UNIVERSIDAD DE LA HABANA MAESTRÍA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CONTEMPORÁNEA
TESIS DE MAESTRÍA
REPÚBLICA DOMINICANA: REPERCUSIONES DE LAS REFORMAS DEL ESTADO EN LA SOCIEDAD CIVIL (1978-1996)
Autora: Lic. Vilma Díaz Cabrera. Tutora: Dra. Digna Castañeda Fuertes.
CIUDAD DE LA HABANA 2007
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A mi familia por por su apoyo espiritual espiritual y material con el que siempre contaré. A Digna, tutora y ejemplo personal. personal. Por la ayuda invaluable durante estos siete años, quisiera algún día poder retribuir todo lo que ha hecho por mí. A Reinaldo de la Fuente, por enseñarme el camino a seguir en esta investigación. A Andrés Serbín, J. Luis Acanda, Yolanda Wood y Roberto González González por entregarme las herramientas teóricas para el e l trabajo. A la Srta. Miosotis Arias, quien siempre me motivó para continuar el trabajo. A Milagros, de la Biblioteca del Centro de Estudios de América y a la Biblioteca de mi facultad por confiar en mi y prestarme todos los materiales. A mis profesores, particularmente a Reinaldo Sánchez Porro y Eurídice González por sus consejos en la etapa final de este trabajo. A Rita Roldán, que con mucha entrega e ntrega editó y diseñó este trabajo. A Nancy, Maria Antonio y Blanco por la grata acogida y todas sus atenciones. A Zayda, Lino y Gilberto por todos sus consejos. A mis queridos queridos gemelos, Ignacio y Gustavo por apoyarme incondicionalmente con el amor y ternura que los caracteriza. c aracteriza. Muchas Gracias.
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A mi familia
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INDICE INTRODUCCIÓN…………………………….………………………………….. CAPÍTULO I. EVOLUCIÓN ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL DE REPÚBLICA DOMINICANA (1966-1986)………………..…... 1.1 El legado histórico de la crisis del 61…………………………………… 1.2 El proyecto de dominación balaguerista (1966-1978) ……………..…. 1.3 Apertura democrática del Partido Revolucionario Dominicano (19781986)…….……………………………………........... 1.4 Transformaciones generales del modelo de Estado dominicano entre 1966 y 1986 ………………………………………………………..……… CAPÍTULO II. CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO NEOLIBERAL DOMINICANO (1987-1996) …………………………………... 2.1 El retorno al autoritarismo ………………………………………………. 2.2 Consolidación del Estado neoliberal dominicano ………. 2.3 Crisis del sistema político tradicional (1990-1994) …………………….. CAPÍTULO III: SOCIEDAD CIVIL Y CAMBIOS POLÍTICOS EN REPÚBLICA DOMINICANA (1982-1996). ……………………………………. 3.1 La organización obrera y movilización de los sectores populares: primeras experiencias (1982-1986) ……………………………………… 3.2 Respuesta popular a la fragmentación sindical y las pugnas interpartidarias (1987-1993) ……………………………………………… 3.3 Labor de la sociedad civil ante los cambios políticos (1994-1996). Principales resultados. ……………………………………………………. CONCLUSIONES……………………………………………………………….. BIBLIOGRAFÍA GENERAL...…………………………………………………... ANEXOS…………………………………………………………………………..
I 1 1 12 22
35 68 68 88 95 105 105 119 129 142 146 158
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INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN El estudio crítico de los procesos de cambios o transiciones económicas, sociales y políticas ocurridas en los últimos treinta años, tiene un lugar privilegiado en la recomposición de las raíces más profundas del legado histórico de lucha de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños con el objetivo de renovar nuestra memoria histórica. Es conocido que las transformaciones globales han sido muy significativas para las perspectivas de desarrollo del Caribe, por tener en su seno economías pequeñas, dependientes, de poca actividad productiva y, por tanto, más vulnerables a los cambios mundiales. República Dominicana, país que durante siglo y medio conoció regímenes autoritarios, logró, a partir de 1978, comenzar a construir el largo y complejo proceso democrático. El estudio de este fenómeno despierta un interés particular por la naturaleza de los cambios políticos, las relaciones comerciales y la articulación de la sociedad en el nuevo orden mundial transnacionalizado. En este contexto se configuraron nuevos actores sociales que complejizaron el escenario político dominicano. La década de los ochenta del pasado siglo significó una dura batalla entre el autoritarismo y el orden democrático y resultó una etapa muy difícil para todos los dominicanos. Desde el año 1986 no se realizan en nuestro país estudios históricos sobre República Dominicana. Con el fin de actualizar dichos estudios y contribuir al fortalecimiento del vínculo cultural de nuestros pueblos, se presenta una investigación de la realidad económica, política y social de Quisqueya. Para realizar esta investigación histórica nos auxiliamos de una bibliografía, que en su gran mayoría persigue objetivos políticos, en la que encontramos diversas valoraciones de la sociedad dominicana contemporánea con escaso argumento factual. Esto nos obliga a alertar al lector respecto a que en el cuerpo de la tesis pudieran no estar precisados todos los hechos históricos que argumenten ciertas afirmaciones en determinados períodos históricos. Particularmente, en lo relativo a la evolución política y social de República Dominicana entre 1990 y 1996 no ha sido sistematizada en una investigación histórica en nuestro país. No obstante, recurrimos a I
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discursos, periódicos y páginas en Internet para informarnos de esta transcendental etapa en la historia contemporánea dominicana. La tesis estudia la experiencia de lucha y transición política dominicana entre 1978 y 1996, que nos convence de la capacidad de nuestros pueblos para readaptarse a la dinámica mundial y regional con sus influencias positivas y negativas. La importancia de este estudio no reside, exclusivamente, en analizar las consecuencias negativas del proceso de globalización neoliberal, sino que también se propone identificar y valorar aquellos mecanismos establecidos por el Estado y la sociedad civil para adaptarse a la nueva realidad. El estudio manifiesta la heterogeneidad estructural y la rigidez de los sistemas políticos, evidenciadas en el retroceso a gobiernos autoritarios, lo que hace más difícil el tránsito a la plena democracia. Con las transformaciones del capitalismo en las últimas décadas del siglo XX y la crisis del “socialismo real” se cuestionó el paradigma socio-político según el cual el partido, en tanto que organización central, sería el rector como grupo políticoprofesional y dirigente de masas. Fue así que en la búsqueda de nuevas soluciones se vertebraron movimientos sociales independientes de los actores tradicionales ( gremios, partidos políticos y sindicatos), readecuándose a las nuevas relaciones existentes. Consecuentemente, la sociedad civil pasa a protagonizar el diálogo pueblo-Estado, llenando el vacío dejado por los partidos políticos. Un ejemplo de ello fue República Dominicana1. Base para esta tesis lo constituyen las problemáticas que se mencionan a continuación:
¿Qué situación coyuntural definió el cambio de sistema político en 1978?
¿La política económica del PRD significó estabilidad general para el país?
¿Qué consecuencias sociales tuvo la adopción de los acuerdos con el FMI?
¿De qué manera reaccionó el pueblo dominicano ante la nueva función del Estado?
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En República Dominicana se difundieron las obras de Ernesto Laclau que cuestionaron no solo los supuestos del marxismo, sino también de las ciencias sociedades occidentales. Para él, el sujeto en lo adelante será el producto de proyectos de hegemonía y contrahegemonía, de conflictividad y consenso, en suma de tensión y lucha nunca terminadas y no por leyes necesarias que eran fórmulas de comprensión acerca de la realidad social. Igualmente se difundieron las ideas de Norbert Lechner quien también se interesó en la formación de los sujetos sobre la marcada relación con la política. Para más información: Pérez, César y Leopoldo Artiles. Movimientos sociales dominicanos: identidad y dilemas. Santo Domingo: Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 1992.
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¿Qué participación tuvieron los actores sociales en la búsqueda de soluciones a la crisis existente? ¿Existió complementariedad entre los actores tradicionales y los nuevos actores sociales? ¿Existió una labor conjunta entre el Estado y la Sociedad civil para desarrollar políticas de beneficio general a nivel nacional?
El modelo de democracia instaurado a partir de 1978 en República Dominicana proyectó una imagen de estabilización política y económica durante la década de los ochenta, pero en contraste a ello ocurrieron sucesivas crisis políticas y sociales. La regresión económica de 1984 reveló la ausencia de una política estatal de carácter integral. Es por ello que actores y grupos sociales a todos los niveles recurrieron a nuevas formas de movilización social que les permitieron presentar en la vida pública diversas salidas a la permanente crisis general que vivió el país. Los objetivos de esta investigación son:
Estudiar la situación socio-política y económica en República Dominicana entre 1966 y 1996. Precisar las características del tipo de Estado que emerge como consecuencia de las transformaciones económicas y sociales a partir de la década de los ochenta. Identificar los actores tradicionales y/o emergentes dentro del nuevo marco nacional. Valorar el papel de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones frente a la crisis general. Examinar y valorar las consecuencias del modelo estatal sobre la sociedad civil.
En el cuerpo de la tesis se manejan otras opiniones y se profundiza en estos y otros conceptos para poder contraponer ideas fundamentales a la hora de valorar cualquier fenómeno. A continuación se presentan los que consideramos imprescindibles para la investigación. Ciudadano :
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Las discusiones actuales sobre la ciudadanía parten del concepto de T. H. Marshall, quien amplió su definición convencional como parte de una comunidad política para abarcar sus dimensiones sociales y civiles. Cada una de estas dimensiones se sustenta en un contexto institucional: el sistema jurídico respecto a los derechos civiles, la educación respecto a lo social y el sistema electoral y de los partidos respecto a lo político. La relación entre estas tres esferas ha sido muy conflictiva. Para Marshall esta ciudadanía menguaría las desigualdades causadas por la economía y, en consecuencia, interviene en las relaciones de clase2. Podríamos afirmar que esta relación se mantendría para el Estado benefactor keynesiano, donde los derechos sociales son institucionalizados por el Estado, que a su vez, subordina algunas leyes del mercado a la justicia social. Pero la transición a la hegemonía de las empresas multinacionales y globales exacerbó las tensiones subyacentes y condujo a reorganizar los contextos institucionales que sustentaban los derechos de la ciudadanía en sus tres dimensiones. Ello se hizo más evidente con las políticas neoliberales para reducir y privatizar los servicios del Estado benefactor. Dentro de los estudios dominicanos se manejan varios modelos de ciudadanía: la ciudadanía democrática, la ciudadanía democrática radical, la ciudadanía extensa, la ciudadanía de mercado o consumo y la ciudadanía postmoderna3, en un nuevo contexto donde se establece que un contrato no es solo con el Estado, sino también con la comunidad internacional, a través de la cual, puede incluso negarse a cumplir parte de su contrato con el Estado, ya que los derechos ciudadanos trascienden el Estado Nación. Ha existido un ensanchamiento del campo de interés ciudadano y una creciente politización de temas que antes eran manejados exclusivamente por los partidos políticos. “Un ciudadano es aquel cuya actuación pública y política logra balancear los intereses propios, individuales, con los de sus grupos primarios, como la familia, y los grupos secundarios a los que pertenecen” 4 . Es decir, debe ser la conjugación armónica de los intereses individuales con los intereses de los distintos círculos de su desenvolvimiento social hasta el Estado. 2
Yúdice, George. El recurso de la Cultura. Usos de la cultura en la era global. La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 2006, pp. 192-195. 3 Para profundizar en este tema ver: Dotel, Olaya. “Modelos de ciudadanía: un acercamiento teórico”. En: Revista de Estudios Sociales, volumen XXXVI, número 134. Santo Domingo: Centro Bonó, octubre-diciembre de 2003. pp. 11-30. 4 Martínez Bulté, Fernando. “¿Cómo se forma un ciudadano?”. En: Revista Temas, Cultura Ideología y Sociedad, número 35. La Habana, octubre-diciembre de 2005, pp. 61-82.
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INTRODUCCIÓN
Democracia :
La teoría sobre la democracia tiene relación directa con las ideas y prácticas de la justicia social y de la soberanía nacional. La presencia de estos dos aspectos es crucial a la hora de evaluar el verdadero contenido democrático de los regímenes político de la región. “La democracia es el resultado de mayores niveles de modernización y riqueza, de bienestar generalizado, de valores culturales tolerantes y, finalmente, de la consecución de la independencia económica respecto a los actores externos” 5 . Según el argumento funcionalista de la democracia, se debe producir una correlación genérica entre capitalismo, democracia y modernización. Sin embargo, la adopción de medidas neoliberales han dejado el término de democracia en su aspecto formal: los procesos electorales y las estructuras del Estado, pero este ha abandonado su función asistencialista y las élites políticas emprenden procesos económicos devastadores para los sectores excluidos y para la nación misma. Estado :
El Estado, mediante el ejercicio de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) es un medio para garantizar el bien común, como quiera que el mismo se defina en diferentes momentos de la historia. “Es una relación fundamental de dominación de la sociedad, refleja generalmente, no siempre de manera adecuada, el sentido de las correlaciones de fuerzas sociales y principios dominantes y sus fundamentos estructurales de clases” 6 . La construcción del modelo de Estado debe estar en correspondencia con el desarrollo histórico de la nación, o al menos tenerlo en cuenta, en el momento de definir las instituciones, leyes y organismos que integren el Estado. Su objetivo fundamental es la organización económica y la estabilidad social del país. Como premisa fundamental para América Latina y el Caribe, la estabilidad política dependerá del grado de representatividad o no de todos los sectores políticos y sociales en el Estado y su carácter soberano. Estado neoliberal :
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Marini, Ruy M. América Latina: democracia e integración . Caracas: Editorial Nueva Sociedad, 1993. p. 78. González Casanova, Pablo (coordinador). “El Estado y la Política”. En: América Latina, hoy . México: Editorial Siglo XXI, 1990. p. 64. 6
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El estado neoliberal no elimina el intervencionismo estatal, sino que cambia la orientación y los resultados del mismo. En lugar de dirigir el apoyo estatal a la construcción nacional e incorporar por este medio los sectores nacionales o populares, el Estado se ha reorientado, económicamente, para subsidiar y promover las actividades del conjunto de sectores del capital y en términos políticos su acción es dirigida contra él mismo para destruir aspectos centrales como solidaridad sociopolítica y reutilizar esa energía política a favor de las corporaciones trasnacionales. “Hay un Estado de bienestar general para los ricos y el capital extranjero. El resto de la población debe reducir su nivel de vida (calidad de vida social, económica, cultural), tanto como su inclusión y participación políticas” 7. Sociedad Civil :
Como plantea el Dr. Jorge Luis Acanda: “La sociedad no es un conjunto yuxtapuesto de cosas, sino un sistema de relaciones. Al Estado como el conjunto de estructuras e instituciones que consolidan al poder. Al poder como principio estructurador del todo social, y por ende no únicamente en su esencia represiva, sino también y principalmente en su esencia productiva. Concibe al poder no solo ni esencialmente como dominación, sino como hegemonía, como capacidad de una clase de conformar el ambiente cultural- espiritual de la sociedad. Y a la sociedad civil no en contraposición mecánica con la sociedad política y el Estado, sino en su relación de interpenetración con ambas, entendiéndola como el conjunto de estructuras e instituciones que condicionan la socialización del individuo y la producción social de sentido, esfera de existencia de la cultura. Por lo tanto, como punto de anclaje fundamental del poder y arena por excelencia de la lucha política” 8. La bibliografía utilizada en esta investigación ha sido diversa. Por la escasez de fuentes históricas, el lector comprobará que los autores mencionados son mayormente sociólogos, antropólogos y personas que ocuparon cargos políticos en el gobierno dominicano. No obstante, se consultaron excelentes trabajos que abordan la historia dominicana y las temáticas seleccionadas para desarrollar este estudio. Desde el punto de vista teórico “Sociedad Civil e Integración Regional ” es el título de un libro integrado por una serie de 7
Saxe-Fernández, John. Globalización: crítica a un paradigma. México: Plaza Janes, 1999. p. 330. Acanda, Jorge Luís. Sociedad Civil y Hegemonía. La Habana: Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana “Juan Marinello”, 2003. 8
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artículos que tienen como objeto central el análisis de la sociedad dentro del proceso de integración regional desde diferentes perspectivas. Coordinado por Francis Jácome y Andrés Serbín, el material brinda una serie de conceptos generales conformados a partir de situaciones que han tenido lugar en países caribeños. Cada artículo aporta la experiencia nacional mezclada con las similitudes que se pueden presentar en la región. Es así como el ejemplo de República Dominicana se manifiesta como uno de los más problemáticos en cuanto al análisis de temáticas sociales. Por otra parte, para identificar diferentes tipos de actores sociales y sus posibles modos de organización, el trabajo de Álvaro de la Ossa, “Gran Caribe: mecanismos para profundizar la participación de los actores sociales “ es excelente por el grado de precisión. Expone causas, avances y limitaciones dentro de un marco nacional. “Cultura, sociedad y cooperación” , libro coordinado por Antonio Gaztambide-Geígel y Rafael Hernández, y “Sociedad civil y Hegemonía ” de Jorge Luis Acanda constituyen referencias obligadas para cualquier trabajo que aborde estas temáticas, por la claridad con que expresan los elementos y la audacia al tratar temas que por su actualidad aún pueden resultar controvertidos. Como resultado de una investigación que se dirigió a identificar las divergencias entre Estado y Sociedad Civil desde la política pública, en el año 2001 la Universidad Metropolitana Azcapotzalco, México, publicó el libro “Políticas Sociales y Nuevos Actores” . La importancia de este trabajo reside en identificar a la sociedad civil como agente económico dentro de las relaciones socio-políticas. En el campo específico de los estudios sobre movimientos sociales9 populares en República Dominicana se contó con los aportes pioneros de Marcos Villamán y Vanna Ianni, que trataron de manera sistemática el problema de los movimientos sociales. En sus trabajos ambos autores observaron la reformulación de utopías, la pluralidad de los sentidos de la política y la emergencia de nuevos sujetos sociales del país. En el caso de Villamán se manifiesta una característica peculiar: además de sociólogo es teólogo, y en esta condición se identifica con la corriente de la Teología de la Liberación. De ahí la 9
En el ámbito latinoamericano se encuentra a Paulo Freire desde su punto de vista educativo y antropológico y a Pedro Jacobi en el ámbito político. Asimismo, como fundadores en esta corriente pionera de los años ochenta y principios de los noventa, se encuentran los estudios de Eugenio Tirón, Elizabeth Jelin, Fernando Calderón.
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particular penetración del elemento religioso, al cual ha dedicado estudios específicos. A Vanna Ianni se le deben los primeros análisis socio-políticos de las coyunturas donde surgieron los movimientos sociales urbanos, así como las valiosas investigaciones de campo con variados aportes a la ciencia social dominicana y, a nuestro juicio, al estudio de la cultura política dominicana. Herederos de estos estudios en una realidad más contemporánea son César Pérez y Leopoldo Artiles, quienes analizaron críticamente la labor de los movimientos sociales y sus dilemas, destacando la nueva rearticulación con los partidos políticos y los sindicatos. En 1990 identifican la existencia de una sociedad civil no consolidada. Muestran las conexiones entre los supuestos actores exclusivamente sociales con los tradicionales del sistema político, lo que nos ayudó a comprender que en la realidad dominicana la sociedad civil no es otra cosa que la ciudadanía interesada no sólo en sus necesidades particulares, sino dispuesta a la búsqueda de un sistema político más democrático. El estudio “La cultura de la pobreza” por Jorge Cela s.j. nos alertó del nacimiento de otra parte de la sociedad dominicana. Me refiero a los marginados que desarrollaron una cultura de la pobreza configurada por ellos mismos en un mundo paralelo al de la ciudad. Su mundo era el barrio popular y muchas veces no comprendieron que no existían dos mundos, sino que el orden establecido los excluía y marginaba. Varios historiadores latinoamericanos que se han dedicado al estudio de la realidad dominicana, entre los cuales podemos mencionar a Pablo Mariñez, Rosario Espinal y Wilfredo Lozano, han valorado el proceso democrático en República Dominicana con una mirada crítica hacia el sistema institucional, las fuerzas armadas y la sociedad civil. Particularmente los trabajos de campo de Rosario Espinal nos ayudaron a identificar varias etapas de la sociedad civil y la manera que se fue estableciendo el diálogo con el Estado. Pablo Mariñez y Wilfredo Lozano valoran el proceso democrático desde la óptica de cómo el Estado ha manejado el tema de la soberanía nacional y la función de las fuerzas armadas en el país. Todos han estudiado con profundidad los cambios institucionales, reformas electorales y apertura democrática en determinadas coyunturas. No contamos con un trabajo más general que abarque en su conjunto la etapa de
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transición democrática con una perspectiva más amplia y que incluya la evolución del Estado y sus incidencias hacia la sociedad civil. Los análisis de coyuntura fueron los trabajos más difundidos que abordaron la realidad dominicana. El Centro Bonó y la Fundación Juan Montalvo surgen en los años ochenta a partir del esfuerzo de un grupo de intelectuales por realizar trabajos críticos sobre dicha realidad. Fundaron la Revista de Estudios Sociales, que resultó nuestra principal fuente de información y en la que confluyen trabajos de diversa índole y valoraciones diferentes acerca de la situación social, económica y política. De igual manera, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad Pontificia Católica y Madre de Santo Domingo difunden resultados de investigación de campo acerca de la realidad rural y citadina de Santiago de los Caballeros y otras provincias del país, que nos mostraron que los cambios sociales no eran asuntos exclusivos de la capital. En este sentido se destacan los trabajos de Pavel Isa Conde y Mercedes Contreras, que realizaron un estudio actualizado sobre el estado de equidad en República Dominicana. Otra institución de colosal importancia para nuestra investigación fue el Centro de Investigación Económica para el Caribe (CIECA), que presenta estudios acerca de la importancia de República Dominicana en el Caribe y las nuevas relaciones que se establecen con CARICOM en 1992. En República Dominicana los estudios vinculados a esta temática fueron productos naturales de la propia construcción del proceso político. Los análisis marxistas de Roberto Cassá sobre modo de producción, clases sociales y régimen político son muestra de ello. En el rescate de las fuentes estadísticas para observar la evolución de la economía dominicana durante todo estos años y valorar los principales rubros económicos nos auxiliamos de los trabajos sobre Desarrollo Humano del PNUD, la UNICEF y la FAO, entidades de la Organización de Naciones Unidas reconocidas por todos los sectores sociales y referenciadas en diferentes trabajos de investigación. No obstante, cuando fue necesario nos auxiliamos de otras fuentes estadísticas en temas como pobreza, agricultura y educación, con el objetivo de lograr problematizar el fenómeno y no caer en opiniones no consensuadas.
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En Cuba contamos con escasas fuentes. En este sentido solo pudimos auxiliarnos de los estudios del historiador Haroldo Dilla y los ensayos económicos del investigador Félix Calvo, quienes estudiaron la coyuntura política dominicana en la etapa 1982-1986. Haroldo Dilla nos permitió realizar una primera mirada al fenómeno. Son de destacar las numerosas fuentes periodísticas utilizadas y la acertada mirada al futuro, cuando planteaba que en República Dominicana se empezaba el camino hacia el establecimiento del Estado de corte neoliberal y observó las modificaciones que tuvieron los principales partidos políticos en su seno. Por último, debido a la actualidad del tema y la escasa bibliografía existente en el país, realizamos una exhaustiva búsqueda en páginas de Internet, que nos brindaron información al respecto, y consultamos, asimismo, los diarios Listín Diario , Hoy y El Caribe en su versión electrónica. El trabajo está estructurado en introducción, tres capítulos, conclusiones, bibliografía y anexos. Los dos primeros capítulos están dedicados al estudio de la evolución económica, social y política de República Dominicana entre 1966 y 1986. El primer capítulo comienza en 1966, cuando República Dominicana estabiliza su vida republicana. El gobierno de Joaquín Balaguer estableció como política económica el desarrollo de la industria nacional para eliminar la dependencia del país a las importaciones foráneas y propició jugosas ganancias a sectores emergentes de la burguesía que se vincularon a la actividad financiera. Paralelamente, Balaguer crea las condiciones para la entrada al país, a gran escala, de las inversiones extranjeras. Todo este proceso estuvo dirigido y supervisado por el Estado y contó con la estabilidad política del país, lograda por el pacto de dominación entre Balaguer y las clases dominantes, que cedieron su protagonismo político a cambio de lograr una tranquilidad social que permitiera construir lucrativos contratos de interés para su clase. Ello fue posible también por el apoyo que el campesinado le brindo a Balaguer, quien controló a las fuerzas armadas y reprimió cualquier acción contraria a su política. Sin embargo, la crisis económica de finales de los setenta propició las condiciones necesarias para que el Partido Revolucionario Dominicano, líder histórico de la oposición política a Balaguer, ganara las elecciones en 1978. X
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Desde el inicio existió la intención de desmontar el modelo de estado de Balaguer y crear un marco propicio para el establecimiento de la democracia. Los gobiernos del PRD: (1978-1982) y (1982-1984) constituyeron periodos políticos muy inestables. El proyecto económico Modelo de Demanda Inducida no tuvo éxito y, en consonancia con la política de Estados Unidos para la región del Caribe, se adoptaron las principales medidas económicas para transitar al Estado neoliberal. En 1982 y 1984 se firmaron los primeros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, la economía dominicana adoptó los términos comerciales de Estados Unidos y desarrolló las zonas francas, en el marco de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. El Estado creó espacios de participación política, pero reprimió abiertamente las huelgas obreras y populares durante los años ochenta. La gestión gubernamental del PRD no estuvo en correspondencia con su labor histórica hasta 1978, muestra de ello es la escisión de este partido en 1974 y el nacimiento del Partido de la Liberación Dominicana con Juan Bosch como líder e integrado por políticos comprometidos con el pueblo dominicano y en desacuerdo con la dirigencia del PRD, que comenzaba a acercarse a los sectores conservadores de la política dominicana y a los círculos liberales de Estados Unidos. Alejado el PRD de las masas populares, apoyó al Consejo Nacional de Hombres de Empresa (CNHE), para delinear un proyecto económico que desmontó la tradicional economía dominicana y adoptó la economía de servicios, el turismo y las zonas francas. El elemento que difiere de la anterior gestión de Balaguer es que ahora el capital transnacional actúa libremente en la economía dominicana y el Estado posibilitaba los marcos institucionales para la libre acción del mercado. Todo este proceso fue asimilado y rápidamente utilizado por Balaguer para ganar las elecciones de 1986. Con este giro político comienza el segundo capítulo. El presidente criticó la gestión gubernamental del PRD y se auxilió de la Iglesia Católica y la moral de la nación para recordar a la población sus doce años de gobierno, donde República Dominicana tuvo indiscutibles avances. El escenario social era diferente. Balaguer, a cambio de mantener el poder político, permitió total libertad al CNHE para consolidar el proyecto económico. En 1991 y 1993 se firman nuevos acuerdos con el FMI, que renegociaron el pago de la deuda externa. El presidente no abandonó ciertas acciones de beneficio social (construcción de viviendas y carreteras, disminución de la inflación, austeridad en los precios de los consumos y salarios), pero privatizó aquellas empresas XI
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que ofrecían servicios públicos esenciales. Balaguer manejó a su favor las elecciones de 1990 y 1994. Esto trajo como consecuencia una crisis de gobernabilidad, donde la población exigió reformas al Estado. Durante la investigación nos percatamos de que, desde 1982, la sociedad dominicana se transformó con el nacimiento de nuevas formas de organización y asociación sociales y políticas, al margen de los actores tradicionales del sistema político. Todos los sectores de alguna manera protestaron ante la constante crisis económica y política. Así, a partir de experiencias de lucha sindical, social y partidaria, se consolidó una sociedad civil que atravesó diferentes etapas, donde la ciudadanía se organizó según su actividad económica, de género o asuntos barriales. Este es el objetivo fundamental del tercer capítulo. En él identificamos tres etapas fundamentales: 1982-1986, 1987-1993 y 19941996. En la primera etapa se destacaron las centrales sindicales y, como particularidad, surgen las primeras organizaciones populares. Entre ellas resalta el papel de los Comités de Luchas Populares, que protagonizaron el primer estallido social nacional en abril de 1984 junto a la Unión General de Trabajadores Dominicanos y a la Central Unitaria de Trabajadores. Estas primeras experiencias de lucha estuvieron permeadas por la espontaneidad y la división sindical. El saldo de esta primera coyuntura fue el distanciamiento acentuado entre todos los actores, lo que permitió el dominio del espacio político por Balaguer al retornar a la presidencia. La segunda etapa brindó mejores frutos a la lucha social. En este período las huelgas nacionales fueron impresionantes. Como elemento novedoso se observa la participación de la clase media y el surgimiento de otras organizaciones más consolidadas, por ejemplo, Participación Ciudadana y Confederación Nacional de Organizaciones Populares. En esta etapa es importante señalar dos características fundamentales: la vinculación del Partido de Liberación Dominicana con las masas populares, el cual dirigió dos huelgas nacionales en 1990 que exigieron la renuncia del presidente, y el papel de la izquierda, a pesar de sus polémicas internas respecto a la lucha de clases y la revolución inminente facilitó que muchos militantes se incorporaran a las huelgas y varias de sus organizaciones dieran respaldo oficial al Colectivo de Organizaciones Populares. XII
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Hacia 1992 el pueblo depositó sus esperanzas en el relevo generacional de 1994, que no se hizo realidad hasta 1996. En esta última etapa se conquistan las primeras reformas políticas y sociales como fruto de la labor de la sociedad civil. Las más significativas fueron la reforma constitucional, la reforma al sistema legislativo, la elección de una nueva Junta Central Electoral, la reforma al Código Laboral, el Plan Decenal de Educación y el proyecto de Salud Nacional. Finalmente, en las conclusiones se realiza una valoración de los cambios fundamentales del Estado dominicano en la etapa estudiada.
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INTRODUCCIÓN
Siglas utilizadas en el trabajo. MIU Movimiento de Izquierda Unida. PCD Partido Comunista Dominicano. PCT Partido Comunista de los Trabajadores. PLD Partido de la Liberación Dominicana. PRD Partido Revolucionario Dominicano. PRI Partido Revolucionario Institucional. PRSC Partido Reformista Social Cristiano. PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos. UNC Unión Cívica Nacional. UPA Unión Patriótica Antiimperialista. CASD Confederación Autónoma Sindical Clasista. CGT Central General de Trabajadores. CNTD Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. CUP Consejo de Unidad Popular. CTC Central de Trabajadores Clasistas. CTI Central de Trabajadores Independientes. CTM Central de Trabajadores Mayoritaria. CTP Central de Trabajadores Progresistas. CTU Central de Trabajadores Unitarios. CUT Central de Trabajadores Unitarios. FALPO Frente Amplio de Lucha Popular. SITRACODE Sindicatos de Trabajadores de la Compañía Dominicana de UGTD Unión General de Trabajadores Dominicanos.
Electricidad
ICC Iniciativa para la Cuenca del Caribe. AID Agencia Interamericana de Desarrollo. PNUD Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. ONG Organizaciones no Gubernamentales. CARIFORO Foro Social Caribeño XIV
INTRODUCCIÓN
CARICOM
Caribbean Community (Comunidad del Caribe).
Gobiernos de República Dominicana (1961-1996). Joaquín Balaguer (agosto de 1960 a diciembre de 1961) Francisco González Cruz, presidente de las Fuerzas Armadas ( 1 de octubre de 1961 a 8 octubre de 196) Consejo de Estado: presidido por Joaquín Balaguer (del 1 al 16 de enero de 1962) Junta Cívico Militar: presidida por Humberto Bogaert ( del 16 al 18 de enero de 1962) Consejo de Estado: presidido por Rafael F. Bonnelly (del 18 de enero de 1962 al 27 de febrero de 1963) Juan Bosch (27 de febrero al 25 de septiembre de 1963) Golpe de Estado y establecimiento de una Junta Provisional de Gobierno: formada por oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, 25-26 de septiembre de 1963 Triunvirato: presidido por Emilio de los Santos, miembros Manuel Tavares y Ramón Tapia Espinal. También fungió como presidente Donald Reid Cabral Comando Militar Revolucionario encabezado por Vinico Fernández Pérez, Giovanni Gutiérrez Ramírez, Francisco Caamaño Deñó, Eladio Ramirez Sánchez y Pedro Bartolomé Benoit (25 al 27 de abril) Junta Militar, presidida por Bartolomé Benoit (del 1 al 7 de mayo de 1965) Francisco Caamaño Deñó (mayo a septiembre de 1965) “Gobierno de Reconstrucción Nacional” presidido por Antonio Imbert Barreras, Bartolomé Benoit, etc (mayo a agosto de 1965) Héctor García Godoy, presidente provisional (septiembre de 1965 a julio de 1966) Joaquín Balaguer, presidente (julio de 1966 a agosto de 1970) Joaquín Balaguer, presidente (julio de 1970 a agosto de 1970) Joaquín Balaguer, presidente (julio de 1970 a agosto de 1974) Joaquín Balaguer, presidente (julio de 1974 a agosto de 1978) Silvestre Antonio Guzmán Blanco, presidente (agosto de 1978 a junio de 1982) Jacobo Majluta, presidente (junio de 1982 a 16 de agosto de 1982) Salvador Jorge Blanco, presidente (agosto de 1982 a agosto de 1986) XV
INTRODUCCIÓN
Joaquín Balaguer, presidente (agosto de 1986 a agosto de 1990) Joaquín Balaguer, presidente (agosto de 1990 a agosto de 1994) Joaquín Balaguer, presidente (agosto de 1994 a agosto de 1996) Leonel Fernández, presidente (agosto de 1996 a agosto de 2000)
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CAPÍTULO II
CAPÍTULO I. EVOLUCIÓN ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL DE REPÚBLICA DOMINICANA (1966-1986) 1.1 El legado histórico de la crisis del 1961 El lustro que media entre la caída del dictador Rafael Leonidas Trujillo (1961) y el inicio del gobierno de Joaquín Balaguer (1966) debe ser analizado desde dos dimensiones: el pluralismo político y la participación popular. La articulación entre ambas permite comprender la complejidad de la época y la influencia que tuvo en los gobiernos posteriores a 1966. La adopción del pluralismo político como principal consecuencia de la caída del régimen solo se cumplió para los partidos del sistema (Unión Cívica Nacional10, Partido Dominicano, Partido Revolucionario Dominicano11), pero no para la izquierda marxista, que fue proscrita y sus dirigentes más destacados enviados al exilio bajo vigilancia del Consejo de Estado que gobernaba el país12. A su regreso, los exiliados fueron recibidos por los miembros del Movimiento 14 de junio con todo respeto por su pasado glorioso, pero esta admiración no bastó para lograr la alianza política. El PSP, que contaba con el apoyo de líderes estudiantiles como Asdrúbal Domínguez Guerra, no logró el apoyo de un estudiantado, que estaba identificado con el discurso de Manolo Tavárez Justo; en el 10
La Unión Cívica Nacional: fundada el 11 de julio de 1961, formada por miembros de la alta clase anti-trujillista y por jóvenes de tendencias radicales, propugnaba la vía de la destrujillización del país como tarea central del momento. A mediados de 1962 se convirtió en partido político presentando un programa de democracia restringida, lo que provocó la salida de muchos miembros de la Agrupación Política 14 de julio que tenían la doble militancia. Muy cercana a la interpretación de Estados Unidos sobre el rumbo que debía seguir República Dominicana, la Unión Cívica Nacional se definió como opositor al PRD (portador de un discurso populista), pero sus propuestas conservadoras pronto la situaron en desventaja con el PRD, con el cual contendió electoralmente en 1962. Derrotada, motorizó la conspiración que culminó con el golpe de Estado en septiembre de 1963. Aunque muchos de sus miembros siguieron activos en la política, su convivencia con el gobierno de facto anuló definitivamente la relevancia de este partido. En las elecciones de 1966 su candidatura apenas obtuvo 16,152 votos. Cordero, Margarita. “Notas sobre la historia de los partidos modernos”. En: Estudios Sociales, año XX, número 89/90 . Santo Domingo, julio-diciembre de 1982, pp. 38-39. 11 Fundado en La Habana en 1941 por un grupo de exiliados políticos de la dictadura de Trujillo. La organización defendía un proyecto de reformas democráticas. La primera convención del PRD, que reunió delegados de todo el país, designó a Juan Bosch y Buenaventura Sánchez Félix para la presidencia y vicepresidencia del país respectivamente en octubre de 1962. La convención fue siempre el método que utilizó este partido para escoger sus representantes. José A. Aquino. Ob. cit, p. 405-425. 12 Gleijeses, Piero. La crisis dominicana . México: Fondo de Cultura Económica, 1984. p. 65.
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ámbito sindical, dicha agrupación izquierdista sólo logró ser aceptada por sindicatos de segundo orden, llamados viejos, que parecían inadaptados a la realidad dominicana13. La Unión Cívica Nacional, que –en todo momento- negó ser un partido político, era en realidad una herramienta de los miembros de la clase alta dominicana, y el instrumento que habrían de utilizar para hacerse del poder. Desde la oposición, fue refugio de extrujillistas que se autoproclamaban anticomunistas y “respetables líderes maduros”14. Por su parte, el Partido Dominicano de la Era de Trujillo, sólo había existido, desde sus comienzos, para servir al amo . A la muerte del Jefe, la desorganización partidaria debilitó su poder. Después de la derrota de los hermanos del tirano ofrecieron su apoyo a Balaguer, pero sostener este partido era para Balaguer mantener viva la presencia ideológica del dictador en tiempos antitrujillistas. La labor del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) merece especial atención por su vinculación con las masas populares, posición que defenderá por considerar que la democracia no debía limitarse a la representatividad a nivel político-electoral, sino que debía transformar la situación social y económica en Quisqueya. Juan Bosch15, como presidente, tenía la perspectiva de ir más allá que desmantelar el imperio de Trujillo 16. Según el destacado intelectual, debido a la intensa presión internacional ningún gobierno provisional podía impedir elecciones libres en 1962, mientras tanto, “nuestro objetivo político no podía ser la conquista del poder, sino más bien la movilización del pueblo, y nos dábamos cuenta de que esto tomaría un largo tiempo” 17 . La interpretación del presidente Bosch sobre el modelo democrático para el país se manifiesta cuando el 16 de julio de 1963 expresó:
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Ibidem, p. 67. Ibidem, p. 68. 15 Juan Bosch (1909-2001). Sin duda alguna unas de las grandes personalidades dominicanas del siglo XX. Comparado muchas veces con Juan Pablo Duarte al vivir varios exilios políticos que no le impidieron construir su carrera política y ser reconocido como el presidente que verdaderamente ha instaurado un gobierno democrático en República Dominicana, frenado constantemente por el gobierno norteamericano en complicidad con los sectores conservadores del país se postula para presidente en 1966, 1970, 1982, 1986 y 1990, momento en el cual resulta elegido por el pueblo pero el fraude electoral permitió que Balaguer gobernara por cuatro años más. No obstante, su labor política a través del Partido de la Liberación Dominicana es reconocida como referencia obligada para todo cuadro político de la nación. Muere en el año 2001. Prieto Rozos, Alberto. Ideología, Economía y Política en América Latina: siglos XIX y XX . La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 2005, p. 163. 16 Bosch, J. Crisis de la democracia , p. 17. Citado por Gleijeses, Piero. 61 17 Bosch, J. Crisis de la democracia , p. 17. Citado por Gleijeses, Piero. 66. 14
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“pase lo que pase no permitan que este país vuelva a comprometerse en contratos con empresas refinadoras de petróleo, no permitan que la tierra dominicana vaya a manos extranjeras, no permitan que sigan los latifundios campeando por sus respetos y que los campesinos sin tierra estén recorriendo los caminos muriéndose de hambre para venir a las ciudades a pedir con la mano extendida un pedazo de pan con qué comer, luchen por la independencia de República Dominicana, pero luchen también por el mantenimiento de las libertades públicas, ¡dominicanos, mientras nosotros gobernemos en este país no perecerá la libertad!” 18 . Estas palabras, que constituían un llamado a la juventud nacional, representaban la defensa de los principios democráticos que trataría de hacer realidad durante su gobierno. La importancia del voto campesino fue eje fundamental de la política del PRD para captar el apoyo de las masas. En el campo recabó información acerca de las necesidades locales de cada comunidad. Se creó la Federación Nacional de Hermandades Campesinas y, desde allí, Bosch realizó una campaña poco ortodoxa, realizando visitas sin previo aviso y sin que los medios de comunicación dieran cuenta de sus actividades19. La necesidad de lograr el apoyo del pueblo y combatir la ausencia de participación popular en la toma de decisiones colectivas en esta etapa no sólo fue objetivo político del PRD. Los sectores populares por sí mismos desarrollaron un importante movimiento de masas en las luchas por la expulsión de los últimos remanentes del trujillismo e instaurar un régimen democrático. La huelga general contra Balaguer, el 27 de noviembre de 1961, estalló impulsada por una cantidad de asociaciones pro-cívicas, apoyadas por la UCN y el Movimiento 14 de Junio, con amplio respaldo urbano. Los estudiantes, pro-catorcistas, proporcionaron las tropas de choque que batallaron en las calles20. Este hecho sólo fue el punto de partida para todo un movimiento de masas, que aunque no reconocido por las fuerzas conservadoras, fue campo de batalla de organizaciones avanzadas en sus concepciones democráticas y revolucionarias. La institución que más se destacó en este sentido fue el Movimiento 14 de Junio y su líder Manuel Aurelio Tavárez Justo (Manolo). Esta organización, autodefinida como un movimiento conspirativo de 18
Raful, Tony. Movimiento 14 de junio. Historia y documentos. Santo Domingo, República Dominicana, 2007. p. 332. Raful, Tony. Ibidem, p. 333. 20 Gleijeses, Piero. Ob cit, p. 66. 19
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guerrilla, decidido a combatir de la dictadura, presentó el programa más avanzado para la época21. Sin embargo, dicha organización consideraba que en las circunstancias que vivía el país, era necesario asegurarse de eliminar para siempre cualquier vestigio de Trujillo. Por ello, luchó siempre contra el establecimiento del poder de Balaguer y no aceptó formar parte de un gobierno de coalición propuesto por el presidente. El 9 de agosto de 1961, en una entrevista de Radio Caribe al Movimiento 14 de Junio, su vocero Félix Acosta Núñez expresó: “el momento político es grave en razón de las complejidades que determinan la postura intransigente de los sectores negativos del gobierno por mantenerse en el poder, por los mismos métodos de opresión característicos de un régimen de fuerza (…) la postura del M-14-JUNIO de rechazo a la violencia y a los extremismos, tanto de la izquierda como de la derecha. Pero debo expresar aquí que los regímenes de fuerza han usado abusivamente pretextos para sofocar los anhelos democráticos del pueblo o para excluir de la lucha política a diferentes sectores de la oposición que no son de conveniencia de los gobiernos de turno”. Más tarde, Manolo expresó: “es imposible que Balaguer sea al mismo tiempo candidato de transición de todas las fuerzas políticas diciendo que no había condiciones para la celebración de unas elecciones libres y sea candidato y oposición del mismo gobierno” 22 . El rechazo a formar para de este gobierno23 y el llamado a formar parte de un Gobierno de Unidad Nacional24 refuta cualquier afirmación que manifieste la ausencia de un programa 21
El programa incluía la derogación de todas las instituciones políticas y militares de la dictadura y establecer un Gobierno Provisional que convocara a una constituyente con la participación del pueblo. Establecer la Reforma Agraria, garantizar la libre organización de la clase obrera, iniciar una campaña de alfabetización, establecer un amplio sistema de seguridad social, desarrollar y proteger la industria nacional, expropiar a favor del Estado todas las propiedades del tirano y de personas que hayan estada bajo el amparo de este. Revisar todas las concesiones hechas al capital extranjero que sean lesivas para la soberanía popular, reformar el sistema tributario y desarrollar una política económica tendente a asegurar las posibilidades de empleo. En cuanto a la política exterior, apoyaba la democracia representativa y la convivencia pacífica y ayuda mutua entre los pueblos del Caribe y Centroamérica. Raful, Tony. Ob. cit, pp. 77-81. 22 Raful, Tony. Ob. cit, p. 153. 23 Ver Carta al presidente Balaguer, fechada el 9 de octubre de 1961, citado por Raful, p. 159-161. 24 Discurso de Manolo Tavárez Justo el 16 de noviembre de 1961 . La línea inquebrantable del 14 de Junio se definió en noviembre de 1961 cuando al denunciar la labor de Balaguer -que hasta ese momento no había hecho nada por el pueblo dominicano- realizó un llamado nacional a formar un Gobierno de Unidad Nacional que tenga como programa la elección de un presidente por las agrupaciones opositoras que sustituyera al presidente Dr. Joaquín Balaguer y la creación de una Junta de 6 miembros donde estuvieran representadas las Fuerzas Armadas a través de un alto oficial previamente seleccionado 24. Fue así que la Asamblea Nacional del Movimiento 14 de Junio repudió el proceso electoral
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político de dicha organización. Los discursos pronunciados por diferentes líderes de la organización en Santiago y la capital demostraron la madurez política y social del movimiento. Además, muchos sacerdotes, entre ellos, el padre Daniel Cruz Inoa dirigente de Acción, Clero y Cultura apoyaron las acciones clandestinas de la organización desde 195925. Ante la conmoción social que provocó la tortura a que eran sometidos jóvenes progresistas en la cárcel “La 40”, la Iglesia Católica redactó un trascendental documento, La Pastoral de 196026 donde pedía tolerancia y clemencia para los involucrados. Este documento sacudió los cimientos de la dictadura por cuanto cuestionaba el derecho despótico de Trujillo y criticaba los hechos terribles de la dictadura, en los últimos tiempos27. Aunque no podamos afirmar el apoyo de la Iglesia al Movimiento 14 de Junio, la labor social de las misas y fiestas religiosas favorecieron mucho la acción social en esta etapa. Cuando en 1962, el Consejo de Estado estableció la celebración de elecciones libres participaron todas las fuerzas políticas existentes. El apoyo del Movimiento 14 de Junio al PRD unió a una gran mayoría del pueblo en contra de Unión Cívica. En este momento Manolo expresó: “Si el PRD no defrauda al pueblo ni compromete el destino de la revolución de liberación nacional, habrá cumplido su papel histórico y la misión política que se ha impuesto. Si traiciona los esfuerzos del pueblo el 14 de Junio estará como siempre a la vanguardia de la lucha, ya que como revolucionarios, nuestro deber es hacer la revolución” 28 . La contienda no se mostraba nada fácil, además de la crisis política dominicana la situación económica del país era extremadamente grave. En un país esencialmente que se celabró el 20 de diciembre de 1962 y llamaba al pueblo a no dejarse engañar y convertirse en cómplices de unas elecciones espurias y apoyar la solución patriótica de crear un gobierno de unidad nacional. 25
Raful, T. Ob. cit, p. 98. Este documento, redactado por varios sacerdotes fue firmado el 25 de enero de 1960 por varios Arzobispos y leído el 1 de febrero en cientos de iglesias atestadas de feligreses. Entre los Arzobispos más importantes se encontraba Ricardo Pittini, Octavio Beras, Tómas Relly, Juan Pepén, Hugo Polanco Brito y Leopoldo Panal. Ibidem, p. 99. 27 Meses atrás, cuando la Iglesia denunció la dictadura Trujillo, este presionó al padre Zenón para que el Vaticano lo nombrara como benefactor de la Iglesia. Dicha acción como era de esperarse cayó en el vacío. A partir de entonces el conflicto Iglesia-Trujillo se manifestó cuando en carta a Balaguer fechada 2 de febrero de 1961, la Iglesia expresó que “el título de Benefactor descansa en tanta sinceridad, y cimiento conceptos bañados de espontaneidad que nadie sensible a los halagos de su carta pidiendo que se le otorgue el título al Generalísimo puede olvidar que también la Iglesia ha sentido las acciones de este desconcertante varón”. Ibidem, p. 97. 28 Discurso de Manolo Tavárez después de resultado electoral. Raful, Tony. Ob. cit, p. 294. 26
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agrícola, con una población eminentemente rural (60.9%), los campesinos no poseían siquiera la pequeña parcela que labraban. La presencia del latifundio y del minifundio, como formas básicas de tenencia de la tierra, no permitían el aprovechamiento de las capacidades productivas de la tierra, por lo que las explotaciones agrícolas eran de baja rentabilidad. Esta situación provocaba que los campesinos, en busca de mejoría económica, se traladaran a la ciudad, en condiciones aún más deplorables. Bajo Trujillo había comenzado la industrialización, pero ésta no benefició al mercado nacional, las materias primas eran importadas y la tecnología era ociosa que, además, utilizaba fertilizantes sumamente costosos. Al mismo tiempo, el gobierno siguió una “deliberada política de mantener al pueblo en la ignorancia y de cerrar el camino a los jóvenes que querían ir a un instituto de enseñanza superior o escuelas técnicas” 29 . Con el fin de la Era de Trujillo, todas las propiedades de la familia pasaron al Estado pero, quienes las dirigían ya no estaban y gradualmente la rentabilidad económica fue nula por una dirección ineficiente30. Otro grave problema era la corrupción sin freno. En República Dominicana el poder había sido un medio para procurarse ventajas. Aunque sin llegar al extremo de Trujillo, después de 1960 hasta el momento en que Bosch llega a la presidencia el autoenriquecimiento era orden del día31. Por eso, la batalla de Bosch era en todos los frentes. Fue acusado de comunista cuando no lo era y de demagogo por los llamados cívicos. Los titulares de los periódicos decían “Comunistas y Trujillistas se unen en el partido de los Demagogos”32. La UCN no se contentó con acusar a Bosch de marxista-leninista, sino que describió al PRD como “el último recurso de los comunistas en su puja por apoderarse del país” 33 . En palabras del propio Bosch cuando fue acusado de traer a República Dominicana la lucha de clases, replicó: “La lucha de clases, y el odio de clases, han existido siempre en Santo Domingo, pero fueron utilizados únicamente en beneficio de la gente de primera, mientras el pueblo,
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Gleijeses, Piero. Ob. cit, p. 79. Ibidem, p. 81. 31 Ibidem, p. 81. 32 Ibidem, p. 97. 33 Ibidem, p. 96. 30
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que era la víctima, era inconsciente de la injusticia o no veía otra elección que la de aguantar” 34 . El nacimiento de un gobierno democrático parecía coronar para siempre la fórmula democrática de una libertad política con plena participación popular. La presidencia de Bosch era la victoria de los campesinos, los desempleados urbanos, los trabajadores empobrecidos y la abrumadora mayoría de la clase media baja. Contra él, la minoría oligárquica, los extremistas de izquierda y los socialcristianos. El apoyo histórico del gobierno al Movimiento 14 de Junio enriqueció el proyecto constitucional del Partido Revolucionario Dominicano. La unidad política de Bosch y Manolo en este momento selló para siempre este momento considerado por muchos como el inicio de la verdadera democracia. La constitución del 29 de abril de 1962 contenía los sueños democráticos de la gran mayoría. Al reconocer la necesidad de la reforma de la tenencia de la tierra condenaba uno de los males históricos de para América Latina, el latifundio. A la vez admitía y respetaba el derecho a la propiedad privada y se afirmaba el derecho del Estado a la expropiación con una indemnización adecuada, teniendo en cuneta el interés colectivo de modo preponderante al interés particular. Al reconocer los ideales democráticos se afirmó en la Carta Magna que “ningún dominicano podrá ser expulsado del país”, se determinó que la cohabitación entre personas aptas para el matrimonio podrá ser considerada, por razones de equidad y bienestar social, como equivalente a la unión matrimonial. En el mismo espíritu, la Constitución prohibió a los funcionarios emitir certificados de nacimiento en los que se indicaran la legitimidad o ilegitimidad del nacimiento o se mencionara cualquier manera la naturaleza y el carácter de la filiación. Además, se garantizó que todos los niños sin distinción de sexo, gozarán de las mismas oportunidades de desarrollo social, físico y espiritual. Sin embargo, tales disposiciones no complacían al clero, que atacó desde un inicio al gobierno por considerarlo una amenaza a la estabilidad de la familia dominicana. La causa de esta acusación fue lo estipulado por la propia constitución que no reconocía el Concordato de Trujillo con la Iglesia Católica en 1954 ni otorgaba privilegio a la educación religiosa. Para la Iglesia Católica la Constitución carecía de todo sentido espiritual y de universalidad. 34
Ibidem, p. 95.
