Revoca Retiro de la Acusación
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA SALA PENAL DE APELACIONES
EXPEDIENTE ESPECIALISTA IMPUTADO DELITO AGRAVIADO
: 328-2011-60-1401-SP-PE-01 : ROSA DE LA CRUZ QUISPE : EMIDT FREDDY ROJO CUNZA, OTROS : USURPACION Y OTROS : SANTA MARIA VIRGEN DE LA CARIDAD Y OTROS
RESOLUCION N° 31 Ica, quince de agosto agosto del año dos mil doce.AUTOS, VISTOS Y OIDOS: En audiencia pública; interviene como Juez Superior ponente el señor COAGUILA CHÁVEZ. PRIMERO: Objeto de grado Viene en grado de apelación la resolución número veintitrés emitida en la audiencia del veintinueve de mayo del año en curso, que resuelve declarar fundada la solicitud de retiro de la acusación formulada, y devolución de la misma con todos sus anexos, la que es recurrida por el actor civil mediante escrito de fojas seiscientos tres a seiscientos seis. SEGUNDO: Fundamentos de la decisión judicial apelada 2.1 Refiere el A quo que si bien es cierto, tal como lo manifiesta la defensa técnica del actor civil, el numeral 352 inciso 2 del Código Procesal Penal establece que si los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis, el Juez dispondrá la devolución de la acusación y suspenderá la Audiencia por cinco días para que corrija el defecto; señala que también es cierto lo manifestado por la representante del Ministerio Público, respecto al numeral 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo 052, que señala que los Fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus funciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen mas arreglada a los fines de su institución, por lo que siendo un cuerpo jerárquicamente jerárquicamente organizado organizado deben sujetarse sujetarse a las instrucciones que pudieran impartirles sus superiores. 2.2 Dice que mal haría ese Despacho en obligar a la representante del Ministerio Público a sustentar una acusación que según su propia versión carece de vicios y errores que deben ser subsanados por su parte, ello debido a la independencia de criterio que establece la Ley Orgánica de su representada, puesto que no necesariamente debe compartir el criterio o postura de los Fiscales que se han inhibido de conocer la
presente acción, ello aún cuando cause malestar a la parte agraviada debido a que el proceso se esta dilatando innecesariamente. Por lo antes señalado declara fundada la solicitud de retiro de la acusación formulada y devolución de la misma con todos sus anexos, a fin de que a la brevedad proceda conforme a sus atribuciones, conferidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal.
TERCERO: Postulación de la apelación (folio 603 a 606), opinión del Ministerio Público y posición de la parte acusada 3.1 La defensa de los agraviados en su escrito de apelación, solicita que luego de merituados los hechos y pruebas, en estricta observancia de las normas y mas aun con verdadero criterio de conciencia, se resuelva por revocar en todos sus extremos la recurrida y reformándola se sirva declarar infundado y/o improcedente en todos sus extremos el irregular e ilegal pedido incoado por el propio defensor de la legalidad; consecuentemente, retrotrayendo las actuaciones procesales al estadio procesal pertinente, se resuelva por ordenar se instale y a la vez se continúe con la audiencia de control de acusación. 3.2 Que el veintinueve de mayo, el A quo luego de instalar la audiencia de control de acusación, estando a lo resuelto y ordenado por la Sala mediante resolución número veinte de fecha 10 de mayo del 2012, resuelve declarar la improcedencia de la reiteración del pedido por demás ilegal incoado por parte del Ministerio Publico sobre la nulidad de su propia disposición fiscal que versa sobre acusación directa, en manifiesta contravención de las normas adjetivas penales, las que tienen el carácter de imperativas y de obligatorio cumplimiento. Que, mediante un actuar inexcusable resuelve por amparar el irregular, extraño e ilegal pedido de retiro de acusación formulado en forma por demás increíble por el propio defensor de la legalidad, ello en pleno desarrollo de audiencia de control de acusación. 