Dogmática, sicología, analogía e intención del robo a mano armada. Comentario al Acuerdo Plenario N° 5-2015/CIJ-116

Dogmática, sicología, analogía e intención del robo a mano armada. Comentario al Acuerdo Plenario N° 5-2015/CIJ-116 Branko Slavko YVANCOVICH VÁSQUEZ*

A juicio del autor, autor, considerar como robo agravado a mano armada el perpetrado con un arma de juguete o falsa, rompe todo criterio dogmático de interpretación, además de implicar una interpretación analógica inadmisible, mediante la cual se sanciona con mayor severidad el engaño sobre la víctima que la propia puesta en peligro de su integridad física o vida.

N E M U S E R

I.

Precisiones

Antes de empezar el artículo considero necesario precisar algunos puntos importantes a fin de no confundir un análisis jurídico como el que presento con uno político. Mientras que el primero es uno técnico, el segundo se centra en lo políticamente correcto de lucha contra la inseguridad ciudadana. MARCO NORMATIVO • Código Penal: arts. 46.2.f), 188 y 189.3. PALABRAS CLAVE: Robo / Robo agravado / Armas de fuego / Armas aparentes / Alevosía / Principio de legalidad / Interpretación analógica

Fecha de envío: 08/08/2016 Fecha de aprobación: 15/08/2016

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Por lo tanto, en el presente trabajo de parten de los siguientes presupuestos: 1.

Considero necesario que el robo con armas de fuego aparentes o falsas tam bién sea sancionado por el Código Penal. Empero, actualmente no está regulado en él. Por lo tanto, esta es una tarea legislativa, no jurisdiccional.

Abogado con estudios de maestría en Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Becario de la Beca Aristóteles a la excelencia académica en posgrado de la misma universidad. Socio fundador de Yvancovich & Castillo Abogados. Abogados. Miembro del staff profesional profesional de Gaceta Penal & Procesal Penal y del equipo legal de La Ley.

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Estoy abiertamente en contra de que se instrumentalice el Derecho Penal para fines políticamente correctos, como el hecho de regular las armas falsas dentro de un tipo penal que no las prevé, en especial si esto implica la violación del principio de legalidad o de prohibición de la analogía. Mi principal preocupación radica en la desconfianza que me produce la interpretación de normas penales en marcos de sobrelegitimación1, pues otorga un poder inconmensurable al Estado de actuar de la forma que quiera, de modo que pueda ampliar su ius puniendi a supuestos que los límites del principio de legalidad no permiten.

II. Problema: uso de armas aparentes y falsas en el delito de robo a mano armada

El delito de robo agravado por uso de arma de fuego configura uno de los principales puntos de debate en el ordenamiento jurídico nacional. Ello debido a la marcada limitación del ámbito de abarcamiento de la agravante “a mano armada” prevista en el inciso 3 del artículo 189 del Código Penal. Problema que se ha visto acrecentado al momento de resolver estos procesos en el marco del actual clima de inseguridad ciudadana y la facilidad con la que se puede conseguir armas en el mercado legal y negro, lo que ha generado

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una alarma social respecto de las diversas formas en que se puede ser víctima de robo. El marco central del debate se establece e stablece en el modus operandi utilizado por diversos delincuentes o grupos delincuenciales, que cometen el delito de robo con la utilización de armas de juguetes, aparentes e inoperativas. Este escenario también tuvo su correlato en la doctrina, en donde se generó el desarrollo de dos posturas muy marcadas: •

A favor de la tipicidad: consideran

que el fundamento de la agravante es la especial situación de vulnerabilidad en la que se coloca a la víctima al someterla con un arma. En tal sentido, sostienen que sería irrelevante que el autor realizara el hecho con un arma real o falsa, pues conseguiría el mismo resultado que busca ser evitado por la norma penal.

•

En contra de la tipicidad: varios

penalistas sostenían que no era posible considerar la configuración de la agravante “a mano armada” si el arma era de juguete o era aparente. Entre los argumentos destacan los que sostienen que si lo que se busca proteger es el bien jurídico vida e integridad física, entonces, no es posible fundamentar la mayor punibilidad por esta conducta; por su parte, había quienes también sostenían que, al reconocerse que no eran armas en sentido estricto, como lo exige el tipo, no era posible tam poco su configuración.

