UNIDAD N°1 FALLO ZOPPI C/MEDICUS S.A. ABUSO DEL DERECHO .COBERTURA MEDICA. CONTRATO DE ADHESION. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. DAÑOS Y PERJUICIOS. LIBERTAD CONTRACTUAL. MEDICINA PREPAGA. HECHOS: La demandada (medicus) interpuso recurso de apelación contra la sentencia del juez de primera instancia que la condenó a mantener el servicio de medicina prepaga según el plan que contrataran los accionantes (Zoppi). La Cámara confirmó la sentencia apelada. SUMARIOS: Corresponde confirmar la sentencia que consideró abusivo y contrario a la equidad que una empresa de medicina prepaga sin motivo alguno se haya negado a reincorporar a los actores en la misma fecha en que pagaron las cuotas que adeudaban, ya que la recurrente no se ha hecho cargo de regular debidamente dicha conclusión ni tampoco las relativas a que la falta de prueba de la notificación a los asociados tornó insuficiente la resolución. “Los contratos de medicina prepaga son de adhesión y por ello en caso de duda deben interpretarse a favor del consumidor, dado que sus cláusulas son impuestas por el prestador del servicio en forma de plan o reglamento general y la única opción a cargo del adherente o afiliado es la de aceptar o adherir a dicho plan o, no aceptarlo íntegramente”. “En ese sentido resaltó la naturaleza y función del contrato de medicina prepaga y los bienes que están en juego; resaltando su configuración como un contrato por adhesión que lleva a interpretarlo de manera tal que se preserven los intereses de quienes buscan dicha prestación”. “(Zoppi) No desconoció la existencia de mora en el pago de las cuotas de noviembre y diciembre del 2002 ni las facultades de "Medicus S.A." en tal sentido; señalando la incorporación de un pacto comisorio expreso (…) aseverando al respecto que para resolver el contrato debía aplicarse el procedimiento resolutorio previsto en los mismos. Ello significaba que debía haberse notificado a los consumidores en forma fehaciente su voluntad de resolver el contrato en el caso de dos cuotas consecutivas. Si bien "Medicus S.A." sostuvo que intimó a los demandantes por carta documento de fecha 18 de diciembre del 2002 para que los mismos regularizaran su situación, brindándoles un plazo hasta el 9 de enero del 2003, la actora negó su recepción y "Medicus S.A.", quien tenía la carga de la prueba a su cargo, no la produjo” “También consideró que si bien Medicar en su reglamento dispuso la facultad de rechazar según su voluntad la re afiliación, ante el planteo de la acción judicial no podía, por lo menos, dejar de explicar cuáles fueron los motivos reales por los que desestimó la readmisión, la que ni siquiera intentó en su escrito de contestación de demanda, basando su negativa tan solo en la facultad reglamentaria pactada, lesionando y menoscabando derechos de los amparistas a acceder a la prestación de servicios médicos, máxime cuando la asistencia médica le resultaba imprescindible a uno de ellos. Funda en derecho, doctrina y jurisprudencia su decisión, resaltando lo dispuesto por el art. 1071 del Cód.Civil que establece que la ley no ampara el ejercicio abusivo de derechos y el 1198 del mismo ordenamiento legal en cuanto a la interpretación contractual a la luz del principio de la buena fe”. “(…) que los contratos como el de examen configuran típicamente contratos por adhesión y en caso de duda deben interpretarse a favor del consumidor, ya que sus cláusulas son impuestas por el prestador del servicio en forma de plan o reglamento general frente al cual la única opción a cargo del adherente o afiliado es la de aceptar o adherir a dicho plan, monopólicamente impuesto con cláusulas predispuestas, o no aceptarlo íntegramente”.
BISCIONE C/ALMAGA S.R.L. OBLIGACION/DEBER DE SEGURIDAD. DAÑOS Y PERJUICIOS. ROBO. SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA HECHOS: La Sra. Biscione, se encontraba tomando un café en “Comodines” cuando dicha confitería fue abordad por ladrones. La actora demanda a la confitería por las lesiones que dice sufrir producto del asalto. La demanda es por Daños y Perjuicios. El juez rechazó la demanda entablada por la actora en virtud de los daños y perjuicios que dijo haber sufrido como consecuencia del asalto perpetrado. La Cámara confirmó la sentencia apelada. SUMARIOS: En primera instancia el Tribunal rechaza la demanda. La actora apela la sentencia, ya que en esta instancia, se configuró el hecho dentro del “Caso Fortuito”, y la parte actora considera que la confitería tiene una obligación tacita “de seguridad”, en los términos del art. 1198: “los contratos deben interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que las partes verosímilmente entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión “imputación Objetiva” (de hecho habían contratado seguridad privada). La segunda instancia confirma por mayoría la sentencia de la primera. “Resultando reconocido que la actora se encontraba en el interior del local de la demandada cuando los delincuentes irrumpieron en el lugar, y conforme lo he dicho antes de ahora y ya lo adelanté en el presente, entiendo que la relación que une a los restaurantes con sus clientes es de naturaleza
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contractual. Mezcla de locación de servicios y de espacios, compraventa, guarda, etc., ello conlleva a considerarlo como un contrato atípico, como tantos a los que da origen la autonomía de la voluntad consagrada por el art. 1197 del Código Civil”. “Así, la cuestión traída en queja a esta alzada, encuentra solución en la obligación de seguridad que se encuentra ínsita en los contratos y que ha sido definida por R. A. Vázquez Ferreira en "La obligación de seguridad y la responsabilidad contractual" (Revista de Derecho Privado y Comunitario", 1998, n° 17, "Responsabilidad contractual I", p. 79) como "aquella en cuya virtud una de las partes de la convención, se compromete a devolver al otro contratante, ya sea en su persona o en sus bienes, sanos y salvos a la expiración del contrato y puede ser asumida en forma expresa por las partes, impuesta por la ley o bien surgir tácitamente del contenido del contrato, a través de su interpretación e integración a la luz del principio general de la buena fe". “Y es con fundamento en esta "buena fe" (art. 1198 del C.Civil) que se ha considerado que sin importar el contrato, sea éste nominado o innominado, y más allá de las cláusulas que responden al modelo elegido e imponen deberes primarios, hay otras obligaciones accesorias que, aunque no hubieran sido pactadas, deben entenderse que hacen más extenso el contenido de la obligación principal, con fundamento en el derecho de toda persona de exigir de su co-contratante un comportamiento que lejos de convertirse en una fuente de perjuicios responda a la lealtad y coherencia que es dable esperar en los acuerdos de voluntades”. “Entre ellos, el de espectáculo, el de locación y el de venta de productos elaborados, son algunos de los que se mencionan como aquéllos donde existe este deber tácito o expreso de seguridad, porque el empresario, el locador y el vendedor, deben tomar todas las medidas de seguridad para evitar que los asistentes, los locatarios o los compradores sufran daños en su persona o en sus bienes, con motivo de la ejecución de los mismos. Entiendo, como ya lo expresé, que, muchas veces, una conjunción de todos ellos se da en casos como el que examino y coincido con la primer sentenciante que se trata de un contrato innominado”. “En definitiva, la demandada generó confianza en el consumidor o usuario de que nada le iba a pasar y la defraudó”. “Destaco, por lo demás, que el art. 1° y concordantes de la ley 24.240 incluye en su normativa — defensa del consumidor— a la "prestación de servicios", y que el art. 42 de la Constitución Nacional consagra el derecho a la seguridad, entre otros, respecto a consumidores y usuarios”. “Adelanto que propiciaré el acogimiento del agravio, en tanto entiendo que el hecho invocado no puede considerarse, sin Más, como caso fortuito o fuerza mayor (art. 513 del Cód. Civil), pues es hecho que no goza de los caracteres de imprevisibilidad e inevitabilidad que, en forma conjunta, lo caracterizan. Es que para ser fortuito el hecho no debe ser razonablemente previsible, lo que surge de una serie de elementos de hecho que debe computar equilibradamente el órgano judicial, naturaleza de la obligación, intención de las partes, circunstancias de personas, tiempo y lugar. (…)Por el contrario, existió previsibilidad en concreto pues la misma había contratado servicio de seguridad en el local con Polisegurity SA, en el horario de 20,30 a 01,00 hs. La contratación de seguridad privada denota la previsibilidad del hecho”. “Probablemente la existencia del vigilador durante todo el horario de atención al público, hubiera siquiera intimidado a los malhechores, actuando como medida disuasiva de hechos delictivos. No estoy propiciando, por tanto, el uso de armas por particulares — que podrían producir tanto o más daño como el que aquí se reclama— ni restando un ápice a la responsabilidad que el Estado tiene respecto a la seguridad de las personas. Pero aquí se ha tratado de un hecho, ocurrido en ocasión del cumplimiento de un contrato, donde se ha violado el deber de seguridad precisamente porque la misma (bien que en sentido distinto) se encontraba ausente en el momento de su ejecución. Por estas razones, entiendo que debe hacerse lugar al agravio de la accionante.” SOBRE DAÑO. Se hace lugar al reclamo de daño físico y psíquico. También se hace lugar al reclamo de la actora por Daño Moral, debido a que la Sra. Perla debió ser intervenida quirúrgicamente y que esto le provoco secuelas. MAYORIA Confirman la demanda de 1º Por todo lo expuesto, considera que: 1. El “deber de seguridad” debe estar a cargo del Estado y que hubo falencia de este. 2. El asalto a mano armada “constituye una hipótesis de Fuerza Mayor” 3. El deber de seguridad está a cargo de la demandada y en modo alguno puede entenderse que involucre la carga de asumir la vigilancia privada. 4. Cita también el comportamiento de la actora que, según testigos se resistió 5. Rechaza los agravios de la actora y confirma sentencia de 1 ° Instancia
UNIDAD N°2 2