3.3 Dice que estando a lo esgrimido, es de advertirse flagrante contravención a las normas de orden procesal penal, la cual deviene en manifiesto atropello al derecho de defensa que le asiste en su condición de actor civil, esto en abierta transgresión y afectación del debido proceso, y que crea un nefasto precedente en la administración de justicia, máxime si estando a los propios y por demás desencajados términos de la recurrida, ha resuelto por amparar un pedido por demás ilegal, alejado en todos sus extremos de todo contexto normativo, todo ello con las penosas consecuencias de crear un nefasto precedente en la administración de justicia. 3.4 Señala que mediante la recurrida, el A quo, estando a los hechos y pruebas, ha resuelto por amparar un imposible jurídico, relacionado específicamente al retiro de una acusación fiscal, incoado por el propio persecutor público, acusación que conforme es de pleno y entero conocimiento por el A quo, fue pasible de subsanación, habiendo
recurrido extrañamente a recoger como supuesto basamento legal para ello, en una forma por demás sorprendente, lo regulado en el artículo 5 del Decreto Legislativo número 052, es decir en sencillas palabras, cohonestó el supuesto y por demás pobre y desencajado amparo legal en que sustento la representante del Ministerio Publico (ente corporativo), su ilegal pedido de retiro de acusación, desconociendo y apartándose abierta y flagrantemente de las normas legales reguladas en nuestra norma adjetiva penal, para ser mas exactos lo informado o regulado en forma taxativa es decir en forma indubitable en el artículo 352 numeral 2 de la norma procesal. 3.5 Dice que debe tenerse presente al momento de resolver, que mediante la recurrida se contraviene principios procesales como el de economía y celeridad procesal, los que por parte del A quo, no han sido tomados en cuenta, en su condición de funcionario supra partes, esto además de los principios de preclusión y convalidación, pues lejos de actuar en su condición de ente veedor e imparcial, ha desconocido abierta y flagrantemente todo un contenido normativo de carácter procesal, el cual además es de cumplimiento imperativo. 3.6 Por su parte el señor Fiscal Superior solicita se declare nula la resolución recurrida conforme al articulo 150° inciso d) del Código Procesal Penal, siendo que la resolución apelada en los considerandos cuarto y quinto, se aprecia una motivación aparente, habiendo indicado el órgano jurisdiccional que no puede obligar al Ministerio Público a que formule acusación, devolviendo los actuados al fiscal para que actué con arreglo a sus atribuciones, siendo lo correcto seguir lo establecido en el articulo 352° numeral 2. Asimismo señala que el retiro de acusación se realiza en el juzgamiento, solicitando se revoque la resolución apelada, debiéndose realizar la audiencia de control. Con relación a la resolución que presentó la defensa de los investigados, dijo que la misma ha sido emitida en primera instancia y no es vinculante para el Colegiado. Asimismo señala que el fundamento fáctico de la resolución recurrida y del audio, se advierte que el fiscal recién ese día tomo conocimiento de la carpeta, haciéndose notar que era probable que no compartía el criterio con los otros fiscales, pero que la fiscal no menciono que no haya delito y que estaba convencida que los imputados no serian responsables, mas aun si la fiscal preciso que era probable que no comparta el criterio adoptado. Señala que en el fondo, ha pedido un retiro de acusación de manera equivocada, pero lo procesalmente correcto era que se pida la aplicación del inciso 2), articulo 352 del Código Procesal Penal, es decir que devuelva la carpeta para analizarla nuevamente y señale nueva fecha como indica la norma, más aun si no era el estadio procesal.
