Distribuidora de Cine, Televisión y Espectáculos c/ Cinematográfica Distribuidora Selman Ltda y otros - Corte Suprema - 28-oct-201 28-oct-2011 1
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Voces: CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES - INCUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL -
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES - RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEUDOR SOLIDARIO - CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO FUNDAMENTOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA - RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA RECURSO ACOGIDO - SENTENCIA S ENTENCIA DE REEMPLAZO Partes: Distribuidora de Cine, Televisión y Espectáculos c/ Cinematográfica Selman
Ltda y otros s/ Incumplimiento contractual - Indemnización de perjuicios - Recurso de casación en la forma Tribunal: Corte Suprema Sala: Primera Fecha: 28-oct-2011 Cita: ROL:8690-10, MJJ29943 Producto: Microjuris
Habiendo pactado la demandada en el contrato a un responsable solidario, la indemnización frente al incumplimiento también debe ser cubierta por este último. Tribunal
Materia
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Doctrina:
1.- Se debe acoger el recurso de casación en la forma interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de alzada que, confirmando la de primera instancia, acoge la demanda de indemnización de perjuicios a raíz de la resolución contractual, puesto que en tal sentencia se ha incurrido en el vicio de nulidad formal establecido en el artículo 768 Nº 5
del Código de Procedimiento Civil, en relación
con el artículo 170 Nº 4 y 5 del mismo cuerpo de leyes, debiendo dictarse sentencia de reemplazo que enmiende el vicio de nulidad formal existente, en relación
con la falta de consideraciones de hecho y de derecho en la sentencia impugnada. 2.- Del mérito de la sentencia recurrida, que confirmó sin modificación alguna el fallo del tribunal a quo, se viene en advertir que a pesar de acoger parcialmente la demanda interpuesta, omitió cualquier tipo de consideración respecto de la solicitud contenida en la demanda, destinada a hacer efectiva la responsabilidad solidaria de la otra demandada. En efecto, el sentenciador del fondo concluyó que la convención que regía las relaciones contractuales habidas entre las partes, entendiendo de este modo que sus estipulaciones desplazaban a aquellas contenidas en los contratos suscritos por las mismas partes en años anteriores. Sin embargo, con abstracción al mérito del contrato cuya validez reconoce y, en consecuencia, soslayando el cabal razonamiento respecto del asunto sometido al conocimiento y resolución de los tribunales del mérito, excluyó las consideraciones de hecho y de derecho, sea para acoger o desestimar aquella petición que el recurrente de nulidad formal echa de menos, desentendiendo así los juzgadores la obligación de efectuar una reflexión que permitiera conocer el sustento jurídico y fáctico en alguno de los sentidos anotados; requerimiento que no se ve satisfecho con la simple decisión de acoger la demanda en los términos propuestos, con la subsecuente condena de la demandada al pago de la suma de dinero que se indica, puesto que ningún razonamiento previo sustenta la aplicación de la pertinente normativa legal y de la decisión misma. 3.- Resulta evidente que la decisión del fallo impugnado de desestimar la resolución de los contratos de cesión de derechos de exhibición así como los perjuicios que por los incumplimientos a los mismos se reclaman y las demás prestaciones que en cada uno de los seis contratos se obligó la demandada, se ajusta a derecho, puesto que, como en extenso se razonó, la convención en comento vino a refundir la situación contractual que ligaba a las partes, de manera tal que, al tenor del petitorio de la demanda y de la debida correspondencia que debe existir entre ésta y la decisión jurisdiccional, sólo era procedente la condena de la sociedad demandada al pago de aquella suma de dinero que, en virtud del contrato aludido, se obligó a pagar. 4.- Sin perjuicio de la acertada resolución del juez a quo al estimar vigente de manera exclusiva el último contrato celebrado entre las partes, es lo cierto que la sociedad demandante también reclamó la condena solidaria respecto de las obligaciones que deba soportar la empresa cinematográfica. En esta perspectiva, la obligación solidaria pasivamente ha sido considerada como aquélla en que el acreedor puede exigir a cada uno de los deudores u obligados el total de una prestación que por su naturaleza es divisible y que por la fuente de la obligación respectiva u otra, se impuso y aceptó esta forma de cumplimiento. Nos enfrentamos a una pluralidad de sujetos, en este caso deudores y que existe una fuente que establece una forma de cumplimiento, pues la regla general es que sea satisfecha de manera simplemente conjunta. El requisito de la unidad de una prestación divisible es el aspecto determinante en la obligación solidaria, marca la excepción en la forma de cumplimiento, esta unidad se fundamenta en la ley o en una declaración de voluntad, por lo cual puede versar, tanto sobre una o más cosas divisibles, aún cuando estén vinculadas o sean totalmente diversas por su
naturaleza, lo único que este requisito exige, es que todas las cosas debidas lo sean por todos, pero lo determinante es que el cumplimiento en su totalidad pueda ser requerido imperativamente a todos o a uno cualquiera de los deudores y no que haya de exigirse una cosa a uno y otra a otro. 5.- Al tenor de la estipulación, resulta acreditada la existencia de un pacto entre los deudores en el cumplimiento de la obligación, de manera que, al amparo del acuerdo contractual y lo prevenido en el artículo 1511 del Código Civil, cabe tener por demostrada la responsabilidad solidaria de la otra demandada respecto de la obligación emanada del contrato de autos, convenido entre la actora y la empresa al que concurrió la primera como representante legal de la sociedad demandada y como codeudora solidaria de las obligaciones contraídas por esta última, en los términos que se declarará en lo resolutivo de esa sentencia.
