EL IMPUTADO
El imputado, que significa lo mismo que incriminado e incluso acusado, en el sentido amplio de la palabra, por si mismo o por intermedio de su Abogado Defensor, puede hacer valer los derechos que la Constitución y las Leyes le confiere, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la finalización del proceso. El derecho de defensa es un principio constitucional, según lo precisa el inciso 14 del Artículo 139 de la Constitución Política. Política. El imputado a través de los Jueces, Fiscales o la Policía Nacional, de manera inmediata, tiene derecho a saber los cargos que se formulan en su contra y la persona que la incrimina y, en caso de aprehensión tiene derecho a exigir cual es la causa o motivo de su detención; puede designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención; y que dicha comunicación se haga en forma instantánea; tiene derecho a ser atendido por un Abogado de su preferencia, desde el inicio de la investigación; le asiste el derecho de abstenerse a declarar, y, si acepta, a que su abogado Defensor se encuentre presente y en todas las diligencias que requiera su asistencia; tiene derecho a que no se usen en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir restricción no autorizada ni permitida por la Ley; también a ser examinado por n médico legista o en su defecto, por otro profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera. Aun cuando el Código Procesal penal no lo menciona, tiene derecho a exigir que le examine un médico legista, en caso de haber sido objeto de maltratos físicos. Los derechos mencionados anteriormente, deben constar necesariamente en actas firmada por el imputado y la autoridad respectiva. Si el imputado se niega a firmarlo, se debe hacer constar la abstención, expresando los motivos. Si el incriminado considera que en el transcurso de las Diligencias Preliminares o en la Investigacion Preparatoria, no se a dado cumplimiento a las citadas disposiciones o que sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas limitativas de derecho, indebidas o de requerimientos ilegales, puede recurrir en la via de tutela al Juez de la Investigacion Preparatoria, a fin de que subsane la omisión o dicte las medidas correctivas o de protección que correspondan. La solicitud debe resolverse inmediatamente, previa comprobación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes. Desde el primer acto en que intervenga el imputado, debe ser identificado por su nombre, datos personales, señas particulares, y cuando corresponda, por sus impresiones digitales, por intermedio de la oficina especializada. Si no proporciona sus datos o lo hace falseando la verdad, se le hará identificar utilizando testigos o por otros medio validos, aun cuando sea en contra de su voluntad. Su falta de
colaboración no puede constituir impedimento para saber de quién se trata. Sus impresiones digitales en ese sentido serán de mucha utilidad. Si un procesado altera el orden público, se le debe apercibir con la suspensión de la diligencia y de continuarla con la única presencia de su Abogado Defensor y de los demás sujetos procesales; o con exclusión de participar en la diligencia y de continuar con ella con su Abogado Defensor y los demás sujetos procesales. Si el defensor respaldando a su defendido abandona la diligencia, debe ser sustituido por un abogado nombrado de oficio. Si en el transcurso de la Investigación Preparatoria se descubre o establece la minoría de edad del imputado, con la respectiva partida de nacimiento u otro documento similar respaldado por otros medios de prueba convincentes, el Fiscal o cualquiera de las partes, puede solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria, el corte de la secuela del proceso y que se ponga al menor a disposición del correspondiente Juez de Familia. Acreditándose la edad del menor en la Etapa Intermedia o en el juicio oral, el Juez, previa audiencia y con intervención de las partes, debe dictar la resolución que sea a fin de que lo haga valer en la vía adecuada. El Juez de la Investigación Preparatoria o el Juez Penal, colegiado o unipersonal, de oficio o a pedido de parte, debe ordenar se practique un examen psiquiátrico, cuando existan fundadas razones que lo lleven a considerar que el procesado es inimputable. En cuanto reciba el informe pericial, previa audiencia, donde deben intervenir las partes y el perito o peritos, si el Juez considera que existen indicios razonables que procedimiento de seguridad para el insano. Si luego de cometido el delito le sobreviene anomalía psíquica grave al imputado, el Juez de la Investigación Preparatoria o el Juez Penal, colegiado o unipersonal, de oficio o a pedido de parte, debe ordenar la realización de un examen por un perito especializado. Evacuado el dictamen, debe señalar día y hora para la realización de la audiencia, con citación de las partes y del perito. Si advierte que el imputado efectivamente presenta anomalía psíquica grave que le impide continuar con la causa, debe disponer la suspensión del proceso hasta que el tratamiento de la dolencia haga posible reiniciarlo. Si fuera necesario ordenara su internamiento en un centro hospitalario especializado. Dicha suspensión, impedirá la declaración del imputado o el juicio, según el momento que se ordene, sin perjuicio de que se continúe con la investigación del hecho o que siga la causa con relación a los demás coimputados.
