CONCURSOS Y QUIEBRAS
EL PATRIMONIO El patrimonio: a) es una universalidad jurídica b) que, conforme a lo establecido por el Art. 2311 del Código Civil, es el conjunto de bienes de una persona, los cuales comprenden: b.1) los objetos inmateriales susceptibles de tener un valor, es decir, los derechos patrimoniales b.2) las cosas c) y que configura la garantía común de los acreedores, de la cual solamente están excluidos algunos bienes determinados legalmente d) a lo que cabe agregar que es: d.1) único, más allá de que la ley permita la existencia de patrimonios de afectación, como es el caso del fideicomiso, contemplado por la ley 24.441, o del bien de familia, contemplado por la ley 14.394 d.2) inalienable, en el sentido que es un atributo de la personalidad que toda persona tiene por el solo hecho de ser persona
TUTELA JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS 1) Introducción: La tutela jurisdiccional de los derechos subjetivos consiste, como su nombre lo indicia, en la protección que el poder judicial da a los derechos subjetivos, los cuales: a) según Lorenzo Gardella, consisten en la facultad que tiene cada sujeto de exigir “lo suyo”, que, a su vez, se corresponde con un deber de justicia de otro sujeto b) pueden ser sometidos a un doble criterio clasificatorio, puesto que: b.1) según su contenido pueden ser: patrimoniales, que son los objetos inmateriales susceptibles de tener un valor y comprenden los derechos personales, los derechos reales y los derechos intelectuales extrapatrimoniales, que son los objetos inmateriales insusceptibles de tener un valor, como es el caso de los derechos de la personalidad y de la mayoría de los derechos de familia, aclarando que, si bien estos derechos no son susceptibles de tener un valor, su violación da lugar a un derecho subjetivo patrimonial, consistente en la posibilidad de reclamar la reparación integral de los daños y perjuicios ocasionados b.2) según su alcance o extensión pueden ser: absolutos, que son aquellos que son oponibles erga omnes, como es el caso de los derechos reales y de los derechos intelectuales relativos, que son aquellos que son oponibles a una o varias personas determinadas, como es el caso de los derechos personales 2) La acción individual Ahora bien, en caso de que un derecho subjetivo sea violado, su titular puede iniciar una acción individual reclamando la reparación integral de los daños y perjuicios ocasionados, la cual consistirá, en principio, en la satisfacción de la prestación srcinaria más el resarcimiento de los daños ocasionados por el cumplimiento tardío, y, en su defecto, en la indemnización de daños y perjuicios causados a raíz del incumplimiento definitivo, y, a tales fines, el juez le fijará un plazo para que cumpla con la prestación correspondiente: a) si el condenado cumple voluntariamente la prestación dentro del plazo fijado por el juez, el conflicto de intereses llega a su fin b) si el condenado no cumple voluntariamente la prestación dentro del plazo fijado por el juez, el que ha vencido en el juicio puede agredir el patrimonio del condenado por medio de la ejecución forzada o coactiva, puesto que éste configura la garantía común de los acreedores Así, en el campo del proceso individual, en principio, se hace presente JUSTICIA la CONMUTATIVA , que consiste en dar a cada uno lo suyo en su totalidad, y esto es así porque el que ha obtenido una sentencia favorable logra efectivamente la reparación integral del daño que ha sufrido, y, en caso de que concurran varios acreedores demandantes y los bienes del deudor demandado sean escasos: a) el 1er orden de cobro consiste en la jerarquía de los diferentes créditos, según los privilegios del derecho común, y no del derecho concursal, que puedan tener
b) y el 2do orden de cobro consiste en la prelación temporal c) de manera tal que: c.1) en 1er lugar, si hay acreedores privilegiados, van a cobrar éstos c.2) en 2do lugar: si hay acreedores privilegiados, una vez que cobraron los mismos, se reparten los bienes sobrantes entre los acreedores quirografarios si no hay acreedores privilegiados, se reparten la totalidad de los bienes entre los acreedores quirografarios y la repartición de dichos bienes no se efectúa proporcionalmente o conforme a principios de igualdad, sino en base a la regla “1ero en el tiempo, mejor derecho de cobro”, siendo 1ero en el tiempo el acreedor que embargó antes que los demás el bien o los bienes cuyo producto escaso se disputa 3) El proceso colectivo: En cambio, en el proceso concursal, en el cual existen varios acreedores y los bienes que tiene el deudor en su patrimonio no son suficientes como para afrontar las obligaciones que tiene con todos ellos, se hace presente la JUSTICIA DISTRIBUTIVA , que consiste en que el patrimonio del deudor será distribuido proporcionalmente entre cada uno de los acreedores, sin que todos ellos puedan llegar a lograr efectivamente la reparación integral del daño que han sufrido. Así, la ley permite el paso de la justicia conmutativa a la justicia distributiva a través del proceso concursal por la existencia de un presupuesto objetivo que es la cesación de pagos 4) Ejecución forzada colectiva y diferencias con la individual: La ejecución individual, que es la forma ordinaria para tutelar jurisdiccionalmente los derechos subjetivos de créditos incumplidos, resulta insatisfactoria cuando hay pluralidad de acreedores que concurren sobre bienes escasos, y, por tal motivo, surge la ejecución forzada colectiva o proceso de quiebra, que viene a suplir las deficiencias propias de aquélla, lo cual se evidencia si tenemos en cuenta el siguiente cuadro comparativo Ejecuciónindividual
Ejecuciónforzada colectiva
La ejecución permite que,ellos existiendo En forzadamejor colectiva no seenaplica prioridad acreedores de individual igual rango, uno de cobre temporal la2 la ejecución que asigna derecho las la ejecuciones totalidad de su crédito y el otro no cobre porcentaje individuales, e, incluso, las cautelas obtenidas en las alguno de su crédito, por el mero hecho de que aquél ejecuciones individuales no asignan prioridad alguna en el fue más rápido a la hora de embargar los bienes del proceso de quiebra, de manera tal que la rapidez del acreedor deudor cuyo producto escaso se disputa, puesto que, en embargar los bienes de su deudor no se traduce en ventaja en el proceso individual: a) el 1er orden de cobro alguna para aquél si después se declara la quiebra de éste, consiste en la jerarquía de los diferentes créditos, puesto que, en el proceso concursal: a) el 1er orden de cobro según los privilegios del derecho común, y no del consiste en la jerarquía de los diferentes créditos, según los derecho concursal, que puedan tener los acreedores, privilegios que puedan tener los acreedores, que, como regla b) y el 2do orden de cobro consiste en la prelación general, serán del derecho concursal, y, excepcionalmente, del temporal derecho común cuando la propia ley concursal remite a ellos, b) y el 2do orden de cobro se efectiviza proporcionalmente o a prorrata, es decir, que todos los acreedores iguales cobran igual porcentaje y soportan igual pérdida, lo cual configura el principio de la paridad de trato, que rige en materia concursal, y no en materia individual El presupuesto objetivo de la ejecución individualEl es presupuesto objetivo de la ejecución forzada colectiva es el el incumplimiento de la obligación que el deudor estado de cesación de pagos del patrimonio del deudor, de contrajo en favor del acreedor, de manera tal quemanera el tal que el acreedor que aún no tiene un crédito exigible acreedor que aún no tiene un crédito exigible no puede concurrir para ser reconocido y cobrar en la distribución puede promover la ejecución individual ni puede falencial, lo cual consagra uno de los efectos propios de la participar en el reparto del producto de los bienes que quiebra, que consiste en el vencimiento anticipado de las otros acreedores estén llevando a cabo obligaciones con plazo pendiente a la fecha de la quiebra Las ejecuciones individuales, al tramitar La ejecución forzada colectiva, en cambio, configura un independientemente en diferentes tribunales: supuesto a) de competencia por fuero de atracción, es decir, que dificultan el control recíproco entre los acreedores,consiste b) en un proceso único: a) que permite, no solamente que y hacen que la administración de justicia se torne más el deudor controle la actividad del acreedor y que éste controle lenta y más onerosa la actividad de aquél, sino que los acreedores ejerzan un control
recíproco entre sí, denominado control multidireccional, b) y que se rige por los principios de concentración, de celeridad y de economía En las ejecuciones individuales, por estar en juego En la ejecución forzada colectiva, en cambio, rige el principio únicamente intereses privados, rige el principio de la oficiosidad o de la inquisitoriedad atenuada, que se dispositivo, en virtud del cual el acreedor traduce en mayores poderes para el juez concursal y en algunas demandante y el deudor demandado tienen amplias facultades para el síndico, y esto es así porque, si bien el facultades de disposición del crédito y del proceso proceso en concursal compromete fundamental y primariamente a sí, de manera tal que puede producirse cualquier tipo los intereses privados del deudor y de sus respectivos de desigualdad, a raíz de la actitud que el deudor acreedores, también compromete intereses públicos, puesto demandado adopte en alguna o en algunas de las que, al afectar masivamente al crédito, afecta también a la ejecuciones si quiere favorecer a algunos acreedores sociedad toda, sobre todo cuando el patrimonio quebrado está en detrimento de otros, sin que el juez de cada una afectado de a actividades comerciales esas ejecuciones puede tomar decisiones para impedirlo, y es así que, por Ej., el deudor puede no defenderse en un juicio y atacar en el otro En las ejecuciones individuales: a) las eventuales En la ejecución forzada colectiva, en cambio: a) el quebrado medidas cautelares que se dispongan no provocan resulta el desapoderado de sus bienes, al no poder administrarlos desapoderamiento de los bienes del deudor, b) y no ni disponerlos, ya que esta actividad es delegada en el síndico, hay, en principio, inhabilitaciones generales de ylaeste desapoderamiento recae sobre todos los bienes del persona del deudor patrimonio, salvo las excepciones legalmente determinadas, b) y el deudor quebrado es inhabilitado personalmente, lo cual le impone numerosas restricciones a sus actividades, sobre todo en la esfera comercial y empresarial En las ejecuciones individuales, si el deudor En la ejecución forzada colectiva, si el deudor transfiere bienes transfiere bienes para eludir responsabilidades frente para eludir responsabilidades frente a los acreedores, la al acreedor, éste, para revertir la inexistencia o legislación la concursal establece acciones de ineficacia insuficienciatendrá de bienes con losa que concursal, su fácil prueba, que demandan másconcursales cortos, y son simples yo acreencia, que acudir las efectivizar acciones de y, estas trámites ineficacias restringen simulación y de fraude o pauliana de la legislación invalidan los efectos de ciertos actos llevados a cabo por el común, que demandan trámites largos, y son deudor después de la declaración, o, antes de ésta, en el período complejas y de difícil prueba de sospecha
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESOCONCURSAL El proceso concursal se rige por los siguientes principios generales: 1) El principio de la universalidad, según el cual el proceso concursal reviste una universalidad objetiva, subjetiva y procesal: 1.a) La universalidad objetiva apunta a que en el proceso concursal, tal como lo establece el 2do párrafo del Art. 1 de la LCQ, está en juego todo el patrimonio del deudor, con la sola excepción de los bienes que, por disposición legal, están excluidos de la garantía común de los acreedores, lo cual se evidencia, por Ej., si observamos el Art. 107 de la LCQ, que constituye la norma genérica sobre bienes sujetos a desapoderamiento en la quiebra 1.b) La universalidad subjetiva apunta a que todos los acreedores del deudor concursado que quieran hacer efectiva su acreencia deben ingresar en el proceso concursal, salvo las excepciones previstas legalmente, sin que puedan de manera sobreviniente iniciar acciones individuales, lo cual evidencia que el hecho de ingresar en el proceso concursal no es una obligación que pesa sobre los acreedores del deudor concursado, sino una carga procesal, es decir, un imperativo de la ley en protección de sus propios intereses, y es así que, por Ej., la LCQ impone la carga de verificar los créditos a todos los acreedores y prohíbe deducir o proseguir juicios de contenido patrimonial contra el deudor en el concurso preventivo y contra el quebrado 1.c) La universalidad procesal apunta a que en los procesos concursales se da un supuesto de competencia por fuero de atracción, que solamente admite las excepciones previstas expresamente por la ley, lo cual da lugar a la unidad o unicidad del proceso concursal, que apunta a que si en el proceso concursal todos los acreedores de un deudor tienen pretensiones sobre latotalidadde su patrimonio, no cabe otra alternativa que afirmar que un juez único debe entendertodas las causas que sean consecuencia de las pretensionestodos de esos acreedores sobre todo el patrimonio del deudor, sin perjuicio de que esta unidad o unicidad del proceso concursal, que se da en el
ámbito territorial del país, no se da en el ámbito internacional, donde sigue prevaleciendo el sistema de la pluralidad de concursos 2) El principio de la concursabilidad o de la colectividad, que se condice con el principio de la universalidad subjetiva, puesto que apunta a la carga procesal que pesa sobre el acreedor referente al ingreso en el proceso concursal 3) El principio de la oficiosidad o de la inquisitoriedad atenuada, que consiste en que: 3.a) No se da una oficiosidad plena como la que se da en el proceso penal 3.b) Pero tampoco se da una disponibilidad plena como la que se da en el proceso civil y comercial 3.c) Sino que se da una situación intermedia, que es consecuencia de que, si bien el proceso concursal compromete fundamental y primariamente a los intereses privados del deudor y de sus respectivos acreedores, también compromete intereses públicos, puesto que, al afectar masivamente al crédito, afecta también a la sociedad toda, sobre todo cuando el patrimonio quebrado está afectado a actividades comerciales: Como Ej. de rasgo dispositivo dentro del proceso concursal podemos citar el de que los acreedores deben pedir la verificación de sus créditos para acceder a la concurrencia Como Ej. de rasgo inquisitivo dentro del proceso concursal podemos citar el de que el juez, en la determinación del pasivo concursal, puede no reconocer los créditos que él estime improcedentes, aunque ellos no hubiesen sido cuestionados por el deudor, los acreedores ni el síndico Pero, sin embargo, no debe perderse de vista que los rasgos inquisitivos predominan con respecto a los dispositivos 4) El principio de la paridad de trato, que es un principio fundamental del cual derivan los demás, y que es la consagración de la justicia distributiva en el ámbito del proceso concursal, sin perjuicio de que: 4.a) No se trata de una justicia distributiva absoluta, que consistiría en que todos cobren a prorrata, es decir, que todos participen del total en proporción al crédito detentado 4.b) Sino de una justicia distributiva que encuentra excepciones en materia de privilegios, que, sin embargo, no rompe el principio en cuestión, puesto que: Todos los acreedores privilegiados son tratados igualitariamente, de manera tal que, en caso de que el patrimonio no sea suficiente para afrontar las obligaciones que el deudor tiene para con todos ellos, los mismos cobrarán a prorrata Todos los acreedores quirografarios son tratados igualitariamente, de manera tal que, en caso de que el patrimonio no sea suficiente para afrontar las obligaciones que el deudor tiene para con todos ellos, los mismos cobrarán a prorrata
LA LEY DE CONCURSOS 1) Tipos de procesos regulados: Concurso es un vocablo genérico que reconoce 3 especies, que son: a) Por un lado, elacuerdo preventivo extrajudicialy el concurso preventivo , que son procesos concursales conservativos, preventivos o reorganizativos, es decir, procesos concursales en los cuales media una autocomposición de intereses que permite conservar o reorganizar la empresa, o, lo que es lo mismo, procesos concursales que tienden a prevenir la quiebra b) Por otro lado, laquiebra, que es un proceso concursal liquidatorio o ejecutivo, es decir, un proceso concursal en el cual media una heterocomposición de intereses que no permite conservar o reorganizar la empresa, sino que, por el contrario, persigue la liquidación de los bienes del patrimonio del deudor c) Y, justamente, porque los procesos concursales conservativos, preventivos o reorganizativos son los únicos que permiten que la empresa siga funcionando, son privilegiados por la ley 24.522, en desmedro de los procesos concursales liquidatorios o ejecutivos
2) Características de la ley concursal: La ley concursal, que modifica importantemente la ley sustancial, puesto que aquélla tiende hacia la justicia distributiva y ésta tiende hacia la justicia conmutativa, reviste las siguientes características:
a) En 1er lugar, es excepcional, en el sentido que se aplica sólo cuando hay un proceso concursal abierto, y, justamente, por ser excepcional, cuando se aplica la ley concursal sus reglas prevalecen sobre las de la ley sustancial b) En 2do lugar, es imperativa, en el sentido que la mayoría de las reglas concursales, al ser de orden público, no pueden ser dejadas sin efecto por las partes c) Y, en 3er lugar, lo que se discute en el ámbito doctrinario, es la naturaleza de la norma concursal, en el sentido que: Un sector de la doctrina entiende que la norma concursal es solamente procesal, puesto que el paso de la justicia conmutativa a la justicia distributiva solamente es un cambio procesal de las características propias del proceso individual para adecuarlo a las exigencias del procedimiento colectivo Otro sector de la doctrina entiende que la norma concursal es procesal y sustancial: Procesal, porque la ley concursal regula los procesos concursales, que tienen características especiales Sustancial, porque la ley concursal también regula los derechos de fondo de los sujetos involucrados, 1 modificando, como ya dijimos, las prescripciones de la ley sustancial
LOS PRESUPUESTOS La apertura de un proceso concursal exige que se dé un presupuesto objetivo, que alude a las condiciones del patrimonio, y un presupuesto subjetivo, que alude a la persona titular de dicho patrimonio
EL PRESUPUESTO OBJETIVO: LA CESACIÓN DE PAGOS 1) Introducción:Como regla general, la cesación de pagos, y no el mero incumplimiento, es el presupuesto objetivo del proceso colectivo, tal como lo establece el 1er párrafo del Art. 1 de la ley 24.522, pero, excepcionalmente, no lo es: a) En el concurso por agrupamiento, en el que el estado de cesación de pagos de uno de los integrantes del agrupamiento permite el concurso preventivo de todo el grupo económico, siempre que aquel estado pueda afectar a los demás integrantes del agrupamiento (Art. 66 LCQ) b) En el acuerdo preventivo extrajudicial, en el cual el deudor puede estar en estado de cesación de pagos o en dificultades económicas o financieras de carácter general, es decir, en un estado de crisis o de preinsolvencia (Art. 69 LCQ) c) En la quiebra extranjera o transnacional, en la que la sentencia dictada en el extranjero que abre el concurso faculta al deudor cuyo concurso fue declarado en el extranjero, o al acreedor cuyo crédito es pagadero en nuestro país, a pedir la declaración de la quiebra en la República Argentina, aún cuando el deudor no haya estado de cesación de pagos (Art. 4 LCQ) d) En la quiebra por extensión, que comprende 2 supuestos, que son: d.1) por un lado, el contemplado por el Art. 160 de la LCQ, que establece que la quiebra de la sociedad importa la quiebra de sus socios con responsabilidad ilimitada d.2) por otro lado, el contemplado por el Art. 161 de la LCQ, que establece la quiebra sancionatoria (Arts. 160 y 161 LCQ) 2 e) En el concurso del garante , al que se le aplican las disposiciones relativas al concurso por agrupamiento, permitiéndole al garante que, sin estar en estado de cesación de pagos, pida su propio concurso preventivo, cuando su garantizado esté en cesación de pagos (Art. 68 LCQ) 2) Características de la cesación de pagos: La cesación de pagos reviste 3 grandes características, que son la exteriorización, la generalización y la permanencia: 1) La exteriorización implica que la cesación de pagos, que es una situación interna del patrimonio del deudor, debe ser exteriorizada por cualquier medio, y es así que la LCQ establece que el acreedor que pida la quiebra debe acreditar que tiene un crédito exigible que pesa sobre el deudor y que existe un hecho revelador del estado de cesación de pagos, que, por Ej., puede ser uno de los enumerados por el Art. 79 de la ley 24.522 2) La generalización implica que la cesación de pagos debe manifestarse en todo el patrimonio del deudor y no solamente en un sector del mismo 3) La permanencia implica que la cesación de pagos no es una mera situación fáctica circunstancial, sino que, por el 1
La cátedra se enmarca en esta última postura doctrinaria El hecho de considerar a la quiebra del garante una situación excepcional es una situación controvertida, pero la cátedra entiende que es una verdadera excepción 2
contrario, es un estado del patrimonio, pudiéndose diferenciar, de esta manera, a la cesación de pagos de las crisis temporales y transitorias que no justifican la apertura de un proceso concursal 3) Teorías sobre la cesación de pagos A lo largo de la historia, se sucedieron 3 teorías que intentaron determinar qué es la cesación de pagos, y éstas fueron la teoría materialista, la teoría intermedia y la teoría amplia: 1) La teoría materialista, que fue la 1era que se dio en el tiempo y tuvo sus orígenes en el derecho romano, sostuvo que el presupuesto de la quiebra era el mero incumplimiento, es decir, que el deudor, por el sólo hecho de incumplir, y con prescindencia de las causas del incumplimiento y de su estado patrimonial, quedaba en cesación de pagos, lo cual era una lógica consecuencia de que, en esa época, era moralmente inaceptable el incumplimiento, y, en consecuencia, éste era pasible de severísimas sanciones 2) La teoría intermedia, que fue superadora de la teoría materialista y que tuvo sus orígenes a fines del siglo 19, con el advenimientoeldel industrialismo y depuesto la producción sostuvoquede que en el cesación presupuesto de la se quiebra no que era necesariamente mero incumplimiento, que, paramasiva, que el deudor de pagos, requería el incumplimiento sea reiterado en el tiempo, de manera tal que permita desprenderse la existencia de una situación de insolvencia, lo cual era una lógica consecuencia de que, en esa época, la sociedad comenzó a entender que el que no cumplía, no necesariamente era inmoral, ya que, en muchos casos, las obligaciones no podían ser cumplidas por las contingencias propias del riesgo común empresarial, y no por la mera voluntad del empresario 3) La teoría amplia, que comenzó a plasmarse a partir de mediados del siglo 20 y que fue la adoptada por la ley 19.551, sostiene que la cesación de pagos es un estado del patrimonio, y no un mero hecho como sostenían las teorías materialista e intermedia, y, ese estado, consiste en la impotencia para cubrir con medios regulares las obligaciones líquidas y exigibles, es decir, en la impotencia para cubrir con activos corrientes los pasivos corrientes, y, como bien dice Provinciali, de acuerdo con lo que es de regla en el tráfico negocial, de manera tal que la cesación de pagos debe ser diferenciada del denominado desequilibrio aritmético de las cuentas activas y pasivas en términos nominales, en el sentido que: 3.a) Puede estarse en cesación de pagos con un activo mayor que el pasivo, es decir, con un patrimonio neto positivo, como sería el caso de quien no tiene bienes líquidos para cumplir con sus obligaciones, a pesar de tener una estancia que se cotiza en 4 millones de dólares, puesto que, por su excesivo valor, ésta no puede ser vendida, es decir, no configura un medio corriente de pago 3.b) Puede no estarse en cesación de pagos con un pasivo mayor que el activo, es decir, con un patrimonio neto negativo 3.c) Y esto es así porque, a la hora de analizar si existe o no cesación de pagos, hay que apelar únicamente a los activos y a los pasivos corrientes, dejando de lado los no corrientes Así: 1) En la teoría materialista, la cesación de pagos se exterioriza con el mero incumplimiento 2) En la teoría intermedia, la cesación de pagos se exterioriza con el incumplimiento y con el carácter reiterado de ese incumplimiento 3) En la teoría amplia, la cesación de pagos se exterioriza por cualquier medio que demuestre que el patrimonio es impotente para cumplir con medios regulares las obligaciones líquidas y exigibles, y, al respecto la ley 24.522: 3.a) En el Art. 78, establece que el estado de cesación de pagos debe ser demostrado por cualquier hecho que exteriorice que el deudor se encuentra imposibilitado de cumplir regularmente sus obligaciones, sin importar cuál es el carácter de las obligaciones ni cuál fue la causa que provocó la cesación de pagos, sin perjuicio de que esta última será analizada durante el curso del proceso concursal, pudiendo incidir a la hora de determinar ciertas responsabilidades, tales como la extensión de la quiebra y la responsabilidad de administradores y de 3eros 3.b) En el Art. 79, establece una enumeración enunciativa de hechos reveladores del estado de cesación de pagos, y es así que considera como tales: El reconocimiento judicial o extrajudicial del estado de cesación de pagos efectuado por el deudor: El reconocimiento judicial consiste en la presentación del deudor que pide su concurso preventivo o su propia quiebra El reconocimiento extrajudicial puede darse, por Ej., cuando el deudor da a conocer que está en cesación de pagos a través de circulares, de la publicación de balances o de una convocatoria privada que realizó a tales fines La mora en el cumplimiento de una obligación, la cual es el principal hecho revelador del estado de cesación de pagos, e, incluso, es indispensable para poder pedir la quiebra del deudor, puesto que el acreedor, a tales fines, no solamente debe acreditar la exteriorización del estado de cesación de pagos del deudor, sino que también debe probar que su crédito es exigible
La ocultación o ausencia del deudor, o, en su caso, de los administradores de la sociedad, sin dejar representante con facultades y medios suficientes para cumplir sus obligaciones La clausura de la sede de la administración o del establecimiento donde el deudor desarrolle su actividad La venta a precio vil y la ocultación o entrega de bienes en pago La revocación judicial de actos realizados en fraude de los acreedores Los medios ruinosos o fraudulentos empleados para obtener recursos: Los medios ruinosos son los que producen pérdida o disminución de activos, como es el caso de tomar préstamos usurarios o de vender a precio irrisorio al contado bienes adquiridos con crédito Los medios fraudulentos son los que constituyen delitos, como es el caso de la malversación de fondos o de la apropiación de fondos retenidos que debían ser depositados
4) Así: 4.a) En nuestro sistema, que es el de los hechos reveladores del estado de cesación de pagos, una vez que el acreedor prueba la existencia de uno de estos hechos reveladores, el juez, analizando las circunstancias del caso concreto según las reglas de la sana crítica, deberá determinar si el deudor está o no en cesación de pagos, es decir, que nuestro sistema: Trabaja con presunciones iuris tantum Presenta la ventaja de permitir valorar las circunstancias particulares de cada caso concreto Presenta las desventajas de ser más complejo, y, sobre todo, más inseguro, al dejar librada la decisión de declarar o no la apertura concursal a la discrecionalidad absoluta del juez 2) En el sistema anglosajón, que es el de los hechos de quiebra, se establece una enumeración taxativa de cuáles son los hechos reveladores del estado de cesación de pagos, de manera tal que el acreedor, al probar ese hecho revelador, prueba también el estado de cesación de pagos del deudor, es decir, que el sistema anglosajón: Trabaja con presunciones iuris et de iure Presenta las ventajas de ser más simple y más seguro Presenta la desventaja de no permitir valorar las circunstancias particulares de cada caso concreto La ley 19.551, como dijimos, adoptaba la teoría amplia, pero, la ley 24.522, adopta un sistema que configura un híbrido entre la teoría amplia y la teoría intermedia, puesto que el acreedor, para pedir la quiebra, no solamente debe acreditar la exteriorización del estado de cesación de pagos del deudor, sino que también debe probar que su crédito es exigible, y, en consecuencia, hasta que su crédito no sea exigible, el acreedor no puede pedirle al juez que se haga uso de alguna de las medidas preparatorias a las que alude el Art. 85, sin perjuicio de que, por el derecho común, se pueda llegar a promover la vía cautelar con el fin de evitar los eventuales perjuicios que puedan llegar a suscitarse hasta que el crédito se torne exigible
4) Otros supuestos: el estado de crisis: A partir de 1980, importantes doctrinarios de distintos países comenzaron a propugnar la conveniencia de que, en los concursos empresariales, el presupuesto objetivo no sea la cesación de pagos, sino el estado de crisis o el estado de preinsolvencia, que es un momento anterior, con el fin de hacer efectivos los medios preventivos de la liquidación de empresas útiles pero en crisis, sobre todo teniendo en cuenta que la demora en la utilización de esos mecanismos era una de las principales causas de su escaso resultado, de manera tal que los medios preventivos, no debían tender a prevenir la liquidación sino la insolvencia, motivo por el cual debían instrumentarse antes de la misma, y, al respecto, nuestra ley concursal: Por un lado, en 1983, cuando aún estaba vigente la ley 19.551, estableció que el presupuesto de los acuerdos preconcursales podía consistir en la cesación de pagos o en las dificultades económicas o financieras de carácter general, es decir, que el deudor puede estar en cesación de pagos o en estado de crisis o de preinsolvencia Por otro lado, en 1995, cuando entró en vigencia la ley 24.522, se estableció que en el acuerdo preventivo extrajudicial el deudor puede estar en estado de cesación de pagos o en dificultades económicas o financieras de carácter general, es decir, que el deudor puede estar en estado de cesación de pagos o en estado de crisis o de preinsolvencia 5) Prevención de la insolvencia: La situación de insolvencia es una situación disvaliosa, no solamente para los acreedores del deudor insolvente y para los acreedores de esos acreedores, sino también para toda la sociedad, y, en consecuencia, se tiende a establecer distintas normas tendientes a prevenir esta situación, es decir, a evitar que la misma llegue a ser irreversible: 1) En algunos sistemas, como el francés, se permite que, además de que el deudor pida su concurso preventivo, los 3eros accionen el denominado sistema de alerta temprana, denunciando el hecho ante el órgano administrativo
correspondiente, pero, como a través de este sistema, el deudor puede caer en la insolvencia definitiva, nuestro país no lo admite 2) La ley 24.522, en 1er lugar, intenta que el acreedor y el deudor lleguen a un acuerdo para prevenir y solucionar la insolvencia, a través del acuerdo preventivo extrajudicial o a través del concurso preventivo, los cuales solamente pueden ser pedidos por el deudor. Ahora bien, si no se llega a un acuerdo, sobreviene la quiebra, pero, la ley 24.522, permite que la quiebra, a pedido del deudor, se convierta en concurso preventivo, lo cual evidencia que se sigue privilegiando el acuerdo de las partes
EL PRESUPUESTO SUBJETIVO: SUJETOSCONCURSABLES El presupuesto subjetivo se refiere a cuáles son los sujetos que pueden ser alcanzados por los concursos, y, al respecto, el Art. 2 de ley 24.522: 1) En 1erlalugar, establece que, como regla general, pueden ser concursadas: 1.a) Todas las personas físicas, sin importar si son capaces o incapaces de hecho 1.b) Las personas jurídicas de derecho privado, como es el caso de las asociaciones civiles, las fundaciones, las sociedades civiles, las sociedades comerciales y las sociedades cooperativas, de lo cual se desprende que las personas jurídicas de derecho público están completamente excluidas de todo régimen concursal, aclarando que, conforme a lo establecido por el Art. 33 del Código Civil, tienen carácter público el Estado Nacional, las provincias, los municipios, las entidades autárquicas y la Iglesia Católica 1.c) A las que cabe agregar las sociedades en las que el Estado nacional, provincial o municipal sea socio, cualquiera sea su porcentaje de participación, que el Art. 2 enuncia expresamente 2) En 2do lugar, establece las siguientes excepciones al principio general: 2.a) En 1er lugar, establece que las entidades aseguradoras no pueden ser sujetos de concurso preventivo, y, cuando son insolventes, pueden ser liquidadas judicialmente por medio de un procedimiento establecido por la ley 20.091, que, en sustancia, es idéntico al establecido por la LCQ 2.b) En 2do lugar, establece que las AFJP, regidas por la ley 24.241, están completamente excluidas del régimen de la LCQ, de manera tal que, cuando se las deba liquidar por insolvencia, se aplica la ley citada, que, a su vez, remite en muchos aspectos a la LCQ, aunque, en realidad, no existen precedentes de liquidación por su insolvencia 2.c) En 3er lugar, establece que las asociaciones mutuales, regidas por la ley 20.321, están completamente excluidas del régimen de la LCQ, lo cual se condice con la anterior redacción del Art. 37 de la ley 20.321, pero, este Art., actualmente establece que las mutuales quedan comprendidas en el régimen de la LCQ, y, en consecuencia, puede afirmarse que las asociaciones mutuales son sujetos de concurso preventivo y de quiebra, al igual que las personas jurídicas de derecho privado en general, sin particularidades específicas en cuanto a las disposiciones de la LCQ que le son aplicables 2.d) En 4to lugar, establece que también quedan completamente excluidas del régimen de la LCQ las personas excluidas por leyes especiales, y es así que, por Ej., las entidades financieras no pueden ser sujetos del concurso preventivo, pero sí pueden ser declaradas en quiebra, sin perjuicio de que la quiebra de las entidades financieras tiene un régimen diferenciado, establecido por la ley 21.526, que, a su vez, remite en muchos aspectos a la LCQ3 3) En 3er lugar, establece que: 3.a) Puede declararse el concurso del patrimonio de una persona fallecida, mientras dicho patrimonio se mantenga separado del patrimonio de los sucesores, en cuyo caso los efectos del concurso no son personales, sino que solamente alcanzan a la universalidad de los bienes, de manera tal que, por Ej., si se tratara de una quiebra, la misma no acarrearía inhabilitaciones personales 3.b) Puede declararse la quiebra de un bien o de un conjunto de bienes existentes en la Argentina y pertenecientes a un deudor domiciliado en el extranjero, y, esta regla, configura una excepción al principio general vigente, según el cual el domicilio del deudor determina la ley aplicable y la competencia judicial en materia de concursos, al atribuir jurisdicción internacional al juez argentino al solo efecto de que, mediante esta declaración de quiebra, liquide esos bienes y distribuya su producto, según las normas de reparto y prioridades o
3
Las entidades financieras, las entidades aseguradoras y las AFJP, no son concursables porque están sometidas al control de un organismo de superintendencia dependiente del poder público y porque trabajan con el ahorro público, y, en consecuencia, si son concursadas no podrían seguir funcionando, lo cual contraría la finalidad misma del concurso preventivo
4 privilegios propios de la quiebra (Art. 2 LCQ)
COMPETENCIA La competencia es la forma en que se atribuye a un determinado juez el conocimiento de un caso concreto, y, al respecto, hay que decir que: ⇒ En 1er lugar, como regla general, la competencia del juez argentino sólo alcanza a las personas domiciliadas en su territorio, y, la excepción a dicha regla general está dada por el Art. 2 de la LCQ, según el cual puede declararse la quiebra de un bien o de un conjunto de bienes existentes en la Argentina y pertenecientes a un deudor domiciliado en el extranjero ⇒ En 2do lugar, el Art. 3 de la LCQ establece que la competencia es ordinaria, y, de esta manera, excluye la jurisdicción federal, es decir, que los concursos siempre tramitarán ante las jurisdicciones locales ⇒ En 3er lugar, corresponde a cada provincia, o a la legislación nacional para la Capital Federal, determinar a qué jueces locales se asigna competencia material, y es así, que, por Ej.: en Santa Fe, la competencia concursal tramita en los juzgados civiles y comerciales en Buenos Aires, la competencia concursal tramita en los juzgados comerciales en Córdoba, en Mendoza, en San Juan y en Chaco, se crearon fueros concursales especiales ⇒ En 4to lugar, el Art. 3 de la LCQ establece en sus 5 incisos las reglas de la competencia territorial, según las cuales: Si el deudor es una persona de existencia visible: y existe una sola administración, es competente el juez del lugar de la sede de la administración de sus negocios, y, en su defecto, el juez del lugar del domicilio y existen varias administraciones, es competente el juez del lugar de la sede de la administración del establecimiento principal, y, si no puede establecerse una importancia diferenciada entre las administraciones, el juez que previno Si el deudor es una persona jurídica de derecho privado constituida regularmente o una sociedad en la que el Estado Nacional, provincial o municipal es socio, es competente el juez del lugar del domicilio
