1.
En el ámbito nacional: La justicia contenciosa administrativa está regulada por el Decreto 1759/1972. La justicia contencioso administrativa sólo está regulada por el Titulo IV de la Ley 19.549. No encontramos un cuerpo legal específico que regule todas las cuestiones sino que existe una marcada dispersidad normativa. La justicia contencioso administrativa nacional está regulada por la Ley 6658. Existe un Código Contencioso Administrativo que regula todas las cuestiones relativas al proceso que debe seguirse en este tipo de pleitos. Cuenta: 0 de 10
2.
No es
característica del proceso administrativo, en la actual organización procesal administrativa nacional: Ser de competencia de los tribunales ordinarios. Ser generalmente de doble instancia. Requerir el previo agotamiento de la vía administrativa. Estar codificado.
Utilizar el procedimiento escrito. Cuenta: 0 de 10
Si el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) resuelve un conflicto entre los 3. sujetos que contempla la Ley 24.076 y alguno de ellos entiende lesionados sus derechos, deberá: Interponer directamente demanda contenciosa administrativa ante el Juzgado Federal que corresponda territorialmente. Interponer necesariamente el recurso de alzada y, si éste es desestimado, recurso judicial directo ante la Cámara Federal. Interponer recurso jerárquico ante el Poder Ejecutivo y, de ser desestimado, iniciar recurso judicial directo ante la Cámara Federal. Interponer recurso de alzada o bien recurso judicial directo ante la Cámara Federal. Nada, pues no son resoluciones que pueda revisar el Poder Judicial. Cuenta: 0 de 10
4.
En la Ley 7181, el art. 43 autoriza la procedencia del recurso de apelación: Cuando el Estado Nacional es parte. Sólo en los casos en que un ente regulador es parte. Cuando es parte un organismo descentralizado. Sólo para sentencias definitivas donde el estado municipal sea parte. Sólo cuando la provincia es parte. Cuenta: 10 de 10
5.
El plazo para impugnar los actos administrativos generales se inicia: A partir de su publicación, o de la notificación del acto administrativo de aplicación, según que se trate de su impugnación directa o indirecta. En la fecha de emisión del decreto o la resolución de carácter general. Cuando el afectado tomare conocimiento de su vigencia. A partir de su aplicación. A partir de su notificación. Cuenta: 10 de 10
6.
Para la procedencia de una medida cautelar resulta preciso que concurra: La consideración del interés público comprometido en la decisión y la contracautela. Verosimilitud en el derecho y la legitimidad. El peligro en la demora y la verosimilitud en el derecho. Contracautela y el peligro en la demora. Peligro en la demora, contracautela, verosimilitud en el derecho y la consideración del interés público comprometido en la decisión. Cuenta: 10 de 10
7.
La acción de lesividad en el ámbito nacional debe interponerse en el plazo de: No hay plazo, salvo el de prescripción del derecho substancial. Treinta días hábiles judiciales a partir de que se descubre la irregularidad. Noventa días hábiles judiciales desde la emisión del acto. Noventa días hábiles judiciales desde que se dicta el acto declarativo del vicio.
Seis meses desde que se dicta el acto declarativo del vicio. Cuenta: 0 de 10
La Administración Pública Nacional dicta un acto administrativo por medio del cual se revoca una habilitación para construir un edificio cuando ya se había 8. iniciado la obra y el agotamiento de la vía administrativa demandaría demasiado tiempo que tornaría ilusorio el derecho o interés afectado, por lo que es procedente realizar una acción de amparo. Falso Verdadero Cuenta: 10 de 10
9.
Cuando algún ordenamiento federal específico prevé un recurso judicial directo, la Cámara que intervenga podrá controlar: Los hechos y la aplicación del derecho de manera amplia. Únicamente los hechos. Únicamente la constitucionalidad de las normas aplicables. Limitadamente los hechos y el derecho aplicable, en razón de tratarse de una segunda instancia. Únicamente la aplicación del derecho. Cuenta: 0 de 10
10.