RPO C/TAC LOCACION DE SERVICIOS. INCUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD DEL LOCADOR. ALQUILER DE USO DE SALON Y SERV DE CATERING. DAÑO MORAL HECHOS: Una pareja se casa y para la celebración contrata un salón de fiestas y además ciertos servicios adicionales como gaseosas marca coca-cola, los dueños presentes en el lugar para supervisar directamente, funcionamiento de un aire acondicionado. Ninguna de las cosas se cumplen es su totalidad. Los actores demandan, ganan el juicio, pero recurren a segunda instancia para que se eleve la indemnización por daño moral. SUMARIOS: La sentencia de 1ª instancia admitió parcialmente la demanda promovida por O. A. R. P. y M. G. P., y condenó a la demandada al pago de $ 2500 por el incumplimiento parcial de las prestaciones que comprometiera en un contrato de uso de salón, servicio de catering y complementarios, suscripto con ocasión del casamiento de los actores, y al abono, para ambos, de $ 3000 en concepto de daño moral. A ello añadió intereses a calcular sobre el monto total de la condena ($ 5500), e impuso a la demandada vencida las costas del juicio. Ambas partes se alzaron contra el pronunciamiento reseñado Al fundar su apelación, los actores criticaron el fallo por cuanto entendieron que el a quo no le otorgó suficiente entidad a los incumplimientos de la demandada, y tampoco valoró adecuadamente el daño extrapatrimonial que padecieran (…) solicitaron que se hiciera lugar a los montos reclamados en la demanda. De su lado, la demandada cuestionó la sentencia básicamente en dos aspectos: a) por un lado, por la valoración realizada por el magistrado respecto de las pruebas aportadas; en este sentido, se quejó del hecho de tener acreditado que las bebidas no fueron de la línea Coca Cola; del valor probatorio que le asignó a la absolución de posiciones de su parte; de la admisión del reclamo por el mal funcionamiento del aire acondicionado; y del hecho de haber entendido que la demandada se desligó de sus obligaciones al no haber estado presente en el momento de celebrarse la reunión; y b) por otro lado, por la admisión del resarcimiento por daño moral, por cuanto entiende que no se acreditó un obrar doloso de su parte. Los actores y la demandada son contestes en que celebraron un contrato de uso de salón, servicio de catering y adicionales, destinado a ser ejecutado en la noche del día en que los actores contrajeron nupcias. cuestiona la demandada el hecho de que el a quo hubiera entendido acreditado que la bebida ofrecida no fue de la línea de "Coca Cola", que era la contractualmente comprometida. Por otro lado, varios fueron los testigos que sostuvieron que las bebidas servidas en la fiesta no respondían a la línea de "Coca Cola" sino a una de inferior calidad. De su lado, la parte demandada no produjo ninguna prueba de signo contrario a la anteriormente descripta, pese a que era de su interés hacerlo para exonerar su responsabilidad. Otro aspecto que provoca la crítica de la demandada versa sobre lo concluido por el a quo en orden al servicio de aire acondicionado comprometido. Entre los servicios pactados en el contrato se encontraba el de aire acondicionado central en el salón (fs. 10). Por cierto, el correcto cumplimiento de la prestación asumida en tal sentido no podía desatender como circunstancias atinentes al tiempo y al lugar (art. 512 , CCiv.), el hecho de que el evento se realizaría en esta ciudad un día 26 de diciembre, es decir, en pleno verano, siendo previsible, por consiguiente, la presencia de una noche calurosa. (…)refrigeración no fue suficiente y que el calor causó cierto fastidio y mal humor (…) es notorio que la demanda de energía eléctrica se intensifica y que, por ello, disminuye la prestación de los aires acondicionados, no lo es menos que, siendo ello previsible para el organizador (arts. 904 y 905 CCiv.), el salón de fiestas debe contar con un equipo de refrigeración acorde, que cuente con las suficientes frigorías para sustentar un ambiente fresco y agradable, lo que no aparece cumplido Finalmente, se queja la demandada T. por entender que, a diferencia de lo manifestado por el a quo, no constituía una carga de su parte tener que asistir personalmente al evento. Dentro de lo que sería la cartilla del menú ofrecido por la demandada, consta el siguiente texto: "...los dueños permanecemos en la fiesta para que ustedes tengan la tranquilidad de tener en su fiesta todo lo pactado, supervisando al personal..." Indudablemente, el texto transcripto significó la asunción de una clara obligación de hacer por parte de la demandada, de cuyo cumplimiento no podía desligarse posteriormente transfiriéndolo a un tercero, máxime ponderando el carácter personal de la prestación asumida (arg. arts. 625 y 625 , CCiv.) En ese marco, cabe además recordar lo establecido por el art. 19 , ley 24240 de Defensa del Consumidor y del Usuario, en cuanto a que "Quienes prestan servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos...". Tal norma liga la forma y el modo de cumplimiento de las
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obligaciones asumidas por el prestador de servicios, a las condiciones bajo las cuales éstos han sido ofrecidos, publicitados o convenidos sido en autos la propia demandada quien reconoció que se había comprometido a estar presente en la fiesta y supervisar que se cumpliera con todo lo pactado, extremo que no aconteció En materia contractual, puede reputarse como definitivamente superado el criterio de que el daño moral contractual solo puede existir en la hipótesis de incumplimiento intencional. Por el contrario, la referencia del art. 522 , CCiv. a "...la índole del hecho generador de la responsabilidad..." no tiene el significado de restringir la indemnización al supuesto de una conducta dolosa del deudor, tal como lo ha explicado la doctrina mayoritaria. De ahí que sea indemnizable cualquiera sea el factor de atribución aplicable Frente a ello, se deben recordar dos cosas. La primera, que el daño resarcible del que aquí se trata está representado por la disminución sufrida por el acreedor en su patrimonio damnum emergens en función de no haber recibido debidamente las prestaciones por las cuales pagó; es decir, el daño está representado por aquello que faltó en el cumplimiento del contrato (conf. Morello, A., Indemnización del daño contractual, Buenos Aires, 1974, p. 180). La segunda, que no contándose con prueba directa del quantum involucrado en esa disminución patrimonial, y cabiendo por ello recurrir a la solución que brinda el recordado art. 165 , párr. 3º, CPCCN, el órgano jurisdiccional, a quien le compete la dificultosa y delicada tarea de fijar el monto indemnizatorio, debe cuidar y evitar incurrir en el extremo del exceso de modo de apartar la posibilidad de que la indemnización constituya un rédito o ganancia para el sujeto dañado o en el extremo del defecto de modo de no establecer una indemnización irrisoria que desnaturalice el sentido y alcance de la reparación debida al dañado por el sujeto Como es sabido, si bien como regla en materia contractual el daño moral no se presume y su admisibilidad está sujeta a un criterio de interpretación restrictiva (omito por conocida toda cita de jurisprudencia de esta alzada comercial), lo cierto es que esa regla admite excepción en supuestos en los que el perjuicio extrapatrimonial puede surgir de las propias circunstancias del caso. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando el incumplimiento contractual se refiere a una prestación económica con interés afectivo (conf. Mosset Iturraspe, J., "Respponsabilidad..." cit., ps. 158/159), hipótesis que, a mi modo de ver, es la aprehendida en el caso. En efecto, en el orden normal y natural de las cosas está que el casamiento sea un evento principal en la vida de toda persona, y que el festejo de los contrayentes con sus familiares y amigos quede en la memoria de todos como un recuerdo agradable y pleno de felicidad. Por ello, cuando esto último se frustra como consecuencia de incumplimientos contractuales imputables al organizador del festejo, el daño moral aparece nítido para dichos contrayentes, cuenta lo anterior, respecto del quantum de la indemnización, creo prudente elevarla a) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decidiera, modificándosela exclusivamente en cuanto al monto de la condena que queda fijado, en total, en concepto de capital, en la suma de $ ... b) Distribuir las costas de alzada por su orden en ambos recursos, en atención al silencio guardado frente a los traslados de fs. 505 y 510. c) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto se hayan regulado los de la anterior instancia.
UNIDAD N°3
BERTOIA C/TOMASO. RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL. BUENA FE. COMPRAVENTA. CONDUCTA DILIGENTE. OBLIGACION DE MEDIOS. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL. HECHOS: Bertoia Mario, propietario de una lancha, tiene intención de venderla. Federico Tomaso es el posible comprador. Bertoia le facilita la lancha a Federico para que la vea, inspeccione y demás, ya que este tenía la intención de comprarla Federico accede al ofrecimiento de Bertoia y prueba la lancha. Bertoia entrega la lancha a Federico en perfecto estado (según lo expresado por el actor) y Federico la devuelve después de probarla con partes rotas. Federico se dispone a repararla y la lleva a un taller mecánico y cuando se entera de lo que salía el arreglo, no volvió más. Federico negó su culpa, afirmando que la rotura obedeció a vicio anterior propio de la cosa no imputable a su parte, o a caso fortuito Bertoia demando por daños y perjuicios, haciendo una concreta invocación de los hechos. Cabe destacar que esos hechos, acaecieron en una etapa pre-contractual. SUMARIOS: Existe un tercer genus de responsabilidad, llamada precontractual, cuando a raíz de la comsión de un acto ilícito, por lo general culposo, sucedido en el curso de las tratativas previas a un contrato, del que deriva un daño al otro precontratante, surge la obligación de resarcir el daño causado. El período precontractual se extiende a partir de las meras tratativas, o las preliminares, desde antes mismo que los precontratantes se pongan en contacto para negociar — incluso previo a la emisión de la oferta, inexistente ella o antes de su formación— hasta el cierre de las negociaciones, cuando se dan por terminadas con el logro del acuerdo de voluntades o el fracaso de ellas. El lapso inter contractus o de negociaciones previas, aunque las manifestaciones de voluntad no tuvieran
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poder vinculante, supone la concurrencia de actos (materiales) jurídicos lícitos gobernados por el principio de la buena fe. Es deber de los precontratantes observar conductas diligentes que se traducen en el deber de "conservar" y "custodiar" los bienes que se hubieren desplazado con motivo de las tratativas previas; en obrar con la diligencia que imponen las circunstancias (obligación de medios); en abstenerse de realizar "actos antifuncionales", entendiéndose por tales: a) los que no son idóneos para avanzar eventualmente en las negociaciones; y b) los que al mismo tiempo son susceptibles de producir perjuicios al otro precontratante; requisitos estos que guardan estrecha relación con la teoría de los "actos propios". Si hubiere conculcación del deber de diligencia por concurrencia de ilícito culposo y su conexión causal adecuada con las negociaciones preliminares, nace la responsabilidad civil precontractual, con fundamento en la culpa de igual signo. Existe un sistema de responsabilidad precontractual como categoría doctrinaria autónoma, dentro de nuestro derecho positivo, en el más amplio campo de la responsabilidad civil, en el que a falta de una legislación específica en la materia, corresponde remitir supletoriamente a los principios generales de la responsabilidad extracontractual, que nace de la infracción del deber general de no ocasionar un daño a otro. Los sujetos activos y pasivos de la relación de responsabilidad precontractual, no pueden ser otros que los precontratantes. Si se demanda daños y perjuicios apoyado en las normas de la responsabilidad extracontractual, pero de los hechos narrados surge que el daño sufrido por la cosa ocurrió con motivo de las tratativas de compraventa de la misma, por culpa del futuro comprador, corresponde aplicar, en virtud del principio iura novit curia, las reglas relativas a la responsabilidad precontractual. A partir de las meras tratativas, es que estamos frente a una etapa pre-contractual, debido a esto los precontratantes deben obrar con diligencia y conforme al principio de buena fe (1198). El tribunal, y a falta de legislación especifica sobre materia de responsabilidad pre-contractual (1156), se remite supletoriamente a los principios grales de la responsabilidad extracontractual (1109), que nace del deber de “no dañar a otro” y el demandado fue agente causante del daño. Pues hay constancia de que la lancha estaba en buen estado, que se le advirtió del golpe en la hélice (y la uso igual). Está acreditado que Federico percibió el golpe y detención del móvil al hacer marcha atrás. Bajo ninguna razón puede escudarse en un “Caso Fortuito”. Queda claro que Federico se sintió responsable porque llevo la lancha a reparar y se ofreció a pagar la mitad del costo del arreglo. El Tribunal por todo lo expuesto encuentra a Federico responsable por los daños ocasionados y lo condena a abonar la suma correspondiente a Bertoia. Repuestos más arreglo.