Si el deudor es una constituida regularmente, de o si deudor está domiciliado exterior, es competente el juez del sociedad lugar de no la sede de la administración suselnegocios, y, en su defecto,enel eljuez del lugar del establecimiento, explotación o actividad principal, según el caso (Art. 3 LCQ)
QUIEBRA EXTRANJERA OTRANSNACIONAL La quiebra extranjera o transnacional se da cuando existe un deudor con un patrimonio disperso internacionalmente, y, al respecto, el Art. 4 de la LCQ establece que: a) La sentencia dictada en el extranjero que abre el concurso faculta al deudor cuyo concurso fue declarado en el extranjero, o al acreedor cuyo crédito es pagadero en nuestro país, a pedir la declaración de la quiebra en la República Argentina, aún cuando el deudor no haya estado de cesación de pagos b) El acreedor cuyo crédito es pagadero en el extranjero no puede oponer el concurso extranjero al acreedor cuyo crédito es pagadero en nuestro país, es decir, que aquél no puede invocar el concurso extranjero ante éste: b.1) los derechos que pretenda sobre concursado los bienes existentes en el territorio argentino b.2) para disputarle anular los actos que celebró con el deudor en el extranjero c) En el ámbito extranjero: c.1) se rompe el principio de la unicidad, e impera el principio de la pluralidad, según el cual hay tantas quiebras y tantos patrimonios como países haya c.2) se aplica el principio de preferencia local, según el cual, si existe pluralidad de concursos, es decir, si se declara la quiebra en el extranjero y en el país, los acreedores cuyos créditos son pagaderos en el extranjero solamente pueden hacer valer sus pretensiones en el concurso declarado en el país sobre el eventual saldo resultante del mismo, y, por lo tanto, el sistema solamente se aplica en la quiebra concluida por pago total, que es la única quiebra en la que puede llegar a existir un saldo, y no en el concurso preventivo ni en las quiebras concluidas por avenimiento 4
En las uniones transitorias de empresas y en los agrupamientos de colaboración empresaria no hay un solo sujeto de derecho, de manera tal que no media concurso alguno, sin perjuicio de que puedan ser concursadas cada una de las empresas consideradas individualmente
d) Con respecto a los créditos pagaderos en el extranjero, correspondientes a un concurso declarado en el país, pueden darse 2 supuestos: d.1) en 1er lugar, puede darse que el crédito también pertenezca a un concurso declarado en el extranjero, en cuyo caso se aplica la regla general, según la cual el acreedor cuyo crédito es pagadero en el extranjero debe verificar y percibir su dividendo en el concurso extranjero, pudiendo hacer valer sus pretensiones en el concurso declarado en el país sobre el eventual saldo resultante del mismo d.2) en 2do lugar, puede darse que el crédito no pertenezca a un concurso declarado en el extranjero, sino solamente al concurso declarado en el país, en cuyo caso solamente puede verificar su crédito en el concurso formado en el país si demuestra la existencia de reciprocidad, es decir, si demuestra que un acreedor cuyo crédito es pagadero en el país puede verificar y cobrar, en iguales condiciones, en el concurso declarado en el extranjero, sin perjuicio de que, excepcionalmente, quedan eximidos de acreditar la reciprocidad los titulares de crédito con garantía real, atento a la naturaleza del crédito e) El acreedor quirografario que verificó parte de su crédito en el concurso declarado en el país, y, de manera sobreviviente, cobra parcialmente en el extranjero, ve reducido su crédito en el mismo monto percibido en el extranjero f) Las disposiciones del Art. en cuestión rigen en los concursos con elementos extranjeros en los que no sean aplicables tratados internacionales ratificados por la Argentina, aclarando que, en esta materia, es aplicable el Tratado de Montevideo de 1889 (ratificado por Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay) y su modificación efectuada por el Tratado de Montevideo de 1940 (ratificado por Argentina, Paraguay y Uruguay) los cuales se encargan de unificar normas de derecho internacional privado (Art. 4 LCQ)
CONCURSO PREVENTIVO I.- Introducción Con respecto al concurso preventivo, hay que decir 2 cosas: a) En 1er lugar, que, mientras que en el concurso preventivo el patrimonio del deudor sigue siendo uno sólo a los fines de afrontar las obligaciones que tiene para con los acreedores anteriores y para con los acreedores posteriores, en laa.1) quiebra, el patrimonio divide,tiene de manera tal que: más los que va obteniendo hasta la rehabilitación, están Los bienes que el sedeudor en la quiebra destinados a afrontar las obligaciones que tiene para con los acreedores anteriores a.2) Los bienes que el deudor va obteniendo luego de la rehabilitación, están destinados a afrontar las obligaciones que tiene para con los acreedores posteriores b) En 2do lugar, que el deudor, cuanto más tarda en presentarse al concurso preventivo, menos activos fácilmente realizables tiene en su haber, y, en consecuencia, menos capital de giro tiene para poder seguir operando, de manera tal que le conviene presentarse al concurso preventivo en el momento apropiado, teniendo en cuenta el ciclo económico del país y la normativa vigente, de manera tal que, con el capital de giro que le quede, pueda seguir operando, comprando y pagando al contado (puesto que es muy difícil que, luego de ser concursado, sus proveedores le sigan dando crédito) pero sin tener que pagar a los acreedores anteriores que ingresaron dentro del concurso preventivo II.- Pasos del concurso preventivo 1) del concurso preventivo: subjetivo, Para que se el concurso necesario que, en 1er lugar, se Presupuestos acredite la presencia del presupuesto es pueda decir, abrir se acredite que elpreventivo deudor esesconcursable de acuerdo a las pautas del Art. 2, y, en 2do lugar, se acredite la presencia del presupuesto objetivo, es decir, se acredite la existencia de una sentencia que declaró la cesación de pagos (Art. 5 LCQ) 2) Representación de incapaces y personas de existencia ideal Cuando se trata de una persona física capaz, el concurso preventivo puede ser presentado: Por ella misma O por el representante voluntario o convencional que ella designe, a quien debe conferirle un poder especial al efecto, no bastando con que le confiera un poder general de administración o “para pleitos” Cuando se trata de una persona física incapaz, el concurso preventivo debe ser presentado por el representante necesario o legal, y, esta presentación, debe ser ratificada, dentro de los 30 días, por el juez que corresponda, que, por Ej., puede ser el juez de menores Cuando se trata de una persona jurídica: El órgano de administración debe tomar la decisión de pedir el concurso preventivo
El
representante necesario o legal, o el representante voluntario o convencional dotado de poder especial al efecto, debe presentar el concurso preventivo, justificando, con la solicitud, el carácter que invoca y la previa decisión del órgano de administración de pedir el concurso preventivo, aunque, en realidad, esto último no será necesario cuando el representante legal sea, además, el órgano de administración o cuando todos los integrantes de éste suscriban la petición El órgano de gobierno debe ratificar la presentación que efectuó el representante de la persona jurídica dentro de los 30 días posteriores Ahora bien, cuando la presentación es rechazada por el juez o cuando no media la posterior ratificación, el procedimiento cesa de pleno derecho con los efectos del desistimiento, y, en consecuencia, no se puede formular una nueva petición dentro del año posterior si hay pendientes pedidos de quiebra contra el mismo sujeto, lo cual encuentra su fundamento en la finalidad de evitar que el concurso preventivo sea utilizado abusivamente para evitar la quiebra (Arts. 6, 7, 9, 31 y 273, incs. 1 y 2, LCQ) 3) El concurso de la persona fallecida: Cualquiera de los herederos puede solicitar el concurso preventivo del patrimonio del fallecido, siempre que, en 1er lugar, se mantenga la separación patrimonial, y, en 2do lugar, el peticionante justifique con su presentación el carácter de heredero a través de la respectiva declaratoria, debiendo ser ratificada esta petición por el resto de los herederos dentro de las 30 días, aclarando que cuando la presentación es rechazada por el juez o cuando no media la posterior ratificación, el procedimiento cesa de pleno derecho con los efectos del desistimiento (Arts. 8 y 31 LCQ) 4) Oportunidad de la presentación: El Art. 10 de la LCQ establece que “el concurso preventivo puede ser solicitado mientras la quiebra no haya sido declarada”, es decir, que una vez que se ha dictado una sentencia de quiebra, el deudor no puede presentar el concurso preventivo, sin perjuicio de que, incluso después de declarada la quiebra, en ciertos casos contemplados por los artículos 90 a 93 de la LCQ, el deudor puede convertirla en concurso preventivo: El concurso preventivo, salvo que el deudor se encuentre dentro de la regla de la inadmisibilidad del Art. 31 de la LCQ o dentro del período de inhibición del Art. 59 de la LCQ, puede solicitarse aunque existan pendientes pedidos de quiebra, y, en tal caso, éstos se suspenden sin que sea necesario esperar a la apertura del concurso preventivo, y, recién después de desestimada definitivamente dicha apertura, se puede reanudar el trámite de los pendientes pedidos de quiebra El concurso preventivo puede solicitarse aún vencido el plazo concedido al deudor para que ejerza su derecho de defensa en el Art. 84 de la LCQ, mientras la sentencia de quiebra no se haya dictado 5) Requisitos a reunir para la apertura: El Art. 11 de la LCQ, en sus 7 incisos, establece los requisitos formales que debe reunir el escrito de petición de concurso preventivo para que éste se abra, que consisten en una serie de enunciaciones, que deben estar debidamente documentadas, que tienden a convencer al juez de la seriedad objetiva de la solicitud del deudor, y que se suman a los requisitos sustanciales que apuntan al presupuesto objetivo, al presupuesto subjetivo y a la oportunidad de presentación: La enumeración de requisitos formales es taxativa, de manera tal que, por un lado, no pueden agregarse otros por vía interpretativa, y, por el otro, la omisión categórica de alguno de ellos conlleva a que se rechace la petición, salvo que el juez le fije al deudor un plazo improrrogable de 10 días, contados a partir de la fecha de la presentación, y no a partir de la fecha de fijación del plazo, para que complete los requisitos incumplidos, siempre y cuando el deudor funde pedido expresando una que, a juicio del juez, sea suficiente Los su requisitos formales son loscausa siguientes: 1) Para los deudores matriculados y las personas jurídicas regularmente constituidas, acreditar la inscripción en los registros respectivos, acompañando estas últimas el instrumento constitutivo y sus modificaciones y constancia de las inscripciones pertinentes, y para las personas jurídicas no regularmente constituidas, acompañar, en su caso, los instrumentos constitutivos y sus modificaciones, aun cuando no estén inscriptos 2) Explicar en forma precisa y concreta las causas concretas de su estado de cesación de pagos, expresando la época en que se produjo y los hechos reveladores del mismo 3) Acompañar un estado detallado y valorado del activo y del pasivo, actualizado a la fecha de presentación, y acompañado de un dictamen firmado por un contador público nacional que acredite la correspondencia existente entre la denuncia del deudor y sus registros contables o la documentación existente 4) Acompañar una copia de los estados contables exigidos legalmente al deudor correspondientes a los 3 últimos ejercicios 5) Acompañar una nómina de sus acreedores, indicando sus domicilios, y los datos relativos a sus créditos, tales como montos, causas, vencimientos, codeudores, fiadores o 3eros obligados o responsables, y privilegios,
acompañando, además: 5.a) un legajo por cada acreedor, con una copia de la documentación sustentatoria del crédito, y con un dictamen firmado por un contador público nacional que acredite la inexistencia de otros acreedores en sus registros contables o en la documentación existente 5.b) un detalle de los procesos judiciales o administrativos de carácter patrimonial en trámite o con condena no cumplida, precisando su radicación 6) Enumerar precisamente los libros de comercio y los de otra naturaleza llevados por el deudor, expresando el último folio utilizado en cada caso, y poniéndolos a disposición del juez, junto con la documentación respectiva 7) Denunciar la existencia de un concurso anterior, y justificar, en su caso, que no se encuentra dentro del período de inadmisibilidad del Art. 31 de la LCQ o dentro del período de inhibición del Art. 59 de la LCQ (Art. 11 LCQ) 6) Decisiones judiciales: rechazo o apertura del concurso y recursos: El juez, una vez que recibe el escrito de petición de concurso preventivo para que éste se abra, o una vez que se venció el plazo que le fijó al deudor para que complete los requisitos incumplidos, dentro de los 5 días, puede denegar o acoger el pedido: a) El juez deniega el pedido de apertura de juicio preventivo cuando: El deudor no es sujeto susceptible de concurso preventivo El deudor no ha cumplido con las solemnidades del Art. 11 de la LCQ El deudor se encuentra dentro del período de inhibición que establece el Art. 59 de la LCQ La causa no es de su competencia b) El juez acoge el pedido en los demás casos, en cuyo caso debe dictar una resolución: Que es una verdadera sentencia, y que, por lo tanto, debe tener motivación suficiente, aunque sea breve, por la índole del pronunciamiento y por el escaso tiempo para decidirla Que debe disponer: 1) La declaración de apertura del concurso preventivo, identificando al deudor concursado, y, en su caso, a los socios con responsabilidad ilimitada 2) La designación de una audiencia para que se sortee el síndico 3) La fijación de una fecha hasta la cual los acreedores deben presentar sus pedidos de verificación al síndico, la cualla debe estar comprendida entre los 15 y los 20 días contados desde el día en que se estime que concluirá publicación de los edictos 4) La orden de publicar edictos en la forma prevista por los artículos 27 y 28 de la LCQ 5) La determinación de un plazo, no superior a los 3 días, para que el deudor presente los libros que lleve referentes a su situación económica, con el objeto de que el secretario coloque una nota firmada a continuación del último asiento, y cierre los espacios en blanco existentes 6) La orden de anotar la apertura del concurso en el Registro de Concursos 7) La inhibición general para disponer y gravar bienes registrables del deudor, y, en su caso, los de los socios ilimitadamente responsables, debiendo ser anotada en los registros pertinentes 8) La intimación al deudor para que deposite judicialmente, dentro de los 3 días de notificada la resolución, el importe que el juez estime necesario para abonar los gastos de correspondencia 9) La fijación de las fechas en las cuales el síndico debe presentar el informe individual y el informe general 10) La fijación de una audiencia informativa que debe realizarse 5 días antes del vencimiento del período de exclusividad 11) La constitución de un comité provisorio de acreedores, integrado por los 3 acreedores quirografarios de mayor monto denunciados por el deudor c) La resolución que deniega el pedido es apelable y la resolución que acoge el pedido es inapelable (Arts. 13 y 14 LCQ) 7) Domicilio procesal: El concursado, y, en su caso, los administradores y los socios con responsabilidad ilimitada, deben constituir domicilio procesal en el lugar donde tramite el juicio, y, si no lo hacen en la 1era presentación, se considera que el mismo se ha constituido en los estrados del juzgado para todos los efectos del concurso, lo cual no obsta a que, de manera sobreviniente, se cumpla con la constitución de domicilio procesal, lo cual, en tal caso, surtirá efectos desde su constitución (Art. 12 LCQ) III.- Efectos de la apertura
El concurso preventivo comienza a producir sus efectos a partir del dictado de la sentencia que declara su apertura, y no a partir de la presentación por parte del deudor, sin perjuicio de que algunos de los efectos que produce la sentencia de apertura de concurso preventivo se retrotraen a la presentación por parte del deudor 1) Efectos directos de la sentencia de apertura de concurso preventivo: Los efectos directos de la sentencia de apertura de concurso preventivo son los siguientes: a) En 1er lugar, produce la división entre acreedores anteriores y acreedores posteriores, y, éste, es un efecto retroactivo, en el sentido que a partir de la sentencia quedan comprendidos en el concurso todos los acreedores anteriores a la fecha de presentación del deudor al concurso preventivo: a.1) Los acreedores anteriores son aquellos cuyo crédito es anterior a la presentación del concurso por parte del deudor y los mismos son alcanzados por el concurso preventivo a.2) Los acreedores posteriores son aquellos cuyo crédito es posterior a la presentación del concurso parte del deudor y los mismos son excluidos del concurso preventivo, y, en consecuencia, pueden iniciar, depor manera sobreviviente, acciones individuales, e, incluso, pueden pedir la quiebra del 5deudor b) En 2do lugar, produce la cristalización del pasivo, es decir, que el patrimonio debe permanecer, durante todo el proceso concursal, tal como aparece en las enunciaciones exigidas por el Art. 11, y, a tales fines, la LCQ apela a una serie de reglas: b.1) En 1er lugar, impide que los acreedores ejerzan sus acciones individuales b.2) En 2do lugar, establece que el curso de los intereses se suspende, aunque los mismos no se pierden, lo cual encuentra su fundamento en la paridad de trato que debe reinar en un proceso colectivo, puesto que, de no ser así, por Ej., los bancos se beneficiarían en desmedro de los proveedores del concursado, puesto que la tasa de interés de aquellos es muy superior con respecto a la de éstos. Sin embargo, los intereses de los acreedores hipotecarios o prendarios se siguen devengando durante el proceso, aunque solamente hasta la concurrencia del valor de realización del bien gravado, suspendiéndose el resto de los intereses que exceden el valor de realización del bien b.3) En 3er lugar, las deudas no dinerarias y las deudas en moneda extranjera deben convertirse en deudas en moneda de curso legal: La deuda no dineraria , como sería el caso de una obligación de dar soja, de una obligación de hacer o de una obligación de no hacer, debe ser convertida en deuda en moneda de curso legal, y esta conversión es definitiva: Si el contrato vencía después de la fecha de presentación, la conversión debe hacerse en la fecha de la presentación Si el contrato vencía antes de la fecha de presentación, el acreedor, cuando pide la verificación de su crédito, puede elegir si prefiere que la conversión se haga en la fecha de la presentación o en la fecha del vencimiento, y, si el acreedor no ejerce la opción, el síndico realizará la conversión en el informe individual de la manera más ventajosa para el concurso La deuda en moneda extranjera también debe ser convertida en deuda en moneda de curso legal, y esta conversión es provisoria, puesto que la misma sólo es realizada a los efectos de determinación de las mayorías que se deben alcanzar para aprobar el acuerdo preventivo, pero, en el acuerdo preventivo, puede pactarse el pago de estas deudas en su moneda de srcen. El fundamento de esta disposición radica en brindar seguridad a los capitales extranjeros para que inviertan en nuestro país, respetándose que las empresas multinacionales puedan cobrar en moneda extranjera, aún cuando esto violente la paridad de trato, que debe reinar en el proceso concursal (Art. 19 LCQ) 2) Efectos de la sentencia de apertura de concurso preventivo con relación al concursado: Los efectos de la sentencia de apertura de concurso preventivo con relación al concursado se traducen en el desapoderamiento atenuado y en la interdicción de salida, a los que podemos agregar las normas que trae la LCQ en materia de contratos de trabajo y en materia de servicios públicos 2.a) Desapoderamiento atenuado: El desapoderamiento es una medida cautelar que recae sobre el patrimonio del deudor que está en cesación de pagos para que éste no movilice los bienes durante el proceso: En la quiebra, el desapoderamiento es pleno, en el sentido que el fallido, si bien no pierde el derecho de propiedad 5
Lo determinante a la hora de ver si un acreedor es anterior o posterior es el crédito y no el acreedor, de manera tal que si un acreedor otorgó un crédito antes de la presentación del concurso y otro después, será anterior con respecto al 1ero y posterior con respecto al 2do
sobre sus bienes, no puede administrarlos ni disponer de ellos, quedando reservadas estas actividades al síndico, que las lleva a cabo con autorización del juez En el concurso preventivo, el desapoderamiento es atenuado, en el sentido que el deudor, no solamente no pierde el derecho de propiedad sobre sus bienes, sino que, además, puede seguir administrando su patrimonio, aunque no de la misma manera en que lo hacía antes de la situación concursal, debiendo distinguirse 3 tipos de actos, que son los permitidos, los sujetos a autorización judicial y los prohibidos I.- Actos permitidos: Los actos permitidos son actos que el deudor puede realizar libremente, aunque bajo la vigilancia del síndico, y son los actos de administración del giro ordinario, y, justamente, son permitidos porque el concurso preventivo tiende a permitir que la empresa siga funcionando. Así, el deudor decide libremente si lleva a cabo o no estos actos permitidos, sin necesidad de consultar al respecto con el síndico ni con el juez del concurso, sin perjuicio de que aquél, aunque no puede interferir en la administración, debe observar y denunciar al tribunal la realización de actos en perjuicio evidente para los acreedores o cualquier irregularidad grave que pueda llevar a la separación del deudor de la administración II.- Actos sujetos a autorización judicial: Los actos sujetos a autorización judicial son todos aquellos actos de administración del giro extraordinario que no son actos prohibidos, como es el caso de los relacionados con bienes registrables, de la venta o locación de un fondo de comercio, o de la constitución de un derecho de prenda, y, el deudor, para llevarlos a cabo, debe pedir la autorización al juez, quien, luego de escuchar el consejo del síndico, debe decidir concediendo o denegando la autorización, siendo inapelable su decisión, y debiendo valorar la conveniencia del cumplimiento contractual para la continuación de la explotación de la empresa y para la protección de los intereses de los acreedores III.- Actos prohibidos: Los actos prohibidos también son actos de administración del giro extraordinario: Los actos prohibidos son 2: En 1er lugar, el deudor no puede realizar actos a título gratuito En 2do lugar, el deudor no puede realizar actos que alteren la situación de los acreedores anteriores a la presentación, lo cual trae aparejado como consecuencia que el deudor no puede pagar a un acreedor y a otro no, ya que violaría el principio de paridad de trato, y, por lo tanto, sería nulo Pero, a su vez, esta última especie de actos prohibidos, admite 2 excepciones: La 1era excepción consiste en permitirle al deudor que pague a sus acreedores laborales a través del mecanismo del pronto pago, el cual procede cuando el crédito laboral se traduce en remuneraciones debidas al trabajador, indemnización por accidentes de trabajo, indemnización sustitutiva del preaviso, indemnización integrativa del mes del despido e indemnizaciones previstas en los artículos 245 a 254 de la LCT: En 1er lugar, el trabajador, sin necesidad de obtener una sentencia favorable en un juicio laboral ni de verificar su crédito en el concurso, debe pedirle al juez concursal una autorización para que el empleador concursado pueda pagarle el crédito laboral a pesar de ser un acreedor anterior En 2do lugar, del pedido de pronto pago se le corre vista al síndico por 10 días En 3er lugar, el juez del concurso dicta una resolución concediendo o denegando la autorización solicitada por el trabajador: Si el juez del concurso otorga la autorización, y el empleador concursado no cancela el crédito laboral, el mismo debe ser satisfecho prioritariamente con elresultado de la explotación , y, por lo tanto: antes de la homologación del acuerdo preventivo, el trabajador no puede ejecutar los bienes del empleador concursado después de la homologación del acuerdo preventivo, existiendo acuerdo para los acreedores laborales, el trabajador debe atenerse a los términos y condiciones de ese acuerdo, pudiendo ejecutar los bienes del empleador concursado para satisfacer su crédito novado en caso de incumplimiento del acuerdo, o, incluso, pedir la quiebra indirecta después de la homologación del acuerdo preventivo, no existiendo acuerdo para los acreedores laborales, el trabajador puede ejecutar los bienes del empleador concursado para satisfacer su crédito no novado Si el juez del concurso no otorga la autorización, la resolución es inapelable, y, en tal caso, el trabajador debe verificar su crédito tempestiva o tardíamente La 2da excepción consiste en permitirle al deudor que opte, dentro de los 30 días posteriores a la sentencia de apertura concursal, por cumplir un contrato en curso de ejecución, cuando haya prestaciones recíprocas pendientes, para lo cual debe requerir y obtener la autorización del juez del concurso, quien debe pronunciarse luego de escuchar el consejo del síndico: Una vez autorizado el cumplimiento, se debe hacer conocer la opción efectuada por el deudor al
acreedor cocontratante, para que opte entre: aceptar sin más la continuación contractual o exigir, previamente, el cumplimiento de las prestaciones adeudadas anteriores a la presentación del concurso, en cuyo caso, si el concursado no cumple con esas prestaciones atrasadas el contrato se tiene por resuelto Pasados los 1eros 30 días sin que el deudor opte por el cumplimiento, el acreedor cocontratante puede, a su vez, optar entre: exigir el cumplimiento considerando a la obligación como de plazo vencido, en cuyo caso el deudor, si desea cumplir, debe requerir autorización judicial previa igual que la explicada precedentemente, y, si no desea cumplir, no requiere autorización, no la obtiene, o, en definitiva, no cumple, el contrato se tiene por resuelto o resolver el contrato, sin necesidad de requerir el previo cumplimiento, para lo cual debe notificar al concursado y al síndico (Art. 15, 16, 20 y 21, inc. 1, LCQ) IV.- Ineficacia: Si el deudor realiza actos prohibidos, o actos sujetos a autorización sin requerirla o después de denegada, dichos actos son ineficaces, aclarando que, en materia concursal, la ineficacia se traduce en la inoponibilidad, es decir, que el acto ineficaz es válido entre las partes, si por avenimiento o carta de pago se extingue la quiebra, e inoponible a los acreedores concurrentes (Art. 17 LCQ) V.- Separación de la administración: Si el deudor realiza actos prohibidos, o actos sujetos a autorización sin requerirla o después de denegada, viola la interdicción de salida, oculta bienes, omite las informaciones que el juez o el síndico le requieran, incurre en falsedad en las informaciones que produce, o realiza algún acto en perjuicio evidente para los acreedores, puede intervenirse judicialmente la administración del concursado, graduándose tal intervención desde la designación de un mero veedor hasta llegar a la separación del deudor con el nombramiento de un administrador judicial en reemplazo de aquél, y es así que, como regla general, en el concurso preventivo el desapoderamiento es atenuado, pero, en la medida en que el deudor viole las reglas del desapoderamiento atenuado o se conduzca en forma contraria a la buena fe o abusiva, el desapoderamiento será pleno (Art. 17 LCQ) 2.b) Interdicción de salida: La interdicción de salida se funda en la necesidad de asegurar el buen desarrollo del proceso concursal, y consiste en que el deudor concursado, y, en su caso, los administradores y socios con responsabilidad ilimitada de la sociedad concursada: Si desea salir del país por menos de 40 días, debe simplemente informar al juez tal situación, comunicándole el plazo de ausencia Si desea salir del país por más de 40 días, debe requerir autorización judicial (Art. 25 LCQ) 2.c) Contratos de trabajo: Con el fin de facilitar el desenvolvimiento de la empresa en crisis y de facilitar la superación de la insolvencia, a partir de la apertura del concurso preventivo las relaciones laborales se rigen por los contratos individuales y por la LCT: Los convenios colectivos de trabajo aplicables a la actividad de la concursada, quedan sin efecto hasta que se cumpla el acuerdo preventivo, o, en su defecto, hasta el plazo máximo de 3 años, contados a partir de la sentencia de apertura del concurso preventivo, y, en tal caso, el empleador concursado y la asociación sindical con personería gremial legitimada pueden negociar un convenio colectivo de crisis para que rija durante ese tiempo El vencimiento del plazo máximo de 3 años, el cumplimiento del acuerdo preventivo, o la finalización del concurso por cualquier causa distinta de la homologación contemplada en el Art. 59 de la LCQ, dejan sin efecto el eventual convenio colectivo de crisis que se haya celebrado y ponen en vigencia a los convenios colectivos correspondientes (Art. 20 LCQ) 2.d) Servicios públicos: Si el concursado tiene pendientes obligaciones en contraprestación de servicios públicos utilizados con anterioridad a la apertura del concurso preventivo, los incumplimientos de pago no habilitan a interrumpir la continuidad del servicio, que debe seguir prestándose, o, si se ha interrumpido, rehabilitarse: La entidad prestadora del servicio públicos debe solicitar el reconocimiento de su acreencia anterior al concurso por las vías correspondientes Después de abierto el concurso preventivo, la prestación de los servicios públicos, y su pago, se rigen por las normas extraconcursales, y, por lo tanto, si el concursado no paga, pueden aplicarse las reglas específicas que habiliten a la entidad prestadora a interrumpir el servicios (Art. 20 LCQ) 3) Efectos de la sentencia de apertura de concurso preventivo con relación a los socios ilimitadamente responsables: Las reglas del desapoderamiento también se aplican a los socios ilimitadamente responsables de la sociedad concursada
como medida cautelar ante la eventual quiebra indirecta de la sociedad que acarrearía la quiebra por extensión de sus socios ilimitadamente responsables, es decir, que, como son los socios ilimitadamente responsables los que, en definitiva, van a tener que responder con sus propios patrimonios, se aplican estas reglas para evitar que los vacíen y garantizar, de esta manera, su responsabilidad (Art. 18 LCQ) 4) Efectos de la sentencia de apertura de concurso preventivo con relación al juicio: Los efectos de la sentencia de apertura de concurso preventivo con relación al juicio pueden ser enmarcados en 5 grupos I.- El fuero de atracción: La competencia por fuero de atracción apunta a que todos los juicios entablados contra una misma persona se concentren en un solo tribunal, aclarando que se da solamente en los juicios universales, que son aquellos en los cuales se encuentra en juego todo el patrimonio de una persona, y éstos son, los procesos concursales y las sucesiones: Como regla general, el Art. 21 de la LCQ establece que se atraen todas las acciones patrimoniales que se tramiten contra el deudor en todo territorio país, por aplicación principio de territorialidad Excepcionalmente, el el Art. 21 de ladel LCQ establece que no del se atraen: Las acciones que no tengan contenido patrimonial Los juicios de expropiación, puesto que, en 1er lugar, está comprometido el interés público general, y, en 2do lugar, no se afecta al deudor, en el sentido que el Estado, al pagar la indemnización correspondiente, equilibra su situación Los juicios que se funden en relaciones de familia, con o sin contenido patrimonial, aunque, con respecto a los que tienen contenido patrimonial, existen 2 posturas doctrinarias encontradas, en el sentido que: según un sector, la sentencia dictada en el juicio de familia es ajena al concurso, es decir, que dicha sentencia es un crédito no concursable, de manera tal que el titular de ese crédito queda excluido del concurso y puede reclamar contra el deudor como si éste no estuviera concursado según otro sector, la sentencia dictada en el juicio de familia no es ajena al concurso, es decir, que dicha sentencia es un crédito concursable, de manera tal que el titular de ese crédito queda incluido en el 6 concurso, siempre que, lógicamente, se trate de un acreedor anterior y no de un acreedor posterior Y, finalmente, según una interpretación doctrinaria, que será analizada posteriormente en el título “juicios laborales”, los juicios por accidentes de trabajo promovidos conforme a la legislación especial en la materia Los juicios de ejecución de garantías reales constituidas sobre bienes del concursado, conforme a lo establecido por el Art. 21 de la LCQ, se suspenden, o no pueden deducirse, hasta que se justifique que se ha presentado la solicitud de verificación del crédito, y, con respecto a la atracción de estos juicios, existen 2 posturas doctrinarias y jurisprudenciales: Una 1era postura sostiene que los juicios de ejecución de garantías reales se atraen al fuero concursal, puesto que la LCQ solamente prevé como excepciones los juicios de expropiación, los juicios que se funden en relaciones de familia, y, en su caso, los juicios por accidentes de trabajo promovidos conforme a la legislación especial en la materia Una 2da postura sostiene que los juicios de ejecución de garantías reales no se atraen al fuero concursal, sino que solamente se suspenden, o no pueden deducirse, hasta que se justifique que se ha presentado la solicitud de verificación del crédito, pudiendo proseguir luego ante el tribunal srcinario, y, esta 2da postura, es la adoptada por la CSJN a partir del caso “Casasa S.A. c/ Saiegh”, resuelto en el año 1996 Finalmente, la jurisprudencia ha dicho que tampoco se atraen: Los juicios que están tramitando en las Cámaras de Apelaciones, por haberse apelado la sentencia de 1era instancia Los trámites administrativos, que tienden a la determinación de deudas, como es el caso del trámite que tiende a determinar cuánto debe una persona en materia de ciertos tributos, aunque, una vez que se determina el monto de la deuda, el crédito respectivo es concursable (Art. 21, incs. 1 y 2, LCQ) II.- Suspensión de los juicios atraídos y de los actos de ejecución forzada de bienes del concursado: La apertura del concurso preventivo: a) En 1er lugar, le otorga 2 opciones al acreedor que está tramitando un juicio de contenido patrimonial atraído contra el concursado: por un lado, el acreedor puede optar por verificar su crédito, y, en tal caso, el juicio pendiente atraído se suspende y, por otro lado, el acreedor puede optar por continuar la etapa de conocimiento del juicio pendiente atraído 6
La cátedra se enmarca en esta última postura doctrinaria
ante el juez concursal hasta el dictado de la sentencia definitiva, y, en tal caso, la sentencia definitiva suple la verificación de créditos b) En 2do lugar, suspende los actos de ejecución forzada de bienes del concursado, srcinadas en cualquier clase de juicios contra éste (Art. 21, inc. 1, LCQ) III.- Prohibición de iniciar nuevos juicios: La apertura del concurso preventivo hace que los acreedores cuyo crédito sea de causa o título anterior a la presentación, no puedan iniciar nuevos juicios de contenido patrimonial contra el deudor en concurso, pudiendo actuar únicamente por medio de la verificación de créditos (Art. 21, inc. 3, LCQ) IV.- Medidas cautelares: Las medidas cautelares trabadas sobre la persona o sobre los bienes del concursado antes del concurso preventivo, como regla general, no pueden ser levantadas, pero, excepcionalmente, cuando las mismas recaen sobre bienes necesarios para continuar con el giro ordinario del comercio del concursado, el juez del concurso puede ordenar su levantamiento, luego de oír al síndico y al embargante (Art. 21, inc. 4, LCQ) V.- Juicios laborales: El acreedor laboral tiene 3 vías para ingresar en el concurso preventivo del empleador: a) La 1era vía es el llamado pronto pago regulado en el Art. 16 de la LCQ b) La 2da vía es la verificación de créditos tempestiva, prevista a partir del Art. 32 de la LCQ, o la verificación de créditos tardía, prevista por el Art. 56 de la LCQ c) La 3era vía está dada por la prosecución ante el juez concursal de los juicios ya iniciados antes de la apertura del concurso, aunque, esta vía, es discutida en el ámbito doctrinario, puesto que el inc. 5to del Art. 21 de la LCQ establece que los juicios laborales ya iniciados se acumulan al pedido de verificación de créditos, quedando exceptuados los juicios por accidentes de trabajo promovidos conforme a la legislación especial en la materia, lo cual da lugar a 2 grandes grupos de discusiones doctrinarias: La 1era discusión doctrinaria apunta a que: Algunos autores, sostienen que el juicio laboral, luego de la apertura concursal, no puede proseguirse ante el juez concursal, sino que, por el contrario, el mismo debe suspenderse hasta la verificación de créditos, porque la administración de justicia se podría ver seriamente dañada ante la eventual solución contradictoria a la que podría arribarse si se acumulan y prosiguen simultáneamente 2 procesos de conocimiento, como son la verificación de créditos y el juicio laboral ya iniciado Otros autores, partiendo del principio de igualdad de los acreedores, sostienen que el acreedor laboral puede hacer uso de la opción que el inc. 1ero del Art. 21 de la LCQ le concede a todos los acreedores, puesto que sería una discriminación arbitraria que, mientras que todos pueden proseguir sus juicios de conocimiento para reemplazar la verificación de créditos, los acreedores laborales no puedan ejercer esa opción La 2da discusión doctrinaria apunta a que: Una interpretación amplia apunta a que los juicios por accidentes de trabajo promovidos conforme a la legislación especial en la materia quedan excluidos de las reglas de los 1eros 4 incisos del Art. 21 de la LCQ, y, en consecuencia, no están sometidos al fuero de atracción, es decir, que no se suspenden y pueden continuarse ante el juzgado laboral competente, y, una vez obtenida una sentencia favorable, el respectivo acreedor puede acudir al mecanismo del pronto pago laboral, o verificar su crédito tempestiva o tardíamente, y, llegado el momento, ejecutar conforme al Art. 57 de la LCQ
