ESPECIAL
Análisis del régimen patrimonial patrimonial en las uniones de hecho Manuel BERMÚDEZ TAPIA*
El autor analiza an aliza tres importantes fallos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional relacionados a la determinación y reconocimiento de los derechos de naturaleza económica en las relaciones de convivencia. Sobre el particular, señala que uno de los grandes errores en la tutela de derechos de las personas que han nalizado un concubinato está vinculado al contexto de la probanza de sus posiciones, intereses y derechos. Asimismo, considera que la regulación del Libro de Familia del Código Civil de 1984 se encuentra desactualizada para el contexto de las relaciones familiares de hoy en día, tanto para la convivencia como para el matrimonio.
N E M U S E R
Introducción
MARCO NORMATIVO • Código Civil: arts. 326 y 333. • Ley que modifica el Código Civil, el Código Procesal Civil y la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contencioso a fin de reconocer derechos sucesorios entre los miembros de uniones de hecho, Ley Nº 30007 (17/04/2013): passim.
PALABRAS CLAVE: Unión de hecho/ Declaración / Convivencia / Matrimonio / Régimen patrimonial Recibido: Recibido:
08/08/2016
Aprobado: 10/08/2012 Aprobado:
*
Probablemente uno de los más grandes pro blemass jurí blema jurídicos dicos que ha surgid surgidoo princ principalipalmente a inicios del nuevo milenio haya sido la regulación en el ámbito jurisdiccional de las relaciones matrimoniales no formalizadas, entiéndase que hacemos mención a las “uniones de hecho”, principalmente a las denominadas “propias”, esto es cuando una pareja pare ja opta por convi convivir vir sin tener impe impedidimento para ejecutar un matrimonio civil. En una etapa inicial, el reconocimiento de los derechos de los convivientes estaba limitada a una interpretación constitucional, sobre la base de que estaba equiparada al matrimonio, pero que eventualmente en algunas condiciones, su “determinación”
Abogado y magíster magíster en Derecho. Docente de Posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Marcos y en la Academia de la Magistratura.
GACETA CIVIL & PROCESAL CIVIL | Nº 38 • AGOSTO 2016 • ISSN 2305-3259 • pp. 61-67
61
Comentario relevante del autor El caso “Janet Rosas Domínguez”, desarrollado en la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 06572-2006PA/TC, en el cual se reconoce la convivencia de la señora con su difunto marido para acceder al derecho a una pensión de viudez, es una muestra de nuestra afirmación. Se debió recurrir a una interpretación del Tribunal Constitucional para “acceder” a un derecho que estaba “considerado” en el ámbito de la regulación constitucional pero en el Poder Judicial el criterio de interpretación era distante al caso materia de evaluación.
estaba congurada para “limitar” sus alcances y así “promover” la formalización de las parejas en convivencia. El caso “Janet Rosas Domínguez” desarrollado en la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 06572-2006-PA/TC, en el cual se reconoce la convivencia de la señora con su difunto marido para acceder al derecho a una pensión de viudez, es una muestra de nuestra armación. Se debió recurrir a una interpretación del Tribunal Constitucional para “acceder” a un derecho que estaba “considerado” en el ámbito de la regulación constitucional pero en el Poder Judicial el criterio de interpretación era distante al caso materia de evaluación. Merced a estas situaciones contradictorias provocadas por la realidad social en la cual la propia legalidad estaba siendo no tomada en cuenta, es que se optó por regular la Ley Nº 30007, en la cual se reconoce formalmente la sucesión en casos de convivencia. 62
Y ello se debe a varios factores, todos ellos motivados por la propia decisión de las pare jas, y estas se resumen en: a) Necesidad de no prolongar la formalidad de una relación afectuosa y dar inicio a una relación de convivencia. b) No estar vinculado a la ejecución de un trámite o formalidad ante una entidad municipal, sea por razones económicas, por falta de tiempo o por no cumplir algún o algunos requisitos (principalmente en casos de impedimento) c) Evaluación de la temporalidad de la duración de la pareja. Este factor genera, en términos objetivos, el principal elemento de cuestionamiento a la convivencia por parte de las propias personas que conforman la pareja, en cuanto a su relatividad de sus propios ideales en el ámbito económico, en lo afectivo o en lo personal. Como consecuencia de esta evaluación, las parejas son conscientes desde el inicio de la convivencia que el elemento de la separación se puede presentar. La mala fe en múltiples casos es la principal causa que provoca este tipo de situaciones porque no existe el compromiso en el tiempo para “permanecer” en pareja y ello se reeja en la actualidad donde se registra que las convivencias no superan los dos años de permanencia porque así uno de los dos puede “limitar y condicionar negativamente” el surgimiento de derechos a la contraparte. Eventualmente los factores más frecuentes que se observan en este tipo de situaciones, son: i) Relatividad de la pareja en cuanto a una formalización de un compromiso.
