4- EL BENEFICIO DE LA JUSTICIA GRATUITA Es la Garantía Constitucional que asegura a todos la utilización de los Órganos Jurisdiccionales, para la defensa de los derechos e intereses y deja a la ley establecer las normas que aseguren el ejercicio de éste derecho a quienes no dispongan de los medios suficientes. La Justicia Gratuita la encontramos establecida en el título III, capítulo IV en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, el cual nos establece que la justicia se administrará gratuitamente a quienes el tribunal les otorgue este beneficio. Artículo 175: Para los efectos de este capítulo la justicia se administrará
gratuitamente a las personas a quienes el Tribunal o la ley conceden este beneficio. La justicia gratuita es un beneficio y al mismo tiempo un derecho individual, de rango Constitucional. Es un beneficio porque concede a la parte que no disponga de medios suficientes la exención de los gastos de justicia; y es un derecho porque puede ser exigido por la parte que se encuentra en las circunstancias mencionadas. Artículo 178: Los Tribunales concederán el beneficio de la justicia gratuita, para los
efectos de este Capítulo, a quienes no tuvieren los medios suficientes, ya para litigar, ya para hacer valer de manera no contenciosa algún derecho. Este beneficio es personal, sólo se concederá para gestionar derechos propios, y gozarán de él, sin necesidad de previa declaratoria, las personas que perciban un ingreso que no exceda del triple del salario mínimo obligatorio fijado por el Ejecutivo Nacional, los institutos de beneficencia pública y cualesquiera otros a los que la ley lo conceda en los asuntos que les conciernan. La circunstancia de ser el solicitante propietario de la vivienda en que resida, no constituirá por sí mismo un impedimento para la concesión c oncesión del beneficio.
GRATUIDAD DE LOS GASTOS JUDICIALES
La justicia se puede administrar gratuitamente por disposición legal o por decisión judicial. La parte p arte de escasos recursos puede litigar libre de costos y costas procesales, tras un trámite sencillo que le permita al juez constatar el cumplimiento de los requisitos legales.
POR DISPOSICIÓN DE LA LEY
El legislador suele suprimir en casos concretos algunos costos judiciales, sí en materia laboral, penal, y en asuntos menores no se utilizaba papel sellado por disposición de las derogadas Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, y la Ley Tutelar del Menor, corroborado en el Artículo 8 de la Ley de Arancel Judicial. Con la vigencia de la Constitución del 99 se prohíbe en forma general al Poder Judicial establecer tasas y aranceles o cobrar por sus servicios en los asuntos judiciales (gratuidad de la justicia, Artículos 26 y 254 de la Constitución). Dispone el Artículo 178 del Código de Procedimiento Civil: Quienes tengan un ingreso que no exceda tres veces el salario mínimo, tienen derecho al beneficio de la justicia gratuita. Este supuesto y el otorgamiento judicial del beneficio son los más importantes en materia civil y se extienden a la jurisdicción voluntaria. En materia penal, establece el legislador, consecuente con la garantía constitucional del derecho a la defensa, que en caso de que el imputado no designe defensor privado, se le nombrará un defensor público. Este funcionario no percibe honorarios del enjuiciado. POR DISPOSICIÓN DEL TRIBUNAL
El juez puede otorgar el beneficio, en los casos en que lo solicite una de las partes que demuestre no tener medios suficientes para litigar, aunque su salario sea superior a las tres mensualidades del salario mínimo. La demostración quedará evidenciada por el hecho de que la persona tenga que utilizar sus ingresos para atender situaciones especiales derivadas de una obligación alimentaria, o de alguna otra circunstancia ineludible como lo sería sufragar gastos por enfermedad. En ambos casos, bien sea por disposición de la ley o del tribunal, debe intervenir el juez para constatar los requisitos y decidir cualquier eventual impugnación de la contraparte. OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR EL BENEFICIO Y PARA RECHAZARLO
El beneficio de justicia gratuita se le concede a la parte de pocos recursos que va a litigar o que está litigando. Por lo tanto, puede pedirse durante el juicio o antes del juicio.