Los reglamentos autónomos: Son aquellos por los cuales, a través de su dictado se aplica una ley de manera directa. Son aquellos donde no se aplica la constitución de manera directa. Son una declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos generales en forma indirecta. Se encuentran constituidos por las normas generales que dicta el Poder Ejecutivo sobre aquellas materias que pertenecen a su zona de reserva. Son aquellos que no dependen de otros para su funcionamiento. Cuenta: 10 de 10
50% Para la procedencia de una 1. medida cautelar resulta preciso que concurra: Verosimilitud en el derecho y la legitimidad. La consideración del interés público comprometido en la decisión y la contracautela. Contracautela y el peligro en la demora. Peligro en la demora, contracautela, verosimilitud en el derecho y la consideración del interés público comprometido en la decisión. El peligro en la demora y la verosimilitud en el derecho. Cuenta: 10 de 10
2.
Los reglamentos autónomos: Son aquellos donde no se aplica la constitución de manera directa. Se encuentran constituidos por las normas generales que dicta el Poder Ejecutivo sobre aquellas materias que pertenecen a su zona de reserva. Son aquellos que no dependen de otros para su funcionamiento. Son aquellos por los cuales, a través de su dictado se aplica una ley de manera directa. Son una declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos generales en forma indirecta. Cuenta: 10 de 10
3.
En el ámbito nacional: La justicia contencioso administrativa nacional está regulada por la Ley 6658. La justicia contenciosa administrativa está regulada por el Decreto 1759/1972. Existe un Código Contencioso Administrativo que regula todas las cuestiones relativas al proceso que debe seguirse en este tipo de pleitos. No encontramos un cuerpo legal específico que regule todas las cuestiones sino que existe una marcada dispersidad normativa. La justicia contencioso administrativa sólo está regulada por el Titulo IV de la Ley 19.549. Cuenta: 10 de 10
4.
El plazo para impugnar actos administrativos generales se inicia a partir de su notificación. Falso Verdadero Cuenta: 0 de 10
5.
En el interior del país, las causas contencioso-administrativas en las que se dilucide la validez o invalidez de un acto administrativo dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, deben tramitarse: En el Juzgado Federal con competencia en el lugar. En la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo. En el Tribunal Superior de Justicia Provincial competente. En la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la Cámara Federal con competencia en el lugar. Cuenta: 0 de 10
6.
Cuando algún ordenamiento federal específico prevé un recurso judicial directo, la Cámara que intervenga podrá controlar: Limitadamente los hechos y el derecho aplicable, en razón de tratarse de una segunda instancia. Los hechos y la aplicación del derecho de manera amplia. Únicamente la constitucionalidad de las normas aplicables. Únicamente los hechos. Únicamente la aplicación del derecho. Cuenta: 10 de 10
7.
No es
característica del proceso administrativo, en la actual organización procesal administrativa nacional: Utilizar el procedimiento escrito. Requerir el previo agotamiento de la vía administrativa. Ser de competencia de los tribunales ordinarios. Estar codificado. Ser generalmente de doble instancia. Cuenta: 10 de 10
La Administración Pública Nacional dicta un acto administrativo por medio del cual se revoca una habilitación para construir un edificio cuando ya se había 8. iniciado la obra y el agotamiento de la vía administrativa demandaría demasiado tiempo que tornaría ilusorio el derecho o interés afectado, por lo que es procedente realizar una acción de amparo. Verdadero Falso Cuenta: 10 de 10
9.
Los recursos asistémicos del proceso administrativo nacional: Deben presentarse ante los jueces federales de primera instancia. Se encuentran legislados en el decreto 1759/72. Tienen regulación legal de su trámite. No tienen un trámite legal asignado. Se encuentran legislados en la ley 19549. Cuenta: 0 de 10
10.
La acción de lesividad en el ámbito nacional debe interponerse en el plazo de: Treinta días hábiles judiciales a partir de que se descubre la irregularidad. Noventa días hábiles judiciales desde la emisión del acto. Seis meses desde que se dicta el acto declarativo del vicio. Noventa días hábiles judiciales desde que se dicta el acto declarativo del vicio. No hay plazo, salvo el de prescripción del derecho substancial. Cuenta: 10 de 10
70% En el interior del país, las causas contencioso-administrativas en las que se 1. dilucide la validez o invalidez de un acto administrativo dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, deben tramitarse: En la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo.
