DEUDA EXTERNA E INTERNA DEL PERÚ La historia de la deuda externa e interna en el Perú, es una historia de fracasos, frustraciones y de mucha corrupción. No es exagerado afirmar esto si se consigue estudiar de manera crítica todo el proceso de endeudamiento, primero con Inglaterra y después con Estados Unidos y Europa en general, al cual el Perú estuvo y está sometido. La influencia que esto ha tenido en nuestro devenir histórico como país, es real y no un mero artilugio ideológico como algunos pretenden afirmar. Paradójicamente, muy poco se conoce sobre este tema a pesar de constituir un problema para nuestro desarrollo en la actualidad. Por ello surge nuestro interés por difundirlo, para así generar conciencia de que este no es un problema nuevo, y que la deuda en nuestra historia no nos ha proporcionado mayores beneficios para la población, sino más bien, demasiadas pérdidas para el Perú. A continuación, se desarrollará d esarrollará una breve reseña de los puntos más importantes sobre la historia de la deuda externa e interna del Perú. I. ETAPAS DE LA EVOLUCIÓN DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA
1. UN PERÚ INDEPENDIENTEMENTE ENDEUDADO: Tal como lo demuestra Basadre, en la Historia de la República del Perú, ni bien nuestro país pudo lograr su independencia se vio agobiado por considerables deudas con los países extranjeros que apoyaron la gesta libertadora, así como con peruanos que hicieron similares aportes. Casi todos los países que intervinieron en nuestra independencia, nos solicitaron tiempo después o durante la campaña libertadora, el reconocimiento de deudas con ellos, causadas por los gastos que la empresa libertadora en el Perú les había implicado. Así, en virtud del tratado del 26 de abril de 1823 con Chile, el Perú reconoció como deuda suya el préstamo que había sido contratado por el comisionado de Chile, José de Irisarri, que ascendía a 1 millón 500 mil pesos, pero que para la fecha a causa de los intereses llegaba a los 3 millones de pesos. Esta deuda con el país del sur recién sería tratada nuevamente en 1848; por la convención del 12 de setiembre de ese año, el Perú se comprometió en abonar 4 millones de pesos. De igual manera, se reconoció una deuda con la Gran Colombia por el tratado de setiembre de 1829 en Guayaquil, y su monto ascendía a 5 millones de pesos, aparte del millón que le fue obsequiado a Bolívar por el Congreso de 1825, con lo que la deuda con ese país ascendía para 1829 a 6 millones de pesos. Solo Argentina no nos pidió reconocer deuda alguna, y probablemente esto se deba a que la expedición de San Martín al Perú fuera financiada con capitales chilenos. Aparte de este tipo de deudas causadas por los gastos de nuestra independencia, el Perú dada la crisis económica en la que se hallaba sumido tras varios años de estar en guerra con España, recurre a dos préstamos de capitales ingleses. El primero Emprésito del 11 de octubre 1822, según Tantaleán, tratado por Juan García del Río y Diego de Paroissien (comisionados por San Martín en diciembre de 1821) con Tomás Kinder, por un valor de 1 millón 200 mil libras esterlinas, al tipo de 75%, con interés del 6% anual, comisión del contratista del 2% y entrega en seis plazos hasta 1823. Se da como garantías las entradas de la Casa de la Moneda, las aduanas y demás rentas. Tantaleán agrega además que el contrato debía ser pagado en 30 años a 40 000 libras esterlinas por año. Al final solo se recibe el monto de 900 000. Según M. F. Paz Soldán, “el prestamista
eludió los pagos en los plazos estipulados y ocasionó al Perú quebrantos notables en su crédito y en su hacienda, con las escandalosas protestas de las letras giradas debido, en gran parte, a la desatendencia completa de las indicaciones hechas oportunamente por nuestros comisionados en Europa, muy particularmente por la discordia civil entre Riva Agüero y Tagle y muchas otras causas.”
