JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN EL PROCESO PENAL PERUANO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

TRABAJO DE DERECHO PROCESAL PENAL

CURSO

:

PROCESAL PENAL I

TEMA

:

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

DOCENTE

:

DR. HENRY GRADOS

INTEGRANTES: -

GARCÉS DIOSES, Vicker 

-

GARCÉS OLIVARES, Katerine

-

LEQUERNAQUÉ GARCÍA, Kristell

-

VIERA GARRIDO, Joaquín

04 de Julio del 2013

Nos gustaría dedicar este  Trabajo a todas nuestras familias. A nues nuestr tros os padr padres es, por su comprensión y ayuda en momentos malos y menos malos. Nos han enseñado a enca encara rarr las las adve advers rsid idad ades es sin sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el intento. Nos han dado todo lo que somos como persona, nuestros valo valore res, s, nues nuestr tros os prin princi cipi pios os,, nuestra perseverancia y empeño, y todo ello con una

DEDICAT

04 de Julio del 2013

Nos gustaría dedicar este  Trabajo a todas nuestras familias. A nues nuestr tros os padr padres es, por su comprensión y ayuda en momentos malos y menos malos. Nos han enseñado a enca encara rarr las las adve advers rsid idad ades es sin sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el intento. Nos han dado todo lo que somos como persona, nuestros valo valore res, s, nues nuestr tros os prin princi cipi pios os,, nuestra perseverancia y empeño, y todo ello con una

DEDICAT

PRESENTACIÓN

EL siglo XXI nos trae nuevos aires dentro de la corriente procesal penal, producto de una profunda reflexión, sobre las virtudes y faltas del ya vetusto, código de procedimientos penales de 1940, lo que nos perm permit ite e dilu diluci cida dar, r, que que exis existe ten n nuev nuevos os y clar claros os desa desafí fíos os en la apli aplica caci ción ón del del dere derech cho o proc procesa esal, l, reco record rdem emos os que que vivi vivimo moss en un mundo globalizado en donde, el derecho no es ya una colección de campos dispares, cada uno de ellos con su propia historia, su propio vocabulario y una profusión impresionante y a veces difusas de reglas y doctrinas; sino más bien de un ordenamiento jurídico que promueve elementos de integración económica de la nación, bajo el amparo de la moral y la eficiencia, en donde el medio es tan importante como el fin.

En el presente trabajo haremos un análisis detallado y en algunos caso casoss comp compar arat ativ ivos os de cómo cómo ha evol evoluc ucio iona nado do la Juri Jurisd sdic icci ción ón y Competencia de los operadores jurídicos en el nuevo proceso penal.

Sin duda alguna, podemos afirmar que en primer término éste nuevo proceso penal nos trae muchos cambios que en su mayoría son con la intención de mejorar y acelerar la resolución de los procesos penales en cada uno de los juzgados de nuestro país, del mismo modo se ha establecido cambios en cuanto a la competencia y jurisdicción de los  Jueces y se les ha adaptado para que tengan un mejor desenvolvimiento dentro del proceso penal.

INDICE

PRESENTACIÓN I.-

LA JURISDICCIÓN

1.1.- DEFINICIÓN 1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA JURÍSDICCIÓN 1.2.1 AUTÓNOMA 1.2.2 EXCLUSIVA 1.2.3 INDEPENDIENTE 1.2.4 ÚNICA 1.3.- ELEMENTOS JURISDICCIONALES A DECIR DE LA DOCTRINA 1.3.1 LA EXECUTIO 1.3.2 LA NOTIO 1.3.3 LA VOCATIO 1.3.4 LA COERTIO 1.3.5 LA JUDICIUM 1.4.- LA POTESTAD JURISDICCIONAL (ART. 16° CPP) 1.5.- IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCIÓN PENAL (ART. 17° CPP) 1.6.- LIMITES DE LA JURISDICCIÓN PENAL ORDINARIA (ART. 18° CPP)

II.- LA COMPETENCIA 2.1.- DEFINICIÓN 2.2.- DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA (ART. 19° CPP): 2.3.- EFECTOS DE LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA (ART. 20° CPP)

III.- LA COMPETENCIA POR TERRITORIO 3.1.- COMPETENCIA TERRITORIAL (ART. 21° CPP) 3.2.- DELITOS COMETIDOS EN UN MEDIO DE TRANSPORTE (ART. 22° CPP) 3.3.- DELITO COMETIDO EN EL EXTRANJERO (ART. 23° CPP)

3.4.- DELITOS GRAVES Y DE TRASCENDENCIA NACIONAL (ART. 24° CPP) 3.5.- VALOR DE LOS ACTOS PROCESALES YA REALIZADOS (ART. 25° CPP)

IV.- LA COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL 4.1.- COMPETENCIA DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA (ART. 26° CPP) 4.2.- COMPETENCIA DE LAS SALAS PENALES DE LAS CORTOS SUPERIORES (ART. 27 CPP) 4.3.- COMPETENCIA MATERIAL Y FUNCIONAL DE LOS JUZGADOS PENALES (ART. 28 CPP) 4.4.- COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA (ART. 29 CPP) 4.5.- COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS (ART. 30 CPP)

V.- LA COMPETENCIA POR CONEXIÓN 5.1.- CONEXIÓN PROCESAL (ART. 31 CPP) 5.2.- COMPETENCIA POR CONEXIÓN (ART. 32° CPP)

VI.- CONCURSO PROCESAL DE DELITOS 5.1.- TRÁMITE (ART. 33° CPP)

VII.- CUESTIONES DE COMPETENCIA 7.1.7.2.CPP) 7.3.7.4.7.5.-

DECLINATORIA DE COMPETENCIA (ART. 34° CPP) OPORTUNIDAD PARA LA PETICIÓN DE DECLINATORIA (ART. 35° REMISIÓN DEL PROCESO (ART. 36 CPP) RECURSO DE APELACIÓN (ART. 37 CPP) VALOR DE LOS ACTOS PROCESALES (ART. 38 CPP)

VIII.-

LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA

8.1.- PROCEDENCIA (ART. 39 CPP) 8.2.- TRÁMITE (ART. 40 CPP) 8.3.- RESOLUCIÓN (ART. 41 CPP)

IX.- LA CONTIENDA DE COMPETENCIA 9.1.CPP) 9.2.9.3.9.4.-

CONTIENDA DE COMPETENCIA POR REQUERIMIENTO (ART. 42° CONTIENDA DE COMPETENCIA POR INHIBICIÓN (ART. 43° CPP) CONSULTA DEL JUEZ (ART. 44° CPP) INHIBICIÓN DEL JUEZ (ART. 45° CPP)

X.- LA ACUMULACION 10.1.46° CPP) 10.2.-

ACUMULACIÓN DE PROCESOS INDEPENDIENTES (ART. ACUMULACIÓN OBLIGATORIA Y FACULTATIVA (ART. 47°)

10.3.ACUMULACIÓN DE OFICIO O A PEDIDO DE PARTE (ART. 48° CPP) 10.4.ACUMULACIÓN PARA EL JUZGAMIENTO (ART. 49° CPP) 10.5.IMPROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN (ART. 50° CPP) 10.6.SEPARACIÓN PROC. ACUMULADOS E IMPUTACIONES CONEXAS (ART. 51° CPP) 10.7.RESOLUCIÓN Y DILIGENCIAS URGENTES (ART. 52° CPP)

XI.- LA INHIBICIÓN Y RECUSACIÓN 11.1.LA INHIBICIÓN (ART. 53° CPP) 11.2.REQUISITOS DE LA RECUSACIÓN (ART. 54° CPP) 11.3.REMPLAZO DEL INHIBIDO O EL RECUSADO (ART. 55° CPP) 11.4.TRÁMITE CUANDO EL JUEZ NO CONVIENE EN LA RECUSACIÓN (ART. 56° CPP) 11.5.TRÁMITES ESPECIALES (ART. 57° CPP) 11.6 INHIB. Y RECUS. DE SECRETARIOS Y AUXILIARES  JURISDICCIONALES (ART. 58° CPP) 11.7 ACTUACIONES IMPOSTERGABLES (ART. 59° CPP)

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFIA ANEXOS

 JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN EL NUEVO PROCESO PENAL PERUANO I.-

LA JURISDICCIÓN

1.1.- DEFINICIÓN:

Para, Devis Echandia, se entiende por jurisdicción "la función pública de administrar justicia, emanada de la soberanía del Estado y ejercida por un órgano especial”1 Agrega el citado autor que la jurisdicción tiene por fin la realización o declaración del derecho y la tutela de la libertad individual y del orden jurídico, mediante la aplicación de la ley en los casos concretos; para obtener la armonía y la paz social.

1

DEVIS ECHANDIA, Teoría general Del Proceso, cit. P. 73 y SS.