Fallo:
Santiago, 28 de octubre de 2011. VISTOS: En estos autos rol N° 2910-2003, seguidos ante el Décimo Juzgado Civil de Santiago sobre juicio ordinario de resolución de contrato con indemnización de perjuicios, caratulados "Distribuidora de Cine, Televisión y Espectáculos Limitada con Cinematográfica Selman Limitada y otras", la señora juez titular, por sentencia escrita a fojas 104, de fecha veinte de mayo de dos mil cuatro, complementada a fojas 139 el catorce de septiembre del mismo año, acogió la demanda, sólo en cuanto condenó a la demandada a pagar a la actora la suma de US$ 56.900, reajustada de conformidad a la variación que haya experimentado el I.P.C., debiendo considerarse, para los efectos de la liquidación, que dicha obligación debía pagarse en 24 cuotas de US$2.370,83 mensuales, a contar del 30 de junio de 2003, con costas. La parte demandante dedujo recursos de casación en la forma y apelación en contra dicho fallo y una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por resolución de veintiséis de agosto de dos mil diez, rolante a fojas 236, después de desestimar el recurso de nulidad, lo confirmó. En contra de esta última determinación, la parte ya individualizada dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo. Se trajeron los autos en relación. CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que el recurrente sostiene en su libelo que la sentencia impugnada incurre en la causal de nulidad formal contemplada en el Nro. 5
del artículo 768 del
Código de Procedimiento Civil, en relación con los Nros. 4 y 5 del artículo 170 mismo cuerpo normativo.
del
Sustenta sus alegaciones en la omisión por parte de los sentenciadores de toda referencia y consideraciones sobre la responsabilidad solidaria que el libelo pretensor reclama de doña Carmen Selman Betancourt. Explica, que bajo el escenario contractual que unió a las partes, conformado por la suscripción de diversos contratos de cesión de derechos de exhibición exclusiva, se imponían un conjunto de obligaciones, en especial a la parte demandada. Sin embargo, esta última incurrió en una serie de incumplimientos que consistieron, principalmente, en la falta de entrega de las películas que menciona y en la infracción a la exclusividad para el territorio nacional, de la cesión de los derechos para televisión pagada, por cable o satelital, mediante la exhibición de ciertas películas en determinados canales de televisión. Sostiene que en esta relación contractual que vinculó a las partes, el 3 de enero del año 2002 suscribieron un nuevo acuerdo, en el que dejaron constancia de la existencia de dos grupos de obligaciones pendientes de satisfacer por la demandada. Así, por un lado, se enumeraron las películas cuyos derechos para Chile había adquirido la demandada y cedido a la actora y que, a esa fecha, se encontraban pendientes de entregar para su explotación, pactándose un nuevo plazo para ello. Por otra parte, la contraria reconoció la existencia de una deuda en dólares ascendente a US$56.900 más IVA, pactándose su pago en 24 cuotas iguales y sucesivas, la primera de ellas a partir del 30 de junio de 2002, en los términos que indica el contrato aludido, estipulándose también, según se lee en la cláusula undécima, que doña Carmen Selman Betancourt se constituía en codeudora solidaria de Cinematográfica Selman Limitada, respecto de todas y cada una de las obligaciones que dicha sociedad contrajo a favor de la actora. Aduce que, conforme al mérito del proceso, la sociedad demandada no cumplió con ninguna de las obligaciones que adquirió, lo que motivó la interposición de la acción deducida en autos. Sin embargo, el sentenciador, contraviniendo los antecedentes que obran en el proceso, no sustentó con fundamentos de hecho o de derecho su decisión de rechazar la declaración de responsabilidad solidaria que le correspondía a la demandada Carmen Selman respecto de las obligaciones incumplidas por parte de la sociedad demandada, específicamente, en lo referido al pago de la suma de US $56.900, a la que fue condenada la sociedad demandada, lo que claramente configura el vicio de nulidad formal que denuncia, el que, por lo demás, fue debidamente preparado, a través del correspondiente recurso de nulidad formal, desestimado por el tribunal de alzada. SEGUNDO: Que en estos autos comparece don Sergio Rodríguez Oro, en
representación de Distribuidora de Cine, Televisión y Espectáculos Limitada, e interpuso demanda de resolución de contrato con indemnización de perjuicios en contra de Cinematográfica Selman Limitada, Carmen Selma Betancourt y Juana Betancourt Ponce, solicitando se declare: 1.- Que la compañía demandada no ha cumplido con los contratos de cesión de derechos de exhibición, celebrados con su representada; 2.- Que la demandada no ha entregado una copia o master en betacam sp, ntsc, versión original más el M&E Track, lista de diálogos, material de arte para prensa en triplicado y un master betacam sp, ntsc, debidamente doblado al español de los largometrajes y películas que señala; 3- La resolución de los contratos de cesión de derechos de exhibición respecto de las películas que individualiza; 4.- Que la demandada debe pagar una indemnización de perjuicios por el incumplimiento de los contratos de cesión de derechos de exhibición de los largometrajes que indica; 5.- Que en virtud de la cláusula penal pactada, se condene a la demandada a pagar a título de indemnización por cada película, la suma de US$1.000, más I.V.A., por el primer trimestre; US$ 1.500 más I.V.A., por el segundo y, US$ 2.500 por el tercer trimestre; En subsidio, para el evento que se estime que la cláusula penal es improcedente, se reserve el derecho de determinar la naturaleza y monto de los perjuicios de acuerdo al artículo 173 del Código de Procedimiento Civil; 6.- Que se condene a la demandada a la restitución de la suma de $82.573.000, que corresponde a aquélla que pagó su representada por la cesión de los derechos de exhibición de las películas que indica, reajustada de acuerdo a la variación del I.P.C.; 7.- Que se condene a la contraria al pago de la suma de US$56.900, más I.V.A. y, en subsidio, a US$ 36.368, más I.V.A., para el caso de que se estime que la demandada no se encuentra en estado de insolvencia; 8.- Que se condene a doña Carmen Selman Betancourt, al pago solidario de la suma total a que sea condenada la demandada principal; 9.