El segundo préstamo no tardó en llegar. Este emprésito fue negociado con Kinder por el inglés John Parish Robertson, el 21 de enero de 1825; según Tantaleán, por un monto de 616 000 libras, con un valor de colocación del 83%. “En el siglo XIX existía la costumbre de los agentes y bancos eriores a su valor nominal”.Estas operaciones de adquirir los bonos de la deuda a precios inf eriores
financieras se realizaron sin conocimiento de la representación peruana en Londres. Según Mariano Felipe Paz Soldán, el préstamo anterior fue ruinoso, y que solo sirvió para satisfacer la codicia de Kinder, mientras que en el segundo, R obertson entregó menos dinero de lo acordado.[3] Dancuart afirma que en el primer préstamo ocurrieron actos irregulares y que se dio cuenta al Congreso, que ordenó al Ejecutivo que cambiase los comisionados. Del monto total de estos dos préstamos, 1 816 000 libras, solo se obtuvieron 947 393 libras, según Palacios, aunque según fuentes inglesas el Perú recibió 1 491 480. Según Basadre, en el segundo préstamo solo se emitieron los bonos correspondientes a 577 500 libras, dándole al Perú un producto efectivo de 200 385 libras a causa de errores y actos irregulares del comisionado. Lo que sí es más claro es la finalidad que tuvieron estos préstamos; para Enrique Amayo ambos préstamos fueron solicitados para comprar material de guerra, y am bos fueron arreglados en 1849, cuando se reconvirtió la deuda externa por primera vez en el país. La reconversión de una deuda significaba el obtener nuevas condiciones de pago para el país deudor, lo que implicaba para la época la obtención de un préstamo mayor que absorbía la deuda anterior, y eso fue lo que paso en 1849 con el Perú. Pero antes de que se diera este arreglo, el gobierno deja de pagar la deuda externa el 15 de abril de 1826, y así se da la primera moratoria unilateral del Perú. Pero las deudas del Perú no solo se limitaban al capital internacional. “Esta provenía, en conjunto,
de la falta de abono a los servidores públicos, de los suministros hechos a los ejércitos patriotas, de los pagos hechos en 1825 por los premios otorgados por el Congreso con la esperanza de un emprésito que no llegó a verificarse, de emprésitos voluntarios o forzosos contratados por los sucesivos gobiernos . Asimismo, pasaron a integrarla las deudas legalmente contraídas por el gobierno colonial De esta manera, esta deuda interna puede ser enumerada de la siguiente manera, aunque de manera parcial me temo: 1. Comerciantes ingleses por un emprésito en 1822 de 74 000 pesos. 2. Comerciantes y propietarios de Lima por un emprésito de 200 000 pesos en 1823. 3. Emprésito del Tribunal del Consulado en 1823 de 80 000 pesos. 4. Emprésito contratado por Tagle con Juan Ignacio Palacios como representante de varios comerciantes por 50 000 pesos en dinero y 150 000 en víveres y útiles de maestranza. Obligándose el gobierno a pagar 300 000 pesos en derechos de aduana y entregando al contratista “la facultad de variar el régimen de aduana y algunos empleados y sustituirlo s con otros de su confianza.”
Como podemos observar, esta deuda interna, permitió que en algunas ocasiones, como la del punto 4 de la relación anterior, capitales privados ejercieran directa influencia dentro del Estado y lo limitaran en sus funciones o asumieran funciones que le deberían corresponder, como en el caso de la designación de los empleados de aduanas. Los pagos para saldar la deuda interna fueron los siguientes: Entre 1825 y abril de 1827 se pagó poco más de 1’ 800 000 pesos en deuda interna reconocida, y quedaron por abonar 5’ 200 000
pesos, aparte de los créditos por reconocer, entre ellos los de la época colonial. Al congreso de 1827 se le presentó un estado de la deuda interna que ascendía a 14’ 200 000 pesos en establecimientos de Lima, y correspondían al Consulado 7’ 760 000. De este monto debían
rebajarse como 2 millones por pertenecer a emigrados, residentes en país enemigo y desaparecidos. Dentro de estos pagos, los hechos escandalosos no estaban ausentes. El Congreso aprobó el 5 d e marzo y Bolívar promulgó el 9 del mismo mes de 1825 una ley en la cual se pueda disponer de todos los bienes muebles e inmuebles que tenía el Estado, de los cuales podía prescindir, y se entregasen a los acreedores de la deuda pública. Esta ley permitió que por escritura pública extendida en Lima el 28 de setiembre de 1826 se cediera a José Antonio de Quintana una mina de
