Desastre en Sonora La gran tragedia La gran amenaza Agrega un comentario
Noticia - 21 agosto, 2014 El 6 de agosto ocurrió el peor desastre ambiental en Sonora: el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados muy dañinos para la salud y los ecosistemas, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, perteneciente al Grupo México; cuyo dueño es Germán Larrea, el tercer hombre más rico del país.
Esta descarga de lixiviados mineros con arsénico, níquel, fierro, cobre, cadmio, manganeso y aluminio, ponen en riesgo a por lo menos 22 mil personas que habitan en 7 municipios aledaños a los ríos Sonora y Bacanuchi: San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y Hermosillo. Entre los daños que pueden causar los altos niveles de metales en el agua son problemas en el sistema nervioso, daños hepáticos, pulmonares, renales, reproductivos y neurológicos, que pueden propiciar enfermedades como el Alzheimer, mal de Parkinson, saturnismo, hepatitis, cáncer, hemocromatosis o hasta la muerte, en el caso del arsénico. Los municipios afectados están recibiendo agua potable en botellas o pipas pues la principal fuente para sus actividades fue contaminada. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) anunció que Grupo México deberá pagar una multa de 40 millones de pesos y monitorear la calidad del agua en el Río Sonora cada quince días, en un periodo de cinco años, hasta garantizar que deje de ser peligrosa para la salud de los sonorenses. ¿Las afectaciones ambientales a corto y mediano plazo para 7 municipios cuestan sólo 40 millones de pesos? (1). Definitivamente no, pero pareciera que México está de oferta para quien guste contaminar. El derrame en el río Sonora es solo la punta del iceberg de la contaminación tóxica de los ríos mexicanos. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el 70% de los ríos nacionales presentan algún grado de contaminación, pero poco o nada se está haciendo para revertirlo y mucho menos para prevenir (2). La laxitud de leyes permite a las empresas seguir contaminando pues en teoría se s e les exige un “pago” o la “reparación del daño” en la zona donde ocurrió el desastre, pero sin tomar en cuenta las externalidades. Por ejemplo, el derrame en el río Sonora no solo afecta a las comunidades aledañas al afluente sino también vulnera derechos de otras, como la tribu Yaqui que por años han luchado para evitar que se les restrinja el acceso al agua para actividades agrícolas, a cambio de que el líquido llegue a la zona urbana de Hermosillo a través del Acueducto Independencia, cuyo funcionamiento fue suspendido por la Suprema Corte de Justicia. Ahora, este mandato judicial podría desobedecerse ya que el río Sonora - que llevaba agua a la ciudad de Hermosillo desde la presa El Molinito, de la cual se extraían 8 millones de metros cúbicos- está contaminado. Tan sólo unos días después del vertido tóxico en Sonora, una mina de la empresa Proyecto Magistral
provocó otro derrame en el municipio El Oro en Durango contaminando 2 mil metros cúbicos de agua con cianuro; el cual es potencialmente letal. Aunque Profepa acudió a tomar medidas de contención aún no se han dado a conocer las sanciones. El mensaje que el gobierno está dando es que México sigue siendo un paraíso para contaminar. Greenpeace se une a las exigencias de las com unidades afectadas en Sonora y demandamos que se cumpla a cabalidad el compromiso de la empresa Grupo México y el gobierno para una verdadera remediación que incluya:
Reconocimiento total por parte de la empresa sobre las afectaciones socio-ambientales de este derrame a los siete municipios aledaños a la zona del vertido. Saneamiento completo de la Cuenca con el fin de que el agua del río y los pozos pueda volver a ser usada para riego y consumo humano, así como para el equilibrio ecológico. Reparación de los daños ambientales, de salud y socioeconómicos ocasionados por esta fuga de contaminantes; aun si algunas consecuencias aparecieran años después, como p uede ser el caso de la salud. Transparencia y acceso público sobre la información derivada de los muestreos y de las medidas acordadas y acciones de la empresa y el gobierno. Un plan de contingencia ambiental y de salud para posibles afectaciones a mediano y largo plazo. El cierre inmediato y permanente de la planta minera Buenavista. •Inspecciones al resto de instalaciones d e Grupo México, a fin de evitar futuros accidentes en otras regiones del país.
