio de 1999, publicada SCEP del 14 de setiembre de 1999, pp. 3522-3523. (166)

266

en la

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

en este supuesto, declarada la rebeldía de dicho cónyuge, ésta producirá a favor del tercero una presunción relativa sobre lo afirmado en sus actos postulatorios. Así lo establece el Art. 461º del CPC, que posee las siguientes excepciones, cuando: i) habiendo varios emplazados, alguno contesta la demanda; ii) la pretensión se sustente en un derecho indisponible; iii) requiriendo la ley que la pretensión demandada se pruebe con documento, éste no fue acompañado a la demanda; o iv) eljuez declare, en resolución motivada, que no le producen convicción. De tal manera, que si no se presenta ninguna de las excepciones establecidas por dicho artículo, la afirmación del tercero, en el sentido que el cónyuge no interviniente sí asintió el acto de disposición arbitrario, quedará firme. Es el caso de Uladismiro Pajares, quien vendió un inmueble social a favor de Ramón Aguilar. La esposa del vendedor (María Sánchez) le advierte que por tratarse de un inmueble adquirido bajo el régimen de sociedad de gananciales debe contar con su asentimiento, por lo que éste se desiste de perfeccionar dicho contrato. Como consecuencia de ello, el comprador demandó el otorgamiento de escritura pública a los dos esposos. Ya en el proceso, ninguno de los esposos contestaron oportunamente la demanda y fueron declarados rebeldes; sin embargo, la esposa del vendedor interpuso casación y argumentó que el acto de disposición del patrimonio social celebrado por su esposo a favor del demandante era nulo, por no haber contado con su asentimiento. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia rechazó la denuncia de in aplicación del Art. 315º del CC, señalando en la CASo N'º 1034-98CAJAMARCA(167), lo siguiente:

(167) CAS. Nº 1034-98-CAJAMARCA del 7 de abril de 1999, publicada en la SCEP del 29 de agosto de 1999, pp. 3363-3364.

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JOSÉ ALMEIDA

BRICEÑO

«La Sala de mérito ha establecido que los esposos Uladismiro Pajares Machuca y María Erika Sánchez de Pajares fueron declarados rebeldes, por no haber contestado la demanda y que como lo dispone el artículo 471Q del Código Procesal Civil es efecto de tal declaración la presunción legal relativa sobre los hechos expuestos en la demanda. Agrega, que no existe en autos prueba alguna que desvirtúe dicha presunción; que, además, la codemandada no ha cuestionado la validez de los instrumentos con lo que se recauda la demanda y el transcurso del tiempo desde la suscripción del documento hasta la fecha de interposición; llevan al consentimiento que ella estuvo de acuerdo con la transferencia de dominio a que se contrae este juicio. Pretender modificar los argumentos glosados, requeriría de un reexamen de los hechos y una nueva valoración de la prueba, pretensión que resulta ajena al sistema casatorio». Los Registros Públicos han utilizado muchas veces el argumento del asentimiento tácito del cónyuge no interviniente para salvar los vacíos que se pudiesen crear en el tracto sucesivo en la transferencia de los inmuebles. Así,] osé Chanduví y Nora Regalado adquirieron la propiedad de un inmueble ubicado en Huacho, mediante compraventa celebrada con los espososVíctor ]amanca y Lucila Vásquez. El Registrador Público observó la solicitud de inscripción presentada por]osé Chanduví, señalando que de la revisión de la partida registral, se observa que el anterior asiento corresponde a la inscripción de la adjudicación realizada por la Asociación Pro Vivienda Residencial «Los Cisnes» del 9 de octubre de 1986 a favor de Víctor Jamanca, en la que no actuó conjuntamente con su cónyuge Lucila Vásquez. 268

CAPíTULO

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LA DISPOSICló

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

A te la apelación presentada por el solicitante, el Tribunal R:gistral, en la RES. NQ430-98-0RLC/TR(168),superó l.osvac~os existentes en el tracto sucesivo de ambas transferencias, senalanda lo siguiente: «En relación al requerimiento de intervención de doña Lucila Hermelinda Vásquez Peralta en la escritura pública de 9 de octubre de 19~6, se aprecia q,:e adicionalmente a que esta instancia se ha pronuncIado en reiterada jurisprudencia en relación a la exigencia de la intervención de la cónyuge del comprador en la adquisición de bienes inmuebles en aplicación del artículo 315Q del CC, también es cierto que se han emitido resoluciones de carácter vinculante en cuanto a la manifestación de voluntad expresa o tácita de los contratantes, en base al sustento de que en el sistema jurídico peruano no resulta posible la atribución del derecho de propiedad sin la manifestación de voluntad tanto del transferente como del adquirente, siendo que para estos efectos resulta de aplicación lo previsto en el artículo 141º del código sustantivo, que establece que la manifestación d voluntad es tácita, cuando de ésta se infiere

(168) RES.Nº 430-98-0RLCjTRdel20 de noviembre de 1998, en ORLC, Vol. VII, pp. 62-66. En la misma línea de interpretación, la RES Nº 155-98ORLCjTR del 14 de abril de 1998, en ORLC, Vol. VI, pp. 168-170. En la CAS.Nº 1116-2001-LlMAdel 18 de setiembre de 2001, publicada en la SCEP del 2 de febrero de 2002, pp. 8332-8333 Yla CAS.Nº 2964-2001-AREQUIPA del 22 de octubre de 2001, publicada en la SCEP del 2 de febrero de 2002, p. 8297, se admite que los errores de forma en la declaración del cónyuge no interviniente -respecto de la numeración del inmueble o l~ C?n~l~ación de un apellido distinto en la firma- no enervan su eficacia Jundlca. Dicha declaración debe ser interpretada en función de la buena fe (Art, 1782 CC).

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CAPíTULO JOSÉ ALMEIDA

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

BRICE - O

indubitablemente una actitud o circunstancias portamiento que revelen su existencia.

de com-

En ese sentido, si bien es cierto no se aprecia de la escritura pública glosada en el considerando precedente que doña Lucila Vásquez Peralta haya intervenido manifestando su voluntad de aceptar la tranferencia a favor de la sociedad conyugal que conforma con don Víctor ]amanca Aguilar, no es menos cierto que la circunstancia de que aquélla y su cónyuge transfieran el inmueble a favor del apelante mediante la escritura pública de fecha posterior, 1 de octubre de 1997, implica que ha manifestado tácitamente su voluntad de aceptar la transferencia anterior a su favor, debiendo desestimarse en consecuencia este extremo de la observación formulada». Sumados estos criterios a favor del tercero que contrata con el cónyuge interviniente, se puede llegar a la conclusión que a pesar de que contradictoriamente el acto de disposición arbitrario del patrimonio social sea considerado nulo -por el criterio establecido por la Corte Suprema de ]usticia-, se admite la posibilidad que el tercero pruebe la manifestación tácita de la voluntad del cónyuge no interviniente, cuando ésta se infiera indubitablemente de una actitud o circunstancias de comportamiento que revelen su existencia, ya sea con anterioridad o con posterioridad al acto celebrado por su consorte sin su asentimiento. El criterio antes indicado también resulta aplicable para los defectos de tracto sucesivo que puedan ocurrir en los registros públicos, cuando uno de los cónyuges no ha participado en la adquisición de un bien pero sí en su posterior disposición. Un caso curioso para finalizar este acápite: Roberto Flores alquiló un inmueble a Elena Palomino y posteriormente, con fecha 7 de marzo de 1988, mediante carta notarial le ofreció

icho bien conforme al derecho de tanteo o de prelaven d er, d o 38 d 14 . / establecido por el Art. 222 del Decreto Ley - 219 e Clon .· bre de 1977 La inquilina contestó el 21 de abril de de dIClem . ue desafortunadamente coincidió con la muerte q ha 198 8 , f ec . del oferente. Pero además, la posible adqmrente se percata que dador tenía estado civil de casado y que su esposa no su arren .. CAS Q 29-0 tenía la intención de enajenar e~m~ueble. En la . !J 98_LlMA(169),la Sala Civil Transltona de la Cor~e S~~rema ¿e .. ante la impugnación presentada por la inquilina, sena]uSUCla, . ló que si bien es cierto la muerte del arrendador no exime a sus deros del cumplimiento de su oferta, se debe tener en cuen. . h ere ue el bien es social y por lo tanto requiere el asenUmlento ta q d. .. / conjunto de ambos cónyuges para su isposrcton ,

3.4. Los casos considerados

en leyes especiales

Nuestro sistema jurídico ha optado por ~:table.cer taxativamente dos excepciones a la regla de la actuacion conJu~ta de los cónyuges en los actos de disposición arbi~arios del patnmonio social-el otorgamiento de facultades suficientes a uno de los cónyuges y la adquisición de bienes muebles-, para luego = ñalar mediante una cláusula abierta que dicha regla tampoco nge en «los casos considerados en las leyes especiales». Aunque la doctrina no se haya expresado respecto a la naturaleza de estas últimas excepciones, se trata de supuestos en los cuales, por mandato legal, se presume el asentimiento del cónyuge no interviniente en determinados actos celebrados ~or su consorte, en atención principalmente del tráfico comerc.l~l. No es difícil imaginar que una regla como la de la actua~lO~ conjunta puede crear graves problemas al tráfico comercIal SI

(169) CAS. N2 2950-98-LlMA del 7 de junio de 1999, publicada en la SCEP del 17 de setiembre de 1999, pp. 3551-3552.

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BRICEÑO

n.~ se establecen .li~itaciones a la misma, mediante la presuncion del :onsentImIento del cónyuge no interviniente en los actos realizados por su consorte. Las normas de excepción El supuesto más conocido, en nuestro medio, es el establecido por el Art. 227º de la Ley Nº 26702 del 9 de diciembre de 1996 (Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros), por el cual «en el establecimiento de cuentas corrientes por personas naturales y en las operaciones que se efectúe con las mismas, se presume de pleno derecho el consentimiento del cónyuge del titular de la cuenta». El antecedente más cercano de esta norma es el Decreto Ley ~- 18855 del 14 de mayo de 1971 que tuvo por objeto atenuar el ngor de la actuación conjunta establecida primigeniamente en el Art. 188º del CC de 1936 (modificado por el Decreto Ley Nº 17838 del 1 de octubre de 1969), señalando que el requisito establecido en dicha norma «se presumirá cumplido de pleno derech?, .en los casos de constitución de prenda en garantía de los credIto~ q~e otorgue~ las instituciones bancarias, cuando el gravamen incida sobre bienes comunes dedicados a la explotación de la respectiva actividad del solicitante o sobre los generados, c~eados, extraídos o adquiridos con la inversión que se realice, directa o indirectamente, con dichos créditos». o

El propósito de esta norma, conforme se puede apreciar de su parte considerativa, consistió en favorecer el rápido desarrollo ~e l~s ac.tividades a través del crédito oportuno que otorg~n las msntucíones bancarias mediante la simplificación de trá~Ites y que para lograr tal objetivo, era conveniente adaptar lo dispuesto en ~l Art. 188º del CC de 1936 a la necesidad de agilizar las operaciones de crédito que otorgan aquellas.

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CAPíTULO

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LA DISPOSICiÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

Con la actual norma, queda claro que en los actos de disposición del patrimonio social realizados por un.o de los cónyuges como titular de una cuenta corri~nte, medIan.te transferencias, así como por las demás operaCIOnes bancanas, se presume sin admitir prueba en contrario que cuenta con el asentimiento de su consorte. De tal manera que en esta clase de actos, el cónyuge no interviniente ni siquiera puede alegar su anulabilidad (o nulidad, según el criterio jurisprudencial). La ley permite la intervención unilateral del cónyuge titular de una cuenta corriente con el objeto -al igual que en el Decreto Ley Nº 18855- de proveer a los Bancos de mecanismos que le faciliten la recuperación de sus colocaciones. Si bien resulta ser una razón válida, en la práctica puede prestarse a arbitrariedades, mucho más si se lo une con otros mecanismos establecidos por la Ley Nº 26702, como podrá apreciarse en el ámbito de los actos puramente obligatorios (correspondiente al Capítulo 3). En igual sentido, el Decreto Supremo Nº 093-2002-EF (Texto Único Ordenado de la Ley de Mercado de Valores) del 15 de junio de 2002, en su Art. 113º, señala que en las transacciones que se realicen en los mecanismos centralizados reg~lados por esta ley, se presume de pleno derecho el consentímiento del cónyuge del enajenante, en los casos en que fuese requerido, por no existir un régimen de separación de patrimonios (o cuando es soltero, agregamos nosotros). Los mecanismos centralizados de negociación antes señalados, son aquellos que reúnen o interconectan simultáneamente a varios c~mprado res y vendedores con el objeto de negociar valo~es, mstrumentos derivados e instrumentos que no sean objeto de emisión masiva. Por su parte, la Ley Nº 27287 (Ley de Títulos Valores) publicada el19 de junio de 2000, en su Sexta Disposición Complementaria y Final, establece que:

