Tp 3 Procesal Publico cANVAS 2018

Tp 3 procesal publico 67,5 % Pregunta 15 ptos. El plazo de caducidad de la acción de amparo: Es de quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse. Es de cinco días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse Es de treinta días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue fu e ejecutado o debió producirse Es de tres días corridos a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse

Es de veinte días corridos a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado.

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Pregunta 25 ptos. Marcan el camino inicial del amparo argentino, consolidándolo como un medio apto e idóneo para la protección urgente y oportuna de los derechos constitucionales fundamentales: El fallo “Hamilton”. El fallo “ Mackeldey”. El fallo “ Kot”. El fallo “ Siri”.

El fallo “ Rodríguez”.


Pregunta 35 ptos. La acción de amparo solo procede ante lesiones, alteraciones, restricciones o amenazas a los derechos producidas por las autoridades públicas. Falso, pues también se admite el amparo contra los actos de particulares. Verdadero, pues ello surge de los arts. 1 y 2 de la ley 16.986. Este criterio restrictivo, además, fue ratificado por la reforma constitucional en el actual art. 43 de la Constitución nacional.


Pregunta 45 ptos. Según la ley 16.986 la acción de amparo no es admisible cuando: La determinación de la eventual invalidez del acto requiriese una mayor amplitud de debate o de prueba o la declaración de inconstitucionalidad de

leyes, decretos u ordenanzas. La demanda hubiere sido presentada dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse. La intervención judicial comprometiera directa o indirectamente la regularidad, continuidad y eficacia de la prestación de un servicio público, o el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado. Existieran recursos o remedios judiciales o administrativos que se permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional que se trate. El acto impugnado emanara de un órgano del Poder Judicial.


Pregunta 55 ptos. En el ámbito federal, el control de constitucionalidad es difuso; mientras que en el orden de la Provincia de Córdoba el control es concentrado. Falso. El control de constitucionalidad en la Provincia de Córdoba es mixto. Verdadero, ya que la única manera de impugnar una norma como inconstitucional en el orden provincial es a través de la acción declarativa de inconstitucionalidad.


Pregunta 65 ptos. Ante la afectación de un interés difuso, el defensor del pueblo de la Provincia de Córdoba puede promover una acción de amparo. Falso, pues en la Provincia de Córdoba, el Defensor del Pueblo no tiene reconocida legitimación procesal. Verdadero. Si bien el art. 124 de la Constitución de Córdoba no lo reconoce expresamente, resulta de aplicación directa el art. 86 de la Constitución Nacional que, en su segundo párrafo, expresamente le reconoce legitimación procesal. Ello es así porque el derecho federal tiene supremacía sobre el derecho de las provincias.


Pregunta 75 ptos. Señala cuáles características no han sido adoptadas en el control de constitucionalidad argentino. Político. Concreto. De oficio. Efectos inter partes.


Pregunta 85 ptos. Indica cuál de las siguientes opciones no corresponde a un sistema de control de constitucionalidad: Judicial. Difuso. Concentrado. Político. Extraterritorial.


Pregunta 95 ptos. El Art. 43 de la Constitución Nacional: Estableció sólo la legitimación al Defensor del Pueblo. Estableció sólo la legitimación al afectado y al De fensor del Pueblo. Estableció la legitimación únicamente al afectado. Estableció como mecanismo idóneo para la defensa de los derechos de incidencia colectiva a la acción de amparo por mora. Estableció como mecanismo idóneo para la defensa de los derechos de incidencia colectiva a la acción de amparo.


Pregunta 105 ptos. Como regla en Argentina, los magistrados federales no se encuentran vinculados por lo decidido por otros tribunales. Falso. Los efectos del control de constitucionalidad en Argentina tienen alcance erga omnes si dicho control es efectuado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello es así porque porq ue el sistema de control de las leyes, a nivel nacional, es semi-concentrado. Verdadero, pues cada tribunal ejerce su pod er jurisdicción de manera autónoma.


