Universidad Católica de Trujillo “Benedicto XVI”
Facultad de Ingeniería Escuela: Ingeniería de Minas
Nombre del Tema: DERECHO MINERO Y AMBIENTAL
Curso: DERECHO MINERO Y AMBIENTAL
Nombre del docente: Ms. Ing. John Bejarano Guevara
Estudiantes: Rodríguez Cerna, Esmaigels Nuñez Saldaña, Joel Eliud
Turno: Lunes/ 10.30 am- 1.30pm/Aula: 506
Número de grupo:
1 Año: Año del buen servicio al ciudadano
PRESENTACIÓN Los alumnos del curso Derecho Minero y Ambiental de la carrera de Ing. De minas en la Universidad Católica de Trujillo-Benedicto XVI, desarrollamos este informe para dar a conocer más acerca del concepto del derecho minero, sus características, sus sujetos y cosas, la evolución del derecho minero, el derecho minero en el Perú, la relación de derecho minero con otras ramas del derecho, el derecho minero público y privado, las fuentes del derecho minero, el ámbito de la legislación minera y por último, principios del derecho minero.
INDICE 1.
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 4
2.
FUNDAMENTO TEÓRICO................................................................................................. 5 2.1.
Concepto del derecho minero........................................................................................ 5
2.2.
Características del derecho minero................................................................................ 7
2.3.
Sujetos y cosas del derecho minero............................................................................... 7
2.3.1.
Sujetos ................................................................................................................... 7
2.3.2.
Cosas ..................................................................................................................... 7
2.4.
Evolución del derecho minero....................................................................................... 8
2.4.1.
Evolución .............................................................................................................. 8
2.4.2.
La mita y el pueblo minero.................................................................................... 9
2.4.3.
Nueva España ...................................................................................................... 11
2.4.4.
El reglamento de mayo ........................................................................................ 12
2.4.5.
El bando de Barrenechea. .................................................................................... 12
2.4.6.
El estatuto de hacienda y crédito ......................................................................... 14
2.4.7.
La codificación .................................................................................................... 14
2.5.
El derecho minero en el Perú ...................................................................................... 15
2.5.1.
Derecho indiano .................................................................................................. 16
2.5.2.
Derecho intermedio republicano ......................................................................... 16
2.5.3.
La era codificadora .............................................................................................. 17
2.5.4.
Decreto legislativo N 109 .................................................................................... 18
2.5.5.
Decreto supremo N 14-92-EM (TUO L.G.M.) ................................................... 18
2.6.
Relación de derecho minero con otras ramas del derecho .......................................... 18
2.7.
Derecho minero público y privado .............................................................................. 21
2.7.1.
Derecho publico .................................................................................................. 21
2.7.2.
Derecho privado .................................................................................................. 21
2.8.
Fuentes del derecho minero......................................................................................... 22
2.9.
Ámbito de la legislación minera.................................................................................. 23
2.10.
Principios del derecho minero ................................................................................. 25
3.REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS......................................................................................27
1. INTRODUCCIÓN La minería es una actividad económica des sector primario representada por la explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. También la minería es considerada como un conjunto de individuos que se dedican a esta actividad o el conjunto de minas de una nación o región. Existe una gran variedad de minerales a explorar, se tiene a los minerales metálicos, tales como hierro, cobre, plomo, oro, plata, mercurio, aluminio, entre otros los cuales son empleados hoy en día como materiales primas básicas para la fabricación de todas clases de productos industriales Ahora teniendo una idea de lo que es la minería tendremos la facilidad de interpretar lo que es el derecho minero El presente informe denominado Manual de Derecho Minero e Hidrocarburos posee un contenido tanto temático como legal y busca analizar las disposiciones legales a través de los aspectos doctrinales y jurídicos que regulan la actividades mineras, así como los derechos y obligaciones de los titulares que se encuentran vinculados a estas actividades, que son de gran importancia en el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Nadie duda de la gran importancia de la industria minera en el devenir del hombre y en el desarrollo de la economía nacional. Esta afirmación no solo refleja una verdad del momento sino del fututo. Los minerales han sido y son indispensables para la vida del hombre y están presentes en todas las manifestaciones del quehacer humano. Los minerales nos proporciona energía, luz, calor y materiales para la manufactura de equipos, maquinarias, utensilios de la más diversa índole, armamentos, así como para la ejecución de obras de infraestructura y construcciones en general. Sin los minerales literalmente imposible.
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la vida del hombre seria
2. FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1.
Concepto del derecho minero
Antes de conceptualizar al derecho mineo, primero veamos que el termino derecho deriva de varias palabras latinas como por ejemplo directum y dirigere, que significa conducir, llevar rectamente una cosa a un lugar determinado sin desviarse o torcerse; también los romanos lo llamaban IUS. En conclusión diremos que la palabra derecho tiene una incierta etimología. “el derecho es
considerado como una ciencia que nos enseña a distinguir lo que es justo de lo que no lo es porque en nuestra relación nos comportamos respetando las normas jurídicas y éticas. El derecho pertenece al campo de la cultura, por ese motivo se presenta como un conjunto de normas elaboradas por los hombres con el propósito de realizar determinados valores en su existencia social; claro que con esta caracterización no se especifica lo esencialmente característico del derecho. De acuerdo a lo mencionado podemos definir al “derecho
minero como aquella
parte del ordenamiento jurídico público y privado que regula lo concerniente al dominio originario de las substancias minerales, las actividades relativas a la adquisición, constitución, funcionamiento, conservación y derivan”. Asimism o,
al derecho minero se le denomina también Derecho de Minería o Derecho de las Minas.
