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accionante se le reponga en la posesión de la totalidad del lote de terreno 04, Manzana “D”, Urbanización “El Mayorista”; que en el fundamento seis se expresa que la acción la ejerce a efecto que la demandada María Moraima Sánchez Calderón viuda de Cheffer respete el área que efectivamente su padre y causante Julio Campana Jimeno le vendió y comprende un área 195.31 metros cuadrados del solar y desocupe y entregue a su persona el resto de área que forma parte del lote de terreno 04, manzana D, la que deberá ser determinada por los peritos en su informe respectivo. Que en el trámite del presente proceso se han realizado diversos informes periciales respecto de la fracción de terreno que corresponde a cada parte, llegándose establecer la existencia de una superposición; que con la actividad probatoria no se ha logrado identi ficar correctamente el bien objeto de la acción, pues el actor ha solicitado la reivindicación de una fracción de lote de terreno; sin embargo, se emite sentencia otorgándole derecho sobre la totalidad del bien materia de litis; en consecuenci consecuencia, a, según el artículo 196º del Código Procesal Civil, la parte actora debe probar lo que alega. Sexto.- Que, para el ejercicio de la acción reivindicatoria deben concurrir los siguientes elementos: a) a) que que se acredite la propiedad del inmueble que se reclama; b) que el demandado posea la cosa de manera ilegítima o sin derecho a poseer; y, c) c) que que se identi fique el bien, materia de restitución. En tal sentido, la acción debe ser ejercitada por el propietario que no tiene la posesión del bien; que esté destinada a recuperar el bien, no el derecho de propiedad; que sea dirigida contra el poseedor no Sétimo.propietario; y, que el bien esté determinado. Sétimo .- Que, de lo actuado en autos se veri fica que los órganos jurisdiccionales de mérito no han realizado una valoración conjunta y razonada de los medios probatorios, en virtud de lo alegado por la recurrente, como sustento de hecho de su pretensión, siendo que la motivación debe hallarse referida justamente a la probanza de los hechos que inciden en la viabilidad de la acción incoada; que el demandante pese a demandar la reivindicación de la totalidad del bien, materia de litis, en el desarrollo de los fundamentos fundamentos fácticos de la demanda re fiere que una fracción del terreno materia de la litis es de propiedad de la demandada; que así se advierte, la alegada vulneración al debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales; por lo que, las instancias de mérito deben expedir nuevos pronunciamientos, teniendo en cuenta los informes periciales practicados en autos sobre el bien materia de litigio, a efecto de buscar la verdad jurídica objetiva, como sustento de una Octavo.sentencia justa. Octavo .- Que, es pertinente señalar que el debido proceso es aquél que satisface todos los requerimientos, condicioness y exigencias necesarias para garantizar la efectividad condicione del derecho material, lo que no han tenido en cuenta las instancias de mérito al emitir su decisión, lo que constituye una negación a la tutela jurisdiccional efectiva. Que habiendo esta Sala Suprema arribado a dicha conclusión, carece de objeto pronunciarse sobre el recurso de casación interpuesto por Marino Zúñiga Lara. V. DECISIÓN: A) Por estos fundamentos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 396 inciso 3 del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO FUNDADO el recurso de casación interpuesto por María Moraima Sánchez Calderón viuda de Cheffer, obrante a fojas dos mil setenta y dos; en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fojas dos mil treinta y cinco, expedida con fecha primero de octubre del dos mil trece; e INSUBSISTENTE la apelada de fojas mil ochocientos diez, su fecha veintinueve de enero del dos mil trece emitida por el Primer Juzgado Civil ORDENARON que el Transitorio de Descarga de Trujillo. B) ORDENARON A’quo emita nueva resolución teniendo en cuenta las A’quo consideraciones expuestas por este Supremo Tribunal. C) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el DISPUSIERON diario oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Ana María María Irene Irene Grijalva Grijalva Iturri Iturri y otros, con con María María Moraima Moraima Sánchez Sánchez Calderón Viuda de Cheffer; sobre reivindicación; y los devolvieron. intervino como ponente, la Juez Supremo señora del Carpio Rodríguez.. Integra esta Sala Civil el señor Juez Supremo Miranda Rodríguez Molina por vacaciones del Señor Juez Supremo Almenara Bryson. SS. WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA 1
MICHELETARUFFO, La Prueba, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid 2008 . p. 131.