SE PUEDE SOLICITAR EN CUALQUIER GRADO, SEA EN PRIMERA INSTANCIA O APELACIÓN Y, EN CUALQUIER ESTADO DE LA CAUSA
Si se hace durante un juicio ya iniciado:
Se abre una incidencia que se sustancia y decide en cuaderno separado y,
La solicitud puede ser impugnada por la contraparte dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a su presentación. SI LA SOLICITUD DE HACE PARA OBRAR EN UN FUTURO JUICIO
Debe hacerse por escrito que luego se agregará al libelo de demanda, cuya copia certificada se le pasará al demandado en la oportunidad del citarlo; además del libelo se entregará al demandado copia de la solicitud.
El demandado debe impugnar el beneficio dentro del lapso de emplazamiento o en la oportunidad de contestar la demanda. Al decir "solicitud por escrito", supone la redacción de un documento, éste es similar
a los documentos escritos que denominan unilaterales por contener una sola manifestación de voluntad, tal como ocurre en la redacción de un poder judicial. La solicitud se debe redactar de la siguiente manera:
Identificación del órgano judicial ante quien va dirigida. Se debe señalar la jerarquía del tribunal, su número y circunscripción judicial.
Identificar al solicitante (nombres, apellidos, profesión, estado civil, nacionalidad y la cédula de identidad).
Exposición de los hechos, que permiten solicitar el derecho.
Solicitud del derecho en base a la norma que lo respalda. Se debe señalar, con fundamento a cuál de los dos supuestos del Artículo 178 del Código de Procedimiento Civil se solicita el beneficio.
Fecha y firma del solicitante. REVOCATORIA DEL BENEFICIO:
Si en cualquier estado y grado de la causa se demuestra, durante una incidencia conforme al Artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, que el beneficio tiene medios económicos, el tribunal manda a cesar los efectos del beneficio. No hay apelación.
El procedimiento previsto en los Artículos 176 y 177 del Código de Procedimiento Civil, se utiliza tanto para otorgar como para negar el beneficio.
ALCANCE DEL BENEFICIO
Concede los privilegios siguientes:
El uso del papel común, tamaño oficio.
No pagar aranceles.
Un defensor gratuito. El reglamento de la Ley de Abogados dice, que sólo hay defensa gratuita en asuntos
penales. No obstante la Ley de Abogados y el Código de Ética del Abogado Venezolano son contundentes al establecer la obligación del abogado de asumir defensa de las personas protegidas por el beneficio.
Excepción de pagos de tasas y honorarios a los auxiliares de justicia, tales como intérpretes, peritos, asociados, depositarios y prácticos, Todos están obligados a prestar servicios gratuitamente, cuando actúen a solicitud del beneficiario. Exclusiones: El beneficio no se extiende a los gastos extralitem, tales como
publicaciones de carteles de citación, notificación o anuncio de remate y gastos por transporte de bienes embargados. ASISTENCIA DE RESERVA
Si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso el beneficiario llega a mejor fortuna, queda obligado a pagar honorarios, aranceles y los demás costos causados. Esto no ocurre cuando el beneficio lo otorga la ley. COMPETENCIA
Lo ideal es establecer una competencia funcional, de manera que el tribunal competente para conocer el beneficio, sea el mismo donde curse el proceso en el que se quiera actuar con los privilegios.
ABUSO DEL BENEFICIO
Cabe advertir el abuso de litigantes inescrupulosos que aparentan estar dentro de los supuestos para pedir el beneficio; este ventajismo ilícito puede encuadrarse en el ámbito de las sanciones penales. El fraude procesal se concreta con los artificios y maquinaciones de la parte que engaña al juez para actuar en el proceso libre de costas y costos. El juez debe ser cuidadoso en constatar los requisitos para otorgar el beneficio; si lo concede a cambio de una retribución o dádiva, su conducta al igual que la parte beneficiada, tipifica el delito de corrupción. El legislador venezolano señala el carácter personal del beneficio y hace énfasis en que sólo se concede “para gestionar derechos propios” .
El legislador venezolano señala el carácter personal del beneficio y hace énfasis en que sólo se concede “para gestionar derechos propios”. EXTENSION DEL BENEFICIO A LAS PERSONAS JURIDICAS
Parte de la doctrina considera factible extender el beneficio a las personas jurídicas; no cabe ninguna duda su procedencia en el caso de las asociaciones civiles o fundaciones sin fines de lucro. En el supuesto de sociedades mercantiles no parece viable porque, entre otras razones, sería el preámbulo de una solicitud paralela de atraso y de eventual quiebra de la empresa.
