En el presente ensayo se hará un recorrido cronológico de las principales etapas de desarrollo de la silvicultura en México, el cual ha evolucionado desde un modelo de explotación de bosques y grandes concesiones forestales, hasta la silvicultura comunitaria. Se entrelazan los aspectos, en torno al manejo de los recursos forestales, histórico-sociales y
económico-políticos, más influyentes en cada uno de los periodos de desarrollo, y que a la postre derivaron en los resultados de cada época y hasta nuestros días. Asimismo, se abordará 1
de manera general el marco legal e institucional mexicano, en el que se contextualizaba el
desarrollo de la dasonomía. Cabe mencionar que se contemplan cuatro etapas principales (Cuadro 1), conforme a lo mencionado en clase, y dentro de estas se hace un recorrido cronológico acotando las principales políticas públicas, leyes forestales y métodos de manejo que en su momento modificaron la silvicultura en nuestro país. Cuadro 1. Etapas de desarrollo de la sil vicultura en México
Pre-
Explotación
Agotamiento del recurso
Dasonomía
Fallas para alcanzar los objetivos de
administrativa
sustentabilidad y conservación
Dasonomía basada
Producción sostenida de madera y otros
en principios
productos forestales convencionales
dasonomía Etapa 1
Etapa 2
ecológicos Etapa 3
Dasonomía social
Basada en principios ecológicos que sostienen u rango amplio de condiciones del bosque y valores deseados por la sociedad
Los antecedentes documentados sobre manejo de recursos forestales en México se remontan a
la época prehispánica. Nezahualcóyotl , en el siglo XV, reforestó muchas áreas del actual Valle de México, e incluso en la actualidad su método, el Sistema Nezahualcóyotl, sigue siendo utilizado para conservación de suelos . El Rey texcocano creó este sistema para las labores de reforestación en el cerro Texcotzinco, que significa “Tetzcoco pequeño” (actualmente zona arqueológica de Tetzcotzinco, en Texcoco, edo. de México) , y actualmente se recomienda sobre todo para proteger parcelas agrícolas con fuertes problemas de erosión y en reforestaciones en 2
terrenos con pendientes mayores a 45 °. Ya en el siglo XVI, Moctezuma Xocoyotzin, al igual que
Nezahualcóyotl, creó jardines botánicos, como estrategia de conservación y producción de plantas para restaurar las áreas degradadas de su imperio (Vargas, 1984). Dos siglos atrás, los mayas, tenían sistemas de producción donde en ciertas zonas establecían periodos de protección y periodos de descanso para sus áreas explotadas dentro de la selva, es decir, ya consideraban dentro de su manejo, un concepto primitivo de ciclos de rotación.
En la conquista-colonia, los españoles tenían “ la encomienda”, un sistema establecido que
consistía, esencialmente, en la usurpación de los derechos de los indígenas sobre la tierra. Al inicio de la conquista, el 7% de la cubierta fores tal de nuestro país había sido talada por los españoles para abrir paso a la agricultura y a los asentamientos humanos. Esto ocasiono la erosión de los suelos y el deterioro de los recursos . Para el año de 1600 se había expropiado casi 7.5 millones de hectáreas que eran propiedad de los pueblos originarios (Gonzáles, 1992) . La hacienda surge después de la guerra contra los chichimecas (pueblo originario, que junto con los purépechas, fueron los más aguerridos en la lucha contra la colonización) ya que una de las tácticas para derrotarlos consistió en destruir grandes aéreas cubiertas de vegetación natural, y a la postre estas tierras fueron convertidas en haciendas ganaderas y agrícolas, desmontando grandes extensiones de bosques. En este sistema de aprovechamiento el hacendado era la única persona que obtenía el usufructo de los rec ursos naturales, incluidos los productos derivados del bosque, y quien tomaba las decisiones respecto a su explotación.
