Relato del proceso 1 . Introducción 2. Atentado y muerte del senador Guzmán 3 FPMR, autoría del asesinato y frentistas involucrados
3.1 Breve historia del FPMR y contexto en el que se produce el asesinato 3.2 Frentistas implicados en el asesinato del senador Guzmán
3.2.1 Ricardo Palma Salamanca 3.2.2 Juan Gutiérrez Fischmann 3.2.3 Mauricio Hernández Norambuena 3.2.4. Sergio Galvarino Apablaza Guerra. 3.2.5 Julio Escobar Poblete y otros miembros del Frente involucrados en el asesinato. 4 Jorge Barraza y sus denuncias en torno al caso
4.1 Secuestro de Edwards y primeras pistas 4.2 El FPMR en Colliguay 4.3 Otras irregularidades denunciadas por Barraza 4.3.1 Colaboración de Palma Salamanca 43.2 Mery recibe y retiene el video del camping de Colliguay 4.3.3 Exculpación de Sergio Olea Olea Gaona 4.3.4 Aylwin conoce la situación 4.3.5 Montaje contra Olea Gaona 4.3.6 Protección a Gutiérrez Fischamnn 4.3.7 Campaña contra Barraza
5 La “Oficina” y la política antisubversiva de los gobiernos de la Concertación.
5.1 Montaje de una organización antisubversiva que excedió el ámbito meramente asesor y las atribuciones conferidas por la ley
5.2 Protección de terroristas mediante el otorgamiento de beneficios incluso superiores a los l os contemplados en la ley de “arrepentimiento eficaz”
5.2.1 Algunas nociones sobre la ley de “arrepentimiento eficaz” 5.2.1.1 La oficina y la ley de “arrepentimiento eficaz” 5.2.2.1Operación de traslado de armas 5.2.2.2 Caso Marco Antonio Villanueva Vinet y Evaristo de la Cruz Godoy Godoy 5.2.2.3 Caso Agdalín Valenzuela 5.2.2.4 Destacamento mirista Pueblo en Armas 5.2.2.5 Caso del “Chele”
5.3 Obstáculo de las investigaciones y Obstrucción de la Justicia
5.3.1 Inculpación de Olea Gaona 5.3.2 Protección a Juan Gutiérrez Fischmann 5.3.3 Traslado de armas 5.3.3.1 Algunas nociones sobre el delito de obstrucción a la justicia 5.3.3.2 Traslado de armamento en la Ley de Control de Armas y en la Ley de Seguridad Interior del Estado
5.3.4 Mery y la retención del video de Colliguay 5.4 Desprotección a informantes
5.4.1 Caso Agdalín Valenzuela Valenzuela Márquez 5.4.2 Caso Humberto López Candia 5.4.3 Caso Domingo Faustino Sarmiento 5.4.4 Caso Luís Oyarzún Pino 6 Personas o autoridades que se relacionaron directa o indirectamente con la “Oficina” de Seguridad
6.1 Marcelo Schilling Rodríguez 6.2 Óscar Carpenter Villagra 6.3 Luís Antonio Ramos Lecaros
5.2 Protección de terroristas mediante el otorgamiento de beneficios incluso superiores a los l os contemplados en la ley de “arrepentimiento eficaz”
5.2.1 Algunas nociones sobre la ley de “arrepentimiento eficaz” 5.2.1.1 La oficina y la ley de “arrepentimiento eficaz” 5.2.2.1Operación de traslado de armas 5.2.2.2 Caso Marco Antonio Villanueva Vinet y Evaristo de la Cruz Godoy Godoy 5.2.2.3 Caso Agdalín Valenzuela 5.2.2.4 Destacamento mirista Pueblo en Armas 5.2.2.5 Caso del “Chele”
5.3 Obstáculo de las investigaciones y Obstrucción de la Justicia
5.3.1 Inculpación de Olea Gaona 5.3.2 Protección a Juan Gutiérrez Fischmann 5.3.3 Traslado de armas 5.3.3.1 Algunas nociones sobre el delito de obstrucción a la justicia 5.3.3.2 Traslado de armamento en la Ley de Control de Armas y en la Ley de Seguridad Interior del Estado
5.3.4 Mery y la retención del video de Colliguay 5.4 Desprotección a informantes
5.4.1 Caso Agdalín Valenzuela Valenzuela Márquez 5.4.2 Caso Humberto López Candia 5.4.3 Caso Domingo Faustino Sarmiento 5.4.4 Caso Luís Oyarzún Pino 6 Personas o autoridades que se relacionaron directa o indirectamente con la “Oficina” de Seguridad
6.1 Marcelo Schilling Rodríguez 6.2 Óscar Carpenter Villagra 6.3 Luís Antonio Ramos Lecaros
6.4 Agdalín Valenzuela Márquez 6.5 Nelson Mery Figueroa 6.6 Jorge Zambrano Araya 6.7 Juan Fieldhouse Chávez 6.8 Juan Miguel Sarmiento Luarte 6.9 Jesús Silva San Martín 6.10 Evaristo de la Cruz Godoy Godoy 611 Marie Emmanuelle Verhoeven
6.11.1 Caso del Quebrantamiento de Arraigo y Desacato 6.12 Humberto López Candia
6.12.1 Asesinato del comerciante Sergio Madrid Herrera 6.12.2 Asunto de la falsificación del carnet de identidad 6.13 Francisco Villanueva Molina 6.14 Domiciano Soto Tejías
1 Introducción
Si observamos las extrañas circunstancias que rodean el asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz, podemos constatar la existencia de un conjunto de hechos, conductas y declaraciones, algunos no suficientemente investigados o bien, aclarados y silenciados, junto con una larga lista de personas y entidades que directa o indirectamente se han visto involucrados en los mismos, y respecto de las cuales por diversas razones no ha sido posible hacer efectivas las responsabilidades políticas, administrativas y judiciales del caso. Así, aparecen directamente relacionados con el crimen el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo y sus principales líderes, quienes tienen una participación directa en el asesinato, tanto en calidad de autores materiales e intelectuales, como de inductores, ayudistas, financistas, etc. Estos sujetos, no obstante encontrarse la mayor parte de ellos identificados, procesados y condenados, están en su totalidad prófugos, en varios casos por la falta de voluntad de los agentes políticos para lograr que cumplan sus condenas. Por otra parte, es posible advertir una serie de confusos hechos acaecidos con posterioridad al asesinato, y que se producen en el marco de la investigación policial y judicial que da a lugar el mismo, así como también la participación que en ellos corresponde a autoridades políticas, policiales y entidades de gobierno. En este punto destaca, negativamente por cierto, la actuación del denominado Consejo Coordinador de Seguridad Pública, más conocido como la “Oficina”, creado por el Gobierno de Aylwin tan pronto fue asesinado el senador Guzmán y la acción “coadyuvante” que desempeñó particularmente Investigaciones de Chile. En cuanto a las autoridades cuyos nombres se vieron involucrados en estos hechos y que resaltan por sus altas investiduras, pueden mencionarse entre otros al entonces director de Investigaciones, Judas Nelson Lenin Mery, y ex responsable del Consejo de Seguridad Pública, Marcelo Schilling. Un análisis detenido de los acontecimientos que se desencadenan a partir del asesinato del senador Guzmán, en especial de la labor de la “Oficina”, y la decisiva participación de importantes autoridades de gobierno y policiales de la época, nos permiten ir conociendo y comprendiendo los principios que en la práctica y más allá de los teóricos programas de gobierno, guiaron la política antiterrorista aplicada por el primer gobierno democrático de la década, encabezado por el adalid de los Derechos Humanos en nuestro país, Patricio Aylwin Azócar. Esta política antisubversiva se tradujo en evidentes excesos, violaciones a derechos fundamentales de las personas y reiteradas actuaciones al margen de la ley. Basta mencionar para acreditar lo expuesto, la estrategia de paga de informantes, el montaje para inculpar a inocentes, la complicidad y encubrimiento de hechos ilegales (falsificación de carnet, entrada y salida de personas ilegalmente al país, traslado de armas, etc), la obstrucció n a la Justicia, la presión a los Tribunales de Justicia y organismos policiales y la protección e impunidad de subversivos, incluso cuando éstos cometían delitos comunes, mediante una aplicación criolla de la figura del “arrepentimiento eficaz”.
Desgraciadamente, bajo el imperio de esta política antisubversiva se vio resentido seriamente el Estado de Derecho al debilitarse uno de sus pilares: el principio de la independencia de los poderes, en este caso particular, la independencia del Poder Judicial. Advertimos con estupor una inédita presión a los Tribunales de Justicia que aumentó a medida que el investigado asciende en la jerarquía gubernamental o en la estructura de poder de algún partido concertacionista. El principio de la independencia del Poder Judicial, no sólo se vio afectado por las defensas incondicionales de los inculpados efectuadas por el Ejecutivo y dirigentes oficialistas, sino también –y gravemente– como consecuencia de las sucesivas presiones, amenazas y denostaciones públicas de que fueron objeto los distintos magistrados que han estado a cargo de la causa, y en general, todos aquellos que de una u otro manera han tratado de investigar a fondo los hechos o dar luz respecto de nuevos antecedentes. En este punto, es lamentable tener que destacar al menos dos hechos inéditos en la historia judicial chilena, a saber: la inhabilitación del ministro en visita Alfredo Pfeiffer para seguir conociendo de la causa basado en las presiones recibidas del Ejecutivo y la decisión del Consejo de Defensa del Estado de no apelar ante la Corte Suprema de la sentencia que acogió los recursos de amparo interpuestos frente a los procesamientos de Schilling y Mery. Esta última decisión trajo como consecuencia –en un hecho también inédito– la renuncia al Consejo de uno de sus más connotados consejeros, el abogado Davor Harasic. Concluyendo esta introducción cabe reproducir la carta enviada por la madre del extinto senador, señora Carmen Errázuriz de Guzmán al Ministro del Interior de la época Enrique Krauss, y en la cual expresa sus sentimientos en relación a estos hechos: “Estimado Ministro: Después de mucho pensarlo me he decidido a escribirle una carta personal, aunque no le impongo a usted la carga de la privacidad, para desahogarme de la profunda decepción que siento por la forma en que el Gobierno ha llevado el caso del asesinato de mi hijo Jaime y manifestarle el dolor que esto me ha producido. Yo no soy persona que haga declaraciones públicas ni que aparezca en la prensa o televisión. Usted habrá podido constatar esto en los dos y medio años que van corridos desde que mataron a Jaime. Quiero explicarle que este proceder mío no es porque no sienta ni menos aún porque no piense o reflexione... Mi abogado en este proceso, Miguel Schweitzer, es testigo de que durante los vaivenes interminables del caso Olea Gaona muchas veces le dije que esto me parecía una historia “armada” para demorar las cosas y no llegar al momento álgido de encontrar al o los culpables, pues en el caso de ello suceder no podía sino aplicarse la pena de muerte, con el consabido indulto que vendría de atrás, lo que sin duda le provocaría una situación inconfortable, por decir lo menos, al Presidente la República. Siempre se supo que Olea Gaona tenía el perfil de un simple ladrón de autos, pero que en el asesinato mismo quizás no había tenido una participación relevante. Además era absurdo pensar que con el “profesionalismo” en asesinatos y robos del FMR fueran a confiarle
responsabilidades a alguien tan bajo en el escalafón como Olea Gaona. Es por ello que cuando el ministro Pfeiffer exculpó a éste para mi no fue una sorpresa, pero sí fue doloroso comprobar que todo había sido desde el principio un engaño...Yo no digo que usted lo haya sabido, pero dada la impresión muy favorable que yo me formé de su persona cuando me vino a visitar, le confieso que me extrañó mucho la constatación de lo sucedido y de lo que de ello es fuerza colegir, aunque por encima de usted hay personas en el gobierno que tienen la última decisión. Además todo el asunto del prefecto Barraza apareció en un comienzo más extraño e inexplicable. Sin embargo, me queda la satisfacción de constatar una vez más que en Chile todo se sabe, por crudo y doloroso que sea. Cuando el fiscal de la Corte de Apelaciones condenó a Palma a presidio perpetuo no le dio ningún castigo por la muerte de Jaime, ya que le habían dado esta pena por el secuestro de Cristián Edwards. Sé que la ley me autorizaba para pedir la pena mayor, pero como mujer cristiana, y sobre todo madre de Jaime, no habría podido hacerlo nunca, pero estimo que en un país que se precia de vivir en democracia y justicia y tratándose del asesinato de un senador de la República que dio la vida sirviendo al país, la autoridad política debió haberlo hecho. Perdóneme Enriq ue [Krauss], que le haya quitado su tiempo, en este momento le hablo como persona y no como gobierno, pero no he podido dejar de decirle lo que siento en lo profundo de mi ser. Necesito no sólo morir tranquila y en paz conmigo misma, sino también vivir de la misma manera. Esperando que me comprenda y que esta carta no produzca en usted ninguna reacción negativa, lo saluda muy atentamente, Carmen Errázuriz de Guzmán”. 1
2 Atentado y muerte del senador Guzmán El senador Jaime Guzmán Errázuriz fue asesinado por un comando terrorista perteneciente al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el día 1 de abril de 1991 en la entrada principal del Campus Oriente de la Universidad Católica de Chile, ubicado en Avenida Battle y Ordóñez2 con Regina Pacis, comuna de Nuñoa, minutos después de haber terminado sus clases de Derecho Constitucional en esa casa de estudios. Siendo las 18:27 horas y cuando el automóvil del senador, un Subaru Legacy patente DE-3090, abandonaba el Campus Oriente de la Universidad Católica por calle Battle y Ordóñez, en el semáforo que se encuentra al frente de la entrada principal de esa 1 2
Diario “La Segunda”, 23 de Diciembre de 1996, página 14. En la actualidad dicha avenida lleva el nombre de Jaime Guzmán E.
casa de estudios, y aprovechando que el auto del parlamentario estaba detenido por la luz roja, se acercaron dos sujetos jóvenes a rostro descubierto y vestidos con blue jeans que a quemarropa dispararon con armas automáticas contra el fundador de la UDI.. Los subversivos continuaron disparando contra el vehículo mientras éste se alejaba. Luego corrieron hacia la esquina de Regina Pacis con Simón Bolívar donde los esperaba un taxi Opala de color negro. El senador fue trasladado en el mismo auto por su chofer, Luis Fuentes, hasta la sede de la UDI y de ahí al Hospital Militar, donde falleció cerca de las 21:30 horas a causa de las heridas de bala que dañaron todos los órganos de la región toráxica-abdominal, en especial el hígado. El auto del senador presentaba seis impactos de bala: dos en el tapabarro trasero, dos en la puerta trasera, uno en la puerta delantera bajo el espejo lateral y uno en el tapabarro delantero, todas en su costado derecho, y todos los vidrios del mismo lado y parabrisas trasero pulverizados. Según peritos, la munición empleada –calibre 45– es utilizada en armamento de guerra. Manuel Salazar en su libro “Guzmán, quién, cómo, por qúe”, describe así los hechos: El día 1 de abril, Ricardo Palma Salamanca se reunió con “Emilio” (Raúl Escobar Poblete, presunto jefe de la fuga ocurrida en diciembre de 1996), en el lugar prefijado y en él abordaron un auto Opala negro dirigiéndose de inmediato al Campus Oriente de la UC. En el trayecto, Palma se caracterizó colocándose un bigote negro ancho. Si bien Emilio también llevaba un bigote, no pudo utilizarlo por falta de pegamento. En el trayecto, Emilio le comunica a Palma que para obtener el armamento debe ingresar a una schopería ubicada al frente de la entrada principal del Campus Oriente. En su interior se encontraría un tipo que tendría como seña una bebida y una chaleca sobre la mesa, quien le proporcionaría el armamento. Una vez llegado al Campus, Palma descendió del auto y se dirigió a la schopería, mientras Emilio estacionaba el auto en Regina Pacis. Al ingresar a la schopería y en una de las mesas del centro se encontraba un tipo solo, de frente a la puerta de ingreso, dando la espalda a la barra con una bebida y un chaleco de color oscuro. Palma se dirige hacia él y le dice la contraseña: “Hola, cambiemos” y él responde “Ya, cambiemos”. El sujeto saca de su cintura un arma que envuelve en un chaleco y luego entrega. Palma a su vez saca su revólver y se lo entrega al sujeto. Acto seguido, Palma desenvuelve el chaleco y se da cuenta de que se trata de una pistola, guardándola de inmediato en su cintura. El sujeto pasa a Palma un cargador, que rápidamente guarda. Palma le pregunta al sujeto por el estado del arma y la cantidad de munición. El sujeto responde que se encuentra en buen estado y que ambos depósitos están completos. Acto seguido se despide del sujeto. Palma ya con el arma en su poder sale del local y camina por Battle y Ordóñez hasta llegar a Regina Pacis, lugar donde se reencuentra con Emilio. Palma le cuenta que le había ido bien con el arma y Emilio dice, a su vez, que no fue posible dejar el auto en el lugar planificado y que tuvo que estacionarlo cerca de la calle Holanda.
Palma y Emilio cruzaron la calzada e ingresaron por la puerta principal al recinto del Campus. Se dirigieron hacia el interior del edificio y por un pasillo lateral llegaron a una escala que conduce al segundo piso. Doblaron a la derecha y se encaminaron a las salas de color naranja. Emilio en el intertanto se dirigió hacia las salas, a fin de saber si el senador se encontraba haciendo clases. Palma lo esperó en el pasillo mirando hacia el patio interior de la universidad. A los pocos minutos Emilio regresó y le contó a Palma que Guzmán se encontraba en su interior haciendo clases. Palma y Emilio se dirigieron entonces hacia los baños de las salas azules y en su interior revisan las armas, percatándose Palma de que se trataba de una pistola Browning, la cual prepara dejando un cartucho en la recamara. Emilio no revisó su pistola debido a que se trataba de la Taurus que regularmente usaba y que Palma ya había conocido en otras acciones. Del baño se dirigen hacia la sala de profesores donde esperarían la salida del senador. Luego de unos minutos sonó el timbre que señalaba el término de las clases, momento en que se preparan para esperar al senador en el pasillo. Lo vieron pasar y dirigirse hacia la sala de profesores a entregar el libro de clases. Se adelantaron según el plan establecido, bajando algunos peldaños en forma muy lenta esperando que apareciera el senador, quien no tardó mucho en hacerlo. Antes de que ellos llegaran a uno de los descansos, al no escuchar los pasos, Palma mira hacia atrás, percatándose de que Guzmán estaba detenido en el segundo peldaño, desde donde observó a los subversivos. Guzmán al parecer se percató de la situación y se volvió hacia la sala de profesores. Entretanto, Palma y Emilio, siguieron bajando y una vez que llegaron al pasillo en el primer piso, y mientras se dirigían a la salida, evaluaron la acción. Los frentistas concluyeron que pese a que Guzmán se percató de su presencia, tendrían una nueva oportunidad en el exterior, siempre y cuando el senador pasara con su auto por delante del paradero ubicado en la entrada del Campus. Palma y Emilio esperaron mezclados entre la gente del paradero. Al cabo de algunos minutos, apareció el Subaru Legacy color gris metálico del senador, que dobla por Battle y Ordóñez hacia el paradero. El vehículo se desplazaba a poca velocidad lo que permitió a Palma y Emilio constatar que en el auto venía Guzmán al lado de su conductor. Cuando el vehículo se encontraba casi al frente del paradero, Palma y Emilio desenfundan sus armas y se adelantan al resto de la gente del paradero, quedando Palma en diagonal al vehículo y Emilio separado como a un metro más hacia el Oriente, enfrentando al copiloto. En ese momento adoptan posición de tiro, empuñan las pistolas con ambas manos y disparan contra el objetivo en marcha. Palma dispara cerca de seis tiros, al igual que Emilio. Mientras se alejaba el auto, Emilio cruza la calle efectuando unos disparos al aire. Luego ambos corren por Regina Pacis hacia donde estaba estacionado el taxi. Palma aborda el auto por el lado del copiloto y Emilio se sienta al volante. El vehículo utilizado por los terroristas –un Opala de color negro, año 1980, patente HN-4808– escapó por calle Simón Bolívar al oriente y luego por calle Brown Norte al sur, para ser abandonado en el sector de Plaza Nuñoa, calle Manuel de Salas, frente al Nº 65
Al día siguiente, Palma se reunió en horas de la noche en Walker Martínez con Emilio, quien le manifestó que traía felicitaciones de los jefes y que como reconocimiento podía mantener el arma que le habían facilitado en su poder3 .
3 Frente Patriótico Manuel Rodríguez, autoría del asesinato y frentistas involucrados 3.1 Breve historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y contexto en que se produce el asesinato Los orígenes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se remontan a principios de la década de los setenta, cuando un grupo de las Juventudes Comunistas comenzó a plantear la necesidad de crear un grupo armado capaz de defender al gobierno de la Unidad Popular. La idea finalmente no se concretó, pero luego del levantamiento militar de septiembre del 73 ésta resurgió, ya que un grupo al interior del partido consideraba que la “derrota” había sido militar antes que política. Esta postura no tuvo mucho apoyo en los dirigentes nacionales, pero sí en grupos que se encontraban en el exterior, como los jóvenes chilenos que por ese entonces estudiaban en Cuba 4 . Estos estudiantes se encontraban en la isla desde el año anterior, “gracias a una invitación hecha por Fidel Castro durante su maratónica visita a Chile, entre noviembre y diciembre de 1971”5 . En ellos se desarrolló fuertemente un sentimiento de recriminación frente a las cúpulas de Partido Comunista, que no había sido capaz de defender al gobierno de Allende y lo había entregado sin mayor resistencia. Lo mismo ocurrió con aquellos que, luego de la llegada al poder de los militares, se dirigieron a países de la órbita comunista en Europa del este, donde quienes los recibieron les recalcaron la frase de Lenin que sostenía que “la revolución no sólo hay que conquistarla, sino que hay que saber defenderla”6 . Es en Alemania donde se inicia una discusión teórica destinada a resolver y decidir cuál sería la forma en que los comunistas llevarían a cabo su oposición al régimen de Pinochet. Lejos de eso se encontraban los estudiantes chilenos en Cuba, quienes, constituyendo un hecho inédito hasta ese entonces, empezaban su formación en el ejército cubano. Así, “Fidel por primera vez abrió a un grupo extranjero las puertas de una escuela militar para oficiales de carrera. Se trataría ahora de una formación castrense en el sentido clásico, profesional, y no de simples insurgentes”. 7 El grupo inicial, formado por aquellos estudiantes que se encontraban en Cuba, la mayoría realizando estudios de medicina, luego se vio engrosado por hijos de exiliados 3 4
Cfr. Salazar, Manuel “Guzmán, quién, comó, por qué”, Santiago, Ediciones BAT, 1994, pp.11 -19 Cfr. Cavallo, Ascanio. “La historia oculta de la transición”. Santiago, Editorial Grijalbo, 1998, p. 97 5 Ortega, Javier. “La oferta de Castro. En: http://docs.tercera.cl/especiales/2001/verdeolivo/capitulo01/oferta03.htm 6 Ortega, Javier. “El ‘test de los cojones’”. En: http://docs.tercera.cl/especiales/2001/verdeolivo/capitulo01/test02.htm 7
Ortega, Javier. “ Los hijos adoptivos de Fidel”. En: http://docs.tercera.cl/especiales/2001/verdeolivo/capitulo01/hijos03.htm
chilenos provenientes de Europa del este. Entre ellos destaca Raúl Pellegrín Friedman, “José Miguel”, futuro comandante del Frente, quien arriba desde Frankfurt para alistarse en la academia cubana “Camilo Cienfuegos”. Luego de culminar sus estudios a fines de la década de los setenta, algunos de los chilenos son enviados a Nicaragua para apoyar el combate que las fuerzas sandinistas libraban contra el gobierno de Anastasio Somoza. Aquí tienen una destacada participación, luego “algunos siguieron la ruta Centroamericana integrándose al Frente Farabundo Martí en El Salvador, otros partieron a destinos africanos y asiáticos y por último hay quienes siguieron especializándose en Europa Oriental, cuya clásica división del trabajo alcanzaba también al campo militar: inteligencia y contrainteligencia en Moscú, documentos en Budapest, doctrina estratégica en la RDA y, a veces, técnicas de insurgencia en campos prácticos de Libia, Angola o Mozambique”8. Paralelamente, la dirigencia del Partido, tanto en Alemania como en Moscú, comenzaban a elaborar tesis militares para hacer frente al régimen de Pinochet. Finalmente en el pleno del partido efectuado en Moscú el año 1980 se anunció que el partido adoptaba la política de la Rebelión Popular de Masas, la cual quedó a cargo de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, , “Salvador”. La Comisión Militar tendría a su cargo cuatro áreas, una de ellas era la fuerza militar propia, es decir, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El nombre del grupo, según sus integrantes se debe a que el grupo consideraba a Rodríguez, entre “los padres de la patria es quien más representa las formas de lucha que nosotros utilizamos. Su astucia, su dinamismo y su patriotismo es lo que nos anima, y también su lema que lo hemos hecho nuestro...’aún tenemos patria, ciudadanos’”9. A principios de la década de los ochenta comienzan a ingresar a Chile los comandantes que debían conformar el aparato revolucionario. Lo hacen con recursos del Partido Comunista y sólo podían actuar bajo su autorización. El Frente debuta públicamente a finales de 1983, poco después de recibir la autorización por parte del Partido Comunista. Al mando de las acciones quedaba el joven Raúl Pelegrín, el mismo que años antes había recibido formación militar en Cuba. La primera actuación pública del Frente se lleva a cabo el 14 de diciembre del 1983. Consiste en asaltos a camiones, repartición de alimentos en poblaciones y un gran apagón nacional provocado por un atentado a cuatro torres de e nergía. Los años siguientes son un período en que el Frente realiza numerosas acciones como secuestros, bombazos, asaltos a cuarteles y lucha callejera en medio de las protestas. Con el Frente ya en acción se proyecta al año 1986 como “decisivo ”. Él contemplaba la realización de tres importantes acciones: la masiva internación de armas, el atentado al general Pinochet y un asalto a Santiago. Las dos primeras fracasan, al ser descubierto el arsenal en la zona de Carrizal Bajo y frustrado el ataque al general Pinochet. Mientras que el asalto a Santiago nunca llegó a materializarse. Así, en 1987 y producto de las sucesivas derrotas que había sufrido el Frente en el terreno político y militar, y la imposibilidad de convertir el año 1986 en el “año decisivo” en la lucha contra el gobierno militar, con la consecuente legitimación y consagración del
8 9
Cavallo, Ascanio. Op. Cit. p. 98 Lavandero, Jorge. “El precio de sostener un sueño”.LOM Ediciones, 1997, página 125.
camino institucional fijado por la Constitución de 1980 para el traspaso de mando, el Frente se divide. El Frente además recibe críticas por sus acciones de parte del Partido Comunista, que ordena restringir el poder de decisión de los comandantes, toma el control de los depósitos de armas y empieza a “recuperar” a sus militantes10 . Se produce entonces un quiebre en el Frente, entre aquellos que permanecen fieles al Partido y aquellos que abogan por continuar con la lucha armada. Raúl Pelegrín, en una intervención realizada ante la Comisión Militar del Partido Comunista afirmaba, “...a veces me ha parecido que algunos compañeros se olvidaron de cual es el enemigo principal. Es necesario avanzar y con la lucha se irán limando asperezas y resolviendo a veces paralelamente los problemas teóricos”11. Así mismo sostenía que “por parte de los compañeros de la Dirección y de la Comisión Militar, no ha habido una actitud para arreglar el problema. Más de alguien estará feliz de que el Frente se vaya del Partido. O más bien, que el Partido se vaya del Frente”12. Y luego, “varios compañeros y varias jefaturas consideramos que este es el momento de dar paso al accionar a la lucha decidida y resuelta en perspectiva de la Sublevación Nacional, que seguimos considerando como la única estrategia válida para resolver los problemas de nuestro país”13. Pelegrín es sacado del mando por el Partido en agosto de 1987. Éste rechazó la decisión, provocándose el quiebre de la Comisión Militar. Algunos regresan al PC formando el llamado FPMR-Partido, mientras los otros se transforman en un ente separado, el FPMR-Autónomo. El Frente Autónomo decide adoptar la estrategia denominada de “Guerra Patriótica Nacional”. Su primera acción se llevó a cabo el 1 de septiembre de 1987 y fue de gran envergadura. La denominada “Operación Príncipe” consistió en el secuestro del Coronel de Ejército y Subdirector de la Fábrica de Armas y Maestranza del Ejército (FAMAE), Carlos Carreño. Esta operación tuvo gran fue de gran importancia para el Frente-Autónomo, ya que por una parte les dio notoriedad pública, demostrando además su capacidad operativa sin el apoyo logístico del Partido Comunista. Pese a lo anterior, la acción no fue del todo exitosa, ya que las represalias no se hicieron esperar, desapareciendo días después cinco miembros del Frente, dos de los cuales formaban parte del Frente-Partido, lo que evidentemente generó nuevas rencillas entre ambas facciones. Lamentablemente para la nueva organización ésta pronto vendría el primer contratiempo importante. El 21 de Octubre de 1988 realizan un ataque en la localidad de Los Queñes, comuna de Curicó, contra el Retén de Carabineros del sector. En él fueron abatidos el propio Raúl Pellegrin Friedman, Alias “José Miguel” y Cecilia Magni Camino, alias “Tamara” (encargada de la organización del FPMR Autónomo de Rancagua a Chillán). Es entonces Galvarino Apablaza “Salvador” quien toma el mando de la organización, la que además decide que a partir de ese momento en sus acciones armadas 10
Cavallo, Ascanio. Op. Cit. p. 100
11
Salazar, Manuel. “Guzmán, quién, comó, por qué”. Santiago, BAT Editores, 1994, pp. 49 a 56. Ibíd. Ibíd.
12 13
no participaría directamente ninguno de sus Comandantes, para evitar de esta forma problemas de ausencia de liderazgo en sus mandos, producto de eventuales decesos14. Posteriormente el Frente-Autónomo realiza una serie de acciones entre las que destacan los atentados contra los generales Gustavo Leigh y Enrique Ruiz, así como el coronel de Carabineros Luis Fontaine. Pero la muerte de Pelegrín había constituido un duro golpe y el Frente-Autónomo comienza a mostrar fisuras. fisuras. Había quienes sostenían sostenían que el Frente no contaba contaba con apoyo en la base social y que en consecuencia el camino lógico era el de replegarse, y por otra parte estaban los mandos intermedios y una parte de los comandantes que partidarios de continuar con la política militar tradicional del Frente y en consecuencia retomar la “Guerra Patriótica Nacional”. Partidarios de esta última opción eran Juan Maco Gutiérrez Fischmann (El Chele) y Hernández Norambuena (Ramiro), ambos autores intelectuales del asesinato de Guzmán. Deciden entonces iniciar un proceso de Consulta Nacional entre sus bases, a fin de poder definir en conjunto las políticas y estrategias a seguir en adelante, considerando no sólo los reveses sufridos, sino también el nuevo escenario político que se estaba viviendo con motivo del advenimiento del régimen “democrático” luego de la llegada al poder de Patricio Aylwin. El proceso llegó a su fin a principios de 1991. Sus resultados mostraban el quiebre que se había producido al interior de la dirección del Frente, ya que tres comandantes manifestaban su voluntad de replegarse, los dos ya indicados decidieron continuar la línea militar de la Guerra Patriótica y el “Comandante Salvador” (Galvarino Apablaza), quien asume una posición intermedia 15 , decidiendo además redactar un documento con la postura definitiva, el cual sería analizado posteriormente. Pero ello nunca llega a concretarse, ya que “El Chele” y “Ramiro” toman la decisión de realizar el atentado que costaría la vida al senador Jaime Guzmán, el que iba a interrumpir el debate interno, bloqueando “cualquier posibilidad posib ilidad de abandono de la lucha 16 armada” . Esto explica que una vez cometido el atentado, la Dirección del Frente en un primer momento y ante reiteradas consultas consultas de sus dirigencia intermedia, desconoce su autoría. Así por ejemplo, el frentista Vasili Carrillo, consultado días despúes del atentado que cuesta la vida del senador de la UDI, manifiesta que el Frente “...hoy esta abocado a un proceso de discusión para lo cual se encuentran realizando una consulta nacional en la que participan todos sus integrantes y que por tanto no esta efectuando acciones armadas”17 . En tanto, al interior de la organización circuló con fuerza en esos días la versión de que fue la estructura de Hernández Norambuena (“Ramiro”) la que habría cometido el crimen con el objeto de evitar que se concretaran las intenciones de Apablaza (“Salvador”) de replegarse 18. 14 15
Cfr. “Qué Pasa”, Santiago, 13 de Julio de 1996, p. 23. Crf. “Qué Pasa”. Santiago, 21 de Diciembre de 1996, p. 31. 16 http://docs.t ercera.cl/especiale ercera.cl/especiales/2001/verdeoli s/2001/verdeolivo/capitulo08/d vo/capitulo08/decision01.htm ecision01.htm 17 Diario La Nación, 04 de Abril de 1991, página 10 18 Revista “Qué Pasa”, 21 de Diciembre de 1996, página 31. 31.
Esta situación creó un clima de conflicto entre los comandantes que aparecían vinculados a la acción y aquellos cuya decisión había sido la de replegarse, quienes evidentemente se sintieron pasados a llevar. Incluso se dice que producto de esta desazón muchos comenzaron a prestar servicios como informantes de los organismos de seguridad del Gobierno. Hernán Vidal, director del Instituto para el Estudio de Ideologías y Literatura de la Universidad de Minnesota, señala en relación a este punto lo siguiente: “Fue el asesinato del senador Jaime Guzmán el que llevó al distanciamiento de la gran mayoría de los oficiales que todavía pertenecían al FPMR. La operación de “ajusticiamiento” fue realizada durante el período de discusiones previsto en la Consulta Nacional iniciada por la Dirección Nacional del FPMR hacia fines de 1990, en que se recabarían opiniones entre la militancia sobre la necesidad de reorganizar la estrategia política para enfrentar el proceso de redemocratización. Se esperaba, por tanto, una moratoria de operaciones de envergadura hasta llegar a un consenso unitario. En este contexto de reflexión el “ajusticiamiento” resultó ser imprudencia de elementos deseosos de forzar a la organización al mantenimiento de la línea militar sin desviaciones. La confusión interna creada por esta situación llevó al FPMR a un tardío reconocimiento de la operación, sembrando así mayores confusiones en la Izquierda”19. Lo cierto es que sólo en diciembre de 1992, y con motivo de cumplirse el 9º aniversario del Frente, aparece publicada en “El Rodriguista” una entrevista efectuada a Apablaza, donde éste, en forma clara y categórica, despeja las dudas reivindicando el crimen del senador Guzmán en términos “totales y absolutos”. Este reconocimiento fue analizado e interpretado al interior del Frente como una estrategia de Apablaza para enfrentar el riesgo de que Hernández Norambuena y Gutiérrez Fischmann, frente a una eventual decisión definitiva de repliegue del Frente autónomo, hubiesen decidido formar una nueva organización subversiva al margen de la ya existente. Se trataría entonces de una hábil maniobra de Apablaza para no provocar una nueva división del Frente. Para comprender la importancia que tenía para Apablaza el evitar un nuevo quiebre, es necesario considerar que ambos “comandantes” (“Ramiro” y el “Chele”) eran vistos como grandes líderes al interior de la organización, por las apreciables ventajas que exhibían. “Ramiro” tenía un grupo operativo muy leal, en tanto que el “Chele” tenía contactos en Cuba y un muy buen manejo de las finanzas. La tardía actitud de Apablaza y el objetivo que con ella perseguía, queda de manifiesto al leer las declaraciones efectuadas por éste último y por el “Chele” a “El Rodriguista”, reproducidas en el diario “Las Ultimas Noticias”. En ellas, los frentistas calificaron al senador Guzmán como “uno de los principales autores intelectuales e ideólogos del golpe de Estado y genocidio posterior. Más allá de los esfuerzos que hagan 19
Vidal , Hernán, “FPMR, El Tabú del conflicto armado en Chile”,Mosquito Editores, 199 5, página 237.
por presentarlo como un santo, siempre estuvo detrás de los actos criminales en contra del pueblo”20. Luego y producto de la polémica originada respecto de la autoría y la decisión de matarlo, afirman que “las versiones de que supuestos miembros de la Dirección no estuvieron de acuerdo con la acción, nada tiene que ver con la verdad (...) Esa operación, en particular, estuvo a cargo de nuestro compañero Mauricio Arenas Bejas, el “Comandante Joaquín” (éste último habría también participado en el atentado a Pinochet. Se fugó de la cárcel en 1990). El aludido Mauricio Arenas Bejas, denominado “Lobo” por Ricardo Palma Salamanca en su libro sobre la fuga de la Cárcel de Alta Seguridad, habría muerto de cáncer en Buenos Aires, Argentina21 . En definitiva, lo claro es que el Frente reivindicó en términos “totales y absolutos” el atentado y aparentemente a contar de la fuga de la Cárcel de Alta Seguridad inició una etapa de repliegue, financiada en forma importante con los dineros obtenidos producto del secuestro de Cristián Edwards, que el propio “Chele” se habría preocupado de “lavar” en Bélgica22
3.2 Frentistas Frentistas implicados implicados en el el asesinato asesinato de l senador senado r Guzmán A continuación se menciona a algunos de los integrantes del FPMR que aparecen a la fecha como los principales involucrados en el asesinato del senador Guzmán, consignando respecto de ciertos de ellos un resumen de su historial subversivo.