MUSSA C/IDEAS DEL SUR. RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL. DAÑOS Y PERJUICIOS. CONSENTIMIENTO. OFERTA Y ACEPTACION. BUENA FE. HECHOS: Mussa, Nadia Y. demanda a Ideas del Sur S.A por daños y perjuicios, porque en el programa Showmatch, se le había prometido al aire que de ganar el concurso de chistes iba a ser acreedora de un 1 auto 0km y que además iba a formar parte del elenco del programa el próximo año. “va a estar el año que viene con nosotros en el programa”, cosa que nunca ocurrió. SUMARIOS: Primera instancia hace lugar a la demanda y condena a pagar a Ideas del Sur y a Tinelli, la suma de $ 47.500. Contra esta decisión se alzan ambas partes. Actora = por lucro cesante y daño moral, perdida de chances y gastos. Demandado = por la responsabilidad que se les atribuyó y por la admisión del lucro cesante y daño moral. En segunda instancia se modifica parcialmente la sentencia, descartando el lucro cesante y la pérdida de chance Responsabilidad: pre-contractual El demandado apela porque considera que se le hizo a la ganadora un ofrecimiento de que se podría presentar en alguna oportunidad en el programa. La Cámara rechaza esta consideración, ya que el conductor se expresó en el aire de otra manera, más específicamente dijo que “Nadia se ha ganado un 0km., y que Nadia va a estar con nosotros el año que viene acá en Video mach” no uso el verbo potencial. Existió así una oferta o una promesa de trabajo que si bien era incompleta, no deja de ser un ofrecimiento (Resp. Precontractual) Daño moral: se hace lugar a él, debido al abrupto incumplimiento de esa promesa formulada a la joven artista. Cabe destacar que el programa al cual iba asistir es de notoria repercusión, que se tiene que sus expectativa eran más que importantes por todo lo que esto significaba para ella “iba a estar en el programa de mas ranting del país” que no es poco para una joven artista. Esto provoco en ella un profundo dolor y frustración. De todas formas esa indemnización debe ser prudente. El voto: fue por unanimidad y se resolvió modificar parcialmente la sentencia de 1°instancia,
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hace lugar al daño moral (moderando la suma) y se revoca la indemnización por lucro cesante, no se lo otorga, cosa que si se le había otorgado en 1° instancia.
BORAGNO C/DRAGOUN. DERECHO DEL CONSUMIDOR. DAÑOS Y PERJUICIOS. PUBLICIDAD. CONTRARO DE ENSEÑANZA. Hechos: Boragno inicia demanda por daños y perjuicios por haber contratado y celebrado un contrato de enseñanza privada por 4 años de tecnicatura Mecánica, pero esta no tenía “validez Oficial” Sumarios: No hay dudas acerca que el contrato de enseñanza integra la esfera gobernada por la ley del consumidor y que la publicidad integra el contrato.(art.8° Ley 24.240). Ghersi estudia el encuadre jurídico de la publicidad, diferenciándola de la información: "Este instrumento vital en la organización del proceso de consumo debemos diferenciarlo de la "información ", que apunta a la obligatoriedad que deberán tener las empresas para el conocimiento del ciudadano, de las calidades, insumos, condiciones de uso, precauciones, etc., tendientes a evitar riesgos de mala utilización del producto y por ende la eventualidad dañosa". "Contra el carácter persuasivo de la publicidad comercial como técnica deformadora de la decisión del consumidor, reacciona el derecho positivo argentino básicamente por medio del art. 9 de la ley 22.802 de lealtad comercial que prohíbe la realización de cualquier clase de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, calidad, pureza, uso, etc., de bienes o servicios . La publicidad se equipara a la oferta. El incumplimiento deviene en responsabilidad contractual. La información constituye un deber elemental del oferente. El art. 4 de la ley 24.240 establece: "Quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos". "El contenido de los anuncios forma parte de la trama obligacional aunque no haya sido reproducido en el contrato singular" La carga dinámica de la prueba resulta apropiada, tratándose de la defensa de los derechos del consumidor, de modo que el empresario en este caso la Academia -, debió cooperar en tarea de dar claridad a los hechos. A mi juicio, el demandado estaba en inmejorables condiciones de probar circunstancias que están ínsitas en la normal publicidad de su oferta. Si bien no podría aseverarse que el oferente ha faltado a la verdad cuando brindó su servicio educativo, la omisión en dejar bien claro el carácter del título a otorgar resulta lesivo del derecho del consumidor. Y si en definitiva se ha omitido definir el carácter de enseñanza no oficial en la publicidad, tal omisión constituye un déficit que afecta la oferta. "Una publicidad no literalmente falsa, pero irregular por omisión o como resultado de una impresión generalmente dada, puede perjudicar claramente a los consumidor por inhibición de una opción informada, causando indiferentes o irregulares resultados” Con respecto a la habilitación para el funcionamiento del establecimiento, de las actuaciones de la Municipalidad de La Matanza, se desprende que el Instituto de Enseñanza de Radio, T.V., Refrigeración, Secretariado, Títulos no oficiales. Daño Emergente: El daño debe ser cierto y no meramente conjetural o hipotético. Advierto que el actor no ha demostrado con eficacia que la falta de diploma oficial le haya restringido su acceso al mercado de trabajo, es decir la medida de la chance frustrada. Si bien es cierto que un título oficial auspicia mayor seguridad en el empleo, no se ha cuestionado la calidad de la enseñanza recibida ni acreditado su incidencia respecto de una menor chance para obtener empleo. Si bien el título de enseñanza oficial hace presumir mayores posibilidades de acceso al mercado laboral, lo cierto es que debió demostrar el apelante que el titulo otorgado por e l instituto demandado carece totalmente de aptitud para ejercer una actividad laboral. La expresión de agravios en este aspecto no contiene crítica concreta y razonada . De allí que no el reintegro de gastos en matrícula, cuotas, indumentaria y material bibliográfico. Daño moral:Si, encuentro admisible el daño moral reclamado. Si bien en materia contractual debe acreditarse el daño moral - no se trata de un daño in re ipsa -, lo cierto es que en materia regida por la ley del consumidor, se ha flexibilizado el criterio para su apreciación. "Que, prescribe el art. 1198 del Código Civil que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión". "La buena fe-lealtad y la buena fe probidad, de inveterada consideración en la vida negocial, entiendo que cobran todavía mayor importancia cuando la contratación se torna masiva". "Las actuales relaciones contractuales se desarrollan en un contexto dinámico donde la publicidad se ha incorporado a la oferta (art. 8vo. De la ley 24.240 - de Defensa del Consumidor -) y todo ello tiene
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novedosas repercusiones en las etapas precontractuales y poscontractuales o de poscumplimiento, donde también resulta de aplicación el art. 522 del código civil." "La protección jurídica del consumidor se orienta fundamentalmente a tutelar la persona humana en consideración a su vida, salud, integridad física y espiritual. ········Recién en segundo orden se atiende la defensa de los intereses económicos". En consecuencia, propongo revocar la sentencia apelada en cuanto desestima la demanda interpuesta, haciendo parcialmente lugar al reclamo, prosperando exclusivamente respecto del rubro "daño moral”.
AEROLINEAS ARGENTINAS C/ DIRECC. NAC. DE COMERCIO INTERIOR. LEY DE DEFENSA AL CONSUMIDOR. OFERTA AL PÚBLICO. HECHOS: La D.N. de C.I. Le aplica a AA S.A., una multa por haber efectuado ofertas de viajes a diferentes destinos consignando la existencia de un cupo limitado de plazas, pero sin especificar la cantidad de productos disponibles para cada una de las ofertas En este punto se infringen las Normas de derecho del consumidor y su decreto reglamentario. La Línea Aérea apela la Resolución en Sede Contencioso Administrativa SUMARIOS: Que alega la recurrente, en primer término, que no vulneró, con su publicidad, el art. 7 de la ley 24.240, puesto que en los avisos (oferta dirigida a consumidores potenciales)se establece la fecha precisa de comienzo y finalización de la oferta, las modalidades, condiciones o limitaciones. Describe la oferta realizada, considerándola con información suficiente y veraz, insusceptible de inducir a engaño a los potenciales consumidores, existiendo asimismo la posibilidad de obtener aún mayor información telefónicamente en forma gratuita o por Internet, datos consignados en la propia publicación. Respecto del decreto N° 1798/94 considera que se trata de una reglamentación que excede el espíritu de la ley, al imponer limitaciones no previstas en ella, solicitando en consecuencia la declaración de inconstitucionalidad del mismo. Agrega que, en virtud del tipo de servicio de que se trata, resulta imposible la determinación exacta del cupo de plazas disponibles; es decir, que no es susceptible de ser especificada en la publicación la cantidad de asientos disponibles, toda vez que ello dependerá del equipo utilizado, de la cantidad de carga a transportar, del peso y balanceo, etc. Finalmente, manifiesta que resulta contraria al espíritu de la ley 24.240 la sanción impuesta, toda vez que no existieron consumidores defraudados y, además, por la ausencia total del elemento subjetivo al no haber existido intención de engaño o de inducir a error o confusión. Que los hechos no se encuentran controvertidos. De tal modo, se encuentra acreditado que la empresa Aerolíneas Argentinas efectuó ciertas publicaciones en las que se realizan ofertas a diferentes destinos, detallando precios y otras condiciones del servicio, y consignando que hay "... cupo limitado de plazas...", pero sin especificar la cantidad de productos (plazas) con que cuenta para cubrir dicha oferta. Que el análisis de la cuestión requiere, ante todo, recordar que el derecho de los consumidores y usuarios en la relación de consumo cubre, entre otras manifestaciones, el derecho a una información adecuada y veraz, según categóricamente dispone el art. 42 de la Constitución Nacional; y que las autoridades son quienes deben disponer de los instrumentos conducentes a la protección de los derechos que el orden constitucional garantiza. Que el artículo 7 de la ley 24.240: "...la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones...". El decreto, al reglamentar dicha norma, establece "...cuando el proveedor limite cuantitativamente su oferta de productos y servicios, deberá informar la cantidad con que cuenta para cubrirla...". Tratándose, en el caso, de una oferta dirigida a consumidores indeterminados, resulta aplicable la normativa transcripta. Uno de los requisitos que debe cumplirse, conforme dispone la ley, es fijar las limitaciones de dicha oferta. Ello resulta cumplido en el caso, toda vez que, como fuera expresado, en las publicaciones se consignó expresamente que existe un cupo limitado de plazas. Dicho límite cuantitativo no fue especificado en las publicaciones en cuestión No resulta atendible el planteo de inconstitucionalidad de dicha norma reglamentaria efectuado por la recurrente. La ley establece, para el caso de ofertas dirigidas a consumidores potenciales indeterminados, la obligación del oferente de aclarar, entre otras circunstancias, si la misma tiene alguna clase de limitación; sin referirse a ningún tipo de limitación en particular: cualquiera que sea (temporal, cualitativa, cuantitativa o cualquier otra que el oferente determine) debe ser aclarada en la publicidad.