3.7 Por otro lado, la defensa de los imputados señala que el retiro de la acusación se puede realizar en la etapa intermedia, donde se puede aplicar el articulo 387° inciso 4 del Código Procesal Penal conforme a la
abundante jurisprudencia existente, habiendo retirado el fiscal la acusación dado que advirtió una serie de irregularidades. También señala que el retiro de la acusación es inimpugnable por el agraviado, siendo potestad del Ministerio Público el retiro de acusación, por lo que solicita que se reforme la resolución venida en grado y se tenga por retirada la acusación; dicha parte acompaña una resolución del Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. Agrega que sin acusación no hay juicio, no pudiendo ordenar el Poder Judicial que se formule acusación, por lo que estando a su retiro, existe sustracción de la materia. C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Argumentos normativos 1.1 El artículo 139 de la Constitución Política del Estado, establece en el inciso 3, que es principio y derecho de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso. 1.2 El artículo 5 del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, señala que los Fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su institución. Siendo un cuerpo jerárquicamente organizado, deben sujetarse a las instrucciones que pudieren impartirles sus superiores. 1.3 El artículo 352.2 del Código Procesal Penal, establece que si los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis del Ministerio Público, el Juez dispondrá la devolución de la acusación y suspenderá la audiencia por cinco días para que corrija el defecto; en los demás casos el Fiscal, en la misma audiencia, podrá hacer las modificaciones, aclaraciones o subsanaciones que corresponda, con intervención de los concurrentes. 1.4 El artículo 387.4 del Código Procesal Penal, señala que si el Fiscal considera que los cargos formulados contra el acusado han sido enervados en el juicio, retirará la acusación. SEGUNDO: Análisis jurisdiccional 2.1 La acusación fiscal es un acto de postulación del Ministerio Público, que promueve en régimen de monopolio en los delitos sujetos a persecución pública (artículos 159°.5 de la Constitución, 1° y 92° de la Ley Orgánica del Ministerio Público). Mediante la acusación la Fiscalía fundamenta y deduce la pretensión penal, esto es, la petición fundamentada dirigida al órgano jurisdiccional para que imponga una sanción penal a una persona por la comisión de un hecho punible que se afirma ha cometido. La Fiscalía, en virtud del principio de legalidad u obligatoriedad, está obligada a acusar cuando las investigaciones ofrecen base suficiente sobre la comisión del hecho punible atribuido al imputado (expresamente, artículo 344°.1 del Código Procesal Penal).
La acusación fiscal debe cumplir determinados requisitos que condicionan su validez, y que corresponde controlar al órgano jurisdiccional. Con independencia de los presupuestos procesales, cuya ausencia impide al órgano jurisdiccional entrar a examinar el fondo de la pretensión, la acusación fiscal debe expresar, de un lado, la legitimación activa del fiscal como tal -cuya intervención sólo es posible en los delitos de persecución pública- y la legitimación pasiva del acusado, quien desde el Derecho penal debe tratarse no sólo de una persona física viva sino que ha debido ser comprendido como imputado en la etapa de instrucción o investigación preparatoria y, por ende, estar debidamente individualizado. De otro lado, desde la perspectiva objetiva, la acusación fiscal ha de respetar acabadamente los requisitos objetivos referidos a la causa de pedir: fundamentación fáctica y fundamentación jurídica, y al petitum o petición de una concreta sanción penal1[1]. 2.2 El Código Procesal Penal en el artículo 344.1° precisa que dispuesta la conclusión de la investigación preparatoria, el Fiscal decidirá en el plazo de quince días si formula acusación, siempre que exista base suficiente para ello, o si requiere el sobreseimiento de la causa. Así, los artículos 345° al 347°, han regulado el trámite a seguir ante un requerimiento de sobreseimiento, mientras que los artículos 350° al 352° regulan lo propio respecto al requerimiento de acusación. En ambas situaciones, el Juez deberá pronunciarse exclusivamente sobre la petición del Ministerio Público, sea de archivar la causa o de continuarla de cara a su transición al juicio oral. El Código Procesal Penal, no se ha expresado ante un pedido de retiro de acusación en la etapa intermedia.
2.3 En el caso de autos, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Palpa, en la resolución que se revisa ha resuelto: “…declarar FUNDADA: La solicitud de retiro de la acusación formulada, y devolución de la misma con todos sus anexos, en consecuencia; Téngase por retirada la acusación de folios uno y siguientes, subsanada a folios cincuenta y ocho y siguientes, disponiéndose la devolución de la misma con todos sus anexos, a fin de que a la brevedad posible proceda conforme a sus atribuciones, conferidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal.”