YACIMIENTO MINERAL El yacimiento mineral es llamado también "yacimiento minero". Contiene los minerales en gran proporción y se puede encontrar una gran variedad de estos, los que son susceptibles de explotación. En conclusión: Es el depósito donde naturalmente se hallan los minerales (existencia geológica). Es la concurrencia de uno o más minerales útiles, susceptibles de explotarse económicamente (existencia económica). Según García Montufar (citado por Martín Belaunde): "Cualquier depósito de minerales no es un yacimiento mineral. A los mineros les interesa concentraciones de mineral que produzcan ganancias".
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MINA En primer lugar, cuando se habla de mina se viene a la mente la explotación de los diversos minerales que se puedan encontrar, pero antes de poder definir el concepto de la mina, diremos que, etimológicamente, el término mina tiene su origen en el vocablo minare que equivale a "conducir" de donde se puede deducir que la mina es un conducto y por su extensión se aplica el término mineral. Es la excavación por medio de pozos, galerías, túneles, socavones o tajos abiertos para la extracción y explotación de minerales (naturaleza explotada por el hombre). Es el lugar donde se acumulan o encuentran los minerales por obra de la naturaleza, sinónimo de yacimiento pero desde un aspecto dinámico. Es el derecho otorgado por el Estado para la exploración y explotación de un depósito minero (otorgamiento de concesión minera). "La noción técnica de mina conlleva el de yacimiento, veta o filón y adquiere Vida jurídica con la concesión estatal" solicitada por el interesado y otorgada por el Estado a través del INACC. "El concepto de mina lleva inserto el de su trabajo por el hombre: es el yacimiento en un concepto dinámico". Escriche dice que es "aquella parte de la tierra en que se forman metales o minerales”; Antonio Aguilar García la define como "las sustancias útiles del
reino minero, cualquiera que sea su origen y forma de yacimientos, hállense en el interior de la tierra o en la superficie." Isidro Liesa de Sus da un concepto globalizador de la mina al decir que significa "depósito de minerales que constituyen propiedad (aspecto civil) y conjunto de los requisitos legales necesarios para la investigación y para la concesión hasta llegar a la explotación minera”
El concepto que más se asemeja a la mina es el que se define como "todo yacimiento mineral o recurso geológico del que puede extraerse, mediante su explotación industrial con el uso de técnicas mineras, una utilidad económica rentable para la comunidad"13. Considero que se puede concluir con esta postura porque hay que entender no sólo el lugar donde se encuentra el yacimiento, sino, además, que el mismo sea explotado con técnica minera, constituyendo dicha explotación una actividad industrial propia o singular.
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2.2.
Características del derecho minero
De este concepto de desprenden las siguientes características
El derecho minero no es público ni privado, su característica es mixto
Posee normas procesales propias, lo que demuestra que es un derecho especial
Existen dos tipos de concesiones; para explorar y para explotar
Existen sustancias susceptibles de aprovechamiento por:
El dueño del terreno superficial
El estado
Cualquier persona jurídicamente de la minería
Se encuentran en un lugar oculto
2.3.
Necesita de exploración Son agotables, por ello se extraen de ella productos
Sujetos y cosas del derecho minero
2.3.1. Sujetos Son sujetos de derechos minero el cateador o prospecto y el concesionario minero investido de la facultas de aprovechar económicamente los yacimientos otorgados por el estado por exploración y explotación El estado viene a ser el sujeto principalísimo y activo de esta rama del derecho, es el que regula esta actividad, concede el derecho para ejercer la actividad exploratoria y extractiva, fiscaliza el cumplimiento de obligaciones, impone sanciones, etc.
2.3.2. Cosas Las cosas son los yacimientos concedidos (las concesiones mineras), y los productos que se extraen, benefician y comercializan los minerales. Titulo minero A través de él se adquieren derechos y obligaciones, esto es de acuerdo a qué tipo de concesión minero otorga el estado
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De una relación jurídica entre los mineros, el estado y los propietarios del suelo donde se encuentran los yacimiento minero, productos del proceso de industrialización minera Sirve para la solución a los conflictos de intereses generados por las actividades mineras de prospección, cateo, exploración, explotación, beneficio, transporte y el comercio de minerales
2.4.