- Que se condene a doña Juana Betancourt Ponce, al pago de la mitad del dinero que debe restituirse a la sociedad demandante del contrato de cesión de derechos de exhibición de la película "Roosters" y a la mitad de la indemnización de perjuicios por la resolución del contrato respecto del mismo largometraje, con costas. Explica que su representada celebró con la compañía demandada, seis contratos, con fecha 24 de Marzo y 20 de diciembre de 1995; 26 de marzo de 1996; 18 de julio, 5 de noviembre y 29 de diciembre de 1997, mediante los cuales, ésta cedía los derechos de exhibición exclusivos, en calidad de estrenos, para diversos medios, tales como televisión pagada, codificada, terrestre, tv cable libre, tv cable satelital libre, pay per view; los derechos anciliares, excluyendo la exhibición y explotación comercial en cines, sobre diversos largometrajes que se individualizan en los anexos de los contratos referidos. En cada uno se pactó un precio por la cesión de los derechos de transmisión, pagadero en la forma que cada instrumento indica, dependiendo del número de películas objeto de la cesión. Asimismo, el cedente se obligó a entregar a su representada una copia o master en Betacam SP, NTSC, versión original, más el M&E Track y una lista de diálogo de cada película y el material de arte para prensa de cada una, junto a un master debidamente doblado al español neutro y los certificados del productor y de origen de cada uno de los largometrajes. A todos, compareció doña Carmen Selman Betancourt, quien se obligó como codeudora solidaria al
cumplimiento de las obligaciones de la sociedad demandada. Añade que en los tres últimos contratos, además, se estipuló una multa, para el caso de incumplimiento de la cedente en la entrega de las películas, del siguiente tenor: US$1.000 más I.V.A., en caso de atraso en el primer trimestre; US$1.500 más I.V.A., por atraso del segundo y la suma de US$2.500, en el caso del tercer trimestre. Indica que se encuentran pendientes de entrega once de las películas de que dan cuenta los contratos referidos y que, no obstante, el carácter exclusivo de la cesión, respecto del material fílmico que en los contratos se individualizan, algunos de los títulos fueron exhibidos en otros canales. Agrega que, con posterioridad, el día 3 de Enero de 2002, las partes suscribieron un documento, estipulándose nuevos plazos para la entrega de las películas que se encontraban pendientes y para el pago cierta suma de dinero que se adeudaba a su representada. Asimismo, en dicho acto se reconoció por la demandada que se adeudaba la suma de US$56.900, más I.V.A., que se pagaría en 24 cuotas mensuales y sucesivas de US$ 2.370,83 más I.V.A., a partir del 30 de Junio de 2002. A dicho acto compareció doña Carmen Selman, como codeudora solidaria; sin embargo, la contraria no ha pagado ninguna de las cuotas pactadas; TERCERO: Las demandadas, no obstante comparecer al juico, no evacuaron el trámite de contestación a la demanda; CUARTO: Que el fallo censurado, para resolver de la forma que lo hizo, esto es, acoger parcialmente la demanda, estimó que, a través de la mencionada convención de 3 de enero de 2002, las partes pusieron término a todas las diferencias suscitadas a propósito de los anteriores seis contratos que las mismas celebraron entre los años 1995 y 1997, de manera que aquél vino a refundir las relaciones derivadas de estos últimos. Sobre la base de este supuesto y, en atención a que los incumplimientos que se impetran en la demanda se encuentran referidos justamente a las convenciones que antecedieron a aquélla de enero de 2002 y no respecto de esta última, sobre la cual nada se dijo mediante el material probatorio aportado al proceso por la actora, concluye la sentencia recurrida que no se encuentra demostrado en autos el incumplimiento de la sociedad demandada respecto de la entrega del material fílmico al que alude el contrato referido. Empero, al no haber acreditado la demandada el pago de la suma de US$56.900 a que se obligó por la convención aludida o al no haber entregado las letras de cambio de que da cuenta la cláusula quinta del mismo, ordena el pago de la suma señalada. QUINTO: Que el legislador se ha preocupado de establecer las formalidades a que deben sujetarse las sentencias definitivas de primera o única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales; las que, además de satisfacer los requisitos exigibles a toda resolución judicial, conforme a lo prescrito en los artículos 61
y 169
del Código de Procedimiento Civil
(esto es: la expresión en letras de la fecha y el lugar en que se expiden; la firma del juez o jueces que la pronuncien o intervengan en el acuerdo y la autorización del secretario), deben contener las enunciaciones contempladas en el artículo 170 del mismo cuerpo normativo, entre las que figuran -en lo que atañe al presente recursoen su numeral 4° , las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia; SEXTO: Que esta Corte, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 3.390 de 1918, en su artículo 5° transitorio
, dictó con fecha 30 de septiembre de 1920, un
Auto Acordado en que regula pormenorizada y minuciosamente los requisitos formales que, para las sentencias definitivas a que se ha hecho mención, dispone el precitado artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. Refiriéndose al enunciado exigido en el N° 4 de este precepto, el Auto Acordado establece que las sentencias de que se trata deben expresar las consideraciones de hecho que les sirven de fundamento, estableciendo con precisión aquéllos sobre que versa la cuestión que haya de fallarse, con distinción entre los que han sido aceptados o reconocidos por las partes y los que han sido objeto de discusión. Agrega que si no hubiera discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, deben esas sentencias determinar los hechos que se encuentran justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que sirven para estimar los comprobados, haciéndose, en caso necesario, la apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme a las reglas legales. Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de la prueba rendida -prosigue el Auto Acordad o- deben las sentencias contener los fundamentos que han de servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma expuesta anteriormente. Prescribe, enseguida: establecidos los hechos, se enunciarán las consideraciones de derecho aplicables al caso y, luego, las leyes o, en su defecto, los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; agregando que, tanto respecto de las consideraciones de hecho como las de derecho, debe el tribunal observar, al consignarlos, el orden lógico que el encadenamiento de las proposiciones requiera; SÉPTIMO: Que la importancia de la parte considerativa de la sentencia, en cuanto allí se asientan las bases que sirven de sustento previo y necesario de la decisión mediante la cual ella dirime el litigio, resulta de tal envergadura que algunas Constituciones -como la española, la italiana y la peruana- consignan de manera expresa la obligación de los jueces de fundamentar sus fallos. Semejante deber aparece también contemplado de manera implícita dentro de