El Estado otorga esta potestad (art. 138" Const.) de Administrar  Justicia a un Juez o Tribunal, que es el órgano que cumple funciones  jurisdiccionales, que emite una declaración del derecho y de tutela de los derechos fundamentales de la persona y del orden jurídico. Entonces, se debe de afirmar que el Juez, sea personal o colegiado, es un órgano constitucional. En tal sentido, y al igual que otras Constituciones europeas, la nuestra concibe a la jurisdicción en la función exclusiva de los jueces, como el tercer Poder del Estado e igualmente se consagra como principio la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, así  como la independencia en su ejercicio, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, entre los principales (art. 139", incs. 1,2 y 3). Para el Estado constituye una obligación actuar a través del órgano  Jurisdiccional a fin de realizar la tutela del orden jurídico cuando el particular o una entidad lo solicita o cuando ocurre un ilícito penal. De esa manera el Estado tiene el poder de someter a su jurisdicción a quienes hayan incurrido en la comisión de un delito. De ello se desprende su consideración como un derecho público del Estado y una obligación para con los ciudadanos; al que cualquier ciudadano ha de recurrir a la jurisdicción mediante el ejercicio de la acción. Esa pretensión de alcanzar la justicia es un derecho de la personas, y constituye una obligación ineludible del Estado a través de los órganos jurisdiccionales. En el nuevo proceso penal, la función  jurisdiccional se aleja de la actividad investigadora para centrar su ejercicio al juzgamiento y al control de la legalidad de la investigación fiscal, bajo los principios aludidos, especialmente el referido a la exclusividad de su función. 1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA JURÍSDICCIÓN:

La Jurisdicción presenta las siguientes características: 2 1.2.1AUTÓNOMA:

La jurisdicción es ejercida por cada Estado de acuerdo con sus normas constitucionales y en ejercicio de su soberanía nacional. En consecuencia, la función jurisdiccional, objeto estudio del Derecho Procesal Penal, se caracteriza por no encontrarse dirigida a la represión penal, que es propio del derecho penal, sino que desarrolla 2

MORENO CATENA, y otros, Introducción Al Derecho Procesal Penal, p. 43 – 46.

las garantías que las regula con el carácter de autónomas; dichas garantías son sustantivas por acomodarse a la realidad constitucional de "aquí y ahora". 1.2.2 EXCLUSIVA:

La jurisdicción es exclusiva de los órganos a los cuales el Estado otorga tal potestad: Jueces de todas las instancias. En este sentido, expresa Peces Barba que “La exclusividad o el monopolio de la  jurisdicción al Juez -se ha dicho- es la última -last put non least- de las condiciones señaladas para una eficaz protección de los derechos fundamentales. Ello excluye la atribución de competencias judiciales al poder Ejecutivo o a las Comisiones Parlamentarias, así como cualquier injerencia en el régimen normal de jurisdicciones especiales que suponen un retroceso en las condiciones para una eficaz protección de las libertades públicas y una intervención del Poder ejecutivo y legislativo en el judicial". 3 Entonces, los particulares ni otros funcionarios públicos pueden ejercer la Jurisdicción, (art. 139.1 Const.) lo que lleva a Montero Aroca a plantear que "todos los Seudo -Tribunales no jurisdiccionales que han proliferado en los últimos tiempos (tribunales de honor, sindicales de amparo, de prensa, de defensa de la competencia, de contrabando y un larguísimo etcétera), sobre cuya naturaleza administrativa, generalmente caben pocas dudas, constituyen otros tantos ataques a la exclusividad de la jurisdicción, ataques que reflejan la desconfianza que el Ejecutivo siente frente a los órganos jurisdiccionales ordinarios como garantizadores de los derechos de los ciudadanos". 4 Entonces, los órganos administrativos, como la policía, los prefectos o alcaldes no es que actúan dentro del "ámbito de su jurisdicción", pues no la ejercen, sino que ejercen sus funciones dentro del ámbito de su competencia. La jurisdicción es exclusiva de los jueces. 1.2.3 INDEPENDIENTE: La función jurisdiccional se caracteriza por .la independencia con la que actúan los magistrados; independencia que debe manifestarse frente a la sociedad, frente a los otros poderes del estado, frente a sus superiores jerárquicos y frente a las partes. La esencia del Juez es su independencia y en ese sentido, sólo está sujeto a la Constitución y a las leyes. 3

Peces Barba, Derechos Fundamentales, 3° Edición, Madrid – España.

4

Montero Aroca, Fundamentos de la Jurisdicción, citado p. 49 - 43

1.2.4 ÚNICA:

Sólo existe una jurisdicción delegada por el Estado conforme al concepto inicial. Leone señala que dentro de la unidad, la jurisdicción reivindica su autonomía y la consiguiente infungibilidad. La  jurisdicción no se divide, por ello no se puede afirmar la existencia de una jurisdicción preventiva, cuando el juez ejerce determinadas funciones en la investigación preliminar, pues realmente el juez actúa en virtud de la potestad de la que está investido, dentro o antes del proceso, si la ley así lo permite. En cambio, se puede afirmar que la  jurisdicción puede tener distintas manifestaciones, a fin de indicar la forma como la ley distribuye su ejercicio entre los diversos órganos y funcionarios especializados, para cumplir mejor con sus fines. 1.3.- ELEMENTOS DOCTRINA:

JURISDICCIONALES

A

DECIR

DE

LA

1.3.1 LA EXECUTIO:

Es la facultad de los jueces de hacer cumplir sus resoluciones, y si es necesario solicitara el apoyo de la fuerza pública para lograr la ejecución de las resoluciones. 1.3.2 LA NOTIO:

En virtud de este elemento el juez puede conocer de un litigio. 1.3.3 LA VOCATIO:

Es la obligación de las partes de comparecer ante el órgano  Jurisdiccional. 1.3.4 LA COERTIO:

El juez provee en forma coactiva al cumplimiento de los mandatos. 1.3.5 LA JUDICIUM:

Es la facultad para que el órgano jurisdiccional dicte una sentencia. 1.4.- LA POTESTAD JURISDICCIONAL (ART. 16° CPP): << La potestad jurisdiccional del Estado en materia penal se ejerce  por:

1. La Sala Penal de la Corte Suprema. 2. Las Salas Penales de las Cortes Superiores. 3. Los Juzgados Penales, constituidos en órganos colegiados o unipersonales, según la competencia que le asigna la Ley. 4. Los Juzgados de la Investigación Preparatoria. 5. Los Juzgados de Paz Letrados, con las excepciones previstas por la ley para los Juzgados de Paz >>

La jurisdicción penal, es el poder que otorga el Estado normativamente, a órganos propios, estructurados y organizados por Ley, (tales como los mencionados en él artículo bajo comento) para conocer y solucionar conflictos sociales, que se dan entre agentes que de forma transitoria o permanente se encuentra bajo su soberanía y/ o entre estos y el Estado, decisión que es respaldada por la fuerza pública, mediante-medidas de seguridad y corrección penal. En este contexto la jurisdicción expresada en este título nace de los poderes conferidos por la Constitución al órgano Jurisdiccional y se plasma de forma concreta mediante los principios procesales constitucionales, tales como, el de unidad jurisdiccional entendida como pilar de la organización y funcionamiento de la justicia penal, según, se aprecia del artículo 139 inciso 1 de nuestra Constitución. El principio de exclusividad, está referido a que solo el Estado dispone de la jurisdicción, por tanto son solo los órganos Jurisdiccionales, quien el Estado. Delega ésa obligación,-como únicos entes con capacidad para juzgar, tal y como se aprecia del artículo 2 dela LOPJ. Otro principio importante, es el de la independencia judicial, que se manifiesta como uno de los pilares trascendentales de un Estado de derecho, y que se plasma doblemente, en los artículos 119 inciso 2y 146 inciso 1 de nuestra Carta Magna. No podemos dejar de señalar el principio del Juez natural, plasmado en el artículo 139 inciso 3, como otro de los pilares donde descansa el Estado de Derecho, siendo entendido como el derecho que tiene toda persona a ser juzgado por un Juez o Tribunal ordinario predeterminado por ley. De lo ya expuesto podemos decir, que la nota básica de la jurisdicción penal, como expresión de la soberanía del Estado, la división del poder jurisdiccional, en instancias, es garantizar la independencia e imparcialidad de la administración de justicia, que tiene como objetivo resguardar los derechos humanos, y se plasma mediante la

independencia, de sus decisiones y su activa búsqueda de la verdad, (la verdad, y no la autoridad, presiden el juicio). Así mismo cuándo hablamos de jurisdicción también debemos tener en cuenta el. artículo 205 de nuestra Carta fundamental, mediante el cual se brinda seguridad a las personas, en la protección de sus derechos humanos, a través de la posibilidad de recurrir previo agotamiento de los recursos internos, ante 1á jurisdicción supranacional, como sería el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Organización de Estados Americanos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros que se constituyan en el futuro (Artículo 33 del Pacto de San José de Costa Rica). Debido a que el tema de los derechos humanos en la actualidad ya no queda circunscrito a la seguridad interna de los Estados, sino por el contrario es considerado como patrimonio de la humanidad. Es de notar que la jurisdicción penal, sujeta sus decisiones a la ley, lo que implica una subordinación a las reglas del derecho objetivo, y que establece una orientación formal, al marco normativo, como criterio fundamental en la decisión de conflictos. 1.5.- IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCIÓN PENAL (ART. 17° CPP): << La jurisdicción Penal ordinaria es ir prorrogable. Se extiende a los delitos y a las faltas. Tiene Lugar según los criterios de aplicación establecidos en el Código Penal y en los Tratados Internacionales celebrados por el Estado, debidamente aprobados y ratificados conforme a la constitución >>

Nadie puede subrogarse competencias que no tiene, las facultades establecidas en el código-priman, salvo excepciones previamente señaladas en la norma penal. Tales como la que se precisa en el artículo 24° de este Código. 1.6.- LIMITES DE LA JURISDICCIÓN PENAL ORDINARIA (ART. 18° CPP): La jurisdicción penal ordinaria, no es competente para conocer: 1.- De los delitos previstos en el artículo 173° de la Constitución. 2. De los hechos punibles, cometido por adolescentes. 3. De los hechos punibles en los casos previstos en el artículo 149° de la Constitución

Nuestra constitución. Establece en su artículo 139 inciso 1 la unidad v exclusividad de la administración pública a cargo del poder judicial y excepcionalmente reconoce la jurisdicción militar y comunal, lo expuesto es concordante con el artículo 173° de la Constitución señala que la competencia jurisdiccional de la ley penal ordinaria termina cuando estamos frente a los delitos de función, por los miembros de la fuerza Armadas y la Policía Nacional, los cuales están sometidos al fuero respectivo y al código de justicia militar. RUBIO CORREA 5 al comentar el artículo precitado, señala "hay que indicar que, como dice el mismo texto constitucional, los tribunales militares juzgan la traición a la patria y el terrorismo cuando la ley lo determine. Esto quiere decir que devolver estos procesos a la  jurisdicción ordinaria no será inconstitucional sino, solamente, una de las posibilidades (pie abre la Carta". Como es de verse en la actualidad todos los procesos de terrorismo llevados ante fueros militares, han sido declarados atentatorios contra los derechos humanos, por tanto, el conocimiento de estos casos ahora compete al fuero civil.