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CAS. Nº 49-2014 CAJAMARCA Interdicto de recobrar. Sumilla Sumilla..- Interdicto de recobrar . Para la interposición de un interdicto, sea de recobrar o retener, se deben cumplir los siguientes requisitos: a) proceden respecto de muebles inscritos y de inmuebles, sean inscritos o no inscritos, b) el demandante debe acreditar la posesión fáctica sobre el bien, sin discutir el titulo en virtud al cual posee, menos aun la propiedad; c) se deben probar los actos de despojo o perturbación; y, d) se debe precisar la época en que se realizaron dichos actos. En el caso del interdicto de recobrar, además, se debe cumplir lo siguiente: i) se demuestre el desapoderamiento o despojo del bien, el que puede ser con o sin violencia; ii) el despojante releve al despojado del goce del bien; y, iii) no haya existido proceso previo. Arts. 921º del CC., 598º, 600º y 603º del CPC. Lima, doce de agosto de dos mil
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catorce.- La SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; REPÚBLICA; vista la causa número cuarenta y nueve - dos mil catorce, en audiencia pública llevada a cabo el día de la fecha y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO En este proceso de interdicto de recobrar, es objeto de examen el recurso de casación interpuesto por el demandante Nirio Mendoza Inca mediante escrito de fojas cuatrocientos sesenta y tres, contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de octubre de dos mil trece, obrante a fojas cuatrocientos veintinueve, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que revoca la sentencia apelada de fecha veintisiete de diciembre de dos mil doce, obrante a fojas trescientos cuarenta, en el extremo que declara fundada en parte la demanda, y reformándola declara infundada dicha demanda. II. ANTECEDENTES 1. Demanda Mediante escrito obrante a fojas sesenta y dos, presentado el catorce de marzo de dos mil doce, modi ficado por escrito de fojas ochenta y cinco, Nirio Mendoza Inca y Elva Jaqueline Chuquilín Vásquez interpusieron demanda contra Carlos Enrique Loayza Tam y Jacqueline Flor Grau Araníbar, solicitaron como pretensión principal interdicto de recobrar del inmueble de quinientos ochenta y cuatro metros cuadrados, que se encuentra cercado por una barda de material noble de tres metros de altura y sin ninguna construcción en su interior, ubicado en la Avenida Hoyos Rubio sin número, Sector Columbo, Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca; asimismo, propusieron como pretensión accesoria una indemnización por daños y perjuicios por el monto de treinta y cinco mil nuevos soles. 1.1. Los actores sostienen que han ejercido de manera continua la posesión del mencionado inmueble desde el veinticuatro de agosto de dos mil dos, momento en que lo adquirieron al entregar el dinero como precio de dicha venta a los demandados, precisando que la posesión la han ostentado hasta el veintiuno de enero de dos mil doce, fecha en que fueron despojados del bien. 1.2. Señalaron que, en posesión del predio, realizaron diversas actividades, actividades, entre ellas, la celebración de once contratos para la limpieza del inmueble, la construcción de zanjas para cimientos en agosto del dos mil once, y la contratación de servicios de un arquitecto para la confección de los planos de la futura edificación. 1.3. Precisaron los actores que el inmueble tiene un área de mil doscientos sesenta y uno metros cuadrados, habiendo individualizado a su favor un área de quinientos ochenta y cuatro metros cuadrados; no obstante ello, el inmueble continúa inscrito en los Registros Públicos a nombre de los demandados. 1.4. Señalaron que los demandados –aprovechando un viaje que realizaron- cambiaron el candado de la puerta de ingreso al inmueble y, consecuentemente, con fecha veintiuno de enero de dos mil doce, los despojaron de la posesión, impidiéndoles el acceso al predio. 1.5. Ante el reclamo por el ilícito proceder de los demandados, éstos respondieron señalando que los habían despojado del inmueble porque habían decidido ya no vender el predio. 2. predio. 2. Contestación de la demanda. Mediante escrito obrante a fojas ciento cuarenta y uno, presentado el veinticinco de abril de dos mil doce, los demandados contestaron la demanda, negándola y contradiciéndola en los siguientes términos: 2.1. Negaron haber tenido conversación alguna con los demandantes respecto a la venta del inmueble. 2.2. Señalaron que no existe ninguna prueba que acredite la presunta posesión que los demandantes habrían ejercido sobre el bien, pues no existe construcción de casetas, ni se evidencia que el terreno haya sido sembrado y/o utilizado; por el contrario, los emplazados a firman que ellos sí estuvieron en posesión constante del bien. 2.3. Sostuvieron que son los propios demandantes los que, aprovechando la ausencia de los recurrentes, ingresaron de manera ilegal al inmueble para levantar un cerco, sin que dicha construcción estuviera autorizada por los demandados. 2.4.Finalmente, los demandados reconocieron la intención de vender el cuarenta por ciento del predio a los demandantes, a razón de cincuenta dólares norteamericanos el metro cuadrado, sin embargo, éstos nunca terminaron de pagar el precio total; por lo tanto, la promesa de compraventa nunca llegó a concretarse. Inclusive indicaron que solicitaron la cuenta corriente de aquellos para devolverles el dinero que tiempo atrás entregaron. 3. Puntos controvertidos En la Audiencia de Conciliación, Conciliac ión, cuya acta obra a fojas doscientos sesenta y dos, se fi jaron los siguientes puntos controvertido controvertidos: s: a. Determinar si los demandantes han estado en posesión real y efectiva del inmueble de quinientos ochenta y cuatro metros cuadrados de área que se encontraría cercado por una barda de material noble de tres metros de altura y sin ninguna construcción en su interior, ubicado en la Avenida Hoyos Rubio sin número, Sector Columbo, Cajamarca, que compone aproximadamente aproximadament e la mitad no construida del predio inscrito en los Registros Públicos a nombre de los demandados; o si dicha posesión siempre ha sido ejercida por éstos. b. Establecer, en caso se acredite el punto anterior, si los demandantes han sufrido o no despojo del bien antes aludido por parte de los demandados; y si tal hecho ha ocurrido dentro del año anterior a la interposición de la demanda. c. Determinar en el supuesto que los temas anteriores se demuestren, si los hechos que han generado este proceso han causado daños y perjuicios a los demandantes que sean capaces de ser resarcidos por los demandados. 4. Sentencia de primera instancia El Juez del demandados.