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Otra era la interpretación que realizaba la mayoría del pueblo. Para éste el documento era la esperanza para construir la verdadera democracia. Bosch se volcó también a luchar contra la corrupción y las libertades públicas. Rebajó su salario y el de sus ministros por considerar que “un país con el tamaño del nuestro y la grave situación económica no se puede permitir los dispendiosos salarios que he encontrado en la nómina pública” . Dejó así al pueblo dominicano un recuerdo que atesorar. El embajador Edwin Martin, que no era amigo de Bosch, tuvo que admitir “el “el hecho indiscutible es que su breve administración haya sido tal vez una de las más honestas en la historia dominicana, si no en la historia de América Latina” 35 . Los puntos de vista políticos de Bosch coincidieron con su filosofía moral, pero se encontró en medio de dos fuerzas: la extrema izquierda y la oligarquía, bajo el peligro constante de un golpe y la escasa ayuda económica de Estados Unidos36. Asimismo, tuvo que luchar contra prácticas nepotistas dentro de su propio partido y los antiguos propietarios de tierras inundaron los juzgados para dilatar la reforma agraria37. No obstante todos los tropiezos y errores, en septiembre de 1963 el gobierno ya había encontrado su camino. En menos de dos meses se habían entregado tierras a mil cuatrocientas familias. Al mismo tiempo, el gobierno trajo a técnicos de América Latina y se estableció un instituto de formación técnica y profesional profesional en la organización y manejo de cooperativas. Por último se creó el Centro Interamericano de Estudios Sociales (CIDES) para la educación intensiva y masiva en sectores clave de la población dominicana. El 25 de septiembre de 1963 el Listín Diario con una nota de optimismo publicó “la situación financiera del país no puede ser todavía considerada óptima, ni siquiera normal, pero está claro que el arduo proceso de recuperación está siendo conducido con éxito”. El ascenso popular de Bosch y el hecho de que poco a poco cumpliera sus promesas provocó que los partidos derrotados se convirtieran en una oposición letal y amenazante. Aunque Bosch invitó a la oposición a formar gobierno ofreciéndoles ministerios o carteras, ésta se unió bajo la consigna de derrotar a Bosch, no sólo por el interés económico, sino porque operaba un interés moral. Sumado a esto, Bosch estaba decido a supeditar las Fuerzas Armadas al poder civil, proyecto mal visto por la alta oficialidad, que había 35
Gleijeses, P. p. 101. Gleijeses, P. p. 102 37 Gleijeses, P. p. 102. 36
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quedado prácticamente intacta después de las elecciones. A la labor opositora se le unió la Iglesia Católica, que a través de un grupo de jesuitas españoles acusó a Bosch de ejemplo de penetración comunista en el continente. Este cargo imputado al presidente no sólo se manifestó en el púlpito de la Iglesia, sino en las escuelas parroquiales y a través de los capellanes militares38. La Iglesia Católica manifestó “nuestras Fuerzas Armadas no deben ni dormirse ni ser engañadas por cantos de sirenas, deben permanecer alertas en defensa de la República”. Frente a la creciente marea que amenazaba el gobierno estaba también el “desencanto” de Washington cuando Bosch al poco tiempo resultó ser un problema preocupante. Después de ser apoyado y cordialmente recibido por la Casa Blanca era acusado de nacionalista “exasperante” que ponía en peligro la Alianza para el Progreso. La posición del gobierno de los Estados Unidos se selló cuando Bosch comenzó a reafirmar la soberanía de la nación al no apoyar a Washington en las drásticas medidas contra Cuba durante la cumbre de la Organización de Estados Americanos. La construcción de la democracia en República Dominica se comenzó en el momento más complejo de la guerra fría en América Latina, bajo el peligro de que República Dominicana pudiera convertirse en “otra Cuba” el gobierno nortemarericano apoyaría cualquier intención opositora para derrocar al gobierno. La advertencia oportuna del Movimiento 14 de Junio contra el golpe de estado que se estaba gestando y el llamado a la defensa de los postulados democráticos invitando al gobierno a integrar la lucha guerrillera no bastó. En el comunicado oficial del Movimiento, con certera opinión política se aclara que la “grave situación económica que vivía el país no era culpa del gobierno actual sino de los graves problemas económicos presentes desde hace siglo y medio por la desigual tenencia 39 de la tierra, la escasez de fuentes de trabajo, de escuelas, de hospitales y a la pobreza en que la explotación tenían sumidas a las masas populares” 40 . La reunió secreta entre el presidente y la directiva del Movimiento 14 de Junio dejaron clara y definida de que el zarpazo golpista golpista era también para liquidar el 14 de Junio. El 25 de septiembre el país amaneció con despliegues de fuerza bruta, la violación de todos los 38 39 40
Gleijeses, P. p. 104. Comunicado del Movimiento 14 de Junio en vísperas del Golpe de Estado. Raful, Tony. Ob. cit, p. 333.
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preceptos constitucionales, la persecución y la detención de toda oposición demócrata. El Movimiento 14 de Junio fue declarado ilegal por el Triunvirato. La respuesta política y militar de este movimiento fue la creación de frentes guerrilleros, asegurando en palabras del propio líder de la agrupación que: “la insurrección no es un crimen cuando ella ha llegado a ser el único medio para sacudir la opresión; pero sí es un crimen, no pequeño, el indiferentismo, que lo sostiene y alimenta 41”. Comenzó un período de violencia, represión e injusticia. El ejemplo del “Frente Guerrillero pro-retorno a la constitucionalidad”, dirigido por Manolo desde Las Manaclas en diciembre de 1963, quedaría como paradigma de defensa del régimen democrático, del gobierno de Bosch y la constitución de 1963, la cual fue referente para todas las generaciones progresistas venideras. El profesor Juan Bosch en su libro Crisis de la Democracia comentó: “cuando al cabo de los días, los guerrilleros de varios puntos del país bajaron desarmados a entregarse, (…) encontraron que los recibían chorros de plomo (…). Murieron médicos, arquitectos, abogados, estudiantes, obreros, entre ellos el Presidente del 14 de Junio, el doctor Manuel Tavárez Justo y varios líderes de esa organización (…) la muerte de Manolo había sido uno de los legados que dejo el tirano a sus sucesores. Los coroneles golpistas habían pasado dos o tres años mordiendo la cadena de la impaciencia en un afán loco de matar a Tavárez Justo”. La defensa de esta Carta Magna fue también la razón del movimiento cívico-militar de 1965, que se denominó “constitucionalista”. No por gusto esta constitución se convirtió en bandera de lucha de las grandes mayorías y sin duda alguna la más avanzada de la historia dominicana. Además, durante el gobierno de Bosch gozó de amplia libertad de expresión, los partidos de izquierda pudieron actuar con amplia libertad, se eliminaron las restricciones de viajar a los países socialistas y se comenzaron a experimentar mecanismos de participación popular42. Después del golpe, las violentas manifestaciones estudiantiles junto a las acciones guerrilleras del Movimiento 14 de junio caracterizaron la oposición al régimen de facto en todo el país durante dos años. Mientras tanto desde el exilio Juan Bosch apoyaba al
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Proclama de Manolo Tavárez Justo el 29 de noviembre de 1963 en la creación de frentes guerrilleros sobre diversos lugares del territorio nacional. 42 Prieto, A. Ob. cit, p. 54.
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coronel Francisco Caamaño Deñó43, que se sublevó en defensa de la derogada Constitución y del gobierno de Juan Bosch y recibió el apoyo del Movimiento 14 de Junio y de los estudiantes conjuntamente con el pueblo. Esta conjunción de fuerzas convirtió el alzamiento militar en un movimiento cívico-militar con carácter nacionalista y democrático. La Guerra de Abril de 1965, protagonizada por el pueblo dominicano, sólo pudo ser frenada por la invasión norteamericana en Santo Domingo, que apoyó a los militares de derecha acantonados en San Isidro44. En junio de 1965, Santo Domingo estaba dividido en dos fuerzas políticas: el campo constitucionalista y el autotitulado Gobierno de Reconstrucción Nacional. El campo constitucionalista, que tenía su centro en Ciudad Nueva tenía como presidente de la república al Coronel Francisco Caamaño Deñó, que defendía la Constitución de 1963 y tenía un Congreso formado por algunos miembros del Movimiento 14 de Junio, como Fafa Tavaras y “Baby” Mejías; del Movimiento de Liberación Dominicana y el Partido Socialista Popular. La participación del PRD fue prácticamente nula, si bien en un inicio declaró su apoyo a la lucha, luego se convirtió en un órgano de propaganda de cara a la opinión pública internacional. No obstante, la mayoría del movimiento cívico-militar era boschista, aún estando Bosch en Puerto Rico. El partido carecía de jefes militares, pero Caamaño llenó este vacío45. La otra fuerza política, el Gobierno de Reconstrucción Nacional (GRN) fue defendido por los militares de San Isidro y apoyados por el enviado especial norteamericano Martin y el embajador Bennett. La invasión norteamericana del 28 de abril aseguró – momentáneamente- la victoria militar de este gobierno, pero el mismo no logró el dominio político. Balaguer, que regresó al país el 28 de junio, expresó que se debía crear un gobierno provisional con la misión específica de lograr la paz, mientras que la Iglesia Católica no manifestó pleno apoyo al GRN. Fue así que bajo la presión del embajador norteamericano Bunker comenzaron las conversaciones entre el bando constitucionalista y 43
Francisco Caamaño Deñó, miembro de un grupo de la joven oficialidad progresista dentro de las fuerzas armadas tomó la trascendental decisión de armar a las masas populares, conducidas con frecuencia por los antiguos guerrilleros. Ante el peligro que representó este hecho para el sector más reaccionario de la cúpula militar y el gobierno de Estados Unidos por la amenaza de “otra Cuba”, se produjo la invasión bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos. Ante la superioridad numérica se firmó el Acta de Reconciliación que entregó la presidencia a Héctor García Godoy. 44 Gleijeses, P. p. 87 45 Gleijeses, P. p 271.
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el GRN46. La salida política fue nombrar presidente del Gobierno provisional al moderado Héctor García Godoy, que había desempañado diferentes cargos, desde embajador de Trujillo hasta ministro de Asuntos Exteriores en las últimas semanas del gobierno de Bosch. La candidatura en un principio no fue aprobada por los constitucionalistas, pero el Comité creado para buscar una solución aceptó por mayoría, los constitucionalistas temieron una negativa opinión internacional y de las Naciones Unidas, pero lo que más pesó fue la amenaza de no aceptar esta solución, Ciudad Nueva sería invadida por las tropas norteamericanas. Mientras tanto, las tropas interventoras se aseguraron de que sólo quedaran como oficiales de las Fuerzas Armadas dominicanas aquellos que habían luchado contra los rebeldes en Las Manaclas y Ciudad Nueva. Hacia 1966, la situación era muy tensa, la opresiva presencia de las patrullas del ejército y la policía tenía como respuesta la agitación del pueblo y la actividad de los guerrilleros desde una posición radicalizada. La extrema izquierda también tenía sus mártires, jóvenes como Otto Morales, Amín Abel y Maximiliano Gómez. En medio de esta agitada situación se celebraron las elecciones de 1966, donde resultó presidente Joaquín Balaguer. La experiencia de los años sesenta radicalizó las posiciones revolucionarias, que tuvieron que enfrentarse, a partir de ese momento, a un largo período de 12 años de Balaguerismo, preámbulo de la transición a la democracia. La herencia histórica y el legado político del Movimiento 14 de Junio, el gobierno de Juan Bosch y el movimiento cívico-militar dirigido por el Coronel Francisco Caamaño Deñó quedaron en la memoria de las tradiciones de lucha del pueblo dominicano para construir la anhelada democracia.
1.2 El proyecto de dominación balaguerista (1966-1978) El proyecto político del gobierno se concentró en lograr la “democracia” en República Dominicana. Pero el proceso real de transición y consolidación de la democracia no se efectuó por varias razones, entre ellas el escaso desarrollo de las estructuras económicas, sociales e institucionales, la larga tradición autoritaria a que estuvo sometido el país y el 46
Gleijeses, P. p. 278.
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contexto regional que se produce a raíz del triunfo de la Revolución Cubana, a partir de la cual se radicalizaron las fuerzas políticas en el área y se intensifica el intervencionismo de Estados Unidos47. La adopción de la base programática del Partido Reformista (PR)48 y su líder Joaquín Balaguer49 se fundamentó en el modelo desarrollista implantado en el continente después de la Segunda Guerra Mundial, basado en la atracción de capitales extranjeros hacia áreas modernas de la economía como manufacturas y servicios, con vistas a consolidar un desarrollo industrial que sustituyera la dependencia de las importaciones50. A este proyecto de gobierno le correspondía la reestructuración económica, política y social del país, que modificara las condiciones para impulsar una nueva etapa de desarrollo. Para ello se puso en práctica un nuevo modelo de acumulación, que implicó una rearticulación de las clases sociales, donde el capital transnacional tuvo una fuerte penetración. A raíz de la elección de Joaquín Balaguer como presidente, el propio embajador norteamericano y la plana mayor de la Agencia Interamericana de Desarrollo 47
Mariñez, Pablo A. Democracia y procesos electorales en República Dominicana. Santo Domingo: Editora Alfa y Omega, 1994. pp. 19-21. Latorre, Eduardo. Sobre Desarrollo y Democracia. Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Santo Domingo, República Dominicana, 1992. pp. 33-45. 48 Fundado por Joaquín Balaguer tras su retorno del exilio en 1965. A fines de 1983 se fusionó con el Partido Revolucionario Social Cristiano, adoptando parte de un discurso popular para destacar la comunidad popular. Es por ello que a veces aparece el nombre de Partido Reformista Social Cristiano. Consecutivamente Balaguer ha sido elegido en las convenciones realizadas: 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 2000, aunque en 1995 realizó por primera vez elecciones primarias, donde podía participar cualquier persona que presentara un documento oficial emitido por el Estado dominicano. No obstante, el objetivo esencial fue ampliar las bases de apoyo del partido. Aquino, José A. Ob. cit, p. 410-424. 49 Joaquín Balaguer (1906- 2002). Durante la dictadura de Trujillo ocupó cargos en la administración pública y se dedicó a las cuestiones diplomáticas, lo que le permitió estudiar en las mejores universidades europeas. Dentro de los cargos más relevantes que ocupa se destacan Secretario de Estado de la Presidencia, Secretario de Estado en Educación, Secretario de Relaciones Exteriores, en fin, brazo derecho de Trujillo en asunto políticos y económicos. Además es quien logra sacar a toda la familia de Trujillo cuando este es ajusticiado y ocupó la Presidencia Provisional al instante de caer la dictadura. Ante los sucesos políticos que vive el país sale al exilio, funda el Partido Reformista y su labor en estos años (1961-1965) le permitieron convertirse en el hombre más “aconsejable” a los intereses de las clases más conservadoras y al gobierno de los Estados Unidos para ocupar la presidencia en 1966. Estuvo activo en la vida política hasta el 2000. Su obra literaria es amplia, abarca desde temas de la identidad dominicana, gramática, política, etc., entre los que se pueden citar Tebaida Lírica (1924), La Isla al revés (1984), Yo y mis condiscípulos (1996) y su última obra La Raza Inglesa (2000). Balcarcer, Juan Daniel. “Balaguer, un monarca cautivo”. En: Revista Rumbo, No 321. Santo Domingo, 2000. 50 Hacia 1966, en el continente, este modelo económico comenzaba a eclipsar ante la caída de los precios de los productos latinoamericanos en el exterior. Entonces muchos pequeños y medianos propietarios quebraron, ya que la demanda solvente en el mercado nacional estaba satisfecha, mientras que los grandes se hacían más poderosos al centralizar las riquezas y concentrar la producción. Eso los impulsó a fundar compañías anónimas y a vincularse estrechamente con los bancos, debido a lo cual comenzaron a controlar parte del mercado interno y a eliminar la libre competencia. Prieto, Alberto. Ideología, economía y política en América Latina…. p, 186-187.
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(AID) en República Dominicana se reunían semanalmente en el Palacio Nacional con el presidente y otros funcionarios dominicanos para planificar la economía del país51. Se impulsó una reforma agraria, tendente a ampliar y consolidar una extensa base de sustentación social campesina con la que se buscaba legitimar el régimen. En el ámbito político, el Partido Reformista logró la hegemonía dentro de los partidos conservadores; mientras que, desde el Estado se reprimieron los partidos de oposición, muchos de los cuales tuvieron que pasar a la clandestinidad y sus dirigentes salir al exilio. Fue así como la liberalización del régimen y la proliferación de organizaciones políticas y laborales, que se había iniciado en años anteriores, quedó totalmente sepultada. A nivel militar se produjo una amplia politización de los institutos castrenses, base fundamental del régimen balaguerista. Para argumentar la anterior generalización analicemos algunos aspectos económicos, sociales y políticos del régimen. La primera condición de “éxito” de este gobierno fue la derrota popular de 1965 y la consiguiente represión de los movimientos de izquierda y sindicales. En el orden jurídico se destacó la Ley de Austeridad de 1966, que reducía y congelaba los salarios públicos y otras disposiciones que paralizaban los servicios sociales más elementales. Asimismo, los precios al consumidor crecieron en un 34,4% entre 1969 y 1973, mientas los índices de salarios en la industria y minería solo lo hicieron en un 5,2%, revirtiendo el movimiento ascendente de los salarios que había comenzado en 1961. La segunda condición fue la ley 299 de 1968, Ley de Protección e Incentivo Industrial, que clasificaba en tres las inversiones industriales. El primer grupo estuvo integrado por plantas fabriles dedicadas a la exportación y ubicadas preferentemente en zonas francas, que gozaban de exoneraciones de impuestos sobre la renta, exportación o importación, controles cambiarios, etc., y se les permitía mayores niveles de empleados. Estas plantas fabriles se distinguían según fuesen nacionales o extranjeras y se penalizaba a las primeras con menores exoneraciones fiscales. Las más destacadas en este grupo fueron las zonas francas La Romana y San Pedro de Macorís, que consumían muy poca materia
51
Mariñez, Pablo. Ob. cit, p. 97.
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prima nacional52. El segundo grupo lo constituían aquellas industrias cuya producción estaba dirigida a sustituir las importaciones tradicionales. El porcentaje de materias primas nacionales a utilizar debía ser del 50% y también era necesario el empleo de al menos 50 trabajadores, con un salario de 3000 pesos. Recibían altos niveles de exoneraciones, pero menores siempre que las establecidas en las zonas francas. El último grupo, que reunía a la mayoría de las empresas, no podía tener capacidades ociosas, pero eran las menos privilegiadas, pues tenían muy pocas nuevas inversiones. Sobre esta base jurídica se experimentó un auge industrial iniciado en 1969, que contó con un mercado en proceso expansivo, centrado fundamentalmente en el fortalecimiento económico de la pequeña burguesía, resultante en gran medida de las políticas económicas del Estado53. La dinámica del mercado facilitó la emergencia de una nueva burguesía y ni siquiera la burguesía tradicional cuestionó esta faceta universalista del Estado, ya que ella se insertaba también en la alternativa modernizante. El proyecto de Balaguer previsto a largo plazo no podía sustentarse -exclusivamente- en la represión, por eso se requirió realizar modificaciones internas en el bloque social dominante. Se promovió el desarrollo de un nuevo sector empresarial y se obligó a los sectores tradicionales a mover sus capitales a las nuevas esferas lucrativas. La emergencia de un sector empresarial moderno con un Estado como árbitro y juez condujo a un nuevo pacto de dominación que tenía tres vértices: el Estado, el capital extranjero (principalmente el norteamericano) y la burguesía emergente. Pero el Estado siempre mantuvo a las clases dominantes (sectores tradicionales y emergentes) distanciadas de la toma y ejercicio de las decisiones políticas54. Es importante señalar que el gobierno de Balaguer fue apoyado por el campesinado55.
52
Dilla, Haroldo. Crisis del desarrollo y tendencias neoliberales…. p. 7 Cassá, Roberto. Los doce años: contrarrevolución y desarrollismo. p. 333-335. 54 Un ejemplo de ello fue el Consejo Nacional de Desarrollo (CND) creado en 1966 y donde se daban cita empresarios, tecnócratas, representantes del capital trasnacional y ocasionalmente el propio embajador de Estados Unidos. El objetivo de este consejo era asesorar al gobierno en la toma de decisiones económicas. Pero al paso del tiempo, el CND degeneró en una instancia decorativa, relegada por Balaguer a un “debate abierto” sin afectación al derecho presidencial a “decidir soberanamente sin ninguna clase de coacción ni de interferencias ajenas”. Báez C. J. y O Fernández. Estado y partidos políticos en República Dominicana. Citado por: Dilla, Haroldo. Ob cit, p. 28 55 Con esto no quiero decir que el campesino era un cuerpo monolítico, en el agro dominicano persistían relaciones de servidumbre y tanto las políticas de Trujillo como de Balaguer favorecían -condicionalmente- a campesinos acomodados, y estos obligaban a sus peones a votar por Balaguer. 53
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La alternativa modernizante de Balaguer no consistió exclusivamente en incentivar la producción industrial, como expresa la bibliografía en su gran mayoría, sino que, en nuestra opinión, trata de fortalecer el sector financiero ante los cambios que estaban ocurriendo en la región. Recordemos que en esta época los grupos industriales más poderosos fundan en algunos países de América Latina compañías anónimas y se vinculan estrechamente con los bancos, debido a lo cual comienzan a controlar el mercado interno y la libre competencia. Es decir, a medida que va desapareciendo la vieja burguesía nacional se originaron los monopolios criollos, algunos de los cuales comenzaron a pensar en la conveniencia a asociarse a las transnacionales. En República Dominicana este proceso se impulsa desde el Estado. Por medio de la Ley 299 se incentivó la inversión privada y, al mismo tiempo, se dictaron otras trece leyes que estimulaban la inversión en el turismo, la minería y las finanzas. Su efecto inmediato fue la entrada al país de capitales extranjeros hacia áreas económicas vitales. Se realizaron concesiones mineras a empresas como ALCOA (bauxita), FALCONBRIDGE (ferro-níquel) y ROSARIO MINING (oro). En 1967 entra al país la Gulf and Western, que adquirió el 2.3% del territorio nacional (1118 km2), dentro del cual se encontraba la Central La Romana, que no había caído en manos de la familia de Trujillo. Gracias a las generosas concesiones del Estado, ya en 1973 esta transnacional controlaba 62 empresas, una agencia crediticia propia (COFINSA) y había comprado acciones en el Banco Popular Dominicano56. Entre 1973 y 1976, la inversión industrial ascendió a 1100 millones de dólares, de ellos 900 millones eran norteamericanos y 100 millones de empresas nacionales. Estas inversiones estuvieron dirigidas básicamente al sector financiero, que permitieron que en 1980 existieran en el país 7 bancos extranjeros y 4 nacionales o mixtos57. Balaguer creó mecanismos que hicieron posible la creación y/o consolidación de la burguesía financiera. Generalmente los recursos recibidos, ya fuera del exterior o del propio Banco Central, se canalizaban 56
Dilla, Haroldo. Crisis del desarrollo y tendencias neoliberales…, p. 11 En 1971 operaban cinco bancos extranjeros con 26 filiares, el 37% de los préstamos y el 52% de los ahorros y depósitos. En 1975 estos porcentajes eran el 64% y el 52% respectivamente. El sistema financiero desde inicios del gobierno de Balaguer estuvo controlado por los extranjeros, dirigido principalmente al sector privado y no al público. La concentración del sistema financiero en unas pocas instituciones privadas se hizo palpable en la banca comercial. Luis Gómez. Relaciones de producción dominantes en la sociedad dominicana. Citado por: Haroldo Dilla, Crisis del desarrollo y tendencias neoliberales…, p. 12. 57
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mediante los bancos comerciales y las empresas financieras que subvencionaban y dirigían, a su vez, las propias inversiones de sus accionistas. El auge del sector bancario se vinculó al de las construcciones. A partir de 1972 surgieron 7 bancos hipotecarios controlados por la gran burguesía dominicana y extranjera. Para 1982 casi 200 millones de dólares estaban dirigidos al sector de la construcción. El Estado concibió un plan de obras públicas suntuarias que proporcionó empleos ocasionales a miles de personas y propició jugosos contratos a sectores burgueses emergentes. Fue sobre esta base que el sector de la construcción tuvo un crecimiento en los años setenta con beneficios para el sector popular58. En todo momento el Estado realizó el manejo de los recursos financieros. Entre 1966 y 1978 se percibió, en opinión del historiador Haroldo Dilla, una concentración de los poderes en el ejecutivo, lo que se demostraba cada año al designar el presupuesto estatal. La rigurosa centralización de los gastos del presupuesto gubernamental chocaba con la liberalidad con que eran manejados los recursos de las empresas públicas. Más allá de las formas, se trataba de asegurar los perfiles lucrativos múltiples de los sectores burocráticos militares y burgueses emergentes y en ello incidía el interés caudillista de Balaguer y de su camarilla más cercana. Apoyados en la Ley de Austeridad y otras medidas draconianas, los presupuestos del gobierno central constreñían los gastos corrientes en provecho para el capital privado. El Estado actuó como canalizador del sistema crediticio a través del Fondo de Inversiones para el Desarrollo Económico (FIDE) y de la Corporación de Fomento Industrial (CFI), encargados de tramitar los préstamos al sector privado59. Esto constituyó “un pacto de caballeros” entre el sector privado y público. Sin embargo, poco a poco, la balanza se inclinó a favor del sector privado bajo el viejo supuesto de la ineficacia del Estado como administrador. Las corporaciones industriales nativas fueron sometidas a un riguroso proceso de descapitalización que condujo a la quiebra financiera estatal60.
58
Cassá, Roberto. Los doce años: contrarrevolución y desarrollismo. p. 317. En esta página aparece un esquema en el que se aprecia cómo van aumentado las inversiones durante la década de los setenta en el sector público y privado, siendo siempre mayores las privadas, 2 816.5 millones con respecto a las públicas 1948.7 millones de dólares. 59 Ibidem, p. 22. 60 El gobierno agrupó en tres grupos a estas empresas: la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y la corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE). Existían otros 27 organismos incluyendo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Instituto Nacional de Estabilizadores de Precios.
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La tercera condición en que se sustentaba la concepción reformista se localizó en la urgencia de una modificación general de las relaciones agrarias. En su discurso de toma de posesión del 16 de agosto de 1970, Balaguer anunció que “el único cambio que es posible introducir en nuestras estructuras es el relativo al status de la tenencia de la tierra mediante una reforma agraria intensiva ”61. El Presidente consideró que era necesario que los sectores dominantes tomasen conciencia de la necesidad de la reestructuración agraria para la supervisión del orden social existente. Ello implicó la subordinación de la burguesía agraria (o terrateniente) al interés general del sistema. Esta subordinación, en realidad, no planteaba la aniquilación de los burgueses agrarios, sino la conservación de sus intereses, en ese momento, en áreas modernas, particularmente en la industria. El Estado cambió tierra por acciones, sobre todo en regiones donde la presión demográfica era mayor y evidentemente generaría empleos a partir de la diversificación de la propiedad. En este punto es necesario señalar que la concepción de Balaguer era que debía repartirse las tierras al campesinado, mientras que, para la gran burguesía y los norteamericanos, el problema agrario debía ser resuelto por medio del reparto de tierras que no afectaran la gran propiedad territorial. Como mencionamos anteriormente, Balaguer necesitó la retroalimentación de su liderazgo sobre la mayoría campesina, requería afianzar la hegemonía estatal sobre el campesinado y en ello influyó la cosmovisión balagueriana sobre la sociedad dominicana. Se trataba del supuesto de que, por circunstancias históricas diversas, la pequeña y mediana parcela campesina era más productiva que el latifundio62. Poco a poco, la Reforma Agraria se convirtió no sólo en un interés económico sino político, la estabilidad social dependía de que el mayor conglomerado de la población –el campesinado- gozase de un mínimo de justicia. De esta manera, el Estado debería intervenir en la modernización técnica de la parcela campesina, principalmente por medio de los programas de extensión, fomento y crédito emprendidos por la Secretaría de Agricultura, el Banco Agrícola y otras instituciones63. Aparentemente todo debía funcionar de tal manera que la supuesta armonía social caracterizaría básicamente este gobierno. Sin embargo, esta institución no aplicó dicho 61
Cassá Roberto. Ob cit, p. 486. Cassá, Roberto. Ob. cit, p. 491. 63 Cassá Roberto. Ob. cit, p. 491. 62
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principio económico en todos los renglones productivos. La excepción fue el sector azucarero, la Gulf and Western controló los dos tercios de la propiedad territorial dedicada al cultivo de la caña. El presidente, ante el temor de afectar los rendimientos de venta al mercado exterior, no realizó los “cambios agrarios” que había prometido. Más aún, su interés se centraba en lograr un equilibrio entre los intereses del Estado y del capital monopólico de los Estados Unidos, país que delineó la estrategia de la Secretaría de Agricultura llamada “Plan Blanco”, apoyada por Balaguer, por cuanto “distribuía” los recursos financieros para establecer asentamientos campesinos en tierras recuperadas64. Hacia 1973, según Cassá, se percibe un giro político del Estado con respecto al agro. La reforma agraria se convirtió en el desarrollismo agrícola, que se tradujo en el abandono del esfuerzo reformista del Estado y el establecimiento de lineamientos tecnocráticos de la Secretaría de Agricultura. En un principio Balaguer hizo resistencia a ello, pero en la práctica, debido al juego de fuerzas contradictorias que operaban en el seno del Estado, la ambigüedad de la burocracia y las propias limitaciones ideológicas del presidente, la reforma agraria se había estancado, como se advirtió en la distribución de los asentamientos agrícolas de 197565. Un último factor esencial, que permitió la relativa estabilidad del régimen hasta un momento dado, fue el equilibrio en torno al poder militar. Para la sociedad, el cuerpo militar, escindido de lo civil, eran facciones en pugna por intereses netamente personales, cuya unidad solo podía ser asegurada mediante la intervención de un líder fuerte y autoritario, Joaquín Balaguer. Durante muchos años Balaguer demostró una extrema habilidad para manejar los conflictos entre los militares. Esto le resultó de utilidad desde el punto de vista político por varias razones: la primera era que mantenía subordinada a la élite económica, ya que si esta tomaba partido por algunos militares fracturaba al Estado y si criticaba la gestión de Balaguer le daba la espalda al máximo líder; la segunda cuestión es más sencilla: plantear la estabilidad del Estado en torno al equilibrio de fracciones militares, impuso una lógica de exclusión política sobre todo para la oposición. Ya sea
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Dore y Cabral, Carlos. Reforma Agraria y luchas sociales en la República Dominicana 1966-1978 . Santo Domingo: Editora Taller, 1981, p 84. 65 Cassá Roberto. Ob. cit, p. 509.
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desde la oligarquía, como desde la oposición, ambas posiciones fortalecieron el papel de Balaguer frente al ejército. Existe un consenso general al afirmar que durante los últimos años del período de Balaguer existió una aguda crisis económica que afectó el apoyo social con que había comenzado en 196666. El primer elemento que sustenta dicha afirmación es la crisis agropecuaria que acentuó los índices de desempleo y subempleo en el campo, al tiempo que engrosaba el número de emigrantes rurales a la ciudad. La productividad en el campo declinó, en 1970 el PIB agropecuario era del 23,2% y descendió notablemente a 16,7% en 1980 con mediocres crecimientos anuales. Después de 1975 se mostraron los límites del proyecto reformista balaguerista de reestructuración del capitalismo dominicano. La primera grieta del pacto conservador provino de su propia base: el campesinado. El modelo de desarrollo ejecutado por Balaguer supuso una expansión de la industria sustitutiva de importaciones y no de la agricultura y, aunque Balaguer pudo apreciar esto, como hemos analizado, su opción reformista en el agro fracasó y quedó como letra muerta. Para compensar esta crisis Balaguer debía liberalizar el régimen para lograr apoyo de las masas urbanas, pero no lo hizo. Fue así que, desde la oposición, el PRD logró amplio apoyo en las ciudades. El agotamiento de la modalidad de acumulación de capital dirigida por J. Balaguer se profundizó al calor de la crisis internacional del sistema económico capitalista a inicios de la década 70, cuya repercusión directa más importante fue la derogación, por parte de los Estados Unidos, del mercado preferencial de los azúcares exportados por República Dominicana. No obstante, el espejismo creado por la irracionalidad del mercado mundial disparó los precios del azúcar hacia niveles jamás alcanzados históricamente y alargaron artificialmente el “crecimiento” del período 1969-1973 hasta mediados de 1975, lo que condujo a la ruina del agro67. El proyecto del viejo caudillo, aún cuando pudo mantener la preeminencia civil, desató una represión a cargo de bandas paramilitares conocidos como “los intocables”. Estas lograron
66 67
Dilla, Haroldo. Crisis del desarrollo y tendencias neoliberales…, p. 45. Vicens Lucas. Crisis económica 1978-1982. Santo Domingo: Editora Alfa y Omega, 1982, p. 18.
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desarticular organizaciones populares a un costo de una víctima cada 40 horas68. El Sindicato Unido de la Central La Romana fue reprimido y su asesor legal, Guido Gil, asesinado. Hacia 1973 sólo estaba sindicalizado el 10% de la fuerza de trabajo. La práctica usual era la ilegalización de las huelgas y la represión directa. La política del gobierno de reducción del gasto corriente en sueldos y salarios para “liberar” recursos que llegaron a los 1000 millones, se erigió sobre una derrota que bañó de sangre al movimiento obrero y popular69. La crisis del régimen reformista también estuvo condicionada por la política del gobierno de J. Carter hacia la región. La nueva política de Derechos Humanos de J. Carter, con objetivos estratégicos, tendía a restringir los mecanismos autoritarios de Balaguer y a contribuir a la modernización política de aquellos sectores burgueses de la oposición. Adicionalmente, Estados Unidos redirige sus capitales hacia Brasil, México y Europa, lo que afecta el monto de las inversiones extranjeras en el país. Al respecto Haroldo Dilla comenta: “Como “Como sucedió en el resto del continente la sustitución de importaciones se convirtió en desplazamiento de importaciones, a la par que disminuía la proporción de los valores de los importaciones de materias primas, productos intermedios, combustibles y bienes de capitales” 70. El proceso de industrialización que debía liquidar el desempleo lo extendió, ya que en todo momento la producción industrial creció a un ritmo mayor que su capacidad de empleo. Las exoneraciones abusivas de la ley 299 continuaron vigentes. En nuestra opinión, el Estado dejó pasar el momento de participar directamente en la conformación de un desarrollo alternativo para aumentar el fisco y desarrollar políticas para el sistema social. La producción industrial se vio igualmente afectada por el alza de los precios de las materias primas que se compraban en el exterior. El llamado grupo C o tercer grupo fue sensiblemente dañado por la limitación del mercado nacional para absorber todas las producciones elaboradas. Con el tiempo muchas industrias se convirtieron en instalaciones ociosas ante la saturación del mercado interno. En la medida que la tasa de ganancia decrecía, muchas industrias se fueron repartiendo 68
Dilla Haroldo. Ob. cit, p. 28. Vincens Lucas. Ob cit, p. 19. 70 Dilla Haroldo. Crisis del desarrollo y tendencias neoliberales…., p. 49. 69
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entre los monopolios de capital extranjero y nacional con la consecuente exclusión de las empresas pequeñas. Este fenómeno se hizo mucho más tangible en la década de los ochenta71. A partir de 1975 comenzó a imperar la fuga de capitales y las inversiones directas de capital extranjero aumentaron considerablemente. Entre los años 1960-1970 el país experimentó un rápido proceso de urbanización que modificó la distribución de los grupos sociales. En este periodo, más de un millón de dominicanos se trasladaron del campo a la ciudad, o de ciudades pequeñas a grandes agregados urbanos, lo que estimuló el crecimiento de barriadas habitadas por campesinos recién inmigrados, trabajadores informales y todo tipo de población marginada. A partir de 1965 otro macro proceso se desató: la masiva emigración hacia Estados Unidos72. Por todo esto, el Ejecutivo tuvo que reelaborar su proyecto económico. Tras haberse dedicado a establecer una política desarrollista, justificó al régimen por medio de la apertura democrática y su papel representativo en el capital global. En ese contexto y dentro de un espíritu marcadamente conservador, Joaquín Balaguer advirtió a los sectores dominantes del peligro que significaba el posible triunfo electoral del PRD. La “advertencia” tendría sus efectos catastróficos, pero más que nada “evidenció “evidenció el fracaso rotundo del plan reformista que ideológicamente encaró la figura del gobernante Joaquín Balaguer ”73.
1.3. Apertura democrática del Partido Revolucionario Democrático (1978-1986) La afirmación de que con el gobierno de Balaguer en 1966 se inició la transición democrática no es cierta. Antes, en 1963, el gobierno de Juan Bosch había comenzado un proceso democratizador en el país, amparado en la Constitución y otras medidas 71
Dilla Haroldo. Crisis del desarrollo y tendencias neoliberales , p. 52. La tasa de crecimiento promedio del PIB en el período 1969-1973, superior al 10%, disminuyó a menos de la mitad en el período 1974-1980. La industria que había rendido en un 13% de crecimiento antes de 1973 mermó a un 5,2% en el período 1974-1978. La construcción, que había sido el sector más dinámico a nivel interno, se redujo de un 22,1% a sólo un 6,4%. A este cuadro se sumaron los efectos negativos del incremento de los precios del petróleo, que precipitaron aceleradamente las contradicciones del esquema de acumulación. 72 Lozano Wilfredo. “Tradición caudillista y cambio política en República Dominicana (1986-1996)”. En: Perfiles Latinoamericanos, enero-junio, año/vol. 05, número 008 . México D. F.: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 1996. p 35. 73
Cassá Roberto. Ob.cit., p. 510.
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trascendentales como la Reforma Agraria. Luego, a raíz de las elecciones de 1978, comienza una período de mayor participación ciudadana en el sistema político. Pero: ¿incidió de igual manera la apertura democrática en todos los sectores de la sociedad? Antes de adentrarnos en lo que significó la llegada al poder del PRD, es imprescindible explicar los cambios sociales que se produjeron durante los últimos años de poder de Joaquín Balaguer. Entre 1968-1978 el país experimentó un proceso de industrialización, que con sus debilidades e incoherencias, contribuyó a la creación y/o expansión de nuevos conglomerados sociales, como fue el caso de la clase obrera urbana. Asimismo, frente a estas nuevas realidades sociales, aumentaron las demandas de todo tipo y por tanto se exigió la función asistencial del Estado, organizándose así la principal arma de cooptación de las masas y de clientela política para los partidos populistas. No solo se modificó el mapa social, sino también la práctica misma de la política. Fue en este escenario que se fortalecieron organizaciones políticas como el PRD, que lograron un movimiento de masas, y fue también en este mundo donde la izquierda revolucionaria movilizó a una gran parte de la intelectualidad de clase media y grupos estudiantiles urbanos74. El conjunto de empresarios emergentes vinculados a la industrialización se cohesionó como grupo social, con intereses distintos a sus “colegas” importadores o terratenientes. Los propios actores del pacto oligárquico-reformista sufrieron con el tiempo importantes transformaciones. Por ejemplo, los grupos terratenientes, a consecuencia de las leyes agrarias de 1972-1974, pasaron a tener importancia en el negocio inmobiliario urbano y en la banca nacional; los grupos exportadores se vincularon también a la banca y los propios importadores invirtieron en negocios locales agrarios o industriales. Este proceso creó una nueva realidad social en estos agrupamientos económicos, lo que condicionó, a su vez, sus relaciones con el régimen, pero sobre todo, abrió en muchos de sus sectores una posibilidad de diálogo y relación con otras fuerzas políticas no vinculadas al pacto de dominación de 1966. Este nuevo escenario social y político era ya un hecho a mediados de la década de los setenta, por lo que el gobierno se vio obligado a ejercer una mayor tolerancia en la acción
74
Lozano Wilfredo. Ob. cit, p. 36.
