Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. 1.1.1.
Derecho de petición (artículo 29)
1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. 2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. específica.
El derecho de petición podrá elevarse a las Cortes Generales en los términos establecidos en el artículo 77 de la Constitución. 1.2. Los derechos y deberes de los ciudadanos 1.2.1. Las obligaciones militares y la objeción de conciencia (artículo 30) 1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. 2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, caso, una prestación prestación social sustitutoria. 3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. 4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 1.2.2.
Los principios tributarios (artículo 31)
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, que, en ningún caso, caso, tendrá alcance alcance confiscatorio. confiscatorio. 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 1.2.3.
Derecho al matrimonio (artículo 32)
1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. 1.2.4.
Derecho a la propiedad privada y a la herencia (artículo 33)
1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. 1.2.5.
Derecho de fundación (artículo 34)
1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley.
2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22, es decir, las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales, y solo pueden ser disueltas o suspendidas en sus actividades mediante resolución judicial motivada. 1.2.6.
Derecho y deber de trabajar (artículo 35)
1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discri minación por razón de sexo. 2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. 1.2.7.
Los Colegios Profesionales (artículo 36)
La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos. Los Colegios Profesionales son corporaciones de derecho público que vigilan o tutelan el ejercicio de profesiones para las que es necesario un título. 1.2.8.
Derechos a la negociación colectiva (artículo 37)
1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. 2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Las medidas de conflicto colectivo son aquellas distintas a la huelga y supone plantear hechos resueltos mediante acuerdo. 1.2.9.
La libertad de empresa (artículo 39)
Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. 1.3. Referencia a los principios rectores de la política social y económica
Los principios rectores de la política social y económica están en el Capítulo III del Título I. A pesar de denominarse principios rectores, se trata en realidad de derechos pero con la particularidad de que no son vinculantes para los poderes públicos, por lo que éstos no tienen la obligación de garantizar su disfrute a los ciudadanos ( su vulneración tampoco puede ser alegada ante Tribunales salvo que el derecho vulnerado esté desarrollado y garantizado a través de una ley). 1.3.1.
La protección de la familia (artículo 39)
Según el artículo 39, los poderes públicos han de prestar a la familia una protección integral, es decir, jurídica, económica y social . También se hace referencia a la necesaria protección de los hijos, tanto por parte de los poderes públicos (que han de considerarlos iguales ante la ley), como por parte de los padres, de modo que éstos han de prestar a sus hijos (tanto los habidos dentro como fuera del matrimonio), durante la minoría de edad asistencia, como también en los demás casos establecidos.
1.3.2.
Seguridad e higiene en el trabajo (artículo 40)
1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de l a renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. 2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. 1.3.3.
Régimen de Seguridad Social (artículo 41)
Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. 1.3.4.
La política del Estado con respecto a los emigrantes (artículo 42)
El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. 1.3.5.
Derecho a la protección de la salud (artículo 43)
1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. 1.3.6.
La cultura y la investigación (artículo 44)
1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. 2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. 1.3.7.
Derecho a disfrutar y deber conservar el medio ambiente (artículo 45)
Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Se recoge también el deber de conservar el medio ambiente, deber que corresponde tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos. Por ello, se entiende que la conservación del medio ambiente es un deber-óbligación, al establecer la Constitución la posibilidad de imponer sanciones ( penales o administrativas) o reparar el daño causado. 1.3.8.
Patrimonio histórico, cultural y artístico (artículo 46)
Se establece la obligación de los poderes públicos de garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen y su titularidad, así como la obligación de
que todos los ciudadanos tenemos que cuidar dicho patrimonio. Es también un deber-obligación, por lo que los atentados contra él serán sancionados por la ley penal. 1.3.9.
El derecho a la vivienda (artículo 47)
La vivienda es un derecho que la Constitución reconoce en exclusividad a los españoles. Son los poderes públicos los encargados de promover las condiciones para el pleno ejercicio de este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general ( y evitar especulación). 1.3.10. Los derechos de grupos especialmente sensibles o desfavorecidos: La discriminación positiva
Dentro de este grupo, suelen incluirse tr es artículo, el 48 sobre juventud, el 49 sobre disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, y el 50 sobre la tercera edad, en los que se incide en la necesidad de que los poderes públicos creen unas condiciones adecuadas para que, personas menos favorecidas o con más dificultades para el disfrute de sus derechos, puedan alcanzar un ni vel de participación y bienestar comparable al resto de ciudadanos. -
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La juventud. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que el Título I otorga a todos los ciudadanos. La tercera edad. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. 1.3.11. Defensa de consumidores y usuarios (artículo 51)
1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca. 3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. 1.3.12. Organizaciones profesionales (artículo 52)
La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. 2. Garantía y suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas 2.1. Garantías según el artículo 53 de la Constitución Española
Todos los derechos y libertades reconocidos en la Constitución en los Capítulos Segundo y Tercero del Título Primero (artículos de 14 a 52), necesitan un sistema de defensa y garantía, de