brea llamada entonces Amotape y después, La Brea y Pariñas, en pago de la cantidad de 4 964 pesos que le adeudaba el erario nacional. Así nació la ruidosa cuestión de la Brea y Pariñas. La deuda interna, sin embargo, continuó creciendo, gracias a la ley de reforma militar del 12 de diciembre de 1829, en la cual no solo se permitía que se pagara a los servidores públicos en bienes nacionales, sino también en cédulas de reforma según el tiempo, calidad y número de servicios. De esta manera en un año la deuda ascendía a 1 493 186 pesos (posiblemente este sea el monto solo de la deuda reconocida), incrementándose hasta 1833, año en el cual se dio otra ley, del 13 de febrero, para que se aplicara a la deuda pública los bienes de los conventos supresos. Pero esto no quedo ahí, y el monto continuamente se incrementaba a causa de la constante inestabilidad del país en los primeros años de la república. “Fueron frecuentes, sobre todo, durante
la anarquía de 1835 y durante las guerras de restauración de 1837 y 1838-39 y las guerras de 1841, las exacciones forzosas que tomaron el nombre de emprésitos. Muchos de los cuales eran tomados como anticipos sobre los derechos ordinarios de aduana LA DEUDA EXTERNA PERUANA
LA DEUDA EXTERNA PERUANA LUIS ENRIQUE ANTUNEZ Y VILLEGAS - PERÚ
El tema de la deuda externa del Perú no es un problema exclusivo de nuestro país ni exclusivo de Latinoamérica. Es, en realidad, un problema que afecta a todos los países tanto a los que se llama desarrollados como a los que se encuentran en vías de desarrollo. En este sentido, el problema hay que tratarlo como un problema general y no exclusivamente peruano. Quizá, por tratarlo de manera singular, se ha perdido de vista que la deuda externa no es un problema de índole económica y política exclusivamente. Como consecuencia de este error, el problema se ha centrado, únicamente, en la inserción del Perú en el sistema financiero y se ha dejado el manejo del asunto en las manos de los economistas quienes, por su formación, adoptan un enfoque de corto plazo, singularmente financiero e instrumental, lo que representa que su perspectiva del problema es, básicamente, incompleta ya que no consideran la óptica histórica, política y, sobre todo, jurídica. Este error es trascendente en la medida que sólo la perspectiva histórica proporciona la profundidad de análisis que revela la causa del fenómeno y sus posibles soluciones y que si no existe el análisis jurídico no se podrá encontrar la verdadera solución al problema. Aparte de adquirir conciencia sobre las diferencias que existen entre los países acreedores y deudores así como entre los mismos países deudores, debe señalarse que estas diferencias no excluyen la necesidad imperiosa de un análisis jurídico, el cual debe situarse en el marco del Derecho Internacional actual. La actividad de los economistas en el tratamiento de la deuda externa ha representado, de hecho, que se le otorgue una innecesaria y absurda preponderancia a la aplicación del principio pacta sunt servanda y se utiliza como el único criterio a seguir, olvidando otros de mayor importancia, habida cuenta las conductas observadas, como, por ejemplo, el favor debitoris o el de rebus sic stantibus. El exclusivo manejo económico del problema, ha ocasionado que, en nuestro país, no se haya conocido un acuerdo del Parlamento Latinoamericano por el cual, tomando como base una ponencia del Dr. Miguel Angel Espeche Gil, profesor de la Universidad de Buenos Aires y Embajador de la República Argentina, se recomienda a los países deudores que el asunto sea examinado ``con objetividad y seriedad, por un órgano internacional que examine no sólo los aspectos económicos y financieros, sino también sus aspectos éticos y jurídicos''. Para ello, plantea solicitar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya un dictamen consultivo sobre los principios del derecho que deben regir los acuerdos relativos a las deudas externas. Este acuerdo, como repito, tuvo como base la ponencia presentada por el Dr. Miguel Angel Espeche Gil, quien, en el Seminario Roma-Brasilia de agosto de 1990, planteaba la ilicitud del alza de los intereses, en tanto que los aumentos de las tasas de interés, decididos unilateral e ilimitadamente por los acreedores, constituye acto de usura, el cual es condenado por los