pp. 61-67 • ISSN 2305-3259 • AGOSTO 2016 • Nº 38
| GACETA CIVIL & PROCESAL CIVIL
ESPECIAL |
LAS UNIONES DE HECHO Y SU RÉGIMEN PATRIMONIAL
El surgimiento de un embarazo es causa principal del inicio de la convivencia y también el principal motivo para provocar la separación. La heterogamia y las condiciones de personalidad en la edad de las pare jas es un factor que condiciona negativamente la ampliación temporal de la relación. ii) Ausencia de compromiso de una de las partes en la relación, sea por que el inicio de la relación se basó en motivos sexuales, o por motivos económicos. Este tipo de situaciones se observan en las relaciones de pareja denominadas “Césares y Cleopatras”, provocado por las diferencias de edades 1. En este tipo de situaciones, uno se “aprovecha” sexualmente de la pareja, mientras que la contraparte “accede” a un contexto económico positivo y la evaluación de este tipo de relaciones depende principalmente de los intereses personales de cada uno. iii) Condiciones de separación en la pareja promovidas por alguna causal descrita en el artículo 333 del Código Civil, como adulterio, indelidad, etc. Como se observa, este panorama es sumamente complejo y se detalla principalmente en textos de evaluación sociológica y psicológica, en donde se detalla el “común” de las relaciones convivenciales, a diferencia de los tratados jurídicos en donde la doctrina
1 2 3
nacional sigue enfatizando los términos teóricos del siglo pasado, sin tomar en cuenta que el contexto social ha evolucionado desde el surgimiento de lo normado en la Constitución de 1979, el Código Civil de 1984 y la Constitución de 1993. Como producto de esta situación en la actualidad, de una proyección estadística de los datos que el INEI detalla para la evaluación de temas vinculados a la “familia peruana”, un promedio de más de cinco millones de personas en situación de convivencia, frente a los seis millones de parejas “casadas” 2. Eventualmente los datos estadísticos del INEI escapan de mayores detalles 3, porque en este tipo de situaciones no se registran casos de: a) Separaciones. b) Planteamiento de derechos económicos por parte de un convivente sobre el otro. c) Cuestionamientos al régimen patrimonial de la sociedad de gananciales generado por la propia convivencia. Factor último que es motivo de análisis en el presente texto, pero que aún no responde a la razón fundamental de porque las pare jas optan por este mecanismo de “relación” frente a la formalidad del matrimonio. I.
La convivencia en el desarrollo social del país durante los últimos cuarenta años
Nuestro país ha evolucionado en los últimos cuarenta años y producto de esta evolución se ha podido observar:
BERMÚDEZ, Manuel. Derecho Procesal de Familia. San Marcos, Lima, 2012, p. 281. MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. Situación demográca de las familias . MIMP, Lima, 2014, p. 27. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. “Nupcialidad masculina y actividad sexual; Reproducción y preferencias de fecundidad”. En: Portal Electrónico del INEI, 2008. Consultado el 04/08/2016, Recuperado de: .
GACETA CIVIL & PROCESAL CIVIL |
Nº 38 • AGOSTO 2016 • ISSN 2305-3259 • pp. 61-67
63
a) Cambios en los modelos de Estado y en los procedimientos ejecutados por distintos gobiernos. Así se ha pasado de tener dictadura a regímenes democráticos, de tener gobiernos basados en modelos de gobierno “paternalista” promovidos por una visión de “Estado de Bienestar” a gobiernos de corte económico liberal, pasando por gobiernos absolutamente inecientes y corruptos. b) Cambios en la estructura demográca del país. Durante los últimos cuarenta años se ha pasado de tener un país rural a un país urbano, en donde las ciudades se han expandido tanto en su amplitud como en la altitud de sus edicaciones en los últi mos veinte años (principalmente) Las migraciones masivas en una primera etapa han dado paso a las migraciones individuales de personas que optan por residir en otras ciudades para acceder a mejores oportunidades de vida y todo ello ha propiciado que la “realidad urbana” en una ciudad se transforme, no para bien o para mal, sino solo se transforme. c) La salida a las graves crisis sociales de los años ochenta del siglo pasado. El factor que ha incidido en mayor medida a los procesos de transformación de la familia peruana ha sido principalmente el surgimiento del terrorismo y la grave crisis económica de los años ochenta del siglo pasado. Esto provocó que la “familia tradicional” se “divida” sea por migración o por el deceso de un cónyuge y provocó el cambio de modelos familiares, generando “familias uniparentales” a cargo de las madres y posteriormente en los años noventa del siglo pasado a “familias 64