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(…) deben hacerse las aclaraciones en la publicidad para que tal oferta no induzca a engaños y quede, por el contrario, bien determinado que la oferta está sometida a limitaciones. Se trata, asimismo, de una reglamentación razonable, y cuya finalidad es otorgar sentido a la norma a la que reglamenta; pues si fuera suficiente consignar que se trata de una oferta que se encuentra sometida a una limitación cuantitativa pero sin necesidad de aclarar cuál es esa limitación, carecería de sentido la protección que se intenta proporcionar al consumidor. Respecto a la alegada imposibilidad de determinar la cantidad de plazas fue se encuentran disponibles, atento a la naturaleza del servicio de que se trata: “Los obstáculos mencionados por la sumariada acerca de la determinación de pasajes disponibles por vuelo en la modalidad promocionada deben ser superados por ella misma o, de lo contrario, abstenerse de promocionar una oferta que no cumple con los requisitos establecidos por la ley”. Es decir, las empresas no están obligadas a limitar su oferta, sin embargo, si deciden hacerlo, deben ajustar su conducta a las pautas establecidas en la ley y su reglamentación. Por todo lo expuesto se resuelve: Confirmar la Disposición apelada, con costas a la recurrente.
UNIDAD N°6
CAZES DE FRANCINO C/RODRIGUEZ CONDE ESCRITURACION. FACULTADES DE LOS JUECES. COMPRAVENTA. BIENES INMUEBLES. HECHOS: En el supuesto de que en juicio ordinario por escrituración de compraventa voluntario de un bien inmueble proceda la condena a escriturar, ¿puede el juez firmar la escritura si no lo hace el obligado, o debe resolverse la obligación en el pago de daños y perjuicios? SUMARIOS: El problema que plantean los arts. 1185 y 1187 del cód. civil no es nuevo. "Desde que se ha convenido la cosa y el precio, la venta es perfecta. El adquirente se hace propietario del inmueble vendido; el vendedor deja de serlo y ella es perfecta. La promesa tiene la fuerza de la venta desde que se encuentra reunido la cosa, el precio y el consentimiento" "Hay otro acto que encierra la venta y tiene todos sus efectos, es la promesa de venta" Marcadé entendía que la promesa de venta no equivale a una venta actual y solamente asegura el derecho a obtener la venta y no los daños y perjuicios; mientras tanto el futuro comprador no es propietario y sólo tiene derecho a serlo, aun contra la voluntad del vendedor, a partir de la sentencia Abocado Vélez Sársfield a resolver el problema, se decidió por una solución (…)que reconocía la existencia autónoma de la promesa de compraventa y sancionaba el incumplimiento del obligado con los daños y perjuicios. Como lo proyectó y quedó sancionado, la compraventa es un contrato formal, que requiere para su validez la escritura pública, bajo pena de nulidad (art. 1184, inc. 1°), de tal modo que el convenio hecho en instrumento privado no queda concluido como contrato de compraventa, mientras la escritura no se halle firmada (art. 1186), engendrando aquel contrato sólo una obligación de hacer escritura pública (estipular el contrato definitivo en instrumento público), bajo pena de resolverse la obligación en la indemnización de daños y perjuicios (art. 1187). ¿Qué deducción lógica y necesaria se desprende de haber abandonado Vélez Sársfield ese anteproyecto y adoptado en cambio el de los arts. 1185 y 1187? Pues, que rechazó abiertamente la teoría francesa y negó valor de venta actual a la promesa de compraventa, reconociendo sólo esta última calidad al contrato hecho en instrumento privado. Dicho contrato no es venta actual, no queda concluí do como tal, mientras el contrato no se redacte varlo a escritura pública. Se apartó también de García Goyena, ya que el referido artículo del primer borrador, era casi una copia del art. 1373 del Proyecto de Goyena, que dice: "La promesa de vender o comprar, habiendo conformidad en la cosa y el precio, equivale a un contrato perfecto de compra y venta; pero para ser válida deberá estar hecha en escritura pública si la venta es de bienes inmuebles". Asimismo, Goyena había proyectado en el art. 1202 desconocer todo valor a las convenciones solemnes que se concertaren en instrumento privado o verbalmente, en tanto que Vélez dió valor de precontrato al convenio hecho en instrumento privado, como
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generador de la obligación de llevarla a escritura pública inclinándose a favor de la solución propiciada por Freitas. En efecto, los arts. 1930 y 1931 del Proyecto de Freitas son similares a los arts. 1185 y 1187 del código nuestro. En el primero estatuía que todos los contratos que debiendo ser hechos en escritura pública lo fueren por instrumento privado "no quedarán concluídos como tales, mientras la escritura no fuere firmada", "pero quedarán concluídos como contratos en que las partes se han obligado a otorgar escritura pública"; y en el segundo agregaba: "La obligación originada por esos contratos será juzgada como obligación de hacer", "y la parte remisa sólo podrá ser demandada por la otra parte a efecto de que otorgue y firme la escritura, bajo apercibimiento de resolverse la obligación en pérdidas e intereses En otras palabras, cuando la ley exige el requisito de la escritura pública para la validez del contrato (v. gr.: compraventa de inmuebles), si es hecho en instrumento privado, vale como contrato en que las partes se obligan a estipularlo en escritura pública (art. 1185); pero si la ley no impone al contrato formalidad alguna y las partes al concertarlo en instrumento privado han convenido que no valdrá si no es hecho en escritura pública, la que se niegue a cumplirlo no contrae responsabilidad por daños y perjuicios. Por lo tanto, debe entenderse que en el sistema argentino, la obligación de escriturar la compraventa no consiste en el hecho impersonal, objetivo o material, de firmar el instrumento público. La firma de un instrumento público es un acto que puede sin duda realizarlo cualquiera y se cumple en la práctica todos los días sin inconveniente alguno: el mandatario, el representante legal, una tercera persona a ruego del que no sabe o no puede firmar, el síndico del concurso y la quiebra, un delegado judicial, y el juez mismo en determinados casos. En el supuesto especial que examinamos, se trata nada menos que celebrar el contrato futuro en la forma impuesta por la ley, lo cual requiere el consentimiento de la parte para obligarse definitivamente a transferir la propiedad. (…)nadie puede obligar a una persona a vender, a menos que la ley disponga que el precontrato o promesa valga como venta actual, y nuestra ley dice lo contrario, sancionando el incumplimiento con los daños y perjuicios. (…) obligar a la parte a firmar el contrato o hacerlo el juez por ella, implicaría emplear violencia contra la persona del deudor y arrancarle un consentimiento no querido (…) el incumplimiento probaría una conducta culpable con la consiguiente responsabilidad por los daños y perjuicios que se ocasionaren, que inclusive pueden resultar o probarse en el mismo juicio. Es lógico entonces, que el art. 520 del cód. de proced. autorice al juez a firmar la escritura si el ejecutado no lo hace, desde que media una venta inexcusable, en la que no cuenta para nada la voluntad del propietario (art. 1324, inc. 4°). Ni siquiera sería necesaria la formalidad de la escritura pública, como expresamente lo dispone el art. 1184, primer párrafo. Mientras eso no ocurra ( la escrituración) y el contrato hecho en instrumento privado sea una promesa de venta, a concluirse en un ulterior contrato que requiere para su validez la escritura pública, y como nadie está facultado para contratar por un tercero, salvo que el interesado o la ley lo autorice (art. 1161) me parece indudable que el juez no puede actuar en nombre y sustitución del obligado. Es cierto que los arts. 1185 y 1187 del cód. civil no establecen una alternativa para el deudor, que le permita eximirse de la obligación de escriturar, satisfaciendo los daños y perjuicios, sino que debe aplicarse el orden lógico que señala el art. 505, ya que los contratos se celebran para cumplirse y solamente cuando su cumplimiento se vuelva imposible, funciona el último supuesto, o sea la indemnización de los daños y perjuicios. Como bien observa el doctor Funes, el mismo código da a los contratantes la posibilidad de arrepentirse (arts. 1202 y 1370) y si no han hecho uso de esa facultad, evidentemente su intención ha sido que el contrato se cumpliera en la forma convenida. Por otra parte, los arts. 551 y 556 del cód. de proced., concuerdan con esta interpretación en cuanto autorizan al juez a
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sustituirse al deudor en el cumplimiento de su obligación, haciéndola efectiva a su costa y subsidiariamente obligándolos a resarcir los daños y perjuicios. De conformidad al resultado de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se declara que en el supuesto de que en juicio ordinario por escrituración de compraventa voluntaria de un bien inmueble proceda la condena a escriturar, puede el juez firmar la escritura, si no lo hace el obligado.