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Sexta Disposición ComPlementaria y Final «En la transferencia o constitución de gravámenes sobre títulos valores emitidos o transferidos a favor de una persona natural, no se requiere la intervención del cónyuge. La misma regla rige para los valores representados mediante anotación en cuenta». Se refiere a los valores en título o a los desmaterializados emitidos o transferidos a nombre o a favor de una determinada persona natural, cuyo nombre figure literalmente en el título o registro y que de ese modo se convierte en su legítimo tenedor o titular. Cuando tal persona, a su vez, transfiera o constituya un gravamen sobre dicho valor, no requiere la intervención de su cónyuge. Así, cuando un cheque girado a la orden de uno de los cónyuges sea endosado por éste, no requerirá que intervenga su consorte, a pesar de que puede estar disponiendo parte del patrimonio social. Igual suerte correrá si endosa en garantía una letra de cambio girada o endosada a su orden o transfiera o prende una acción inscrita en la Caja de Valores de Lima (Cavali) o que figure en la matrícula de acciones de la sociedad emisora sólo a nombre de dicha persona natural. Situación distinta se produce si la titularidad de los valores corresponde a ambos cónyuges, en cuyo caso sí se requerirá del asentimiento de los dos consortes, ya sea para disponer o gravar. Las acciones en una sociedad Constituyen un supuesto discutible las acciones que uno de los cónyuges tuviese a su nombre en una sociedad anónima. En estricto, se tratan de bienes sociales, salvo que por su origen tengan la calidad de bienes propios, hayan sido adquiridos a título gratuito o constituyan acciones que hayan sido distribuidas gratuitamente entre los socios por revaluación del patrimo274 ,

-,

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LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMO

10 SOCIAL

nio social, cuando esas acciones o participaciones sean bien propio (Art. 302º, incs. 1, 3 Y 7 CC). Sin embargo, a pesa~ que el Art. 37º del Reglamento General del Registro de SOCIedades (RES. º 200-200 l-SUNARP /S del 27 de julio de 2001) señal~ ue «para la inscripción del pacto social y del aumento de capI~l, los cónyuges son considerados como un solo socio, .salvo ue se acrediteque el aporte de cada uno de ellos es de bienes ~ropios o que están sujetos ~l régimen de separación de P~trimonios, indicándose en el titulo presentado los datos de InScripción de la separación en el Registro Personal», los Arts. 91º Y92º de la Ley General de Sociedades (Ley Nº 26887 del 9 de diciembre de 1997) establecen que a efectos de la sociedad, se considera propietario de la acción a quien aparezca como tal en la matrícula de acciones, en la cual se anota la titularidad de las acciones y sus transferencias; abriendo la posibilidad, por lo tanto, de inscribir en dicha matrícula fondos sociales como aportes privativos de uno de los cónyuges. La Corte Suprema de Justicia ha atendido a las normas societarias, para negar la posibilidad que uno de los cónyuge.s defienda el patrimonio social cuando éste se encuentra constituido por acciones que su consorte posee en calida~ de soci~; conclusión que llevada a sus últimos alcances, perrmt colegir que el esposo que es titular de acciones de una socieda~ pue~e disponer de ellos aunque éstas formen parte del patnmomo social de ambos cónyuges. Así, en la Caso Nº 2499-98-LlMA(l70>, emitida por la Sala Civil Permanente en el proceso de impugnación de acuerdos seguido por Noemí Schartz contra l~ ~ompañía Interamericana de Radiodifusión Sociedad Anomma, se desestimó la pretensión de la demandante por no tener legitimidad para obrar, señalando que de acuerdo a la Ley General (170) CAS. N2 2499-98-LIMAdel 3 de marzo de 1999, publicada en la SCEP del 12 de abril de 1999, pp. 2899-2900.

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de Sociedades no es la sociedad conyugal a quien le corresponde el ejercicio de los derechos de socio sino al cónyuge titular de las acciones (Baruch Ivcher). Rescatemos los principales argumentos expuestos por la Sala: «El derecho de acción es el derecho subjetivo que tienen todas las personas para hacer valer una pretensión jurídica ante el órgano jurisdiccional y obtener de éste la tutela jurisdiccional efectiva a través de un pronunciamiento judicial. La legitimidad para obrar en cambio es la coincidencia que debe existir entre las partes del derecho material y las partes de la relación jurídica procesal. A pesar que ambos conceptos no aparecen claramente diferenciados en las resoluciones impugnadas, resulta evidente que éstas se basan en la falta de legitimidad para obrar de la demandante, ya que apoyándose en normas de la Ley General de Sociedades, se ha estimado que la demandante carece de legitimidad para obrar, pues no es la sociedad conyugal a quien le corresponde el ejercicio de los derechos de socio sino la persona designada para tal efecto. El juez al calificar la demanda puede determinar la falta de legitimidad para obrar de la demandante conforme al inciso primero del artículo 427º del Código Procesal Civil. [ ... ]

Es competente para conocer de las acciones de impugnación de acuerdos eljuez civilcon prescindencia de la forma en que se convoque a lajunta general de accionistas conforme a los artículos 43º y 146º de la 276

CAPíTULO

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LA DISPOSiCiÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

derogada Ley General de Sociedades, por lo que debe rectificarse el error que contiene la recurrida. Sin embargo, permaneciendo inalterada la conclusión relativa a la falta de legitimidad para obrar de la demandante por falta de impugnación adecuada, debe procederse conforme a la segunda parte del artículo 397º del Código Procesal Civil». El voto en discordia emitido por el vocal Iberico Mas contiene una interesante interpretación, acusando una verdadera antinomia entre dos tipos de normas, las del CC, referidas a la sociedad de gananciales, y las de la Ley General de Sociedades, respecto de las acciones societarias. A favor de las primeras señaló que: «las acciones sub litis fueron adquiridas por don Baruch Ivcher Brostein dentro del matrimonio celebrado con la accionan te, por ende, se reputan de propiedad de la sociedad de gananciales conformada por ambos y que por lo tanto ella puede administrar dichos bienes» y a favor de las segundas, que «en materia societaria se señala que es accionista quien es titular de una o varias acciones, y que tal titularidad tratándose de las acciones nominativa, está dada por la inscripción en el correspondi~nte libro de registro, inscripción que legitima al aceronista para el ejercicio de los derechos sociales inherentes a tal calidad, precepto que es recogido por el Art. l07º de la derogada Ley General de Sociedades». Para conciliar ambas normas, hizo el siguiente razonamiento: «Como se aprecia, nos encontramos ante una supuesta contradicción normativa, y dependiendo de la op277

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ción que se asuma se reputará a las acciones como bienes propios o bienes sociales [...], en ese orden de ideas, sea que las acciones tengan la calidad de propios o de bienes sociales, el Art. 314º del CC, en concordancia con el Art. 294º del mismo código, establece que en caso de que uno de los cónyuges se halle impedido de ejercitar la administración tanto de los bienes sociales como de los bienes propios, ya sea por interdicción o por otra causa, compete al otro cónyuge la administración de dichos bienes, [...] es decir que en el caso de autos, el cónyuge que aparece como titular de las acciones, al estar impedido de ejercer los derechos otorgados que éstas le conceden, la norma acotada, de orden publico, otorga representación y administración legal a la accionante respecto de dichas acciones». En igual sentido, la Sala Civil Transitoria resolvió la CAS. Nº 3600-01-CUSCO(171).La demandante, Sandra Thombansen, pretendió evitar el remate -vía tercería de propiedad- del inmueble de propiedad de la empresa Haffner Empresa de Desarrollo Internacional Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, de la cual su esposo,]arry Haffner, era titular del 50% de las acciones; arguyendo que le correspondía la cotitularidad de dichas acciones, porque éstas habían sido adquiridas durante la vigencia de la sociedad de gananciales, y sin embargo, se hipotecó el inmueble sin su consentimiento. La Sala desestimó

CAS. Nº 3600-01-CUSCO del 26 de abril de 2002, publicada en la SCEP del 31 de julio de 2002, pp. 9029-9030. Posteriormente, la Sala Civil P~rmanente, en su CAS. Nº 2687-2001-LIMA del 14 de agosto de 2002, publicada en la SCEP del 2 de diciembre de 2002, pp. 9595, afirmó claramen~e qu.e la ley otorga la calidad de accionista sólo a la persona que aparece inscrita en el registro de matrícula de acciones. (171)

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LA DISPOSICiÓN

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DEL PATRIMONIO

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esta argumentación señalando que la empresa de la cual es accionista su esposo es una persona jurídica y por lo tanto, es distinta de sus miembros; asimismo, agregó que el hecho de ser cónyuge de un accionista no implica que se adquiera la calidad de propietario de dicha empresa: «Cabe mencionar que el inmueble materia de discusión al momento de constituirse la hipoteca era de propiedad de la Empresa Desarrollo Internacional Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, según consta del certificado positivo de gravámenes de fojas 77. Estando a lo antes expuesto y a los fundamentos del escrito de demanda, es de observarse que la demandante pretende se haga extensivo el patrimonio de la empresa codemandada a su persona por el hecho de ser cónyuge de don ]arry Lane Haffner, quien es accionista del 50% de las acciones de dicha empresa; sin embargo, tal alegación carece de todo sustento legal, puesto que de conformidad con el artículo 78º del Código Civil la persona jurídica tiene existencia jurídica distinta de sus miembros y ninguno de éstos ni todos ellos tienen derecho al patrimonio de ella ni están obligados a satisfacer sus deudas, lo que nos lleva a determinar que el hecho de ser cónyuge de un accionista no implica que se adquiera la calidad de propietario de los bienes de la empresa. Al haberse declarado fundada la demanda bajo el errado sustento expuesto en la demanda se ha incurrido en una contravención de la norma sustantiva antes acostada y por tanto se ha afectado el debido proceso. Consecuentemente esta Suprema Sala considera que la impugnada ha incurrido en la causal de contravención que garantizan el derecho al debido proceso».

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En lajurisprudencia reciente de la Corte Suprema de justí. cia de la República, la CAS.. TQ 2021-2004-LlMA del 26 de agosto de 2005 resolvió el siguiente caso: Julio Rabanal constituyó con otros socios la empresa Clory's Inn S.A., para lo cual aportó un terreno y 125,400 acciones (el valor nominal de cada acción equivalía a un nuevo sol). Al momento de esta constitución y de los aportes, se encontraba casado con Dina Borra y por lo tanto los bienes dispuestos formaban parte del patrimonio social de ambos. Además de ello, Julio Rabanal prestó una suma de dinero a la sociedad. Tiempo después, la esposa impugnó en la vía judicial la decisión de la junta general extraordinaria de accionistas dirigida, entre otros, a establecer un aumento del capital social y modificación de estatutos, sobre la base de la conversión de la deuda que tenía la sociedad en capital, por lo que el dinero entregado por el esposo en préstamo no le sería reembolsado. Para ello, argumentó que en su calidad de esposa tenía derecho a participar en dicha junta de accionistas, porque los bienes aportados y prestados a la sociedad correspondían a la sociedad conyugal Rabanal-Borra. La Sala Civil Permanente, al resolver la controversia, señaló que a efectos de las decisiones soc.ietarias, los socios son aquellos que aparecen registrados en el libro de matrícula de acciones y en este tipo de decisiones no pueden inmiscuirse quienes no tienen dicha calidad: «Las acciones de una sociedad anónima, representan una fracción del capital y determinan los límites de la responsabilidad social, como establecía el artículo 102Q de la Ley General de Sociedades en su Texto Único Co~cordado por el Decreto Supremo NQ003-85-:JUS, aplicable al caso de autos, y deben constar en títulos con los requisi tos que señala el artículo 114Qde la misma ley. El artículo 107Q del mismo texto legal, establecía que la sociedad reputará propietario de acción nominativa a quien aparezca como tal en el libro de 280

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LA DISPOSICIÓN

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SOCIAL

registro de acciones, lo que significa que el titular puede transferir su título, conforme a los artículos 115º y 113Q de la misma ley, correspondiendo la anotación en el libro de registro de acciones. En la instancia se ha establecido que las acciones se emitieron nominalmente a nombre de don Julio Rabanal Nuñez (Séptimo considerando de la apelada que la de vista hace suyo), por lo que de acuerdo a las disposiciones de la Ley General de Sociedades antes citadas, la representación en lajunta general de accionistas le correspondía a dicho demandado, no siendo necesaria la presencia ni la participación de la cónyuge demandante, y su ausencia no produce la nulidad de los acuerdos adoptados en dicha junta. Q Hay por tanto in aplicación del artículo 107 de la Ley General de Sociedades, y la denuncia en ese sentido Q es fundada, e interpretación errónea del artículo 315 del Código Civil, pues se le da un alcance que no tiene al requerir la intervención del cónyuge para los actos relativos al ejercicio de los derechos y obligaciones que confiere la titularidad de una acción de una sociedad anónima; y si con ello se vulneran derechos patrimoniales del cónyuge del titular de la acción, estos deben hacerse valer en la relación interna de estos, pero en ningún modo afectando las actividades mercantiles, que se rigen por las reglas antes señaladas, por lo que las sentencias de mérito han confundido la persona jurídica con la de sus accionistas, inaplicando el artículo 76Qdel Código Civil, siendo que dicha denuncia también es fundada. Hay que hacer notar que en éste caso, no se ha producido acto de disposición alguno de las acciones emitidas a nombre del demandado Julio Rabanal uñez, las que por el contrario se han 281

t

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incrementado en su número, Décimo: Que, el acuerdo de la aceptación del acreedor (también accionista) Julio Rabanal Iúfiez de la conversión de deuda en capital social, no es un acto de disposición, sino de adquisición, pues ha adquirido más acciones de participación en el capital social; la modificación del Estatuto Social es un acto jurídico que sólo compete a los accionistas, previa reunión en junta con el quórum y las formalidades establecidas en la ley y en el propio estatuto social: la transferencia de acciones de una accionista no es de incumbencia de quien no tiene la calidad de accionista de la misma empresa, y menos el aporte de capital efectuado por tercera persona y que los accionistas han aceptado». Con el objeto de solucionar los problemas que origina la actividad empresarial de uno de los cónyuges, consideramos que se debe retomar el debate del Anteproyecto de la Ley Marco del Empresariado y que será analizada posteriormente y la propuesta del «fondo empresarial» (véase acápite 3.4 del siguiente capítulo). La compensación por tiempo de servicios Mucho más particular en nuestra legislación nacional, en todo caso, resulta el supuesto establecido por el Art. 39º del D.S. º 00l-97-TR (Texto Unico Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios) del 1 de marzo de 1997, que establece una presunción iuris tantum que el trabajador casado bajo el régimen de sociedad de gananciales, cuenta con el asentimiento de su consorte para disponer del retiro parcial o total de su depósito por compensación por tiempo de servicios. Por tratarse de una presunción que admite prueba en contrario, señala que el cónyuge que acredite tal calidad podrá desvirtuar esta presunción manifestándolo por escrito al empleador y al

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LA DISPOSICiÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

depositario: En este caso, el depositario sólo a~rr:itirá que el baiador retire parcial o totalmente de su depósito por corn~ ~ .. d pensación por tiempo de servicios con el asentirmento e su consorte. TUO de la Ley de Compensación por tiempo de servicios «Artículo 39º.- En todos los casos en que proceda la afectación en garantía; el retiro parcial, o total del depósito en caso de cese, incluye los intereses correspondientes. La compensación por tiempo de servicios tiene la calidad de bien común sólo a partir del matrimonio civil, o de haber transcurrido dos años continuos de la unión de hecho y mantendrá dicha calidad hasta la fecha de la escritura pública en que se pacte el régimen de separación de patrimonios o de la resolución judicial consentida o ejecutoriada que ponga fin a dicho régimen. En los casos a que se refiere el primer párrafo del presente artículo se presume, salvo prueba en contrario, que el trabajador cuenta con el consentimiento correspondiente para realizar tales actos. Para desvirtuar esta presunción basta que el cónyuge o convivient~ que acredite su calidad de tal, lo manifieste por escnto al empleador y al depositario».