nuestro ordenamiento constitucional, según se desprende de lo dispuesto en el artículo 8° de la Carta Política, donde se consagra el principio de publicidad de los actos y resoluciones emanados de los órganos del Estado así como de sus "fundamentos"; en el artículo 76 del mismo cuerpo normativo que se refiere a la prohibición de los otros Poderes del Estado en orden a revisar los "fundamentos" de las resoluciones de los tribunales de justicia establecidos por la ley; a lo que debe sumarse, especialmente, el arbitrio garantístico previsto en el artículo 19 N° 3, inciso 5° de la Carta, de acuerdo con el cual, toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe "fundarse" en un proceso previo y legalmente tramitado, agregando que corresponde al legislador establecer las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justas. Al satisfacer este imperativo, vinculado al debido proceso legal, tiende el antes citado artículo 170 del Código de Procedimiento Civil en cuanto ordena a los jueces expresar determinadamente las razones de índole fáctica y jurídica en que se apoyen sus sentencias; resultando, entonces, patente la raigambre constitucional de la mencionada exigencia; OCTAVO: Que, por otra parte, tanto la jurisprudencia como la doctrina se han preocupado también de hacer hincapié en la trascendencia del presupuesto procesal en examen, aduciendo para ello diversas razones. Se ha expresado, en esta tesitura que, al establecerse por el ordenamiento la obligación de fundamentar las sentencias, se pretende que éstas se expidan con arreglo a los criterios de racionalidad y de sujeción a la ley, descartándose con ello preventivamente cualquier asomo de arbitrariedad o "despotismo judicial". Al mismo tiempo, se considera que el señalado deber de los jueces asume una finalidad persuasiva respecto de las partes, en cuanto, al exponer el fallo las razones de carácter fáctico y jurídico, quedarán éstas en situación de comprender la exactitud y corrección de tales razonamientos y que la decisión a la que sirven de asidero constituye expresión genuina de la ley; y, en la eventualidad de que tal convicción no llegue a producirse, cuenten con los elementos de juicio necesarios para impugnar lo resuelto, utilizando los medios recursivos idóneos al efecto. Siendo, en fin, las sentencias el instrumento mediante el cual los jueces desempeñan la función jurisdiccional, que constituye una parte de la soberanía cuyo ejercicio les es delegado por la nación, tienen los componentes de ésta el derecho a controlar la racionalidad y justicia de sus decisiones, a través del examen de las razones que se aducen para fundamentarlas; NOVENO: Que, en consecuencia, los jueces, para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por el Constituyente y el legislador, han debido ponderar toda la prueba rendida en autos, tanto aquélla en que se sustenta la decisión, como la descartada o
aquélla que no logra producir la convicción del sentenciador en el establecimiento de los hechos, lo cual no se logra con la simple enunciación de tales elementos, sino que con una valoración racional y pormenorizada de los mismos. Cabe, en este mismo sentido, tener presente que "considerar" implica la idea de reflexionar detenidamente sobre algo determinado y concreto. En consecuencia, es nula, por no cumplir con el precepto del Nº 4 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia que hace una estimación de la prueba y deduce una conclusión referente a la materia debatida sin analizarla en su totalidad, aquélla que realiza tal labor en términos generales; limitándose a expresar únicamente que las probanzas acreditan o no un hecho dado o las declara ilegales o impertinentes o, por último, considera inoficioso pronunciarse acerca de ellas; DÉCIMO: Que del mérito de la sentencia recurrida, que confirmó sin modificación alguna el fallo del tribunal a quo, se viene en advertir que a pesar de acoger parcialmente la demanda interpuesta, omitió cualquier tipo de consideración respecto de la solicitud contenida en la demanda, destinada a hacer efectiva la responsabilidad solidaria de la demandada Selma Betancourt. En efecto, como ya se adelantó, el sentenciador del fondo concluyó que la convención de 3 de enero de 2002 regía las relaciones contractuales habidas entre las partes, entendiendo de este modo que sus estipulaciones desplazaban a aquellas contenidas en los contratos suscritos por las mismas partes en años anteriores. Sin embargo, con abstracción al mérito del contrato cuya validez reconoce y, en consecuencia, soslayando el cabal razonamiento respecto del asunto sometido al conocimiento y resolución de los tribunales del mérito, excluyó las consideraciones de hecho y de derecho, sea para acoger o desestimar aquella petición que el recurrente de nulidad formal echa de menos, desentendiendo así los juzgadores la obligación de efectuar una reflexión que permitiera conocer el sustento jurídico y fáctico en alguno de los sentidos anotados; requerimiento que no se ve satisfecho con la simple decisión de acoger la demanda en los términos propuestos, con la subsecuente condena de la demandada al pago de la suma de dinero que se indica, puesto que ningún razonamiento previo sustenta la aplicación de la pertinente normativa legal y de la decisión misma. De lo precedentemente razonado, queda demostrado el incumplimiento de las disposiciones y principios referidos, en que incurrieron los jueces del grado, al omitir los razonamientos que les era exigible en la materia de que se trata; UNDÉCIMO: Que ésta omisión constituye el vicio de casación en la forma previsto en el artículo 768 N° 5 , en relación con el artículo 170 N° 4, ambos del Código de Procedimiento Civil, por la falta de consideraciones de hecho que le sirven de fundamento al fallo; exigencia procesal, como antes se expresó, que resulta ineludible a fin de dejar a las partes en situación de deducir los recursos respectivos y a este tribunal de casación en condiciones de poder dictar sentencia de reemplazo, de conformidad con lo que dispone el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, para el caso de tener que acoger el recurso de casación en el fondo.