principios generales del derecho y dado el caso que este principio es fuente del Derecho Internacional, conforme al artículo 38º, inciso C, punto 1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, es procedente un pedido de opinión consultiva al Tribunal. Lamentablemente, esta opinión jurídica que aparece acorde con los procedimientos internacionales, ha pasado inadvertida por los consultores, asesores y negociadores del problema de la deuda externa de nuestro país y de otros. Quizá por el apresuramiento en conseguir logros que representen éxitos políticos de ámbito reducido a lo nacional o, simplemente, por haber perdido la perspectiva de cuál debe ser el tratamiento serio y ponderado del problema, se ha dejado de lado el análisis jurídico que exige la solución de este problema. Si bien es cierto que sobre esta cuestión no existen tratados internacionales ni normas consuetudinarias aplicables, resulta lógico, desde la metodología jurídica, aplicar la tercera de las fuentes del Derecho Internacional, esto es, los principios generales del Derecho, criterio que, además, se encuentra tipificado en los Estatutos de la Corte. Por lo demás, el Papa Juan Pablo II ha señalado que el problema de la deuda no puede ser planteado sólo en términos económicos monetarios, sino también en su dimensión social, política y humana, ya que ningún Gobierno puede exigir moralmente de su población sacrificios y privaciones incompatibles con la dignidad de la persona. En razón de lo expuesto, creemos que es factible que el Perú y otros países planteen en la Asamblea General de las Naciones Unidas el pedido de opinión consultiva, la cual, una vez emitida, servirá de base para un tratamiento más justo y ético del problema, en tanto que entra en juego, además, la idea de los derechos humanos de tercera generación que, como señala la Prof. Bárbara Kunicha-Michalska, de la Universidad de Varsovia, comprenden el derecho al desarrollo y el derecho al medio ambiente. Es en este sentido que la deuda externa ha provocado daños a los pueblos latinoamericanos y resulta justa la condena jurídica, en el campo internacional, de las actividades usureras. Resulta evidente que el alza de los intereses, en forma unilateral, dispuesta por los acreedores ha llegado a niveles excesivos que repugnan no sólo moral sino, también jurídicamente. Bueno es recordar que la usura ha sido condenada desde el punto de vista ético y moral por filósofos y por las culturas cristiana, islámica y, aún desde el punto de vista jurídico, por numerosos ordenamientos nacionales. Desde esta perspectiva, la tesis del Prof. Espeche y que fue adoptada por el Parlamento Latinoamericano, se presenta coherente como medio de evitar la nueva y moderna ``esclavitud'' en que los países acreedores pretenden sumir a los pueblos en desarrollo. No ha debido ni debe permitirse la usura en los préstamos internacionales ya que ello conduce no sólo a la muerte política sino hasta física de los pueblos deudores que soportan una explotación ilícita bajo el pretexto de cumplimiento de obligaciones bilaterales. A manera de conclusión, podríamos sostener que el tratamiento de la deuda externa de nuestro país debe ser analizado y manejado no sólo con criterios económicos o financieros sino determinando sus causas históricas, éticas y jurídicas. No resulta admisible que el pueblo del Perú deba soportar sacrificios ingentes derivados de contratos de préstamos celebrados, con beneficio personal de sus familiares, en condiciones leoninas y lesivas ni mucho menos que los acuerdos no convencionales de solución, contengan criterios de fórmulas de pago que no toman en cuenta las consideraciones éticas y jurídicas. Igualmente, es recomendable atender la tesis del Profesor Espeche Gil y promover que la América Latina plantee ante la Asamblea de las N aciones Unidas la necesidad de una opinión consultiva ante la Corte de La Haya, en el sentido que el aumento de los intereses, decidido unilateralmente por los acreedores, muy por encima de los niveles vigentes se asimila al concepto de usura, conducta reprobada tanto por diversas corrientes filosóficas y religiosas como por el ordenamiento jurídico del pueblo romano, ordenamiento que constituye base fundamental de las legislaciones occidentales actuales. No sólo ello, sino que es necesario asimilar, también, la deuda histórica que muchos de los acreedores tienen con nuestro pueblo, deuda que podría ser valorizada y, en su caso, compensada, con la deuda capital y sus intereses.