Gran parte de las tierras de la población nativa, estaban cubiertas por bosques, selvas y grandes pastizales de montaña, debido a que los habitantes originarios de México habían habitado históricamente estos territorios ,además de que estas zonas les sirvieron también como áreas de refugio ante los embates de la conquista y posterior colonización europ ea. En esta época, el uso y acceso a los recursos naturales para las comunidades indígenas (que constituían en ese entonces la mayor parte de la población rural de nuestro país), además de los mestizos y criollos, se vieron alterados drásticamente con la aplicación en 1861 de la primera Ley Forestal Nacional, reglamento mexicano inicial sobre tala y conservación de los bosques . 3
En 1908, Miguel Ángel de Quevedo promueve la creación de los viveros de Coyoacán y funda la primera Escuela Nacional Forestal donde , además de tomar cursos de arboricultura y silvicultura,
los estudiantes mexicanos trabajaron en viveros forestales y en proyectos de reforestación, todo ello como parte de la preparación para convertirse en guardas forestales. En 1914, la escuela forestal tenía treinta y dos estudiantes, un principio modesto para la profesión forestal en México. Sin embargo, ese fue el año que comenzaban las revueltas de la Revolución y obligaron al cierre de la escuela. Tuvieron que pasar 20 años para que en la ya fundada escuela Nacional de Agricultura (en 1854) se retomará la enseñanza forestal profesional con la creación de la carrera de ingeniero agrónomo especialista en bosques, en la actual Universidad Autónoma Chapingo. Ya durante la segunda mitad del siglo X IX, conforme el país se “modernizaba”, fueron conferidas enormes extensiones de tierra en concesiones a empresas extranjeras, para extraer madera,
construir carreteras, vías de tren y minas. Con el fin de atraer inversiones y promover el “desarrollo y modernización” del país, el gobierno optó por privatizar las tierras comunales y en menor medida las que estaban en manos de la iglesia católica. No existía reglamentación para la extracción de madera, ni estaba regulado el cambio de uso del suelo. Está políti ca de acceso libre a los recursos naturales tuvo un impacto negativo severo, principalmente en los bosques del centro y norte de México, por su relativamente fácil acceso a las poblaciones, además de la gran demanda de productos forestales (Gonzáles, 1992). En el Reglamento oficial forestal, que databa de 1881, solo se recomendaba que por cada árbol derribado se sembraran diez semillas, como estrategia de “recuperación” de zonas explotadas (Bray y Merino, 2005 ; Hernández -Moreno, 2015). El desarrollo económico , durante el porfiriato (1876-1911), se basaba en la explotación desmedida de recursos naturales. La producción capitalista causo deterioro en bosques y selvas mexicanas . Sumado a eso empezó la explotación del “oro verde”, el henequén. Alcanzo tal magnitud que rebaso las expectativas. Para ello fueron desmontadas las selvas bajas caducifolias, sobretodo en el estado de Yucatán. Esto causo gran pérdida en la cobertura vegetal, modificaciones climáticas regionales, cambios en la flora, perdida de fertilidad, etc. (Bray y Merino, 2005). Estas políticas planteadas con el objetivo de promover e l “desarrollo” del país, resultaron en el despojo de gran parte de las tierras de los campesinos criollos y de los pueblos originarios, al 4
grado que la Revolución Mexicana surgió como movimiento social campesino, el cual pugnaba por la posesión y control de tierras y de recursos naturales. Esta lucha logró escasa atención durante los primeros diez años posteriores a su conclusión . En cambio durante ese periodo, la política forestal asumió una orientación conservacionista, enfocada a disminuir la deforestación.
El gobierno del presidente Lázaro Cárdenas (1934 -1940) respondió a las demandas campesinas de uso, control y acceso a tierras con la Reforma Agraria. La mayoría de dichas demandas eran por tierras agrícolas, sin embargo, a finales del pe riodo presidencial del General, se habían entregado también tierras de bosques y selvas, representando aproximadamente 18% de la superficie forestal del país, e l resto estaban ubicadas en zonas federales o de pequeñas propiedades (lo que quedaba de las grandes haciendas).
En este periodo se prestó poca atención al desarrollo de la producción forestal, y mucho menos en la conservación del bosque . La atención se centró en el desarrollo agrícola . Además de que en distintas esferas del gobierno dominaba la idea de que las comunidades rurales carecían de la capacidad para manejar sus bosques (Bray y Merino, 2005).