II.- LA COMPETENCIA 2.1.- DEFINICIÓN

La competencia constituye la facultad que tienen los jueces para el ejercicio de la jurisdicción en determinados casos. Se trata de un “presupuesto procesal”6 relativo al órgano jurisdiccional pues exige de éste la competencia para conocer de un caso y dictar sentencia. GARCÍA RADA7 afirmaba que "es el ámbito dentro del cual el Juez tiene y puede ejercer válidamente la Jurisdicción". Para CARNELUTTI, La competencia no es un poder, sino un límite de poder; es más, ha precisado que es el único límite de la jurisdicción. El Juez tiene el poder no sólo en cuanto es juez, sino además en cuanto la materia del juicio entra en su competencia. De esta manera  jurisdicción y competencia se relacionan, y por ello se afirma que la  jurisdicción es el género y la competencia es la especie; es decir, RUBIO CORREA, marcial: Estudio de la Constitución Política del Perú. Fondo Editorial PUCP. Lima 1999. 5

6 7

MONTERO AROCA. Derecho Jurisdiccional T. III citado, p. 41. - 2" edición, 1997l. GARCÍA RADA, Manual de Derecho Procesal Penal, citado, p. 33

todos los jueces tienen jurisdicción, pero no la misma competencia, pues esta se encuentra limitada a determinados asuntos previstos en la ley de la materia. De tal manera que los jueces que intervienen en unos asuntos, no pueden hacerlo en otros por ser incompetentes. 2.2.- DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA (ART. 19° CPP): 1. La competencia es objetiva, funcional, territorial y por conexión. 2. Por la competencia se precisa e identifica a los órganos  jurisdiccionales que deben conocer un proceso.

La competencia constituye la limitación de la facultad general de administrar justicia y puede definirse, como el conjunto de procesos en que un tribunal puede ejercer, conforme a la ley, su jurisdicción o, desde otra perspectiva, la determinación del tribunal que viene obligado con exclusión de cualquier otro, a ejercer la potestad  Jurisdiccional en un concreto asunto8. Podemos decir que la jurisdicción es el género y la competencia es la especie: Se trata entonces, de una aplicación práctica del concepto de jurisdicción, en el sentido de que las reglas de la competencia indican la capacidad de un funcionario u órgano estatal para ejercer el poder de juzgar conflictos sociales o, en materia penal, la de aplicar penas. En cuanto a la competencia objetiva MORENO CATENA, señala que "puede definirse como la distribución que hace el legislador entre distintos tipos de órganos que se integran en el orden penal para el enjuiciamiento en única o primera instancia de los hechos que procede". Agrega que los parámetros utilizados son tres: de un lado se tiene presente si se inculpa como partícipes en los hechos delictivos a personas aforadas, cuyo enjuiciamiento se reserva a un determinado tribunal; de otro lado, se tiene en cuenta la clasificación de las infracciones en delitos y faltas; finalmente, respecto de los delitos, se toma en consideración el tipo de delito y la cuantía de las penas. De la conjunción de todos estos criterios aparece el tribunal objetivamente competente. La competencia funcional por su parte, se refiere al trámite que se sigue en un proceso penal, el cual puede ser conocido, sucesiva o HURTADO POZO, José: Derecho Penal y Derechos Culturales. Autores Varios. Derechos Culturales. Lima PUPC y U. de Friburgo, 1996. 8

simultáneamente, por distintos órganos jurisdiccionales, lo que permite precisar la medida de la jurisdicción, en cada fase procesal, desde el inicio de proceso penal hasta la ejecución de la sentencia. MORENO CATENA, sobre el particular nos dice que a lo largo de la tramitación de un proceso penal pueden conocer, sucesiva o simultáneamente, distintos órganos jurisdiccionales: las normas, sobre competencia funcional vienen a establecer con toda precisión los tribunales han de intervenir en cada fase del procedimiento o en cada concreto acto procesal que se lleve a efecto: desde las primeras diligencias, pasando por la investigación de los hechos, por el acto del  JUICIO, los recursos, las distintas cuestiones que a lo largo de todo el procedimiento pueden plantearse, hasta la total ejecución de la sentencia. Por su parte la competencia territorial, es el conjunto de normas que distribuyen el conocimiento de los procesos penales en los casos en que exista multiplicidad de órganos jurisdiccionales de la misma categoría. 2.3.- EFECTOS DE LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA (ART. 20° CPP) Las cuestiones de competencia no suspenderán el procedimiento. No obstante, si se producen antes de dictarse el auto de citación de  juicio, se suspenderá la audiencia bástala decisión del conflicto.

Las cuestiones de competencia surgen en el proceso, cuando durante la tramitación de un proceso o procesos, se presentan problemas sobre la determinación de la competencia. Por tanto, no son sino conflictos producidos entre distintos Jueces o Fiscales, que pretenden conocer una causa o proceso determinado (competencia positiva) o abstenerse de intervenir en el mecanismo procesal (competencia negativa). Ambas posibilidades en nuestra legislación adoptan las figuras de la declinatoria de la competencia, la transferencia de competencia y la contienda de competencia. Estas sin embargo no implican la suspensión del proceso, salvo si se produjera antes de la citación de juicio, en cuyo caso se suspenderá la audiencia hasta ser determinado la competencia 9 por el órgano  jurisdiccional superior.

9

MONTERO AROCA. Derecho Jurisdiccional T. III citado, p. 41. - 2" edición, 1997l.

III.- LA COMPETENCIA POR TERRITORIO: 3.1.- COMPETENCIA TERRITORIAL (ART. 21° CPP) La competencia por razón del territorio se establece en el siguiente orden: 1. Por el lugar donde se cometió el hecho delictuoso o se realizó el último acto en caso de tentativa, o cesó la continuidad o la  permanencia del delito. 2. Por el lugar donde Se produjeron los efectos del delito. 3. Por el lugar donde se descubrieron las pruebas materiales del delito. 4. Por el lugar donde fue detenido el imputado. 5- Por el lugar donde domicilia el imputado. Podemos señalar que este artículo, es la aplicación práctica de las teorías, tanto de Actividad, que establece la jurisdicción del juez del espacio físico de la comisión del hecho delictivo; la de Resultado, donde se establece, que es competente el Juez del lugar donde aparezca signos del hecho delictivo o donde se exterioriza la voluntad delictiva de agente, por tanto el delito se

comete donde se consuma; como de la teoría de la Ubicuidad , mediante la cual, el hecho ilícito se comete tanto en donde se realiza los actos que configuran el delito, como donde se produce el resultado, debiendo tener presente la estructura, naturaleza, y presupuestos dinámicos y jurídicos del delito , así como las circunstancias propias de cada caso. 3.2.- DELITOS COMETIDOS EN UN MEDIO DE TRANSPORTE (ART. 22° CPP): 1. Si el delito es cometido en un medio de transporte sin que sea  posible determinar con precisión la competencia territorial, corresponde conocer al Juez del lugar de llegada más próximo. En este caso el conductor del medio de transporte pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad policial del lugar indicado. 2. La autoridad policial informará de inmediato al Fiscal Provincial  para que proceda con arreglo a sus atribuciones.

Los delitos cometidos durante la travesía en un medio de locomoción, serán de competencia de la autoridad jurisdiccional más próxima de la localidad donde se dirija el vehículo , lo cual implica que será la comunicación por parte del conductor a la autoridad policial más cercana a la perpetración del hecho delictivo, la que determinará la competencia del órgano jurisdiccional.

En esto casos, la autoridad policial con la denuncia de parte, informará al Fiscal Provincial, quien procederá a hacer las investigaciones pertinentes. Es importante resallar que en caso el conductor del vehículo, pese a estar obligado, no comunique a la autoridad más cercana la comisión del ilícito, cualquier persona que presencio (pasajero) o tomó conocimiento del hecho, de manera indirecta, en ejercicio de la denominada acción popular podrá comunicar la autoridad (Policial-Fiscal) del lugar más cercano, la comisión del delito. 3.3.- DELITO COMETIDO EN EL EXTRANJERO (ART. 23° CPP): Si el delito es cometido fuera del territorio nacional y debe ser   juzgado en el Perú conforme al Código Penal, la competencia del Juez  se establece en el siguiente orden: 1. Por el lugar donde el imputado tuvo su último domicilio en el país; 2. Por el lugar de llegada del extranjero; 3. Por el lugar donde se encuentre el imputado al momento de  promoverse la acción penal.

Sobre el particular, los denominados delitos en tránsito y delitos a distancia, presentan a veces enfadosos problemas en cuanto a la  jurisdicción, sobre todo si un delito comienza a perpetrarse en un país y obtiene en otro su resultado, o si se manifiesta la voluntad en uno y se produce el efecto en otro. A fines de dogmática interna, suele proclamarse lugar de comisión del delito aquél en que se produce la manifestación de voluntad 10. Por tanto en aquellos delitos cometidos en el extranjero que necesariamente deban ser juzgados en el Perú, es de aplicación estricta a fin de determinar el juez competente lo descrito en los numerales precedentes. 3.4.- DELITOS GRAVES Y DE TRASCENDENCIA NACIONAL (ART. 24° CPP): Los delitos especialmente graves, o los que produzcan repercusión nacional cuyos efectos superen el ámbito de un Distrito Judicial, o los cometidos por organizaciones delictivas que la Ley establezca,  podrán ser conocidos por determinados jueces de la jurisdicción penal ordinaria, bajo un sistema específico de organización territorial y  funcional, que determine el Órgano de Gobierno del Poder Judicial. 10

JIMENEZ DE ASÚA, Luis: Op. Cit., pag. 169

Los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos; y, los delitos de secuestro y extorsión que afecten a funcionarios del Estado, podrán ser de conocimiento de los Jueces de la Capital de la República, con prescindencia del lugar en el que hayan sido  perpetrados.