En tal sentido, anteriorme anteriormente nte he expuesto que “debemos aceptar que eventualment eventualmentee el Estado abusara del poder punitivo para conseguir ejercer su voluntad en desmedro de los derechos fundamentales. Para este escenario, como se ha expuesto, cumplen un rol importantísimo los sistemas de garantías que hayan sido previamente esta blecidas. Es por ello que es una obligación de los operadores del Sistema Penal aplicar los de los convenios internacionales sobre Derechos Humanos como respaldo a la ineficacia objetiva del ordenamiento interno para hacer frente a la sobrelegitimiación se requiere interpretar las garantías sobre la base de principios constitucionales incluso cuando estos vayan en contra del deseo social –normalmente retributivo o taleónico–; y el Estado se encuentre tan deslegitimado que llegue al punto de desarticular los principios constitucionales o cuando sea autoritario”; YVANCOVICH VÁSQUEZ, Branko Slavko. “Introducción al sistema penal político criminal”. En: Jurídica, Lima, abril abril de 2014, 2014, p. 324. Gaceta Penal & Procesal Penal . N° 70, Gaceta Jurídica,

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Comentario relevante e del autor La interpretación de la Corte Suprema no observó criterios metodológicos dogmáticos, porque escapa al contenido y alcance que puede dar la literalidad de la norma y porque intenta dotarle de sentido con una agravante genérica, sin tomar en cuenta que esta tiene una finalidad distinta.

Este debate también se vio reflejado en la jurisprudencia, conforme lo reconoce la pro pia Corte Suprema2. Así, en los Recursos de Nulidad N° 5824-97-Huánuco, 2179-1998Lima y 4172-2004-Chincha, se defendía que el fundamento de la agravante era el efecto intimidante y el aumento de la capacidad ofensiva del autor en perjuicio de la víctima3. Por otra parte, una sentencia más reciente, recaída en el Recurso de Nulidad N° 26762012-Junín, estableció que el fundamento de la agravación se encuentra en el especial peligro para la vida, la integridad o la salud. II. Resolución Resolució n y fundamento fundamentos s de la Corte Suprema

Frente a este problema surgido a partir de la interpretación de la agravante “a mano armada” en el delito de robo, se emite el Acuerdo Plenario N° 5-2015/CIJ-116 –emitido por el Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Transitorias y Permanentes de la Corte Suprema de la República–, con la finalidad de establecer criterios uniformes para

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resolver esta cuestión, tal como quedó expresado en el fundamento vinculante 9. En primer lugar, los fundamentos 10 y 11 del Acuerdo Plenario han establecido el manifiesto rechazo de la postura objetiva del arma de fuego, debido a la irrelevancia de los efectos sicológicos de la víctima: • Primero, sostiene que si la descripción normativa “mano armada” se entendiera desde la perspectiva del arma auténtica y funcional, la amenaza con arma de utilería o un juguete bélico semejante no sería cierta ni inminente al no configurarse la afectación de la vida o integridad física. • Asimismo, sostiene que no se toma en cuenta la real complejidad e intensidad del ataque y se ignoran los efectos psicológicos producto de la agresión, derivado de la posición intimidatoria del agente, el grado de indefensión de la víctima y la facilidad para la comisión del ilícito y para asegurar su impunidad. Asimismo, se establece en los fundamentos 12, 13 y 14 que un fundamento para la configuración del hecho es el componente alevoso en el actuar del autor. • Se establece que la mayor gravedad del injusto en el delito de robo a mano armada constituye una expresión de la alevosía fundada en la tendencia interna intensificada del agente y la mayor anti juridicidad por los medios comisivos que el agente emplea. • El fundamento de la alevosía en esta agravante radica en que el sujeto activo se vale de un mecanismo, cierto o simulado, que lo coloca en ventaja al reducir

Fundamento 5 del Acuerdo Plenario N° 5-20157CIJ-116. Criterio que deriva de la regulación prevista en el antiguo Código Penal de 1924.