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Segundo Juzgado Civil de Cajamarca expidió la sentencia obrante a fojas trescientos cuarenta, su fecha veintisiete de diciembre de dos mil doce, que declaró fundada en parte la demanda de interdicto de recobrar y, en consecuencia, ordenó que los demandados desocupen y restituyan la posesión a favor de los demandantes respecto del predio urbano de quinientos ochenta y cuatro metros cuadrados de extensión super ficial, ubicado en la Avenida Hoyos Rubio sin número, Sector Columbo, Provincia y Departamento de Cajamarca; asimismo, declaró nulas las resoluciones números dos y tres en cuanto a los extremos que declara inadmisible el pedido de modi ficación de la demanda y en cuanto se admite la pretensión accesoria de indemnización por daños y perjuicios, así como nulos todos los demás actos procesales que tengan directa conexión con dicha pretensión, y reponiendo el proceso al estado que corresponde, declaró improcedente la modi ficación de la demanda peticionada por los actores. Las razones que sustentaron dicha decisión son las siguientes: 4.1. El Juez, consideró, luego de la valoración conjunta y razonada de los medios probatorios, que los demandantes han estado en posesión del terreno especialmente a partir de julio de dos mil once hasta enero de dos mil doce, situación que los propios demandados han aceptado en su escrito de formulación de excepciones y en la propia diligencia de inspección judicial, lo que constituye una declaración asimilada, conforme prevé el artículo 221º del Código Procesal Civil y, por ende, corrobora que los actores sí estuvieron en posesión efectiva del bien materia de litigio. 4.2. También señaló que, para los efectos de este proceso, no es preciso acreditar desde cuándo los demandantes han ocupado materialmente el inmueble materia de la restitución, sino basta que lo hayan hecho dentro de un periodo cuyo término final no exceda de un año contado hasta la interposición de la demanda, lo que en este caso se cumple. 4.3. Finalmente, en cuanto a la pretensión accesoria de indemnización por daños y perjuicios, el Juez señaló que debe declararse improcedente en virtud a lo dispuesto en el artículo 555º, inciso 4, del Código adjetivo, concordante con el último párrafo del artículo 121º del mismo Código, pues el monto propuesto fue introducido como consecuencia de la modi ficación de la demanda, sin embargo, este acto procesal para esta clase de procesos sumarísimos está prohibido. 5. Recurso de apelación Mediante escrito obrante a prohibido. fojas trescientos cincuenta y seis, presentado el nueve de enero de dos mil trece, los demandados interpusieron recurso de apelación alegando lo siguiente: 5.1. Sostuvieron que los demandantes no han probado de forma fehaciente haber ejercido posesión sobre parte del inmueble, más aun cuando los documentos que acompañan a la demanda no prueban dicha posesión. 5.2. Señalaron que los actores no han probado con documento idóneo cuándo se produjo el despojo, menos aun que se haya producido de manera violenta. 5.3. Manifestaron que tampoco han cumplido con indicar a qué destinaban el predio en 6. Sentencia de vista La Sala Especializada en lo Civil de litigio. 6. litigio. la Corte Superior de Justicia de Cajamarca expidió la sentencia de vista obrante a fojas cuatrocientos veintinueve, veintinueve, su fecha dieciocho de octubre de dos mil trece, que con firmó la sentencia apelada en el extremo que declaró improcedentes las tachas formuladas por los demandados; la revocó en cuanto declaró fundada en parte la demanda, y reformándola en dicho extremo declaró la infundada la demanda de interdicto de recobrar, asimismo, declaró improcedente el recurso de apelación concedido sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida de fojas doscientos sesenta y cuatro, que desestimó la excepción de falta de legitimidad para obrar de los demandantes formulada por los demandados. Las razones que sustentaron dicha decisión son las siguientes: 6.1. La Sala Civil Superior señaló que, de la revisión y apreciación de los medios probatorios, se advierte que los demandantes no han probado el modo cómo iniciaron la posesión sobre el predio en litigio, que además es parte integrante de uno de mayor extensión de propiedad de los demandados, pues si bien han alegado que lo vienen conduciendo desde el año dos mil dos, a razón de una compraventa en copropiedad; sin embargo, no han acreditado la existencia de la misma; agrega a ello que los actores no han probado a qué destinaban el inmueble, por lo que no han acreditado el animus y el corpus . 6.2. La Sala Superior también sostuvo que los documentos presentados por los actores, consistentes en contratos de carpintería, arquitectura y servicios de limpieza, no son medios de prueba su ficientes que acrediten por sí solos el ejercicio continuo e ininterrumpido del derecho de posesión sobre el predio en litigio, el mismo que no se encuentra debidamente identi ficado, pues en la demanda no se precisa su