Aquellos delitos que como bien señala el Código, sean de trascendencia nacional (terrorismo, asociación ilícita para delinquir, entre otros) cuyas características intrínsecas podrían dar origen a determinados conflictos de competencia territorial o funcional, el Órgano de Gobierno del Poder judicial podrá determinar, a qué  jurisdicción penal ordinaria le compete conocer la acción penal Debemos entender que esta potestad del Órgano de Gobierno del Poder Judicial, no es absoluta y debe ser usada restrictivamente, para no vulnerar el derecho al juez natural y los principios constitucionales y procesales plasmados tanto en la Constitución como en este Código, ya que como bien señala el Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, de 22 de octubre de 2002, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA , " El Derecho Internacional de los derechos humanos requiere, para que el proceso en un tribunal competente, independiente e imparcial sea justo, debe ir acompañado de ciertas debidas garantías que otorgan a la persona una oportunidad adecuada y efectiva de defenderse de los cargos que se le imputan. Si bien el principio rector en todo proceso debe ser siempre el de la justicia y aun cuando puede ser necesario contar con garantías adicionales en circunstancias específicas para garantizar un  juicio justo, se ha entendido que las protecciones más esenciales incluyen el derecho del acusado a la notificación previa detallada de los cargos que se le imputan , el derecho a defenderse personalmente o mediante la asistencia de abogado de su elección y en los casos que así lo requiera la justicia librarse de cargos, así como de comunicarse libremente y privadamente con su defensor. 3.5.- VALOR DE LOS ACTOS PROCESALES YA REALIZADOS (ART. 25° CPP): La incompetencia territorial no acarrea la nulidad de los actos  procesales ya realizados.

En el caso de incompetencia territorial, entendida como la extralimitación o intromisión de funciones territoriales, de otro órgano  jurisdiccional; los actos procesales realizados por el primero de ellos no son pasibles de nulidad, si son hechos en estricta aplicación del

debido proceso, ya que al existir buen número de juzgados del mismo tipo, en ámbitos territoriales en donde se ejerce la potestad  jurisdiccional, la precisión de qué órgano jurisdiccional es el competente , no debe entenderse de forma alguna como violación de las garantías constitucionales al debido proceso 11.

IV.- LA COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL Este capítulo establece normas sobre la competencia objetiva y funcional en materia penal, y que como sucede con otros ordenamientos jurisdiccionales, tienen carácter absoluto; son de ius cogens y no pueden ser derogados aunque existiera acuerdo de las partes, por tanto la jurisdicción que conoce la acción penal es improrrogable. Del mismo modo existen principios propios vinculados a la competencia objetiva y funcional como son el principio del juez independiente e imparcial, el principio del juez predeterminado por ley, el principio de doble instancia, el principio nom bis in ídem y  el principio de plazo razonable. 4.1.- COMPETENCIA DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA (ART. 26° CPP): Compele a la Sala Penal de la Corle Suprema: 1. Conocer del recurso de casación interpuesto contra las sentencias  y autos expedidos en segunda instancia por las Salas Penales de las Cortes Superiores, en los casos previstos por la Ley. 2. Conocer del recurso de queja por denegatoria de apelación. 3. Transferir la competencia en los casos previstos por la Ley. 4. Conocer de la acción de revisión. 5. Resolver las cuestiones de competencia previstas en la Ley, y  entre la jurisdicción ordinaria y la militar. 6. Pedir al Poder Ejecutivo que acceda a la extradición activa y emitir  resolución consultiva respecto a la procedencia o improcedencia de la extradición pasiva. 7. Resolver la recusación planteada contra sus Magistrados. 8. Juzgar en los casos de delitos de función que señala la Constitución. 9. Entender de los demás casos que este Código y las Leyes determinan.

11

MORENO CATENA, y otros, Introducción Al Derecho Procesal Penal, p. 49 – 51.

Este artículo, se encuentra estrechamente ligado, a lo señalado por el artículo 141 de la Constitución , cuando dice: "Le corresponde a la Corte Suprema fallar en casación, o en última instancia, cuando la acción se inicie en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley. Asimismo conoce en casación las resoluciones del Fuero Militar, con las limitaciones que establece el artículo 173. Como se aprecia, el artículo bajo comento esclarece aún más las funciones jurisdiccionales, determinadas por la Constitución respecto a las atribuciones conferidas a la Corte Suprema, y sin desmerecer ninguna de ellas, dos son a nuestro entender las más importantes: - La de conocer el recurso de casación, en la que falla sobre la aplicación adecuada de la normatividad que debe corresponder al caso en concreto. (Se pronuncia sobre la forma). - La de ser última instancia, en la que se convierte en órgano  jurisdiccional y aplica la ley. (Se pronuncia sobre el fondo). Esto reviste particular trascendencia a la hora de sentar  jurisprudencia, ya que los Vocales Supremos tendrán, tiempo prudencial para estudiar los casos e interpretar adecuadamente la normatividad penal, lo que redundará en una mejor aplicación de la  justicia penal. 4.2.- COMPETENCIA DE LAS SALAS PENALES DE LAS CORTOS SUPERIORES (ART. 27 CPP): Compete a las Salas Penales de las Cortes Superiores: 1. Conocer del recurso de apelación contra los autos y las sentencias en los casos previstos por la Ley, expedidos por los Jueces de la Investigación Preparatoria y los Jueces Penales -colegiados o unipersonales-. 2. Dirimir las contiendas de competencia de los Jueces de la Investigación Preparatoria y los Jueces Penales -colegiados o unipersonales- del mismo o distinto Distrito Judicial, correspondiendo conocer y decidir, en este último caso, a la Sala Penal del Distrito  Judicial al que pertenezca el Juez que previno. 3. Resolver los incidentes que se promuevan en su instancia. 4. Dictar, a pedido del Fiscal Superior, las medidas limitativas de derechos a que hubiere lugar. 5. Conocer del recurso de queja en los casos previstos por la Ley.

6. Designar al Vocal menos antiguo de la Sala para que actúe como  Juez de la Investigación Preparatoria en los casos previstos por la Ley,  y realizar el juzgamiento en dichos casos. 7. Resolver la. Recusación planteada contra sus Magistrados. 8. Conocer los demás casos que este Código y las Leyes determinen.

Las Salas Penales de la Corte Superior, a nuestro entender tienen funciones intrínsecas como órganos jurisdiccionales de apelación del sentencias y de autos expedidos por los jueces unipersonales o tribunales colegiados, como también, la de ser instancia jurisdiccional en los demás procesos señalados por ley. Como se aprecia su función primordial es des apelación, salvo las excepciones, en aquellos casos de personas que por ley, tienen un aforamiento que es competencia objetiva de estas Salas, con lo cual recuperarán el status de Corte de Apelaciones. Según la estructura de este artículo, las Salas Penales, ya no van a sentenciar, debido a que el Código ha establecido que la función de  juzgamiento les corresponde a los juzgados penales. Nos parece importante rescatar que debido a la modificación extensiva de las atribuciones de las Salas Superiores, se afecten en especial los Vocales menos antiguos, quienes tal vez éntrenla formar parte de los  Juzgados Colegiados, ya que al reducirse la carga laboral de las Salas Superiores y al ponerse el peso de la administración de Justicia, en los  Juzgados Penales, ya sea estos Colegiados o unipersonales, en especial los primeros necesitarán de la guía de magistrados con experiencia que los presidan, lo que implicaría una modificación de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial. 4.3.- COMPETENCIA MATERIAL Y  JUZGADOS PENALES (ART. 28 CPP):

FUNCIONAL

DE

LOS

1. Los Juzgados Penales Colegiados, integrados por tres jueces, conocerán materialmente de los delitos que tengan señalados en la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor de seis años. 2. Los Juzgados Penales Unipersonales conocerán materialmente de aquellos cuyo conocimiento no se atribuya a los Juzgados Penales Colegiados. 13. Compete funcionalmente a los Juzgados Penales, Unipersonales o Colegiados, lo siguiente: a) Dirigir la etapa de juzgamiento en los procesos que conforme Ley  deban conocer;

b) Resolver los incidentes que se promuevan durante el curso del  juzgamiento, c) Conocer de los demás casos que es el Código y las Leyes determinen 4. Los Juzgados Penales Colegiados, funcionalmente, también conocerán de las solicitudes sobre refundición o acumulación de  penas; 5- Los Juzgados Penales Unipersonales, funcionalmente, también conocerán: a) De los incidentes sobre beneficios penitenciarios, conforme a lo dispuesto en el Código de Ejecución Penal; b) Del recurso de apelación interpuesto contra las sentencias expedidas por el  Juez de Paz Letrado; c) Del recurso de queja en los casos previstos por la Ley; d) De la diferencia de las cuestiones de competencia entre los Jueces de Paz. Letrados.

Con el presente artículo se establece una nueva estructura de distribución y funciones de los juzgados penales que permite un mejor tratamiento de la carga procesal, dado que se introduce, los  Juzgados Colegiados, que conforman un tribunal, el cual está integrado Por tres magistrados, señalando que el grado de su competencia funcional, será el correspondiente a los delitos cuya pena privativa a imponerse sea mayor de seis años. En cuanto a los  Juzgados Unipersonales, estos conocerán solo aquellos delitos que tengan menos de seis años de pena privativa de libertad, delitos tales como hurto, apropiación ilícita, etc. Remarcándose que ambos tienen atribuciones similares y a su vez diferenciadas en atención a su competencia, ya sea para juzgar o resolver procesos que se originen en cada uno de ellos 12. 4.4.- COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA (ART. 29 CPP): Compete a los Juzgados de la Investigación Preparatoria: 1. Conocer las cuestiones derivadas de, la constitución de las partes durante la Investigación Preparatoria. 2. Imponer, modificar o hacer cesar las medidas limitativas de derechos durante la Investigación Preparatoria. 3. Realizar el procedimiento para la actuación de prueba anticipada. 4. Conducir la. Etapa Intermedia y la ejecución de la sentencia. 12

Montero Aroca, Fundamentos de la Jurisdicción, citado p. 112 - 114

5. Ejercer los actos de control que estipula este Código. 6. Ordenar, en caso de delito con resultado de muerte, si no se hubiera inscrito la defunción, y siempre que se hubiera identificado el cadáver, la correspondiente inscripción en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 7. Conocer de los demás casos que este Código y las Leyes determinen.