Evolución del derecho minero
2.4.1. Evolución Oro y plata, esa era la promesa que alentaba a los conquistadores españoles que años después del descubrimiento de Cristóbal Colón, comenzaron a aventurarse hasta el nuevo continente, desafiando primero las aguas del Océano Atlántico y luego las inhóspitas tierras andinas, en busca de la ciudad dorada que suponían, se encontraba en algún lugar de las montañas. Traían instrucciones precisas. “Todas las minas de oro, plata, plomo que se
encuentren en el dominio del Rey son de propiedad de éste y nadie puede trabajar en ellas sin su mandato”. Así comenzaba el título de minería del Ordenamiento de Alcalá, dictado por el rey Alfonso XI en el año 1348, primera disposición de la legislación castellana que regiría en los nuevos territorios descubiertos por la corona española. A falta de una legislación particular, las nuevas autoridades de
recurrirían durante años
a estos
textos hispanos,
“Indias”,
para aplicarlos
supletoriamente a las situaciones locales. Esas disposiciones permitían el libre cateo y la búsqueda de metales, aunque los mineros debían entregar a la Corona las dos terceras partes de todo el producido. Pero no fue lo mejor del viejo continente lo que llegó al sur de Méjico, en los primeros tiempos de la conquista. Cuando en 1544 el Capitán Juan Villarroel encontró, casi por casualidad, la primera gran veta de plata que tanto habían buscado, se desataron la codicia y la desorganización entre los mineros. El cerro rico bautizado luego Potosí en el Alto Perú (actual Bolivia), a 4700 metros de altura sobre el nivel del mar, era finalmente la ciudad dorada y a sus pies se 8
levantó una villa que en muy poco tiempo desbordó de riqueza las arcas españolas. Sin embargo, según crónicas potosinas de la época, tan pronto los conquistadores “encontraron fortunas fabulosas con la explotación de las minas,
se dedicaron a dilapidarlas importando perlas de Ceylan, especias de Malasia y telas de Oriente”.
Por eso, antes de cumplirse un siglo de la llegada de la Santa María, se hizo evidente que el nuevo territorio necesitaba una legislación particular para la minería. El primero en advertirlo fue Don Francisco de Toledo, virrey de Perú. Toledo comprendió que aquello “como es cosa natural ha de acabarse como todo se acaba algún día”. En realidad, el virrey vislumbró lo que sólo sucedería casi tres
siglos después, una vez que según las historias más dramáticas, el Potosí se cobrara la vida de 6 millones de personas, entre indios y esclavos que durante 300 años murieron en la tarea de arrancar los metales de aquel cerro. Así, Toledo se adelantó a su época y en el año 1574 dictó las Ordenanzas que llevan su nombre (Ordenanzas de Toledo) y que se convirtieron en el primer cuerpo legislativo sobre minería dictado en el territorio americano. De hecho, gran parte de las normas que luego formaron el Código de Minería Argentino fueron inspiradas en aquellas ordenanzas.
2.4.2. La mita y el pueblo minero La idea de Toledo, era aprovechar al máximo, la riqueza que brotaba del Potosí. A raíz de ello, introdujo el método de beneficio de los metales por medio del azogue, conocido como “sistema de patio de Bartolomé de Medina”. Hasta
ese
momento se utilizaba el sistema de fundición a través hornos. A medida que la ley del mineral bajaba, aumentaba la dificultad para obtener la plata. Entonces se crearon los patios, en dónde se construían estanques rectangulares de madera, dentro de los cuales se amalgamaba el metal con mercurio y sal.
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El virrey también fue el creador de la “mita”, un sistema de trabajo en las minas
por el cual llevó miles de indígenas al Potosí. Este sistema dio luego origen al “pueblo” que durante años rigió en el o rdenamiento minero argentino.
Toledo quería evitar que se abandonara la explotación de las minas, y a consecuencia de ello dedicó el título séptimo de las ordenanzas a señalar los procedimientos para desapoderar al minero que no trabajara sus pertenencias. A la obligación de trabajar la mina dentro de los tres meses de registrada y hacer un pozo de seis varas de hondo y tres de a ncho , “para alumbrar la veta” iba unida la sanción de considerar la mina como “despoblaba “ y adjudicarla al
primero que la pidiera. Además las ordenanzas eran estrictas con respecto al personal que obligatoriamente debía ocuparse (8 indios o 4 negros en las minas de 60 varas y 4 indios o 4 negros en las de 30 varas). De no observarse esta prescripción legal durante seis días continuos, se la daba por despoblada y se adjudicaba nuevamente. Las minas, ingenios, herramientas, metales, esclavos y demás elementos mineros eran inembargables y los acreedores no podían ejecutarlos. Tampoco podía encarcelarse a los mineros por deudas, fuera de la localidad en dónde trabajaban. Pese a las espantosas condiciones de trabajo de los indígenas, Toledo procuró atenuar los abusos a que se los sometía. Por eso, reglamentó las tareas “los
indios entrarán a trabajar hora y media después de salido el sol y a medio día se les da una hora para comer y descansar “. Sin embargo, años
más tarde ésta
disposición fue derogada por otras que volvían a establecer el trabajo “de sol a sol”
En cuanto a los descubrimientos y registros, las ordenanzas toledanas establecían que ningún minero tuviera más de seis minas en su poder por ningún motivo, pudiendo denunciarse las “demasías”, pasando éstas a poder del denunciante. En
cuanto a las medidas, el descubridor podía tener una de 80 por 40 varas, más otra que no fuera contigua de 60 por 30. A continuación de la mina descubierta, llamada “la descubridora”, se debía dejar una mina para la Corona. Esa era la mina “del Rey” o de su Majestad. En caso de que los descubrimientos se
hicieren en fundos privados, el minero estaba obligado a entregarle al propietario del suelo, el uno por ciento del producido de la mina. 10
Otro instituto que pasó a nuestra codificación fue la posibilidad de “seguir la veta” cuando por su inclinación se internaba en pertenencias ya registradas
debiéndose repartir entre ambos propietarios el metal obtenido.