3.2.1 Ricardo Palma Salamanca Alias “El Negro”. Es el autor material confeso de los disparos efectuados contra la persona del senador Guzmán. Palma fue el primer detenido en la causa y se encuentra condenado a presidio perpetuo en el proceso por el secuestro de Cristián Edwards y en la causa por el asesinato del senador Guzmán. En la actualidad se encuentra prófugo, pues el día 30 de diciembre de 1996, fue rescatado por miembros del Frente de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) de Santiago 23 . Los antecedentes que se conocen indican que estaría en Cuba. De hecho, fue “orador
20 21
Las Ultimas Noticias, 18 de Octubre de 1996. Palma Salamanca, Ricardo, “El Gran rescate”, Ediciones LOM, 1997, página 36. 22 Revista “Qué Pasa”, 20 de Julio de 1996, página 16. 23 Palma Salamanca relata su fuga en el libro Palma Salamanca, Ricardo. “El gran rescate: desflorando el viento”. Santiago, LOM Ediciones, 1997.
estrella” en una reunión de aniversario de la “Escuela Internacional de Deportes y Educación Física”, en febrero del 200224 . Palma Salamanca, cursó su enseñanza media en el Colegio Latinoamericano, realizando luego estudios de fotografía y guitarra. Ingresó a las Juventudes Comunistas en 1985 y al año siguiente al FPMR, cuando recién cumplía los dieciséis años. “El Negro” cuenta con un nutrido prontuario subversivo, destacándose su participación en al menos las siguientes acciones: a) Chofer del auto en que el FPMR secuestró a Cristián Edwards y posteriormente celador durante su cautiverio. Condenado a presidio perpetuo. b) Autor confeso de los disparos que ocasionaron la muerte al senador Guzmán, el día 1 de abril de 1991. Condenado a presidio perpetuo. c) Autor material del asesinato del coronel de Carabineros Luis Fontaine (Dicomcar). Condenado a 15 años. d) Autor material del homicidio del sargento segundo de Ejército y ex agente de la CNI y escolta de Pinochet, Víctor Enrique Valenzuela. Respecto de este hecho, si bien en un comienzo fue condenado por la Cuarta Fiscalía Militar a presidio perpetuo, la Corte Marcial en fallo unánime rebajó la pena a 15 años en virtud de favorecer al condenado la atenuante de “irreprochable conducta anterior”. e) Cómplice en el atentado con explosivos contra infantes de marina norteamericanos. Fue detenido el día 25 de marzo de 1992 en la intersección de las calles Walker Martínez con Avenida La Florida, por la Brigada de Investigación de Organizaciones Criminales (BIOC), la Brigada de Homicidios y el Grupo Operacional Táctico de la Policía Civil. A partir de su detención colaboró activamente con el ministro en visita en el caso Guzmán, confesando en forma clara su participación en el crimen y descartando de plano la intervención de Olea Gaona en el mismo, a quien desde un comienzo dice desconocer. Se dice que su colaboración en la causa se debió a su creencia en la versión proporcionada por el ex comisario de la BIOC, Barraza, en el sentido de que todos los autores del crimen de Guzmán estaban detenidos y confesos. Deja de colaborar en el proceso, luego de un confuso episodio, en el cual producto de una visita que le realiza su abogado, Adil Bercovic (abogado del CODEPU), con autorización y en presencia del prefecto de Investigaciones Juan Fieldhouse (Jefe Grupo Lex), le informa que se trata del único detenido en la causa. 24
“Qué Pasa”, 5 de abril de 2002
3.2.2 Juan Maco Gutiérrez Fischmann Alias “El Chele”. Es sindicado como uno de los principales autores intelectuales del asesinato del senador Guzmán. Ingeniero hidráulico formado en la Universidad de La Habana, militante de las Juventudes Comunistas (JJCC)25 . Fue uno de los fundadores del Frente en 1983 y pieza importante de su estructura, tanto por su preparación militar en Cuba, por su experiencia en la revolución nicaragüense, como además por pertenecer a lo que se denominó la “aristocracia guerrillera latinoamericana”26. Sus padres son Lisimaco Gutiérrez y Beatriz Fischmann. Su padre, de nacionalidad boliviana, fue un destacado guerrillero que luchó junto a Ernesto Che Guevara en el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Murió en Chile en un confuso incidente ocurrido en la frontera con el país altiplánico 27. Su madre, Beatriz Fischmann, es una arquitecto chilena oriunda de Puerto Montt que también trabajó en la guerrilla boliviana 28. De este matrimonio nacieron tres hijos: Juan Maco, Paula y Juanita Paz. Esta última estuvo casada con el cantautor cubano, Silvio Rodríguez. Con posterioridad a la asunción del Gobierno Militar, Gutiérrez viajó a Holanda (1975), con un salvoconducto facilitado por el Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados. Posteriormente se dirigió a Cuba. En 1977 estudió en la Escuela Militar de Bulgaria, desde donde egresa con el grado de teniente. En 1979 es capacitado como jefe de pelotón de la unidad de combate. En 1980 volvió a Cuba, donde se desempeñó como profesor en la Academia Militar de ese país, impartiendo la cátedra Estrategia e Inteligencia. En 1982 ascendió a teniente primero y en esa calidad viajó a Nicaragua, donde se desempeñó como jefe adjunto de batallón. Ahí desarrolló tareas en el Estado Mayor, en apoyo del Ejército Sandinista. Regresó a Cuba, y contrajo matrimonio con Mariela (María de la Luz) Castro Espín, la única hija de Raúl Castro, ministro de Defensa cubano y hermano de Fidel Castro, con 25 26 27 28
Revista “Qué Pasa”, 13 de Abril de 1996, página 18. Revista “Qué Pasa”, 13 de Abril de 1996, página 21. Revista “Qué Pasa”, 13 de Julio de 1996, página 23. Revista “Qué Pasa”, 3 de Agosto de 1996, página 25.
quien tuvo dos hijos. Su entonces suegro, Raúl Castro, era el responsable de los aparatos de Seguridad e Inteligencia de Cuba y quien tras el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua se refirió a los combatientes chilenos que actuaron en esa insurrección en los siguientes términos: “Estos son mis hombres”29 . En 1983 recibió instrucción en Cuba respecto de las misiones a realizar en Chile. Regresó a Chile junto a Raúl Pellegrín participando en la formación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En el Frente cumplió funciones en el Estado Mayor, convirtiéndose en el brazo derecho del “comandante José Miguel” (como se denominaba a Pellegrín). En 1987 el Frente se dividió y el “Chele” se alineó con Pellegrín, integrando el denominado “Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo”. En 1989 Gutiérrez Fischmann volvió a Cuba, aprovechando esa visita para separarse de su cónyuge Mariela Castro. En 1990 asumió funciones en la Dirección Nacional del Frente Autónomo, específicamente en el “Destacamento Raúl Pellegrín”. En 1991 participó en el secuestro de Cristián Edwards y, en calidad de autor intelectual, en el asesinato del senador Guzmán. En cuanto a su participación en el secuestro de Edwards, se sostiene que “el Chele” tenía en esos años a su cargo las finanzas del Frente y que coordinó personalmente el “lavado” del dinero obtenido del rescate 30 y su posterior distribución. Asimismo y en forma previa, tuvo a su cargo la administración de los recursos logísticos para materializar la operación: casas de seguridad, pertrechos, autos y traslados31 . Es importante recordar, como ya se ha sostenido, que el secuestro de Edwards obedece a la política de “repliegue táctico” del Frente, como consecuencia del alto grado de infiltración que por entonces sufría. Sin embargo, esta estrategia de repliegue requería financiamiento, pues era necesario asegurar la subsistencia económica de decenas de personas a través de empresas de papel, que existían principalmente en la zona del carbón, Octava Región. Una de las acciones que el Frente llevó a cabo para financiar los gastos que demandó la “operación secuestro”, fue el asalto a un camión Prosegur en el Campus Oriente de la Universidad Católica el día 22 de enero de 1992. En dicha acción participaron los frentistas Fabián López Luque, los hermanos Pablo y Alexis Muñoz Hoffman y el “Chele”, que fue sindicado como jefe de la operación. De hecho, según el propio “Chele” uno de los delincuentes usaba al momento de cometerse el delito una chaqueta de su
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Revista “Qué Pasa”, 13 de Abril de 1996, página 18. Revista “Qué Pasa”, 20 de Julio de 1996, página 16. Revista “Qué Pasa”, 13 de Julio de 1996, página 24.
propiedad. En este asalto resultaron muertos Alexis Muñoz Hoffman y Fabián López Luque y herido y detenido, Pablo Muñoz Hoffman32. Evidentemente, el éxito económico del secuestro de Edwards fue una manera rápida y eficiente de obtener los recursos necesarios para iniciar el repliegue proyectado. La autoría intelectual del “Chele” en el asesinato del senador Guzmán y la protección que se le habría brindado por el Gobierno, originaron una intensa polémica. La tesis de Jorge Barraza (ex Jefe de la BIOC), que ha ido cobrando fuerza con el tiempo, indicaba que curiosamente el nombre de Gutiérrez Fischmann se mantuvo ajeno de las investigaciones pese a que el ex-comisario informó de modo personal a sus superiores acerca de la identidad y relación de Gutiérrez con el asesinato del senador Guzmán. La denuncia entonces, apuntaba a que el “Chele” fue uno de los tantos protegidos de la Oficina de Seguridad y, por ende, de Investigaciones. Que el “Chele” tuvo participación en el crimen de Guzmán, después de las denuncias de Barraza, prácticamente nadie lo descarta. Prueba de lo anterior es que Mauricio Hernández Norambuena, (el “Comandante Ramiro”), otro de los autores intelectuales del asesinato, asediado por las reiteradas consultas de los demás miembros del Frente, aseguró haber realizado la acción con la autorización de los líderes de la organización y que particularmente había consultado el tema con el “Chele”, quien estuvo de acuerdo con la ejecución33 . También afirmó haber contado con la autorización del “Comandante Salvador”, Galvarino Apablaza (máximo líder del Frente), quien si bien al principio negó la participación y su conocimiento de la acción, luego y por las razones antes explicadas reivindicó el atentado en una entrevista publicada en “El Rodriguista”. De la misma manera, el “Comandante Ramiro” justificó en más de alguna oportunidad su acción, asegurando que sólo había cumplido con una resolución anterior del FPMR, que tiempo atrás había elaborado una nómina de cerca de 50 personeros de Gobierno Militar “condenados a muerte”, en la que figuraba el senador Guzmán34. Con ello evidentemente se reafirma la “tesis de Barraza”, en cuanto a la participación en calidad de autor intelectual de Gutiérrez Fischmann en el atentado que costó la vida del senador. Se desconoce el paradero de “El Chele”, pero se cree que permanece en Cuba.
3.2.3. Mauricio Hernández Norambuena
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Ídem. Ídem. Revista “Qué Pasa”, 13 de Julio de 1996, página 23.
Alias “Comandante Ramiro”. Es otro de los autores intelectuales del asesinato del senador Guzmán y fue tercer hombre en la línea de mando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Llegó a la cúpula del Frente ocurrida la muerte del “Comandante Emilio” (Pellegrín) en el asalto al retén de Los Queñes. Considerado uno de los comandantes “duros” y si bien tiene una escasa preparación política, es reconocido y despierta una gran lealtad y respaldo al interior de la organización, pues emergió desde las bases. Ostenta además el privilegio de ser el único comandante que realizó toda su preparación militar en Chile. Se atribuye a su grupo operativo el asesinato del senador Guzmán, en una etapa en la que el Frente se encontraba discutiendo entre dos alternativas: la continuidad de su política militar o el repliegue táctico. Fue detenido en agosto de 1993 en Curanilahue junto a Agdalín Valenzuela. Este último, fue después liberado, lo que habría alertado al Frente respecto a sus labores de informante del Gobierno y habría motivado su ajusticiamiento. En el evento de que el Frente fuera el autor de este asesinato, se dice que Hernández Norambuena sería su autor intelectual. Fue condenado a presidio perpetuo por su autoría intelectual en el asesinato del senador Guzmán. Actualmente se encuentra prófugo, pues es uno de los cuatro frentistas fugados desde la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago en diciembre de 1996, junto a Palma Salamanca, autor material de los disparos en contra del senador. Se presume que pasó por Cuba. Posteriormente en Brasil, en diciembre del año 2001, es secuestrado el publicista Washington Olivetto. Esta operación es liderada por Mauricio Hernández Norambuena, y, secundada. Después de que Olivetto es liberado, la policía de San Pablo, en febrero del 2002, detiene a seis de sus captores, entre ellos tres chilenos, dentro de los cuales está Hernández Norambuena, uno de los autores intelectuales del asesinato de Jaime Guzmán. Se solicita la extradición de Hernández Norambuena a Brasil, la que fue concedida por el máximo tribunal brasileño en agosto del 2004. Sin embargo, el Presidente de Brasil no estaba dispuesto a autorizar la extradición hasta que Hernández Norambuena no cumpliera con la pena por el secuestro del publicista Olivetto. Las razones esgrimidas por los abogados de Olivetto y por el propio Gobierno Brasileño, es que existía temor de que al enviar a Hernández Norambuena a Chile, este fuera indultado. Al respecto resulta sintomático, en cambio, que el abogado del frentista señalara que él quería volver a Chile. Hernández Norambuena insiste en la solicitud de su extradición.
3.2.4. Sergio Galvarino Apablaza Guerra.
Galvarino Sergio Apablaza Guerra, el “comandante Salvador”, “fue el primer y más carismático líder del destacamento militar del PC en La Habana. Gracias al “Chele”, yerno de Raúl Castro, “Salvador” articuló una fuerte relación con los cubanos y terminó dirigiendo el ala más dura del FPMR, escindida de las líneas del PC”35 . Formado en Cuba alcanza el grado de comandante. Combate en Nicaragua, dirigiendo el “Frente Sur”. “El estreno en sociedad de Apablaza como militar-dirigente fue tan avasallador como su liderazgo. En agosto de 1977, durante el pleno del PC chileno celebrado en Moscú, intervino sorpresivamente ante la comisión política vestido con el uniforme verde olivo. Antes, pidió con tono marcial y acento caribeño permiso para hablar. El ascenso de “Salvador” al comité central del PC, en 1978, fue una señal de que el partido jugaba todas sus cartas en su figura para sacar adelante su proyecto armado. Sin embargo, la colectividad nunca se preocupó de conocer realmente su pensamiento. Según un ex compañero de armas, en público Apablaza era muy apegado a la línea del partido, pero en privado criticaba a los viejos dirigentes”36. “Apablaza recién ingresaría a Chile en 1986, cuando se integró al Trabajo Militar de Masas (TMM) de PC. Pero el descubrimiento del desembarco de armas en Carrizal Bajo y el fracaso del atentado contra Pinochet lo hicieron replegarse rápidamente a la isla. Sólo volvió a ingresar tras la muerte de “José Miguel”, en octubre de 1988. Entonces, asumió plenamente la jefatura del FPMR-Autónomo, la facción más radical del frentismo, que un año antes se había separado del PC para seguir combatiendo. Para conducir al FPMR-Autónomo, “Salvador” articuló una dirección colectiva junto al “Chele” y “Ramiro”, Mauricio Hernández Norambuena, el único alto mando frentista formado íntegramente en Chile. Según consta en las investigaciones judiciales posteriores, fue al interior de este trío donde surgieron las órdenes para asesinar al senador de la UDI Jaime Guzmán (en abril de 1991) y secuestrar a Cristián Edwards (en septiembre del mismo año)”37 . Acusado como autor intelectual del homicidio del senador Guzmán. Sometido a proceso en diciembre de 2004. Fue detenido en Argentina en noviembre de 2004. En junio del 2005 comienza juicio de extradición en el Palacio de Justicia federal en Buenos Aires, luego del cual el juez Bonadío niega la extradición, quedando Apablaza en libertad. El Gobierno chileno apela ante la Suprema Corte argentina en julio del 2005. Nuevamente es negada la extradición.
3.2.5 Julio Escobar Poblete y otros miembros del Frente involucrados en el asesinato
35 36 37
http://docs.tercera.cl/especiales/2001/verdeolivo/capitulo05/compay01.htm Ídem. Ídem.
Alias “Comandante Emilio”. En la actualidad, prófugo de la Justicia, pero a diferencia de los dos anteriores, con posterioridad al asesinato del senador Guzmán no ha sido detenido. Habría participado entre otros en los siguientes hechos: a) Autor material del asesinato del senador Guzmán b) Secuestro de Cristián Edwards c) Asesinato del coronel Luis Fontaine d) Asesinato del escolta presidencial Víctor Valenzuela e) Atentado al canadiense James Trevor Thomas (caso del bate de béisbol) Escobar, al igual que Hernández Norambuena, participó en el secuestro de Washington Olivetto, luego del cual estuvo a punto de ser detenido por la policía brasilera, pero finalmente escapó al cerco policial.
Otros frentistas implicados: Marcela Mardones Rojas: “Ximena”. Estudiante de Pedagogía Básica de la Universidad Católica que habría cumplido funciones como punto de apoyo y seguridad. Mauricio Arenas Bejas: “Comandante Joaquín”. Mencionado por El Rodriguista como jefe de la operación, fallecido de cáncer 38 . Enrique Villanueva Molina: “Comandante Eduardo”. Actualmente en Cuba. Miguel Angel Peña Moreno: “Rambo” o “Simón”. Habría actuado proporcionando el Opala negro en que se trasladaron los autores materiales del asesinato.
4. Jorge Barraza y sus denuncias en torno al caso
38
Palma Salamanca, Ricardo; op. cit., página 36.
El ex- jefe de la Brigada de Investigaciones de Organizaciones Criminales (BIOC) Jorge Barraza es uno de los principales responsables de que el proceso judicial por el asesinato del senador Guzmán haya cambiado su curso a mediados de los noventa. En abril de 1996, el ex-comisario efectúo una serie de denuncias al programa de televisión “Aquí en Vivo” de Megavisión, denuncias que motivan al entonces ministro sustanciador, Alfredo Pfeiffer, a reabrir el sumario. Tan contundentes y decisivas resultaron estas denuncias que procesan a un alto funcionario de Gobierno y a la máxima autoridad de la policía civil, nada menos que por el delito de obstrucción a la Justicia. Barraza asume la investigación del asesinato del senador Guzmán, producto de los sucesivos éxitos en su labor policial, constatados y reconocidos por el alto mando de Investigaciones. El año 1991 Barraza se encontraba trabajando en Concepción con un grupo especial destinado a aclarar el homicidio del prefecto de Investigaciones Héctor Sarmiento, asesinato perpetrado por el grupo subversivo Mapu Lautaro. En esta gestión, Barraza logra dar con los autores y prácticamente desmantelar la estructura lautarista en la VIII Región, lo que se constituye en el primer éxito del Gobierno de la Concertación en la lucha antisubversiva. 39 El objetivo propuesto en esta pesquisa se cumple a cabalidad, pues no sólo no hubo muertos, sino que se obtuvieron contundentes medios de prueba y se aclararon 14 homicidios y 52 asaltos. En paralelo, en Santiago, ya acaecido el asesinato del senador Guzmán, las pesquisas a cargo del jefe de Inteligencia de Investigaciones, Guillermo Mora, no arrojaban resultados positivos. Son estas circunstancias, la ineficiencia de los organismos encargados de las pesquisas en Santiago y la excelente labor desarrollada por Barraza en las investigaciones encomendadas en Concepción, las que llevan al entonces director de Investigaciones, Horacio Toro, a recurrir a Barraza. Pese a que Barraza era un subordinado de Mora, “estaba en mejores condiciones para asumir las pesquisas”40. Toro pone a Barraza a cargo de un grupo especial, con recursos provenientes de los fondos reservados del Gobierno, que llegó a contar con cerca de 80 funcionarios. Este grupo da lugar posteriormente a lo que sería la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales (BIOC). Barraza, divide el trabajo en dos grupos: uno a cargo del secuestro de Cristián Edwards y el otro a cargo del asesinato del senador Guzmán. 39 40
Revista “Qué Pasa”, 22 de Junio de 1996, página 18. Ídem.
4.1 Secuestro de Edwards y primeras pistas En las pesquisas por el asesinato del senador, el trabajo comienza con un empadronamiento de los testigos y el chequeo de los frentistas que podían estar involucrados en la operación secuestro. Uno de los antecedentes en que reparó Barraza y que se convertiría posteriormente en una pista clave para dar con el paradero del secuestrado, fue que una alumna de Educación General Básica del Campus Oriente, Marcela Eugenia Mardones Rojas, miembro del FPMR conocida como “Ximena”, inexplicablemente abandonó las clases poco antes del atentado del senador 41 . Mas tardé se comprobaría que “Ximena” actúo como “punto de apoyo y seguridad” en el asesinato. 42 Una vez chequeado por Barraza el domicilio de “Ximena” y concurriendo personal de la Brigada a su hogar, su marido informa que ella vivía desde hace un tiempo con Raúl Julio Escobar Poblete, alias “Comandante Emilio”, jefe operativo del atentado a Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards43 . Ya a estas alturas y producto de las investigaciones que efectuaba Barraza en los casos mencionados, comienzan los roces con el entonces subdirector operativo de la Policía Civil, Juan Fieldhouse, las que se acentúan cuando Barraza desecha las imputaciones que el Grupo Lex –a cargo de Fieldhouse– efectúa respecto de Olea Gaona. Hay que recordar que Investigaciones, con motivo del asesinato del senador Guzmán, creó un grupo especial encargado de sus pesquisas, el Grupo Lex, que más tarde inculparía al delincuente común, Sergio Olea Gaona del asesinato. Poco tiempo después y luego de sucesivos seguimientos a “Ximena” y a “Emilio”, Barraza logra dar con el lugar en que se encontraba secuestrado Edwards. Se trataba de una casa ubicada en calle Poeta Vicente Huidobro Nº3.718-1, en las inmediaciones de la Villa Macul. El 25 de diciembre de 1991, Barraza le comunica al director de Investigaciones, Horacio Toro, que había encontrado el lugar donde estaba cautivo Edwards y que desde el punto de vista policial el caso estaba resuelto. Es a partir de este momento que Toro autoriza la creación de la BIOC, que nace formalmente el 1 de enero de 1992 con Barraza como su jefe máximo en reconocimiento a la labor desarrollada. La BIOC agrupó a la mejor gente de la Policía Civil, a alumnos destacados de la Escuela de Investigaciones y a algunos ex agentes que habían estado en comisión de servicio en la CNI 44 .
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Revista “Qué Pasa”, 13 de Abril de 1996, página 17. Revista “Qué Pasa”, 22 de Junio de 1996, páginas 82,83. 43 Revista “Qué Pasa”, 22 de Junio de 1996, páginas 82,83 y 84. 44 Revista “Qué Pasa”, 22 de Junio de 1996, página 18. 42
Si bien se cumplió con el principal objetivo en la operación Secuestro, cual era la liberación de Cristián Edwards, la BIOC perdió los pasos del grupo de rodriguistas involucrados en la operación.
4.2 EL FPMR en Colliguay Con posterioridad a la liberación de Edwards y con el objeto de celebrar el éxito de ambas acciones, los principales miembros del Frente, participes del secuestro y del asesinato del senador Guzmán, se dirigen a la V Región. Según se informa, esta celebración se desarrollaba en plena normalidad, hasta que Hernández Norambuena inicia una aventura amorosa con una joven vendedora de la Quinta Región. Su nombre, Ingrid Flores, hija de un ex-detective porteño apodado el “Tata Flores 45 El idilio entre el frentista y la hija del detective culmina abruptamente cuando la joven es encontrada ahogada en el mar tras caer desde un acantilado en el litoral central. Este hecho que atraería la atención de la policía fue la que motivó que los frentistas abandonaran la costa y se trasladaran rápidamente al interior, específicamente a Colliguay. Incluso se señala que antes de irse, los extremistas quemaron la cabaña en que había permanecido la joven con “Ramiro” a fin de que no quedara ninguna huella del “Comandante” del Frente, que lo vinculara con la joven46 . En conocimiento de algunas pistas en relación al paradero de los frentistas, la BIOC centró su vigilancia en los principales cruces de carreteras de la V Región. Es así como días después en un cruce a la ciudad de Quintero se ubicó el automóvil conducido por Silvia Brzovic Pérez, alias “Natalia”, una de las integrantes del comando que participó en el secuestro de Edwards 47 . De esta forma y producto de sucesivos chequeos, Investigaciones llega hasta el camping de Las Vertientes, ubicado en la localidad de Colliguay, donde detectan al grupo de frentistas. Una vez identificados y con el objeto de seguir más de cerca las actividades del grupo, Barraza ubica a un funcionario de Investigaciones de Limache que estuviera dispuesto a ingresar con su familia al camping, sin armas y sin radio para no despertar sospechas. Contactado este funcionario y ya al interior del camping, dedicó su tiempo a
45
Salazar, Manuel, “Bajo Sospecha. Doce Crímenes en suspenso”, Editorial Grijalbo, 1996, página 106 y 107. 46 Ídem. 47 Revista “Qué Pasa”, 22 de Junio de 1996, página 19.
estudiar las rutinas de los frentistas, la relación jerárquica entre ellos y el armamento que portaban. En su declaración extrajudicial, el propietario del camping señaló que el grupo de frentistas estaba compuesto por unas siete personas, entre hombres y mujeres, que se presentaron como estudiantes universitarios de vacaciones a cargo de un sujeto semicalvo de unos 35 años que se registró como Miguel Ángel Osorio48 . Paralelamente al trabajo del detective en el camping, una pareja de la BIOC desde los cerros aledaños y a una distancia aproximada de 1,5 km., con trajes camuflados, prismáticos y visores nocturnos, filmó y fotografió a los rodriguistas durante siete días. Otro grupo de la BIOC se ubicó a 30 kms. del camping, por la única vía de salida que tenían los sospechosos, simulando ser excursionistas. Encontrándose Toro en Canadá y en calidad de director interino de Investigaciones Nelson Mery, se produce uno de los tantos hechos poco claros en la investigación. Según Barraza, el 23 de marzo llegaron a Colliguay en un vehículo de la Dirección General de Investigaciones, dos agentes de inteligencia de la Jefatura Nacional Antinarcóticos, Juan Salazar Cordero y Oscar Marcelo Silva Carrasco. Ambos habrían sido enviados por el jefe de Inteligencia de Narcóticos, Manuel Valenzuela, con el objeto de detectar un laboratorio de cocaína49 . Valenzuela, quien había tenido un fugaz paso por la BIOC informa de esta comisión de servicio a su superior directo, el subprefecto José Almirka Sotomayor Llano, en ese entonces Jefe Nacional de Narcóticos. Según declaran quienes intervienen en este operativo, la existencia de este laboratorio fue denunciada por un oficial en retiro de Investigaciones de apellido Maturana 50 a cambio de diez millones de pesos 51. Barraza denuncia que el operativo de antinarcoticos en Colliguay es una maniobra destinada a desbaratar el operativo para detener a los miembros del Frente, cuestión de la cual había sido alertado previamente por un amigo. Al día siguiente “Ramiro” fue a buscar al grupo y lo sacó de allí. Días después de ocurrido este sospechoso hecho, se produce en el cuartel central de Investigaciones un serio altercado entre Barraza y Valenzuela. En esa ocasión, Valenzuela le manifestó a Barraza que la orden de enviar agentes fue dada por Fieldhouse, para reventar su operativo 52 .
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Ídem. Revista “Qué Pasa”, 29 de Junio de 1996, página 21. Minuta Alegatos Mery; op. cit., página 21. Salazar, Manuel; op. cit., página 109. Revista “Qué Pasa”, 29 de Junio de 1996, página 21.
Existe también controversia respecto de la fecha en que se efectúo el operativo antinarcóticos en Colliguay, cuestión que ha sido objeto de un sumario al interior de Investigaciones a cargo del prefecto Luis González Cuevas y respecto del cual no se conocen sus resultados. Resulta al menos peculiar que se desarrolle este sumario en forma paralela a la investigación judicia 53l. Barraza reafirma que fue el suegro de un ex funcionario de Investigaciones quien dio a este organismo el dato del camping. Lo que se discute es si fue o no a cambio de diez millones de pesos. Valenzuela negó esa ve rsión en el proceso54 Según fuentes cercanas a Barraza fue personal del Gobierno, vinculado a sus servicios de seguridad pública, a través de Juan Maco Gutiérrez Fischmann, quienes alertaron al grupo frentista de que la BIOC los había detectado en Colliguay. El “Chele” a su vez le habría entregado la información a “Ramiro” para que evacuara el lugar 55 . Barraza sostiene que los frentistas salieron del camping anticipadamente, pues tenían cancelados cinco días más, lo cual revelaría que fueron advertidos de la presencia de la BIOC. Tras la huida de los rodriguistas, Barraza ordenó practicar todas las detenciones posibles. Producto de lo anterior, son detenidos en los meses siguientes, José Miguel Martínez, Maritza Jara y Ricardo Palma Salamanca. La versión del Gobierno es distinta. El Ejecutivo sostiene que es Barraza el que deja escapar al grupo de rodriguistas de Colliguay en marzo de 1992. Esto con el objeto de que los frentistas cruzaran la frontera hacia Argentina y descubrir de esta forma las redes trasandinas del movimiento subversivo. De no ser, según La Moneda, por una orden de Mery, Barraza no habría detenido en el paso Los Libertadores a Maritza Jara y José Miguel Poblete. Por último, sostienen fuentes de Gobierno que subalternos de Barraza han declarado que el ex comisario no quiso detener a los frentistas teniendo medios y motivos para hacerlo. Según la misma fuente, la idea de Barraza era llegar hasta Apablaza, máximo líder del Frente. Los cercanos a Barraza replican señalando que la conducta del ex-comisario obedece a las instrucciones expresas del entonces director de Investigaciones Horacio Toro, quien era partidario de esperar el retorno de los frentistas a Santiago y de esta forma detener a todos los que componían el grupo y no sólo a los siete u ocho identificados en Colliguay56 .
4.3 Otras irregularidades denunciadas por Barraza
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Revista “Qué Pasa”, 06 de Julio de 1996, página 20.
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Revista “Qué Pasa”, 29 de Junio de 1996, página 21. Revista “Qué Pasa”, 29 de Junio de 1996, página 19. Revista “Qué Pasa”, 29 de Junio de 1996, página 21.
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4.3.1. Colaboración de Palma Salamanca Barraza señala que Palma Salamanca, autor material del atentado, colaboró con las investigaciones durante todo el tiempo en que Barraza lo mantuvo convencido de que estaban detenidos y confesos todos los demás participes del atentado. Es en esta etapa en que reconoce su participación como autor material no sólo en el asesinato del senador Guzmán, sino también en el del coronel de Carabineros Luis Fontaine y su participación en el secuestro de Edwards. Palma le habría manifestado a Barraza en esa oportunidad que cuando el Gobierno inculpó a Olea Gaona, preocupado se dirigió donde “Emilio” a quien le preguntó si efectivamente Olea tenía algo que ver en el asunto, a lo que “Emilio” le contestó “no sé de donde ch....sacaron a ese h....”57 .[19] Barraza denuncia que en una visita del abogado de Palma, Adil Bercovic, este le informa a su defendido que era el único detenido en la causa y le instruye en el sentido de no seguir entregando información, luego de lo cual Palma evidentemente deja de colaborar58 . Según se sostiene, Juan Fieldhouse, entonces subdirector de Investigaciones y oficial a cargo del grupo Lex, exigió que el abogado se entrevistara con Palma, argumentando que había sido autorizado por el magistrado a cargo del caso Guzmán, Guillermo Navas, lo que consta en el libro de novedades de esa unidad policial. En ese momento se encontraba en el cuartel, el subcomisario Roberto Ruiz, segundo hombre de Barraza, quien se negó a autorizar la entrevista, ante lo cual Fieldhouse hizo valer su rango. La conversación de Palma con su abogado fue presenciada por Fieldhouse, se encuentra grabada y fue entregada al ministro en visita que instruía la causa 59 .
4.3.2. Mery recibe y retiene el video del camping de Colliguay El 27 de marzo de 1992, Barraza se dirige a la oficina de Mery, mostrándole los videos de Colliguay e informándole que había resuelto policialmente los casos Fontaine, Guzmán y Edwards y que descartaba la participación de Olea Gaona en el asesinato del senador60. Lo anterior era muy grave pues Investigaciones se había obsesionado con Olea Gaona y empecinado en su captura, particularmente el Grupo Lex dirigido por Fieldhouse. Más grave aún era esta noticia si se considera que se realizaban importantes gestiones con el Gobierno español a fin de obtener la extradición de Olea Gaona. Lo anterior había motivado incluso la visita de Marcelo Schilling a España.
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Revista “Qué Pasa”, 22 de Junio de 1996, página 20. Revista “Qué Pasa”, 29 de Junio de 1996, página 21. Revista “Qué Pasa”, 22 de Junio de 1996, página 22. Revista “Qué Pasa”, 22 de Junio de 1996, página 20.
Mery, en un hecho absolutamente irregular, le pide a Barraza que no entregue estos antecedentes a los tribunales respectivos, aduciendo que ello provocaría un serio “problema político”. Para tranquilizar a Barraza se comprometió a solucionar el asunto en el más breve plazo después de conversar con funcionarios de Gobierno, cuestión que por cierto nunca ocurrió. Mery retuvo en su poder esta cinta de video proporcionada por Barraza por más de un año. Recordemos que en dicha cinta se encontraban filmados los principales terroristas de Chile, acusados del secuestro de Cristián Edwards y del atentado a Jaime Guzmán. Barraza sólo logró obtener copias de la misma a través de personal de su unidad que tenía el master de las grabaciones. La retención de este importante elemento de prueba por parte de Mery, le acarrearía un auto de procesamiento por el delito de obstrucción a la justicia, que posteriormente queda sin efecto, producto de haberse acogido un recurso de amparo interpuesto en su favor.
4.3.3. Exculpación de Sergio Olea Gaona En una reunión realizada el día 30 de marzo de 1992, en La Moneda y a la que asisten los representantes de la familia Edwards, Juan Pablo Illanes y Enrique Montero Marx; el ministro del Interior, Enrique Krauss; el subsecretario del Interior, Belisario Velasco; los miembros de la “Oficina” Jorge Burgos, Marcelo Schilling, Rodrigo Asenjo y Hugo Frühling; el Director de Investigaciones, Nelson Mery; el subdirector Operativo de Investigaciones, Juan Fieldhouse; el Jefe de la Brigada de Homicidios, Osvaldo Carmona; el abogado del Ministerio del Interior Luis Toro, y a la cual Barraza asiste sin estar invitado, el sub-comisario informa de la inocencia de Olea Gaona 61 . Tanto Juan Pablo Illanes como Enrique Montero Marx se habían retirado de la reunión cuando Barraza informa acerca de este hecho. Con posterioridad a este encuentro, en que tanto el Gobierno como sus aparatos de inteligencia y seguridad fueron informados de que Olea Gaona no tenía responsabilidad en los hechos, Krauss envió dos memos a Mery solicitándole informes sobre “las persistencias de las pruebas que incriminan a Olea”. Los memos están fechados el día 13 y 23 de Abril de 1992. Entre tanto se continuaron por largo tiempo los trámites de extradición de Olea Gaona. Esta situación habría provocado mucho malestar en el magistrado Guillermo Navas B. con Fieldhouse 62.
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Revista “Qué Pasa”, 06 de Julio de 1996, página 19 y Minuta de Alegatos del Consejo de Defensa del Estado en la acción de amparo interpuesta en favor de Don Nelson Mery Figueroa, página 25. 62 Revista “Qué Pasa”, 22 de Junio de 1996, página 23.
Una vez más, una gravísima situación, como el ocultamiento de la inocencia de Olea Gaona obstruye el curso de la investigación en forma descarada, desviando, de forma intencional, la atención de los verdaderos culpables, de los cuales ya se tenía conocimiento.
4.3.4. Aylwin conoce la situación En diversas oportunidades se habrían enviado mensajes al Presidente Aylwin a fin de que interviniera en esferas de Gobierno con el objeto de rectificar el rumbo que el Gobierno le daba a la investigación y que se traducía en la inculpación de Olea Gaona. Primero fue Barraza, a través del sobrino de Aylwin, Marcelo Trivelli. El subcomisario se reunió en más de diez oportunidades con Trivelli, quien aseguró haberle planteado el tema al Presidente. Sin embargo, Barraza declara no haber visto cambios en la actitud de Mery ni mucho menos de Fieldhouse. Marcelo Ignacio Trivelli Oyarzún, sobrino y secretario privado del ex-Presidente Aylwin consultado sobre el particular, señaló lo siguiente (fojas 206): “Llegó (Barraza) hasta mi domicilio llevando una carpeta de cartulina de color suave, en cuyo interior había un conjunto de documentos. Me señaló que en esa carpeta estaban los antecedentes conforme a los cuales se establecía que Sergio Olea Gaona no había tenido participación en el homicidio del senador Guzmán. A mí “me quemaban las manos” por revisar el contenido de dicha carpeta, pero me abstuve de ello, por cuanto en mi cargo no me correspondía participar en asuntos relacionados con Justicia, ni me sentía idóneo para evaluar el contenido de esos documentos. En todo caso, como yo lo conocía como un buen policía, especialmente por el trabajo que había llevado a cabo en mi beneficio, le señale que si yo podía poner esos antecedentes en conocimiento de los funcionarios correspondientes. Fue así como llamé por teléfono a Jorge Burgos expresándole que el señor Barraza tenía antecedentes que llevaban a concluir en un sentido diverso respecto del homicidio del señor Guzmán. Recuerdo que en esa ocasión Burgos me señaló que ellos se encontraban en conocimiento de esos antecedentes, ya que Barraza lo había expuesto ante el Comité de Coordinación que precedió a la Dirección de Seguridad Pública, agregando que se trataba de una tesis desechada por Investigaciones”63. Otro de los que se reunió y conversó este tema con Aylwin fue el ex director de Investigaciones, Horacio Toro. Toro, un día antes de partir de cónsul a Sevilla, se reunió con Aylwin y le contó todos los detalles que exculpaban a Olea Gaona, manifestándole que el insistir en su culpabilidad podría provocar un problema político mayor en cualquier momento. Sin embargo, el 2 de febrero de 1993, un día después de la partida de Toro a Sevilla, se materializó el cambio de dependencia de la BIOC. A partir de esa fecha deja de depender de Mery y pasa a depender de la Jefatura de Inteligencia Policial64 .
63 64
Minuta Alegatos Mery; op. cit., página 26. Revista “Qué Pasa”, 22 de Junio de 1996, página 24.