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al sujeto pasivo, y cuya aptitud la víctima no está en aptitud de determinar ni obligada a verificar. • Finalmente, se sostiene que a través del artículo 46.2.f) del Código Penal, el legislador ha extendido la alevosía a otros supuestos delictivos en cuanto fueran compatibles, no siendo razonable duplicar la valoración en los supuestos de robo y otros delitos violentos ejecutados “a mano armada”, por tratarse de circunstancias específicamente previstas en los tipos penales correspondientes. El fundamento 15 invoca el principio de la realidad como determinante para la decisión adoptada en el Acuerdo Plenario. Se sostiene así que, bajo el principio de la realidad, es indiferente para la víctima del robo que el elemento con el que la amenazan sea un arma funcional o simulada, pues incluso para un experto sería difícil determinar si esta es verdadera o falsa (tanto más si el atacante obra por la espalda o en la oscuridad).

utilería, los juguetes con forma de arma, las réplicas de arma o cualquier elemento que por su similitud con un arma de fuego verdadera o funcional, produzca los mismos efectos disuasivos de autodefensa activa en la víctima. Finalmente, en el fundamento 18 se establece que las valoraciones sobre autenticidad y funcionabilidad cionabili dad de armas de fuego son atendibles y exigibles en el específico caso de los delitos de tenencia ilícita de armas de fuego. III. El error dogmático del Acuerdo Plenario

Considero que la conclusión arribada por la Corte Suprema tiene un problema metodológico muy importante que no puede ser dejado de lado: la inobservancia de la literalidad de la norma. En principio, queda claro que el principio de legalidad no exige que la literalidad de un tipo penal sea aplicada de manera inobjetable y que se reduzca exclusivamente a su contenido textual. Por el contrario, esta constituye el punto de partida para su ampliación a todos los casos que puedan desprenderse. Es allí donde interviene el método dogmático de interpretación.

Asimismo, en el fundamento 16 se hace referencia a una paradoja derivada de la interpretación de la agravante con relación a la comisión del delito de robo de ganado. Se sostiene que es paradójico que se pudiera entender como “arma” en general o “arma de fuego” en particular, únicamente al arma auténtica y funcional para el supuesto de asalto por cualquier bien que no sea ganado. Ello se debe a que en el robo de ganado se comprende una figura agravada por el uso de armas o de “instrumento que pudiere servir como tal”. Por ello, se generaría una protección especial al patrimonio ganadero, diferente a la que corresponde a la persona (de cualquier edad o condición) que no lo es.

El método dogmático no es exclusivo del Derecho Penal, ni mucho menos. Sin embargo, su respeto encuentra un especial fundamento en esta rama jurídica, ya que en ella se materializa uno de los poderes más importantes del Estado, como lo es el punitivo. Por ello, con este método se logra consolidar los principios de legalidad y de prohibición de la analogía como límite a la labor jurisdiccional penal.

En el fundamento 17 se establece tajantemente que el sentido interpretativo del término “a mano armada” abarca a las de fuego inoperativas, aparentes, las armas de

El método dogmático puede ser aplicado a premisas específicas que podrían ser consideradas “dogmas”, y llegar a muchos escenarios diversos respetando la literalidad de


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la premisa, de la cual no puede apartarse el intérprete. A modo de ejemplo genérico tomemos la frase “Juan compra pantalones azules”: Un análisis dogmático nos permite llegara las siguientes conclusiones: 1) Juan es un sujeto con capacidad económica, 2) se puede presuponer la legitimidad de la compra, 3) Juan tiene acceso a pantalones, 4) Juan deseaba conseguir pantalones azules, etc. Sobre la base de estas interpretaciones se puede llegar a otras conclusiones sin necesidad de trasgredir la literalidad de la premisa, como el hecho que juan es una persona que gusta de pantalones azules, que los pantalones azules se encuentran disponibles dentro del mercado, o que Juan y el vendedor son personas legalmente capaces. La metodología desplegada puede aplicarse a distintos ámbitos, dentro de los cuales se encuentra el Derecho Penal, con la diferencia que en esta concurrirán elementos interpretativos externos a la premisa –pero de naturaleza penal– para darle contenido. Así, por ejemplo, al analizar el tipo penal de homicidio simple “el que mata a otro”, se puede establecer que es necesario que el “otro” sea una persona que esté viva, que el autor tenga conocimiento y voluntad de ejecutar su actuar (de lo contrario, sería modalidad cul posa), el autor no está inmerso en una causal de inimputabilidad, etc. Dejando claramente definido cómo opera la dogmática como metodología para la inter pretación de premisas, se puede empezar a vislumbrar el error cometido por la Corte Suprema en este Acuerdo Plenario: se deja de lado la premisa (agravante “a mano armada”) para arribar a una conclusión fundamentada en aspectos ajenos al Derecho Penal. Conclusión que, dicho sea de paso, es completamente ajena al tipo objetivo, lo