La minería es una de las industrias más contaminantes, pero no la única. No debemos perder de vista que las recientes reformas “estructurales” en México han abierto la puerta para consolidar un modelo extractivo de recursos naturales, en el que queda lejos la justicia ambiental para las comunidades y los ecosistemas, pues se priorizan las ganancias económicas sobre los derechos humanos. La reciente Reforma energética es un ejemplo de ello, ya que permite, entre otras cosas, la utilización del fracking (fractura hidráulica) para la extracción de gas shale. Podemos suponer por estricta lógica económica que las preguntas de algunos inversores serían: ¿Qué pasará cuando sus pozos contaminen los mantos freáticos? ¿Qué harán si falla la recolección, transporte o almacenamiento de agua o sólidos residuales radiactivos? ¿Qué acciones se harán si se afecta la salud de m iles de personas? ¿Qué medidas se tomarán si se atenta contra el Derecho Humano de los mexicanos al agua y a un medio ambiente sano? Ahora sabemos la respuesta: NADA. En Greenpeace defendemos la precaución como el único modo de evitar accidentes tan lamentables como este reciente derrame en Sonora. Tener leyes con enfoque precautorio como la propuesta elaborada por la ciudadanía Agua Para Todos Agua Para La Vida, evitaría que la voz de las poblaciones afectadas siga siendo ignorada.
Es el peor desastre ambiental de la industria minera del país’’: Guerra Abud
‘‘Descuido’’ de la empresa, causa del derrame en Sonora: Semarnat A pesar del daño causado, Buenavista del Cobre no puede ser clausurada, ni siquiera temporalmente, indica el funcionario La filial de Grupo México podría ser multada con miles de millones de pesos
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, presentó ayer un informe detallado sobre la contaminación causada por la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, en los ríos Bacanuchi y Sonora. El funcionario estuvo acompañado por David Korenfeld, de la Conagua; Guillermo Haro Bélchez, de la Profepa, y por Mikel Arriola, de la CofeprisFoto José Antonio López
ANGÉLICA ENCISO L. Periódico La Jornada Miércoles 27 de agosto de 2014, p. 3
El derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos de la empresa Buenavista del Cobre – filial de Grupo México – en los ríos Sonora y Bacanuchi, en Cananea, ‘‘es el peor desastre ambiental de la industria minera del país’’, señaló el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud. Pese a ello, la empresa no puede ser clausurada, ni siquiera temporalmente, aunque podría ser multada con miles de millones de pesos y tendrá la obligación de remediar el daño, agregó. El funcionario catalogó el derrame que afecta a 24 mil personas como un ‘‘descuido’’ de la empresa y dijo que sólo la Secretaría de Economía (SE) puede retirar la concesión. Agregó que ha hablado del tema con su titular, Ildefonso Guajardo, aunque no se ha planteado la posibilidad de cancelar las operaciones de la minera.