Toro, en relación a esta reunión con Aylwin, señala (fojas 575): “Y en palabras aproximadas le dije: Deseo poner en conocimiento suyo un hecho que estimo importante, se trata de la inculpación de Olea Gaona en el crimen del senador Guzmán, en circunstancias que hay pruebas de su inocencia. Policialmente llegaba a esta conclusión el subcomisario Jorge Barraza, el cual está en contacto con Marcelo Trivelli, de manera que ambos pueden informarle en detalle sobre el caso. El Presidente tomó nota (mentalmente) de lo dicho y no hizo mayor comentario”65 . En todo caso, como concluye el Consejo de Defensa del Estado, “hay una serie de testimonios indicativos de que, durante el periodo que no se informó oficialmente a los tribunales acerca de la exculpación de Olea Gaona, efectivamente este hecho era una preocupación preponderante de Barraza y fue llevado por él a los más altos niveles de la administración del Estado, lo cual es indicativo de una diferencia importante que existía entre la posición de Barraza y la del señor Mery sobre la materia y hace que, algunos de los dichos del señor Barraza, adquieran efectiva relevancia”66 .
4.3.5. Montaje contra Olea Gaona Barraza denuncia que existió un montaje para inculpar a Olea Gaona, según se da cuenta con más detalle en las páginas siguientes de este informe. La gravedad de esta acusación no es que se haya insistido por motivos políticos en una pista equivocada, sino que esa pista lisa y llanamente fue un montaje para engañar a la opinión pública67 . [30]
4.3.6. Protección a Gutiérres Fischmann a) Conocimiento de la existencia del “Chele” antes de las denuncias de Barraza. Tanto en Investigaciones como en el Gobierno se tenía conocimiento de la existencia del “Chele” mucho antes de las denuncias de Barraza. Se sabía que se trataba no sólo de uno de los fundadores del Frente, sino además de uno de los líderes de la organización con mayores contactos en Cuba. Ratifica lo anterior, uno de los principales informantes de la “Oficina”, Humberto López Candia, quien señala en su declaración ante el magistrado (fojas 1.018) que substanciaba la causa por el asesinato del senador Guzmán y en relación a las actividades del Frente en Brasil lo siguiente: “...sólo sabíamos que allí estaban Salvador Apablaza, Ramiro Hernández Norambuena y el “Chele” o Gutiérrez Fischmann. De éstos yo sólo conocía a Salvador y Ramiro, del “Chele” no conocía su identificación, porque en la 65 66 67
Minuta Alegatos Mery; op. cit., página 26. Minuta Alegatos Mery; op. cit., página 27. Revista “Qué Pasa”, 22 de Junio de 1996, página 24.
Oficina no se hablaba de él, sólo se lo mencionaba a veces y se sabía que era el contacto en Cuba” 68 Es un hecho que en una reunión realizada en dependencias de la Escuela de Investigaciones, el detective Juan Sarmiento reconoció a Nelson Mery, director de la Institución, que había identificado al “Chele” a fines de 1993 y que habría entregado el informe a sus superiores: prefecto Luis González Cuevas, jefe de Inteligencia; subprefecto Camilo Opazo, jefe de la BIP; Simón Tapia, subdirector Operativo y Jorge Zambrano 69 . Tiempo después se filtró la existencia de un documento fechado en mayo de 1992 firmado por el agente “Lorenzo” (subcomisario de Investigaciones Juan Sarmiento) dando cuenta de seguimientos, grabaciones y fotos tomadas a Gutiérrez Fischmann, gracias a la importante colaboración de Agdalín Valenzuela, frentista informante de la Oficina 70. Sarmiento declaró conocer al “Chele” el año 1992. En entrevista concedida por Juan Sarmiento a La Tercera el 27 de junio de 1997, éste ratifica lo anterior: –¿Usted conoció al “Chele”? Juan Sarmiento: –Sí –¿En qué circunstancias? –De vista –¿Se ha dicho que colaboró con la Oficina? –Lo desconozco. Yo nunca tomé contacto directo con él, ni tampoco en Santiago –¿Donde? –En otros sectores del país. Lo vi, tuve un contacto operativo respecto de esta persona, pero con el solo propósito de individualizarlo, nada más ....chequearlo. –¿Por qué no lo detuvo? –Porque mi misión era individualizarlo. Su identidad la obtuve más tarde. –¿Cuándo lo chequea por primera vez? –En 1992.Hay una minuta en la que sale la diligencia que yo hice con respecto al “Chele”71 . [39] La minuta a que se refiere Sarmiento es el fruto de un seguimiento que se le hizo al “Chele”, gracias a las informaciones proporcionadas por Agdalín Valenzuela (“Felipe”) a la “Oficina”. Valenzuela informó al ente de gobierno acerca de la posible visita del “Chele” a su casa en Curanilahue, ante lo cual Investigaciones adoptó las medidas necesarias para la 68
Minuta de Alegatos del Consejo de Defensa del Estad o en las acciones de amparo interpuestas en favor de Don Marcelo Gastón Schilling Rodriguez, Jorge Alvaro Zambrano Araya y Oscar Eduardo Carpenter Villagra, 1996, página 23. 69 Revista “Qué Pasa”, 21 de Diciembre de 19 96, página 43. 70 Revista “Qué Pasa”, 21 de Diciembre de 1996, página 32. 71 La Tercera, 27 de Junio de 1997.
obtención de importante material de audio y gráfico que les permitió identificar e incluso detener en la oportunidad a Gutiérrez Fischmann. Juan Miguel Sarmiento Luarte, “Agente Lorenzo”, señaló (fojas 1.477) que fue Marcelo Schilling “en su oficina ubicada en La Moneda” quien lo puso en contacto con Agdalín, al señalarle que debía dirigirse a un “cruce de Arauco”. Puesta en conocimiento de sus jefes, Cancino y Opazo le dieron orden de ir y el viático correspondiente. “Schilling me dijo que Felipe (Agdalín) me iba a dar antecedentes sobre un sujeto que llegaba hasta su casa y tenía un cargo importante dentro de la estructura del FPMR... Felipe nombró al “Chele” como el personaje que iría a su casa”72 . Sarmiento declaró en el proceso que él no era el agente controlador de “Felipe” (Agdalín) sino que lo era Antonio Ramos,(otro empleado de la Oficina) quien le daba indicaciones sobre informaciones a conseguir, “le pagaba,- según supo de oídas- y le daba las normas de seguridad”73 . El agente “Lorenzo” grabó una conversación sostenida por el “Chele” y Agdalín Valenzuela, en la casa de este último en Curanilahue. En ella, el frentista manifestó entre otras cosas, que en el asalto perpetrado por tres rodriguistas al Campus Oriente de la UC (que culminó con la muerte de dos de ellos) uno de los subversivos llevaba su chaqueta, por lo que temía ser identificado. Ese asalto habría sido planificado según Gutiérrez Fischmann para financiar el operativo de liberación de Edwards y tuvo lugar el 22 de enero de 1992. Edwards fue liberado el 1 de Febrero del mismo año 74. En la misma ocasión, el agente “Lorenzo” junto con efectuar estas grabaciones, tomó fotografías al “Chele”, las que posteriormente llegaron a manos de Schilling. Según Investigaciones, el personero de Gobierno las habría pedido para luego enviarlas a Alemania con el objeto de mejorar la calidad de las fotos y de esa forma establecer de mejor forma la identidad del rodriguista. Por supuesto, Investigaciones nunca más supo de las fotos. Schilling habría declarado en el proceso que se enviaron a España y no a Alemania como se sostuvo originalmente75 . Esto motivó a la ministra Camposano a solicitar vía exhorto una respuesta en orden a confirmar si fueron recibidas en ese país. Recién el año 1998 y producto de una carta rogatoria enviada el 21 de abril de 1997 por el ministro Dolmestch, el Servicio de Inteligencia Español, CESID, informó que tuvo en su poder la foto pero que la devolvió a los organismos de inteligencia chilenos. b) Omisión de las actividades antiterroristas de la “Oficina”. Otro indicio de que aparentemente existiría una protección de la “Oficina” hacia el “Chele” se pudo advertir con motivo de la conferencia de prensa conjunta que da el “Chele” y el “Comandante Salvador” a la revista “El Rodriguista”. En esa conferencia, 72
Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 18. Ídem. 74 Revista “Qué Pasa”, 21 de Diciembre de 1996, página 32. 75 Revista “Qué Pasa”, 21 de Diciembre de 1996, página 32. 73
extrañamente, todas las acusaciones formuladas por los líderes del Frente van dirigidas contra los principales adversarios de Schilling al interior del Gobierno en materia de control del área de inteligencia y seguridad: Barraza y Velasco. Sin embargo, no hay mención alguna por parte de estos frentistas de las actividades de la “Oficina” como tampoco a la supuesta relación del “Chele” con este organismo, pese a que es justamente la “Oficina” la causante de la infiltración y desestabilización de la organización subversiva. En esa ocasión, los máximos líderes del Frente denunciaron que Velasco habría montado una red para infiltrarlos, compuesta entre otros por Lenin Guardia e Iván Carrillo, guardando un curioso silencio respecto de las actividades que en este sentido realizaba la “Oficina”76 . c) Facilidades de Gutiérrez Fischmann para ingresar, permanecer y salir del país. Pese a existir plena claridad respecto de su existencia y su implicancia en el caso Guzmán, el “Chele” nunca tuvo mayores problemas para entrar, permanecer y salir del país. Es evidente que nunca tuvo problemas para permanecer en el país, pues los organismos policiales tuvieron la oportunidad de detenerlo en Curanilahue (cuando fue grabado y fotografiado en la casa de Agdalín Valenzuela), en el camping Colliguay (cuando departía con otros líderes del Frente después del secuestro de Edwards) y nuevamente en Curanilahue cuando fue detenido “Ramiro” y Agdalín Valenzuela (informaciones indican que se encontraba a pocas cuadras del lugar). Además, sus parientes cercanos han confirmado que el frentista pasó la Navidad de 1994 en su casa en el sector Oriente de la capital, después de la detención de “Ramiro” y cuando ya su nombre era conocido en esferas policiales 77 . Posteriormente, parlamentarios de la UDI denunciaron que en Marzo de 1996, el “Chele” habría abandonado el país con su identidad por el Paso Puyehue. d) Relación Previa con integrantes de la “Oficina” de Seguridad del Gobierno. Hay más antecedentes que alimentan la tesis de que el “Chele” fue protegido por la Oficina de Seguridad del Gobierno. Estos radican en la existencia de información que prueba una relación previa entre Gutiérrez Fischmann y Oscar Carpenter, brazo derecho de Schilling en la Oficina y principal responsable del reclutamiento de informantes. Carpenter, a comienzos de 1980 y durante su permanencia en Cuba, fue profesor no sólo del “Chele” sino también de Humberto López Candia, otro informante clave de la “Oficina”, en el Departamento de Operaciones Especiales (DOE) de ese país. Carpenter impartía los cursos de “Métodos Conspirativos” e “Infiltración”78 . 76
Revista “Qué Pasa”, 21 de Diciembre de 1996, página 34. Revista “Qué Pasa”, 13 de Abril de 1996, página 16 y Revista “Qué Pasa”, 21 de Diciembre de 1996, página 34. 78 Revista “Qué Pasa”, 21 de Diciembre de 1996, página 34. 77
Posteriormente, ambos cumplieron labores en Nicaragua: López Candia trabajó en la organización del Estado Mayor de la policía y el “Chele” integró el Ejército Sandinista, como oficial cubano, en el conflicto con la “contra”. Es decir, Carpenter conocía perfectamente a Gutiérrez Fischmann, lo que hace probable la existencia de contactos entre ellos durante el período en que funcionó la Oficina, más aún si se piensa que Carpenter era precisamente el encargado de reclutar a los informantes de ese organismo. e) Conductas de funcionarios de Investigaciones. En relación a esta situación de aparente protección resulta al menos curiosa la actitud asumida por funcionarios de Investigaciones en relación a las pesquisas mismas y al propio “Chele”. Entre ellos destaca –negativamente por cierto– las conductas imputadas al prefecto de la Policía Civil Jorge Zambrano. Así por ejemplo, cuando fue detenido el “Comandante Ramiro” en Curanilahue, Zambrano participó del interrogatorio y, sin embargo, en el parte oficial no hay constancia alguna de que el policía le haya consultado por el “Chele” a Hernández Norambuena , pese a que ya se sabía de su existencia. Asimismo, como ya se ha relatado, Barraza denunció que el 14 de agosto de 1993 se enteró de que el “Chele” estaba en Chile. Cuando logra ubicarlo, le informa de la situación a su jefe directo, Haroldo López quien le solicita a Barraza no detenerlo. Frente a esta determinación, Barraza le solicita a López que se lo ordene por escrito. López no lo hizo y sólo le informó del suceso a Nelson Mery79 . Lo lógico es pensar que Mery debió haber informado del hecho al Gobierno, sin embargo, el “Chele”, “alertado por fuentes desconocidas, burló la vigilancia de los agentes de Barraza”80 . ¿Cómo relata el detective de Investigaciones Juan Sarmiento este suceso en el proceso? Juan Sarmiento señala (fojas 298) que en su calidad de detective integrante del “Grupo Frente” y “Frente 2”, le correspondió interactuar con la Oficina de Seguridad Pública, “la cual le puso en contacto con un informante (...) Agdalín Valenzuela, quien le informó que a su casa llegaría Hernández y el Chele”. En agosto de 1993 sus superiores le ordenan ir a Curanilahue a detener a “Ramiro” (Hernández Norambuena) y a Agdalín Valenzuela. Sarmiento se opuso detener a este último, “pero su jefe insistió”. Después de la detención expuso a su jefe que Ramiro quería “conversar” pero le ordenaron que le entregara el detenido a Zambrano “a quien se le encargaba que procediera al interrogatorio”, sin que por ello haya podido obtener más antecedentes del “Chele”.
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Ídem. Revista “Qué Pasa”, 22 de Junio de 1996, página 24.
Esta versión es confirmada por Jorge Zambrano (fojas 300) quien reconoce haber recibido la orden de interrogar a Ramiro de Hernán Opazo “ignorando la razón por la cual se le encomendó esa diligencia”. Hernán Opazo Cerrato (fojas 324) niega que le haya prohibido a Sarmiento interrogar a “Ramiro”81 . En otro hecho irregular que no ha sido aclarado, Zambrano es sindicado como el principal responsable de la pérdida de los vasos que Agdalín Valenzuela entregó a Schilling con las huellas del “Chele”. Según consta en el proceso, en junio de 1992, Valenzuela entregó a Marcelo Schilling unos vasos con las huellas del “Chele”, obtenidos producto de una operación coordinada entre Agdalín Valenzuela y el prefecto Sarmiento. Estos vasos llegaron finalmente a Zambrano para que los sometiera a pericias dactilares en el Laboratorio de Criminalística de Investigaciones. Sin embargo, estos elementos de prueba junto a una cinta con la grabación de la voz del “Chele”, grabada desde la casa de Valenzuela por un equipo a cargo del subcomisario Juan Sarmiento, nunca más aparecieron. Schilling (fojas 536) niega que Valenzuela le entregó los vasos con las huellas del “Chele” y que se los haya pasado a Zambrano. Afirma que sobre esta materia “cree que Sarmiento se equivoca o confunde, pero reconoce que le entregó fotos y negativos del “Chele” entre los cuales “puede haber estado” la de fojas 303. Luego agrega : “...en cuanto a las fotos que me entregó Sarmiento en presencia de Cancino y del señor Zambrano, eran como quince, no todas iguales, pues habían fotos tomadas desde diversos puntos, eran en blanco y negro. En cuanto a los negativos, venían dentro de un sobre y no los miré; todo lo entregué a España y puedo agregar que las fotos eran muy malas. En realidad no me acuerdo si las fotos me las entregó Sarmiento o Burgos. El trabajo de las fotos que encomendé en España llegaron a La Moneda, vía Embajada de España, y yo las vi, tenían un color jaspeado, como café, debe habérmelas mostrado Jorge Burgos”82. Burgos, en tanto, (fojas 1.577) contradice a Schilling señalando que “recuerda haber visto las fotografías con Schilling, pero no recuerda haber tenido posesión material de las fotografías ni con anterioridad ni con posterioridad al envío a España”83 . También resulta curiosa la actitud de Nelson Mery, quien retuvo en su poder durante más de un año un video grabado en el camping de Colliguay, entregado por Barraza y en el cual figuran miembros importantes del Frente que tuvieron participación directa en el crimen del senador Guzmán, entre ellos el “Chele”, “Ramiro” y Palma Salamanca.
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Consejo de Defensa d el Estado; op. cit., página 19. Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 34. 83 Ídem. 82
Este hecho significará más tarde el procesamiento de Mery por el delito de obstrucción a la Justicia. Sin embargo, esta resolución adoptada de la ministra Camposano fue revocada posteriormente por la Corte Suprema, la que acoge sendos recursos de amparo interpuestos por los afectados. Se sostiene que Mery habría recibido “órdenes superiores” que lo llevaron a retener este video y de paso proteger al “Chele”. f) Nexos con Cuba Por último, hay quienes piensan (incluso ex-rodriguistas) que debido a la necesidad urgente de Cuba de reanudar nexos diplomáticos con Chile, y debido al condicionamiento del Gobierno de la Concertación al Gobierno de Castro de suspender el apoyo a los grupos subversivos de ultraizquierda, el “Chele” haya jugado algún rol en una eventual negociación para neutralizar al Frente. Esto le habría otorgado una protección e inmunidad especial por parte de los organismos encargados de la seguridad del Gobierno, más aún si se piensa los contactos que tenía Gutiérrez Fischmann con el Gobierno cubano (su suegro es Raúl Castro) y la relación de profunda amistad que tiene el subsecretario del Interior chileno, Belisario Velasco, con el líder de la isla. Por lo demás esta es una exigencia que públicamente se le impuso a Cuba por el propio Presidente Aylwin, quien al asumir su mandato manifestaba lo siguiente: “Para la normalización de las relaciones Santiago-La Habana es básico que se acepte el Principio de Autodeterminación y de No Intervención de un estado en los asuntos internos de otro....Y nosotros tenemos derecho a pedir a Cuba deje bien en claro que va a renunciar a cualquier propósito o acción de interferencia o de ayuda a grupos extremistas en el país”84. La tesis anterior estaría confirmada por el testimonio de ex frentistas que, aunque descartan que el “Chele” pudo haber sido informante o colaborador permanente de la “Oficina”, piensan que Gutiérrez se contactó con miembros de ese organismo para negociar protección para algunos militantes a cambio de suspender el accionar del FPMR. Todos los hechos relatados, la mayoría de ellos acreditados en el proceso judicial, revelan la existencia de presunciones de peso en orden a que Juan Gutiérrez Fischmann fue protegido. Lo que resulta extraordinariamente grave, es que la protección a Gutiérrez no le fue brindada por su organización subversiva –el Frente Manuel Rodríguez–, sino por las propias autoridades policiales encargadas de las pesquisas y por funcionarios de Gobierno que se desempeñaban en organismos de inteligencia creados, paradójicamente, con el fin de desarticular a estos grupos y hacer efectivas las responsabilidades de sus líderes. Es curioso que todos los episodios mencionados y que llevan a presumir la existencia de una red de protección del “Chele,” coincidentemente logren ese objetivo. Su nombre se mantiene al margen de la investigación un par de años y las pruebas de su 84
Diario El Mercurio, 07 de Marzo de 1990.
existencia e identificación se pierden en diferentes circunstancias sin existir justificación. El sujeto nunca logra ser detenido existiendo más de una oportunidad para ello. Las explicaciones dadas por las autoridades policiales y políticas de la época no son satisfactorias, ni para la opinión pública ni para la Justicia, por lo que tarde o temprano deberá hacerse efectiva la responsabilidad judicial y política de los involucrados en estos hechos; hechos que se enmarcan dentro de la política del gobierno democratacristiano de Aylwin en el combate al terrorismo. Básico entonces resulta conocer cuáles fueron las verdaderas razones que hubo para proteger a Gutiérrez Fischmann, pues ese será el primer paso para llegar a identificar a los integrantes de esta red de protección y a sus ideólogos. Probablemente esta inquietud no será resuelta, entre otras cosas, producto de las sucesivas presiones que ha ejercido el Ejecutivo sobre los tribunales en el transcurso de la investigación. En todo caso, las respuestas a las preguntas que a continuación se formulan, nos serán útiles para avanzar en ese sentido y llegar a tener una idea respecto de si el “Chele” fue o no protegido: ¿ Es lógico que siendo el “Chele” uno de los principales líderes del Frente su nombre no aparezca en la investigación sino sólo hasta que es públicamente denunciado por el comisario Barraza? ¿No es razonable pensar que Barraza se decide a hacer pública estas denuncias debido a los obstáculos que encontró al interior de la Policía Civil para continuar con esta línea de investigación? ¿Por qué sí figuraban como autores intelectuales del crimen del senador Guzmán, Galvarino Apablaza (Nº1 del Frente) y Mauricio Hernández Norambuena (Nº 3 del Frente), y nunca hubo interés en investigar al segundo hombre en su línea de mando (Gutiérrez Fischmann)? ¿Por qué, interrogado por Investigaciones el tercer hombre de esa organización (Hernández Norambuena) no es consultado en momento alguno respecto del “Chele”, conociéndose ya de su existencia? ¿Por qué Investigaciones tiene tanto interés en que “Ramiro” sea interrogado por el detective Zambrano, el policía más cercano a la “Oficina”? ¿Es razonable pensar que influyó en esta protección la amistad nacida en Cuba entre el “Chele” y Oscar Carpenter, uno de los “jefes” de la “Oficina”? ¿Su protección no se justificará por el hecho de haber sido el “Chele” un colaborador del Gobierno, tanto en la desarticulación del Frente, como en las gestiones
iniciadas ante el Gobierno cubano para lograr el cese del apoyo financiero de ese país a las actividades subversivas en Chile? ¿Es razonable pensar que los organismos de Inteligencia del Gobierno omitieron su nombre por las conocidas relaciones (incluso familiares) del “Chele” con el gobierno Cubano, lo cual hubiese entorpecido el proceso de reanudación de lazos diplomáticos con la isla? ¿Es normal que en una investigación de la importancia que esta tenía, se pierdan elementos de prueba claves para la identificación de un delincuente, como fueron los vasos con las huellas del “Chele”? Los procesos policiales ¿no están acaso lo suficientemente regulados y fiscalizados? ¿No es demasiada coincidencia que el sindicado como responsable de esta pérdida sea nuevamente Zambrano, el policía más cercano a la “Oficina”? ¿Es legal que un funcionario “meramente asesor” del Gobierno (ese carácter tenía “La Oficina” en materia de inteligencia (Schilling) sea la “aduana” por la que pasan los elementos de prueba existiendo un proceso judicial (foto s, vaso, etc.)? ¿Es razonable que teniendo Investigaciones tres oportunidades para detener al “Chele” no lo hubiese hecho, justificando su actitud con las razones más variadas? ¿Es posible que las fotos obtenidas del “Chele” hayan sido enviadas primero a España porque a juicio de un funcionario asesor del Gobierno (Schilling) eran “muy malas” y no hayan sido entregadas primero a la Justicia, instancia que en definitiva las califica y les da o no mérito probatorio? ¿Es posible que en pleno proceso de investigación e identificación de los culpables, el director de la Policía Civil retenga por más de un año un video en que aparecen la mayoría de los miembros involucrados en el asesinato del senador Guzmán y el secuestro de Edwards, justificando su actitud en los “problemas políticos” que su revelación acarrearía? Resulta inútil efectuar en este punto otro tipo de cuestionamientos quizás más finos, como es el tratar de determinar si influyó en la protección del “Chele”, la amistad de largos años del entonces subsecretario del Interior, Belisario Velasco, con el Gobierno cubano y en particular con la familia Castro, de la cual el “Chele” fue un conspicuo integrante. De ser efectiva la denuncia del ex-comisario de Investigaciones Jorge Barraza de que el “Chele” fue protegido, resulta de una extraordinaria gravedad el hecho sin precedente de que en un Gobierno democrático un organismo del Estado, como lo era el Consejo Coordinador de Seguridad Pública con la complicidad de la Policía de Investigaciones de Chile hayan brindado ilegalmente protección al principal ideólogo del mayor asesinato político cometido en nuestro país desde su Independencia. La ficha subversiva del “Chele” registra su participación entre otros en los siguientes hechos delictivos:
a) Planificación del secuestro del comandante Carreño. b) Dirección de la ocupación armada en poblado “La Mora”, en la V Región. c) Participación en la muerte del teniente de Ejército Roberto Zegers Reed, en agosto de 1989. d) Planificación del asesinato del sargento segundo Víctor Valenzuela Montecinos, ocurrido en el mes de octubre de 1990. e) Autoría intelectual en homicidio del senador Guzmán, en abril de 1991. f) Participación en secuestro de Cristián Edwards (1991,1992) y g) Vinculación con el rescate de los subversivos de la Cárcel de Alta Seguridad. Lo anterior, pues tanto “el Chele” como Apablaza (“Comandante Salvador”) contarían con redes en Chile y el extranjero para apoyar una fuga de esta naturaleza. El Chele nunca ha sido detenido y se presume que permanece en Cuba.
4.3.7. Campaña contra Barraza Esta campaña se inicia en diciembre de 1992 cuando el subdirector operativo de Investigaciones, Juan Fieldhouse Chávez, y el subdirector administrativo de la institución, Simón Tapia Cañas, intervienen el sistema computacional de la BIOC, sometiendo a interrogatorios personalmente a siete oficiales de la unidad, a quienes imputaban supuestas irregularidades en el uso del sistema 85 . En el mismo mes de diciembre, cerca de veintitrés aspirantes que se encontraban trabajando en la BIOC, durante un año son destinados abruptamente a otras unidades. Luego el 2 de febrero de 1993, Mery decide que la BIOC deje de depender de la Dirección General y pase a depender de la JIPOL, cuyo jefe es el prefecto Haroldo López Nuñez. La base Concepción de la BIOC pasa a depender de la jefatura zonal de esta ciudad y comienza la campaña de amedrentamiento contra oficiales de esa repartición por parte del jefe subrogante de la JIPOL, subprefecto Daniel Cancino Varas86. En marzo de 1993 abrumado por la presión recibida durante un año se acoge a retiro, con 22 años de servicio, el segundo Jefe de la BIOC, Roberto Ruiz Muñoz, un brillante investigador policial. El día 31 del mismo mes es disuelta la BIOC de Concepción y el 35% de sus funcionarios es trasladado a Valdivia y Puerto Montt.
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Diario “La Tercera”, 11 de Abril de 1996, página 4. Ídem. .
El 10 de septiembre, y luego de ser alertado Barraza de que sería removido de la BIOC y enviado a la unidad de archivo político DEPINFI, envía al tribunal el parte final que descartaba completamente la participación de Olea Gaona en el asesinato de Guzmán. Barraza debe dejar el documento en la secretaria de la Corte de Apelaciones, pues el ministro Libedinsky había sido ascendido a la Corte Suprema y no se había designado nuevo ministro a cargo de la causa. El 16 de septiembre es dado a conocer por el noticiero principal de Televisión Nacional el Informe Nº 26 de la BIOC sobre la inocencia de Olea Gaona. Investigaciones acusa a Barraza de haber filtrado la información, producto de lo cual debe afrontar un sumario por trece acusaciones distintas, procedimiento sustanciado por el subprefecto Luis González Cuevas. En todo caso, sólo una de estas acusaciones prosperó: la de haber extraviado una carpeta con antecedentes de pesquisas policiales que dejó abandonada en la Secretaría de la Corte de Apelaciones, cuando concurrió a dejar el parte exculpatorio de Olea Gaona. Fuentes del Gobierno de Aylwin indicaron en ese momento que Barraza no fue sancionado por el descuido, sino porque esa carpeta contenía todas las informaciones que había recopilado respecto de las irregularidades cometidas por Investigaciones durante las pesquisas del caso Guzmán87. La pregunta que surge es ¿Cómo se enteró esa fuente de gobierno del contenido de la carpeta, si Barraza informó sobre su contenido casi tres años después?. Producto de estas acusaciones, Barraza es sancionado sólo por el extravío con cinco días de arresto. Sin embargo, luego de fallarse en su favor un recurso de protección interpuesto por su abogada Pamela Pereira (dirigente socialista especializada en derechos humanos) la Corte de Apelaciones le rebajó la sanción a una amonestación simple. El 31 de septiembre de 1994, Barraza fue calificado por su jefe Haroldo López, en lista dos, pero la Junta Calificadora de Investigaciones lo bajó a lista cuatro, lo que implicaba su retiro sin explicar las razones de la medida. ¿Qué es lo que manifiesta Barraza en su apelación? Sostiene que “durante un año, ha caído sobre mi persona todo el peso institucional, ya que he sido investigado, seguido, intervenido mis teléfonos, amedrentados mis subordinados y se ha tratado de desprestigiar mi persona a nivel funcionario, judicial, político y público. ¿Cual es el origen de esta maquinación?. Haber trabajado con honestidad y consecuencia en el homicidio del senador Guzmán, donde se estableció la responsabilidad de los verdaderos autores y la inocencia del único inculpado”88 .
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Revista “Qué Pasa”, 22 de Junio de 1996, página 24. Revista “Qué Pasa”, 22 de Junio de 1996, página 26.
A pesar de la extensa apelación, Barraza es exonerado el 17 octubre de 1994 y un mes después, el 15 de noviembre, el ministro Pfeiffer dicta el sobreseimiento definitivo de Olea Gaona. Fieldhouse renunció a Investigaciones seis días antes por “motivos de salud”89 . Por último, el 17 de mayo de 1995, Barraza es víctima de un frustrado atentado en el antejardín de su hogar. En esa acción, Barraza identifica como presunto autor del mismo a Oscar Vicencio Gonzalez, más conocido como el “Troy”, sindicado por la Policía como uno de los autores del atentado al médico de la CNI, mayor de Ejército Carlos Pérez Castro y su esposa, hecho ocurrido en Rancagua el 3 de mayo de 1991. Luego de este incidente, Barraza envía un mensaje a La Moneda, señalando que “si me atropella un camión o me ocurre cualquier otro accidente, voy a reventar todo lo que tengo sobre el “Chele”90. Estos y otros antecedentes son mencionados públicamente por Barraza en el programa “Aquí en Vivo” de Megavisión, en abril de 1996, y motivan la reapertura del sumario por el ministro Pfeiffer. En todo caso, es un hecho que a partir de septiembre de 1993, Investigaciones disuelve la BIOC de Santiago, luego la de Concepción y en menos de un año más de cincuenta detectives destinados al combate terrorista fueron relegados a unidades de menor importancia.
5. La “Oficina” y la política antisubversiva de los gobiernos de la Concertación El Consejo Coordinador de Seguridad Pública, dependiente del Ministerio del Interior, fue creado por Decreto Supremo del Presidente Aylwin el 18 de abril de 1991 y publicado en el Diario Oficial el 26 del mismo mes, a raíz de la necesidad que vivía el país de contar con un organismo de inteligencia para colaborar con los organismos policiales en la desarticulación de los grupos terroristas, que reaparecen después del asesinato del senador Jaime Guzmán. El Decreto Nº 363 señala que se creaba un “Consejo Coordinador de Seguridad Pública”, con “carácter asesor” dependiente del Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior de la época estaba encabezado por el democratacristiano Enrique Krauss Rusque y para el funcionamiento de este Consejo se habrían usado fondos reservados de esa secretaría de Estado.
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Revista “Qué Pasa”, 22 de Junio de 1996, página 26. Revista “Qué Pasa”, 29 de Junio de 1996, página 20.
El Consejo, según el propio Decreto que lo creó, “prestará asesoría y propondrá medidas relativas a la planificación estratégica y coordinación de las políticas de Seguridad Pública vinculadas al ámbito terrorista, que realizan en el campo de sus respectivas competencias institucionales, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile”. La asesoría que proporcionaría el Consejo, tendría por objeto: “a) PROPONER MEDIDAS tendientes a coordinar el intercambio de información obtenida por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile en los ámbitos propios de su competencia. b) EFECTUAR ANÁLISIS sobre las materias de competencia de la Oficina y PROPONER MEDIDAS tendientes a lograr una adecuada coordinación en la búsqueda de información por parte de las Unidades de Inteligencia de las citadas instituciones de Orden y Seguridad, en materia de Seguridad Púb lica vinculadas al ámbito terrorista. c) PROPONER AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA por intermedio del ministro del Interior, cursos de acción para orientar las tareas de captación y búsqueda de información por parte de las unidades de Inteligencia de ambas instituciones en la señalada actividad. d) PREPARAR INFORMES con el objeto de proponer la adopción de las medidas que cada situación aconseje sobre la base del análisis de la información reunida. e) DISEÑAR Y PROPONER PROGRAMAS informáticos de seguimiento de la actividad y banco de datos necesarios para las tareas de procesamiento de la información reunida. f) PROPONER MEDIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA en el ámbito terrorista, considerando la información que al respecto también proporcionarían al Consejo, los servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y otros órganos del Estado. g) PROPONER al Presidente de la República, reformas de carácter legal o reglamentario en materias de competencia del Consejo. h) PRESTAR CUALQUIER OTRA ASESORIA en materias propias del Consejo, que le fuere requerida por el Presidente de la República, de manera directa o indirecta o a través del ministro del Interior.” No cabe duda alguna de la enumeración de las funciones transcrita que el Consejo era un órgano “eminentemente asesor y carente de todo tipo de facultad ejecutora”91. Jorge Burgos, vicepresidente del Consejo, ratifica lo anterior en el proceso(fojas 386): “...la labor de la oficina era recibir todas las informaciones que se hiciera llegar a ese organismo y que no tenía funciones operativas”92. 91 92
Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 7. Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 32.
Según el mismo Decreto la composición del Consejo era la siguiente: a) Un Presidente, nombrado por el Presidente de la República que tendría a su cargo la conducción del Consejo, contando con la iniciativa necesaria para el cumplimiento de los objetivos de éste. Le correspondería asimismo, suscribir las proposiciones que se hagan al Presidente de la República. En este cargo se nombró a Don Mario Fernández (Subsecretario de Guerra). b) Un vicepresidente, funcionario del Ministerio del Interior, nombrado por el Presidente de la República, que asistiría al presidente en todas las actividades propias de la función y asumiría aquellas tareas que le sean expresamente delegadas. Asimismo, subroga al Presidente en el caso de ausenc ia o impedimento de éste. En este cargo se nombró al abogado demócratacristiano Jorge Burgos (jefe de Gabinete de Krauss). c) Un Comité de Asesoría Directa, integrado por un oficial superior de Carabineros de Chile, un oficial superior de la Policía de Investigaciones de Chile, ambos designados por sus respectivos mandos institucionales, el vicepresidente del Consejo y el secretario del mismo. d) Un Comité Consultivo de Inteligencia, integrado por el subsecretario del Interior, los jefes de Inteligencia de cada una de las tres ramas de la Defensa Nacional y los jefes de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Este comité funcionaría a requerimiento del presidente del Consejo y en todo caso cuando lo dispusiera el Presidente de la República. e) Un secretario, el que sería nominado por el Presidente de la República. Le corresponderá “además de la función prevista en el artículo sexto, la responsabilidad de ser colaborador inmediato del presidente y vicepresidente del Consejo. En este cargo, Aylwin nombró al socialista Marcelo Schilling. En cuanto al apoyo administrativo y logístico, el propio decreto estableció que correspondía a la Secretaría y Administración General de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del ramo. Asimismo, se estableció que la misma secretaría “le proporcionaría el personal” que requiriese el Consejo para sus actividades, sin perjuicio de los funcionarios que se desliguen en comisión de servicios por Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y otros organismos públicos, todo de acuerdo con las normas estatutarias que los rigen. En consecuencia, el Consejo no contaba con presupuesto propio, ni tampoco con una planta de funcionarios. El apoyo logístico y de personal le era proporcionado por la Subsecretaria del Interior, aparentemente con fondos reservados del ministerio del ramo.
Lo anterior es ratificado por Ascanio Cavallo quien manifiesta en relación a la “Oficina” que su “financiamiento proviene de los gastos reservados de Interior, que provee, no muy a gusto y en dinero contante, el subsecretario Velasco”93. Cavallo revela además las pugnas existentes al interior del Gobierno entre Velasco y Schilling en materias de seguridad pública. No hay que olvidar que Velasco es el DC con más contactos entre los líderes izquierdistas. El propio Fidel Castro lo considera un amigo personal. Esta amistad con el líder de la Isla nace cuando Velasco era gerente de la Empresa de Comercio Agrícola ECA, en el Gobierno de Frei Montalva. Mantiene sus vínculos con Cuba y viaja una vez al año a la Habana 94. Fuentes del Ministerio del Interior de esa época señalan que Velasco veía en la “Oficina” un intento de potenciar a Burgos y sostienen que tanto Krauss como Enrique Correa, en ese entonces ministro Secretario General de Gobierno, acordaron desplazar a Velasco para que no “concentrara toda la manija de la inteligencia policial”95 . Esta sería una larga y sorda batalla por el control del aparato de inteligencia del Gobierno. Velasco contaba con la lealtad de la plana mayor de Investigaciones y con una red de informantes de izquierda coordinados por un ex mirista que en 1995 saltaría al ruedo político: Lenin Guardia 96. El primer síntoma evidente de una disputa entre la “Oficina” y el grupo de Velasco tuvo lugar en febrero de 1992 cuando la revista “Analisis” vinculada a Velasco dejó al descubierto la red de informantes que estaba tejiendo el organismo en que participaba Burgos y Schilling 97. Tan notoria era la existencia de dos grupos que operaban en materia de seguridad al interior del Ministerio, que fue justamente gracias a una pista de Lenin Guardia y que trabajó con éxito Barraza que se llega a Palma Salamanca 98. Según analistas de Inteligencia, que coinciden con la información proporcionada por miembros del FPMR, Velasco tuvo una red cercana a 27 informantes de izquierda, funcionando con ellos a través de un sistema de buzón, uno de los cuales fue Lenin Guardia. Incluso se sostiene que uno de los frentistas que operó en la red de Velasco fue el “Comandante Eduardo”, Enrique Villanueva Molina, quien al mismo tiempo era agente del Gobierno cubano y que también se ha visto involucrado en el caso Guzmán 99 . Schilling, por su parte, funcionaba con oficina en La Moneda, hasta donde llegaban permanentemente sus colaboradores externos. Se menciona como los más cercanos a 93 94 95 96 97 98 99
Cavallo, Ascanio; op. cit., página 102. Revista “Qué Pasa”, 09 de Enero de 1999, página 23. Ídem. Ídem. Revista “Qué Pasa”, 09 de Enero de 1999, página 24. Ídem. Revista “Qué Pasa”, 09 de Enero de 1999, página 25.