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del artículo 139º, inciso 5, de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo VII del Título Preliminar y 50º, inciso 6, del Código Procesal Civil: sostiene que la sentencia recurrida describe apresuradamente y de manera muy simple los diferentes requisitos legales para la procedencia de un interdicto de recobrar. Mani fiesta que se trata de una redacción antojadiza y malinterpretada malinterpretada de los artículos relativos a su defensa posesoria que menosprecia de manera alarmante todos los medios probatorios ofrecidos, incluso la propia inspección judicial practicada por el Juez. Indica que del primer al noveno considerando la Sala realiza una exposición de lo actuado y no desarrolla o justi fica el uso o no de los medios probatorios que a la larga sirven de base para su posterior decisión, pues recién en el décimo considerando concluye que los demandantes no han probado el modo cómo iniciaron la posesión sobre el predio. b) Infracción normativa del artículo 600º del Código Procesal Civil. Señala que no es requisito de la demanda de interdicto de recobrar que se acredite la fecha exacta del inicio de la posesión del predio, bastando que se pruebe la posesión por más de un año ininterrumpido para su procedencia, por lo que se ha errado al pretender exigirle al impugnante que pruebe un acontecimiento que nada tiene que ver con este proceso. El impugnante también refiere que la Sala Superior equivocadamente considera que no especi ficó a qué destinaba el predio, no obstante ello, precisa que estaba construyendo en dicho inmueble una casa-habitación, afirmación que lo hace sin perjuicio de sostener que no es requisito indispensable de finir exactamente el uso que se le otorga al terreno para plantear la demanda de interdicto, sino tan solo la posesión ficta. cta. c) Infracción normativa del artículo 921º del Código Civil, concordante con los artículos 598º y 603º del Código Procesal Civil: Civil: señaló que la Sala Superior habría sostenido equivocadamente que la demanda de interdicto de recobrar únicamente prosperaría cuando existe un despojo violento del bien, no obstante que la doctrina y la misma legislación nacional establecen que no se requiere la ocurrencia de actos que impliquen violencia física, sino que se re fiere a una amplia gama de actos perturbatorios y de despojo de la posesión. IV.CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE DEBATELa La cuestión jurídica en debate consiste en determinar si la decisión impugnada se emitió en cumplimiento de la garantía que otorga el derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales y, luego de ello, deberá establecerse si el interdicto de recobrar interpuesto por el impugnante satisface los presupuestos que exige la ley para su procedencia. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA Primero.Primero .- Conviene establecer que este Supremo Tribunal ha declarado procedente el recurso de casación propuesto por infracciones normativas normativas tanto de orden procesal y material, por lo que, en primer término, deberán analizarse las infracciones procesales debido a la naturaleza y los efectos de éstas, pues si merecieran amparo carecería de objeto pronunciarse respecto de la infracción que tiene relación con el derecho material. Segundo Segundo..Sobre el particular, es factible traer a colación que el derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el artículo 139º, inciso 5, de la Constitución Política, Política, garantiza a los justiciables que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se realice con sujeción a la Constitución y a la Ley, pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa. Este derecho constitucional garantiza la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, resguardando a los particulares y a la colectividad de las decisiones arbitrarias, pues obliga a los jueces enunciar las pruebas en que sostienen Tercero.sus juicios y a valorar las mismas racionalmente. Tercero .- El deber de motivar las resoluciones judiciales también ha sido regulado a nivel legislativo a través de los artículos VII del Título Preliminar, 122º, incisos 3 y 4, y 50º, inciso 6, del Código Procesal Civil, los cuales exigen que las resoluciones judiciales deben contener la mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables Cuarto.en cada punto, según el mérito de lo actuado. Cuarto .- Sobre el derecho a la debida motivación, el Tribunal Constitucional ha señalado que “La Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia
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CASACIÓN