Si durante la detención del imputado, este enfermara, el juez de la Investigación Preparatoria o el Juez Penal, sea colegiado o unipersonal, de oficio o a solicitud de parte, debe disponer su inmediata evaluación por un médico legista o por un perito medico. Con el examen a la mano, puede ordenar el ingreso del imputado a un centro hospitalario. En caso excepcional, si no se contara con un centro hospitalario especializado, puede ordenar su internamiento en una clínica privada. De seguro que muchos trataran de obtener el internamiento en una clínica privada, utilizando una serio de recursos. El Juez y el Fiscal, cada tres meses deben recibir informes del Centro Hospitalario donde el Procesado reciba asistencia médica o psiquiátrica. Por requerimiento del Fiscal o de las partes procesales, previa verificación, el Juez debe declarar contumaz al imputado cuando de lo actuado aparece evidente que no obstante tener conocimiento del requerimiento, no se presenta a las actuaciones procesales. Igual decisión debe adoptar cuando el incriminado fugue del establecimiento o del lugar donde se encuentre detenido o preso; cuando pese a tener conocimiento que hay en su contra una orden de detención o prisión, no se pone a derecho; y cuando se ausenta, sin autorización del Fiscal o del Juez, del lugar de su residencia o del que fue asignado para residir. También, a requerimiento del Fiscal o de las demás partes, previa constatación, el Juez debe declarar ausente al imputado cuando se ignore su paradero y sea evidente que no conoce del proceso. La resolución (auto) que declara la contumacia o ausencia, debe disponer la conducción compulsiva del imputado y que se le nombre Abogado Defensor de oficio o al Abogado propuesto por un familiar del encausado, pudiendo el defensor intervenir en todas las diligencias y hacer uno de todos los medios de defensa. La referida declaración, no suspende la Investigación Preparatoria ni la Etapa Intermedia, respecto del contumaz o del ausente, ni tampoco altera el trámite del proceso con relación a los otros imputados. Cuando la declaración de contumacia o de ausencia se produce en el transcurso del juicio oral, el proceso debe archivarse en forma provisional respecto del remiso; en el mejor de los casos, el contumaz o ausente, puede ser absuelto pero no condenado. Si se presentara el contumaz o el ausente y cumplidas las diligencias ordenadas donde era necesario su participación, cesa la mencionada condición, quedando sin efecto el mandato de conducción compulsiva y las ordenes que se hubieran cursado con tal objetivo. Ese mandato no afecta la orden de detención o prisión preventiva que se hubiera dictado en su contra.
EL ABOGADO DEFENSOR
La abogacía, es una función social al servicio de la justicia y del derecho; en consecuencia, toda persona tiene derecho a ser patrocinada por el Abogado de su preferencia, quien debe actuar como servidor de la justicia y colaborador de los Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Publico. Debe patrocinar con sujección a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe, y defender con apego a las Leyes, la verdad de los hechos y las normas de ética profesional; y los demás deberes y derechos que están consagrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Constitución Política y demás normas. El Servicio Nacional de la Defensa de Oficio, a cargo del Ministerio de Justicia, es responsable de proveer de defensa gratuita a aquellos que no se encuentren en condiciones de tomar el servicio de un Abogado rentado, por carecer de recursos económicos o cuando resulte necesario el nombramiento del defensor de oficio, a fin de garantizar la legalidad de una diligencia y el debido proceso y posteriormente no se objete de nulidad. El Abogado Defensor puede defender a varios imputados en el proceso, a condición de que no exista incompatibilidad entre ellos. Los Abogados que forman Estudios Asociados, pueden ejercer la defensa de un mismo procesado, sea en forma conjunta o separada, para lo cual deben manifestarlo por escrito, pero si concurren varios Abogados del Estudio Asociado a las diligencias, uno solo debe ejercer la defensa y los otros, si permanecen en el local donde se lleva a cabo la diligencia, solamente están atentos a las consultas que les puede formular el Abogado actuante. La notificación que se haya efectuado por orden del Fiscal o del Juez, en el domicilio procesal señalado por el Estudio de Abogados que están asociados, comprenderá a todos y cada uno de los Abogados que participan en la defensa. Conforme lo señala el Artículo 840 del Código Procesal Penal, son derechos del abogado defensor: prestar asesoramiento desde el momento que su defendido es citado o detenido por la autoridad policial; interrogar directamente a su patrocinado y a los otros procesos, testigos y peritos; - el citado artículo ha omitido que también puede interrogar a la presunta víctima – recurrir a la asistencia reservada de un experto en ciencia, técnica o arte, durante el desarrollo de una diligencia, siempre que sus conocimientos sean requeridos, no pudiendo actuar directamente el asistente; participar en todas las diligencias, excepto en la declaración prestada durante la Etapa de Investigación por el imputado que no defienda; aportar los medios de investigación y de prueba que considere pertinentes; presentar peticiones orales o escritas para asuntos de trámite sencillo; tener acceso al expediente Fiscal y judicial para informarse del proceso y obtener copia simple de las actuaciones en
cualquier estado o grado del procedimiento; se encuentre recluido; expresarse con amplia libertad en el curso de la defensa; e interponer cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones, recursos impugnatorios y los demás medios de defensa que permite la Ley. Respecto a la interposición del recurso impugnatorio el articulo 2900 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo autoriza, de igual manera para que el Abogado Defensor pueda presentar toda clase de escritos, sin necesidad de intervención de su defendido. Si el Abogado Defensor no asiste a la diligencia para la que fue citado y ella, es de carácter inaplazable, debe ser reemplazado por otro, que en ese acto designe el procesado o por uno de oficio, llevándose a cabo la diligencia. Cuando el defensor no asiste injustificadamente a dos diligencias, el procesado debe ser requerido para que en el término de veinticuatro horas designe al reemplazante, caso contrario, se le debe designar un defensor de oficio.