Antonio Ramos y Oscar Carpenter. (Más adelante se proporcionan antecedentes de estos personajes). No obstante lo anterior, Ramos (fojas 1.280) expresa no haber sido “funcionario del Consejo Coordinador de Seguridad Pública, pero colaboraba en él entrevistando personas....; por esto se me pagaban honorarios, pero no tenía contrato de honorarios; ni daba boletas”100 . ¿Bajo qué título se le pagaba? ¿No tenía contrato? ¿No daba boletas? Ambos colaboradores, tanto Ramos como Carpenter, en teoría debían dedicar parte de su tiempo al análisis de información de prensa y recibir a los informantes a quienes debían derivar en la mayoría de los casos a alguna Unidad de Investigaciones. Todo ello en teoría, pues en la práctica sus funciones fueron muy distintas. Si bien este Consejo de Seguridad nace con ocasión del asesinato del senador Guzmán, hay antecedentes para sostener que antes de su creación ya se realizaban labores de inteligencia al interior del Gobierno con informantes pertenecientes a grupos subversivos. Así lo ha reconocido por lo demás uno de los principales informantes de la Oficina, el ex-mirista Humberto López Candia. En enero de 1992, el Consejo de Seguridad sufre su primera reestructuración, incorporándose a nivel directivo un general de Carabineros (Hernán Felipe Arangua V.), un prefecto inspector de Investigaciones (Juan Fieldhouse Ch.), el director nacional de Gendarmería (Isidro Solís) y un académico (Hugo Frülingh) quien además pasaría a desempeñarse como secretario. Burgos se convirtió en el Coordinador del Consejo de Seguridad Pública y Schilling en Consejero. En relación a las funciones que cumplía por aquel entonces este organismo de inteligencia, Isidro Solís afirma en su declaración al tribunal que “el Consejo recibía poca información y que Burgos, Schilling y Fernández eran los que lo manejaban (fojas 254), lo que es concordante con lo que declara Frühling (fojas 529 vta.)101 . Por Decreto Supremo Nº 599 del 26 de abril de 1993, publicado en el Diario Oficial del 30 de abril de 1993, se pone término al Consejo Coordinador de Seguridad Pública, tristemente conocido como la “Oficina”. Esto se materializa con la promulgación de la Ley 19.212 que creó la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones. El 30 de abril de 1993 se crea la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones que pasa a ser dirigida por Isidro Solís. Este nuevo organismo nació con una planta de 92 funcionarios, con presupuesto propio y con una estructura y sede conocida en la calle Zenteno.
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Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 20. Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 17.
Isidro Solís se vio obligado a incorporar en la nueva organización a una gran cantidad de personas que participaron en la “Oficina”, en calidad de “funcionarios heredados”. Así por ejemplo, Solís declaró en el proceso no conocer a Ramos ni a Carpenter (fojas 867) pero agregó que “estaban en el listado de personas que se me entregó cuando me hice cargo de la Dirección de Seguridad y continuaron allí. Respecto a sus actividades en el Consejo nunca tuve información y respecto a las labores que han desempeñado o desempeñan en la Dirección de Seguridad Pública estoy imposibilitado a referirme por lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 19.212”10 2 . El referido artículo 23 en que se escuda Solís para no ahondar en determinados puntos, señala textualmente que “todos los asuntos, datos, antecedentes e informaciones que obren en poder de la Dirección o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con el servicio...se considerarán secreto para todos los efectos legales”. Luego agrega la norma que “no obsta a la entrega de los antecedentes e informaciones que soliciten el Senado o la Cámara de Diputados o que puedan requerir los Tribunales de Justicia.” Esta Dirección de Seguridad Pública mantuvo en teoría su “carácter asesor y no ejecutor”103 . Al respecto es útil examinar el artículo 3º de la ley 19.212 que estableció las funciones de la Dirección. “Artículo 3º: Corresponderá a la Dirección: a) Servir de órgano coordinador de las informaciones relacionadas con el orden público, con la seguridad pública interior y con las apreciaciones de inteligencia. b) Recabar, recibir y procesar, en el ámbito de su competencia, los antecedentes y la información necesarios para producir inteligencia. c) Relacionarse, a través del Ministerio de Defensa Nacional, con los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, para recabar la información referente al orden público y a la seguridad pública interior de que aquellos tuvieren conocimiento, y proporcionarles a dichos organismos de inteligencia la información que pudiere obtener en sus actividades de seguridad interior que indica en el ámbito de responsabilidad de las Fuerzas Armadas. d) Coordinar el intercambio de información, en materias propias de la Dirección, entre los distintos organismos públicos que la recogen y disponen de ella.
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Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 20. Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 9
e) Proponer políticas y planes que pueda desarrollar el Estado en materia de orden público y de seguridad pública interior. f) Desarrollar y mantener un banco de datos centralizado, en asuntos propios del ámbito de su competencia”. El 15 de mayo de 1995 asumió en reemplazo de Isidro Solís, Angel Flisfisch (PPD). Por último, en noviembre del mismo año asume en las mismas funciones Mario Papi . 104
Se destaca como el mayor logro de la “Oficina” durante su existencia, la desarticulación de los grupos subversivos mediante una profunda labor de infiltración. En este sentido se menciona como acción concreta la detención de Hernández Norambuena (“Ramiro”), tercer hombre del FPMR-Autónomo. Sin embargo, los hechos han demostrado que estos éxitos son desde todo punto de vista cuestionables. En primer lugar, porque estos grupos nunca fueron debidamente desarticulados, lo que quedó demostrado con la operación de fuga de miembros importantes del Frente de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago. Esa operación demostró no sólo la ingenuidad del Gobierno en temas carcelarios y de seguridad, sino además que lejos de estar desarticulados estos grupos subversivos estaban replegados y contando con gran apoyo internacional, tanto en lo que se refería a recursos como a redes de protección. Ejemplo de esto último, es la negación por parte del Gobierno suizo de la extradición de uno de los frentistas fugados, el extremista Patricio Ortiz, de la del juez argentino Bonadío de Apablaza y la campaña que se realizó en torno a la negación, entre otros. En segundo lugar, porque la inactividad de estos grupos se originó más bien en una decisión propia del Frente, tomada ya el año 1987 por algunos de ellos y que consistió e n la denominada tesis del “repliegue táctico”. Incluso, muchos de ellos si bien abandonaron la actividad subversiva propiamente tal, aprovecharon su calidad de informantes para derivar en la delincuencia común, sintiéndose plenamente protegidos por el Gobierno. Este último es un fenómeno que ya Jaime Guzmán había advertido: “El desafiante recrudecimiento del terrorismo se ve actualmente agudizado por el incremento de la delincuencia común, que inquieta con creciente angustia a los chilenos. Los vasos comunicantes entre terroristas y delincuentes comunes son suficientemente conocidos y perfilan las reales dimensiones del problema”105 .
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Revista “Qué Pasa”, 10 de Agosto de 1996. Diario La Tercera, 07 de Abril de 1991.
Y en tercer lugar, de existir algún éxito en el combate contra la subversión, éste ha quedado opacado al constatar la naturaleza de los métodos aplicados en la lucha antiterrorista, particularmente en el período en que “reinó” Schilling. Durante esta etapa fue posible apreciar que la batalla antisubversiva se dio derechamente al margen de la ley. Se aplicó de hecho y en forma ilegal y arbitraria la figura de las “delaciones compensadas”, se pagó informantes y se les utilizó como una especie de “agentes encubiertos” regulados en Chile sólo para efectos de la ley antidrogas, se obstruyó la justicia, y en general se ocupó muchos otros mecanismos permanentemente criticados y cuestionados respecto de los organismos de Inteligencia del gobierno militar, cuando la Concertación era oposición. El abogado del Consejo de Defensa del Estado Davor Harasic, al momento de alegar en la Corte de Apelaciones por el rechazo del recurso de amparo interpuesto por Schilling a la resolución que lo sometía a proceso, afirmó categóricamente que la “Oficina” “ejerció funciones operativas a través de una red de informantes pagados y compensados con ayuda específica si eran detenidos”106 . El abogado Harasic, en representación del Consejo de Defensa del Estado, denunció textualmente lo siguiente: “...en paralelo a su función no ejecutora y eminentemente asesora que cumplía el oficial “Consejo Coordinador de Seguridad Pública”, existía en funciones un grupo de personas a él vinculadas y encabezadas por el señor Schilling, que no cumplían funciones asesoras, sino ejecutoras, utilizando al efecto algunos personeros de la Policía de Investigaciones y una red de informantes pagados, informantes que, adicionalmente, según algunas declaraciones en tal sentido, eran “compensados”, con ayudas específicas en caso de ser detenidos”107 . El empleo de algunas de estas estrategias le significó a miembros, tanto de la “Oficina” como a autoridades de Investigaciones, sendos autos de procesamiento que al final, producto de diversas presiones del ejecutivo a los magistrados se desvanecen. Resulta extraordinariamente grave y constituye un hecho sin precedentes que el organismo que representa a la sociedad108 , el Consejo de Defensa del Estado, solicitó a la Justicia que sancionara a un funcionario de gobierno, involucrando de paso a la organización de que formaba parte, por haberse acreditado que realizaba funciones al margen de la ley, otorgando a delincuentes dinero y ayudas específicas. Todo lo anterior basado en la eterna premisa del mal menor en la lucha antiterrorista. ¿Qué es lo que el “representante de la sociedad”, el Consejo de Defensa del Estado concluye luego de examinar los antecedentes que obran en el proceso?
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Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 10. Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 10. Decreto con Fuerza de Ley Nº1, artículo 5, letra e). Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado.
En primer lugar, que “las funciones del señor Schilling y de determinados miembros del Consejo de Seguridad trascendían el ámbito meramente asesor”. En segundo lugar, que “existía una red de informantes compensados monetariamente y con favorecimientos en el evento de ser detenidos”. En tercer término, que “al actuar con el legítimo móvil de combatir el terrorismo, se llegó a cometer un acto delictual” 109 . Lo único claro es que para el Gobierno, pues el Consejo de Seguridad era un organismo de Estado dependiente del Ministerio del Interior, el fin en esta materia justificó la utilización de cualquier medio. Prueba de lo anterior, es que no obstante encontrarse acreditados estos y otros hechos en el proceso y ser de conocimiento público los excesos cometidos, todos los personeros oficialistas salieron en inmediata defensa de los inculpados sosteniendo prácticamente todos la tesis del mal menor. (esto se puede ver en detalle en el capítulo de este trabajo referido a las declaraciones formuladas por los distintos personeros). En la lógica del Gobierno de Aylwin, no se cumplió el fin, ¿se justifican entonces el tipo de medios empleados? ¿Cuáles son las principales irregularidades que habría cometido la “Oficina” en su lucha antisubversiva?
5.1 Montaje de una organización antisubversiva que excedió el ámbito meramente asesor y las atribuciones conferidas por la ley Es un hecho que la “Oficina” nunca cumplió con los objetivos precisos que motivaron su creación yque se encuentran clara y precisamente detallados en el Decreto Supremo que le dieron origen. Ratifica lo anterior, la sola lectura de las declaraciones vertidas por los propios funcionarios de la “Oficina” en el proceso: Hernán Felix Arangua Valdivia (fojas 754), representante de Carabineros ante el Consejo de Seguridad Pública, reconoció que el Consejo se reunía sólo los días jueves y “empezó con mucha publicidad, pero luego se fue reduciendo a su mínima expresión (...) Frühling era como el dueño de casa (...) las reuniones eran de unos 15 ó 20 minutos”. Consultado sobre el punto, señala que no recuerda que en las reuniones del Consejo se haya hablado del Caso Guzmán o de la participación en el de Olea Gaona 110 .
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Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 35. Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 10.
Isidro del Carmen Solís Palma (fojas 867), participe de la “Oficina” en su calidad de Director de Gendarmería, es más tajante en su opinión, pues señala que se reunían una vez por semana tratándose “materias sin sustancia”. Luego, agrega Solis que dejó de asistir al Consejo por estimar “que carecía de relevancia” lo que trataban semanalmente, “ya que normalmente las informaciones habían aparecido profusamente en la prensa”111 . Frühling (fojas 951) reconoció el funcionamiento espaciado en el tiempo del Consejo y el funcionamiento paralelo del órgano en la “oficina de Burgos y Schilling”. Frühling, reconoció además que se arrendó una oficina externa –cuya dirección no recuerda– “para que Andrés Araya trabajara en estadísticas de hechos terroristas”. Schilling (fojas 980) señala que dicha oficina fue cedida por Bienes Nacionales, se ubicada en la calle Huérfanos y con la cual no tuvo “ninguna relación, salvo la de conocer el resultado de su trabajo estadístico”. Más adelante agrega Schilling: “la llamada Oficina de calle Huérfanos no fue paralela al Consejo sino que dependía de él; yo no la conozco y nunca he estado allí ni he pagado cuentas de ella”112 . Es ya de conocimiento público que Schilling al margen de las funciones del Consejo que cumplía en La Moneda, montó una oficina que operó en el sexto piso del edificio ubicado en la vereda nororiente de Huérfanos con Amunátegui, (Huérfanos 856, oficinas 909 y 910) y donde se concentró una red de informantes, compuesta tanto por miembros del Frente como militantes del Partido Socialista. A esta “Oficina” se le denominó la “Oficina de Huérfanos”, inmueble que para el ciudadano común simulaba ser una oficina de reinserción de presos políticos. Esta dependencia estaba dirigida por Oscar Carpenter. Si el Consejo de Seguridad era un organismo asesor del Presidente en materias de inteligencia ¿era necesario que sus oficinas tuvieran fachadas de organizaciones de reinserción de presos políticos? ¿Por qué se niega la existencia de la “Oficina de Huérfanos”durante tanto tiempo si su funcionamiento se enmarcaba dentro de las funciones que le otorgaba la ley? De la existencia de esta “Oficina de Huérfanos” hay numerosos testimonios en el proceso: Así, el secretario del Consejo, Frühling, reconoció la existencia de esta oficina, señalando que se justificaba para “que Andrés Araya trabajara en estadísticas de hechos terroristas”. Schilling (fojas 980) explicando su origen pero no sus actividades declara que la referida oficina “había sido cedida por Bienes Nacionales”. Andrés Augusto Araya Alemparte (fojas 1.057) quien es sindicado como el principal beneficiado con la habilitación de esta oficina, manifiesta en relación a la misma 11 1 11 2
Ídem. Ídem.
que “estaban inhabitables por lo que me encargué que se arreglarán, preocupándose de la parte financiera, Burgos”. Luego agrega que a Carpenter lo conoció “porque trabajaba en Huérfanos...”113 . Está acreditado que más allá de lo que se diga en el sentido de que esta oficina servía al señor Araya para trabajar en “estadísticas de hechos terroristas”, la Oficina de Huérfanos constituía la agencia de empleos que el gobierno puso a disposición de aquellos terroristas del Frente Manuel Rodríguez que quisieran “descolgarse” de éste u otro grupo subversivo a cambio de una remuneración en dinero y un verdadero escudo de protección judicial. Esta organización paralela, dotada de recursos del Estado y que como se verá más adelante incluso administró justicia, era gerenteada por un ex GAP (la guardia armada personal del ex Presidente Salvador Allende), el señor Oscar Carpenter, a quien además de tener cursos en Cuba sobre “métodos conspirativos” se le atribuye haber participado en el año 1972 en el asesinato de un miembro del Movimiento Patria y Libertad114 . La ciudadanía debía estar tranquila. El Gobierno combatía el terrorismo y los aparatos de inteligencia estaban en “buenas manos”. Si consideramos que dentro de las funciones del Consejo de Seguridad no se encontraban comprendidas ningún tipo de actividades “ejecutoras”, sino sólo “asesoras”, es claro que la actuación de la “Oficina” excedió absolutamente el margen de las atribuciones que le otorgó la ley. De acuerdo a la labor que según sus propios funcionarios realizó efectivamente la “Oficina” surgen las siguientes interrogantes: ¿Era necesaria la creación de un organismo como este? o ¿su nacimiento es más bien una maniobra comunicacional del Gobierno de la época para soportar las primeras presiones que generó el asesinato del senador Guzmán? No hay que descartar que se haya perseguido este último objetivo, pues en labores de Inteligencia se trabajaba informalmente desde antes del asesinato del senador Guzmán y, en consecuencia, antes de la creación del propio Consejo Coordinador de Seguridad. Existe información de que antes de existir formalmente la “Oficina”, el Gobierno tuvo conocimiento de una serie de antecedentes que alertaban sobre la posibilidad de un atentado al senador Guzmán. Así, antes del asesinato “hubo una reunión en La Moneda con participación del general Sergio Lutjens, entonces a cargo de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar), creada en mayo de 1990. En el encuentro, Lutjens advirtió al Gobierno que su
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Ídem. Revista “Que Pasa”, 19 de Julio de 1997, páginas 20 a 28 y Revista “Qué Pasa”, 07 de Diciembre de 1996, página 17. 11 4
institución poseía antecedentes que hacían presumir que el FPMR podía atentar contra el senador Guzmán o contra el senador de Renovación Nacional Sergio Onofre Jarpa”115 . La Dipolcar habría emitido un memorándum con fecha 13 de marzo de 1991, firmado por el General Lutjens Ciangarotti en que da cuenta de lo antes expuesto. Belisario Velasco afirmó que se enteró de ese documento secreto después del asesinato. Por otra parte, el informante del Gobierno Humberto López Candia señala que un tal “Arturo”, joven frentista que participaba de un comité de inteligencia antecesor de la “Oficina”, informó al Ministerio del Interior de la posibilidad del atentado, información que no habría sido tomada debidamente en cuenta por el Gobierno. López Candia relata lo anterior del modo que se indica: “El nivel de información que manejábamos (en el Comité) nos permitió ir anticipando algunas operaciones como el atentado al coronel (R) Luis Fontaine, que había sido jefe de la Dicomcar e implicado en el caso Degollados. Esa información la recibimos de un frentista de apellido Velásquez, unos dos días antes del crimen y “Arturo” la llevó al Ministerio. No sé qué pasó, pero la operación siguió su curso y el FPMR mató a Fontaine”. “El Comité en sí recogió información acerca de los propósitos del Frente de matar al senador...” Agrega que “Arturo envió los antecedentes al Ministerio del Interior. Pero allá evaluaron que la información era poco seria, un “bluff”. Arturo me dijo que estaba abrumado y no sabía qué hacer. Cuando vi a “Arturo” tan abatido, supe que el asunto era muy serio (...) Arturo incluso llamó anónimamente al 133 y al 134. Obviamente no lo tomaron en cuenta”116 . Por último, el periodista Ascanio Cavallo afirma que “Carabineros ha tenido la información de que Guzmán y Sergio Onofre Jarpa podrían ser blancos de atentados; el 29 de marzo “Día del Combatiente” para el FPMR, se han distribuido en la Villa Francia panfletos con los rostros de Guzmán y el general (R) Manuel Contreras, cruzados por tajantes X” 117. ¿El Gobierno y sus aparatos de seguridad tomaron medidas efectivas tendientes a evitar que se concretarán los planes del FPMR y de los cuales estaba en conocimiento? ¿Es suficiente sólo advertir a las posibles víctimas? Sin embargo, las críticas no sólo apuntan a la absoluta negligencia que hubo en la prevención del asesinato del senador Guzmán, y a la actividad desarrollada durante la vigencia de la “Oficina”, sino también se objeta la permanencia de Schilling como asesor en materias de “Inteligencia” una vez terminadas sus funciones en la “Oficina”, y cuando ya existía un órgano competente en esa materia como lo era la Dirección de Seguridad Pública, a cargo de Isidro Solís. 11 5 11 6 11 7
Salazar, Manuel. “Bajo Sospecha. Doce crímenes en suspenso”, Editorial Grijalbo, 1996, página 98. Revista “Qué Pasa”, 19 de Julio de 1997, páginas 20 a 28. Cavallo Ascanio; op. cit., página 96.
Schilling continua desarrollando labores relacionadas con el tema, incluso después de ser nombrado Subsecretario de Desarrollo Regional. Para los incrédulos hay pruebas contundentes de lo anterior en el proceso. Estas pruebas ratifican no sólo que Schilling siguió prestando servicios en materia de seguridad sino además que por estos servicios recibió remuneración del Ministerio del Interior. El Consejo de Defensa del Estado en su alegato ante la Corte de Apelaciones solicitando se confirmara el auto de procesamiento de Schilling, afirmó lo siguiente: “Señalemos que la situación laboral del señor Schilling es especial, pues, después de haberle aceptado la renuncia al cargo de Secretario del Comité, éste continúa percibiendo honorarios del Ministerio del Interior. Dicha situación se encuentra acreditada de fojas 1261 a 1270”118 . Según los referidos documentos que obran en el proceso, Schilling habría recibido la suma de $9.826.213 por concepto de contrato de honorarios desde el 15 de abril de 1991 y hasta el día 30 de octubre de 1992, fecha en la cual renuncia voluntariamente a ese contrato. Recordemos que antes de esa fecha, por Decreto Supremo 1.253 del 30 de septiembre de 1992 había sido reemplazado como integrante del Consejo. medio.
En noviembre y diciembre de 1992 recibe honorarios sin existir contrato de por
Y a partir de enero de 1993 y hasta el 30 de junio de 1994, percibe por concepto de honorarios del Ministerio del Interior, la suma de $14.200.006119 . Los honorarios percibidos, (cerca de $25.000.000) se originaron en supuestas asesorías al Ministerio del Interior en materias de seguridad pública. ¿Qué actividades concretas realizó Schilling en ese período? ¿Estas asesorías eran conocidas por el Director de Seguridad Pública de la época? De lo manifestado por los propios personeros de la “Oficina”, ya citados, queda claro que dicho organismo no efectúo trabajos relevantes en materia de Inteligencia y Seguridad. Siendo Schilling uno de sus principales hombres, ¿se justificaba contratar sus servicios de asesoría en esta materia y pagarle honorarios por más de tres años, más aún si se piensa que a la fecha se encontraba cumpliendo con otras importantes funciones en el Gobierno? Más allá de la legalidad de esta contratación ¿era lógico y conveniente que Schilling percibiera honorarios por realizar funciones propias de la Dirección de Seguridad y al margen de esta? 11 8 11 9
Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 11. Ídem.
Parece evidente que el propósito que persiguió el Ejecutivo al mantener a Schilling fue no afectar el trabajo realizado en la “Oficina de Huérfanos”, específicamente no desarticular el trabajo de la red de informantes pagados que manejaba Carpenter, bajo la supervisión del propio Schilling. Si dicha red se desarticulaba, comenzaría a filtrarse mucha información que podía terminar comprometiendo la lucha antisubversiva del primer gobierno de la Concertación. Resulta verdaderamente sorprendente escuchar la frialdad con que el propio Schilling justifica estos pagos. Señala (fojas 537,983 y 1.652) que se le “contrató a honorarios como asesor del Ministerio del Interior, a fin de mantenerme la protección policial, a raíz de amenazas a atentados de que fui víctima. (en este argumento insiste a fojas 1.558 señalando que fue “el criterio del Ministro del Interior, Enrique Krauss”). La protección duró hasta mayo de 1994”120 . Si fue el criterio de Krauss, quiere decir que no sólo el Ministro del Interior de la época conocía de la situación, sino además que había sido su creador. Es necesario destacar que durante el tiempo que percibió honorarios, Schilling realizó “múltiples actividades político- partidarias” (fojas 982 vta.) y según el propio Schilling sus funciones eran de “asesoría directa al Ministro del Interior en asuntos de carácter legislativo o del acontecer cotidiano” 121 . La pregunta que surge es si ¿era necesario que con el objeto de brindarle protección policial se le pagará casi $15.000.000 en honorarios? Si el objetivo central era la protección ¿no había otra formula legal de proporcionársela? ¿O será que todo el que requiere protección policial debe ser contratado a honorarios por el Ministerio del Interior? La respuesta parece evidente. Sin embargo, resulta grave constatar que lo afirmado por Schilling no se ajusta a la verdad, según se desprende de lo declarado por las más altas autoridades de Carabineros e Investigaciones. Carabineros, mediante oficio de su General Director (fojas 1.303) informa que “la protección que la Institución proporciona a cualquier ciudadano... no está condicionada necesariamente al cumplimiento de una determinada función pública (...) cualquier persona que no está investida de autoridad puede requerir protección especial y la institución la otorgará, previa ponderación de las circunstancias especiales que pueden justificar tal petición”122 . Investigaciones, en tanto, también mediante oficio de su Director General (fojas 1.370) informa que “desde el punto de vista estricto, los requisitos o circunstancias que 12 0 12 1 12 2
Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 12. Ídem. Ídem.
ameriten el otorgamiento de protección policial a las personas amenazadas, cumplan funciones públicas o no, son ponderados en cada situación particular”123 . Lo expuesto por Carabineros e Investigaciones ¿no era sabido por Krauss ni Schilling? ¿Dos altos funcionarios del Ministerio del Interior del Gobierno no conocen la normativa existente en cuanto a protecciones especiales se refiere? ¿No era esa una de las materias que debían conocer dada su labor? Mala excusa para justificar un pago excesivo e injustificado. Otro tema que ha sido polémico en relación al Consejo Coordinador de Seguridad del Gobierno ha sido el de la existencia de “informantes pagados”. En un primer momento, tanto el Presidente de la “Oficina”, Mario Fernández, como su secretario ejecutivo Marcelo Schilling, niegan su existencia o le restan la debida importancia. Así, el señor Fernández señaló en el proceso (fojas 253) que no existían informantes contratados “sólo terceros que concurrían voluntariamente a proporcionar antecedentes”124 . En tanto su secretario ejecutivo Marcelo Schilling, en entrevista concedida a “El Mercurio”125 , señalaba que “fueron a lo más dos o tres personas que asumiendo el riesgo de su decisión, tomaron la iniciativa de aproximarse al Gobierno, a través del Consejo (de Seguridad) u otros medios. No se transformaron en informantes a sueldo. Sólo se les habría ayudado a reinstalarse en la vida normal, tras demostrarse que no tenían cuestiones pendientes con la justicia en algún proceso, labores que hicieron la Policía y no el Consejo. Esa es la situación exacta, no magnifiquemos el hecho”. Lo anterior, es ratificado por Schilling en la declaración prestada en el proceso. (fojas 981y 1.062 vta.) En la primera oportunidad en que es interrogado por el ministro en visita dice recordar como informante a Agdalín Valenzuela y a otro de apellido López, en tanto que en el segundo interrogatorio, recobra parcialmente la memoria y dice que el Consejo tuvo “tres informantes: Agdalín Valenzuela, López Candia y Marcela Palma”. Esta última, es hermana de Ricardo Palma Salamanca, autor material del asesinato del Senador Guzmán, quien negó en el proceso haber sido informante126 . ¿Es posible luchar en forma eficaz contra el terrorismo, si la hermana del autor material del asesinato del senador Guzmán recibe dinero del Gobierno en calidad de informante? A partir de este dato es posible inferir por qué durante tanto tiempo el Gobierno insistió en Olea Gaona como autor material del asesinato. 12 3
Ídem. Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 18. 12 5 Citada en: Revista “Qué Pasa”, 24 de Agosto de 1996. 12 6 Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 19. 12 4
De las palabras del secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad del Gobierno, surgen evidentes contradicciones con la información que públicamente se conoce. Esto nos lleva a concluir que los dichos de Schilling o no se ajustan a lo ocurrido porque derechamente miente o bien se deben a un desconocimiento y descontrol respecto de lo que ocurría en la “Oficina de Huérfanos”, dirigida por uno de sus más cercanos colaboradores, lo que a estas alturas resulta impensable. En cualquiera de los dos casos la situación es grave. En cuanto a lo claro que tenía Schilling de la existencia de informantes y el control que tenía sobre ellos, resulta interesante conocer lo expresado en el proceso por el coronel de Carabineros, Heriberto Avila Quiroga (fojas 1.371), quien en relación al secuestro de Edwards señala lo siguiente: “Don Agustín Edwards me dijo que Marcelo Schilling tenía un informante que decía ser “custodio arrepentido”, por lo que yo le pedí que hiciera que Schilling nos pusiera en contacto con el informante, pero posteriormente, Don Agustín me manifestó que Schilling había dicho que el informante SOLO se entendía con él”127. Quienes sí reconocen desde un comienzo la existencia de informantes son Isidro Solís, ex Director de Seguridad Pública, Juan Fieldhouse, detective cercano a la “Oficina” y Frühling, académico integrante del organismo. Solís (fojas 867) señaló en relación a este punto, que mientras participó del Consejo nunca supo de la existencia de informantes, pero que al asumir la Dirección de Seguridad Pública se le entregó un listado de un conjunto de informantes, tema sobre el cual no podía ahondar en razón de lo dispuesto en la ley 19.212. Fieldhouse (fojas 258) reconoció tener varios informantes, en tanto que Frühling (fojas 529) reconoce su existencia pero niega haberlos conocido128 . También reconoce su existencia Jorge Burgos, vicepresidente del Consejo, que señala que “gracias a los informantes se tuvo información del Chele, Comandante Salvador y de otros; Sarmiento era el vínculo entre la Oficina y la PICH (Policía de Investigaciones); todos los antecedentes recopilados y vinculados con grupos terroristas eran derivados hacia la PICH y algunos a Carabineros”129 . Sin embargo, tanto Roberto Aceituno Cerda (fojas 1.388), como Roberto Olivos Infante (fojas 1388 vta.), ambos prefectos de Investigaciones y enlaces del Consejo con la PICH, declararon nunca haber tenido conocimiento de su existencia ni contacto con alguno 130.
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Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 18. Ídem. 12 9 Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 32. 13 0 Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 33. 12 8
En entrevista concedida al diario La Segunda, el detective Jesús Silva San Martín, elegido en 16 oportunidades como el “mejor funcionario de la Prefectura” y en 4 oportunidades como el “Mejor Policía del País”, menciona haber conocido entre otros a los informantes Juan Gutiérrez Fischmann, Agdalín Valenzuela Márquez, Evaristo de la Cruz Godoy Godoy, Marcos Villanueva Vinet, Luis Pizarro Quezada, Domingo Faustino Sarmiento Flores, Néstor Mondaca González, Luis Moreno Correa y Raúl Cárdenas131 . Según Silva, estos informantes existían desde fines de 1990 (antes del nacimiento de la Oficina) y recibían una suma cercana a los $800.000 por dato comprobado. En el proceso, el detective Silva (fojas 604) reconoce haber conocido unos 30 informantes, ratificando los nombres antes indicados al vespertino 132 . Schilling, si bien niega la calidad de informante de Evaristo de la Cruz Godoy, señala en el proceso que “en una oportunidad Investigaciones o Carabineros nos hizo llegar una lista de personas amenazadas de muerte por grupos extremistas en la que figuraba yo y también Godoy; como este era socialista lo hice ubicar, le expliqué lo que sucedía y que no podía seguir en la población La Victoria y, como no tenía medios se le ayudó; la primera vez debo haberle dado dinero mío, pero posteriormente se solicitaba al Ministerio del Interior, se le pagaba el arriendo en Puente Alto y se le daba para el gasto mensual” 133 . Debemos entender que esta ayuda se le daba en el carácter de informante, pues muy grave resulta pensar que el Gobierno le entregaba dinero por su simple calidad de militante socialista. Extraña resulta la afirmación de Schilling en el sentido de que “como este era socialista” lo hizo ubicar. Esto significa que ¿si el amenazado hubiese sido un adversario político no lo previenen de un posible atentado? o ¿no informan del hecho a las autoridades policiales? ¿Es esta la filosofía que imperó cuando el Gobierno supo de los planes de atentar contra el senador Guzmán? ¿Por qué en este caso a la posible víctima se le hace ubicar, se le explica de la situación y luego se la provee de medios económicos? Una vez más no son muy claras las explicaciones de Schilling. Nos sirven en todo caso para dejar absolutamente establecido que los subversivos que tenían la calidad de informantes recibían ayuda económica del Gobierno y otro tipo de beneficios de los cuales se hablará más adelante. La versión de Godoy (fojas 1.791), en un hecho ya frecuente, se contradice con la de Schilling. Godoy señala que se cambió del domicilio que tenía en La Victoria porque era un lugar “muy difícil para vivir, además hay mucha delincuencia, además yo viví en una esquina que era justamente el sitio donde se juntaba la gente cuando había protesta y allí quemaban neumáticos, lo que afectaba mucho a una de mis hijas, que es asmática; todo ello 13 1 13 2 13 3
Diario “La Segunda”, 18 de Octubre de 1996. Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 18. Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 13.
me llevó a buscar un lugar con aire puro y por ello me fui a Puente Alto (...) para cambiarme, el Partido [Socialista] accedió a ayudarme”134 . Muchas de las declaraciones prestadas en el proceso y que involucran a Schilling son después desmentidas y cambiadas, obviándose por cierto toda omisión a éste último. Por citar sólo un caso es lo que ocurre con la declaración en que Evaristo de la Cruz Godoy Godoy, reconoce haber recibido ayuda económica de Schilling. Godoy señaló haber prestado esa declaración “pero en condiciones desfavorables para mí porque me torturaron”. En relación a su primera afirmación de que había recibido dinero de Schilling, luego declara que sus “aprehensores interpretaron mal” cuando él se refirió a la razón por que recibía ese dinero. Luego se explaya ara explicar que estas cantidades le eran dadas por el Partido Socialista, señalando que en el parte mencionó a Schilling porque, “por su cargo, podía justificar a quienes estaba ayudando el Partido”135 . Distinta es la versión de Cristian Robinson Lucero Villarreal (fojas 1.113), detective de Investigaciones en servicio activo que reafirmó que Godoy declaró en su oportunidad que “tenía respaldo económico del señor Marcelo Schilling y que le daba mensualmente un cheque para el arriendo de la casa y otro para sus gastos mensuales”136 . Por otra parte, en la causa rol 162.919 seguida ante el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, en que Godoy acusa al detective Jesús Silva San Martín de “Lesiones Graves”, tanto el propio Silva, como los funcionarios en servicio Sergio Francisco Mendel Monsalve (fojas 697), José Alejandro Gajardo Sepúlveda (fojas 699), Rodolfo Herrera Miranda (fojas 701), Guillermo Andrés Brown Díaz (fojas 702), Cristián Robinson Lucero Villarreal (fojas 704) y Osvaldo Cruz Goméz (fojas 707) concuerdan en lo esencial, en cuanto a que Godoy les hizo ver a los funcionarios su calidad de “informante de la Coordinadora de Seguridad del Gobierno” informando que recibía una ayuda económica mensual, consistente en $100.000 más el arriendo de una casa por $70.00013 7 . Producto de lo ya expresado, en cuanto al cambio de versiones de muchos funcionarios de Investigaciones, en el sentido de que Godoy habría recibido esa ayuda no de la “Oficina” sino de Schilling por “trabajos en el partido” (Socialista), es interrogada la secretaria de Schilling, Patricia del Carmen García Bilbao. La señora García señala (fojas 1.146) que “sólo en una o dos ocasiones le entregué dinero en sobres, a un señor Godoy cuyo nombre no recuerdo; sabía que era dinero porque Schilling me dijo que iban a buscar ese dinero”138.
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Ídem. Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 13 y 14. 13 6 Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 14. 13 7 Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 15. 13 8 Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 16.
Es importante señalar que existe una declaración extrajudicial de Godoy firmada por el detenido y con sus huellas dactilares, la que no fue entregada al tribunal y en la cual éste hace referencia a sus relaciones con Schilling y a las platas que recibía. Este documento es reemplazado por otro en el que se omite toda referencia a Schilling139 . El informante Humberto López Candia (fojas 1.271) sindica a Godoy como un informante que recibía sueldo de la “Oficina”. Ahora bien, en relación al tema de la tortura que denuncia Godoy (fojas 1.594) el abogado del Codepu, Hugo Rolando Pavez Lazo, señaló que cuando fue a entrevistarse con Godoy en Investigaciones lo encontró “muy relajado y tranquilo”, por lo tanto en su opinión las denuncias de tortura después formuladas tiene la “impresión de que no eran efectivas” y tenían como único propósito que el Codepu lo defendiera. Incluso manifestó llamarle la atención el buen trato y preocupación de Investigaciones por el defendido140 . Una tesis similar plantea en relación a este caso el informante López Candia, quien sostiene que las denuncias de tortura efectuadas por Godoy, pretendieron despejar las dudas en cuanto a su calidad de informante. Otro informante pagado y reconocido por la “Oficina” fue Agdalín Valenzuela Marquéz. Schilling (fojas 1.062) cuenta en relación a este informante lo siguiente: “...María Avendaño Passi, que vive en Santiago, me dijo que su sobrino Nibaldo Canales Avendaño, tenía algo importante que comunicarme en relación al terrorismo. Canales, que vive en Molina vino a hablar conmigo y me manifestó que conocía a Agdalín Valenzuela, de quien sospechaba que tenía algún tipo de relación con el Frente, que estaba disconforme, que se quería salir. Valenzuela dijo que quería distanciarse del FPMR y por eso se le ayudó para que se instalará en Curanilahue; Burgos me pasó el dinero en dos o tres oportunidades, en total una $400.000 o $500.000, no recuerdo con exactitud, que yo entregué a Ramos y éste, a su vez, a Valenzuela”141 . Resulta impresionante advertir como Burgos y Schilling entregan platas a los informantes. Estas platas que aparecen entregando Schilling, Burgos y Ramos ¿eran del Ministerio del Interior, del Partido Socialista, del partido democratacristiano o bien del generoso bolsillo de estos filántropos funcionarios de gobierno?. A esas alturas Schilling, debiera decidirse respecto de si existían o no los informantes pagados. Antonio Ramos es más claro en este tema, pues ha reconocido que estaba a cargo de proveer de dinero y protección a Agdalín Valenzuela. Ramos ha declarado en el proceso
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Ídem. Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 14. Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 17.