el animus y el corpus; asimismo, la Sala agrega que los documentos que los actores presentaron no son medios de prueba suficientes que acrediten el ejercicio continuo e ininterrumpido del derecho de posesión sobre el inmueble en cuestión, el mismo que no se encuentra debidamente identi ficado, pues no se precisa su ubicación exacta, menos aun sus colindancias y además no se acredita su existencia física como predio independiente del inmueble de propiedad de los demandados, el cual se encuentra debidamente inscrito en la Partida Electrónica Nº 11038453. Sexto.Sexto .- En tal contexto, se puede concluir que la resolución recurrida en casación no adolece de una motivación insu ficiente, pues, como se aprecia del considerando precedente, aquella expresa las razones su ficientes que la llevan a establecer que la acción de interdicto de recobrar interpuesto por el recurrente no satisface los requisitos que la Ley exige, como resultado, se entiende, de la cali ficación jurídica de los hechos probados en el proceso, en virtud, claro está, de la valoración conjunta conjunta y razonada de las pruebas, contemplada en el artículo 197º del Código Procesal Civil; por lo tanto, no es factible considerar como infracción del derecho a la debida motivación el error en la calificación jurídica de los hechos, en todo caso deberá determinarse, a través del estudio de las normas que regulan el régimen de los interdictos, si resulta arreglada a ley la decisión impugnada; por tal razón, debe declararse infundado este extremo del recurso propuesto. Sétimo Sétimo..- En tal sentido, para efectos de resolver el caso en discusión, es primordial analizar la naturaleza jurídica de de los interdictos, a fin de establecer si la acción interdictal interpuesta satisface los presupuestos que exige la ley. El artículo 921º del Código Civil estipula que “Todo poseedor de muebles inscritos y de inmuebles puede utilizar las acciones posesorias y los interdictos. Si la posesión es de más de un año puede realizar los interdictos que se promuevan contra él”. La norma antes citada confía la defensa judicial de la posesión de muebles inscritos y de inmuebles, estén o no inscritos, a las acciones posesorias y a los interdictos. Conviene mencionar que la diferencia de estas dos figuras radica en que las acciones posesorias tutela el derecho a la posesión a través de un proceso de conocimiento en el que hay un pleno probatorio orientado a demostrar dicho derecho, mientras que los interdictos protegen el hecho de la posesión en un proceso sumarísimo en el que solo se admiten pruebas destinadas a acreditar la posesión y los actos perturbatorios o de despojo. Octavo.Octavo .- Así, la tutela posesoria reconocida en el artículo 921º se complementa con la normativa del Código Procesal Civil. En efecto, el artículo 598º del Código Procesal Civil establece que: “Todo aquel que se considere perturbado o despojado en su posesión puede utilizar los interdictos, incluso contra quienes ostenten derechos reales de distinta naturaleza sobre el bien objeto de la perturbación”. Al respecto, el autor Torres Vásquez define a los interdictos como: “(...) procesos sumarísimos para resolver interinamente sobre la posesión actual, de prueba limitada exclusivamente a la posesión, con el fin de mantenerla o conservarla como para recuperarla, sin discutir sobre el derecho de posesión” 2; asimismo, Ramírez Cruz comenta que “(...) el interdicto es siempre el proceso civil donde se decide provisionalmente sobre la posesión actual, esto es, el hecho Noveno.posesorio mismo, a través de un proceso sumarísimo” 3. Noveno .Sobre este tema es pertinente traer a colación el siguiente comentario de Torres Vásquez: “Con los interdictos se protege a toda clase de poseedor, legítimo o ilegítimo, de buena o mala fe, al que adquirió la posesión porque lo trans firió el titular del derecho real como al que lo adquirió de modo clandestino o violento, al poseedor con o sin animus domini ; al que adquirió la posesión originariamente o en forma derivada como es la posesión adquirida mediante un acto jurídico unilateral o bilateral, inter vivos (el uso derivado de un contrato de arrendamiento, comodato, leasing, etc.) o mortis causa (el usufructo derivado de un testamento), al poseedor de una cosa y al poseedor de un derecho (ejemplo, el del copropietario), al poseedor exclusivo y a los coposeedores. Consiguientemente, todo poseedor está legitimado activamente Décimo.para ejercitar la acción interdictal” 4. Décimo .- Así, se puede señalar que la pretensión interdictal está orientada a proteger la posesión de hecho y por ello la demanda debe contener los hechos en qué consiste el agravio y la época en que se realizaron, debiendo reiterarse que en esta acción se discute únicamente la posesión fáctica y actual del demandante y el hecho perturbatorio o de despojo realizado por el demandado, tal como dispone el artículo 600º del Código Procesal Civil que literalmente señala: “Además de lo previsto en el Artículo 548, en la demanda deben expresarse necesariamente los hechos en que consiste el agravio