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que es reconocido abiertamente por la Corte Suprema al momento de establecer que están incorporadas las armas de fuego inoperativas, aparentes, las armas de utilería, los juguetes con forma de arma, las réplicas de arma. El fundamento 17, que es la concreción de los fundamentos precedentes, rompe cualquier criterio lógico pues acepta como parte de una premisa la negación de esa misma premisa ( p p es lo opuesto a ~p). En consecuencia, la Corte Suprema establece que se entenderá como “arma” ( p p) a las armas falsas, aparentes, de utilería, de juguete o réplicas (~p). Y no solo eso, sino que rompe con la propia metodología dogmática, amparándose en una interpretación errada de la parte general (artículo 46) y fundamentándose en efectos sicológicos que escapan de la estructura del tipo. Considero que la interpretación de la Corte Suprema no observó criterios metodológicos dogmáticos, en principio porque escapa al contenido y alcance que puede dar la literalidad de la norma, y además porque intenta dotarle de sentido con otra disposición normativa como una agravante genérica sin tomar en consideración que tiene una finalidad distinta. IV.. Valoración unilateral de la afectaIV ción sicológica

El tipo de afectación sicológica en e n la víctima es un aspecto sumamente importante, ya que la fundamentación presentada por la Corte Suprema para justificar la aplicación de la agravante se centra exclusivamente en esta característica del hecho, a pesar de ser esta una valoración incompleta. Me explico: si bien no puede negarse el efecto intimidante y la reducción de la capacidad de defensa de la víctima, lo cierto es que dicha afectación sicológica no se halla prevista por el tipo penal.


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Para atender este problema, y dado que la afectación sicológica no está regulada como una agravante específica para el delito de robo agravado, la Corte Suprema recurre a la agravante genérica prevista en el literal f) del inciso 2 del artículo 46 del Código Penal peruano4. Sin embargo, la interpreta erróneamente al intentar equipararla con la voluntad del legislador y evitar la redundancia en la regulación. Básicamente se establece que si el legislador ha regulado la alevosía como agravante genérica, también es posible identificarla dentro del contenido típico de las agravantes específicas, de modo que se evita una doble regulación (una en la parte general y otra en el tipo, sobre la misma circunstancia). ¡Pero esta interpretación es errada! Las agravantes genéricas no pueden ser presumidas dentro de los elementos típicos de una agravante específica, la cual está destinada a regular conductas más gravosas pro pias del tipo base. Es decir, en el caso concreto, el citado literal f) es una circunstancia del hecho que no puede presumirse, sino que su concurrencia debe demostrarse en el caso concreto. A pesar de que la Corte Suprema hace un esfuerzo en entender que el robo a mano armada implica por sí mismo una situación de ventaja sobre la víctima, inobserva que, para la comisión de cualquier robo, incluso el simple, el autor siempre tendrá una situación de ventaja sobre la víctima y, en no pocos casos, cas os, le impedirá ejercer defensa. La solución que establece es que en este tipo de robo agravado lo que se sanciona es el