El juez de la investigación preparatoria, tiene a su cargo el control de la investigación, por tanto estarán estrechamente ligados a los Fiscales (los que se hacen responsables por la investigación y los  Jueces de la responsabilidad de vigilar y controlar, imponer, realizar y ejercer los actos que sus atribuciones define). Queda plasmado así la división, entre un Juez que conduce la etapa intermedia del proceso y otro juez que sentencia, de igual forma serán los Encargados de hacer ejecutar las resoluciones ya sea de los  juzgados unipersonales o colegiados. La fase intermedia, nos lo aclara BINDER; es donde se cumple la función de discusión o debate preliminar sobre los actos o requerimientos conclusivos de la investigación. El imputado y su defensor podrán objetar la acusación porque carece de suficiente fundamento y se pretende someter a juicio a una persona sin contar con los elementos necesarios para poder probar esa acusación. En este Contexto la investigación que se ha llevado a cabo a lo largo de la instrucción o investigación preliminar consiste en la acumulación de un conjunto de información que servirá para determinar si es posible someter a una persona determinada (imputado-acusado) a un juicio. Lo que es controlado en un doble sentido, existiendo un control formal y uno sustancial de los requerimientos del fiscal o de los actos judiciales conclusivos de las partes. El imputado por su parte, pueden objetar que el hecho descrito en la acusación no constituye delito o que comporta un delito distinto del considerado en el requerimiento, por tanto existe amplias posibilidades de defensa, ya sea participando en los actos de investigación, o contradiciéndolos, etc. Este planteamiento preliminar incluye distintas excepciones, que ataquen aspectos sustanciales del ejercicio de la acción y también planteos formales.

4.5.- COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS (ART. 30 CPP): Compele a los Juzgados de Paz Letrados conocer tic los procesos por  fallas.

Sobre el particular, las funciones son las mismas, conocen las acciones penales por faltas.

V.- LA COMPETENCIA POR CONEXIÓN 5.1.- CONEXIÓN PROCESAL (ART. 31 CPP): Existe conexión de procesos en los siguientes casos: 1. Cuando se imputa a una persona la comisión de varios delitos. 2. Cuando varias personas aparezcan como autores o partícipes del mismo hecho punible. Cuando varias personas vinculadas por una misma voluntad criminal hayan cometido diversos hechos punibles en tiempo y lugar diferentes. 4. Cuando el hecho delictuoso ha sido cometido para facilitar otro delito o para asegurar la impunidad. 5- Cuando se trate de imputaciones recíprocas.

La conexión en el proceso penal, implica la existencia, de determinados elementos afines, bien en relación a los agentes punibles (conexidad subjetiva), los relacionados a los hechos que configuran la acción penal (conexidad objetiva) o la combinación de ellos (conexidad mixta). Según la doctrina estaremos ante una conexión por unidad de delito, cuando vanas personas aparezcan como autores o partícipes del mismo hecho punible, y ante una conexión por concierto cuando estén vinculadas por un mismo concierto de voluntades a la acción penal, en distintos lugares y tiempos; en ambos casos estamos dentro de la esfera de la conexidad subjetiva. La conexión por finalidad, se da en los casos de delitos cometidos, como medios para la comisión de otros hechos delictivos o para facilitar la ejecución de los mismos y en los casos de la comisión del ilícito para ocultar otro delito y así procurar la impunidad, son considerados como conexidad objetiva, ya que son establecidos por motivos estrictamente ideológicos.

Por último, la conexión por identidad de persona se da en el caso de diversos ilícitos, que señalan a un mismo agente, como el único autor, aunque cometidos en ocasión y lugares diferentes, al incoarse contra él, procesos por cualquiera de los delitos cometidos, si estos tuviera analogía o relación entre si y no hubiera sido hasta entonces sentenciados. Esta comisión de vanos delitos por una misma persona, (pluralidad de hechos delictivos) ha de enjuiciarse en un mismo proceso y dictarse una sola sentencia. 5.2.- COMPETENCIA POR CONEXIÓN (ART. 32° CPP): En los supuestos de conexión previstos en el artículo 31", la competencia se determinará: 1. En el numeral 1), le corresponde al Juez que conoce del delito con  pena más grave. A igual gravedad, corresponde al Juez que primero recibió la comunicación prevista en el artículo 3°2. En el numeral 2), la competencia se determinará subsidiariamente  por la fecha de comisión del delito, por el turno en el momento de la comunicación prevista en el numeral 3) o por quien tuviera el proceso más avanzado. En caso de procesos incoados en distintos distritos  judiciales, la competencia se establece por razón del territorio. 3- En los numerales 3) y 5), corresponde al que conoce el delito con  pena más grave. A igual gravedad compete al Juez Penal que primero hubiera recibido la comunicación prevista en el numeral 3) 4. En el numeral 4) corresponderá al que conoce del delito con pena más grave.

Este artículo establece, los efectos de los diversos tipos de conexidad, producidos por los supuestos de delitos y faltas en un solo proceso penal; que supone la conveniencia para llevar a un solo proceso, los hechos Punibles conexos y no dividir así la contienda de la causa. Se produce porque se trata de comprender dentro de un solo proceso, aquellos delitos que reúnen los requisitos exigidos por ley, bajo una sola competencia, que permita la simplificación, rapidez y economía procesal necesaria, que de otro modo no se aplicaría, si fueran conocidos i distintamente, esto permite a su vez evitar sentencias contradictorias, aplicándose la máxima latina, continentia causae dividí non debet . En algunos casos la competencia por conexión conlleva una contienda de competencia entre jueces de la misma  jerarquía que se consideran Competentes para conocer la causa, o también en una declinatoria de competencia para finalmente operar la acumulación 13. 13

GIMENO SENDRA, V: et. Al., op. Cit. Pág. 151

VI.- CONCURSO PROCESAL DE DELITOS: 5.1.- TRÁMITE (ART. 33° CPP): 1. En caso de concurso de delitos sujetos a distintos trámites  procesales, el procedimiento se seguirá de acuerdo al que corresponde al delito con pena más grave. 2. Los procesos por delitos de acción privada seguirán las mismas reglas, pero la acumulación sólo procederá entre ellas.

Se toma en cuenta que delito de pequeña o mediana gravedad, queda sujeto a lo que disponga el delito de mayor gravedad, lo que supone que por ejemplo en los casos de delitos que sean de competencia de la Corte Suprema, esta pueda conocer también los delitos que no son de su competencia, pero que por conexión tengan que ver o estén relacionados con el delito que le corresponde conocer.

VII.- CUESTIONES DE COMPETENCIA Puesto que el concepto de competencia, está ligado al principio del  juez natural que es una garantía de los ciudadanos, se ha creado mecanismos procesales para corregir los defectos de atribuciones de competencia. Esto se plasma en las llamadas cuestiones de competencia. Para MORENO CATENA 14, las cuestiones de competencia tienen lugar cuando dos órganos jurisdiccionales del mismo tipo pretenden conocer un mismo asunto o rehúsan el conocimiento por entender ambos | que no les corresponde. En el primer de los casos estamos frente a una cuestión de competencia Positiva, en el segundo caso ante una cuestión de competencia negativa. 7.1.- DECLINATORIA DE COMPETENCIA (ART. 34° CPP):

14

MORENO CATENA, y otros, Introducción Al Derecho Procesal Penal, p. 88 – 91.

1. Durante la Investigación Preparatoria el imputado, el actor civil o el tercero civil podrán pedir declinatoria de competencia. 2. La petición procede cuando el Juez .se avoca al conocimiento de un delito que no le corresponde por razón de la materia, de jerarquía o de territorio, el Juez la resolverá, de conformidad con el trámite  previsto -en lo pertinente- en el artículo 8" define, mediante resolución fundamentada.

La declinatoria es el incidente que se plantea ante el juez incompetente; indicando que el delito que conoce no es de su competencia. Los sujetos procesales que consideren que el órgano jurisdiccional, no es competente para conocer el delito imputado, ya sea por razón de materia, jerarquía del territorio, pueden solicitar la abstención del conocimiento del proceso por parte de dicho órgano jurisdiccional. Si el Juez de la investigación preparatoria considera que en verdad, no es competente, remite los actuados al Juez competente, (resolviendo de conformidad con el artículo 8 de este Código mediante resolución debidamente fundamentada). Este artículo se fundamenta en el principio de Juez Natural, ya que a decir de ORE GUARDIA, toda persona sometida a un proceso penal debe ser investigada y juzgada por el Órgano Jurisdiccional competente o por quien tenga esa .facultad predeterminada por ley, salvo los casos excepcionalmente establecidos en la ley. 7.2.- OPORTUNIDAD PARA LA PETICIÓN DE DECLINATORIA (ART. 35° CPP): La petición de declinatoria de competencia se interpondrá dentro de los diez: días de formalizada la investigación. 7.3.- REMISIÓN DEL PROCESO (ART. 36 CPP): Consentida la resolución que la declara fundada, el proceso será remitido a quien corresponda, con conocimiento de las partes. 7.4.- RECURSO DE APELACIÓN (ART. 37 CPP): Contra la resolución a que se refiere el artículo 34° procede apelación ante la Sala Penal Superior, que la resolverá en última instancia. 7.5.- VALOR DE LOS ACTOS PROCESALES (ART. 38 CPP): Los actos procesales válidamente realizados antes de la declinatoria conservan su eficacia.