ensambladas”, primero en una etapa convivencial y luego ya en una etapa matrimonial, principalmente para “promover” el acceso a derechos a favor de la pareja. d) El cambio de paradigmas sociales, culturales y sexuales. Con el advenimiento de la “cultura combi” en los años noventa del siglo pasado, los peruanos han cambiado de paradigmas sociales, culturales y sexuales y ello se vio provocado por el surgimiento de derechos de las mujeres, en cuanto a derechos de género, que datan de elementos políticos, familiares y sexuales. Todas estas condiciones provocaron que la realidad familiar en el Perú se transforme y se generen casos en los cuales hoy es materia de análisis uno de estos aspectos pro blemáticos: el análisis de los derechos económicos de una unión de hecho propia en caso de crisis, división o separación entre los convivientes. Debemos hacer mención a esta tripartita distinción, porque los casos de “crisis” no necesariamente provocan la separación de la pareja, los casos de “división” no necesariamente generan problemas de naturaleza legal en el ámbito jurisdiccional, principalmente porque las partes desconocen sus derechos o porque procrastinan la defensa de los mismos y porque en casos de “separación”, las parejas asumen que la informalidad de su relación es un elemento negativo que les limitaría en el futuro la defensa de algún interés o derecho. II. La informalidad del sistema de información personal en el país
Complementado al elemento informal de las relaciones interpersonales que generan relaciones familiares en el país está un factor institucional que colabora en el desarrollo de
pp. 61-67 • ISSN 2305-3259 • AGOSTO 2016 • Nº 38
| GACETA CIVIL & PROCESAL CIVIL
ESPECIAL |
LAS UNIONES DE HECHO Y SU RÉGIMEN PATRIMONIAL
un contexto caótico: las principales entidades del Sistema de Registro de Información personal del país no colaboran o coordinan sus “datos”.
Comentario relevante del autor Complementado al elemento informal de las relaciones interpersonales que generan relaciones familiares en el país está un factor institucional que colabora en el desarrollo de un contexto caótico: las principales entidades del Sistema de Registro de Información personal del país no colaboran o coordinan sus “datos”.
Esto es ni Reniec ni Registros Públicos res pecto de datos personales comparten información respecto de las condiciones personales, familiares y económicas de una persona y ello se agudiza cuando en el ámbito judicial se analizan procesos judiciales vinculados a sucesiones, división de patrimonios y administración de los mismos. Todo ello porque el propio Estado no ha tomado en cuenta que la “información” es un factor de suma importancia y que las familias no toman en cuenta dicha información a nivel de registro ocial, porque la costumbre los conduce a “ocultar” información, tanto para ejecutar acciones de mala fe como tam bién por la propia ignorancia de estos procedimientos en la tutela de derechos personales o de la familia en caso de sucesión. Situación que se amplía, por ejemplo, en el caso de las propias relaciones matrimoniales donde la gestión, administración y disposición de bienes ha provocado que la Corte Suprema plantee un Pleno Casatorio para dilucidar si la disposición de un bien de la sociedad de gananciales es válido, se anula, es nulo o eventualmente es un acto convalidable, y todo ello a nes de 2015. Igualmente, en el ámbito de los divorcios, el “estado civil” modicado por la sentencia judicial debe ser tramitado por las pro pias partes sin que el juez participe, cuando en realidad por seguridad jurídica, debería ser que a raíz de la sentencia, el juez notique al Reniec la variación del estado civil de las personas ya divorciadas. Las relaciones familiares ya son informales, pero el propio Estado a través de la Administración Pública fomenta esta situación en el ámbito de la generación de información personal, registro de bienes y disposición de los
mismos y ello se agudiza en el ámbito de las relaciones convivenciales. La distorsión entre las condiciones económicas entre las partes convivenciales, el secretismo que se suele acompañar a la gestión de bienes y patrimonios y la poca comunicación sobre el manejo de dicho patrimonio ha provocado que en los últimos años el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional tengan que resolver controversias sobre esta naturaleza. III. La evaluación del régimen patrimonial en las uniones de hecho conforme algunas referencias jurisprudenciales
Ubicamos tres jurisprudencias que nos permitirán desarrollar nuestra posición: 1.
Casación Nº 2684-2004-Loreto
Representa el elemento material de la procastinación en la defensa de derechos por parte de los convivientes en el ámbito tem poral posterior a la “separación” y ello se representa en el hecho material de que las partes al estar separadas no toman en cuenta el contexto legal de los bienes adquiridos durante la convivencia y por ello la confusión de elementos jurídicos, como el de
GACETA CIVIL & PROCESAL CIVIL | Nº 38 • AGOSTO 2016 • ISSN 2305-3259 • pp. 61-67
65
copropiedad con el régimen de la gestión del patrimonio convivencial.