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Duodécimo.será declarada improcedente”. Duodécimo .- Para Ramírez Cruz: “El interdicto de despojo, llamado también de recobrar o de reintegración, está orientado a recuperar la posesión de quien ha sido despojado o desposeído. Su propósito es muy claro: recuperar, obtener la restitución o reposición de quien ha sido eliminado de la posesión que tenía” 7, seguidamente comenta que: “Sin duda la denominación interdicto de despojo es más efectiva y contundente, pero hay que indicar que comprende por igual a la desposesión con violencia como a la desposesión sin violencia. Por eso es más propio y amplio el término recobrar, pues supone la desposesión sin violencia, así como la violenta, o sea el despojo propiamente dicho, en cambio “despojo” implica siempre violencia” 8. Sobre el acto de despojo o mejor dicho desapoderamiento, Ledesma Narváez re fiere que: “El despojo es todo acto por el cual el poseedor pierde total o parcialmente la posesión, la coposesión o la posesión parcial. No requiere violencia, mala fe o dolo. Se con figura con el acto objetivo de actuar sin voluntad del poseedor. Implica la pérdida de posesión en virtud de un acto unilateral del tercero, el cual no es consentido por el poseedor primigenio” 9. Décimo Tercero.Tercero.- El análisis de las normas antes citadas permite establecer los siguientes requisitos para la interposición de los interdictos en general, a saber: a) proceden respecto de muebles inscritos y de inmuebles, sean inscritos o no inscritos; b) el demandante debe acreditar solo la posesión fáctica sobre el bien, sin discutir sobre el derecho de posesión, menos aun sobre el derecho de propiedad; c) se deben probar los actos de despojo o perturbación; y, d) se debe precisar la época en que se realizaron dichos actos para efectos de computar el plazo de prescripción contemplado en el artículo 601º del Código Procesal Civil. Para el caso del interdicto de recobrar, se requiere además los siguientes elementos: i) se demuestre el desapoderamiento o despojo del bien, ya sea por violencia, clandestinidad, engaño, astucia, abuso de con fianza, usurpación y, en general, cualquier hecho o acto que origine la privación de la tenencia del bien mueble inscrito o inmueble; ii) el despojante releve al despojado del goce del bien; y, iii) no haya existido proceso previo, esto es, sentencia que ordene la desposesión o Cuarto.- En tal sentido, analizada la despojo del bien. Décimo Cuarto.sentencia de vista impugnada, desde un enfoque relacionado con la interpretación de las normas que regulan la naturaleza jurídica de los interdictos, se advierte que, en efecto, la Sala Superior interpreta incorrectamente los artículos antes citados, al exigir, conforme se evidencia del considerando décimo de la recurrida, que los demandantes demuestren el modo en que iniciaron la posesión sobre el inmueble o a qué destinaban dicho bien, toda vez que estas exigencias no se contemplan en las normas denunciadas, pues, queda claro que en este tipo de proceso lo que el demandante debe probar es la posesión fáctica actual sobre el bien, independientemente del título del cual deriva dicha posesión, pues no constituye requisito del interdicto acreditar el derecho a poseer, menos aun el derecho de propiedad sobre el predio. Décimo Quinto.Quinto.- Asimismo, en el considerando undécimo de la impugnada se advierte otro error de interpretación de la Sala Superior al exigir que el legitimado activo en una pretensión interdictal pruebe el ejercicio continuo e ininterrumpido del derecho de posesión sobre el bien, cuando la doctrina es unánime al señalar que el objeto de los interdictos es proteger la posesión de hecho actual, ya que “tiene derecho a valerse de los interdictos el que posee por días, meses o años, pues para que accione basta que tenga la posesión actual o que haya sido despojada de ella, pero debe ejercitar su acción antes de vencido el año contado desde que se produjo el hecho de la perturbación o del despojo” 10. En el mismo considerando el Tribunal Superior sostiene que los demandantes no precisan la ubicación exacta del predio, menos aun sus colindancias, no existiendo documento alguno que acredite su calidad de predio independiente al inmueble de propiedad de los demandados, el que se encuentra debidamente inscrito en Registros Públicos; sin embargo, dichas a firmaciones también resultan incorrectas, pues, como estipula el artículo 921º del Código Civil, esta acción procede respecto de inmuebles inscritos y no inscritos y solo en el caso de los bienes muebles se exige la inscripción; en virtud a ello, se puede entender que esta pretensión no requiere de la independización del bien, menos aun de su inscripción registral; debiendo agregarse a ello que en este caso concreto se evidencia que el inmueble en litigio está plenamente identi ficado con sus respectivas colindancias, de acuerdo a lo consignado en el acta de inspección judicial de fojas doscientos setenta y dos. Décimo Sexto.Sexto.- Finalmente, en el