Las políticas públicas en el tema forestal se enfocaron únicamente en la extracción de madera y resina en los bosques templados del centro del país, y el aprovechamiento de chicle en el sureste, mediante el “rentismo”, es decir, a la explotación comercial que llevan a cabo compradores que establecen con las comunidades forestales contratos de corto plazo (Klooster, 1997; Bray y Merino, 2005). Bajo este sistema, en donde las comunidades suelen estar poco informadas sobre
los volúmenes autorizados de extracción y sobre los preci os de la materia prima forestal, los contratos entre los “rentistas” y los dueños de los bosques eran totalmente abusivos, pero gran parte de los problemas asociados a este esquema, fueron resultado de la Ley Forestal de 1926,
la cual, en su interés por limitar la extracción, restringía los contratos a un año (Klooster 1997), haciendo que el rentista tratara de extraer la mayor cantidad posible de madera, resina o chicle, en un periodo muy limitado, sin hacer planeación a futuro . En este periodo se adaptaron y
aplicaron métodos europeos de ordenación forestal.
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Esta época el deterioro de los recursos naturales fue tal, que para el año 1950, se estimaba que del agregado de los distintos tipos de bosques y selvas del país, 34% se habían agotado, 44% se habían talado pero eran aún explotables y solo 22% eran aún vírgenes ( Klooster, 1997). El gobierno de esta época hizo intentos por mejorar la situación económica del país mediante el impulso de la industria nacional, lo cual en el tema forestal, demando mayores cantidades de
materia prima y elevó el consumo nacional.
De esta manera, La Ley Forestal de 1940 fue formulada bajo el criterio de que las causas principales del deterioro de los bosques y selvas del país eran ocasionados por tres factores principales: la agricultura de subsistencia y el “rentismo” (Merino-Pérez y Segura-Warnholtz, 2003). De acuerdo con esta ley, la producción debía dirigirse exclusivamente la industria forestal nacional, garantizando el abastecimiento y costos bajos de materia prima, promoviendo la
política de concesiones forestales, con las qu e se pretendía generar inversión extranjera dentro de la industria forestal (Merino- Pérez y Segura -Warnholtz, 2003).
El estado, mediante sus políticas públicas, otorgó inicialmente 30 concesiones para la explotación maderera en nuestro país. Con una duración de 25 años promedio, en la s principales entidades federativas con vastos bosques y selvas: Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo (Klooster, 1997). Durante esta época las empresa s concesionarias obtuvieron ganancias elevadas, con bajos costos de operación ya que generalmente, no se hacía reinversión en el bosque mediante programas de restauración, conservación o inversión en infraestructura, siendo la única inversión los caminos f orestales, que de cualquier manera eran necesarios para su propia explotación . Aunado a lo anterior, las concesionarias no permitían a las comunidades originarias el acceso al bosque, ni siquiera para a los usos tradicionales de los recursos forestales, como la recolección de hongos, plantas medicinales, leña, fabricación de
carbón, materiales de construcción y la práctica de la agricultura. Las empresas incluso pedían el apoyo del Estado, mediante el uso de la fuerza pública , para imponer sus restricciones. Fue en este periodo, de los años 1944 a 1973, cuando se empezó a aplicar el Método Mexicano de Ordenación de Montes (MMOM), que consiste en la conversión de masas sobre maduras en 6
bosques de alta productividad, recuperación del volumen inicial, cortas de selección, intensidad de corta preestablecida, diámetro mínimo de corta, posibilidad en base al interés compuesto, y remoción dirigida principalmente sobre arbolado senil, decrépito, dañado y mal conformado. Este método se basa en dos supuestos , que no siempre se cumplen: que todos los bosques eran bosques maduros, y que especies como el pino (Pinus) pueden regenerarse bajo el dosel del bosque.
En este periodo existió una doble moral, debido a que pese al fuerte y claro pensamiento productivista, también imperó el pensamiento conservacionista, que se hizo notar con la declaración de vedas, desde principios de los años 50, en distintas regiones; estas, ya para el año 1958, comprendían el 58% del territorio forestal nacional (Hinojosa-Ortiz, 1958). A pesar de las notables y fuertes diferencias entre una veda y una concesión, las dos políticas tenían en común la concentración del control de los recursos forestales y la negación de derechos a los habitantes de los bosques (Merino- Pérez y Segura -Warnholtz, 2003). Con nuevas orientaciones en las políticas hacia el campo, en la presidencia de Luis Echeverría (1970-1976), como la redistribución de tierras (extinción del latifundio) se modificó la situación de tenencia en distintas regiones forestales de México, al gra do de que para mediados de los años 70, alrededor del 65% de los bosques habían pasado a ser propiedades comunales y ejidales (Gonzáles, 1992). Actualmente, los núcleos agrarios poseen aproximadamente el 80% de la superficie forestal del país. Fue en este período cuando se organizaron las primeras asociaciones o uniones de ejidos. La
reforma al Artículo 146 de la Ley Federal Agraria en ese tiempo abrió espacios para las asociaciones económicas entre núcleos agrarios (Bray y Merino, 2005). Otro aspecto relevante para el sector forestal durante esa época fue la creación de un nuevo conjunto de paraestatales forestales llamadas Organismos Públicos Descentralizados (OPD) en distintos estados, como un esfuerzo paralelo a la integración de estas paraestatales, el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE) estaba encargado de integrar EFC para abastecer a las empresas forestales paraestatales.