*** Corno se puede apreciar, existen varias normas le?"ales en nuestro ordenamiento jurídico que en nombre del tráfico comercial han ido atenuando la severidad de la regla de la actua, .. " ción conjunta de ambos cónyuges en los actos de disposlClOn

283

CAPíTULO

del patrimonio social; sin embargo, consideramos que debe modificarse teniendo a la vista la legislación comparada, como la española, que con mayor certeza ha logrado sintetizar las excepciones a dicha regla. Albaladejov?" considera cinco hipótesis en las que se releva la necesidad de actuación de los dos esposos en el sistema jurídico español: «1Q hipótesis. Cada cónyuge, como administrador que es de su propio patrimonio privativo, puede, al solo efecto de dicha administración, disponer por sí solo de los frutos y productos de sus bienes, frutos y productos que son gananciales, pero que puesto que con los gananciales (con los constituidos por esos frutos y productos, y con los procedentes de otras fuentes) se ha de hacer frente a la administración ordinaria de los bienes privativos (Art. 1362Q, 3), pueden utilizarse a tal fin por el cónyuge que sea, los rendimientos de sus bienes propios, y entonces no es precisa para ello la intervención del otro cónyuge (Art. 1381 Q). [...] Q

2

Hipótesis. Cada cónyuge podrá, sin el consentimiento del otro, pero siempre con su conocimiento, tomar como anticipo el numerario ganancial que le sea necesario, de acuerdo con los usos y circunstancias de la familia, para el ejercicio de su profesión o la administración ordinaria de sus bienes (Art. 1382Q). [...]

(17%)

284

ALBALADEjO,

Curso de Derecho Civil, cit., T. IV, pp. 179-182.

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA DEL PATRIMONIO

SOCIAL

3Q

Hipótesis. Cada cónyuge puede por sí solo realizar válidamente actos de administración de bienes y de disposición de dinero o títulos valores que -los bienes, el dinero o los títulos- figuren a su nombre o estén en su poder (Art. 1384Q).

4Q

Hipótesis. Cada cónyuge puede por sí solo ejercitar (lo que creo aquí significa llevar a efecto cualquier acto relativo al derecho que sea, lo mismo de uso, que de conservación, que de disposición, e te. ) los derechos de crédito de la clase que sean ('cualquiera que sea su naturaleza' dice la ley) que figuren a su nombre (Art. 1385Q, 1).

5Q

Hipótesis. Por último, cada cónyuge puede por sí solo disponer de los bienes gananciales para atenciones, inclusive extraordinarias, con tal de que sean necesarias y urgentes, siempre que se trate de aquellas que están a cargo de la sociedad conyugal (Art. 1386Q)>> (La cita de normas corresponde al

CC español). El Art. 316Q, ine. 4 del CC recoge en parte la segunda de las hipótesis antes mencionadas, al establecer que son de cargo de la sociedad, las mejoras necesarias y las reparaciones de mera conservación o mantenimiento hechas en los predios propios, así como las retribuciones y tributos que los afecten. La tercera hipótesis se refiere, con fórmula más concreta, al supuesto considerado en la Sexta Disposición Complementaria y Final de la Ley de Títulos Valores, salvo la mención ~l «dinero que se encuentre en poder del cónyuge», que consideramos debe ser incluida por la misma razón en una futura reforma. La cuarta hipótesis es admitida en nuestro ordenamiento jurídico, en la medida que no se requiere el asentimiento conjunto de ambos cónyuges para el ejercicio del de285

JOSÉ AlMEIDA

recho de crédito. La quinta hipótesis es un supue to de gestión ordinaria, como lo indicáramos anteriormente (véase acápite 5 del Capítulo 1), por tratarse de necesidades urgentes. En cambio, la primera hipótesis contiene un supuesto más discutible en nuestro ordenamiento jurídico por la dificultad de su probanza y por la facilidad con que uno de los cónyuges puede producir un desmedro en el patrimonio social. Así Bello Janeiro señala que esta regla: «Contradice y se compadece mal con el resto de preceptos que se dedican a la disciplinar las relaciones externas de los cónyuges y supondría una regla de verdadera inseguridad para el tráfico jurídico y de muy difícil aplicación en la práctica, por lo cual sólo resulta coherente con la orientación general de la reforma entender que tal limitación únicamente puede operar en el orden interno-v?".

3.5. La prescripción

CAPíTULO

BRICEÑO

adquisitiva y extintiva

2:

LA DISPOSICiÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMO

10 SOCIAL

Usucapión El fundamento de la usucapión descansa en la seguridad del derecho, de tal manera que sin ella nadie estaría libre de pretensiones sin asidero o extinguidas de antiguo, lo que exige que se ponga un límite a las pretensiones jurídicas de muy lejana data. Al respecto, los Arts. 950º Y951º del CC señalan distintos requisitos para la declaración de la usucapión, dependiendo si se trata de bienes inmuebles o muebles y si el usucapiente actúa con justo título y buena fe. De acuerdo con estas reglas, la propiedad inmueble se adquiere por prescripción larga mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años, y por prescripción corta a los 5 años, si conjuntamente con los anteriores requisitos median justo título y buena fe. Mientras que la propiedad mueble se adquiere mediante prescripción corta si la posesión es continua, pacífica y pública como propietario durante 2 años si hay buena fe, y por prescripción larga a los 4 años si no la hay.

El decurso del tiempo también puede favorecer al tercero adquirente. Una vez transcurrido el plazo y reunidas las condiciones establecidas por la ley, puede invocar a su favor la adquisición de la propiedad del bien que fue materia de contrato con el cónyuge interviniente, mediante usucapión (o prescripción adquisitiva) o puede deducir a su favor la extinción del derecho de acción en el proceso seguido a instancia del cónyuge no interviniente, mediante prescripción extintiva de la acción.

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en la CAS. Nº 887-99-SANTA(174), ha definido los caracteres que debe reunir la posesión del usucapiente. Así, por posesión continua debe entenderse a aquella que se ejerce de manera permanente, sin que exista interrupción natural o jurídica; el primer caso se presenta cuando el poseedor pierde la posesión o es privado de ella mediante actos perturbatorios o desposesorios del uso del bien; y el segundo caso, cuando se interpela judicialmente al poseedor. Precisamente con relación a este último aspecto, la posesión debe ser pacífica, pues no debe mantenerse

(173) BELLO]A:-;EIRO,Domingo, La defensa frente a tercero de los intereses del cónyuge en la sociedad de gananciales, Bo ch, Barcelona, 1993, pp. 276-277.

(174) CAS. J2 887-99-SANTA del 29 de setiembre III, pp. 687-688.

286

de 1999, en CCJC, T.

287

JOSÉ AlMEIDA

BRICEÑO

mediante violencia, fuerza o intimidación. Asimismo, la posesión debe ser pública, es decir, materializarse en actos que sean de conocimiento público, que exterioricen actos económicos sobre el bien y debe ejercerse como propietario, esto es con animus domini, sin reconocer la propiedad del bien en otra persona o poseedor mediato, sin que esto signifique que el poseedor tenga un título para poseer, pues este último requisito solamente es necesario en la prescripción corta. Abundando en los requisitos antes indicados, la Corte Suprema de Justicia ha señalado como criterio uniforme respecto del concepto de «posesión pacífica», que esta solamente se cumple, si antes de solicitar la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva, el tercero poseedor no ha sido demandado con el objeto que desocupe o restituya el bien o ha iniciado una acción que finalmente resultó infructuosa''?", En ese sentido, el tercero, aun cuando haya actuado de buena fe y a título oneroso, no podrá solicitar que se le declare la propiedad del bien que le fue enajenado por el cónyuge interviniente, si con anterioridad al inicio de su acción, el cónyuge no interviniente inició contra él una acción de nulidad de acto jurídico o de reivindicación del bien. Respecto al requisito del ejercicio de la posesión «como propietario», se entiende que el tercero no puede solicitar la

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

declaración de propiedad por prescripción adquisitiva cua~do tiene la condición de poseedor mediato o poseedor precano o simple tenedor de un bien social. Criterio que ha sido acogido ., (176) . igualmente por la Corte Suprema de J usticia Con relación a la aplicación de la prescripción adquisitiva corta o larga respecto de bienes inmuebles, tie~e m~cha impo~tancia determinar si el acto de disposición arbitrario del patnmonio social es nulo o anulable, ya que en el primer caso, no podrá invocarse justo título y ?or lo ~anto, la únic~ p~~ibilidad de adquirir la propiedad del bien sera por la prescnpClon la:g~. En cambio si se considera que el acto es anulable, puede eXIStIr justo título: salvo que antes que se solici~ela d~c~aración~e'pres. . 'n adquisitiva el cónyuge no intervimente solicite la cnpclO, ., (177) E anulabilidad del acto realizado sin su consentImIento . s~e es un argumento adicional para considerar que e~acto de dISposición arbitrario funcionalment~ ~ebe .s~rconsiderado anulable en nuestro ordenamiento jundlCo civil. En caso se trate de regularización de edificaciones, la prescripción adquisitiva también podrá s~r declarada en la ví: notarial como asunto no contencioso senalado por el Art. 21- de la L 'Nº 27157 del 20 de julio de 1999, ampliada por el Art. 5º de . ey 360 38° 39º la Ley Nº 27333 del 30 de julio de 2000 y los Arts. -, - y del TUO de su Reglamento (D.S. º 35-2006-VIVIENDAdel 6 de febrero de 2006).

(175) CAS. Jº 431-96-ICA del 14 de octubre de 1997, CAS. Nº 1676-96LIMA del 30 de abril de 1998, CAS. Nº 770-97-HUAURA del 9 de diciembre de 1998, CAS. º 1686-98 del 10 de marzo de 1999, CAS. Jº 2206-98CHINCHA del 17 de marzo de 1999 y CAS. Nº 2092-99-LAl\1BAYEQUE del 13 de enero de 2000, en CCJC, Tomo 11,pp. 629-630, 633-638 Y 645-649 Y Tomo 11I,pp. 717-719; CAS. º 647-99-DEL SANTA del 12 dejulio de 2001, publicada en la SCEP del 2 de enero de 2002, pp. 8200-8201; CAS. Nº 12982001-UCAYALI del 04 de diciembre de 2001, publicada en la SCEP del 2 de mayo de 2002, p. 8657 Y CAS. Nº 1583-2000-CAJAMARCA del 15 de marzo de 2002, publicada en la SCEP del 31 de octubre de 2002, p. 9473.

288

(176) Véase CAS. Nº 551-96-CO O ORTE del 27 de agosto de 1997, CAS. Nº 1288-97-PIURA del 1 dejulio de 1998 y CAS. Nº 1012-98-CALLAO del 24 de mayo de 1999, en CCJC, Tomo II, pp. 463-465 Y 639-642. (177) Comparten esta opinión: DíEZ-PlCAZO/GCLLóN, Si~tema d: D~ec.ho .. / 't 'Tal 111pp 149_150yARIAS-SCHREIBERPEZET,MaxyCARDE~ASQCIROS, CZVZ<,Cl., v'. , . ,. . 1998 Carlos, Exégesis del Código Civil peruano de 1984, Gaceta jurídica, LIma, ' Tomo V, [Derechos reales], pp. 17-18.

289

JOSÉ AlMEIDA

BRICEÑO

El requisito de la buena fe consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueño y podía transmitir su dominio -situación que en la legislación comparada ha sido consagrada por el Art. 1950º del CC espanol=, lo cual implica que desconocía que la persona con la cual contrataba tenía el estado civil de casado, supuesto en el cual se presumiría que el bien era social.