2.4.3. Nueva España Sin embargo dos siglos después de la aplicación en las indias de las ordenanzas de Toledo, un grupo de mineros mejicanos presididos por don Joaquín de Velázquez Cárdenas de León se dirigieron al viejo continente para exponer la desorganización en que se encontraba la minería del virreinato la inexistencia de un gremio organizado de mineros, y la necesidad de formar personal técnico adecuado para el mejor aprovechamiento de los metales. Fue así como en 1783 se sancionaron las ordenanzas de Nueva España (Méjico) que vinieron a reemplazar a las de Toledo y se aplicaron en varios países de la región inclusive en el nuestro. A estas ordenanzas se le debe la creación de los Bancos de Avíos para “formar, conservar y aumentar el Fondo dotal de la Minería ” además de gran parte de la burocracia que imperó en la materia durante muchos años. Se establecieron diputaciones mineras dónde los mineros debían registrar sus descubrimientos quedando obligados a realizar dentro de los noventa días un pozo de una vara y media de ancho por diez de hondo para que uno de los diputados, asistido por un escribano de minas determinara las características de la mina denunciada. Existía también un Real Tribunal de Minería para resolver los conflictos que se presentaban en la actividad. Este tribunal estaba incluso por sobre las diputaciones mineras. Se crearon además
juzgados penales de minería y
Juzgados de Alzada que se integraban con un oidor que nombraba el virrey y dos mineros, a fin de que se apelaran allí los pleitos de más de 400 pesos. Había cuerpos de peritos facultativos de minas y peritos beneficiadores, que obligatoriamente debían asistir a los mineros en sus trabajos y adecuar éstos a las reglas de la ciencia mineralógica.
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2.4.4. El reglamento de mayo Las ordenanzas de Nueva España fueron aplicadas casi inmediatamente después de su sanción, en Méjico, Chile y Perú. Sin embargo, en un principio fueron resistidas en el Río de la Plata. Aquí se pretendía una legislación propia, adecuada a estos territorios. De cualquier manera, pasaron varios años antes de que la Asamblea del año XIII abordara el problema con decisión dictando un reglamento conocido como “Reglamento de Mayo”. Este si
bien no innovaba con respecto a la vigencia de
las ordenanzas de Nueva España avanzaba sobre ellas en varios aspectos.
La ley creada por el ministro de Hacienda del Triunvirato don Manuel José García, abría un nuevo campo a la industria minera aceptando el provechoso concurso del extranjero y dando por tierra con las medidas de rigor que contra ellos contenían las demás legislaciones. Desde el punto de vista económico, se establecían medidas saludables como la facultad de exportar metales y la posibilidad de obtener ventajas para el comercio y la explotación.
2.4.5. El bando de Barrenechea. Sin embargo el reglamento de la Asamblea no tuvo el éxito esperado. En aquel momento la explotación minera nacional no despertaba demasiado interés en el exterior y los preceptos de García cayeron en desuso. Fue entonces cuando alrededor de 1818, el gobernador de La Rioja Diego de Barrenechea se acercó al gobierno central para que éste interviniera en el “Famatina” única esperanza local de obtener minerales, luego que en 1815 se
perdiera el Potosí con la creación del Virreinato del Río de la Plata. Barrenechea aspiraba a que se reimplantaran las ordenanzas de Toledo. El gobernador no estaba de acuerdo con las normas de Nueva España que le habían otorgado demasiada autoridad a las diputaciones de mineros “cometiéndose toda 12
clase de abusos ya que estos se hacen de las mejores minas y dejan a los demás mineros a su arbitrio y sin dirección alguna”
A raíz de ello, el Director Supremo Pueyrredón, aceptó que el riojano dictara un “Bando o Reglamento “de 27
artículos en el que regulaba la actividad de los
mineros de la zona ”. Barrenechea estableció la existencia de un libro o registro dónde se asentarían todas las partidas de las posesiones mineras y la obligación de los mineros para que en el término d e 30 días tomen sus pertenencias “y las amparen con sujeción a las ordenanzas peruanas”. De ésta manera, regresó al sistema de “pueble” que había creado la normativa
del virrey Toledo. El Bando de Barrenechea que había sido jurado por los mineros el 19 de mayo de 1818 recibió duras críticas. Las principales las efectuó el alcalde veedor de Famatina, don José Víctor Gordillo, quien lo acusó de haber sido impuesto por la fuerza, abochornando a los mineros que se negaron a cumplirlo. Por otra parte Gordillo afirmaba que el Bando contradecía las Ordenanzas de Nueva España derogando la jurisdicción de los jueces y diputados mineros y obligando a los propietarios de las minas a llevar las causas ante el mismo Barrenechea. Este según las palabras del alcalde “se hizo juez privativo del gremio sin haber hecho saber hasta la fecha los despachos que lo acreditan”
A partir de 1820 y hasta 1853 el derecho minero patrio entró en un cono de sombras. Las provincias actuaban de acuerdo al poder público que las dominaba y cada una puso en vigencia sus reglamentaciones. O bien ratificaban la vigencia de las Ordenanzas de Nueva España o bien le introducían modificaciones de acuerdo a los intereses del gobierno de turno. Según el historiador Joaquín V. Gonzalez “los antiguo s
dueños de minas las
conservaban ya sea porque nadie se aventurase a pleitos de denuncio por despueble o abandono ya porque refugiados ellos mismos en las soledades de los montes sirviesen de amparo a sus propias concesiones.” 13
2.4.6. El estatuto de hacienda y crédito Finalmente luego de años de vacío legal, la Constitución Nacional de 1853, encomendó al Congreso la tarea de dictar el Código de Minería. Hasta tanto se elaborase ese cuerpo legal el organismo sancionó ese mismo año, el Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación cuyo título X estaba dedicado a la Minería. Esa norma, creada por el diputado Mariano Fragueiro, comenzaba estableciendo nuevamente la vigencia en todo el territorio nacional de las ordenanzas mejicanas con las modificaciones que hubiesen establecido las provincias. Pero también introducía la figura del “canon minero” para cons ervar
la
propiedad de las minas derogando el sistema de amparo, y la obligación de “trabajo” exigidas por las ordenanzas. El artículo 11 del Estatuto aclaraba: “No
es legal el título de propiedad sobre una mina, si no está registrado o si no se ha pagado la contribución. La mina poseída con título legal no puede denunciarse por ningún otro ar tículo o disposición de la ordenanzas de minas”. La aplicación del Estatuto no fue uniforme. Muchas provincias lo ignoraron, y en otras se suscitaron graves controversias que terminaron en la Corte Suprema de Justicia. La confusión legislativa era tal, que aun cuando el máximo tribunal decretó en varios fallos la vigencia de la ley de Fragueiro, las distintas jurisdicciones continuaron aplicando sus propias leyes.