(fojas 576 vta.) que a Valenzuela se le “propuso una ayuda económica para que iniciara una crianza de abejas”142 . En el mismo sentido, Ana Cecilia Contreras, pareja del informante López Candia, en entrevista concedida al diario La Segunda con fecha 6 de enero de 1997, manifestó que “incluso una vez detenido, continuó durante tres meses recibiendo sueldo de la Oficina ($90.000) que le hacían llegar vía telex, firmado por Carpenter”143 . En definitiva y como lo expresó el Consejo de Defensa del Estado, esta absolutamente comprobado que “existía una red de informantes compensados monetariamente” que funcionaban en la Oficina de Huérfanos a cargo de Oscar Carpenter144 .
5.2. Protección de terroristas mediante el otorgamiento de beneficios incluso superiores a los contemplados en la ley de “Arrepentimiento Eficaz”. 5.2.1. Algunas nociones sobre la ley de “Arrepentimiento Eficaz”. El objetivo principal de la incorporación en nuestro ordenamiento jurídico de la figura de la delación compensada fue dar garantías de seguridad a todos aquellos miembros de grupos extremistas arrepentidos y a sus familias para que se pudiesen descolgar de los mismos a cambio de una rebaja importante de las penas, así como otros beneficios. La ley que reguló la institución del arrepentimiento eficaz o delación compensada fue publicada en el Diario Oficial del 4 de noviembre de 1992 y según su artículo 6, su vigencia sería sólo de 4 años contados desde esa fecha, esto es, hasta el día 4 de noviembre de 1996. Una de las consecuencias de la promulgación de esta ley es el hecho de que durante su vigencia se suspendió la aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 18.314 que determina las conductas terroristas y fija su penalidad. El artículo 4 de la ley 18.314 establece que “podrá disminuirse la pena hasta en dos grados respecto de quienes llevaren a cabo acciones tendientes directamente a evitar o aminorar las consecuencias del hecho incriminado, o dieren informaciones o proporcionaren antecedentes que sirvieren efectivamente para impedir o prevenir la perpetración de otros delitos terroristas, o bien para detener o individualizar a responsables de esta clase de delitos”. En definitiva, entendemos que no se aplica pues cumple el mismo objetivo que se propuso el legislador con la promulgación de las disposiciones del arrepentimiento eficaz.
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Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 20. Diario “La Segunda”, 06 de Enero de 1997. Consejo de Defensa del Estado; op. cit., páginas 47 y 48.???
¿Qué establece la ley de Arrepentimiento Eficaz? Esta ley exime a determinadas personas de las penas establecidas en el artículo 3 de la ley 18.314 (que sanciona conductas terroristas) respecto de ciertos delitos, específicamente para el delito del número 5 del artículo 2º y del artículo 7º de la misma ley. ¿Cuales son las penas del artículo 3 de la ley 18.314? El artículo 3 de la ley 18.314 establece las penas correspondientes al delito de asociación ilícita para la comisión de actos terroristas. El referido artículo 3 establece que las penas para este delito son las establecidas en los artículos 293 y 294 del Código Penal, aumentadas en dos grados en el caso del artículo 293 y en un grado en el caso del artículo 294. El artículo 293 del Código Penal se refiere a las penas aplicables a las siguientes personas: a) A los jefes b) A los que hubieren ejercido mando en la asociación ilícita, y c) A los provocadores Para efectos de determinar las penas, este artículo distingue entre: Asociación que tiene por objeto la perpetración de crímenes: en este caso la sanción es de presidio mayor en cualquiera de sus grados. Asociación que tiene por objeto la perpetración de simples delitos: aquí la sanción contemplada es de presidio menor en cualquiera de sus grados. Las penas antes indicadas, tratándose de asociación ilícita para la comisión de delitos terroristas, es “aumentada en dos grados”. Ahora bien, tratándose de: a) Cualquiera otra persona que hubiere tomado parte en la asociación, y b) Los que a sabiendas y voluntariamente le hubieren suministrado medios e instrumentos para cometer los crímenes o simples delitos, alojamiento, escondite o lugar de reunión. , el artículo 294 del Código Penal distingue para efectos de determinar las penas entre: Asociación que tiene objeto la perpetración de crímenes: caso en el cual la sanción es de presidio menor en su grado medio. Asociación que tiene por objeto la perpetración de simples delitos: con una sanción de presidio menor en su grado mínimo.
Estas penas en el caso de asociación ilícita para la comisión de delitos terroristas son aumentadas en un grado. Por último, el artículo 3 de la ley 18.314 establece que además será aplicable lo dispuesto en el artículo 294 bis del Código Penal, que establece que las penas antes indicadas de los artículos 293 y 294 se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los crímenes o simples delitos cometidos con motivo u ocasión de tales actividades. ¿Qué figuras delictivas quedan exentas de estas penas? Quedan exentos de las penas antes indicadas los siguientes tipos penales: a) Nº 5 del artículo 2º de la ley 18.314 : “La asociación ilícita cuando ella tenga por objeto la comisión de delitos que deban calificarse de terroristas conforme a los números anteriores y al artículo 1º.” b) artículo 7º de la ley 18.314 : “La tentativa de comisión de un delito terrorista de los contemplados en esta ley será sancionada con la pena mínima señalada por la ley para el delito consumado.” “La amenaza seria y verosímil de cometer alguno de los mencionados delitos, será castigada como tentativa del mismo”. “La conspiración respecto de los mismos delitos se castigará con la pena correspondiente al delito consumado, rebajada en uno o dos grados”. ¿Qué personas se ven beneficiadas con esta exención de penas? Se ven beneficiadas con la exención de penas, las siguientes personas: Los que sin haber cometido otro de los delitos sancionados en ella, en cualquier tiempo antes de la dictación de la sentencia de término en el proceso que le afecte o puede afectarle, abandone la asociación ilícita terrorista y: a) Entregue o revele a la autoridad información, antecedentes o elementos de prueba que sirvan eficazmente para prevenir o impedir la perpetración o consumación de delitos terroristas e individualizar y detener a los responsables, o b) Ayude eficazmente a desarticular a la asociación ilícita a la cual pertenecía, o a parte importante de ella, revelando antecedentes no conocidos, tales como sus planes, la individualización de sus miembros o el paradero de sus dirigentes o integrantes. Ahora bien, si los objetivos antes señalados no se alcanzaren, por causas independientes de la voluntad del arrepentido que ha entregado o revelado antecedentes, se aplica igualmente la norma precedente (artículo 3º, ley 19.172)
¿Qué ocurre con aquellos que hubieren tenido participación en otro de los delitos de la ley 18.314? A estas personas se les podrá rebajar la pena hasta en dos grados, si abandona la organización terrorista y realiza las conductas mencionadas en las letras a) o b) del artículo anterior. (artículo 2, ley 19.172) ¿Cómo opera el arrepentimiento eficaz regulado en esta ley? Quien desee acogerse a los beneficios de esta ley debe: a) En primer lugar, el interesado debe manifestarlo en forma expresa, y b) En segundo término debe solicitarse al juez que conoce del proceso respectivo. En el evento de no existir proceso, puede solicitarse ante cualquier juez del Crimen que sea asiento de Corte de Apelaciones. ¿Qué otros resguardos o medidas de seguridad contempla la ley en beneficio del arrepentido? a) Una vez presentada la solicitud el tribunal que la reciba deberá de inmediato tomar todas las medidas necesarias para proteger la integridad física del arrepentido y de sus parientes más inmediatos de ser ello necesario. b) Las declaraciones y antecedentes que proporcione el arrepentido tendrán el carácter de secreto desde que se presten o proporcionen al tribunal, el cual debe formar un cuaderno especial y separado con ello. c) Si después de aplicados los beneficios otorgados al arrepentido debiere cumplir pena en reclusión, el juez podrá otorgarle el beneficio de la libertad vigilada. d) El juez debe disponer todas las medidas que estime necesarias para proteger a quienes soliciten los beneficios establecidos en los artículos 1º a 4º. e) Podrá además el juez autorizar el uso de otro nombre y el otorgamiento de nuevos documentos de identidad al arrepentido, a su cónyuge y a los parientes que la misma resolución determine.
5.2.2.1. La “Oficina” y la ley de “Arrepentimiento Eficaz”. Es importante precisar acá que se considera un requisito fundamental para acceder a estos beneficios el haberlos solicitado a un Juez. Es decir, sólo un juez y concurriendo los
demás requisitos que contempla la norma puede otorgar los beneficios establecidos en la ley que regula el arrepentimiento eficaz. Al parecer hasta la fecha sólo Miguel Estay Reino, alias “El Fanta”, involucrado en el caso de los profesores degollados se ha sometido a los beneficios de esta ley145 . No puede entonces ninguna autoridad de otro poder del Estado, aún a pretexto de existir circunstancias extraordinarias, ejercer esta atribución y en consecuencia, dejar en libertad a detenidos, disponer su no detención, aplicarle penas menores a las que en derecho correspondan, “pasarlos” al tribunal por menos delitos que los cometidos o sólo por algunos de ellos, etc. Es un hecho acreditado en la causa que sustanció la Ministra Camposano por el asesinato del senador Guzmán y denunciado por el Consejo de Defensa del Estado que “los informantes no sólo recibían ayuda económica sino, además “compensaciones” o “ayudas” cuando eran detenidos por delitos cometidos coetáneamente o con anterioridad a su “toma de posición” del cargo de informantes”146 . Es insólito comprobar que estas “compensaciones” o “ayudas” consistían en el otorgamiento de beneficios similares e incluso mayores a los establecidos en la ley de arrepentimiento eficaz, con el agravante de que no eran administrados por un tribunal de Justicia, sino por los miembros de un aparato de gobierno que actuaba al margen de las atribuciones que le confería la ley. En el proceso “está plagado de antecedentes”147 respecto de este punto, algunos de los cuales más adelante se mencionan respecto de casos que se comentan. En resumen, la “Oficina” nuevamente habría excedido el margen de sus atribuciones “meramente asesoras”, y otorgado beneficios que constituyen una aplicación de hecho de la figura de la delación compensada, dando de esta forma protección, generalmente mediante la impunidad absoluta, a miembros de grupos subversivos que participaban incluso en acciones delictivas comunes, por el sólo hecho de ser informantes de la Oficina de Seguridad del Gobierno. El informante de la “Oficina”, Humberto López Candia, ha señalado que la política de la “Oficina” en esta materia era no detener subversivos, aunque estuvieran identificados, para no “llenar las cárceles de presos políticos”, que empañaran la imagen de Chile como un país libre de terrorismo 148. Así, muchas veces Investigaciones de Chile y otros organismos policiales habrían sido presionados a dejar en libertad a informantes, detenidos incluso por cometer delitos
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Revista “Qué Pasa”, 29 de Junio de 1996, página 18. Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 12. 14 7 Ídem. 14 8 Revista “Qué Pasa”, 12 de Julio de 1997. 14 6
comunes y más aún, en varias ocasiones se les habría limpiado sus antecedentes por instrucciones superiores. Algunos de los casos conocidos, en que se pueden observar irregularidades en este sentido son los siguientes:
5.2.2.2 Operación de Traslado de Armas En esta operación, no obstante haber participado un frentista denominado “El Taza” (Domiciano Soto Tejías) y el mismo “Humberto López Candia”, Investigaciones no detuvo ni a uno ni a otro, como tampoco a otros subversivos involucrados en la operación. El chivo expiatorio de este éxito policial es sólo un terrorista de rango menor de todos los que componían el Destacamento mirista “Pueblo en Armas”. En otro artículo se encuentra el detalle de cómo se efectúo esta operación.
5.2.2.3 Caso Marco Antonio Villanueva Vinet y Evaristo de la Cruz Godoy Godoy: En octubre de 1992, el detective de la PRIA (Prefectura Investigadora de Asaltos) de Investigaciones, Jesús Silva San Martín, detuvo en un operativo de la Policía Civil a los subversivos Marco Antonio Villanueva Vinet y Evaristo de la Cruz Godoy Godoy por su participación en delitos terroristas y, además, por encontrarse acusados de participar en cerca de 67 asaltos, tres de ellos con homicidio. Sin embargo, por instrucciones de la superioridad de Investigaciones, Villanueva fue liberado sin cargos (en su calidad de informante de la “Oficina”). En la misma oportunidad, el personal de Investigaciones se vio incluso obligado a devolverle al implicado un arma que portaba en forma ilegal. Godoy por su parte, es puesto a disposición del Tribunal, acusado sólo por doce delitos, todos cometidos antes del año 89, con el objeto de facilitarle la obtención de determinados beneficios establecidos por las leyes “Cumplido 149 ”. Fue dejado en libertad sin cargos por la Ministra Gloria Olivares, según sostiene Silva por “ordenes del Ministerio del Interior”. Esta inédita situación llevó a Silva a entregar su placa y presentar un escrito renunciando y justificando su decisión. Tiempo después, Silva San Martín paradójicamente sería sometido a proceso por apremios ilegítimos contra los militantes socialistas e informantes de la “Oficina” Evaristo Godoy Godoy y Marcos Villanueva Vinet. Posteriormente, Investigaciones desarmó la PRIA, pues sus funcionarios habrían visto sus acciones policiales permanentemente entorpecidas por la interferencia de la “Oficina”. 14 9
Por Francisco Cumplido, ministro de Justicia de Patricio Aylwin.
¿Qué es lo que declaró Silva San Martín en el proceso en relación a este episodio? Silva (fojas 604) manifestó que en ocasiones ignoraban que las personas que detenían eran informantes del Gobierno “y entonces sucedía que a los detenidos había que dejarlos libres o pasarlos por hechos no de sangre y que fueran anteriores a 1989. Cita el caso de Evaristo de la Cruz Godoy Godoy involucrado en 67 asaltos y tres hechos de sangre (respecto de quien Schilling niega la calidad de informante en fojas1.062 vta.) ¿Qué es lo que Godoy le cuenta a López Candia en relación al tema de las detenciones? López Candia (fojas 1.271), ratifica lo denunciado señalando que el propio Godoy le habría contado que “cuando fue detenido por varios asaltos, Schilling intervino directamente en su favor con Mery y fue puesto a disposición de la ministra señora Olivares siendo dejado en libertad porque el parte que se hizo se refería a delitos muy antiguos. El subcomisario Sarmiento me mostró el parte y me dijo que estaban molestos en Investigaciones porque la Oficina protegía delincuentes”150. ¿Qué es lo que declararon detectives en servicio respecto del asunto? En la causa rol 162.919 seguida ante el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, en la cual Silva San Martín se encuentra acusado de “Lesiones Graves” contra Godoy, tanto el propio Silva, como los funcionarios en servicio Sergio Francisco Mendel Monsalve (fojas 697), José Alejandro Gajardo Sepúlveda (fojas 699), Rodolfo Herrera Miranda (fojas 701), Guillermo Andrés Brown Díaz (fojas 702), Cristián Robinson Lucero Villarreal (fojas 704) y Osvaldo Cruz Goméz (fojas 707) concuerdan en lo esencial, en cuanto a que Godoy, “al ser detenido, se sabía que había participado en muchos (alrededor de 60) hechos delictivos; que, no obstante haber perdido y obtenido ampliación del plazo de detención, se lo “pasó” a la ministro Olivares antes de que venciera el tiempo de detención y por muchos menos delitos, sin que los otros se pudieran terminar de investigar”. Esta conducta obedeció a “instrucciones superiores” (orden directa la habría dado Osvaldo Cruz Gómez) 151 . Asimismo, los detectives concuerdan en lo esencial, en cuanto a que en el caso de Villanueva, “Mery personalmente dio la orden de dejarlo libre”152 . Hay que recordar que Investigaciones vinculó a Villanueva Vinet al asesinato de tres detectives que custodiaban la casa del Intendente de Santiago, Luis Pareto, en septiembre de 1992. “Sin embargo, rápidamente fue dejado en libertad, en circunstancias que hasta el día de hoy están poco claras”. En esa época, Villanueva Vinet ya colaboraba con la “Oficina”153.
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Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 15. Ídem. 15 2 Ídem. 15 3 Diario “La Tercera”, 02 de Julio de 1997. 15 1
El 2 de julio de 1997, según informaciones aparecidas en el diario La Tercera, Marco Antonio Villanueva Vinet habría sido mencionado en la declaración extrajudicial de Sergio Raúl Cruz Farías, como uno de los autores de un millonario asalto a un camión Prosegur ocurrido el 22 de abril de 1997 en pleno centro de Santiago, cuando dejaba dinero en una sucursal de AFP Provida y que reportó a la banda más de $65.000.000. Según Cruz Farías el jefe de la banda era un sujeto apodado “Remarco”, que según fuentes policiales corresponde a Marco Villanueva, ex informante de la “Oficina 154 . Lo anterior constituye una prueba más de las denuncias formuladas en el sentido de que los subversivos que se desempeñaron como integrantes de la “Oficina” se sintieron protegidos y que fundamentalmente por esa razón derivaron en la delincuencia común. De ahí lo preocupante que resulta la aplicación ilegal de delaciones compensadas durante el período de la “Oficina” y los beneficios en virtud de ella otorgados.
5.2.2.3. Caso Agdalín Valenzuela Márquez Pese a ser Valenzuela miembro del Frente y tener estrechos contactos con sus principales líderes, de ser acusado por su cónyuge de vinculación con el movimiento subversivo y de ser detenido portando ilegalmente un arma, fue dejado en libertad luego de ser detenido junto al “Comandante Ramiro”, Mauricio Hernández Norambuena, en Curanilahue. ¿Qué se dice en el proceso en relación a la detención de Agdalín Valenzuela? Juan Sarmiento señala que Carpenter (la persona a cargo de la Oficina de Huérfanos, para la colocación de presos políticos) “fue a la Unidad a entregar información sobre el “Comandante Ramiro”. Carpenter dijo que había que detener a “Ramiro” porque tenía orden de aprehensión y responsabilidad en la muerte del senador Guzmán y que también había que detener a Felipe (Agadalín Valenzuela). “Yo pregunté por qué detener a Felipe y Carpenter me contestó que ya estaba todo conversado, pero si había alguna posibilidad de dejarlo libre, que se hiciera. Viajé a Curanilahue con la orden de Opazo de detener sólo a Ramiro”. Carpenter negó lo anterior (fojas 1.578). Careados Sarmiento y Carpenter, ambos se mantuvieron en sus dichos 155. De ser efectivo lo expresado por Sarmiento ¿quién facultó a Carpenter para ordenar que dejara en libertad a un frentista? ¿En qué cuerpo normativo se encuentra la disposición que exime de penas a quienes revisten la calidad de informantes de la “Oficina”? ¿Cuántas personas más habrán gozado de estos beneficios? ¿Qué tipo de delitos han quedado en la impunidad con motivo de esta atribución indebida de facultades?
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Ídem. Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 18.
Cuando se detiene a Valenzuela, y en el documento que da cuenta de la detención que se entrega al ministro Pfeiffer (fojas 1.850 a 1.859), se habla de un “sujeto sobre el cual se ignoran mayores antecedentes por el momento”, lo cual no se condice con el mérito del proceso 156 . Luego, en el parte policial se señala que Mauricio Hernández consultado sobre Valenzuela señala conocerlo desde 1990 y que le manifestó su necesidad de pasar unos días en la zona y “debido a mi condición de clandestino, a mi llegada le ofrecí a Claudio (chapa de Valenzuela) un revólver para que lo portara mientas yo permanecía en su hogar”. Por supuesto que este parte no fue firmado por “Ramiro”157 . En resumen, hubo especial preocupación de que, de todos los antecedentes acompañados, no hubiera ninguno que diera motivos para el procesamiento de Valenzuela 158. ¿Estaría protegido? ¿Esta protección se justifica por su calidad de informante del Gobierno? Es importante en este punto considerar además el testimonio del abogado del CODEPU, Hugo Rolando Pavez Lazo, quien confirmó (fojas 1.594) que se tuvo un trato especial con Valenzuela cuando fue detenido junto a Ramiro. Este buen trato no sólo se le prodigó en Investigaciones, sino también por parte de dirigentes de izquierda como Luis Maira y Marcelo Schilling 159.
5.2.2.4. Destacamento Mirista Pueblo en Armas (DMPA): Pese a que este grupo subversivo estaba completamente infiltrado, y la “Oficina” conocía de sus acciones, en muchas ocasiones nada se hizo por evitarlas o por detener a sus cabecillas. Esta situación quedó absolutamente de manifiesto en el episodio del traslado de armas a un barretín de San Bernardo. López Candia, frentista e informante de la “Oficina”, ha revelado que informó a la entidad de los asaltos que el DMPA intentaba realizar, con el objeto de prevenirlos. Recuerda que así lo hizo en el caso del asalto frustrado ocurrido al Banco de Concepción de Providencia en 1991 y al Banco del Estado de Peñaflor. En el primero la “Oficina” nada hizo, en tanto que en el segundo fue abortado porque la “Oficina” ordenó colocar un carro policial en las cercanías del lugar. López informó además a la “Oficina” de una asamblea que realizaría el DMPA en Maipú, donde se pudo haber detenido a todos los implicados, sin embargo, sólo se mandó a fotografiarlos.
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Ídem. Ídem. 15 8 Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 20. 15 9 Ídem. 15 7
5.2.2.5. Caso del “Chele”: Acá se deben incluir además las denuncias ya relatadas respecto a la protección que se le habría brindado a Gutiérrez Fischmann, alias el “Chele”.
5.3. Obstáculos a las investigaciones y Obstrucción a la Justicia Una de las principales denuncias que pesan sobre los responsables de la “Oficina” es que con sus conductas obstruyeron gravemente el accionar de la Justicia. Se mencionan como acciones claras en este sentido, la inculpación por parte del Grupo Lex de Sergio Olea Gaona como autor material del atentado de Jaime Guzmán; la protección brindada al autor intelectual del asesinato del senador Guzmán, Juan Maco Gutiérrez Fischmann; la complicidad con Investigaciones en el traslado de armas a un barretín de San Bernardo; y la retención por más de un año del video de Colliguay por el director de Investigaciones, Nelson Mery. Una prueba de esta obstrucción permanente de la “Oficina” a las investigaciones y a la Justicia, es que la Policía Civil habría desarmado su Prefectura Investigadora de Asaltos (PRIA) precisamente porque sus funcionarios vieron entorpecidas permanentemente sus acciones policiales por interferencia de la “Oficina”.
5.3.1. Inculpación de Olea Gaona Con motivo del asesinato del senador Guzmán, Investigaciones organizó en su interior un grupo destinado a efectuar las pesquisas a fin de dar con los culpables. Fue el denominado “Grupo Lex” que estuvo a cargo del prefecto de Investigaciones, Juan Fieldhouse. Dentro de los cinco meses siguientes al atentado del senador, el “Grupo Lex” entregó al Gobierno el nombre de Sergio Olea Gaona, como autor material del atentado. Esta información se filtra a la prensa en el mes de septiembre de 1991, apareciendo en todos los medios de comunicación escritos. Horas después, el asesor de prensa de la Policía de Investigaciones, Rodrigo de Arteagabeytia, les “filtra” a los reporteros del sector policial la existencia de una huella encontrada en el taxi utilizado por los homicidas del senador Guzmán y que corresponde a Sergio Olea Gaona. Esta “información de falsedad absoluta, tiene como único objetivo sustentar la culpabilidad de Olea Gaona. Tal aseveración fue reconocida por Arteagabeytia en presencia de oficiales de la BIOC, en marzo de 1992” 160 . 16 0
Diario “La Tercera”, 11 de Abril de 1996, página 4.
Como relata Ascanio Cavallo hubo serias disputas al interior del Gobierno por la inculpación de Olea Gaona: “Los hombres de la “Oficina”, que están ansiosos de mostrar algún resultado al público, respaldan a rajatabla las conclusiones del Grupo Lex. Pese a saber que se trata de una inferencia “policialmente incompleta”, el prefecto Fieldhouse acata la línea del Gobierno. Pero cuando se acerca el fin de año, el subsecretario Velasco recibe otros datos. Una hermana de un tal Ricardo Palma Salamanca está inquieta porque “El Negro”, que participa en un secuestro, se ha negado a cumplir órdenes de sus superiores en el FPMR; teme que lo puedan matar. En la angustia, ella –que además es funcionaria de La Moneda–, ha narrado sus temores a una sicóloga que resulta ser pareja de Lenin Guardia, que trabaja con Velasco. El subsecretario verifica esos datos con un grupo de informantes al que llama “las señoras”. Y las “señoras” no sólo lo confirman, sino que añaden: “El Negro” participó también en el asesinato del coronel en retiro Fontaine. Con ese cuadro, Velasco pide al ministro del Interior, Enrique Krauss, una reunión con los directivos de la “Oficina” y el general en retiro Toro. Afirma ante todos que la hipótesis del grupo Lex puede ser errónea, que Olea es un tipo de delincuente en el cual el Frente no confiaría y que sus datos apuntan a Palma. Pero los hombres de la “Oficina” se sienten seguros en su pista y el encuentro concluye en un áspero altercado”16 1 . El ex- comisario Barraza, dentro de las denuncias efectuadas sostuvo que la inculpación de Olea Gaona por parte del Grupo Lex fue una maniobra destinada a encubrir al verdadero autor intelectual del crimen, Juan Gutiérrez Fischmann y que, habiéndose dado cuenta de la inocencia de Olea Gaona, él habría informado a su superior, el Director de Investigaciones Nelson Mery. Agrega que con posterioridad a marzo de 1992 y aclarado el secuestro de Cristián Edwards, Mery lo recibió en su despacho. En esa ocasión Barraza le informó a Mery que descartaba la participación de Olea Gaona en el asesinato de Guzmán y le proporcionó un video con las imágenes de los principales líderes del FPMR, autor de estas acciones, captados mientras descansaban en el camping Las Vertientes de Colliguay. En la oportunidad, Mery le habría expresado a Barraza que el responsable de la inculpación de Olea Gaona era Fieldhouse, Fieldhouse, en su calidad de Jefe del Grupo Lex. Por último, Mery pidió a Barraza que por el momento no entregara los nuevos antecedentes al Tribunal, porque “provocarían un problema político”, comprometiéndose a arreglar la situación con las autoridades de La Moneda, cuestión que nunca ocurrió 162 . Es decir, la máxima autoridad de la Policía Civil chilena ¿supedita la búsqueda de la verdad y la justicia a la conveniencia política de la coalición gobernante? ¿Quién facultó al 16 1 16 2
Cavallo, Ascanio; op. cit., página 103. Revista “Qué Pasa”, 13 de Abril de 1996, página 20.
señor Mery para retener un elemento que constituía una prueba fundamental en el proceso y para determinar la oportunidad en que debía ser presentada a la Justicia? ¿Habrá Nelson Mery hecho uso de esta insólita facultad en otros casos durante su ejercicio como director de Investigaciones? La retención del video de Colliguay le significó a Mery un auto de procesamiento por el delito de obstrucción a la Justicia, resolución que posteriormente fue revocada por la Corte Suprema, al acogerse un recurso de amparo interpuesto por el Director de la Policía Civil. Las denuncias indican que Mery, por instrucciones superiores, quiso ocultar la inocencia de Olea Gaona y proteger al principal culpable del crimen, Juan Gutiérrez Fischmann, el “Chele”. Barraza sostiene que la Brigada de Inteligencia Policial a cargo de Daniel Cancino, y a través de dos de sus miembros (el detective Jorge Zambrano y el detective Juan Sarmiento) habrían sido los encargados de efectuar un montaje para inculpar a Olea Gaona. Se menciona que fue el propio Zambrano quien de su puño y letra escribió las iniciales del senador (J. G.) en un croquis encontrado en el domicilio de Olea Gaona, dibujo que supuestamente correspondía al Campus Oriente de la UC y que constituyó una de las 16 3 principales pruebas inculpatorias que en su momento momento se presentaron contra Olea 163 . ¿Es sólo una coincidencia que Jorge Zambrano sea el mismo que pierde los vasos con las huellas del Chele? ¿Será coincidencia que Zambrano supervise personalmente el traslado de armas organizado por la “Oficina”? ¿Es mera coincidencia que Zambrano sea el que interroga a “Ramiro” cuando es detenido? ¿Es casualidad que Zambrano sea el que demora más de 8 meses en entregar un informe respecto de la muerte de Agdalín Valenzuela? Asimismo, Barraza sostiene que las pericias que arrojaron como resultado que la pintura del auto usado en el atentado contra el senador Guzmán (Opala Negro) era igual que la de un Peugeot 309 robado por Olea Gaona, se efectuaron en un laboratorio externo (Centro de Estudios de Medición y Certificación de Calidad, CESMEC) y no en el de Investigaciones, a pedido expreso de Juan Fieldhouse, detective a cargo del Grupo Lex. Si bien las muestras eran idénticas, nunca se supo si venían de los dos autos sospechosos o 16 4 sólo de uno de ellos164 . El cambio de pintura del auto y el de la salida del país de Olea Gaona se aclara con la detención de un delincuente habitual, cómplice permanente de Olea Gaona en sus actividades delictuales, que reconoce que ambos efectuaron varios robos, uno de los cuales afectó al local Sony Center de Las Tranqueras con Kennedy. En esa oportunidad, fueron grabados ellos ellos y el auto que ocupaban ocupaban por las cámaras de seguridad seguridad con que contaba contaba el
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Revista “Qué Pasa”, 29 de Junio de 1996, página 20 y Revista “Qué Pasa”, 06 de Julio de 1996, página 20. Revista “Qué Pasa”, 06 de Julio de 1996, página 20.
local Sony, lo que inquietó a Olea y lo llevó a pintar el auto y a salir en forma urgente del 16 5 país, con destino a España 165 . Por otra parte, a todo lo anterior hay que agregar que cerca de ocho personas declararon que al momento de verificarse el crimen, Olea Gaona se encontraba con su conviviente. En el mismo mismo sentido, uno de los testigos presenciales presenciales del hecho no lo habría identificado identificado en las diligencias de reconocimiento reconocimiento respectivas. La poca contundencia de las pruebas que inculpaban a Olea Gaona, llevó al ministro en visita de la causa, Guillermo Navas, a estimar insuficientes los antecedentes proporcionados y rechazó en consecuencia el requerimiento del Gobierno en el sentido de procesar a Olea Gaona. El Gobierno, sin embargo, insistió y apeló ante la Corte de Apelaciones, la que en definitiva acogió el recurso y sometió a proceso al inculpado. En el texto de la apelación que presentó Barraza frente a la decisión de la Junta Calificadora de Investigaciones de calificarlo en lista cuatro, y citando al ex ministro de Aylwin Edgardo Boeninger, quien había señalado que en todo caso de corrupción concurrían tres factores: que un funcionario público cometa una acción incorrecta, ilegal o inmoral; que sus jefes no adopten las medidas disciplinarias pertinentes; y que los organismos fiscalizadores no se ocupen del caso, precisó que en el tema de Olea Gaona “coexisten las tres situaciones. Sin embargo, no se ha desarrollado ningún sumario administrativo...(a pesar de) que en esta falsa inculpación se comprometió el honor del Estado chileno ante el Gobierno español, se gastaron numerosos recursos del Estado, y el hecho en sí constituyó una de las mas graves violaciones a los derechos humanos durante el régimen democrático”166 . Todo lo anterior es muy grave, más aún si se considera que en esferas de Gobierno desde un comienzo se responsabilizó de la autoría del crimen al FPMR: “Hemos focalizado a los responsables del crimen y estamos avanzando en la investigación concreta en relación a los hechores materiales. Sabemos cuál es el origen del 16 7 atentado: el FPMR”167 .
5.3.2 Protección a Juan Gutiérrez Fischmann (ver lo dicho en 4.3.6)
5.3.3. Traslado de Armas Si bien se trata de uno de aquellos casos no relacionados directamente con el asesinato del senador Guzmán, es digno de ser conocido y analizado pues es el único de los 16 5 16 6 16 7
Revista “Qué Pasa”, 29 de Junio de 1996, página 20. Revista “Qué Pasa”, 22 de Junio de 1996, página 26. Diario La Epoca, 15 de Abril de 1991.
llamados “delitos conexos” al caso Guzmán, en que hay reos y, además, en el que quizás se reflejan de mejor forma los métodos de operación de la “Oficina” en la lucha antisubversiva. En este punto es preciso recordar que la “Oficina” sólo tuvo funciones de análisis, asesoría y coordinación en materia de seguridad y jamás tuvo atribuciones en el ámbito operativo. El episodio del traslado de armas ha sido catalogado como un montaje de la “Oficina” con el objeto de exhibir un éxito en su labor, pues los entendidos coinciden en que resultaría muy riesgoso e improbable pensar en la realización de un traslado de armas de esta naturaleza con éxito, sin la ayuda y complicidad de la Policía de Investigaciones, como de hecho ocurrió. Silva San Martín, ex funcionario de Investigaciones afirma ratificando lo anterior, “que Agdalín Valenzuela y el “Chele”, para justificar la existencia de la “Oficina”, crearon el “Destacamento Mirista Pueblo en Armas” (DMPA), lo que supo por Agdalín, Sarmiento y Zambrano. Este grupo magnificó un traslado de armamentos, ocupando para tales efectos un furgón de la BIP para ir a dejar las armas” 168 . Según López Candia, frentista e informante de la “Oficina” que participó en la acción, los hechos se desarrollaron del modo que se relata: El 22 de enero de 1992, López Candia se reúne con el “Taza” (Domiciano Soto) y con Carlos Eduardo Saavedra Saavedra, este último jefe del Destacamento Mirista Pueblo en Armas (DMPA). López queda encargado de conseguir un vehículo para realizar la operación, para lo que se comunica con Carpenter, quien se compromete a obtener por intermedio de Schilling un auto con Investigaciones. Según López, Schilling habría pedido el auto al prefecto Guillermo Mora. Al día siguiente (23 de enero) cerca de las 18:00 horas se reúne López, Carpenter y Zambrano en la calle Cumming con Alameda. Al lugar llega también un furgón rojo de la Brigada de Inteligencia Policial con un chofer detective (Patricio Villanueva), quien para los efectos de la operación se hizo pasar por ayudista. A bordo del Furgón, López y Villanueva, pasan a buscar al “Taza” y a Saavedra y se dirigen al paradero 1 de la Gran Avenida. El furgón en todo momento fue seguido por el auto Opala Blanco en que iba Carpenter y Zambrano. El furgón se detiene en una esquina del sector, donde el “Taza” hace bajar a los ocupantes y se queda con el furgón de la BIP. Sorprendente resulta que la supervisión de Carpenter y Zambrano del furgón en este momento cesa, por lo que no es posible saber si en el barretín existían o no más armas que las trasladadas. Incluso, López indicó que el “Taza” habría manifestado que se trataba de un traslado insignificante respecto de los pertrechos que había en el arsenal original. Lo cierto es que media hora después de separarse, el “Taza” regresa con el vehículo lleno de bultos, 16 8
Revista “Qué Pasa”, 07 de Diciembre de 1996, página 17.
con lanzacohetes, fusiles, subametralladoras, revólveres, municiones y explosivos. Oscar Carpenter (Oficina) y Jorge Zambrano (Investigaciones) continuaban supervisando la operación. Con todos sus ocupantes, el vehículo de la BIP, cargado de armas, partió en dirección a San Bernardo. Una cuadra antes de llegar a su destino, el “Taza” nuevamente solicitó a sus ocupantes que descendieran. Acompañado de López Candia y otro terrorista que se había subido en el trayecto, depositó su explosiva carga en la casa de seguridad escogida para tal efecto. Al día siguiente del traslado, y luego de haber escapado durante la noche algunos frentistas (aparentemente los colaboradores de la “Oficina”), la BIP allanó el Pasaje 4 Casa Nº 15.576 frente a la Avenida Central, población Angelmó, encontrándose las armas y a un solo terrorista. El episodio del descubrimiento del barretín es también sospechoso, pues según cuenta López Candia, él habría avisado que el allanamiento del lugar debía ser efectuado en la medianoche de ese día, porque los subversivos se trasladarían a otra casa de seguridad que él no conocía. Pese a ello la policía llega sólo a las 05:00 A.M., encontrando sólo en el lugar al encargado de custodiar las armas, Pedro Mendoza, quien se encontraba durmiendo y no alcanzó a hacer uso de su arma de fuego. En el proceso que se sigue en relación a este episodio, López Candia manifiesta lo siguiente: “Nunca supe por qué Investigaciones esperó que solo quedó Mendoza para detenerlo”169 . En relación a este confuso hecho, funcionarios de Investigaciones citados a declarar manifestaron haber llegado a las tres de la mañana, debido a que les costó mucho dar con la ubicación de la casa. Esto, sin embargo, es desmentido por el detective de la PRIA, Raúl Alejandro Lasnibat Gómez (fojas 1.614) quien en relación al episodio del allanamiento expresa que “en San Bernardo tuvimos que esperar como hasta las tres de la mañana, hora en que el prefecto nos reunió en el casino, informándonos que íbamos a allanar un domicilio específico, cuyas condiciones él ya conocía, y que se podía entrar tanto por su parte delantera como trasera”170 . El subversivo detenido en la operación fue identificado como el ingeniero civil electrónico Pedro Mendoza Vargas, de 36 años, segundo hombre del denominado Destacamento Mirista Pueblo en Armas, organización que, según la Oficina, planeaba atentar contra Joaquín Lavín y contra el entonces presidente de la Corte Suprema.
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Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 22. Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 44.