Una interpretación restringida apunta a quequedan los juicios por accidentes de trabajo conforme a la legislación especial en la materia excluidos de la prohibición de serpromovidos iniciados o continuados después de la apertura del concurso preventivo, pero no dejan de estar sometidos al fuero de atracción, puesto que las únicas excepciones a éste son las regladas en el inc. 2do del Art. 21 de la LCQ (Art. 21, inc. 5, LCQ) VI.- Estipulaciones nulas: Las estipulaciones que contrarían las disposiciones establecidas en los artículos 20 y 21 de la LCQ son nulas, lo cual evidencia el carácter imperativo de las normas concursales, que las hace prevalecer sobre las normas comunes y sobre la voluntad de las partes (Art. 22 LCQ) VII.- Ejecuciones por remate no judicial: Con respecto a los acreedores provistos con cualquier clase de garantía real que pueden ejecutar el bien gravado del deudor concursado, o, en su caso, del socio con responsabilidad ilimitada, sin necesidad de juicio previo, como es el caso del acreedor prendario por prenda comercial común, en los términos del Código de Comercio, la LCQ distingue 2 situaciones:
a) cuando el remate es publicado antes de la publicación del concurso, el remate se realiza y el acreedor debe rendir cuentas en el concurso, acompañando los títulos de sus créditos y los comprobantes respectivos, dentro de los 20 días de haberse realizado el remate: a.1) la rendición de cuentas tramita por vía incidental en la cual son parte el síndico y el concursado a.2) si el acreedor no rinde cuentas en el concurso dentro del plazo citado, debe ser intimado a que lo haga, y, a partir de allí, si no lo hace, es sancionado con la pérdida del 1 % del monto de su crédito por cada día de retardo a.3) del producido del remate el acreedor percibe su crédito, se pagan los gastos y el remanente se debe depositar a la orden del juzgado en el plazo que el juez fije b) cuando el remate es publicado después de la publicación del concurso, el acreedor debe presentarse, haciendo conocer el lugar, el día y la hora del remate y el bien a rematar, acompañando los títulos de su crédito, y, si no lo hace, el remate es nulo (Art. 23 LCQ) VIII.- Suspensión de remates o medidas precautorias: El deudor concursado, cuando existan créditos con garantía prendaria o hipotecaria, puede pedirle al juez del concurso que se suspendan por un plazo máximo de 90 días el remate o las medidas precautorias que le impidan la utilización de la cosa gravada: a) el juez dicta una resolución apelable con efecto devolutivo por parte del acreedor, del deudor y del síndico, cuando medien necesidad y urgencia evidentes para el concurso, valorando la conveniencia del cumplimiento contractual para la continuación de la explotación de la empresa y para la protección de los intereses de los acreedores b) los intereses devengados durante el plazo de la suspensión constituyen un gasto de conservación y de justicia en los términos del Art. 240 de la LCQ (Art. 24 LCQ)
LAS NOTIFICACIONES 1) Regla general
Como regla deben general, desde la en presentación deldías pedido de formación de concurso preventivo, el deudor, o sus representantes, comparecer secretaría los de notificaciones Todas las providencias se consideran notificadas por ministerio de la ley, salvo que el compareciente deje constancia de su presencia y de no haber podido revisar el expediente, en el correspondiente libro de secretaria, aclarando que cuáles son los “días de notificaciones” y cómo funciona el “libro de secretaría” son cuestiones que se rigen por las leyes procesales del lugar del concurso (Arts. 26 y 278 LCQ) 2) Edictos La sentencia de apertura del concurso preventivo, conforme a la regla general citada, se notifica automáticamente al concursado, y, a partir de entonces, comienza a correr un plazo de 5 días para que el deudor cumpla la carga de hacer publicar los edictos: en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción del juzgado y en otro diario de amplia circulación en el lugar del domicilio del deudor, que el juez designe Los edictos deben contener: los datos referentes a la identificación del deudor y de los socios ilimitadamente responsables datos del y de sudelradicación los el nombre y eljuicio domicilio síndico la intimación a los acreedores para que
formulen sus pedidos de verificación y el plazo y el domicilio para hacerlo El incumplimiento del deudor de la carga de hacer publicar los edictos trae aparejado como consecuencia el desistimiento establecido en el Art. 30 de la LCQ (Art. 27 LCQ) 3) Establecimientos en otra jurisdicción Si el deudor tiene establecimientos en otra jurisdicción judicial, también se deben publicar edictos por 5 días, en el lugar de ubicación de cada uno de ellos y, en su caso, en el diario de publicaciones legales respectivo: el vocablo “establecimiento”, en sentido estricto, es sinónimo de fondo de comercio o de hacienda mercantil, pero, en esta disposición, es utilizado en sentido amplio, es decir, como todo centro de operaciones del concursado que revista entidad suficiente como para generar alrededor de ese “establecimiento” acreedores en número o entidad que justifique una publicidad adicional de la apertura concursal tales “establecimientos” deben hallarse “en otra jurisdicción judicial”, es decir, en un ámbito geográfico excluido
de la competencia territorial del juez del concurso: pero, como puede ocurrir que en esta jurisdicción el diario de publicaciones legales sea el mismo, por Ej., por hallarse dentro de la misma provincia, o que también en él sea de amplia circulación el periódico ya designado para noticiar la apertura concursal en el radio del juzgado del concurso la exigencia del Art. 28 solamente tiene sentido cuando no coinciden el diario de publicaciones legales de la jurisdicción del juzgado concursal y el diario de publicaciones legales correspondiente a la jurisdicción donde se hallan establecimientos del mismo concursado, y también cuando el designado diario de amplia circulación en el 1ero de aquellos lugares no circula o no tiene circulación amplia en el 2do de ellos Al igual que en el caso del Art. 27, es carga del deudor hacer publicar estos edictos complementarios de los regulados en aquella norma, para lo cual el concursado debe denunciar al tribunal la existencia de estos otros establecimientos ubicados en distinta jurisdicción, después de lo cual el juez ordenará las publicaciones, fijando plazo y diarios para cumplirlas El juez debe fijar el plazo para que el deudor efectúe estas publicaciones, el cual no puede exceder de 20 días, desde la notificación del auto de apertura En todos los casos, el deudor debe justificar el cumplimiento de las publicaciones, mediante la presentación de los recibos, dentro de los plazos indicados, y también debe probar la efectiva publicación de los edictos, dentro del 5to día posterior a su 1era aparición La falta de cumplimiento de la carga de publicación acarrea el desistimiento del concurso preventivo (Art. 28 LCQ) 4) Carta a los acreedores El síndico, dentro de los 5 días de la 1era publicación de edictos, debe enviar una carta certificada a cada una de las personas presuntamente acreedoras del concursado, y, en caso de que no lo haga, será pasible de sanciones conforme al Art. 255 de la LCQ, pero los acreedores o 3eros no pueden prevalerse de la falta de envío, o de recepción, según el caso, de la mentada carta para justificar su inacción o actuación tardía, puesto que dicha falta no invalida el proceso La carta certificada tiene por finalidad dar a conocer la apertura del concurso, y debe incluir los datos suscintos de los requisitos establecidos en los incisos 1 y 3 del Artículo 14, su nombre y domicilio y las horas de atención, la designación del juzgado y secretaría actuantes y su ubicación y los demás aspectos que estime de interés para los acreedores (Art. 29 LCQ)
EL DESISTIMIENTO 1) Variantes: El desistimiento del proceso por parte del deudor es un género que reconoce 2 especies, que son: El desistimiento sancionatorio, previsto por el Art. 30 de la LCQ El desistimiento voluntario, previsto por el Art. 31 de la LCQ, que, a su vez, puede ser desnudo o consensuado 1.a) Desistimiento sancionatorio: El desistimiento sancionatorio consiste en la sanción que se impone al deudor que incumple las siguientes cargas procesales: La carga de cumplir con las exigencias de la resolución de apertura del concurso preventivo plasmadas en los incisos 5 y 8 del Art. 14 de la LCQ, que aluden, respectivamente, a: La carga de presentar los libros que lleve referidos a su situación económica dentro de los 3 días de dictada la resolución de apertura La carga de depositar judicialmente el importe que el juez estime necesario para abonar los gastos de correspondencia dentro de los 3 días de notificada la resolución de apertura Las cargas relativas a la publicación de edictos plasmadas en el Art. 27 y en el 1er párrafo del Art. 28 de la LCQ 1.b) Desistimiento voluntario: El desistimiento voluntario puede ser desnudo o consensuado: El desistimiento desnudo es el que se da cuando el deudor desiste antes de la 1era publicación de edictos, y, justamente, se denomina desistimiento desnudo, porque consiste en la sola manifestación del deudor de poner punto final a su concurso, que, si bien debe ser formalmente expresada por escrito ante el juez concursal, no debe contar con ningún tipo de explicación acerca de los motivos que llevaron al deudor a tomar tal decisión y no debe justificar que se ha logrado conformidad alguna de acreedores El desistimiento consensuado es el que se da cuando el deudor desiste después de la 1era publicación de edictos y antes de la iniciación del período de exclusividad, y, justamente, se denomina desistimiento consensuado, porque es la consecuencia de un acuerdo que el deudor celebra con sus acreedores extrajudicialmente y que luego presenta al juez del concurso, y, este acuerdo, debe ser aprobado por la mayoría de los acreedores quirografarios que representen el 75% del capital quirografario, aclarando que para el cálculo de esta mayoría: Antes de la presentación del informe individual, se tienen en cuenta los acreedores denunciados Después del informe individual y antes de la resolución judicial sobre las acreencias, se tienen en cuenta los
créditos aconsejados a verificar por el síndico y los acreedores presentados a verificar Después de dictada la resolución judicial sobre las acreencias, se tienen cuenta los créditos verificados y admitidos 2) Efectos: Cuando falte la ratificación de la solicitud de concurso exigida por los artículos 6 a 8 de la LCQ, cuando medie un desistimiento en cualquiera de las variantes previstas en los artículos 30 y 31 de la LCQ, o cuando se rechace la apertura concursal en los términos del Art. 13 de la LCQ, no se puede formular una nueva petición dentro del año posterior si hay pendientes pedidos de quiebra contra el mismo sujeto, aclarando que el plazo anual se cuenta desde que quedó firme la resolución judicial que tuvo por rechazada, desistida o no ratificada la petición del concurso preventivo anterior
EL PERÍODO INFORMATIVO EN EL CONCURSO PREVENTIVO: LA VERIFICACIÓN DE CRÉDITOS 1) Concepto y contenido: La verificación de créditos es una etapa del proceso concursal en la cual: a) Se analiza y se discute: en 1er lugar, si las personas que tienen pretensiones sobre el patrimonio del deudor son o no sus acreedores en 2do lugar, cuál es el monto y la causa de los créditos de cada uno de los acreedores del deudor en 3er lugar, cuáles de los acreedores del deudor son privilegiados, cuáles son quirografarios y cuáles son subordinados, y, en su caso, cuáles son los privilegios que tienen los acreedores privilegiados b) Los acreedores del concursado aspiran a ser considerados acreedores concurrentes, es decir, acreedores habilitados para participar en el concurso, decidir sobre la propuesta de acuerdo, y, en última instancia, cobrar 2) Importancia: La importancia de la verificación de créditos es trascendental, a punto tal que algunos autores, como Pajar, sostienen que el éxito de la LCQ depende de cómo se regule la verificación de créditos 3) Caracteres del procedimiento: La verificación de créditos es un proceso necesario, típico, único y excluyente, y contradictorio: a) Necesario, porque es la única manera para determinar si quien tiene pretensiones sobre el patrimonio del deudor es o no acreedor del mismo, sustituyendo, en consecuencia, al proceso individual, y teniendo el mismo contenido que éste, sólo que en forma abreviada y en forma sumaria o restringida b) Típico, porque es distinto al proceso individual, siendo abreviado y sumario o restringido, aunque, en realidad, este carácter típico que se da para la verificación de créditos del Art. 32 de la LCQ cede en otros tipos de verificación incorporados por la ley 24.522 c) Único y excluyente, porque es la única forma de ingresar al patrimonio del deudor d) Contradictorio, porque cada uno de los acreedores que ingresa en el proceso puede ejercer sus derechos y puede contradecir los dichos, no solamente del deudor, sino también de los demás acreedores, lo cual se conoce como control multidireccional, es decir, que, en definitiva, cada acreedor puede controlar la verificación del otro, siempre que el proceso sea abreviado y sumario o restringido, puesto que la norma preferencia el avance del proceso concursal 4) Trámite7: La verificación de créditos consta de 4 pasos, que son: a) La solicitud de verificación, plasmada en el Art. 32 de la LCQ b) La etapa impugnativa, plasmada en el Art. 34 de la LCQ c) El informe individual, plasmado en el Art. 35 de la LCQ d) La resolución judicial, plasmada en el Art. 36 de la LCQ 4.a) Solicitud de verificación: En 1er lugar, todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación, deben formular el pedido de verificación de sus créditos ante el síndico en su oficina (que es el equivalente de la demanda del proceso individual), dentro de los 15 a 20 días que fije el juez en la sentencia de apertura concursal desde el día en que se estime que se efectuará la última publicación de edictos, indicando monto, causa y privilegios: 7
En este trámite la etapa probatoria es meramente documental, a punto tal que se podría decir que el proceso es de prueba casi inexistente
a) La regla general la configuran los acreedores incluidos, es decir, que, en principio, todo acreedor que quiere ingresar al concurso debe necesariamente acudir a la verificación de créditos, y la excepción la configuran los acreedores excluidos, y, como toda excepción, debe ser interpretada restrictivamente, es decir, que solamente están excluidos los que la ley determina, como es el caso: del pronto pago de los créditos laborales, a los que alude el Art. 16 de la LCQ de los acreedores que tenían promovido juicio contra el concursado, antes del concurso, y optan por proseguirlo ante el juez concursal de los créditos por gastos de conservación y de justicia en los términos del Art. 240 de la LCQ de los acreedores posteriores a la presentación del concurso, los cuales, al estar excluidos de la carga de verificar y del concurso en sí, porque a ellos no les alcanzan los efectos de la apertura concursal, pueden iniciar o proseguir sus juicios individuales contra el concursado, e, incluso, pueden pedir la quiebra directa necesaria de éste, sin que su accionar pueda suspenderse por el concurso anterior Y, del hecho de que las excepciones deben ser interpretadas restrictivamente, se desprende que los juicios de familia con contenido patrimonial, si bien quedan excluidos del fuero de atracción, cuando el juez de familia dicta sentencia, el acreedor debe dirigirse al proceso concursal, puesto que el principio general es que deben verificar su crédito “todos los acreedores”, y aquí encontramos: los acreedores con créditos exigibles los acreedores con créditos no exigibles, como es el caso de los créditos eventuales, condicionales, a plazo o con cargo, sin perjuicio de que los acreedores no votarán en el concurso hasta que sus créditos no se tornen exigibles b) Ahora bien, si bien el Art. 32 de la LCQ establece que los acreedores “deben” verificar su crédito, esto no es una obligación, sino una carga procesal, es decir, un imperativo del propio interés, puesto que si no verifica, no puede participar del patrimonio del deudor, lo cual es una consecuencia de que los derechos patrimoniales son disponibles, y, en consecuencia, el proceso que surja de ellos también será disponible c) El acreedor que formula el pedido de verificación de sus créditos ante el síndico debe indicar monto, causa y privilegios: el monto se compone, habitualmente, de 3 rubros, que deben ser probados por vía documental, puesto que no hay tiempo para producir los otros medios de prueba, y que son: 1) El capital 2) Los accesorios, que abarcan los intereses y las costas o gastos la causa es el hecho srcinante del crédito que debe ser anterior a la fecha de la presentación y que se acredita acompañando los títulos correspondientes, como es el caso de un contrato. Así, la causa es el elemento determinante para saber si una persona es o no acreedora, puesto que las acciones verificatorias son causales, de manera tal que si no hay causa suficientemente probada no hay verificación. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la verificación se sustenta en títulos abstractos que son incausados, en el sentido que, si bien tienen causa, circulan con independencia de la misma?. La jurisprudencia ha ido variando con respecto a qué postura adoptar con respecto a los títulos abstractos: 1) En el caso “Traslinea S.A. c/ Electrodine S.A.”, que hizo referencia a un pagaré, y en el caso “Difry S.R.L.”, que hizo referencia a un cheque, se estableció que el acreedor con título abstracto debe probar la causa, la cual existe siempre, aunque no figure en el título, de manera tal que: Si el que quiere verificar es el beneficiario inmediato, es decir, el acreedor del deudor concursado, debe probar la causa que lo vincula con el librador, que es el deudor concursado
Si el que quiere verificar es el portador legitimado, debe probar la causa que lo vincula con el endosante 2) En el caso “Layt” se estableció que prima el criterio de la realidad material, es decir, que hay que probar que no hay connivencia dolosa ni fraude, aun cuando, en realidad, no se pueda probar la causa El privilegio, en los términos del Código Civil, es el derecho dado por la ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro: 1) Si el acreedor omite verificar su privilegio, el juez no puede verificarlo de oficio, puesto que éste no puede fallar ultra petita, pero: Si el acreedor se da cuenta de la omisión en el período de verificación tempestiva, puede subsanarla, de manera tal que puede ampliar el pedido verificatorio Si el acreedor se da cuenta de la omisión después de la finalización del período de verificación tempestiva y antes del dictado de la resolución de verificación, no puede subsanarla, pero el acreedor puede desistir e incorporarse tardíamente Si el acreedor se da cuenta de la omisión cuando el juez ya dictó resolución, ya no se puede volver a verificar el privilegio
2) Con respecto a la posibilidad de renunciar a los privilegios, debemos enmarcar a estos últimos en 2 grandes grupos, que son el de todos los privilegios, con excepción de los laborales, y el de los privilegios laborales: La mayoría de la doctrina entiende que en todos los privilegios, con excepción de los laborales, existe una presunción de renuncia tácita, es decir, que si el acreedor no verifica se entiende que renuncia al privilegio, pero, para renunciar a los privilegios laborales, se requiere que la renuncia se haga en forma expresa, ante el juez y con presencia de la asociación sindical con personería gremial legitimada Para un sector minoritario de la doctrina, en el que se enmarca Rivera, en todos los privilegios, incluso los laborales, existe una presunción de renuncia tácita (Art. 43 LCQ) 4.b) Etapa impugnativa: En 2do lugar, el deudor y los acreedores que hubiesen solicitado la verificación, dentro de los 10 días del vencimiento del período verificatorio, pueden concurrir al domicilio del síndico para revisar los legajos, y, en su caso, presentar las impugnaciones u observaciones (que son el equivalente de la contestación de la demanda del proceso individual) con respecto a los pedidos de verificación de los demás acreedores, lo cual configura el denominado control mutidireccional propio del proceso concursal, según el cual no solamente se enfrentan potencialmente cada acreedor con su deudor, sino también cada acreedor con los demás acreedores, teniendo el síndico, en estos enfrentamientos, un rol imparcial propio de un órgano técnico auxiliar de la magistratura, aclarando que las impugnaciones u observaciones no generan carga ni acreencia alguna de costas a quienes las formulan, cualquiera sea el resultado que ellas tengan en el informe individual del Art. 35 de la LCQ o en la resolución judicial del Art. 36 de la misma ley 4.c) Informe individual: En 3er lugar, el síndico, dentro de los 20 días del vencimiento de la etapa impugnativa, debe presentar ante el juez concursal un informe individual para cada solicitud de verificación en particular, que debe consignar: En 1er lugar: El nombre completo de cada acreedor El domicilio real y el domicilio constituido de cada acreedor El monto y la causa del crédito Los privilegios y las garantías invocadas En 2do lugar: Una reseña de la información obtenida al ejercer labor instructoria establecida por el Art. 33 de la LCQ Las observaciones que el deudor o los acreedores hayan efectuado a las solicitudes En 3er lugar una opinión fundada sobre la procedencia o la improcedencia de la verificación del crédito, y, en su caso, del privilegio 4.d) Resolución judicial: En 4to lugar, el juez, dentro de los 10 días de presentado el informe individual del síndico, debe dictar una resolución sobre cada solicitud de verificación de un crédito o privilegio: Si no mediaron impugnaciones u observaciones y el síndico dictaminó favorablemente en el informe individual, la resolución puede declarar al crédito o al privilegio: Verificado, en cuyo caso la resolución es irrecurrible, salvo que medio dolo, en cuyo caso se aplican los artículos 37 y 38 de la LCQ No verificado, en cuyo caso la resolución es recurrible por revisión, lo cual es consecuencia de una interpretación a fortiori del Art. 37 de la LCQ Si mediaron impugnaciones u observaciones o el síndico dictaminó desfavorablemente en el informe individual, la resolución puede declarar al crédito o aldesestimando privilegio: las impugnaciones u observaciones o el dictamen desfavorable Admisible, total o parcialmente, del síndico Inadmisible, total o parcialmente, receptando las impugnaciones u observaciones o el dictamen desfavorable del síndico Y, en este caso, la resolución es provisoria y sólo a los fines del cómputo de mayorías, en el sentido que si el crédito es admisible, el acreedor vota en la propuesta de acuerdo, y si el crédito es inadmisible, el acreedor no vota en la propuesta de acuerdo, sin perjuicio de que contra la resolución puede interponerse, dentro de los 20 días, el recurso de revisión, que tramita ante el mismo juez y por vía incidental, y, luego, la sentencia que resuelve el recurso de revisión puede ser apelada (Art. 37 LCQ) 5) Facultades del síndico: El síndico debe formar un legajo o expediente separado para cada crédito, y, a tales fines, puede valerse de todos los medios de investigación que estime útiles para formarse una opinión cabal y fundada de cada crédito, con el fin de volcarla luego como dictamen en el informe individual (Art. 33 LCQ)
6) Invocación de dolo: Las resoluciones que verifican el crédito o el privilegio, siempre, y las resoluciones que los declaran no verificados, admisibles o inadmisibles, una vez que vencen los plazos de caducidad para interponer el recurso de revisión respectivo, hacen cosa juzgada material, y, en consecuencia, no pueden ser recurridas, salvo que medie dolo, en cuyo caso se puede interponer dentro de los 90 días una acción por dolo, que tramita por vía ordinaria y ante el juzgado del concurso (Art. 38 LCQ) 7) Efectos de la etapa verificatoria: La etapa verificatoria produce un efecto incorporativo, un efecto legitimante y un efecto interruptivo: 1) El efecto incorporativo consiste en que los acreedores con pretensiones incluyentes son incluidos en el pasivo del deudor: 1.a) Las pretensiones incluyentes, que se dan, prácticamente, en el 90% de los casos, las tiene el acreedor que pretende ser incorporado al pasivo del 1.b) Las pretensiones excluyentes, quedeudor se dan solamente en los casos previstos por la ley, las tiene el acreedor que pretende, por un lado, ser excluido del pasivo del deudor, y, por el otro, que se separe el bien que reclama, como es el caso de quien adquirió un inmueble por boleto de compraventa y pide que el mismo sea excluido para poder escriturarlo 2) El efecto legitimante consiste en que la etapa verificatoria es el único tramite que legitima al acreedor como tal para intervenir en el concurso 3) El efecto interruptivo consiste en que la etapa verificatoria interrumpe la prescripción y la caducidad del derecho y de la acción, es decir, que produce los mismos efectos que una demanda 8) Oportunidad de la verificación: La verificación puede ser tempestiva o tardía: a) La verificación tempestiva es la que efectúan los acreedores que se presentan dentro de los 15 a 20 días que fije el juez en la sentencia de apertura concursal desde el día en que se estime que se efectuará la última publicación de edictos (Arts. 32 y ss. LCQ) b) La verificación tardía es la que efectúan los acreedores que se presentan fuera de ese plazo: b.1) En el concurso preventivo, el acreedor puede presentarse después del vencimiento del período de verificación tempestiva y hasta 2 años después de la fecha de presentación, siendo éste un término de prescripción, y no de caducidad, susceptible de ser suspendido, interrumpido o dispensado por término de la ley, lo cual encuentra su fundamento en la finalidad misma del concurso preventivo que consiste en la preservación de la continuación de la explotación de la empresa (Art. 56 LCQ) b.2) En la quiebra, no hay plazo prescriptorio para la verificación del crédito, de manera tal que los créditos que no se presentan en la verificación se van extinguiendo a medida que avanza el proceso, y, como es lógico, el “castigo” consiste en que, a medida que avanza el proceso, se van agotando los bienes, y, en consecuencia, los acreedores ven reducidas sus posibilidades de efectivizar su acreencia
PERIODO DE NEGOCIACIÓN Ahora bien, una vez que se ha dictado la resolución de verificación del Art. 36 de la LCQ, sobreviene el período de negociación, que consta de 4 pasos, que son: a) categorización, b) La El informe general,plasmada plasmadoenenelelArt. Art.4139dedelalaLCQ LCQ c) Las observaciones al informe general, plasmadas en el Art. 40 de la LCQ d) La resolución de categorización, plasmada en el Art. 42 de la LCQ a) La categorización a.1) La categorización como beneficio ofrecido al deudor: El concursado puede optar entre hacer o no propuestas diferenciadas de acuerdo preventivo: a) Si opta por hacer propuestas diferenciadas de acuerdo preventivo, debe, dentro de los 10 días de dictada la resolución judicial del Art. 36 de la LCQ, presentar a la sindicatura y al juzgado una propuesta fundada de categorización de los acreedores verificados y admitidos b) Si opta por no hacer propuestas diferenciadas de acuerdo preventivo, no procede el período de negociación y pasamos directamente al período de exclusividad, lo cual evidencia que la categorización es un beneficio ofrecido al deudor con el fin de facilitarle la solución preventiva
a.2) ¿Cómo se categoriza?: Si el concursado opta por hacer propuestas diferenciadas de acuerdo preventivo, puede categorizar o no a sus acreedores: a) Si no lo hace, se entiende que existen 3 categorías de acreedores, que son: Acreedores privilegiados Acreedores quirografarios Acreedores quirografarios laborales b) Si lo hace: Hasta 1995, dentro de cada categoría, los acreedores debían ser tratados con un criterio de absoluta igualdad, lo cual configuraba una disposición cuya aplicación, por su excesiva rigidez, no era conveniente para el concurso preventivo, puesto que, por Ej., obligaba al deudor a realizar la misma propuesta a su principal proveedor que a un proveedor poco importante, de manera tal que impedía que el deudor pueda adecuar sus propuestas a las necesidades y a las posibilidades de las diferentes clases de acreedores Por tal motivo, a partir de 1995, este criterio, que sigue vigente en el ámbito de la quiebra, fue desterrado del ámbito del concurso preventivo, de manera tal que el deudor, si bien no puede mezclar, dentro de la misma clase, acreedores de diferente graduación (algunos quirografarios con algunos privilegiados, en una clase, y otros quirografarios con diferentes privilegiados, en otra), sí puede, dentro de cada categoría, establecer diferentes grupos apelando a cualquier criterio que sea razonable, entre los cuales el Art. 41 de la LCQ enuncia: Los montos de verificación o admisibilidad, de manera tal que puede distinguir, por Ej., entre los créditos inferiores o superiores a tal o cual cifra La naturaleza de las prestaciones correspondientes a los créditos, de manera tal que puede distinguir, por Ej., entre los créditos en moneda de curso legal y los créditos en moneda extranjera El carácter de privilegiados o quirografarios de los acreedores A los que, por Ej., podemos agregar: la distinción entre créditos de srcen financiero y créditos de srcen comercial la distinción entre acreedores privilegiados especiales laborales, acreedores privilegiados generales fiscales y acreedores con derechos reales de garantía sobre ciertos bienes del concursado b) El informe general El síndico, 30 días después de haber presentado efectivamente el informe individual del Art. 35 de la LCQ, debe presentar un informe general, que debe contener: 1) La descripción de las causas del desequilibrio económico, es decir, la descripción de los motivos que llevaron al deudor a la situación en la que se encuentra, y es así que, por Ej., el informe puede afirmar que el deudor está en cesación de pagos porque se abrieron las importaciones en forma indiscriminada o porque se perdieron 3 cosechas consecutivas 2) La descripción detallada de la composición del activo del deudor, expresando, fundamentalmente, cuál es su valor de realización 3) La descripción detallada de la composición del pasivo del deudor, expresando, no solamente las deudas que tiene con respecto a los acreedores que solicitaron la verificación de sus créditos, como establecía la legislación anterior, sino también las deudas que tiene con respecto a los acreedores que fueron denunciados en la presentación y que no se presentaron a verificar, y las demás deudas que resulten de la contabilidad o de otros elementos de juicio verosímiles 4) La enumeración de los libros de contabilidad que lleva el deudor, expresando si los mismos se ajustan o no a las formalidades intrínsecas y extrínsecas establecidas por el Código de Comercio 5) La referencia sobre las inscripciones del deudor en los registros correspondientes, y, en caso de sociedades, la referencia sobre las inscripciones del contrato social y sus modificaciones, indicando el nombre y domicilio de los administradores y socios con responsabilidad ilimitada 6) La expresión de la época en que se produjo la cesación de pagos, lo cual es un dato que tiene en miras al eventual fracaso del concurso preventivo que pueda derivar en la quiebra indirecta 7) En caso de sociedades, la referencia sobre si los socios realizaron regularmente sus aportes, y sobre si existe responsabilidad patrimonial que se les pueda imputar por su actuación en tal carácter 8) La enumeración concreta de los actos que se consideren susceptibles de ser revocados, según lo disponen los artículos 118 y 119 de la LCQ, lo cual es un dato que también tiene en miras al eventual fracaso del concurso preventivo que pueda derivar en la quiebra indirecta, puesto que le permite conocer a los acreedores cuáles bienes podrían ingresar al patrimonio del concursado si se declara la quiebra 9) La opinión fundada respecto del agrupamiento y clasificación que el deudor haya efectuado respecto de los acreedores
10) La referencia sobre si el deudor resulta pasible del trámite legal establecido por la ley 25.156, que es la ley de Defensa de la Competencia, que es un trámite que tiende a reprimir las concentraciones y las fusiones de empresas que atenten contra el derecho a la libre competencia que debe reinar en el ámbito mercantil Así, el informe general (que es dinámico, y no estático como el informe individual) establece una serie de datos relativos a la situación económica de la empresa del deudor y al estado del patrimonio de éste, que pueden coincidir o no con los datos brindados por el deudor en su presentación concursal, y que le otorga a los acreedores los elementos de discernimiento necesarios para que tomen la decisión aprobatoria o desaprobatoria sobre la propuesta del acuerdo c) Las observaciones al informe general: El informe general, dentro de los 10 días de su presentación, puede ser observado por el deudor concursado, por los acreedores que hayan solicitado la verificación de sus créditos, e, incluso, aunque no lo prevé la norma, por un 3ero interesado, aunque el juez no debe dictar resolución alguna sobre las observaciones, las cuales, luego de efectuadas, no se sustancian, sino que, por el contrario, se agregan al expediente para que los interesados puedan consultarlas, lo cual evidencia que estamos en presencia de un nuevo elemento de discernimiento para que los acreedores tomen la decisión aprobatoria o desaprobatoria sobre la propuesta del8 acuerdo d) La resolución de categorización: El juez, dentro de los 10 días de finalizado el plazo fijado en el Art. 40 de la LCQ, debe pronunciarse sobre las clases propuestas y cuáles acreedores quedan comprendidos en cada una de ellas, apelando, a tales fines, a un criterio de razonabilidad o de homogeneidad, en el sentido que, si bien el deudor puede apelar a cualquier criterio clasificatorio, no puede manipular las clases para neutralizar el poder de decisión de ciertos acreedores, agrupándolos irrazonablemente con otros respecto de los cuales no hay elementos comunes de afinidad que justificarían la necesidad o conveniencia de propuesta de acuerdo diferenciada: Un parámetro adecuado para apreciar la razonabilidad de la agrupación consiste en evaluar si los créditos incluidos dentro de una clase son o no sustancialmente similares, como lo exige la legislación norteamericana Para que se cumpla el criterio de razonabilidad, la ley establece 3 elementos de control, de manear tal que: En 1er lugar, elsíndicose expide sobre la razonabilidad de la categorización en el informe general En 2do lugar, losacreedorespueden expedirse sobre la razonabilidad cuando observan el informe general En 3er lugar, eljuez se expide sobre la razonabilidad cuando dicta la resolución del Art. 42 de la LCQ Finalmente, en caso de que el juez rechace la categorización, la LCQ no establece nada al respecto, y, en consecuencia, existen 2 posturas doctrinarias y jurisprudenciales: Según un sector, el juez está facultado para cambiar la categorización efectuada por el deudor Según otro sector, el juez está facultado para darle la posibilidad al deudor de cambiar la categorización efectuada por él9