VIII.-

LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA

8.1.- PROCEDENCIA (ART. 39 CPP): La transferencia de competencia se dispone únicamente cuando circunstancias insalvables impidan o perturben gravemente el normal desarrollo de la investigación o del juzgamiento, o cuando sea real o inminente el peligro incontrolable contra la seguridad del procesado o su salud, o cuando sea. Afectado gravemente el orden público.

El artículo bajo comento, plantea una de las excepciones a la regla general que cada delito debe ser investigado por el Fiscal y Juez, del lugar o territorio donde se cometió y que. Se da por razones de conveniencia para la administración de justicia (elevado número de imputados o cuando la sala respectiva no cuenta con recinto adecuado) o para proteger al o los imputados (enfermedad). Respecto de lo último CATACORA GONZALES, nos dice que la transferencia de competencia es una excepción a la competencia territorial, motivada por circunstancias graves e insalvables que impiden que el fiscal o  Juez competente, pueda seguir conociendo un caso en que está de por medio la seguridad o la salud del procesado o cuando está en peligro el orden público 15. Así pues, la transferencia de competencia, consiste en el traslado del proceso, que debe, ser visto por el Juez natural competente, a otro, por existir circunstancias agravantes, que perjudiquen el normal desenvolvimiento del proceso, penal. 8.2.- TRÁMITE (ART. 40 CPP): 1. La transferencia podrá solicitarla el Fiscal, el imputado, y las demás parles puntualizando los fundamentos y adjuntando la prueba. Formado el incidente se pondrá en conocimiento de los demás sujetos procesales, quienes en el término de cinco días, expondrán lo conveniente. Vencido el plazo será elevado el incidente. 2. La Sala resolverá en el plazo de tres días. 8.3.- RESOLUCIÓN (ART. 41 CPP): 1. La transferencia, de competencia del Juez dentro del mismo Distrito Judicial, será resuella por la Sala Penal Superior. 15

CATACORA GONZALES, M: op. Cit., pág. 296.

2. Cuando se trate del Juez de distinto Distrito Judicial, o de la Sala Penal Superior, la resolverá la Sala Penal Suprema

La Sala Penal resolverá los conflictos de competencias existentes entre los juzgados ya sea Unipersonales o Colegiados, y entre los diversos juzgados de investigación. Por su parte la Sala Suprema resolverá aquellos casos ele conflictos de competencia de las Cortes Superiores, así como los conflictos surgidos entre juzgados de la misma jerarquía, pero de distintos distritos judiciales, estructurándose como se aprecia una pirámide funcional jurisdiccional.

IX.- LA CONTIENDA DE COMPETENCIA 9.1.- CONTIENDA DE COMPETENCIA POR (ART. 42° CPP):

REQUERIMIENTO

1. Cuando el Juez toma conocimiento que otro de igual jerarquía también conoce del mismo caso sin que le corresponda, de oficio o a  petición de las parles, solicitará la remisión del proceso. Además de la copia de la resolución, adjuntará los elementos de juicio pertinentes. 2. El Juez requerido resolverá en el término de dos días hábiles. Si acepta, remitirá lo actuado, con conocimiento de las parles. Si declara improcedente la remisión formará el cuaderno respectivo y lo elevará en el término de tres días a la Sala Penal Superior, para que resuelva en última instancia dentro del quinto día de recibidos los autos.

Como enseña CATACORA 16, la contienda de competencia tiene lugar cuando dos Fiscales o dos jueces, investigan un mismo hecho, siendo uno solo de ellos competente. Tanto la declinatoria como la contienda, tiene por objeto que el proceso no siga ante un órgano incompetente. Por su parte CUBAS VILLANUEVA 17, considera que esta contienda se presenta cuando dos jueces se consideran competentes (contienda positiva) o no competentes (contienda negativa) para conocer una 16

CATACORA GONZALES, M: op. Cit., pág. 312.

CUBAS VILLANUEVA, Víctor: El Proceso Penal. Editorial Palestra. Lima, 1997, pág. 61 17

causa. Esta contienda solo se presenta entre jueces del mismo grado, ya sea del mismo o de distinto distrito judicial, incluso de otro fuero. 9.2.- CONTIENDA DE COMPETENCIA POR INHIBICIÓN (ART. 43° CPP): 1. Cuando el Juez se inhibe, de oficio o a instancia de las partes, remitirá copia de las piezas pertinentes a otro Juez si hubiera detenido; en caso contrario remitirá el proceso. 2. Si el segundo Juez también se inhibe, elevará las copias en el plazo de un día hábil, o el principal, para que la Sala Penal Superior  resuelva.

En cuanto a la inhibición de dos Magistrados, se rehúsan conocer de un proceso determinado, también llamada en doctrina, cuestión de competencia negativa, se remitirá los actuados pertinentes a la Sala Superior Penal respectiva, a fin de que determine, cuál juzgado resulta competente. 9.3.- CONSULTA DEL JUEZ (ART. 44° CPP): 1. Cuando el Juez tome conocimiento que su superior jerárquico conoce el mismo hecho punible o uno conexo consultará mediante oficio si debe remitir lo actuado. 2. Cuando el superior tenga conocimiento de que ante un Juez inferior  en grado se sigue un proceso que le corresponde, ya sea por razón del delito o por delitos conexos, pedirá de oficio a petición de las  partes la remisión de los actuados. 3. Las personas que no tienen la condición exigida por el artículo 99° de la Constitución a quienes se les imputa haber intervenido en los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones por los Altos Funcionarios Públicos, serán procesados ante la Corte Suprema de  Justicia conjuntamente con aquellos. 4. La misma disposición se aplicará a los casos que deben ser de conocimiento de la Corte Superior de Justicia.

Se plantea una figura interesante, en relación del conocimiento del ilícito por parte del superior jerárquico. Tomado conocimiento el inferior jerárquico, sea el juzgado o la Sala Penal Superior respectiva, que su superior conoce el mismo hecho punible o uno conexo deberá remitir los actuados, previa consulta al mismo.  Tratándose de personas que ejercen cargos públicos o de aquellas que no lo ejercen, no están sujetas a Antejuicio Político, pero si dichas

personas son sindicadas como co- autores o partícipes de un delito cometido por un alto funcionario público en el ejercicio de su cargo, serán procesadas con aquellas como si estuvieran comprendidas en los supuestos señalados por el artículo 99° de la Constitución, que dice "Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: Al Presidente de la República, a los Ministros de Estado, a los Miembros del Tribunal Constitucional, a los Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los Vocales de la Corte Suprema, a los Fiscales Supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución, y por todo delito que cometan en ejercicio de sus funciones y hasta cinco años de después que hayan cesado éstas". Para el caso del delito de función debe darse la acusación constitucional (antejuicio) y luego si el Congreso considera que debe ser juzgado en la vía ordinaria, se procederá ante la Corte Suprema. 9.4.- INHIBICIÓN DEL JUEZ (ART. 45° CPP): 1. Cuando el Juzgado Penal que ha recibido la acusación conoce que otro de igual jerarquía tiene otro proceso para audiencia sobre el mismo caso, podrá solicitarle se inhiba, para lo cual le enviará copia de las piezas pertinentes. Si el Juzgado Penal requerido acepta, expedirá resolución y remitirá lo actuado, con conocimiento de la Sala Penal Superior y de las partes. Si por el contrario, afirma su competencia, elevará el cuaderno respectivo a la Sala Penal Superior. 2. La Sala resolverá, en última instancia, dentro del quinto día de recibidos los autos, previa audiencia con la intervención de las partes. 3- La contienda de competencia entre Salas Penales Superiores será resuella por la Sala Penal Suprema.

X.- LA ACUMULACION 10.1.ACUMULACIÓN (ART. 46° CPP):

DE

PROCESOS

INDEPENDIENTES

Cuando en los casos de conexión hubiera procesos independientes, la acumulación tendrá lugar observando las reglas de la competencia.

Cuando la cuestión plantea la necesidad de unir en un mismo procedimiento varias pretensiones, estamos ante la llamada acumulación de procesos, también llamada acumulación de autos. La cual consiste en la reunión de dos olmas procesos que por tener

conexiones conexas, no pueden sustanciarse separadamente, por cuanto podrían producirse decisiones contradictorias. La acumulación planteada de esta manera produce la unidad de dirección del proceso, unidad procedimental, así como una economía procesal vinculada a un criterio único a la hora de resolver, que procura un ahorro ele la actividad jurisdiccional. 10.2.47°):

ACUMULACIÓN OBLIGATORIA Y FACULTATIVA (ART.

La acumulación es obligatoria en el supuesto del numeral 2 del artículo 31o-2, En los demás casos será facultativa, siempre que los  procesos se encuentren en el mismo estado e instancia, y no ocasionen grave retardo en la administración de justicia.

La acumulación obligatoria, se da cuando varias personas trabajen para perpetrar el mismo delito sea en la calidad de autor, coautor, cómplice. Nos encontramos por tanto ante el caso de una acumulación subjetiva. En los demás casos la acumulación es facultativa, y se dará si los delitos por los cuales se procesan están en un mismo estado e instancia, y de acuerdo a las reglas de competencia, el juez competente es el que conoce; el delito más grave. 10.3.ACUMULACIÓN DE OFICIO O A PEDIDO DE PARTE (ART. 48° CPP): 1. La acumulación puede ser decidida de oficio o a pedido de las  partes, o como consecuencia de una contienda de competencia que conduzca hacia ella. 2. Contra la resolución que ordena la acumulación durante la Investigación Preparatoria procede recurso de apelación ante la Sala Penal Superior, que resolverá en el término de cinco días hábiles.

Se establece la potestad de las partes, tanto como del Juez, (oficio/parte) si a su criterio considera que la acumulación es beneficiosa al proceso, o mediante una contienda de competencia. Será de oficio cuando el aquo considere la necesidad de unir dos o más Procesos, en atención a los principios de economía y celeridad procesal. Si se genera la contienda de competencia, resolverá la Sala Penal Superior, como señala el inciso 2 del artículo 27 de este Código.