2.4.7. La codificación No fue fácil conseguir una ley uniforme y menos lograr que la misma convirtiera al país en una nación con minería. De hecho pasaron muchos años antes de que esto sucediera. En 1862, el Poder Ejecutivo, encomendó a don Domingo Oro la elaboración de un proyecto de Código Minero. Oro era un destacado político, entendido en cuestiones de minería ya que había sido diputado de minas en San Juan. El jurista tardó un año en entregar su trabajo. Sin embargo éste Código nunca se sancionó. 14
Según comentarios de Pedro Agote “la atribución de la propiedad minera a la Nación en perjuicio de las provincias en dónde se encontraban los yacimientos había sido la causa decisiv a de su postergación “sine die” pues estaba en pugna con los principios federativos de la Constitución Nacional.”
Sólo veinte años después de aquel intento, el 1 de mayo de 1887 la legislatura convirtió en ley el proyecto de Código Minero que había pergeñado el jurista cordobés Enrique Rodríguez. Rodríguez tomó como base de su obra, el proyecto que había realizado Oro pero entre otras cosas modificó el artículo que otorgaba la propiedad de las minas a la Nación. En adelant e ese párrafo se leería “la propiedad de las minas será de la Nación o de las provincias según dónde estén ubicadas”. Pese a ello fue severamente criticado. El motivo: No haber logrado superar las ordenanzas mejicanas que tantos conflictos habían causado en la minería nacional. Según el abogado Manuel Sáez juez de San Luis y uno de los más acérrimos opositores a la obra de Rodríguez : “el Código no se separa en un solo punto importante de la legislación vigente a la cual hay que atribuir el estado deplorable de la industria minera en nuestro país, deja sin satisfacer la necesidad que se manifestó de tener un código para dar impulso a una industria minera muerta que puede con una reglamentación distinta, convertirse más o menos tarde en una fuente abundante de riqueza nacional”
2.5.
El derecho minero en el Perú
Es propia de la civilización inca, donde contenían los metales preciosos que eran de propiedad del inca, cuyo aprovechamiento se realizaban los habitantes para aprovechar las sustancias minerales. Este derecho fue no escrito ya que no consta en documento alguno, sin embargo resulto claro que las minas eran de propiedad del inca
En esta etapa el aprovechamiento era para el inca, se explotaba minas a través de la mita 15
2.5.1. Derecho indiano Las minas pasan a ser propiedad de la corona, donde el rey mantenía dominio sobre ellas, inicialmente de carácter absoluto, pero luego se aperturo las minas de la colonia, y más tarde de permitió que lo hijos de españoles nacidos en la colonia puedan dedicarse a la actividad minera. En esta etapa se implanta el viejo derecho castellano o también llamado derecho de castilla. El aprovechando de los minerales significa que las personas que lo hacía tenía que pagar tributos que se le conocía como los diezmos o regalías o en todo caso consistía en la entrega a la corona de parte de los minerales extraídos.
Esta etapa se caracteriza por el “traspase del derecho europeo
a la
colonia”.
Las minas pertenecían al imperio incaico y después pasan a ser propiedad de la corona.
Se estableció el sistema de regalías donde el rey explotaba las minas por cuenta propia
Después de la apertura del dominio, los que podían explotar y luego progresivamente se aperturo para los hijos de europeos nacidos en la colonia (criollos).
Comprende hasta la independencia.
2.5.2. Derecho intermedio republicano Comprende desde el 28 de julio de 1821 y se extiende hasta el año 1900. Esta etapa en cuanto a normatividad fue muy azarosa (difícil, complicado) teniendo en cuenta la inestabilidad existente en los gobiernos de la nueva república. Se procuró establecer legislación ordenada y adecuada, sin embargo por los gobiernos inestables no s logro establecer un legislación sistemática en materia minera. El gran aporte de esta etapa es que por primera vez apareció legislado en el Perú el
“derecho de vigencia”,
entendido como aquel monto que abona el titular de un derecho minero; el
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derecho de vigencia se promulgo durante el gobierno del brujo de os andes “Andrés Avelino Cáceres)
2.5.3. La era codificadora Se inició en el año 1900 y que perdura hasta la actualidad. En esta etapa se busca establecer una normatividad ordenada y sistemática que regule aprovechamiento de mineral, es así que nacen los famosos códigos de minería o leyes especiales La era codificadora comprende de 5 normal.