Prescripción extintiva La prescripción extintiva comparte el mismo fundamento que la prescripción adquisitiva, en el sentido que conviene al interés social liquidar situaciones pendientes y favorecer su consolidación, sustentándose, por tanto, en el principio de seguridad jurídica; no obstante, la diferencia entre una y otra radica que en la primera se requiere como factor determinante la posesión del usucapiente (hecho positivo), se refiere únicamente a los derechos reales que pueden ser materia de posesión y se hace valer mediante proceso abreviado (Art. 486º ine. 2 CPC); mientras que en la segunda, se requiere la inacción del titular del derecho que está en la posibilidad de accionar (hecho negativo), se aplica en general a todos los derechos patrimoniales y se hace valer como excepción a favor del tercero demandado frente a la acción del cónyuge no interviniente (Art. 446º ine. 12 CPC). El inicio del decurso prescriptorio tiene lugar desde que la acción puede ejercitarse, esto es desde que la pretensión del titular del derecho subjetivo es exigible. Así lo establece el Art. 1993º del CC que mantiene el principio romano de la actio nata, es decir la que se puede ejercitar y, que no obstante, no se ha ejercitado. A efectos del presente trabajo, el plazo prescriptorio empezará a correr desde el momento de la celebración del acto de disposición arbitrario del patrimonio social. 290

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

En cuanto a los plazos de prescripción, éstos son establecidos por la ley (Art. 2000º CC). Al respecto, debe rele~arse la importancia que tiene tomar partido p.or la nul~dad .0 anulabilidad del acto de disposición arbitrano del patnmonIo social. Para la primera opción, el Art. 2001 º, ine. 1 del CC señala el plazo prescriptorio más largo, de 10 años. ~,1i~ntras que para la segunda opción, el mismo artículo e~ su InClSO4, establece el plazo prescriptorio más corto, de 2 anos. En todo caso, siguiendo el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia, por el cual el acto de. ~isposició~ ~r?itrario del patrimonio social es nulo, se ha admitido la posibilidad de invocarse el plazo de prescripción para desvirtuar la acción dirigida contra dicho acto. Así lo estableció la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, en la CAS. Nº 345-97HUAURA(178),emitida en el proceso seguido por Rafael Copara contra Teresa Mendoza viuda de Aponte, sobre desalojo. El demandante pretendió el desalojo por ocupación precaria. La demandada señaló que poseía un justo título, ya que el demandante (cónyuge interviniente) suscribió con su difunto esposo (tercero) un contrato de compraventa del bien inmueble que se pretendía desalojar. Sin embargo, el demandante s~ñaló que dicho acto es nulo, tal como fue declarado uno antenor por el Tribunal Agrario, por no haber participado su consorte (c~nyuge no interviniente). La Sala razona según el argumento «a Igual razón, igual derecho», estimando que si un acto padece de ~n vicio igual al de otro acto de similar naturaleza por cuya raza n éste fue declarado judicialmente nulo, aquél también resulta nulo; sin embargo, señala que esta nulidad debe declararse, para evitar que prescriba. Los argumentos en que se sustenta el fallo son los siguientes:

(178) CAS. NQ345-97-HUAURA del 23 de abril de 1998, publicada SCEP del 19 de octubre de 1998, p. 1990.

en la

291

JOSÉ ALMEIDA

BRICEÑO CAPíTULO

«De autos fluye como hechos no controvertibles que pese a que el coactor don Rafael Copara Sánchez [cónyuge interviniente] suscribiera un contrato de compraventa a favor del que en vida fuera cónyuge de la demandada, don Rufino Aponte Rivera [tercero], el 21 de octubre de 1982, respecto de la totalidad del inmueble sub litis, al año siguiente este mismo señor Rafael Copara nuevamente transfiere la totalidad del bien, vía contrato de cesión de fecha 28 de abril de 1983, a don Rufino Aponte Rivera, Oportunidades en las cuales no había participado doña Maximina Barreta Pachas en su calidad de cónyuge del vendedor, lo cual la motivó a interponer una demanda de nulidad pero sólo del contrato de compraventa, lo que fue amparado por el Tribunal Agrario mediante sentencia del 4 de junio de 1985, de forma tal que se tiene un primer contrato que ha merecido la declaración judicial de nulidad y un segundo contrato que pese a adolecer del mismo vicio que el anterior no ha sido objeto de demanda menos de declaración de dominio. Siun contrato, padece de un vicio igual al de otro contrato de similar naturaleza por cuya razón éste fue declarado judicialmente nulo, aquél también resulta nulo; pero para que sea considerado como tal, esto es, tenga efectos erga omnes, debe recaer también declaración judicial expresa de nulidad, ya que si transcurridos 10 años, dicha pretensión aún no es incoada, un c?,ntrato nulo deviene en convalidado, por prescripClan, tal como se infiere del Art. 2001º, inciso 1 CC, concordado con el Art. 2122º del mismo Código para l~s h~c,hos ocurridos a la vigencia del CC derogado; situación que es la que se ha producido en el presente caso, ya que si bien el contrato de cesión, al adolecer

2:

LA DISPOSICló

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

del mismo defecto, resultaba asimismo nulo por contravenir lo expresamente estipulado en el Art. 188º del código derogado, aplicable por la temporalidad de la norma, sólo bastaba la declaración judicial en ese sentido; sin embargo, la co-actora no se preocupó por demandar la nulidad, ocasionando con su proceder que a la fecha en que se interpone la demanda de desalojo que nos ocupa, el 20 de diciembre de 1995, el contrato de cesión resulta válido para todos sus efectos».

Interrupción y suspensión

El plazo de prescripción puede sufrir vicisitudes, que básicamente son dos: la interrupción y la suspensión, cuyos supuestos están taxativamente establecidos por la ley.La interrupción del decurso prescriptorio consiste en la aparición de una causa que produce el efecto de inutilizar, para el cómputo del plazo de prescripción, el tiempo transcurrido hasta entonces. Com~ la prescripción opera como consecuencia de la inacción del titular del derecho si el cónyuge no interviniente ejercita la acción correspondiente, o si el sujeto de la contraparte de la relaciónjurídica (el tercero) da cumplimiento a su obligación, queda sin efecto el decurso prescriptorio y sólo podrá reiniciarse a partir de la desaparición de la causa que produjo la interrupción y sin que pueda computarse el tiempo anteriormente transcurrido. Las causales de interrupción del plazo prescriptorio se encuentran señalados en el Art. 1996º del CC. En cambio, la suspensión del plazo prescriptorio se co?~gura por el detenimiento del decurso prescriptorio una ve~ l~lciado, esto es, la paralización del tiempo hábil para prescribir; pero con efectos proyectados al futuro, porque conserva la eficacia del tiempo transcurrido que podrá ser computado, una vez desaparecida la causa de la suspensión en adición al tiempo

292 293

JOSÉ AlMEIDA

BRICEÑO

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

posteriormente trans~ur~~do hasta completarse el plazo para que se produzca.la ~=escnpc~on. Las causal es de suspensión del plazo de prescnpClon han sido señaladas por el Art. 1994º del CC obedecen a la incapacidad de las personas o a las relacione~ que medien entre ellas, es decir, al tiempo durante el cual el titular no puede demandar o, al menos, no puede exigírsele que promueva su acción.

entre los cónyuges y entre éstos con los terceros. De acuerdo con una interpretación literal del Art. 1994, inc. 2 del CC, éste sólo se refiere únicamente a la primera de las relaciones antes indicadas, suponiendo que durante la vigencia de la sociedad de gananciales, los cónyuges no deben discutir asuntos que puedan dañar la comunidad de vida que supone dicho régimen patrimonial, compelidos por el decurso del plazo prescriptorio.

Entre estas causales destaca la establecida en el inciso 2 del ~~t. 1994º del CC, por la cual ~e señala que el plazo de prescripClO?se suspende «entre los conyuges, durante la vigencia de la sociedad de gananciales».

En adición a lo antes señalado, Vidal(179),autor de la pro-

La pregunta que surge a partir de la redacción del artículo antes mencionado es si el cónyuge no interviniente puede hacer valer la suspensión del plazo de prescripción frente al tercero que contrató con su consorte. Imaginemos el siguiente caso: ellO de febrero de 1990 José vende un inmueble social a Antonio. La esposa de aquél, María, demanda la nulidad del acto por haberse realizado sin su consentimiento. El 11 de febrero de 2000 se realiza el emplazamiento judicial a Antonio, al haber t~ansc~~~do m~ d~ 10 años desde que se celebró el acto de disposición arbI.t:ano del patrimonio social, por lo que éste dedu_ce la excepcion de prescripción extintiva. En la audiencia s:?alada para el caso, María indica que aquí opera la suspension del plazo prescriptorio, porque el acto se realizó cuando se encontraba vigente la sociedad de gananciales.

. d o el razonamiento . ~ Si . gUlen de María, el tercero nunca podn~ mv?car la prescripción si celebró un acto de disposición arbitrario, que supone la vigencia de la sociedad de gananciales. Por ello, es necesario precisar que la causal de suspensión del ~lazo prescriptorio sólo opera cuando se trata de relaciones patnmomales estrictamente entre los cónyuges, mas no de éstos .con terceros. En efecto, como todo régimen patrimonial, la sociedad de gananciales regula un doble juego de relaciones: 294

puesta en nuestro CC, expresa lo siguiente: «La causal se explica, pues, en que en el régimen de sociedad de gananciales pueden haber bienes propios de cada cónyuge y bienes de la sociedad conyugal (Art. 301º) y que el mismo CC permite la contratación entre cónyuges, con la salvedad de que no pueden hacerlo respecto de los bienes de la sociedad conyugal (Art. 312º), que son a los que se refiere el Art. 31Oº, por lo que pueden contratar entre sí sólo los bienes que tienen la calidad de propios, conforme a la enumeración del Art. 302º. Lo que la causal plantea, entonces, es que si existe una relación jurídica de naturaleza patrimonial el decurso prescriptorio se suspende si las personas que son parte se convierten en cónyuges adoptando el régimen de la sociedad de gananciales, o, que siendo parte de

(179) VIDAL ~\1ÍREZ, Fernando, Prescripción extintiva y caducidad, 3ª ed., Gaceta Jurídica, Lima, 1999, pp. 109-110. La suspensión del plazo prescriptorio establecida por el Art. 19942, inciso 2 del CC sólo resulta aplicable a las acciones in rem, mas no a las acciones personales (por ejemplo, el divorcio) derivadas del matrimonio, vide CAS. N2 145-2001HUÁNUCO del 17 de octubre de 2001, publicada en la SCEP del 31 de mayo de 2002, p. 8832.

295

CAPíTULO

una relación jurídica patrimonial por haber adoptado el régimen de separación de patrimonios lo sustituyan por el de sociedad de gananciales. Aun cuando, como acabamos de ver, en el régimen de la sociedad de gananciales puede haber bienes propios de cada cónyuge, la vigencia de este régimen determina una comunidad de bienes, lo que justifica la causal de suspensión del decurso prescriptorio». En razón de estos fundamentos, opinamos que el cónyuge no interviniente no puede invocar a su favor la suspensión del plazo prescriptorio contra el tercero que contrató con su consorte. En cambio, sí puede ser invocado frente a su consorte (cónyuge interviniente), en la liquidación de la sociedad de gananciales o antes mediante la figura del reembolso (véaseel siguiente acápite).

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

rio restablecer el equilibrio entre dichos patrimonios al necesa 1 li id ión de la sociedad de gananciales. De esta f ctuarse a IqUl acio . ee d no de los cónyuges tiene el derecho a ser indernanera, ca a u . . 1 . . do de los valores con que hubiere ennqueCldo a. p~tnmom~ DIZ~1 ' mo cada cónyuge tiene el deber de restituir al patnsoCIa, . aSIco . 1 . e ha enriquecido a costa del e mi mIsmo. El fun d aoDIOSOCIaSIs . . ., .' m d t regla es el principio de prohIblCIOnde ennqueClmento e es a 1 d . . causa aplicado a la economía conyugal y ha 1eva o en mIento sin ( d 1 . cormular la teoría del reembolso o e as recomla doctnna a l' ,. . '1 ha sido regulada en otros COdIgOS ClVIes, como po) pensas , que . 1 ., d . de una revisión de la legis acion compara a. demos apreCIar

rr:

Así, el Art. 1437º del CC francés establece que cuantas veces uno de los esposos haya obtenido un provecho personal de los bienes de la comunidad, debe a ésta recompensa. Código Civil francés

4.