Consecuencialmente, en el caso en estudio, resulta evidente la carencia de motivaciones en el sentido que se ha expresado y que eran obligatorias; inobservancia que no podía salvarse por la mera circunstancia de haberse decidido en el fallo acoger parcialmente la demanda intentada en autos; De conformidad a lo expuesto y lo normado en los artículos 170 N° 4, 766
, 768
N° 5, 786 y 808 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en la forma deducido en lo principal de fojas 238 por el abogado Sergio Rodríguez Oro, en representación del demandante y, en consecuencia, se declara nula la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha veintisiete de agosto de dos mil diez, escrita a fojas 235 y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, sin previa vista, pero separadamente. Ténganse por no interpuesto el recurso de casación en el fondo deducido en el primer otrosí de fojas 235. Regístrese. Redacción a cargo del ministro señor Oyarzún. Rol N° 8690-10 Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sres. Adalis Oyarzún M., Sergio Muñoz G., Juan Araya E., Guillermo Silva G. y Abogada Integrantes Sra. Maricruz Gómez de la Torre V. No firman los Ministros Sres. Araya y Silva, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ambos en comisión de servicios. Autorizado por la Ministra de fe de esta Corte Suprema. En Santiago, a veintiocho de octubre de dos mil once, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente. Santiago, 28 de octubre de 2011. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 786 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo. VISTOS: Se reproduce la sentencia la apelada, previa sustitución en el motivo 5° de la expresión "once" por "doce". Asimismo, se elimina en el fundamento 8° desde su inicio hasta donde dice, después del punto (.) seguido, "Sin perjuicio de ello", sustituyendo la minúscula de la palabra "la", que figura a continuación la frase que se eliminada, por
"La" y en el mismo considerando la expresión "mismo" por "contrato de 3 de enero de 2002". Y teniendo, además, presente: 1°.- Que en la presente causa se interpuso demanda en contra de Cinematográfica Selman Limitada, Carmen Selman Betancourt y Juana Betancourt Ponce, solicitando la sociedad demandante se acoja la demanda de resolución de los contratos de cesión de derechos de exhibición, respecto de las películas que se individualizan en el libelo, con indemnización de perjuicios y, consecuencialmente, se declare: 1.- Que la compañía demandada no ha cumplido con los contratos de cesión de derechos de exhibición, celebrados con su representada; 2.- Que la demandada no ha entregado una copia o master en betacam sp, ntsc, versión original más el M&E Track, lista de diálogos, material de arte para prensa en triplicado y un master betacam sp, ntsc, debidamente doblado al español de los largometrajes y películas que señala; 3- La resolución de los contratos de cesión de derechos de exhibición respecto de las películas que individualiza; 4.- Que la demandada debe pagar una indemnización de perjuicios por el incumplimiento de los contratos de cesión de derechos de exhibición de los largometrajes que indica; 5.- Que en virtud de la cláusula penal pactada, se condene a la demandada a pagar a título de indemnización por cada película, la suma de US$1.000, más I.V.A., por el primer trimestre; US$ 1.500 más I.V.A., por el segundo y, US$ 2.500 por el tercer trimestre; En subsidio, para el evento que se estime que la cláusula penal es improcedente, se reserva el derecho de determinar la naturaleza y monto de los perjuicios de acuerdo al artículo 173 del Código de Procedimiento Civil; 6.- Que se condene a la demandada a la restitución de la suma de $82.573.000, que corresponde a aquella que pagó su representada por la cesión de los derechos de exhibición de las películas que indica, reajustada de acuerdo a la variación del I.P.C.; 7.- Que se condene a la contraria al pago de la suma de US$56.900, más I.V.A. y, en subsidio, a US$ 36.368, más I.V.A., para el caso de que se estime que la demandada no se encuentra en estado de insolvencia; 8.- Que se condene a doña Carmen Selman Betancourt, al pago solidario de la suma total a que sea condenada la demandada principal; 9.- Que se condene a doña Juana Betancourt Ponce, al pago de la mitad del dinero que debe restituirse a la sociedad demandante del contrato de cesión de derechos de exhibición de la película "Roosters" y a la mitad de la indemnización de perjuicios por la resolución del contrato respecto del mismo largometraje, con costas; 2°.- Que, en atención a la naturaleza del conflicto planteado y las objeciones que el recurso de apelación contiene en contra de la decisión en alzada, no puede dejar de señalarse que en nuestro sistema jurídico, en materia contractual, la voluntad preside y determina la extensión, los efectos y duración de los contratos, vale decir, que, salvo los elementos de la esencia de los contratos y ciertas excepciones y limitaciones contempladas en el ordenamiento legal por razones de seguridad, moral y orden público, como asimismo, en pro del resguardo de los intereses de personas incapaces, será el acuerdo de voluntades de las partes el que rija los diversos vínculos que se crean y sus alcances, circunstancias en las que las partes actúan desde sus respectivos