Código de minería de 1900 Promulgada por el presidente Eduardo López de Romaña, es un código de corte aristotico en la menuda que se dio facilidades para la explotación del mineral en base al status social en aquel entonces la clases dominante burguesa tenia preferencia para el aprovechamiento del mineral, el desmedro de las clases inferiores.
Código de minería de 1950 Promulgado durante el gobierno de Manuel N. Odria, conocido como un código de carácter restauradora donde se aperturo la minería a fin de que las clases sociales que no pudieron hacerlo también puedan invertir en la minería.
Decreto ley N 18880 Fue dictada por el general Juan Velasco Alvarado, algunos critican esta norma por cuanto la consideran retrograda (partidario de ideas, actitudes, etc. Propias exclusivamente de tiempos pasados y enemigos de cambios e innovaciones) y de corte estática. En esta etapa aparece el boom de las estatizaciones, grandes empresas fueron estatizadas (es el conjunto de disposiciones y operaciones mediante las cuales el estado asume en forma variada la administración de empresas privadas) lo que a la larga trajo consigo retroceso en la actividad minera.
Esta norma fue expedida por gobierno de facto (gobiernos militares).
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Fue una norma nefasta porque estableció grandes confiscaciones de las empresas mineras en aquel entonces.
2.5.4. Decreto legislativo N 109 Fue promulgada por Fernando Belaunde Terry, en un gobierno democrático; que significo la apertura de la minería a los peruanos y foráneos estableciendo seguridad a aquellos inversionistas en materia minera.
2.5.5. Decreto supremo N 14-92-EM (TUO L.G.M.) Promulgado durante el gobierno de Alberto Fujimori, es una norma que tiene mucho matices, en especial seguridad y garantía para el inversionista minero sea nacional o extranjero; el establecimiento de contratos mineros especiales aplicables a la minería como por ejem plo el “contrato de joint venture” que para el derecho minero es un contrato típico; también regulo lo concerniente e los contrato d estabilidad jurídica o también llamados contratos civiles.
2.6.
Relación de derecho minero con otras ramas del derecho a. Con el derecho constitucional El derecho minero se halla en más íntima y directa relación. El derecho constitucional es primero por importancia, ya que más que rama puede decirse que constituye el tronco del cual todas las ramas se desarrollan y toman vida, base sobre la que todas las ramas se fundan. b. Con el derecho administrativo Tiene también estrecha relación el derecho minero, debemos recordar que de manera especial que el derecho minero formaba un capitulo administrativo en los regímenes legales científicos y que, al alcanzar un desarrollo que le permitió llevar una vida independiente, seguido participando sobre relativo la naturaleza del derecho minero nos habla bien claramente de las relaciones íntimas y variadas entre la ciencia jurídica minera y el derecho administrativo. Aun cuando genéticamente 18
el derecho minero sea una derivación del administrativo, actualmente vuelven en esferas totalmente independientes. Queda dicho de este modo que compartimos la posición de algunos autores que sostienen que el derecho minero es parte del administrativo bajo la afirmación de la tarea del primero, considerada en relación al segundo, consiste en especificar y desarrollar ciertos institutos con este último, según la exigencia de la economía minera y con análoga situación en la que se halla el derecho agrario respeto al civil. Así se sostiene que la esfera de las relaciones de derecho público es atinente a la actividad minera; derecho administrativo es el derecho ordinario y general de la materia, y el derecho minero el especial. Tal es la posición de abbat. Desde luego que tanto n el campo administrativo como en el minero, el estado desarrolla una actividad similar ya que tiende al bienestar colectivo, mas resulta evidente que la equivalencia en la actuación de uno de los sujetos y la forma como se concretiza esa actuación, no basta para concluir en la existencia de una relación de dependencia entre estas dos ramas del derecho. Entre nosotros, enseña Rafales Bielsa: el derecho de minería también está vinculado al derecho administrativo en cuanto la propiedad privada de las mismas de las dos primeras categorías, en nuestro régimen legal es siempre adquisición derivada, ya que la propiedad originaria es del estado. Y tanto los modos de adquisición como de conservación de ella están sometidos a un régimen esencialmente administrativo, según veremos al ocuparnos de la adquisición y de la explotación de las minas c. Derecho civil.
Se relaciona principalmente en los trámites mineros administrativos se tornan contenciosos, la norma adjetiva se aplica en los recursos ordinarios de recusación y contenciosos administrativos. Además en lo que respecta a personas, derechos reales y contratos principalmente. d. Derecho comercial Cuando se trata de sancionar o castigar delitos comunes cometidos dentro de las actividades mineras relacionados al robo, hurto de 19
minerales, estafa, tráfico clandestino, despojos, como también al delito de prevaricato cometido por la autoridad administrativa minera. e. Derecho laboral Establece las condiciones en la que deben desarrollar las actividades mineras es decir en salud, higiene, seguro y beneficios sociales del trabajador minero, además la regulación de la relación obrero patronal. f. Derecho ambiental El Derecho Ambiental es un derecho moderno y en la actualidad tiene una estrecha relación con el Derecho Minero, toda vez y de manera obligatoria dispone que todo concesionario (sujetos o actores productivos mineros) antes de iniciar su trabajo o su actividad minera debe adecuarse a lo dispuesto en la Ley del Medio Ambiente.