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aprovechamiento del miedo generado en la víctima por el medio utilizado (sea un arma falsa o real). Entonces, si a lo que debe atenderse es al aprovechamiento del miedo generado por el medio empleado, la consecuencia objetiva lógica sería que se configuraría la agravante “a mano armada” incluso con el uso de los puños, brazos o demás partes del cuerpo, o con la sola presencia del autor cuando haya una diferencia de estatura significativa res pecto a la víctima; pues en todos estos casos la resistencia de la víctima (si es que la ejerce) desaparecerá por el miedo de sufrir un daño mayor. Por lo tanto, en todos estos casos el autor se aprovecha de una situación de ventaja destinada a evitar la respuesta defensiva de la víctima y asegurar la consecución del delito. De otro lado, si se quiere aceptar la postura sicológica con los argumentos de la Corte Suprema, tendría que aceptarse que los medios que causen lesiones a la integridad física son menos lesivos que el uso de armas falsas. En consecuencia, la afectación sicológica y física sufrida por la víctima producto de un “cogoteo” siempre será menos perjudicial que cuando es sorprendida por un arma falsa. El mensaje final de este Acuerdo Plenario es bastante contradictorio a la consecución de la seguridad jurídica y, peor aún, de la seguridad ciudadana: para un delincuente será siempre más beneficioso lesionar físicamente a la víctima que asaltarla con un arma falsa, pues mientras que en el último caso la

Dicha agravante se encuentra regulada del siguiente modo: “Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias de tiempo, modo o lugar, que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe”.


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Comentario relevante e del autor La interpretación de la Corte Suprema se funda en una analogía histórica (si en el pasado se reguló, entonces, en el presente también), sin que importe el contenido del tipo penal. Este es un problema generado por querer establecer el contenido normativo de un delito sobre la base de la voluntad del legislador.

sanción sería de 12 a 20 años, en el primero la pena será de 3 a 8 por robo simple5. Entienden las Salas Penales Supremas, en todo caso, que la afectación sicológica destinada disminuir o anular la posibilidad de defensa genera mayor interés de protección penal que la afectación sicológica s icológica producida por la afectación real a la integridad física, sin importar que para el primer caso se hayan utilizado medios inidóneos y solo aparentes. V.. La inte V interpre rpretac tación ión ana analógi lógica ca

El análisis de los antecedentes establecidos en el Acuerdo Plenario es realmente interesante. La Corte Suprema busca dotar de contenido a su interpretación mediante un análisis histórico del delito de robo agravado. agravad o. Así, toma en consideración que el artículo 239 del

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Código Penal de 19246 estableció como agravante del robo también a las armas impropias al regular la utilización “cualquier clase de arma o instrumento que pudiere servir como tal” para cometer el robo. Posteriormente, sostiene que esta regulación previa es un antecedente de que el e l legislador desarrolló una noción más amplia de aquella que ha correspondido tradicionalmente a la agravante de mano armada o de portar armas. Sin embargo, en esta misma línea de análisis propone un fundamento que causa mucha curiosidad, pues implicaría zanjar el problema: “El legislador con dicho texto propició la posibilidad de una interpretación analógica a partir de la función propia de las armas: su capacidad de servir para atacar y dañar. De allí que, desde aquel entonces, la doctrina ha rechazado que se configure la agravante si no es posible derivar del medio empleado tal capacidad ofensiva”. No considero que sea una interpretación analógica, sino una muestra del mandato de determinación, pues solamente se amplía el catálogo de armas utilizables a las que puedan “atacar y dañar”. Sobre esta forma de interpretación ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional examinando el mandato de determinación en elementos típicos aparentemente indeterminados, esta bleciendo que no se vulnerará el principio de ley estricta si se siguen los parámetros que le dotan de contenido7. Les da un tratamiento de tipos penales abiertos.

Siempre que las lesiones tipifiquen faltas. Así, el Acuerdo Plenario N° 3-2009/CJ-116, fundamento vinculante 11: “En consecuencia, si las lesiones causadas no son superiores a 10 días de asistencia o descanso el hecho ha de ser calificado como robo simple o básico, siempre que no concurran medios que den gravedad a las lesiones ocasionadas. Si, en cambio, las lesiones causadas son superiores a 10 días y menores de 30 días, su producción en el robo configura el agravante del inciso 1 de la segunda parte del artículo 189 del CP”. Ley N° 23405, del 27 de mayo de 1982. Al respecto, el Tribunal Constitucion Constitucional al ha señalado: “Con relación a la frase ‘cualquier otro medio’ puede suscitarse, prima facie, algún cuestionamiento, pues, ella individualmente considerada, parecería tratarse de una cláusula indeterminada. Sin embargo, la propia norma permite determinar el contenido de los medios típicos por dos