intereses, en el logro de su mejor aprovechamiento, normando particularmente la relación jurídica que crean, desde sus respectivas posiciones, sea en un ámbito previsto y reglamentado específicamente por el legislador o no. En consecuencia, será la voluntad contractual, cristalizada desde la libertad de las partes para determinar la fisonomía y contornos de su acuerdo, la que primero regule los efectos de la obligación adquirida por la vía de la convención que la ha creado; 3°.- Que, en este contexto, el objetivo de la labor de interpretar actos y contratos radica en conocer los puntos en que ha confluido la intención de los contratantes, la voluntad que han expresado al celebrar el acto o convención de que se trate, vale decir, aquello en lo que han consentido, uniéndolos y determinándolos a contratar. Para guiar al intérprete en su labor, el legislador ha entregado diversas reglas que sirven en la consecución de la finalidad de su actividad; directrices que se contienen, fundamentalmente, en los artículos 1560 a 1566 del Código Civil, las que no tienen un orden de prelación, sino que serán más o menos relevantes, según la incidencia en la determinación de la intención de las partes, siempre considerando las circunstancias que hayan integrado el iter contractual, inclusive lo relativo a la etapa de cumplimiento; 4°.- Que en este punto es propicio recordar que el artículo 1560 del Código Civil supone que la prevalencia de la intención de los contratantes, por sobre lo literal de las cláusulas o términos de su acuerdo, queda supeditada a que aquélla se conozca "claramente", es decir, de un modo palmario o manifiesto, descartando cualquier ambigüedad sobre el particular y, a su vez, la norma del artículo 1562 de dicho ordenamiento se traduce en la opción que habrá de hacer el intérprete cada vez que se enfrenta una cláusula contractual oscura, por admitir que le sea asignada la producción de un cierto efecto, pero que, al mismo tiempo, permita ser mirada como inútil o desprovista de toda consecuencia; en ese evento, la exégesis deberá encaminarse por la primera alternativa. Junto a lo anterior, no debe perderse de vista que la doctrina ha precisado que "la existencia de una convención (cuestión de prueba) y el alcance de una convención (cuestión de interpretación) son dos aspectos diferentes, que no deben confundirse". (Jorge López Santa María, "Sistemas De Interpretación De Los Contratos", Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1971, página 66). Así las cosas, el prisma básico o punto de partida en la materia que se analiza, será el considerar si lo expresado literalmente coincide con la voluntad interna o el propósito de las partes. Eso, entonces, para el caso en que la letra del contrato sea clara e inequívoca; cariz que desaparece si cada parte se asila en puntos de vista discrepantes, de los cuales -como sucede en la especie- derivan disímiles consecuencias jurídicas, relativas al correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales, situación ante la cual, habrá de indagarse acerca de la voluntad real de quienes han convenido;
5°.- Que, en lo que interesa a la resolución del asunto litigioso planteado en autos, deben tenerse presente como hechos de la causa, los siguientes: a) Las partes, entre los años 1995 y 1997, celebraron seis contratos de cesión de derechos de exhibición exclusivos, en calidad de estrenos, para diversos medios, tales como, televisión pagada, codificada, terrestre, tv cable libre, tv cable satelital libre, pay per view; los derechos anciliares, incluyendo las exhibiciones y explotación comercial en cines, sobre diversos largometrajes. b) Con fecha 3 de Enero de 2002, suscribieron un nuevo contrato, denominado "de compensación", por encontrarse pendiente de entrega los materiales fílmicos de doce títulos de los largometrajes de que dan cuenta los contratos suscritos en años anteriores, pactándose nuevas fechas para la entrega de los referidos títulos. c) La demandada se comprometió a pagar a la actora, la suma de US$56.900, en 24 cuotas de US$2.370,83 más I.V.A., a partir del 30 de Junio de 2002. d) La demandada no pagó la suma referida en el literal que antecede, a la que se encontraba obligada en virt ud del contrato suscrito en enero de 2003 ni hizo entrega de las letras de cambio, de que da cuenta la cláusula quinta del mismo; 6°.- Que, según se señaló, los términos de la controversia sometida a conocimiento del tribunal, de la manera propuesta por la sociedad demandante, se encuentran dirigidos a sostener que la demandada incumplió los contratos de cesión de derechos de exhibición, que en la práctica, conforme a los hechos inamovibles que fueron asentados por el juez a quo, corresponden a aquellos celebrados con fecha 24 de Marzo y 20 de diciembre de 1995; 26 de marzo de 1996; 18 de julio, 5 de noviembre y 29 de diciembre de 1997. De forma tal, que se reclaman todas aquellas prestaciones que deviene de estos contratos y, que a juicio del demandante, se encuentran incumplidas, pero también se pretende exigir el cumplimiento de las obligaciones que, mediante la convención de 3 de enero de 2002, adquirió la sociedad demandada; 7°.- Que, como se adelantara, ha de primar en este pleito, para zanjarlo, el principio cardinal de nuestro sistema de derecho privado de la autonomía de la voluntad, entendida como "la libertad de que gozan los particulares para pactar los contratos que les plazcan, y de determinar su contenido, efectos y duración" (Arturo Alessandri R, "De los Contratos", Ed. Jurídica de Chile, pág.10). Discurriendo sobre la materia, el profesor Jorge López Santa María comenta: "el principio de la autonomía de la voluntad es una doctrina de filosofía jurídica según la cual toda obligación reposa esencialmente sobre la voluntad de las partes. Esta es, a la vez, la fuente y la medida de los derechos y de las obligaciones que el contrato produce." ("Los Contratos, Parte General", Ed. Jurídica de Chile, pág. 165); 8°.- Que, según se ha podido observar, al estudiarse los antecedentes en que se
sustenta el recurso de apelación, éste en lo básico se orienta a desconocer la naturaleza y efectos del acto jurídico que consta en el instrumento extendido el 3 de enero de 2002, el cual forma parte de la prueba documental que el fallo de primera instancia considera y valora en sus basamentos quinto y siguientes. Sobre tal convención, es menester resaltar, como particularidades de la misma, en lo que importa a la resolución del conflicto, que las partes denominaron el referido convenio como "contrato de compensación", sujeto entre otras, a las siguientes cláusulas: "PRIMERO: Cinematográfica Selman Ltda. y Dictel Limitada, ambas partes, desde el año 1995 han celebrado varios contratos de compraventa y cuentas en participación, para la explotación comercial en el territorio de Chile de películas largometrajes de estreno" "SEGUNDO: Hasta esta fecha estos contratos, se encuentran pendientes de entrega de materiales fílmicos por parte de Cinematográfica Selman Ltda. a Dicitel Limitada, los siguientes títulos que faltan por entregar para su explotación." "TERCERO: En este acto, las partes acuerdan la siguiente forma de entrega para cada uno de los