MECANISMOS

COMPENSATORIOS

4.1. La teoría del reembolso ¿Cómo se indemniza al cónyuge no interviniente en aquellos supuestos en los cuales el tercero mantiene la propiedad del bien transferido por su consorte sin su asentimiento? Nuestro CC no resuelve la interrogante planteada, siendo éste uno de sus grandes vacíos. Revisión de la legislación comparada

Siguiendo la doctrina elaborada por Pothier, que inspiró al Código de Napoleón, en el curso del matrimonio y sea cual sea el régimen decomunidad, normalmente se producen frecuentes cambios de valor entre los patrimonios privativos de cada cónyuge con el patrimonio social de ambos, por lo que es 296

«Artículo 1437º.Siempre que se detraiga de la comunidad una cantidad, bien para pagar las deudas o las cargas ~ersonales de uno de los cónyuges, tales como el precIO.? parte del precio de un bien privativo o la devoluc~?n de créditos hipotecarios, bien para la recuperaClon, la conservación o la mejora de sus bienes personales,. y, en general, siempre que uno di' e os co nyuges obtuvie-. ra un beneficio personal de los bienes de la comumdad, le deberá por ello un reembolso». Los Mazeud'P" nos relatan el origen de esta norma: , . d D h -oil; Ediciones Jean Henry y León. Lecciones e erec o el . ídi E 'Ame'n:ca Buenos Aires, 1965, 4! parte, Vol. 1 [La orgamzaun icas uropa, J ción del patrimonio familiar], p. 533. (180)

MAZECD

297

JOSÉ AlMEIDA

BRICEÑO

«En el antiquísimo Derecho consuetudinario [francés] no existía el sistema de las recompensas: los esposos no efectuaban sino la recuperación de sus bienes propios que subsistieran en especie. Esta situación era chocante: el precio de los bienes propios enajenados sin reinversión era adquirido por la comunidad y repartido entre los esposos; de ahí el interés del marido en vender los bienes propios de la mujer: 'El marido debe levantarse tres veces para vender el bien de su mujer' (Loysel, Inst. cout., Nº 100); [bien valía la pena! Los esposos se aprovechaban de esa situación para hacerse indirectamente donaciones, con desprecio de la prohibición de las donaciones entre cónyuges. Por eso intervinieron los prácticos. En primer término, hicieron que se insertara en las capitulaciones matrimoniales una cláusula según la cual, si no se efectuaba la reinversión, se debería recompensa. Esta cláusula de recompensa se hizo de estilo y fue sobreentendida por la jurisprudencia. La costumbre reformada de París consagró el principio de las recompensas. En lo sucesivo, las recompensas, que hasta entonces no se referían sino al precio de los bienes propios enajenados sin reinversión, se fueron generalizando; y la teoría basada sobre la equidad al propio tiempo que sobre la prohibición de las donaciones entre cónyuges. Pothier indica que se debe recompensa en todas las hipótesis en que la masa común se haya enriquecido a costa de los esposos, y recíprocamente. Los redactores del Código Civil no quisieron romper con el antiguo derecho, aun cuando no recordaran el principio general sino con motivo de las recompensas debidas a la comunidad (Art. 1437º). Por eso, la jurisprudencia le ha dado la mayor amplitud a la teoría de las recompensas». 298

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICiÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

El modelo establecido por el CC francés fue recogido por el Art. 1539º del CC alemán, el Art. 192'2 del CC italiano y los Arts. 1390º Y 1391'2 del CC español. Código Civil alemán «Artículo 1539º.Siempre que el patrimonio aportado de un cónyuge esté enriquecido a costa del patrimonio común, o el patrimonio común a costa del patrimonio aportado de un cónyuge, al tiempo de la terminación de la comunidad de ganancias, debe prestarse indemnización a costa del patrimonio enriquecido al otro patrimonio. Quedan intactas más amplias pretensiones que descansen en motivos especiales». Código Civil italiano «Artículo 192º.- Reembolsos

y restituciones

Cualquiera de los cónyuges está obligado a reembolsar a la comunidad las sumas retiradas del patrimonio común para fines diversos del cumplimiento de las obligaciones previstas por el Art. 186º. Asimismo está obligado a reembolsar el valor de los bienes referidos por el Art. 189º, a menos que, tratándose de actos de extraordinaria administración por él cumplido, demuestre que el acto mismo haya sido ventajoso para la comunidad o haya satisfecho una necesidad de la familia. [ ... ] ».

Código Civil español «Artículo 1390º.- Si como consecuencia de un acto de administración o de disposición llevado a cabo por uno 299

JOSÉ ALMEIDA

BRICEÑO

solo de los cónyuges hubiere éste obtenido un beneficio o lucro exclusivo para él u ocasionado dolosamente un daño a la sociedad, será deudor a la misma por su importe, aunque el otro cónyuge no impugne cuando proceda la eficacia del acto». «Artículo 1391º.- Cuando el cónyuge hubiere realizado un acto en fraude de los derechos de su consorte será, en todo caso, de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior, y además, si el adquirente hubiere procedido de mala fe, el acto será rescindible». Comentando este último ordenamiento jurídico, DÍEZ PICAZO(181) señala que las recompensas operan frente a actos de administración o de disposición anómalos e irregulares: «El supuesto de hecho de la norma [Art. 1390º] es doble: la realización de un acto de administración o de disposición por uno de los cónyuges y la producción como consecuencia de un lucro para él o un daño para la sociedad si ha procedido dolosamente. Es una regla de clara eficacia interna, o entre los esposos. La realización del acto por uno solo de los cónyuges abarca por su generalidad tanto a los casos en que el Código Civil autoriza esa actuación, y que hemos examinado en este capítulo, como aquellos otros en que obre sin consentimiento del otro cónyuge cuando sea necesario. Cierto que entonces cabe la acción para su impugnación si es a título oneroso (de anulabilidad), pero el Código Civil no le obliga a ello. No obstante, no hay que olvidar que, no ejercitada la acción, el acto queda purificado de los vicios que adoleciere. (181)

300

DíEZ

PICAZO/GLLLÓ~,

Sistema de Derecho civil, cit., Vol. III, pp. 207-208.

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICiÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

Del acto ha de seguirse o un lucro exclusivo para el cónyuge que lo realiza o un daño para la sociedad ocasionado dolosamente; en ambos casos, es evidente que el cónyuge no actúa de acuerdo a los intereses sociales. Para que exista actuación dolosa no es necesario que tenga el actor una volun.~d de causar d~ño,. sino voluntad para realizar la accion con la conciencia de que puede ser dañosa. El daño lo mismo puede afectar a un bien (p. ej. derribo de una casa), que a los intereses del consorcio (v. gr., se simula un contrato de arrendamiento). [...] Es muy dudoso el acierto del Art. 1391 º, en cuanto distingue una especial categoría de actos (los fraudulentos) contrapuesta a los dolosos y abusivos del artículo 1390º. Con anterioridad a la reforma de 1981, el CC sancionaba sólo los actos en fraude a los derechos de la mujer (Art. 1413º) Yentre ellos se incluían siempre los doloso s y abusivos. Si el cónyuge obtiene un lucro para él y no para el consorcio, ¿no obra en fraude de los derechos de su consorte? Ni siquiera se puede argumentar para justificar la norma que en ella se concede una acción rescisoria y no en el artículo 1390º, pues en este último precepto también se legitima de forma muy general al cónyuge perjudicado para la impugnación del acto». En la legislación latinoamericana, gracias a los aportes .de Andrés Bello inspirados en el CC francés, destaca el CC chileno, que considera la existencia de recompens~s de los' cónyuges a la sociedad conyugal, las mismas que proceden cuando uno de ellos: i) hiciere do naciones de bienes que conforman el patrimonio social, salvo que se trate de bienes de poca monta, 301

CAPíTULO JOSÉ ALMEIDA

BRICEÑO

para un objeto de piedad o beneficencia y sin causar un menoscabo al patrimonio social o a favor de un descendiente común Q 2 (~:tículos 1742 y. 1747 ); ii). realice expensas para la adquisicien y cobro de bienes propIOs, en general los precios, los saldos, costas judiciales y expensas de otra clase que se hicieren en la adquisición o cobr~ de los bie~es, derechos o créditos que pertenezcan a cualquiera de los conyuges se presumirán deroQ gados por la sociedad (Art. 1745 ); iii) efectúe expensas de toda clase que se hayan realizado en los bienes de cualquiera de los c?nyuges (Art. 1746Q); Y iv) cause perjuicios al patrimonio soQ cial con dolo o culpa grave (Art. 1748 ). Estas normas fueron reco~i¿'as por los Arts. 1798Q y 1801 Q del CC colombiano, que también fue elaborado por Andrés Bello. Código Civil chileno «Artículo 1742º.- El marido o la mujer deberá a la soci.e~ad recompensa por el valor de toda donación que hiciere de cualquiera parte del haber social; a menos que sea de poca monta, atendidas las fuerzas del hab:r social, o que se haga para un objeto de eminente piedad o beneficencia, y sin causar un grave menoscabo a dicho haber». «Artículo 1745º.- En general, los precios, saldos, costas judiciales y expensas de toda clase que se hicieren en la adquisición o cobro de los bienes derechos o créditos que p.e~tenezcan a cualquiera de los cónyuges, se presumiran erogados por la sociedad, a menos de prueba contraria, y se le deberán abonar. Por con. siguien~e: El cónyuge que adquiere bienes a título de herencia debe recompensa a la sociedad por todas las deudas y cargas hereditarias o testamentarias que él cubra, y por todos los costos de la adquisición; salvo en cuanto pruebe haberlos cubierto con los mismos bienes hereditarios o con lo suyo». 302

2:

LA DISPOSICiÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

«Artículo 1747º.- En general, se debe recompensa a la sociedad por toda erogación gratuita y cuantiosa a favor de un tercero que no sea descendiente común». «Artículo 1748Q.- Cada cónyuge deberá asimismo recompensa a la sociedad por los perjuicios que le hubiere causado con dolo o culpa grave, y por el pago que ella hiciere de las multas y reparaciones pecuniarias a que fuere condenado por algún delito o cuasi delito». Ausencias en nuestro ordenamiento jurídico En nuestro ordenamiento jurídico, sólo se ha considerado la teoría del reembolso (o de las recompensas) en dos supuestos concretos: i) en la deducción de las primas pagadas con bienes de la sociedad cuando se hace cobro de la indemnización por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o de enfermedades (Art. 302Q inc. 4 CC) y ii) el abono del valor del suelo a favor del cónyuge propietario, cuando se haya construido sobre él una edificación a costa del caudal social (Art. 310, 2do. párrafo CC). En el primer caso, nos encontramos ante un supuesto de recompensa a favor del patrimonio social y en el segundo caso, estamos ante un supuesto de recompensa a favor del patrimonio privativo de uno de los cónyuges. Por lo que los notables vacíos que acusa nuestro CC han sido superados por otras legislaciones; mientras que la jurisprudencia nacional lo ha asimilado como un simple supuesto de responsabilidad civil extracontractual. Así, en eltlmlJ, en el cual por acción de los hijos del esposo (cónyuge interviniente) los bienes sociales fueron dispuestos a favor de terceros tutelados por la fe pública registral, la Corte Suprema de Justicia decidió a favor del cónyuge no interviniente declarando la nulidad de los actos realizados, mas no la restitución de los indicados bienes, y señaló a favor de dicho cónyuge una indemnización por responsabilidad civil extracontractual, que debía ser cuantificada en ejecución de sentencia: 303

JOSÉ AlMEIDA

BRICEÑO

«La apreciación fáctica hecha en la sentencia de primera instancia, en el sentido de que don César Enrique Rojas León y doña María Catalina Rojas León conocían del vínculo matrimonial de su señor padre con la demandante, no ha sido modificada por la de vista, lo que se debe tener en cuenta para el efecto de la ?~t~rminación de responsabilidades por daños y perJUICIOSconforme al Art. 1969Q del CC». . OS?tros discrepamos de este criterio jurisprudencial, si bien es CIerto el reembolso implica una indemnización derivada de un supuesto distinto de la responsabilidad contractualporque no puede admitirse que el matrimonio es un contrato- , tampoco podemos afirmar que se encuentra bajo el ámbito de la responsabilidad aquiliana; en realidad, su origen es otra fuente de las obligaciones: el enriquecimiento sin causa, como lo indicáramos, aunque diferenciada de su género por repercutir dentro del ámbito familiar; por lo que generalmente se admite que el ree~bolso .0 indemnización sea efectuado con el valor que ~en~a ?ICho bien a la liquidación de la sociedad de gananciales, inclinándose por la teoría valorista. En el debate parlamentario, existen antecedentes dentro de los proyectos presentados a la Comisión de la Reforma del CC de 1984(182), en los que se ha propuesto las siguientes modificaciones: «Ar~ículo 311-Aº.- Cuando conforme a este código se disponga el reembolso, éste se efectuará mediante el reintegro de su valor actualizado al tiempo de la liquidación».

D . P ..(182)_ CONGRESOCo x.sn TL'YE1\'TEEMOCRATlCO,«royectos presentados a la Comisión de Reforma del Código Civil de 1984», cit., p. 8. También aparece como pr~pue ta e.n COMISIÓ:-\DEREFO~\1ADECÓDIGOS,El Código Civil del siglo XXI (Peru y Argentma), cit., T. 1, pp. 340-34l.