En el parte de Investigaciones, acerca del descubrimiento del arsenal en San Bernardo, no se consignó la participación de agentes de la “Oficina”, como tampoco de la Policía Civil en el traslado de armas. ¿Por qué participa en esta acción la “Oficina” si su rol es sólo asesor en materias de seguridad? ¿Por qué no se da aviso de este operativo a los Tribunales? ¿Por qué no se detiene en el momento mismo de llegar al barretín a los miembros del movimiento subversivo? ¿Quién da las órdenes necesarias para emplear en este traslado vehículos y personal de Investigaciones? ¿Quién asegura que no se trató de una operación de blanqueo de armas? ¿Sabe la Policía Civil cuántas armas existían en el lugar donde fueron retiradas las armas? ¿Se pudo establecer el origen de las armas y si se estaba en presencia de todo el arsenal trasladado? Jesús Silva San Martín, ex detective de Investigaciones siguió a los autos involucrados en esta acción en su moto particular, en una operación que el denominó de contrainteligencia, pues no quería que sus colegas se involucraran en cosas que él sabía que estaban mal. Frente a la pregunta de un periodista de La Tercera en el sentido de a quién había visto trasladar las armas, señaló “A Oscar Carpenter, al subcomisario Jorge Zambrano, a Humberto López Candia y al detective Patricio Villanueva”171 . Se encuentra detenido y condenado por este delito, Domiciano Soto Tejías, el “Taza”, jefe logístico del destacamento mirista Pueblo en Armas (DMPA). La detención del “Taza” se produce en extrañas circunstancias, pues es detenido por un carabinero cuando este intentaba pedir asilo en el Consulado de Francia. Soto Tejías fue interrogado por el ministro en visita que conoce del caso Guzmán172 . En el expediente que llevó la magistrado Camposano, según versiones de prensa, constaría que fueron incautadas en ese operativo las siguientes armas: Tres fusiles Fal, 2 Lanzacohetes RP-7, 2 subametralladoras UZI, 2 subametralladoras P-25, 3 pistolas Browning, 1 Fusil M-16, 2 revólveres Taurus y más de 1 Kilo de explosivo C-417 3 . En el mismo proceso, también habría constancia de que Carpenter solicitó a López Candia una pistola con silenciador. López le habría hecho entrega de una pistola Walker PPK 9 mm., junto al respectivo silenciador174 . De este traslado de armas no habrían sido notificados los Tribunales de Justicia, informándoseles sólo con posterioridad al hallazgo del arsenal.
5.3.3.1 Algunas nociones sobre el delito de “obstrucción a la Justicia”.
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Diario “La Tercera”, 09 de Julio de 1997. Revista “Qué Pasa”, 01 de Mayo de 1998, página 18. 17 3 Revista “Qué Pasa”, 21 de Diciembre de 1996, página 42. 17 4 Ídem. 17 2
El delito por el cual fueron procesados en su oportunidad los máximos jerarcas de la “Oficina” y de la Policía de Investigaciones producto del episodio del traslado de armas antes relatado se denomina obstrucción a la Justicia y se encuentra tipificado en el artículo 269 bis del Código Penal. El referido artículo sanciona a “el que se rehusare a proporcionar a los Tribunales de Justicia antecedentes que conozca o que obren en su poder y que permitan establecer la existencia de un delito o la participación punible en él, o que, con posterioridad a su descubrimiento, destruya, oculte o inutilice el cuerpo, los efectos o instrumentos de un crimen o simple delito, será sancionado con la pena señalada para el respectivo crimen o simple delito, rebajada en dos grados”. El bien jurídico protegido por este delito es el de la “Administración de Justicia”. Esto porque la actividad judicial para ser eficaz requiere que quienes tengan antecedentes en relación con un delito cooperen con ella, entregándolos oportunamente a la autoridad encargada de hacer justicia. Existe entonces un interés de la administración de Justicia de ser informada, tanto por un funcionario público como por los particulares, sobre cualquier elemento o antecedente que sea útil a la función jurisdiccional. Por ello, “para la adecuada protección y del éxito de la administración de justicia se sanciona penalmente el incump limiento del deber de toda persona de colaborar con ella”175 . ¿Quiénes pueden cometer este delito? “El que”, indicativo de la falta de características específicas del sujeto activo idóneo para cometer el delito. Se trata entonces de un delito que en doctrina se denomina de sujeto neutro, esto es, que puede ser cometido por cualquier persona sin necesidad de reunir cierta calidad o condiciones especiales. En opinión del Consejo de Defensa del Estado, el hecho de que el legislador haya incluido esta figura dentro del Título VI del Código Penal “De los Crímenes Y Simples Delitos contra el Orden y la Seguridad Público cometidos por particulares”, “no obsta a que una persona que detente la calidad de funcionario público pueda incurrir en una obstrucción de la justicia punible de acuerdo al artículo 269 bis del Código Penal”176 . Agrega el Consejo en su intervención ante la Corte de Apelaciones que el legislador “en ningún caso ha pretendido privilegiar al funcionario público, eximiéndolo de responsabilidad penal en el evento de obstruir la Justicia, como tampoco podría racionalmente sostenerse por ejemplo, en relación al delito de secuestro del artículo 141 del Código Penal, por el hecho que tal delito esté en el párrafo 3 del Título III del Código, que se refiere a los “crímenes y simples delitos contra la libertad y seguridad, cometidos por particulares. Tampoco podemos afirmar que un funcionario público no pueda cometer 17 5 17 6
Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 36. Ídem.
el delito de asociación ilícita, por el hecho de estar sancionado dicho delito en el párrafo 10 del título VI del Código Penal” 177.[88] No fue en todo caso esta la opinión de la Corte Suprema que acogió los recursos de amparo interpuestos por los funcionarios públicos involucrados. ¿Por qué el Consejo de Defensa del Estado sostuvo que se cumplieron los elementos del tipo en el episodio del traslado de armas? En primer lugar, porque “rehusar” en su significado más propio significa “no querer”. En el caso en estudio, los involucrados no quisieron que los órganos jurisdiccionales creados por ley para conocer de las causas civiles y criminales, tuvieran conocimiento de los hechos y pudieran establecer responsabilidades. En segundo lugar, el antecedente conocido debe permitir “establecer la existencia de un delito o la participación punible en él”. De los antecedentes del proceso no cabe duda de que los señores Schilling, Carpenter y Sarmiento conocían antecedentes que permitían establecer la existencia de un delito y la participación punible. El propio Schilling manifiesta en el proceso (fojas 1.559 vta.) que “las armas estaban en poder de un grupo del FPMR, que, a cambio de algo que ignoro, accedió a pasarla al Grupo MIR Pueblo en Armas y la única manera de llegar a donde estaban, era ir a buscarlas. La Policía de Investigaciones participó, porque el conductor y el vehículo eran de ellos; además López Candia había sido puesto a disposición de ellos para hacer esta diligencia”178 . Consta además de las declaraciones del propio jefe subrogante de la BIP, Carlos Omar Gutiérrez Martínez (fojas 1.607 vta.) que se conocía de este traslado en altas fuentes de Gobierno. El señor Gutiérrez expresa en su declaración que “el prefecto Mora me dijo que había sido informado desde La Moneda que iba a ver un traslado de bultos por un grupo subversivo, y que el informante de ellos necesitaba un vehículo para el referido traslado, de modo que viera yo la forma de proporcionarlo. Yo ubiqué un furgón rojo Suzuki y designé al detective Patricio Villanueva para que se pusiera en contacto con el informante en el lugar que éste había indicado”179 . Mora ratifica lo anterior (fojas 1.611), al señalar que recibió “ una llamada telefónica de Marcelo Schilling en que me pidió que fuera a La Moneda a conversar con él (...) Schilling me manifestó que estaban vendiendo armas del FPMR, y que los compradores se iban a juntar con los que vendían las armas, en algún lugar que me parece
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Ídem. Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 41. Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 42.
recordar era el Club Hípico o la calle San Ignacio, los compradores eran del Ejército Revolucionario del Pueblo”180 . En tercer lugar, no existe en el tipo ningún elemento subjetivo, lo que es corroborado por la propia historia de la ley 19.077, que incorpora en nuestro Código Penal el delito de obstrucción a la Justicia. El proyecto de ley hablaba originalmente del que “injustificadamente rehusare”, con lo que se agregaba una circunstancia especial al tipo. Sin embargo, en definitiva la frase “injustificadamente” fue eliminada en la tramitación del proyecto, por lo que no se requiere analizar la concurrencia de ningún elemento subjetivo. En cuarto lugar, en el episodio del traslado de armas no estamos en presencia de una omisión de denuncia del artículo 84 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que según esta acreditado en el proceso, el hecho se denunció, pero “rehusando a proporcionar al tribunal de justicia al cual se hizo la denuncia los antecedentes que los autores del delito conocían, antecedentes que permitían establecer la existencia del delito y la participación punible en él”181 . Agrega en forma textual la presentación del Consejo en esta parte que “es inverosímil que un funcionario como el señor Schilling haya pedido ayuda a la Policía de Investigaciones (de lo cual está confeso), asignado a uno de sus informantes (López) y a uno de sus funcionarios (Carpenter) para que, junto al nexo que utilizaban de la Policía de Investigaciones (Zambrano) se realizara el traslado de un armamento bélico de gran importancia, haciendo todo esto sin que él supiera la respuesta a todas y cada una de las interrogantes que el asunto plantea”182 . Del suceso del traslado de armas queda todavía pendiente la respuesta a una serie de preguntas: a) ¿Domicilio en que se encontraban las armas? b) ¿Individualización de sus moradores? c) ¿Quiénes estaban realmente en poder de las armas? d) ¿Cúal es el origen de las armas? e) ¿Las armas trasladadas eran todas las existentes en el lugar? f) ¿Las armas encontradas fueron todas las trasladadas? g) ¿Por qué no fueron detenidos, en circunstancias que, de ser un grupo extremista estaríamos en presencia de un delito de asociación ilícita, a lo menos? h) ¿Cómo y con qué facultad se puede discernir para no detener a un grupo de personas y no incautar un armamento en el lugar en que se encuentra? i) ¿Cuál es la finalidad de realizar este traslado con el respaldo y complicidad del Gobierno, a través del Consejo de Seguridad, y la Policía de Investigaciones? j) ¿Se evaluaron los riesgos en el evento de haber sido sorprendido por otra Unidad Policial este traslado?
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Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 43. Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 38. Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 37.
k) ¿Cuál era el fin último que perseguía, si sólo se detuvo a una persona de rango menor en la organización subversiva?. Estas y otras interrogantes no tienen aún una respuesta satisfactoria y es preciso planteárselas a fin de determinar si se configuró o no el delito de obstrucción a la justicia. Ahora bien, independiente de ello, las autoridades del Consejo de Seguridad Pública, del Ministerio del Interior y de la Policía de Investigaciones tiene que dar explicaciones al país respecto de este hecho delictual y de las razones por las cuales se ayudó a terroristas en su labor subversiva. Frente al auto de procesamiento de Schilling por este hecho, el Partido Socialista y el democratacristiano se limitaron a dar respaldos irrestrictos, por lo que debemos entender que la política antisubversiva de la Concertación era compartida por todos los partidos que componían el conglomerado y consideraban legítimas acciones y conductas como las descritas. En todo caso, hay una diferencia abismante entre la política y los métodos subversivos que se proponían utilizar y que en parte fueron indicados en el programa de gobierno que se propuso al país a fines de los ochenta y aquellos efectivamente empleados. Lo anterior confirma que el Gobierno “democrático” de la Concertación no ha estado exento de atropellos a los derechos de las personas y transgresiones a la ley en el combate al terrorismo. El episodio del traslado de armas ¿no constituye una hermosa forma de terrorismo de Estado? ¿usted alguna vez se imaginó que las instrucciones para ayudar en este traslado fueron dadas desde La Moneda por un alto funcionario de seguridad del Gobierno? ¿Sabía el Presidente Aylwin que sus socios en la Concertación en una oficina de la Moneda planeaban ayudar en este traslado? ¿Porqué después de conocerse todos estos hechos, Schilling ni ninguno de los partícipes en el mismo son destituidos de sus cargos e incluso en el caso del principal responsable se le encomienda una responsabilidad mayor en el Gobierno? ¿Será que Aylwin, Krauss o Velasco conocían de la operación?. Los gobiernos “democráticos” de la Concertación han logrado hábilmente desplegar una cortina de humo respecto de este y otros casos, que hasta la fecha le impiden al ciudadano común apreciar la gravedad de los mismos. ¿Cuáles son los hechos que a juicio del Consejo de Defensa del Estado se encuentran acreditados en el episodio del traslado de armas? La “Oficina” y concretamente Schilling, pidió ayuda a Investigaciones para trasladar unas armas que un grupo extremista iba a vender o entregar se ignora a qué título. Esto es, el dirigente socialista conoce y dirige la operación. Además involucra a Investigaciones. - Investigaciones prestó un vehículo; - Dicho vehículo fue conducido por un extremista; - A él subieron bultos y que dichos bultos eran armas; El vehículo se fue por calles interiores, no por la Panamericana, y que a él se subieron y bajaron a lo menos tres personas desconocidas, que serían los extremistas no detenidos, y además una “dama”, que también formaría parte de la célula extremista;
- El vehículo se dirigió a San Bernardo; - Que en dicho lugar se incautó el armamento y se detuvo a una persona que se encontraba allí durmiendo; - Que nunca hubo denuncia alguna del hallazgo del armamento en Santiago; - Que hasta hoy se ignora dónde estaban las armas, quiénes las tenían, y de quiénes las adquirieron. ¿Cuál es la participación que les corresponde a los que algún día estuvieron procesados en la causa ? Los procesados por la Ministra Raquel Camposano en la causa fueron: a) Marcelo Schilling. Dirigente socialista, ex secretario ejecutivo del Consejo Coordinador de Seguridad Pública y luego subsecretario de Desarrollo Regional. Es decir, se trata de un alto y connotado dirigente socialista, que durante todo el tiempo en que ha sido cuestionado ha permanecido como funcionario de Gobierno y en cargos de alta importancia. Para el Consejo de Defensa del Estado la calidad de autor de Schilling emana de lo preceptuado en el artículo 15, parte final del numeral 1, esto es, “los que toman parte en la ejecución del hecho...impidiendo o procurando impedir que se evite” y en otras por lo preceptuado en el Nº3 “los que concertados para su ejecución, facilitan los medios para que se lleve a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él”183 . En efecto: - Habría recibido la información de Oscar Carpenter. - El mismo confiesa su participación, aunque señala que ignora cual fue la negociación (“a cambio de algo que ignoro”) Jefe de la JIPOL, Guillermo Mora Ortíz (fojas 1.611) reconoce haber recibido el llamado de Schilling, convocándolo a La Moneda y pidiéndole hacer la diligencia. Adujo una supuesta venta de armas del Frente.(fojas 1.810) - Es evidente que López era uno de sus informantes, pues así es reconocido por uno de sus funcionarios (Luis Antonio Ramos Lecaros, en fojas 1.084) y por el propio señor Schilling. b) Oscar Carpenter. Ex miembro del Consejo de Seguridad Pública y luego funcionario de la Dirección de Seguridad Pública. También dirigente socialista, de aquellos supuestamente más afectados por las acciones de los organismos de inteligencia del Gobierno Militar, hoy involucrado en acciones “oscuras” jamás ocurridas en esa época. - Principal nexo con los informantes. - Es el que le comunica la información de López Candia a Schilling. - Es el que expresa que con detener a la dirección era suficiente y se hacía innecesario llenar las cárceles de gente. 18 3
Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 47 y 48.
- Se reúne con López y Zambrano, en Cumming con Alameda, para dar inicio a la operación. -Conjuntamente con Zambrano sigue al vehículo. c) Jorge Zambrano. jefe de la agrupación “Frente Uno” de la BIP. - Se encuentra al tanto de la operación (según los dichos de Jesús Silva) - Está sindicado como una de las personas que iba en el vehículo. - Se reúne con López y Carpenter en Cumming con Alameda, para dar inicio a la operación. - Sigue al vehículo con Carpenter - Hugo Mora señala que Zambrano llevaba la iniciativa en el lugar, para actuar de la mejor forma posible. - Según los dichos de los funcionarios en servicio activo, era quien estaba a cargo de la operación. La actitud de Zambrano, frente al tribunal es tan increíble que llega al extremo de negar que trabajaba con la “Oficina” (fojas 1.447) en circunstancias que el propio señor Mery señala lo contrario (fojas 1.312) Debido a que el delito cometido, esto es, el traslado de material bélico, está sancionado con una pena de “reclusión mayor en su grado mínimo”, la obstrucción de este delito esta sancionada con una pena inferior en dos grados, esto es,”reclusión menor en su grado medio” es decir de 541 días a 3 años. Lo cierto es que en la resolución de la magistrado quedó establecido que “un integrante del Consejo de Seguridad Pública, a través de un informante pagado (López Candia) negoció la entrega de armas que le haría un grupo del MIR a otro derivado del mismo, llamado MIR Pueblo en Armas o Ejército Revolucionario del Pueblo, sirviéndose para tal acción de un funcionario del Consejo (Carpenter) y de otro de la Policía de Investigaciones (Jorge Zambrano); el traslado de las armas entregadas, entre las cuales había algunas que son material de uso bélico, se efectúo en un vehículo de la Policía de Investigaciones con un conductor de la misma; la negociación consistía en detener a algunos de los participantes de la transacción y dejar en libertad a otros”. Aquí nuevamente se puede apreciar las amplias facultades que en el orden judicial se atribuyó el socialista Schilling, pues como sostiene la magistrado la negociación consistió en “dejar en libertad a otros”. ¿Estaba esta orden de “dejar libre” a un terrorista dentro de las atribuciones de la “Oficina”? ¿No constituye esto una acción destinada a obstruir la Justicia? ¿Este tipo de acciones no afectan al Estado de Derecho? La “Oficina” dio a conocer esta operación como un éxito policial y reiteradamente frente a las críticas a su gestión, por los métodos empleados, mencionó este hecho como un gesto salvador hacia el dirigente Joaquín Lavín, del cual todos sus partidarios debían estar profundamente agradecidos. ¿Cómo informa Investigaciones de Chile acerca de este hecho al tribunal?
El parte policial (fojas 1.930) señala lo siguiente: “Como es de conocimiento de U.S., varias ciudades del país y en especial Santiago se han visto convulsionadas durante estos últimos años por diferentes movimientos extremistas “Ultras” con sus diferentes brazos armados que han causado alarma pública y la preocupación de autoridades de Gobierno y del Poder Judicial, ya que su accionar provoca muertes, daños a la propiedad privada y pública y un estado permanente de inseguridad ciudadana. Ante esta situación la Superioridad Institucional ha dedicado especial atención al esclarecimiento de los hechos y a la individualización de sus responsables, intensificando y redoblando los esfuerzos de las Unidades que componen la Institución, para concretar y materializar estos objetivos. Conforme a lo anterior y después de un intensivo y minucioso trabajo policial que comprendió análisis y estudios de los diferentes sitios de suceso, puntos fijos, reconocimientos, descartes de personas y otros, culminó esta etapa en la mañana del día de hoy con la detención de Pedro Mario Mendoza Vargas, cédula nacional de identidad Nº 7.620.815-8, quien es miembro de un grupo extremista y en cuyo poder se encontraron entre otros: explosivos de alto poder, lanzacohetes, cohetes, fusiles de asalto, metralletas, armas de puño, escopetas, numerosa munición, elementos para fabricación de bombas y manuales de instructivos de carácter subversivo. A raíz de que el detenido solamente conoce a sus compañeros por sus nombres políticos, no ha sido posible su ubicación, individualización y detención, pero se continúan las diligencias con el fin de dar con sus paraderos, y una vez que se tenga resultados favorables, se informará inmediatamente a ese Tribunal”184. Por supuesto, que el informe nunca se hizo. ¿Quién se hace responsable en Investigaciones por esta declaración intencionadamente falsa? ¿No es un hecho ya frecuente de Investigaciones durante los gobiernos de la Concertación de negar mediante declaraciones públicas hechos que después se acreditan como ciertos? (v.gr. Informe Barraza). Nelson Judas Mery siguió en su cargo, pese a este hecho y a otros que más adelante se relatan.
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Diario “La Segunda”, 27 de Julio de 1998, página 31.
5.3.3.2. Traslado de Armamento, Ley de Control de Armas y Ley de Seguridad Interior del Estado. Ley de Control de Armas El episodio del Traslado de Armas pasó a la Justicia Militar, luego de la resolución de la Corte Suprema que acogió los recursos de amparo interpuestos por los involucrados en este hecho, en su momento procesados y condenados, no así los funcionarios de Gobierno involucrados en el caso. ¿Cómo se regula esta materia en ese cuerpo normativo? El artículo 4 inciso 2 de la ley señala que “ninguna persona natural o jurídica podrá poseer o tener las armas y elementos ind icados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2 (que menciona las armas sometidas a control según la ley) ni TRANSPORTAR, almacenar, distribuir o celebrar convenciones sobre dichas armas y elementos sin la autorización de la misma Dirección o de las autoridades a que se refiere el inciso siguiente dada en la forma que determine el Reglamento...” ¿Cuál es la penalidad establecida por la propia ley para este ilícito? El artículo 10 de la Ley de Control de Armas establece claramente que “los que fabricaren, armaren, importaren, internaren al país, exportaren, TRANSPORTAREN, almacenaren, distribuyeren o celebraren convenciones respecto de los elementos indicados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2 sin la autorización a que se refiere el artículo 4 serán sancionados con PRESIDIO MENOR en su grado medio (de 541 días a tres años) a PRESIDIO MAYOR en su grado medio.(de diez años y un día a quince años) Hay sin embargo en la misma ley atenuantes en el evento de que se compruebe que estos elementos no estaban destinados a alterar el orden público, atacar a las Fuerzas Armadas o a las fuerzas de Orden y Seguridad Pública o a perpetrar otros delitos. Hay también agravantes, como la de cometer los delitos sancionados en los artículos 9,10 y 11 con más de dos armas de fuego. Tratándose del episodio del traslado de armas a San Bernardo concurren más bien las agravantes que las atenuantes, toda vez que como lo ha informado el propio ejecutivo dichas armas serían utilizadas para cometer asesinatos políticos (Joaquín Lavín, Sergio O. Jarpa) Ahora bien, en cuanto a la jurisdicción el artículo 18 de la Ley de Control de Armas establece que su conocimiento por regla general corresponde a los tribunales militares y en cuanto al sujeto activo de la acción penal, el artículo 19 establece que estos procedimientos se iniciaran a requerimiento o denuncia de alguna de las siguientes personas: Ministro del Interior, Ministro de Defensa Nacional, Fiscal de la Corte Suprema, Fiscales de las Cortes de Apelaciones, Intendentes Regionales, Gobernadores Provinciales, Director General de Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas, Comandantes de Guarnición, Prefectos de Carabineros y Oficiales de Investigaciones.
Desgraciadamente en un caso como el comentado no existe la posibilidad de como particular iniciar o hacerse parte en un juicio por infracciones de esta naturaleza. En cuanto a la prescripción, hay que distinguir. Si la pena asociada es de presidio menor se trata de un simple delito y en consecuencia la acción penal prescribe en cinco años, en tanto si la pena es presidio mayor, se trata de un crimen y en consecuencia el plazo de prescripción aumenta a diez años. Estos plazos comienzan a correr desde que se ha cometido el delito. El artículo 25 agrega que los delitos previstos en esta ley, serán considerados para todos los efectos legales como delitos contra la seguridad del Estado. Al revisar los hechos que constituyeron el traslado de armas y los sujetos que participaron, es evidente que estos se encuadran adecuadamente en el tipo penal antes descrito. El propio Consejo de Defensa del Estado y la ministra Camposano lo han acreditado. Como ya lo hemos expresado anteriormente, el Consejo de Defensa del Estado ha sostenido que la calidad de autor de Schilling en este hecho, emana de lo preceptuado en el artículo 15, parte final del numeral 1, esto es, “los que toman parte en la ejecución del hecho...impidiendo o procurando impedir que se evite” y en otras por lo preceptuado en el Nº 3 “los que concertados para su ejecución, facilitan los medios para que se lleve a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él” 185. Por otra parte, la magistrado Camposano dejó establecido que “un integrante del Consejo de Seguridad Pública, a través de un informante pagado (López Candia) negoció la entrega de armas que le haría un grupo del MIR a otro derivado del mismo, llamado MIR Pueblo en Armas o Ejército Revolucionario del Pueblo, sirviéndose para tal acción de un funcionario del Consejo (Carpenter) y de otro de la Policía de Investigaciones (Jorge Zambrano); el traslado de las armas entregadas, entre las cuales había algunas que son material de uso bélico, se efectúo en un vehículo de la Policía de Investigaciones con un conductor de la misma; la negociación consistía en detener a algunos de los participantes de la transacción y dejar en libertad a otros”. De acuerdo a lo expresado, encontrándose acreditada la existencia del delito y la participación punible que en él le ha correspondido a los funcionarios de la “Oficina” y de Investigaciones, no se entiende por qué la Justicia Militar no sometió a proceso en calidad de autor a Marcelo Schilling, Oscar Carpenter y Jorge Zambrano y sí lo ha hecho respecto de López Candia y Domiciano Soto. ¿Será que el hilo se corta por lo más delgado? Ley de Seguridad Interior del Estado (Ley 12.927) 18 5
Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 47 y 48.
Dentro del Título III referido a los “Delitos contra el Orden Público” particularmente en el artículo 6 se indican las personas que cometen delito contra el orden público. La letra g) expresa lo siguiente: “Los que introduzcan al país, fabriquen, almacenen, transporten, distribuyan, vendan, faciliten, o entreguen a cualquier título o sin previa autorización escrita de la autoridad competente, armas, municiones, proyectiles, explosivos, gases asfixiantes venenosos o lacrimógenos, aparatos o elementos para su proyección y fabricación; o cualquier otro instrumento idóneo para cometer algunos de los delitos penados en esta ley”. La sanción establecida es la de PRESIDIO MENOR en su grado máximo (tres años y un día a cinco años) y PRESIDIO MAYOR en sus grados mínimo a medio (en tiempos de guerra, de cinco a quince años) El artículo 23 de la misma ley establece que “la proposición y la conspiración para cometer alguno de los delitos sancionados en esta ley, serán castigados con la pena señalada al delito consumado, rebajada en uno o dos grados”. El artículo 24 establece que sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 16 del Código Penal se reputará cómplice de los delitos previstos en esta ley a todo funcionario o empleado público del orden militar, de Carabineros, Gendarmería o Policías, y todo individuo que estando, como los anteriores, obligado a hacerlo, no denunciare a la autoridad correspondiente los delitos previstos enesta ley. En cuanto a la jurisdicción y procedimiento el artículo 26 señala que estos procesos se inician por requerimiento o denuncia del Ministerio del Interior o de los intendentes respectivos o por la autoridad o personas afectadas en determinados casos (muy específicos y no se refieren al tema en cuestión). Cuando los delitos son cometidos por civiles es competente para conocer en primera instancia un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva. En segunda instancia conoce la Corte de Apelaciones, con excepción de ese ministro. En el caso de delitos cometidos por personas con fuero militar o conjuntamente por militares y civiles, corresponderá su conocimiento en primera instancia al Juzgado Militar respectivo y en segunda instancia a la Corte Marcial. En cuanto a la prescripción hay que distinguir. Si la pena asociada es de presidio menor se trata de un simple delito y en consecuencia la acción penal prescribe en cinco años, en tanto si la pena es presidio mayor, se trata de un crimen y en consecuencia el plazo de prescripción aumenta a diez años. Estos plazos comienzan a correr desde que se ha cometido el delito. A la luz de los antecedentes que se conocen el episodio del traslado de armas también se enmarca en el ilícito contemplado en el artículo 6, letra G y en consecuencia se trata de un delito contra el orden público, el cual tiene asociado una sanción específica. Sin embargo, tratar de hacer efectiva la responsabilidad por estos hechos en calidad de
particulares no resulta viable por lo ya expuesto. Los sujetos activos de esta acción son muy restringidos.
5.3.4. Mery y la retención del video de Colliguay. Este es, sin duda, otro episodio tremendamente irregular en la investigación iniciada con motivo del asesinato del senador Guzmán y que sumada a otra serie de actos “turbios”producidos en el curso de la investigación, obstruyen la justicia y retrasan o, en la mayoría de las ocasiones, imposibilitan el éxito de las pesquisas. Es importante recordar en relación a este caso que constitucionalmente la facultad de conocer las causas criminales, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley186 . En virtud de este imperativo constitucional, NADIE, ni siquiera el Presidente de la República, que es el Jefe de Estado187 , puede ejercer funciones judiciales. Los tribunales por su parte, pueden impartir órdenes a la autoridad pública, la cual, requerida por un tribunal, “deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su (...) oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que trata de ejecutar”188 . ¿Cuál es la función que en esta materia le cabe a la Policía de Investigaciones? La Ley Orgánica de esta Policía señala que se trata de una “institución policial de carácter profesional, técnico y científico, integrante de las Fuerzas de Orden, cuyo personal está sometido a un régimen jerárquico y disciplinario estricto”189 . Su misión fundamental es la de investigar delitos y por imperativo legal “debe dar a las autoridades judiciales con jurisdicción en lo criminal el auxilio que le soliciten en el ejercicio de sus atribuciones”190 . La Jefatura Superior de Investigaciones de Chile, corresponde a un funcionario que, con el título de Director General, ejerce la dirección y administración de la institución. Desde el 12 de marzo de 1992 ocupó este cargo Nelson Judas Lenin Mery Figueroa.
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Artículo 73 de la Constitución Política de Chile, año 1980. Artículo 24 de la Constitución Política de Chile, año 1980. 18 8 Artículo 73, inciso final, Constitución Política de Chile, año 1980. 18 9 Decreto Ley 2.460, año 1979. 19 0 Artículo 7, Decreto ley 2.460, año 1979.
No volveremos a la descripción del tipo penal y demás asuntos relativos al delito de obstrucción de Justicia, para lo cual nos debemos remitir a lo ya expuesto a propósito del caso del traslado de armas. ¿Por qué se dice que Mery obstruyó la Justicia al no entregar el video de Colliguay? a) “No quiso” hacer entrega a la Justicia del video filmado por la BIOC en Colliguay. Ello a pesar de la misión esencial encomendada a la Policía de Investigaciones de auxiliar y colaborar con los Tribunales del Crimen en la investigación de los delitos. Mery adopta esta actitud, incluso a pesar de que “el propio ministro visitador de la época, don Guillermo Navas, había planteado desde un principio a la Policía a la que le encomendó la investigación, la exigencia básica de que se le hiciera inmediata entrega al tribunal de todo antecedente que apareciera en tal investigación”191 . b) El video de Colliguay era un antecedente “plenamente conocido por el señor Mery” y además de acuerdo a diversas imputaciones de autos, “dicho video fue recibido por él, por lo que además estaba en su poder”192 . El Consejo de Defensa del Estado agrega un elemento interesante en relación a este punto, al sostener que “tal video era un antecedente fundamental en la identificación de los autores materiales e intelectuales del delito de homicidio de don Jaime Guzmán y del secuestro de don Cristián Edwards, por lo que su utilidad era manifiesta para establecer a los partícipes en dichos delitos”. En todo caso, agrega el Consejo, “no es requisito del tipo que el antecedente no proporcionado sea el elemento único o definitivo para acreditar la participación criminal, sólo basta que contribuya a la determinación de tal participación”193 . c) Por último, y como ya se ha manifestado en relación al episodio del traslado de armas, no hay en el tipo del delito de obstrucción de justicia ningún elemento subjetivo y tampoco en el caso de la retención del video existe una omisión de denuncia, pues, los hechos fueron oportunamente denunciados a la Justicia, iniciándose la investigación en que interviene la Policía Civil 194 . - ¿Cuáles son los hechos que se le imputan a Nelson Mery en este asunto? Fundamentalmente se le imputa haber ordenado que un video filmado por la BIOC, en el que aparecen personas vinculadas al homicidio del senador Guzmán y al secuestro de Edwards, conjuntamente con lo que implicaba dicho video, haya sido mantenido en secreto
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Minuta Alegatos Mery; op. cit., página 10. Minuta Alegatos Mey; op. cit., página 11. 19 3 Ídem. 19 4 Ídem. 19 2
y no entregado a los ministros instructores, “mientras el Gobierno solucionaba el problema político de la inculpación de Olea Gaona”195. - ¿Conocía Mery el vídeo de Colliguay? Jorge Arnaldo Barraza Riveros, ex Jefe de la BIOC manifiesta en el proceso (fojas 58, 1.033 y 1.033 vta.) lo siguiente: “Ante la gravedad de estos hechos [inocencia de Olea Gaona], el día viernes 26 de marzo de 1992, acompañado de mi segundo de entonces, don Roberto Ruiz Muñoz, le informamos al director de la Policía de Investigaciones, don Nelson Mery Figueroa, de la tremenda gravedad que revestía en ese minuto la inculpación en contra de Sergio Olea Gaona, ya que nos manchaba el éxito de la diligencia; al mismo tiempo se le informa de la doble gravedad que esto tenía, ya que el jefe del grupo era el “Comandante Chele”, persona a la que teníamos filmada y fotografiada. Ante esto me pide ver el video donde aparecían estas personas. Ese mismo día en la tarde, regreso a la oficina del director general y junto a los oficiales encargados de la filmación, subcomisarios René Cock y Mauricio Briones, le exhibimos la película donde aparecen todos los miembros del comando Manuel Rodríguez filmados; impactado por esta situación me pregunta si hay copia del cassette; yo le manifiesto que no, que se trata del original; me ordena que le deje ese original para mostrarlo al Gobierno y además me ordena no pasar los antecedentes al tribunal mientras el Gobierno no solucionara el problema político de la inculpación de Olea Gaona. Así lo hicimos dejando el cassette y como durante un año, hasta que en marzo de 1993 no se rectificó esta situación, desde el master de la filmación sacamos los cassettes que fueron enviados a los procesos de homicidios del senador Guzmán y secuestro de Cristián Edwards, el 16 de marzo de 1993, es decir un año después”196 . Roberto Ruiz Muñoz, ratifica (fojas 74) las declaraciones de Barraza: “...igualmente le dimos cuenta (a Mery) del video que habíamos logrado filmar del grupo perteneciente al FPMR y le señalamos que Olea Gaona nada tenía que ver conel homicidio. Mery pidió ver el video, por lo que Jorge Barraza concurrió nuevamente ese día en la tarde donde el Director acompañado por los funcionarios Cock y Briones”19 7 . René Alberto Cock González manifiesta (fojas 97) lo siguiente: “...me correspondió asistir junto con don Jorge Barraza y el colega Mauricio Briones hasta la oficina del director general interior, Sr. Mery, a quien se procedió a exhibir la filmación aludida, la que le fue explicada por el jefe, señor Barraza. Una vez que terminó la filmación el señor Mery se manifestó muy preocupado y señaló que esa investigación debía ser mantenida en secreto mientras se buscaba una solución política en relación con la inculpación de Sergio Olea Gaona. Preguntó además si existía alguna copia del video, la que fue contestada negativamente, ordenando entonces que el original que le habíamos 19 5 19 6 19 7
Minuta Alegatos Mery; op. cit., página 12. Minuta Alegatos Mery; op. cit., página 13. Minuta Alegatos Mery; op. cit., página 13.
llevado quedara en su poder. Sin embargo, si bien es cierto que no había otra copia, nosotros teníamos en nuestro poder el master con el cual se había efectuado la filmación, de la cual el jefe obtuvo posteriormente otras copias y se pudo remitir éstas a los ministros encargados de los procesos referidos”198 . Mauricio Ernesto Briones Lecaros, el otro funcionario que acompaño a Barraza ante Mery señaló: “...es efectivo que yo en compañía de los subcomisarios Barraza y Cock concurrí a la oficina del Director de Investigaciones señor Mery, con el objeto de instalar el equipo necesario y exhibir el vídeo que habíamos filmado en Colliguay. Barraza explicó quienes eran los que aparecían en el video, dándoles el nombre que se conocían, los apodos que les teníamos. No recuerdo que se haya nombrado al “Chele”, porque ya hace mucho tiempo que ocurrió todo esto. También es efectivo que el señor Mery consultó si este era el único video que existía de la filmación y pidió que se lo dejaran, lo que Barraza hizo una vez que se terminó la exhibición. No puedo decir si el señor Mery dijo algo respecto a mantener en secreto esta filmación, porque la verdad es que yo estaba preocupado de la conexión de los cables, y luego de la desconexión, lugar que quedaba a cierta distancia del escritorio del señor Mery, siendo en realidad Barraza y Cock los que hablaron con él, siendo yo sólo 19 9 inspector”199 . - ¿Qué es lo que dice Mery respecto de este hecho? Mery se refiere a él en dos oportunidades en el transcurso del proceso (fojas 470 y 1.883 vta.): “En cuanto al video de Colliguay ignoro el motivo por el cual Barraza no le hizo llegar oportunamente al tribunal; es totalmente falso que yo le haya pedido que me entregará la única copia existente y que le haya señalado que él mismo no debía darse a conocer al tribunal mientras yo no conversara al respecto con las autoridades de Gobierno; a ello debo agregar que no veo cuál podría haber sido la materia que debería haber conversado con el Gobierno. En todo caso, el video que yo vi, todas las personas aparecen 20 0 con nombres de monos animados”200 . “Respecto al video del camping de Las Vertientes, Barraza me lo exhibió en la oficina, estábamos solos y en él sólo aparecían personas a las cuales se individualizó con nombres de dibujos animados; el video no estaba editado y se lo llevó para hacerlo, incluso 20 1 estaba con garabatos”201 . En suma, Mery afirma contra lo dichos de Barraza, Cock, Briones y Ruíz que se encontraban solos y contra los dichos de Barraza, Briones y Cock que Barraza se había
19 8
Minuta Alegatos Mery; op. cit., página 14. Minuta Alegatos Mery; op. cit., página 15. 20 0 Minuta Alegatos Mery; op. cit., página 16. 20 1 Ídem. 19 9
llevado el video, en circunstancias que los tres anteriores expresan que lo dejó a petición 20 2 del señor Mery202 . - ¿Tiene alguna importancia el video de Colliguay? Antes de responder esta pregunta es importante precisar que independiente de la importancia o no del video para la investigación y como lo señala el Consejo de Defensa del Estado, “este análisis se hará sólo a mayor abundamiento, pues basta con el imperativo constitucional y legal específico para que la orden de mantener en secreto la filmación constituya una “obstrucción a la justicia”, máxime que se habría hecho, no por encontrar que la prueba era irrelevante, sino para darle tiempo al Gobierno para que solucione el problema político de la inculpación de Olea Gaona, móvil absolutamente ajeno al que legítimamente podría haber concurrido, en el evento que, policialmente, se habría estimado el video una prueba totalmente irrelevante”203 . Teniendo clara la precisión que efectúa el propio Consejo de Defensa del Estado, es importante señalar que el iídeo era importante, entre otras, por las siguientes razones: a) Era una prueba que tenía que ser puesta a disposición del ministro sustanciador, de acuerdo a la orden entregada a Juan Fieldhouse Fieldhouse Chávez. Este último declaró (fojas 350) en el proceso que “desde un comienzo el ministro señor Navas nos expuso claramente que quien dirigía la investigación era él, por lo que cualquier antecedente que se fuera reuniendo debería ser puesto en su conocimiento en forma inmediata”204 . b) Porque el video, eventualmente, no sólo daba cuenta de la existencia del “Chele”, sino además porque estaban todos los demás extremistas que se habían fugado y cuya participación en el secuestro de Edwards y el homicidio del senador Guzmán era imprescindible investigar. c) Porque gracias a él se logró la reapertura del sumario, y se despachó orden de aprehensión en contra de Gutiérrez Fischmann, autor intelectual del asesinato del senador Guzmán. Hay que considerar que Barraza declaró (fojas 5 vta.) que dentro del grupo que estaba en Colliguay, los primeros días del mes de marzo de 1992, se encontraban los autores materiales e intelectuales del homicidio del senador Guzmán y que incluso el 25 de marzo uno de los detenidos por el secuestro de apellido Martínez “reconoce la fotografía de uno de los prófugos a un individuo al que conocía como el “Chele”, quien era jefe máximo 20 5 por sobre “Ramiro”205 .