10.4.CPP):

ACUMULACIÓN PARA EL JUZGAMIENTO (ART. 49°

La acumulación para el Juzgamiento puede ser ordenada de oficio o a  petición de las partes. Contra esta resolución procede recurso de apelación. La resolución de la Sala Penal Superior que absuelve el grado, se expedirá en el término de cinco días hábiles. Contra esta resolución no procede recurso alguno.

10.5.CPP):

IMPROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN (ART. 50°

La acumulación es improcedente, cuando uno de los procesos es por  acción pública y el otro por acción privada; o, cuando uno de ellos se tramita en la jurisdicción ordinaria y el otro en la militar. 10.6.SEPARACIÓN DE PROCESOS IMPUTACIONES CONEXAS (ART. 51° CPP):

ACUMULADOS

E

Excepcionalmente, para simplificar el procedimiento y decidir con  prontitud siempre que existan elementos suficientes para conocer  con independencia, es procedente la separación de procesos acumulados o de imputaciones o delitos conexos que requieran de diligencias especiales o plazos más dilatados para su sustanciación, salvo que se considere que la unidad es necesaria para acreditar los hechos. A estos efectos se dispondrá la formación de cuadernos separados.

La llamada separación de procesos, o escisión procesal, es la figura inversa a la acumulación de procesos. Aquí partimos del supuesto de que ya se encuentran acumuladas varias pretensiones, ya sea porque fueron indebidamente acumuladas o porque una vez acumulados perjudiquen el proceso en general, pero que en atención a su complejidad o diligencias especiales necesitan escindirse en otras, para continuar en un proceso autónomo. En la separación de procesos señala BRICEÑO SIERRRA 18, se aparta de un juicio lo que no es pertinente, lo que constituye un problema que debe ser juzgado en sede diferente o en condiciones distintas. BRISEÑO SIERRA, Humberto: Derecho Procesal. T. IV. Editoriales Cárdenas. México. 1980, pág. 155 18

10.7.CPP)

RESOLUCIÓN Y DILIGENCIAS URGENTES (ART. 52°

Mientras estuviera pendiente la decisión sobre cuestiones de competencia, está permitido resolver sobre la libertad o privación de la libertad del imputado, así como actuar diligencias de caracteres urgentes e irrealizables ulteriormente o que no permitan ninguna  prórroga. La sala penal dará prioridad a los incidentes de acumulación en el señalamiento de vista de la causa.

Se establece un marco interesante, que garantiza los derechos de los imputados, ya que permite al juzgador poder resolver al margen de los medios impugnatorios, las medidas contra-cautelares, así como de realizar las diligencias que tengan carácter de urgencia. Por otro lado, se establece como prioridad la resolución de las cuestiones de competencia, por parte de las Salas Superiores.

XI.- LA INHIBICIÓN Y RECUSACIÓN 11.1.-

LA INHIBICIÓN (ART. 53° CPP):

1. Los Jueces se inhibirán por las siguientes causales: a) Cuando directa o indirectamente tuviesen interés en el proceso o lo tuviere su cónyuge, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sus parientes por adopción o relación de convivencia con alguno de los demás sujetos  procesales. En el caso del cónyuge y del parentesco que de ese vínculo se deriven, subsistirá esta causal incluso luego de la anulación, disolución o cesación de los efectos civiles del matrimonio. De igual manera se tratará, en lo pertinente, cuando se produce una ruptura definitiva del vínculo convivencial. b) Cuando tenga amistad notoria, enemistad manifiesta o un vínculo de compadrazgo con el imputado, la víctima, o contra sus representantes. c) Cuando fueren acreedores o deudores del imputado, víctima o tercero civil. d) Cuando hubieren intervenido anteriormente como Juez o Fiscal en el proceso, o como perito, testigo o abogado de alguna de las partes o de la víctima. e) Cuando exista cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad.

2. La inhibición se hará constar por escrito, con expresa indicación de la causal invocada. Se presentará a la Sala Penal Superior en el caso del Juez de la Investigación Preparatoria y del Juez Penal, con conocimiento de las  partes, y elevando copia certificada de los actuados. La Sala decidirá inmediatamente, previo traslado a las partes por el plazo común de tres días.

La inhibición o abstención, a nuestro entender, es una institución  jurídica, cuya finalidad es, que, ante cualquiera de las causales debidamente establecidas por este artículo, ya sea el Juez o en su caso el Fiscal (Art. 61°) que conoce una determinada causa, se aparte voluntariamente de seguir conociéndola, debido a que dichas causales, cuestionan su imparcialidad. Dicha imparcialidad, podría conllevar a un entorpecimiento del proceso ya sea de manera consciente o inconsciente, puesto que lo ideal es que durante todo el proceso y sobre todo al momento de dictar su fallo, el magistrado no se encuentre contaminado, sea totalmente imparcial y goce de absoluta independencia. Dicha abstención se debe de presentar por escrito, tan pronto se advierta, que se encuentra inmerso en una de las causales establecidas por el Código. Se trata pues, tal y como apunta GARCÍA RADA 19, de que el objeto tanto de la inhibición como de la recusación es apartar al Juez o al Fiscal del conocimiento de la causa que está instruyendo, por lo que dichas instituciones lo que hacen finalmente es alterar las reglas de la competencia, puesto que entregan el proceso a quien no era el llamado a conocer cuando ocurrió el evento. 11.2.-

REQUISITOS DE LA RECUSACIÓN (ART. 54° CPP):

1. Si el Juez no se inhibe, puede ser recusado por las partes. La recusación se formulará por escrito, bajo sanción de inadmisibilidad, siempre que la recusación se sustente en alguna de las causales señaladas en el artículo 53, esté explicada con toda claridad la causal que invoca y se adjunten, si los tuviera, los elementos de convicción  pertinentes. También será inadmisible y se rechazará de plano por el 19

GARCÍA RADA, Manual de Derecho Procesal Penal, citado, p. 77

 propio Juez de la causa, la recusación que se interponga fuera del  plazo legal. 2. La recusación será interpuesta dentro de los tres días de conocida la causal que se invoque. En ningún caso procederá luego del tercer  día hábil anterior al fijado para la audiencia, la cual se resolverá antes de iniciarse la audiencia. No obstante ello, si con posterioridad al inicio de la audiencia el Juez advierte -por sí o por intermedio de las  partes- un hecho constitutivo de causal de inhibición deberá declararse de oficio. 3. Cuando se trate del procedimiento recursal, la recusación será interpuesta dentro del tercer día hábil del ingreso de la causa a esa instancia. 4. Todas las causales de recusación deben ser alegadas al mismo tiempo.

Lo que se espera de un Juez o un Fiscal (Art. 62) que se encuentra inmerso en una de las causales de inhibición, es que ni bien lo advierta, éste se inhiba. Pero si dicho magistrado aun siendo consciente de que se encuentra dentro de una de las causales previstas por el ordenamiento procesal penal, no se inhibe del proceso que conoce, los sujetos procesales, están facultados para solicitar que dicho Juez se aparte del conocimiento del mismo, dando lugar a un procedimiento incidental. Siendo esto así, la recusación no es más que el derecho que tienen los sujetos procesales de tachar al  Juez, cuando éste se encuentra impedido para conocer el proceso, por encontrarse inmerso en una causal de inhibición, que conlleva u ofrece dudas sobre su imparcialidad. Normalmente la inhibición opera cuando el magistrado impedido, no admite dicho impedimento, es decir se considera completamente competente e imparcial, por eso es que se dice que la recusación es un acto procesal de parte, puesto que serían las partes interesadas, las encargadas de presentar la solicitud de recusación, a fin de obtener el remplazo del magistrado que conoce la causa. 11.3.CPP):

REMPLAZO DEL INHIBIDO O EL RECUSADO (ART. 55°

1. Producida la inhibición o recusación, el inhibido o recusado será reemplazado de acuerdo a Ley, con conocimiento de las partes. 2. Si las partes no están conformes con la inhibición o aceptación de la recusación, podrán interponer apelación ante el Magistrado de quien se trate, a fin de que el superior inmediato decida el incidente dentro del tercer día.

Contra lo resuelto por dicho órgano jurisdiccional no procede ningún recurso. Si los sujetos procesales aceptan la inhibición del Juez, o si éste último acepta la recusación planteada por una de las partes, se produce la excusa y el expediente deberá ser remitido al juez llamado por ley. Pero si el fiscal, el agraviado o el inculpado no se encuentran de acuerdo con la excusa, cualquiera de ellos está legitimado para apelar ante el mismo magistrado, respecto de la inhibición o recusación aceptada. El código del 40, en su artículo 33° a diferencia del actual – facultaba a las partes a presentar un escrito mediante el cual cualquiera de ellas se oponía a la inhibición, o posición que conjuntamente con el informe del Juez y del representante del ministerio público, se elevaban a la sala penal correspondiente, en cuerda separada vía incidente, para que ésta última, resuelva lo conveniente, previo dictamen del fiscal. El actual código simplifica el trámite y obvia tanto el informe del juez como del representante del ministerio público, debiéndose el incidente, de elevarse al superior, sin más trámite que el de la emisión del auto que admite la apelación y ordena se eleve la misma, con las copias pertinentes. Una vez elevado el recurso de apelación, el superior jerárquico solo tendrá 3 días para resolver si procede o no la inhibición o aceptación de la recusación del juez, no procediendo sobre lo resuelto por la sala, recurso alguno. 11.4.TRÁMITE CUANDO EL JUEZ NO CONVIENE EN LA RECUSACIÓN (ART. 56° CPP): Si el Juez recusado rechaza de plano la recusación o no conviene con ésta, formará incidente y elevará las copias pertinentes en el plazo de un día hábil a la Sala Penal competente. La Sala dictará la resolución que corresponda siguiendo el trámite previsto en el artículo anterior.