304

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICló

ARBITRARIA

DEL PATRIMO

10 SOCIAL

«Artículo 322Q.- Realizado el inventario, se pagan las obligaciones sociales y las cargas y después se reintegra a cada cónyuge los bienes propios que quedaren, haciendo los reembolsos que correspondan». A nuestro parecer, esta propuesta de modificación resultaría incompleta, ya que no se incluyen los supuestos en lo~ que:l CC debería disponer el reembolso, tanto a favor del patnmomo rnún de los cónyuges como del patrimonio privativo de uno ~~ ellos. Específicamente, respecto del presente tema, haría falta señalar claramente que cuando uno de los cónyuges adquiere con patrimonio privativo bienes que lu:?,o no pu~de.a~reditar por subrogación y pasan. por absor~IOn del pnnCIpIO. de ganancialidad o cuando ha dispuesto unilateralmente un bien social a favor de un tercero y no existe forma de recuperarlo por te~er éste un interés tutelado en forma pre~erente ~or. el ordenamiento jurídico (adquisición a non domzn.0' fe publ~ca registral o en los casos considerados en leyes especiales), el conyuge interviniente debe proceder a reembolsar a favor del patrimonio privativo o social, según el caso, con el valor que es.te tenga al momento de la liquidación de la sociedad de gananCIales. Lógicamente esta posibilidad está vedada para aquellos supuestos en los cuales se presume judicialmente la voluntad del cónyuge no interviniente (aceptación tácita, ac~pite ~.3 d~l presente capítulo) o cuando éste actuó con negligencia d~J~~do transcurrir los plazos de la prescripción extintiva o adquisitiva. Ahora, debe tenerse presente que este reembolso só~oopera cuando el acto realizado por uno de los cónyuges ha traído co.nsigo el empobrecimiento del patrimonio social y éste se mantiene hasta la disolución de la sociedad de gananciales. Esto resulta claro en los actos de disposición arbitraria del patrimonio social a título gratuito (W4S1'E), en los que por defini~ió~ se produce un desmedro del patrimonio social. En cambio, SI dI~~O acto fue a título oneroso, faltaría determinar si la contraprestaCIOn 305

JOSÉ AlMEIDA

BRICEÑO

recibida pasó a engrosar el patrimonio común de los cónyuges, en cuyo caso es de aplicación el principio de subrogación establecido por el Art. 311º, inc. 2 del Cc. El reembolso operaría si la contraprestación recibida por el cónyuge interviniente pasase a formar parte de su patrimonio privativo (como en el supuesto de gravamen arbitrario expuesto en el~) o pasando al patrimonio común, haya sido realizado en forma desventajosa (en este caso, el reembolso operaría sobre la diferencia entre el valor del bien al momento de la liquidación y la contraprestación recibida por el bien al patrimonio social). Otra de las dudas que genera la deficiente regulación de nuestro CC, consiste en determinar si resulta necesario que el cónyuge no interviniente inicie, antes de la liquidación de la sociedad de gananciales, una acción contra su consorte para el reembolso del bien dispuesto sin su consentimiento. Es evidente que con el paso del tiempo, el cónyuge interviniente intentará deducir la excepción de prescripción extintiva frente a la pretensión de su consorte. Al respecto, consideramos que dicha excepción no tendrá efecto porque se contrapone con la armonía conyugal que debe reinar en las relaciones entre los cónyuges durante la vigencia de la sociedad de gananciales, siendo de aplicación el supuesto de suspensión del plazo de prescripción extintiva establecido por el Art. 1994º, inciso 2 del Cc. Por lo que, sin perjuicio de hacer lo que no está prohibido (demandar antes de la liquidación de la sociedad de gananciales), el cónyuge no interviniente puede válidamente hacer valer el reembolso al momento de la liquidación de la sociedad de gananciales, no siendo necesario que previamente haya demandado a su consorte con tal pretensión. De esta manera, no se crea en los cónyuges la necesidad de actuar contra el otro por temor a la prescripción, dada la incidencia negativa que una acción patrimonial entre cónyuges podría traer sobre la armonía conyugal. 306

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA DEL PATRIMONIO

SOCIAL

Sin perjuicio de lo antes indicado, la Sala CivilPermanente de la Corte Suprema considera que la pretensión de indemnización a favor del patrimonio social puede hace.rs.evaler con osterioridad al divorcio y aun cuando se haya solicitado la nui- dad del acto de disposición arbitrario del patrimonio social. ~í, en la CASoNº 746-97-LALIBERTAD(183) señaló lo siguiente: «El hecho del matrimonio de las partes celebrado el 25 de octubre de 1989 no ha sido negado y corre a fajas 38 copia certificada de la sentencia del 16 d~ ~gosto de 1995 pronunciada por la Segunda Sala CIVIlde La Libertad, declarando fundada la demanda de divorcio e infundada la indemnización por daño moral, que ha sido apreciada en la sentencia apelada en la parte final de su tercer considerando. La actora persigue la indemnización de los daños y perjuicios que le ocasionó el demandado al privarle del disfrute de los bienes conyugales a partir del 26 de octubre de 1990y por la enajenación de los dos inmuebles que indica, que es una acción distinta a la que en copia certificada corre a partir de fajas 149, que pretende la nulidad de la enajenación de esos mismos bienes, por haberse hecho sin su participación, y aun cuando ambas acciones se basan en la presunción legal, de que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son sociales, en este caso se pide el resarcimiento del daño causado por la privación de los bienes y en el otro la invalidez de los actos, por lo que no tiene por qué supeditarse el resultado de ese anterior proceso.

CAS. NlI 746-97-LA LIBERTAD del 26 de agosto de 1998, publicada en la SCEP del 5 de octubre de 1998, pp. 1773-1774. (183)

307

JOSÉ ALMEIDA

BRICEÑO

Eljuzgador de primera instancia ha considerado que es en ese otro proceso donde se definiría si los bienes inmuebles son o no conyugales y que carece de objeto analizar otros medios probatorios respecto de ese extremo de la demanda; olvidando que, por aplicación del Art. 310º del Código Civil,salvo prueba en contrario, todos los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio se presumen sociales». En todo caso, resulta claro que no procede ningún tipo de recompensa con posterioridad a la liquidación de la sociedad de gananciales, ya sea mediante acuerdo entre los cónyuges, o uno de ellos con los sucesores del otro o mediante proceso judicial. En la legislación comparada, es de destacar el Art. 1301º del CC español que señala que la acción de nulidad sólo durará 4 años y que este plazo empezará a correr «si la acción [de nulidad} se dirigiese a invalidar actos o contratos realizados por uno de los cónyuges sin consentimiento del otro, cuando este consentimiento fuere necesario, desde el día de la disolución de la sociedad conyugal o del matrimonio, salvo que antes hubiese tenido conocimiento de dicho acto o contrato». 4.2. A favor del tercero contratante

La anulación del acto de disposición arbitrario del patrimonio social-como lo proponemos en el presente trabajo- en virtud de sentencia firme declarada' a favor del cónyuge no interviniente, trae consigo que dicho acto no produzca ningún efecto desde su celebración, conforme reza el Art. 222º del CC siguiendo el principio quod nullum est, nullum produit effectum (lo que es nulo no produce ningún efecto); por lo tanto, se tiene por no concertado. 308

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMO

10 SOCIAL

Aunque el CC no lo exprese claramente, como consecuencia de la anulación -y este es uno de sus efectos-, el tercero debe restituir el bien al patrimonio soci.alcon sus fruto~ y por su 1 cónyuge interviniente debe remtegrar el preclO canceparte, e . . ., 1 lado (u otro bien enajenado) en contrapres,ta~lOn ~or e terce,iuntamente con sus intereses; esto último SIel acto de ro, co n:J ..' disposición arbitrario del patrimom~ SOCIal fue a tl;ulo oneroso. Asílo establece, como modelo a segUIr,el Art. 1303- de~C~ ,espa- 1 al señalar que «declarada la anulabilidad de una obligacion, los no contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que h u biiesen sid o

r...

'a del contrato, con susfirutos, y el precio con los intereses }». La ma ten . . .' (184)

doctrina nacional, por CIerto, ha acogido este cnteno

.

Con relación a la posibilidad del que el cónyuge no interviniente solicite una indemnización al tercero que contrató con su consorte, la Sala CivilTransitoria de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto en contra de dicha prete.nsión en la CASo º 226-99-ICA(185), emitida en el proceso seguido por Carmen Ruiz contra la Cooperativa de Vivienda Bancarios de lea, sobre indemnización por daños y perjuicios. La demanda .seenco~traba dirigida a que la indicada cooperativa (tercero) mdemmce a la demandante (cónyuge no interviniente) por haber. contratado con su esposo sin su consentimiento respecto de un mmueble que era bien social y que le obligó a iniciar una acción judicial, así como, por haberle iniciado una acción en su contra por pago de mejoras, fuera del plazo estableciqo por la ley.Ante e~re~urso de casación presentado por la cooperativa, la Sala senalo:

(184) Así, VIDAL 428-429; Y LOHMA:\:\

RA.\1ÍREZ, LeCA

El acto jurídico en el Código Civil peruano, cit., pp.

DE TENA,

El negocio jurídico, pp. 577-579.

(185) CAS. 226-99-ICAdel 6 de julio de 1999, publicada en la SCEP del 18 de octubre de 1999, p. 3766. Q

309

CAPíTULO

«Respecto de la aplicación indebida de normas d derecho material, la Sala de Vista, en la sentencia im~ p~gnada considera que la responsabilidad de indemruzar de la Cooperativa, surge de lo estatuido en 1 Artícul~ 1982Q del Código Civil, que se refiere a unea denuncia penal calumniosa, totalmente ajena a los hechos materia de la demanda, pues el hecho de haber celebrado el contrato con uno solo de los cón ges, el juicio seguido para la nulidad de ese contrat: el seguido sobre el pago de mejoras, no comprend~ denuncia penal alguna. En consecuencia, es amparable el recurso de casación por la causal de aplicación indebida de una norma de derecho ~n~t~rial, sien~o el caso tener presente que el llamado JUICIOde mejoras, que constituye más bien un pago. de construcción de terreno que se consideraba prop~o y que desp~és se determinó que era ajeno, concluyo por sentencia definitiva, incluso con intervención de la Corte Suprema, accediendo al pago de esa ~o~s.trucción, por lo que no cabe responsabilidad por InICIarSe una acción en la que se obtiene resultado favorable, por constituir el ejercicio regular de un derecho y con mayor razón si se resolvió declarándose fundada en parte la demanda como se ha indicado». . Por otro lado, el tercero puede haber realizado mejoras al b.len, per~ibido frutos que tuvo que transferir al patrimonio social y realizado otros g as t os en e 1 proceso judicial .. . segUIdo . en su contra o de lo co n trari . rano no h aber realizado gasto ni contraprestación alguna . L as preguntas, entonces, que se plantean la prim era, (merece . ~ son dos· .. el tercero una protección mas arr:~ha que la simplemente establecida como efecto de la anulabilidad? y la segunda, ¿esta protección opera también cuan~o el acto de disposición arbitrario del patrimonio social ha sido celebrado a título gratuito? 310

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMO

10 SOCIAL

El saneamiento por evicción Sobre estas cuestiones, resulta importante analizar si resulta aplicable a favor del tercero el saneamiento por evicción, que procede confo~e lo señala el .rt. 14912 del CC, cuando el adquirente es privado total o parCIalmente del derecho de propiedad, uso o posesión de un bien en virtud de resolución judicial o administrativa firme y por razón de un derecho del tercero, anterior a la transferencia. Con la atingencia que esta figura sólo es aplicable al ámbito contractual, consideramos que puede ser invocada por el tercero, dentro del plazo establecido por la ley (de un año, Art. 1500Q, inc. 5 CC), si con posterioridad a la transferencia ha sido privado del bien social (por efecto de la declaración de anulabilidad del acto de disposición arbitrario del patrimonio social a favor del cónyuge no interviniente). En ese sentido, la evicción debe entenderse como la privación que sufre el tercero (adquirente), por mandato de una sentencia firme a favor del cónyuge no interviniente, del derecho de propiedad que adquirió del cónyuge interviniente (transferente) por razón del acto de disposición arbitrario del patrimonio social; mientras que el saneamiento, se entiende como la obligación impuesta legalmente al cónyuge interviniente (transferente) de responder frente al tercero (adquirente) por las consecuencias derivadas de esa privación(186). El primer requisito necesario para el saneamiento por evicción consiste en que la propiedad del bien social haya sido transferida a favor del tercero; lo cual requiere, como lo indicá-

(186) En la CAS. Nº 837-97-lAMBAYEQUE del 05 de noviembre de 1998, publicada en la SCEP del 4 de diciembre de 1998, pp. 2137-2138, se señala que la sociedad conyugal -entendida como una entelequia- no puede ser la obligada al saneamiento, sino los propios cónyuges.