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política y un menor grado de intervención autoritaria en la sociedad. Sin embargo, no fue hasta 1978 que se hizo realidad el nuevo juego político. Joaquín Balaguer entregó a regañadientes el poder al candidato de la socialdemocracia local, el rico ganadero Antonio Guzmán Blanco. Guzmán heredó una situación económica difícil75. Ante esa coyuntura prometió tomar medidas para reactivar la economía y superar el estado de crisis que vivía el país. Proyectó un política económica llamada “Modelo de Demanda Inducida” (MDI)76, de corte neokeynesiano, que pretendía “complementar la inversión privada a través del manejo de la demanda agregada, cuando esta resultara insuficiente para mantener un nivel aceptable de utilización de la capacidad instalada y el empleo ”77. Según el PRD, este programa respondía a las demandas populares de satisfacción de ciertas necesidades básicas –empleo, salud, educación- y a las exigencias de resguardar a las clientelas políticas para una supuesta reelección. Pero con el interés de una segunda vuelta presidencial, la empleomanía estatal se dilató considerablemente, hasta que, por fin, se decretó un magro aumento salarial y se destinaron presupuestos dirigidos a la educación y a la salud. Con ello la política del PRD revertía la tendencia a la austeridad en el gasto corriente público típico del balaguerismo, pero a su vez seguía el mismo modelo económico con mayor énfasis en el fomento agrícola78. El capital para aplicar el MDI debía provenir de las divisas del sector externo, del aumento de la demanda interna en el mercado nacional y de una efectiva política fiscal, pero no existieron ninguna de estas tres condiciones. El programa económico fue rápidamente sepultado por el deterioro económico y sustituido por un plan de austeridad, puesto en vigor desde mediados de 1980. Así, si el PIB nacional logró un cierto repunte en 1979 y 75
A partir de 1974 desapareció la coyuntura favorable, se redujeron los precios de los productos básicos de exportación, se incrementaron los gastos de importación de combustible, bienes de capital, se constriñeron los flujos inversionistas y de asistencia económica y se propiciaron las condiciones para el endeudamiento. En 1978 el déficit de la balanza comercial ascendía a 326 millones de dólares, seis veces superior a la de 1973. La deuda externa del país absorbía el 21,4% de las exportaciones. Ver: Ceara Miguel. Tendencias estructurales y coyuntura económica de la economía dominicana. Santo Domingo: Editora Nuevas Rutas, 1984. p. 224. 76 Según analistas de la época, el MDI debía ser un éxito a causa de la coyuntura favorable de la entrada de divisas a partir del sector externo, un sistema de ingresos fiscales para los gastos corrientes y un sector privado dinámico estimulado por la demanda y donde las trasnacionales tendrían un rol fundamental. 77 Ceara, Miguel. Ob. cit, p. 224 78 Dilla, Haroldo. Ob. cit, p. 48.
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1980 –con un 4,85 y 5,6% respectivamente-, debido al alza de las actividades de servicios apoyada en una coyuntura externa relativamente favorable, en 1981 la tasa de crecimiento se redujo al 3,4% y al 1,6% en 1982. El sector externo sufrió considerablemente. La incapacidad de los sectores productivos mercado-internistas para responder a la demanda interna provocó un alza de las importaciones, en lo cual repercutió también negativamente el incremento de los precios del petróleo y de otros rubros79. La única vía de que dispuso el gobierno para sostener esta situación fue contratando voluminosos préstamos para financiar el déficit de las empresas estatales y pagar deudas vencidas, al punto de que en 1982 la deuda nacional ascendía a 2000 millones de dólares y absorbía más del 30% de las exportaciones80. Otros elementos negativos fueron el cese del flujo inversionista, la fuga de capitales hacia bancos estadounidenses y el incremento de las remesas de utilidades. El plan de austeridad puesto en vigor consistió en limitar drásticamente las importaciones y suprimir los subsidios. Para contrarrestar el déficit comercial se emitió dinero sin respaldo real con los consiguientes efectos adversos. En 1981 la capacidad del endeudamiento llegaba a un límite que dificultaba el acceso a la banca comercial, ya que esta no podía adquirir posibilidades de pago de su empobrecido cliente. El gobierno perdió paulatinamente la amplia base de apoyo electoral que obtuvo en 1978. Para las masas populares el cambio se redujo a la instauración de ciertas libertades públicas que no bastaban para alimentarse, conseguir un empleo o asegurar los servicios sociales básicos. Tras el derrumbe de las expectativas creadas por el MDI, la situación popular empeoró al descargarse sobre ellas el peso de la crisis y de los programas de austeridad. Sin embargo, dado el bajo nivel de organización popular y la carencia de una estrategia orgánica, la impopularidad del gobierno sólo se expresó en protestas aisladas y en una reorientación de las preferencias políticas dentro del sistema, más aún por la cercanía de los comicios electorales de 1982.
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En 1980 las exportaciones crecieron un 10,7% favorecidas por el aumento del precio del azúcar y por mayores ventas de oro, pero las importaciones lo hicieron en un 33,6% para un déficit comercial record de 647 millones de dólares en un país donde las exportaciones se redondeaban en 1000 millones de dólares. Dilla, Haroldo. Ob. cit, p. 49. 80 Ceara, Miguel. Ob. cit, p. 227.
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El propio Partido Revolucionario Dominicano –como maniobra política- volvió las espaldas a su gobierno, bajo el pretexto de una política exterior ultrareaccionaria. Parecía que el tiempo no había transcurrido. En el área caribeña ocurría un proceso acelerado de descolonización y en algunos países como Nicaragua, Granada y Surinam se iniciaba un proceso de recuperación de la soberanía nacional, que apuntaba a profundizar el debilitamiento del dominio hegemónico norteamericano en la región. Era el momento, a su vez, que Cuba ganaba mayor liderazgo en los países del área, particularmente en los del Caribe de habla inglesa, los que establecieron relaciones diplomáticas con Cuba tan pronto lograron su independencia. Sin embargo, la lógica interna que había tenido el proceso político y social dominicano en lo que hemos denominado como acentuación del orden neocolonial, condujo al PRD a mantener un distanciamiento con Cuba, como la mayoría de los países latinoamericanos a principios de la década de los sesenta. Esta desfasada política exterior, que no estaba en consonancia con lo que ocurría en la región, fue la piedra angular de la crítica ejercida por el PRD al final de la gestión gubernamental del presidente Guzmán. El interés del PRD era buscar un distanciamiento de una gestión muy desprestigiada a las puertas de un nuevo ciclo electoral, donde el triunfo fue asegurado con la consigna de que “a la democracia política asegurada por Guzmán se agregaría la democracia económica ”81. El rechazo del PRD a la política exterior del gobierno, efectivamente, no fue totalmente desacertado. Estuvo relacionado con el ascenso de Ronald Reagan a la presidencia en Estados Unidos, quien puso en ejecución un proyecto para recuperar su dominio hegemónico en la región del Caribe, que incluía la aplicación del modelo económico neoliberal en los países del área, el cual varió sustancialmente el contexto regional en la década de los ochenta. Estos cambios motivaron al PRD a insertarse aún más dentro de los lineamientos neoconservadores82. Guzmán apoyó los esfuerzos norteamericanos por impedir el triunfo revolucionario en Nicaragua, cooperó activamente con los regímenes de 81
Dilla, Haroldo. Ob. cit, p. 50 Aunque la presente investigación no tiene como objetivo delinear la política exterior de Guzmán Blanco, otro ejemplo de dependencia al gobierno de los Estados Unidos lo demuestra la participación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad nacional dominicanas en la política belicista de Estados Unidos en la Cuenca del Caribe, la “profesionalización de las FAS” consistió en una ayuda norteamericana para el equipamiento militar y condicionadores políticos que desbordaron las necesidades del país, es así como se produjo la militarización de la sociedad. Haroldo Dilla, Crisis del desarrollo y tendencias neoliberales…, p. 68 82
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Duvalier en Haití, Edward Seaga en Jamaica y Augusto Pinochet en Chile. Pero, al mismo tiempo, “es justo reconocer que en cuanto a libertades públicas y políticas económicas, este gobierno debe considerarse lo más avanzado que se ha producido, aún cuando ello nunca fue suficiente para dar solución o al menos paliar los graves problemas nacionales” 83 . Sin embargo, el rico ganadero del Cibao y sus asesores económicos no captaron la nueva dinámica del capital imperialista, que imponía un nuevo estilo de política económica, muy distante del MDI y mucho menos coherente que los programas de austeridad impuestos desde 1980. En el marco de la crisis se imponían severos ajustes de matrices neoliberales y una reorientación de la producción hacia la exportación, en lugar del modelo desarrollista sustitutivo de importaciones. La incapacidad de comprender esta nueva dinámica no se reduce a una mera torpeza técnica de los burócratas, en el fondo yacía la incapacidad del gran capital local para organizar sus intereses, producir una elaboración intelectual básica y articular un nuevo consenso en torno a la alternativa neoliberal. El presidente Guzmán no sólo perdió el apoyo popular del PRD, sino también de la burguesía dominicana. Esta había percibido una corrupción desmedida de funcionarios públicos y un exceso populista en el manejo de los gastos corrientes. Según la oligarquía dominicana aliada al capital imperialista, este era el origen del déficit comercial. La oligarquía, en fiestas y cenas de confraternidad empresarial, acusó al gobierno de malgastar el dinero. El distanciamiento de la burguesía tuvo su mayor expresión a partir de 1980 con las posiciones adoptadas por el Consejo Nacional de Hombres de Empresa (CNHE). El CNHE no podía considerarse, en este periodo inicial, como representativo de toda la burguesía, ni siquiera de toda la gran burguesía, en la misma medida en que importantes grupos económicos no habían logrado aún ingresar en aquellas áreas lucrativas ubicadas en el eje del nuevo esquema de acumulación y privilegiadas tasas de ganancias84. A fines de 1981, el CNHE comenzó a reelaborar su estrategia económica, construyó un programa orgánico de corte neoliberal y, a partir de ahí, articuló un conjunto de presiones 83 84
Dilla, Harold. Ob. cit, p. 50 Dilla, Haroldo. Ob. cit, p. 51
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más directas y eficaces sobre el gobierno. En octubre de 1981 se dio a conocer un documento elaborado por una comisión del CNHE, donde se propuso explícitamente la liberación económica, la reducción cuantitativa del papel del Estado en la economía a una supervisión global, limitar todo plan distributivo al libre flujo del mercado y una acción más consecuente en función del fortalecimiento del sector privado85. El paquete de recomendaciones incluía la recurrencia al Fondo Monetario Internacional86 y se insertaba dentro de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Esta última complementó la estrategia fondomonetarista, fijando metas para la recuperación económica a través de una supuesta expansión ilimitada del mercado dominicano hacia Estados Unidos. El CNHE recibió la ayuda condicional del gobierno de los Estados Unidos, que excedió las prerrogativas diplomáticas y se realizaron intervenciones públicas del embajador norteamericano. Aceleradamente, el gobierno norteamericano, por medio del CNHE, fue aumentando la presión sobre el estado dominicano para adscribir la política económica nacional a la “magia libre del mercado” y otros preceptos utilizados por Ronald Reagan en sus discursos87. Al adoptar el recetario neoliberal, la realidad mostró cómo los círculos dominantes trataron de ajustar la política nacional a sus estrechos intereses fraccionales, sujetar las burocracias gubernamentales y crear condiciones óptimas para la acumulación mediante una drástica restricción del consumo popular y el sacrificio de las capas medias y del sector empresarial mediano dirigido al mercado nacional. El CNHE preparó su política económica con vista a ocupar puestos en el Parlamento y hacer efectivos los planes trazados. En febrero de 1982, el Consejo declaró su aspiración de situar a hombres de empresa en el gobierno y “contrarrestar las corrientes estatistas y 85
Un papel importante en esta elaboración lo tuvo un grupo de “intelectuales patentados” vinculados al CNHE y llamados posteriormente a ocupar cargos claves en la conducción económica del país. Se destacaron por la elaboración de una serie de libros, ponencias y charlas como ejemplo podemos citar: Eduardo Tejera Diagnóstico de la economía dominicana (1980-1981) y recomendaciones preliminares y Bernardo Vega con Comentarios sabatinos (1981-1982), para más información ver Haroldo Dilla. Ob. cit, p. 51 86 Desde 1902 hasta la fecha, la influencia de Estados Unidos en las políticas económicas dominicanas ha sido decisiva y el nuevo viraje del CNHE no escapa de esta singularidad. En esta nueva circunstancia, Estados Unidos se encargó de proveer dos mecanismos claves para la economía dominicana: el Fondo Monetario Internacional y la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. 87 El 27 de noviembre de 1981 el embajador de EUA condicionó la ayuda gubernamental a la necesidad de “poner la casa en orden”, lo que ante todo se traducía en un clima favorable con la inversión extranjera. Se clamaba por la liberalización económica a pesar de los recelos de algunos grupos políticos y de algunos segmentos de la comunidad empresarial. Ver: Investiment Climate Report on the Dominican Republic , 27 de noviembre de 1981. (documento)
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abiertamente perturbadoras” para resultar ganadores en los comicios de mayo del propio año. El propio PRD constituyó la vía a través de la cual presentaron sus líneas programáticas que le garantizarían la preservación del sistema. Este presentó a elecciones un programa económico y un plan de acción sumamente atractivo. El candidato con más posibilidades de éxito, el Dr. Salvador Jorge Blanco, captó rápidamente el mensaje del gran empresariado y absorbió a varias figuras ligadas a este medio. En marzo-abril de 1981, el futuro presidente de la nación pactó con el CNHE el establecimiento de medidas desnacionalizadoras, que incluían la recurrencia al FMI y el estímulo de las exportaciones de acuerdo con los incentivos de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. El programa económico del gobierno de Salvador Blanco favoreció a los sectores más concentrados del capital ubicados en las áreas financieras y exportadores básicamente en la esfera de los productos no tradicionales- en detrimento de sectores de la pequeña burguesía ligados a las capas medias y a las masas populares. La victoria de Blanco en mayo de 1982 representó para República Dominicana, según Haroldo Dilla, la oficialización de las recetas neoliberales en el país 88. En efecto, en enero de 1983 se firmó con el FMI el Acuerdo de Facilidad Ampliada 89. Sigue comentando el historiador que “el equipo técnico del gobierno diseñó una optimista estrategia que se componía de medidas recesivas o poco simpáticas (establecimiento de impuestos como el ITBI, el Ad Valorem y el 36% a las importaciones y exportaciones tradicionales), pero que sería el marco de referencia para que se liberalizaran las fuerzas dinamizadoras del empresariado” . Este proceso de ajuste incluía beneficios para sectores empresariales y desventajas para la gran mayoría. A las medidas poco simpáticas se unían otras de incentivación, que paulatinamente irían copando la política económica oficial, lo que dio lugar a una idílica recuperación económica. Tres meses después de dar comienzo a su gobierno, el Dr. Jorge Blanco declaraba “que el proceso de deterioro económico había
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Dilla, Haroldo. Ob. cit, p. 54 El FMI desembolsó a República Dominicana 465 millones de dólares durante tres años utilizables para el servicio de la deuda y atrasos comerciales. El gobierno se comprometió a aplicar una serie de medidas dirigidas, por ejemplo, en el área monetaria el gobierno fue eliminando los subsidios a los industriales e importadores, se tomaron medidas de restricciones crediticias y aumento de la tasas de interés que redujeron la masa de moneda circulante. 89
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acabado y que iniciaba la etapa de la consolidación del establecimiento de las bases seguras de las cuales nuestra economía se revitalizaría y se despejaría de nuevo” 90 . Después de un largo período de autoritarismo balaguerista, se evidenciaron modificaciones significativas en las condiciones políticas. Aunque continuara su discurso populista y democrático, el proceso de derechización del PRD lo distanciaba de los postulados que había enarbolado bajo el liderazgo de Juan Bosch91. Además, la consigna de que a la “democracia política” conseguida por Guzmán en el poder, le seguiría la “democracia económica” de Salvador Blanco nunca llegó a materializarse. Durante los años ochenta, Estados Unidos logró la recuperación del dominio hegemónico en la región92 y el gobierno se acogió a los lineamientos trazados por los centros de poder (CNHE), particularmente el Fondo Monetario Internacional y la Iniciativa para la Cuenca del Caribe93. Dentro de este contexto internacional la transición democrática, en su vertiente económica, era más difícil de alcanzar que la liberalización política, supuestamente alcanzada por el período de gobierno 1978-1982. El gran capital dominó los mecanismos estatales y la tendencia a la tecnocratización. Esta tesis la podemos demostrar con los siguientes ejemplos: La Junta Monetaria94, órgano superior del Banco Central creado en 1947, fue lugar de concertación de empresarios y funcionarios políticos dedicados a trazar la política 90
Bernardo Vega. Charla en la Cámara de Comercio, 9 de marzo de 1983 , citado por Haroldo Dilla . Crisis del desarrollo y tendencias neoliberales. p. 54. 91 Juan Bosch rompe en 1973 con el PRD para fundar el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que se presentó a elecciones en 1978 con Juan Bosch como candidato a la presidencia. Bosch fue candidato en 1982, 1986, 1990 y 1994. Para 1996 con el retiro de Juan Bosch, el Congreso Elector escogió como candidato a Leonel Fernández, que obtuvo el 93,2 de los votos emitidos en el país. Aquino, José A. Ob. cit, p. 410-424. 92 El gobierno nacionalista de Manley en Jamaica había sucumbido ante presiones del FMI; en tanto que la política de reversión y contención diseñada por los estrategas norteamericanos daba frutos en Surinam y Granada, cuyos procesos sociales fueron revertidos, mientras que Nicaragua era sometida a la política de contención, mediante la guerra de baja intensidad. Simultáneamente, la crisis económica en el Caribe se profundizaba en la medida en que asistía a un cambio en el modelo de acumulación , donde el sector primario (producción agropecuaria y mineral ) era desplazado por el secundario (maquiladoras) y el terciario (fundamentalmente servicios turísticos y financieros) 93 La Iniciativa para la Cuenca del Caribe (Caribbean Basin Iniciative) lanzada en 1984 por el presidente Reagan para “contener las amenazas cubana y sandinista” en la región, fue uno de los factores decisivos para el desarrollo de la industria de ensamblaje destinada al mercado norteamericano. La República Dominicana fue la principal beneficiaria del ICC. Caroit, Jean Michel. “Relaciones Internacionales”. En: Estudios Sociales, año XX, número 89/90 . Santo Domingo, julio-diciembre de 1992, p 52. 94 La Junta Monetaria la componían el gobernador del Banco Central, los secretarios de finanzas y de Industria/Comercio, los empresarios Hugo Gilliami y José A. Nejri y otros 6 miembros, todos dirigentes de poderosas asociaciones burguesas y tecnócratas.
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económica del país después de 1960. Sin rebasar los límites constitucionales, estipulaba que las dos terceras partes de los miembros de la Junta fuesen elegidos en el Congreso95. Durante el período de Balaguer la Junta desempeñó un papel discreto en la vida económica nacional. Sin embargo, bajo el gobierno de Guzmán las tendencias monetaristas que controlaban el Banco Central llegaron a provocar tensiones entre el Presidente y el gobernador del Banco, Carlos Depradel96. A partir de 1982, la Junta Monetaria se convirtió en un núcleo de poder decisivo, al punto de generar una devaluación administrativa en la moneda dominicana, que fue culminada en enero de 1985 con el traspaso del petróleo al mercado cambiario paralelo. Además de la Junta, existían otras instituciones como la Secretaría de Industria y Comercio, el Centro Dominicano de Promoción y Exportación, la Comisión Promotora de Nuevas Inversiones Extranjeras (COMIEX), las comisiones de las zonas francas y mineras y la Comisión de Información para las normas de Comercio Exterior. Todas estas asociaciones e instituciones legales actuaban como orientadoras en la nueva coyuntura económica, para confirmar el mito de la eficiencia tecnocrática. El caso de la Reforma Agraria es también un ejemplo de ello. El criterio reformista de Balaguer fue sustituido por otro fomentalista, que debía descansar en un reducido grupo de hacendados que producirían con modernas tecnologías, y se eliminaría el paternalismo con la creación de empresas mixtas (empresario-Estado-campesino), donde las primeras administraban, el segundo financiaba y los terceros trabajaban, con una supuesta ampliación para todos. Esta tendencia en la agricultura indica un proceso de paulatina tecnocratización. La “revitalización económica” se mostraba de la siguiente manera: desapareció prácticamente el subsidio a los industriales, al otorgárseles un peso por un dólar para las compras en el exterior, esto implicó una devaluación de la moneda dominicana en la medida en que los dólares debían adquirirse en un mercado no controlado por el gobierno; al encarecer los costos de producción o de importaciones de bienes de consumo aumentó el nivel de los precios, con el consecuente efecto negativo sobre el consumo popular. No es casual que las dos mayores jornadas de protestas populares –la de abril de 1984 y la de febrero de 1985- tuvieran lugar inmediatamente después del traspaso al mercado 95 96
Constitución de 1966, artículo 112. Dilla, Haroldo. Crisis del desarrollo y tendencias neoliberales…. , p. 64.
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paralelo de divisas de las importaciones de medicinas, fertilizantes, cereales, petróleo, etc. En segundo lugar, el alza de los costos de producción y las reducciones sustanciales de las ventas afectaron a los sectores que producían para el mercado interno, así como a los importadores y a los comerciantes minoristas. En tercer lugar, la liberalización monetaria benefició escandalosamente a la banca, controladora desde fines de 1983 del mercado cambiario de divisas97. En el orden fiscal, la política se dirigió a la máxima reducción del déficit gubernamental y se aplicaron impuestos sobre el consumo y la circulación, con los consiguientes efectos inflacionarios. De igual manera, se redujeron los créditos a las empresas estatales mediante “topes trimestrales”, supuestamente dirigidos a rehabilitar el sector público de la economía. Esta revitalización económica pasaba por medidas draconianas como despidos masivos y represión sindical98. En el área del sector externo se dictaron algunas medidas temporales que limitaba las importaciones, pero los cambios fundamentales se dirigieron a crear posibilidades a las inversiones extranjeras. Se modificó la ley 861, reguladora de las inversiones extranjeras para ampliar aún más los incentivos de inversión en la minería, el turismo, la agroindustria y las zonas francas industriales, tal y como lo exigieran la Cámara de Comercio y la embajada de los Estados Unidos. Se otorgaron incentivos a los exportadores, sobre todo a los no tradicionales99. Muchos analistas gubernamentales manipularon los resultados estadísticos, pero no pudieron ocultar que el 3,9% de crecimiento económico en 1983 provino en su mayoría del 30% reportado por la minería y el 14% de la construcción, en cambio, los sectores productivos no crecieron o lo hicieron solo en pequeña escala100. Como reconoció el mismo presidente “el país estaba en el vórtice de la crisis económica y 1984 sería un año más severo aún ”101.
97
Dilla, Haroldo. Ob. cit, p. 55 Militarización de la Fábrica de Cemento Dominicana, El Nacional, 22 de marzo de 1983. 99 Dilla, Harold. Crisis del desarrollo y tendencias neoliberales….., p. 56 100 El déficit comercial ascendió a 529 millones de dólares debido al crecimiento de las importaciones sobre las exportaciones. El déficit fiscal no fue más alentador, alcanzó cerca de 293 millones de pesos, 7,5 más que en 1982. 101 Listín Diario , 28 de Febrero de 1984. 98
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Este año resultó mucho más desalentador, el PIB sólo creció un 1,5% y los resultados obtenidos para 1985 fueron catastróficos. Las exportaciones de los productos tradicionales disminuyeron un 14,2% y aumentaron otras sólo en un 3,2%. Al convertir la deuda “en el objetivo central de la política económica”, según Miguel Ceara, “el gobierno sustituyó cualquier estrategia a largo plazo por una visión cortoplacista y aniquiló cualquier opción de desarrollo futuro” 102. Las negociaciones con el FMI fueron desalentadoras para el interés dominicano. El gobierno tuvo la oportunidad de renegociar un total de 586,6 millones de dólares, pero en un quinquenio debía pagar 600 millones de dólares, que constituían los dos tercios de las exportaciones del país103. Hacia 1984, la deuda externa constituía el 40% del PIB104. El resultado de estas medidas hizo que la prensa de la época, al referirse a República Dominicana, la catalogaran como una calamidad social. Entre agosto de 1982 y enero de 1983 perdieron sus empleos unas 20 000 personas y el desempleo representó el 32,6% de la población económicamente activa105. También se hizo sentir la afectación de los sectores empresariales medianos y pequeños, las industrias nacionales llegaron al borde de la ruina, redujeron sus plantillas, mientras que la tecnología usada era ociosa en un 50%106. Al margen de algunos sectores agrícolas medios, que pudieron ser beneficiados con el crecimiento de los cultivos de exportación al mercado norteamericano, la inmensa mayoría de la población rural –minifundistas con menos de cinco hectáreas, peones, etc.- fueron afectados por el constreñimiento de los créditos, el aumento de los precios de los insumos agrícolas, la detención de la escuálida Reforma Agraria y el brusco deterioro de los generalmente inaccesibles servicios públicos.
102
Ceara Miguel, Ob. cit, p. 185. Granma, 2 de Agosto de 1985. 104 Peña, Jorge de. “El costo de la vida, la situación del empleo y sus repercusiones en los trabajadores y sus organizaciones”. En Forum 8, Santo Domingo, 1983. 105 Dilla, Haroldo. Ob. cit, p. 11. Explica el historiador que según el FMI, el 70% de la población urbana en República Dominicana está por debajo de la línea de la pobreza, basado en los siguientes datos: los productos de la canasta básica habían duplicado y triplicado sus precios, el precio de las medicinas también se había triplicado y en los productos agrícolas de mayor consumo el aumento del precio giraba en un 70 %. Debe tenerse en cuenta que desde 1966 en el país se ha producido una política de congelación salarial sólo interrumpida en 1974, 1979, 1984 y 1989. 106 Dilla, Haroldo. Ob. cit, p. 12. 103
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En síntesis, el proyecto de ajustes fondo-monetaristas logró efectos destructivos estratégicos, no generó un proceso de crecimiento sostenido y la acción lucrativa del capital financiero transcurrió por un vertiginoso proceso de concentración y centralización de la producción, que alteró sustancialmente la estructura social, la relación interclasista, las formas de interacción entre las fracciones del grupo oligárquico y como corolario lógico, las relaciones políticas. Al finalizar la gestión administrativa de Jorge Blanco en agosto de 1986, no obstante el informe triunfalista rendido por este, el país había quedado en bancarrota, con la moneda devaluada en un 300% y la deuda externa ascendente a 3500 millones de dólares. Ninguna de las gestiones internacionales había fructificado. La gestión con el FMI fue catastrófica y con la Iniciativa para la Cuenca del Caribe y otras relaciones comerciales intra-regionales no hubo tiempo para una consolidación explícita. La corrupción administrativa creció a niveles jamás sospechados, los índices de desocupación se habían multiplicado, el sector agropecuario se encontraba arruinado, los paros, protestas y movilizaciones sociales habían alcanzado su máximo desarrollo. La llegada al poder del PRD en 1978 marcó un cambio en la dinámica económica dominicana contemporánea por varias razones: 1) La década de los ochenta fue de transición hacia una economía de servicios (turismo y zonas francas, fundamentalmente). Se agotó el sistema sustitutivo de importaciones implementado por el gobierno de Joaquín Balaguer, pero paralelamente se estimuló la consolidación de la burguesía financiera vinculada a los intereses del capital transnacional y se incentivó la entrada de capital foráneo con leyes que estimulaban la inversión extranjera. Este proceso se consolidó a partir de 1984 con la firma del primer acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional y la inserción en la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. 2) El sistema de partidos se fortaleció. Asimismo, se amplió el poder corporativo del empresariado y de los movimientos obreros y sociales en un clíma de relativa libertad pública. 3) El PRD procedió a desarrollar una política de inversiones públicas y gastos sociales de corte keynesiano, con el fin de estimular el aumento de la demanda, como estrategia 50
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para superar la etapa recesiva del gobierno de Balaguer. En un contexto de crisis del aparato exportador tradicional e imposición de los intereses del capital transnacional, el Estado reorientó su política a la restricción de los gastos públicos del Estado y apeló al endeudamiento con organismos internacionales. En esta situación la naturaleza del Estado se transformó ante la nueva realidad nacional e internacional que vivía la nación.
1.4. Transformaciones generales del modelo de Estado dominicano entre 1966 y 1986 Desde sus orígenes, el proceso histórico de construcción del Estado en República Dominicana recibió la influencia de modelos foráneos, producto de realidades sociales diferentes a la dominicana, o bien adoptó medidas impuestas por potencias extranjeras que habían ocupado el país o que habían tenido una injerencia directa en el mismo. Incluso la Constitución de 1844, cuando el país obtiene la independencia, no fue más que un transplante de experiencias constitucionales de otros países107. De ahí que se intentara dar concreción a los aparatos del Estado, sin tomar en consideración que la debilidad o fortaleza de la estructura institucional dependía más bien del grado de desarrollo de la formación económico social dominicana y no del nivel de avance de los modelos transplantados. Como no había existido esta correspondencia, el Estado dominicano difícilmente pudo hacer realidad el contenido de dichos modelos108. Además, la mayoría de la bibliografía expresa que 80 de los 154 años de vida republicana que tiene el país han correspondido a gobiernos dictatoriales y a la administración por ocupaciones extranjeras. En este lapso histórico la constitución se modificó en 36 ocasiones. De ellas la constitución de abril de 1963, bajo el gobierno de Juan Bosch, es considerada como la verdadera reforma democrática en plena correspondencia con las necesidades de la nación. 107
Por ejemplo Haití, Estados Unidos, Cádiz y Francia. Sabemos que República Dominicana no constituye un caso excepcional, al igual que otros países latinoamericanos, se inspiraron en constituciones que consideraban en este momento como paradigmas. Puede consultarse: Jorge García. La constitución de Cádiz y su influencia en América Latina , Cuadernos de CAPEL , Costa Rica, 1987 y Thomas Buergenthal “La Constitución norteamericana y si influencia en América Latina, Cuadernos CAPEL, Costa Rica, 1987. 108 El propio Joaquín Balaguer manifestó al llegar a la presidencia en 1966 que la Constitución no era más que un pedazo de papel. Véase: Mariñez, Pablo. Ob. cit, p. 112.
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Después se marcó un retroceso político en 1966, que influyó en la reforma constitucional de ese año, luego fue revisada y transformada en 1994, para dar salida a la crisis política que vivió el país a raíz de los comicios de ese año109. La mayoría de las modificaciones realizadas a la constitución no captaron la naturaleza del desarrollo histórico social dominicano, siguiendo reglamentaciones y bajo un personal especializado ajeno a los intereses nacionales. Al menos dos de las reformas que ha sufrido la Constitución dominicana se han producido a raíz de las ocupaciones norteamericanas. Incluso leyes y ordenanzas dictadas en 1965 siguieron vigentes hasta 1994, año en que se realiza una reforma constitucional exigida por el pueblo con sus propias experiencias, que se mantiene hasta la actualidad. Dentro de estas condiciones, una de las características fundamentales del sistema político dominicano reside en depositar mucha confianza en el presidente, que es la máxima autoridad que define la sociedad política en detrimento de otros poderes e instituciones. Así mismo, a lo largo de la historia ha sido escasa la delimitación de competencias de los distintos poderes en que formalmente se ha dividido el Estado y la subordinación de las demás instancias al poder ejecutivo. La independencia de los poderes fue históricamente una ficción en la República Dominicana. Tanto el Poder Legislativo como el Judicial, por situaciones históricas muy difíciles para el país, han perdido la credibilidad que requiere toda institución para lograr cierta estabilidad nacional. La inoperancia de los tribunales dominicanos para castigar a los culpables de los crímenes políticos, e incluso los delitos comunes, ha provocado que en ocasiones la población se haya visto en la necesidad de hacer justicia con sus propias manos110. Las Fuerzas Armadas, institución de colosal importancia para la estabilidad de cualquier Estado, fueron desarticuladas en plena ocupación (1965), para ser creada una nueva institución castrense, lógicamente siguiendo el modelo norteamericano, bajo asesoramiento y entrenamiento foráneo. Incluso cuando fue necesario modernizarla y
109
Rojas, Onefre. El proceso de reforma y constitucionalización….p. 2. (ver anexo 1) En un encuentro sobre la justicia dominicana a finales de 1986, el procurador general de la República confesó: “todo lo que aquí se ha dicho en contra de la justicia es verdad. ( …) Nuestros jueces lamentablemente en gran parte se han corrompido, venden sentencias, son haraganes, son cobardes, son indolentes y no tienen el más ligero ápice de conciencia de la gran responsabilidad que la sociedad a impuesto sobre sus hombros” Forum: La justicia en República Dominicana, Santo Domingo , 1987. Citado por Mariñez, Pablo. Ob cit, p. 113. 110
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reestructurarla (1978), Estados Unidos se encargó de impedir que las fuerzas armadas dominicanas velaran por los intereses nacionales, tal y como señala la Constitución. En ausencia de esta legitimidad institucional, en el país se forjó una cultura política que relega a un segundo plano al consenso y la hegemonía. Los mecanismos coercitivos facilitaron la implantación de regímenes autoritarios. Quizás buena parte de la explicación del fenómeno que venimos señalando radique en que la mayoría de las instituciones del sistema político dominicano se han originado y desarrollado precisamente bajo regímenes de este corte. Durante la dictadura de Trujillo se crearon no menos de 22 instituciones estatales en el país, por lo que se puede afirmar que la mayoría de las existentes no se han desarrollado bajo gobiernos proclamados democráticamente. Paradójicamente, la dictadura de Trujillo recurrió en mayor grado a los aparatos del Estado que los gobiernos democráticos que le sucedieron111. Estos factores influyeron cuando la Revolución de Abril de 1965 revindicó la articulación de una nueva forma de Estado. Pero el esquema adoptado por el Consejo de Estado y el Triunvirato no pudo sostenerse por la imposibilidad de la clase dominante local para mantener un régimen que respondiera, exclusivamente, a sus intereses. La clase dominante aceptó un proyecto que implicaba la normalización del esquema político. Se garantizó la unidad de los sectores dominantes contra la posible emergencia de un nuevo intento revolucionario. La salida fue el retorno de Balaguer, que supuso el paso a una nueva forma de Estado con la presencia hegemónica de Estados Unidos penetrando diversas instancias del aparato gubernamental dominicano112. El pacto le resolvió el problema a la oligarquía, pero al precio de su total marginación como clase política. Para explicar el triunfo electoral de la derecha hay que destacar que todavía la mayor parte de la población dominicana estaba compuesta por campesinos, en quienes se mantenían reflejos ideológicos tradicionalistas moldeados durante el periodo trujillista. El campesino seguía adscrito al poder estatal a través del respeto a la autoridad como forma 111
Mariñez, Pablo. Ob cit, p 120-121. La aceptación del nuevo régimen era adicionalmente facilitada debido a que el gobierno norteamericano necesitaba legalizar la intervención militar. Como acto a posteriori, esto debía traducirse en la celebración de “elecciones libres” y en la ulterior instalación de un “gobierno democrático”. Cassá Roberto, p. 245. 112
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de autoprotección que reflejaba patrones paternalistas. Esto le confirió a Balaguer garantías de victoria electoral frente a los emergentes actores sociales y políticos urbanos con amplia base de legitimidad. Por otra parte, fracciones importantes de la pequeña burguesía –sobre todo urbana-, si bien no estaban condicionadas por la impronta trujillista, llegaron a temer un avance ulterior del proceso revolucionario, por lo que se produjo cierto desplazamiento hacia la derecha. La guerra civil y la ocupación norteamericana generaron en amplios sectores de la población urbana el deseo de retorno a la “normalidad”, lo que fue capitalizado por Balaguer al presentarse como candidato de la paz por encima de los bandos en pugna. De tal forma, la nueva opción de derecha, por inspiración de Balaguer y por racionalidad implícita de los planes norteamericanos, no reprodujo el exclusivismo de la burguesía tradicional. Por el contrario, Balaguer recurrió a la defensa explícita y práctica de determinadas medidas democráticas para incorporar a gran parte de la pequeña burguesía. Mantener ciertos moldes democráticos resultó una garantía para la estabilidad del sistema. Después de consumar el pacto de dominación se realizaron tareas represivas, objetivo básico subyacente en el montaje del nuevo esquema de poder. Se aisló a los grupos insurreccionales y se justificaba su exterminio. Con la legitimidad se previeron probables rebrotes insurreccionales113. El régimen balaguerista estuvo considerado formalmente como un gobierno democráticoliberal y representativo, tal y como consigna la Constitución de 1966. Sin embargo, durante sus doce años de vigencia predominaron prácticas muy distantes de los formalismos legales propios de esta forma de Estado capitalista. La acertada denominación de Roberto Cassá como “bonapartismo dependiente” resume el contenido autoritario de un Estado destinado a desempeñar difíciles tareas para frenar y/o liquidar una revolución popular, de estructurar una modernización capitalista dependiente y
113
Cassá, Roberto, p. 250.
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de promoción de sectores burgueses sobre una base socioeconómica arcaica y en medio de una fuerte lucha popular114. Cassá explica en su análisis cómo, después de la lectura de los textos más importantes de Marx y Engels sobre el bonapartismo, se permite conceptualizarlo como un esquema en el cual, la clase burguesa dominante queda excluida de la participación directa del Estado y sustituida por una burocrática que asume interés general de clase. El Estado tiene que asumir líneas que entran en contradicción con ciertos intereses inmediatos de la clase dominante con el fin de garantizar la estabilidad del sistema y necesita, a su vez, la subordinación política de la burguesía. La eficacia del sistema político responde a condiciones históricas particulares: peligro de insurgencia popular, inestabilidad en la correlación de fuerzas de las clases, persistencia de relaciones precapitalistas que requerían determinadas mediaciones desde el Estado y debilidad relativa del industrialismo. Un aspecto de particular relevancia es que se atribuyen poderes excepcionales al poder ejecutivo. Se establece una dictadura o semidictadura, donde el presidente asume responsabilidades y toma decisiones que normalmente corresponden a diversas instituciones del Estado y a grupos de poder que representan intereses de clases. Ello es importante, por cuanto el poder ejecutivo no sólo representa el poder hegemónico, sino que controla las mediaciones entre los diferentes poderes e instituciones del Estado y controla, por tanto, su relación con la sociedad. El sociólogo dominicano Antonio Sánchez explica cómo desde Heureaux a Balaguer hay un continuum autoritarismo, que con todas las aclaraciones de rigor, puede trazarse en el último siglo115. Sin embargo, según Cassá, ello no implicó que Balaguer fuese el resultado directo del trujillismo. Después de una revolución como la de 1965, el “pacto de caballeros” exigía una disminución del despotismo y del intervencionismo estatal. No obstante, el Estado quedó como instancia crucial para la reorganización del proceso de acumulación de capitales116. 114
Cassá, Roberto. Modo de producción, clases sociales y luchas políticas. Santo Domingo: Punto y Aparte Editores C, 1983. 115 Sánchez, Antonio. “Ensayo sobre las ideas típicas de la pequeña burguesía en la República Dominicana”. En: Realidad Contemporánea, año I, No 3-4. Santo Domingo: julio-diciembre de 1976. pp. 140-154. 116 Cassá Roberto, Ob. cit, p. 269.
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El contenido social del Estado en sus elementos esenciales no cambiaba, pero sí las modalidades de su funcionamiento y la articulación de sectores, resultado de las contradicciones de clase que tienen lugar en la coyuntura117. El eje esencial de esta nueva forma de Estado radicaba en lograr la “estabilidad y consenso” de clases. Para ello se requería de un monto financiero bastante grande que pudiera sustentar su proyecto económico, social y político. Las donaciones norteamericanas al gobierno, directas o por vía de la Organización de Estados Americanos, ascendieron a no menos de 60 millones de dólares y por la vía de préstamos alcanzaron los 253 millones de dólares118. La burguesía dominicana cedió protagonismo político a Joaquín Balaguer exigiendo, a cambio, la disposición del gobierno para accionar a su favor en la acumulación de capital. Durante estos doce años se incorporó un número elevado de individuos a la clase dominante, surgiendo un grupo industrial relativamente fuerte, pero sobre todo el desarrollo del gran capital financiero irradiado hacia diversas áreas productivas. El Estado sirvió como mediador en la distribución de esos recursos que solamente podían traer ocasionales empleos para los sectores más desposeídos y comprendió que la fuerza amortiguadora entre el capital y el trabajo era la pequeña burguesía que, por sus niveles culturales, comprendía sus intereses clasistas y en base a la cual se abrían posibilidades de articulación de esquemas fáciles de acumulación de capital. Sobrevino entonces una dispersión y desorganización gradual de las fuerzas populares, ya que esta pequeña burguesía119 integró, en su gran mayoría, el bloque de poder y abandonó un proyecto alternativo. El modelo económico desarrollado por el balaguerismo introdujo cambios significativos en toda la estructura de clases. El país experimentó un proceso de modernización que 117
Dilla Haroldo. Ob. cit, p. 48. Para ampliar información se puede consultar la obra citada de Roberto Cassá, páginas 273-282. 119 Antes de 1961 la pequeña burguesía podía llegar a ser un peligro, ya que no entraba dentro de los beneficios del sistema económico estatal trujillista. El sector más radical dentro de esta clase se destacó en la Revolución de Abril, asumiendo dos posiciones principales: la del populismo (en mayoría) y la de la izquierda revolucionaria. El populismo no reconocía todos los derechos de las masas populares, pero al no existir una independencia clasista del movimiento popular, fue aceptado por la gran mayoría. Entonces la pequeña burguesía se esforzó por jugar un papel que a la larga sería beneficioso para el bloque de poder, tratando en todo momento de disolver las manifestaciones revolucionarias, en lo que se incluían prácticas divisionistas contra el movimiento sindical. Es importante resaltar los errores de la izquierda revolucionaria, que por concepciones no adecuadas a la realidad dominicana, veían a la clase campesina como la fuerza revolucionaria más importante, resaltando obsesivamente al movimiento 14 de Junio y no trataron de vincularse a la pequeña burguesía. 118
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benefició fundamentalmente a las capas medias urbanas, así como a un sector de la burguesía, particularmente vinculada al Estado en términos de acumulación. Se contaban por cientos los nuevos millonarios, tanto por la vía de la corrupción, como por medio del proceso productivo y comercial. El proceso de urbanización se había ampliado, lo mismo que la migración interna y externa. La relación campo-ciudad, en términos de su población, también había experimentado cambios significativos: “Las nuevas avenidas, los centros comerciales, los hoteles internacionales, la vida nocturna, han convertido a la ciudad Trujillo de principios de la década de 1960 en un borroso recuerdo” 120 . La intolerancia, el desconocimiento de los derechos de la parte contraria, sea esta mayoritaria o minoritaria, la idea del Partido como un todo y no como una parte de la sociedad, entre otros elementos, se constituyeron en los aspectos más sobresalientes de la cultura política dominicana durante el período 1966-1978. El gobierno de Balaguer instauró desde sus inicios una política cultural caracterizada por la apertura a la influencia norteamericana, la devoción por la conservación del patrimonio inmueble y la construcción de obras de infraestructura física en la capital, Santiago y otras provincias del país. Como reacción a estas políticas culturales del gobierno, se generó en esta etapa una gran acción cultural de resistencia, basada en la búsqueda de lo nacional, la integración de la comunidad a las actividades culturales y de denuncia frente al régimen. Se crearon clubes culturales y gran cantidad de talleres literarios. En este contexto surgen nuevos historiadores que reinterpretan la historia, como Frank Moya Pons y Roberto Cassá, se destacan los grupos de investigación CONVITE y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que comienzan a publicar suplementos culturales como el periódico La Noticia y Artes y Letras del Listín Diario . Al mismo tiempo, la “nueva canción” o “canción protesta” prolifera alcanzando su mayor ebullición en 1973 con el evento internacional “Siete días con el pueblo”. A mediados de la década del setenta, con la crisis económica, se debilitó la alianza de los sectores oligárquicos y burgueses que habían cerrado filas junto a Balaguer en 1966. Con el fin de contrarrestar los efectos negativos no deseados, el gobierno redujo su política represiva, concedió mayores libertades de expresión, revitalizó la reforma agraria, 120
Vilas, Carlos. “Clases sociales, Estado y acumulación periférica en la República Dominicana 1966-1978”. En: Realidad Contemporánea, No 10-11. Santo Domingo, 1979.Citado por Mariñez, Pablo. Ob. cit, p. 58.
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construyó viviendas en los barrios de capas medias y bajas e incluso legalizó el Partido Comunista Dominicano, en un intento por modificar la correlación de fuerzas desfavorables que estaba generando. Sin embargo, ello no dio los resultados esperados, la acción política del PRD y de los grupos de la izquierda revolucionaria, junto a la oposición del empresariado, enseñaron cómo el sistema daba muestras de ser inadecuado para el desarrollo de los intereses de cada grupo. Se realizó el combate contra el régimen, empleando la libertad de prensa radial y escrita. Finalmente se logró “el cambio”. Con esta palabra el PRD realizó su campaña, y con ella ganó las elecciones121. La llegada del PRD al poder parecía coronar finalmente el ferviente deseo de la población de tener en el país una dirección capaz de hacer del Estado una institución que pudiera trazar una vía para cambiar su situación económica y su exclusión política y social. A partir de 1978 se integraron frentes de masas populares, sectores de la pujante clase media urbana y determinados miembros de la burguesía financiera-industrial, quienes propugnaban un ordenamiento económico más inmerso en la ética burguesa liberal. Era un supuesto consenso de conflicto social entre la clase media y la oligarquía financieraindustrial, pero sobre todo entre esta última con los sectores populares y particularmente con las organizaciones obreras. Sin embargo, ya desde el principio el PRD había hipotecado su futuro. A nivel interno, el PRD se acercó a la oligarquía y a la burguesía que se había distanciado de Balaguer, justamente por la derechización que había experimentado dicho partido, sobre todo después de 1973, año en que Bosch abandona sus filas para fundar el PLD. Al mismo tiempo, el PRD continuó su retórica discursiva hacia los sectores populares, fundamentalmente los centros urbanos, donde contaba con mayor base de sustentación social. Paralelamente, a nivel externo, el PRD intensificó su acercamiento a los sectores liberales norteamericanos, así como a la Internacional Socialista, de la que se hizo miembro. Consciente de la dominación neocolonialista a la que estaba sometido el país, el PRD impulsó toda una política que le permitió pedir apoyo a los Estados Unidos para que Balaguer respetara el resultado electoral. Cuando los escrutinios comenzaron a arrojar un resultado desfavorable al PR, los militares irrumpieron el salón de la Junta Central 121
Mu-Kien, Adriana. “Entre el autoritarismo y la aspiración de libertad”. En: Estudios Sociales, año XXVII, No 95. Santo Domingo: Fundación Juan Montalvo, 1994, p. 16.