En la presentación del informe de acciones del gobierno federal en atención al derrame de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, ocurrido el 6 de agosto en instalaciones de la empresa Buenavista del Cobre en Cananea, Guerra Abud admitió que la ley ambiental es laxa. En el acto también estuvieron presentes los titulares de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez; de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, y de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Mikel Arriola. Guerra Abud mencionó que la empresa ha insistido públicamente en que el percance ocurrió por lluvias arriba de la media, pero los reportes del Servicio Meteorológico Nacional indican que esto es falso y el derrame se debió a la falla de un tubo ‘‘por un mal diseño que se hizo’’ en las instalaciones de la minera. Explicó que el derrame ocurrió el 6 de agosto sobre el arroyo Tinajas; el día 7 habitantes de la zona avisaron a la Unidad de Protección Civil de Sonora, y el 8 la empresa notificó a la autoridad federal, pero formalmente lo hizo cuatro días después. Los funcionarios enumeraron las medidas que han tomado desde que tuvieron conocimiento del derrame de residuos peligrosos. David Korenfeld dijo que la Conagua ha realizado mil 20 muestras abalizadas en laboratorios certificados, y se detectó la presencia de arsénico, cadmio, cromo, plomo, cobre, aluminio y fierro, con niveles ‘‘fuera de las normas ecológicas y de salud, así como del estado de la calidad del río previo al derrame’’. A su vez, el titular de la Cofepris sostuvo que hasta ahora se han reportado cinco problemas en personas con afectaciones por el derrame, mismas que ya fueron dadas de alta. Explicó que los síntomas que ocasiona la contaminación por ese tipo de sustancias son daño a las mucosas, y si hay ingesta se presentarían daños al sistema digestivo, náuseas, diarreas, debilidad. También podría haber daños al hígado y riñones. Pese a todo, el titular de Profepa, Guillermo Haro, aseveró que la empresa no puede ser clausurada totalmente y sólo se puede cerrar el área en la que se desbordaron los residuos, la cual ya está clausurada. Explicó que están en revisión nueve resolutivos de estudio de impacto ambiental para detectar mayores irregularidades. ‘‘La mina es una de las más grandes del mundo, la más grande de México’’. Añadió que de las medidas de urgente aplicación que la Profepa pidió a la empresa, ésta únicamente ha cumplido con una. Durante la visita que se hizo el viernes pasado a la zona, dijo, se detectó que en las márgenes de los ríos hay desechos que se deben retirar, y que en un bordo de contención que se pidió a la empresa hay filtraciones que pueden llevar más contaminantes hacia los ríos. Posible consignación penal
Ya se está integrando una averiguación previa para lograr la consignación de los presuntos responsables ante un juez. De acuerdo con sucesos similares, el pago que la empresa tendría que hacer sería de cientos o miles de millones de pesos. La Profepa, dijo, está obligada al debido proceso; la única irregularidad grave en la mina, el derrame de tóxicos, llevó a la clausura del patio de lixiviado que causó el accidente.
Desastre ecológico en los ríos Bacanuchi y Sonora Derrame de substancias químicas en los ríos Bacanuchi y Sonora, en Sonora, México Río Sonora y zonas afectadas.svg Municipios sonorenses afectados por el derrame Fecha 6 de agosto de 2014 Causa Derrame de 40 millones de litros de desechos químicos peligrosos Lugar Cananea, Arroyo Tinajas, Río Bacanuchi. Río Sonora, Sonora, México Bandera de México Implicado Nombre
Mina Buenavista del Cobre propiedad de Grupo México
[editar datos en Wikidata] El desastre ecológico en los ríos Bacanuchi y Sonora ocurrió el 6 de agosto de 2014 cuando 40,000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado se vertieron en el arroyo Tinajas, y posteriormente en el afluente de ambos cuerpos de agua, convirtiéndose así en el peor desastre de este tipo en México. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), identificó a la empresa minera Buenavista del Cobre (de Grupo México) como responsable del accidente.12
Buenavista del Cobre[editar] Se trata de una empresa minera que opera en Cananea, y es parte de Grupo México, la mayor compañía minera del país. La empresa intentó deslindarse del accidente, pues habían señalado que se debió a las intensas lluvias; sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional desestimó esa posibilidad, pues no hubo reportes de lluvias en los días anteriores al desastre. Por su parte, las autoridades indicaron que el accidente se debió al mal diseño de las instalaciones de la minera, pues un tubo necesario para el buen manejo de las substancias estaba ausente.3
Consecuencias[editar] Después del derrame fueron contaminados el arroyo Tinajas (17.6 km), el río Bacanuchi (64 km) y el río Sonora (190 km), lo que afectó a siete municipios que se quedaron sin acceso a agua potable, agravados además por el cierre de 322 pozos.4