Aquí estamos, ante el supuesto de que el juez recusado rechaza la recusación, en este caso el magistrado deberá de formar del incidente con las copias pertinentes, en el plazo de un día hábil y elevarlo al tribunal superior, quien dentro del plazo establecido y sin más trámite deberá de resolver si declara fundada o infundada la recusación. Aquí también se simplifica el trámite puesto que la norma ya no establece – como lo hacía el código del 40 – que la sala tenga que resolver previo dictamen del fiscal superior. En el caso que se declare infundada la recusación, la sala dispondrá que el juez recusado – juez originario – continúe conociendo la causa, pero si la

sala declara fundada la recusación, como ya se ha mencionado, dispondrá que remitan los autos al juez que debe de continuar conociendo el proceso. Sobre esta decisión ya no procederá recurso alguno. 11.5.-

TRÁMITES ESPECIALES (ART. 57° CPP):

1. Cuando se trata de miembros de órganos jurisdiccionales colegiados, se seguirá el mismo procedimiento prescrito en los artículos anteriores, pero corresponderá decidir al mismo órgano colegiado integrándose por otro magistrado. Contra lo decidido no  procede ningún recurso. 2. Si la recusación es contra todos los integrantes del órgano judicial colegiado, conocerá de la misma el órgano jurisdiccional llamado por  la Ley.

Como ya se había mencionado, las causales de inhibición y de recusación alcanza a todos los magistrados sin distinción alguna, sobre todo porque la decisión del magistrado afectado vicia, en su caso, la decisión, cualquiera que haya sido su posición en la deliberación y votación, y sobre todo cuando dicho magistrado ha contribuido a crear la mayoría necesaria para decidir. En ese sentido, el presente artículo lo que hace es regular el procedimiento de abstención y recusación de aquellos magistrados que son miembros de un órgano colegiado, conformado ya sea por Jueces, Vocales Superiores o Vocales Supremos. Estableciéndose que tanto la recusación como la inhibición serán planteadas ante el mismo órgano colegiado, el cual deberá necesariamente ser integrada por otro magistrado de la misma Jerarquía.  Tratándose de la inhibición, el magistrado que se considere impedido, informará por escrito a su respectivo órgano colegiado del impedimento que le afecta, así como los medios de prueba pertinentes y solicitando se le exima de intervenir en el proceso. El órgano colegiado, una vez recibida la inhibición formará el incidente correspondiente, y en el plazo de tres días resolverá sin más trámite, si procede o no la inhibición. Contra dicha resolución no procederá recurso alguno, es decir es inimpugnable. Si se acepta la abstención, se integrará el magistrado llamado por Ley, para que conozca la causa, conjuntamente con los demás colegiados que integran dicho órgano Jurisdiccional.

En el caso de la recusación, el procedimiento, es similar al de la inhibición, con la variación que serán las partes quienes presenten el escrito. 11.6 INHIBICIÓN Y RECUSACIÓN JURISDICCIONALES (ART. 58° CPP):

DE

SECRETARIOS

Y

AUXILIARES

Las mismas reglas regirán respecto a los Secretarios y a quienes cumplan una función de auxilio judicial en el procedimiento. El órgano  judicial ante el cual actúan, decidirá inmediatamente reemplazándolo durante ese trámite por el llamado por Ley.

 Tanto los Magistrados, Relatores, Secretarios, como los auxiliares  jurisdiccionales forman parte del Poder Judicial, y por tanto, todos son funcionarios o servidores públicos que brindan o desempeñan sus actividades o funciones a nombre y al servicio del Estado; por lo tanto el codificador no podía excluir de las causales de inhibición y de recusación a los Secretarios Judiciales y a las demás personas que laboran en el Poder Judicial, es por ello que mediante el presente artículo se establece la aplicación a dichos funcionarios o servidores, de todas las reglas que se aplican o son aplicables a los magistrados. En este caso, el mismo magistrado o Sala Penal ante la cual ejercen su función es la encargada de resolver la excusación del secretario  judicial, o la recusación sin trámite alguno e inclusive sin denuncia alguna. De lo que se trata es de un procedimiento puramente administrativo por razones fundadas y para el caso concreto. 11.7 ACTUACIONES IMPOSTERGABLES (ART. 59° CPP): Mientras esté pendiente de resolver la inhibición o recusación, el Juez   podrá realizar todas aquellas diligencias previstas en el artículo 52°.

Mediante el presente artículo, lo que se establece es que, al dudarse de la imparcialidad del Juez y mientras se resuelva el incidente ya sea la inhibición o la recusación, el magistrado sea limitado en sus funciones, mas no suspendido en la totalidad de las mismas, pudiendo para tal caso, actuar sólo determinadas diligencias que por ser de urgencia, ameritan su actuación. Dentro de estas diligencias tenemos20: CUBAS VILLANUEVA, Víctor: El Proceso Penal. Editorial Palestra. Lima, 1997, pág. 88 20

a) resolver sobre la libertad (lo que el código del cuarenta lo prohibía) o privación de la libertad del imputado. b) actuar diligencias de carácter urgente e irrealizable ulteriormente o que no permitan ninguna prórroga.

CONCLUSIONES

•

•

•

•

•

La inhibición, es un deber de los magistrados de apartarse del conocimiento de un proceso, cuando se piensa que se encuentran incursos en una causal de separación regulada por la Ley, pues si se permitiera la intervención de un Juez incluido en una de las causales de impedimento señaladas por la Ley, la parcialidad de dicho magistrado estaría en tela de juicio.  Tanto la recusación como la inhibición operan debido a un vicio de la competencia, puesto que tienden a actuar el principio de la independencia del juez, facultándolo o constriñéndolo a no conocer de un proceso cuando concurran situaciones que podrían afectar a su serenidad. La desacumulación consiste en separar un proceso acumulado cuando éste ha resultado negativo o inconveniente para los fines de la celeridad procesal. En el actual código se emplea mejor técnica legislativa respecto de la Inhibición y la Recusación, en las cuales además, haciendo una interpretación en sentido amplio, no se establece ningún impedimento para que cualquiera de las partes, solicite al magistrado se inhiba, a fin de evitar la recusación. En cuanto a la conexión por identidad de persona se da en el caso de diversos ilícitos, que señalan a un mismo agente, como el único autor, aunque cometidos en ocasión y lugares diferentes, al incoarse contra él, procesos por cualquiera de los delitos cometidos, si estos tuvieran analogía o conexión entre si o no hubieran sido hasta entonces sentenciados.

RECOMENDACIONES



Recomendamos que se tome en cuenta que el objeto tanto de la inhibición como de la recusación es apartar al Juez o al Fiscal del conocimiento de la causa que está instruyendo, por lo que dichas instituciones lo que hacen finalmente es alterar las reglas de la competencia, puesto que entregan el proceso a quien no era el llamado a conocer cuando ocurrió el evento, el cual lo único que hace es retrasar el proceso y que existan vacios y mas gastos durante el proceso.



Que si la jurisdicción es ejercida por cada estado de acuerdo con sus normas constitucionales y en ejercicio de su soberanía Nacional, se recomienda que el propio estado tome lugar, en cuanto a la sanciones por imparcialidad del juez., llamado por ley.



Se recomienda que cuándo hablemos de jurisdicción también debemos tener en cuenta el. artículo 205 de nuestra Carta fundamental, mediante el cual se brinda seguridad a las personas, en la protección de sus derechos humanos, a través de la posibilidad de recurrir previo agotamiento de los recursos

internos, Debido a que el tema de los derechos humanos en la actualidad ya no queda circunscrito a la seguridad interna de los Estados, sino por el contrario es considerado como patrimonio de la humanidad.

BIBLIOGRAFIA

•

•

•

DEVIS ECHANDIA, Teoría general Del Proceso, Ed. PCUP. 1994 MORENO CATENA, y otros, Introducción Al Derecho Procesal Penal. Peces Barba, Derechos Fundamentales, 3° Edición, Madrid – España.

•

Montero Aroca, Fundamentos de la Jurisdicción, Tomo II

•

GARCÍA RADA, Manual de Derecho Procesal Penal, 1999

•

•

•

RUBIO CORREA, marcial: Estudio de la Constitución Política del Perú. Fondo Editorial PUCP. Lima 1999. HURTADO POZO, José: Derecho Penal y Derechos Culturales. Autores Varios. Derechos Culturales. Lima PUPC y U. de Friburgo, 1996.  JIMENEZ DE ASÚA, Luis: Op. Cit., pág. 169

¿Se puede recusar a un Juez porque es amigo de una de las partes en Facebook? Recusar a un Juez significa solicitar que el mismo se aparte del proceso, que deje de ser Juez del caso porque dudamos de su imparcialidad. El Código Procesal Civil señala las causales específicas por las cuales se puede solicitar dicha recusación. Una de dichas causales para pedir la recusación de un Juez es ser "amigo íntimo" de una de las partes tal como lo señala el artículo 307 del Código Procesal Civil que paso a transcribir: "Artículo 307.- Las partes pueden solicitar que el Juez se aparte del proceso cuando: 1. Es amigo íntimo o enemigo manifiesto de cualquiera de las partes, demostrado por hechos inequívocos; ..." ¿Que una de las partes sea "amigo" en Facebook de un Juez será suficiente para que la otra parte proceda a recusarlo? Ciertamente que el tema deberá ser analizado caso por caso dado que el artículo transcrito señala que no basta que sea un "amigo" sino que deberá de ser necesariamente un "amigo íntimo". Deberá evaluarse consecuentemente si el "amigo de Facebook" tiene ese perfil de "íntimo" que exige la norma legal. En mi caso particular por ejemplo yo he añadido como "amigos" a una serie de personas que tal vez si nos cruzamos en la calle no nos reconozcamos, si por allí mañana alguno de mis "amigos" en Facebook se convierte en Juez sería absurdo que alguien pueda sostener que deba de ser recusado por tal razón.