PERÍODO DE EXCLUSIVIDAD Luego de que la resolución de categorización del Art. 42 de la LCQ queda notificada por ministerio de la ley, sobreviene el período de exclusividad, que es un período obligatorio en el que el deudor, y sólo el deudor, durante 90 días o durante el plazo mayor que fije el juez concursal hasta el tope máximo de 120 días en función del número de acreedores o de categorías, puede ofrecer propuestas de acuerdo preventivo y obtener las conformidades de las mayorías de acreedores estipuladas en el Art. 45 de la LCQ 1) Propuestas El deudor puede realizar cualquier tipo de propuestas siempre que, en 1er lugar, no sean ilícitas, es decir, no sean contrarias a la ley, al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, y, en 2do lugar, no contengan prestaciones que dependan de la voluntad del deudor, es decir, que el deudor no puede asumir obligaciones condicionales meramente potestativas El deudor puede ofrecer diferentes propuestas a cada clase de acreedores, y, a su vez, a la misma clase puede ofrecerle diferentes propuestas alternativas para que cada acreedor incluido dentro de la clase elija la que quiera El deudor debe hacer conocer públicamente su propuesta, presentándola en el expediente concursal, por lo menos 20 días antes del vencimiento del período de exclusividad, y, si no lo hace, será declarado en quiebra, salvo que opere el período de negociación en concurrencia, también conocido como salvataje o cramdown argentino, del Art. 48 de la LCQ El deudor puede presentar modificaciones a su propuesta srcinal hasta que se realice la audiencia informativa, lo cual tiene lugar 5 días antes del vencimiento del período de exclusividad, aclarando que sólo son válidas y computables las conformidades prestadas después de la última modificación presentada por el deudor en el expediente 8
Las observaciones al informe general no se sustancian porque, en caso de que el período de negociaciones prospere, resultarán purgadas, de manera tal que las observaciones adquieren relevancia ante la declaración de la quiebra como consecuencia de la frustración el concurso 9 La cátedra se enmarca en esta última postura doctrinaria y jurisprudencial
El deudor está obligado a realizar propuestas a los acreedores quirografarios, pero, con respecto a los acreedores privilegiados, puede optar entre realizar o no propuestas, y: si las hace, en principio, deben alcanzarse las mayorías establecidas por el Art. 45 de la LCQ, pero, excepcionalmente, si las propuestas están dirigidas a acreedores privilegiados especiales, requieren aprobación unánime si no las hace, los acreedores privilegiados no incluidos en el acuerdo preventivo, es decir, los acreedores privilegiados que no recibieron propuestas de parte del deudor, siempre y cuando hayan sido verificados, después de que resulte homologado el acuerdo preventivo para acreedores quirografarios, pueden ejecutar la sentencia de verificación de su crédito ante el juez que corresponda, según la naturaleza de su crédito (Arts. 43, 44 y 57 LCQ) 2) Renuncia al privilegio En el caso de un privilegio no laboral, el acreedor privilegiado debe renunciar, al menos, al privilegio del 30% del monto de su acreencia:
La renuncia debe ser expresa El privilegio renunciado es definitivo, salvo en caso de nulidad del acuerdo (Art. 62, inc. 4, LCQ) El acreedor privilegiado se incorpora a la categoría de quirografarios por el monto del crédito a cuyo
privilegio ha renunciado, y, si hay varias categorías, a la que resulte más afín de acuerdo a los criterios de agrupamiento seguidos para conformar las distintas clases de acreedores quirografarios En el caso de un privilegio laboral, el acreedor privilegiado debe renunciar, al menos, al privilegio del 20% del monto de su acreencia: La renuncia debe ser expresa y debe ser ratificada en audiencia ante el juez del concurso, con citación a la asociación sindical con personería gremial legitimada, salvo que el trabajador no se encuentre alcanzado por el régimen de convenio colectivo de trabajo, en cuyo caso no es necesaria la citación de la asociación sindical con personería gremial legitimada El privilegio renunciado es provisorio, en el sentido que renace en caso de quiebra posterior con srcen en la falta de existencia de acuerdo preventivo o en la falta de homologación del acuerdo El acreedor privilegiado se incorpora a la categoría de quirografarios laborales por el monto del crédito a cuyo privilegio ha renunciado (Art. 43 LCQ) 3) Mayorías Para que la propuesta dirigida a los acreedores quirografarios sea aprobada, se exige que, dentro de todas y cada una de las clases a las que se formularon propuestas, se logre, por un lado, mayoría absoluta de acreedores, que configura una base de cálculo expresada en una cantidad de personas, y, por el otro, que esos acreedores representen, al menos, 2 tercios del capital computable, que configura una base cálculo expresada en una cantidad de moneda de curso legal: a) La mayoría absoluta de acreedores se computa en base a los titulares de cada uno de los créditos que se toman en cuenta para computar los 2 tercios del capital b) Los 2 tercios del capital se computan en base a: la suma de los créditos quirografarios verificados y admitidos más los créditos privilegiados cuyo privilegio haya sido renunciado, por el total de su importe o por la porción renunciada menos: los créditos de los acreedores excluidos, que son aquellos que tienen prohibido prestar conformidad o disconformidad a la propuesta, y que son: el cónyuge del deudor, sus parientes dentro del 4to grado de consaguinidad y del 2do grado de afinidad, sus parientes adoptivos, y sus respectivos cesionarios dentro del año anterior a la presentación tratándose de sociedades, los socios, los administradores y los acreedores que se encuentren respecto de ellos en la situación del párrafo anterior aclarando que la prohibición no se aplica a los acreedores que sean accionistas de la concursada, salvo que se trate de controlantes de la misma los créditos cuya verificación fue solicitada como privilegiada, pero fueron admitidos como quirografarios, si su titular ha promovido recurso de revisión por ese motivo, puesto que si no lo promovió o desitió de hacerlo, el crédito se consolida como quirografario, y, en consecuencia, no se resta del capital computable Para que la propuesta dirigida a los acreedores privilegiados sea aprobada, se exigen, en principio, las mayorías establecidas por el Art. 45 de la LCQ, pero, excepcionalmente, si las propuestas están dirigidas a acreedores privilegiados especiales, requieren aprobación unánime (Art. 45 LCQ) 4) Audiencia informativa
Si las conformidades suficientes se obtienen y comunican al tribunal cuando faltan más de 5 días para el fin del período de exclusividad, no se lleva a cabo la audiencia informativa que, de lo contrario, debe celebrarse 5 días antes del vencimiento del período señalado, con la presencia del juez, del secretario, del deudor concursado y de los acreedores que deseen concurrir La audiencia informativa se celebra para que el deudor dé explicaciones sobre la negociación en trámite y los asistentes formulen preguntas acerca de las propuestas Si la audiencia informativa no se celebra o se frustra, por Ej., por inasistencia del deudor o de los acreedores, no se deriva consecuencia jurídica alguna, de manera tal que el único efecto relevante es que el acto de la audiencia informativa es la última oportunidad para modificar la propuesta de acuerdo (Arts. 43 y 45 LCQ) 5) Conformidad Las conformidades de los acreedores quirografarios a las propuestas de acuerdo preventivo deben obtenerse y acompañarse al expediente concursal antes del vencimiento del período de exclusividad:
a) Si se logranellas mayorías Art. 45 de la LCQ, el acuerdo preventivo resulta aprobado, y, enla consecuencia, juez, dentro exigidas de los 3 por díaselsiguientes al vencimiento del período de exclusividad, debe dictar resolución haciendo saber la existencia de acuerdo preventivo (Art. 49 LCQ). Esta resolución es inapelable (Art. 273, inc.3, LCQ) y abre el período regulado a partir del Art. 50 de la LCQ, dentro del cual pueden formularse impugnaciones al acuerdo que ha sido declarado aprobado pero que aún no está homologado por el juez b) Si no se logran las mayorías exigidas por el Art. 45 de la LCQ, el acuerdo preventivo resulta desaprobado, y, en consecuencia: en los concursos preventivos con período de salvataje, el juez, dentro de las 48 horas siguientes al vencimiento del período de exclusividad, debe dictar una resolución que abre dicho período y que es inapelable en los concursos preventivos sin período de salvataje, el juez debe dictar una resolución que declara la quiebra del concursado y es inapelable (Art. 273, inc. 3, LCQ). La LCQ no establece dentro de qué término debe dictarse esta sentencia de quiebra, pero parece lógico sostener que debe ser igual al establecido para la decisión que hace saber la existencia de acuerdo preventivo cuando éste es aprobado, es decir, que el juez debe dictar la resolución dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del período de exclusividad (Art. 46 LCQ) Si el deudor opta por formular propuestas de acuerdo preventivo a los acreedores privilegiados, puede hacerlo con 2 modalidades diferentes, de manera tal que: a) En 1er lugar, puede condicionar la propuesta de los quirografarios a la aprobación de la propuesta de los privilegiados, en cuyo caso la falta de aprobación de la propuesta a los privilegiados determina el fracaso del concurso preventivo y su conversión en quiebra indirecta, aunque se hayan logrado las mayorías suficientes en la propuesta a los quirografarios b) En 2do lugar, puede no condicionar la propuesta de los quirografarios a la aprobación de la propuesta de los privilegiados, en cuyo caso la falta de aprobación de la propuesta a los privilegiados no determina el fracaso del concurso preventivo, sino que, por el contrario, éste prosigue siempre y cuando, como es lógico, se apruebe la propuesta a los quirografarios (Art. 47 LCQ) 6) Propuesta abusiva y acuerdo abusivo La legislación concursal, hasta el dictado de la ley 25.589, del año 2002, establecía un piso mínimo para las propuestas, de manera tal que la quita máxima que podía proponer el deudor era del 60%, es decir, que el deudor, al menos, debía garantizar el pago del 40% de la deuda, pero, actualmente, a partir de la entrada en vigencia de la ley citada, con el fin de evitar la quiebra, se eliminó ese piso mínimo, y, en consecuencia, el deudor puede efectuar una propuesta írrita, o, incluso, nula Además, esta propuesta abusiva puede convertirse en acuerdo abusivo si obtiene las mayorías exigidas Ahora bien, ¿qué puede hacerse para evitar estas propuestas y acuerdos abusivos?: a) Las propuestas abusivas, si bien pueden ser denunciadas por los acreedores, el juez no puede intervenir, puesto que, hasta que se realice la audiencia informativa, la propuesta puede variar b) Una vez que se llega al acuerdo abusivo, el juez, fundándose en el inc. 4to del Art. 52 de la LCQ que le prohíbe homologar una propuesta abusiva o en fraude a la ley: b.1) Según un sector de la jurisprudencia, debe declarar la quiebra del deudor, puesto que, en estos casos, media connivencia dolosa entre él y los acreedores b.2) Según otro sector de la jurisprudencia, puede optar entre declarar la quiebra del deudor y darle a éste un plazo para que modifique su propuesta, priorizando, en este último supuesto, la continuidad de la empresa, aclarando que, en tal caso, luego de la modificación de la propuesta, no se llevan a cabo nuevas votaciones, puesto que se presupone que el acreedor, que prestó conformidad para una determinada propuesta, prestará conformidad nuevamente, puesto que la propuesta ha sido mejorada
EL SALVATAJE 1) Generalidades: El período de negociación en concurrencia, también conocido como salvataje o cramdown argentino: a) se encuentra regulado en el Art. 48 de la LCQ b) se inspira más en la protección del interés de la empresa, que en la protección del interés de los socios de la concursada, es decir, que, el instituto del salvataje, por 1era vez en el derecho argentino, diferencia empresa y empresario, y da preeminencia a aquella por sobre éste, permitiendo que un nuevo empresario reorganice la empresa y evite la quiebra liquidativa c) se diferencia del período de exclusividad en que: c.1) en éste, solamente el concursado puede negociar propuestas de acuerdo preventivo con sus acreedores c.2) en aquél, los 3eros, acreedores o no de la concursada, pueden negociar propuestas de acuerdo preventivo con los acreedores de la concursada, y, eventualmente, con los socios de la concursada 2) Presupuestos de apertura: Los presupuestos de apertura del salvataje pueden ser resumidos en 4 items, que son: a) Oportunidad b) Sujetos comprendidos c) Sujetos excluidos d) Gran concurso 2.a) Oportunidad: El salvataje se abre: a) cuando vence el período de exclusividad sin que el deudor haya obtenido las conformidades previstas para la aprobación del acuerdo preventivo b) o cuando el juez admite una impugnación formulada al acuerdo aprobado por los acreedores durante dicho período 2.b) Sujetos comprendidos: Los sujetos comprendidos en el salvataje son: a) las SRL b) las sociedades por acciones c) las sociedades cooperativas d) en las que el Estado nacional, provincial o municipal es parte 2.c) Sujetos excluidos: Los sujetos excluidos en el salvataje son: a) en 1er lugar, las personas físicas b) en 2do lugar, las personas jurídicas que no sean SRL, sociedades por acciones, sociedades cooperativas ni sociedades en las que el Estado nacional, provincial o municipal es parte c) en 3er lugar, las personas jurídicas que no pueden ser sujetos del concurso preventivo, cualquiera sea su forma o tipo societario, tal como ocurre, por Ej.: c.1) las entidades aseguradoras, reguladas por la ley 20.091 c.2) las entidades financieras, reguladas por la ley 21.526 c.3) las AFJP, reguladas por la ley 24.241 2.d) Gran concurso: Cuando se trate de un pequeño concurso, conforme a lo establecido en los artículos 288 y 289 de la LCQ, no procede nunca el período de salvataje 3) Inicio del período de concurrencia: Cuando se dan los presupuestos de apertura de salvataje, el juez no debe declarar la quiebra, sino que, dentro de los 2 días subsiguientes, debe dictar una resolución de apertura del período de concurrencia, la cual: a) en 1er lugar, debe disponer la apertura de un registro en el expediente para que dentro de los 5 días subsiguientes se inscriban los acreedores y 3eros interesados en la adquisición de las acciones o cuotas representativas del capital social de la concursada, a los efectos de formular propuestas de acuerdo preventivo, aclarando que la propia concursada no debe inscribirse en dicho registro, aunque decida competir con los interesados oferentes b) en 2do lugar, debe determinar un importe para afrontar el pago de los edictos, el cual, necesariamente, deberá ser depositado por los interesados al inscribirse en los registros o dentro del plazo que el juez determine al efecto 4) Inexistencia de inscriptos: Una vez transcurrido el plazo fijado para inscribirse en el registro, puede ocurrir que nadie se inscriba, que se inscriba un solo interesado o que se inscriban varios interesados: a) si nadie se inscribe, el juez debe declarar la quiebra sin más trámite, puesto que la concursada no puede solicitar la apertura del período de salvataje, aunque sí puede procurar adhesiones a la propuesta formulada en el período de exclusividad, o formular nuevas propuestas, siempre y cuando algún interesado solicite la apertura del período de
salvataje10 b) si se inscribe un solo interesado, el período de salvataje sigue adelante, y el juez debe determinar el valor de las cuotas o acciones de los socios o accionistas de la concursada 5) Valuación de las cuotas o acciones sociales: Si en el registro se inscribe, al menos, un interesado, el juez debe determinar el valor de las cuotas o acciones de los socios o accionistas de la concursada, y, a tales fines, hay que observar el siguiente trámite: a) en 1er lugar, el juez debe designar a un evaluador y notificarlo para que acepte el cargo ante el secretario del juzgado b) en 2do lugar, el evaluador, dentro de los 30 días subsiguientes a la aceptación del cargo, debe presentar la valuación, por escrito, en el expediente concursal, debiendo establecer valor el real de mercadode las cuotas o acciones sociales de la concursada, y debiendo determinar, a tales fines, cuál es el valor neto, positivo o negativo, de las mismas, que resultará de la diferencia existente entre los activos y los pasivos de la concursada, valorando, entre otros, 3 grandes elementos, que son: b.1) el informe general del síndico b.2) las modificaciones sustanciales de los activos y de los pasivos, producidas con posterioridad al informe citado b.3) la incidencia de los pasivos posconcursales, es decir, de las obligaciones de causa o título posterior a la presentación de la deudora en concurso preventivo c) en 3er lugar, cualquier interesado puede impugnar la valuación, dentro de los 5 días subsiguientes al vencimiento del plazo máximo de 30 días que tenía el evaluador para cumplir con su actividad, y, tales impugnaciones, al igual que las impugnaciones al informe general del síndico, no se substancian d) en 4to lugar, una vez vencido el plazo para impugnar la valuación, el juez debe dictar una resolución, que: d.1) en 1er lugar, debe determinar el valor de las cuotas o acciones sociales de la concursada, teniendo en cuenta la valuación efectuada por el evaluador, sus eventuales impugnaciones, y la incidencia de un pasivo adicional equivalente al 4% del activo, estimado para gastos del concurso, de manera tal que, por Ej., si los activos suman $ 1.000 y los pasivos $ 800, a éstos hay que adicionarles $ 40 (4% de $ 1.000), lográndose una fijación del valor de las cuotas o acciones de $ 160 [$ 1.000 - ($ 800 + $ 40) = $ 160] d.2) lugar, es debe fijar la fecha, la hora y el lugar de realización de la audiencia informativa d.3) en en 2do 3er lugar, inapelable 6) Negociación y aprobación de las propuestas de acuerdo preventivo: Dentro de los 20 días subsiguientes a la resolución judicial que fija el valor de las cuotas o acciones sociales de la concursada, el o los 3eros inscriptos en el registro, y, si desea hacerlo, la concursada, deben negociar con los acreedores de esta última, con el fin de obtener las conformidades necesarias para la aprobación de un acuerdo preventivo, y, a tales fines: a) los oferentes pueden mantener o modificar la clasificación establecida en el período de exclusividad b) los acreedores destinatarios pueden prestar su conformidad a una, a varias o a todas las propuestas de los oferentes c) las mayorías y los requisitos de forma son los mismos que los vigentes durante el período de exclusividad 7) Audiencia informativa: La resolución judicial que fija el valor de las cuotas o acciones sociales de la concursada debe fijar la fecha, la hora y el lugar de realización de la audiencia informativa, la cual: a) debe celebrarse 5 días antes de vencido el plazo para negociar las propuestas de acuerdo b) es la última oportunidad para exteriorizar la propuesta de acuerdo a los acreedores, la que no podrá modificarse a partir de entonces 8) Comunicación de la existencia de conformidades suficientes: Una vez vencido el plazo de 20 días de negociación del acuerdo, pueden suceder 2 cosas: a) en 1er lugar, puede suceder que no se obtengan las conformidades suficientes para la aprobación de un acuerdo preventivo, en cuyo caso el juez debe declarar la quiebra de la concursada sin más trámite b) en 2do lugar, puede suceder que la concursada o un 3ero obtengan las conformidades suficientes para la aprobación de un acuerdo preventivo, en cuyo caso deben incorporar tal circunstancia, por escrito, al expediente concursal: b.1) si en la competencia de oferentes gana la concursada, es decir, si es ella la que 1ero logra y demuestra las mayorías suficientes para la aprobación de un acuerdo preventivo, se aplican las reglas previstas para el acuerdo preventivo obtenido en el período de exclusividad b.2) si en la competencia de oferentes gana un 3ero, es decir, si es él el que 1ero logra y demuestra las mayorías 10
Sin embargo, en la práctica, se suele designar a cualquier 3ero, como es el caso de un familiar o de un amigo de la concursada, para que abra el período de salvataje, para que, de esta manera, la concursada puede continuar negociando
suficientes para la aprobación de un acuerdo preventivo, pueden darse 2 situaciones, de manera tal que: si el valor neto de las cuotas o acciones sociales de la concursada es negativo, la titularidad de las mismas, una vez homologado el acuerdo preventivo, se transfieren al 3ero, sin que éste tenga que pagar suma alguna, ni cumplir ningún trámite, ni observar exigencia adicional alguna, puesto que, en tal caso, las cuotas o acciones sociales nada valen si el valor neto de las cuotas o acciones sociales de la concursada es positivo, el valor inicial de las mismas, determinado por la resolución judicial dictada después de vencido el plazo para impugnar la valuación, debe reducirse en la misma proporción en que el juez estime, previo dictamen del evaluador, que se redujo el pasivo quirografario, como consecuencia del acuerdo preventivo alcanzado por el 3ero, de manera tal que, si, por Ej.: a) el valor inicial de las cuotas o acciones, determinado por la resolución judicial dictada después de vencido el plazo para impugnar la valuación, es de $ 140 b) el valor del pasivo quirografario determinado también en esa oportunidad es de $ 400 c) y el valor presente del pasivo quirografario, como consecuencia del acuerdo preventivo alcanzado por el 3ero, es de $ 200 d) la proporción que representa c) ($ 200) con respecto a b) ($ 400) es de 50 % e) y, por lo tanto, la nueva resolución judicial, que será irrecurrible, determinará que el valor de las cuotas o acciones será de $ 70 (50 % de $ 140) 9) Posibilidades del 3ero: Dentro de los 20 días posteriores a la determinación definitiva del valor de las cuotas o acciones de la concursada, el 3ero puede optar por pagarlo a los socios o accionistas, o convocar a éstos a una negociación para reducir el valor de las cuotas o acciones de la concursada: a) si opta por pagar el valor de las cuotas o acciones de la concursada a los socios o accionistas, debe expresar su voluntad, dentro de los 20 días citados, y depositar, concomitantemente, el 25 % como garantía y a cuenta del saldo, que deberá efectivizar mediante depósito judicial, dentro de los 10 días posteriores a la homologación judicial del acuerdo, en cuyo caso se le transfiere definitivamente la titularidad del capital social b) si opta por convocar a los socios o accionistas a una negociación para reducir el valor de las cuotas o acciones de la concursada, debe, dentro de los 20 días citados, obtener la conformidad de los socios o accionistas que representen 2 tercios capital social dedebe la concursada: b.1) si ellos3ero logra del dichas mayorías, expresar su voluntad, dentro de los 20 días citados, y depositar, concomitantemente, el 25 % como garantía y a cuenta del saldo, que deberá efectivizar mediante depósito judicial, dentro de los 10 días posteriores a la homologación judicial del acuerdo, en cuyo caso se le transfiere definitivamente la titularidad del capital social b.2) si el 3ero no logra dichas mayorías, puede, dentro de los 20 días citados, expresar su voluntad de pagar a los socios o accionistas de la concursada la totalidad del valor fijado en la resolución judicial definitiva b.3) si el 3ero no logra dichas mayorías, y no manifiesta su voluntad de pagar a los socios o accionistas de la concursada la totalidad del valor fijado en la resolución judicial definitiva, el juez debe declarar la quiebra 10) Quiebra indirecta: El fracaso del intento de acuerdo preventivo durante este período de salvataje produce la quiebra indirecta de la concursada, que debe ser declarada por el juez sin más trámite
EFECTOS DE LA HOMOLOGACIÓN DEL ACUERDO 1) Existencia de acuerdo La conformidad se da cuando el acuerdo preventivo es aprobado, es decir, cuando se logran las mayorías exigidas por el Art. 45 de la LCQ El acuerdo se da cuando el juez homologa el acuerdo, y, por lo tanto, cuando el Art. 49 de la LCQ establece que el juez, dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del período de exclusividad, debe dictar la resolución haciendo saber la existencia de acuerdo preventivo, en realidad, está estableciendo que el juez debe dictar la resolución haciendo saber la existencia de conformidades suficientes para la aprobación de la propuesta de acuerdo preventivo: a) La LCQ no aclara si es necesario o no que el juez le corra vista al síndico antes de dictar la resolución que proclama la existencia de acuerdo preventivo b) Pero, sin embargo, en la práctica judicial, el juez, antes de dictar dicha resolución, le corre vista al síndico para que lleve a cabo un control formal de cada una de las propuestas, plasme sus resultados en un dictamen y lo envíe al juez, quien, en base al mismo, dictará, o no, la resolución que hará saber la existencia de acuerdo preventivo, dando lugar, de esta manera, al período de impugnación (Art. 49 LCQ) 2) Impugnación del acuerdo
2.a) Acreedores legitimados: La resolución del Art. 49 de la LCQ puede ser impugnada por: a) Los acreedores verificados y admitidos, comprendidos dentro de la clase o categoría correspondiente a la propuesta impugnada, sin importar si prestaron o no conformidad a dicha propuesta, salvo cuando la causal de impugnación sea la prevista en el inc. 5to del Art. 50 de la LCQ, en cuyo caso la impugnación solamente puede ser articulada por quien no prestó dicha conformidad b) Los acreedores tardíos, es decir, los acreedores que promovieron un incidente de verificación tardía, aunque éste no haya sido resuelto c) Los acreedores revisionistas, es decir, los acreedores que solicitaron la verificación tempestiva, y, al no ser admitidos o al no ser verificados, promovieron el recurso de revisión (Art. 50 LCQ) 2.b) Oportunidad: La resolución del Art. 49 de la LCQ puede ser impugnada dentro del plazo de 5 días hábiles judiciales (Art. 50 LCQ) 2.c) Causales: El Art. 50 de la LCQ, en sus 5 incisos, establece, taxativamente, cuáles son las causales de impugnación, pudiendo distinguir 2 grandes causales:o formales, que son: a) El 1er grupo alude a las grupos causalesdeobjetivas a.1) El inc. 1ero, que alude al déficit en las mayorías necesarias para que el acuerdo resulte aprobado a.2) El inc. 2do, que alude a la falta de representación de acreedores que concurran a formar mayoría en las categorías b) El 2do grupo alude a las causales subjetivas o sustanciales, que son: b.1) El inc. 3ero, que alude a la exageración fraudulenta del pasivo b.2) El inc. 4to, que alude a la ocultación o exageración fraudulenta del activo c) Finalmente, encontramos el inc. 5to, que alude a la inobservancia de formas esenciales para la celebración del acuerdo, el cual: c.1) hasta la sanción de la ley 25.589, del año 2002, configuraba una mera causal objetiva o formal, permitiendo la impugnación de la resolución del Art. 49 de la LCQ, cuando, por Ej., el acreedor votaba una propuesta no formulada c.2) pero, actualmente, abarca también el supuesto previsto en el inc. 4to del Art. 52 de la LCQ, incorporado a partir del dictado de la ley citada, según el cual el juez no puede homologar una propuesta abusiva o en fraude a la ley, de manera tal que, actualmente, el acreedor que quiera impugnar una propuesta abusiva debe hacerlo dentro del período de impugnación de la resolución del Art. 49 de la LCQ (Art. 50 LCQ) 2.d) Trámite La impugnación carece de trámite específico, y, por lo tanto, debe sustanciarse incidentalmente, de acuerdo a las reglas establecidas a partir del Art. 280 de la LCQ Una vez promovidas las respectivas impugnaciones, el juez debe resolver: a) Admitiendo las impugnaciones, en cuyo caso: a.1) el juez debe declarar la quiebra, o, si corresponde, abrir el período de salvataje regulado por el Art. 48 de la LCQ, siempre y cuando las impugnaciones impidan alcanzar las mayorías establecidas por el Art. 45 de la LCQ a.2) el concursado puede apelar la resolución del juez b) Desestimando las impugnaciones, en cuyo caso: b.1) el juez debe homologar el acuerdo, debiendo limitarse a efectuar un control formal extrínseco, sin que pueda valorar el mérito del acuerdo, ni su oportunidad, conveniencia o merecimiento por el concursado, sin perjuicio de que: → por un lado, por aplicación de las reglas del derecho común, debe controlar la licitud de las prestaciones convenidas, pudiendo denegar la homologación del acuerdo que contenga prestaciones contrarias a ley, al orden público, a la moral o a las buenas costumbres → por otro lado, por aplicación del inc. 4to del Art. 52 de la LCQ, no puede homologar una propuesta abusiva o en fraude a la ley b.2) los acreedores impugnantes pueden apelar la resolución del juez (Art. 51 LCQ) 3) La homologación 3.a) Concepto: La homologación es el acto en virtud del cual el juez aprueba el acuerdo aprobado por los acreedores en el período de exclusividad o en el período de salvataje, y configura una condición sine qua non de la validez y exigibilidad del acuerdo preventivo, es decir, que el acuerdo preventivo no homologado: a) No obliga ni siquiera a sus firmantes b) Conlleva al fracaso del concurso preventivo y a la consecuente quiebra del concursado 3.b) Reglas: La homologación procede cuando no se deducen impugnaciones, que es lo más usual, o cuando se
desestiman las impugnaciones deducidas, y está sujetada a las siguientes reglas: 1) Si el concursado no hizo propuestas diferenciadas de acuerdo preventivo, el juez debe homologar el acuerdo cuando se alcancen las mayorías establecidas por el Art. 45 de la LCQ 2) Si el concursado hizo propuestas diferenciadas de acuerdo preventivo, el juez, en principio, debe homologar el acuerdo cuando se alcancen las mayorías establecidas por el Art. 45 de la LCQ en todas y cada una de las clases, pero, sin embargo, la LCQ admite 2 excepciones, en las que el déficit de mayorías de una o varias clases se compensa con el excedente de otra u otras: → la 1era excepción está dada por el Art. 67 de la LCQ, que plasma una compensación en materia de concurso en caso de agrupamiento → la 2da excepción está dada por el inc. 2do del Art. 52 de la LCQ, incorporado por la ley 25.589, del año 2002, que consagra el denominado cramdown power, que consiste en una compensación que se da cuando se reúnen todas las condiciones siguientes: » en 1er lugar, debe mediar la conformidad de, al menos, una de las categorías de acreedores quirografarios » en 2do lugar, debe mediar la conformidad de, al menos, el 75 % del capital quirografario » en 3er lugar, no debe mediar discriminación en contra de las categorías disidentes, para lo cual es necesario: ~ en 1er lugar, que se le otorgue a los acreedores de tales categorías la posibilidad de elegir las prestaciones ofrecidas a su categoría o las prestaciones acordadas dentro de las clases en las que sí se obtuvieron las mayorías del Art. 45 de la LCQ ~ en 2do lugar, que el acreedor disidente que no hace uso de tal elección, no reciba un pago o valor inferior: al mejor que se hubiera acordado en las categorías en las que sí se obtuvieron las mayorías del Art. 45 de la LCQ al que obtendría en caso de quiebra 3) Si la propuesta diferenciada de acuerdo preventivo está dirigida a acreedores con privilegio especial, no juegan las compensaciones citadas, puesto que esta clase de propuesta requiere unanimidad, y nunca puede ser impuesta a un acreedor de ese rango que no la haya aceptado expresamente 4) Si la propuesta es abusiva o en fraude a la ley, el juez no debe homologarla (Art. 52 LCQ) 3.c) Medidas para la ejecución: La resolución que homologue el acuerdo debe disponer las medidas judiciales necesarias para su cumplimiento, tales como el otorgamiento y la constitución de garantías, la constitución de la sociedad entre el deudor y los acreedores, y la fijación del plazo en que deben otorgarse los actos cuando el acuerdo nada diga al respecto, aclarando que mientras se encuentren pendientes de cumplimiento las medidas de ejecución del acuerdo y el otorgamiento de las garantías, no puede declararse concluido el concurso (Art. 53 LCQ) 3.d) Honorarios: Al homologar el acuerdo, el juez regula los honorarios correspondientes, de acuerdo a las pautas del Art. 266 de la LCQ, y, la falta de pago de los honorarios legitima a los acreedores de los mismos para solicitar la quiebra indirecta del deudor, la cual, a falta de procedimiento específico, debe sustanciarse incidentalmente, de acuerdo a las reglas establecidas a partir del Art. 280 de la LCQ (Art. 54 LCQ) 4) Efectos del acuerdo homologado 4.a) Novación: El 1er efecto del acuerdo homologado, previsto por el Art. 55 de la LCQ, consiste en la novación de las obligaciones del deudor anteriores al concurso y alcanzadas por los efectos del acuerdo homologado por las prestaciones concordatarias respectivas: a) la novación, según Llambías, es un modo de extinción de una obligación que se realiza mediante la creación de una nueva obligación sustitutiva de aquélla, y, según las prescripciones del Código Civil, puede ser subjetiva u objetiva: a.1) la novación subjetiva es la que resulta de un cambio en la persona del acreedor o en la persona del deudor a.2) la novación objetiva es la que resulta de un cambio en el objeto debido, como es el caso de la sustitución de una obligación de dar dinero por una obligación de dar cosas ciertas, o de un cambio en la causa de la obligación primitiva, como es el caso de la sustitución de la obligación de entregar una suma de dinero en virtud del precio que se adeuda por el préstamo de esa misma suma que le hace el vendedor al comprador b) las obligaciones novadas son las obligaciones anteriores al concurso y alcanzadas por los efectos del acuerdo homologado, de manera tal que las obligaciones quirografarias del concursado, anteriores a la presentación, siempre resultan alcanzadas por la novación, ya que el acuerdo para acreedores quirografarios es imprescindible para que exista concurso preventivo exitoso, pero, en cambio, no resultan alcanzadas por la novación las obligaciones privilegiadas, cuando no hay acuerdo con respecto a las mismas c) la novación prevista por el Art. 55 de la LCQ es una novación objetiva que difiere de la novación prevista por el
Código Civil en algunos puntos: c.1) en 1er lugar: » el Código Civil establece que la novación, además de extinguir la obligación principal, extingue los accesorios de la obligación principal y las obligaciones accesorias » el Art. 55 de la LCQ establece que la novación no extingue las obligaciones accesorias contraídas por fiadores y codeudores solidarios, lo cual: ~ por un lado, beneficia, fundamentalmente, a los bancos, quienes prestan dinero a determinadas personas, y, si estas son concursadas, pueden cobrar la totalidad de su crédito al garante del deudor concursado ~ y, por otro lado, diferencia fiadores y socios solidarios, en el sentido que: a los fiadores no se les extienden los efectos del acuerdo homologado a los socios solidarios, conforme a lo establecido por el Art. 56 de la LCQ, sí se les extienden tales efectos, en el sentido que, cuando la concursada es una sociedad con socios ilimitada y solidariamente responsables, éstos, en principio, solamente responden hasta el importe novado por efecto del acuerdo homologado, salvo que, como condición expresa de éste, se estipule lo contrario y esto es así, porque, mientras que los fiadores solamente responden ilimitadamente con respecto al cumplimiento de una obligación determinada, los socios solidarios responden ilimitadamente con respecto al cumplimiento de todas las obligaciones de la sociedad a la que pertenecen » con respecto a las garantías reales, tales como prendas e hipotecas, el Art. 55 de la LCQ no establece nada al respecto, y, en consecuencia, resultan aplicables las disposiciones del Código Civil, según el cual: ~ si las garantías reales recaen sobre bienes del concursado, las mismas se extinguen con la novación, salvo que el acreedor, sin necesidad de que medie la conformidad del deudor, por medio de una reserva expresa y contemporánea a la novación, estipule que las garantías reales pasen a la nueva obligación ~ si las garantías reales recaen sobre bienes de un 3ero, las mismas se extinguen con la novación, salvo que el acreedor, con la conformidad del 3ero propietario del bien prendado o hipotecado, por medio de una reserva expresa y contemporánea a la novación, estipule que las garantías reales pasen a la nueva obligación c.2) en 2do lugar: » la novación del Código Civil solamente alcanza a los acreedores que presten conformidad a tales efectos » la novación del Art. 55 de la LCQ alcanza a todos los acreedores de obligaciones anteriores al concurso y alcanzadas por los efectos del acuerdo homologado c.3) en 3er lugar: » la novación del Código Civil no se produce cuando las modificaciones en la primitiva obligación no hagan al objeto debido o a su causa, como, por Ej. las referidas al tiempo, al lugar o al modo del cumplimiento, las cuales modifican la obligación, pero no la extinguen » la novación del Art. 55 de la LCQ se produce también cuando las modificaciones en la primitiva obligación no hagan al objeto debido o a su causa d) la novación del Art. 55 de la LCQ tiende a facilitar la recuperación del concursado e) el efecto novatorio,previstos en principio, irreversible, subsistiendo, únicamente, algunosencasos de nulidad acuerdo homologado en elesArt. 62 de lanoLCQ, pero subsistiendo, en encambio, el supuesto de del su incumplimiento, lo cual repercute sobre la eventual quiebra posterior del concursado, puesto que, en tal caso, mientras que los acreedores posteriores percibirán la totalidad de su crédito, los acreedores anteriores solamente 11 recibirán las prestaciones concordatarias respectivas (Art. 55 LCQ) 4.b) Aplicación a todos los acreedores: El 2do efecto del acuerdo homologado, previsto por el Art. 56 de la LCQ, consiste en la extensión de sus efectos a TODOS los acreedores quirografarios anteriores a la presentación a los que se les formuló alguna propuesta, sin importar si fueron quirografarios por su srcen o por haber renunciado de manera sobreviniente al privilegio detentado, y sin importar si los acreedores participaron o no en el procedimiento para llegar al acuerdo preventivo, y, en consecuencia, los efectos del acuerdo homologado también se extienden a los que verifiquen tardíamente y a los que reclamen contra el deudor después de concluido el concurso, de manera tal que, si el acuerdo 11