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Electoral con el fin de interrumpir el conteo de los votos y dar un golpe de Estado que pudiera retener el poder. Sin embargo, esto último no fue posible, en parte por las pugnas surgidas entre los miembros de la alta oficialidad y en parte por las presiones externas, particularmente por el gobierno norteamericano, que tomó cartas en el conflicto. El resultado fue una componenda entre el PRD, el PR y el gobierno norteamericano, que se denominó fallo histórico y en el que al PRD se le reconocía el triunfo electoral, a cambio de que aceptara la alteración de los cómputos en cuatro provincias del país, con lo cual el PR lograba mayoría en el Senado. De esa manera, el PRD asumía el poder a medias, pues la Cámara de Senadores pasaba a ser controlada por la oposición balaguerista122. La apertura democrático-liberal de 1978 implicó una ampliación de las libertades públicas y un intento de institucionalización del Estado y la sociedad civil, único y magro fruto de las promesas de cambios que aglutinaron a las masas populares tras las banderas del PRD, después de casi un siglo de política autoritaria y del frustrado intento de cambio socioeconómico a principios de la década de 1960. Con el gobierno de Antonio Guzmán (1978-1982) se continuó una política económica estrictamente ajustada a los intereses del capital local y a la lógica del capital transnacional. Lo novedoso fue que se trató de favorecer la elevación del empleo y los ingresos de los sectores populares, especialmente los rurales, para elevar el nivel de demanda, a fin de estimular la oferta, sobre todo industrial y agrícola. A tal fin, se asumió como recurso fundamental el apoyo del financiamiento internacional. Aunque la política económica varió, la alternativa fue la misma: la reproducción del capitalismo dependiente. La teoría del gobierno se basó en “que al gobierno le toca, junto a los demás organismos de representación trazar líneas generales, formales y anónimas que regulen el mercado y que aseguren el clima de paz y seguridad de ciudadanos” . Sobre esta convicción se pasó a desmontar el reglamento social informal y primario de manejo de la economía y la política que había contribuido a la consolidación de la simbiosis que operó entre el Estado y los empresarios con Balaguer. El nuevo equipo gobernante estuvo rodeado de una alta inseguridad. Era una estructura estatal conformada de acuerdo a intereses militares y empresariales habituados a 122
Mariñez, Pablo. Ob. cit, p. 179.
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concesiones y, por otro lado, apuntalada por los lazos tradicionales de dependencia política respecto a Estados Unidos123. Además, esta inseguridad era estimulada por el amplio movimiento social que el propio PRD había articulado, encerrando así muchas expectativas por reivindicaciones sociales124. Se aplicó un criterio de equidistancia, no sólo frente a los sectores empresariales y de clase media y popular, sino frente a su propio partido. Sin embargo esta estrategia de equidistancia respecto a los diversos grupos de presión provocó continuos roces, tanto frente al sector empresarial como al propio partido, lo que, de hecho, es interpretado por muchos investigadores como una lucha de clases, ya que tanto en el gobierno como en el seno del partido gobernante existían sectores ideológicos perfectamente diferenciados en política económica y social, de acuerdo a la toma de decisiones del gobierno125. El resultado tácito de este fenómeno fue la aparición de tres tendencias ideológicas en el gobierno y el grupo dominante en general. Estaban los tecnócratas, que planteaban que el principal problema del Estado era la falta de recursos financieros producida por la crisis externa de la economía, las deficiencias tributarias y las elevadas presiones sociales, cuya posible solución era fortalecer el Estado mediante la carga impositiva. En segundo lugar, se identificaban los liberales clasistas, que abogaban 123
En diciembre de 1981, seis meses antes de las elecciones generales de 1982, la Agencia de Comunicación Internacional de Estados Unidos (USICA), a través de la embajada norteamericana en el país, dio a conocer un informe especial emitido por el Departamento de Estado, donde señalaba, entre otras cosas, que el Partido Comunista Dominicano y el PLD percibían fondos de Cuba y de la URSS y que además enviaban un número de miembros a recibir enseñanza política y académica, así como entrenamiento militar. Este gobierno se mantuvo alineado a los intereses norteamericanos, bien fuese apoyando el boicot de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Moscú, o a la oposición a que el caso de Puerto Rico fuese reconocido en la ONU, etc. Mariñez, Pablo. Ob. cit, pp.102.103. 124 El PRD se enfrentó a elevadas y contradictorias demandas sociales: las demandas de los sectores populares en procura de una mejoría del nivel de ingreso y de empleo, detenido uno y desmejorado el otro por efecto de la Ley de Austeridad, pieza importante del modelo industrializado aplicado por el Partido Reformista; las demandas de los sectores de ingresos intermedios por un amplio abanico de motivaciones: mayor poder político frente a los sectores tradicionales de poder, afán de lograr una mejor colocación dentro de la burocracia estatal, mayores oportunidades económicas y ampliar su seguridad para mantener la pauta moderna a favor del conservadurismo importado; demandas de los sectores empresariales: unos por mantener se tradicional influencia en la conducción del gobierno y otros orientados por una mayor democratización económica y descentralización geográfica de la administración pública; el sector militar con su campaña anticolonialista obedeciendo a la meta política de Estados Unidos de la seguridad continental. Castillo, Manuel del . Modelo de democracia…. pp. 179-183. 125 En este sentido hay que tomar en cuenta que el grupo gobernante provenía de un sector agrícola (burguesía) vinculado a los sectores de la clase media urbana, a través de los liberales del PRD y ciertas vinculaciones con el sector liberal de la alta burguesía agro-industrial. Esto lo colocaba en contradicción secundaria respecto a los altos sectores de la burguesía urbana de base industrial y comercial (importadores), que habían sido favorecidos por el modelo industrial sustitutivo de importaciones aplicado por el Partido Reformista. También existieron diferencias con ciertos sectores de la clase media urbana dentro del partido y cuyo liberalismo se planteaba en términos más radicales y amplios (liberales moderados u oficialistas y liberales verticales o partidistas).
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por un fortalecimiento del Estado para garantizar el libre juego de la empresa y la iniciativa a gran escala de la empresa privada. Esta tendencia estaba en perfecta conjunción con la administración de Ronald Reagan basada en la necesidad de liberar la economía, a fin de estimular la inversión y la producción. Por último, se encontraba la tendencia neoliberal, que abogaba también por el fortalecimiento del Estado para que lograra dirigir la gestión económica, pero vinculada con la inversión extranjera como única vía para solucionar la falta de recursos financieros. Esta tendencia surgió dentro de los propios liberales y constituyó un grupo muy fuerte dentro del PRD. En nuestra opinión estas tendencias no tenían en cuenta que este modelo de empresa estimulaba el desempleo y la fuga de capital y originaría, a partir de la ineficiencia estatal, un abandono de la iniciativa empresarial del gobierno y, por tanto, desaparecería el papel asistencial del Estado126. A los pocos meses de asumir el poder, el PRD se encontró sometido, por un lado, a fuertes críticas y presiones por parte de ciertos sectores de la burguesía, particularmente la CNHE. Por otro lado, tuvo que enfrentar rápidamente a diversas movilizaciones sociales que protestaban por las medidas consideradas antipopulares y tampoco llegaron a comprender los cambios que se habían producido en el interior del partido. La táctica diseñada para superar esta situación fue la de proyectar el distanciamiento que se había producido entre la tendencia del partido que estaba en el gobierno y el propio partido. Esto le concedía credibilidad, en tanto era de conocimiento que existían dos tendencias políticas, los oficialistas (conservadores) y los ilustrados, que se alineaban a los postulados de la socialdemocracia. Era este último grupo el que había sido marginado del gobierno de Antonio Guzmán. Las pugnas internas127 lo convirtieron en un partido débil en el terreno político. Se produjo la llamada “lucha de tendencias”, las que se enfrentaron por el control de la maquinaria 126
Castillo, Manuel del. Bases y perspectivas de la democracia…. pp. 185-200. Tendencia Guzmán-Majluta: conocida como Unidad de Acero, era la más fuerte en cuanto a recursos económicos y de mayor influencia en la maquinaria del partido, pero careció de apoyo popular. La tendencia Jorgeblanquista, conocida como Alianza Electoral, gozaba de mayor respaldo popular y del apoyo del presidente del PRD Peña Gómez. Captó el apoyo de figuras reconocidas que se habían apartado del PRD o nunca habían militado en él. Se vincularon figuras del mundo empresarial para obtener fuerte financiamiento y al mismo tiempo congeniar los propósitos del CNHE. Lo que pudo asegurar el apoyo popular fue la conocida fórmula 13 que aseguró una amplia participación de base en la selección del candidato, lo que estableció el voto de más de 100 000 perreidistas. Se sirvió del populismo latinoamericano, estableció contactos con los grupos empresariales que formaron parte del equipo asesor propuestos previamente por el CNHE. Dilla, Haroldo. Crisis y evolución…pp. 60-62. 127
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partidista y por la obtención de la candidatura presidencial y vicepresidencial. Así, en este marco contradictorio, los partidarios de Guzmán no fueron tolerados ni por su propio partido ni por las clases hegemónicas. Si bien se logró la difícil situación de estar en el gobierno y a la vez en la oposición, la argucia al parecer no tuvo mucho éxito, pues no fue aceptada por todos los miembros del CNHE128 y la clase media. Otros sectores empresariales mantuvieron una actitud de reserva y cooperación en proyectos de desarrollo129, pero el partido ganó el apoyo popular que le aseguró conservar el poder por medio de los comicios de 1982. Se avizoró la paulatina reducción de sus bases electorales como consecuencia de su política impopular entre 1978 y 1982 y en provecho del PLD las divisiones internas continuaron entre la tendencia de Jacobo Majluta y la dirigida por Jorge Blanco. En este nuevo gobierno, el PRD no pudo solucionar las pugnas reales que existían en el interior del partido. Tampoco aprovechó la situación para diseñar un proyecto económico alternativo que respondiera mínimamente a las expectativas populares y que trazara las líneas de la transición democrática en su vertiente económica. En 1983 comienza el segundo gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Este se inicia con un reordenamiento del Estado y de la sociedad, en la cual se perciben restricciones de los espacios democráticos. Ante la crisis económica, los particularismos de los grupos dominantes y la presión de los organismos internacionales, el gobierno se alejó de los tímidos intentos populistas del período 1978-1982 e implementó un modelo económico neoliberal, centrado en el mercado externo y cerrado a las demandas populares, lo cual contribuyó a una progresiva pérdida del consenso. La convulsa sociedad dominicana de los ochenta evidenció el deterioro de la racionalidad estatal, la 128
En la medida en que Guzmán fue desmantelando la política económica del Partido Reformista, la intranquilidad del CHNE se convirtió en expresiones de conflicto, por lo que CNHE, aunque tuvo la intención de hacerle frente al gobierno como unidad monolítica, no logró hacerlo efectivo por su carácter heterogéneo. Mientras algunos invitaban a enfrentar el gobierno, otros manipulaban la situación para evitar que otros sectores empresariales alcanzaran mejor posición en el reglamento económico oficial de las empresas. La lucha en el plano político era débil por la fortaleza del PRD y el PR. De esta manera el CNHE quedó cooperando especialmente en apoyo a la política del gobierno a favor de la niñez dominicana y más efectivamente como un grupo de presión que opera en el Congreso Nacional. Castillo, Enmanuel del. Ob. cit, pp. 226-227. 129 Entre ellos se encuadran el grupo liberal modernista, los medianos empresarios y la Asociación para el Desarrollo de Santiago. La clase media sólo pudo ser satisfecha mediante la incorporación parcial al tren burocrático y bajo el criterio de selección, no sólo de la capacidad técnica sino de moderación política. En este sentido se puso de manifiesto el criterio de “liberalismo moderado” del grupo gobernante. Castillo, Enmanuel del. O b. cit, pp. 226-227.
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erosión de la gobernabilidad y la ausencia creciente de representatividad y legitimidad, agudizado por el traslado de todas las contradicciones internas del PRD al Estado. J. Majluta mantuvo, como presidente del Senado, amplio apoyo dentro de esta institución y, a su vez, controlaba la Cámara de Representantes, por lo que se tornaban muy difíciles las relaciones entre el poder legislativo y el ejecutivo. La tecnocratización del Estado dominicano fue un rasgo distintivo de la época. Este proceso acarreó la necesidad de un nuevo discurso legitimizador basado en que la eficacia se hace a título de una supuesta despolitización de la política económica, premisa importante de la ideología neoliberal. El cuerpo burocrático fue cubierto paulatinamente por tecnócratas neoliberales, al mismo tiempo que se establecía un vínculo muy estrecho entre agencias crediticias norteamericanas, universidades privadas y el Estado. Dentro de este programa el Estado prestó dinero a dos instituciones universitarias: la estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo y la privada Universidad Católica Madre y Maestra. Se fomentó el desarrollo técnico en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, principal baluarte académico del neoliberalismo en el país130. Se subordinaron determinadas estructuras de poder formal y emergieron otras recién creadas o revitalizadas, que irían acumulando facultades de decisión. De todas las instituciones, el Parlamento fue la más afectada. De hecho, el Congreso fue marginado de la toma de decisiones con el FMI, de la devaluación monetaria y otras de menor cuantía, pero que marcaron el pulso de la situación. Jorge Blanco sometió al Congreso a una mayor disciplina, con un ritmo menos convulso y más afín con el nuevo orden político131. A diferencia del autoritarismo caudillista propio del balaguerismo -con un parlamento sumiso construido sobre escandalosos fraudes preelectorales y/o electorales-, el modelo de Estado tendió a institucionalizar el autoritarismo dentro de una nueva estructura de poder, que reflejó la nueva correlación de sectores dominantes favorable a la fracción burguesa monopolista financiera. A partir de 1982, el Banco Central y su órgano superior, la Junta Monetaria, se convirtieron en el núcleo decisivo en la política económica del país.
130
Dilla, Haroldo. Crisis y evolución…..pp. 24-25.
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Listín Diario, 17 de abril de 1985.
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La acción de relegar ciertas áreas de poder del Estado a un mero poder formal o simplemente para el entretenimiento de la opinión pública se percibió cuando se construyó el programa denominado “lineamientos de política económica y programa de inversiones públicas” (enero de 1983), donde se propuso un modelo desarrollista de corte keynesiano muy distante de la estrategia neoliberal en curso. En mayo de 1983, la Secretaría declaró que el proyecto sería presentado en el ejecutivo. Luego este se esfumó y ahora sólo existe en algunas bibliotecas y archivos para el interés académico132. Contrario a esto, la Comisión Promotora de Nuevas Inversiones Extranjeras, creada en 1982, entró plenamente en funcionamiento en 1984. Su misión declarada sería la formación de un ambiente propicio para las inversiones, la orientación de programas de desarrollo priorizados, la identificación de nuevas oportunidades de promoción en el país y a nivel tradicional133. En medio de la crisis económica resultó dramática la ausencia de instituciones gubernamentales capaces de amortiguar en alguna medida el deterioro de la calidad de vida a través de subsidios, prestaciones sociales, etc., así como la incapacidad de articulación del Estado con las organizaciones laborales, que le permitiera actuar como interlocutor. Una de las pocas instituciones hegemónicas creadas durante las dos administraciones del PRD fue el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), el cual tenía como objetivo proporcionar asistencia social a los niños de las familias de escasos recursos económicos, particularmente de los barrios marginales. Su impacto en la sociedad dominicana fue escaso, aunque existía un alto porcentaje de población infantil en esas condiciones. La institución mediadora a la que el gobierno le prestó mayor importancia fue el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), que tuvo como actividad fundamental la estabilización y control de los precios de los productos agropecuarios, sobre todo alimenticios, mediante su intervención en la demanda y oferta. Este instituto llegó a invalidar algunos puestos de ventas de productos alimenticios que no estaban al alcance del consumo popular, pero lejos de contribuir al apoyo social, perdió credibilidad por la corrupción, que fue objeto de particular repudio popular en el periodo de gobierno de Jorge 132 133
Listín Diario, trabajo editorial. www.listíndiario.do. (fecha de consulta: abril de 2005). Listín Diario, trabajo editorial. www.listíndiario.do. (fecha de consulta: abril de 2005).
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Blanco. Solamente cuando el citado presidente vio en peligro su sustentación social, puso miras a su política asistencialista (seguro médico, planes de vivienda, programa de venta de precios populares de medicinas y alimentos, etc.) Quizás el ejemplo más elocuente, que demuestra la dramática potencialidad antidemocrática del sistema estatal dominicano durante la década de los ochenta, fue cuando Joaquín Balaguer, en julio de 1984, expresó la propuesta de crear un sistema bipartidista, “un gobierno de unidad nacional, (....) que utilice en los cargos públicos a las personas más capacitadas del país, que busque soluciones patrióticas a los problemas del país y no simplemente políticas” . La doble lectura de estas palabras muestra un adoctrinamiento ideológico, ya que la derecha y ultraderecha se alzaron rápidamente para apoyar las elocuentes palabras de Balaguer. La relación y apoyo de la derecha estuvo dada por las innumerables ocasiones en que varias figuras de la política dominicana trataron de adoptar el sistema democrático venezolano, el acuerdo de Punto Fijo de las clases dominantes tras la caída de Pérez Jiménez, y las expresiones ahora divulgadas por Balaguer propiciaban el espacio necesitado por los tradicionales partidos políticos. Son tres los factores que mayor incidencia tuvieron en el fracaso de la gestión administrativa del PRD y que abriría las puertas al retorno balaguerista, con todas sus implicaciones de tránsito e inestabilidad política en el país. El primero de estos factores fue la pugna hacia el interior del PRD, lo que se expresaría en las diferentes instancias de las instituciones del Estado, que eran controladas por miembros de dicho partido. De estas pugnas, la que mayor repercusión tuvo fue la que se produjo en el Congreso en 1985, donde el PRD perdió la mayoría y el control del mismo, debido a las dos facciones que emergieron dentro del partido, ninguna de las cuales tenían mayoría. Como resultado, el mismo PRD se bloqueó institucionalmente en cuanto a las posibilidades de aprobar y desarrollar proyectos que respondieran a los intereses de la nación e incluso del mismo partido134. El segundo factor es el sometimiento a los postulados del FMI sin previo consenso nacional. En el primer epígrafe abordamos las consecuencias económicas y sociales de este pacto. Pero es necesario señalar que, cuando afirmamos que desde un inicio el PRD 134
Mariñez, Pablo. Ob. cit, p. 68.
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había quebrantado sus principios más progresistas, es porque en aquel entonces se conoció que desde antes de ser electo a la presidencia, el Dr. Jorge Blanco había trabajado con un grupo de asesores que diseñaron un proyecto económico totalmente apegado a los lineamientos con el FMI. En palabras del presidente del partido había que “capitalizar para después socializar ”135. Un elemento que afectó al carácter soberano del Estado fue la libertad con que las transnacionales decidían en los asuntos económicos de la nación y la ausencia de decisión estatal para controlar los términos de intercambio comercial y las consecuencias sociales que esto podría tener. Durante el gobierno de Antonio Guzmán se tuvo conocimiento –porque un periódico norteamericano así lo informó- de que la transnacional Gulf and Western adeudaba 38 millones de dólares al Estado dominicano. Sólo después de gran presión popular y de investigaciones a alto nivel, la compañía accedió a reconocer la deuda y a realizar el pago correspondiente, pero se atribuyó la libertad de poner condición al uso que se debía dar a dicha suma, condición que fue aceptada por el gobierno136. Más tarde, en 1983, cuando esa misma empresa transnacional iba a ser vendida, el gobierno dominicano tuvo conocimiento de ello porque la prensa norteamericana así lo informó. A principios de 1983, cuando la transnacional de teléfonos CODETEL despidió al total de sus empleados (600 trabajadores), por reclamar unos pagos atrasados, las protestas sindicales y las movilizaciones populares hicieron la presión necesaria para que el Estado intercediera; los tribunales dominicanos condenaron a la empresa a reintegrar a los trabajadores a sus puestos, pero la transnacional desafió y burló la disposición legal y sólo reintegró a los que consideró adecuados, un número reducido de empleados. El caso de CODETEL fue archivado137. A finales de 1984, se descubrió que un cargamento de arroz, adquirido por el Estado dominicano en Estados Unidos con un préstamo de la Ley Pública 480 de este último país, estaba contaminado con el parásito trogoderma-anthreniodes. Este insecto, desconocido en República Dominicana, podría traer graves consecuencias a la salud de la población e incluso afectaría seriamente la producción agraria. El hecho fue denunciado por técnicos 135
Citado por Dilla. H, Crisis y evolución…p. 66. El Nuevo Diario, 22 de febrero de 1985. Mariñez, Pablo. Ob. cit, p. 98 137 Ibidem, p. 99. 136
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nacionales e incluso reconocido por el Secretario de Agricultura y por otras autoridades del gobierno, pero la embajada norteamericana emitió una declaración donde informaba que la plaga no era nociva y por lo tanto no ponía en riesgo la agricultura dominicana, por lo cual ningún funcionario dominicano se decidió a tomar la medida que procedía: devolver la mercancía. Todavía en la primera semana de febrero de 1986, el cargamento de arroz permanecía en un puerto del país, pues el Estado dominicano no hizo respetar los derechos de la nación. Según declaraciones de las autoridades nacionales, las leyes norteamericanas prohíben que los productos adquiridos a través de la Ley Pública 480 sean devueltos138. El último y más importante factor lo constituye la corrupción administrativa. Durante los doce años de gobierno de Balaguer, la lucha del PRD desde la oposición se centró en identificar hechos de corrupción. Sin embargo, a los pocos meses de dicho partido asumir el poder, comenzaron a detectarse algunas prácticas de corrupción que luego se generalizaron e involucraron a los más altos dirigentes del PRD en el gobierno. En noviembre de 1981 se editó un número especial de “Álbum de la Corrupción” donde se mostró prueba documental, difícilmente refutable, del nivel que había alcanzado la corrupción administrativa en los gobiernos perredeístas. Las denuncias no encontraron eco en los órganos judiciales. Sin embargo, la corrupción fue el fenómeno más nocivo, desde nuestro punto de vista, para la conciencia del pueblo dominicano, al grado de haber generado una transformación y mutación en ciertos niveles de las identidades colectivas, donde la corrupción pasó a ser aceptada como un medio natural de acumulación o simplemente de enriquecimiento para quienes manejan los recursos del Estado. “Aquel que ejerce un cargo importante en la administración pública y no se enriquece ilícitamente es juzgado por la opinión pública como un inepto que no sabe aprovechar las oportunidades que le ofrece el Estado” 139. El 16 de agosto de 1982, en su discurso presidencial de toma de posesión, Salvador Jorge Blanco señaló que el “Pilar de Gobierno que se inicia hoy es el de la lucha contra la corrupción administrativa y gubernamental en sus distintos niveles y manifestaciones” . Incluso llegó a formar un Comité Civilista contra la Corrupción y el Comité Ejecutivo Nacional, CEN del PRD, acordó investigar, sancionar y 138 139
Ibidem, p. 99. Semanario “Vanguardia del Pueblo” (Órgano del Partido de la Liberación Dominicana), noviembre de 1981.
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someter a la justicia a sus dirigentes en caso de que se comprobara algún hecho de corrupción. Sin embargo, nuevamente todo quedó en la retórica discursiva, pues el tema no volvió a ser tocado y tampoco se conoció un solo caso de que un dirigente haya sido sancionado, y mucho menos sometido a la justicia. Esta campaña sirvió para ajustar cuentas o por lo menos molestar a algunos enemigos políticos del propio PRD, que habían ejercido cargos importantes durante el gobierno de Antonio Guzmán. Tales fueron los casos del secretario de la Presidencia, un yerno del presidente Guzmán, y del secretario de Educación, quienes fueron citados ante los tribunales de justicia e incluso este último llegó a ser detenido. Después de haberse conseguido el objetivo político perseguido, el caso no volvió a ser tratado140. En esta coyuntura de acentuada fragilidad del Estado y partidos políticos, pero a su vez de existencia de ciertas libertades públicas, se desarrolló un importante movimiento laboral que abarcó las principales ciudades y centros productivos del país. En total, en los ocho años de gobierno perredeísta el número de sindicatos registrados se triplicó en relación con los que existían durante el régimen de Balaguer. Pero esta explosión no significó apoyo total del gobierno, al contrario, el PRD evitó su unión y más bien propició el divisionismo, con el objetivo de evitar el fortalecimiento del sindicalismo. Por último, uno de los pocos logros que tuvo el gobierno del PRD fue la profesionalización de las Fuerzas Armadas. No hay dudas de que las Fuerzas Armadas han constituido uno de los enclaves más autoritarios en la estructura de las instituciones estatales dominicanas, y que a partir de 1978 no se pudo emprender al margen del apoyo norteamericano la profesionalización de las Fuerzas Armadas por el estatus neocolonial del país. Fueron retirados los miembros de la oficialidad balaguerista sumamente politizada y corrupta. La profesionalización implicó la institucionalización y despolitización partidaria, que tuvo sus tropiezos, ya que Balaguer, en sus últimos meses de gobierno, había reformulado una Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, donde se atribuía el derecho a ordenar escalafones y retiro de los oficiales, asegurando y controlando de ese modo a los comandos principales para garantizar el control de los militares. Por este motivo el PRD le dio prioridad a la despolitización para resquebrajar a los dos grupos de 140
Mariñez, Pablo. Ob. cit, p. 94 y 258.
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control más importantes, el Grupo Pérez y Pérez y el Grupo Nivar Seijas, que habían sido manejados hábilmente por Balaguer durante sus doce años de mandato. Es importante destacar cómo algunos cuadros militares ocuparon cargos públicos de la administración del Estado que tradicionalmente habían estado ocupados por la población civil, así el gobierno obtenía una cierta estabilidad con la oposición en el poder141. No obstante, las Fuerzas Armadas siguieron asesoradas por Estados Unidos. Solamente de 1978 a 1985 por lo menos once altos oficiales norteamericanos visitaron el país. Si se tiene en cuenta que la mayoría de ellos eran almirantes o generales, y a su vez contaban con cargos como el presidente de la Junta Interamericana de Defensa, jefe de la Fuerza Naval de Estados Unidos en el Caribe, jefe de la Flota Atlántica y del Comando Naval de Estados Unidos o jefe del Comando Sur, con sede en Panamá, se comprenderá mejor la importancia del papel que le asignó el Pentágono a las fuerzas armadas dominicanas, dentro de la estrategia de favorecer a los intereses norteamericanos en la región del Caribe. La falta de soberanía en el campo militar quizás se pueda ilustrar mejor con el hecho ocurrido en 1981, cuando el jefe de las fuerzas armadas dominicanas se tomó el derecho de discrepar de las opiniones sobre la política interna expresadas por un oficial norteamericano que visitaba el país. El jefe militar dominicano fue destituido de su cargo y pasado a retiro142. En esencia se trató de una apertura política que postergó los derechos de la ciudadanía, se garantizaron los derechos políticos formales de la población, algo negado anteriormente, pero su pacto de dominación con los otros sectores impidió que el proceso de democratización desbordase los estrechos márgenes de la institucionalidad. Bajo estas circunstancias, adicionadas a la ineptitud en el manejo de los asuntos económicos de los dos gobiernos perreidistas, se aceleró el deterioro de la situación económica que pareció acompañar a los procesos democratizadores143.
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Más información en Mariñez, Pablo. “Democracia y descolonización en el Caribe”. En: Revista de Estudios Sociales, año XXVII, número 91-94. Santo Domingo: Fundación Juan Montalvo, 1993, pp. 71-74. 142 Ibidem, p. 105. 143 Otros factores se conjugaron para que se produjera esta última situación: el PRD no pudo satisfacer las expectativas creadas al inicio y se enajenaron las fuerzas sociales básicas de poder, lo cual se manifestó en las protestas de 1984 y más tarde en la pérdida de su caudal electoral y el PRD estuvo ocupado en problemas internos, por lo cual abandonó toda la idea de convertirse en mediador entre la sociedad civil y el Estado. Pérez, César. “Una transición bloqueada por el Estado y los partidos políticos”. En: Revista de Estudios Sociales, año XXVII, número 97. Santo Domingo: Centro Bonó, julio-septiembre de 1997, p. 21.
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Sumado a esto existió la paradoja, quizás inédita en otras sociedades, de que el líder carismático y principal de ese Partido tuvo que ceder el lugar que naturalmente le correspondía, y dejárselo a liderazgos ostensibles. De esta manera se cerró el “ciclo democrático” del PRD, donde no se cumplieron los objetivos básicos para una democracia, no por falta de participación ciudadana, sino por los fracasos en que incurrió este partido en el gobierno144. Es en este momento que Balaguer retoma su autoritarismo, con el que esperaba alcanzar la modernización que se había manifestado durante sus primeros doce años de poder. Para República Dominicana la década de los 80 se abrió en medio de una profunda crisis económica, que tuvo su base en el agotamiento del modelo desarrollista sustitutivo de importaciones y las incidencias negativas de la crisis económica mundial. Al mismo tiempo, ello coincidió con la apertura democrática representativa que impulsó el PRD desde el poder en 1978. Este partido desarrolló una política neoliberal reclamada por el gran capital local y el imperialismo. Este proyecto político comenzó a partir de 1981 con la gestión del CNHE y la mediación del FMI dentro del marco regional de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Este período puede considerarse una etapa de transición, donde se comenzó a implantar todo el cuerpo legal y económico de reajuste del patrón de acumulación desarrollista y la suplantación del esquema sustitutivo de importaciones por otro que tiene sus ramas económicas más dinámicas en la exportación de bienes y servicios y en la esfera financiera; es decir, en aquellos sectores monopolizados por el gran capital transnacional, que como peculiaridad del esquema se insertaron en el área monetaria, devaluando el peso dominicano y generando o controlando los dólares. La neoliberalización de la economía dominicana fue un proceso paulatino, que poco a poco fue transformando la función del Estado y este, a su vez, redefinió su sistema político, para que dentro de una situación aparentemente democrática, se crearan las condiciones materiales para consolidar el modelo neoliberal en la nación. 144
La pugna de poder ha sido práctica constante dentro del gobierno. Durante Balaguer, éste logro dominar las Fuerzas Armadas por manejar dos grupos totalmente antagónicos. Sin embargo, durante los gobiernos perreidistas han ocurrido básicamente contradicciones entre el Ejecutivo y el Congreso o entre el Ejecutivo y el Ayuntamiento o entre el Ejecutivo y la Junta Electoral. Fueron estas pugnas la causa de que en el período 1982-1986 el PRD perdiera 17 miembros en la Cámara de Senadores y la mayoría ante el Partido Reformista que sólo tenía diez. Debido a estas pugnas la Cámara de Senadores en 1984 suspendió sus sesiones durante varios meses, lo que obligó al gobierno a trabajar sin recurrir al Senado.
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CAPÍTULO II. CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO NEOLIBERAL DOMINICANO (1987-1996)
2.1. El retorno al autoritarismo balaguerista El PRD fue incapaz de evitar el deterioro de su base de sustentación social para mantener el poder para un próximo período de gobierno. La población decidió abandonar el frustrado intento de transición y consolidación democrática del PRD para buscar una salida. En este escenario, Joaquín Balaguer resaltó durante su campaña electoral los niveles económicos y de modernización alcanzados durante sus doce años de mandato y criticó las acciones realizadas por el gobierno con el FMI. Así, apelando a la moral y al rescate del sentido nacional, ganó las elecciones de 1986. La población, consciente de que no había diferencia entre el PRD y el PRSC en cuanto a lineamientos económicos y políticos, apostó por Joaquín Balaguer, ya que él se presentó como el protector de los intereses del Estado, acudiendo al sentimiento paternalista presente en la sociedad. El regreso del caudillo conservador se sostuvo en un nuevo escenario político y socioeconómico. La bibliografía dedicada al estudio del período 1983-1986 coincide en señalar tres elementos presentes en esta coyuntura. En primer lugar, al final del segundo mandato del PRD se había manifestado una pérdida de los logros democráticos alcanzados en los últimos años, que no eran necesariamente conquistas del PRD, sino de varias luchas populares realizadas y donde el partido, en todo caso, era un instrumento; en segundo lugar, la creciente pérdida de legitimidad institucional; y en tercer lugar, la extensión de la crisis a todos los sectores, lo que será una constante en la transformación y mutación de la sociedad, donde se deterioran inclusive los patrones culturales, sobre todo los de carácter moral. Para una mejor comprensión y organización del tema, hemos decidido analizar los tres períodos de gobierno de Joaquín Balaguer (1986-1990, 1990-1994, 1994-1996), ya que muchos proyectos económicos y procesos sociopolíticos comenzados en 1986 concluyen durante el segundo mandato o tienen su desenlace después de 1991. Asimismo, el 71
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objetivo de este capítulo es indagar en las condiciones en que se produjo la reelección de Balaguer en 1990, mostrar los elementos novedosos durante su segundo mandato y analizar cuáles fueron los principales factores que se conjugaron en la crisis económica, social y política que vivió el país desde este segundo gobierno hasta 1996. Joaquín Balaguer ocupó la Presidencia en agosto de 1986 y encontró como espacio de legitimación política un conjunto heterogéneo de fuerzas sociales. En esta ocasión contaba con el apoyo de un sector de la clase media descontenta con la política del PRD, grupos oligopólicos y monopólicos e importantes facciones urbanas. Lo nuevo de este escenario social es que no solamente tenía como soporte a los sectores conservadores que dirigían los renglones económicos tradicionales, sino al moderno empresariado urbano que dominaba y controlaba el desarrollo de la economía de servicios e industrial. El carácter heterogéneo de este electorado puso de relieve su poder de convocatoria y hegemonía ante las masas145. El programa económico consistió en mantener una alta inversión pública (expansión del gasto público), la cual generó un fuerte proceso inflacionario entre 1987 y 1990. Al mismo tiempo, definió una estrategia de crecimiento con inflación. Esto incentivó la actividad económica aumentado el PIB en un 7,9% en 1987 y a un 4,1% en 1989. Para reducir la inflación, el gobierno modificó los aranceles y aumentó los precios de los bienes públicos (combustible, tarifa eléctrica, harina). Esta política de estabilización generó un ambiente recesivo que provocó la caída del PIB a un 0.5% en 1991146. La inflación afectó negativamente, de manera particular, a los sectores asalariados y de bajos ingresos147. El salario no aumentó entre 1986 y 1990, al contrario disminuyó en un 15,6%; de 17.4% para empleados del sector empresarial formal urbano y de 52.1% para empleados gubernamentales148, es decir, la clase trabajadora disminuyó su poder de compra de manera apreciable. Este fenómeno no era nuevo en esta coyuntura, en 145
Lozano, Wilfredo. Ob. cit, p. 39. Mariñez, Pablo. A. Ob. cit, p. 75-77. 147 Espinal, Rosario. “La sociedad civil movilizada y las reformas democráticas en República Dominicana”. En: Estudios sobre Estado y Sociedad, volumen VII, número 21, mayo- agosto de 2001. Santo Domingo, República Dominicana, 2001. 148 La Democracia en República Dominicana. (Documento). Centro para la Democracia, Santo Domingo, enero de 1993. Según la Fundación Economía y Desarrollo, de orientación neoliberal el valor de los salarios reales pagados por el Gobierno Dominicano a sus empleados se redujo en un 40% en tan sólo 4 años (1986-1900). 146
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septiembre de 1990 el CIECA publicó un artículo sobre el salario, en el que se ilustraba la pérdida significativa del poder adquisitivo de los asalariados desde 1970: “un peso compra en 1990, lo que se compraba en 1970 con 4 centavos o lo que se compraba en 1980 con 14 centavos, o lo que se compraba con 41 centavos en 1988 ”149 Este deterioro continuó hasta 1991, momento en que se realizan huelgas generales de todos los sectores que demandaban el aumento salarial en un 200%, pero sólo obtuvieron escasas concesiones del gobierno. El presidente Balaguer anunció el aumento del salario mínimo en un 20% para los trabajadores públicos y para los privados en un 60%, curiosamente, cuando dio a conocer la concertación del acuerdo con el FMI150 . Una vez controladas las altas tasas de inflación de la década de los ’80, a finales de 1991, la Comisión Nacional de Salarios aumentó el salario mínimo en un 30%, pasando de 1120 pesos mensuales a 1456 pesos151. La estabilidad de los precios evitó que la distribución de la renta continuara deteriorándose al mismo ritmo de la década de 1980152. Los reajustes salariales no fueron uniformes y sólo permitieron recuperar, en su mayor parte, las remuneraciones reales de las empresas del sector privado formal153. El período de gobierno de J. Balaguer es muy importante para la historia contemporánea de República Dominicana por cuanto se aceleró el proceso de transformación de la economía, insertada en la dinámica mundial. Cuando en 1986 Balaguer asume el poder con un mando estatal redefinido, ya no podía resistir la conducción de una política asistencial y de sostenimiento del clientelismo político como en los sesenta o setenta y 149
Ruiz Burgos, Víctor. E. Análisis de Coyuntura: lucha social y movimiento sindical en la República Dominicana (agosto de 1990- julio de 1991). Santo Domingo: Ediciones CEDEE. BÚHO, 1992, pp. 20-21. 150 “Para aliviar más la situación del país después de la firma con el FMI, el Gobierno contempla buscar soluciones a la situación de los servidores públicos. Con ese fin, el Gobierno decretará un aumento de salario de todos los servidores públicos, civiles y militares, a partir del 1ro. de julio, de 20% (…) esta alza podía ser mejorada en lo sucesivo según la evolución de la economía después de la firma con el Fondo, es decir, si la situación mejora, el Gobierno puede cumplir exactamente con los organismos internacionales y dieran recursos suficientes, después de cumplidos los compromisos, discurso del Presidente Joaquín Balaguer de anuncio de la Firma con el FMI. El Nuevo Diario, 1 de julio de 1991 . p. 5. 151 Informe de Desarrollo Humano. Cooperación para el desarrollo en República Dominicana, 1991 hasta abril de 1993. 152 Informe de Desarrollo Humano. Cooperación para el desarrollo en República Dominicana, 1991 hasta abril de 1993. 153 Para los trabajadores del sector privado, después que el nivel de precios se estabilizó, se realizaron tres incrementos de salarios. Uno de ellos rige a partir del 1 de enero de 1992, cuando el salario mínimo nacional fue aumentado en 30% respecto al nivel anterior. Dos años después se aumentó en otro 15% y en mayo de 1995 se hizo una nueva modificación del salario mínimo legal, ajustándose en un 20% para los trabajadores privados del sector empresarial formal, frente a un 14.7% de inflación acumulada desde el reajuste anterior. Representación de la FAO en la República Dominicana. Informe Anual, 31 de Octubre de 2004.
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tenía mucho menor poder regulador y de intervención frente a un emergente empresariado vinculado al turismo y las zonas francas. Sin embargo, a medida que se profundizó la política neoliberal del gobierno, se redujeron las contradicciones con la cúpula empresarial y el poder imperial, que a partir de 1990 se movió sobre una línea de respaldo a Balaguer y de una moderada presión a favor de sus intereses y de su estrategia neoliberal. Esa mayor aproximación provocó, a su vez, un distanciamiento entre el gobierno y los sectores de la clase capitalista, desfavorecida por la política neoliberal fondomonetarista (industriales y productores agropecuarios vinculados al mercado interno). También existieron contradicciones dentro de la cúpula empresarial, entre los sectores industriales monopólicos y oligopólicos protegidos por la política fiscal del pasado y las fuerzas dominantes (exportadores e importadores, consorcios, etc.), partidarios de una acentuación de la apertura hacia fuera y del “libre comercio”, destinado a copar los mercados nacionales con la participación del capital transnacional estadounidense154. Trabajaron en esa dirección y en menos de una década se desmontó la industria azucarera y la de sustitución de importaciones, produciéndose el paso a una reinserción sobre la base de las exportaciones, de zonas francas, del turismo y, en menor medida, de las remesas del exterior. En la nueva estrategia, las zonas francas debían proveer empleos, mientras que el sector del turismo debía asegurar las divisas. A partir de 1986, en el marco de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe y el estímulo del mercado libre de divisas, se establecieron 20 nuevas zonas francas, 4 de las cuales operan en el distrito nacional155. La política de promoción de la industria de exportación en Zonas Francas (ZFI)156 tuvo éxito en términos de creación de empleos, según el Consejo Promotor de Inversiones Extranjeras. En 1990 fue promulgada la ley 8-90 que estableció 154
Conferencia de Narciso Isa Conde. “La República Dominicana: democracia y situación actual”. Documento de Unidad Revolucionaria Caamañista. 155 La primera zona franca dominicana fue creada en 1969, y entre este año y 1983 se crearon tres más. No fue hasta 1983 que se comenzó el proceso a gran escala. Aristy, Jaime y Andrés Duahajre. Efectos de la política macroeconómicas y sociales sobre la pobreza en República Dominicana . Madrid: PNUD/CEPAL/BID.Mundi-Prensa Libros, 1998. 156 El estado dominicano la definió como “un área geográfica del país, sometida a los controles aduaneros y fiscales especiales, en el cual se permite la instalación de empresas que destinen su producción o servicios hacia el mercado internacional mediante el otorgamiento de los incentivos necesarios para fomentar su desarrollo ”. Santana, Julio. Estrategia, Neoliberal, Urbanización y Zonas Francas. El caso de Santiago, República Dominicana . Santo Domingo: Editora Taller, FLACSO- INTEC/CEP, 1994.
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nuevas zonas francas y la ampliación de las existentes. Esta ley derogó la Ley 299 en lo referente a la clasificación A y el decreto 895/1983, que integra el Consejo Nacional de Zonas Francas. Las Zonas Francas, en un inicio, eran “paraísos” para la inversión, según los informes de la Organización de Naciones Unidas, en menos de 10 años se crearon alrededor de 100 000 empleos y generaron 12000 millones de dólares de sus exportaciones netas, por tanto, favorecían el crecimiento económico, la generación de divisas, la creación de empleos, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, la descentralización regional del crecimiento y la reestructuración del poder económico y político157. Sin embargo, algunos elementos que explicaremos a continuación nos permiten argumentar que nunca pudieron reinsertarse dentro de la dinámica de desarrollo económico y social. El historiador y sociólogo Julio Santana expresa en su libro Estrategia neoliberal, Urbanización y Zonas Francas. El caso de Santiago, Republica Dominicana “en las condiciones de una profunda crisis del modelo sustitutivo y de un proceso de declinación irreversible de las exportaciones tradicionales (azúcar, café, tabaco y cacao), además de las profundas transformaciones experimentas por la economía mundial, surgen las zonas francas ”158. Además de los factores mencionados se deben señalar las presiones del endeudamiento externo y de las políticas de reajustes macroeconómicos, que permitieron las bases legales para dar inicio, a gran escala, de este proceso. La mayoría de las empresas en las zonas francas tenían una nómina que fluctuaba entre los 100 y 600 empleados en 1988. Generalmente se trataba de edificaciones espaciosas, con poca ventilación y condiciones de trabajo difíciles. El 53, 5% de las empresas eran de manufactura textil, 3,5% de electrónica, 3,5% de calzado y el resto de farmacéutica, cigarros, tabaco, etc. Todas ellas aportaron al PIB el 15,41% en 1988. Ello no significa que existía una relación positiva con los ejes económicos -turismo y agroindustrias de exportación-, por el contrario, las actividades en la zona franca se caracterizaron por la desvinculación total con el resto del aparato productivo y del mercado interno. Si durante la década de los años setenta las exportaciones garantizaron una tasa de crecimiento del 157
Informe Nacional de Desarrollo Humano, 1991. Santana, Julio. Estrategia neoliberal, Urbanización y Zonas Francas. El caso de Santiago, Republica Dominicana . Santo Domingo: FLACSO, Programa República dominicana. INTEC/CEP, 1994. p 25. 158
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orden de un 18,6%, en 1986 se observa la reducción hasta sólo el 0,7% 159. Las zonas francas en República Dominicana no llegaron a insertarse en la economía nacional debido a que el capital que se empleaba para construirlas era extranjero, la tecnología era importada, así como la materia prima para todas las industrias establecidas. Sólo reportaron como beneficio el empleo y una remuneración al estado dominicano por el uso del terreno. La generalidad de las industrias de re-exportación no contribuyó al desarrollo regional Las de mayor infraestructura se radicaron en la ciudad de Santo Domingo160, muy pocas compraban insumos locales y la mayoría de ellas fueron establecidas con capital extranjero. Las empresas textiles comenzaron a perder mercado cinco años más tarde, en 1991, al punto de que en una década mantuvieron los mismos niveles de participación en el mercado de Estados Unidos. Con el tiempo, la existencia de estas zonas francas y su desarrollo vertical cada vez más profundo con las empresas norteamericanas provocó que estas entidades tuvieran un reducido impacto en la economía dominicana y en la calidad del empleo durante el último gobierno de Balaguer161. Las reformas de mayor envergadura fueron la arancelaria y la del régimen de zonas francas en el año noventa. A estas dos le siguieron otras de importancia, tales como la reforma fiscal y el Código Laboral en 1992. Hacia 1995 ya se consolidaba la reforma al régimen de la inversión extranjera y un proceso de gradual desarrollo de las normas en las telecomunicaciones. Estas reformas cambiaron la dinámica económica en el país, ya que fundamentalmente, en relación con la inversión extranjera, el país entró en una fase de apertura total al mercado y a las disposiciones internacionales. La ley 16-95 otorgó derechos similares a nacionales y extranjeros, a la vez que aseguró la facilidad de realizar transacciones financieras internacionales y pleno acceso de los inversionistas extranjeros. Se estableció la libertad cambiaria sin la previa autorización de las autoridades bancarias162.