ODC DONACION. ESCRITURA PÚBLICA. NULIDAD DEL ACTO JURIDICO. DIVORCIO VINCULAR. INMUEBLE. DONANTE. MENOR. ACEPTACION DE LA DONACION. REVOCACION DE LA DONACION. NULIDAD HECHOS: Durante el proceso de su divorcio, dos cónyuges acordaron adjudicar en donación a sus hijos menores el único bien que integraba la sociedad conyugal (un inmueble), reservándose la madre el usufructo vitalicio, y se obligaron "a entregar escrituras y documentación necesaria para su concreción.". No resulta del fallo si el inmueble era propiedad del marido, o de la mujer, o condominio entre ellos. Por escrito judicial, la madre aceptó la donación (lo que hace presumir que era un ganancial adquirido por el marido) , a lo que dieron conformidad la defensora de menores y el tutor ad litem. Luego, aquél solicitó la revocación de la donación por mora de la donataria "en cuanto a la ejecución de la carga impuesta", considerando como tal a la obligación de entregar las escrituras y demás documentación necesaria. SUMARIOS: La sentencia de primera instancia. La sentencia de primera instancia decidió — con correcto criterio jurídico— que no había donación que pudiera ser revocada, ya que el art. 1810 del Cód. Civil establece para las donaciones de cosas inmuebles la forma de escritura pública bajo sanción de nulidad, y que para ellas no rige el art. 1185, que permite considerar que el contrato que no observa esa forma crea la obligación de hacer consistente en otorgar la escritura pública. Consideró entonces que la aceptación había quedado perfeccionada con la aceptación. Finalmente, juzgó que no mediaba causa de revocación. El alzamiento del tribunal contra el orden jurídico. La decisión de alzada constituye un claro e inequívoco alzamiento contra el orden jurídico, En efecto, el art. 1810 consagró, desde su texto originario, el criterio tradicional de exigir escritura pública para la donación de inmuebles. En actos de este tipo, que implican desprenderse de elementos sustanciales del patrimonio, es preciso defender la libertad del donante, expuesto siempre a engaños y captaciones, y llamar su atención respecto del acto que va a realizar, evitándole de ese modo los perjuicios que pueden resultarle de un impulso irreflexivo y generoso. Cierto es que, aun cuando el texto originario ya establecía que la forma impuesta debía ser observada "bajo pena de nulidad", parte de la doctrina y de la jurisprudencia discutía el carácter absoluto de la solemnidad impuesta, admitiendo con base en el art. 1185 la obligación de escriturar resultante de la oferta y la aceptación hechas en instrumento privado. Sin embargo, la reforma de 1968 puso fin a la discusión y eliminó toda duda, al añadir el actual penúltimo párrafo del artículo, según el cual "respecto de los casos previstos en este artículo no regirá el art. 1185". Se trata, pues, sin posible vacilación, de una solemnidad absoluta, la cual — contrariamente a la solemnidad relativa, que admite que el acto nulo por haber sido otorgado sin la forma legal se convierta en otro válido que crea la obligación de otorgar la escritura pública— no permite tal conversión. (…) en los casos del art. 1810 no rige el art. 1185 ¿Y el futuro de la cosa supuestamente donada? La sentencia revoca el pronunciamiento apelado, desestimando el pedido de revocación de la donación. Ello implica reconocer que la donación existió. Frente a esa decisión, es posible que el propietario acceda a otorgar la escritura necesaria para realizar la donación que, pese a lo dicho por la cámara, no existió. Pero también es posible que se rehúse a hacerlo. En ese caso, ¿cómo se procederá? No correspondería que el juez otorgase la escritura en nombre del supuesto donante, pues para el tribunal la donación ya está ofrecida y aceptada. Pero es necesaria la inscripción registral. Entonces, ¿se ordenará la inscripción, quizás precedida de protocolización, de las piezas de la causa? En conclusión, si el padre no otorga voluntariamente la escritura de donación, se creará un verdadero galimatías (confusión) jurídico que será el precio pagado porque quienes debían juzgar hayan legislado sin tener atribuciones para hacerlo. 1. Resulta válida la donación en virtud de la cual los cónyuges decidieron, en una audiencia del juicio de divorcio, adjudicar a sus hijos menores el único inmueble integrante de la sociedad conyugal pues, aun cuando la referida donación no haya sido instrumentada en escritura pública como lo exige el art. 1810 del Cód. Civil, el hecho de que la declaración haya sido efectuada ante el juez del divorcio descarta la irreflexión por parte de los donantes, es decir que, los fines de la citada norma se encuentran
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resguardados. 2. Debe considerarse aceptada la donación realizada a favor de los hijos menores del donante, si la madre de éstos la aceptó antes de que fuera revocada pues, al tratarse de una donación sin cargo ni contraprestación, no se aplican las exigencias que el art. 264 quater prevé para los actos de disposición. 3. Corresponde rechazar la revocación de la donación solicitada por uno de los donantes en virtud de la mora en la ejecución de la carga impuesta toda vez que, siendo los otorgantes del acto representantes legales de los beneficiarios, dicha carga gravitaba sobre ambos razón, por la cual, uno de ellos no puede fundar un derecho en el incumplimiento de una obligación que pesaba también sobre él.
SCANDAR CESION DE DERECHOS. FORMAS DE LOS ACTOS JURIDICOS. HECHOS: Los presentes tratan acerca de una cesión de derechos hereditarios que tiene por beneficiaria a la recurrente -viuda del cuasante-, siendo la parte cedente don Federico Scandar, -hijo del causante en un matrimonio anterior-. El objeto del acto es un automóvil Fiat Duna, SL, 1,6/año 1994, bien que supone la totalidad del acervo hereditario. El acto se concretó mediante convenio obrante, habiendo declarado el cesionario, la percepción de la suma de $ 700 como contraprestación. Finalmente solicita la cesionaria/recurrente, que "...se homologue lo expresado, y de ser necesario, se cite a primera audiencia a ratificar..." SUMARIOS: La sentencia en crisis resuelve no hacer lugar a lo peticionado entendiendo que por regla, el acto debe ser efectuado por escritura pública. "...se denomina cesión de derecho hereditarios al contrato mediante el cual una persona llamada a suceder en la herencia de otra, como heredera, transmite todos o parte de los derechos que como tal le corresponden en la misma a otra persona -que no puede o puede también ser heredera-..." (…) la llamada cesión de derechos hereditarios ha recaido en este caso sobre un bien concreto y determinado y no sobre la universalidad de la herencia El acuerdo de fs. 83 celebrado entre coherederos capaces y mayores de edad, está dirigido a facilitar la partición del automotor que constituye el único bien del sucesorio. "la cesión onerosa de derechos hereditarios realizada en favor del coheredero del cedente, configura un acto de partición, en tanto cumple idénticas funciones que este, siendo su carácter meramente declarativo..." "cuando el estado de indivisión entre coherederos cesa como consecuencia de la adquisición por uno de ellos de las partes ideales que corresponden a los demás, dicho negocio es en cuanto a sus efectos equiparable a la partición, en tanto cumple idéntica función que esta” "nos planteamos aquí un interrogante que nos colocará frente al hecho concreto de este acto jurídico llamado cesión de derechos hereditarios, ¿Cuándo o en qué circunstancias de hecho tiene lugar una cesión? Normalmente se produce por el desinterés de uno de los herederos, sea porque los bienes que componen el acervo sucesorio carecen de un valor pecuniario significativo, sea porque la situación personal de holgura económica en que se encuentra lo obliga moralmente a ayudar al coheredero con penurias económicas o de menores recursos..." "como excepción muy particular, la cesión se produce a favor de un tercero, de una persona ajena al ámbito que integran los herederos. Cuando esto sucede, suele haber de por medio un interés pecuniario” "en este ámbito facultatorio que rodea los herederos y que es creado por ambas disposiciones, se halla ínsita la facultad de ceder sus derechos hereditarios por acta judicial o integrando el acuerdo particionario. Ello siempre que el cesionario no sea un tercero" Las cesiones por las que se atribuyen a favor de un sólo heredero los derechos sobre el único automotor del sucesorio, constituyen una forma de acordar una partición. Concurriendo a su presentación a juicio la totalidad de los herederos, dicha formalidad suple la escritura pública en el marco de lo dispuesto en los arts. 1184 inc. 2º, 3462 y cc. del C.C.; y la publicidad respecto a terceros se habrá de cumplir con la inscripción correspondiente en el Registro de la Propiedad Automotor. (…) cabe interpretar que resultan aplicables las reglas de la partición judicial que no requiere la forma de escritura pública para su perfeccionamiento. En consecuencia puede realizarse en instrumento privado la cesión a un coheredero, efectuada por un precio en dinero, como también (caso de autos) los derechos y acciones hereditarias sobre el automotor, efectuadas en favor de otro coheredero, puesto que en definitiva la denominada cesión de derechos
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hereditarios constituye un convenio sobre la partición, sin perjuicio claro está de los derechos hereditarios de los herederos menores incluidos en la declaratoria de herederos de fs. 68/69 (doctrina artículo 1184 inc. 2º C.C.) y lo previsto en los artículos 297, 3465 y ccs. del Código Civil. Por ello y con el alcance indicado ut supra propongo, se REVOQUE la resolución, debiendo previamente citarse a las partes intervinientes a la ratificación del convenio a efectos de proseguir los trámites de estilo, sin perjuicio de los intereses de los menores de edad; sin costas atento la falta de contradictor; difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad. AUTOS Y VISTOS CONSIDERANDO: Conforme el resultado que arroja la votación que instruye el acuerdo que antecede se REVOCA la resolución de fs. 84, debiendo previamente citarse a las partes intervinientes a la ratificación del convenio a efectos de proseguir los trámites de estilo, sin perjuicio de los intereses de los menores de edad; sin costas atento la falta de contradictor; difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad. ((Cesión de derechos hereditarios que tienen por beneficiaria a María Pugliese, siendo la parte cedente Federico Scandar, hijo del causante en un matrimonio anterior.- El objeto : Un automovil Marca Fiat Duna que fue vendido en $700 (fs. 83).1° Instancia: Se resuelve no hacer lugar a lo peticionado, atendiendo que el acto debe ser efectuado por escritura pública.2° Instancia: Se revoca la resolución de fs. 84, debiendo previamente citarse a las partes intervinientes a la ratificación del convenio de fs. 83 (venta del auto) a efectos de proseguir con los trámites de estilo.-))
UNIDAD N°7 MORDASEWICZ C/PEREZ El contrato de mutuo puede concretarse verbalmente pero requiere prueba por instrumento público o privado de fecha cierta (art. 2246 del Código Civil), salvo que existiese principio de prueba por escrito (arts. 1191 y 1193 del Código Civil) donde corresponde al demandado la carga de probar la inexistencia de causa de la obligación (art. 500 del citado ordenamiento). (…) existía principio de prueba por escrito representada por los cheques que el actor acompañó a la causa y cuya autenticidad no fue atacada por la demandada, lo que invierte el onus probandi. Consideró que no estaba probada la inexistencia de causa, carga que correspondía a la parte demandada. Fundamenta el recurso en el absurdo que implica tener a los cheques en poder del actor como principio de prueba por escrito y, sobre tal piso de marcha invertir el onus probandi, poniendo a su cargo la acreditación de la inexistencia del contrato de mutuo. El art. 2246 del Código Civil establece que el mutuo puede ser contratado verbalmente, pero no podrá probarse sino por instrumento público, o por instrumento privado de fecha cierta, si el empréstito pasa el valor de los diez mil pesos. En igual sentido el art. 1193 del Código Civil establece que los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de diez mil pesos, deben hacerse por escrito y no pueden ser probados por testigos. La Cámara entiende que los cheques en poder de la actora, librados por la demandada y no puestos en duda en cuanto a su autenticidad constituyen principio de prueba por escrito. El art. 1191 establece que ante la existencia de principio de prueba por escrito es posible recurrir a otros medios de prueba por escrito es posible recurrir a otros medios de prueba para acreditar la existencia y extensión el contrato invocado, mas ello no autoriza a trasladar la carga de la prueba a la otra parte. La Cámara no analiza la prueba de los contratos de mutuo. En todo caso y en tanto les concede a los cheques la entidad de un principio de prueba por escrito de aquél y a partir de la idea ensayada por el actor en su recurso de que no hay obligación sin causa, concluye presumiendo dicha causa De allí que la Cámara, al invertir dicha carga y poner sobre las espaldas del demandado la prueba de la inexistencia de la causa que se permitiera inferir de los abstractos y silentes cheques, desemboque en el absurdo que ha sido definido como el error palmario, grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa El actor demandó una suma de dinero alegando haber prestado a la demandada diversas cantidades en diversas oportunidades. Es decir, invocó haber pactado sucesivos y autónomos mutuos con esta última. Para probar esos préstamos presentó 42 cheques librados entre el 7 de abril de 1995 y el 27 de junio del mismo año contra la cuenta corriente bancaria de la demandada, algunos de ellos rechazados por el banco girado por encontrase cerrada la cuenta, otros sin presentación al cobro. El primer rechazo exteriorizando el motivo del mismo (cuenta cerrada) que se va a repetir para los restantes presentados al cobro, se produjo el 19 de abril del 1995. Pese a ello y con posterioridad a tal rechazo, la demandada libró 37 nuevos cheques que fueron aceptados por el actor o por terceros, que luego los endosarían a favor de este último. La accionada no ha negado el libramiento de estos cheques ni su autenticidad (ver fs. 75/77), sólo se ha limitado a rechazar que ellos correspondan al pago o devolución de los sucesivos préstamos de dinero que
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se conjugan en la causa petendi de la demanda actora. Fuera de esa negativa, no se expide sobre el motivo por el que libró esos cheques, todos en poder del actor, algunos al portador, otros que lo indican como beneficiario, mientras que algunos otros se extienden a favor de otras terceras personas determinadas. No tengo dudas que los cheques -magüer su abstracción- pueden constituir un principio de prueba por escrito. No tengo dudas que los cheques extendidos a favor de Alejandro Sigifredo Mordasewicz pueden cobrar el rol de principio de prueba por escrito de los mutuos invocados Tampoco las tengo, respecto a que los cheques librados a nombre de terceras personas no pueden tornar verosímil la celebración de un contrato de mutuo entre el librador y una persona distinta a la expresamente determinada como beneficiaria directa de tal libranza. (…) no pueden tomarse como principio de prueba por escrito de mutuos celebrados con el actor, tal como también lo entendiera la Excma. Cámara de Apelaciones¿ ¿Qué decir de los cheques al portador en manos del actor? En mi parecer esta tenencia, esta condición de portador (sin endosos que denuncien un paso anterior del documento por otras manos) que ostenta Mordasewicz, permite que ellos jueguen como principio de prueba por escrito. A cada uno de los cheques que, según lo antedicho, encarna un principio de prueba por escrito, se le suman las declaraciones testimoniales obrantes (…)se agrega un importante elemento indiciario (art. 1190 del C.C.), consistente en la falta de toda explicación (fuera del préstamo o del crédito accesorio a otro contrato) para el hecho de que el actor tuviera en su poder una cantidad de cheques librados por la demandada. De este modo, testimonios e indicios, se complementa la prueba que ya tiene un claro principio escrito (art. 1191 citado) con los cheques que se presentaron en autos, salvo los librados a nombre de terceros beneficiarios. Dado que la sentencia recurrida acertadamente ha deducido las sumas correspondientes a los cheques referidos, debe rechazarse el recurso.