311

CAPíTULO JOSÉ ALMEIDA

2:

LA DISPOSICló

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

BRICE - O

ramos anteriormente, que opere la tradición en el caso que el bien sea mueble. Esta propiedad debe ser privada total o parcialmente por efecto de resolución judicial o administrativa emitida a favor del cónyuge no interviniente. El saneamiento no se producirá si el tercero no ha sido desposeído del bien, en la medida que carece de justificación que se le indemnice un daño que aún no ha sufrido, ni tampoco cuando la resolución judicial a favor del cónyuge no interviniente no tiene el carácter de firme. Este concepto concuerda con el Art. 123Q, ine. 1 del CPC, por el cual la resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando no proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos; mas no cuando el tercero se ha allanado a la demanda de anulabilidad presentada por el cónyuge no interviniente o si hace abandono del bien sin esperar la resolución judicial firme, de acuerdo con una interpretación a contrario sensu del Art. 1391 º del Cc. Para el funcionamiento del saneamiento por evicción es generalmente admitido que el mejor derecho del cónyuge no interviniente a la propiedad del bien debe ser anterior a la celebración del acto de disposición arbitrario del patrimonio social. Esto importa que el bien tenga la calidad de social antes de la celebración del acto de disposición arbitrario del patrimonio social y no con posterioridad, como puede suceder cuando un bien propio posteriormente es declarado social por mandato judicial -a manera de ejemplo, el terreno propio sobre el cual se edifica con fondos comunes, supuesto del Art. 310º, último párrafo del CG-. En todo caso, debe tenerse en cuenta que existe a favor del cónyuge no interviniente, el principio de absorción de ganancialidad de los bienes existentes en el matrimonio (véase acápite 2.1 del pre ente capítulo). Tampoco habrá lugar al saneamiento por evicción cuando el derecho del cónyuge no interviniente llegue a er exigible por dolo o culpa inexcusable del adquirente, según el Art. 1494º

el CC. Supuesto que se configuraría si el tercero conocía el d do civil del cónyuge interviniente y dolosamente contrata esta nsorte a sabiendas que con dicho acto Iib a a pro duci UCIr con sU co ' un desmedro del patrimonio social. De conformidad con el Art. 1495Q del CC, el saneamiento or evicción genera a favor del tercero el derecho de pedir al ~ónyuge interviniente: i) el valor d~l bien al momento de l~ vicción, teniendo en cuenta la finalidad para la que fue adquirido: ii) los intereses legales desde que se produce la evicción, computados sobre el valor del bien; iii) los frutos devengados por el bien durante el tiempo que lo poseyó ode bu~na f~ o su valor, si fue obligado a devolvedos con el mismo bien; iv) las costas del juicio de evicción en caso de haber sido obligado a pagadas, se refiere a las costas y costos procesales a los que hacen alusión los Arts. 410º Y 411º del CPC; v) los tributos y gastos del contrato que hayan sido de cargo del adquirente; vi) todas las mejoras hechas de buena fe por el adquirente, no abonadas por el evicente (cónyuge interviniente), se refiere al no establecerse ninguna limitación, a las mejoras necesarias (cuando tienen por objeto impedir la destrucción o el deterioro del bien), las útiles (las que sin pertenecer a la categoría de necesarias aumentan el valor y la renta del bien) y las de recreo (cuando sin ser n~cesarías ni útiles, sirven para ornato, lucimiento o mayor comodidad): y vii) la indemnización por daños y perjuicios, cuando el transferente incurrió en dolo o culpa al celebrar el contrato. Estos conceptos, salvo el establecido en el ine. 7 del Arto 1495º del CC, son de aplicación obligatoria a favor del tercero, con prescindencia del dolo o culpa del cónyuge interviniente, d o b~etiva (187) o por tratarse de supuestos de responsa bilid 11 a O

(187) Así opina DE lA PlJE)..'TE Y LAVALLE, El contrato en general. ~tarios a la secciónprimera del Libro VIII del Código Cioil; 2l ed., PUCP, Lima, 1996,

segunda parte, po 3380 313

312

JOSÉ AlMEIDA

BRICEÑO

Acto de disposición a título gratuito Con relación al segundo de los interrogantes planteados, la exposición de motivos del Art. 1494Q del CC lo soluciona señalando lo siguiente:

CAPíTULO

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LA DISPOSICló

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

interviniente toma conocimiento que su contraparte es casado?, ¿debe soportar necesariamente la acción de anulabilidad del cónyuge no interviniente? Acción previa del tercero

«El propósito de este artículo es delimitar el área de acción de las obligaciones de saneamiento y el rasgo que le caracteriza es haber eliminado la limitación que existía en el Código Civil de 1936, cuyo artículo 1370Q lo circunscribía a los contratos celebrados a título oneroso. La modificación introducida responde a la naturaleza que tienen las obligaciones de saneamiento en el Código vigente. Según lo expliqué en la introducción y se hace más profundamente al examinar el artículo 1485Q, la institución está orientada a que el enajenante responda por el desmedro que sufra el adquirente en el disfrute del bien y que le impida satisfacer en forma total o parcial la finalidad a la cual se ha destinado. Siendo esto así, es irrelevante el hecho de que el contrato haya sido celebrado a título oneroso o gratuito, pues lo que se protege es el derecho del adquirente a disfrutar en forma pacífica y útil el bien que se le ha transferido, sea en propiedad, posesión o uso».

La primera salida, como es lógico, consiste en solicitar al cónyuge no interviniente que confirme el acto de disposición arbitrario del patrimonio social. Esta posibilidad, que ha sido admitida con otros argumentos por nuestra jurisprudencia nacional (véase acápite 3.3 del presente capítulo), es aceptada por la doctrina y jurisprudencia españolas, conforme lo señala BELLO(188), haciendo hincapié en los supuestos de confirmación presunta del cónyuge no interviniente:

Aun cuando no se registran casos en casación en los cuales se haya aplicado esta institución a favor del tercero; queda claro que esta posibilidad es admisible en los supuestos de disposición arbitraria del patrimonio social, en caso el tercero haya sido despojado del bien social.

«En cualquier caso, de lege data, la realidad es clara en el sentido en que el Código Civil posibilita al cónyuge preterido, titular de la acción de anulación, la sanación del acto mediante una expresa declaración de voluntad (STS de 20 de febrero de 1989) o, incluso, de un modo tácito o presunto (STS de 7 de junio de 1990), lo que habrá de probar quien lo alegue (S. de la AT de Granada de 22 de noviembre de 1984) siendo una cuestión de hecho la determinación de si existe o no consentimiento en alguna de tales formas, que incumbe investigar a la Sala de instancia y no revisable en casación más que por la vía de error de hecho o de derecho, según ha venido destacando el TS (STS de 6 de octubre de 1988), debiendo de ser lajurisprudencia extremadamente cautelosa en orden a presumir la

Ahora bien, ¿qué acción legal puede iniciar el tercero si antes que se declare la anulabilidad del acto de disposición arbitrario del patrimonio social a favor del cónyuge no

(188) BELLO jA:-:EIRO, La defensa frente a tercerode los intereses del cónyuge en la sociedad de gananciales, cit., pp. 205-207.

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JOSÉ ALMEIDA

BRICEÑO

existencia de consentimiento tácito o implícito , por . ejemplo,. en los supuestos de silencio del cónyuge al que se pide una respuesta, a fin de tratar de corregir l?s e~cesos de la época anterior, puesto que, en definí. uva, S111 negar la posibilidad de prestar el consentimiento tácitamente, hay que tener presente que el artículo 1322º/1 ex~ge el consentimiento de uno y otro cónyuge y no el simple conocimiento, cuya diferencia se ha cuid.ado de delimitar una reiteradajurisprudencia con motivo de la resolución del contrato de arrendamiento urbano por obras inconsentidas». . Asimismo, el tercero puede solicitar la anulabilidad del acto invocando que su contraparte, el cónyuge interviniente actuó con dolo (Art. 210º CC), ocultando su estado civil de casado o afi~and? qu~ el. bien materia de disposición pertenece a su patnmomo prrvatrvo; de tal manera que si hubiese conocido tal hecho, no hubiese celebrado el acto. Así, lo ha aceptado nuevamente la doctrina española, como a continuación nos ilustra nuevamente BELLO(189): «Ciñénd?nos, pues, al problema del dolo y desde la p~rspectIva de los principios generales del consentímIent~, la respuesta la interrogante formulada, de sí es ~osIble que el cocontratante ostente legitimación activa propia para interponer una acción de anulabilidad por concurrencia de dolo . , debe ser afirmativa, y así se manifiesta buena parte de la doctrina cuando analiza el supuesto de concurrencia de varias causas de anulabilidad a la vista, sobre todo, del problema que surge cuando una persona contrata con un

(189)

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Ibídern, pp. 184-186.

CAPíTULO

2:

LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL PATRIMONIO

SOCIAL

menor malicioso ignorando que lo era; en el mismo sentido de concesión al comprador de acción de anulabilidad por dolo ex artículos 1269º y 1270º, se produce la mejor doctrina en los supuestos de venta de cosa ajena con engaño cometido fraudulentamente por el vendedor. [...] es evidente que el cocontratante puede preferir la desaparición del contrato antes de tener que soportar su posible impugnación posterior por el cónyuge cuyo consentimiento se omitió, en tanto que, aunque la anulación conlleve, además de la restitución ex artículo 1303º, la indemnización de los daños causados por la impugnación del cónyuge preterido en la medida en que lo justifique la satisfacción de su interés, que obviamente no puede exceder del interés de confianza o negativo, le puede resultar más beneficioso evitar su propio cumplimiento y posterior restitución así como que surjan los daños que esperar a su indemnización cuando éstos ya se han producido, a expensas de la prueba de los mismos, lo que no siempre le resultará fácil y, por la contraparte que padeció el dolo del cónyuge contratante si, antes de plantear ésta, el esposo preterido consiente el acto de su consorte». Adicionalmente, antes de la entrega del bien social y tratándose de contratos sinalagmáticos o de prestaciones recíprocas, en aplicación de los Arts. 1428º Y 1429º CC, el tercero puede solicitar alternativamente: i) el cumplimiento de la prestación, ya sea en la vía judicial o extrajudicial (mediante carta notarial de intimación que debe otorgar un plazo no menor de 15 días, luego del cual el contrato queda resuelto); o ii) la resolución del contrato, en la vía judicial. En uno y otro caso, corresponde la indemnización por daños y perjuicios. 317

JOSÉ ALMEIDA

BRICEÑO CAPíTULO

Estas opciones suponen necesariamente que el cónyuge interviniente no cumpla con entregar el bien cuya transferen_ cia e ha obligado yel tercero a su vez, haya cumplido con entregar su contraprestación o garantizar su cumplimiento. Con relación a la indemnización, el Art. 1321 Q del CC señala que la indemnización por daños Y perjuicios se aplicará a aquel que no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve; no obstante, en los dos primeros casos, el resarcimiento comprenderá tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia directa e inmediata de tal inejecución; mientras que en los casos de culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída. Volviendo a la hipótesis de anulación del acto de disposj.: ción arbitrario del patrimonio social a instancias del cónyuge no interviniente, queda claro que su consorte (cónyuge interviniente) debe restituir la prestación más sus intereses al tercero, si dicho acto fue celebrado a título oneroso. Sin embargo, en el supuesto que dicho cónyuge haya dilapidado totalmente su patrimonio privativo, preguntamos ¿el patrimonio social debe responder por dicha deuda -que tiene lógicamente el carácter de privativa, al no haber sido contraída por ambos cónyuges- a favor del tercero? Precisamente, éste y otros interrogantes del siguiente capítulo.

más son materia

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LA DISPOSICIÓN

ARBITRARIA

DEL

P ATRIMONIO

SOCIAL

RESUMEN 1.

.. conjun . ta. C uando. nos . referimos a La regla de la ectuecion actos de disposición arbitraria del patrimonio social, h.acemos alusión a aquellos actos por los cuales uno de los conyuges sin el asentimiento de su consorte transfiere, r~nun~la o g.rava derec h os sobre bienes que conforman el patrimonio I . social, '. da favor de un tercero de buena fe, infringiendo o e pnncrpio ,e actuación conjunta establecido por el Art. 315 del CC y m~s allá de las necesidades ordinarias del h~gar ~ la c?ns~rvaclon del patrimonio de los cónyuges (es dec.lr, bajo el árnbito ~e la estión extraordinaria del patrimonio social). A ~~nera de ejernglo la jurisprudencia se ha encargado de defl~lr. algunos su~u~stos de disposición que requieren el asentlm~~nto .~e ambos cónyuges, como la construcción de u~a edificación ~?n fondos sociales y la cancelación, levantamiento ~ renovacion de la hipoteca; en cambio, es suficiente el a~entlmlento d.e,uno de los consortes cuando se arrienda un bien que servirá de domicilio conyugal.

2.

Argumentos a favor del cónyuge no. íntervín.íente. El primero consistirá en reforzar el carácter social del bien que pr~tende defender. Ello no ofrece mayor dificultad dentro d~1 s.lstema elaborado por el legislador, por el cual los bienes privativos ~e encuentran enumerados en el Art. 3020 del CC y los de~a~ bienes tienen la calidad de sociales, conforme al Art. 310 ~e CC. Con todo, siempre existen «zonas gris~s}), q.u~ han SI o valoradas en casación a favor del cónyuge no Int~rvlnlente ~a~te la duda a favor de la comunidad), declarando bienes SOCI~es a aquellos adquiridos a plazos, cuando. las cuotas se c~mlenzan a cancelar antes del inicio de la sociedad ~e gananc:~e~rfinalizan durante su vigencia; ya aquellas derlvad~s de d~ o siciones realizadas a título gratuito, salvo herencia, lega . donación. Además existen presunciones a favor de la ~o~unl~ dad (Art. 3110 CC) que han sido inter~reta~a~ por I~ JunsP~~e dencia registral en el sentido que toda Inscnpc~on de I~muel a favor de un casado debe extenderse como bien socl~l, .sa va ue se justifique su calidad de propio (para cuy~ propósito .n~ q ficiente la declaración de su consorte). Slmilar~s requrst ~;ss~e necesitan para rectificar la calidad de un bien social