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2.7.
Derecho minero público y privado
2.7.1. Derecho publico El derecho minero es derecho público porque: El estado es propietario originario de los yacimientos minerales, (Art. 66 de la constitución y Art. II del T.P. del TUO) Es derecho público porque nuestro ordenamiento legal autoriza al estado, mediante sus empresas estatales, a ejercer actividades mineras (Art66 de la constitución y Art. 24 del TUO) Es derecho público porque el ordenamiento legal señala taxativamente los derechos y obligaciones de los titulares de derechos mineros (Título V y VI del TUO) Es derecho público porque el incumplimiento de determinas obligaciones provoca la pérdida del derecho minero (Titulo VII TOU) Es derecho público por cuanto el estado, ejerce control permanente del ejercicio de actividades mineras (Art. 49 y 50 del TUO)
2.7.2. Derecho privado El derecho minero es derecho privado porque: El TUO contiene constantes remisiones al derecho común (Atr. 162 de TUO relativo a los contratos mineros que remite su normatividad a derecho común) Del mismo modo la relación a las sociedades contractuales mineras que se regirán por la ley general de sociedad, salvo las disposiciones especiales de TUO. Es decir, el derecho resultaría público o privado
según a quien
colectividad o individuo le aproveche la utilidad propuesta. El derecho público regularía entonces la estructura del estado y sus relaciones con los individuos; el derecho privado fijaría los derechos subjetivos de los particulares y las relaciones de estos entre si
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2.8.
Fuentes del derecho minero
El derecho minero reconoce las más diversas fuentes. “la elaboración del
derecho de las minas expresa Vivacqua no se realiza en las retortas legislativas del estado. Es también obra de la costumbre o de esta combinada con jurisprudencia y a veces es florecimiento espontaneo y súbito de la sociedad. La ley minera siempre como planta cultivada en las bibliotecas y en los parlamentos. El fuete inmediato y principal de producción y conocimiento de derecho minero lo constituye, sin duda alguna la legislación. Ella no se limita de las leyes vigentes, pues comprende también las leyes antiguas en cuanto ha regulado las cuestiones atinentes al derecho minero desde la antigüedad hasta nuestros días e inclusive hacia el fututo si las mismas contienen previsiones que no corresponde todavía a una realidad geológica determinada. Integran también las fuentes de derecho minero, aunque en forma mediante, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia. La costumbre juega en el derecho minero inglés y norteamericano un papel substancial y si bien no lo tiene en el mismo grado en otros países llena siempre una función sumamente importante como fuente de derecho minero Durante la época colonial, fue el derecho consuetudinario que sirvió de base a las monumentales obras legislativas que nos legó España y a los códigos que se distaron después de la independencia El Código de Minería argentino, por ejemplo, fue estructurado en base a los usos y costumbres que imperaban en la época, de los cuales tomó no solo importantes reglas, sino también el rico y particular lenguaje consagrado a través del tiempo. Actualmente, la incorporación de los principios prácticos y científicos que proporciona la ciencia en su incesante progreso se va traduciendo, a virtud de su repetición en la explotación minera, en un verdadero Derecho consuetudinario. La doctrina tiene descollante función como fuente del Derecho Minero, pues es a las construcciones teóricas de los autores que se debe la sistematización científica alcanzada por esta disciplina y que, como ya lo dijimos, ha sido lograda en época reciente. La jurisprudencia, por último, como fuente del Derecho Minero, ha logrado un rango prominente, en especial aquella que 22
aparece constituida por las decisiones de las autoridades mineras a cuyo cargo se halla la aplicación de los códigos, leyes y reglamentos mineros. La jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales carece, en cambio, de la misma importancia, dado que el ámbito de actuación de los mismos se encuentra limitado, en general, a las cuestiones que se suscitan entre particulares, con motivo del ejercicio del Derecho que deriva del permiso de la concesión. Sostiene al respecto Vivacqua que el Derecho Minero "emana también de la jurisprudencia, especialmente de la administrativa, dada la creciente intervención del Estado en la minería. Las sentencias de nuestros tribunales son antes interpretativas que constructivas. Por otro lado, la preponderancia de la jurisdicción administrativa en materia de minería, circunscribe la acción de la justicia
2.9.
ordinaria".
Ámbito de la legislación minera
Artículo 1.- Objeto y Ámbito de Aplicación El presente Decreto Legislativo tiene por objeto establecer disposiciones para el proceso de formalización minera integral a efectos de que éste sea coordinado, simplificado y aplicable en el ámbito del territorio nacional.
Artículo 2.- Definiciones Para efectos de lo establecido en el presente Decreto Legislativo, se define como: Minería Formal.- Actividad ejercida por persona, natural o jurídica, que cuenta con autorización de inicio o reinicio de actividades de exploración, explotación y/o beneficio de minerales y/o título de concesión de beneficio emitida por la autoridad competente. Minería Informal.- Actividad minera realizada en zonas no prohibidas por aquella persona, natural o jurídica, que se encuentre inscrita en el Registro Integral de Formalización Minera cumpliendo con las normas de carácter administrativo y además, con las condiciones previstas en el artículo 91 del
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Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 014-92-EM.