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por consiguiente, este Supremo Tribunal deberá actuar de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 396º, primer párrafo, del Código Procesal Civil, modi ficado por la Ley Nº 29364. VI. 29364. VI. DECISIÓN Esta Sala Suprema, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396º, primer párrafo, del Código Procesal Civil, modi ficado por la Ley Nº 1) Declara FUNDADO FUNDADO el 29364: 1) 29364: el recurso de casación interpuesto por Nirio Mendoza Inca mediante escrito de fojas cuatrocientos sesenta y tres, por la infracción normativa del artículo 921º del Código Civil, así como de los artículos 598º, 600º y 603º del Código Procesal Civil; Civil; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha dieciocho de dieciocho de octubre de dos mil trece, obrante a fojas cuatrocientos veintinueve, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, en el extremo que revoca la sentencia apelada de fecha veintisiete de diciembre de dos mil doce, obrante a fojas trescientos cuarenta, en cuanto declaró fundada en parte la demanda, y reformándola declara infundada dicha demanda; manteniéndose firme los demás extremos de la resolución de vista. 2) ACTUANDO EN SEDE DE INST IN STANCIA ANCIA:: CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha veintisiete de diciembre de dos mil doce, obrante a fojas trescientos cuarenta, en cuanto declara fundada en parte la demanda de interdicto de recobrar y, en consecuencia, ordena a los demandados para que cumplan con desocupar y restituir la posesión a favor de los demandantes, respecto del predio urbano de quinientos ochenta y cuatro metros cuadrados de extensión DISPUSIERON la publicación de la super ficial, materia de litis. 3) litis. 3) DISPUSIERON la presente resolución en el Diario O ficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Nirio Mendoza Inca y Elva Jaqueline Chuquilín Vásquez con Carlos Enrique Loayza Tam y Jacqueline Flor Grau Araníbar, sobre interdicto de recobrar; y los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Almenara Bryson. SS. ALMENARA BRYSON, TELLO GILARDI, ESTRELLA CAMA, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, CALDERÓN PUERTAS 1
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Fundamento Jurídico Nº 11 de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 12302002-HC/TC, su fecha 20 de junio de 2002. TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Derechos Reales, Tomo I. Editorial Idemsa, Lima, 2006. p. 451-452. RAMÍREZ CRUZ, Eugenio. Tratado de Derechos Reales. Tomo I. Editorial Rodhas, Lima, 2004. p. 516. TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Ob. Cit., p. 458. El derogado Código de Procedimientos Civiles clasi ficó en cinco clases los interdictos: 1) interdicto de adquirir; 2) interdicto de retener; 3) interdicto de recobrar; 4) interdicto de obra nueva; y 5) interdicto de obra ruinosa. El artículo artículo 603º del Código Procesal Procesal Civil Civil fue modi modificado por por el Artículo Único de la Ley Nº 30199, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de mayo de 2014. RAMÍREZ CRUZ, Eugenio. Ob. Cit. p. 519 RAMÍREZ CRUZ, Eugenio. Ob. Cit. p. 519 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Análisis artículo por artículo. Gaceta Jurídica, 2011, Lima. p. 393. TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Ob. Cit., p. 451.
C-1392274-18
CAS. Nº 290-2014 LIMA OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO. CAUSAL DE CONTRADICCIÓN. Para contradecir un mandato ejecutivo CONTRADICCIÓN. amparado en el artículo 19º.2 de la Ley de Títulos Valores Nº 27287 proponiendo las defensas que se deriven de las relaciones personales, necesariamente el tenedor de la letra y el aceptante de la misma, deben tener además de la relación cambiaria, una relación causal subyacente, en base a la cual el deudor pueda oponerse al pago, señalando el motivo por el cual se opone. Lima, catorce de agosto de dos mil catorce. LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista REPÚBLICA; vista la causa número doscientos noventa - dos mil catorce, en audiencia pública realizada en la fecha y producida la votación correspondiente, emite la siguiente sentencia. I. ASUNTO: En el presente proceso de obligación de dar suma de dinero, el demandante Hugo Abdón Vidal Valer ha interpuesto recurso de casación mediante escrito de fojas cuatrocientos uno, contra la resolución de vista de fojas trescientos setenta y nueve, su fecha treinta de setiembre de dos mil trece, expedida por la Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revoca la resolución apelada de fojas doscientos setenta y seis de fecha veinte de noviembre de dos mil doce que declara infundada la contradicción y ordena llevar adelante la ejecución; y reformándola reformándola declara declara improcedente
El Peruano Jueves 30 de junio de 2016