En la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la Cámara Federal con competencia en el lugar. En el Juzgado Federal con competencia en el lugar. En el Tribunal Superior de Justicia Provincial competente. Cuenta: 10 de 10
2.
3.
En el ámbito nacional: No encontramos un cuerpo legal específico que regule todas las cuestiones sino que existe una marcada dispersidad normativa. La justicia contenciosa administrativa está regulada por el Decreto 1759/1972. La justicia contencioso administrativa nacional está regulada por la Ley 6658. La justicia contencioso administrativa sólo está regulada por el Titulo IV de la Ley 19.549. Existe un Código Contencioso Administrativo que regula todas las cuestiones relativas al proceso que debe seguirse en este tipo de pleitos. Cuenta: 10 de 10
La asignatura Derecho Procesal Público se halla compuesta por ramas del Derecho Público. Ellas son: El Derecho Civil y el Derecho Procesal Administrativo. El Derecho Procesal Administrativo y el Derecho Procesal Constitucional. El Derecho Administrativo y el Derecho Procesal Civil. El Derecho Procesal Administrativo y el Derecho Constitucional El Derecho Constitucional y el Derecho Procesal Civil. Cuenta: 0 de 10
4.
La potestad reglamentaria: Es la potestad legislativa de reglamentar los derechos constitucionalmente consagrados por razones de seguridad, salubridad y de moralidad Es el poder de policía. Es la posibilidad de modificar los reglamentos ya establecidos por la administración pública central. Puede ser conceptuada como la posibilidad de regular, limitar y especificar los derechos constitucionales y los conferidos por las leyes.
Es la potestad legislativa de reglamentar los derechos constitucionalmente consagrados por razones de bienestar general o regulación económica. Cuenta: 0 de 10
Si el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) resuelve un conflicto entre los 5. sujetos que contempla la Ley 24.076 y alguno de ellos entiende lesionados sus derechos, deberá: Interponer recurso de alzada o bien recurso judicial directo ante la Cámara Federal. Interponer necesariamente el recurso de alzada y, si éste es desestimado, recurso judicial directo ante la Cámara Federal. Interponer recurso jerárquico ante el Poder Ejecutivo y, de ser desestimado, iniciar recurso judicial directo ante la Cámara Federal. Nada, pues no son resoluciones que pueda revisar el Poder Judicial. Interponer directamente demanda contenciosa administrativa ante el Juzgado Federal que corresponda territorialmente. Cuenta: 10 de 10
6.
Los recursos asistémicos del proceso administrativo nacional: No tienen un trámite legal asignado. Deben presentarse ante los jueces federales de primera instancia. Se encuentran legislados en el decreto 1759/72. Tienen regulación legal de su trámite. Se encuentran legislados en la ley 19549. Cuenta: 10 de 10
7.
El plazo para impugnar actos administrativos generales se inicia a partir de su notificación. Falso Verdadero Cuenta: 10 de 10
8.
El plazo para impugnar los actos administrativos generales se inicia: A partir de su publicación, o de la notificación del acto administrativo de aplicación, según que se trate de su impugnación directa o indirecta.
A partir de su notificación. En la fecha de emisión del decreto o la resolución de carácter general. A partir de su aplicación. Cuando el afectado tomare conocimiento de su vigencia. Cuenta: 10 de 10
9.
No es
característica del proceso administrativo, en la actual organización procesal administrativa nacional: Estar codificado. Ser de competencia de los tribunales ordinarios. Utilizar el procedimiento escrito. Requerir el previo agotamiento de la vía administrativa. Ser generalmente de doble instancia. Cuenta: 10 de 10
10.
El proceso contencioso administrativo federal tiene un trámite ordinario y de doble instancia, salvo que una norma específica disponga lo contrario. Falso
70% 1.