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Ídem. Ídem. 20 4 Minuta Alegatos Mery; op. cit., página 17. 20 5 Ídem. 20 3
Barraza también afirma (fojas 13) que Palma reconoce en fotografías del camping al “Chele”, “de quien manifestó ignorar identidad”206 . Barraza, Ruiz, Cock y Briones (fojas 55, 78, 99 y 83 respectivamente) declaran en el sentido de que Verhoeven (“Comandante Ana”) le informó a Barraza que el “Chele” era Juan Maco Gutiérrez Fischmann, verdadero responsable de la orden para ejecutar a Jaime Guzmán, ya que él le ordenó a “Ramiro” la ejecución en desconocimiento de “Salvador” y 20 7 “Gregorio”207 . ¿Mery sabía que el video era importante para la investigación? Mery sabía la importancia del video, según lo indican (fojas 470) sus propios dichos: “...Sólo en ese momento me vengo a enterar que él (Barraza) tenía ubicado a un grupo de individuos pertenecientes al FPMR, los que están en un Ccamping en Colliguay; me señaló en esa oportunidad que a todos estos individuos incluso los tenía filmados; en ese momento yo pondero la situación y le señalo cual es el motivo por el cual no los había detenido y él me explica que estaba esperando que llegara el Comandante Salvador para cerrar el círculo. Yo no le aceptó la explicación, sino que le ordeno que los detenga y le 20 8 recuerdo que le señalé “más vale pájaro en la mano que cien volando” 208 . Mery estaba entonces claro de los acontecimientos de Colliguay y que estos revestían la máxima importancia, al extremo que ordena detener a la cúpula del Frente, cuestión que por lo demás no se cumplió, lo que debió ser investigado. ¿Por qué, si Mery reconoce la importancia del video no lo entrega? ¿Era necesario que lo retuviera si se trataba de un video sin importancia? ¿A quién pretendía Mery proteger con esta acción? ¿A quién muestra Mery ese video durante el año que lo retiene? ¿Quién facultó a Mery para no entregar el video a la Justicia? ¿No hay obstrucción evidente a la Justicia en este episodio? ¿Es efectivo que Barraza fue entorpecido en su labor de seguimiento de los frentistas en el Camping de Colliguay? Este como muchos otros que rodean la investigación de este crimen, no se encuentra suficientemente aclarado y en consecuencia requiere mayor grado de investigación. En todo caso, es importante señalar que Investigaciones justificó la presencia de efectivos antinarcóticos en el lugar debido al descubrimiento de un laboratorio de cocaína. Sobre este punto, sólo se reproducirá el testimonio del ex Director de Investigaciones Horacio Toro en el proceso (fojas 1.169): 20 6 20 7 20 8
Ídem. Ídem. Minuta Alegatos Mery; op. cit., página 20.
“En cuanto al periodo en que se investigó la existencia del laboratorio clandestino, debe señalarse indubitablemente que fue en 1991, como lo señala Valenzuela y entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre de ese año. Esta precisión descarta la posibilidad de relación espacio-temporal de la investigación para ubicar el laboratorio clandestino, con la presencia de personal de narcóticos (...) en las proximidades de Colliguay. Utilizar la investigación para justificar la presencia de efectivos antinarcóticos en Colliguay (...) es tergiversar los hechos”. Luego agrega que “después del fracaso en los intentos de ubicar dicha instalación por la carta topográfica y en el terreno, ordené a Valenzuela la suspensión de esa actividad”, reiterando que esta situación “de ninguna manera ocurrió durante el mes de marzo de 1992”209 . Desgraciadamente es un episodio respecto del cual va a ser muy difícil conocer la verdad, por las personas que intervienen y las circunstancias que lo rodean. Entendemos que no hay tampoco sumarios internos al interior de la Policía Civil en relación a este hecho.
5.4 Desprotección de informantes Otra de las denuncias importantes que efectúan personas ligadas a los informantes dicen relación con el hecho de que la “Oficina” no sólo no protegió la vida e integridad física de sus colaboradores, sino además en muchos casos propició consciente o inconscientemente eventuales ajusticiamientos. (Domingo Faustino Sarmiento, Mapu y Agdalín Valenzuela, FPMR, entre otros)
5.4.1. Caso de Agdalín Valenzuela Márquez Agdalín Valenzuela, es un informante y colaborador de la Oficina de Seguridad, asesinado en Curanilahue el 11 de octubre de 1995, aparentemente por el propio Frente Patriótico. Pese a su calidad de informante privilegiado, sus cercanos sostienen que fue desprotegido. Una tesis que habría manejando el ministro Dolmestch no descarta algún grado de participación de la “Oficina” en este asesinato. Es raro que Ricardo Palma Salamanca no haga ninguna alusión a la existencia de un ajusticiamiento en su libro “El Gran Rescate”, refiriéndose en estos términos al episodio: “Claudio (Valenzuela) murió dos años más tarde. Lo encontraron en el barro de Curanilahue con dos orificios de bala en su cuerpo, al lado de su viejo y fiel jeep...”210 . ¿No resulta lógico pensar que si hubiese sido ajusticiado, el Frente se preocuparía de hacerlo saber como una medida ejemplarizadora? ¿No resulta también lógico pensar que de haber sido ajusticiado no se hubiese esperado dos años desde que queda establecida su 20 9 21 0
Minuta Alegatos Mery; op. cit., página 24. Palma Salamanca, Ricardo; op. cit., página 105.
calidad de informante? ¿Por qué el Frente no se adjudica el asesinato, como es su costumbre? Valenzuela era considerado un informante estrella, pues como se ha expresado, tenía acceso a dos de los hombres más importantes en la estructura del Frente: “Ramiro” (de quien era amigo íntimo) y el “Chele”. A ambos los recibía con cierta frecuencia en su casa de Curanilahue. Por ello causó mucha sorpresa que Oscar Carpenter solicitara personalmente a la Brigada de Investigaciones Policiales (BIP) a través de Camilo Opazo (jefe de la unidad), la detención de Agdalín Valenzuela, en el operativo en que sería detenido Hernández Norambuena, en Curanilahue. Se sostiene que en agosto de 1993 y pese a la conocida calidad de informante de Valenzuela, Juan Sarmiento recibió la orden de detenerlo junto a “Ramiro” en Curanilahue. Sarmiento hizo ver a Carpenter en la oportunidad la calidad de colaborador de Valenzuela, frente a lo cual éste le habría manifestado que se trataba de “órdenes superiores”, justificando de esta forma su decisión. El ajusticiamiento del informante no se produce por la detención sino por su liberación posterior. Pese a que en el momento de ser detenido portaba un arma, fue dejado en libertad a los 13 días sin cargo alguno; a diferencia de lo ocurrido con Hernández Norambuena, quien fue detenido, interrogado, procesado y condenado. Esta diferencia en el trato lo desenmascara como informante ante el resto del Frente. El informe que emitió la policía con motivo de la detención de Valenzuela, estableció que el arma que portaba el informante al momento de ser detenido era de uso estrictamente personal. Además, al dejarlo en libertad se hace caso omiso de las denuncias efectuadas por su cónyuge a Carabineros el año 1992, quien por motivos sentimentales lo delató como integrante del FPMR. ¿Este hecho y el haber sido detenido junto al tercer hombre del Frente no era causa suficiente para interrogar detenidamente a Agdalín Valenzuela y determinar su efectiva participación en el movimiento subversivo? ¿Cabe alguna duda de que en este asunto la “Oficina” aplicó de hecho las normas del “arrepentimiento eficaz”? Otra circunstancia extraña que rodea la muerte de este informante, es que con posterioridad al supuesto ajusticiamiento, la BIP, organismo encargado de la investigación del asesinato y en particular el subcomisario Jorge Zambrano (muy ligado a la Oficina), se demoró más de ocho meses en enviar al juez de Curanilahue la información sobre los resultados de las diligencias practicadas y los presuntos autores del crimen. Esto motivó incluso la intervención de Mery, quien exigió explicaciones a Zambrano por su retraso.
- ¿La liberación de Valenzuela es una acción involuntaria de la “Oficina”? - ¿Será justamente que el objetivo perseguido por la “Oficina” con este hecho era delatarlo? - ¿Valenzuela tendría mucha información del caso Guzmán al ser íntimo amigo del Chele? - ¿ Por qué el FPMR nunca se ha adjudicado este asesinato? - ¿Por qué si fue el FPMR el que lo asesinó, esperó más de dos años para hacerlo, sabiendo que en su calidad de informante era fundamental ajusticiarlo lo más pronto posible? - ¿No parece demasiada coincidencia que en otro hecho “oscuro” aparezca el detective de Investigaciones Jorge Zambrano, el más cercano a la “Oficina?
5.4.2. Caso Humberto López Candia Humberto López Candia, informante de la “Oficina” fue detenido y procesado por el delito de uso malicioso de instrumento público, producto de labores que cumplía para la Oficina de Seguridad del Gobierno. Incluso el carné falsificado que motiva el procesamiento le fue entregado por el más cercano colaborador de Schilling en la “Oficina” –Oscar Carpenter– con el objeto de obtener un pasaporte que le permitiera cumplir con una misión del organismo de seguridad del Gobierno: la infiltración de frentistas en Brasil. No obstante lo anterior, la “Oficina” no intervino en su favor. López Candia se encuentra condenado y detenido por infracción al artículo 10 de la Ley de Control de Armas por resolución de la Sexta Fiscalía Militar de Santiago, por el episodio del traslado de armas a San Bernardo.
5.4.3. Caso Domingo Faustino Sarmiento Sarmiento, también informante de la “Oficina” habría sido ajusticiado por el Movimiento Lautaro, luego de que fuera absolutamente desprotegido por el ente de seguridad del Gobierno. Humberto López Candia relata en el proceso (fojas 1.018) lo ocurrido con Sarmiento, en los siguientes términos: “En el Plan de Iniciativa para la Paz, se designó a Sarmiento como Jefe de Terreno y se le entregó dinero para la sobrevivencia de los interesados en el Proyecto. Él nunca entregó el dinero, lo que se supo en una reunión ampliada organizada por la “Oficina”; además, Sarmiento no había cumplido con la entrega de armas, sino que había entregado unas viejas y en desuso, por lo que la Oficina canceló el acuerdo y se indignó con Sarmiento. Lo separaron de sus funciones y se da la orden de que se lo sancione, mostrándolo como informante. Pablo se lo comunica a Jeanette y a Evaristo Godoy; pero no sé de dónde vino la orden; ellos esparcieron el rumor y más tarde Sarmiento es asesinado por el Lautaro. En la reunión ampliada participó Alejandro Moya, dirigiéndola,
encargado del Partido Socialista. La muerte de Sarmiento fue (...) por la “Oficina” como una especie de venganza”211 .
5.4.4. Caso José Luis Oyarzún Pino Alias “El Diego”, subversivo informante de la “Oficina” infiltrado en el Grupo Lautaro. Su más connotado aporte fue la entrega de Bernardo Acevedo Lagos, “El Mexicano”, quien poseía los archivos computacionales que permitieron desbaratar a la organización lautarista. El 13 de octubre de 1992 es detenido por Investigaciones en un confuso incidente donde fue baleado. Tras este hecho quedó en coma hasta su muerte el día 30 de enero de 1993212 .
6. Personas que se relacionaron directa o indirectamente con la “Oficina” de seguridad 6.1. Marcelo Schilling Rodríguez Marcelo Schilling, fue subsecretario de Desarrollo Regional y ex secretario ejecutivo del Consejo Coordinador de Seguridad Pública entre el año 1991 y 1992. Dirigente socialista, ex-jefe del núcleo “Sierra Maestra” compuesto por estudiantes socialistas de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile 213 . Miembro del Grupo de Amigos Personales de Allende (GAP)214 . En 1973 se desempeñaba como jefe del Partido Socialista de Chuquicamata. Con posterioridad al pronunciamiento militar estuvo exiliado en México. Durante su exilio fundó la Revista Convergencia, medio de comunicación muy importante en el proceso de renovación socialista. A su regreso al país se sumó al Partido Socialista de Núñez, siendo su labor principal la de organizar dicho movimiento en todo el país.
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Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 28 Diario “La Tercera”, 19 de marzo de 1999, página 5. 21 3 Revista “Qué Pasa”, 29 de Junio de 1996, página 25. 21 4 Ídem. 21 2
Jugó un rol fundamental en el proceso de unidad de la facción Núñez y Almeyda, el año 1989. Además se le considera uno de los fundadores del Partido por la Democracia (PPD). Se dice que fue clave en la negociación del primer pacto parlamentario de la Concertación. Electoralmente, Schilling no exhibe buenos resultados. En 1993 se presentó en la elección interna del PS como precandidato a diputado por Valdivia. Sin embargo, la gente de la colectividad en esa ciudad prefirió un candidato local que posteriormente tampoco resulta electo. Luego se presentó como candidato a secretario general del PS y fue derrotado por Luis Maira, quien obtuvo una importante votación. Es uno de los principales operadores políticos de Ricardo Lagos al interior del Partido Socialista 215 . Cuando el Gobierno de Aylwin decidió crear un organismo de inteligencia y seguridad, la Democracia Cristiana solicitó al Partido Socialista la proposición de un hombre de sus filas para ocupar un importante cargo en la nueva organización de coordinación. Con esto se pretendía compartir las responsabilidades jurídicas y políticas de la gestión y sus resultados. La comisión política del partido, luego de debatir el tema, solicitó en forma unánime a Schilling que asumiera ese rol en el Consejo de Seguridad Pública que nació como consecuenc ia del asesinato del senador Jaime Guzmán. Entre las labores de Schilling en la “Oficina” estaban las relaciones con Investigaciones y el diseño de las estrategias para enfrentar a los grupos terroristas, lo que incluyó “informantes pagados” y “agentes operativos”, pese a que, como se ha dicho, no contaba con facultades para ello 216 . A continuación se transcriben afirmaciones vertidas por el propio Schilling, en una entrevista concedida al diario “El Mercurio” el día 18 de agosto de 1997 y reproducidas en parte por la revista “Qué Pasa”21 7 : “Se han falseado los hechos. En primer lugar, porque el Consejo apegó su accionar estrictamente al estado de derecho por una razón muy sencilla: su respeto fue el gran punto de fuerza de la transición, ya que obligó a respetarlo a quienes tuviesen la pretensión de salirse de él”. “La única manera de derrotar efectivamente al terrorismo era mantener siempre la superioridad moral sobre éste, y por lo tanto, debíamos combatirlo en una cancha distinta al empleo de las armas y el terror. El éxito del Consejo se debe a que realizamos nuestra labor con estricto apego a los derechos de las personas”.
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Ídem.. Revista “Qué Pasa”, 01 de Mayo de 1998, página 22. Revista “Qué Pasa”, 07 de Diciembre de 1997.
“(El Consejo de Seguridad) no tenía ningún articulado secreto y sus responsables éramos personajes públicos”. “Los grupos armados de práctica terrorista tenían reflexión política. Al cambiar la situación de una dictadura a una democracia se produjo una discusión que terminó con que mucha gente se retiró a favor del viento. Entre ellos, hubo gente, que tampoco fue mucha, como se pretende hacer creer, que decidió colaborar de mutuo propio, porque el fenómeno terrorista creaba condiciones para desestabilizar la transición. Fueron, a lo más, dos a tres personas que, asumiendo el riesgo de su decisión, tomaron la iniciativa de aproximarse al gobierno. No se transformaron en informantes a sueldo. Sólo se les habría ayudado a reinstalarse en la vida normal tras demostrar que no tenían cuestiones pendientes con la justicia en algún proceso, labor que hicieron las policías y no el Consejo. Esa es la situación exacta, no magnifiquemos el hecho”. “Quienes tuvieron alguna vinculación con grupos terroristas y se allanaron a colaborar con el Gobierno no trabajaron operativamente con el Consejo Coordinador, sino que fueron puestos en relación con la policía, en especial con Investigaciones”. “Bueno, yo no participé sólo en estas tareas, hay que preguntarles a muchas personas. Pero, en defensa de mi amigo Jorge Burgos y de Mario Fernández [en la entrevista se encarga de recordar en cinco oportunidades que trabajaron con él en la “Oficina”] y de todos mis amigos que se arriesgaron en esta tarea, quiero hacer una pregunta: ¿De qué ilícitos se nos está acusando?¿Cuál es la imputación, la inculpación? ¡Pongámosla clara para que cada uno pueda contestar!”. No obstante estar claros los ilícitos de los que se le acusa, Schilling siguió formando parte del personal gubernamental, siendo nombrado Embajador en Francia por Ricardo Lagos. Posteriormente participó en la recolección de fondos para la campaña de Michelle Bachelet 218 .
6.2. Oscar Carpenter Villagra Ex militante socialista, brazo derecho de Marcelo Schilling desde la creación de la “Oficina” en 1991. Debido a sus permanentes labores “oscuras” usaba la chapa de “Juan Carlos Pereira”. Posteriormente prestaría servicios para la Dirección de Seguridad Pública, entidad que reemplazó al Consejo Coordinador y que tiene oficinas en la ciudad de Santiago, en calle Zenteno con Olivares.
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http://lasegunda.com/edicionimpresa/edicionesanteriores/detalle/detalle.asp?idnoticia=0215072005301S02 80088&from=d&fecha_elegida=15/07/2005
Es sindicado como uno de los principales responsables del montaje de la red de informantes del Consejo de Seguridad. Actuaba desde la “Oficina de Huérfanos” que simulaba ser una oficina de reinserción de presos políticos. Tiene cursos en la Ex-RDA y Cuba. En este último país fue profesor de Inteligencia en el Departamento de Operaciones Especiales (DOE) donde conoció, entre otros, a Gutiérrez Fischmann (El “Chele”) 219 . Durante el Gobierno de la Unidad Popular, formó parte de los grupos de choque del Partido Socialista. Incluso el informante Humberto López Candia asegura que Carpenter asesinó a un integrante del Movimiento Patria y Libertad el año 1972. Ese año frente al teatro Gran Palace fue asesinado el jefe del movimiento Mario Aguilar Rogel, luego de lo cual Carpenter abandona Santiago y se refugia en el sur 220 . Después de 1973 se asiló en la embajada de Holanda, desde donde partió a la Alemania Oriental, desempeñándose como guardaespaldas de Carlos Altamirano y luego especializándose en labores de Inteligencia221 . Con posterioridad, se vinculó al tronco más ortodoxo del Partido Socialista, cuando Altamirano optó por la renovación. En ese momento pasa a desempeñarse como guardaespaldas de Clodomiro Almeyda222 . Se sostiene que era el encargado de seleccionar a los chilenos que asistían a cursos militares y de inteligencia a los países de Europa Oriental. Realizó cursos en el Departamento de Operaciones Especiales de Cuba (DOE) donde llegó a dictar la cátedra sobre “métodos conspirativos” e “infiltración”. Es aquí donde Carpenter conoció a muchos de los frentistas que posteriormente se desempeñarían como informantes de la “Oficina” como “El Chele” y López Candia, por mencionar a algunos 223 . En Nicaragua ayudó al Gobierno Sandinista en la organización del Estado Mayor. En 1986 se integró al Comité Central del Partido Socialista de Almeyda en el área del “Trabajo Combativo y Militar”. Fue uno de los organizadores de los “Destacamentos Populares 5 de Abril” 224. En abril de 1991 llegó a trabajar con Schilling. Sin embargo, hay antecedentes de que colaboraba con anterioridad en labores de inteligencia para el Gobierno 225 . 21 9
Revista “Qué Pasa”, 01 de Mayo de 1998, página 22. Revista “Qué Pasa”, 19 de Julio de 1977, páginas 20 a 28 y Revista “Qué Pasa”, 07 de Diciembre de 1996, página 17. 22 1 Revista “Qué Pasa”, 07 de Diciembre de 1996, página 17. 22 2 Ídem. 22 3 Ídem. 22 4 Ídem. 22 5 Revista “Qué Pasa”, 21 de Diciembre de 1996, página 42. 22 0
Se le adjudica haber intervenido directa o indirectamente en al menos los siguientes hechos: a) Haber montado una red de informantes pagados, provenientes del Frente y militantes socialistas, funcionando en una oficina de calle Huérfanos con la fachada de una oficina para retornados políticos. b) Haber participado directamente junto a funcionarios de Investigaciones en el traslado de armas a un barretín subversivo de San Bernardo, para una organización terrorista denominada “Pueblo en Armas”. En esa oportunidad, hay constancia en el proceso que llevó la ministra Camposano que Carpenter solicitó y obtuvo de López Candia una pistola Walter PPK 9 mm. con silenciador. c) Haber concurrido regularmente a los cuarteles de Investigaciones y, sin facultades para ello, presenciar los interrogatorios a los subversivos detenidos226 . Incluso un ex detective, Jesús Silva San Martín ha llegado a señalar que Zambrano le presentó a Carpenter “como un alto jefe de la BIP, además usaba identificación y armas de policía”227 . d) Ser uno de los responsables del ajusticiamiento de Agdalín Valenzuela, pues pese a que sabía de su calidad de informante, concurrió personalmente a la Brigada de Inteligencia Policial (BIP) a solicitar su detención y posteriormente, en un hecho que despierta las sospechas, lo deja rápidamente en libertad. e) Intervino indirectamente en el asesinato de Sergio Madrid (DINE) cometido por Humberto López Candia. Carpenter contactó a López Candia con Madrid, ex funcionario de la DINE. Madrid le entregaba a López Candia información sobre la DINE. Por instrucciones de Carpenter y producto de un forcejeo para obtener el nombre de su contacto en la DINE, le disparó provocándole la muerte. f) Intervino también proporcionando a López Candia un carnet de identidad falsificado para obtener un pasaporte y así salir del país, específicamente a Brasil, con el objeto de infiltrar a los frentistas que se encontraban en ese país. Posteriormente, dejó a López en la indefensión, siendo detenido y procesado. Siguió en su cargo, no obstante haber sido sometido a proceso por la ministra Camposano por el delito de obstrucción a la justicia, resolución luego dejada sin efecto al acogerse los recursos de amparo interpuestos a su favor. Fue citado a declarar por el magistrado que llevó la causa por el asesinato del senador Jaime Guzmán, ministro Hugo Dolmestch228 .
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Ídem. Diario “La Tercera”, 09 de Julio de 1997. Revista “Qué Pasa”, 01 de Mayo de 1998, página 22.
6.3. Luis Antonio Ramos Lecaros Militante socialista, amigo de Marcelo Schilling. Salió de Chile tras el pronunciamiento militar y se dirigió a la Ex RDA. Luego de 10 años en Cuba volvió a Chile en 1985 ó 1986. Reconocido como un excelente analista y experto en “Guerra Sicológica”229 . Realizó cursos de Inteligencia en Berlín y en Cuba, donde en el equipo de información del “Comité de Solidaridad con Chile”. En 1990 trabajó en la Secretaria General de Gobierno, específicamente en la Secretaria de Comunicación y Cultura (SECOCU) de esa repartición, elaborando una base de datos para el departamento de Estudios de ese ministerio. Aquí trabajó con Marcela Palma Salamanca, hermana del frentista que asesinó al senador Guzmán. En 1991 comenzó a trabajar con Schilling en el Consejo de Seguridad hasta abril de 1994. En abril de 1994 fue contratado por Isidro Solís como funcionario de la Dirección de Seguridad Pública, como parte del equipo que debió heredar de la “Oficina” de Schilling. No sólo realizó labores de analista, sino que también terminó reconociendo que efectuaba labores como agente y control de informantes, entre ellos Agdalín Valenzuela y López Candia. En esta calidad proveyó de dinero y proporcionó la seguridad pertinente a Agdalín Valenzuela, quien además se reportaba ante él con la información que obtenía del Frente. En tanto, fue el contacto que López Candia tenía en La Moneda y con quien se reportó cuando le fue detectada una cédula de identidad falsa, delito por el cual fue arrestado y procesado 230 Luego seguiría prestando servicios para la Dirección de Seguridad Pública.
6.4. Agdalín Valenzuela Márquez Informante y colaborador de la Oficina de Seguridad. Muerto en Curanilahue el 11 de octubre de 1995, presumiblemente por el propio Frente Patriótico. Los principales sospechosos de la autoría intelectual de este asesinato son: el Frente Patriótico y la “Oficina”.
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Revista “Qué Pasa”, 07 de Diciembre de 1996, página 18. Revista “Qué Pasa”, 21 de Diciembre de 1996, página 43.
Valenzuela fue encontrado cerca de las 21:00 horas en el barro, a cinco metros de su jeep, en el sector de La Mano, en la intersección del camino a Curanilahue y la ruta 160. Tenía al momento de ser encontrado cuatro tiros en el cuerpo, dos en la espalda y otros dos en la cabeza. Fue un informante de gran utilidad para la “Oficina”, pues no sólo entregó importante información respecto de las operaciones del Frente en la zona sur del país, sino también intervino en la captura de uno de los hombres más importantes del Frente, como lo fue Hernández Norambuena, “Ramiro”, y gracias a su participación fue posible grabar y fotografiar a Gutiérrez Fischmann, el “Chele”. Esto fue posible debido a que ambos líderes frentistas lo visitaban con cierta frecuencia en su casa e n Curanilahue. Su contacto en la “Oficina” habría sido Enrique Villanueva, quien posteriormente traspasaba la información a López Candia, con el objeto de que éste último verificara los antecedentes 231 . Se dice que pese a su calidad de informante privilegiado fue desprotegido. Valenzuela era considerado un informante estrella, pues como se ha dicho tenía acceso a dos de los hombres más importantes en la estructura del Frente, de quienes además era amigo: “Ramiro” (Hernández Norambuena) y el “Chele” (Gutiérrez Fischmann) 232 . Por ello causó mucha sorpresa que Carpenter solicitara personalmente a la Brigada de Investigaciones Policiales (BIP) a través de Camilo Opazo, (jefe de la Unidad), la detención de Agdalín Valenzuela en Curanilahue, hecho que se verifica el día 5 de agosto de 1993. En el mencionado mes de agosto y pese a la conocida calidad de informante de Valenzuela, el detective Juan Sarmiento recibió la orden de detenerlo junto a “Ramiro” en Curanilahue. Sarmiento hizo ver a Carpenter la calidad de colaborador de Valenzuela, a lo cual éste le habría respondido que se trataba de “órdenes superiores”. Este hecho fue el detonante del ajusticiamiento posterior. Pese a que en el momento de la detención portaba un arma, fue dejado en libertad a los 13 días sin cargo alguno, a diferencia de Hernández Norambuena, que producto de dicha detención fue interrogado, condenado a presidio perpetuo y detenido en la Cárcel de Alta Seguridad, desde donde escapó en diciembre de 1996. El informe que emitió la policía con motivo de la detención de Valenzuela, señaló que el arma que portaba en el momento de ser detenido era de uso personal. Además, al dejarlo en libertad se hizo caso omiso de las denuncias efectuadas a Carabineros por su cónyuge el año 1992, quien por motivos sentimentales, lo delató como integrante del FPMR. Hay sin embargo otra causa extraña que rodea la muerte de este informante. Con posterioridad al ajusticiamiento de que fue víctima, la BIP, organismo encargado de la investigación de su asesinato y en especial el subcomisario Jorge Zambrano (muy cercano a 23 1 23 2
Revista “Qué Pasa”, 01 de Mayo de 1998, página 22. Revista “Qué Pasa”, 21 de Diciembre de 1996, págin a 36.
la “Oficina”), se demoró más de ocho meses en enviar al Tribunal de Curanilahue la información sobre los presuntos autores del crimen. Esto motivó incluso la intervención de Mery, quien exigió explicaciones a Zambrano por su incumplimiento233 . Se presume que el autor material del ajusticiamiento de Valenzuela es el denominado “Rodolfo”, “Rambo” o “Simón”, quien habría sido además el encargado de obtener el auto utilizado en el asesinato de Guzmán. Este sujeto sería guardaespaldas del “Chele”. Para algunos el autor intelectual sería “Ramiro”, Hernández Norambuena. No obstante lo anterior y como ya se ha dicho, el ministro Dolmestch barajó otras hipótesis que incluyen a la oficina gubernamental.
6.5. Nelson Mery Figueroa Fue Director General de Investigaciones. Asumió en 1992 reemplazando al entonces director Horacio Toro, luego de su renuncia como consecuencia de hacerse público el caso de espionaje a autoridades políticas conocido como “Plan Halcón”. Con posterioridad a marzo de 1992 y aclarado el secuestro de Cristián Edwards, Mery recibió en su despacho al comisario Barraza, quien le informó que descartaba la participación de Olea Gaona en el asesinato del senador Jaime Guzmán 234. Además de ese antecedente, Barraza le proporcionó un video con las imágenes de los principales líderes del FPMR, autor de estas acciones, captado mientras descansaban en el camping Las Vertientes de Colliguay. En esa oportunidad, Mery le habría explicado a Barraza que el responsable de la inculpación de Olea Gaona era Juan Fieldhouse, en su calidad de jefe del Grupo Lex. Mery le pidió a Barraza que por el momento no entregara los nuevos antecedentes al tribunal, porque “provocarían un problema político”, comprometiéndose a arreglar la situación con las autoridades de La Moneda, cuestión que nunca ocurrió. Incluso tanto las autoridades políticas como judiciales continuaron infructuosamente con los trámites de extradición de Olea Gaona. Producto de esta situación, Mery fue procesado por la ministra Camposano. La magistrado, en su resolución, dejó establecido que Mery ordenó mantener en secreto el video “mientras no se solucionara el problema suscitado por la inculpación de Olea Gaona”. El video fue recibido por Mery el 26 de marzo de 1992 y sólo fue entregado por éste el 16 de marzo de 1993.
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Ídem. Revista “Qué Pasa”, 21 de diciembre de 1996, página 44.
En su defensa, el abogado Andrés Domínguez, profesor del Instituto Superior de Investigaciones, ha señaló que Mery reconoce haberlo visto, días después que asumiera interinamente la conducción de la institución. Manifestó asimismo Domínguez que Mery no le dio al video el carácter de secreto, pues según el abogado “se han contabilizado 86 detectives que trabajaron policialmente con el video”. El video es entregado al ministro Navas el 16 de marzo de 1993, cuando Barraza lo adjunta al parte final del caso Guzmán, en un informe de 150 páginas. En este video aparece claramente identificable Palma Salamanca, por lo que era fundamental para la investigación haberlo entregado cuando fue detenido Palma el 25 de marzo de 1992 en La Florida. Las denuncias indican que Mery, por instrucciones superiores, quiso ocultar la inocencia de Olea Gaona y proteger al principal culpable del crimen, el “Chele”. Además siendo Mery Director de la Policía Civil se producen hechos deplorables al interior de la Institución, en general todos aquellos relacionados con el trabajo de la “Oficina”, y en particular el traslado de armas a San Bernardo.
6.6 Jorge Zambrano Araya Segundo Jefe de la BIP (Brigada de Inteligencia Policial). Hombre de confianza de Schilling en la Policía de Investigaciones. Hasta 1990 trabajó en labores de análisis y apoyó al fiscal Fernando Torres Silva en la investigación por el descubrimiento de los arsenales en Carrizal Bajo. A mediados de 1992 viaja con Carpenter a España y luego a Uruguay. De la BIP es enviado al “Grupo Lex”, creado para investigar el homicidio del senador Jaime Guzmán. Paralelamente, participa a cargo del Frente Uno, destinado a combatir al FPMR. Dentro de los cinco meses siguientes al atentado del senador, el “Grupo Lex” a cargo de Juan Fieldhouse y en el que participaba Zambrano, entrega al Gobierno el nombre de Sergio Olea Gaona, como autor del atentado, siendo Zambrano uno de los principales promotores de inculpar a Olea Gaona como su autor material235. Barraza sostiene que Zambrano es uno de los encargados del montaje contra Olea Gaona, particularmente de escribir las iniciales del senador en un croquis del Campus Oriente encontrado en el domicilio del inculpado. Zambrano sería además uno de los principales protectores de Juan Gutiérrez Fischmann (el “Chele”). Según se ha relatado en este sitio, en un operativo efectuado en 23 5
Revista “Qué Pasa”, 21 de Diciembre de 1996, página 43.
Curanilahue y gracias a la colaboración de Agdalín Valenzuela, se obtiene un importante elemento identificatorio y de prueba, dos vasos con las huellas del “Chele”. Según consta en el proceso, en junio de 1992, Valenzuela entregó a Marcelo Schilling esos vasos, los que finalmente llegaron a Zambrano para que los sometiera a pericias dactilares en el Laboratorio de Criminalística de Investigaciones. Sin embargo, estos vasos junto a una cinta con la grabación de la voz del “Chele” que fue interceptada desde la casa de Valenzuela por un equipo a cargo del subcomisario Juan Sarmiento, nunca más aparecieron236. Zambrano es también quien detiene a “Ramiro” y a Valenzuela en Curanilahue, por órdenes precisas de Carpenter. Luego de allanar el hogar de éste último, incauta gran cantidad de información, la que no es entregada a los tribunales. Aún más, como ya se ha señalado, los resultados de las diligencias practicadas con motivo de la muerte de Valenzuela, fueron entregados después de ocho meses de ocurrido el hecho al magistrado de Curanilahue que llevaba la causa, lo que motivó una recriminación por parte de Mery237 . Días después y producto de la detención de “Ramiro”, Zambrano habría participado en su interrogatorio. Extraño resulta que en la constancia del interrogatorio no se advierte que en ningún momento el detective le haya consultado a Hernández Norambuena por el “Chele”, pese a que ya era conocida su existencia y la información que obtuviere de “Ramiro” podía ser considerada fundamental 238 . Zambrano, se ve además directamente involucrado junto con Carpenter y López Candia en el traslado de armas a San Bernardo. Los pertrechos estaban destinados al “Destacamento Mirista Pueblo en Armas”. En dicho traslado intervinieron Carpenter, Zambrano, López, un mirista, un frentista apodado “Oreja de Taza” y un chofer de la Policía de Investigaciones que fue quien condujo el auto en que iban las armas. Pese a ser desbaratada la operación, el frentista no fue detenido ni sus datos entregados, lo que constituyó un caso evidente de aplicación de hecho de la figura del “arrepentimiento eficaz”. Por esta acción, Zambrano fue sometido a proceso por la ministra en visita Raquel Camposano, por el delito de obstrucción a la Justicia.
6.7. Juan Fieldhouse Chávez Ex subdirector de Investigaciones, encargado del grupo encargado del esclarecimiento del asesinato del senador Jaime Guzmán, denominado “Grupo Lex”. De este grupo surge la inculpación de Olea Gaona, como autor material del atentado contra el senador Guzmán. La principal crítica técnica que se le hizo a este grupo fue el 23 6 23 7 23 8
Ídem. Ídem. Ídem.
hecho de estar compuesto por miembros de distintas unidades que tenían experiencia en delitos comunes pero no en temas subversivos 239. Con conocimiento y autorización de Horacio Toro y de Nelson Mery, sucesivos directores de Investigaciones respectivamente, Fieldhouse se relacionó en forma directa con el Gobierno en esta materia, por su afinidad con el mismo y además por la estrecha relación con Schilling 240 . Se le imputa, en su calidad de encargado del Grupo Lex, ser el principal responsable del montaje e inculpación de Olea Gaona y de hechos puntuales, como el confuso episodio en que interviene junto a Adil Bercovic –abogado de Palma Salamanca– y que se traduce en la negativa del único frentista capturado para seguir colaborando con la justicia.
6.8. Juan Miguel Sarmiento Luarte Subcomisario de Investigaciones, ex miembro de la BIP (agente “Lorenzo”). Trabajó junto a Schilling y el equipo de La Oficina. Es enviado por el “Grupo Lex” a Curanilahue luego de que Agdalín Valenzuela informara que un alto dirigente del FPMR, el “Chele”, llegaría a su residencia. Según consta en el expediente, Sarmiento instruye a Valenzuela respecto de la forma de obtener mayores antecedentes acerca de la identidad del Frentista. Incluso le habría entregado el dinero para que comprara dos vasos, en los que el “Chele” dejara sus huellas estampadas. Instaló en el domicilio un micrófono y grabó la conversación entre Valenzuela y el “Chele”. También fotografió al líder rodriguista 241 . Sin embargo, se le escapó cuando lo seguían a bordo de un bus rumbo a Santiago, justificando esta negligencia en razones de muy poco peso. Sostiene Sarmiento en su defensa, que el “Chele” en su trayecto en bus a Santiago y cuando era directamente vigilado por Investigaciones, se habría inquietado por la inesperada presencia de dos carabineros que tomaron el mismo bus. El subversivo, alertado por la presencia policial, se baja en Concepción y la policía pierde su pista 242 . En agosto de 1993 y pese a la conocida calidad de informante de Valenzuela, recibe la orden de detener al “Chele” quien se encontraba junto a “Ramiro” en Curanilahue. Sarmiento hace ver a Carpenter la calidad de colaborador del frentista, a lo cual este le habría respondido que se trataba de “órdenes superiores”243. 23 9 24 0 24 1 24 2 24 3
Revista “Qué Pasa”, 21 de Diciembre de 1996, página 43. Ídem. Revista “Qué Pasa”, 21 de Diciemb re de 1996, página 43 Ídem. Ídem.