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LA DISPOSICIÓN

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SOCIAL

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como un bien propio y para acreditar la calidad de bienes propios por subrogación. Sin perjuicio de lo anterior, la principal dificultad que debe superar el cónyuge no interviniente -ante el silencio del Art. 315° del CC- será determinar cuál viene a ser la sanción aplicable a los actos de disposición arbitrarios del patrimonio social. La primera opción, acogida en casación y por el Pleno Jurisdiccional Civil del 1997, consiste en declarar la nulidad del acto por falta de manifestación de voluntad conjunta de ambos cónyuges (Art. 219° inciso 1 CC); criterio que en el ámbito judicial ha sido limitado únicamente a favor del cónyuge no interviniente, siendo ésta la única salida admisible a su favor -no procede la tercería de propiedad o la invocación de la nulidad vía excepción o proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta-, aunque también puede ser utilizada en supuestos de riesgo latente de disposición (a manera de ejemplo, la constitución en arras de un bien social) o sobre bienes muebles. Otros autores, en cambio, no sólo consideran que la causal de nulidad a invocar debe ser. la descrita por el Art. 219°, inciso 4 del CC (imposibilidad física o jurídica del objeto) -caso de BELAUNDEsino que además ofrecen otras opciones: BARCHIes de la opinión que la disposición arbitraria del patrimonio social es rescindible, como si se tratase de la venta de un bien ajeno (Art. 1539° CC). La Corte Suprema de Justicia en diversos pronunciamientos discrepa de esta posición. La doctrina nacional se ha encargado de señalar otros requisitos adicionales para la configuración de esta figura y que la alejan del problema planteado: el vendedor no debe informar al comprador que el bien no es ajeno al momento de la venta pero tampoco que es propio; el bien debe ser cierto (mas no incierto o fungible); y el contrato debe estar sujeto a un plazo suspensivo. De tal manera que la rescisión opera, dentro del plazo convenido por ambas partes, como un mecanismo de defensa del comprador cuando se percata. que el bien no pertenece al vendedor. Para cierto sector de la doctrina argentina y un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de nuestro país, la sanción aplicable sería la de ineficacia relativa o inoponibilidad. En cuyo caso, el acto sería válido y eficaz entre las partes que lo celebraron -el cónyuge interviniente Y el tercero-, pero ineficaz

para el cónyuge no interviniente, para quien el acto es como si no existiese. Esta situación se asemeja a la descnta por el A~t. 161 ° del CC para los actos celebrados por el rep:esentante Sl~ poder; sin embargo, esta figura no ha sido debl.da,mente d~llneada en nuestro ordenamiento jurídico por la colislón que eXIste con lo establecido por el Art. 156° de.1CC, que sanciona con nulidad la disposición o gravamen de bienes del representado. soluciones presentan inconvenientes. La ineficacia relaEs t as '1 d d f a en nuestro ordenamiento jurídico so o proce e cuan ~ uno de ellos se atribuye la representación de su consorte, disponiendo un bien social, sin poseer poder alguno o .cu~ndo ,ndolo se extralimita de sus facultades o las viola, suposey e . . I tri . puesto distinto de la disposición arbltran.~ de pa nmo~l,o so. I En todo caso la jurisprudencia emitida en casación ha Cia.' dido a este supuesto como uno de anu Ia bilid I la, d con f unen t en . idi L diendo la confirmación con la ratificación del acto JU;I ICO. a rescisión, aún cuando se puede ampliar pora~alogla a o~r,os contratos sobre bienes ajenos (permuta, SUministro, do.na~l?n, mutuo, arrendamiento, comodato, depósito y renta vitalicia), presenta una complicada configuración -que ya hemos hecho notar- y que ha sido desestimada por la. Corte Suprema de Justicia, que en múltiples fallos ha la n~llda? d.e la compraventa de bien ajeno, por considerar que esta Inf;l~ge una norma de orden público: el Art. 197° inciso 4 de! Codlgo Penal. Por otro lado, tampoco el bien le es total o parclalme~,te ajeno al cónyuge interviniente. La nulidad como solución jurisprudencial por falta de manifestación ?e voluntad de ambos cónyuges no tiene asidero: los dos conyuges no forman una manifestación de voluntad, cada uno de ellos presenta una propia, siendo cualquiera de ellas sufici~~te como elemento esencial del acto jurídico. Si la manifestaclon de volunt~d ~el cónyuge interviniente es nula lo es para todo efecto. ASI ~ISmo, tampoco se puede afirmar que el adolece de n~".d~d por contener objeto jurídicamente impOSible. A nuestro JUI~I~~ la nulidad resulta procedente pero por otra causal: el Art. 3 del CC es una norma imperativa y por lo tanto no poued~ser sustituida por la voluntad de los particular~~ (Art. ~19 ,.InCISO~ CC). Sin embargo, la nulidad es una solución radlc~1 e ínsalva ble que no admite confirmación alguna del conyu~e no int~rviniente. Con lo cual no afirmamos que no haya sido un

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CAPíTULO

arma eficaz para éste, sino que como regla no contempla otros casos y por lo tanto no puede servir para suplir los vacíos del Art. 315° del CC. En la legislación comparada encontramos otras soluciones: el CC español (Arts. 1322°, 1375° Y 1377°) plantea dos tipos de sanciones para los actos de disposición arbitraria del patrimonio social, dependiendo que se haya contraído a título oneroso (anulabilidad) o gratuito (nulidad). Este modelo fue recogido en el Art. 315°-B de la Propuesta de enmiendas del Libro de Derecho de Familia elaborada por el Congreso Constituyente Democrático. No encontramos justificación alguna para que en los actos de disposición arbitrarios del patrimonio social a título gratuito no se permita la confirmación del cónyuge no interviniente. Por ello, aciertan aquellas legislaciones (Art. 1757° CC chileno y Art. 184° CC italiano) y la jurisprudencia argentina que consideran como única sanción la anulabilidad de dichos actos. Admitiéndose esta solución, ésta sólo resultaría procedente a favor del cónyuge no interviniente, quien gozaría de un adecuado plazo de prescripción extintiva (dos años, Art. 2001°, inc. 4 CC) y a su vez, permitiría que el juez evalúe los motivos de la pretensión del cónyuge no interviniente, las particularidades del negocio y su incidencia patrimonial en la familia, así como admitiría que el cónyuge interviniente y el tercero presenten sus pretensiones similares. Esta solución requiere una modificación legislativa. 3.

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Argumentos a favor del tercero de buena fe. La nulidad como solución jurisprudencial o anulabilidad (propuesta por nosotros) del acto de disposición arbitrario del patrimonio social no afecta al tercero adquirente cuando éste ha sido guiado por los signos de recognoscibilidad que nuestro ordenamiento jurídico provee: la posesión y el registro. En el caso de bienes muebles, es de aplicación la adquisición a non domino (Art. 948° CC), por la cual si el tercero actúa de buena fe y como propietario y recibe del cónyuge interviniente la posesión de una cosa mueble habrá adquirido el dominio, aunque éste carezca de facultades para hacerla por ser un bien social. Esta figura se circunscribe únicamente a la transferencia de la propiedad, con lo que se excluye cualquier otro tipo de titularidad adquirida por el tercero (renuncia o gravamen). Requiere que se produzca la entrega física del bien, lo cual también se cum-

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ARBITRARIA

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. osesión del tercero pie cuando el bien ya se encontraba en P (traditio brevi manu), mas no cuando. el bien queda en pose~ sión del cónyuge interviniente (constduto posesono). La bue na fe que se pide consiste en el desconocimiento qu.e el bien entregado tiene la calidad de social (buena f~ creencia). En el de bienes inmuebles y los muebles registrados (aunque caso I . . prudencia casatoria no resulte clara nii unif uru arme en es te a JUtrls)es de aplicación la fe pública registral (Art. 2014° CC), pun o . .,. t f por la cual si el bien social aparece inscrito urucamen e a avor del cónyuge interviniente (por hab~r declarado ser soltero o porque logró inscribirlo como propio), .el tercero de b.uena fe mantendrá su adquisición una vez Inscrito su derec~o silo hace a título oneroso de dicho cónyuge, aunque despu~s se anule, rescinda o resuelva el derecho del otorgante por Virtud de causas que no consten en los reqlstros oúbucos. La buena fe como isito de esta figura no solo requrere que el tercero des?o~~i~a que su contratante tenía el estado civil de casa?o, sino que obliga a leer además, del resumen del as~ento.reglstral, el título archivado que le dio origen. La onerosldad Inclu~e a I~ transferencia Y al gravamen Y excluye a los act~s de dísposición arbitraria del patrimonio social a título gratuito. Esta solución no varía en el caso de las uniones de hecho y el matrimonio putativo. Resulta contradictorio con su posición, asumid~ a favor de la nulidad, que la Corte Suprema de Justicia admita qu~ ,en ~~terminados supuestos se pueda considerar la ac~ptac.lo~ tacíta del cónyuge no interviniente en los actos de dlsposlclon arbitrarios del patrimonio social. Así ha resue,lto cuan.do el tercero acreedor prueba que dicho cónyuge acepto los r~clbos ,de.pago por cuota inicial; interviene en la elevación a escritura publica de la minuta de compraventa que no suscribió; e.s declarad? rebelde en el proceso judicial. Los Registros publicas han u~llIzado este argumento para salvar los defectos que se pudiesen crear en el tracto sucesivo en la transferencia de los inmuebl~~, cuando uno de los cónyuges no ha participado ~,n la adqUISIción de un bien, pero sí en su posterior disposlclon.

?

Un extremo que el legislador deja en la sombr,a, acas? por creer que está suficientemente aclarado, es qu~ se entiende por los «casos considerados en las leyes especiales», excep-

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ción establecida a la actuación conjunta por el propioArt. 315° del CC. Se tratan de supuestos en los cuales la ley admite la actuación individual de uno de los consortes para la disposición de bienes del patrimonio social, en obsequio al tráfico comercial. Así lo establece el Art. 227° de la Ley N° 26702, a favor de las entidades del sistema financiero nacional, al presumir de pleno derecho la voluntad del cónyuge del titular de cuentas corrientes, en las transferencias u otras operaciones bancarias. En igual sentido disponen la Sexta Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 27287 y el Art. 113° del Decreto Legislativo N° 861 , respecto de los títulos valores y los mecanismos centralizados de negociación del mercado de valores, respectivamente. Un supuesto discutible lo constituyen las acciones que uno de los cónyuges tuviese en una sociedad anónima. La jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia no legitima al cónyuge del titular de las acciones a impugnar acuerdos societarios, conclusión que llevada a sus últimos alcances nos lleva a pensar que el esposo que es titular de dichas acciones, puede disponer de estas, aunque formen parte del patrimonio social de ambos. Por último, el Art. 39° del D.S. N° 001-97-TR presume, salvo prueba en contrario, que el trabajador casado bajo el régimen de sociedad de gananciales cuenta con el asentimiento de su consorte para disponer del retiro parcial o total de su depósito por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Este grupo de excepciones se presentan en forma asistemática en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que se sugiere seguir el modelo del CC español, que con mayor precisión ha logrado identificar estos casos. El decurso del tiempo también puede favorecer al tercero adquirente, si éste reúne las condiciones establecidas por la ley, para invocar a su favor la adquisición de la propiedad, ya sea mediante la usucapión (o prescripción adquisitiva) o deduciendo la excepción de prescripción extintiva frente a la acción de nulidad (o anulabilidad) presentada por el cónyuge no interviniente. En el primer caso, según lo establece la jurisprudencia, el tercero deberá demostrar que su posesión ha sido continua (sin interrupciones), pacífica (que no haya sido demandado previamente por el cónyuge no interviniente por la nulidad del acto), pública y como propietario. Es importante

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tomar posición a favor de la anulabilidad, porque en este ca~.o, a diferencia de la nulidad, puede ingresarse a la usuca~lon corta (por existir justo título), siempre que pruebe que actuo de buena fe (es decir, desconociendo que la persona con la cual contrataba era un cónyuge sujeto al r~gim.en d~ sociedad de ananciales). Con relación a la preSCrlpCIOnextintiva, Importa ;aber si el cónyuge no interviniente puede invoc~r la suspen'0' n del plazo prescriptorio. Interpretado en sus Justos alcanSI ces el Art. 1994° inciso 2 del CC, sólo ,se re fiere a Ias re lacl aC,lones jurídicas patrimoniales entre los conyuges, mas no de estos frente a terceros. 4.

Mecanismos compensatorios. ¿Cómo se indemniza al cónyuge no interviniente en aquellos s~puestos e~ los cuales el tercero mantiene la propiedad del bien transferido por su consorte sin su asentimiento? Siguiendo la legislación comparada (Art. 1437° CC francés, Art. 1539° CC alemán, Art. 192° CC italiano, Arts. 1390° Y 1391 ° CC español y Arts. 1742°, 1745°, 17470 Y 1748° CC chileno), la respuesta se encu~ntra en la teoría del reembolso, a partir de la cual el conyuge no interviniente puede solicitar a su consorte la restitución del valor del bien dispuesto sin su asentimiento a favor de un tercero, ya sea al momento de la liquidación de ,Iasoci~d.ad de gana~ciales o durante su vigencia. Nuestro Códiqo CIvil no ha acogido esta teoría, salvo para la deducción de las primas paoadas con bienes de la sociedad cuando se hace cobro de la indemnización por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o de enfermedades (Art. 302°, inc. 4 CC) y el abono del valor del suelo a favor del cónyuge propietario de este, cuando se haya construido sobre él una edificación a co~t.a del caudal social (Art. 310°, segundo párrafo CC). Esta deflcle~te regulación ha sido interpretada erróneamente por nuestra JUrisprudencia nacional confundiendo al reembolso como una simple indemnización. En aquellos supuestos en los cuales el cónyuge no interviniente haya logrado obtener la nulidad (o en. nuestro .cas~, anulabilidad) del acto de disposición arbitrario del patrimOniO social, éste no producirá efecto alguno y por lo tanto el :ercero deberá devolver el bien a dicho patrimonio y el Co~yu.ge interviniente debe reintegrar el precio cancelado (u otro bien enajenado) en contraprestación (si lo hubo). Adicional~ente,

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el tercero puede solicitar el saneamiento por evicción, como consecuencia de la desposesión del bien social, siempre que el acto de disposición se 'encuentre dentro del ámbito contractual, así haya sido celebrado a título gratuito, Antes de la entrega del bien social, procede la resolución en los contratos sinalagmáticos o la anulabilidad por dolo del cónyuge no interviniente (si el cónyuge no interviniente ocultó su verdadero estado civil o cuando la naturaleza del bien materia de disposición era privativa y no social),

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