Grupos de Títulos mencionados en la cláusula anterior:." "Para si (sic) dar cumplimiento a cabalidad de (sic) dichos contratos por parte de Cinematográfica Selman Ltda."; "CUARTO: Asimismo, se encuentran pendiente de pago por parte de Cinematográfica Selman Ltda. las siguientes sumas detalladas a continuación:. Total US$56.900"; "QUINTO: La forma de pago por parte de Cinematográfica Selman Ltda. a Dicitel Limitada de las sumas de dinero antes mencionadas y detalladas e la cláusula anterior serán en 24 cuotas iguales y sucesivas de US$2.370,83 más IVA de dólares Norteamericanos, a partir del 30 de junio de 2002, las que serán documentadas a Dicitel Limitada con letras de cambio en dólares norteamericanos y entregadas físicamente el 30 de junio de 2002"; "SEXTO: Al mismo tiempo se acuerda en este acto que el título "Showgirls" el que se encuentra totalmente pagado y que fue adquirido por Dicitel Limitada a Cinematográfica Selman Ltda. con fecha de término de la explotación era el mes de septiembre de 2002, se extiende hasta el mes de septiembre de 2004. Asimismo, al título quote Screamers" se le extiende su fecha de término de explotación para dos (2) años más de la fecha establecida en sus respectivos contratos de compra por parte de DICITEL Limitada a Cinematográfica Selman Ltda."; "SÉPTIMO: Cinematográfica Selman Ltda. se compromete en este acto a traspasar en forma automática a Dicitel Limitada, cualquier y toda extensión de derechos de explotación, en cuanto las fechas de Término de Explotación de los derechos adquiridos por Dicitel Limitada se refiere, que éste obtenga para cualquiera de las películas adquiridas por DICITEL Limitada a Cinematográfica Selman Ltda."; "OCTAVO: Cinematográfica Selman Ltda. reconoce en este acto que Dicitel ha puesto su mejor disposición y buena fe para darle una solución a las materias pendientes entre las partes y expuestas en las cláusulas de este acuerdo"; "NOVENO: Asimismo, Dicitel Limitada reconoce en este acto que Cinematográfica Selman Ltda. siempre y en todo momento ha actuado de buena fe en el desarrollo de los contratos celebrados entre las partes y que en las situaciones pendientes y expuestas en este documento se ha debido a fuerza mayor, por los críticos cambios en las condiciones del mercado de explotación fílmica del territorio"; "DÉCIMO: Cualquier otro acuerdo o modificación a lo expuesto en este acto y en
especial a todo acuerdo que las partes se obligan a establecer en las fechas mencionadas en este documento, deberá ser por escrito y firmado entre las partes"; 9°.- Que del tenor de las cláusulas contractuales transcritas, resulta evidente, como lo sostuvo el tribunal de primera instancia, que las partes comprendieron la totalidad de las conflictos suscitados a propósito de los contratos de cesión de derechos de exhibición en esta última convención. En efecto, tal conclusión no sólo se deriva de la denominación que dieron a este contrato de "compensación", que claramente alude a la intención de ajustar aquello que hasta ese momento se encontraba pendiente de cumplir respecto de las convenciones que con anterioridad habían suscrito, referidos justamente a los contratos de compra, venta y cuentas en participación agregados desde fojas 24 a 59 y a fojas 202. Tan patente resulta la intención de los contratantes en el sentido anotado, que la totalidad de sus estipulaciones dan cuenta de la voluntad de quien, a esa fecha, aparecía como la parte incumplidora -Cinematográfica Selma Ltda.-, de "compensar", entendido este concepto en su sentido natural y obvio, esto es, dar alguna cosa o hacer un beneficio en resarcimiento del daño, perjuicio o disgusto que se ha causado (Diccionario de La Lengua Española, Ed. Espasa, 21° Edición, pag. 522). Así, la demandada se obligó no sólo a la entrega del material fílmico en los plazos que allí se señalan sino que, además, a pagar una suma de dinero. Asimismo, son diversos los párrafos del contrato que plasman la intención de los contratantes de aunar en esta última convención las obligaciones pendientes de satisfacer, según se transcribió en el motivo que antecede, en especial, cuando se habla en la cláusula tercera, en la que se pacta la forma de entrega del producto fílmico por parte de la sociedad demandada, de dar a través suyo cumplimiento a cabalidad de los contratos. O bien cuando, al decir de los contratantes, indican que la demandada no ha dado cumplimiento a sus obligaciones pendientes por fuerza mayor, en clara alusión a los contratos que precedieron esta última convención o, en el reconocimiento a la actora de su esfuerzo por dar solución a las materias pendientes; 10°.- Que, a la luz de las reflexiones previas y, examinados los fundamentos de la decisión de la juez de primer grado, se observa que éste, ante la divergencia planteada en los diversos instrumentos suscritos por las partes, relativos a las mismas materias y que determinaron las relaciones comerciales habidas entre ellas y puestas en conocimiento de la jurisdicción, se abocó a desentrañar la voluntad claramente conocida de los contratantes y, en esa averiguación, se atuvo al tenor literal de las estipulaciones que motivan ahora la objeción del apelante. Lo antedicho deja ver que, en pos de una interpretación auténtica, la sentenciadora ha dado una acertada aplicación a lo preceptuado en el artículo 1560 del Código Civil, al poner el acento en el elemento gramatical, no desvirtuada por una conducta contractual diversa que hubiere sido justificada en autos;