Se inició con el desarrollo de investigación, en plena “revolución verde”, con grandes inversiones públicas en presas, carreteras y caminos rurales. El gran problema para el ámbito forestal en esta época fue que con los subsidios para la agricultura, existió un a gran demanda de tierras, 7
incorporándose al cultivo terrenos más cercanos cada vez a las áreas boscosas , lo que derivó en un aumentó exagerado en las tasas de deforestación, especialmente en el centro y sur de México (Hernández-Moreno, 2015).
Los primeros intentos por crear empresas forestales comunitarias (EFC) tuvieron su origen en
regiones que habían estado sujetas a vedas forestales: Zacualtipán , en Hidalgo; Huayacocotla, Zongolica y el Cofre de Perote, en Veracruz; Chignahuapan, en el estado de Puebla; Tlaxco, en Tlaxcala; y Valle de Bravo, en el estado de México (Bray et al., 2003; Gonzáles, 1992). Lo anterior, bajo las bases de la Silvicultura Comunitaria, que en esencia se define como “el cultivo del bosque con la participación social de sus dueños y/o poseedores, y cu yos beneficios coadyuvan a fortalecer sus procesos de desarrollo. Una característica fundamental de esta variante respecto al concepto puro de la silvicultura es la existencia de un territorio de uso común en manos de una colectividad” (CONAFOR, 2016a). En sus inicios esta propuesta de manejo forestal comunitario se opuso a la forma de explotar los recursos de los comerciantes de madera, ingenieros forestales y los propios funcionarios de gobierno, quienes en su caso tenían vínculos con las empresas conce sionarias. De manera paulatina, las EFC comenzaron a funcionar, aunque en un principio su desarrollo se vio limitado por la f alta de asistencia técnica y capacitación, por el poco acceso a maquinaria, además de las condiciones de deterioro en que se encontraban los bosques por varias décadas de explotación sin control, y también por que los mercados de madera aun estaban dominados por los contratistas (lo que finalmente fortalecería a las EFC es que, desde el año 2000 a la fecha, alrededor del 80% de la superficie forestal del país se encuentra en pr opiedad colectiva, representada por 8 mil 500 comunidades y ejidos forestales en México ). Durante este periodo el MMOM fue modificado (en 1984), surgiendo el Método Mexicano de
Ordenación de Bosques Irregulare s (MMOBI), incluso actualmente constituye una alternativa para el manejo de bosques de clima templado donde existen limitantes para la utilización de técnicas intensivas , por ejemplo en áreas en donde factores como el topográfico y altitudinal, situaciones de protección ecológica especial, superficies en áreas naturales protegidas o de conservación, así como el nulo o limitado conocimiento de métodos intensivos por parte de la sociedad, instituciones e incluso de algunos prestadores de servicios técnicos forestales. 8
Snook (1994), mencionó que e l MMOBI ha mantenido la cubierta forestal, la estructura del bosque y una elevada biodiversidad biológica, pero impulsó la remoción de los árboles más altos y mejor conformados impidiendo la buena regeneración de coníferas como el pino ( Pinus ), limitando la entrada de luz al sotobosque, condición que muchos tipos de coníferas necesitan para establecerse, propiciando que otras especies no deseadas en el manejo forestal prosperen
por su condición de tolerancia, como esp ecies de encinos (Quercus ) y pueden establecerse sin problema. Así es como “este método ha reducido la productividad potencial de los bosques durante décadas y llevó a los forestales mexicanos a seguir una receta en lugar de evaluar las formas en que crecen y se regeneran los bosques para desarrollar opciones silvícolas específicas para cada caso” (Bray y Merino, 2005).
