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Descripción: La quinta dispensación conocida como dispensación de la ley sus aspectos mas importantes
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Ensayo sobre la Ultractividad y retroactividad de la ley en Colombia y sus excepciones.
La Ley de La OpulenciaDescripción completa
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala Centro Universitario de Quetzaltenango Facultad de Humanidades PEM en pedagogía y cc de la e ducación Legislación Educativa Licda. Ivette Molina Nidia Nineth Ovalle T. 0871 – 11 – 6965 Sección “B”
Análisis de la Ley PINA En Guatemala los niños, niñas y adolescentes están protegidos por medio de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y varios instrumentos internacionales
relativos
a
la
explotación
sexual
comercial
de
niños,
niñas
y
adolescentes, la trata de personas, las peores formas de trabajo infantil y los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, Guatemala ha presentado su Primer Informe al Comité de los Derechos del Niño dando seguimiento al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la utilización de Niños en la Pornografía. Siguiendo las recomendaciones de la Declaración y Programa de Acción del Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Guatemala ha reformado su legislación y ha desarrollado algunas políticas públicas relativas a la materia. Las principales leyes que protegen a los niños, niñas y adolescentes de la explotación sexual comercial son: Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Adolescencia, Ley de Dignificación y Promoción de la Mujer y Código Penal. La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, vigente desde el año 2003, establece que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra cualquier forma de explotación o abuso sexual (Art. 56). El Estado deberá
adoptar
las
medidas
necesarias
para
su
protección
(Art.
54).
La Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer aprobada por el Decreto de Ley 7-99 del año 1999, ordena al Ministerio Público omitir el nombre de la víctima de delitos sexuales (Art. 20), respetando y garantizando así su derecho a la privacidad, derecho definido por la Ley de protección Integral de la Niñez y Adolescencia .