Teniendo en cuenta lo antes señalado y considerando además que la parte impugnante ha solicitado se revoque la resolución, que el Ministerio Público en esta instancia, ha requerido se declare su nulidad por no encontrarse conforme, y por otro lado la defensa de los acusados ha solicitado que se confirme la resolución, corresponde 1[1] Fundamento jurídico número 6 del Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-116 del V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.
evaluar la misma, teniendo en consideración los dispositivos inicialmente mencionados. En primer término, el Colegiado considera que conforme se ha consignado en el acta de veintinueve de mayo del año dos mil doce – ver fojas quinientos noventa y seis-, el Ministerio Público requirió: “…señala que la carpeta recién la ha traído de la Fiscalia superior nazca, y que la fecha de notificación para la audiencia que lo convocan, recién la han alcanzado el día de la fecha y adjunta memorando al encargado de mesa de partes, de otro lado, sabe que la carpeta judicial se encontraba en la Sala Superior Penal de Ica, y recien regreso el veintitrés de mayo del presente año, sin embargo a podido revisar, de manera genérica, y al igual que el anterior fiscal, avisora vicios de nulidad, defectos de la acusación, así como irregularidades como una investigación preliminar de doscientos días, una acusación directa sin formalizar por dos delitos cuando en sí son cinco delitos, la apertura de unos delitos, la ampliación por otros delitos, y la prorroga de la investigación de otros delitos, así como, no comparte la teoría del caso del fiscal Juan Carlos Herrera Cestti, así mismo, indica que conforme el artículo 5° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, señala que los fiscales tienen independencia de criterio y otros argumentos que queda registrado en audio…” . Así, es evidente que la
Fiscal Rojas Falcón no formula un requerimiento de retiro de acusación propiamente dicho, esto es que no ha señalado que el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele a los imputados, que el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad, que la acción penal se ha extinguido, o que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de los imputados; en otras palabras, no ha dicho que los cargos formulados en contra de los investigados se hayan enervado, sino lo que ha dicho es que no ha tenido tiempo suficiente para revisar la carpeta fiscal, y que nota irregularidades en la acusación. El juez A quo, también en error, ha dicho en su resolución, que se tiene por retirada la acusación y que se devuelve la misma con todos sus anexos, cuando lo correcto era proceder conforme lo dispuesto por el artículo 352.2 del Código Procesal Penal -esto excepcionalmente por una segunda oportunidad, toda vez que la norma no lo prohíbe- para que se subsanen los errores en que se hubiese incurrido por parte del Ministerio Público, dándose si fuese el caso, la posibilidad de un requerimiento mixto, esto es, sobreseimiento y acusación. 2.4 La defensa de los investigados ha dicho que sin acusación no puede haber juicio, y ha citado múltiple jurisprudencia, habiendo alcanzado sólo una resolución del Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo; sin embargo, el caso resuelto en dicha ciudad, es totalmente diferente al que se revisa, toda vez que en dicho proceso, la fiscalía retiró la acusación y presentó en su defecto un nuevo requerimiento de sobreseimiento.
Teniendo en cuenta lo antes señalado, es obvio que no obra pedido válido de retiro de acusación, sino lo que el Ministerio Público pidió, fue la devolución de la carpeta fiscal para una reevaluación. 2.5 A mayor abundamiento, el retiro de la acusación por el Ministerio Público en la etapa intermedia, en rigor no puede ser materia de pronunciamiento jurisdiccional, sea aprobándolo o desaprobándolo, situación que no se condice con el estado del proceso penal, al devenir en un imposible jurídico, pues la misma se produciría sin audiencia, sin debate y sin control, supuestos necesarios en este tipo de requerimientos. Siendo esto así, corresponde revocar la resolución venida en grado, y disponer se continúe con el trámite dispuesto en el artículo 352.2 del Código Procesal Penal, al haberse advertido defectos en la acusación que requieren un nuevo análisis por parte del Ministerio Público, tal como lo ha indicado el Fiscal Superior, por lo que debe devolverse la acusación y suspenderse la audiencia por cinco días, por esta única vez, para que se corrijan los defectos advertidos.
Por tales consideraciones: 1. DECLARAMOS: FUNDADO el recurso de apelación formulado por la defensa técnica del actor civil. 2. REVOCAMOS la resolución número veintitrés emitida en la audiencia del veintinueve de mayo del año en curso, que resuelve declarar fundada la solicitud de retiro de la acusación y devolución de la misma con todos sus anexos; 3. REFORMANDOLA DECLARAMOS, improcedente el supuesto requerimiento de retiro de acusación; DISPONEMOS, que se continúe con el trámite dispuesto en el artículo 352.2 del Código Procesal Penal, debiendo darse cumplimiento a lo señalado en la presente resolución. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.SS COAGUILA CHÁVEZ JARA PEÑA TRAVEZAN MOREYRA