En una reunión realizada en dependencias de la Escuela de Investigaciones, Sarmiento reconoció a Nelson Mery que había identificado al “Chele” a fines de 1993 y que habría entregado el informe a sus superiores: prefecto Luis González Cuevas, jefe de Inteligencia; subprefecto Camilo Opazo, jefe de la BIP, Simón Tapia, subdirector Operativo y Jorge Zambrano 244 . Sarmiento participa también junto a Zambrano en el allanamiento de la casa de Olea Gaona, en la cual se raya el croquis que existía en el lugar y que es ocupado como prueba posteriormente para inculparlo.
6.9. Jesús Silva San Martín Ex-funcionario de Investigaciones perteneciente a la Prefectura Investigadora de Asaltos (PRIA). Es elegido en 16 oportunidades el “mejor funcionario de la prefectura” y en cuatro el “mejor policía del país”. En mayo de 1992, realiza un curso del Mossad (servicio secreto israelí) en España, bajo la aprobación del entonces director Horacio Toro y posteriormente de Nelson Mery. Su área de acción fue la antiterrorista, incluso vivió infiltrado en la oblación “La Victoria”, donde conoció a casi toda la cúpula del “Movimiento Lautaro”. En 1992 se integra a la PRIA en calidad de detective de enlace con la Brigada de Investigaciones Policiales (BIP), bajo las órdenes del prefecto Mendel y luego del comisario Cruz. El mismo año, detiene a los subversivos Marcos Villanueva Vinet y Evaristo de la Cruz Godoy Godoy, por encontrarse acusados de cerca de 67 asaltos, tres de ellos con resultado de homicidios. Sin embargo, la superioridad de Investigaciones le pide dejarlos en libertad. Esto lleva a Silva a entregar su placa y presentar un escrito renunciando y justificando su decisión. El 27 de julio de 1994 se le da de baja de la institución, aduciendo “salud incompatible con el servicio”. Silva asegura que nunca se le extendió un certificado de ello 245 . En el transcurso del proceso seguido por la ministra Camposano, Mery y Schilling, lo descalifican como testigo, argumentando que sufre de personalidad esquizoide y que ello habría motivado la decisión de darlo de baja de la institución.
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Ídem. Revista “Qué Pasa”, 18 de Octubre de 1986.
Posteriormente sería sometido a proceso por apremios ilegítimos contra los militantes socialistas e informantes de la “Oficina”, Evaristo Godoy Godoy y Marcos Villanueva Vinet.
6.10. Evaristo de la Cruz Godoy Godoy Miembro del Partido Socialista, ex preso político e informante de la Oficina de Seguridad del Gobierno. Acusado como uno de los organizadores del asalto a la Caja de Compensación 18 de Septiembre y a la Escuela Japón en 1988 246 . Vivió en la Población La Victoria, en una casa donde funcionaba la sede poblacional del PS. Fue reclutado por Marcelo Schilling para la operación denominada “Iniciativa para la Paz” en 1991. En esa operación trabajó con el informante Domingo Faustino Sarmiento, quien fuera asesinado por el “Lautaro” en 1992247 . En octubre de 1991 es acusado y detenido por la policía producto de varios robos a mano armada y vínculos con grupos terroristas. Sin embargo, queda en libertad e incluso se habría modificado el parte de su arresto para no perjudicarlo. Así, sólo se habrían consignado en él los delitos cometidos con posterioridad al año 89, con el objeto de que pudiese ser objeto de indulto. En una operación previamente calculada, Godoy denuncia haber sido objeto de apremios ilegítimos por parte de la PRIA de Investigaciones, lo que motiva la salida del cargo del subprefecto Sergio Mendel, entonces jefe de la Unidad y un proceso judicial en contra del detective Jesús Silva San Martín, de impecable hoja de vida. En conversaciones posteriores entre Godoy y López Candia (los dos informantes de la “Oficina”) el primero le habría confesado al segundo que la denuncia de maltratos formulada contra Mendel y Silva San Martín era parte de un montaje con el objeto de no dejar al descubierto su calidad de colaborador 248 . Se dice que gracias a la “Oficina” pudo obtener una vivienda en San Bernardo, pero pese a ello continuó cometiendo acciones delictivas, las que quedaron en la impunidad.
6.11. Marie Emmanuelle Verhoeven Alias “Comandante Ana”. Psicóloga de nacionalidad francesa249 . 24 6
Revista “Qué Pasa”, 21 de Diciembre de 1996, página 44. Ídem. 24 8 Ídem. 24 9 Revista “Qué Pasa”, 20 de Julio de 1996, página 16. 24 7
Antes de llegar a Chile, visita Nicaragua y Cuba. A Nicaragua llega el año del triunfo de la Revolución Sandinista, en tanto que en Cuba conoce al “Chele” (Gutiérrez Fischmann). En marzo de 1985 contrae matrimonio con un chileno, el ex militante del MIR, vinculado al FPMR, Italo Miguel Retamal Espinoza. En septiembre de 1986 nace su hijo Nicolai y en septiembre de 1987 se separa. En Chile, desarrolla trabajos en el Programa de Asesoría Legislativa (PAL) 250 . También se desempeña como investigadora de la CEPAL, cargo que ocupaba en enero de 1992, cuando es entrevistada por el diario La Nación a propósito de la delincuencia juvenil. En ese año se dice que se encontraba ligada sentimentalmente al líder máximo del Frente, Galvarino Apablaza, el “Comandante Salvador”25 1 . También se le vincula sentimentalmente con el detective Barraza, a quien le habría entregado importante información del Frente252 . Sale en 1995 de Chile, gracias a sus contactos y amistades en la Policía Civil. Barraza señala que en el primer semestre de 1992, por orden del propio director de Investigaciones Nelson Mery, su asesor de prensa, Rodrigo de Arteagabeytía, puso a su disposición a la ciudadana francesa Marie Emmanuelle Verhoeven, por haber estado casada con el frentista Italo Retamal. Según sostiene Barraza, Verhoeven habría colaborado significativamente, aportando importantes antecedentes respecto de la cúpula del Frente, individualizando al “Chele” como Juan Gutiérrez Fischmann, atribuyéndole la calidad de autor intelectual del crimen del senador Guzmán e informante de la “Oficina” y responsable de las filtraciones desde la dirección central del Frente. A fines de 1993 y principios de 1994, trabaja en Gendarmería en el tema del “tratamiento psicológico de los reos y estudios o análisis de la situación penitenciaria”. Debido a que el año 1993 se desempeñó además como asesora personal del Director de Gendarmería, diversas fuentes indican que la frentista sostuvo un estrecho contacto con Hernández Norambuena, sirviendo de correo entre los frentistas cautivos en la Penitenciería y aquellos que estaban detenidos en la ex Cárcel Pública 253.
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Revista “Qué Pasa”, 20 de Julio de 1996, página 17. Ídem. 25 2 Ídem. 25 3 Ídem. 25 1
Su condición de psicóloga le habría permitido reunirse a solas con los frentistas, entre otras razones con el pretexto de prepararlos emocionalmente para vivir en un recinto carcelario. Trabajó además en el Hogar de Cristo y fue secretaria del relator especial de Naciones Unidas en Chile, Fernando Volio, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre 1985 y 1989 25 4. Existirían grabacio nes de Verhoeven en las que ésta hace mención a episodios claves del asesinato del senador Guzmán, y que se encontrarían acompañadas al proceso. Asimismo, Barraza habría entregado a la Justicia grabaciones de conversaciones sostenidas por Verhoeven en Bélgica en 1992 y en momentos en que el “Chele” se encontraba en ese país lavando el dinero del rescate. Habría por último, un video filmado por Barraza de una reunión entre ella y el “Comandante Salvador” en el “Coppelia” de Providencia, a la que habrían concurrido dos personas más cuya identidad se mantiene en reserva 255 .
6.11.1. Caso del Quebrantamiento de Arraigo y Desacato Producto de su relación con Barraza, Verhoeven lo involucra en un hecho que terminará con el ex-comisario y otros funcionarios de Investigaciones, sometidos a proceso por la ministra Raquel Camposano, acusados del delito de desacato. Los acontecimientos que configuran el delito indicado se desarrollan de la siguiente manera. Verhoeven (“Comandante Ana”) frente a la necesidad extrema de viajar al exterior con su hijo de nueve años, Nicolai Retamal, solicita a Barraza su intervención, debido a la existencia de un arraigo y en consecuencia una prohibición judicial de salir del país decretada por el juez del Cuarto Juzgado de Menores en un juicio de tuición que mantenía con su ex- marido, el mirista Italo Retamal. Según señala Barraza, por instrucciones superiores, realiza las gestiones necesarias para acceder a la petición de Verhoeven. En primer término informa de la situación al jefe de Policía Internacional, prefecto Juan Ponce Santibáñez, quien a su vez, da la orden correspondiente al encargado del paso fronterizo “Los Libertadores”, Roberto Araneda, mediante una llamada telefónica. Efectuados los contactos necesarios, Barraza pide al detective de la BIOC, Jaime González, que acompañe a la francesa y a su hijo hasta Mendoza, por razones de seguridad. La salida del menor se habría producido el día 29 de agosto de 1992, sin autorización del tribunal que decretó el arraigo y sin autorización del padre. Dos meses después se vuelve a repetir el procedimiento y el mismo detective González, se encuentra con Verhoeven y su hijo Nicolai en Mendoza y los trae de regreso a Chile.
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Ídem. Ídem.
El delito de desacato, en que incurrieron Barraza y los otros funcionarios indicados, se encuentra regulado en nuestra legislación en el artículo 240 inciso 2 del CPC. Su penalidad tiene un mínimo de 541 días y un tope de 3 años. Este delito se configuró por la salida ilegal del país del menor Nicolai Retamal Verhoeven, quebrantando de esta forma un arraigo decretado por el Cuarto Juzgado de Menores en un juicio de tuición entre sus padres. Fueron procesados en esta causa, por la ministra Raquel Camposano, las siguientes personas: a) Jorge Barraza:
Jefe de la desaparecida BIOC.
b) Juan Ponce:
Subprefecto de Investigaciones, jefe de Policía Internacional.
c) Jaime González:
Funcionario de la BIOC que acompañó al niño.
d) Rodolfo Araneda Pérez: Jefe paso Los Libertadores. Sin embargo, tan pronto son procesados, quedan en libertad provisional bajo fianza por tener asociado el delito una pena inferior a tres años. La protección brindada por Barraza a Verhoeven, aparentemente se le habría proporcionado, a solicitud de ella, quien a cambio de lo anterior suministraría antecedentes de las actividades subversivas que desarrollaba en el país su marido Italo Retamal. En razón de esta colaboración es que solicitaba protección para ella y su hijo. Barraza, confirma lo anterior, manifestando que sacó a la francesa del país por instrucciones de la superioridad de la Policía Civil, pues tenía importante información tanto del “Chele” como del “Comandante Salvador” (Galvarino Apablaza)
6.12. Humberto Nibaldo López Candia Ex-mirista, ex-frentista, preso político y colaborador de la Oficina de Seguridad del Gobierno. López Candia, le habría manifestado a la ministra Camposano que había ingresado a la “Oficina” a través del presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, quien lo derivó a Antonio Ramos 256 . Respecto de su ingreso a la “Oficina” y el rol que desempeñó en su interior, López Candia (fojas 1.018) señaló en el proceso lo siguiente:
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Revista “Qué Pasa”, 10 de agosto de 1996.
“Pertenecí al MIR y estuve procesado y condenado a 5 años y 5 meses; dándose por cumplida la pena, salí en octubre de 1989. Durante mi permanencia en la Cárcel Pública tuve contacto con extremistas del MIR, Frente Manuel Rodríguez y Lautaro, decepcionándome de ellos porque me di cuenta que estaban corrompidos, obsesionados por el poder y el dinero. Así fue que cuando llegó el gobierno democrático, yo había establecido amistad con varias personas del Partido Socialista. Fui a hablar con Camilo Escalona, que nos había visitado en la cárcel y ofrecido apoyo. Esto fue en octubre o noviembre de 1991, y yo me encontraba en difícil situación pues necesitaba trabajar. Escalona me dijo que por el momento no tenía trabajo que ofrecerme, y me insinuó si quería trabajar en el área de seguridad, respondiendo yo afirmativamente, porque había hecho cursos de inteligencia cuando estaba en el MIR, además tenía vocación para investigar. Como a los 20 días me llamó una persona citándome a La Moneda, a las cuatro de la tarde y que preguntará por Antonio Ramos. Fui y después de contactarme con Ramos, a quién no conocía de antes, fuimos a una oficina que está en calle Moneda a media cuadra hacia el oriente, por la vereda sur; pertenecía al Gobierno (según Ramos, en fojas 1.084, era una oficina de la Secretaría General de la Presidencia) y allí conocían a Ramos porque cuando llegamos, de inmediato lo recibieron y desocuparon una oficina. Con Ramos acordamos que yo trabajaría en la Oficina de Seguridad, como colaborador al principio y, si rendía, después sería agente. La evaluación definitiva la haría Marcelo Schilling. El sueldo comenzó siendo de $180.000, mi labor era de procesar y analizar la información. Estuve como poco más de un mes en ese trabajo que desempeñaba, en calle Concha y Toro, en una dependencia del Partido Socialista, y en la calle, restoranes y hoteles, lugares en que me reunía con Oscar Carpenter –a quien conocí como Juan Carlos Pereira–, que era mi jefe directo y era además el hombre directo de Marcelo Schilling” 257 . En relación al sueldo que López Candia declara recibir de la “Oficina”, Carpenter en su declaración niega el hecho (fojas 1.144) señalando que “varias veces le entregué ayuda en dinero, especies, zapatos, en dinero le daba entre 50 y 70 mil pesos en forma irregular, cada dos meses más o menos (...) el dinero lo recibía yo de Marcelo Schilling y se lo pasaba a López, las especies las compraba yo con el dinero que me daba Schilling”. Esto es reconocido por Schilling en sus declaraciones (fojas 1.560) 258. Hasta 1985 López Candia fue un activo militante del MIR y luego de pasar cinco años detenido por delitos subversivos se enrola en el FPMR.
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Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 22. Ídem.
Recibe instrucción militar y de inteligencia en el Departamento de Operaciones Especiales del Gobierno Cubano (DOE), donde conoce al “Chele” y a Oscar Carpenter (su profesor), principal colaborador de Schilling en la “Oficina”. De hecho, como lo expresa el propio López, en varias oportunidades se habría reunido con Schilling para realizar “trabajos de análisis” en la sede del Partido Socialista en calle Concha y Toro 259. Trabaja conjuntamente al interior de la “Oficina” con Enrique Villanueva. Aparentemente tendría la calidad de doble agente, pues habría informado en alguna oportunidad su calidad de colaborador a Galvarino Apablaza (“Comandante Salvador”) Con éste último trabajó en la edición de “El Rodriguista”, órgano oficial del Frente. Es quien realiza la entrevista en diciembre de 1992, donde el “Comandante Salvador” reivindica para el Frente Autónomo el atentado al senador Guzmán. Al momento de su detención en 1994, estudiaba periodismo en la Universidad Arcis, becado por el organismo internacional World University Service (WUS) de apoyo a los retornados y presos políticos. Es pareja de Ana María Contreras, quien se ha desempeñado como secretaria del CODEPU. López Candia se ha visto involucrado en a lo menos dos hechos judiciales, en que de manera directa o indirecta ha estado relacionada la “Oficina” o alguno de sus integrantes. Estos hechos son: 1) Asesinato del comerciante Sergio Madrid Herrera 2) Falsificación de carnet de identidad.
6.12.1. Asesinato del comerciante Sergio Madrid Herrera. Hecho ocurrido el 16 de marzo de 1994, en la panadería ubicada en la esquina de las calles República y la Alameda, de propiedad de Sergio Madrid Herrera. Según señala López Candia, es Oscar Carpenter quien le presenta y contacta con Madrid, ex funcionario de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Madrid le proporcionaba a López Candia información sobre la DINE Carpenter le había manifestado a López Candia que era fundamental conocer el contacto de Madrid en la DINE.. Según López por instrucciones precisas de Carpenter, 25 9
Revista “Qué Pasa”, 21 de diciembre de 1996, página 45.
debía “apretarlo” para obtener esta información. Sin embargo, el forcejeo termina con un disparo, ocasionándole la muerte. López Candia relata en el proceso este hecho de la siguiente forma: “Ya en libertad seguí trabajando en la “Oficina”, aun cuando ésta había terminado y ahora existía la Dirección de Seguridad Pública, a cargo de don Isidro Solís, con quien nunca tuve contacto. Sucedió que un ex oficial de la CNI, empezó a entregar material de ésta, según me informó Oscar, quien había recibido directamente una carpeta con material reservado que contenía antecedentes de militantes del Partido Comunista y del Frente. En realidad no se sabía si se trataba de un oficial activo o en retiro. Luego yo retiré una segunda y una tercera carpeta, desde un negocio, un minimercado que servía de buzón. El dueño del negocio, un suboficial del Ejército en retiro, recibía y entregaba las carpetas. Para saber quién entregaba la información, le pedí a Juan (Manuel) López (Totoricahuena) –que había sido escolta del General Pinochet– que sirviera de apoyo visual; esto es, que se encargara de vigilar la entrada de la gente al minimercado, para lo cual arrendó una pieza al frente, junto a Francisco Vergara, un militante socialista. Esta vigilancia no dio resultados, y a Oscar se le ocurrió que yo hablara con el dueño del negocio para que nos hiciera contacto con el oficial. Así un martes como a las nueve de la noche, cuando el dueño estaba solo, yo entré y hablé con el hombre, y no sé porqué éste pareció enloquecer, me pegó, me dijo que no quería ser involucrado y empezó a estrangularme, enloquecer, yo saqué el revólver Taurus que llevaba y disparé sin saber cuántas veces; no me di cuenta qué más pasó. Lo cierto es que salí, no le dije nada a López, que estaba afuera, y me fui a mi casa. Al día siguiente informé a Pablo –que era colaborador de Oscar– y luego a Oscar [Carpenter] lo sucedido, quien me recomendó que me fuera de Santiago mientras arreglaban el asunto. Me fui al sur y estando en Concepción llamé por teléfono a Oscar, quien me dijo que estaba todo arreglado y que tenía que irme del país; él me iba a entregar los documentos y dinero necesarios. El otro día nos juntamos en la estación de ferrocarriles, fuimos a un restaurant donde me pidió que esperara mientras iba a buscar el dinero, y como tardaba, salí, siendo detenido por Investigaciones”. Humberto López Candia, agrega en su declaración que recibió algún tipo de amenazas de parte de un detective. Se trata de Jorge Zambrano Araya, segundo jefe de la BIP, hombre de confianza de Schilling en Investigaciones: “Como yo manifesté que iba a decir la verdad [Zambrano] me amenazó que me iba ver expuesto a la gente del Frente, que podría tener los mismos problemas que tuvo Sarmiento, o sea, que me podían matar, que también habría problemas con la JIPOL y que iban a involucrar a mi pareja como encubridora. Todo esto hizo que yo diera una declaración falsa en el Juzgado”260 .
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Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 26 y 27.
Resulta curioso que la persona que lo detiene en Concepción es el prefecto Jorge Zambrano, quien luego de interrogarlo por varias horas lo deja a disposición de la Brigada de Homicidios. Según López Candia, el “interrogatorio” de Zambrano duró más de ocho horas y el verdadero objetivo fue instruirlo a fin de entregar una información coherente que no lo delatara como agente de la “Oficina” a los funcionarios de la Brigada de Homicidios 261 . Humberto López Candia habría sido recluido en la cárcel Colina II, pues este recinto ofrece mayores seguridades frente a las sucesivas amenazas de muerte de que ha sido objeto. Se sospecha que después de ser detenido ha colaborado con la DINE, principalmente por la visita frecuente que recibe de miembros del Ejército, entre ellos, de Alejandro Ortiz. El 16 de marzo de 1994, día del crimen, López Candia era acompañado por José Manuel López Totoricahuena, también informante de la “Oficina”. Este último fue sometido a proceso por este hecho y por infracción a la Ley de Control de Armas, toda vez que se encontró en su poder un fusil de guerra del tipo de los internados por Carrizal Bajo 262 . El entonces director de Seguridad, Isidro Solís, es uno de los responsables de que López Candia no haya sido dejado en libertad, debido a que su política en la conducción de la “Oficina”, fue no proteger a informantes que cometieran delitos, más aún si se encontraban desempeñando labores como informantes de la “Oficina”. Distinta al parecer fue la posición que tuvo Schilling en la materia.
6.12.2. Asunto falsificación del carnet de identidad En este episodio tiene importante participación Oscar Carpenter y se resume en que Humberto López Candia fue sorprendido tratando de obtener un pasaporte con una cédula de identidad falsificada, siendo detenido en el verano de 1992. Lo increíble es que la cédula de identidad falsificada, le había sido proporcionada por la “Oficina”, precisamente por Oscar Carpenter. Más sorprendente aún resulta saber que el pasaporte que pretendía obtener, se necesitaba para una actividad del organismo consistente en infiltrar a miembros del Frente que operaban en Brasil263 . López Candia relata en el proceso esta operación (fojas 1.018) del modo que sigue: “Yo accedí ir a Brasil, pero no con mi propio nombre, y con Oscar tomamos contacto con el hombre del Frente –a quien le decía Mena o Rodrigo yque era del Partido 26 1 26 2 26 3
Revista “Qué Pasa”, 21 de Diciembre de 1996, página 45. Diario “La Tercera”, 28 de Octubre de 1997. Revista “Qué Pasa”, 21 de Diciembre de 1996, página 45.
Comunista–, encargado de la documentación, a fin de que me hicieran los documentos necesarios para el viaje. Este Mena me entregó un carnet de identidad con mi foto, con un nombre que no recuerdo, pero mi nombre era Carlos y mi apellido era Flores; el número y firma no me pertenecían. Cuando fui a sacar pasaporte para el caso de que lo necesitara, me indicó Rodrigo que debía hablar con una de las dos funcionarias que atendían, la que sabía de qué se trataba. Por desgracia, cuando me tocó el turno la funcionaria se había ausentado y fui atendido por otra, que notó que mi impresión digital no correspondía, por lo que se quedó con los documentos y yo me fui. Oscar y Zambrano me dijeron que iban a recuperar mis documentos, lo que no ocurrió, y un año después fui detenido por la falsificación del carnet. Estando en la sala VIP de Investigaciones Oscar y Zambrano me visitaron e instruyeron para que no dijera la verdad porque el asunto podría transformarse en un problema político mayor y yo quedaría expuesto. En vista de esto, declaré en el Juzgado que me había conseguido el carnet con un conocido de la cárcel y que quería irme por mi mala situación económica. Las mismas personas me ofrecieron gestionar en el Ministerio del Interior para que hablaran con el juez señor Solís. Como éste estaba en España, la jueza que lo reemplaza me sometió a proceso; 20 días estuve preso y cuando volvió el señor Solís pedí mi libertad y se me concedió”. Carpenter niega haber enviado a López a Brasil pero reconoce haberlo visitado en General Mackenna (fojas 1.144 vta.)264. Lamentablemente para Carpenter, la operación falló, pues al intentar obtener el pasaporte fue descubierta la alteración por los funcionarios del Registro Civil. Según López Candia, detectada la alteración huyó de la Oficina de Extranjería, llamó a Carpenter quien se comprometió a realizar gestiones inmediatas ante la Brigada de Investigaciones Policiales, cuestión que no ocurrió. López Candia fue detenido y posteriormente procesado y condenado por el delito de uso malicioso de instrumento público. Luego de quedar abierto el proceso por falsificación, pese a ser dejado en libertad, participa en el denominado “Plan Atenas”, cuyo objetivo junto con otros integrantes de la “Oficina” fue infiltrar grupos de derecha 265 . Luego, y como una manera de obtener su libertad y de paso colaborar con la Justicia, López Candia envía una carta a Isidro Solís con el objeto de contarle lo ocurrido con el asunto del pasaporte y la intervención de la Oficina. Solís entrega esa carta a la ministra Camposano. Solís había recibido la carta en su calidad de Director de Seguridad Pública y heredero de las labores de la “Oficina”. Fuentes oficialistas sostienen que Solís tenía razones para actuar contra la ex “Oficina”. En el grupo de Belisario Velasco, subsecretario 26 4 26 5
Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 23 Revista “Qué Pasa”, 24 de Agosto de 1998 y Revista “Qué Pasa”, 21 de Diciembre de 1996, página 45.
de Interior, siempre se pensó que una fuga de presos políticos desde la ex penitenciaría – ocurrida en octubre de 1992 y que culminó con tres subversivos muertos– fue organizada por infiltrados de la “Oficina”. Esta acción generó las sospechas de los aliados de Velasco, quienes creyeron ver en esta acción el objetivo de manchar el currículo de Solís, entonces director de Gendarmería, e impedir su acceso a la Dirección de Seguridad 266 . El envío de la carta es ratificado por Solís (fojas 938) quien señala que encontró una comunicación enviada por Humberto López Candia, con fecha 20 de noviembre de 1995 “que recibí en abril de este año por intermedio de un tercero”. Dicha carta lleva la firma de López Candia y en ella hace referencia a hechos acaecidos durante su “permanencia” en la Dirección de Seguridad Pública. Luego agrega que en esa carta, López Candia hace referencia a dos hechos: en primer lugar, su aprehensión por uso de instrumento público falsificado (cédula de identidad), cédula que según él, le fue proporcionada con la colaboración de la “Oficina”, para que viajara a realizar funciones a Brasil. Debido a que falló el contacto que tenían en el Registro Civil el documento le fue retenido y un año después lo detuvieron, ocasión en la cual su “oficial directo” y un subcomisario de la JIPOL le instruyeron como declarar y le ayudaron a obtener la libertad bajo fianza; en segundo lugar, se refiere al hecho por el cual está detenido en la actualidad como “una complicada situación derivada de mis funciones en la Oficina”267 . Por último, prueba de su calidad de informante de la “Oficina”, es que su pareja, Ana Cecilia Contreras, sostuvo en entrevista concedida a La Segunda con fecha 6 de enero de 1997 “que incluso una vez detenido, continuó durante tres meses recibiendo sueldo de la Oficina ($90.000) que se le hacían llegar vía telex, firmado por Carpenter”26 8 . El Gobierno, al momento de alegar por los recursos de amparo interpuestos por Schilling y Mery contra los autos de procesamiento que les afectaban, lo descalificaron como testigo, primero por el hecho de estar involucrado en un homicidio, y en segundo lugar, por su supuesta relación con miembros del Ejército (DINE). Humberto López Candia fue procesado por la Sexta Fiscalía Militar por infracción del artículo 10 de la Ley de Control de Armas en el episodio del traslado de armas a San Bernardo. Fue interrogado en al menos dos oportunidades por el ministro en visita de la causa, Hugo Dolmestch269 . Obtuvo la libertad provisional, sin embargo, ésta sería revocada producto de la presunta participación de López en el asesinato de Jorge Lund Gutiérrez. El ex informante de la “Oficina” fue inculpado como el presunto autor de los balazos que impactaron el cráneo de Lund por disputas relacionadas con el tráfico de drogas. En el proceso que lleva la magistrado del 33 Juzgado del Crimen Eleonora Domínguez, se encuentran procesados 26 6
Revista “Qué Pasa”, 09 de Enero de 1999, página 26. Consejo de Defensa del Estado; op. cit., página 21. 26 8 Diario “La Segunda”, 6 enero 1997 26 9 Revista “Qué Pasa”, 10 de Agosto de 1996. 26 7
por el delito de obstrucción a la Justicia, López Candia y el empresario de la carne Víctor Alvial Saldías270 . Esta es una prueba más de lo sostenido en el sentido de que los subversivos que participaron como informantes de la “Oficina” al sentirse protegidos derivaron en la delincuencia común; situación similar a la de Villanueva Vinet Por último hay que decir que López Candia teme por su vida. Según el propio López Candia, en entrevista concedida al Diario La Segunda 271 la “Oficina” lo “quiere ver muerto”. Y luego, consultado por el periodista sobre si tenía algún antecedente concreto que haga creíble esa afirmación, respondió: “Mientras estaba preso en Colina II hubo una visita de un analista de la “Oficina”. Este se entrevistó con el frentista Eduardo Vivian Padilla y le solicitó que contactara a internos para que me asesinaran en la cárcel a cambio de dinero. Ofrecieron un millón y medio de pesos y entregaron un documento con mi currículo. Afortunadamente ese penal reúne condiciones de seguridad y nada me pasó”. ¿Será efectiva la versión de López de que la “Oficina” lo habría mandado a matar? ¿No existen sospechas en este sentido en el caso de Agdalín Valenzuela? A continuación se transcriben afirmaciones vertidas por Humberto López Candia al periodista de la Revista “Qué Pasa”, Udo Joáo Gonçalves272 y que revisten especial importancia para nuestros efectos: “En 1990 nos fuimos encontrando con frecuencia, tanto socialistas como miristas, que teníamos escuela en el área de inteligencia para tratar esos temas. Así nació una suerte de comité, donde cada uno volcaba información que era analizada determinando tendencias y haciendo proyecciones de lo que hacían estos elementos ultristas”. “El nivel de información que manejábamos (en el Comité) nos permitió ir anticipando algunas operaciones, como el atentado al coronel en retiro Luis Fontaine, que había sido jefe de la Dicomcar e implicado en el caso Degollados. Esa información la recibimos de un frentista de apellido Velásquez, unos dos días antes del crimen y “Arturo” la llevó al Ministerio. No sé qué pasó, pero la operación siguió su curso y el FPMR mató a Fontaine”. “El Comité en sí recogió información acerca de los propósitos del Frente de matar al senador...” “Arturo” envió los antecedentes al Ministerio del Interior. Pero allá evaluaron que la información era poco seria, un “bluff”. “Arturo” me dijo que estaba abrumado y no sabía qué hacer. Cuando vi a “Arturo” tan abatido, supe que el asunto era muy serio (…) “Arturo” incluso llamó anónimamente al 133 y al 134. Obviamente no lo tomaron en cuenta”.
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Diario “El Mercurio”, 06 de Marzo de 1999, página C 11. Diario “La Segunda”, 27 de Julio de 1998, página 31. Revista “Qué Pasa”, 19 de Julio de 1997, páginas 20 a 28.
“Yo llegué a la “Oficina” luego de una conversación con Camilo Escalona, al que conocí estando preso, en mi calidad de miembro de la Coordinadora Nacional de Presos Políticos. Hablé con él sobre trabajo, y me dijo que el gobierno necesitaba gente con experiencia en inteligencia. Me pidió que le hiciera una nota a Marcelo Schilling, la hice muy apurado.” “Se optó por trabajar con Investigaciones, porque su nivel de dependencia del gobierno era mucho mayor. En la práctica, Oscar Carpenter le daba órdenes al subcomisario Jorge Zambrano, por ejemplo, lo que en Carabineros habría sido muy difícil. Y cuando algún detective no aceptaba órdenes, era separado, como le ocurrió a Juan Sarmiento Luarte”. “A la “Oficina” no le importaba que algún grupo asaltara un banco de vez en cuando, porque eso pasaría como un hecho delictual. De lo contrario había que empezar a llenar las cárceles de “presos políticos”, lo que resultaba negativo para la imagen que quería proyectar el gobierno. El problema para La Moneda era que realizaran actos del tipo terrorista”. “El Destacamento Raúl Pellegrín también organizó la fuga de una frentista involucrada en el caso Edwards, Maritza Jara, de la cárcel de mujeres, información que llegó y tampoco se hizo nada”. “‘Disparen. Esa es la orden para mi hombre’ me dijo Zambrano, refiriéndose a las instrucciones del subcomisario de Investigaciones en caso de que durante el traslado de las armas los pararan carabineros”. “Como ocho meses después del traslado de armas, supe que participaba en unas reuniones en el Sindicato de Madeco con grupos anarcomarginales, como el PC Acción Proletaria, Bandera Roja y trotskistas. Nos avisaron de eso y se lo comuniqué a la BIP para que le hiciera el chequeo y fuera detenido, porque estaba encargado por lo menos por su nombre político. Se le identificó físicamente, lo vieron salir del sindicato y se dejó establecido que la BIP tenía que operar sobre esos, pero nunca lo detuvieron. Después me desentendí.” (En referencia al “Taza”) “No sé exactamente cuánto les pagaban o cómo lo hacían, pero el 90% de los informantes son pagados”. “Por eso es que la muerte de él fue muy extraña. Agdalín fue asesinado en Curanilahue el 11 de octubre de 1995, se supone que por gente del FPMR. Pero es muy raro que el Frente se haya demorado dos años, desde que cayó con “Ramiro”, en encontrarlo culpable. La tesis que se baraja es que Agdalín se convirtió en un peligro para la investigación del caso Guzmán. Puede que lo haya matado el FPMR, pero al Frente le hicieron llegar los antecedentes con mucha precisión”. “Tiendo a pensar que en la “Oficina” había más motivaciones para hacer algo así que en cualquier otra parte. Lo digo claro: la “Oficina” no gatilló, no disparó, fue el FPMR, pero muy bien motivado, muy bien documentado para hacerlo. Lo mismo que pasó con
Domingo Faustino Sarmiento, otro informante de la “Oficina” (refiriéndose al asesinato de Agdalín Valenzuela). “Carpenter sí ha matado. En 1972 asesinó a un militante de Patria y Libertad. Por ahí apareció su nombre en un diario de la época, cuando era inminente su captura”.
6.13. Francisco Villanueva Molina Alias “Comandante Eduardo”. Comandante del Frente Manuel Rodríguez y ex colaborador de la “Oficina”, probablemente se encuentra en Cuba 273 . Ex profesor de la Academia de Humanismo Cristiano. Su principal función consistía en recoger toda la información que le proporcionaba Agdalín Valenzuela de las operaciones del Frente en la zona sur del país. Era conocido en la “Oficina” como “Pablo Andrés”. Sale del país en el mes de abril de 1997, luego de conceder una entrevista al diario La Nación y días después de que el ministro Dolmestch lo citará a declarar. Sus declaraciones serían fundamentales para establecer el alcance de la red de informantes de la “Oficina” y los métodos empleados en su lucha antisubversiva. Un mes después del asesinato del senador Guzmán, Villanueva Molina ofrece una entrevista al Canal 11 de la televisión mexicana, en la cual señala que “Guzmán bien ajusticiado está”274. Habría estado en Cuba país que le habría ofrecido garantías de que no será acosado 275 . No contaría con la simpatía del Frente, incluso se señala que habría sido objeto de “sumarios internos”. . 6.14. Domiciano Soto Tejías Alias “El Taza”. Ingresa a las Juventudes Comunistas a los trece años en el Liceo Darío Salas y de ahí pasa a realizar un trabajo sindical en el partido durante los años 80.
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Revista “Qué Pasa”, 10 de Agosto de 1996. Ídem. Ídem.
Luego viaja a Cuba donde realizó cursos de lucha clandestina, manejo de armas cortas y subametralladoras, recibiendo instrucción en inteligencia y contrainteligencia sobre algunos métodos conspirativos 276 . Miembro fundador del Frente e integrante del movimiento hasta el año 1989. Al momento de incorporarse al Frente realiza tareas en el área militar con misiones operativas del Regional Oeste (sector poniente de Santiago). En general, desarrolla al interior del FPMR tareas de organización y logística, sin perjuicio de lo cual también le correspondió asumir tareas de retaguardia en Buenos Aires, donde montó una red de casas de seguridad277 . El año 1989 y en la época en que trabajaba directamente con los “comandantes”, el Frente lo aísla con motivo del fracasado atentado al aeródromo Tobalaba, donde muere su jefe directo, Roberto Nordenflycht, hijastro del dirigente comunista Volodia Teitelboim. En el Frente trabajó con Raúl Pellegrín y con Galvarino Apablaza. Luego de su alejamiento del Frente, participa junto a Carlos Saavedra Saavedra (“Mauri”) en la formación del destacamento mirista “Pueblo en Armas”, grupo desbaratado por la “Oficina” en enero de 1992. En su trayectoria se menciona la participación en operaciones realizadas en la frontera de Guatemala y El Salvador. En esa época se destacó como un experto piloto de helicópteros, conocido como “Jerónimo” ya que gritaba ese nombre cuando piloteaba. Fue piloto luego de la Fuerza Aérea Sandinista (FAS) y se quedó en Nicaragua 278 . Es ahí donde conoce a otro informante, López Candia, quien había sido enviado por el MIR a La Habana. Se le menciona como miembro colaborador e informante de la “Oficina”, cuestión que ha sido desmentida por fuentes ligadas a esa repartición. Participó, entre otros hechos, en el ataque efectuado por el Frente al Aeródromo de Tobalaba, en el que fue abatido uno de los jefes del Frente, Roberto Nordenflycht. En esa ocasión y debido al fracaso de la operación, según el Frente por errores humanos se sancionó a sus participantes. Al “Taza” se le atribuyó el descuido en la planificación del ataque y se lo aísla. Es detenido por un carabinero cuando intentaba obtener asilo en el Consulado de Francia. Fue procesado como presunto autor del delito de formación de grupo armado, delito contemplado en el artículo 8 de la Ley de Control de Armas y Explosivos, en una causa que llevó la Sexta Fiscalía Militar.
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Diario “La Tercera”, 08 de Agosto de 1998. Diario “La Tercera”, 01 de Julio de 1997. Ídem.