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Por lo tanto, la interpretación que brinda la Corte Suprema se funda en una analogía histórica (si en el pasado se reguló, entonces, en el presente también), sin que importe el contenido del tipo penal. Este es un problema generado por querer establecer el contenido normativo de un delito sobre la base de la voluntad del legislador. Sin embargo, el pro pio Código Penal permite establecer que, en tanto que de voluntad legislativa se quiera hablar, el legislador ha sabido diferenciar a las armas reales de las aparentes tal como el propio Acuerdo Plenario reconoce en el robo de ganado. ¿Resulta ilógica la idea de proteger al ganado de los robos con armas reales o simuladas y a las personas solo con las reales? Sí. ¿Debería regularse ambos supuestos para ambos casos? Sí. Pero el límite del poder punitivo radica en el alcance que un tipo penal puede dar desde su literalidad. Desde luego, esta literalidad no es en absoluto una cadena, pues siguiendo un método dogmático puede abarcarse una amplia gama de situaciones válidamente sin vulnerar dicho límite. La Corte Suprema, en lugar de tomar en consideración este criterio, termina dando una interpretación muy conveniente para su postura, fundada en una lógica preventiva, pero lamentablemente inobservando el límite del poder punitivo. Es decir, rompe el principio de prohibición de la analogía.

VI. La tras trascend cendenci encia a inte interna rna inte intensi nsifificada del autor

No puede negarse que el desarrollo del d el contenido normativo de la norma penal será una tarea de la Corte Suprema, luego de que el contenido descriptivo haya sido establecido. La tarea básicamente se centra en el desarrollo de la jurisprudencia. Es en el ejercicio de esta labor que las Salas Penales de la Corte Suprema establecieron que la agravante a mano armada hace referencia a la “tendencia interna intensificada del autor” (fundamento 12 del Acuerdo Plenario), fundada en la situación de dominio del autor al poner a la víctima en un estado de miedo que le impide ejercer su defensa. defensa . Es decir, el contenido normativo de la agravante busca regular delitos de tendencia interna intensificada y no el resultado en sí mismo. Sobre esto, debe precisarse que no se tendría que pedir un resultado específico para la configuración de la agravante, sino solamente la intensión del autor de generar miedo sobre la víctima mediante el uso de un arma o un medio similar. En esta circunstancia, el resultado típico exigido sería el de robo simple. Expuesto de esta manera, pareciera lógico que sea irrelevante que el autor muestre o no una conducta destinada a una especial afectación del bien jurídico integridad física o vida, pues se entendería que incluso en estos supuestos se prevaldría de un dominio ocasionado por el miedo de la víctima. Pero la

aspectos: en primer lugar, debe tratarse de un medio equivalente a los ‘armamentos, materia o artefactos explosivos’ y, en segundo lugar, su idoneidad para ‘causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad y del Estado’. En ese sentido, el Tribunal Constitucional juzga que una interpretación que extienda la prohibición al uso de cualquier medio, sin consideración a su equivalencia racional con ‘armamentos, materias o artefactos explosivos’ y su potencial referido solo a los casos de grave dañosidad, vulneraría el principio de lex stricta” (STC Exp. N° 00010-2002-AI/TC, fundamento 76). GACETA PENAL & PROCESAL PENAL | Nº 86 • AGOSTO 2016 • ISSN: 2075�6305 • pp. 188-197