El titular de la SEMARNAT en México, Juan José Guerra Abud, señaló que el derrame de 40,000 metros cúbicos de desechos tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora podría representar el peor desastre medioambiental en México que, además, afecta directamente a 24 mil personas. El director de la CONAGUA en ese entonces, David Korenfeld, señaló que en los ríos afectados se encontraron substancias tóxicas como arsénico, cadmio, cromo, plomo, cobre, aluminio y fierro, por encima de la norma ecológica y de salud humana.3 La PROFEPA ordenó a la empresa minera limpiar el producto del derrame en el cauce de ambos ríos afectados y detener cualquier actividad dentro de los patios de lixiviación.5 Asimismo, las autoridades ambientales realizaron una denuncia contra quien resultara responsable del derrame por delitos contra el medio ambiente, siendo las penas de hasta 9 años de prisión y 300 mil días de salario mínimo (el salario mínimo en México es de $70.1 pesos, o 4.31 dólares estadounidenses).6 El derrame afectó inmediatamente a 22 mil pobladores de los municipios colindantes con los ríos, que son Banamichi, Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe, Arespe y parte de Hermosillo, según lo denunció la ONG Red Mexicana de Afectados por la Minería, quienes además señalaron que la contaminación afectaría la zona a largo plazo.7 Los pobladores también reportaron que las aguas del río Bacanuchi adquirieron un color anaranjado, por lo que las personas que se abastecían de agua potable a través del río, ya no podrían hacerlo.8
Causas del accidente[editar] Desde 2009, ya existían antecedentes de la falta de mantenimiento en una de las máquinas de la mina. En el momento en que sucedió el derrame no se notificó, sino hasta 48 horas después. A su vez, Buenavista del Cobre hace oficial que ocurrió un incidente 6 días después del accidente. La causa del incidente fue provocada por la falta de una válvula en el tubo de polietileno en una de las piletas de lixiviados.4
Multas y compensaciones[editar] Después de las evaluaciones emitidas por la PROFEPA y de las 50 irregularidades encontradas en la minera Buenavista del Cobre, Grupo México pagó una multa de 23.5 millones de pesos (1.5 millones de dólares, aproximadamente), así como un fideicomiso de 2 mil millones de pesos (125 millones de dólares, aprox.) para atender las afectaciones de la zona a nivel ambiental y social.9 Aunque las multas y compensaciones ascenderían a más de mil millones de pesos, esto no representa un gran impacto para Grupo México, pues es la cuarta empresa más grande en capital dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, la cual en 2013 tenía acciones que ascendían a 336 mil 546 millones de pesos, y su presidente del Consejo de administración, Germán Larrea Mota Velasco, posee una fortuna que asciende a 191 mil 500 millones de pesos (14 mil 700 millones de dólares). La sola multa, entonces, representaría el 0.03% de las ganancias del corporativo y 0.1% de sus utilidades.10
Cerca de 1 año después del desastre, las organizaciones, los municipios y las poblaciones afectadas no habían recibido algunas de las compensaciones por el daño de la empresa, como la
instalación de 15 plantas tratadoras de agua y una clínica de especialidades para atender a la población con problemas médicos derivados del derrame, como se había comprometido la empresa responsable.11
La organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), que asesora a los pobladores afectados, señaló el 5 de agosto de 2015 que se habían emitido cinco juicios de amparo en contra de la minera Buenavista del Cobre y también en contra del Gobierno Federal por diversas irregularidades cometidas por la empresa y las dependencias de gobierno responsables de llevar el proceso. Tanto autoridades de SAGARPA, SEMARNAT, CONAGUA, la Secretaría de Salud y la COFEPRIS, fueron acusadas de desacato, pues no habían atendido las demandas de la población afectada prometidas en el momento en que se deslindaron las responsabilidades. Asimismo han denunciado la opacidad en cuanto al reparto de los recursos del fideicomiso entregado por la subsidiaria de Grupo México.12
Contaminación del agua[editar] En junio de 2017 el Grupo Microanálisis de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizaron un análisis en el río Sonora, revelando que el agua que consumen las personas de ocho comunidades aledañas, contenía niveles altos de plomo, arsénico y cobre. En el caso del plomo, el agua contenía 0.0223 miligramos por litro, 25% más del límite que preve la norma oficial mexicana NOM-127, por lo que no es para consumo humano. Los pobladores demandaron que a tres años de la tragedia, el Grupo México aún no creaba las 27 plantas tratadoras de agua que habían pactado.13