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Santana, Julio. Ob. cit, p. 31. En Santo Domingo en 1992 estaban ubicadas 60 empresas, sólo superada por San Pedro de Macorís que tenía 86 empresas. Santana, Julio. Ob. cit, p. 45. 161 Santana, Julio. Ob. cit, p. 45. 162 Ceara-Hatton, Miguel. Desarrollo económico, política comercial y reformas estructurales en República Dominicana. Santo Domingo: Centro de Investigación económica para el Caribe, 14 de noviembre de 2003. pp. 10-15. 160
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Particularmente, un balance realizado por empresarios dominicanos en 1996 arrojó como resultado que la participación del sector industrial en el PIB creció en términos absolutos. El sector manufacturero, impulsado por un régimen que concedió amplias libertades comerciales a las empresas radicadas en las zonas francas, fue el que generó la mayor parte de las exportaciones de mercancías del país. El turismo presentó mayor dinamismo. En los años ochenta, el país desarrolló la actividad turística, principalmente con la infraestructura hotelera. La banca nacional e internacional comienza a interesarse en el negocio turístico, destacándose los negocios hoteleros españoles. El desarrollo del turismo estuvo vinculado directamente desde el inicio con el fomento de la inversión extranjera. En 1994 los españoles tenían 28 hoteles, con una inversión estimada en los 400 442 millones de dólares, mientras que los inversionistas nacionales disponían de 157 hoteles, con 13 338 habitaciones, para una inversión estimada de 419 145 millones de dólares163. El déficit en el suministro de energía eléctrica fue uno de los mayores problemas que afrontó la sociedad dominicana durante los diez años de gobierno de Joaquín Balaguer. Entre 1988 y 1990 promedió un -7,6% de abastecimiento164, pero la situación se tornó precaria a partir de la segunda mitad de 1990, al punto de que la producción se mantuvo entre un 25% y un 40% de la capacidad instalada en el país165. La causa de esta aguda crisis energética, según la prensa escrita, fue el desabastecimiento general de combustible que sufrió el país, por lo menos hasta diciembre de 1990. Además de este factor determinante, otro de igual importancia fue la salida continua de servicio de las plantas generadoras de energía producto de los desperfectos técnicos de las mismas166. Esta situación creó serios problemas a la producción nacional, de ahí que muchos empresarios se vieran obligados a recurrir a plantas eléctricas propias para cubrir el déficit energético. Pero fue en los barrios citadinos donde los apagones se sintieron profundamente debido a la ausencia de medios alternativos. Esta crisis energética 163
Martínez, Leonardo Félix. El turismo en En: www.acmoti.org/EL% República Dominicana. 20TURISMO%20EN%20REPUBLICA%20DOMINICANA.%20LEONARDO%20FELIX.htm 164 Informe Nacional de Desarrollo Humano, 1991. 165 Ruiz Burgos, Víctor. E. Análisis de Coyuntura: lucha social y movimiento sindical en la República Dominicana (agosto de 1990- julio de 1991). Santo Domingo: Ediciones CEDEE. BÚHO, agosto-julio de 1992. pp. 18-20. 166 Periódico Hoy, 28 de Septiembre de 1992, página 9-A.
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introdujo nuevos elementos culturales y psicológicos en el dominicano hasta hoy en día. Se puede hablar de una “cultura del apagón”167 ¿Cúal fue la respuesta del gobierno? La privatización. En el curso de 1991, el gobierno dominicano realizó negociaciones con la empresa española FENOSA, la que supuestamente debía administrar a la Corporación Dominicana de Electricidad, permitiéndole incrementar su capacidad de adquisición de combustible y rehabilitar los equipos de generación y transmisión168. Esta crítica coyuntura desembocó nuevamente en paros, huelgas y manifestaciones a todo lo largo de Quisqueya. En este marco se produjo un fenómeno nuevo e importante: el “diálogo tripartito”, que contó con la participación de los sectores empresarial, sindical y gubernamental, a través de la mediación de la Iglesia Católica. Pero Balaguer era poco proclive al diálogo con los sectores organizados, en especial, los de extracción popular. Esto se demostró cuando no fueron invitados al diálogo delegados de los Comités de Lucha Popular, por no ser considerados representantes -según Balaguer- de ningún sector legítimo. Hacia septiembre de 1988, después de varias reuniones, fue entregado a Balaguer un documento con ocho puntos. Sin embargo, no logró materializarse la negociación, varias centrales sindicales retiraron su apoyo ante la violación de un pacto establecido entre los obreros y los empresarios; estos últimos seguían aumentando el precio a los productos de primera necesidad y el gobierno no ejercía ninguna presión sobre este tema para una solución justa. Mientras tanto, la Iglesia Católica y los empresarios, por temor al estallido de la violencia social, llamaban o se aferraban al diálogo tripartito. El presidente impuso restricciones al mercado cambiario que atentaban contra la libertad económica de los empresarios. Balaguer conocía las profundas diferencias entre los industriales importadores y exportadores y entre los grandes y medianos industriales169, conflictos que dividían al sector empresarial y que eran manejados dentro de la estrategia política del mandatario. Finalmente, en 1991, en medio de una convulsión social violenta
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Ruiz Burgos, Víctor. E. Ob. cit, p. 19. Ruiz Burgos, Víctor. E. Ob. cit, p. 19-20. 169 Los industriales querían mayor protección y los importadores-exportadores mayor liberalización económica. Los grandes empresarios buscaban beneficios en medio de la crisis económica, los medianos y pequeños querían ampliar las medidas proteccionistas. 168
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generada desde 1988, se logró un Pacto de Solidaridad Económica170, que sustentaba la política del gobierno dominicano de ajustes de la economía nacional para poder renegociar la deuda externa con el FMI. Varios meses antes había comenzado la campaña electoral. Participaron alrededor de dieciocho partidos, los cuales prometían como mínimo acabar con el hambre, el desempleo y la inflación. Si nos dedicamos a leer todos los discursos ofrecidos, no es difícil concluir que República Dominicana después de agosto iba a convertirse en el paraíso del Caribe. Sin embargo, desde el inicio la campaña electoral se polarizó en dos candidatos conocidos por la población: Juan Bosch171 y Joaquín Balaguer. Para no quedarse en la simple oferta, Balaguer aprovechó su condición de presidente para inaugurar obras públicas, algunas de las cuales apenas se encontraban en la primera fase de construcción, rebajó los precios de algunos productos, aumentó los salarios y anunció que, “de ser favorecido por el voto popular introduciría una segunda reforma al impuesto sobre la renta que beneficie a la clase media y los sectores humildes y entregaría miles de apartamentos a profesionales, obreros especializados y cabezas de familia de clase media” 172 . Todas las encuestas realizadas previas a las elecciones generales indicaban el triunfo de Juan Bosch, pero existieron alianzas estratégicas que iban en contra de la claridad de las elecciones. Al respecto, el secretario de las Fuerzas Armadas en aquel entonces, general Elías Wessin y Wessin, que presidía, a través de su hijo, el Partido Quisqueyano Demócrata, se alió a Balaguer en las elecciones en contra de Bosch. Recordemos que este general fue el que dirigió el golpe de Estado que derrocó a Bosch en 1963 y quien 170
El documento consta de 21 puntos que iban a ser supervisados por 6 meses para su cumplimiento. Las últimas medidas de ajuste aprobadas con la firma del Pacto de Solidaridad Económica incluyeron la eliminación de los subsidios a una serie de productos como los combustibles, la harina de trigo y los azúcares, que habían sobrevivido a medidas similares en un pasado inmediato. La tasa de cambio del dólar fue elevada bruscamente, de RD$ 7.60 por 1 USD a RD$ 10.50 por 1 USD; también las tasas de interés bancario se elevaron de forma impresionante. Para más información consultar anexos de Ruiz Burgos, Eddy. Ob. cit, pp. 123-128. 171 Juan Bosch había participado, con 80 años de edad, en las elecciones de 1986 con el 18.4% que permitió al PLD colocar dos senadores y 16 diputados en el Congreso. Durante esta campaña de 1990, Bosch contaba con el apoyo de los sectores más progresistas del país, fundamentalmente la clase obrera, la juventud, las capas medias y sectores profesionales y populares urbanos, así como el proletariado agrícola, en menor cuantía, el campesinado, la población femenina, la población urbana y la oligarquía. Todas las encuestas indicaban el absoluto triunfo electoral de Bosch. Mariñez, Pablo. Ob. cit, p. 246. 172 Mariñez, Pablo. Ob. cit, pp. 245-246.
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más tarde, en 1965, apoyó a las tropas norteamericanas para impedir que Bosch asumiera el poder. Una vez más se realizaba la misma acción política, ahora por medio de alianzas electorales. Cuando la Junta Central Electoral proclamó que el Partido Reformista de Balaguer tomaba la delantera con más de dos mil votos, el desconcierto en la población fue total. Bosch se había declarado horas antes como ganador por los cómputos que desde un inicio referían su incuestionable victoria. El PLD hizo la denuncia de “colosal fraude” del Partido Reformista. Se explicaron muchos argumentos de “irregularidades” en el sistema de conteo, finalmente el último mensaje de la Junta fue que el PR le ganaba al PLD con 21000 votos de diferencia173. La crisis de legitimidad institucional en República Dominicana se agudizó profundamente a partir de las elecciones de 1990, elemento que permaneció durante toda la década de los años noventa. El reelecto presidente Joaquín Balaguer tuvo que enfrentar en los tres primeros meses de su gobierno varios paros cívicos y laborales de 48 y 72 horas, que mostraron el descontento popular hacia su gobierno. República Dominicana era una “bomba de tiempo”. Los orígenes históricos de esta crisis de legitimidad institucional están relacionados con la interrelación de tres fenómenos: la importación de modelos foráneos, la injerencia extranjera y las pugnas institucionales presentes en el desarrollo del Estado dominicano durante la etapa estudiada. En este sentido resulta particularmente importante señalar la tradición autoritaria de Joaquín Balaguer, heredada de dictadores como Trujillo y de su misma experiencia presidencial (1966-1978), que obstruyó las relaciones del Estado con la sociedad civil y sus posibilidades de lograr las principales demandas de las grandes mayorías. Estos elementos van a estar presentes con más nitidez a partir de agosto de 1990. El 27 de septiembre de 1990 el periodista del Listín Diario , Geraldino González, preguntó al Presidente Joaquín Balaguer en conferencia de prensa: “Señor Presidente, primero que nada, quisiéramos señalarle la inquietud social (…) por factores que se han venido conjugando en los últimos tiempos, por ejemplo la crisis de combustible, la crisis del 173
Mariñez, Pablo. Ob. cit, pp. 251-255.
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azúcar, la crisis energética, crisis del agua, etc. (…) de sectores industriales, sectores comerciales, sectores empresariales -arriba de esa situación- han estado aumentando, especulando de manera desmesurada. Arriba de eso citamos el caso también del llamado a huelga que se hizo ayer (26 de septiembre de 1990) del colectivo de organizaciones populares llamando a la población, reclamando una serie de reivindicaciones. Nosotros quisiéramos un comentario suyo en torno a si no le parece que esto podría desembocar en una gran crisis social” 174 . La inquietud del periodista esclarece la situación que vivía el país al inicio del segundo mandato. En septiembre de 1990, después de una crisis política provocada por la acusación de fraude electoral, el gobierno reelecto inició un nuevo programa que modificó sustancialmente la política económica ejecutada en el cuatrienio anterior. Además de un programa de “estabilización”, se ejecutó un conjunto de reformas estructurales175, el cual contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y, posteriormente, del Fondo Monetario Internacional. La política de estabilización se centró en la eliminación del déficit fiscal, en la restricción monetaria, la eliminación de los subsidios y controles de precios públicos. Para Balaguer la solución a todos estos conflictos a partir de entonces fue recurrir a préstamos de organismos internacionales y a la privatización a gran escala. Esta política se materializó con la firma de un acuerdo con el FMI en 1991. 174
Periódico Hoy, 28 de septiembre de 1992, p 9-A. En septiembre de 1990 el Gobierno introdujo mediante el Decreto 339-90 una importante reforma del régimen de comercio exterior consistente en la reducción de los niveles arancelarios y la dispersión entre ellos. También se sustituyeron los impuestos específicos por gravámenes ad-valorem y se comenzó a utilizar el tipo de cambio del mercado, en lugar de las diferentes tasas que se aplicaban para valorar los diversos tipos de bienes. Además, se redujeron las exoneraciones y se eliminaron varias de las restricciones cuantitativas a las importaciones. A mediados de 1992 se aprobó un nuevo Código Tributario que incluía profundas modificaciones a las leyes de Impuesto sobre la renta, de Impuestos selectivos al consumo y del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS). Entre los objetivos de la reforma tributaria se encontraba la creación de un marco de igualdad fiscal para todos los sectores de la economía, que fuese neutral, equitativo y generador de los recursos suficientes para que el Estado no necesitase solicitar financiamiento inflacionario del Banco Central para ejecutar su gasto. La Junta Monetaria dictó un conjunto de resoluciones que liberalizaron las tasas de interés, eliminaron los requerimientos de canalización de créditos a sectores específicos, mejoró la normativa de regulación y supervisión bancaria y creó el sistema de bancos de servicios múltiples, entre otras medidas. También se aprobó una reforma del Código de Trabajo, la cual, además de ofrecer beneficios adicionales a los trabajadores, aseguraba la flexibilidad laboral necesaria para promover un aumento del empleo. En 1996 se aprobó una Ley de Reforma de las Empresas Públicas que tenía como objetivo promover la entrada de capitales privados a las empresas públicas. PNUD. Evolución macroeconómica y desarrollo humano. Naciones Unidas, 1998. 175
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La firma del acuerdo de Stand-By176 con el FMI implicaba la eliminación de los atrasos del país con los organismos internacionales, particularmente con el Club de París. Se renegoció el atraso de la deuda que había sido contraída en junio de 1984 en un 100%. En el momento de los acuerdos la deuda externa dominicana ascendía a 1, 665,9 millones de dólares. Todo ello se lograba a cambio de cumplir ciertas “medidas técnicas” como la unificación de la tasa cambiaria determinada por “la fuerza del mercado”. Asimismo, dentro de las “medidas técnicas” se incluyó que la Junta Monetaria extendiera y aumentara su Recargo Cambiario a todas las importaciones, excluyendo los alimentos, medicinas y materias primas para la elaboración de fármacos. Paralelamente a las medidas anunciadas, el gobierno, de acuerdo con el FMI, “intensificaría” programas sociales, canastas populares, etc. Para estas medidas, que incluirían el poder elevar los salarios en un 20%, como señalamos anteriormente y otros acuerdos anunciados177, la administración recibiría del FMI una ayuda de 112.9 millones de dólares. Mientras que el acuerdo de 1982 estableció como impuesto el ITBI, el Ad Valorem y el 36% sobre todas las exportaciones e importaciones tradicionales, el café, el tabaco, el cacao y el azúcar, ahora se le agregaba a la economía nacional el aumento del Recargo Cambiario extendido a todas las importaciones. Después de sostener una campaña presidencial en 1985 con el argumento de que los males que aquejaban a República Dominicana provenían del acuerdo firmado por el gobierno con el FMI, firmó ocho años después un compromiso que limitó el desarrollo económico, ya que muchos capitales fueron desplazados inescrupulosamente para el pago de la deuda, lo que por demás sirvió para afirmar el carácter históricamente dependiente del Estado dominicano. Fue necesario un nuevo Stand-By en 1993, que le permitiera - al gobierno - cancelar las obligaciones que mantenía con la OPEC, el Club de Paris y bancos comerciales. En este año el país tenía que hacer frente a $408 millones de USD, de los cuales $82 millones estaban pendientes desde 1992178.
176
Ver Discurso del Presidente Joaquín Balaguer para anunciar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, El Nuevo Diario, 1 de julio de1991, p. 5 177 Discurso del Presidente Joaquín Balaguer para anunciar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Periódico El Nuevo Diario, 1 de julio de1991, p. 5. 178 Banco Interamericano de Desarrollo, Ob. cit, Abril, 2005.
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Pero el contexto de la firma de este tratado era muy diferente y difícil. Anteriormente señalamos que dentro del nuevo esquema de relaciones económicas fue determinante la reproducción del capital monopolista en beneficio de su fracción financiera179. Esto influyó en que se priorizara el pago de la deuda externa y la disminución de la inflación a través de las frecuentes devaluaciones del peso dominicano. Este conjunto de políticas se materializó en los acuerdos firmados con el FMI por parte de varios países de América Latina, entre ellos, República Dominicana. El proceso que se inició en 1982 en Quisqueya se consolidó en 1991. Ahora el país se endeudó más para pagar la deuda, comenzó con un primer préstamo y hasta hoy en día no concluyen los acuerdos; lo que si está claro para los dominicanos es que esta política se basó en la contracción de los gastos para los programas sociales. El supuesto éxito de este programa se manifestó cuando se redujo la inflación que permitió el aumento de los salarios nominales en el período 1991-1992, acercándose un poco al salario real. Pero ello contrastó con la magnitud de los aumentos de precios de bienes públicos que se llevaron a cabo en 1990 para reducir el déficit del sector público y la recuperación de los salarios reales en el período 1991-1992. El crecimiento económico se tradujo también en un aumento del ingreso real per cápita y en la disminución de la tasa de desempleo a un 20.3%. Todo esto mejoró la distribución de la renta en 1992, pero como expresa el informe de Naciones Unidas de 1998 “las capacidades de los dominicanos más pobres de mejorar sus condiciones de vida de forma sostenida se deterioraron”. Algunas cifras pueden enriquecer este análisis. Entre 1992-1996 el sector agrícola creció en un 4%, pero la capacidad de empleo se redujo en un 5%, es decir, se dejaron de emplear 90 mil trabajadores en cinco años. Según la Encuesta de ENDESA’96, el 37% de la población estaba desempleada en 1995, cifra considerablemente más alta que la de 1991, con un 26,2%180. El gasto público en educación bajó de 9,2% en 1991 a un 8,5% en 1992; el gasto de la salud disminuyó de un 7,8% a 7,0% en 1992. El gasto público en el sector agro-pecuario de un 7,7% en 1991 se redujo a un 6,2%. Todo ello contrastó con la 179
Prieto Rozos, Alberto. Ob. cit, pp. 199-205. Lizardo, Jefrey. “Análisis de coyuntura IV. Algunas consideraciones sobre la nueva política económica”. En: Ciencia y Sociedad, volumen XXII, número 4. Santo Domingo, octubre-diciembre de 1997. pp. 433-439. 180
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concentración del gasto público por parte del presidente en un 52%, aumentando el desbalance de poder que existía en el Estado y que afectó a los sectores autónomos, los ayuntamientos, al Poder Judicial y al Poder Legislativo. En cuanto a la crisis de la producción energética, la solución para Balaguer siguió siendo la privatización y los préstamos a la Corporación Dominicana de Electricidad. En sus discursos la única justificación con respecto la escasez de energía era que “todos estamos concientes de que existe un grave problema, un problema que se agrava ahora mismo por la crisis mundial ( se refiere a la Guerra del Golfo Arábico- Pérsico) y que tendrá mucha repercusión sobre los países en vías de desarrollo, sobre todo por el alza de los precios de los hidrocarburos” 181. En 1991, Balaguer recibió del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 148.8 millones de dólares para la reparación de redes y el reestablecimiento de sus plantas energéticas. Ese mismo año se declaró que la producción de las empresas industriales del país se redujo en un 40% como consecuencia de la recesión económica y las deficiencias en el suministro de energía eléctrica182. También existieron proyectos con el BID de parte de la Secretaría de Estado de Agricultura y otro para la Educación183, dos proyectos de educación básica (1991 y 1995), cofinanciados con el Banco Mundial; uno de desarrollo agrícola (1993), con FIDA, y el de reestructuración del sector de la salud (1997), con el Fondo Nórdico para el Desarrollo y la OPEP184. Sin embargo, si bien el sector agropecuario creció en 1991 en un 2,4%, este aumento se debió a la política de liberalización de los precios agropecuarios, implementada desde agosto de 1990 y que propuso el BID para dinamizar al agro dominicano. El sector agropecuario siguió teniendo significativa importancia en la economía desde el punto de vista de la producción y el empleo. En esta época, el 53% del territorio nacional estaba
181
Discurso del Presidente Joaquín Balaguer, 27 de septiembre de 1990 Ruiz Burgos, Eddy. Ob cit, p. 18. 183 Discurso del Presidente Joaquín Balaguer, 27 de septiembre de 1990. 184 Banco Interamericano de Desarrollo. Evaluación del Programa País: República Dominicana 1991- 2003. Washington, D. C, Abril, 2003. 182
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destinado a la producción agropecuaria, pero el empleo total del sector agropecuario disminuyó de 502 000 puestos en 1993 a 474 000 en 1996185. El sector de la construcción incrementó su nivel de contribución al PIB de 8,7% a 13,1% entre 1990 y 2000. En igual período, los sectores Comercio y Restaurantes y hoteles pasaron de 16,1% a 20,1% de contribución al PIB, así mismo los sectores Transportes y Comunicaciones aumentaron su participación. En conjunto, todos estos sectores representaron el 46,6% de la producción total de bienes y servicios de la economía dominicana, siendo las actividades productivas que dinamizaron el crecimiento económico de los años noventa. En el epígrafe anterior mencionamos la intención por parte del gobierno dominicano de insertarse dentro de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. No es hasta inicios de la década de los años noventa que se puede observar la evolución de la participación de República Dominicana en el proceso. En 1983 el país exportaba a Estados Unidos 807 millones de dólares, en 1992 exportó 2,367 millones de dólares, representando el segundo lugar después de Costa Rica186. Esto comprobó la creciente integración de la economía dominicana a la de Estados Unidos de América. Por ejemplo, el 53,3% de las exportaciones dominicanas se dirigían a Estados Unidos, igualmente, el 95% de las exportaciones de las zonas francas. Una situación parecida surge por el lado de las importaciones. Un análisis detallado de los porcentajes en cuanto a intercambio comercial nos lleva a concluir que a principios de las década de los noventa era muy limitado el comercio con las economías del Caribe y América Latina (13%)187. Era previsible que el eje central alrededor del cual giró el sector externo en República Dominicana fuera la economía de Estados Unidos. En 1992, con un total de exportaciones brutas hacia Estados Unidos del orden de los 2,366 millones de dólares, el país se convirtió en el
185
Dircia Paulino Viloria. “Retos de los industriales dominicanos ante las negociaciones internacionales. Principales inquietudes”. Conferencia Regional “El sector empresarial y el Desarrollo”. Rio de Janeiro, Brasil, 8 y 9 de junio del 2004. (Documento). 186 US International Trade Commission, Impact of the Caribbean Basin Economic Recovery Act on US Industries and Consumers, 1992 y Caribbean Basin Iniciative, 1991. Citado por Vaitsos, Constantino. Opciones dominicanas en tiempos de Globalización e Integración. Santo Domingo: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 1994. 187 Vaitsos, Constantino. Opciones dominicanas en tiempos de Globalización e Integración . Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Santo Domingo, 1994, pp. 8-9.
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principal proveedor de confecciones de manufacturas con insumos procedentes de Estados Unidos188. Es así que, en septiembre de 1994, se puso en marcha el tercer programa de estabilización económica. Las medidas adoptadas perseguían reducir, en un corto plazo, las presiones inflacionarias y crear las bases para el fortalecimiento de la posición externa del país189. En la segunda mitad de los noventa se inicia una política comercial activa, resultado de los cambios del proceso de globalización. La República Dominicana, como la mayoría de los países del Caribe y del Continente, entró en un proceso complejo y diverso, cuyo eje central fue el proceso de globalización. Desde finales de los ochenta el perfil político y económico del mundo cambió con la caída del Muro de Berlín y la reunificación de Alemania, la disolución de la Unión Soviética y la supremacía hegemónica de una sola potencia, la firma del Tratado de Maastrich creando la Unión Europea, la finalización de la Ronda de Uruguay y el GATT, el surgimiento de la OMC, la Cumbre de las Américas y el lanzamiento del ALCA como alternativa económica. Asimismo, el uso comercial a gran escala de Internet en 1995 creando una nueva cultura de redes y de nuevas tecnologías de la comunicación, modificó toda la concepción de realizar proyectos políticos y económicos en el mundo y particularmente en República Dominicana. Estos fenómenos mundiales y regionales condujeron al país a iniciar negociaciones con CARICOM190 y con los países centroamericanos. También en la Convención de Lomé
188
Ibidem, p. 10. Aristy, Jaime y Andrés Dauhajre. “Efectos de las políticas macroeconómicas y sociales sobre la pobreza en la República Dominicana”. En: Política Macroeconómica y Pobreza en América Latina y El Caribe. PNUD/CEPAL/BID . Mundi-Prensa Libros. Madrid, España, 1998. 190 Desde el punto de vista de la integración regional, en 1992 las relaciones comerciales con CARICOM alcanzaban escasamente los 5 millones de dólares, esto representó el 1% de las exportaciones dominicanas, excluidas las zonas francas, y sus importaciones no petroleras. Las relaciones de República Dominicana con la Comunidad del Caribe estuvieron confrontadas por la política económica del Gobierno de Balaguer. En esta etapa CARICOM, por varios factores, rechazó la entrada de República Dominicana. CARICOM se dedicó, después de que sus miembros obtuvieron la independencia, a superar las graves limitaciones económicas y políticas inherentes a su tamaño y a enfrentar su fuerte dependencia extra-regional. La esencia de estos objetivos concebía la integración no como la simple unión de mercados y la reducción de barreras arancelarias, sino que le atribuía un sentido mucho más orgánico. La misma aceptaba como objetivos fundamentales: servicios comunes, coordinación de posiciones respecto a política económica exterior y fomento de un conjunto de áreas de cooperación económica. Si estos objetivos son explicitados y entendidos, entonces resulta perfectamente comprensible por qué CARICOM rechazó la solicitud de República Dominicana para ingresar como miembro con pleno derecho en el mercado común. No obstante, este proceso va a influir en que poco tiempo después los gobiernos de CARICOM promuevan la creación de la Asociación de Estados del Caribe. 189
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junto a Haití, estableció contacto con alrededor de setenta países de África, el Caribe y el Pacífico y formó parte del escenario comercial caribeño a través de CARIFORO. La incorporación a la Convención de Lomé IV191 como miembro de pleno derecho en 1992, permitía reducir en parte su fuerte dependencia frente a la economía estadounidense. Asimismo, se creó la coyuntura de promover las relaciones dominicohaitianas, y algo muy importante, se facilitaba el establecimiento de relaciones económicas dentro de la región del Caribe. Pero esta dimensión de la política exterior económica, potencialmente importante y cualitativamente diferente, no fue manejada adecuadamente por el Estado, por lo que terminó promoviendo los intereses de los europeos en el espacio económico dominicano192. En este nuevo escenario, República Dominicana se vio obligada a definir una nueva estrategia de inserción internacional que respondiera a las nuevas circunstancias históricas. El Informe sobre Desarrollo Humano de 1998 destacó que, en el orden interno, el proceso de desarrollo económico y social del país que siguió a los programas de estabilización fue muy importante en varios aspectos: alta tasa de crecimiento económico, baja inflación y una amortización estable de la deuda externa. El Producto Interno Bruto promedió cada año un 2,5% de crecimiento con respecto al año anterior, mostrando un 7,3% en 1996, considerado uno de los más altos de América Latina. El comportamiento sectorial reafirmó la posición dinámica de algunos sectores productores de servicios como las telecomunicaciones (20.4%) y el turismo (6.7%). Los sectores electricidad y agua potable mostraron un crecimiento de 16.6%, básicamente impulsados por un incremento del 35% en las compras de energía de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) al sector privado, mientras que la producción, el comercio y el transporte decrecieron en un 2,4%, 10,3% y 8,5%, respectivamente. El nivel de vida del dominicano promedio experimentó una mejora significativa en la última década, principalmente por un sólido crecimiento per cápita del PIB de 2.5% por año y del impacto positivo de las remesas del exterior.
191
Las disposiciones de Lomé IV se basan en un tratamiento no recíproco, centrado en intereses fundamentales: acceso preferencial al mercado de la Unión Europea sujeto a ciertas condiciones, cooperación financiera y técnica, basada en la definición de áreas prioritarias, ayuda de emergencia no programada (por ejemplo, alimentos). Vaitsos, Constantino. Ob. cit, p. 24. 192 Vaitsos, Constantino. Ob. cit, p. 26
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Es necesario aclarar que la economía dominicana también fue estimulada por la entrada libre de remesas. Aunque la literatura no aborde el tema, se tiene estimado que República Dominicana recibía alrededor de 2000 millones anuales de dólares por este concepto, además el Estado creó las condiciones estipulando que entre diciembre y febrero tanto las remesas como los paquetes de avituallamiento estuvieran libres de impuestos aduaneros. Asimismo, el tráfico ilegal de drogas en el país permitió la entrada de inmensos capitales y la práctica del lavado de dinero que beneficiaba a un sector de la sociedad dominicana. Sin embargo, otros indicadores sociales revelaron que la pobreza193 continuó siendo un problema crítico. Aunque existen datos muy diferenciados del nivel de pobreza que van del 20%, según la Fundación Economía y Desarrollo, hasta un 56% para la ENDESA ’96 y para CAS’99 del Banco Mundial, se estima que afectaba al 25% de la población dominicana y la pobreza extrema se estimó en un 19%194. Un estudio del Índice de Desarrollo Humano del 2003 declaró que entre 1975 y el 2001 la posición de República Dominicana empeoró, aunque con un papel ascendente a partir de 1995195. El proceso de urbanización que se venía gestando desde mediados del siglo XX, ligado a las nuevas relaciones económicas, sociales y políticas, trajo como consecuencia nuevas categorías sociales, como fue el caso de los marginados. El sector informal de la economía y la llamada “cultura de la pobreza” forjaron una nueva forma de ser pobres, pues hasta ese entonces llegar a la ciudad era una vía para la ascensión social. El
193
La pobreza está determinada por varios factores entre los que se pueden destacar, bajos niveles educativos, altas tasas de analfabetismo, desempleo, ausencia de servicios, impacto por deterioro ambiental que reducen la base productiva. El nivel de analfabetismo era alto (18%); un 30% de la población no tenía acceso al agua potable y la mortalidad infantil era de un 49 por cada mil niños nacidos vivos, los cuales mueren antes del primer año. El 5.9% de las muertes infantiles se debió a la desnutrición. De acuerdo con las estimaciones elaboradas, en 1996 aproximadamente el 56% de los hogares dominicanos (es decir, más de un millón de hogares), estaban viviendo en condiciones de “pobreza”. Cerca de 19% (casi 350 mil) estaban sumergidos en la “pobreza extrema”. De acuerdo con estas cifras, el número de personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema ascendería a 4,6 y 1,6 millones de personas respectivamente. Cooperación para el desarrollo. República Dominicana. Informe de 1991 a abril de 1998. Sede de Naciones Unidas- Cuba (Biblioteca). 194
Cooperación para el desarrollo. República Dominicana. Informe de 1991 a abril de 1998. Sede de Naciones UnidasCuba (Biblioteca). 195
Cearra-Hatton, Miguel. Ob. Cit. P. 20.
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crecimiento del sector informal de la economía mostró que en el nuevo esquema económico los excluidos no podían acceder a un empleo estable196. En las elecciones de 1990 Balaguer logró mantener el poder gracias a un acuerdo con el empresariado, que de hecho reestructuró el esquema económico al reorientar la política fiscal y monetaria sobre bases ortodoxas. Balaguer cedió así ante la elite económica y restringió su poder de intervención en la economía a cambio de mantener su poder en la política. El empresariado logró un mayor nivel de autonomía y capacidad de negociación con el Ejecutivo, aún cuando este conservase un poder de decisión real, sobre todo en el área fiscal y monetaria197. El presidente accedió a pactar con los partidos de oposición para que en 1992 se realizara una reforma que ampliaba el número de jueces de la Junta Central Electoral (JCE). Así, la confluencia de un ambiente de reformas políticas con el proceso electoral y constitucional, el desarrollo de organizaciones de la sociedad civil y el financiamiento internacional para la reforma y modernización institucional gubernamental y no-gubernamental, contribuyeron a crear expectativas de que en 1994 se realizarían en la República Dominicana elecciones competitivas y transparentes. El fin de la guerra fría dio paso al cambio de la agenda estadounidense, que se dirigió a lograr estabilidad en los regímenes “democráticos” en el área. La administración de W. Clinton, tras el golpe militar que depuso al presidente haitiano Jean Bertrand Aristide, en septiembre de 1991, estaba muy interesada en la estabilidad democrática de Haití y para ello necesitaba que en la parte oriental de la Isla de Santo Domingo los procesos “democráticos” fueran respetados. En el escenario político interno el PRD estaba mucho mejor organizado y con un mayor poder de convocatoria que el PLD, además, importantes grupos de la sociedad se habían convencido de que Joaquín Balaguer tenía que ser desplazado del poder. En 1994 se presentaron nuevamente los tres líderes principales de los partidos mayoritarios: Balaguer, Peña Gómez y Bosch. La diferencia fue que en esta ocasión los principales contrincantes fueron Balaguer y Peña Gómez. Al igual que en 1990, las 196
Silié, Rubén. “Los jóvenes trabajadores en el medio urbano”. En: Estudios Sociales, año XVII, número 97. Santo Domingo: Centro de Investigación y Acción Social de la Compañía de Jesús, julio-septiembre de 1994. pp. 7-23. 197 Lozano Wilfredo. “Tradición caudillista y cambio de política en República Dominicana (1986-1996)”. En: Perfiles Latinoamericanos, año/vol. 05, número 008. México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, enero-junio de 1996. pp. 29-50.
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elecciones fueron muy cerradas. En ese entonces Peña Gómez ganó las elecciones, pero al igual que a Bosch en 1990, le fue arrebatada la victoria, con una pequeña diferencia de votos entre Balaguer (42.3%) y Peña Gómez (41.6%). El PLD quedó en un lejano tercer lugar198. Esto dio paso a una crisis política que amenazó con la guerra civil y se convirtió en un conflicto de alcance internacional. La presión del PRD para que se hiciera un reconteo de votos, las demandas de la sociedad civil por la transparencia electoral y la presión internacional, sobre todo de Estados Unidos, a favor del presidente, llevó a un proceso de negociación entre los principales líderes de los tres partidos mayoritarios. Estas negociaciones, mediadas por un representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), culminaron con la firma de otro “Pacto por la Democracia,” pocos días antes de la toma de posesión de Balaguer el 16 de agosto de 1994. Este Pacto por la Democracia contempló un conjunto de reformas constitucionales, con énfasis en lo electoral. Las reformas más importantes fueron: 1) la prohibición de la reelección, 2) la separación de las elecciones presidenciales de las congresionales y municipales, a dos años de diferencia, 3) la doble vuelta si ningún candidato obtenía más del 50% de los votos, 4) reformas al sistema judicial 5) la doble ciudadanía. En este pacto Balaguer también aceptó reducir su período de gobierno de cuatro a dos años y convocar elecciones presidenciales en 1996. Tanto la adopción e implementación de estas reformas, como la discusión y aprobación de otras reformas políticas en años subsiguientes, crearon un ambiente de discusión en la búsqueda por mejorar la “democracia dominicana”, propiciándose un nuevo marco favorable para solucionar los problemas nacionales.
198
Espinal, Rosario. Ob. cit, p. 36.
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El año 1994 representó para los dominicanos una clara coyuntura positiva para exigir todas las demandas. Unidad , esa era la palabra de orden. En este año se produce la unión de los dos líderes históricos, Joaquín Balaguer y Juan Bosch, en el Frente Patriótico Nacional para impulsar la figura de Leonel Fernández a la vida política del país en las elecciones de 1996. Este proceso se interpretó como la fraternidad necesaria de la nación para impulsar una verdadera democracia y solucionar todos los perjuicios que había creado el sistema en los años ochenta. El Pacto de la Democracia sirvió de experiencia para celebrar con transparencia y legitimidad las elecciones presidenciales de 1996 y 2000 y las congresionales-municipales de 1998 y 2002, además del establecimiento en 1997 de una nueva Corte Suprema de Justicia, tal cual lo estableció la nueva Constitución de 1994. En el tiempo restante de su mandato, Balaguer adoptó gran parte del programa neoliberal de apertura de la economía y reformas del Poder Judicial y Legislativo. Pese al equilibrio fiscal y la economía monetaria después de 1994, la administración no logró resolver tres cuestiones centrales al esquema de apertura económica y modernización: 1) solucionar la crisis energética que afectaba el país por casi diez años; 2) impulsar una conciencia política de inversiones sociales que amortiguara los efectos del proceso de apertura y 3) modernizar el aparato fiscal como paso previo a la reforma de los aranceles. El mandatario siguió manteniendo su política de inversión en la infraestructura y viviendas para la clase media, aún al precio de un gran endeudamiento del sector público y el deterioro de servicios sociales básicos, como la energía, la educación, la salud y el transporte público. El efecto inmediato de esta política neoliberal revestida con mantas proteccionistas fue la protesta social de los pobladores urbanos, aquellos que ocho años antes habían depositado en sus manos el destino de sus vidas, por el deterioro de los servicios sociales básicos. Balaguer sólo se pudo sostener gracias a la política de no confrontación sostenida por el PLD y el PRD. Con una economía abierta orientada a la exportación de servicios se propició la necesidad de un nuevo pacto social minado por las sucesivas crisis económicas indisolublemente ligadas a los procesos sociales. Este pacto social debió aceptar los retos de un mundo cada vez más interdependiente y global, inevitablemente condenado a buscar la eficiencia 91
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y donde la democracia no solamente debe traducirse en la legitimidad del proceso electoral, sino en cambios estructurales que afirmen una ciudadanía de alto perfil para lograr una sociedad más justa y equitativa en la distribución de la riqueza.
2.2. Consolidación del Estado neoliberal dominicano Balaguer se benefició en gran manera de la división del PRD cuando surgió el Partido de la Liberación Dominicana en 1973. No dudó en sacrificar a su propio partido, en 1986, en aras de su gloria personal. El “Frente Patriótico” fue la máxima maniobra política de Balaguer y uno de sus mayores éxitos, pues a partir de entonces sería reivindicado absolutamente por sus opositores de los otros dos partidos, incluyendo al profesor Juan Bosch y al doctor José Francisco Peña Gómez, pero sobre todo a Leonel Fernández y a Hipólito Mejía y sus colaboradores, que se disputarían su gracia hasta el día de su muerte199. Balaguer era considerado por los círculos políticos como el reformador, el estadista capaz de llegar a compromisos realistas que aseguraban la continuidad y estabilidad del Estado. Por otro lado, era identificado como el caudillo autoritario, que se resiste a la modernidad y a quien le resulta difícil asumir la incertidumbre del juego democrático 200. Los intelectuales más destacados dedicados al tema consideran que la práctica política de Balaguer es un acto colectivo, ya que está relacionado con la capacidad de él para comprender -a su manera- la sociedad dominicana. Desde 1983 Balaguer puso en marcha una estrategia de fortalecimiento de la ultraderecha reformista. Hacia el interior de su partido suprimió con medidas autoritarias, en 1982, las vicepresidencias y amplió el directorio del partido de 15 a 100 miembros, logrando un nivel inicial de homogeneidad y coherencia para una proyección más combativa. La articulación estatal que propuso Balaguer debía tomar en cuenta la existencia de grupos partidarios con votos valiosos en la gestión gubernamental, la relación de poder equilibrado entre el 199
El Partido Revolucionario Social Cristiano se fusionó con el Partido Reformista en 1984 y firmaron un documento público junto al presidente del PLD que le recobró a Balaguer buena parte de su autoridad política en calidad de expresidente y de líder de un gran partido. Mejoró su presencia pública gracias a la unidad interna y al contenido del discurso reformista, el cual –ahora- contenía ciertos rasgos socialdemócratas. Dilla, Haroldo. Crisis y evolución…p. 68. 200 Lozano, Wilfredo. Ob. cit, p. 29.
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poder ejecutivo y el Congreso heredado de los gobiernos perreidistas; la crisis general del sistema de los años ochenta con problemas de gobernabilidad y la rearticulación del poder estatal en la nueva gestión económica, donde el Estado tenía un menor control regulador y de intervención frente al emergente empresariado vinculado al turismo y las zonas francas. En los primeros cuatro años de gobierno (1986-1990), Balaguer apeló a la unidad moral de la nación como razón de Estado. Escudado en esa moral planeó la división del PRD, acusándolo de corrupción en su gestión administrativa. Para lograr la estabilidad institucional basada en la moral recurrió a la Iglesia Católica como institución que se define en el ámbito moral, conociendo la participación de la misma sobre todo en periodos de crisis. Podemos afirmar que esta institución vino a sustituir a la autoridad moral de la élite política, que enfrentaba serios problemas de legitimación. Ante la necesidad de lograr una comunicación entre el Estado y la sociedad civil, la Iglesia Católica actuó de mediadora en el difícil logro del diálogo nacional. La figura del presidente quedó por encima de los problemas políticos, esto le confirió una amplia legitimación política y un holgado margen de autonomía ante el Congreso hasta 1994. Balaguer volvió a funcionar su lógica cesarista ante el Congreso y siempre había que contar con él. En esta alternativa era necesario el discurso moral del líder para subordinar la función partidista de PRSC en el gobierno. Adicionalmente, estaba amparado por el artículo 55 de la Constitución, que otorgaba poderes ilimitados al presidente, complementado por el artículo 41, que prácticamente anulaba el Poder Legislativo, al exigir al Congreso una mayoría calificada de las dos terceras partes de cada cámara para contrarrestar la observación de una ley por parte del Ejecutivo201. Al principio, Balaguer intentó reestablecer el Estado regulador y proteccionista de su primer mandato (1960-1970), estableciendo una agresiva política de inversiones públicas con efecto inmediato pero no duradero. Tuvo que ceder ante la élite económica y coartó su intervención económica a cambio de mantener el poder político. Las soluciones a las crisis electorales de 1990 y 1994 tuvieron un carácter coyuntural. Las consecuencias fundamentales de este proceso fueron la reforma electoral de 1992, que 201
Varios. “Una estrategia para la viabilidad de la reforma política”. En: Revista Ciencia y Sociedad, volumen XXII, número 1, enero-marzo. República Dominicana: Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 1997. p. 22
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estableció la Ley de Partidos, y la reforma constitucional de 1994. La primera tuvo como objetivo formular una normativa que garantizara la institucionalización de los partidos que juegan un papel estratégico en el interés público, se exigió la calificación adecuada de los candidatos a los diferentes cargos del gobierno. La reforma constitucional, conocida como Pacto de la Democracia de 1994, se puso en vigor con el relevo generacional en 1996, con el candidato Leonel Fernández. Dicha reforma modificó y liberalizó la Constitución de 1966, que tenía un modelo que había predominado durante los últimos cien años. Entre otras reformas importantes llevadas a cabo, se creó un estatuto constitucional para favorecer la independencia de la carrera judicial, incluyendo la modificación de los procedimientos de selección y nombramiento de los jueces, una de de las más grandes aspiraciones de la ciudadanía en los últimos lustros. Las reformas implicaban grandes cambios en el panorama del sistema de administración de justicia. En primer lugar, ponía fin al dominio del Senado sobre la judicatura, ya que la elección de los jueces era una de las atribuciones más importantes. Esta facultad, sin ningún control ni uso por otras instancias del Estado, fue objeto de un abuso constante y evidente. Los nombramientos de la judicatura eran tratados como parte del botín político202. La designación de los jueces correspondió al nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, organismo de carácter colegiado e integrado por siete miembros203. Igualmente, la nueva Constitución de la República dispuso que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, como máximo tribunal con funciones jurisdiccionales, administrativas y disciplinarias, tuviera a su cargo la designación de todos los jueces a nivel nacional. Lo asombroso de toda esta reforma fue que hubo que esperar tres años para que por primera vez se convocara a los nuevos consejos creados, marco en el cual la ciudadanía movilizada, aún cuando nunca la invitaron al juego, veló y presionó en todo momento por la elección transparente de sus jueces.
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Salcedo C., Carlos R. La transparencia en la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia en la República Dominicana. Due Process of Law Fundation- ISBN 0-9674696-3-5, 2003. p.1 203 Estos miembros eran: el Presidente de la República, el Presidente del Senado, un senador de un partido distinto al presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados, un diputado de un partido distinto al anterior, el Presidente de la Suprema Corte y un Magistrado de la Suprema Corte, quien actuó como Secretario. Salcedo C., Carlos R. Ob. cit, p. 2.
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Por su parte, el Poder Legislativo, afectado por el comportamiento que se corresponde con las prácticas tradicionales, se caracterizaba por una marcada asimetría en la distribución de facultades entre ambas cámaras, que concede mayores facultades al Senado que a la Cámara de Diputados. Entre los factores que limitaban la labor del Congreso se observan la vigencia de reglamentos obsoletos y tecnología no actualizada, la falta de recursos de apoyo al trabajo administrativo y la falta de autonomía presupuestaria. En esta coyuntura de 1994, organizaciones como Fundación Siglo XXI presentaron reformas al poder legislativo e inclusive existió un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo para la modernización del Congreso. La realidad era que en el Congreso no había una relación proporcionada entre las 29 provincias y el distrito nacional. Solamente en el Distrito Nacional de Santo Domingo residía el 30% de los electores y en Santiago el 10%, mientras que en las demás provincias solo el 3% y 2%204. Además, las reformas crearon varios problemas nuevos. Los tres partidos mayoritarios quedaron debilitados, fragmentados, y, a nivel congresional, indisciplinados, tanto por la desaparición de los tres líderes, como por la democratización interna de los partidos, por ende, la gobernabilidad sufrió y creó más incentivos institucionales para el clientelismo político. El sistema de ballotage y la separación de las elecciones congresales y presidenciales crearon un sistema de gobiernos de minoría extrema, como en el caso del actual Presidente Leonel Fernández, que gobernó durante el período 1996-2000 y que gobierna desde el 2004 teniendo menos del 33% de apoyo en el Senado y la Cámara Baja. En resumen el saldo de diez años de mandato, con las dos crisis de gobernabilidad producidas en 1990 y 1994, mostraron los serios problemas por los cuales atravesaba el Estado dominicano, por ejemplo:
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La clase política dominicana no era simplemente la administradora de los bienes del sector empresarial, como generalmente se entiende, sino que estaba íntimamente ligada a esta actividad. Muchos dirigentes tienen un peso específico muy grande en sus partidos políticos, pero al mismo tiempo son empresarios, o micro-empresarios. Su
Varios. “Una estrategia para la viabilidad de la reforma política”, p. 30.
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único oficio no es la política, junto a ella desarrollan la actividad empresarial. De este modo se reflejaron conflictos económicos personales en la esfera institucional.