Pregunta 115 ptos. Frente a la afectación de un interés difuso, el afectado puede promover una acción de amparo. Verdadero, en la medida en que se cumplan los extremos generales establecidos en el primer párrafo del art. 43 de la Constitución nacional.

Falso, ya que tal facultad solo ha sido establecida en una ley del Congreso. Dicha norma, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulta inconstitucional.


Pregunta 125 ptos. Dentro del ámbito del amparo, el art. 3º de la Ley 16.986 le permite al juez: Declararse incompetente para entender en la acción de amparo Rechazar in limine la acción cuando fuera manifiestamente inadmisible.

Declararse competente para entender en la acción de amparo. Que en caso de duda debe declararse inadmisible la acción. Que en caso de duda no debe darse trámite a la acción.


Pregunta 135 ptos. Según art. 13 de la Ley de amparo, puede presumirse que los efectos de la sentencia: Produce cosa juzgada material. No produce ningún efecto material. Produce cosa juzgada formal.

Son retroactivos a la fecha de producirse el hecho o acto que dio lugar a la acción de amparo. No produce cosa juzgada.


Pregunta 145 ptos. El fallo dictado por la Corte Suprema estadounidense en el caso “Marbury versus Madison”: Es el primer precedente de la doctrina del control de las leyes por parte de los jueces. Sostiene que la Constitución se encuentra en la cima del ordenamiento jurídico, por lo que una ley contraria a la Carta Magna no es ley. Sostiene que los jueces no deben declarar qué es ley y qué no lo es, pues ellos sólo deben aplicarlas en una interpretación armónica con la Constitución.

Es el primer precedente de la doctrina del control judicial concentrado.


Pregunta 155 ptos.

El fundamento de la supremacía constitucional constitucional en nuestro país se encuentra en: La Carta Orgánica Judicial. La Ley 48. El Art. 33 de la CN. El Art. 31 de la CN.

El Art. 75 inc .22 de la CN.


Pregunta 165 ptos. La causa de esa expansión del derecho procesal constitucional proviene: Del fuerte crecimiento del hábeas data y la acción de inconstitucionalidad en Latinoamérica. De la creación en Europa de tribunales especializados en materia constitucional. De la disminución del uso del amparo como proceso constitucional en la última década en Europa y Latinoamérica. Del fuerte crecimiento que han experimentado en los últimos años los procesos constitucionales como el amparo en Europa. Del fuerte crecimiento que han experimentado en los últimos años los procesos constitucionales como el amparo en Latinoamérica.


Pregunta 175 ptos. En la Provincia de Córdoba, resulta competente para entender en procesos de amparo la Cámara Contencioso Administrativa o, en las circunscripciones del interior, las Cámaras Civiles y Comerciales de turno: Si el amparo es interpuesto contra alguno de los poderes del Estado. Si el amparo es interpuesto contra una entidad autárquica o descentralizada estatal. Si el amparo es interpuesto contra un Municipio.

En todos los casos.


Pregunta 185 ptos. El control de constitucionalidad de oficio procede: En virtud del principio “iuranovit curia” y el deber de los jueces de proteger la supremacía constitucional.

Solo cuando se encuentre comprometido un interés del Estado, el que deberá

ser acreditado oportunamente. Solo si la inconstitucionalidad ha sido advertida por el Ministerio Público Fiscal. Siempre que se efectúe en el marco de una “caso” o “causa”, de acuerdo al art. 116 de la CN.


Pregunta 195 ptos. De acuerdo al art. 43 de la Constitución Nacional,ante la afectación de un interés difuso, el afectado puede promover una acción de clase. Verdadero, ya que el art. 43 reconoce y desarrolla acabadamente las pautas para la procedencia de la acción de clase. Falso. El art. 43 guarda silencio respecto del tipo de acción de amparo que corresponde según el criterio de legitimación activa.


Pregunta 205 ptos. La Constitución de Córdoba reconoce el control de constitucionalidad por vía de acción. Falso, pues la acción declarativa de inconstitucionalidad no importa un control de constitucionalidad en sentido estricto. Verdadero, pues se reconoce la acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia.

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