11°.- Que de lo reflexionado fluye ostensible que, al apreciarse el verdadero sentido de las cláusulas contractuales a las que concierne la litis, en busca de la intención o espíritu de las partes al acordarla, se ha respetado la naturaleza de la convención que la contiene, definiendo los derechos y las obligaciones que de ella emanaron para las partes. En otras palabras, no se visualizan en el camino del razonamiento seguido por el sentenciador errores en la aplicación de las normas que rigen la interpretación de los contratos; 12°.- Que, como corolario de la línea argumentativa que precede, resulta evidente que la decisión del fallo impugnado de desestimar la resolución de los contratos de cesión de derechos de exhibición así como los perjuicios que por los incumplimientos a los mismos se reclaman y las demás prestaciones que en cada uno de los seis contratos se obligó la demandada, se ajusta a derecho, puesto que, como en extenso se razonó, la convención de 3 de enero de 2002 vino a refundir la situación contractual que ligaba a las partes, de manera tal que, al tenor del petitorio de la demanda y de la debida correspondencia que debe existir entre ésta y la decisión jurisdiccional, sólo era procedente la condena de la sociedad demandada al pago de aquella suma de dinero que, en virtud del contrato aludido, se obligó a pagar; 13°.- Que sin perjuicio de lo que ha sido hasta aquí el análisis tanto del mérito del proceso como de la acertad a resolución del juez a quo al estimar vigente de manera exclusiva el último contrato celebrado entre las partes, de fecha 3 de enero de 2002, es lo cierto "como ya se dijo a propósito del recurso de casación en la forma-, que la sociedad demandante también reclamó la condena solidaria de doña Carmen Selman Betancourt respecto de las obligaciones que deba soportar Cinematográfica Selman Ltda.; 14°.- Que, en esta perspectiva, la obligación solidaria pasivamente ha sido considerada como aquélla en que el acreedor puede exigir a cada uno de los deudores u obligados el total de una prestación que por su naturaleza es divisible y que por la fuente de la obligación respectiva u otra, se impuso y aceptó esta forma de cumplimiento. Nos enfrentamos a una pluralidad de sujetos, en este caso deudores y que existe una fuente que establece una forma de cumplimiento, pues la regla general es que sea satisfecha de manera simplemente conjunta. El requisito de la unidad de una prestación divisible es el aspecto determinante en la obligación solidaria, marca la excepción en la forma de cumplimiento, esta unidad se fundamenta en la ley o en una declaración de voluntad, por lo cual puede versar, tanto sobre una o más cosas divisibles, aún cuando estén vinculadas o sean totalmente diversas por su naturaleza, lo único que este requisito exige, es que todas las cosas debidas lo sean por todos, pero lo determinante es que el cumplimiento en su totalidad pueda ser requerido imperativamente a todos o a uno cualquiera de los deudores y no que haya de exigirse una cosa a uno y otra a otro (Obligaciones Solidarias, Héctor Urzúa Urzúa, Imprenta, Litografía y Encuadernación "La Unión", página 31). La solidaridad pasiva contiene en su unidad una diversidad de relaciones, todas las
que tienen y responden a una sola finalidad, cual es servir la satisfacción de la prestación al acreedor, es el debitum u obligación a la deuda, en que las personas que se encuentran en tal vinculación responden por el total (C.S. Causa Rol N°59-07); 15°.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1511 del Código Civil, las fuentes de la solidaridad son la convención, el testamento o la ley. Se entiende por convención el acuerdo de voluntades destinada a crear una situación jurídica, extinguirla o modificarla. De aquella disposición aparece que la solidaridad e s excepcional y no se presume, en consecuencia como constituye una excepción a la regla general, salvo que se encuentre estatuida en la ley, debe pactarse expresamente en el testamento o en la convención. Si tiene su origen en la convención, se requiere que se manifieste expresamente que la intención de las partes que concurren a ella sea darle el carácter de solidaria a la obligación; 16°.- Que, para los efectos propuestos, resulta atinente traer a colación la estipulación undécima del contrato de 3 de enero de 2002 que reza: "Presente a este acto doña Carmen Selman Betancourt, Rut 2.445.658-7, chilena, casada y separada totalmente de bienes, por si, expone que conoce y acepta todas las estipulaciones de este acuerdo y viene en constituirse en codeudor solidario de "Cinematográfica Selma Ltda." respecto de todas y cada una de las obligaciones que dicha sociedad por este instrumento contrae a favor de Distribuidora de Cine, Televisión y Espectáculos Limitada, Dicitel Ltda., declara que acepta la codeudora solidaria que en esta cláusula se constituye a favor de su representada"; 17°.- Que, al tenor de la estipulación transcrita, resulta acreditada la existencia de un pacto entre los deudores en el cumplimiento de la obligación, de manera que, al amparo del acuerdo contractual y lo prevenido en el artículo 1511 del Código Civil, cabe tener por demostrada la responsabilidad solidaria de la demandada Carmen Selman Betancourt respecto de la obligación emanada del contrato de fecha 3 de enero de 2002, convenido entre la actora y Cinematográfica Selma Ltda., al que concurrió la mencionada Selman Betancourt como representante legal de la sociedad demandada y como codeudora solidaria de las obligaciones contraídas por esta última, en los términos que se declarará en lo resolutivo de esa sentencia. Por estas consideraciones y visto además, lo dispuesto en los artículos 170 y 186
del
Código de Procedimiento Civil, 1489 , 1545 y siguientes, 1511 y siguientes, 1560 y siguientes del Código Civil, se confirma, en lo apelado, la sentencia de veinte de mayo de dos mil cuatro, escrita a fojas 104 y complementada a fojas 139 el catorce de septiembre de aquél año, en cuanto por ella se condenó a la demandada Cinematográfica Selman Ltda. a pagar a la actora la suma de $US 56.900, reajustada de conformidad a la variación que haya experimentado el I.P.C., debiendo considerase para los efectos de la liquidación, que dicha obligación debía pagarse en 24 cuotas de US$2.370,83 mensuales, a contar del 30 de junio de 2003, con declaración que, queda condenada de igual manera, como codeudora solidaria, doña Carmen Selman
Betancourt. Regístrese y devuélvase con sus agregados. Redacción a cargo del ministro señor Oyarzún. Rol 8690-10 Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sres. Adalis Oyarzún M., Sergio Muñoz G., Juan Araya E., Guillermo Silva G. y Abogada Integrantes Sra. Maricruz Gómez de la Torre V. No firman los Ministros Sres. Araya y Silva, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ambos en comisión de servicios. Autorizado por la Ministra de fe de esta Corte Suprema. En Santiago, a veintiocho de octubre de dos mil once, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