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Los problemas en la organización municipal eran de orden constitucional, electoral, legal, técnico y administrativo. Constituían problemas en este sentido la no actualización de la propia legislación municipal, la escasez de recursos presupuestarios que elevaba el nivel de dependencia de las decisiones y los subsidios del Gobierno Central, así como la falta de coordinación entre los ayuntamientos y las organizaciones de base y la limitada participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. A esto se le suma el bajo nivel de profesionalización de las autoridades municipales y el personal administrativo; la falta de motivación creada por la ausencia de incentivos salariales y la inestabilidad en el cargo205. Prima la visión de un Estado todopoderoso encargado de todo, responsable de la fijación de políticas, del diseño, programación y ejecución de proyectos e inversiones, y con un decisivo poder y control sobre las intervenciones o actuaciones de las instituciones y de los actores privados. La encuesta Demos´94 reveló que el Presidente es la jerarquía del Estado que alcanza el mayor porcentaje (33%) de “mucha confianza” depositada en la población, por encima de cualquier otra entidad de la sociedad política. En adición, el 45% identificó al entonces incumbente de dicha función, Joaquín Balaguer, como “el líder que más había contribuido al desarrollo de la democracia en el país”. Balaguer encabezó la jefatura del Estado durante 22 de los 30 años, cubriendo seis de los ocho periodos constituciones desde 1966 hasta 1996206. Otro problema es la ausencia de mecanismos de participación de la sociedad civil en las acciones del gobierno. Las instituciones de la sociedad civil eran receptoras de la acción gubernamental, en la que prevalecía una visión estrictamente sectorialista, con escasos mecanismos institucionalizados de coordinación y visión intersectorial y, menos aún, territorial. La política exterior del gobierno de Balaguer se caracterizó por ser conservadora, en términos generales. Con respeto a Haití, en 1991 ordenó la expulsión de los haitianos Ibidem, p. 32. “Una estrategia para la viabilidad de la reforma política”, pp. 22-23.
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en situación irregular, comenzando por los menores de 16 años y los trabajadores de la caña de azúcar de más de 60 años. El 29 de septiembre, los militares destituyeron al presidente haitiano Jean Bertrand Aristide con un golpe de estado sangriento, que según testimonios concordantes se benefició de las complicidades dominicanas. Estas contradicciones repercutieron en la relación de ambos países con Estados Unidos y Europa, sobre todo cuando ambas naciones fueron incorporadas a la Convención de Lomé en 1991. Otro de los problemas que enfrentó la diplomacia dominicana en esta época fue competir con sus vecinos caribeños al incorporarse a dicho tratado. Por largo tiempo desatendió las relaciones con las vecinas islas anglófonas y se mantuvo más ligada a las relaciones con los países latinoamericanos, mientras que el continente africano era ignorado totalmente207. Balaguer, quien nunca renunció al poder, sí abandonó el proyecto de un Estado asistencial, y por lo menos esta era la percepción de amplios sectores de la población. En el nuevo contexto histórico del neoliberalismo, proclamó la necesidad de la reducción del Estado, la redefinición de sus funciones (entendido como gobierno), reclamando, además, una mayor eficiencia en todos los ámbitos de su gestión. El mercado fue presentado como el sustituto del Estado en sus funciones económicas, sociales y políticas y el gobierno apenas compensó las limitaciones que impuso el mercado a la ciudadanía. Esto se demostró cuando el FMI designó en noviembre de 1991 a un representante ante el Banco Central Dominicano, el cual tenía como misión velar por el cumplimiento de las disposiciones que en materia económica fueron dictadas en los últimos años para regular la economía nacional. En estos momentos la deuda externa era de alrededor de los 4000 millones de dólares, lo que posiblemente sobrepasaba la capacidad de endeudamiento que tenía el país. Según un documento confidencial elaborado por el gobierno, en caso de no firmar con el FMI, el país se exponía a serias consecuencias, entre las que se destacan
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Las relaciones económicas internacionales se caracterizaron por la firma de acuerdos comerciales y deuda externa con el FMI o el Club de París. En el plano de las relaciones bilaterales, los Estados Unidos siguieron siendo el principal protagonista desde 1984, cuando República Dominicana devino en la principal beneficiaria de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe y fue autorizada a exportar hacia Estados Unidos con franquicia de derechos de aduana a la mayor parte de los productos ensamblados de los países miembros: las exportaciones dominicanas hacia el mercado norteamericano se duplicaron de 1983 a 1991, pasando de 806 millones a 1,846 millones de dólares. Caroit, Jean Michel. “Relaciones Internacionales”. En: Estudios Sociales, número 89… pp. 49-52.
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el embargo de todos los bienes, es decir, aviones de líneas aéreas, buques nacionales, productos de exportación, etc.208. Por su parte la clase dominante, a la vez que fortaleció sus propias organizaciones, tales como el CNHE, orientadas a defender sus propios intereses, como es lógico, fundó o financió centros de enseñanza superior y de capacitación profesional, con el objetivo de preparar los cuadros especializados de demanden sus actividades y sobre las que el Estado no había sido capaz ni siquiera de crear la infraestructura para tales fines. Parte de las universidades privadas existentes en el país, o por lo menos algunas de sus facultades, escuelas y departamentos respondieron a dichas necesidades209. A todo esto se adiciona la incapacidad del Estado para responder a las demandas populares. En cuanto a la desigualdad social que creó este sistema económico y político, basta mencionar que en la primera mitad de la década de los noventa, el 20% más rico tenía 13.3 veces más ingresos que el 20% más pobre. En el hemisferio, República Dominicana resultó tener en 1991 la tasa más alta de crecimiento económico, pero el desempleo aumentó a un 13%210. El resultado final fueron grandes manifestaciones de la ciudadanía, Y es que, como argumentó Néstor García Canclini: “... el neoliberalismo y la privatización no eran las respuestas adecuadas, los servicios públicos no mejoraron sustancialmente con la privatización; por consiguiente el Estado debía centrarse nuevamente en el interés público” 211.
2.3. Crisis del sistema político tradicional (1990-1994) Durante muchos años, los actores tradicionales en el quehacer político y público fueron los partidos políticos y el Estado, éste último a través de sus diferentes órganos. Los partidos políticos, que representaban, cada uno, una cosmovisión particular y un proyecto de 208
Mariñez, Pablo. Ob. cit, p. 100. Ibidem, pp. 130-131. 210 Ibidem, p. 97. 211 Citado por Yúdice, George. Ob. Cit, p. 192. 209
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sociedad y del Estado, monopolizaban la intermediación entre la ciudadanía y el gobierno, entendido éste como la personalización del Estado. Articulaban las demandas de los distintos sectores de la sociedad y las formulaban al gobierno en busca de respuesta pertinente y oportuna. Además de esta función esencial en el sistema político, les correspondía también a los partidos la exclusividad de la preparación y entrenamiento de los cuadros gerenciales que ocuparían los cargos de la administración pública, así como la presentación de los candidatos a los cargos electivos. Los partidos dominicanos, en su vida interna escasamente supervisada por la Junta Electoral Central, perpetuaron los cuadros directivos y no practicaron las regulaciones estatutarias que fijaban la renovación periódica de las autoridades partidarias mediante mecanismos democráticos212. El Estado, por su parte, tenía asignada la conducción del país y la realización de las funciones, tareas y actividades que aseguraban la estabilidad del sistema y el bienestar material y espiritual de los ciudadanos y ciudadanas. Además de sus responsabilidades de dirección y control llevaba también el compromiso de ser el motor de la economía y del desarrollo social. Todo lo que se exigía para un funcionamiento adecuado del sistema político y de bienestar de los ciudadanos quedaba en el ámbito de las acciones del Estado-Gobierno y de los partidos políticos. Partidos políticos y gobiernos asumían todo el proceso político, quedándole al ciudadano la elección, en el mejor de los casos, de las autoridades cada cuatro años. Se estableció una especie de división de trabajo entre los ciudadanos y la clase política: el pueblo elegía a las autoridades para que decidan y gobiernen, correspondiéndole a los partidos la exclusividad de la intermediación entre la sociedad y el Estado. El proyecto democrático concebido por los partidos políticos dominicanos tenía como premisa fundamental la tecnificación y modernización de las instituciones públicas213. Este 212
Varios. “Una estrategia para la viabilidad de la reforma política”, pp. 26. Con respecto a la tecnificación, el defecto de la democracia no es poseer técnicas. La democracia, como cada instrumento de gobierno es también un sistema de técnicas: la elección de representantes, la división de los poderes, la votación secreta. Sin embargo no se trata solamente de esto, también se trata de la técnica que se desarrolla históricamente para garantizar la soberanía popular, pero no como se ha entendido hasta ahora: que importante en la democracia no es lo que el pueblo quiere, importante es cómo determinar aquella autoridad de gobierno que tiene que elegir y querer. La voluntad del pueblo no puede pasar a un segundo plano respecto a la voluntad de gobierno, tampoco al punto de hacer todo lo que el pueblo quiere, pero se logra poner en orden la voluntad popular mediante la autoformación del hombre, la autoorganización cultural y de la responsabilidad de los hombres. Hay que dejar de pensar que los hombres son máquinas para votar, en nuestra opinión la crisis social y política deviene de la poca 213
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modelo de democracia se enfrentó a elevadas contradicciones sociales: por una parte, las demandas de los sectores populares214, que exigían mejoría del nivel de ingreso y de empleo y, por la otra, las demandas de los sectores de ingresos intermedios215, orientados por un amplio abanico de motivaciones: mayor poder político frente a los sectores tradicionales de poder, afán de colocarse dentro de la burocracia, mayores oportunidades económicas y ampliar su seguridad para mantener el consumo de todo producto importado. Por su parte, el sector empresarial se encontraba dividido a la hora de exigir sus necesidades, pero generalmente pedían una mayor democratización económica y descentralización geográfica de la administración pública. Por último, el sector militar con su campaña anticomunista, que exigía, demandaba y añoraba la meta política de Estados Unidos, “la seguridad continental”. Según el sociólogo Emmanuel Castillo esta democracia liberal se basó en la alianza de los sectores medios con los altos sacando de circulación a los sectores más bajos de la escala social. La participación del pueblo se hacía realidad al momento de elegir las autoridades públicas”. Para los defensores de la democracia dominicana la realización pacífica de las elecciones cada cuatro años era un elemento fundamental para valorar la legitimidad democrática. El escenario político de finales de los ochenta y principios de los noventa rompió la tradicional polarización política entre el PRD y el PRSC. Ante el desgaste de los partidos tradicionales en sus respectivos períodos administrativos y el debilitamiento de la triple alianza (Imperialismo-Fuerzas Armadas e Iglesia Católica) por la profesionalización de las Fuerzas Armadas en la sociedad, se consolidaron otras organizaciones políticas. Los oficiales retirados formaron el Partido Nacional de Veteranos Civiles. La izquierda, por su parte, logró formar dos grandes bloques: la Unidad Socialista (integrada por el Partido responsabilidad que se le da al pueblo y no sólo en el decidir de las cosas ventajosas sino también de las desfavorables. Pero el orden de la voluntad popular no debe venir desde arriba, por élites sustancialmente irresponsables sino que debe apoyarse en la recuperación del horizonte cultural donde el centro de discusión sea el sujeto humano. Entrevista realizada a Umberto Cerroni por Vanna Ianni en agosto de 1983. Ianni, Vanna. O b. Cit, p. 96-98. 214 Las clases populares tuvieron poca significación: el empleo logrado a través de la política de gobierno fue mínimo y contenido a veces violentamente en sus reclamos de mejoras sociales. Pero el proceso de lucha ha tenido mayor dinamismo. Ver: Castillo, Emmanuel. Ob. cit, pp. 187-192. 215 Con el ascenso al nuevo gobierno las demandas solo han podido ser satisfechas mediante la incorporación parcial al tren burocrático y bajo el criterio de selección no sólo de la capacidad técnica sino de la moderación política. En este sentido se puso en práctica el criterio de liberalismo moderado del grupo gobernante. Ver: Castillo, Emmanuel. Ob. cit, p. 187-192.
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Comunista y el Movimiento por el Socialismo) e Izquierda Unida (formada por el Bloque Socialista y la Unidad Patriótica Antiimperialista), que en las elecciones de 1991 demostró que el 1,8% de la población no admitía los proyectos de los partidos tradicionales. Sin embargo, el partido que más adeptos ganó fue el Partido de Liberación Dominicana (1974), bajo el liderazgo de Juan Bosch. En 1978, este partido apenas llegó al 1,1% de votos, pero en 1986 ganó el 18,4% de apoyo político. El fraude electoral de 1990, en el que todos aseguraban su victoria, demuestra que este partido ganó militantes a costa de la merma en los dos partidos tradicionales. Este crecimiento sostenido en el plano electoral careció de precedentes en la historia política dominicana, por lo menos en las últimas décadas. El Partido de Liberación Dominicana se convirtió en una opción de poder, debido no sólo al proyecto nacional de dicho partido, sino también porque la única referencia en la memoria del pueblo dominicano de un gobierno que intentó realmente un proceso democrático, tanto en lo económico como en lo social, de manera prioritaria, era el de Juan Bosch en 1963, que fuera derrocado a los siete meses. Otras organizaciones políticas, que no participaron en las elecciones presidenciales, también tuvieron un papel destacado, por ejemplo: Movimiento de Integración Nacional, Partido Quisqueyano Demócrata, Partido Demócrata Popular, Movimiento de Voluntad Popular, Movimiento Municipal del Pueblo y Partido de Acción Constitucional216. Los hechos posteriores a 1990 mostraron que el fin de la polarización política por si sólo no constituía la solución. Como analizamos, el fraude electoral desencadenó la crisis social ya latente desde el punto de vista económico. Como expresara el Dr. Rubén Silié en 1992 “la consolidación definitiva del proceso de democratización por la incompetencia de los partidos políticos y por su falta de habilidad para lograr una concertación social no logró un programa de desarrollo que ofrezca mayor seguridad material. La debilidad de esas organizaciones (se refiere a partidos políticos) ha posibilitado el monopolio del Estado sobre las actuales iniciativas de reforma, bloqueando y despreciando iniciativas de mayores alcances propuestas por diversos sectores de la sociedad civil” 217 .
216 217
Campillo, Julio. Elecciones dominicanas. Santo Domingo: Academia de Historia, 1996. p. 186. Citado por Pérez, Cesar. Ob. cit. P. 11.
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Los partidos, sobre todo los más importantes desde el punto de vista electoral, no pudieron trascender el marco de los aspectos técnicos de la democracia y descuidaron su función de formadores de la conciencia ciudadana como garantía para la independencia de la sociedad civil frente al Estado. En este contexto, la población se vio en la necesidad de expresar su descontento y sus reivindicaciones a través de la prensa escrita o radial, única forma de poder acceder a las altas esferas del poder. La indiferencia del gobierno desencadenó una serie de movilizaciones sociales y organizaciones barriales, de comunidades, de vecinos, entre otros, que vendrían a constituir los nuevos canales de expresión218. El legado histórico de lucha política del pueblo dominicano se puede comprobar cuando en 1961 se recuperó la libertad de expresión y en 1966 se aprobó la Constitución que más ha durado en la historia nacional. En 1973 quedó establecido que el único método de selección de las autoridades serían las elecciones, al impedirse la materialización de un golpe de Estado desde adentro, y también una rebelión encabezada por una invasión guerrillera desde afuera. En 1978 ocurrieron tres grandes logros: por primera vez la oposición llegó al gobierno por la vía electoral, se puso fin a la represión, quedando libres los presos políticos y retornando al país los exiliados y se estableció el control civil sobre el poder militar. En 1994 se reforma la Constitución con los objetivos de impedir la reelección inmediata y evitar el continuismo, separar las elecciones Presidenciales de las Congresionales y Municipales y evitar el fenómeno del arrastre y reforzar la independencia del Poder Judicial. Pero a diferencia de 1978, los sucesos de 1994 fueron producto de un pueblo más preparado para presionar lo suficiente y vigilar de cerca los comicios de 1996. En estos comicios se supera la falta de credibilidad en las elecciones por fraude o administración deficiente219. Solo por citar un ejemplo, en 1993 se constituyeron más de 1000 instituciones sin fines de lucros y de interés social. Se celebró el Tercer Congreso Nacional de ONG´s y se crearon nuevos medios de comunicación, como los periódicos
218
Mariñez, Pablo. Ob. cit, p. 200-201 Latorre, Eduardo. “Democracia en el Caribe”. En: Nueva Sociedad, volumen XXVII, número 3 . Santo Domingo, julioseptiembre de 2002. 219
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Iniciativa Democrática, Caribe soy , la revista Perspectivas y más de diez programas de opinión pública por televisión. Los partidos políticos (Partido Revolucionario Dominicano220, Partido Reformista Social Cristiano221, etc.) siguieron los esquemas verticales y rígidos que obstruían la participación popular real. De esta manera, comienza la evolución de una ciudadanía en continua búsqueda para lograr sus demandas más importantes. Particularmente, la evolución política del Partido Revolucionario Dominicano, que nunca pudo subsanar los escándalos de corrupción en los ochenta hasta su definitiva escisión en 1990, comprueba este fenómeno. En un nuevo escenario globalizador, donde concurrieron nuevos temas económicos y sociales, los partidos perdieron otros roles, como las movilizaciones sociales, la promoción de la participación social y la demanda y formulación de políticas públicas. La consolidación de grupos sociales y sectoriales emergentes no siempre fue asumida por los partidos, surgieron diversas organizaciones que articularon sus intereses y su presentación en forma de demandas al Estado, como fue el caso de los asuntos de la mujer, los barrios y los ecológicos. Buena parte de los análisis producidos en los años ochenta y principios de los noventa coincide en señalar la crisis del sistema de partidos dominicanos como una de las principales características del momento político. El Estado neoliberal produjo frustración e inconformidad entre 1982 y 1996, caracterizándose este período por el desencadenamiento de protestas populares masivas (paros cívicos), que dieron lugar a movimientos sociales urbanos. Hacia 1986 Balaguer 220
Adscrito a la socialdemocracia, el perredeísmo acentuará durante la década de los setenta sus vínculos con los sectores liberales internacionales y con los grupos de poder criollos más modernizantes. Su regreso al poder en 1978 con la candidatura de Antonio Guzmán, determinará la desrradicalización definitiva de su discurso político. Acusado de corrupción, el mandatario se suicidó a cuarenta y tres días del traspaso de mando a su correligionario Salvador Jorge Blanco, ganador de las elecciones en 1982. El PRD no pudo subsanar los efectos de sus prácticas gubernamentales. Dividido perderá el poder en 1986 en beneficio del Partido Reformista Social Cristiano y del doctor Joaquín Balaguer. Escindido definitivamente en 1990 entre una fracción dirigida por José Francisco Peña Gómez y otra por Jacobo Majluta (división que da surgimiento al Partido Revolucionario Independiente por este último), pasará a ser la tercera fuerza electoral. Cordero, Margarita. Ob. cit, pp. 42-43. 221 Vinculado a la dictadura trujillista con las palabras del Dr. Joaquín Balaguer “las puertas del PR quedan abiertas para todo el que haya pasado por la Era de Trujillo con la conciencia limpia y las manos inmaculadas, pero quedan cerradas para los que hoy piensan y actúan como actuaron y pensaron quienes cometieron actos condenables ante la moral y la ley, bajo aquel estado de cosas” . Siempre actuó sobre métodos desarticuladores de la sociedad civil, afectando la capacidad de interlocución de los actores sociales. Su adhesión formal a la democracia cristiana, producto de la integración formal de sus estructuras nunca se tradujo en prácticas político-ideológicas. Cordero, Margarita. Ob. cit, pp. 43-44.
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recicló viejos métodos centralistas de administración del Estado, lo cual motivó el aumento de las protestas populares en 1987. Tanto el mandato del PRD como del PR fueron duramente criticados por la población en general, lo que implicaba que, en República Dominicana, independientemente del partido que asumiera el poder, se debían acometer amplias reformas estructurales del sistema, que en circunstancias electorales se popularizaban en discursos pre-presidenciales, pero nunca se materializaron. Las izquierdas revolucionarias, por su parte, reconocieron como único sujeto social al proletariado, pero en ocasiones se nutrieron de estudiantes y de personas muy pobres. A pesar del mimetismo ideológico, que provocó incontable número de divisiones, algunas organizaciones llegaron a jugar un papel importante en su lucha, sobre todo contra Balaguer. Tal es el caso del Movimiento Popular Dominicano, pero sin ninguna consecuencia de envergadura en la población222. No se logró articular una estrategia discursiva que expresara las demandas más apremiantes formuladas por el movimiento de masas, algunos partidos de izquierda consideraron que en el país se abrían coyunturas políticas donde la “revolución popular era inminente” y por lo tanto tenían que prepararse para conducirla. Esta polémica distanció aún más a estas organizaciones populares y agudizó su fragmentación. En este contexto de pérdida de credibilidad del discurso político, obligatoriamente se reconoció que las masas habían perdido la posibilidad de decidir en los procesos eleccionarios. La acción del poder se concentró más en el hombre (o el nombre) que lo ejercía y no la idea que lo sustenta. A mediados de 1985, se planteó la necesidad -que aunque fue bien acogida por el PLD no llegó a consumarse- de abrir un frente de izquierda encabezado por el PLD, pero durante los primeros meses de 1986 varias organizaciones de izquierda decidieron, por cuenta propia y en forma individual, apoyar al PLD en las elecciones de mayo de 1986. En 1991 el PLD sufre una escisión luego del fracaso de Bosch frente a Balaguer en las disputadas elecciones. El precario estado de salud de Bosch y la situación interna del PLD condujeron a que este partido comenzara aproximarse a la derecha oficialmente en 1990 con la oposición pasiva al gobierno de Balaguer, en momentos en que el PLD contaba con 222
Cordero, Margarita. Ob. Cit, pp. 45-46.
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una oposición mayoritaria en la Cámara de Diputados (44 escaños del PLD frente a 41 del PRSC, 33 del PRD y 2 del PRI) y una mayoría competitiva en el Senado (12 escaños del PLD frente a 16 del PRSC y 2 del PRD). El paso definitivo de aproximación de Bosch y el PLD a la derecha se produjo en 1994, mediante la alianza electoral con el ultranacionalista Frente Nacional Progresista (FNP), pieza clave en la política antihaitiana de la nación 223. Durante la campaña electoral de 1996, en un acto público para celebrar la alianza entre este partido y Balaguer, Bosch termina su vida política tomado de la mano de Balaguer, acto que sellaba una alianza para mantener fuera del poder a Francisco Peña Gómez y el PRD224. La bibliografía que destaca el rol de los partidos políticos y el Estado en la construcción de la democracia es abundante, pero lo que pudo hacer la sociedad civil para transformar las relaciones con el Estado y los partidos políticos es un tema tratado con sumo cuidado, pues para algunos sería quitarle protagonismo a los partidos políticos y para otros se perdería la libertad con que son manejados ciertos asuntos políticos dentro de la sociedad civil. Ambos grupos, evidentemente, sienten el recelo que puede convertirse en rechazo cuando los actores tradicionales perciben un sistemático repudio al desempeño de sus funciones y que existe la intencionalidad en el nuevo actor de sustituirlos. La corriente desarrollista sostuvo que la participación política del ser humano debía tener un rol esencial: asegurar su capacidad de incorporarse en las decisiones que logren la perfectibilidad y cambio del sistema para asegurar los contenidos éticos de la democracia. Se criticó el divorcio del individuo con la sociedad o a su sometimiento como simple espectador pasivo. Recordemos que la labor política moderna se sostiene en el contrato social: voluntad individual y voluntad general, entre el interés particular y el bien común. 223
Jiménez Polanco, Jacqueline. “El nuevo liderazgo político en la República Dominicana: del liderazgo carismático al liderazgo contingente”. En: Revista de Ciencias Sociales, Nueva Época, número 7. San Juan: Centro de Investigaciones Sociales, Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras, junio de 1999. p. 157. 224 César Pérez. “República Dominicana: la gobernabilidad obstruida por la exclusión política”. En: Haroldo Dilla (compilador). Los recursos de la gobernabilidad en la cuenca del Caribe. FLACSO- República Dominicana: Editorial Nueva Sociedad, Venezuela, 2002. p. 224. La alianza es explicable si tomamos en cuenta los cambios operados en el pensamiento político de Bosch después de visitar China, Corea y Viet Nam, a finales de los años 60. Para esa época él se inició en el estudio del marxismo, lo cual lo condujo a una nueva visión de la composición social del país. Según Bosch, en República Dominicana, ante la inexistencia de la clase obrera le tocaba a la clase media asumir ese rol. De acuerdo a su nueva doctrina, ese grupo social, y con su partido, el PLD, se constituían para lograr el cambio. Según él el PRD era una masa amorfa, sin racionalidad. Su particular interpretación de esta doctrina aún hoy persiste en líderes del PLD como Euclides Gutiérrez, que mantienen un discurso reaccionario hacia el PRD.
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Este es incluyente y a la vez excluyente por el carácter territorial del individuo, donde mujeres, extranjeros, inmigrantes y minorías o etnias quedaron fuera y porque solamente eran discutidos los intereses de los ciudadanos dentro de la sociedad civil. Pero desde los años ochenta, a partir de la turbulencia económica y política, entró en crisis este contrato social y se transformó la concepción del ciudadano y la naturaleza de las organizaciones en las sociedades modernas. En República Dominicana la transición creó una nueva dimensión de los derechos de la ciudadanía. Después de 1978, toda persona es ciudadano o ciudadana, con derechos y deberes establecidos en el ordenamiento constitucional y jurídico adjetivo de todo país. Sin embargo, ser portadora de esta condición jurídica no hizo a esta persona un ente activo en la defensa y realización de esos derechos, necesitó para ello ejercer y desarrollar su ciudadanía y la forma más eficaz de hacerlo fue mediante las organizaciones sociales que se formaron en torno a distintos asuntos que interesan o afectan a los ciudadanos225. En la etapa abordada en esta tesis no se presenta desde un inicio la articulación, madurez y persistencia en términos temporales y espaciales de una ciudadanía capaz de provocar la ruptura por un nuevo orden social, sino que ocurrió un proceso de transformación gradual de este ciudadano, acentuando su capacidad de convocatoria y organización. La sociedad dominicana, dividida en dos grupos con poder asimétrico: uno dominante226 y 225
En las discusiones de algunos dirigentes barriales de cierta formación y vocación de reflexión intelectual, cuando se hacía referencia a la composición social dominicana, y se expresaba la idea de la inexistencia de una clase obrera, a través de la cual se podía construir “el sujeto liberador”, y por lo tanto, se pensaba que dicho sujeto se podía lograr articulando los diferentes componentes del movimiento popular. Esta idea fue muy difundida a principios de los años noventa por algunos intelectuales latinoamericanos, tales como Frei Betto, que entendió que los nuevos movimientos territoriales y barriales constituyeron la base para la construcción del sujeto social que lograra la alternativa al sistema 226 En el periodo histórico se registra un proceso de concentración y multiplicación acelerada de la riqueza y poder, al extremo de que el Grupo Pellerano, el Grupo Popular, el Grupo Bancomercio, el Grupo Bonetti, Armenteros, los consorcios extranjeros CODETEL, FALCONBRIDGE, Latinoamérica de seguros tienen el control de los resortes económicos fundamentales del país. En sentido general, tal compactación se identificó con el nuevo modelo de acumulación y las nuevas formas de dependencia basada en la expresión del turismo, las zonas francas, la agroexportación y la especulación financiera. La profundización de la política neoliberal desde el gobierno redujo las contradicciones entre éste, la cúpula empresarial y el poder imperial, que se han movido sobre la línea del respaldo mutuo y esencialmente a la figura de Balaguer y de una moderada presión a favor de sus intereses y de su estrategia neoliberal. Esta mayor aproximación provocó a su vez un distanciamiento entre el gobierno y la cúpula empresarial capitalista desfavorecida por la política neoliberal fondomonetarista (industriales y productores agropecuarios vinculados al mercado interno). En la cúpula empresarial, por demás, existieron contradicciones entre los sectores industriales monopólicos y oligopólicos sobreprotegidos por la política fiscal del pasado y las fuerzas sociales dominantes (exportadores-importadores, consorcios, etc.) partidarios de una acentuación de la apertura hacia fuera y del libre comercio destinado a captar los mercados nacionales desde el capital trasnacional estadounidense. “La República
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otro subordinado, donde está localizado el pueblo, determinó el carácter heterogéneo de la ciudadanía organizada. En este periodo se adoptaron novedosas formas de agrupación227. La bibliografía nacional enfocó el problema como “una situación de desencuentro entre la sociedad política y la sociedad civil ”228. El protagonismo de esa llamada sociedad civil estuvo ligado a la movilización de actores que no tenían injerencia o participación activa en un juego político que los excluía, oprimía o satelizaba. Este modo de observar y analizar la labor de la sociedad civil fue defendida por “la derecha” (en el sentido político) que explica, en la actualidad, el doble origen de la sociedad civil: en la necesidad de estabilidad y legitimidad política al neoliberalismo (la estabilidad), y en la organización de las bases para asegurar la supervivencia frente al reajuste estructural (la ingobernabilidad)229. El modelo neoliberal adoptado por el Estado en República Dominicana transformó la función del gobierno dentro del sistema político y social. La naturaleza económica de este tipo de estado trajo como consecuencia que los partidos políticos adoptaron programas tecnocráticos que no incluían beneficios duraderos para las masas populares. Este fenómeno interrumpió el diálogo entre el partido y la ciudadanía, la cual optó por buscar otras vías para exigir el desarrollo de la política social (desde el Estado) que implicó la entrega de bienes o de servicios a una población determinada, y la posibilidad de que esa población participara en la construcción de un programa de gobierno que implicase un desarrollo sostenido de todos las clases y sectores sociales.
Dominicana: democracia y situación actual”. Conferencia por Narciso Isa Conde, presidente de Unidad Revolucionaria Caamañista. 227 Pérez, César y Leopoldo Artiles. Ob. Cit, p. 76. 228 Vanna Ianni. “Escenarios y actor popular, un estudio de coyuntura en República Dominicana (1984-1987)”. En: Estudios sociales, año XX, número 69. República Dominicana: Fundación Juan Montalvo, julio-septiembre de 1987, pp. 21-35. 229 Para los partidarios del neoliberalismo, la sociedad civil debe vincularse al mercado, pues este impulsa el mantenimiento del capitalismo, que según ellos, es terreno fértil para asegurar el desarrollo de la democracia. En consecuencia. Aún en el caso en que la sociedad civil se oponga al neoliberalismo producirá en definitiva beneficios para la sociedad de mercado, por cuanto “corrige” sus excesos y de ese modo estabiliza y legitima el sistema. Yúdice, George. Ob. Cit., pp. 110-112.
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CAPÍTULO III. SOCIEDAD CIVIL Y CAMBIOS POLÍTICOS EN REPÚBLICA DOMINICANA (1982-1996) El grado de movilización social para alcanzar las reformas democráticas en República Dominicana varió en el período 1978-1996 en función de varios factores, entre ellos, la situación económico imperante, las estrategias del gobierno y los partidos en el poder, al tipo de relación entre los partidos políticos y las organizaciones sociales y al grado de madurez en estas agrupaciones. El objetivo de este capítulo es analizar la conflictiva relación entre el Estado y la sociedad civil en República Dominicana. Sin llegar a establecer conceptos acabados sobre un tema que se debate dentro de la opinión pública del país, la importancia de abordarlo desde sus orígenes hasta 1996 nos sirve de base para interpretar la realidad actual y enfocar los principales cambios o desafíos que enfrenta la sociedad dominicana. La posición que asumimos en este trabajo es que si bien en un principio la ciudadanía movilizada actuó antagónicamente con el Estado y viceversa, con espacios bien definidos, este fenómeno evolucionó hacia una lucha de la ciudadanía en todos los campos de acción, incluyendo la objetividad de la gestión gubernamental. Este proceso se produjo por la necesidad de lograr, por parte de la ciudadanía, una equidad política y social y por parte del Estado una estabilidad política y económica del país y de los grupos dominantes. Pero esta relación dependió en cada coyuntura histórica de los objetivos de las organizaciones, sus métodos de lucha y niveles de organización. Generalmente las organizaciones sociales buscaban la conquista de derechos ciudadanos, las reivindicaciones sociales y la transformación profunda del sistema económico y político, pero este proceso no siempre fue uniforme ni ascendente.
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3.1. La organización obrera y la movilización de los sectores populares: primeras experiencias (1982-1986). En abril de 1965 se produjo el desbordamiento de las masas populares, reconocido como un movimiento revolucionario o Revolución de Abril dirigida por Francisco Caamaño, quien –nuevamente- en 1973 desembarcó por Playa Caracoles con un grupo armado para validar el Movimiento Constitucionalista y el regreso a la democracia 230. Pero dichas acciones eran momentáneas y ocasionales. La presencia de la dominación extranjera desde 1965 impidió las posibilidades para la victoria de un movimiento nacional-popular. No obstante, las acciones reivindicativas y de protestas orientadas contra el gobierno y canalizadas a través del Movimiento 14 de junio y el Partido Revolucionario Dominicano, permitieron una sólida vinculación entre las masas populares, particularmente con las radicadas en las áreas urbanas para mantener en jaque al gobierno de Joaquín Balaguer. El Movimiento Revolucionario 14 de junio y su líder Manolo Tavarez Justo, había iniciado numerosos combates. Los frentes rebeldes en Nagua, San Francisco de Macorís, San José de Ocoa, Puerto Plata, las Manaclas y en los Quemados recibieron el apoyo de estudiantes231 y diferentes sectores de la sociedad, convencidos de que la única salida era regresar al gobierno democrático de Juan Bosch. Durante los doce años de Balaguer el movimiento no descansó, apoyando toda manifestación política que se opusiera a Balaguer.
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El Movimiento Constitucionalista que había sido organizado por el Coronel Rafael Fernández Domínguez propiciaba el retorno de Bosch a la presidencia del país a través de un golpe militar. Caamaño fue incorporado al movimiento en enero de 1965. Ante la negativa de los diplomáticos norteamericanos que se oponían al retorno de Bosch quien estaba en Puerto Rico, el Coronel Caamaño y un grupo de oficiales se encaminaron hacia la parte baja de la ciudad conocida con el nombre de Ciudad Nueva y el 27 de abril acompañado por el coronel Montes Arahce y Juan Lora se enfrentaron a las tropas de la Cuarta División en la cabecera del puente Duarte. Enfrentados a tropas extranjeras en las calles de Santo Domingo fueron reconocidos como soldados de la patria. El 4 de mayo frente a los restos de los fundadores de la República se juramentó como Presidente de la República en Armas apoyado por Bosch desde Puerto Rico. Cuando los rebeldes dirigidos por Caamaño llegaron de dominar Santo Domingo, los Estados Unidos dieron a conocer mediante el embajador W. Tapley que iba a apoyar las fuerzas de Wessin. Fue así que mediante la intervención de la OEA el proceso concluyo con la firma del Acta Constitucional y el establecimiento de un gobierno provisional encabezado por Héctor Godoy, antiguo Ministro de Relaciones de Bosch, y más tarde Vicepresidente del partido reformista de Balaguer. Varios. América Latina: documentos e información para el estudio de problemas latinoamericanos . Ciudad de La Habana: ICAIC, 1975. 231 Prieto, Alberto. Ob. cit, p. 163.
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El PRD tenía influencia en las organizaciones de izquierda y estableció niveles de alianza con el Partido “Movimiento Popular Dominicano”. Este partido constituyó, junto a los sectores de izquierda en las zonas urbanas, una suerte de resistencia a los gobiernos de corte represivo contra las acciones sociales y políticas del Triunvirato (1963-1965) y de Balaguer. Los gobiernos del PRD captaron a una serie de agentes sociales durante los primeros años, sobre todo de sectores sociales populares radicados en los barrios pobres. A través de estos agentes, el partido amplió su base popular incorporando al sistema una serie de cuadros, que habían adquirido experiencia organizativa en las luchas antibalagueristas, vinculados a las diferentes formas de agrupación social como clubes culturales, que pasaron de ese modo a efectuar labores progubernamentales, abandonando su antiguo compromiso social. Aproximadamente, 30 escuelas barriales -fundadas y dirigidas por la dirección de los clubes al margen de la educación oficial- fueron oficializadas por el Estado. Algunos dirigentes clubistas que estuvieron ligados a dichas escuelas pasaron a ser directores de éstas232. Por esa razón y por el hecho de que el sistema político se hizo mucho más complejo, se rompió el modo casi uniforme de las protestas contra el poder y todas las formas organizativas se plantearon nuevos métodos de lucha. Así desaparecieron las posibilidades de unificación en cuanto a objetivos y tácticas basadas en el antibalaguerismo puro y simple practicado por casi toda la población. El nuevo pacto de dominación de 1978 excluyó la base popular, lo que se convirtió en un problema para el diseño político del Estado, como se explicó anteriormente. Fue en este escenario donde se modificaron las anteriores formas de participación política de los sectores populares en sus diversas maneras de agregación para la acción. Ello, unido a la falta de tradición movilizadora del PR y el PRD, provocó que los sectores populares comprendieran que a través de los partidos tradicionales habían muy pocas posibilidades para realizar acciones reivindicativas de protestas. La izquierda, por su parte, a pesar de su debilidad, nunca abandonó la práctica de mantener vínculos con organizaciones populares y clubes culturales. Las relaciones se mantuvieron a través de la militancia directa de sus efectivos hacia el interior de las organizaciones populares, y además 232
Pérez, César y Leopoldo Artiles. Ob. cit, p. 39.
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porque muchos militantes de izquierda sin vinculación orgánica partidaria, mantuvieron su compromiso político a través de diferentes agrupaciones barriales. A medida que transcurría la década de los ochenta la polarización de la sociedad se acentuaba cada vez más y dejaba muy pocos espacios a la acción social no orientada contra el gobierno. Si bien los problemas económicos en los setenta no eran muy diferentes a los de los ochenta, aún la crisis de los servicios y equipamientos urbanos no había alcanzado los niveles de deterioro de esta última. Tampoco había crecido la conciencia por las demandas de dichos servicios, como aconteció en los ochenta233. De ahí que cambiara la naturaleza de la relación pueblo-partido. El cambio de gobierno en 1978 significó el reordenamiento y ampliación del espacio popular concentrado en el campo de las libertades públicas con una marcada ausencia de derechos políticos y bienestar económico a la ciudadanía. La cantidad total de trabajadores cancelados o despedidos durante el primer año de gobierno de Salvador Jorge Blanco alcanzó la cifra de nueve mil. En 1984 se consideraba que como consecuencia de la falta de un proyecto agropecuario que incentivara la producción y protegiese al campesinado, en el país había un déficit de más de 500 mil toneladas de alimentos, por lo que se había tenido que incrementar la importación de productos básicos, sobre todo en renglones autosuficientes como: arroz, habichuelas, carne de pollo, aceite comestible, etc. En esa misma fecha se calculó que el 90% de la población dominicana se alimentaba mal, incrementándose índices de desnutrición, a la vez que se agudizaba el deterioro de la salud y surgían brotes epidémicos de enfermedades que ya se consideraban superadas o controladas. La asistencia médica experimentó su más bajo grado de funcionamiento y muchos centros médicos, urbanos y rurales tuvieron que cerrar por carecer de material de trabajo234. En esta situación, la estrategia de Estado incluyó el regreso de los exiliados, permitió la creación de sindicatos y otras organizaciones populares y divulgó un discurso semioficialista de corte populista. Se abrieron audiencias populares en el Palacio Nacional con cierta regularidad, pero el solicitante sólo podía conseguir, a lo sumo, un favor del 233
Pérez, César y Leopoldo Antiles. Las organizaciones populares dominicanos en la búsqueda de su identidad . (documento). 234 Mariñez, Pablo. Ob. cit, p. 91.
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Ejecutivo, el cual podía ser un empleo en la administración pública, la exoneración de impuestos de un automóvil u otro bien importado o recibir cierta suma de dinero. Por esta vía, según Juan Bosch, de 1978 a 1984, el número de empleados públicos ascendió de 120 mil a 300 mil, y aunque sólo un porcentaje relativamente reducido era el que tenía posibilidades de enriquecerse ilícitamente, es necesario tener en cuenta que hay diferentes niveles de corrupción235. Se establecieron mecanismos de control negando derechos de organización espontánea, pero a la vez se presentaron circuitos del corporativismo que aislaron y segmentaron las contradicciones sociales. En el primer año de gobierno de Guzmán, se formaron 118 sindicatos, mientras que en los primeros seis años de Balaguer se constituyeron 75. En los primeros tres años de Guzmán se había fundado un número de sindicatos equivalente al 85% de los creados en los doce años de Balaguer236. En noviembre de 1978 fue constituida la Unión General de Trabajadores Dominicanos (UGTD), sindicato que actuó como correa de transmisión del partido de gobierno con los sectores laborales, según un intento de aproximación a modo de experimento237. Ello provocó que entre 1978 y 1980 no hubiera un movimiento popular reivindicativo considerable, dadas las expectativas creadas por la apertura democrática y el llamado Modelo de Demanda Inducida. Comprobados los límites de la primera y desplomado el segundo, desde 1980 se produjo un paulatino ascenso de las protestas populares, tales como, huelgas laborales, ocupaciones de tierras, paros barriales, manifestaciones, etc. De acuerdo con las estadísticas compiladas por Pablo Mariñez, entre 1980 y 1982 ocurrieron en el país 129 huelgas y 40 ocupaciones de tierras, además de otros actos de apoyo como ocupaciones de locales, bloqueos de caminos, etc.238 Este ascenso del movimiento popular sufrió un reflujo apreciable por las promesas y expectativas de las campañas electorales y el período postelectoral, sin embargo, desde 1983 (julio-agosto) nuevamente cunden la insatisfacción y las protestas masivas.
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Mariñez, Pablo. Ob. cit, p. 93. Castillo, José. “El proceso electoral en República Dominicana”. En: Forum, Santo Domingo, 1982. p. 84. 237 Vanna Ianni. El territorio de las masas. Espacios y movimientos sociales en República Dominicana. Publicaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo. p. 19. 238 Mariñez, Pablo. República Dominicana 1978-1982: ¿un proyecto socialdemócrata? UNAM. s/f. 236
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En este nuevo flujo tuvieron un papel relevante los numerosos ajustes monetarios de la economía dominicana, que tenían como premisa fundamental la restricción del consumo popular en función de la acumulación y como resultado, la acentuación de la tradicional depauperación social existente en el país. Los meses de julio y agosto de 1983 marcaron un primer momento climático en el alza del movimiento popular, con una cadena de protestas, ocupaciones de tierras y levantamientos comunales en dos poblaciones, Cotuí y Bayaguana. En octubre de 1983 fue reprimida una manifestación estudiantil de condena a la invasión norteamericana a Granada, al costo de 27 personas heridas, aunque los planteamientos estudiantiles coincidían con la diplomacia dominicana239. Las masas oprimidas y excluidas, desencantadas y desesperadas, comenzaron la irrupción singular que individualizó el estallido de abril de 1984. En este año se presenció un alza notable del ritmo de las protestas con la ejecución de actividades multitudinarias y de resonancia nacional, como fueron las marchas contra el hambre el 5 de marzo y el 7 y 8 de abril, la última –de mayor magnitud- estuvo orientada y dirigida por el Partido de la Liberación Dominicana. En ellas se levantaron consignas contra el FMI y la política económica del gobierno, por aumentos salariales, rebajas de precios de artículos de primera necesidad, democratización y reforma agraria. A niveles locales se multiplicaron las ocupaciones de tierras, marchas y huelgas comunitarias. Muchas centrales sindicales se adjudican la dirección de estas huelgas, según Mariñez, la única convocatoria de paro se hizo el 25 de abril por la Coordinadora de Lucha Popular de Capotillo (barrio ubicado a las afueras de la capital) en respuesta al anuncio, en plena semana santa, de medidas de austeridad del plan estabilizador. “Después de iniciado este movimiento, la dirigencia de las centrales sindicales y de los partidos políticos de izquierda se reunieron para tomar una decisión y convocar a un paro” 240 . Según el historiador Haroldo Dilla, “Abril fue espontáneo en cuanto a sus dimensiones y a la carencia de un programa estratégico y un nivel mínimo de organización 241. Sin embargo, ello debe matizarse, si lo fue se debió a que previamente no se organizó su magnitud en términos de espacio y tiempo, pero esta espontaneidad no es contradictoria con el hecho 239
Ruiz, Víctor. Lucha social… p. 22. Mariñez, Pablo. Ob. cit , p.203. 241 Dilla, Haroldo. Crisis y evolución ….p. 13. 240
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de que el contenido de las protestas no estuvieran sesgadas por una cultura política. Por ejemplo, el movimiento sindical, que estuvo inmerso en las jornadas precedentes a Abril y durante el estallido popular y que adoptó un posición oportunista al tratar de representar a todo el movimiento sobre el que no era capaz de ejercer el menor control, porque las centrales no dirigían a todos los sindicatos, logró una mínima articulación, que tuvo como resultado que las principales exigencias del movimiento de masas fueran: aumento salarial, rebaja de precios de los productos alimenticios, arreglo de calles y lugares públicos, suministro de agua y energía eléctrica242. La falta de madurez provocó que salieran a flote toda la heterogeneidad, sectarismo y contradicciones de las centrales sindicales243. Se produjeron divisiones en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Unión General de Trabajadores Dominicanos (UGTD) y la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CTD). La espontaneidad de este movimiento radicó en que no fue convocado por ninguna organización política o sindical alguna, pero el malestar que creó el anuncio de estas medidas en semana santa provocó que el lunes siguiente, 23 de abril, en horas de la mañana, se produjera un estallido social, que se prolongaría hasta el 25 de abril244. No obstante, el período comprendido entre abril y diciembre de 1984 se caracterizó por una notable efervescencia social y por actividades de protesta, unas locales y otras nacionales245, destacándose las grandes marchas efectuadas por el PLD en Santo Domingo y La Romana los días 18 de noviembre y 2 de diciembre, respectivamente. Las consignas más frecuentes eran el fin del acuerdo con el FMI, rebajas de precios, salario mínimo de trescientos pesos y la nacionalización de la GULF and WESTERN. El gobierno, por su parte, tuvo que improvisar algunas medidas, ya que los hechos se le escaparon de las manos. Los cuerpos antimotines de la Policía Nacional fueron lanzados 242
Pérez, César y Leopoldo Artiles. Ob. Cit , p. 60. Pero la atomización de muchos sindicatos que no lograron responder a la clase obrera y al pueblo en general, propició que el movimiento de masas, con reivindicaciones diversas, fuera llamado a jugar un papel destacado desde este momento a la actualidad. La gran mayoría surgió en barrios urbanos populares, e incluso en los poblados rurales, organizados en comités de lucha o de huelgas para disímiles exigencias. La mayoría no tenía una relación directa con los partidos políticos, más bien fue la Iglesia Católica la que desde un inicio jugó un papel destacado, a través de sectores vinculados a la Teología de la Liberación. De esta manera la represión hacia estos movimientos fue cruenta en 1984 e influyó para que el PRD perdiera apoyo social hacia los comicios de 1986 y 1990. 244 Mariñez, Pablo. Ob. cit , p. 202. 245 En 1984 se produjeron cerca de 94 movilizaciones diversas en todo el país. Mariñez, Pablo. Ob. cit , p. 205. 243
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a las calles para tratar de contener el movimiento. Se censuraron los medios de comunicación, particularmente la radio y la televisión y se emplearon tropas élites que atacaron a la ciudadanía, dejando un saldo de decenas de muertos y heridos. La conquista más importante de 1984 fue que aplazó las conversaciones con el FMI, aún cuando los problemas cruciales no se resolvieron. Esto quebrantó, en parte, la política autoritaria del Estado246. Los movimientos sociales, localizados primeramente en lo urbano, confirmaron el distanciamiento respecto a los circuitos del sistema de partidos y del Estado. La interrupción violenta, en noviembre de 1985, en la convención del PRD convocada para la elección del candidato a la presidencia de la República fue el signo más nítido de las obstrucciones existentes dentro de la sociedad dominicana para producir una voluntad colectiva. Dentro de esta coyuntura, en los finales de 1985, en las barriadas populares punteadas por la pluralidad difusa de las protestas sociales, volvió a emerger el fenómeno, ya endémico, que mostró a una gran parte de los excluidos, me refiero a los enfrentamientos entre pandillas juveniles. La causa fue la degradación de las instituciones y el resquebrajamiento de los valores que articulaban el orden presente. La segmentación y las restricciones estatales propiciaron la lucha de las bandas por el territorio, en cuya materialidad se operaba algún tipo de identidad. Cuando el mañana es inimaginable, la existencia se degrada y se empequeñece. Las pandillas que actúan en los barrios populares no aparecen como portadores de valores opuestos a los dominantes, sino que se reconstruyen tomando como núcleo de cohesión a los valores del dinero, agresividad, sexo y autoridad que se distinguen a los ejes dominantes del sentido de orden existente. Siguiendo esta lógica, debemos señalar que en los sucesos de abril de 1984 y finales de 1985 ocurrieron acciones directas de tipo destructivo: quema de autos, asaltos a supermercados, bancos, puestos de expendio del Instituto de Estabilización Precios, asalto y destrucción de una funeraria en Los Alacarrizos. Todo ello expresó el desbordamiento de sentimientos ocultos y necesidades soterradas, el deseo popular de
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Mariñez, Pablo. Ob. cit , p. 204.