Artículo 3.- Requisitos para la culminación de la Formalización minera integral 3.1 La formalización minera integral, puede ser iniciada o continuada, según sea el caso, por el sujeto inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera que realiza su actividad cumpliendo con lo siguiente: 1. Aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal – IGAFOM o del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo cuando corresponda. 2. Acreditación de Propiedad o Autorización de Uso del Terreno Superficial. 3. Acreditación de Titularidad, Contrato de Cesión o Contrato de Explotación respecto de la concesión minera. 3.2 No será exigible la presentación del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, siendo suficiente la presentación de una Declaración Jurada sujeta a fiscalización posterior por parte del Ministerio de Cultura. Además de lo señalado en el párrafo anterior, el Ministerio de Cultura tiene acceso al mecanismo de la Ventanilla Única que contiene la información del Registro Integral de Formalización Minera. 3.3 La Dirección y/o Gerencia Regional de Energía y Minas, o quien haga sus veces, emite, de corresponder, la autorización de inicio o reinicio de actividades mineras de explotación y/o beneficio de minerales y/o título de concesión de beneficio, considerando el cumplimiento de los requisitos citados en el presente artículo. 3.4 Los requisitos a que se refiere el presente artículo, pueden ser tramitados o acreditados de manera simultánea. 24
3.5 El Ministerio de Energía y Minas establece mediante Decreto Supremo, en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, las disposiciones complementarias referidas a los numerales 2 y 3 del párrafo 3.1 del presente artículo, así como de la autorización de inicio o reinicio de actividades mineras de explotación y/o beneficio de minerales y/o título de concesión de beneficio.
Artículo 4.- Restricciones para el Acceso al Proceso Las personas naturales o jurídicas que ocupen áreas no permitidas para el ejercicio de la minería, tales como zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, reservas indígenas, reservas territoriales en proceso de adecuación y otras de acuerdo a la legislación vigente no pueden acogerse al proceso de formalización minera integral.
Artículo 5.- Responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos Los funcionarios y servidores públicos de los Gobiernos Regionales y de los Ministerios, así como de aquellas entidades adscritas a dichos Ministerios, que no cumplan con lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo y su normativa complementaria, incurren en responsabilidad administrativa. La Contraloría General de la República en el marco de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, determina las responsabilidades para la aplicación de las sanciones y que correspondan a aquellas personas que se encuentren dentro de los alcances del párrafo precedente; sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales a que hubiere lugar
2.10. Principios del derecho minero
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Los principios rectores del Derecho Minero se encuentran regulados en el Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (TUOLGM), y que por su trascendencia sirve de base para dicho cuerpo normativo. Son aspectos fundamentales y trascendentales que regulan jurídicamente a la actividad minera, son los siguientes:
PRIMERO: El radio de acción del TUOLGM comprende la regulación jurídica de la sustancias minerales concesibles que se encuentren en el suelo, subsuelo, ríos, lagos y fondos marinos; están excluidos del ámbito de la Ley Minera el petróleo e hidrocarburos análogos, los recursos geotérmicos, aguamineromedicinales y los depósitos de guano, que tienen una regulación aparte y distinta al derecho minero.
SEGUNDO: El TUOLGM (Texto único de la Ley General de Minería) adopta el sistema dominalista, también llamado Demanial concordante con el artículo 66º de la Constitución Política donde se prescribe que el Estado tiene un dominio absoluto sobre los minerales, y los particulares tienen un dominio derivado o relativo.
TERCERO: El aprovechamiento de la sustancia mineral se realiza a través de las personas naturales o jurídicas, y estas su vez en forma empresarial donde para extraer el mineral debe contar con una concesión así como cumplir con los requisitos establecidos en la Ley, así como las condiciones resolutorias esto es cumplir con el amparo por el trabajo, pagar el derecho de vigencia y otros. Las concesiones mineras son otorgadas a plazo indefinido es decir mientras el concesionario cumpla con sus obligaciones se mantendrá vigente la mina. Tratándose de concesiones otorgadas en zonas urbanas el plazo es limitado y deben ser renovadas periódicamente.
CUARTO: El Estado reconoce la categoría de productores mineros, inicialmente son 3 “Gran productor minero”; “Mediano productor minero”; “Pequeño productor minero”. En la actualidad se agregó otro más que es el “Minero artesanal”. En todos los ámbitos el Estado promueve la minería, salvo
el minero artesanal que tiene ciertas franquicias otorgadas por el Estado.
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El Estado promueve a los 3 productores mineros y protege al minero artesanal.
QUINTO: Los recursos minerales se explotan bajo el sistema del amparo por el trabajo, es decir la mina debe ser trabajada, así mismo el concesionario debe cumplir con los compromisos asumidos, como es la inversión mínima.
SEXTO: La promoción en minería es de interés nacional, por lo que adquiere superioridad frente al simple interés privado.
SÉTIMO: El TUOLGM regula lo concerniente a las actividades mineras, donde hace modificaciones sustanciales a diferencia de la ley anterior, por cuanto unifica la concesión de beneficio con la actividad de refinación por una cuestión administrativa.
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