LEONE C/MAQUIEIRA MUTUO. PRUEBA. CORREO ELECTRONICO. ADMISIBILIDAD COMO MEDIO PROBATORIO. REQUISITOS. El documento electrónico puede presentarse en juicio a los efectos de probar un contrato, siempre que emane del adversario y haga verosímil el hecho litigioso; todo ello, claro está, cuando el cúmulo de las restantes pruebas aportadas, examinadas todas a la luz de la sana crítica procesal, determine que el juez le acuerde autenticidad. El e-mail es una figura novedosa, cuya equiparación con los instrumentos privados que regula el art. 1012 del cód. civil se encuentra obstaculizada por la ausencia de firma. De todos modos, la ausencia de este requisito –que la ley estipula esencial para la configuración de un instrumento privado– no impide que pueda considerárselo en los términos del art. 1190, inc. 2º del cód. civil como “instrumento particular no firmado. El mutuo, fundado en estrechas relaciones de amistad, no fue instrumentado por escrito. No obstante, acompaña a los efectos probatorios distintos e-mails y faxes que dice haber intercambiado con el demandado y que probarían el referido contrato. El demandado, por su parte, niega todos los hechos expuestos por el actor en la demanda, la entrega de dinero en calidad de préstamo y en particular el valor probatorio que pretende asignar el actor a los e-mails y faxes que acompaña .Luego de ponderar la prueba colectada en autos, la juez a quo consideró que el actor no logró acreditar la existencia del mutuo y rechazó la pretensión incoada, motivando con ello los agravios del actor que pasaré a analizar.El art. 2246 del cód. civil dispone que “el mutuo puede ser contratado verbalmente; pero no podrá probarse sino por instrumento público o instrumento privado de fecha cierta, si el empréstito pasa del valor de diez mil pesos” Aunque es claro que esta limitación, sólo se aplica a las relaciones con terceros, pues entre las partes rigen los principios generales de los arts. 1191 y 1192 del cód. civil Cabe destacar la fragilidad de la prueba aportada, pues si bien es cierto que a fs. 7/13 se acompañan las copias de los e-mails que se dicen intercambiados por las partes, no existe prueba sobre la autenticidad de los correos electrónicos atribuidos a Maquieira, enviados a través de la casilla que se le adjudica. En primer lugar, porque “Ciudad Internet” en su calidad de proveedora del servicio de internet atribuida a Maquieira informa que la casilla mencionada pertenece a una persona distinta –la Sra. Ana Kairuz de Maquieira–, aparentemente su esposa. Y en segundo lugar, porque si bien la empresa Exo, a través del acta de constatación y la informativa de fs. 130 da cuenta de la autenticidad de los correos enviados y recibidos por Leone, no puede decirse lo mismo sobre los mensajes enviados por Maquieira, ya que la referida empresa “Ciudad Internet” manifiesta la imposibilidad de cumplir lo requerido por faltarle un dato necesario para ello. Y aun cuando es cierto que el demandado no aportó el dato requerido, también lo es que el actor tenía a su alcance otros medios para acreditar fehacientemente la autenticidad de los mencionados correos, como ser el secuestro del disco rígido con carácter cautelar o el ofrecimiento de perito especializado en la materia.
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No se trata de restar valor probatorio a este medio de prueba sino de señalar su insuficiencia en los términos pretendidos. Estamos frente a una figura novedosa, cuya equiparación con los instrumentos privados que regula el art. 1012 del cód. civil se encuentra obstaculizada por la ausencia de firma. La ausencia de este requisito, que la ley estipula esencial para la configuración de un instrumento privado, no impide que pueda considerarse al e-mail en los términos del art. 1190, inc. 2º como “instrumento particular no firmado” a los fines de acreditar la existencia de un contrato o bien como “principio de prueba por escrito” en los términos del art. 1191 del cód. civil. “el documento electrónico puede presentarse en juicio a los efectos de probar un contrato, siempre que emane del adversario y haga verosímil el hecho litigioso; todo ello claro está, cuando el cúmulo de las restantes pruebas, examinadas todas a la luz de la sana crítica procesal, determine que el juez le acuerde autenticidad. Y esto, considero, es lo que no ha ocurrido en la especie y me lleva a tener por no probado el contrato que invoca el actor. El demandado negó desde un primer momento la autoría que pretende atribuírsele y falta la debida autenticación de los mismos. Todo ello lleva a presumir que la relación de ambos incluía gestiones comerciales, cuya existencia a su vez, pone en duda que los intercambios epistolares respondieran a la causa invocada por el actor (el mutuo). Estimo que el actor no ha logrado acreditar el extremo fundante de su pretensión y por lo tanto no cabe sino confirmar el rechazo de demanda. Se resuelve: 1º) confirmar la sentencia apelada; 2º) imponer al actor las costas de esta instancia
UNIDAD N°9 MASCHIO ABUSO DEL DERECHO. COMPRAVENTA. CONTRATO. INTERPRETACION. LEY. PACTO COMISORIO HECHOS: El juez de primera instancia, hizo lugar a la demanda que por resolución de un boleto de compraventa de un bien inmueble y daños y perjuicios, promoviera la vendedora Florentina E. Maschio contra Jorge C. Rocena y Elda Zille. En consecuencia, declaró resuelto el boleto de compraventa del inmueble, y además dio por perdidas a favor de la accionante, las sumas entregadas a cuenta de precio por los demandados, a quienes condenó a restituir en el término de 10 días, el inmueble mencionado, bajo apercibimiento de ser lanzado por la fuerza pública. Impuso las costas a la parte demandada en su condición de vencida. SUMARIOS: Una interpretación literal del art. 1204 del Cód. Civil, llevaría a derogar principios tan fundamentales como son que los contratos se celebran para ser cumplidos con buena fe y lealtad, es por ello, que si bien subordinada a las circunstancias de cada caso, existe una regla jurisprudencial, fundada en la moral y en las buenas costumbres, que tiende a impedir la resolución de los contratos cuando se ha pagado gran parte del precio, máxime cuando por tal vía el aspirante a tal solución, el vendedor, queda con las prestaciones dinerarias cumplidas por el comprador y con las mejoras que éste introdujo en el inmueble. Cuando se persigue la resolución de un contrato por aplicación de un pacto comisorio, la respuesta a si ello es ilícito o inmoral, depende de si tal solución se compadece con el incumplimiento incurrido y si la penalidad que se hubiese establecido es o no excesiva, pues para que exista abuso en el ejercicio de la facultad resolutoria debe mediar un perjuicio anormal, excesivo, extraordinario, ya que es necesario que medie una injustificada y notoria injusticia repugnante al sentimiento moral para que el juez pueda negar su apoyo a quien esgrime una disposición legal. El pacto comisorio en sí mismo no puede ser abusivo, pero su ejercicio en términos adversos a los parámetros de buena fe, moral y buenas costumbres, puede configurar un abuso del derecho, es que la perrogativa de la persona para exigir a otra determinado comportamiento, como usualmente se define al derecho subjetivo, requiere respeto a aquellas pautas y no desvío del fin para el que fue reconocida, pues de lo contrario se ingresa en un ejercicio irregular del mismo. Las directivas de buena fe e impedimento del ejercicio abusivo del derecho (arts. 1198 y 1071, Cód. Civil) son plenamente aplicables al pacto comisorio, consecuentemente el abuso del derecho que se verifica en el caso, en que el vendedor pretende resolver una compraventa cuando se ha abonado más del cincuenta por ciento del precio pactado, esteriliza la pretensión y judicialmente se torna objetivamente improponible. Pretender ejercer el pacto comisorio para resolver la venta cuando la suma pagada y las mejoras
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realizadas en el inmueble representan más del cincuenta por ciento del precio pactado, lo que perdería el comprador, tipifica claramente el supuesto de ejercicio abusivo del derecho previsto por el art. 1071 del Cód. Civil que la justicia no puede amparar. (…)que veda la procedencia del pacto comisorio cuando se hubiere abonado el veinticinco por ciento del precio o hubiere realizado construcciones equivalentes al cincuenta por ciento del precio de compra, pues en autos se concretó una venta de un lote baldío y el saldo de precio se pactó en veinte cuotas mensuales iguales y consecutivas, siendo el fin tuitivo de la ley extensible al caso de autos. En virtud de lo expuesto adhiero a las consideraciones y fundamentos vertidos por el distinguido colega que me precede en la votación y como él brindo el mío por la negativa. Conforme al resultado obtenido en la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada, y se declara la invalidez de la claúsula 8ª del boleto de compraventa, rechazándose la demanda en todas sus partes, sin perjuicio de los derechos que pueda ejercer la accionante o su poderdante, para obtener el cumplimiento de las prestaciones adeudadas aún por los compradores demandados.