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traspasar el marcaje entre “los de arriba” y “los de abajo” en una sociedad que pregona el consumo y exhibe la desigualdad, las masas excluidas y marginalizadas247. Desde otra perspectiva, 1984 representó a nivel organizativo el surgimiento y/o desarrollo de los Comités de Lucha Popular (CLP), donde influyeron diversas fuerzas políticas incluyendo a la izquierda y a los Comités de Unidad Popular (CUP). En efecto, Víctor Morales, dirigente de uno de los primeros Comités de Lucha Popular surgidos y del Partido Bloque Socialista, en una entrevista que le hizo Laura Faxas, explicó que en la búsqueda de una articulación de las luchas sociales recién iniciadas, se fundó el primer Comité Coordinador de Lucha Popular, integrado por representantes del sector clubístico (uno del cultural), del público, sindical y, por último, último, un delegado estudiantil248. Otro movimiento social significativo en el país fueron las comunidades territoriales de base conocidas como Comunidades Eclesiales de Base (CEBS)249 integradas por el pueblo, especialmente los activistas de diferentes fuerzas de izquierda250 y antiguos miembros de clubes culturales. Las organizaciones religiosas apelaron a las interpretaciones populares más inclinadas a la participación y la organización. “Hace “Hace falta un gobierno que no esté al servicio de los 247
Ver anexo II Pérez, César y Leopoldo Artiles. Ob. cit, p. 44. 249 Surgen a principios de la década de los años setenta, como resultado de la aparición de una corriente renovadora del cristianismo católico a raíz del Concilio Vaticano II, en 1962-1963 y el Concilio de Medellín (1968), éste último daría impulso definitivo en América Latina a la corriente renovadora que propuso una lectura del evangelio según las claves aportadas del análisis de la realidad social latinoamericana. En Medellín se encontró la fuente de un nuevo enfoque teológico (Teología de la Liberación) y en el espacio social un modelo de colectividad de creyentes, la Comunidad Eclesial de Base. Con respecto a su origen y motivación, Cela nos comenta “ nacen de la búsqueda del sentido de la historia colectiva y personal de las clases que quedan atrapadas por el giro de una modernidad que no las llega a alcanzar… su criticidad y combatividad social denotan una postura crítica ante el progreso mismo, que no es considerado como un valor absoluto. La dimensión de la igualdad social se convierte en criterio de juicio sobre el avance tecnológico y el cambio social ”. No se pudo apreciar vinculación entre esta organización y organizaciones partidarias, pero sí muchos miembros de partidos desde la derecha hasta la izquierda simpatizaron con estas comunidades. En República Dominicana se dedicaron a señalar las injusticias y otro rol protagónico es desarrollar las capacidades de las mujeres. Estas organizaciones tienen como signo distintivo la presencia de la mujer como agente social dinamizante y representativo de la polarización de lo doméstico. Se debe reconocer su propia heterogeneidad derivada de los múltiples rasgos sociales y culturales que componen el cuadro de las masas pobres, más la heterogeneidad del clero mismo. Pérez, César y Leopoldo Antiles. Las organizaciones populares …. (documento). 250 La izquierda dominicana no había superado su dispersión y confusión al encontrarse en el nuevo sistema político, y su pérdida de influencia se acentuaba; sin embargo ocurrió al mismo tiempo un proceso de afanosa búsqueda de alternativas. Esto conllevó por primera vez en veinte años a que dejaran los epítetos y se sentaran en la mesa de discusión buscando la unidad. En 1982 se formaron dos bloques de organizaciones de izquierda: la Unidad Socialista y la Izquierda Unidad, las cuales participaron por separado en las elecciones. Posteriormente en 1983 se formó el Frente de Izquierda Dominicana (FID), integrado por las dos vertientes anteriores y de otros sectores. Pérez, César y Leopoldo Antiles. Las organizaciones populares …. (documento). 248
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empresarios sino de la mayoría del pueblo; que dé participación al pueblo, que escuche sus declaraciones y que no los resuelva comprando conciencias con regalos individuales ni con represión. Para asegurar esto hace falta un pueblo alerta, organizado y uniformado, que sepa que pasa y sepa exigir sus demandas con la fuerza que da la organización popular ”251. Así proyectaron una labor educativa en los años ochenta, más que una dimensión propiamente política. Los propios límites de no querer transgredir los márgenes educativos manifestaron un distanciamiento y un bloqueo bastante marcado, que debilitó la incidencia de las comunidades eclesiales dentro de la sociedad y los procesos de constitución del pueblo como sujeto. Sin embargo, se confirmó, en gran medida, la debilidad de las mediaciones entre masas y Estado. El divorcio se produjo no solo con el PRD, sino también con el Partido Reformista Social Cristiano, que presentó conflictos y descontentos hacia dentro en la organización y hacia fuera en el apoyo social. Estos movimientos sociales no se realizaron en escenarios permanentes. Exigían demandas puntuales, tales como: aumento salarial, rebaja de los productos alimenticios básicos de mayor consumo, arreglo de calles y de lugares para servicios colectivos, hospitales, escuelas, mejoría del transporte, suministro de agua y de energía. Estas demandas tuvieron un carácter genérico, donde quedaron expresados, simultáneamente, los intereses de los partidos, de sindicatos, gremios de oficios y pobladores252. Las principales organizaciones populares de carácter esencialmente urbano surgen en la década de los años ochenta, por ejemplo, Consejo de Unidad Popular, Comité de Lucha Popular, Frente Amplio de Lucha Popular, Colectivo de Organizaciones Populares y Junta o Asociación de Vecinos253, a excepción del Comité para la Defensa de los Derechos 251
Encuentro, año XI, número 121, p. 7. Citado por Vanna, Ianni. El territorio…p. 26. Ibidem, p. 60. 253 Entre ellas figuran el Consejo de Unidad Popular: organización de matriz izquierdista que surgen a raíz de una polémica lucha acerca del carácter de los Comité de Lucha Popular, las relaciones de estas con sindicatos y posiciones no exentas de la influencia de sus referencias políticos-ideológicos. Siempre vivieron a remolque de las organizaciones sindicales. En un momento se consideró que estas coordinaban las acciones de los CLP a nivel barrial (1984) y luego a nivel zonal, pero posteriormente estos se unificaron en una sola instancia. El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) fundado en 1985 y el Colectivo de Organizaciones Populares (1989) fueron organizaciones que surgieron en medio de huelgas nacionales, la última como coordinadora de todas las organizaciones. Al principio tuvieron gran importancia, pero luego atravesaron un periodo de discusión a su interior por las posiciones asumidas por algunos de sus dirigentes y de los partidos de izquierda que en estos inciden. Junta o Asociación de Vecinos surge a partir de 1978 con el apoyo económico del Partido Revolucionario Dominicano y vinculada al Ayuntamiento del Distrito. No pasaron de ser vecinos 252
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Barriales (COPADEBA)254, que fue fundado en 1978. Es necesario destacar que este proceso estuvo detenido desde fines de 1984 a principios de 1985, sin embargo, en febrero de 1985 se reanimó, cuando tuvo lugar una huelga nacional que paralizó a todo el país y en la cual participaron sectores comerciales e industriales medios, y se demostró mayor nivel de organización255. Jorge Cela en un interesante estudio256 compiló las opiniones de la población que reflejaban creencias religiosas, las cuales se convirtieron en un elemento de pasividad que frenaban las acciones reivindicativas de las masas. Todo ello conllevó a que se creara la idea de que el hombre común es parte de una maquinaria que no tiene ni voz ni voto. Dicha pasividad más los estrechos márgenes de autonomía de los movimientos sindicales, campesinos y estudiantiles, unido a la crisis, atentaron contra el logro de todas las demandas elaboradas en esta coyuntura. Sin embargo, la mayor parte de las protestas efectuadas en el período 1984-1986 resultaron producto de las intervenciones de organizaciones locales, barriales, municipales, las cuales tuvieron acciones limitadas. Los vínculos entre los movimientos urbanos y el movimiento sindical fueron reducidos. Esta limitación reconocida por la bibliografía dominicana, si bien restringió, en su momento, el alcance de las acciones, paralelamente, mostró –aún dispersa- independencia de acción, por parte de ciertas organizaciones, de las tradicionales estructuras en el escenario político (Estado, partidos, sindicatos). Asimismo, emergieron la Asociación Médica Dominicana (AMD), la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas (ANPA) y el Colegio Dominicano de Abogados. Estos movimientos mostraron la validez de nuevas
miembros del PRD, por eso cuando este partido deja el gobierno en 1986 las juntas caen en el inmovilismo. Luego continuaron existiendo, pero en barrios de clase media, donde su actividad principal es la recogida de la basura, por la dotación de agua potable, contra la delincuencia y la protección de las áreas verdes. Pérez, César y Leopoldo Antiles. Las organizaciones populares dominicanos en la búsqueda de su identidad . (documento). 254 Organización con mayor membresía. Comenzó sus actividades en clubes culturales, juntas de vecinos y comunidades eclesiales de base, de algunos barrios de la zona norte de la capital; a estos se unieron los barrios Las Cañitas, 24 de Abril, 27 de Febrero, Simón Bolívar y zonas aledañas ante la amenaza de desalojo por parte de una familia que se decía dueña de todos estos terrenos. El hecho de que algunas organizaciones no pertenecieran a ésta sobre todo por ser orientadas por el PRD sumió a COPADEBA en un inmovilismo. El desarrollo y alcance de esta organización puede valorarse en palabras del propio coordinador general cuando expresó “ carecemos todavía de una identidad muy clara que nos permita jugar un papel en el escenario político, a pesar de que vamos haciendo esfuerzos como organización de ir asumiendo una identidad como sector, pero carecemos todavía de una serie de pensamientos en este sentido ”. Pérez, César y Leopoldo Antiles. Las organizaciones populares dominicanos en la búsqueda de su identidad . (documento). 255 Dilla, Haroldo. Crisis y evolución ….pp. 15-16. ver anexo III. 256 Cela, Jorge. “La cultura de la pobreza”. En: C:/documents and setttings/ipérez/consumariofolleton7.
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formas de agrupación que podían influir en las acciones políticas del país257. Los sectores populares que se destacaron durante estos dos años fueron: obreros (23%), profesionales/técnicos (16%), campesinos (14%), estudiantes (7%) y otros (3% y un 37%)258 que no se especifica su actividad económica pero que -lógicamente- podemos inferir que son los marginados. Durante 1985 se desarrollaron una serie de movilizaciones sociales con la particularidad de ser realizadas por capas medias (particularmente profesionales) de ingresos medios y altos. La participación de los sectores medios, que hasta el momento habían permanecido al margen de este tipo de lucha, pone de manifiesto el grado profundo de concientización de la grave realidad económica y la crisis social y política que vivía el país. Por lo menos dos movilizaciones merecen ser destacadas: la serie de paros y huelgas escalonadas realizadas por la Asociación Médica Dominicana, de abril a junio de 1985, y la huelga indefinida llevada a cabo por el Colegio Dominicano de Abogados durante los meses de julio y agosto del mismo año. Aún con la paralización del sector de la salud y el sistema judicial de la nación, el gobierno se negó reiteradamente a dialogar y a negociar las demandas formuladas por dichos colegios profesionales, hasta orillarlos a tomar medidas extremas. El Estado recurrió a los médicos desempleados para continuar dando servicio médico, cuando la mayoría de los hospitales estaban cerrados y para concluir recurrió a las fuerzas armadas. Esta situación de inquietud social llegó al campo con niveles alarmantes. Se creó el Movimiento Campesino Independiente, que en 1981 organizó invasiones en las cuales participaron alrededor de 2000 campesinos y lograron establecerse en 4000 hectáreas de tierras. Según Pablo Mariñez, en 1982 se produjeron seis ocupaciones con 1156 campesinos y 2296 hectáreas de terreno259. Por otra parte, la izquierda concertó esfuerzos en la formación de Comités de Lucha Popular, tratando de este modo de establecer una vinculación con las masas populares. Pero su gestión creo mucha desconfianza. “El Frente de Izquierda Dominicana (FID) sobre la base de una apreciación subjetivista de la coyuntura (tesis de la revolución inminente) 257
Vanna, Ianni. El territorio…p. 26. Periódico Hoy, 25 de noviembre de 1992. 259 Mariñez, Pablo. República Dominicana 1978-1982…. 258
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aceleró los tiempos de formación de los Comités de Lucha Popular, tratando de adecuarlos a la supuesta secuencia de los acontecimientos” 260 . Análogamente, la confusión y el “aparatismo” se verificaron en las actuaciones del Partido Comunista del Trabajo (PCT) y su línea de construcción de los Consejos de Unidad Popular (CUP). En este caso, el militarismo y el dogmatismo que distinguieron a estas organizaciones causaron una desvinculación aún mayor con las masas. “La articulación entre reivindicaciones urbanas y lucha política no se realiza por sí sola: requiere una intervención organizada, capaz de vincularlos con la práctica política de las masas” 261.Pero esta táctica no era uniforme, los diferentes grupos de izquierda que influyeron en los Comités de Lucha Popular y otras organizaciones de base alcanzaron su punto de ruptura cuando se intentó crear la llamada Coordinadora Nacional de Protestas Populares. La coordinadora estaría integrada por algunas centrales sindicales, asociaciones gremiales, de estudiantes. Pero ello limitó la fuerza y el protagonismo de las organizaciones territoriales de base, subordinándolas y orientando su lucha a intereses como aumento salarial, derecho de sindicalización, que no eran los exclusivos problemas que aquejaban a los Comités de Lucha Popular262. Solamente en 1982, por primera vez, un número significativo de organizaciones de izquierda se decide a participar en el proceso eleccionario, pero hacia 1984 se percibió la intensidad de procesos de agregación y dispersión hasta 1986263. Todos los sucesos acaecidos, en esencia, no afectaron los mecanismos de poder. Ya hacia 1986 estaba desactivado el tejido conectivo de las organizaciones populares. Los Comités de Lucha Popular y los Consejos de Unidad Popular acentuaron los efectos de desactivación y parálisis inducidos por la secuencia de los paros del mes de junio de 1985 en los que predominaron las acciones discordantes y las divergencias existentes en las Izquierdas. De igual modo, los diversos Comités de Vecinos, activos en los años anteriores, entraron posteriormente en una etapa de repliegue y ensimismamiento. La izquierda, descontextualizada respecto al ritmo y al tono de los acontecimientos, acentuó la magnitud de su separación de las masas. 260
Vanna, Ianni. El territorio…p. 45. Vanna, Ianni. El territorio…p. 47. 262 Pérez, César y Leopoldo Antiles. Las organizaciones populares dominicanos en la búsqueda de su identidad . (documento). 263 Ver gráficos en Vanna, Ianni. El territorio…p. 121-125. 261
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Los resultados electorales de 1986 confirieron visibilidad a las debilidades de los movimientos sociales lo que, junto a la crisis de los partidos del orden, así como de la izquierda, produjo un distanciamiento acentuado entre todos y el espacio político fue entonces dominado por el retorno balaguerista. De los acontecimientos analizados, los sectores populares pudieron extraer algunas experiencias importantes, como es la carencia de un liderazgo político capaz de asumir la dirección del movimiento. Esta nueva modalidad de lucha permitió que las tropas contrainsurgentes apostadas en los principales barrios populares y en las ciudades más importantes del país resultaran inoperantes. Por ello, el gobierno se vio en la necesidad de recurrir a una nueva estrategia. A través de los medios de comunicación se lanzó una amplia campaña publicitaria contra los paros barriales, argumentándose que respondían a intereses ocultos que trataban de derrocar al régimen constitucional, por lo que se llamaba a la ciudadanía a retirarle su apoyo y a reflexionar sobre la gravedad que podían acarrear los movimientos sociales. Además, el autoritarismo, que nunca desapareció del gobierno, continuó jugando un papel destacado en las relaciones Estado-sociedad civil, lo que contribuyó al deterioro de la base de sustentación social del gobierno y, por lo tanto, a agudizar la pérdida de legitimidad del mismo. En resumen, los gobiernos del PRD no lograron sintonizarse con una multiplicidad de actores sociales, que los espacios democráticos innegablemente abrieron. Tal como anunciamos en el segundo capítulo, se produjo un alto nivel de organización laboral y de constitución de movimientos comunitarios y sociales, tanto en las zonas urbanas como rurales. Estos nuevos actores jugaron un importante papel, fueron el único canal a través del cual la población pudo expresar sus demandas de inclusión. Los grupos de izquierda organizada estaban muy debilitados, por lo que no se constituyeron en referencia política significativa. Esta ausencia política influyó en el hecho de que esos movimientos tendiesen a darle un contenido político a sus demandas, y a descuidar la articulación de luchas a través de demandas de carácter local, lo que limitó sus posibilidades reales de constituirse en un movimiento con relativa fortaleza organizativa para erigirse como interlocutor y lograr sus demandas.
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El sistema no logró crear mecanismos para procesar las demandas de los movimientos comunitarios, pues estos carecían de la fuerza suficiente para obligar al gobierno a darles una respuesta en el sentido demandado, por lo cual sus luchas, la mayoría de las veces, terminaban sin conquistas significativas, creándose una situación política que más que un equilibrio inestable, era una situación de alerta, tanto para el Estado como para la sociedad.
3.2. Respuesta popular a la fragmentación sindical y las pugnas interpartidarias (1987-1993) Antes de cumplir el año en el nuevo mandato de Balaguer, comenzaron las protestas urbanas. Estas llegaron a alcanzar en 1987, según un estudio del periódico Hoy264, la cifra de 32 por mes. A principios de 1988 surgió una nueva organización: la Coordinadora de Luchas Populares (CLP). Esta organización representaba a los sectores descontentos con las políticas del gobierno y no se identificaban con la lucha sindical. La CLP fue rechazada, en principio, por los sindicatos, los partidos y el gobierno, ya que aseguraban que ningún ciudadano legítimo era parte de esta organización. Esta institución fue acusada de tramar asuntos oscuros que atentaban a la estabilidad de la nación. Lo cierto es que, si en marzo de 1988 no pudo hacer efectiva una huelga nacional, su ascenso y reconocimiento social demostró a los sectores políticos que la mayoría de los sectores populares se identificaban con la organización. Durante este año se realizó el Diálogo Tripartito entre el gobierno, empresarios y centrales sindicales, al cual no fue invitado el CLP y en el que participó la Iglesia Católica como mediadora. El éxito de este diálogo fue muy cuestionado, ya que varias centrales sindicales retiraron su apoyo ante el alza de precios de productos básicos que afectaba a la población y favorecía a los propios empresarios. Mientras tanto, la CLP y las asociaciones de profesionales realizaron huelgas por sus propias reivindicaciones. En el Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros, entre enero y septiembre de 1988, se
264
Periódico Hoy, junio de 1997. Citado por Ruiz, Víctor. Lucha social …p. 61.
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realizaron 217 huelgas; otras cinco provincias se destacaron en las luchas populares: Barahona, Cotuí, Baní, Moca y Azua265. En 1989 la CLP se convirtió en el Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) para abarcar otros sectores sociales. La consolidación ideológica de esta organización se mostró cuando presentó ante el gobierno aquellos problemas centrales que debían resolverse: cambios en la política económica y moratoria a la deuda externa, reforma al sistema de seguridad social para incluir en la cobertura médica a los familiares de los trabajadores, aumento del salario mínimo, cumplimiento de acuerdos por parte del gobierno con las asociaciones profesionales, la no-privatización de las empresas estatales, mejoramiento del transporte y otros servicios públicos, control de precios para los alimentos y tierras para los campesinos. El gobierno ignoró todas estas demandas bajo el pretexto de que la CNOP no tenía estatus legal ni estaba claramente establecido a qué grupos representaba. Los sindicatos no apoyaron sus actividades por miedo a perder su autonomía, ya que según las centrales, la CNOP representaba a tantos sectores que esto podría ser perjudicial para el movimiento sindical. Por su parte, los empresarios no entraron en el conflicto, su postura estuvo al margen de los acontecimientos. El resultado de la gestión de la CNOP en el año 1989 fue un mínimo aumento salarial. Por diversas contradicciones entre la CNOP y el movimiento sindical, la labor de la primera declinó hacia fines de año, no logrando el cumplimiento de ninguna demanda importante por parte del Estado266. El presidente Balaguer nunca reconoció la fuerza social y política de la CNOP. El 28 de septiembre de 1989, en la localidad de Cristóbal, Duvergé, expresó: “lo que yo no me explico es porqué el país se deja intimidar y todo ante las amenazas de entelequias, de un grupo de entelequias que no tiene ninguna representatividad. Por ejemplo, la huelga que ha paralizado una buena parte de las actividades nacionales. Eso causa un grave daño a la economía nacional, hace la situación más difícil, es una falta de sensibilidad patriótica y de sensibilidad humana por parte de esas entelequias, deberían tomar en cuenta la situación de gravedad de la hora que vive el país, y en obsequio a la gravedad de esa hora debían aplazar por lo menos esas actividades que sostienen más bien un carácter 265 266
Pérez, César y Leopoldo Artiles. Ob. cit, p. 56. Espinal, Rosario. La sociedad civil movilizada…., pp. 17-18.
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subversivo, que derivan en terrorismo y que profundizan la inquietud que prevalece en toda la población dominicana, debido a los problemas no sólo internos, sino externos, que existen actualmente” 267 . Los cambios en el orden económico internacional y la crisis de la deuda externa y de la balanza de pagos repercutieron negativamente en la sociedad dominicana y el Estado. Agentes de la sociedad civil y grupos corporativos (empresas, sindicatos y gremiales) plantearon demandas, protestas y propuestas de la más diversa índole, junto al surgimiento de una crisis política generada por los cuestionados resultados de las elecciones del 16 de mayo de 1990 llevaron al gobierno a tener que pactar una serie de reformas y medidas compensatorias (Pacto de Solidaridad Económica268 entre el gobierno y los empresarios y la reforma del Código Laboral). La gestión del Estado en esta etapa fue conflictiva. Existía por parte de la población un alto índice de desconfianza en las políticas estatales y reclamaban reformas públicas dirigidas a una institucionalización democrática del régimen político. Se planteó incrementar el poder y los recursos económicos de Ayuntamientos para democratizar el ejercicio político municipal. La CNOP se convirtió en el Colectivo de Organizaciones Populares que junto a COPABEBA y el Consejo de la Unidad Popular formaron el Movimiento Independencia Unidad y Cambio (MIUCA). En este sentido, también se destacaron la Unión de Vecinos Activos y la Unión de Organizaciones Vecinales, etc.269. Estas organizaciones realizaron huelgas durante todo el año de 1990. Las más significativas ocurrieron los días 13 y 14 de agosto, 26, 27 y 28 de septiembre y el durante todo el mes de noviembre. Otro grupo de organizaciones enfocaron su labor a exigir cambios en el aparato judicial y el sistema político global, destacándose la Fundación 267
Ruiz, Víctor. Ob. cit, p. 138. Pacto de Solidaridad Económica: pacto de 22 acuerdos entre el gobierno y los empresarios con la mediación de la Iglesia Católica. Este documento consta de acuerdos monetarios en cuento de precios, gravámenes e inversión fiscal en la industria y producción agropecuaria. Se compromete a renegociar la deuda pública y otras pequeñas medidas de asistencia social. Este representó el compromiso por parte del empresariado a asimilar los aumentos salariales y a respaldar además las reformas fiscales que se necesitarían para la firma con el FMI. Para ver el texto puede consultar a Ruiz, Víctor. Lucha social…pp. 123-128. Listín Diario, 7 de agosto de 1990, p. 5. 269 Existieron alrededor de otras trece organizaciones: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, Ciudad Alternativa, Foro Urbano, Centro por la Democracia, Centro de Investigación y Promoción Social, Fundación Solidaridad, Centro Juan Montalvo, Fundación Siglo XXI y Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra . Pimentel, Juan Luis. Mapeo de Organizaciones de la Sociedad Civil en República Dominicana. Análisis situacional. 31 de diciembre de 1997, pp. 13-14. 268
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“Institucionalidad y Justicia”, el Centro para la Democracia y la Fundación Siglo XXI, que incluso promovió y logró una concertación entre los tres partidos mayoritarios para realizar una reforma del sistema político. Una variación respecto a la etapa anterior, producto de la experiencia de lucha de la sociedad civil, fue la formulación de políticas, propuestas de leyes y diseño de planes. Un estudio realizado en octubre de 1990 por César Pérez y Leopoldo Antiles, conjuntamente con dirigentes de organizaciones barriales y de grupos para la acción social, marcó un punto de viraje en los estudios relacionados a la ciudadanía organizada o la sociedad civil, ya que se propició el marco para que estas organizaciones, por sí mismas, expresaran “la posibilidad de un nuevo sujeto político, capaz de ser el nuevo príncipe que habrá de conducir al pueblo a su liberación” 270 . Fue notoria la percepción por parte de estos dirigentes de las posibilidades de que el movimiento de protesta se convirtiera en agente de cambio del sistema político dominicano. En términos de concertación y negociación, los acuerdos de 1990 fueron victorias de todas las organizaciones de la sociedad civil. El Estado no mostró interés en materializar estos pactos. En muchas ocasiones el gobierno hizo promesas para dar solución a un problema de coyuntura, solamente la reforma del Código Laboral fue dirigida desde el gobierno271. La impugnación de la nueva administración de Balaguer cobró un auge considerable. A mediados de agosto de 1990, a raíz del shock que produjeron los ajustes económicos, el país entró en una crisis política considerada la mayor ocurrida en la historia272. Algunos partidos políticos demandaban cambios en la estructura del Estado. Particularmente el PRD hizo una propuesta oficial de convocar a un Consejo de Secretarios de Estado con la participación del PRSC, que ejercería funciones administrativas. Esto no significó que Balaguer abandonara el cargo, el presidente debía ejercer sus funciones como jefe de Estado. Esta posición conciliadora por parte del PRD no era compartida por la ciudadanía 270
Pérez, César y Leopoldo Antiles. Movimientos sociales: identidad y dilemas. INTEC, Santo Domingo, 1992, p.31. ver anexo IV. 271 El 29 de mayo de 1992 fue promulgada el Código Laboral como iniciativa del Estado. Según declaraciones hechas por el presidente de la Secretaría de Estado del Trabajo, Rafael Albuquerque “… apenas 90 artículos son diferentes al viejo código de 1951”. Su modelo se basó en el esquema neocorporativo. Pimentel, Juan Luis. Mapeo de Organizaciones de la Sociedad…, p. 16 272 Ruiz, Víctor. “Crisis, alternativas y desmovilización popular (octubre-noviembre)”. En: Análisis de Coyuntura. Año II. Boletín No 5. Ediciones CEDEE. República Dominicana, 1991.
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organizada en centrales sindicales, asociaciones, organizaciones populares y profesionales, etc. La COP organizó tres huelgas en 1990. La primera se realizó los días 13 y 14 de junio y paralizó a todo el país. A esta huelga le siguió un paro cívico convocado por el PLD los días 19 y 20 de junio en protesta al resultado electoral. El semanario “Vanguardia del Pueblo”, órgano del PLD, en su número del cinco de junio de 1990, manifestó que “….el actual gobierno ilegítimo del Dr. Balaguer, que es una continuación del trujillismo, se caracteriza por ser un violador constante de la propia Constitución y las leyes que él mismo juró respetar cuando en forma ilegal se juramentó como Presidente de la República” 273 , a lo cual el presidente respondió: “ese movimiento huelguístico, el cual cuenta con el respaldo de los partidos democráticos mayoritarios, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano es a todas luces improcedentes, por los motivos que le sirven de sustentación y por la forma en que se ha hecho, tienen todas las características de una acción encaminada a promover el derrocamiento del gobierno. No voy a ocupar tiempo de las personas que me hacen en honor de escucharme insistiendo en la legitimidad de las autoridades actuales. El gobierno que dirige los destinos del país fue elegido en unos comicios democráticos, abiertos, sólo tres meses en el ejercicio de su nuevo mandato constitucional, pero lo que está por encima de toda discusión es la legitimidad de la paz que disfrutamos desde hace largos años” 274 . Las huelgas nacionales en este período fueron impresionantes. Nunca antes se habían producido en un lapso de tiempo tan corto tantos movimientos huelguísticos de alcance nacional. La COP convocó a huelgas nacionales en septiembre y noviembre. Estas huelgas, sin embargo, no fueron atendidas por el gobierno y contra ellas atentaron tres factores: tensiones entre el movimiento popular y obrero, la duración de las huelgas y la imprecisión de sus propósitos. El movimiento sindical suscitó diferencias con la COP. Para el movimiento sindical los reclamos debían girar en torno al reajuste salarial, mientras que para la COP el reclamo del momento era la modificación de los ajustes económicos y la renuncia del gobierno, 273 274
Ruiz, Víctor. Lucha social…., p. 29. Ibidem, p. 139.
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condicionada solo a la eventual posibilidad de que se corrigieran todos los males que aquejaban la nación, ante la actitud intransigente del gobierno de no variar su política económica y la brutal represión contra SITRACODE (Sindicato de Trabajadores de la Compañía de Electricidad) en agosto de 1990275. Las centrales sindicales convocaron a la Primera Conferencia de Organizaciones en la que se discutieron los ajustes económicos, derechos civiles y las posibilidades de convocar a una nueva huelga para los días 13 y 14 de agosto. Estas demandas fueron respaldadas por la COP con el llamado a “huelga automática” que manifestó un breve periodo de unión entre el movimiento obrero y las organizaciones populares276. Sin embargo, en septiembre comenzaron las conversaciones entre el Presidente de la República y varias centrales sindicales (CASC, CNTD, CTI, CTP, UGTD Y CTM), que advirtieron que Balaguer debía revocar los ajustes impuestos mediante el Pacto de Solidaridad277. El 9 de septiembre fue firmado este pacto, criticado por otros dirigentes sindicales y todas las organizaciones populares. De esa manera se desmoronó la relativa y corta unidad que había despertado grandes expectativas, no duró ni un par de meses. Así, el pacto no sólo afectó el resultado de la huelga pronosticada para los días 10,11 y 12 de septiembre, sino que dividió aún más el movimiento sindical278 y perfiló el camino a seguir por las centrales sindicales y el movimiento popular279. La indiferencia del gobierno se mostró al día siguiente, cuando se dispuso un nuevo aumento del precio de los combustibles, por lo que el COP convocó una nueva huelga para los días 26, 27, y 28 de septiembre. La respuesta gubernamental fue una brutal represión policial con un saldo de 275
Este sindicato era uno de los mayores del país hasta 1990. Cuando el Ingeniero. Ramón Pérez Martínez sumió la presidencia de la Compañía Dominicana de Electricidad, dio inicio a una campaña masiva de cancelaciones, que en marzo de 1991 ascendía a 3000 trabajadores. Las actividades hechas a favor de los cancelados fueron reprimidas por la Policía Nacional que ocupó las oficinas centrales en la capital. Se arrestaron a 18 dirigentes sindicales de SITRACODE. Otros trabajadores refugiados en la Iglesia de Las Mercedes fueron agredidos. El padre Ramón Abreu, testigo de los hechos, narró: “que vio a policías con bates de aluminio golpeando a personas que estaban escondidas debajo del altar y en la sacristía. Algunas personas desesperadas corrieron al patio de la iglesia y fueron perseguidas hasta ser detenidas y golpeadas”. Ruiz, Victor.Ob. cit, p. 27. 276 Ibidem, p. 28. 277 Ver anexo V. 278 La firma de este acuerdo le costó al movimiento sindical fuertes críticas por parte de toda la población. Justo al mes de la firma la Central de Trabajadores Mayoritaria anunció que se desvinculaba del mismo, el presidente de la misma afirmó: “sucedió nuevamente que el Gobierno y la Patronal no han honrado los compromisos contraídos con el movimiento sindical, popular y profesional”. Discurso del 10 de octubre de 1990, citado por Ruiz, Víctor. Lucha social…., p. 76. 279 Ruiz, Víctor. Lucha social…., p. 66-69.
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cuatro víctimas, decenas de heridos y más de cuatrocientos detenidos. El ejemplo más triste de la etapa fue el asesinato de Manuel Diplán Martínez, dirigente de FALPO. En esta huelga participaron grupos de izquierda como PCD, UPA, PTD, MIU, FALPO y el FRTD. Tras esta amarga experiencia, el movimiento sindical estaba definitivamente dividido entre la Coordinadora Sindical y otras tres centrales (CTC, CTM, CGT). Pero la sociedad dominicana atravesaba entonces por una crisis singular, depresión que ya había desbordado las expresiones puramente materiales y se manifestaba marcadamente en la esfera política. A pesar de los desencuentros entre los diversos sectores de la sociedad civil y los sindicatos, la huelga del mes de noviembre tuvo como consigna fundamental la renuncia del presidente. El profesor Juan Bosch y el Dr. Francisco Peña Gómez presidentes del PLD y el PRD, respectivamente, exigieron la renuncia de Balaguer, bajo la consigna “que se vaya ya”, mientras que Jacobo Majluta, presidente del PRI, sostuvo su posición de que Balaguer desde el poder debía resolver todos los males de la nación. A pesar de los diferentes enfoques, por primera vez, todos se unieron en contra de Balaguer. Ante esto, el propio presidente prometió acortar su período presidencial hasta 1992, momento en que se realizarían nuevas elecciones. Así, el 16 de noviembre anunció: “propongo formalmente, que en la próxima reforma de nuestra constitución se incluya la disposición transitoria de hacer elecciones generales para el 16 de agosto de ese mismo año. De esta propuesta repito, tendrá la ventaja de ofrecer al país, de calmar la impaciencia de los políticos y de ofrecer al país la oportunidad de elegir nuevas personas. Estas elecciones serían preparadas convenientemente precedida por una reforma a la ley electoral para eliminar de esa ley todas las fallas que han sido puestas de manifiesto en las experiencias mas recientes” 280 La política del gobierno con respecto a las otras demandas no varió. El mismo 22 de noviembre, día en que el país regresaba a la normalidad, Balaguer anunció la ineludible obligación de negociar con el FMI. Esto representó un gran reto para la nación y particularmente para la sociedad civil. A partir de entonces, la acción social se multiplicó. La situación provocó que sectores medios se sumaran a la lucha por lograr la democratización política y económica. Estos 280
Ruiz, Víctor. Ob. cit, p. 141
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sectores medios no partidistas estaban integrados por profesionales al servicio del Estado, que habían sufrido las políticas autoritarias de Balaguer. En 1990 el Poder Ejecutivo vetó las medidas congresistas de aumentos salariales para médicos, profesores, agrónomos y profesionales de la construcción, bajo la excusa de que todo estaba paralizado por la realización de negociaciones con el FMI. Ante esta actitud intransigente, los profesionales se lanzaron a huelgas indefinidas. La lucha se caracterizó por la coordinación y solidaridad entre diferentes gremios de profesionales. Surgió la Unión Nacional de Técnicos y Profesionales, que organizó huelgas en 1991 y respetó la autonomía de cada gremio a la hora de exigir sus demandas281. Durante todo el año, tanto la UNATEP como la COP se unieron en diferentes huelgas, mientras que, los sindicatos, partidos tradicionales y de izquierda, si bien apoyaban las huelgas, también estaban inmersos en sus divergencias históricas y contraproducentes respecto a la época histórica que se vivía282. Por su parte, la Iglesia Católica manifestó siempre su firme oposición a todo lo que significara desavenencia con el Estado. La incorporación de los sectores medios a la lucha por lograr la anhelada democracia le imprimió un nuevo sello a la movilización de la sociedad civil. En 1992 se creó el Proyecto de Iniciativas Democráticas283 y un año después Participación Ciudadana284. Estas organizaciones serían los pilares en el proceso de institucionalización democrática, que viviría la nación a partir de 1996. La ayuda internacional fue decisiva, pero a la vez constituyó una de sus limitantes, por la incapacidad de estos sectores de sostenerse o concebir su sustentabilidad futura al margen de esa ayuda285. Su otra limitante es la 281
Ibidem, pp. 86-95. El PRD y el PLD apoyaron las huelgas. Varios grupos de izquierda favorecieron las huelgas, mientras que el Partido Comunista Dominicano dijo a través de su secretario general Narciso Isa Conde, que la huelga “ necesitaba otra conducción, una conducción donde la dirección del PRD no determine en función de su proyecto electoral”. Discurso del 31 de julio de 1991. Ruíz, Víctor. Lucha social…., p 113. 283 Se organizó para una duración de diez años de 1992 a 2002. Es financiado por la USAID y administrado por la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra. Su objetivo fue promover la cultura democrática en el país, motivar la participación ciudadana en los procesos democráticos y mejorar el funcionamiento democrático del Estado. Este proyecto fue diseñado por intelectuales y especialistas radicados en el país. A este proyecto se le han sumado grupos de periodistas, intelectuales y empresarios que se han vinculado a grupos sociales. Espinal, Rosario. La sociedad civil movilizada…. p 121. 284 Surgió como movimiento cívico no partidista, su tarea fundamental fue formar una red de observadores electorales que no se materializó hasta 1996. Fue la primera institución genuinamente integrada por observadores nacionales, tuvo un resultado muy positivo, pues las elecciones de 1996 fueron las primeras no cuestionadas en el orden democrático. La sociedad civil movilizada…. p 122. 285 En los últimos años, tanto la literatura especializada como los medios de prensa han puesto en evidencia el rol de una serie de nuevos actores internacionales, de carácter no-estatal, genéricamente agrupados en el ambiguo rubro de 282
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centralización de la acción en Santo Domingo, a pesar de los esfuerzos por parte del PIC, PC y GAD de incorporar a otras personas de diferentes partes del país. Este ascenso de sectores medios significó un pequeño giro en el análisis de la situación económica y política. La gran mayoría de la nación entendió que para solucionar todos los problemas debía comenzarse por democratizar la política dominicana. A partir de 1991 se percibió una disminución de las actividades huelguísticas de la sociedad civil, pero a la vez se ejerció mayor presión social para que en 1992 se lograra la democracia, gobernabilidad y el estado de derecho. La resistencia de Balaguer durante diez años de su segundo periodo de mandato a establecer reformas económicas y políticas generó también descontento entre algunos sectores empresariales, que se preocuparon por la modernización y democratización del Estado mediante el establecimiento de procedimientos institucionales favorables a la democracia y factibles a su aplicación. Fue así que surgió la intención de formar un Grupo de Acción por la Democracia orientado por la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra de Santo Domingo con el apoyo económico de la USAID. Esta organización trabajó para fortalecer organizaciones comunitarias a nivel municipal pero con una dirección nacional y lograr la transparencia electoral en 1996 y desaparece después de logrado este proceso. En general, si bien estas organizaciones de la clase media tuvieron mucha actividad en 1996, sus acciones se materializaron en la ciudad de Santo Domingo, pese a los esfuerzos de Participación Ciudadana de establecerse en otras ciudades. El abstencionismo en las elecciones del 90 expresaba los profundos cambios que se habían producido en la sociedad dominicana. La migración del campo a la ciudad, como consecuencia de la crisis del sector agrario, había socavado las bases del clientelismo político tradicional. La acumulación de fracasos de las sucesivas administraciones, tanto en lo económico como en lo político, había provocado el incremento del flujo migratorio “sociedad civil global”. En el marco del llamado “multilateralismo complejo” actualmente emergente, en una visión del sistema internacional eminentemente multi-céntrica, estos actores han llamado la atención no sólo a los analistas, sino también a los gobiernos, tradicionales actores del sistema internacional, y a los organismos internacionales, al punto de generar políticas específicas por parte de organizaciones como el Banco Mundial, el FMI, el BID y las agencias de las Naciones Unidas hacia y con la participación de estos nuevos actores. Serbín, Andrés. Globalización, Regionalismo y Sociedad civil. En: http://www.cries.org/4.5_doccries.php
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externo, legal o ilegal, fundamentalmente hacia los EE.UU. Las políticas neoliberales, que estimularon la creación de zonas francas y polos turísticos contribuyeron a la subversión de los valores y las tradiciones. De tal forma, la ciudadanía y los motivos del electorado eran muy diferentes a los de cualquier época anterior y los liderazgos tradicionales no fueron capaces de percibir estos cambios en toda su intensidad. A pesar de todas las limitaciones que tuvieron en esta etapa, los movimientos comunitarios y populares constituyeron una suerte de espacio donde se cristalizaba el vasto sentimiento de protesta y de deseos de inclusión de la población, por lo cual, en una sociedad hiperpolitizada como la dominicana, algunos dirigentes políticos podían, en determinadas coyunturas, tener una influencia y/o un papel que sobrepasaba o sustituía el de las instituciones. Es por eso que muchos dirigentes, independientemente de la debilidad de sus organizaciones, tuvieron poder de convocatoria en detrimento del liderazgo tradicional. Esto fue posible en gran medida por el vasto desarrollo de los medios de comunicación en República Dominicana y por la variedad de estos medios –sobre todo la radio-. Ello cambió el contexto social y político y apoyó la difusión del sentimiento democrático y, por momentos, obligó a Balaguer a negociar, pero arrancándole conquistas muy limitadas. A partir de 1992 se exigieron demandas relativas al sistema de salud, que tuvieron como resultado la elaboración de un anteproyecto del Código de Salud hacia 1996. En este sentido, se concibió el Plan Decenal de Educación a partir de un esfuerzo de la sociedad civil en 1990 y no fue hasta 1997 que el Congreso aprobó una Ley de Educación, que planteó la creación de Juntas Administrativas Distritales. En este período, el programa dirigido a mejorar la educación en el país fue un avance indiscutible, registrando crecimientos de la tasa de escolaridad de la población estudiantil entre 1 y 5 años, que pasó de 13, 1% en 1989-1990 a 58,6% en 1997-1998 y a 67,7% en 1998-1999, con una tasa de promedio anual de crecimiento del 19%. Sin embargo, la cobertura de la educación pública fue sólo del 12,72%, mientras que en la educación privada fue de un 11.57%286. 286
Este proyecto se llevó a cabo después de la Conferencia “Educación para todos” celebrada en Jontien, Tailandia por la UNESCO, el UNICEF, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial. El PNUD de República Dominicana reunió a muchos intelectuales, universidades, organizaciones no gubernamentales, representantes del empresariado dominicano, el gremio de docentes y el Ministerio de Educación Dominicano (SEEBAC). Se realizaron talleres, encuentros, reuniones, que con sus altas y bajas realizaron el Plan Decenal”. Los objetivos explícitos fueron: aumentar la equidad, cobertura y retención del sistema; aumentar la calidad, a través de la transformación del
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En relación a temas como la vivienda, los derechos de la mujer, el desarrollo social y el medio ambiente, el Estado no comenzó a elaborar políticas hasta después de 1996287. Antes, los servicios sociales y públicos eran manejados por instituciones autónomas, creadas por ley, con un consejo directivo designado por el Presidente de la República y representantes de la sociedad civil cooptados. Los directores generales eran nombrados y removidos por decreto presidencial. Este modelo institucional tuvo poca receptividad en la ciudadanía, ya que los consejos directivos no tenían funciones reales, no trazaban políticas ni tomaban decisiones relevantes, aunque tuvieran la voluntad de hacerlo. Es por ello que diversas organizaciones de la sociedad civil no prestaron atención a estos consejos, ni lograron un diálogo. Desde el Estado no existía un proyecto de peso en sectores tan vitales como fomento agrícola, salud, educación, medio ambiente y empleo. Es interesante destacar la labor que en el campo de la capacitación agrícola desplegaron varias organizaciones, desarrollando escuelas agrícolas, proyectos de innovación, servicios de extensión, financiamiento de rubros, hasta políticas de comercialización y operaciones de mercadeo internacional288. Otro valor agregado fue el fomento del empleo, promocionando la micro, pequeña y mediana empresa, según iniciativa de la Fundación Dominicana de Desarrollo. En esta indiferencia para la solución de los servicios públicos por parte del Estado intervinieron dos elementos más. En primer lugar, las autoridades estaban investidas de poderes discrecionales para invitar o no a las organizaciones populares. En la práctica el “conceder o no” la participación aparece como una prerrogativa de la autoridad y no como un derecho o mérito. En segundo lugar, al no existir mecanismos sometidos al escrutinio público sobre la facultad que debe tener la sociedad para controlar la calidad de la gestión, los mecanismos son centralizados, soslayando la cuestión municipal. currículo; mejorar la capacitación y las condiciones de vida de los docentes; eficientizar la Secretaria de Estado de Educación y sus dependencias; aumentar la participación efectiva de la sociedad en general y de la comunidad organizada en la gestión educativa; aumentar el financiamiento de la educación. Para tener más información sobre la calidad del proceso, fortalecimiento y consolidación se puede consultar: Espinosa, Yudarkis y Olaya Dotel. “La reforma educativa de los 90 como resultado de la disputa entre diferentes racionalidades”. En: Estudios Sociales, volumen XXXVI, número 132, abril-junio . Centro Bonó. República Dominicana, 2003, pp. 53-122. 287 En octubre de 1996, con el apoyo del PNUD, el Instituto Nacional de la Vivienda reunió 160 representantes de entidades públicas, municipales, empresariales, ONG´S y organizaciones de base para formular lineamientos de políticas para el sector de vivienda y asentamientos humanos. Informe Nacional de Desarrollo Humano. Hacia una inserción mundial incluyente y renovada. PNUD, Naciones Unidas, 2005, p. 15. 288 Pimentel, Juan Luis. Mapeo de Organizaciones de la Sociedad… , pp. 16-17.