Un sector doctrinario sostenía que tal efecto conllevaría a que los acreedores anteriores no aprueben el acuerdo, pero, sin embargo, la práctica judicial demostró lo contrario, ya que, por lo general, los acreedores anteriores aprueban las propuestas, sabiendo que, si el deudor quiebra, cobrarán menos del monto previsto en la propuesta formulada
contempla diferentes condiciones para distintas clases de acreedores, a cada acreedor tardío se le aplicarán las que correspondan a la clase integrada por quienes fueran más afines (Art. 56 LCQ) 4.c) Acuerdos para acreedores privilegiados: El 3er efecto del acuerdo homologado, previsto por el Art. 57 de la LCQ, consiste en que: a) por un lado, para que el acuerdo preventivo para acreedores privilegiados produzca sus efectos, debe ser aprobado y homologado, sin que baste, a tales fines, con que resulte aprobado y homologado el acuerdo preventivo para acreedores quirografarios b) y, por otro lado, los acreedores privilegiados no incluidos en el acuerdo preventivo, es decir, los acreedores privilegiados que no recibieron propuestas de parte del deudor, siempre y cuando hayan sido verificados, después de que resulte homologado el acuerdo preventivo para acreedores quirografarios, pueden ejecutar la sentencia de verificación de su crédito ante el juez que corresponda, según la naturaleza de su crédito (Art. 57 LCQ) 5) Verificación tardía: La verificación tardía, si bien está regulada por el Art. 56 de la LCQ, no es un efecto del acuerdo homologado: a) La verificación tempestiva es la que efectúan los acreedores que se presentan dentro de los 15 a 20 días que fije el juez en la sentencia de apertura concursal desde el día en que se estime que se efectuará la última publicación de edictos b) La verificación tardía es la que efectúan los acreedores que se presentan fuera de ese plazo, y, en el concurso preventivo, el acreedor puede presentarse después del vencimiento del período de verificación tempestiva y hasta 2 años después de la fecha de presentación, siendo éste un término de prescripción, y no de caducidad, susceptible de ser suspendido, interrumpido o dispensado por término de la ley, lo cual encuentra su fundamento en la finalidad misma del concurso preventivo que consiste en la preservación de la continuación de la explotación de la empresa: b.1) una vez que pasaron 2 años contados a partir de la presentación, el acreedor deja de ser tardío y pasa a ser extinto, lo cual implica que prescriben las acciones que el acreedor podía intentar contra otros acreedores, contra el concursado o contra 3eros vinculados al acuerdo b.2) el pedido de verificación tardía debe deducirse: » si aún no ha concluido el concurso, por vía incidental, de acuerdo a las reglas establecidas a partir del Art. 280 de la LCQ » si el concurso ya ha concluido, por el juicio que corresponda » el acreedor que verifica tardíamente, por vía incidental o por el juicio que corresponda, ingresa al pasivo y participa del acuerdo, pero no puede reclamar del resto de los acreedores lo que hayan percibido con arreglo al acuerdo, siendo el juez quien fijará la forma en que se aplicarán los efectos ya ocurridos, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, lo cual tiene relevancia en aquellos casos en los cuales las mismas no sean dinerarias (Art. 56 LCQ) 6) Reclamación contra créditos admitidos y sus efectos: El hecho de que, al tiempo en que se tornan exigibles las prestaciones concordatarias, exista algún recurso de revisión pendiente de decisión, que fue interpuesto, por el concursado o por un acreedor, contra la declaración que admitió a un acreedor determinado, no impide el cumplimiento de la prestación concordataria, debiendo el concursado poner a disposición del juez del concurso el objeto de la misma, si es que el acreedor lo solicita, en cuyo caso, el juez del concurso, mediante una resolución apelable, puede disponer: a) O bien, la entrega al acreedor del objeto de la prestación concordataria, en cuyo caso, debe fijar una caución que el acreedor debe constituir antes de procederse a la entrega b) O bien, la forma de conservación del bien que el concursado debe entregar, en cuyo caso, debe determinar si el bien debe permanecer en poder del deudor o ser depositado en el lugar y forma que disponga (Art. 58 LCQ) 7) Conclusión del concurso: El Art. 59 de la LCQ establece que, una vez homologado el acuerdo preventivo, el juez debe declarar finalizado el concurso, y, al respecto, cabe decir 2 cosas: a) En 1er lugar, que el concurso no concluye, sino que, en realidad, produce determinados efectos b) En 2do lugar, que la resolución que declara la finalización del concurso reviste una serie de particularidades, en el sentido que: b.1) Por un lado, antes de la resolución: → deben constituirse las garantías que eventualmente se hayan prometido para asegurar el cumplimiento del acuerdo preventivo y deben tomarse y ejecutarse las medidas tendientes al cumplimiento del acuerdo previstas por el Art. 53 de la LCQ → debe renovarse la inhibición general de bienes del deudor concursado, por el plazo prometido de cumplimiento del acuerdo, salvo que en éste los acreedores presten conformidad expresa para el levantamiento de dicha cautela b.2) Por otro lado, después de la resolución, y aún antes del cumplimiento del acuerdo:
la administración del patrimonio o de la empresa del deudor concursado, durante el período de cumplimiento del acuerdo, se rige por los términos estipulados al efecto en el propio acuerdo preventivo → dejan de aplicarse las restricciones a la administración del deudor concursado, previstas por los artículos 15 y 16 de la LCQ → cesa la intervención del síndico, aunque, en realidad: ◘ en 1er lugar, en casos de pequeños concursos, tal como lo establece el Art. 289 de la LCQ, debe controlar el cumplimiento del acuerdo, salvo que los acreedores hayan designado un comité de controladores a tales fines ◘ en 2do lugar, las pretensiones creditorias pendientes de resolución judicial (tales como las verificaciones tardías del Art. 56, los recursos contra las resoluciones dictadas respecto de verificaciones tempestivas de los artículos 36, 37 y concordantes, y los juicios proseguidos de conformidad con lo establecido en el inc. 1ero del Art. 21) deben continuar su tramitación ante el juzgado concursal, o su pertinente tribunal de alzada, con la intervención del síndico cuando sea necesario, como trámites residuales ineludibles b.3) Finalmente, la resolución: → debe publicarse por un día en el diario de publicaciones legales y en un diario de amplia circulación → es apelable (Art. 59 LCQ) →
8) Cumplimiento del acuerdo: El Art. 59 de la LCQ también establece que: a) El cumplimiento del acuerdo debe ser declarado por resolución judicial emanada del juez del concurso, a instancias del deudor concursado, y, tal resolución, pone fin a los efectos del concurso b) Durante el año inmediato siguiente a la fecha de dicha resolución, rige un período de inhibición, dentro del cual el deudor concursado no puede pedir un nuevo concurso preventivo, ni la conversión de la eventual declaración de su quiebra en concurso preventivo (Art. 59 LCQ) 9) Nulidad del acuerdo y sus efectos El acuerdo homologado puede ser declarado nulo: a) a pedido de cualquier acreedor alcanzado por los efectos concordatarios b) dentro del plazo de caducidad de 6 meses posteriores a la homologación del acuerdo c) cuando el deudor concursado hubiese desplegado una conducta dolosa, descubierta después de vencido el plazo de 5 días hábiles judiciales para impugnar la resolución del Art. 49 de la LCQ, tendiente a: c.1) exagerar el pasivo c.2) ocultar o exagerar el activo c.3) reconocer o aparentar privilegios inexistentes o constituidos ilícitamente La sentencia que declare la nulidad del acuerdo homologado: a) debe contener la declaración de quiebra del deudor y las medidas del Art. 177 de la LCQ b) es apelable en relación y con efecto suspensivo, aunque, el efecto del recurso sólo parcialmente es suspensivo, en el sentido que: b.1) por un lado, suspende el inicio de la liquidación general de los bienes del activo falencial b.2) y, por otro lado, no suspende la incautación de los bienes y de las demás medidas previstas en los artículos 177 a 199 de la LCQ, entre los que cabe citar la posibilidad de liquidar de inmediato ciertos bienes, en los términos del Art. 184 de la LCQ La
que declare la nulidad del acuerdo homologadodel produce, además, los siguientes efectos:lo cual, como es 1)sentencia En 1er lugar, el fiador que garantizó el cumplimiento acuerdo preventivo queda liberado, lógico, no se da cuando el acuerdo es incumplido, en cuyo caso los cobros se efectivizan sobre tales garantías 2) En 2do lugar, los acreedores anteriores a la presentación del deudor en concurso preventivo, pueden encontrarse en alguna de las 3 siguientes situaciones: 2.a) El acreedor que no cobró ni siquiera parcialmente el crédito novado, puede concurrir a la quiebra posterior de su deudor por el monto total del crédito, y no solamente por el crédito novado, pudiendo reclamar, además, los intereses que corrieron desde la presentación en concurso preventivo y hasta la fecha de la sentencia de quiebra, de manera tal que, en este caso, la novación queda sin efecto 2.b) El acreedor que cobró totalmente el crédito novado, no puede concurrir a la quiebra posterior de su deudor, de manera tal que, en tal caso, la novación no queda sin efecto 2.c) El acreedor que cobró parcialmente el crédito novado, puede concurrir a la quiebra posterior de su deudor, pero el monto total del crédito se reducirá en la misma proporción en que fue pagado el crédito novado, pudiendo reclamar, además, los intereses que corrieron desde la presentación en concurso preventivo y hasta la fecha de la sentencia de quiebra, de manera tal que, en este caso, la novación queda parcialmente sin efecto
2.d) A lo que cabe agregar que el acreedor privilegiado que renunció al privilegio para votar el acuerdo de los acreedores quirografarios recupera su privilegio 3) En 3er lugar, las medidas adoptadas en cumplimiento del acuerdo son nulas en cuanto satisfagan los créditos comprendidos en él 4) En 4to lugar, los acreedores cuyos créditos fueron dolosamente exagerados, quedan excluidos de la masa, sin perjuicio de su eventual responsabilidad penal 5) En 5to lugar, se abre un nuevo período informativo, que se rige por los artículos 200 a 202 de la LCQ 6) En 6to lugar, se ordena la inmediata realización de los bienes del deudor, como en todas las quiebras, salvo que existan recursos pendientes contra la sentencia de quiebra (Arts. 60 a 62 LCQ) 10) Incumplimiento del acuerdo y sus efectos La quiebra indirecta por falta de cumplimiento, total o parcial, del acuerdo homologado, se declara: a) a instancia de acreedor interesado, es decir, a instancia de un acreedor que: a.1) 1er2do lugar, estéresulte comprendido en el acuerdo y lepor falte total o parcialmente su crédito un acreedor no a.2) en y, en lugar, personalmente afectado el cobrar incumplimiento, y, en consecuencia, puede pedir la quiebra por falta de cumplimiento a uno de sus coacreedores b) a instancia del deudor, por petición expresa de él, o cuando simplemente manifieste en el juicio que no podrá cumplir el acuerdo El trámite de declaración de quiebra indirecta por falta de cumplimiento del acuerdo homologado debe sustanciarse con vista al deudor La resolución que declara la quiebra indirecta por falta de cumplimiento del acuerdo homologado es apelable en relación y con efecto suspensivo, aunque, el efecto del recurso sólo parcialmente es suspensivo, en el sentido que: a) por un lado, suspende el inicio de la liquidación general de los bienes del activo falencial b) y, por otro lado, no suspende la incautación de los bienes y de las demás medidas previstas en los artículos 177 a 199 de la LCQ, entre los que cabe citar la posibilidad de liquidar de inmediato ciertos bienes, en los términos del Art. 184 de la LCQ La resolución que desestima la pretensión de quiebra indirecta por falta de cumplimiento del acuerdo homologado es inapelable, por aplicación de la regla genérica del inc. 3ero del Art. 273 de la LCQ, sin que resulte aplicable la apelabilidad contemplada en el Art. 285 de la LCQ, ya que la pretensión de quiebra indirecta por incumplimiento no se tramita como incidente concursal, al tener prevista específicamente como única sustanciación la vista al deudor (Arts. 63 y 64 LCQ)
CONCURSO EN CASO DEAGRUPAMIENTO 1) Regulación: El concurso en caso de agrupamiento, es decir, el concurso preventivo de varias personas integrantes de un agrupamiento, también denominado conjunto económico o grupo económico, es un instituto que fue incorporado por la ley 24.522 y se encuentra regulado por los artículos 65, 66 y 67 de la misma 2) Presupuestos de apertura del concurso en caso de agrupamiento: Los presupuestos de apertura del concurso en caso de agrupamiento son 3: 1) En 1er lugar, debe existir un agrupamiento, conjunto económico o grupo económico, el cual: 1.a) puede ser definido como aquél conjunto de personas: físicas o jurídicas, aunque generalmente jurídicas externamente independientes, en el sentido que cada una de ellas tiene su propio patrimonio e internamente controladas y dirigidas, en el sentido que una de ellas controla y dirige a todas
las demás 1.b) debe presentar características de permanencia y de exteriorización: la permanencia apunta a que la integración empresarial debe prolongarse en el tiempo en forma estable, puesto que la finalidad del instituto en cuestión consiste en la preservación de la empresa como actividad la exteriorización apunta a que el mundo económico en el que se desenvuelve el agrupamiento conozca la existencia de la integración empresarial, y, precisamente, la exteriorización puede surgir de los estados contables 2) En 2do lugar, todas las personas, físicas o jurídicas, que integran el agrupamiento, conjunto económico o grupo económico, deben presentarse en concurso preventivo, ante el mismo juez, en forma simultánea y vinculada 3) En 3er lugar, debe darse el presupuesto objetivo del concurso en caso de agrupamiento, que configura una excepción a la regla general en materia de presupuesto objetivo del proceso colectivo, en el sentido que: 3.a) como regla general, la cesación de pagos, y no el mero incumplimiento, es el presupuesto objetivo del proceso colectivo, tal como lo establece el 1er párrafo del Art. 1 de la ley 24.522
3.b) pero, excepcionalmente, en el concurso por agrupamiento, el estado de cesación de pagos de uno de los integrantes del agrupamiento permite el concurso preventivo de todo el grupo económico, siempre que aquel estado pueda afectar a los demás integrantes del agrupamiento (Arts. 65 y 66 LCQ) 3) Juez único, sindicatura única y control multidireccional: En el concurso en caso de agrupamiento: a) es competente el juez al que le correspondería entender en el concurso de la persona con activo más importante, según el último balance, de todas las integrantes del grupo económico b) la sindicatura es una sola, sin perjuicio de que, eventualmente, y por razones de conveniencia administrativa, el juez puede designar una sindicatura plural en los términos del último párrafo del Art. 253 de la LCQ, y, precisamente, esa única sindicatura, confecciona un único informe general: b.1) el informe general muestra la situación patrimonial de cada uno de los integrantes del grupo económico b.2) una copia del informe general se agrega en cada uno de los expedientes individuales formados para cada uno de los integrantes del grupo económico b.3) el informe general se completa con un estado de activos y pasivos consolidado del grupo económico c) las solicitudes de verificación de créditos formuladas por los acreedores de uno de los integrantes del grupo económico pueden ser observadas e impugnadas por los acreedores de cualquier otro integrante del grupo económico (Art. 67 LCQ) 4) Procesos separados: En el concurso en caso de agrupamiento, existe un concurso por cada persona que integra el grupo económico, es decir, que se forma un expediente individual para cada uno de los integrantes del grupo económico (Art. 67 LCQ) 5) Régimen de las propuestas: En materia de propuestas, el grupo económico tiene 2 opciones: a) o bien, formula propuestas unificadas, es decir, opta porque el grupo económico formule propuestas comunes a todos los acreedores de cada uno de sus integrantes, las cuales pueden ser únicas, o por categorías o clases, en cuyo caso: a.1) en principio, deben alcanzarse las mayorías establecidas por el Art. 45 de la LCQ, pero, en su defecto, basta con que voten favorablemente, al menos: el 75 % del capital total con derecho a voto el 50 % del capital dentro de cada una de las categorías sin importar, en ambos casos, cuántas personas contribuyen a la conformación de tal porcentaje a.2) el fracaso del concurso preventivo trae aparejada la quiebra de todos los integrantes del grupo económico b) o bien, formula propuestas separadas, es decir, opta porque cada uno de los integrantes del grupo económico formule propuestas a cada uno de sus acreedores, las cuales también pueden ser únicas, o por categorías o clases, en cuyo caso: a.1) deben alcanzarse, necesariamente, las mayorías establecidas por el Art. 45 de la LCQ a.2) el fracaso del concurso preventivo de uno de los integrantes del grupo económico no trae aparejada la quiebra de todos los demás (Art. 67 LCQ) 6) Créditos entre concursados: Los créditos entre integrantes del grupo económico, o sus cesionarios, dentro de los 2 años anteriores a la presentación en concurso preventivo, no otorgan derecho a decidir las propuestas de acuerdo dentro del concurso agrupado (Art. 67 LCQ)
CONCURSAMIENTO DEL GARANTE El Art. 68 de la LCQ establece que el garante de un concursado, sin importar si existe o no agrupamiento, puede pedir su concurso preventivo para que tramite conjuntamente con el de su garantizado, en cuyo caso: a) debe formular la petición ante el juez del concurso dentro de los 30 días posterior a la última publicación de edictos b) se aplican las disposiciones relativas al concurso por agrupamiento (Art. 68 LCQ)
ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL 1) Regulación: El acuerdo preventivo extrajudicial se encuentra regulado en los artículos 69 a 76 de la LCQ 2) Acuerdo preconcursal simple o no homologable y acuerdo preventivo extrajudicial La LCQ, en el capítulo “Acuerdo Preventivo Extrajudicial”, contempla 2 mecanismos diferentes para reorganizar la empresa: a) el 1ero es un mecanismo de reorganización informal, que es el denominado acuerdo preconcursal simple o no
homologable, el cual puede ser celebrado mientras la quiebra no se haya declarado, se rige por el derecho común, y, en consecuencia, es un contrato que: a.1) se mueve dentro del campo del principio de la autonomía de la voluntad, plasmado en el Art. 1197 del Código Civil, motivo por el cual, podría ser celebrado de todas maneras aun cuando la LCQ no lo hubiese contemplado expresamente a.2) obliga exclusivamente a las partes que lo suscriben a.3) no requiere mayorías predeterminadas legalmente b) el 2do es un mecanismo de reorganización formal, que es el acuerdo preventivo extrajudicial, el cual: b.1) necesariamente, debe ser homologado judicialmente, para lo cual el deudor debe presentar ante el juez competente los documentos exigidos por el Art. 72 de la LCQ b.2) no solamente obliga a las partes que los suscriben, sino que también obliga a las minorías de acreedores disidentes, pertenecientes a las clases cuyas mayorías lo aprobaron b.3) requiere las mayorías predeterminadas por el Art. 73 de la LCQ La regulación de estos mecanismos de reorganización de la empresa fue variando a lo largo del tiempo: a) en 1983, la ley 22.917 introdujo en la ley 19.551, que era la ley concursal vigente, la figura del acuerdo preconcursal simple o no homologable, que no era homologado judicialmente, y que obligaba exclusivamente a las partes que lo suscribían b) en 1995, la ley 24.522, introdujo la figura del acuerdo preventivo extrajudicial, que era homologado judicialmente, y que obligaba exclusivamente a las partes que lo suscribían c) en 2002, la ley 25.589, del año 2002, introdujo 2 modificaciones esenciales al acuerdo preventivo extrajudicial, el cual: c.1) en 1er lugar, dejó de obligar solamente a las partes que los suscribían, para pasar a obligar también a las minorías de acreedores disidentes, pertenecientes a las clases cuyas mayorías lo aprobaron c.2) en 2do lugar, pasó a producir los mismos efectos que el acuerdo preventivo obtenido en concurso preventivo, aunque con menos trámites y en menos tiempo, motivo por el cual Rouillón nos dice que el acuerdo preventivo extrajudicial es un concurso preventivo abreviado c.3) aclarando que la ley 25.589, del año 2002, sigue los lineamientos de la ley norteamericana, la cual, como toda ley norteamericana, se fundamenta en la buena fe de los operadores, lo cual se evidencia si, por Ej., tenemos en cuenta que en el mismo no interviene el síndico y no existe control multidireccional, y, por tal motivo, la jurisprudencia nacional se encargó de adecuarla a la idiosincrasia argentina 3) Presupuesto objetivo: El presupuesto objetivo del acuerdo preventivo extrajudicial configura una excepción a la regla general en materia de presupuesto objetivo del proceso colectivo, en el sentido que: a) como regla general, la cesación de pagos, y no el mero incumplimiento, es el presupuesto objetivo del proceso colectivo, tal como lo establece el 1er párrafo del Art. 1 de la ley 24.522 b) pero, excepcionalmente, en el acuerdo preventivo extrajudicial, el deudor puede estar en estado de cesación de pagos o en dificultades económicas o financieras de carácter general, es decir, en un estado de crisis o de preinsolvencia, de manera tal que el acuerdo preventivo extrajudicial puede ser utilizado, según el caso, como un medio para solucionar la insolvencia o como un medio para prevenir la insolvencia (Art. 69 LCQ) 4) Presupuesto subjetivo: El presupuesto subjetivo se refiere a cuáles son los sujetos que pueden pedir la apertura del acuerdo preventivo judicial, y, al respecto, la LCQ establece que la misma puede ser pedida por cualquier sujeto concursable, pero, Rouillón, propugna una distinción, puesto que: a) mientras que el acuerdo preconcursal simple o no homologable puede ser celebrado por cualquier sujeto concursable b) el acuerdo preventivo extrajudicial solamente puede ser celebrado por aquel sujeto concursable que lleve alguna clase de registración contable, aunque sea rudimentaria, que posibilite que un contador público nacional certifique los documentos que el Art. 72 de la LCQ exige para la homologación del acuerdo (Art. 69 LCQ) 5) Forma: El acuerdo, en cualquiera de sus 2 especies, si bien puede ser celebrado por instrumento privado: a) en 1er lugar, exige que un escribano público certifique la firma de las partes y las representaciones invocadas por los otorgantes b) y, en 2do lugar, exige que se agreguen al instrumento los documentos habilitantes respectivos de los firmantes, o sus copias autenticadas, y es así que, por Ej., si el acto es celebrado por un apoderado, debe acompañarse la copia autenticada del poder respectivo c) todo lo cual apunta a garantizar que se han obtenido las mayorías requeridas para que el acuerdo sea judicialmente homologable, y, de esta manera, produzca los efectos correspondientes (Art. 70 LCQ) 6) Contenido: El Art. 71 de la LCQ establece que el acuerdo, en cualquiera de sus 2 especies, puede tener cualquier tipo
de contenido, y, al respecto, hay que decir 2 cosas: a) en 1er lugar, hay que decir que, como es lógico, el contenido no puede ser ilícito, imposible, abusivo ni fraudulento, puesto que, en tal caso, resultaría aplicable el inc. 4to del Art. 52 de la LCQ, que le prohíbe al juez homologar una propuesta abusiva o en fraude a la ley b) en 2do lugar, la LCQ no exige el respeto de la paridad de trato entre acreedores, ni siquiera dentro de la misma clase o categoría, siendo lícito acordar condiciones diferentes con cada uno de ellos, lo cual dio lugar a 2 interpretaciones doctrinarias encontradas: b.1) una postura mayoritaria, que entiende que el acuerdo preventivo extrajudicial es un concurso preventivo abreviado, propugna que, aunque la LCQ establezca que el acuerdo puede tener cualquier tipo de contenido, de todas maneras, debe ser respetada la paridad de trato, siendo aplicable, además, el inc. 4to del Art. 52 de la LCQ b.2) una postura minoritaria, que entiende que el acuerdo preventivo extrajudicial es un 3er proceso concursal, que se suma al concurso preventivo y a la quiebra, propugna que la paridad de trato no necesariamente debe ser respetada, ya que la LCQ establece que el acuerdo puede tener cualquier tipo de contenido, y, en consecuencia, el único límite al contenido del acuerdo está dado por el inc. 4to del Art. 52 de la LCQ, según el cual estaría vedado tratar inequitativa, arbitraria o perjudicialmente a los acreedores no firmantes del acuerdo (Art. 71 LCQ)12 7) Requisitos para la homologación: El acuerdo preventivo extrajudicial, para ser tal, necesariamente, debe ser homologado judicialmente, para lo cual el deudor debe presentar ante el juez competente los siguientes documentos debidamente certificados por un contador público nacional: a) un estado detallado y valorado del activo y del pasivo, actualizado a la fecha de presentación, y acompañado de un dictamen firmado por un contador público nacional que acredite la correspondencia existente entre la denuncia del deudor y sus registros contables o la documentación existente b) una nómina de sus acreedores, indicando sus domicilios, y los datos relativos a sus créditos, tales como montos, causas, vencimientos, codeudores, fiadores o 3eros obligados o responsables, y privilegios, acompañando, además: b.1) un dictamen firmado por un contador público nacional que acredite la inexistencia de otros acreedores en sus registros contables o en la documentación existente b.2) un detalle de los procesos judiciales o administrativos de carácter patrimonial en trámite o con condena no cumplida, precisando c) un listado de los librossuderadicación comercio y los de otra naturaleza llevados por el deudor, expresando el último folio utilizado en cada caso, y poniéndolos a disposición del juez, junto con la documentación respectiva d) la mención del monto de capital que representan los acreedores que firmaron el acuerdo, y el porcentaje que representan respecto de la totalidad de los acreedores registrados del deudor e) aclarando que: e.1) la presentación ante el juez competente para procurar la homologación suspende todas las acciones de contenido patrimonial contra el deudor, en los términos previstos en los incisos 2 y 3 del Art. 21 de la LCQ, incluida la solicitud de quiebra, que puede ser detenida por el concurso preventivo y por el acuerdo preventivo judicial e.2) los jueces suelen nombrar un síndico o un perito ad hoca los fines de controlar la labor del contador público nacional, lo cual configura uno de los supuestos en los cuales la jurisprudencia nacional intervino para adecuar a la idiosincrasia argentina la ley 25.589, del año 2002, que sigue los lineamientos de la ley norteamericana, que, como toda ley norteamericana, se fundamenta en la buena fe de los operadores (Art. 72 LCQ) 8) Mayorías: El acuerdo preventivo extrajudicial exige las mismas mayorías que el acuerdo preventivo y excluye del cómputo a los acreedores excluidos del concurso preventivo (Art. 73 LCQ) 9) Publicidad La presentación ante el juez competente para procurar la homologación debe ser dada a conocer mediante edictos que se publican por 5 días: en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción del juzgado y en otro diario de amplia circulación en el lugar del domicilio del deudor, que el juez designe Y, si el deudor tiene establecimientos en otra jurisdicción judicial, también se deben publicar edictos por 5 días, en el lugar de ubicación de cada uno de ellos, y, en su caso, en el diario de publicaciones legales respectivo La publicidad de la presentación ante el juez competente para procurar la homologación tiende a favorecer el conocimiento y la eventual oposición de los acreedores no otorgantes, y, su incumplimiento, impone la desestimación 12
La cátedra se enmarca en esta postura doctrinaria minoritaria, en favor de la cual, además, puede agregarse que existen situaciones en las que no se exige la paridad de trato, finalizándose el proceso concursal en forma consensuada, tal como sucede con el desistimiento voluntario consensuado del Art. 31 de la LCQ, y con el avenimiento del Art. 225 de la LCQ
de la homologación (Art. 74 LCQ) 10) Oposición: Antes de que el juez decida sobre la homologación o la no homologación del acuerdo tiene lugar un breve trámite concursal de oposición al acuerdo: a) los acreedores que pueden oponerse al acuerdo son los denunciados y los que demuestren sumariamente haber sido omitidos en el listado previsto en el inc. 2do del Art. 72 de la LCQ b) la oposición: b.1) debe presentarse dentro del los 10 días posteriores a la última publicación de edictos b.2) y solamente puede fundarse: en omisiones o en exageraciones del activo o del pasivo o en la inexistencia de las mayorías exigidas por el Art. 73 de la LCQ c) de ser necesario, debe abrirse la causa a prueba por 10 días, y, dentro de los 10 días posteriores a la finalización del período probatorio, el juez debe resolver (Art. 75 LCQ) 11) Efectosobtenido de la homologación: El acuerdo aunque preventivo produce mismos efectos quepor el acuerdo preventivo en concurso preventivo, con extrajudicial menos trámites y en los menos tiempo, motivo el cual Rouillón nos dice que el acuerdo preventivo extrajudicial es un concurso preventivo abreviado (Art. 76 LCQ) 12) Efectos de la presentación y de la frustración: Ante: a) la presentación del pedido de acuerdo preventivo extrajudicial, al igual que ante la presentación del pedido de apertura concurso preventivo, los eventuales pedidos de quiebra pendientes se suspenden b) la frustración del acuerdo preventivo extrajudicial: b.1) antes de su homologación, no se produce la quiebra indirecta del deudor, quien, por el contrario, puede presentarse en concurso preventivo b.2) después de su homologación, se produce la quiebra indirecta del deudor, tal como sucede ante la frustración del concurso preventivo
LA QUIEBRA 1) Quiebra de hecho y quiebra de derecho: En nuestro derecho concursal, no existe la quiebra de hecho, es decir, que la única quiebra existente es la quiebra de derecho, que es la declarada por resolución judicial 2) Clases: La quiebra puede ser indirecta, directa o por extensión: a) la quiebra indirecta es la que se da ante el fracaso del concurso preventivo, en los supuestos expresamente mencionados por la LCQ, entre los que cabe citar, por Ej., los siguientes: cuando el deudor no hace conocer públicamente su propuesta, presentándola en el expediente concursal, por lo menos 20 días antes del vencimiento del período de exclusividad, en los concursos preventivos sin período de salvataje, el juez debe dictar una resolución que declara la quiebra del concursado (Art. 43 LCQ) cuando no se logran las mayorías exigidas por el Art. 45 de la LCQ el acuerdo preventivo resulta desaprobado, y, en consecuencia, en los concursos preventivos sin período de salvataje, el juez debe dictar una resolución que declara la quiebra del concursado (Art. 46 LCQ) cuando el deudor formula propuestas de acuerdo preventivo a los acreedores privilegiados y opta por condicionar la propuesta de los quirografarios a la aprobación de la propuesta de los privilegiados, la falta de aprobación de la propuesta a los privilegiados determina el fracaso del concurso preventivo y su conversión en quiebra indirecta, aunque se hayan logrado las mayorías suficientes en la propuesta a los quirografarios (Art. 47 LCQ) cuando fracasa el intento de acuerdo preventivo durante el período de salvataje se produce la quiebra indirecta de la concursada (Art. 48 LCQ) cuando el juez admite las impugnaciones efectuadas al acuerdo preventivo, en los concursos preventivos sin período de salvataje, debe dictar una resolución que declara la quiebra del concursado, siempre y cuando las impugnaciones impidan alcanzar las mayorías establecidas por el Art. 45 de la LCQ (Art. 51 LCQ) cuando el deudor concursado no paga los honorarios en los términos del Art. 54 de la LCQ, los acreedores de los mismos pueden solicitar su quiebra indirecta (Art. 54 LCQ) la sentencia que declare la nulidad o el incumplimiento del acuerdo homologado debe contener la declaración de quiebra del deudor (Arts. 61 y 63 LCQ) b) la quiebra directa puede ser necesaria o voluntaria: la quiebra directa necesaria es la que se da ante el pedido del acreedor y tiene un trámite previo la quiebra directa voluntaria es la que se da ante el pedido del deudor y no tiene un trámite previo b) la quiebra por extensión es la que se da en los supuestos de los artículos 160, que contempla la quiebra del socio ilimitadamente responsable, y 161, que contempla la quiebra sancionatoria (Art. 77 LCQ) 3) Prueba de la cesación de pagos: El Art. 78 de la LCQ establece que el estado de cesación de pagos debe ser demostrado por cualquier hecho que exteriorice que el deudor se encuentra imposibilitado de cumplir regularmente sus obligaciones, sin importar cuál es el carácter de las obligaciones ni cuál fue la causa que provocó la cesación de pagos, sin perjuicio de que esta última será analizada durante el curso del proceso concursal, pudiendo incidir a la hora de determinar ciertas responsabilidades, tales como la extensión de la quiebra y la responsabilidad de administradores y de 3eros (Art. 78 LCQ) 4) Hechos reveladores: El Art. 79 de la LCQ establece una enumeración enunciativa de hechos reveladores del estado de cesación de pagos, y es así que considera como tales: 1) El reconocimiento judicial o extrajudicial del estado de cesación de pagos efectuado por el deudor: El reconocimiento judicial consiste en la presentación del deudor que pide su concurso preventivo o su
propia quiebra El reconocimiento extrajudicial puede darse, por Ej., cuando el deudor da a conocer que está en cesación de pagos a través de circulares, de la publicación de balances o de una convocatoria privada que realizó a tales fines 2) La mora en el cumplimiento de una obligación, la cual es el principal hecho revelador del estado de cesación de pagos, e, incluso, es indispensable para poder pedir la quiebra del deudor, puesto que el acreedor, a tales fines, no solamente debe acreditar la exteriorización del estado de cesación de pagos del deudor, sino que también debe probar que su crédito es exigible 3) La ocultación o ausencia del deudor, o, en su caso, de los administradores de la sociedad, en su caso, sin dejar representante con facultades y medios suficientes para cumplir sus obligaciones 4) La clausura de la sede de la administración o del establecimiento donde el deudor desarrolle su actividad 5) La venta a precio vil y la ocultación o entrega de bienes en pago 6) La revocación judicial de actos realizados en fraude de los acreedores 7) Los medios ruinosos o fraudulentos empleados para obtener recursos: Los medios ruinosos son los que producen pérdida o disminución de activos, como es el caso de tomar préstamos usurarios o de vender a precio irriosorio al contado bienes adquiridos con crédito Los medios fraudulentos son los que constituyen delitos, como es el caso de la malversación de fondos o de la apropiación de fondos retenidos que debían ser depositados (Art. 79 LCQ) 5) Pluralidad de acreedores: El Art. 78 de la LCQ establece que no es necesaria la pluralidad de acreedores, es decir, que tal disposición admite la quiebra con acreedor único, aunque, en algunos fallos aislados, la jurisprudencia entendió que la petición de la quiebra por un solo acreedor es abusiva, y, por lo tanto, debe ser desestimada (Art. 78 LCQ) 6) Petición del acreedor: La quiebra directa necesaria, como dijimos, es la que se da ante el pedido del acreedor: a) en principio, la LCQ adopta la regla de la legitimación activa amplia, según la cual cualquier acreedor puede pedir la quiebra de su deudor b) pero, sin embargo, esa regla admite limitaciones y exclusiones, en el sentido que: en 1er lugar, el crédito del peticionante de la quiebra debe ser “exigible”, y, por lo tanto, por Ej., no puede pedir la quiebra el acreedor de una obligación sujetada a una condición no acaecida o a un plazo no13vencido en 2do lugar, no pueden solicitar la quiebra el cónyuge, los ascendientes ni los descendientes del deudor, como así tampoco los cesionarios de sus créditos y, en 3er lugar, los acreedores con privilegio especial, con excepción de los acreedores con privilegio especial laboral, si bien pueden pedir la quiebra de su deudor, a tales fines, deben demostrar sumariamente que el asiento del privilegio es insuficiente para cubrir el monto de la deuda, aclarando que: los acreedores hipotecarios, por lo general, no pueden pedir la quiebra de su deudor, puesto que, salvo casos excepcionales, los inmuebles son suficientes para cubrir el monto de la deuda, y, por tal motivo, la mayoría de los acreedores con privilegio especial que piden la quiebra de su deudor son acreedores prendarios la exclusión de los acreedores con privilegio especial laboral encuentra un doble fundamento, en el sentido que, por un lado, el crédito laboral reviste carácter alimentario, y, por el otro, las pretensiones de muchos trabajadores recaen sobre los mismos bienes (Arts. 80 y 81 LCQ) 7) Petición del deudor: La petición del deudor de su propia quiebra prevalece sobre el pedido de quiebra formulado por un acreedor, cualquiera sea su estado, siempre y cuando la quiebra no haya sido declarada, y, esta regla, que es la regla de la prevalencia, se condice con lo establecido en el Art. 10 de la LCQ, según el cual la petición del deudor de su propio sobre el pedido de 82 quiebra siempreconcurso y cuandopreventivo la quiebra prevalece no haya sido declarada (Art. LCQ)formulado por un acreedor, cualquiera sea su estado,
PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE LA QUIEBRA 1) Trámite de la quiebra directa necesaria El Art. 84 de la LCQ establece que no existe el juicio de antequiebra, lo cual implica que el trámite de la quiebra directa necesaria es brevísimo y no da lugar a ningún debate profundo, constando de los siguientes pasos: a) en 1er lugar, el acreedor debe probar sumariamente la existencia de los presupuestos necesarios para la 13
Algunos autores, como Rivera, y ciertos pronunciamientos jurisprudenciales, entienden que, aunque la LCQ no lo establezca expresamente, el crédito del peticionante de la quiebra del deudor, además, debe ser líquido, es decir, que debe estar determinado en su cantidad, puesto que, solamente de esta manera, el deudor podría oponer la defensa de depósito en pago o a embargo, de manera tal que, según esta postura, las obligaciones exigibles de dar siempre legitimarían al acreedor para pedir la quiebra de su deudor, pero, el problema se plantearía en orden a las obligaciones de hacer y en orden a las obligaciones de no hacer
declaración de la quiebra necesaria, de manera tal que debe probar: la existencia del presupuesto de legitimación activa, es decir, que debe probar que es acreedor de la persona cuya quiebra pide y que está legitimado para pedirla la existencia del presupuesto objetivo, es decir, que debe probar algún hecho revelador del estado de cesación de pagos la existencia del presupuesto subjetivo, es decir, que debe probar que el deudor es concursable de acuerdo a las pautas del Art. 2 de la LCQ (Art. 83 LCQ) b) en 2do lugar, el juez puede disponer de oficio las medidas sumarias que estime pertinentes para tales fines, y, si se trata de una sociedad, para determinar si está registrada, y, en su caso, quiénes son sus socios ilimitadamente responsables, lo cual configura una característica inquisitorial dentro del trámite prefalencial (Art. 83 LCQ) c) en 3er lugar, el juez debe formular un juicio de verosimilitud y optar por 2 caminos, de manera tal que: si considera que de la prueba aportada por el acreedor, y, en su caso, de la investigación oficiosa dispuesta por él, no resultan acreditadosprima facie los presupuestos necesarios para la declaración de la quiebra in limine, es decir, sin oír al deudor necesaria, debe rechazar la petición si considera que los presupuestos necesarios para la declaración de la quiebra necesaria resultan acreditados prima facie, debe emplazar al deudor para que ejerza su derecho de defensa, aclarando que, conforme a lo establecido en el inc. 5to del Art. 273 de la LCQ, tal emplazamiento debe notificarse por cédula (Art. 84 LCQ) d) en 4to lugar, el deudor, dentro de los 5 días de notificado, debe ejercer su derecho de defensa, pero, de manera muy limitada, ya que el debate es brevísimo y las posibilidades probatorias restringidas, siendo admisible, únicamente, la pruebadocumentaly autosuficiente, y es así, que, por Ej., el deudor: o bien, puede argumentar: que el juez es incompetente, y, en consecuencia, recusarlo con causa que no existe alguno de los 3 presupuestos necesarios para la declaración de la quiebra que ha solicitado su concurso preventivo, el cual prevalece sobre el pedido de quiebra formulado por un acreedor, cualquiera sea su estado, siempre y cuando la quiebra no haya sido declarada o bien, puede efectivizar el depósito en pago o a embargo de los fondos suficientes para cubrir el crédito invocado como hecho revelador del estado de cesación de pagos y sus accesorios, lo cual configura el medio más seguro de demostrar su propia solvencia, y, en consecuencia, la improcedencia de la quiebra (Art. 84 LCQ) e) en 5to lugar, el juez debe oír al acreedor, para lo cual, aunque la LCQ no lo establezca expresamente, se le debe correr vista para que se manifieste dentro de los 5 días de notificado (Art. 84 LCQ) f) en 6to lugar, el juez, antes de la resolución judicial, puede dictar nuevas medidas de investigación (Art. 274 LCQ) g) finalmente, el juez debe resolver sin más trámite: admitiendo el pedido de quiebra o rechazándolo, en cuyo caso, tal resolución no causa estado, y, por lo tanto, no impide reiterar el pedido, y, con respecto a la apelabilidad de la decisión judicial desestimatoria de la petición de quiebra formulada por el acreedor, la jurisprudencia nacional se encuentra dividida, aclarando que, en el pleno “Cereales Figuiera S.R.L.”, dictado en 1987, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Rosario se pronunció por su apelabilidad (Art. 84 LCQ) El Art. 85 de la LCQ establece que, en cualquier estado del trámite de quiebra directa necesaria, el juez, a pedido y bajo responsabilidad del acreedor, puede decretar medidas precautorias tendientes a proteger la integridad del patrimonio del deudor, como es el caso de la inhibición general de sus bienes o de la intervención controlada de sus negocios, siempre y cuando el acreedor demuestre la verosimilitud de su derecho y el peligro en la demora, sin que el Art. citado se(Art. pronuncie sobre la contracautela, motivo por el cual la doctrina y la jurisprudencia discrepan acerca de su exigibilidad 85 LCQ) El Art. 87 de la LCQ establece que el acreedor que pide la quiebra puede desistir de su pedido, siempre y cuando el juez aun no haya emplazado por cédula al deudor para que ejerza su derecho de defensa, y, en tal caso, los pagos hechos por el deudor o por un 3ero al acreedor peticionante de la quiebra (que, por lo general, configuran el motivo del desistimiento de este último) pueden encuadrar en el régimen de ineficacia regulado por el Art. 122 de la LCQ (Art. 87 LCQ) Finalmente, en el ámbito doctrinario y jurisprudencial, se discuten 2 temas de vital importancia: a) en 1er lugar, se discute si existe o no un monto mínimo para pedir la quiebra, de manera tal que: a.1) mientras que un sector doctrinario y jurisprudencial entiende que no existe un monto mínimo para pedir la quiebra por no estar exigido expresamente por la LCQ a.2) otro sector doctrinario y jurisprudencial entiende que sí existe un monto mínimo para pedir la quiebra, de manera tal que, si de acuerdo a las circunstancias del caso concreto, se desprende que el monto es exiguo, en relación al patrimonio del deudor, el juez debe desestimar el pedido de quiebra, considerándolo abusivo, e instar al acreedor que intente el cobro de su crédito por la vía individual
b) en 2do lugar, se discute cuál es el título hábil para legitimar al acreedor para pedir la quiebra de su deudor: b.1) en general, la doctrina coincide en que, por Ej.: son títulos hábiles los títulos ejecutivos, tales como un cheque o un pagaré, y los títulos ejecutorios son títulos inhábiles las facturas, los remitos y los mutuos privados, puesto que, los mismos no son autosuficientes, en el sentido que, al ser documentos emanados del propio acreedor, el pedido de quiebra caería en el caso en que el deudor argumente que la firma estampada en el documento no es la suya o que el monto que surge del mismo no es real b.2) pero, el debate se plantea con respecto a si los títulos ejecutorios, es decir, las sentencias firmes que reconocen el derecho del acreedor, son necesarios para pedir la quiebra del deudor, y en esto radica el denominado problema de las vías paralelas o del juicio individual pendiente: un sector doctrinario y jurisprudencial entiende que el acreedor, antes de pedir la quiebra de su deudor, debe agotar la vía individual, puesto que, de lo contrario, el pedido de quiebra sería abusivo otro sector doctrinario y jurisprudencial entiende que no es necesario que el acreedor agote la vía individual antes de pedir la quiebra de su deudor, puesto que: en 1er lugar, la LCQ no lo exige como trámite previo y, en 2do lugar, la vía individual y la vía colectiva persiguen fines diferentes, ya que aquélla tiende hacia la justicia conmutativa y ésta tiende hacia la justicia distributiva 2) ¿Trámite de la quiebra directa voluntaria? La quiebra directa voluntaria no tiene un trámite previo, y esto es así porque el deudor, al pedir su propia quiebra, confiesa judicialmente que está en cesación de pagos, relevando, en consecuencia, al juez del análisis del presupuesto objetivo de la quiebra, de manera tal que el juez solamente debe analizar su competencia para entender la causa y la existencia del presupuesto subjetivo, pudiendo, a tales fines, dictar oficiosamente las medidas de investigación que estime pertinentes, aclarando que el deudor, al pedir su propia quiebra, debe acompañar los requisitos indicados en el Art. 11 de la LCQ, aunque, si no lo hace, la quiebra debe declararse de todas maneras (Art. 86 LCQ) El deudor que pide su propia quiebra no puede desistir de su pedido, salvo que demuestre, antes de la 1era publicación de edictos, que ha desaparecido su estado de cesación de pagos, o, aunque la LCQ no lo prevea expresamente, que el mismo nunca existió y que la petición de quiebra fue consecuencia de un error (Art. 87 LCQ) 3) Contenido de la sentencia de quiebra La sentencia que declare la quiebra, como toda sentencia, debe estar fundada, bajo pena de ser tildada de inconstitucional, pero, sin embargo, la motivación puede ser concisa, teniendo en cuenta la brevedad del trámite anterior a la sentencia y el carácter provisorio de la misma al estar sujeta al posterior recurso de reposición cuando la quiebra sea pedida por el acreedor La sentencia que declare la quiebra, conforme a lo establecido por el 1er párrafo del Art. 88 de la LCQ, debe: 1) Individualizar al fallido, y, si se trata de una sociedad, individualizar a los socios ilimitadamente responsables 2) Ordenar: 2.a) Que la quiebra y la inhibición general de bienes se anoten en los registros correspondientes 2.b) Que los bienes del fallido sean entregados al síndico por parte del mismo fallido o por parte de 3eros 2.c) Que se intercepte la correspondencia y que sea entregada al síndico 2.d) Que se efectúen las comunicaciones necesarias para asegurar el cumplimiento del Art. 103 de la LCQ 2.e) Que se realicen los bienes del deudor 3) Aclarar que está prohibido hacer pagos al fallido, y que, en su caso, los pagos efectuados serán ineficaces 4) Intimar: 4.a) Al fallido para que, en los casos de quiebra directa voluntaria, cumpla con los requisitos formales exigidos por el Art. 11 de la LCQ que no haya cumplido con anterioridad 4.b) Al fallido para que, dentro de las 24 horas subsiguientes, entregue al síndico los libros de comercio y la restante documentación relacionada con la contabilidad 4.b) Al fallido o a los administradores de la sociedad concursada para que, dentro de las 48 horas, constituyan domicilio procesal en el lugar de tramitación del juicio, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del juzgado 5) Designar: 5.a) Al funcionario enajenador 5.b) Al funcionario inventariador 5.c) La audiencia para el sorteo del síndico El 2do párrafo del Art. 88 de la LCQ, agrega que, cuando se trate de una quiebra directa, o cuando se trate de una quiebra indirecta por incumplimiento o nulidad del acuerdo, la sentencia que declare la quiebra, además, debe fijar la
fecha hasta la cual: a) pueden presentarse las solicitudes de verificación de los créditos ante el síndico, la cual debe ser establecida dentro de los 20 días contados desde la fecha en que se estime concluida la publicación de los edictos b) pueden presentarse los informes individual y general (Art. 88 LCQ) 4) Publicidad de la sentencia de quiebra La sentencia que declara la quiebra produce efectos erga omnesdesde el mismo momento de su declaración, pero, sin embargo, debe hacerse conocer para permitir el ejercicio de las posibilidades recursivas y para que los 3eros resulten advertidos del estado de quiebra del deudor y sepan a qué atenerse en cuanto a las relaciones jurídicas presentes y futuras entabladas con él Por tal motivo, el Art. 89 de la LCQ, establece que la sentencia de quiebra debe ser dada a conocer, dentro de las 24 horas subsiguientes a su dictado, mediante edictos que se publican por 5 días en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción del juzgado, y: a) si el fallido tiene establecimientos en otra jurisdicción judicial, también se deben publicar edictos por 5 días, en el lugar de ubicación de cada uno de ellos b) si el fallido es una sociedad, también se deben publicar edictos por 5 días, en el lugar de ubicación del domicilio de cada uno de los socios solidarios (Art. 89 LCQ)
RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA DE QUIEBRA 1) Generalidades El inc. 3ero del Art. 273 de la LCQ consagra el principio de inapelabilidad de las resoluciones concursales, al establecer que son inapelables todas aquellas resoluciones que no sean apelables por expresa mención de la LCQ, y, en consecuencia, no procede el recurso de apelación contra la sentencia de quiebra, aunque: a) la sentencia que determina la quiebra por extensión es apelable, puesto que el Art. 164 de la LCQ, expresamente, establece que la petición de extensión tramita por las reglas del juicio ordinario b) la sentencia que determina la quiebra indirecta por nulidad o incumplimiento del acuerdo preventivo es apelable parcialmente suspensivo, en el sentido en relación y con efecto suspensivo, aunque, el efecto del recurso sólo es que: b.1) por un lado, suspende el inicio de la liquidación general de los bienes del activo falencial b.2) y, por otro lado, no suspende la incautación de los bienes y de las demás medidas previstas en los artículos 177 a 199 de la LCQ, entre los que cabe citar la posibilidad de liquidar de inmediato ciertos bienes, en los términos del Art. 184 de la LCQ c) la sentencia que determina la quiebra directa necesaria, si bien no es apelable, puede ser atacada por el recurso de reposición El Art. 278 de la LCQ establece que el proceso concursal, en todo lo que no esté expresamente dispuesto por la LCQ, se rige por las leyes procesales del lugar del juicio que sean compatibles con su rapidez y con su economía (Arts. 273 y 278 LCQ) 2) Recurso de reposición 2.a) Procedencia y legitimación: El recurso de reposición, en principio, solamente puede ser interpuesto por el fallido y solamente procede contra la sentencia que determina la quiebra directa necesaria, pero, excepcionalmente, el socio
ilimitadamente responsable con su conformidad (Art. 94puede LCQ) interponerlo cuando la sociedad a la que pertenece pide su propia quiebra sin contar 2.b) Oportunidad: El recurso de reposición debe ser interpuesto: a) dentro de los 5 días contados a partir del conocimiento de la clausura o la incautación, o, en su defecto, dentro de los 5 días contados a partir de la última publicación de los edictos que dan a conocer la sentencia de quiebra b) ante el juez que dictó la quiebra, debiendo sustanciarse ante él y resolverse por el mismo magistrado, puesto que el trámite anterior fue tan abreviado que no dio lugar a ninguna discusión profunda (Art. 94 LCQ) 2.c) Contenido: El recurso de reposición solamente puede fundarse en la inexistencia del presupuesto objetivo de la quiebra, aduciendo que el deudor no está en estado de cesación de pagos, o en la inexistencia del presupuesto subjetivo de la quiebra, aduciendo que el deudor no es un sujeto concursable en los términos del Art. 2 de la LCQ (Art. 95 LCQ) 2.d) Modos: El recurso de reposición admite 2 variantes diferentes: a) la 1era variante es el recurso de reposición sin trámite, que se da cuando el fallido, y no un 3ero, efectiviza el depósito en pago o a embargo de los fondos suficientes para cubrir el crédito invocado como hecho revelador del estado de cesación de pagos y sus accesorios, de las costas y de los gastos derivados de su pedido, y, finalmente, de
los fondos suficientes para cubrir los restantes créditos invocados en pedidos de quiebra en trámite a la fecha de la prima facie la ilegitimidad de tales declaración, con sus accesorios, salvo que, a criterio del juez, quede demostrada reclamos: a.1) cuando el deudor efectiviza el depósito en pago o a embargo demuestra contundentemente que no está en estado de cesación de pagos, al demostrar que su patrimonio no es impotente para cumplir con medios regulares las obligaciones líquidas y exigibles: el deposito en pago se da cuando el deudor deposita el dinero en un banco admitiendo la existencia de su deuda el deposito a embargo, en cambio, implica que el deudor no admite la existencia de su deuda, o que, en todo caso, la deuda existente es diferente, y, en consecuencia, como en esta instancia no pueden discutirse defensas causales, deposita a embargo, y, de manera sobreviniente, promueve un juicio ordinario para debatir plenamente la cuestión a.2) el depósito en pago o a embargo del Art. 96 de la LCQ se diferencia del depósito en pago o a embargo del Art. 84 de la LCQ en que en aquél la quiebra ya está declarada y en esté la quiebra aún no está declarada a.3) la resolución que acepta el levantamiento sin trámite de la quiebra es inapelable, y la resolución que deniega el levantamiento sin trámite de la quiebra es apelable únicamente por el deudor con efecto devolutivo y se debe resolver por la alzada sin sustanciación b) la 2da variante es el recurso de reposición con trámite, el cual, al carecer de trámite específico, debe sustanciarse incidentalmente, de acuerdo a las reglas establecidas a partir del Art. 280 de la LCQ, y, además: b.1) tramita con intervención del fallido, del síndico y del acreedor peticionante de la quiebra b.2) la resolución dictada por el juez es apelable, cualquiera sea el resultado de la misma, por aplicación del Art. 285 de la LCQ, según el cual sólo es apelable la resolución que pone fin al incidente (Arts. 95 y 96 LCQ) 2.e) Efectos de la interposición: La interposición del recurso de reposición, en cualquiera de sus 2 variantes, de todos los trámites del proceso de quiebra, solamente suspende la ejecución forzada de los bienes del fallido, con excepción de los previstos en el Art. 184 de la LCQ, es decir, que: a) se dan todos los efectos previstos en los artículos 102 a 159 de la LCQ b) se pueden aplicar las reglas de la continuación de la explotación de la empresa previstas a partir del Art. 189 de la c) LCQ se abre y se sustancia la verificación de créditos de los artículos 126, 200, 201 y 202 de la LCQ d) y se aplican las medidas de incautación, conservación y administración de los bienes previstas en los artículos 177 a 188 de la LCQ, entre ellas la posibilidad de liquidar, excepcionalmente, algunos bienes, en los términos del Art. 184 de la LCQ (Art. 97 LCQ) 2.f) Efectos de la revocación: La revocación de la sentencia de quiebra es un modo de conclusión de la quiebra que extingue el proceso concursal y todos sus efectos, pero, sin embargo, son oponibles al deudor: a) la resolución producida de los contratos en curso de ejecución b) los actos legalmente realizados por el síndico aunque consistan en disposiciones de bienes en los términos del Art. 184 de la LCQ (Art. 98 LCQ) 2.g) Daños y perjuicios: Cuando un acreedor, con dolo o culpa grave, solicita una quiebra, que es declarada y posteriormente revocada, el fallido cuya quiebra se revoca puede interponer una acción de daños y perjuicios contra aquél, la cual: a) tramita ante el juez que entendió en la quiebra revocada b) prescribe a los 2 años,revocatoria por aplicación del Art.(Art. 403799del Código Civil, contados a partir del momento en que quede firme la sentencia de la quiebra LCQ) 3) Recurso de incompetencia 3.a) Procedencia y legitimación: El recurso de incompetencia puede ser interpuesto por el fallido y por cualquier acreedor que no sea el que pidió la quiebra, y procede cuando la sentencia de quiebra es declarada por un juez incompetente en los términos del Art. 3 de la LCQ (Art. 100 LCQ) 3.b) Oportunidad: La incompetencia del juez del concurso puede ser planteada en 2 momentos diferentes: a) antes de la sentencia de quiebra solicitada por el acreedor, el deudor puede plantear la incompetencia del juez del concurso, al ser citado en los términos del Art. 84 de la LCQ, e, incluso, en esta etapa prefalencial, el juez puede, y debe, declarar su incompetencia si la advierte b) luego de la sentencia de quiebra, el deudor, y cualquier acreedor que no sea el que pidió la quiebra, puede interponer el recurso de incompetencia dentro de los 5 días contados a partir del conocimiento de la clausura o la incautación, o, en su defecto, dentro de los 5 días contados a partir de la última publicación de los edictos que dan a conocer la sentencia de quiebra (Art. 100 LCQ)
3.c) Trámite: El recurso de incompetencia: a) tramita con intervención del fallido y del síndico, y, en su caso, del acreedor peticionante de la quiebra y del acreedor que interpuso el recurso b) ante el juez que dictó la quiebra, debiendo sustanciarse ante él y resolverse por el mismo magistrado c) y, al carecer de trámite específico, debe sustanciarse incidentalmente, de acuerdo a las reglas establecidas a partir del Art. 280 de la LCQ (Art. 100 LCQ) 3.d) Efectos de la interposición: La interposición del recurso de incompetencia produce 2 tipos de efectos, en el sentido que: a) por un lado, no suspende los efectos patrimoniales y personales de la quiebra b) pero, por otro lado, el trámite procedimental de la quiebra: b.1) no se suspende si el fallido está inscripto en el Registro Público de Comercio de igual jurisdicción a la del juez cuya competencia se cuestiona, puesto que se presume que tal circunstancia es contraria a la solicitud de incompetencia b.2) se suspende si el fallido está inscripto en un Registro Público de Comercio diferente (Art. 101 LCQ) 3.e) Efectos de la admisión: Una vez que se admite el recurso de incompetencia: a) el fallo no se revoca ni se produce la nulidad de lo actuado b) los trámites cumplidos conservan su validez c) el expediente debe remitirse al juzgado competente que corresponda (Art. 101 LCQ) 3.f) Diferencia con el recurso de reposición: El recurso de incompetencia se diferencia del recurso de reposición contra la sentencia de quiebra en que: El recurso de incompetencia es un medio impugnativode la quiebra, queno implicala no aceptación del estado de cesación de pagos, y que, en caso de ser admitido, no producela conclusión de la quiebra El recurso de reposición contra la sentencia de quiebra es un medio impugnativode la quiebra, queimplica la no aceptación del estado de cesación de pagos, y que, en caso de ser admitido, produce la conclusión de la quiebra
CONVERSIÓN 1) Concepto: La conversión de la quiebra consiste en la posibilidad de que el fallido, en ciertos supuestos, pueda lograr, aún después de la sentencia de quiebra, la apertura de su concurso preventivo, convirtiendo, de esta manera, el proceso liquidativo en un proceso preventivo 2) Deudores incluidos y deudores excluidos Los deudores incluidos son los que pueden solicitar la conversión de la quiebra en concurso preventivo y los deudores excluidos son los que no pueden hacerlo: a) Los deudores incluidos en la conversión de la quiebra, en los términos del Art. 90 de la LCQ, son los deudores que se encuentren en las condiciones del Art. 5 y del Art. 160, es decir, que pueden solicitar la conversión de la quiebra en concurso preventivo: a.1) todos los deudores concursables de acuerdo a las pautas del Art. 2 de la LCQ a.2) todos los socios ilimitadamente responsables declarados en quiebra por extensión de la quiebra societaria b) Los deudores excluidos de la conversión de la quiebra pueden ser enmarcados en 2 grandes grupos: b.1) el 1er grupo comprende a los deudores que resultan excluidos a raíz de una interpretación a contrario sensu del Art.90a de LCQ, y acá encontramos:de acuerdo a las pautas del Art. 2 de la LCQ, como es el caso de una losladeudores no concursables entidad financiera, de una entidad aseguradora o de una AFJP a las personas cuya quiebra se decrete conforme al Art. 161 de la LCQ, puesto que, en tal caso, la quiebra por extensión es una sanción que se le aplica al fallido reflejo a los fines de atribuirle responsabilidad por el pasivo del fallido principal, a punto tal que el quebrado por extensión puede no estar en estado de cesación de pagos b.2) el 2do grupo comprende a los deudores que resultan excluidos por expresa mención del Art. 90 de la LCQ, y acá encontramos: a los fallidos por quiebra indirecta, ya sea por frustración del acuerdo preventivo, por su incumplimiento, o por su nulidad a los deudores que se encuentran en el período de inhibición establecido en el Art. 59 de la LCQ, según el cual, durante el año inmediato siguiente a la resolución judicial que declara el cumplimiento del acuerdo, el deudor concursado no puede pedir un nuevo concurso preventivo, ni la conversión de la
eventual declaración de su quiebra en concurso preventivo a los fallidos por quiebra directa estando en trámite un concurso preventivo, lo cual se da cuando el concursado preventivamente es declarado en quiebra por una obligación de causa o título posterior a la presentación en concurso preventivo La LCQ excluye a los fallidos por quiebra indirecta, y, si bien no caben dudas que están incluidos los fallidos por quiebra directa necesaria, no es tan clara la situación con respecto a los fallidos por quiebra directa voluntaria, en el sentido que: a) Un sector doctrinario y jurisprudencial minoritario, dentro del cual se enmarcan, por Ej., Rivera, Escuti, Junyent Bas, Farsi y Gebhart, excluye de la conversión de la quiebra a los fallidos por quiebra directa voluntaria b) Un sector doctrinario y jurisprudencial mayoritario, dentro del cual se enmarcan, por Ej., Truffat, Dasso, Gripo, García Martínez y Alegría, incluye en la conversión de la quiebra a los fallidos por quiebra directa voluntaria La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en el pleno “Pujol”, dictado el 30 de mayo de 2002, tuvo que resolver si el fallido que pide su propia quiebra puede convertirla de manera sobreviniente en concurso preventivo en los términos del Art. 90 de la ley 24.522: a) El voto minoritario, que contó con la adhesión de 4 jueces, se pronunció por la imposibilidad de conversión de la quiebra directa voluntaria: a.1) en 1er lugar, por aplicación de la teoría de los actos propios, según la cual la buena fe se opone a que alguien pretenda contrariar una conducta suya anterior, y jurídicamente eficaz, que ha creado una situación en la cual la otra parte ha podido razonablemente confiar, de manera tal que un deudor no puede, en 1er lugar, pedir su propia quiebra, y, en 2do lugar, pedir su conversión en concurso preventivo, sin dar una explicación que justifique su cambio de actitud, puesto que quien voluntariamente y por iniciativa propia solicita la declaración de su propia quiebra, confiesa un estado de cesación de pagos que él mismo reconoce como insuperable, ya que, de lo contrario, hubiese solicitado la apertura de su concurso preventivo, que le hubiera permitido superar el estado de cesación de pagos mediante un acuerdo preventivo a.2) en 2do lugar, por considerar que la conversión de la quiebra en concurso preventivo por el mismo sujeto que pidió su propia quiebra implica un desistimiento virtual no autorizado por el Art. 87 de la LCQ, en el sentido que: por un lado, el Art. 87 de la LCQ establece que el deudor que pide su propia quiebra solamente puede desistir de su pedido antes de la 1era publicación de edictos, y el Art. 90 de la LCQ establece que el fallido debe pedir la conversión de la quiebra dentro de losdías 10 contados a partir de la última publicación de los edictos que dan a conocer la sentencia de quiebra y, por otro lado, el Art. 87 de la LCQ establece que el deudor, para poder desistir de su pedido, debe demostrar que ha desaparecido su estado de cesación de pagos, y la solicitud de conversión del Art. 90 de la LCQ presupone la aceptación del estado de cesación de pagos a.3) en 3er lugar, por considerar que la conversión de la quiebra directa voluntaria solamente dilata el trámite concursal, contrariando de esta manera, los principios de rapidez y de economía que inspiran a todo el proceso concursal b) El voto mayoritario, que contó con la adhesión de 10 jueces, se pronunció por la posibilidad de conversión de la quiebra directa voluntaria: b.1) en 1er lugar, por una interpretación literal del Art. 90 de la LCQ, en función de la cual se desprende que los fallidos por quiebra directa voluntaria no se encuentran dentro del elenco legal de los sujetos excluidos, y, precisamente, las excepciones deben interpretarse restrictivamente, y no pueden extenderse a casos análogos, agregando, además, que tanto doctrina como la jurisprudencia han sostenido aque, cuandodiversos, el alcancepuesto del texto de las normas de excepción es la claro, éste no puede ser aplicado extensivamente supuestos que se corre el riesgo de crear por vía interpretativa una prohibición que la ley no contiene b.2) en 2do lugar, por una interpretación teleológica de la ley 24.522, en función de la cual se desprende que la finalidad del legislador consistió en la flexibilización de las normas concursales para favorecer los procesos concursales conservativos, preventivos o reorganizativos, por sobre los procesos concursales liquidatorios o ejecutivos b.3) en 3er lugar, porque no es cierto que la petición de la propia quiebra crea la apariencia de que el deudor no pedirá de manera sobreviniente convertirla en concurso preventivo, puesto que esa posibilidad se encuentra expresamente prevista en el Art. 90 de la LCQ, es decir, que quien pide su propia quiebra se somete a todas las obligaciones y a todos los derechos del fallido, y, precisamente, uno de los derechos que le otorga la ley concursal es el de pedir la conversión de la quiebra en concurso preventivo b.4) en 4to lugar, porque no es cierto que la conversión de la quiebra directa voluntaria implica un desistimiento virtual no autorizado por el Art. 87 de la LCQ, puesto que el desistimiento y la conversión son 2 situaciones diferentes, en el sentido que:
por por
el desistimiento el deudor tiende a evitar el estado concursal la conversión el deudor tiende a ratificar el estado concursal 3) Oportunidad: La conversión de la quiebra debe ser distinguida del recurso de reposición contra la sentencia de quiebra: La conversión de la quiebra es un medio superativoy conclusivode la quiebra, que implica la aceptacióndel estado de cesación de pagos, y que debe ser pedida dentro de10 losdías contados a partir de la última publicación de los edictos que dan a conocer la sentencia de quiebra El recurso de reposición contra la sentencia de quiebra es un medio impugnativoy conclusivode la quiebra, que implica lano aceptacióndel estado de cesación de pagos, y que debe ser interpuesto dentro de5 días los contados a partir del conocimiento de la clausura o la incautación, o, en su defecto, dentro 5dedías los contados a partir de la última publicación de los edictos que dan a conocer la sentencia de quiebra Y, por tal motivo, uno de los efectos del pedido de conversión, tal como lo establece el Art. 91 de la LCQ, radica en que: a) por un lado, el deudor que pide la conversión de la quiebra no puede, de manera sobreviniente, interponer el recurso de reposición contra la sentencia de quiebra, puesto que no se puede, en un 1er momento, aceptar el estado de cesación de pagos, y, de manera sobreviniente, negarlo b) y, por otro lado, el deudor, al pedir la conversión de la quiebra, desiste tácitamente del recurso de reposición interpuesto con anterioridad, sin necesidad de que medie una declaración judicial al efecto, puesto que, al pedir la conversión de la quiebra, acepta el estado de cesación de pagos, y, por lo tanto, acepta que no existe el motivo por el cual interpuso el recurso de reposición anteriormente (Arts. 90, 91 y 94 LCQ) 4) Recaudos: El Art. 92 de la LCQ establece que el deudor, al hacer su pedido de conversión o dentro del plazo de 10 días que el juez fije conforme a lo previsto en el último párrafo del Art. 11, debe cumplir los requisitos previstos en este último Art., es decir, que la solicitud de conversión de la quiebra debe cumplir los mismos requisitos formales que la demanda de concurso preventivo, lo cual es razonable, puesto que el efecto es que la quiebra se transforma en concurso preventivo y continúa tramitando este proceso (Art. 92 LCQ) 5) Resolución
El juez, que recibe la solicitud de conversión dedenegar la quiebra, o unaelvez que se venció el plazo que le fijó al fallido parauna quevez complete los requisitos incumplidos, puede o acoger pedido: a) El Art. 93 de la LCQ establece que el juez sólo puede denegar el pedido de conversión de la quiebra cuando no se cumplan los requisitos del Art. 11 de la LCQ, pero, en realidad, también puede denegarlo cuando el deudor incurra en alguna de las inhabilidades previstas por el 3er párrafo del Art. 90 de la LCQ b) El juez, en los demás casos, acoge el pedido y dicta una resolución: que es una verdadera sentencia, y que, por lo tanto, debe tener motivación suficiente, aunque sea breve, por la índole del pronunciamiento y por el escaso tiempo para decidirla que produce 2 grandes efectos, que son: abrir el concurso preventivo, motivo por el cual la sentencia debe reunir los requisitos contenidos en el Art. 14 de la LCQ dejar sin efecto la sentencia de quiebra, motivo por el cual decimos que la conversión de la quiebra es un mediosuperativoy conclusivode la quiebra c) La sentencia que rechaza o admite la conversión de la quiebra está sometida a las mismas reglas de apelabilidad que la sentencia prevista en el Art. 13 de la LCQ, puesto que, en definitiva, se trata de abrir o no de no abrir el concurso preventivo, y, por lo tanto: la resolución que deniega el pedido es apelable, por disposición expresa del Art. 13 de la LCQ la resolución que acoge el pedido es inapelable, por aplicación de la regla procesal genérica del inc. 3ero del Art. 273 de la LCQ (Art. 93 LCQ) Ahora bien, ¿qué quiere decir el Art. 93 de la LCQ cuando establece que la sentencia que acoge el pedido de conversión “deja sin efecto la sentencia de quiebra”?: a) Un sector doctrinario y jurisprudencial, entiende que la sentencia de quiebra queda sin efecto en forma definitiva b) Otro sector doctrinario y jurisprudencial, entiende que la sentencia de quiebra queda sin efecto, pero sujetada a la condición de que el concurso preventivo prospere, de manera tal que la quiebra renace si el concurso preventivo fracasa por cualquier motivo, y, dentro de este sector, encontramos, por Ej., a Rivera, Rotiman, Vítolo, Rouillón, Alegría y Heredia c) La Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, en el caso “Jaime”, resuelto en 2003, tuvo que resolver la siguiente situación fáctica y jurídica: c.1) Jaime fue declarado en quiebra directa necesaria, y, de manera sobreviniente, pidió la conversión del Art. 90