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verdad es que resulta generando un efecto contrario: si se entiende la agravante como una “agravante de tendencia interna intensificada”, con mucha más razón debe estar dirigida a quien utiliza armas de fuego reales. ¿Qué tendencia interna intensificada importa un mayor grado de antijuridicidad?, ¿la que busca dominar el miedo de la víctima o la que busca poner en peligro su vida o integridad física? Es aquí donde radica el principal error de la Corte Suprema, regular el supuesto menos lesivo para un delito de intención que deje sin contenido la figura más grave. De lo expuesto por la Corte Suprema no puedo determinar mayores fundamentos para justificar que la “tendencia “ tendencia interna intensificada” presente en el uso de un arma falsa sea tan grave que la presente en el uso de un arma a rma real y operativa, pues mientras que en el primer caso el autor solamente puede prevalerse del miedo de la víctima, en el segundo no solo cuenta con esta circunstancia, sino que también tiene en su dominio el destino de la integridad física y la vida de la víctima. Por ello, me surge la duda sobre qué tendencia interna sería más grave, si la que se s e dirige a aprovechar una situación alevosa de dominio producida por el miedo de la víctima o la producida por el dominio sobre la integridad física o la vida. Y no es precisamente un cuestionamiento netamente teórico, pues implicaría que la agravante no podría reclamar mayor pena para quien utiliza armas de fuego reales. Desde mi punto de vista, esto es algo ilógico. Ahora bien, incluso en estas circunstancias, teóricamente no parecería haber mayor pro blema, al fin y al cabo, la intensión de afectar la vida o la integridad física no deja de ser también una modalidad intensificada en la que se vale del miedo. Empero, este problema

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tiene un correlato en la determinación de la pena para el delito de robo agravado. agravado . Si tomamos en cuenta que, al momento de determinación de la pena concreta en el delito de robo agravado, se tomará el marco de 12 a 20 años de pena privativa de libertad, la pena nunca podrá diferenciar una mayor antijuridicidad para el uso de armas reales que para el uso de armas falsas, lo que, en términos prácticos, genera que la pena concreta para la puesta en peligro para la vida y la integridad física siempre estará sometida a la tendencia interna de aprovecharse de la situación alevosa. Lo que trae a colación una situación interesante en los casos donde el autor solamente muestra el arma falsa a la víctima: si la afectación a la integridad física se regula en el delito de robo simple y la mayor pena para la modalidad agravada se fundamenta en la tendencia intensificada y la situación alevosa aprovechada por el autor, entonces, deberá ser atípica la figura para robo simple cuando medie amenaza no verbal con arma falsa, pues no existirá una puesta en peligro de la integridad física de la víctima, pero podría ser típica para el caso de robo agravado. Desde luego, esto no aplicaría para casos en los que la situación en sí misma es violenta, en donde además de las amenazas existe una conducta de amedrentamiento y privación de libertad de la víctima. VII.. Conc VII Co nclu lusió sión: n: se segu guri ridad dad ci ciud udaadana vs. ius puniendi

La Corte Suprema ha tenido un comportamiento loable al intentar abordar, en el marco de la agravante “a mano armada” del robo, al uso de armas aparentes o falsas. Sin embargo, lo hace vulnerando abiertamente algunos principios del Derecho Penal.


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Estamos frente a una manifestación del inicio de un Derecho Penal “políticamente correcto”. Esto también se ha visto en el Recurso de Nulidad N° 1865-2015-Huancavelica8, donde se estableció que en los delitos de lesiones leves por violencia doméstica los condenados siempre deben tener una pena efectiva en lugar de analizar el caso concreto. No obstante, tampoco es que pueda objetarse la finalidad por la que son tomadas estas decisiones, que efectivamente comparto. Sin embargo, sí son objetables los medios utilizados y las conclusiones arribadas. En consecuencia, considero que en este Acuerdo Plenario pesó más la corriente de seguridad ciudadana que el respeto a la seguridad jurídica, entendida no solo en la protección de las víctimas, sino también

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de los procesados frente al uso arbitrario del Derecho Penal, puesto de manifiesto en la inclusión de un supuesto de hecho a una figura típica que no lo puede abarcar desde su literalidad.

 Bibliografía 

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ROJAS VARGAS, Fidel. “Robo a mano armada: problematizaciones e insubsistencias del modelo peruano”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Tomo 22, Gaceta Jurídica, Lima, julio de 2000. YVANCOVICH VÁSQUEZ, Branko Slavko. “Introducción al sistema penal político criminal”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. N° 70, Gaceta Jurídica, Lima, abril de 2014.

Información disponible en: .


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