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Las conquistas obtenidas constituyeron los únicos espacios donde se realizó verdadera oposición al gobierno, pues los partidos políticos no lograron salir de sus apremios y pugnas entre ellos, mantenidas en los estrechos marcos del Parlamento o medios de comunicación. En resumen, la intolerancia de Balaguer hacia la acción opositora fue posiblemente “la variable más significativa para que se crease en la sociedad dominicana una cultura basada en la perversa concepción de que toda oposición es desestabilizadora, una conjura contra el Estado, una acción subversiva. Esa circunstancia, que objetivamente no excluye el conflicto –todo lo contrario, lo exacerba- ha sido determinante para que la interacción entre los actores y los agentes sociales y políticos, discurra bajo el permanente signo del conflicto infecundo” 289 .
3.3. Labor de la sociedad civil ante los cambios políticos (1994-1996). Principales resultados. Hacia 1994 crecen las esperanzas de las masas populares para una transformación profunda, cuando se esperaba el cierre de un ciclo político y la eventual llegada al poder de una nueva generación con la sustitución del régimen personalista y autoritario por uno más abierto y participativo. Ello nos propone establecer una nueva etapa política para el pueblo dominicano en un medio más complejo y afrontando nuevas adversidades. La transición de 1994-1996 fue el resultado de tensiones acumuladas en el sistema político dominicano desde 1978, año de inicio de la apertura política con la salida, momentánea, de Joaquín Balaguer. Por estas razones, la participación popular en las elecciones de 1994 fue masiva (87%)290. Sin embargo, luego de que imprevistamente se extendiera el horario de votación de las 6:00 p.m. a las 9:00 p.m., el PRD denunció que existían alrededor de 200 000 personas que no habían podido votar, al no aparecer en las listas. El estrecho margen de 22 000 votos 289
César Pérez. “República Dominicana: la gobernabilidad obstruida por la exclusión política”. En: Haroldo Dilla (compilador). Los recursos de la gobernabilidad en la cuenca del Caribe . FLACSO- República Dominicana. Editorial Nueva Sociedad, Venezuela, 2002. pp. 224-225. 290 Jiménez Polanco, Jacqueline. “Las elecciones dominicanas de 1994: último clivaje de una cuasipoliarquía gorontocrítica y delegativa”. Citado por: Sagás, Ernesto. “Las elecciones de 1994 y 1996… p. 188.
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entre el PRSC y el PRD, más las irregularidades señaladas por observadores extranjeros, propició que la Junta Electoral Central estuviera durante casi tres meses analizando el caso. Finalmente, el 2 de agosto de 1994, se certificó que J. Balaguer había ganado las elecciones con un 42, 2% de votos. Esta certificación de la Junta Electoral tuvo un fuerte impacto entre la oposición. A nivel regional, el PRD había ganado en Santo Domingo, la línea noroeste, gran parte del suroeste y el este azucarero central e industrial, mientras que el PRSC controló el Cibao central, el este ganadero y el Valle San Juan. En el Congreso, los cambios fueron drásticos. La representación del PLD fue prácticamente sustituida por el PRD. El PLD sólo obtuvo un senador y trece diputados, mientras que el PRD tuvo quince senadores y cincuenta y siete diputados. A pesar de estos resultados, el ganador fue el PRSC. Esto, sumado al acuerdo tripartita (Pacto de la Democracia), donde el PRSC obtuvo en unión al PLD la mayoría en la Asamblea Nacional, confirmó el clientelismo político dentro del sistema político dominicano291. Uno de los aspectos más importantes de la crisis postelectoral fue la influencia de la comunidad internacional, particularmente de Estados Unidos. Esta influencia giró en torno a tres ejes:
primero: la presencia de los observadores internacionales en las elecciones, que denunciaron la exclusión de miles de votantes; segundo: la denuncia del PRD en escenarios internacionales; y en tercer lugar, lo más importante: la influencia de la administración del presidente norteamericano Bill Clinton, quien presionó a Balaguer garantizándole su apoyo a cambio de respetar el embargo haitiano, por lo que la situación en la frontera se tornó muy difícil para los comerciantes dominicanos, quienes constantemente violaban las leyes norteamericanas impuestas a Haití en esta coyuntura292.
La crisis postelectoral sirvió de escenario para la implementación de reformas constitucionales, que venían siendo demandadas por diversos sectores de la sociedad desde la transición política de 1978. Fue promulgada la reforma constitucional (1994) y el 291
Ibidem, p. 188. Sagás, Ernesto. “Las elecciones de 1994 y 1996 en República Dominicana: coyuntura política y crisis en ocaso de las caudillos”. En: Revista Mexicana del Caribe, año 6, número 11. Universidad Autónoma de Quintana Roo, Chetumal, México, pp. 151-191. 292
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consenso de la unidad nacional entre las dos figuras históricas (Frente Patriótico Nacional). La Constitución consagró en su artículo ocho el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a la libre asociación para fines pacíficos. Este derecho está acotado por la ley según la naturaleza de asociación. Se limita a considerar tres posibles vías de reunión: partidos políticos, sindicatos y asociaciones con fines no pecuniarios o instituciones sin fines de lucro. Para ejecutar este proyecto se dictó la ley 520. En ella se hace alusión a la Junta de Vecinos, válida para el municipio y careciendo de efectividad en cuanto al reconocimiento legal de derechos. La ley implicó una serie de restricciones para la participación y organización de las organizaciones de la sociedad civil. En términos de cobertura era muy amplia, pues cualquier entidad (formada por dos personas) podía incorporarse y obtener personería jurídica. Sin embargo, la solicitud de incorporación se remitía a la Procuraduría General de la República, directamente al Poder Ejecutivo y era autorizada por el Presidente de la República y expedida mediante decreto. Ello implicó muchísimas restricciones a diversas organizaciones populares y de base y significó la centralización del procedimiento. El retraso hasta de doce meses para emitir el decreto, la exigencia de la notarización del documento cuando muchas no tenían dinero para pagar por el trabajo y la negación de la personería jurídica por razones políticas o supresiones discrecionales, provocó que la mayoría de las organizaciones no se incorporaran al proceso. Fue así que asociaciones, comunidades y demás reuniones populares no obtuvieron legalidad jurídica. Se estableció desde el punto de vista legal una segmentación muy amplia: las organizaciones con personería jurídica, que redondeaban las trescientas, aunque no existe inventario oficial, y las organizaciones sin personería jurídica, que eran la mayoría, alrededor del 95% de las organizaciones293. Como expresó Carlos R. Salcedo “la reforma en el tiempo restante de su mandato -se refiere a Balaguer- , hasta agosto de 1996, no se materializó en disposiciones constitucionales” 294 .
293
Carlos R. Salcedo.: Director Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) en República Dominicana. Discurso ofrecido al Colegio de Abogados dominicanos en 2003. ISBN 09674696-3-5. 294
Carlos R. Salcedo.: Director Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) en República Dominicana. Discurso ofrecido al Colegio de Abogados dominicanos en 2003. ISBN 09674696-3-5.
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Este criterio de clasificación de dicha ley, desde la mirada popular, no tuvo mucha relevancia, ya que los actores que intervienen en el proceso son los mismos en roles diferentes y agrupados en distintas organizaciones, fuesen legales o no. Pero desde el Estado, este proceso contribuyó a diferenciar las organizaciones de la clase media-alta y los sectores populares a la hora de ser invitadas por éste para cualquier discusión de temas nacionales. Sobre la base de este enfoque, las personas/individuos participaron de diferentes maneras en el sistema social y político. Ello explica la diversidad y multiplicidad de discursos, posiciones e identidades que caracterizaran la sociedad en esta etapa. En esta coyuntura el destacado sociólogo Jorge Cela expresó “Todo el caudal de recursos humanos y materiales, de experiencia y metodología acumulada por las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones comunitarias, las iglesias, las universidades y el sector privado siguen sin ser aprovechados. La apertura de estas instituciones a participar en las convocatorias a reuniones, seminarios, charlas no ha sido correspondida con una intención de escuchar, con propuestas de acciones conjuntas. Siguen siendo percibidas por la mayoría de los funcionarios como competidoras y como recursos a utilizar y no como colaboradoras en la tarea de construir un país mejor para todos y todas” 295 . Lamentablemente no se extendió la política social como un elemento constitutivo de la política de desarrollo en la medida en que el ser humano es el portador del conocimiento y habilidades que, junto con las tecnologías necesarias, puedan transformar la función de la producción. El ejercicio de la política pública por parte del Estado estuvo divorciado de un proyecto estratégico de desarrollo de la nación. Este fenómeno dificultó el desarrollo humano del país. Ernesto Sagás señala que muchos cambios promovidos en 1994 se hicieron apresuradamente y a través de un acuerdo de caballeros entre los líderes de los tres partidos políticos. Por ejemplo, la separación de las elecciones presidenciales de las congresionales y municipales eliminó el fenómeno de “arrastre”, pero esto obligó al país a mantenerse en un vendaval eleccionario cada dos años, del cual apenas hay descanso.
295
Cela, Jorge. La otra cara de la pobreza. Centro de Estudios Juan Montalvo, S. J., República Dominicana, 1997.
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Además, esto trae como consecuencia que el Congreso cambie completamente, afectando negativamente la gobernabilidad296. El interés por lograr una vida digna posibilitó una nueva oportunidad en 1994. La transición democrática resultó muy difícil. El proceso era joven y aún en 1996 no se había podido completar el relevo de los caudillos. Todavía el respeto a la libertad individual de cada ciudadano es valorado desde el Estado en dependencia de la clase social que represente el gobierno o las instituciones como la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, que son realmente intocables. La justicia siguió siendo un poder que, aunque mejorado, era irrespetado en su gran mayoría y la corrupción administrativa parece ser el gran reto para la gobernabilidad dominicana. En estas páginas pudiéramos seguir enumerando las constantes luchas barriales, sindicales y demás exigencias que el dominicano realizó durante toda una década, aún después del fin del balaguerismo. Sin embargo, resulta necesario aclarar nuevas adversidades de la realidad social dominicana que quedan configuradas en esta etapa. Me refiero a “los informales” o “ilegales” dominicanos. ¿Podríamos acaso insertar en estas movilizaciones sociales a las personas ubicadas por debajo de los límites de pobreza? En las ciudades, esta población se encuentra en los barrios y oculta su desempleo en la chiripa o trabajo ocasional por su cuenta. Probablemente ellos son los que eufemísticamente- el Estado llama “microempresarios”, pero que tienden a durar muy poco. En realidad, el sector informal de la economía es un mecanismo de supervivencia. “El desempleado se la busca, no se deja morir, se busca el moro a como sea” 297 . La supervivencia tiene como método de lucha ocupar terrenos del Estado, ya observamos como esta acción fue usual en esta época. Pero, además, este sector “incumple” –según el Estado- las normas de construcción de la ciudad, hace uso privado del espacio público (como los buhoneros), contamina el medio ambiente, hacen negocios sin permiso, etc. Sin embargo, las reglas de la vida pública los excluye, lo que obligatoriamente los empuja a sobrevivir y para satisfacer sus necesidades no encuentran otra salida que la ruptura con las normas socialmente establecidas. El costo es la crisis social, que termina siendo autodestructiva por el creciente deterioro del medio ambiente , el incremento de la 296 297
Sagás, Ob. cit, p. 175. Cela, Jorge. La otra cara de la pobreza. Centro de Estudios Juan Montalvo, S. J., República Dominicana, 1997.
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violencia, la distancia entre el derecho y los no-derechos y la ilegalidad. Estos sujetos desarrollan la cultura de la pobreza, que según Jorge Cela tiene como norma ideal asumir lo que en la práctica no funciona y los condena. Ante la indiferencia estatal, la respuesta de los excluidos es problematizada, porque no todos los sectores han tenido la oportunidad de formar alguna agrupación o promover alguna huelga. El método de lucha del sector informal es otro. Aún sin profundizar en su totalidad, abordaremos algunos problemas presentes en el período estudiado, que muestran la complejidad de la sociedad civil en su seno y cuán limitadas han estado las medidas gubernamentales a favor del pueblo. En primer lugar, un problema frecuente es que –generalmente- no se legaliza la propiedad de la tierra. Esta sigue siendo del Estado, lo que crea una provisionalidad permanente, “hasta que venga el desalojo” . La vivienda que se construye está en un espacio ajeno y la vida, por ende, se realiza en espacios públicos ocupados para nuevos fines. Se genera una acción al margen de los sucesos políticos, todo está en función de la incertidumbre, hasta que el Estado decida actuar, es como una protesta silenciosa, pero a la vez, sin esperanzas o interés de lograr algo digno. Otra nebulosa es que en la cultura popular “la obediencia no se da como expresión del respeto a la autoridad, sino como sometimiento al poder impuesto por la violencia. No existe disciplina ante un orden establecido, sino sumisión a la represión. Esto nos lleva a que nuestra cultura no se caracterice por el respeto, sino por el agache, por la espera estratégica de su “hora” con actitud de “cuchillo no guardado” 298 . Esto nos lleva entonces a entender las actitudes de resentimiento del pueblo dominicano, que lo ha llevado a expresiones de violencia colectiva para que no se obstaculice su participación. La intención de una parte de la sociedad civil es protagonizar la lucha, de expresar su palabra, de tomar parte, aunque fuese parcialmente, en un proyecto que resuelva sus exigencias. Pero este sector informal, en muchas ocasiones, tuvo que “agacharla” en espera de su oportunidad. Mientras tanto, el letrero, los graffiti , representan la afirmación de su existencia y su continuidad en la historia. Por ejemplo, “la iglesia Guachapita tiene un inmenso campanario exterior. La comunidad lo exigió así, porque la campana de la 298
Cela, Jorge. La otra cara de la pobreza. , p. 11.
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iglesia es el símbolo de la lucha contra el desalojo. Cuando una familia era desalojada, los vecinos tocaban la campana y el barrio entero se reunía a defenderla” 299 . Es por esto, que el espacio urbano segregado, sucio, ajeno y escaso se convierte en un espacio económico y de lucha contra las prácticas excluyentes del Estado, pero a la vez, reafirma un valor simbólico de construcción de la identidad. La debilidad institucional del Estado dominicano también contribuyó a consolidar la extrema pobreza. Estamos hablando de personas que no han asistido a la escuela o si lo hicieron fue por poco tiempo, por lo que la relación institucional que debe aprenderse, en primer lugar, desde la escuela primaria, no llegó a convertirse en parte de su cultura. Su experiencia económica ha sido la baja institucionalidad y el trabajo por cuenta propia (chiriperos y trabajadores temporales). La experiencia familiar es dispersa, temporal y de precariedad económica y no cuenta en su seno con vínculos institucionales que definan los roles de género, económicos, educacionales, etc. Con los problemas que afronta el poder legislativo y judicial, se les hace difícil entender las complejidades de la institución y sienten que todo trámite burocrático es contra ellos, y no valoran que la documentación que supone una cultura de la modernidad institucionalizada es un dominio en el mundo. Por ejemplo, durante los desalojos, es más importante la promesa verbal y la presión directa al ingeniero que les daría una casa, que la documentación, y es que “en este caso quizás tenían razón, porque en nuestra ciudad aún funcionan mecanismos premodernos, porque a medida que va avanzando en la institucionalidad, va quedando incapacitado en términos económicos, la misma supervivencia ha dependido más de la lucha y la solidaridad espontánea, que de ningún tipo de institucionalidad” 300 . Tanto los problemas institucionales como la cultura de la pobreza persisten en la sociedad dominicana, presionándose el uno al otro. Por ultimo, debemos señalar ciertas debilidades de este grupo, que fueron aprovechadas por el propio Estado para no dar solución práctica a las difíciles condiciones de los excluidos. La primera es la débil memoria histórica. Los hechos-hitos aparecen sin conexión causal, ni herencia histórica, por el contrario, lo que predomina es la causalidad
299 300
Cela, Jorge. La otra cara de la pobreza. P. 12. . Cela, Jorge. La otra cara de la pobreza. P. 16.
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inmediata, en muchos casos conectada a figuras mesiánicas, el azar o la intervención sobrenatural, lo que debilita el potencial del recuerdo. No existe proyecto. Si hay alguna utopía, no está relacionada a una secuencia de acciones, sino a construcciones simbólicas o míticas que expresen sus deseos. Por eso en este tipo de población tienen fácil acogida los movimientos mesiánicos o fundamentalistas. Esta falta de historicidad es vital, ya que ubica a la cultura de la pobreza en la inmediatez, el espontaneismo y la intensidad. Como resultado se dan nexos sociales de solidaridad, pero coyunturales. Se les hace más fácil la protesta intensa en la celebración o la revuelta, que la organización estable. Este tipo de grupo no son los sujetos de las organizaciones populares, pero pueden serlo de las marchas, mítines, protestas y revueltas. “Esta actitud les hace más llevadera su condición de extrema pobreza, les capacita para una supervivencia que se construye en la novedad de cada día, pero les dificulta integrarse a las complejas estructuras modernas del poder y la producción, que no llegan a entender” 301. Las personas marginadas tienen la sensación de vivir en dos mundos, el de la ciudad, donde son extranjeros, desposeídos, sin derecho, desconocedores de los caminos para conducirse, y el otro, el del barrio, donde, aunque no tengan título de propiedad, nadie se atreve a penetrar. Lo que muchas veces no perciben es que existe un único mundo, donde la elite los expulsa sin derechos ni representación social. “No hay ruptura entre dos mundos, sino subordinación” 302 . Este sujeto queda atrapado en la duda de levantarse cada día para ver si aparecen los recursos económicos con que hacer frente a la situación desesperada en que se encuentra y no le interesa o le queda ajena toda la estructura moderna que supuestamente ha sido creada, entre otras cosas, para solucionar todos sus problemas. Para superar la cultura de la pobreza, y por tanto, la reproducción de la extrema pobreza, debe pasarse necesariamente por la constitución de sus portadores en sujetos a través de un proceso de participación.
301 302
Cela, Jorge. La otra cara de la pobreza. P. 20. Cela, Jorge. La otra cara de la pobreza. P. 23.
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Relacionadas con este tema se encuentran las influencias en la reconstrucción constante de la identidad del dominicano y su desarrollo cultural. Hemos estudiado que nunca como en las últimas décadas, República Dominicana ha estado tan expuesta a los flujos económicos, culturales y sociales internacionales. Este fenómeno, aunque no es privativo del país, si ha originado un gran movimiento de personas, dada la forma de inserción en la economía mundial. Millones de personas de todos los confines del mundo han visitado el país a través de la actividad del turismo, otras han emigrado hacia múltiples destinos 303 y las actividades orientadas a la exportación han permitido el desarrollo de nuevas habilidades empresariales y laborales. Este flujo de información y de construcción de nuevas relaciones ha estado distribuido a lo largo del territorio nacional y ha involucrado a todos los estratos sociales y económicos. El resultado ineludible ha sido influenciar la cultura y valores de la sociedad dominicana. Los cambios del modelo económico desde una economía de bienes hacia una economía de servicios, vulneraron el sentido de lo dominicano. Antes de la década de los noventa, los dominicanos y dominicanas eran instruidos en las escuelas con la noción de que eran un país productor, exportador de bienes agrícolas y con una industria emergente de magnitud significativa, lo cual contribuía a la formación de una identidad nacional-cultural autónoma304. La transición a un modelo de servicios, representado como altamente dependiente de variables que la sociedad controla menos, como son la demanda turística, de bienes industrializados en las zonas francas y las remesas, reforzó en la sociedad dominicana una autopercepción marcada por la incertidumbre, la inestabilidad y la externabilidad (la percepción de que la conducta y las cosas que le ocurren a la gente están determinadas por elementos externos). Esto se explica por la percepción en el imaginario colectivo de que el turismo y las zonas francas son sectores frágiles y riesgosos. Mientras que las remesas, al ser una ayuda, no se sabe cuanto más puedan durar. Adicionalmente, la transformación del aparato productivo produjo grupos y sectores 303
Aproximadamente el 6% de los ingresos totales de los hogares provienen de remesas, y en los hogares receptores de remesas, las mismas representan el 30% de los ingresos. No obstante, de estos aportes a la isla hay que considerar el costo humano pagado por los emigrantes y sus familias en materia de ruptura, separaciones y difíciles condiciones de vida del país de destino. Por ejemplo, en Estados Unidos las familias dominicanas registran la mayor incidencia de la pobreza que cualquier otro grupo emigrante. Pimentel, Juan Luis. Mapeo de Organizaciones de la Sociedad…, p. 16 304 Liriano, Alejandra. Identidad Nacional: algunos elementos para su comprensión, Santo Domingo: Centro de Estudios, 1989.
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excluidos que ya no forman parte del antiguo modelo ni del modelo de servicios, reforzando el sentido de la vulnerabilidad. Por otra parte, la identidad nacional se ha construido sobre la base de una hibridación, mezcla de etnias, que genera grandes tensiones sociales, pugnas y aceptación de la diversidad por el impacto de la inmigración haitiana, el dominicano de la diáspora, el turismo extranjero, donde el dominicano se ve empujado a adoptar componentes cosmopolitas en su identidad cultural305. Varios artículos editoriales del Periódico Listín Diario y Hoy reclaman la necesidad de introducir el tema cultural en la enseñanza básica, adecuada al respeto a la diversidad y la convivencia en el marco de los derechos humanos, para ajustar la herencia a las nuevas circunstancias306. La externalidad predispone a los dominicanos a confiar su destino a fuerzas más allá de su control. Existen patrones impuestos por la globalización, sobre todo en el plano de consumo, que implican la noción de “ser más desarrollados”. Esta desconfianza en la capacidad del colectivo dominicano para construir un orden social satisfactorio ha justificado el clientelismo, el paternalismo, el asistencialismo y el autoritarismo. Un estudio de la antropóloga social Tahira Vargas sobre la percepción de la población con respecto a la reforma de las empresas públicas y capitalización-privatización de la economía en los años noventa, nos permitió entender otro recurso empleado por el pueblo para mostrar su desacuerdo con la política gubernamental, la manifestación explícita de las consecuencias negativas de todo el proceso de reformas, que en realidad son contrareformas y que ellos no pueden solucionar con actitud de agache , al menos, por el momento, pero con una clara concientización de aquello que los afecta, aún cuando no sepan diferenciar cada política económica . Las ideas fundamentales fueron, en primer lugar, que las reformas “tiran mucha gente a la calle” , en el sentido de que generan desempleo, en segundo lugar, crean dependencia al sector privado “se depende del sector privado y ellos terminan decidiendo todo”, tercero, la modernización es un robo al pueblo. Detrás de esta mensaje está implícito que el pueblo está consciente de que las empresas 305
Zaglul, Jesús M. “Para seguir releyendo haciendo y recortando la identidad cultural y nacional dominicana: pistas e interrogantes”. En: Revista de Estudios Sociales, año XXV, número 89-90 . Santo Domingo: Fundación Juan Montalvo, julio-diciembre de 1992. 306 Cela, Jorge. La otra cara de la pobreza. Centro de Estudios Juan Montalvo, S. J., República Dominicana, 1997.
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públicas son del pueblo y si se privatizan, ello supone usurpar los bienes del pueblo. Asimismo, este proceso, en opinión del pueblo, genera pobreza, tema que todo el tiempo salió a relucir en las entrevistas y por tanto, que las reformas son un “negocio para un grupito” o los “come-solos”, “el gobierno no tendrá el control” y “los norteamericanos son los dueños de todo ”307. Este sondeo constató la constante inseguridad e incertidumbre en lo que pueda pasar, no se percibía al Estado como un ente que ofrecía seguridad a su población. La incertidumbre tuvo dos significados: el compás de espera y la dimensión de la pasividad con el miedo de “volver atrás, al menos tenemos lo que hemos logrado” . En distintos momentos del estudio afloró una idea esencial y es que en la cultura dominicana lo privado tiene connotaciones de restrictivo, de no accesibilidad, de ahí que se plantee como negativa la privatización en distintos momentos, rompiendo la relación población-empresa, población-servicios, empleos públicos-redes informales, que sólo producen las empresas públicas308. Ello nos conduce a una conclusión: en estos años, sobre todo después de 1991 hasta 1996, el Estado se deja de ver como el órgano que protege, que asiste al pueblo. Se rompe con muchos conceptos subyacentes en la cultura dominicana. Pero lo más importante no es lo negativo del proceso, sino la respuesta que se adopta ante tal situación. Una de ellas fue la constante búsqueda de legitimación del sistema político del país. Aún cuando fueron criticadas la mayoría de las instituciones del país, la ciudadanía confió en el proceso eleccionario. El resultado fueron las presidenciales de 1996, donde Participación Ciudadana pudo observar el proceso en la primera y segunda vueltas con más de 6000 observadores309. En la lucha contra la corrupción, Participación Ciudadana y Fundación Institucionalidad y Justicia crearon, a partir de 1993, la Comisión Nacional de Ética y Combate para responder a demandas sociales y de organismos internacionales. Esta iniciativa fue apoyada en acto público con delegaciones de Santiago, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Azua. Desde Juntas de Vecinos, fundaciones,
307
Vargas, Tahira. “Percepciones de la población sobre el proceso de reformas de las empresas públicas”. En: Estudios Sociales, volumen XXXIII, número 121, julio-septiembre. Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo. República Dominicana, 2000, pp. 65-66. ver anexo VI con fuentes estadísticas. 308 Vargas, Tahira. “Percepciones de la población sobre el proceso de reformas de las empresas públicas”, p. 90. 309 Díaz, Miriam. Sociedad civil expresa inquietudes sobre estabilidad democrática en República Dominicana. (documento).
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CAPÍTULO III
centros hasta personas sin filiación política protestaron, no sólo contra la corrupción pública sino también contra la privada y en defensa del gasto social310. Desde 1992 se establecieron en República Dominicana varias Organizaciones no Gubernamentales. Entre ellas se encuentra la USAID, que desde 1995 divulgó la Misión Estratégica con los siguientes ejes transversales: reducción de la pobreza, sociedad civil, reforma de políticas, gobernabilidad local y alianzas estratégicas. Esta organización se ha destacado por la ayuda directa a comunidades, por ejemplo, en la recuperación del país después del Huracán Georges, que afectó a la casi totalidad del pueblo dominicano, entrenamiento de liderazgo de candidatas femeninas para las elecciones congresionales y municipales, capacitación de los profesionales para la carrera judicial y estrategias medioambientales. Todas ellas abarcan no sólo la vida económica y social del país, sino que la USAID tuvo una fuerte influencia en las relaciones políticas. El vínculo de la República Dominicana con los Estados Unidos y Puerto Rico, su fuerte y reciente crecimiento económico y sus actividades de sectores privados y públicos están generando alianzas estratégicas locales e internacionales 311. En esta etapa la acción de la sociedad civil no tuvo como objetivo romper con el modelo de Estado. La exigencia fue más bien de participación, mediante el ejercicio a los derechos a la ciudadanía, y el logro de ciertas reformas políticas. Se pedía derecho al techo, a un barrio o a una ciudad con luz, agua, electricidad, con libertad y sin represión. Se pidió apoyo al Estado contra la criminalidad, las pandillas y el narcotráfico en los barrios populares. Buscaron crear un nuevo ordenamiento de las cosas, una nueva forma de agregación social, expresaron una nueva búsqueda de integración nacional, y por lo tanto, quizás otra nación. Entre las oportunidades y los obstáculos se comenzaron a difundir Principios/Guías para la reforma del sistema político dominicano y se crearon cientos de organizaciones312. Esta reforma propugnaba la participación política con la creación de espacios de concentración y difusión del proceso. Tuvo tres prioridades esenciales que en su conjunto lograrían materializar los derechos ciudadanos:
310
www.hoy.com.do . Fecha de consulta, diciembre de 2005. USAID: Estrategias (2002-2007). www.USAID/Repúblicadominicana. fecha de consulta: diciembre de 2005. 312 Ver anexo VII. 311
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CAPÍTULO III
modernización administrativa, actualización de la legislación orgánica y reforma constitucional. En este nuevo contexto, se reorientó el comportamiento de los partidos con respecto a la sociedad civil. La Ley Electoral de 1995 estableció la calificación máxima de los dirigentes para manejar la diversidad de materias involucradas en las agendas económicas, social, política, judicial e internacional. Esta medida fue fruto de las exigencias de la sociedad civil en el Pacto de la Democracia de 1994, además se crearon entidades como la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), los gremios de abogados en las universidades, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y el Grupo de Acción por la Democracia (GAD). En el ámbito local, surgieron organizaciones como Comunidad Cosecha, Fundación Solidaridad, Centro Cultural Poveda, Centro de Apoyo Aquelarre, Núcleo de Apoyo a la Mujer(NAM), Centro Dominicano de Educación Ecológica (CEDECO), Asociación de Agentes de Desarrollo, Ecoclubes, Fundación Acción Comunitario Máximo Gómez, Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (Ce-Mujer), Comisión de Trabajo Ecuménico Dominicano (COTEDO), Unión de Juventudes Ecuménicas Dominicanas (UJEDO), Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo y Círculo de Mujeres con Discapacidad. Las estrategias fueron múltiples, resultó trascendente que estas organizaciones estaban conscientes de que era necesario su fortalecimiento y superar la dispersión para lograr un espacio en el debate de la agenda nacional mediante la celebración de congresos, foros y jornadas que sirvieran de encuentro a organizaciones de base, las instituciones y organizaciones nacionales y regionales. La mayoría de estos movimientos después de 1996 tuvieron el interés general de cambio, rescatando otras identidades y demandando a la clase política un espacio en un proceso de democratización de la sociedad, en el cual jugarían el papel protagónico los sectores populares. Por eso el desafío fue lograr entender toda la complejidad de estos movimientos, asumir críticamente sus especificidades y tratar de encontrar en la pluralidad actores con posibilidades para potenciar una sociedad basada en un orden social no excluyente.
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CONCLUSIONES
CONCLUSIONES El período (1978-1996) debe considerarse de transición hacia un nuevo modelo de Estado. El eje central del análisis para comprender las principales transformaciones es el estudio de la sociedad. La identificación de fusiones, divisiones y pactos temporales efectuados entre clases y grupos sociales permite comprender una época signada por la recomposición de la clase dominante, cuyos miembros más exitosos se transformaron de oligarquía terrateniente tradicional en oligarquía financiera e industrial; del nacimiento de una intelectualidad comprometida con la realidad nacional y una constante inseguridad para los sectores medios, los comerciantes vinculados al mercado nacional y los sectores populares concentrados en las ciudades, que engrosaron las filas de los excluidos o marginales. En consecuencia, la vida económica y política de la nación estuvo regida por el Consejo Nacional de Hombres de Empresa que respondía a los intereses del capital, la oligarquía y del presidente de la República, conjunción de factores que apoyaba esa “democracia” mientras se respetaran sus disposiciones pro-empresariales y la contención del sector laboral. La adopción de una institucionalidad moderna iniciada durante el gobierno de Juan Bosch, el perfeccionamiento del sistema electoral y la capacitación del Estado para incorporar a la población civil como actor político a partir de 1978, no fue suficiente para transformar la vida de las masas populares. Durante esta etapa se manifestó la ausencia casi total de proyectos estatales que minimizaran los daños sociales causados por la inserción de República Dominicana en el nuevo orden mundial trasnacionalizado con una economía de servicios. El balance de la gestión del PRD en el poder tuvo un saldo negativo, porque fueron más las expectativas creadas por el cambio que la realidad política. Aún antes de tomar el poder ya el PRD había hipotecado su futuro y terminó siendo criticado por todos. Excepto los dos primeros años de gobierno, donde existió relativa libertad pública, el dominicano sintió insatisfacción por la gestión gubernamental, ya fuese económica o social. La 122
CONCLUSIONES
realidad es que esta época de transición resultó incierta. Si bien existieron problemas nacionales, en gran medida influyó un contexto regional e internacional adverso a cualquier política progresista por la constante observancia e injerencia del gobierno estadounidense en la nación. Las presiones políticas motivadas por el establecimiento de la política de Ronald Reagan (Iniciativa para la Cuenca del Caribe) y los acuerdos del FMI para pagar la deuda, no permitieron que este partido tuviera un control soberano sobre los recursos económicos. Todo se desarrollaba en función del pago de la deuda, los fondos para los servicios sociales no eran objetivo primario del gobierno. Así se fue implantando un Estado dependiente del financiamiento externo y vulnerable de cualquier cambio comercial mundial. El modelo de Estado de Balaguer de los primeros doce años de gobierno fue diferente en su segundo mandato. De un Estado autoritario, reformador y asistencialista transita -en un nuevo contexto nacional e internacional- hacia el Estado neoliberal con un nuevo pacto de dominación con el CNHE, pero sin abandonar sus características autoritarias. Balaguer poseía el poder político, pero la política económica de la nación era ejecutada por el CNHE. Para comprender este proceso es necesario tomar en cuenta que a partir de 1986, Balaguer era reconocido como el reformador, el estadista capaz de llegar a compromisos realistas que aseguraron su continuidad y la estabilidad del Estado. Pero, por otra parte, era el caudillo autoritario que se resiste a la modernización y a quien le resulta difícil asumir la incertidumbre del juego democrático. Su alianza económica y política con el alto empresariado se conjugó con el uso político del concepto de moral para la nación. apoyándose en la Iglesia Católica para eliminar –según él- todos los males que dejó el PRD en su gestión gubernamental. Las reglas del mercado capitalista y el carácter del sistema político minaron las posibilidades reales de negociación de sindicatos, gremios, asociaciones y comunidades de base populares. Por ello, la demanda obrera fue corta (1984 y 1991) y no mejoró los mecanismos de participación, por el contrario, surgieron muchas tensiones con las nuevas formas de agrupación social y/o políticas existentes en la sociedad dominicana. Mientras el sector empresarial aseguraba su unidad, el sector obrero se fragmentaba más y las dos organizaciones obreras más grandes del país (Central General de Trabajadores y Unión General de Trabajadores) se debilitaron. Asimismo, la marginalidad y exclusión creada por 123
CONCLUSIONES
el nuevo sistema económico afectó el desarrollo a gran escala de este movimiento, ya que el sector informal quedó fuera de las filas del sindicalismo, construyendo un mundo divorciado y distanciado de los roles políticos. Los marginales y excluidos desarrollaron su propia cultura, la cultura de la pobreza y, muchas veces no comprendieron que la esencia de su condición estaba dada porque esa “democracia” los excluía y los marginaba de su proyecto. Sin embargo, la sociedad dominicana no quedó paralizada. Rememorando el Movimiento 14 de junio y la Guerra de Abril de 1965, se movilizaron nuevas y creadoras asociaciones que no defendían los marcos tradicionales (partidos, gremios culturales, sindicatos), que, envueltas en la espontaneidad, la protesta y la presión, lograron aplazar la firma del acuerdo con el FMI y acortar el periodo presidencial de Balaguer hasta lograr las primeras elecciones democráticas de República Dominicana en 1996. Las luchas fueron duras, pero de ellas surgió un sujeto político, diverso, activo, consciente de su necesidad y ahora más influenciado por las corrientes políticas democráticas. En ese contexto, el interés público deja de ser asunto exclusivo de partidos y sindicatos para convertirse en tema de todas las organizaciones de la sociedad civil, por lo que ésta se convierte en un nuevo actor que adquiere una rica diversidad, en la medida en que se incorporan la clase media, intelectuales, sindicatos y comunidades populares. Sin embargo, es difícil lograr su unidad para discutir como un frente en el diálogo con el Estado. La complementariedad entre los partidos políticos y la sociedad civil no se logró materializar en toda su dimensión. Contra ella incidieron muchos factores que contribuyeron a que los partidos perdieran su histórica base popular, lo que motivó el surgimiento en la población de la idea de que ellos ya no podían canalizar ninguna petición, convencimiento que alcanzó su momento culminante en 1984 cuando se produjo el divorcio circunstancial y el surgimiento de organizaciones, que si bien no se vincularon a la agenda política en un principio, sin embargo, en 1991, habían comprendido que era necesario influir en los cambios políticos. En este momento el PLD rescató apoyo popular, pero aunque su victoria electoral era incuestionable la oligarquía prefirió al autoritario Balaguer antes de ver iniciado otro proceso revolucionario.
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CONCLUSIONES
De hecho la democracia dominicana, si bien conquistó legítimos espacios democráticos en el ámbito electoral y derechos ciudadanos, estuvo permeada por las limitaciones propias de un sistema capitalista dependiente, que no desarrolló su base industrial y productiva interna y abandonó el desarrollo de sus recursos naturales renovables, a causa de la adopción de una economía de servicios a gran escala, lo que estimuló la entrada de divisas al país, pero no eliminó su vulnerabilidad. A esta situación económica le correspondió una inestabilidad política que continuaba regida por el autoritarismo presidencial, el clientelismo y la represión abierta dirigida por el sector político que utilizó a las fuerzas armadas. La participación de la sociedad civil en el período analizado tuvo momentos importantes, en los que descuellan tres acontecimientos importantes: •
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•
las protestas de abril de 1984, período caracterizado por el surgimiento, reorganización y agrupación de organizaciones populares de diversa índole que representaban nuevos actores sociales y políticos las huelgas de 1990 y 1991, que marcaron un hito en la historia de las huelgas debido al carácter nacional asumido por éstas y a la magnitud de sus demandas que rebasaban el plano económico El Pacto por la Democracia de 1994, mediante el cual fueron reconocidas las instituciones de la sociedad civil y que sentó las bases de la estabilidad política del sistema.
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ANEXO I. HITOS CONSTITUCIONALES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA. En la historia constitucional dominicana hay algunos aspectos que se han convertido en claves en la estructura del régimen político, estableciéndose en torno a ellos, una especie de consenso, de mayor o menor grado, para su mantenimiento en la Constitución. Entre ellos podemos mencionar: 1. La reafirmación del sistema bicamarista; 2. La supresión del refrendo ministerial de los actos del Presidente de la República; 3. La instauración del sufragio directo para la magistraturas políticas; 4. La supresión de la pena de muerte; 5. La extensión de los derechos políticos a la mujer; 6. La consagración de la expropiación de la propiedad privada para fines de utilidad publica e interés social; 7. El principio de la doble nacionalidad; 8. La inamovilidad de los jueces; 9. La separación de las elecciones presidenciales y las elecciones congresuales y municipales; 10. La independencia administrativa y financiera del Poder Judicial. REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA DE 1844 1. Santo Domingo (originalmente guerra), 25 de febrero de 1854. 2. Santo Domingo, 16 de diciembre de 1854. 3. Moca, 19 de febrero de 1858. 4. Santo Domingo, 14 de noviembre de 1865. 5. Santo Domingo, 27 de septiembre de 1866. 6. Santo Domingo, 24 de abril de 1874. 7. Santo Domingo, 12 de septiembre de 1872. 8. Santo Domingo, 4 de abril de 1874. 9. Santo Domingo, 12 de abril de 1875. 10. Santo Domingo, 31 de marzo de 1876 (acta adicional) 11. Santo Domingo, 10 de mayo de 1877. 12. Santo Domingo, 1ro. de junio de 1878. 13. Santo Domingo, 11 de febrero de 1879. 14. Santo Domingo, 28 de mayo de 1880. 15. Santo Domingo, 24 de noviembre de 1881. 16. Santo Domingo, 17 de noviembre de 1887. 17. Santo Domingo, 20 de junio de 1896. 18. Santo Domingo, 9 de septiembre de 1907. 19. Santiago de los Caballeros, 22 de febrero de 1908. 20. Santo Domingo, 13 de junio de 1924. 21. Santo Domingo, 15 de junio de 1927. 22. Santo Domingo, 9 de enero de 1929. 146
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Santo Domingo, 20 de junio de 1929. Santo Domingo, 9 de junio de 1934. Santo Domingo, 10 de enero de 1942. Santo Domingo, 10 de enero de 1947. San Cristóbal, 1ro. de diciembre de 1955. San Cristóbal, 7 de noviembre de 1959. Santo Domingo, 28 de junio de 1960. Santo Domingo, 2 de diciembre de 1960. Santo Domingo, 29 de diciembre de 1961. Santo Domingo, 16 de septiembre de 1962. Santo Domingo, 29 de abril de 1963. Santo Domingo, 3 de septiembre de 1965 (Acta institucional)313(*) Santo Domingo, 28 de noviembre de 1966. Santo Domingo, 14 de agosto de 1994. Santo Domingo, 25 de julio de 2002
Fuente: Dr. Milton Ray Guevara. Historia de las Reformas Constitucionales.
313
Algunos autores consideran que este texto no tiene categoría constitucional.
147
ANEXO VII. ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Baní, RD Fundación para el Desarrollo Integral de la Sociedad. Grupo Hermandad. Sociedad el Llano hacia delante. Barahona Centro de Asistencia y educación jurídica. Colectivo de Trabajo Abriendo Caminos. Hogar Cristiano de niños huérfanos. Promoción de la Mujer del Sur. Sociedad ecológica de Barahona. Bayaguana Centro Zonal de Pastoral Social. Bonao Fundación Económica para el desarrollo social. El Seybo Equipo de educación con Mujeres Raíces. Fundación para el desarrollo del Seybo (FUNDESEY). Organización Cristiana de Desarrollo. Espaillant Asociación para el desarrollo de la Provincia Espaillant. Centro de Madres Salomé ureña de Henríquez. Federación de Grupos Campesinos(FEGRUCA). Fundación Alrededor de Todo. Esperanza Junta Campesina Rafael Fernández Domínguez. Fantino Grupo de Educación y Desarrollo. Haina Equipo de Educación Popular y Comunicación Alternativa. Hato Mayor del Rey Cooperativa de Servicios Múltiples El Progreso. Jarabacoa Asociación de Guías de Montaña. La Descubierta Centro de Promoción y Acción Juvenil. La Romana Asociación pro desarrollo La Romana. Constanza Asociación Cultura Popular (ACUPO).
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La Vega Asociación para el desarrollo de la Vega. Fundación Empresarial para el Desarrollo de La Vega. Fundación empresarial para el Desarrollo y Servicios. Instituto Agrónomo Salesiano. Mao, Valverde Asociación para el desarrollo de la Provincia Valverde. Club Rotario de Mao. Programa Amigo de los Niños. Instituto para el Desarrollo del Nordeste (INDENOR). Miches Asociación de Ganaderos de Miches. Baní Asociación Comunitaria por la Salud. Asociación de Comunidades Organizadas. Federación de Mujeres Campesinas. Luperón Fundación Pro Desarrollo del municipio Luperón. Salcedo Asociación para el desarrollo de Salcedo. Campesinos Federados de Salcedo. Oficina Técnica de Salcedo. Samaná Fundación para el desarrollo de Samaná. Fundación para el desarrollo de San Cristóbal. San José de las Matas Ganaderos de la Sierra. San José de la Maguana Centro Comunitario de Desarrollo Integral. Comité Pro-Bienestar de la Comunidad. Coordinadora de Salud. Grupo Sofonias. Sociedad Ecológica. San Pedro de Macorís Actividad pro Enseñanza Dominicana. Asociación de la pequeña y mediana empresa del Este (APRODIRE). Centro Alternativo Experimental del Sordo. Centro Pastoral Social. Comité para los Derechos Humanos. Programa para el Desarrollo de la Región (PRODIRE). Sánchez Ramírez Asociación para el Desarrollo de la Provincia Sánchez Ramírez. Asociación para el desarrollo de la Provincia Santiago Rodríguez. Acción Callejera. Equipo de Mujeres. Asociación de Caficultores Juncalito. Asociación de graduados del ISA. Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Educadores Uníos del Cibao. Escuela de Formación para trabajadores campesinos. Fundación Mujer e Iglesia.
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Fundación Solidaridad. Patronato Cibaeño contra el cáncer. Patronato Cibaeño para la rehabilitación Programa de Asistencia a la Pequeña Empresa. Sociedad Ecológica del Cibao. Santo Domingo Asociación Dominicana de Zonas Francas. Caritas Arquidiocesana. Equipo Nosotras. Federación de Mujeres Campesinas. Federación de Mujeres Empresarias. Foro Urbano. Proyecto Integral Comunitario. Acción Evangélica de Desarrollo. Aldeas Infantiles. Asociación Aguas Vivientes. Asociación de comités Amas de Casa. Acacdisna. Asociación de Impedidos Físicos Motores. Asociación de lucha contra los problemas psico-sociales. Asociación de mujeres votantes. Asociación dominicana de Alzheimer. Asociación Dominicana de Rehabilitación. Asociación dominicana de voluntarios de hospitales y salud. Asociación pro-educación de sordomudos. Canillitas de Juan Bosco Canillitas con laura Vicuña. Centro de Integración Familiar. Círculo Juvenil de prevención del Uso de las Drogas. Ciudad Alternativa. Club Leones de Santo Domingo. Confederación de Trabajadores Unitaria. Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA). Comité para la Unidad de los Derechos de la Mujer Confederación Nacional de Cacaocultores. Consejo de Fundaciones Américas de Desarrollo. Consejo de ONG´S del área azucarera y haitiana. Consejo Iberoamericano de Juventudes Rurales. Consejo Institucional para la coordinación de Viviendas. Consejo Nac. Para la Higiene y la Conservación Ambiental. Consejo Nacional de la Empresa Privada. Consorcio Nac. De Organizaciones para la supervivencia materno-infantil-CONASUMI. Coordinadora de animación socio-cultural.-CASCO. Coordinadora ONG´S del área de la mujer. EDUCA ENDA-CARIBE. Equipo de formación Integral. Escuela de Formación Obrera Floresta. Fondo Ecuménico de Prestamos de la República Dominicana. Fundación 4-40. Fundación Activo 20-30. Fundación Francisco Caamaño Deñó. Fundación Amantes del Campo dominicano. Fundación APEC de Crédito educativo. Fundación Bancomercio.
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