de la LCQ, que, previa apelación, le fue concedida, abriéndose, en consecuencia, el concurso preventivo, pero, a los 5 días, apeló al desistimiento desnudo del Art. 31 de la LCQ c.2) El juez de 1era instancia, ante tal estado de cosas, resolvió el desistimiento del concurso preventivo y ordenó la reanudación de los trámites de la quiebra oportunamente declarada, y, por tal motivo, Jaime interpone recurso de apelación que le fue concedido c.3) La Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, integrada por los doctores Rodil, Peyrano y Silvestri, rechazó el recurso de apelación interpuesto por Jaime, fundando su postura: en 1er lugar, en que, al no estar en presencia de un concurso preventivo iniciado como tal, sino ante un concurso preventivo iniciado para eliminar una quiebra decretada, no es necesario aplicar el Art. 31 de la LCQ, resolviendo la conclusión del trámite y nada más en 2do lugar, en la unidad del proceso concursal, con sus 2 etapas, preventiva y liquidativa, de la cual se desprende que el proceso concursal tiende hacia un único objetivo, que consiste en la satisfacción de los derechos de los acreedores en la mayor medida posible, y es así que, en el caso en cuestión, la ley concursal le otorgó 2 opciones a Jaime, en el sentido que: o bien, pudo haber apelado a la vía liquidativa, no convirtiendo la quiebra o bien, pudo haber apelado a la vía preventiva, convirtiendo la quiebra, como efectivamente hizo en un principio pero, al haber desistido del concurso preventivo, rechazó la 2da opción, y, en consecuencia, solamente queda la 1era, de la cual se desprende que deben reanudarse los trámites de la quiebra oportunamente declarada en 3er lugar, en el instituto del abuso del derecho, plasmado en el Art. 1071 del Código Civil, que resulta aplicable frecuentemente en el ámbito del derecho concursal, puesto que la conducta del recurrente atentó flagrantemente contra la teoría de los actos propios, que se desprende del principio de buena fe, plasmado en el Art. 1198 del Código Civil y, en 4to lugar, en que el Art. 93 de la LCQ, cuando establece que la sentencia que acoge el pedido de conversión “deja sin efecto la sentencia de quiebra”, quiere decir que dicha sentencia debe declarar lo obvio, es decir, que no puede coexistir el proceso liquidativo abierto con el proceso preventivo que se abrirá inmediatamente, pero, una vez desistido el nuevo proceso preventivo que se abre, debe continuar tramitando el proceso liquidativo abierto con anterioridad, puesto que no existe razón lógica ni jurídica para considerar que lo actuado antes cayó definitivamente 6) Efectos del pedido de conversión de la quiebra: El pedido de conversión de la quiebra: a) no suspende la tramitación del eventual recurso de incompetencia que se haya interpuesto con anterioridad, puesto que así lo dispone expresamente el Art. 91 de la LCQ, lo cual encuentra su fundamento en que el concurso, liquidativo o preventivo, debe continuar ante el juez que resulte competente, aclarando que la secuencia de las decisiones de ambos planteos, ante la coexistencia de incompetencia y conversión, no es demasiado clara, puesto que, siguiendo en esto a Rouillón: a.1) si bien parece más lógica la previa resolución del recurso de incompetencia a.2) no hay que perder de vista que la interposición del recurso de incompetencia no suspende los efectos patrimoniales y personales de la quiebra, lo cual puede frustrar el propósito fundamental de la conversión, que consiste en poner fin de inmediato al estado de fallido y a los efectos de la quiebra, y, fundamentalmente, al desapoderamiento, para lograr el régimen de efectos del concurso preventivo a.3) y, por lo tanto, parece más aconsejable reconocer al fallido la posibilidad de que le solicite al juez de la quiebra que resuelva de inmediato sobre la conversión, aunque su competencia estuviese sometida a cuestionamiento b) no suspende el inicio de la liquidación falencial, puesto que dicho efecto no se establece expresamente en el Art. 91 de la LCQ como uno de los “efectos del pedido de conversión”, y, además, parece estar implícitamente excluido según los términos del Art. 203 de la LCQ, que consagra a la “admisión” de la conversión de la quiebra, y no a su “petición”, como uno de los supuestos en los cuales la liquidación falencial no debe comenzar de inmediato al dictado de la sentencia de quiebra que la ordena (Art. 91 LCQ) 7) Pedidos de quiebra pendiente: La jurisprudencia ha entendido que la conversión de la quiebra es admisible aun cuando, dentro del año anterior, haya quedado firme la resolución judicial que tuvo por rechazada, desistida o no ratificada la petición del concurso preventivo anterior, y, además, existan pedidos de quiebra pendientes, puesto que el Art. 31 de la LCQ solamente impide pedir un nuevo concurso preventivo, a diferencia del Art. 59 de la LCQ que establece que durante el año inmediato siguiente a la resolución judicial que declara el cumplimiento del acuerdo, el deudor concursado no puede pedir un nuevo concurso preventivo, ni la conversión de la eventual declaración de su
quiebra en concurso preventivo 8) Abuso del derecho: La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, en el caso “Presenza”, resuelto en 1999, contando con el voto principal del doctor Rouillón, aplicó el instituto del abuso del derecho, plasmado en el Art. 1071 del Código Civil, al confirmar la resolución del a quo que denegó la petición de conversión de la quiebra a la fallida que: a) en 1er lugar, pidió su concurso preventivo y le fue abierto, y, de esta manera, consiguió la suspensión de un remate ordenado en una ejecución hipotecaria, pero, sin embargo, el concurso se tuvo por desistido por falta de publicación de los edictos b) en 2do lugar, al cabo de unos meses, pidió su propia quiebra y le fue abierta, y, de esta manera, consiguió nuevamente la suspensión del mismo remate ordenado en la misma ejecución hipotecaria c) y, en 3er lugar, pidió la conversión de la quiebra en concurso preventivo, a pesar de que existía un solo acreedor, que era el banco que ejecutaba la hipoteca, y un solo proceso judicial, que era la ejecución hipotecaria, y, ante tal situación fáctica, la Cámara consideró que posibilitarle a la fallida volver a un concurso preventivo en el cual tiene un solo acreedor al que convocar y no tiene actividad empresarial que preservar, es abrir paso a la posibilidad de un nuevo desistimiento del concurso preventivo, una nueva quiebra directa voluntaria, una nueva solicitud de conversión, y, así, sucesivamente, concluyendo que la conversión de la quiebra fue regulada como un mecanismo reorganizativo de la empresa y no como un mecanismo impeditivo de la satisfacción de las obligaciones
EFECTOS DE LA SENTENCIA DE QUIEBRA Los efectos de la sentencia de quiebra pueden ser enmarcados en 5 grupos, que son: 1) Efectos personales respecto del fallido 2) Efectos patrimoniales respecto del fallido 3) Efectos sobre los actos perjudiciales a los acreedores 4) Efectos generales sobre relaciones jurídicas preexistentes 5) Efectos sobre relaciones jurídicas en particular 1) Efectos personales respecto del fallido 1.a) Deber de colaboración del fallido: El fallido, y sus representantes, y, en su caso, los administradores de la sociedad, están obligados a brindar toda la información que el juez o el síndico le requieran para el esclarecimiento de su situación patrimonial y para la determinación de los créditos: a) el fallido debe comparecer cada vez que sea citado por el juez, y, si no comparece, puede utilizarse la fuerza pública a tales fines, pero no hay que olvidarse que, conforme a lo establecido por el Art. 18 de la Constitución Nacional, “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”, y, en consecuencia, si bien el fallido está obligado a comparecer, no está obligado a declarar b) las facultades del juez y del síndico, reguladas, respectivamente, en el inc. 1ero del Art. 274 de la LCQ y en el inc. 3ero del Art. 275 de la LCQ, son congruentes con la disposición del Art. 102 de la LCQ (Art. 102 LCQ) 1.b) Interdicción de salida: La interdicción de salida se funda en la necesidad de asegurar el buen desarrollo del proceso concursal: a) el fallido, o, en su caso, los administradores de la sociedad, antes de que el síndico presente el informe general, no pueden salir del país si no tiene una autorización judicial, la cual: solamente debe ser concedida cuando la presencia del fallido no sea requerida para el cumplimiento del deber de colaboración previsto en el Art. 102 de la LCQ, o cuando el fallido pruebe que debe salir del país por un caso de extrema necesidad y urgencia no suspende la prosecución del juicio b) el juez, por resolución fundada, puede prohibir a personas determinadas que salgan del país si no tienen una autorización judicial, por un plazo que no puede exceder de 6 meses contados a partir de la fecha fijada para la presentación del informe general, en cuyo caso la resolución y es apelable con efecto devolutivo por las personas afectadas c) el juez, a los fines de hacer efectiva la interdicción de salida, debe librar oficios a las dependencias policiales comunicando tal circunstancia (Art. 103 LCQ) 1.c) Oficio, arte, profesión y empleo: El fallido puede seguir desempeñando su oficio, arte o profesión, o seguir trabajando en relación de dependencia, lo cual tiende a permitir su subsistencia, pero, al respecto, hay que hacer 3 aclaraciones: a) en 1er lugar, hay que aclarar que el desempeño del trabajo en relación de dependencia resulta admisible, siempre y cuando no se trate de algún cargo gerencial o de administración de los previstos en el Art. 238 de la LCQ
b) en 2do lugar, hay que aclarar que los ingresos obtenidos por el fallido en estas actividades quedan sujetos a desapoderamiento, con los límites regulados por los artículos 107 y 108 de la LCQ c) en 3er lugar, hay que aclarar que ciertas leyes especiales prevén limitaciones para el fallido, quien, por Ej., no puede desempeñarse como escribano, agente de bolsa o despachante de aduana, aunque sí puede desempeñarse como abogado o como contador (Art. 104 LCQ) 1.d) Muerte del fallido La muerte del fallido: a) no pone fin a la quiebra, la cual prosigue sólo con relación al patrimonio del causante b) no afecta los efectos de la quiebra, con excepción de los personales, que, lógicamente, cesan con la muerte del fallido, y es así que, por Ej., los herederos no están limitados para entrar o salir del país, y no ven interceptada su correspondencia c) y, ante la misma, los herederos sustituyen al causante, debiendo unificar personería a tales fines El juicio sucesorio y la quiebra son, ambos, procesos universales, no existiendo fuero de atracción entre ellos, pero, como en ambos procesos podrían disponerse medidas sobre los mismos bienes, el Art. 105 de la LCQ establece la prioridad, en ese aspecto, del juicio concursal, al establecer que en el juicio sucesorio no se realiza trámite alguno sobre los bienes sujetos a desapoderamiento, los cuales siempre se llevan a cabo en el juicio concursal (Art. 105 LCQ) 1.e) Incapacidad o inhabilitación del fallido: La incapacidad o la inhabilitación del fallido, aun sobreviniente, tampoco pone fin a la quiebra y tampoco afecta sus efectos, y: a) ante la incapacidad, que se da en los casos de demencia, el fallido es sustituido por su representante necesario b) ante la inhabilitación, que se da en los casos del Art. 152 bis del Código Civil, el fallido debe ser asistido por su curador (Art. 105 LCQ) 1.f) Inhabilitación y rehabilitación del fallido I.- Plazos La inhabilitación y la rehabilitación juegan de manera diferente para las personas físicas y para las personas jurídicas: a) cuando una sentencia declara la quiebra de una persona física: a.1) la inhabilitación del fallido comienza en la fecha de la sentencia de quiebra y perdura hasta la rehabilitación a.2) la rehabilitación del fallido, es decir, la finalización de la inhabilitación del fallido, como regla general, se da al año de comenzada la inhabilitación, pero, excepcionalmente, ese plazo puede reducirse o ampliarse: el juez puede reducir el plazo de inhabilitación, a pedido del fallido y con previa vista al síndico, cuando luego de efectuar un juicio de verosimilitud considere que la persona inhabilitada noprima está facie incurso en delito penal cuando el fallido es procesado penalmente el plazo de inhabilitación se prorroga, si aún no había vencido, o se reestablece, si ya había vencido: cuando no existe sentencia penal condenatoria, hasta el sobreseimiento o absolución del fallido cuando existe sentencia penal condenatoria, hasta la finalización de la inhabilitación accesoria impuesta en sede penal b) cuando una sentencia declara la quiebra de una persona jurídica: b.1) la inhabilitación de la fallida comienza en la fecha de la sentencia de quiebra y perdura hasta la rehabilitación b.2) la rehabilitación de la fallida solamente es posible en caso de conversión de la quiebra o de conclusión no liquidativa delalapersona quiebra,jurídica y no es en irreversible, caso de conclusión de larehabilitación quiebra, puesto que, en tal caso, la disolución de y, por lo liquidativa tanto, no existe posible b.3) la inhabilitación de la fallida se extiende a los integrantes de su órgano de administración: para los integrantes del órgano de administración que actuaron como tales al tiempo de la sentencia de quiebra, el plazo de inhabilitación comienza en la fecha de la sentencia de quiebra y perdura durante un año para los integrantes del órgano de administración que actuaron como tales después de la fecha de inicio del estado de cesación de pagos, y cesaron en sus funciones antes de la sentencia de quiebra, el plazo de inhabilitación comienza en la fecha en que quede firme de la resolución del Art. 117 de la LCQ y perdura durante un año, sin que rija, en este caso, el plazo máximo de retroacción de 2 años que prevé el Art. 116 de la LCQ c) la LCQ establece que la rehabilitación opera de pleno derecho ante el vencimiento de los plazos señalados, pero, sin embargo, en la práctica, se le pide al juez que dicte una resolución declarando la rehabilitación del fallido La ley 24.522 derogó el capítulo de la ley 19.551 dedicado al incidente de calificación de conducta del fallido y de 3eros, que era el último vestigio penal que se mantenía en nuestra legislación concursal, ante el fracaso manifiesto del instituto en su aplicación práctica:
a) el incidente de calificación de conducta, en líneas generales, apuntaba a que: a.1) en la quiebra fraudulenta, la inhabilitación se extendía por 10 años a.2) en la quiebra culpable, la inhabilitación se extendía por 5 años a.3) en la quiebra casual, la inhabilitación se extendía por un año b) en la ley 24.522, que, en esta materia, sigue los lineamientos de la ley norteamericana, la cual, como toda ley norteamericana, se fundamenta en la buena fe de los operadores, la inhabilitación, como regla general, se extiende solamente por un año, lo cual da lugar a numerosos abusos en el ámbito práctico por parte de empresarios que piden su propia quiebra conociendo el corto tiempo que pasará hasta su rehabilitación c) por tal motivo, el último proyecto de reforma de la LCQ amplía el plazo de inhabilitación a 5 años, pudiendo ser ampliado en caso de quiebra fraudulenta y pudiendo ser reducido en caso de quiebra casual (Arts. 234 a 237 LCQ) II.- Efectos: Los efectos de la inhabilitación falencial previstos por la LCQ, que se suman a los previstos en otras leyes nacionales y locales, apuntan a que: a) por un lado, el inhabilitado: a.1) no puede ejercer el comercio a.2) no puede ser administrador, gerente, síndico, liquidador o fundador de sociedades, asociaciones, mutuales y fundaciones a.3) y no puede integrar sociedades o ser factor o apoderado con facultades generales de ellas b) por otro lado: b.1) los bienes que el deudor tiene en la quiebra más los que va obteniendo hasta la rehabilitación, están destinados a afrontar las obligaciones que tiene para con los acreedores anteriores b.2) los bienes que el deudor va obteniendo luego de la rehabilitación, están destinados a afrontar las obligaciones que tiene para con los acreedores posteriores c) y, por tal motivo, la inhabilitación, si bien en sí misma es un efecto personal, repercute directamente sobre los efectos patrimoniales de la quiebra, puesto que mide la extensión del desapoderamiento pleno (Art. 238 LCQ) 2) Efectos patrimoniales respecto del fallido 2.a) Fecha de aplicación Los efectos patrimoniales de la sentencia de quiebra, conforme a lo establecido por el Art. 106 de la LCQ, se producen en forma inmediata a su dictado, sin que sea necesario esperar a que sea notificada o a que quede firme, dando lugar a una serie de inconvenientes prácticos, lo cual se evidencia si, por Ej., tenemos en cuenta el caso del fallido que enajena un campo que tiene en otra provincia sin que el comprador tenga conocimiento del desapoderamiento, en cuyo caso: a) la doctrina civilista, entiende que el comprador, por ser un 3ero de buena fe y a título oneroso, debe ser protegido, y, en consecuencia, el acto debe mantener su validez b) la doctrina concursalista, entiende que los acreedores de la quiebra son quienes deben ser protegidos, y, en consecuencia, el acto debe considerarse ineficaz, y, esta 2da postura, es la que prevalece en la actualidad Ahora bien, estos inconvenientes a los que aludimos podrían ser solucionados con la creación de un Registro Nacional de Concursos y Quiebras, con la creación de un Registro Nacional de Inhibiciones Generales, o con la publicación de edictos con alcance nacional (Art. 106 LCQ) 2.b) Desapoderamiento pleno I.Diferencia el desapoderamiento desapoderamiento es una medidadurante cautelarel proceso: que recae sobre el patrimonio del con deudor que está en cesaciónatenuado: de pagosEl para que éste no movilice los bienes En la quiebra, el desapoderamiento es pleno, en el sentido que el fallido, si bien no pierde el derecho de propiedad sobre sus bienes, no puede administrarlos ni disponer de ellos, quedando reservadas estas actividades al síndico, que las lleva a cabo con autorización del juez En el concurso preventivo, el desapoderamiento es atenuado, en el sentido que el deudor, no solamente no pierde el derecho de propiedad sobre sus bienes, sino que, además, puede seguir administrando su patrimonio, aunque no de la misma manera en que lo hacía antes de la situación concursal, debiendo distinguirse 3 tipos de actos, que son los permitidos, los sujetos a autorización judicial y los prohibidos II.- Diferencia con la desposesión o incautación de bienes: El desapoderamiento pleno, contemplado a partir del Art. 107 de la LCQ, debe ser diferenciado de la desposesión o incautación de bienes y papeles, contemplada a partir del Art. 177 de la LCQ: El desapoderamiento pleno existe desde la fecha de la sentencia de quiebra, y trae aparejada la ineficacia de todos los actos celebrados por el fallido con posterioridad a la misma, sin importar si media o no desposesión o incautación
efectiva de sus bienes y de sus papeles La desposesión o incautación es un acto material, en virtud del cual la quiebra, a través del accionar de sus funcionarios, toma posesión de los bienes, de los libros comerciales y de los papeles del fallido, o, en su caso, del socio ilimitadamente responsable, y opera con posterioridad al desapoderamiento como una consecuencia de éste III.- Bienes sujetos a desapoderamiento: Los bienes sujetos a desapoderamiento, como regla general, conforme a lo establecido por el Art. 107 de la LCQ, son todos aquellos que tenía el deudor al tiempo de la declaración de la quiebra, y todos aquellos que adquiera, por cualquier título, hasta su rehabilitación, pero, al respecto, hay que aclarar 2 cosas: En 1er lugar, hay que aclarar que también están sujetos a desapoderamiento los bienes que salieron del patrimonio del fallido, y que reingresaron, aun después de la rehabilitación, con motivo de las acciones de recomposición patrimonial del derecho común o del derecho concursal En 2do lugar, hay que aclarar que no están sujetos a desapoderamiento los bienes excluidos por expresa mención del Art. 108 de la LCQ (Arts. 107, 108 y 124 LCQ) IV.- Bienes excluidos del desapoderamiento El Art. 108 de la LCQ excluye una serie de bienes y derechos del régimen del desapoderamiento que pueden ser enmarcados en 2 grandes grupos: 1) El 1er grupo comprende a aquellos bienes y derechos que, aun cuando no hubiesen sido expresamente plasmados por el Art. 108 de la LCQ, hubiesen estado excluidos del régimen del desapoderamiento de todas maneras, y acá encontramos a: 1.a) Los derechos no patrimoniales 1.b) La administración de los bienes propios del cónyuge 1.c) El usufructo de los bienes de los hijos menores del fallido, más allá de que, sin embargo, los frutos que le correspondan caen en desapoderamiento una vez atendidas las cargas 1.d) La facultad de actuar en justicia en defensa de bienes y derechos que no caen en el desapoderamiento 1.e) Los demás bienes excluidos por otras leyes, como es el caso del bien de familia, regulado por la ley 14.394 2) El 2do grupo comprende a aquellos bienes y derechos que se excluyen del régimen del desapoderamiento porque el Art. 108 de la LCQ hace alusión a ellos, y acá entramos a: 2.a) Las indemnizaciones que correspondan al fallido por daños materiales o morales a su persona 2.b) Los bienes inembargables, entre los que cabe citar, por Ej.: » A los salarios del fallido, que solamente pueden embargarse en un porcentaje del excedente del salario mínimo, vital y móvil, que será del 20 % si lo duplica, o del 10 % en caso contrario » A los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza el fallido, que no pueden embargarse » A los honorarios del fallido, que solamente pueden embargarse hasta un 25% de su14monto Las interpretación de estas exclusiones del Art. 108 de la LCQ debe ser restrictiva, puesto que: a) En 1er lugar, son excepciones a un principio del derecho concursal, que es el principio de la universalidad objetiva, según el cual, en el proceso concursal, está en juego todo el patrimonio del deudor b) En 2do lugar, son excepciones a un principio del derecho común, que es el principio del patrimonio como garantía común de sus acreedores, según el cual el patrimonio de una persona está afectado al cumplimiento de las deudas de esa misma persona Las exclusiones del Art. 108 de la LCQ solamente resultan aplicables a las personas físicas, puesto que la norma tiende a permitir la subsistencia del fallido, lo cual se condice con lo establecido en el Art. 104 de la LCQ, según el cual el fallido puede seguir desempeñando su oficio, arte o profesión, o seguir trabajando en relación de dependencia (Art. 108 LCQ) V.- Efectos: Los efectos del desapoderamiento pleno son los siguientes: a) En 1er lugar, el fallido, si bien no pierde el derecho de propiedad sobre sus bienes, no puede administrarlos ni disponer de ellos, y, por lo tanto, los actos que realice, con posterioridad a la declaración de la quiebra, sobre los bienes desapoderados, y los pagos que haga o que reciba, serán ineficaces, es decir, inoponibles a sus acreedores, en los términos del Art. 119 de la LCQ b) En 2do lugar, la administración (Arts. 177, 254 y 275 LCQ), y, en su caso, la disposición (Arts. 184 y 203 y ss. LCQ) de tales bienes es llevada a cabo por el síndico, con autorización del juez, y, a tales fines, es necesario que el 14
Al respecto, un sector doctrinario y jurisprudencial, propugna que los bienes que son inembargables por expresa mención de la ley, pueden ser embargados en el caso concreto si no son necesarios para la subsistencia del deudor, y es así que, por Ej., según este sector doctrinario y jurisprudencial, podrían ser embargados, apelando a un criterio de proporcionalidad, y, por lo tanto, sujetos al régimen de desapoderamiento, los honorarios y los sueldos muy altos, en un porcentaje mayor al estipulado legalmente, y los instrumentos, necesarios para la profesión, arte u oficio, cuando estos tengan un monto muy elevado, como es el caso del equipo de rayos de un radiólogo valuado en 60.000 dólares
deudor y los 3eros le entreguen los bienes de aquél (Arts. 82, 88, inc. 3, y 177 y ss. LCQ) c) En 3er lugar, el síndico sustituye totalmente al fallido en toda actuación judicial relacionada con los bienes sujetos a desapoderamiento (Arts. 119, 142, 163, 175, 176, 182 y 275 LCQ), aunque, sin embargo, el fallido conserva la legitimación para actuar: c.1) Extrajudicial y judicialmente, requiriendo medidas conservatorias en omisión del síndico o hasta tanto éste tome intervención, dentro de las cuales podemos citar, por Ej., a todas las medidas tendientes a evitar prescripciones o caducidades procesales o sustanciales, a evitar perjuicio o situaciones desfavorables en el futuro, o a prevenir situaciones de indefensión c.2) Judicialmente, en todas las causas relativas a bienes no sujetos a desapoderamiento c.3) En el proceso concursal, en todos los casos en que la ley reconoce esta posibilidad, como es el caso de lo establecido en los artículos 34, 35, 94, 96, 117 y 218 de la LCQ (Arts. 107, 109 y 110 LCQ) 2.c) Herencias, legados y donaciones I.- Aceptación y repudiación de herencias y legados El fallido, en principio, puede aceptar o repudiar herencias o legados, pero, esto tiene como límite el interés de sus acreedores y los gastos de conservación y de justicia de su quiebra, y, en consecuencia, si la repudiación perjudica ese interés o disminuye las posibilidades de cubrir esos gastos, la misma carece de efectos y resulta inoponible a los acreedores Los bienes del causante, como efecto propio del beneficio de inventario, que actualmente es la regla en materia de aceptación de la herencia, en 1er lugar, están destinados a atender las deudas del causante y los gastos de la sucesión, y, en 2do lugar, en caso de un eventual remanente, están destinados a atender las deudas del fallido y los gastos de conservación y de justicia de su quiebra, de manera tal que: a) los acreedores del fallido solamente pueden volcar sus pretensiones sobre el eventual remanente que exista tras la cancelación de las deudas del causante y de los gastos de la sucesión b) los acreedores del causante no pueden volcar sus pretensiones sobre los bienes del heredero fallido, salvo que, excepcionalmente, el heredero fallido haya perdido el beneficio de inventario El síndico de la quiebra tiene legitimación procesal para intervenir en el juicio sucesorio del causante del quebrado por estar comprometido el interés de los acreedores del fallido heredero (Art. 111 LCQ) II.- Legados y donaciones sujetos a condición: La cláusula incluida en una donación o en un legado, por la cual el donante o el causante, o bien condicione la efectivización de la donación o del legado a que el donatario o legatario no quiebre, o bien pretenda excluir del desapoderamiento al bien donado o legado, resulta inoponible a los acreedores del fallido, pero, sin embargo, la donación o el legado no resultan invalidados por este tipo de condicionamientos, sino que, repetimos, son los condicionamientos los que resultan ineficaces en la medida que afecten el interés de los acreedores concurrentes en la quiebra (Art. 112 LCQ) III.- Donaciones posteriores a la quiebra: Los bienes donados al fallido con posterioridad a la declaración en quiebra, y hasta su rehabilitación, integran el activo falencial y están sujetos a desapoderamiento, pero, cuando la donación es con cargo, el síndico debe analizar si la donación beneficia o perjudica a los acreedores concurrentes, y, en consecuencia, pedir la autorización judicial para, respectivamente, aceptar o rechazar la donación: a) si el síndico, previa autorización judicial, acepta la donación con cargo, el cumplimiento del cargo se convierte en una obligación que reviste el carácter de gasto de conservación y de justicia b) si el síndico, previa autorización judicial, rechaza la donación con cargo, el fallido puede aceptarla de todas maneras, pero, en tal caso, el cumplimiento del cargo es por cuenta de éste, y el donante carece de derecho creditorio alguno en el concurso, al ser un acreedor posterior a la quiebra (Art. 113 LCQ) 2.d) Correspondencia: El Art. 114 de la LCQ establece que la correspondencia y las comunicaciones dirigidas al fallido deben ser entregadas al síndico, quien debe abrirlas en presencia del concursado, o, en su defecto, en presencia del juez, entregándole al fallido la que sea estrictamente personal, lo cual, si bien configura una norma claramente inconstitucional, no ha sido objeto de fallos judiciales relevantes, debido a la proliferación de los nuevos medios comunicacionales, entre los que se destaca el fax y el mail (Art. 114 LCQ) 2.e) Deudas posteriores: El pasivo falencial es cubierto con el producto de la liquidación del activo falencial: a) el pasivo falencial está integrado por las deudas del fallido anteriores a la fecha de la sentencia de quiebra, más los gastos de conservación y de justicia a los que alude el Art. 240 de la LCQ, y, por lo tanto, las deudas del fallido posteriores a la fecha de la sentencia de quiebra sólo pueden ejecutarse, individual o colectivamente: a.1) sobre los bienes que no integran el activo falencial a.2) o, en su caso, sobre el eventual saldo de la liquidación del activo falencial anterior b) el activo falencial está integrado por los bienes del fallido sujetos a desapoderamiento (Art. 104 LCQ)
3) Efectos sobre los actos perjudiciales a los acreedores 3.a) El período de sospecha El período de sospecha es el lapso que se extiende desde la fecha que se fija judicialmente como inicio del estado de cesación de pagos hasta la fecha de la sentencia de quiebra La fijación judicial de la fecha de inicio del estado de cesación de pagos consta de los siguientes pasos: a) en 1er lugar, el síndico debe dictaminar expresamente la fecha de inicio del estado de cesación de pagos en su informe general b) en 2do lugar, los que solicitaron verificación de créditos, el deudor y cualquier interesado, pueden formular observaciones, por escrito y por triplicado, referidas al dictamen sobre la fecha de inicio del estado de cesación de pagos, dentro de los 30 días de presentado el informe general, aclarando que los interesados en formular observaciones son todos aquellos que podrían verse afectados por la fecha inicial del estado de cesación de pagos aconsejada por el síndico, como es el caso de los eventuales legitimados pasivos de de una acción de ineficacia falencial 118 y 119ilimitadamente LCQ) del socioresponsables recedente a aquien se le puede el reintegro percibido 149 LCQ) de(Arts. los ex-socios los cuales se lesexigir puede extender de la lo quiebra de la(Art. fallida principal (Art. 160 LCQ) de los eventuales legitimados pasivos de una responsabilidad de 3eros (Art. 174 LCQ) y los afectados por las inhabilitaciones falenciales (Arts. 235 y 236 LCQ) c) en 3er lugar, de todas las observaciones formuladas se le corre vista al síndico, quien debe emitir un nuevo dictamen d) en 4to lugar, el juez puede ordenar la producción de la prueba que estime necesaria e) y, en 5to lugar, el juez dicta una resolución determinando la fecha de inicio del estado de cesación de pagos, la cual: e.1) a los efectos de la operatividad de las ineficacias falenciales, previstas por los artículos 118 y 119 de la LCQ, no puede retrotraerse más de 2 años contados desde la sentencia de quiebra, si la quiebra es directa, o desde la presentación en concurso preventivo, si la quiebra es indirecta, aun cuando la fecha de inicio del estado de cesación de pagos fuese, efectivamente, más antigua e.2) pero, para otros efectos de la quiebra, tales como los previstos en los artículos 149, 160, 174, 235 y 236 de la LCQ, es imprescindible saber cuándo comenzó efectivamente el estado de cesación de pagos, cualquiera que sea su antigüedad, y, en consecuencia, si la fecha de inicio de cesación de pagos se ubica más atrás de los 2 años citados, igual debe ser fijada con precisión en la sentencia respectiva La sentencia que fija la fecha de inicio del estado de cesación de pagos es apelable, en relación y con efecto suspensivo: a) por el síndico y por el fallido, en todos los casos b) y, en su caso, por los acreedores y por los interesados que formularon observaciones al informe del síndico (Arts. 115, 116 y 117 LCQ) 3.b) Ineficacias falenciales: En materia concursal, la ineficacia se traduce en la inoponibilidad, es decir, que el acto ineficaz es válido entre las partes, si por avenimiento o carta de pago se extingue la quiebra, e inoponible a los acreedores concurrentes I.- Actos ineficaces de pleno derecho: El Art. 118 de la LCQ prevé una serie de actos que, realizados en el período de sospecha por el fallido, son ineficaces de pleno derecho, es decir, que el juez puede, de oficio y sin sustanciación, determinar que tales actos resultan inoponibles a los acreedores comprendidos en la quiebra: a) los actos que el Art. 118 de la LCQ considera ineficaces de pleno derecho son: a.1) los actos a título gratuito a.2) los pagos anticipados de deudas que vencían el día de la quiebra o con posterioridad a su declaración, es decir, los pagos de obligaciones no exigibles a.3) la constitución de garantías reales sobre obligaciones no vencidas que srcinariamente no tenían esa garantía b) la resolución que determina la ineficacia de pleno derecho de tales actos, de manera excepcional dentro de la LCQ, es objeto de una doble vía impugnativa, a opción del afectado, en el sentido que éste: b.1) o bien, puede interponer el recurso de reposición ante el mismo juez del concurso por vía incidental, que luego le posibilitará la interposición del recurso de apelación, en los términos del Art. 285 de la LCQ b.2) o bien, puede interponer directamente el recurso de apelación ante el superior, sin interponer recurso de reposición previamente c) la enumeración de actos ineficaces de pleno derecho del Art. 118 de la LCQ es taxativa y de interpretación restrictiva d) para que un acto sea considerado ineficaz de pleno derecho es necesario que se den 2 presupuestos:
d.1) en 1er lugar, es necesario que el acto se haya realizado en el período de sospecha, y, en consecuencia, que el juez haya fijado la fecha de inicio del estado de cesación de pagos, la cual no puede retrotraerse más de 2 años contados desde la sentencia de quiebra, si la quiebra es directa, o desde la presentación en concurso preventivo, si la quiebra es indirecta, aun cuando la fecha de inicio del estado de cesación de pagos fuese, efectivamente, más antigua d.2) en 2do lugar, como la ineficacia tiende a proteger a los acreedores, y no al deudor, es necesario que existan acreedores en el concurso y que subsista el interés de los mismos, y es así que, por Ej., la ineficacia no se declara si se celebra un avenimiento, puesto que, en tal caso, desaparece el bien jurídico protegido, que es, justamente, el interés de los acreedores, y, por tal motivo, las ineficacias previstas en esta sección de la LCQ se aplican a la quiebra liquidativa y no a la quiebra no liquidativa (Art. 118 LCQ) II.- Actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos: El Art. 119 de la LCQ prevé la posibilidad de que ciertos actos a título oneroso realizados por el fallido en el período de sospecha puedan ser declarados ineficaces: a) para que un acto sea considerado ineficaz en los términos del Art. 119 de la LCQ es necesario que se intente la acción de ineficacia por conocimiento de la cesación de pagos, para lo cual deben darse los siguientes presupuestos: a.1) en 1er lugar, es necesario que se den los 2 presupuestos para que un acto sea considera ineficaz de pleno derecho a.2) en 2do lugar, es necesario que se acredite que el 3ero conocía el estado de cesación de pagos del actual quebrado a.3) en 3er lugar, es necesario que exista un perjuicio para los acreedores, a cuya reparación se tiende con la declaración de ineficacia, pero, este perjuicio, se presume, y es el 3ero quien debe probar su inexistencia a.4) en 4to lugar, es necesario que: » la acción sea promovida por el síndico, y, si éste no la promueve, cualquier acreedor interesado puede intimarlo judicialmente a que lo haga, y, finalmente, si dentro de los 30 días posteriores a la intimación no la promueve, puede hacerlo el acreedor, pero éste: en 1er lugar, no puede acceder al beneficio de pobreza para litigar sin gastos y, en 2do lugar, puede ser objeto del planteo de arraigo a fin de que afiance las eventuales costas del proceso, bajo pena de tenérselo por desistido y,
algunopor estos 2 motivos, en la práctica, si el síndico no promueve la acción, tampoco lo hace acreedor » el síndico acredite haber obtenido previamente la conformidad de la mayoría simple de capital (y no de personas titulares de acreencias) quirografario verificado y admitido, lo cual encuentra su fundamento en que esta acción es generadora de costas, y, por tal motivo, se dice que, en este caso, la legitimación del síndico es subordinada, y no plena, sin perjuicio de que, como en la práctica es sumamente difícil lograr esta conformidad, la jurisprudencia ha entendido que el silencio de los acreedores al efecto implica conformidad b) la acción de ineficacia por conocimiento de la cesación de pagos se deduce ante el juez de la quiebra, y, en principio, tramita por vía ordinaria, pero, por acuerdo de partes, puede usarse la vía incidental, prevista a partir del Art. 280 de la LCQ, aclarando que, en ambos casos: b.1) la resolución es apelable: » si tramitó por vía incidental, por aplicación del Art. 285 de la LCQ » si tramitó por vía ordinaria, por aplicación de las normas procesales propias del lugar del juicio que prevén la apelabilidad de las sentencias definitivas recaídas en juicios ordinarios b.2) la acción caduca a los 6 meses c) deben ser partes en el juicio: c.1) como órgano de la quiebra, el síndico c.2) y, como demandados, el 3ero cocontratante del fallido y los eventuales subadquirentes de él (Arts. 119 y 120 LCQ) III.- Acciones del derecho común: El Art. 120 de la LCQ permite el ejercicio de las acciones del derecho común para atacar los actos realizados fuera del período de sospecha, y, estas acciones son: a) la acción revocatoria, de fraude o pauliana: a.1) que se concede a los acreedores para pedir la revocación de los actos fraudulentos realizados por el deudor en perjuicio de sus derechos y está dirigida a restablecer el patrimonio del deudor en la situación que se encontraba antes de dichos actos a.2) que es más exigente que las acciones del derecho concursal, en el sentido que exige: » que el deudor se halle en estado de insolvencia, lo cual se presume cuando el deudor es un fallido » que el impugnante pruebe que el acto atacado ha provocado o agravado la insolvencia del deudor » que el crédito en virtud del cual se intenta acción sea de fecha anterior al acto del deudor, aunque, este