Comentario relevante del autor
Eventualmente el trámite ha sido generado por error en la defensa de quien plantea la casación, por cuanto, primero se debía ejecutar el reconocimiento de la convivencia para luego determinar los derechos económicos que de él se han generado y por ello la Corte Suprema ha interpretado literalmente las normas del Código Civil.
La legislación del Libro de Familia del Código Civil de 1984 se encuentra desactualizada para el contexto de las relaciones familiares de hoy en día, tanto en lo convivencial como en lo matrimonial y ello debido, principalmente, a la falta de una visión de las relaciones interpersonales en la actualidad.
Téngase en cuenta que este es el contexto generalizado en caso de separaciones entre convivientes y por ello la referencia de la casación. 2.
Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 04777-2006-PA/TC
Situación equivalente a casos de gestión de patrimonios en las relaciones matrimoniales, donde se ha constatado disposición de bienes sin que uno de los cónyuges haya tomado conocimiento, lo cual provoca que el Poder Judicial así como el Tribunal Constitucional se limiten a la interpretación de la ley.
A semejanza en casos de la división de la sociedad de gananciales en caso de nalización de la relación matrimonial, en este caso se plantea la acción deliberada del conviviente Ramiro Alvitez Caballero, con quien además de la convivencia la señora Silvia Majino de Flores ha tenido siete hijos. Sin embargo, la “condición” de la recurrente en la vía constitucional es informal, muy a pesar de acreditar las condiciones personales y familiares, no se logra establecer una condición que haga viable la acción del Tribunal Constitucional con la determinación de una sentencia a su favor y por ello se conrma la decisión del Poder Judicial. Sin embargo, del caso en análisis nos permite señalar que existen dos planos totalmente antagónicos: a) La realidad sociofamiliar de las partes en conicto; y, b) los elementos materiales registrados en elementos de hecho y derecho que se exponen en el expediente y que lamentablemente generan inconvenientes en la tutela de derechos, sobre todo de terceros no registrados en el proceso. 66
3.
Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0170-2014-PA/TC
Conforme lo detallado en el punto precedente, las partes al no tener una real percepción de los alcances de sus intereses y derechos no suelen “presentar” documentariamente todos los elementos necesarios para convalidar su posición en el proceso judicial. Ello se deduce en el caso en análisis, donde la simple evaluación de los medios probatorios determinó que el Tribunal Constitucional declare infundada la demanda, por cuanto ni son la vía para resolver la controversia (la sucesión en caso de convivencia) ni para evaluar los elementos probatorios que determinó la resolución judicial en el Poder Judicial (penúltimo párrafo del punto 2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional).
pp. 61-67 • ISSN 2305-3259 • AGOSTO 2016 • Nº 38
| GACETA CIVIL & PROCESAL CIVIL
ESPECIAL |
LAS UNIONES DE HECHO Y SU RÉGIMEN PATRIMONIAL
IV. Algunas consideraciones finales
De lo observado por la jurisprudencia tanto constitucional como ordinaria, podemos detallar algunos factores en la determinación de los derechos de naturaleza económica en las relaciones convivenciales que han nalizado: a) Las partes no cuentan con una asesoría óptima que les permita analizar los verdaderos alcances de sus intereses y derechos tanto en el ámbito económico como en lo personal. b) Uno de los grandes errores en el ámbito de la tutela de derechos de las partes que han finalizado una relación convivencial está vinculado al contexto de la “probanza” de sus posiciones, intereses y derechos así como a la falta de documentos o medios probatorios que registren sus elementos de derecho. c) La legislación del Libro de Familia del Código Civil de 1984 se encuentra desactualizada para el contexto de las actuales relaciones familiares, tanto en lo convivencial como en lo matrimonial y ello debido principalmente a la falta de una visión de las relaciones interpersonales en la actualidad.
GACETA CIVIL & PROCESAL CIVIL |
Por tanto, de la evaluación de las tres juris prudencias detalladas, consideramos que no hay error alguno en la acción del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, principalmente por error de las partes en la invocación de sus derechos. Téngase en cuenta que en el tercer caso jurisprudencial, aún si el Tribunal Constitucional hubiera querido “forzar” una acción favorable a la recurrente, el análisis del expediente judicial seguido en el Poder Judicial prácticamente hubiera anulado dicha “situación”. Referencias bibliográficas
• BERMÚDEZ, Manuel. Derecho Procesal de Familia. San Marcos, Lima, 2012. • MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. Situación demo gráca de las familias. MIMP, Lima, 2014. • INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍS-
TICA E INFORMÁTICA. “Nupcialidad masculina y actividad sexual; Reproducción y preferencias de fecundidad”. En: Portal Electrónico del INEI, 2008. Consultado el 04/08/2016, Recuperado de: .
Nº 38 • AGOSTO 2016 • ISSN 2305-3259 • pp. 61-67
67