RUIZ C/MARIANETTI Y GUTIERREZ PACTO COMISORIO. RESOLUCION DE CONTRATO. HECHOS: SUMARIOS: (…) el señor juez de grado admitió la excepción de falta de legitimación pasiva articulada por la señora Gutierrez. Expresa, con referencia a diversas pruebas producidas, que la codemandada previamente a la interposición de la demanda, había aceptado su participación en el acto jurídico de la compraventa, al recepcionar el dinero, depositarlo en su cuenta y además suscribir el convenio en el juicio de divorcio, comprometiéndose a firmar los 08. El boleto de compraventa de fs. 8, de fecha Junio de 1995, ha sido suscripto por el señor Daniel Marianetti en su carácter exclusivo de propietario, de modo que como se afirma en la sentencia apelada, la cónyuge del vendedor resulta ajena a la relación contractual. (doct. arts. 1137, 1197 CCivil). La circunstancia relacionada con el eventual conocimiento que la cónyuge no propietaria pudiera tener con referencia a la venta o a la hipotética percepción del precio, no le dan el carácter de legitimada d pasiva en las presentes actuaciones. Corresponde desestimar este agravio. (…) el actor ya no tiene interés en el cumplimiento del contrato. (…) el actor – entre otros reclamos – pretende la restitución del precio abonado y ello solo puede relacionarse con la resolución del contrato. En consecuencia, y coincidiendo con el autor citado, entiendo que la demanda en el caso constituye la declaración resolutoria prevista en el artículo 1204, 3er. Párrafo, del Código Civil. Al demandarse directamente la resolución no es necesario articular el requerimiento previsto en los artículos 1204 del Código Civil y 216 del Código de Comercio y por derivación de ello tampoco es un requisito de admisibilidad conceder al deudor un plazo adicional para el cumplimiento de su obligación porque el mecanismo de intimación de 15 días constituye un recurso solo exigido para la operatividad de la llamada resolución extrajudicial o por autoridad del acreedor. El apelante ha expresado que extrajudicialmente „había exigido el cumplimiento del contrato y ante su frustración los daños y perjuicios correspondientes. Si el actor ha pedido el cumplimiento del contrato puede ejercer luego la opción por la resolución, pretensión que encuadra en el caso al procurarse la restitución del precio abonado, que constituye uno de los efectos de la resolución. El contrato de compraventa de automotores es consensual y genera obligaciones entre las partes antes de la inscripción, sirviendo de título para la transferencia de la propiedad del vehículo. (art. 1323 Ccivil; 450 Ccom.). El título no inscripto es insuficiente para transferir el derecho real de dominio. “Quien vende un automotor tiene la obligación de entregar la cosa vendida con todos sus accesorios, como es el caso de la documentación necesaria para la inscripción del automotor“. (…)se admite que los incumplimientos o las prestaciones accesorias o de mínima importancia no llevan a la ineficacia del contrato, ello no es así cuando la prestación accesoria está ligada a la principal de manera que el acreedor no puede desempeñarse sin aquella. Tratándose de un automotor, la entrega de la cosa no se cumple solamente con la tradición material del vehículo, puesto que la posesión debe comprender la posibilidad de uso y disposición del mismo, elementos constitutivos del dominio. El incumplimiento, con el pago y entrega de las patentes por el vendedor hasta la fecha de la tradición constituye así una causa
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suficiente para resolver el contrato puesto que impide la inscripción de la transferencia de dominio en el Registro del Automotor“. Respecto de la documentación recibida, el actor solo reconoce que se le entregó la cédula verde. (…) art. 1174 del Cód. Civ., las cosas embargadas pueden ser objeto de los contratos. A su vez , por el art. 1179 del mismo cuerpo legal, incurre en el delito de estelionato quien contratare de mala fe sobre cosas embargadas como si estuviesen libres, siempre que la otra parte hubiera aceptado la propuesta de buena fe.“ la solicitud tipo „08“ cuenta con lugar en el rubro „H“ para consignar los gravámenes y medidas cautelares que afectan al vehículo, hallándose impresa una leyenda con la aceptación del comprador. Para que pueda inscribirse la transferencia de un automotor embargado deberá colocarse en el lugar reservado a ese efecto el monto, la fecha de inscripción de la medida y los datos del acreedor“.
ACEBEDO C/SAMPRAD ACCION QUANTI MINORIS. COMPRAVENTA. VICIOS REDHIBITORIOS. HECHOS: En una acción "quanti minoris" interpuesta por el adquirente de un inmueble en virtud de la aparición de vicios ocultos subsanables — en el caso, filtraciones, malas terminaciones en revoques y pisos, deficiente aislación acústica, etc.— , resulta improcedente pretender que se indemnice la disminución del precio que habría sufrido el inmueble a causa de esos desperfectos si se ha fijado una suma de dinero para atender el costo de las reparaciones realizadas en aquél, máxime cuando el valor de la propiedad aumentó considerablemente desde que fuera adquirido por el actor. SUMARIOS: Corresponde hacer lugar a la indemnización por daño moral pretendida por el adquirente de un inmueble en virtud de las reparaciones que debió efectuar como consecuencia de defectos de construcción tales como filtraciones, malas terminaciones en revoques y pisos, pues el vendedor conocía o debía conocer por su profesionalidad, que tales vicios iban a aparecer con prontitud, lo cual supone la existencia de mala fe de su parte. Al pretender Acebedo mantener vivo el contrato de compraventa celebrado conservando el inmueble, estamos frente a la acción "quanti minoris" prevista en el art. 2176 del Código Civil. De este modo, considero que la jueza ha encuadrado correctamente el marco jurídico de la acción intentada. En los supuestos de incumplimiento contractual por detectarse en la cosa vendida vicios ocultos, el comprador tiene la acción redhibitoria para dejar sin efecto el contrato, volviendo la cosa al vendedor, restituyéndole éste el precio pagado, o la acción para que se baje del precio el menor valor de la cosa por el vicio redhibitorio (art. 2174 C.Civil). La acción "quanti minoris" reafirma la voluntad de mantener vivo el contrato, otorgando al acreedor la facultad de ejercer la acción prevista teniendo en cuenta la índole de los vicios. Pero, tal como dispone el art. 2175 del código, si opta por una no puede después promover la otra (…) por medio de esta acción se trata de obtener la devolución de una parte del precio en proporción al menor valor de la cosa por causa del vicio. Y cuando el defecto es subsanable, se ha admitido que se tengan en cuenta los costos para lograrlo, y la suma de la reparación de la cosa será la que corresponda descontar. Ha quedado demostrado que los vicios ocultos aparecidos en el inmueble del actor son subsanables. De este modo, mal puede el quejoso pretender que se fije una suma de dinero para atender tanto el costo de las reparaciones realizadas en el departamento (aislamiento del dormitorio, fs. 21) como las que deben efectuarse; y a su vez que se indemnice la disminución del precio que habría sufrido la propiedad a causa de estos desperfectos. "La garantía del enajenante frente al comprador respecto de los vicios se encuentra estrechamente asociada a la buena fe negocial, la que exige cada vez más compromiso de veracidad y no reticencia en la información sobre la cosa vendida. La exigencia será acorde con las circunstancias, siempre teniendo en cuenta que no son vicios menores o intrascendentes los que ampara esta garantía (vicios redhibitorios), y los que exceden deben ser informados al comprador " En efecto, toda acción dolosa constituye una grave violación del principio de la buena fe (art.1198, C.Civil), (…) sería injusto dejar de indemnizar al adquirente este perjuicio sufrido por la mala fe del Amerita conceder una reparación del daño moral no sólo las circunstancias antes expuestas sino todas las que surgen del reconocimiento de hechos emergentes de la confesión ficta. Demuestra que el vendedor conocía o debía conocer, por su profesionalidad, los defectos que iban a aparecer con prontitud, lo que es mala fe a los efectos de ampliar la indemnización del art. 2176, hallándose incurso en la responsabilidad agravada allí prevista. El daño moral comprende los padecimientos, angustias e inseguridades sufridos por el actor y provocados por el estado en el que se vio obligado a vivir. Se trata, en el caso, de una prueba "in re ipsa", que surge
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de los mismos hechos, y que hace que cobre operatividad la norma que contiene el art. 522 del Código Civil (…) constante y reiteradamente se ha dicho que para resarcir el daño moral no existen parámetros exactos. Por tal motivo, es que más que en ningún otro rubro su estimación queda sujeta al arbitrio del juzgador y debe ser fijada equitativamente teniendo en cuenta las circunstancias personales de la víctima y las particularidades del caso planteado
MENDEZ C/PERRUPATO CONTRATO. ESCRITURACION. MORA. PRECIO. PRINCIPIO DE EJECUCION. SEÑA HECHOS: Roberto Méndez y Antonia Perrupato de Ferrara realizan una compraventa de inmueble firmada en boleto privado, donde se abona un monto de dinero en concepto de seña y a cuenta de precio. Se plantea la situación de arrepentimiento de las partes, surgiendo la duda si esto es válido cuando ya se abonó una suma de dinero en concepto de seña y a cuenta de precio y cual es el plazo legítimo dentro del cual las partes pueden arrepentirse. SUMARIOS: El Dr. Ruzo argumenta que el artículo 1202 del Código Civil se refiere tanto a los contratos como a los pre contratos, por lo que la disposición es válida frente a ambos. También se argumenta que si el contrato se cumple la seña se imputará a cuenta de precio. Art.1202.- Si se hubiere dado una señal para asegurar el contrato o su cumplimiento, quien la dio puede arrepentirse del contrato, o puede dejar de cumplirlo perdiendo la señal. Puede también arrepentirse el que la recibió; y en tal caso debe devolver la señal con otro tanto de su valor. Si el contrato se cumpliere, la señal debe devolverse en el estado en que se encuentre. Si ella fuere de la misma especie que lo que por el contrato debía darse, la señal se tendrá como parte de la prestación; pero no si ella fuere de diferente especie, o si la obligación fuese de hacer o de no hacer. El Dr. Alsina afirma que “la cláusula "como seña y a cuenta de precio" tiene una doble función; mientras la promesa de venta no se formaliza, la suma entregada mantiene la calidad de seña y en consecuencia el derecho de arrepentirse existe para las dos partes; si por el contrario aquélla se cumple, la señal queda a cuenta de precio y se imputa a éste.” En cuanto al plazo dentro del cual pueden arrepentirse las partes el Dr. Alsina asevera que: 1) Si existe un plazo para escriturar, ese será también para el arrepentimiento, hasta la constitución extrajudicial en mora. 2) Si no existe requerimiento extrajudicial, el arrepentimiento puede tener lugar, hasta la contestación de la demanda. 3) Es procedente el arrepentimiento, siempre que el contrato no haya tenido principio de ejecución o cumplimiento. El Dr. Funes agrega que “si se conviene mediante promesa en un documento privado la compraventa de un inmueble, las partes persiguen la ejecución del contrato de venta, no sólo porque en derecho el fin de la obligación es su cumplimiento, concepto, en cuanto a su validez, comprensivo de todo pacto hasta el resolutorio, sino porque ciertamente el objeto del contrato es lo que ellas quieren realizar; voluntad que autoritariamente sanciona la ley en un precepto fundamental de las obligaciones contractuales” Art.1197.- Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma. Sin embargo, afirma que en el artículo 1202 “la relevancia que tiene la palabra seña y el conocimiento generalizado de sus efectos hacen suponer que los contratantes pactan el arrepentimiento o bien están claramente advertidos de las posibilidades jurídicas de su admisión”. Agrega que “si hay plazo para el arrepentimiento, dentro de él ha de formularse esta declaración potestativa destinada a disolver la promesa de venta, sustituyéndola por una indemnización (artículos 1202 y 1189 del Código Civil), porque conforme a su naturaleza es que el vencimiento de dicho plazo sea extintivo para su ejercicio. Art.1189.- Si en el instrumento público se hubiese estipulado una cláusula penal, o el contrato fuese hecho dándose arras, la indemnización de las pérdidas e intereses consistirá en el pago de la pena, y en el segundo en la pérdida de la señal, o su restitución con otro tanto. El Dr. Podetti argumenta que “no es necesario el conocimiento de la disposición final del artículo 1202 del Código Civil, para comprender que la suma de dinero que entregó el comprador se descontará (si se cumple el contrato) al pagar el precio convenido. Es contrario al sentido común, creer que en esa hipótesis, el vendedor se apropiará de esa suma, como un "plus" del precio convenido o la devolverá al comprador en ese acto, para que, unida a otra suma, éste le pague en conjunto el precio”, por lo tanto “debe admitirse que los firmantes, al convenir o consentir esa cláusula, entendieron comenzar a cumplir el contrato. Que uno entregó y el otro recibió una cantidad de dinero para asegurar la realización del pacto” Podetti afirma que la facultad de arrepentirse es excepcional y que el principio general que fluye de nuestro Código Civil es el de que las convenciones se hacen para ser cumplidas.