En los inicios de la década de los setenta, se comienza a implementar en los aprovechamientos forestales en el estado de Chihuahua y Durango el Método de Desarrollo de Silvicultura (MDS) como alternativa al MMOBI. Este método s e basa en el manejo de masas coetáneas con sistema silvícola con corta de regeneración de árboles padre o semilleros, e incluye como tratamientos intermedios los aclareos y cortas de liberación sobre los árboles padre. E l principio del MDS es imitar los efectos de un disturbio fuerte, por ejemplo un incendio forestal, para propiciar la
regeneración , o mediante la plantación , renovar la cohorte con las especies deseadas al final del turno, reproduciendo los procesos de sucesión natural. A finales de los setenta, el MDS se aplicó en bosques del estado de Puebla y posteriormente a principios de los ochenta, en el norte de Veracruz en la región de Hua yacocotla. Al principio, los integrantes de las comunidades forestales se mostraban escépticos ante este método, debido a su naturaleza in tensiva, que ocasiona grandes aperturas del dosel en comparación con el MMOBI, sin embargo, en la mayor proporción de los predios a los que se aplicó el MDS, la abundante y vigorosa respuesta de la regeneración en los primeros años, así como la seguridad de las plantaciones en las áreas intervenidas, promovió la aceptación de las personas que estaban renuentes a la aplicación del método. Por ejemplo, una región que se mostró renuente al MDS fueron las comunidades de la Sierra de Juárez, quienes se mantuvieron utilizando el MMOBI, conforme a las prácticas de extracción de la empresa Fábrica de Papel Tuxtepec (FAPATUX) y continuaron aplicándolo por muchos años,
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y no fue sino hasta los años noventa , que emplearon el MDS, un década después d e haber
concluido la concesión con FAPATUX (Bray y Merino, 2005)). El Convenio de Coopera ción en Materia Forestal México– Finlandia introdujo una adaptación
alternativa del MDS llamada Sistema de Conservación y Desarrollo Silvícola (SICODESI), en San Pedro el Alto, Oaxaca, siendo la primera comunidad en aplicar este método en 1989, posteriormente lo aplicaron los Pueblos Mancomunados en 1993. El SICODESI representa un avance en el desarrollo del manejo forestal, intenta ver al bosque de una manera integral y contribuir al manejo de ecosistemas. Actualmente en muchas comunidades de México se aplica el SICODESI en zonas planas, y el MMOBI que ocasiona menos perturbación inmediata en las laderas de menor pendiente (Bray y Merino, 2005).
En este periodo se recrudeció la competencia de productos forestales nacionales en el mercado internacional, con políticas neoliberales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, con el cual se incrementó la importación de productos forestales, y se despro tegió a las EFC y productores nacionales, quedaron a la merced de productos extranjeros, los subsidios disminuyeron, en general para el agro mexicano, en un mercado donde la
competencia eran los costos de producción más bajos . Durante el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se agudizaron las políticas de ajuste estructural, y en 1991 y 1992 se llevaron a cabo reformas mayores de la legislación agraria con las que se buscaba crear un mercado para las tierras agrícolas y atraer mayore s “inversiones” hacia el campo. En este periodo se dio fuertemente la entrada de empresas extranjeras, sobretodo en el sureste
de México, para invertir en plantaciones forestales comerciales, debido a que la Ley Agraria, permitía a los núcleos agrarios asociarse con capital privado, por periodos de hasta 30 años. Asimismo, en 1992 se promulgo la nueva Ley Forestal, siendo uno de sus rasgos significativos,
al igual que la Ley Agraria, la de la inversión privada en la producción forestal. Los impactos de esta liberalización del sector forestal no tardaron en manifestarse: la liberalización del mercado de servicios técnicos condujo en muchos casos al deterioro de los bosques, puesto que la ley no estipulaba los criterios de calidad mínima para orientar el mane jo forestal y conservar el recurso. De nueva cuenta la Ley Forestal pasaba por alto un factor clave: “la falta de incentivos 10
para motivar a los dueños de los bosques a conservar y/o manejar sustentablemente sus recursos forestales ” (Merino-Pérez y Segura-Warnholtz, 2003). Además, de que se incrementó la incidencia de la extracción clandestina drásticamente, debido a la desorganización y falta de
articulación entre el Estado, los núcleos agrarios y los servicios técnicos. Asimismo , los problemas se agudizaban debido a que la Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), de reciente creación, quien se encargada de dar seguimiento a los aprovechamientos forestales, la vigilancia y sanción a violaciones de la leg islación ambiental, y
tenía limitaciones por no contar con la suficiente capacidad como institución. En el año de 1997 se modifica una vez más la Ley Forestal, y dentro de la SEMARNAP, surgen nuevos programas de apoyo a los dueños y poseedores de los recur sos forestales, como el programa de desarrollo Forestal (PRODEFOR) y el programa de Conservación y Manejo Forestal (PROCYMAF) que otorgaban por primera vez después de una década de haber surgido la institución, apoyos para manejo y conservación de los recursos forestales, y con ello la secretaría adquiere mayores responsabilidades de control sobre los recursos forestales. Asimismo, en el
año 2000 surge la incorporación de la mayoría de las áreas protegidas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas ( SINAP). En este periodo se siguen aplicando los métodos de manejo MMOBI, MDS y SICODESI, principalmente.