modo que cualquier ciudadano pueda exigir que se hagan efectivos. El artículo 53 distingue tres niveles de importancia en estos derechos, y para cada uno de ellos establece una forma de garantía y defensa. -
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Nivel superior de protección. Los derechos fundamentales y libertades públicas recogidas en los artículos de 15 a 29, junto con el principio de igualdad del 14, gozan de la máxima protección, de forma que: o Vinculan a todos los poderes públicos o Siguiendo el artículo 81, se exige ley orgánica para su desarrollo (no aplicable al artículo 14), siendo susceptible de recurso de inconstitucionalidad si no se respeta el contenido esencial del derecho. o Se puede pedir tutela del derecho o libertad fundamental ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario. o Se puede interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la violación de uno de estos derechos (también aplicable a la objeción de conciencia del artículo 30.2). Nivel medio de protección. Garantiza los derechos de los ciudadanos de los artículos de 30 a 38, los cuales: o Vinculan a todos los poderes públicos o Se exige ley, pero no orgánica, para su desarrollo o Estos derechos y libertades se garantizan con el recurso de inconstitucionalidad y no con el de amparo. Nivel mínimo de protección. Esta protección mínima la tienen los principios rectores de la política social y económica, de los artículos de 39 a 52. Se trata de mandatos morales que deben informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero no pueden ser legítimamente alegados en un procedimiento, si no han sido objeto de desarrollo legal. 2.2. Otras garantías
Están integradas por ciertas instituciones que se encuentran constitucionalmente legitimadas para la protección y defensa de los derechos y l ibertades del ciudadano. Entre ellas están: -
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Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las que el artículo 104 habilita para proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. El Ministerio Fiscal, a quien el artículo 124.1 encomienda la función de promover la defensa de los derechos de los ciudadanos, pudiendo así interponer recurso de amparo en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El Defensor del Pueblo, una institución garantizadora de los derechos y libertades de los ciudadanos. El artículo 54 le encomienda la defensa de los derechos del Título I y el artículo 162 y le legitima para interponer recurso de amparo en defensa de los derechos fundamentales 2.3. Suspensión
Esta materia se regula en el Capítulo V del Título, artículo 55. Existen una serie de situaciones en las cuales se pueden suspender los derechos y libertades reconocidos. 2.3.1.
Suspensión general (esquema 1.4)
De acuerdo con el art.116 de la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, en estos dos últimos estados pueden suspenderse algunos de los derechos fundamentales.
Procede declaración de estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. Estado de alarma. Lo puede declarar el Gobierno dando cuenta al Congreso, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones de la normalidad: catástrofes, calamidades o desgracias púbicas, terremotos, inundaciones, incendios o accidentes de gran magnitud, crisis sanitarias como epidemias y contaminación grave, desabastecimiento de productos de primera necesidad, paralización de servicios públicos esenciales en situación de huelga… Su duración no puede exceder los 15 días y puede ser prorrogada por el Gobierno previa autorización del Congreso. Si la situación solo afecta a una Comunidad Autónoma, el Presidente de la misma podrá proponer al Gobierno su declaración. Durante su vigencia no podrá suspenderse ningún derecho. Estado de excepción. El Gobierno puede, previa autorización del Congreso de los Diputados, declarar el estado de excepción cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos o cualquier otro aspecto de orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias sea insuficiente para restablecerlo y mantenerlo. Su duración no puede exceder de 30 días, pudiendo ser prorrogado por un plazo i gual de tiempo. El Gobierno podrá ponerle fin anticipadamente, dando cuenta al Congreso. Los derechos que pueden suspenderse en el estado de excepción son:
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Art. 17. El plazo de detención de 72 horas se amplía, sin que pueda exceder de 10 días. (Salvo punto 3 de formalidades exigibles para la detención) Art. 18.2. Inviolabilidad del domicilio. Art. 18.3. Secreto de las comunicaciones. Art. 19. Libertad de residencia. Art. 20.1.a. Libertad de expresión. Art. 20.1.d. Libertad de información y comunicación. Art. 20.5. Secuestro de publicaciones sólo por resolución judicial. Art. 21. Derecho de reunión. Art. 28.2. Derecho de huelga. Art. 37.2. Derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo.
Estado de sitio. Puede declararlo el Congreso de los Diputados (por mayoría absoluta) a propuesta del Gobierno, cuando se produzca o amenace una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios. En el caso de declaración del estado de sitio, pueden suspenderse, además de los anteriores derechos, las garantías jurídicas del detenido reconocidas en el artículo 13.7 (el detenido debe ser informado de sus derechos, garantizándosele la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales).
En el momento de su declaración, el Congreso deberá establ ecer la relación de delitos que, durante su vigencia, quedan sometidos a la jurisdicción militar. Cuestiones comunes a los tres estados.
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No se ha establecido su ámbito territorial, por lo que pueden ser declarados en todo o parte del territorio nacional Durante su vigencia no podrá disolverse el Congreso, siendo i nmediatamente convocado si no lo estuviese. Durante su vigencia no se interrumpirá el principio de responsabilidad de los poderes públicos
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Su declaración se debe publicar en el BOE, así como en todos los medios de comunicación públicos y en los privados que se determine. Durante su vigencia no se interrumpirá el funcionamiento de las Cámaras aunque, si éstas estuviesen disueltas, actuará por ellas la Diputación permanente. 2.3.2.
Suspensión individual
Es la que afecta a personas determinadas, relacionadas con investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. El artículo 55.2 establece la posibilidad de la Ley orgánica de Enjuiciamiento Criminal, determine los casos en que se podrán suspender los derechos a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones y la duración máxima de la detención preventiva (la duración máxima de 72 horas podrá prorrogarse por 48 horas más, hasta un máximo de 5 días).