Verdadero Cuenta: 0 de 10
Los recursos asistémicos del proceso administrativo nacional: Se encuentran legislados en la ley 19549. Deben presentarse ante los jueces federales de primera instancia. No tienen un trámite legal asignado. Tienen regulación legal de su trámite. Se encuentran legislados en el decreto 1759/72. Cuenta: 10 de 10
2.
La acción de lesividad en el ámbito nacional debe interponerse en el plazo de:
Treinta días hábiles judiciales a partir de que se descubre la irregularidad. No hay plazo, salvo el de prescripción del derecho substancial. Noventa días hábiles judiciales desde que se dicta el acto declarativo del vicio. Noventa días hábiles judiciales desde la emisión del acto. Seis meses desde que se dicta el acto declarativo del vicio. Cuenta: 10 de 10
3.
El plazo para impugnar los actos administrativos generales se inicia: Cuando el afectado tomare conocimiento de su vigencia. A partir de su publicación, o de la notificación del acto administrativo de aplicación, según que se trate de su impugnación directa o indirecta. A partir de su notificación. En la fecha de emisión del decreto o la resolución de carácter general. A partir de su aplicación. Cuenta: 10 de 10
4.
En el interior del país, las causas contencioso-administrativas en las que se dilucide la validez o invalidez de un acto administrativo dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, deben tramitarse: En la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo. En el Tribunal Superior de Justicia Provincial competente. En la Cámara Federal con competencia en el lugar. En el Juzgado Federal con competencia en el lugar. En la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuenta: 10 de 10
5.
La potestad reglamentaria: Es la posibilidad de modificar los reglamentos ya establecidos por la administración pública central. Es la potestad legislativa de reglamentar los derechos constitucionalmente consagrados por razones de seguridad, salubridad y de moralidad Puede ser conceptuada como la posibilidad de regular, limitar y especificar los derechos constitucionales y los conferidos por las leyes.
Es el poder de policía. Es la potestad legislativa de reglamentar los derechos constitucionalmente consagrados por razones de bienestar general o regulación económica. Cuenta: 10 de 10
6.
7.
En el ámbito nacional: La justicia contenciosa administrativa está regulada por el Decreto 1759/1972. No encontramos un cuerpo legal específico que regule todas las cuestiones sino que existe una marcada dispersidad normativa. La justicia contencioso administrativa sólo está regulada por el Titulo IV de la Ley 19.549. La justicia contencioso administrativa nacional está regulada por la Ley 6658. Existe un Código Contencioso Administrativo que regula todas las cuestiones relativas al proceso que debe seguirse en este tipo de pleitos. Cuenta: 10 de 10
Cuando algún ordenamiento federal específico prevé un recurso judicial directo, la Cámara que intervenga podrá controlar: Limitadamente los hechos y el derecho aplicable, en razón de tratarse de una segunda instancia. Únicamente la aplicación del derecho. Únicamente la constitucionalidad de las normas aplicables. Únicamente los hechos. Los hechos y la aplicación del derecho de manera amplia. Cuenta: 10 de 10
8.
El proceso contencioso administrativo federal tiene un trámite ordinario y de doble instancia, salvo que una norma específica disponga lo contrario. Falso Verdadero Cuenta: 10 de 10
9.
La Administración Pública Nacional dicta un acto administrativo por medio del cual se revoca una habilitación para construir un edificio cuando ya se había
iniciado la obra y el agotamiento de la vía administrativa demandaría demasiado tiempo que tornaría ilusorio el derecho o interés afectado, por lo que es procedente realizar una acción de amparo. Verdadero Falso Cuenta: 10 de 10
10.
Para la procedencia de una medida cautelar resulta preciso que concurra: Verosimilitud en el derecho y la legitimidad. Peligro en la demora, contracautela, verosimilitud en el derecho y la consideración del interés público comprometido en la decisión. Contracautela y el peligro en la demora. La consideración del interés público comprometido en la decisión y la contracautela. El peligro en la demora y la verosimilitud en el derecho. Cuenta: 10 de 10
100%