Surge el Plan Nacional Forestal (PNF) del gobierno de Vicente Fox (2001 - 2006) que hacía énfasis
en la elevada biodiversidad de los bosques mexicanos y en la tenencia de la tierra, y resultó particularmente innovador, al reconocer la existencia de “experien cias exitosas de manejo forestal que incluyen más de un millón de hectáreas con certificación de buen manejo forestal”
(CONAFOR, 2002) y propone que éstas sean apoyadas y desarrolladas como parte de una estrategia para combatir el deterioro de los bosques. El PNF también propuso la promoción del desarrollo de mercados de servicios ambientales (CONAFOR, 2002), y buscaba un cambió en la estructura burocrática y el enfoque de la política sectorial, brindando un nivel de atención y de recursos que no se le habí an concedido en las tres administraciones previas. En el año 2001, surge la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), primera institución dedicada única y exclusivamente a la atención del sector forestal. Nace también el programa medioambiental más ambicioso y con mayor presupuesto en la historia del país, el proÁrbol, 11
que contenía 32 distintas categorías de apoyo, y ya para el 2014 cambio de nombre pero con el mismo esquema, siendo ahora PRONAFOR (Programa Nacional Forestal), y cuenta con 42 conceptos de apoyo. Para dar una idea de la magnitud del programa, en 10 años el presupuesto
pasó de 200 millones de pesos (2001) a 6,750 millones de pesos (2011). Para el año 2013 la puesta en operación del PRONAFOR, se ejerció un presupuesto de 6,937.4 millones de pesos, aumento del orden del 3,470 % en 12 años (Hernández -Moreno, 2015). La nueva Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la
Producción y Productividad 2013 -2018 (ENAIPROS) anunciada por la CONAFOR en 2013, tiene como objetivo cumplir las metas de incremento de la producción maderable establecidas en el Programa Nacional de Desarrollo.
Como parte de la estrategia, se pretende incrementar el número hectáreas bajo manejo y el número de hectáreas con algún tipo de certificación. Si bien los objetivos y la propuesta de la ENAIPROS es una buena señal para atacar la crisis en la que se ha sumergido al sector forestal por malas políticas gubernamentales, sobrerregulaciones y falta de financiamiento, aun deja dudas sobre sus posibles resultados. La estrategia pretende asignar apoyos gubernamentales para incorporar o reincorporar 730 mil
hectáreas al manejo técnico autorizado y apoyar la ejecución de mejores prácticas de manejo en 170 mil hectáreas y proporcionar ayuda en 400 mil hectáreas p ara los procesos de certificación forestal en los 11 estados con mayor producción maderable, sin embargo, es importante que no se apoye solo a los grandes productores o a quienes ya producen actualmente para solo incrementar el volumen, sino incorporar a nuevos productores forestales al bajo manejo planificado, legal y sustentable (CONAFOR, 2016b). En la búsqueda de aumentar
la producción del actual gobierno, han sido autorizadas las primeras áreas de cortas totales, tanto en Oaxaca, como en el estado de Puebla.
¿La tendencia será la aplicación de tratamientos silvícolas intensivos ?
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