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Art.1204.- En los contratos con prestaciones recíprocas se entiende implícita la facultad de resolver las obligaciones emergentes de ellos en caso de que uno de los contratantes no cumpliera su compromiso. Mas en los contratos en que se hubiese cumplido parte de las prestaciones, las que se hayan cumplido quedarán firmes y producirán, en cuanto a ellas, los efectos correspondientes. No ejecutada la prestación, el acreedor podrá requerir al incumplidor el cumplimiento de su obligación en un plazo no inferior a quince días, salvo que los usos o un pacto expreso establecieran uno menor, con los daños y perjuicios derivados de la demora; transcurrido el plazo sin que la prestación haya sido cumplida, quedarán resueltas, sin más, las obligaciones emergentes del contrato con derecho para el acreedor al resarcimiento de los daños y perjuicios. Las partes podrán pactar expresamente que la resolución se produzca en caso de que alguna obligación no sea cumplida con las modalidades convenidas; en este supuesto la resolución se producirá de pleno derecho y surtirá efectos desde que la parte interesada comunique a la incumplidora, en forma fehaciente, su voluntad de resolver. La parte que haya cumplido podrá optar por exigir a la incumplidora la ejecución de sus obligaciones con daños y perjuicios. La resolución podrá pedirse aunque se hubiese demandado el cumplimiento del contrato; pero no podrá solicitarse el cumplimiento cuando se hubiese demandado por resolución. El Dr Podetti concluye que “cualquier acto que implique cumplimiento de la obligación por una de las partes, hace caducar para ésta la facultad de arrepentirse, y para la otra, desde el momento que acepte o consienta expresa o tácitamente, ese acto” El Dr. Mendez Chavarria afirma que respecto al plazo dentro del cual pueden arrepentirse las partes, estima que el mismo debe ser hasta el momento de la contestación de la demanda, sin distinciones, “porque la contienda judicial tiene por base el boleto que debe considerarse en toda su integridad”. Agrega que “No considero prudente limitar la facultad de invocar el arrepentimiento al plazo del cumplimiento de la obligación en los casos de que el mismo esté determinado en el boleto o cuando la parte está incursa en mora provocada por intimación de la contraparte, porque todo ello es, a su vez, discutible en el juicio” Luego de la votación de los magistrados, se declara: 1°) La cláusula "como seña y a cuenta de precio" tiene una doble función sucesivamente: como señal si el contrato no se cumple y a cuenta de precio en caso contrario. 2°) Si existe plazo para escriturar, ese será también para optar por el arrepentimiento, hasta la constitución en mora. 3°) Si no hubiese constitución en mora extrajudicial, el arrepentimiento puede tener lugar válidamente hasta la contestación de la demanda. 4°) El arrepentimiento es procedente siempre que el contrato no haya tenido principio de ejecución.
CONTI C/DARC´C LIBERTADOR VICIOS REDHIBITORIOS. REQUISITOS. VENTA VEHICULO USADO. DESPERFECTOS. PRUEBA. VICIOS OCULTOS. DAÑOS Y PERJUICIOS. HECHOS: La sentencia de primera instancia rechaza la demanda promovida por Conti quien reclamó a la empresa demandada D´Arc Libertador S.A. la indemnización de los daños derivados de los vicios y desperfectos que presentó el vehículo Peugeot Boxer 270, modelo 1998, adquirido a ella el 21 de abril de 2006. SUMARIOS: Si bien reputó improcedente la excepción de prescripción de la acción derivada de los vicios redhibitorios que opuso la demandada con fundamento en el art. 4041 , CCiv., el Juez consideró innecesario expedirse sobre la cuestión en razón del rechazo de la demanda en cuanto al fondo de la pretensión. (…) el régimen especial o particular la garantía por los vicios no altera el general de la responsabilidad contractual", que queda sujeto al plazo de prescripción ordinario de la responsabilidad contractual. Como no existen agravios sobre el punto no debo expedirme acerca del encuadre. Los vicios o defectos de la cosa vendida permiten al afectado el consumidor , tanto en el Cód. Civil como en la ley de defensa del consumidor, a optar por las diversas alternativas que prevé el último párrafo del art. 10 bis ley 24240 (texto agregado por la ley 2478). (…) que el accionante no probó el origen de los daños de los que dan cuenta las facturas Cierto es que la sentencia tiene por probados los daños que surgen de las facturas. Pero, más allá del reconocimiento de dichas facturas y de lo declarado por la testigo, lo que el actor no ha probado es que tales daños se debieron a vicios mecánicos que le fueron ocultados, de mala fe, al tiempo en que fue adquirido. Me explico: el motor de un automotor con siete años de uso, a diferencia de uno nuevo, ha sufrido
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inevitablemente un desgaste que es propio de ese uso. Tal desgaste no es, entonces, un vicio o defecto "indemnizable" porque si lo fuese, cualquier automotor usado debería ser considerado, virtualmente, fuera del comercio. El cambio de la correa de distribución o del mecanismo embrague, etc., constituyen reparaciones previsibles derivadas del uso. No ha probado el actor que la rectificación del motor que fue necesaria hacer tiempo después de retirarla del taller mecánico se debió a un vicio existente al tiempo de la adquisición. Tampoco ha probado Conti que la demandada hubiese "disfrazado" el pésimo estado en el que se encontraba la camioneta, no obstante haberlo afirmado así en la demanda. De tal modo, entiendo que lo resuelto es justo y la sentencia debe ser confirmada en este punto. En cambio creo atendible el agravio relativo al cuarto considerando de la sentencia que, en razón del rechazo de la demanda en cuanto al fondo, consideró innecesario expedirse acerca de la excepción de prescripción. La cuestión fue sustanciada y lo cierto es que la mentada excepción fue rechazada. En consecuencia, existe un vencimiento que amerita la imposición de las costas a la demandada, sin perjuicio de la carga del actor de soportar las correspondientes a la cuestión principal. Por ello voto por confirmar la sentencia en lo principal decidido y modificarla en punto a las costas por el rechazo de la excepción de prescripción, que se imponen a la demandada.
UNIDAD N°13 LITRIEN C/CENCOSUD S.A. (EASY) CONTRATO DE CONSUMO. DAÑOS Y PERJUICIOS.CARGA DE LA PRUEBA. HECHOS: él Sr. Litren, es acusado por Cencosud S.A. (Easy) de sustraer de sus góndolas una herramienta en forma sospechosa, guardarla en su vehículo, según un empleado de la misma, esta herramienta fue encontrada en su vehículo sin uso junto a otras, usadas para su profesión. Instruyéndole una causa penal en la cual luego fuera sobreseído, demostrando su inocencia con la acreditación de la respectiva factura de compra de la herramienta. SUMARIOS: Primera instancia rechaza la demanda entablada por L. N. Litren contra Cencosud S.A. e impone las costas la parte actora. Apela accionante, recurso que es concedido. Se agravia el apelante porque la señora juez ha rechazado la demanda. No tuvo en cuenta el resultado de la causa penal que se archivo por falta de pruebas en su contra. En la segunda instancia el Dr. Posca entiende aplicable la ley de defensa del consumidor (Ley 24.240 y su ref. Ley 26.361) donde destaca el principio de inversión de la carga de la prueba, donde el demandado estaba en inmejorables condiciones de acreditar con rapidez si el controvertido elemento integraba el stock de la empresa ya que el mismo es un ente organizado y profesional y con ello se hubiera ahorrado una investigación inquisidora que al dilatarse conllevan al inculpado a comparecer momentos desagradables en su moral. Se revoca le sentencia de 1º instancia, se hace lugar a la demanda parcialmente, solo se hace lugar al daño Moral. Debido a los padecimientos sufridos por el actor, en sus sentimientos, su tranquilidad, seguridad etc.
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