veinticuatro de noviembre de dos mil ocho, y en la que consta que no es prescindible la falta de protesto por falta de pago. Llegada la fecha de pago los ejecutados se han mostrado renuentes a cancelar la suma puesta a cobro. 2.2 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Mediante escrito de fecha dieciséis de noviembre de dos mil nueve, obrante a fojas cuarenta y ocho, los demandados Olinda Luján Donayre y Víctor Flores Rodríguez, contradicen el mandato ejecutivo alegando que el deudor también puede contradecir al tenedor del título valor, proponiendo las defensas que se deriven de sus relaciones personales y las que resulten procedentes, según la ley procesal. Que al no haber circulado la cambial pueden oponer al accionante las excepciones personales que correspondan. Agregan que con el demandado no les une ni les ha unido ningún tipo de relación comercial, y menos aún firmaron una letra de cambio a su favor por treinta mil dólares americanos (US$ 30,000.00), por lo que no existe razón para ser deudores del demandante y mucho menos de la suma que pretende cobrar. Que corresponde asumir al demandante la carga de la prueba es decir debe probar que la relación comercial existió. Agrega que el demandante tiene antecedente antecedentess por delitos de estafa, asociación ilícita, falsedad genérica, atentados contra la autoridad, lesiones daños etc. y a la fecha de colocada la aceptación de la letra de cambio el demandante estaba detenido razón por la cual resulta materialmente imposible que se haya aceptado una cambial en tales condiciones. Que quien tuvo una relación de amistad con el ejecutante fue su hijo Erick Flores Lujan al ser un trabajador de la empresa en la que también laboraba el demandante, y aprovechando esta amistad frecuentó en varias oportunidades su hogar. Que, en el año mil novecientos noventa y seis, se extravió de su domicilio una letra de cambio en blanco que se encontraba firmada por ellos, omitiendo denunciar este hecho puesto que no imaginaron que la había sustraído, sino más bien que se había traspapelado. Es así que después de tres años han sido sorprendidos, al ser llenada de manera fraudulenta, lo que evidencia la falsedad de la letra de cambio, al haberse consignado en ella un domicilio que no corresponde al suyo, haber insertado alrededor de la firma una escritura que no corresponde al puño y letra del co ejecutado. 2.3 ejecutado. 2.3 PUNTO CONTROVERTIDO: CONTROVERTIDO: Mediante audiencia única del dieciséis de marzo de dos mil diez, de fojas ochenta y nueve, el Juez declara saneado el proceso y fi ja el siguiente punto controvertido: 1. Determinar si el título valor puesto a cobro consistente en la letra de cambio obrante a fojas tres de autos, adolece de nulidad formal o falsedad, estando a los argumentos esgrimidos por los ejecutados en su contradicción. 2.4 AUTO FINAL DE PRIMERA INSTANCIA: INSTANCIA: El Quinto Juzgado Civil-Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución número treinta y cinco, de fecha veinte de noviembre de dos mil doce, obrante a fojas doscientos setenta y seis, declara infundada la infundada la contradicción formulada por los ejecutados y ordena llevar adelante la ejecución, hasta que cumplan con pagar la suma de treinta mil dólares americanos, más intereses legales, costos y costas del proceso. Dicha decisión se sustenta, en las siguientes motivaciones: a) Que, de los autos se tiene que se admitió como medios probatorios documentos (informe de entidades bancarias y de la SBS) y declaración de parte conducentes a acreditar la referencia a la solvencia económica y a su vez la existencia de dicha relación comercial causante de la cambial materia de ejecución, de conformidad conformidad con el artículo 19º.2 de la Ley de Títulos Valores: “El deudor también puede contradecir al tenedor del título valor, proponiendo las defensas que se deriven de sus relaciones personales y las que resulten procedentes, según la ley procesal”.
b) Sin embargo, en el presente caso, el sustento de la contradicción contradicción no contiene hechos relativos a las relaciones personales que hubiera tenido el ejecutante con los ejecutados, sino por el contrario estos niegan relación comercial alguna. Re fieren que el ejecutante no tiene derecho sustantivo alguno para cobrar la obligación contenida en la referida cambial. Si bien por el carácter abstracto y autónomo de la letra de cambio, dicho título valor no contiene inserta la relación causal generatriz de la obligación patrimonial que por derecho cambiario deriva de ella, sin embargo, siendo que el presente proceso es uno de naturaleza ejecutivacambiaria, debe aplicarse los principios correspondientes a este tipo de procesos, dentro de ellos el carácter autónomo de la obligación cambiaria contenida y derivada de la referida cambial, la cual es lo que legitima a la parte hoy demandante a pretender la satisfacción del crédito cambiario contenido en la cambial materia de autos. c) El hecho que los ejecutados invoquen la ausencia de “relación comercial” alguna o los supuestos antecedentes delictuosos del hoy ejecutante no pueden ser materia a probar ni