requisito no es exigible cuando el deudor ha disminuido previamente su patrimonio para defraudar a un futuro acreedor » y, finalmente, si el acto es a título oneroso, exige que el impugnante pruebe, además, la complicidad en el fraude del 3ero con el cual ha contratado, lo cual se presume iuris tantum si al tiempo del acto conocía la insolvencia del deudor b) la acción de simulación: b.1) que se concede a los acreedores para pedir la nulidad de un acto que no existe o de un acto que encubre a otro del cual el deudor se vale para aparentar la salida de un bien de su patrimonio para ponerlo fuera de la acción de sus acreedores b.2) y, como vemos, a diferencia de la acción pauliana que procura el reconocimiento de la inoponibilidad del acto, la acción de simulación procura el reconocimiento de la nulidad o de la inexistencia del acto (Art. 120 LCQ) IV.- Efecto común a la acción de ineficacia por conocimiento de la cesación de pagos y a las acciones del derecho común: Tanto la acción de ineficacia por conocimiento de la cesación de pagos, denominada por la ley 19.551 acción revocatoria concursal, como las acciones del derecho común, si prosperan, otorgan al acreedor el derecho al resarcimiento de sus gastos y a una preferencia especial sobre los bienes recuperados, que determina el juez entre la 3era y la 10ma parte del producido de éstos, con límite en el monto de su crédito (Art. 120 LCQ) V.- Actos otorgados durante un concurso: La acción de ineficacia por conocimiento de la cesación de pagos, no procede contra los actos que ha realizado el concursado durante el transcurso del concurso preventivo, o en el período posterior mientras se cumple el acuerdo, puesto que, si así fuera, nadie contrataría con un concursado, pero, sin embargo: a) si tales actos se cumplieron regularmente, eventualmente, pueden ser cuestionados en la quiebra posterior, pero no por medio de la acción de ineficacia por conocimiento de la cesación de pagos, sino por medio de institutos del derecho común, tales como la acción revocatoria, de fraude o pauliana, la acción de simulación o la invocación del vicio de lesión enorme b) si tales actos se cumplieron irregularmente, en violación de las reglas del desapoderamiento atenuado, deben ser declarados ineficaces de pleno derecho en la quiebra, tal como lo establece el 1er párrafo del Art. 17 de la LCQ (Art. 121 LCQ) VI.- Pago al acreedor peticionante de quiebra El Art. 122 de la LCQ prevé una ineficacia falencial que exige los siguientes requisitos: a) en 1er lugar, es necesario que un acreedor pida la quiebra de su deudor, y, de manera sobreviniente, desista de su pedido tras haber recibido un pago, en dinero o en especie, de un 3ero, y no del deudor b) en 2do lugar, es necesario que ese mismo deudor, posteriormente, sea declarado en quiebra, y, dentro del período de sospecha de esta última, se enmarque temporalmente el pago citado anteriormente Así, si se dan los 2 requisitos, este último pago es declarado ineficaz, lo cual obliga al acreedor a reintegrar el pago recibido, pudiendo ser compelido con intereses hasta la tasa fijada en el Art. 565 del Código de Comercio, en caso de resistencia injustificada Con respecto al trámite que debe darse a la pretensión de reintegro de este pago ineficaz: a) un sector de la doctrina, entiende que la misma debe ser declarado oficiosamente de pleno derecho b) otro sector de la doctrina, entiende que debe dársele el trámite incidental, previsto a partir del Art. 280 de la LCQ (Art. 122 LCQ) VIII.- Garantías reales declaradas inoponibles: Nuestro régimen registral, como regla general, se funda en la idea del “rango de avance”, según el cual, cuando un crédito cuando un crédito con garantía hipotecaria o prendaria en 1er grado se extingue, el crédito con garantía hipotecaria o prendaria en 2do grado pasa a ocupar el casillero registral que ha quedado libre, pero, sin embargo, cuando el crédito con garantía hipotecaria o prendaria es declarado ineficaz, excepcionalmente, el casillero registral que queda libre pasa a ser ocupado por la masa concursal, de manera tal que el precio obtenido en la subasta de la cosa ingresa al activo general repartible (Art. 123 LCQ) IX.- Plazo de ejercicio: La declaración del Art. 118, la intimación del Art. 122 y la interposición de la acción de los Arts. 119 y 120, tienen un plazo de caducidad de 3 años contados desde la fecha de la sentencia de quiebra, y no desde que ésta hubiese quedado firme, y, por lo tanto, el plazo comienza a correr a partir de la fecha del dictado de la sentencia de quiebra, independientemente de que medien o no recursos contra la misma (Art. 124 LCQ) 4) Efectos generales sobre relaciones jurídicas preexistentes: Los efectos generales sobre relaciones jurídicas preexistentes se encuentran regulados en los artículos 125 a 142 de la LCQ 4.a) Principio general: El 1er párrafo del Art. 125 de la LCQ aplica a los efectos de la quiebra el principio de concursabilidad, también denominado principio de colectividad o de concurrencia, que se condice con el principio de la
universalidad subjetiva, al establecer que todos los acreedores del fallido por causa o título anterior a la declaración de la quiebra que quieran hacer efectiva su acreencia deben ingresar en el proceso concursal, salvo las excepciones previstas legalmente, lo cual evidencia que el hecho de ingresar en el proceso concursal no es una obligación que pesa sobre los acreedores del fallido, sino una carga procesal, y es así que: a) el 2do párrafo del Art. 125 de la LCQ establece que los acreedores eventuales también pueden ingresar en el concurso, sin perjuicio de que el ejercicio de sus derechos estará condicionado a la desaparición de la circunstancia determinante de la eventualidad, es decir, a la consolidación definitiva de la acreencia, siendo acreedores eventuales todos aquéllos que tengan alguna circunstancia aún no cumplida que impide el ejercicio actual de su derecho, como es el caso de los créditos sometidos a condición suspensiva, el caso de los créditos que dependen de un pronunciamiento judicial previo, tal como sucede con la prejudicialidad penal del Art. 1101 del Código Civil, o el caso de los fiadores o garantes del fallido, con derecho de repetición contra éste, pero que aún no han pagado al acreedor del quebrado b) el Art. 126 de la LCQ: b.1) en su 1er párrafo, establece que todos los acreedores del fallido por causa o título anterior a la declaración de la quiebra deben verificar sus créditos y sus privilegios, en los términos del Art. 200 de la LCQ, salvo que medie una disposición legal expresa en contrario, lo cual se condice con el Art. 32 de la LCQ, que establece que todos los acreedores del deudor concursado por causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo deben verificar sus créditos y sus privilegios b.2) en su 2do párrafo, establece que el acreedor hipotecario o prendario: » o bien, puede esperar la liquidación general de bienes para obtener el cobro de su acreencia, con preferencia sobre el producido del bien gravado, en cuyo caso debe haber verificado, previamente, su crédito y su privilegio » o bien, puede acudir al trámite de concurso especial, previsto en el Art. 209 de la LCQ, que le permite anticipar el cobro, a través de la realización del bien gravado, a cuyo fin se exige que el acreedor formule la petición ante el juez de la quiebra, que tramita por vía separada, que el juez del concurso y el síndico comprueben los títulos del acreedor, y que el acreedor otorgue una fianza de mejor derecho para garantizar la devolución total o parcial de lo percibido en la medida de lo que resuelva el juez en la verificación del crédito: en el concurso especial del Art. 209 de la LCQ se realiza un control externo y formal de la regularidad de los títulos constitutivos de la garantía real, y la resolución que allí se pronuncia hace cosa juzgada formal, que hace que el acreedor hipotecario o prendario, aunque sea con posterioridad, deba verificar su crédito y su privilegio en la verificación de créditos del Art. 200 de la LCQ se dicta una resolución que hace cosa juzgada material, y, por tal motivo, en caso de discrepancia, esta resolución prevalece sobre aquélla b.3) en su 3er párrafo, establece que el síndico, contando con la previa autorización judicial, puede pagar íntegramente el crédito del acreedor hipotecario o prendario con fondos líquidos existentes o enajenando otros bienes, cuando la conservación del bien gravado sea un beneficio evidente para los acreedores, tal como sucedería cuando el bien gravado sea una maquinaria que integra un conjunto c) el 1er párrafo del Art. 128 de la LCQ establece que las obligaciones del fallido pendientes de plazo se consideran vencidas de pleno derecho en la fecha de la sentencia de quiebra, y, en consecuencia, los acreedores de tales obligaciones deben acudir a verificar sus créditos tempestivamente, aun cuando, de no haber mediado la quiebra del deudor, el plazo de exigibilidad convenido estaría pendiente d) y, finalmente, a raízpor de causa una interpretación a contrario sensu de losdeartículos citados, puede afirmarse quesus los acreedores del fallido o título posterior a la declaración la quiebra no pueden hacer valer pretensiones durante la quiebra, sino que deben cobrarse con los nuevos bienes adquiridos después de la rehabilitación, con el eventual saldo que pueda quedar en la quiebra liquidativa, o con los bienes del ex fallido cuando la quiebra finalice de modo no liquidativo (Arts. 125, 126 y 128 LCQ) 4.b) Conversión de deudas El Art. 127 de la LCQ establece que las deudas no dinerarias y las deudas en moneda extranjera deben convertirse en deudas dinerarias: si el contrato vencía después de la fecha de declaración, la conversión debe hacerse en la fecha de la declaración si el contrato vencía antes de la fecha de declaración, el acreedor, cuando pide la verificación de su crédito, puede elegir si prefiere que la conversión se haga en la fecha de la declaración o en la fecha del vencimiento En la quiebra, la conversión, en cualquiera de sus variantes, es definitiva, mientras que, en el concurso preventivo, la conversión de la moneda extranjera es provisoria, es decir, que la misma sólo es realizada a los efectos de determinación de las mayorías que se deben alcanzar para aprobar el acuerdo preventivo, pero, en el acuerdo preventivo, puede
pactarse el pago de estas deudas en su moneda de srcen (Art. 127 LCQ) 4.c) Descuento de intereses: El 2do párrafo del Art. 128 de la LCQ establece que si el acreedor cobra en la quiebra antes del plazo srcinal emergente del título o causa de la obligación, deben descontarse intereses legales por el tiempo en que se adelantó el pago, aunque, como es lógico, este supuesto es muy poco frecuente en la práctica (Art. 128 LCQ) 4.d) Suspensión de intereses: La quiebra, al igual que el concurso preventivo, hace que, como regla general, el curso de los intereses se suspenda, aunque los mismos no se pierdan. Sin embargo, los intereses de los acreedores hipotecarios o prendarios se siguen devengando durante el proceso, aunque solamente hasta la concurrencia del valor de realización del bien gravado, suspendiéndose el resto de los intereses que exceden el valor de realización del bien, de manera tal que el acreedor hipotecario o prendario puede percibir intereses posteriores a la quiebra: a) si la quiebra concluye por un modo no liquidativo, sea por avenimiento o por carta de pago, y son parte del acuerdo o del pago convenido b) si la quiebra es liquidativa, y existe remanente (Arts. 129, 225, 228, 229 y 242, inc. 2, LCQ) 4.e) Compensación: La compensación se da cuando 2 personas, que reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, convienen que sus deudas, que deben ser líquidas y exigibles, se extingan hasta la concurrencia de la deuda menor: a) si las deudas eran exigibles con anterioridad a la declaración de quiebra, la deuda del concursado puede compensarse con la deuda de su acreedor b) si las deudas fueron exigibles con posterioridad a la declaración de quiebra, la deuda del concursado no puede compensarse con la deuda de su acreedor, puesto que, tal circunstancia, sería violatoria del principio de paridad de trato (Art. 130 LCQ) 4.f) Derecho de retención: El derecho de retención es la facultad que corresponde al tenedor de cosa ajena, como es el caso de un depositario o de un locador de obra, para conservarla hasta el pago de lo que se le debe por razón de la cosa misma: a) el retenedor es acreedor con privilegio especial b) la quiebra suspende el ejercicio del derecho de retención sobre bienes susceptibles de desapoderamiento, y, por lo tanto, la cosa retenida debe ser entregada al síndico c) cesada la quiebra, el bien ex-fallido (Arts. 131 ysi241, inc.subsiste, 5, LCQ)y el retenedor no fue pagado, debe restituirse la cosa al acreedor, a costa del 4.g) Fuero de atracción: La competencia por fuero de atracción apunta a que todos los juicios entablados contra una misma persona se concentren en un solo tribunal, aclarando que se da solamente en los juicios universales, que son aquellos en los cuales se encuentra en juego todo el patrimonio de una persona, y éstos son, los procesos concursales y las sucesiones: Como regla general, el Art. 132 de la LCQ establece que, a partir del dictado de la sentencia de quiebra, se atraen todas las acciones patrimoniales que se tramiten contra el fallido Excepcionalmente, el Art. 132 de la LCQ establece que no se atraen: Las acciones que no tengan contenido patrimonial Los juicios de expropiación, puesto que, en 1er lugar, está comprometido el interés público general, y, en 2do lugar, no se afecta al fallido, en el sentido que el Estado, al pagar la indemnización correspondiente, equilibra su situación Los juicios que se funden en relaciones de familia, con o sin contenido patrimonial Y, finalmente, según una interpretación doctrinaria, que fue analizada posteriormente en el título “juicios laborales”, los juicios por accidentes de trabajo promovidos conforme a la legislación especial en la materia Cuando la sentencia de quiebra está sujeta a recursos, la atracción opera igual, pero no se suspenden las causas atraídas, sino solamente los actos de ejecución forzada sobre bienes del patrimonio del fallido, y, después de que la sentencia quede firme, el efecto suspensivo se extiende incluso al trámite de los juicios atraídos A diferencia del concurso preventivo, en la quiebra no se da al actor la posibilidad de continuar el juicio ante el juez de la quiebra, en reemplazo de la verificación de su pretensión (Art. 132 LCQ) 4.h) Fallido codemandado: Cuando el fallido es demandado conjuntamente con otras personas: a) si el litisconsorcio es necesario, el actor debe, necesariamente, someterse al fuero de atracción b) si el litisconsorcio no es necesario, el actor puede optar entre: b.1) someterse al fuero de atracción b.2) evitarlo, desistiendo del juicio contra el fallido, en cuyo caso: por un lado, el desistimiento no implica imposición de costas a quien desiste, ni impide que éste solicite la verificación de su crédito y, por otro lado, el juicio srcinario puede continuar contra los codemandados no fallidos ante el tribunal de
srcen (Art. 133 LCQ) 4.i) Cláusula compromisoria Cuando el deudor, antes de la declaración de la quiebra, celebra un compromiso arbitral, con el fin de someter a arbitraje un conflicto que tiene con un 3ero, relativo a bienes sujetos a desapoderamiento: a) si el tribunal arbitral, al tiempo de la declaración de la quiebra, aún no está constituido, el compromiso arbitral es ineficaz b) si el tribunal arbitral, al tiempo de la declaración de la quiebra, ya está constituido, el compromiso arbitral es eficaz Cuando el juez de la quiebra lo estime pertinente, por resolución fundada, puede autorizar al síndico a que someta a arbitraje el conflicto existente entre el fallido y un 3ero, relativo a bienes sujetos a desapoderamiento (Art. 134 LCQ) 4.j) Obligados solidarios: Cuando existen varios coobligados solidarios, y algunos de ellos, o todos ellos, son concursados: a) el acreedor puede concurrir a cada concurso por el monto total de su crédito, y el monto eventualmente percibido en un concurso no se deduce para participar en el otro, pero: a.1) si el acreedor, sumando lo percibido en los distintos concursos, cobró menos que el monto total de su crédito, no existe derecho de repetición entre los coobligados solidarios a.2) si el acreedor, sumando lo percibido en los distintos concursos, cobró más que el monto total de su crédito, existe derecho de repetición entre los coobligados solidarios, pero el mismo se limita al excedente efectivamente percibido por el acreedor, quien debe restituirlo en la quiebra del coobligado solidario que goza del derecho de repetición contra los demás coobligados solidarios b) un coobligado no fallido, después de la declaración de la quiebra, puede efectuar el pago al acreedor, en cuyo caso el que pagó se subroga en los derechos del acreedor pagado, y, por lo tanto, puede participar en el concurso de los coobligados fallidos para efectivizar su derecho de repetición (Arts. 135 y 136 LCQ) 4.k) Coobligado o fiador garantido: Cuando el coobligado o el fiador del fallido, en oportunidad de coobligarse o en oportunidad de prestarle su fianza, se asegura el derecho de reembolso, constituyendo prenda o hipoteca sobre los bienes del coobligado o del deudor principal, y, éste, de manera sobreviniente quiebra: a) si el coobligado o fiador del fallido efectuó el pago antes de la declaración de la quiebra, debe verificar en el concurso su créditooactual b) si el coobligado fiador del fallido no efectuó el pago, debe verificar en el concurso su crédito eventual c) si el 3ero ejecuta al coobligado o fiador del fallido, y, éste, a su vez, ejecuta al fallido ejercitando su derecho de realizar el bien gravado por vía del concurso especial del Art. 209 de la LCQ, al momento de liquidar el producido, en 1er lugar, cobra el acreedor del fallido o del coobligado, y, en 2do lugar, con el remanente cobra el coobligado o fiador del fallido al que le compete el ejercicio del derecho de reembolso (Art. 137 LCQ) 4.l) Pretensiones excluyentes: Las pretensiones excluyentes, que se dan solamente en los casos previstos por la ley, las tiene el acreedor que pretende, por un lado, ser excluido del pasivo del deudor, y, por el otro, que se separe el bien que reclama, y, al respecto, la LCQ, en los artículos 138 a 142, regula 2 acciones de separación tendientes a hacer valer 2 pretensiones excluyentes: a) en la quiebra es fundamental esclarecer cuál es la real composición del activo falencial, y, a tales fines, por un lado existen acciones de recomposición de la masa patrimonial, como es el caso de las reguladas a partir del Art. 118 de la LCQ, que tienden a reintegrar al activo falencial los bienes indebidamente salidos del patrimonio del fallido, y, por otro lado, existen acciones de separación de ciertos bienes que aparentemente están en el patrimonio del fallido, y que, sin embargo, no deben integrar el activo falencial b) cuando un 3ero entrega al fallido un bien, sin que tal entrega tienda a transferir el dominio del bien en cuestión, tal como sucede, por Ej., cuando media un contrato de locación de cosas muebles, el 3ero puede ejercer el derecho de reivindicación: b.1) el 3ero puede solicitar medidas conservatorias del bien mientras tramite su pedido, lo cual es lógico, puesto que puede tratarse de cosas muebles destinadas a un uso que suponga deterioro, tal como sucedería, por Ej., cuando se tratara de computadoras b.2) el juez: en 1er lugar, si no concluyó el proceso de verificación de créditos, puede exigir que el 3ero preste caución suficiente en 2do lugar, puede disponer la entrega en depósito del bien al 3ero mientras tramita su pedido en 3er lugar, de oficio o a pedido del síndico, puede disponer que el concurso continúe la relación preexistente en virtud de la cual el fallido entró a tener el bien, en cuyo caso la contraprestación será un gasto de conservación y de justicia, en los términos del Art. 240 de la LCQ c) cuando un 3ero entrega al fallido un bien con el fin de transferirle el dominio del bien en cuestión, tal como
sucede, por Ej., cuando media un contrato de compraventa, el 3ero puede ejercer el derecho de readquisición de la posesión, siempre y cuando: c.1) en 1er lugar, se den las siguientes circunstancias en forma conjunta: el bien en cuestión debe ser una cosa mueble, puesto que el 1er párrafo del Art. 139 de la LCQ alude a “bienes remitidos”, lo cual no es compatible con los bienes inmuebles la tradición, real o simbólica, no debe haber operado antes de la sentencia de quiebra el fallido no debe haber cumplido íntegramente con la prestación a su cargo, es decir, que el 3ero debe ser acreedor del fallido un 3ero no debe haber adquirido un derecho real sobre la cosa, y la misma no debe haber desaparecido o perecido, y, si esto último sucede: si un 3ero adquirió un derecho real sobre la cosa, el derecho del enajenante se traslada a la prestación que ese 3ero adeuda al fallido, hasta la concurrencia del crédito de éste, y: cuando el crédito por el cual la cosa se transmitió del fallido al 3ero es de igual naturaleza que el crédito por el cual la cosa se transmitió del enajenante al fallido, el enajenante puede requerir la cesión del crédito cuando el crédito por el cual la cosa se transmitió del fallido al 3ero es de diferente naturaleza que el crédito por el cual la cosa se transmitió del enajenante al fallido, el enajenante adquiere privilegio especial sobre la contraprestación pendiente si la cosa desapareció o pereció, el derecho del enajenante se traslada a la indemnización que pueda adeudar el responsable de la desaparición o pérdida o la compañía aseguradora correspondiente c.2) en 2do lugar, el 3ero observe el siguiente trámite: en 1er lugar, el 3ero debe presentar la demanda ante el juez de la quiebra dentro de los 30 días hábiles judiciales contados a partir de la última publicación de los edictos que dan a conocer la sentencia de quiebra en 2do lugar, de la petición del 3ero, se le corre vista al síndico, quien, dentro de los 15 días hábiles judiciales subsiguientes, debe optar entre: o bien, manifestar que quiere cumplir la prestación pendiente, con el fin de mantener los bienes en el activo falencial, en cuyo caso el juez otorgará o denegará la autorización o bien, oponerse a la pretensión del enajenante, por considerar que no están reunidos los presupuestos del ejercicio de su derecho, en cuyo caso el juez resolverá el conflicto en favor del 3ero o en favor del síndico o bien, allanarse a la pretensión del enajenante, o, simplemente, dejar transcurrir el plazo sin contestar la vista, en cuyo caso el juez resolverá si acepta o deniega la pretensión del enajenante en 3er lugar, si la petición del 3ero es admitida, éste, dentro de los 30 días hábiles judiciales contados a partir de la notificación de la admisión de la pretensión: debe desinteresar al eventual acreedor prendario de buena fe anterior de la quiebra, debe pagar los gastos srcinados por los bienes, como es el caso de los gastos de transporte, seguros, impuestos, guarda y conservación, debe depositar a la orden del juez la contraprestación parcial percibida del fallido, y, finalmente, debe tomar posesión de la cosa y, si no lo hace, los bienes quedan incorporados al activo falencial (Arts. 138 a 142 y 188 LCQ) 4.m) Legitimación de los síndicos: El 3ero: a) no puede reclamar por los daños y perjuicios ocasionados a raíz del incumplimiento srcinado en la declaración de la quiebra b) sí puede reclamar por los daños y perjuicios ocasionados a raíz del incumplimiento srcinado con anterioridad a la declaración de la quiebra (Art. 142 LCQ) 5) Efectos sobre relaciones jurídicas en particular: Los efectos sobre relaciones jurídicas en particular se encuentran regulados en los artículos 143 a 159 de la LCQ 5.a) Contratos que no tienen prescripciones legales específicas El Art. 143 de la LCQ establece que el contrato que no tiene prescripciones legales específicas, cuyas prestaciones no están íntegramente cumplidas al tiempo de declararse la quiebra, puede enmarcarse en cualquiera de las 3 siguientes situaciones: a) en 1er lugar, puede darse que el fallido haya cumplido la totalidad de las prestaciones a su cargo, y el cocontratante no, en cuyo caso el cocontratante debe cumplir las suyas, y, si no lo hace, el síndico debe promover las acciones judiciales pertinentes ante los juzgados correspondientes b) en 2do lugar, puede darse que el cocontratante haya cumplido la totalidad de las prestaciones a su cargo, y el fallido no, en cuyo caso el cocontratante debe hacer valer sus pretensiones mediante la verificación del crédito correspondiente en el proceso concursal
c) en 3er lugar, puede darse que existan prestaciones pendientes recíprocas, en cuyo caso se aplican las reglas del Art. 144 de la LCQ, siempre y cuando no se trate de alguno de los casos específicamente reglados por la LCQ o por leyes especiales El Art. 144 de la LCQ establece un trámite específico que, en líneas generales, nos permite clasificar a los contratos en los cuales el fallido es parte, cuando sobreviene la quiebra, en 3 grandes grupos, que son el de los contratos que quedan resueltos (Arts. 147, 148, 153 y 158 LCQ) el de los contratos que continúan (Arts. 157, inc. 1, y 154 LCQ) y el de los contratos que quedan suspendidos hasta que se decida su resolución o su continuación (Arts. 143, inc. 3, y 144 LCQ): a) en 1er lugar, dentro de los 20 días corridos contados a partir de la publicación de los edictos que dan a conocer la sentencia de quiebra: a.1) por un lado, el cocontratante puede presentarse ante el juez del concurso haciendo saber la existencia del contrato con prestaciones recíprocas pendientes, expresando su intención de continuarlo o de resolverlo a.2) por otro lado, cualquier acreedor o 3ero interesado no contratante puede presentarse ante el juez del concurso haciendo saber la existencia del contrato con prestaciones recíprocas pendientes, expresando su opinión sobre la conveniencia de continuarlo o de resolverlo b) en 2do lugar, el síndico, al presentar el informe del Art. 190 de la LCQ, independientemente de cuál su opinión acerca de la continuación de la explotación de la empresa, debe hacer saber la existencia de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes que conozca, expresando su opinión técnicamente fundada sobre la conveniencia de continuarlos o resolverlos c) en 3er lugar, el juez concursal decide la continuación o la resolución de cada uno de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes: c.1) si el juez concursal dicta la resolución que decide la continuación de la explotación de la empresa, en la misma debe determinar los contratos con prestaciones recíprocas pendientes que continúan, y los demás quedan resueltos c.2) si la continuación de la explotación de la empresa no se resuelve inmediatamente, debe dictar una resolución específica en la que determine los contratos con prestaciones recíprocas pendientes que continúan, y los demás quedan resueltos, y, en tal caso, los efectos de los contratos se suspenden hasta la decisión judicial c.3) si, en cualquiera de los 2 casos, transcurren 60 días hábiles judiciales contados a partir de la publicación de los edictos que dan a conocer la sentencia de quiebra sin haberse dictado la resolución judicial sobre los contratos con prestaciones recíprocas pendientes, el cocontratante puede exigir dicha resolución judicial al juez concursal, y, si no es notificado fehacientemente dentro de los 10 días hábiles judiciales subsiguientes sobre la resolución judicial, los contratos quedan resueltos c.4) si se da un supuesto excepcional que imponga una resolución judicial anterior a los plazos establecidos, el juez concursal puede dictar una resolución judicial anticipada, previa vista al síndico y al 3ero contratante, fijando a tales fines los plazos que estime pertinentes, cosa que podría darse, por Ej., cuando la anticipación de la resolución judicial sea exigida por el carácter perecedero de la prestación, tal como sucede con las producciones de tomates d) en 4to lugar, hay que decir que: d.1) la resolución judicial que dispone la resolución contractual es, en principio, inapelable, por aplicación de la regla general del inc. 3ero del Art. 273 de la LCQ d.2) la resolución judicial que dispone la continuación contractual solamente puede ser recurrida por el cocontratante que haya hecho saber su intención de resolver el contrato con prestaciones recíprocas pendientes, y, al igual que la resolución del Art. 118 de la LCQ, es susceptible de una doble vía impugnativa, de manera tal que el cocontrante puedeunoptar entre: interponer recurso de reposición ante el mismo juez concursal, cuya decisión favorable es inapelable, y cuya decisión desfavorable sólo es apelable por el cocontratante con efecto devolutivo un recurso de apelación, sin previa reposición, en relación y con efecto suspensivo El Art. 145 de la LCQ establece que la sentencia de quiebra torna inaplicables a los contratos en curso de ejecución las cláusulas resolutorias contractuales o legales, es decir, que los contratos en curso de ejecución se rigen por las disposiciones específicas de la LCQ, no resolviéndose ni por la quiebra ni por el incumplimiento del fallido, salvo que el cocontratante: a) haya resuelto el contrato antes de la sentencia de quiebra b) haya demandado judicialmente la resolución antes de la sentencia de quiebra, en cuyo caso el juicio continúa para determinar, si la demanda prospera, la resolución del contrato, y si la demanda no prospera, la aplicación de las reglas sobre contratos en curso de ejecución del Art. 143 de la LCQ (Arts. 143 a 145 LCQ) 5.b) Contratos que tienen prescripciones legales específicas I.- Contrato preliminar o precontrato: El contrato preliminar, o precontrato, es un contrato provisorio en virtud del cual
las partes se obligan a celebrar un contrato definitivo, y, el mismo, en principio, no es exigible al concurso, pero, excepcionalmente, sí lo es cuando el contrato puede ser continuado por el concurso, y media, por un lado, expreso pedido del síndico y del cocontratante, es decir, media conformidad de ambas partes interesadas, y, por el otro, autorización judicial (Art. 146 LCQ) II.- Boleto de compraventa: Los boletos de compraventa de inmuebles otorgados a favor de adquirentes de buena fe, que hayan abonado el 25 % del precio, son oponibles al concurso o a la quiebra, cualquiera sea el destino del inmueble, y, en tal caso, el comprador puede lograr la escritura de dominio en su favor, cumpliendo la prestación pendiente a su cargo, o, si ésta es a plazo, constituyendo hipoteca en 1er grado sobre el bien, en garantía del saldo del precio, sin perjuicio de que, si el boleto fue otorgado dentro del período de sospecha, puede ser atacado con la acción de ineficacia por conocimiento del estado de cesación de pagos (Art. 146 LCQ) III.- Contratos con prestación personal e irremplazable del fallido, contratos de ejecución continuada y contratos normativos: El Art. 147 de la LCQ establece que quedan resueltos de pleno derecho por la sentencia de quiebra: a) los un contratos cuales la prestación delenumerado fallido es expresamente personal e irremplazable, como el caso de pintar cuadro,en o elloscaso del mandato, que pendiente se encuentra por el Art. 147 de laesLCQ b) los contratos de ejecución continuada, como es el caso de los contratos de agencia, concesión y distribución, enumerados expresamente por el Art. 147 de la LCQ c) y los contratos normativos, como es el caso del contrato de cuenta corriente, enumerado expresamente por el Art. 147 de la LCQ (Art. 147 LCQ) IV.- Contrato de comisión: El contrato de comisión, como regla general, queda resuelto de pleno derecho por la sentencia de quiebra, pero, excepcionalmente, el Art. 148 de la LCQ establece 2 regulaciones específicas para el caso en que quiebre el comisionista en el contrato de comisión de compraventa: a) el 1er caso se da cuando el comitente le encarga al comisionista que venda un bien, y, de manera sobreviniente, el comisionista quiebra, en cuyo caso el comitente puede cobrar el precio directamente del comprador, hasta la concurrencia de lo que se le debe por la operación en cuestión, siendo necesaria la autorización del juez de la quiebra, quien previo a disponerla o a denegarla debe correr vista al síndico de la pretensión formulada por el comitente b) el 2do caso se da cuando el comitente le encarga al comisionista que compre un bien, y, de manera sobreviniente, el comisionista quiebra, en cuyo caso el vendedor puede cobrar directamente del comitente la suma que le debe al comisionista fallido, hasta la concurrencia del precio impago, siendo necesaria la autorización del juez de la quiebra, quien previo a disponerla o a denegarla debe correr vista al síndico de la pretensión formulada por el vendedor (Art. 148 LCQ) IV.- Sociedades comerciales Cuando un socio ejerce el derecho de receso, antes de la declaración de la quiebra de la sociedad comercial, y después de la fecha de inicio del estado de cesación de pagos, el socio recedente debe reintegrar lo que en su momento percibió como efectivización del respectivo reembolso del valor de sus acciones, aclarando que la fecha de inicio del estado de cesación de pagos es la efectivamente fijada por la pertinente resolución judicial, sin que corresponda limitarla al lapso máximo de retroacción de 2 años, que solamente es aplicable a los efectos de la operatividad de las ineficacias falenciales, previstas por los artículos 118 y 119 de la LCQ A partir de la declaración de la quiebra de la sociedad comercial: a) los socios no puede ejercer su derecho de receso b) los socios limitadamente responsables, y no socios ilimitadamente responsables porque los mismos serían fallidos por extensión, deben integrar los aportes no integrados, con el fin de incluirlos en el activo falencial, y, por tal motivo, la integración de los aportes no se exige cuando los acreedores resulten satisfechos por conclusión no liquidativa de la quiebra, o cuando el activo existente, sin los mencionados aportes no integrados pendientes, alcance para pagar íntegramente a los acreedores de la sociedad comercial fallida más los gastos de conservación y justicia El pedido de devolución al socio recedente, en el 1er caso, y el pedido de integración al socio, en el 2do caso, puede efectuarse, a opción del síndico, en el mismo juicio por vía incidental y ante el juez de la quiebra, o en un nuevo juicio por vía procesal ordinaria y ante el juez natural La sociedad accidental o en participación, al no ser un sujeto de derecho, no puede quebrar, y, por lo tanto, en su caso, quien quiebra es el socio gestor, y, en tal caso, por un lado, la sociedad accidental o en participación se disuelve, y, por otro lado, los socios partícipes no pueden reclamar derecho alguno sobre los bienes desapoderados en la quiebra del socio gestor, hasta tanto y en cuanto no hayan sido desinteresados íntegramente los acreedores y los gastos de conservación y justicia Cuando en la quiebra verifican créditos acreedores debenturistas u obligacionistas, se establecen 2 reglas particulares relacionadas con la liquidación de los bienes:
a) si los debentures o las obligaciones negociables tienen garantía especial, pueden hacerse valer los derechos propios de los acreedores hipotecarios o prendarios, no siendo entonces necesario esperar a la liquidación general del activo, al ser posible requerir el concurso especial del Art. 209 de la LCQ b) si los debentures o las obligaciones negociables tienen garantía flotante o común, la única particularidad radica en la posibilidad de coadyuvar en la liquidación de los respectivos bienes, por medio del fiduciario o representante de los debenturistas y obligacionistas, que actuará como liquidador coadyuvante del síndico (Arts. 149 a 152 LCQ) V.- Contrato a término: En el contrato a término no se aplican las reglas de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes del Art. 144 de la LCQ, sino las establecidas específicamente en el Art. 153 de la LCQ, el cual contempla 3 posibilidades diferentes: a) si a la fecha de la declaración de la quiebra, anterior al vencimiento del contrato, la liquidación no arroja diferencia favorable a ninguno de los contratantes, el contrato se resuelve de pleno derecho, sin que quede adeudándose prestación alguna b) si a la fecha de la declaración de la quiebra, anterior al vencimiento del contrato, la liquidación arroja una diferencia favorable al cocontratante no fallido, éste no debe esperar al vencimiento del contrato, y tiene derecho a verificar la diferencia a su favor existente a la fecha de la declaración de la quiebra c) si a la fecha de la declaración de la quiebra, anterior al vencimiento del contrato, la liquidación arroja una diferencia favorable al fallido, el cocontratante no fallido puede esperar al vencimiento del contrato, y, cuando el contrato vence: c.1) si la liquidación arroja una diferencia en su favor, el cocontratante no fallido no tiene derecho alguno c.2) si la liquidación sigue arrojando una diferencia en favor del fallido, el cocontratante no fallido está obligado a ingresar al activo falencial la diferencia menor, es decir, que, comparando las 2 diferencias, la ocurrida al vencimiento del contrato y la ocurrida a la fecha de la sentencia de quiebra, está obligado a ingresar al activo falencial la de menor cuantía (Art. 153 LCQ) VI.- Contrato de seguro: El contrato de seguro de daños patrimoniales no se resuelve ante la quiebra del tomador, siendo nulo todo pacto en contrario, de manera tal que el contrato continúa y la cobertura se mantiene, convirtiéndose la compañía aseguradora en acreedora del concurso por la totalidad de la prima impaga, la cual debe ser satisfecha por el síndico, configurándose, de esta manera, uno de los pocos casos de continuación forzada o impuesta del contrato luego de la quiebra de uno de los contratantes (Art. 154 LCQ) VII.- Protesto de títulos: El protesto es el acto cambiario, realizado por un escribano público a requerimiento del portador del documento, que, por un lado, prueba la irregularidad en el pago o en la aceptación, y, por otro lado, habilita el ejercicio de las acciones cambiarias de regreso: a) el portador legitimado se exime del levantamiento previo de protesto para ejercer las acciones cambiarias de regreso, entre otros supuestos, en caso de concurso o de quiebra: a.1) del girado de una letra de cambio sin importar si la aceptó o no la aceptó a.2) del librador de una letra de cambio no aceptable a.3) del suscriptor de un pagaré b) cuando el acreedor cambiario cobra su crédito del obligado directo o principal, y, por lo tanto, no formula protesto del título, pero, de manera sobreviniente, el obligado directo o principal es declarado fallido, y en su quiebra se declara ineficaz el pago hecho al acreedor cambiario, éste puede ejercer las acciones regresivas contra los obligados cambiarios de regreso, a pesar de no haber protestado en su momento, justificando la ineficacia y la consecuente restitución de lo que cobró al obligado directo o principal, puesto que la resolución que declara la ineficacia de tales pagos y la consecuente protesto (Art. 155 LCQ)restitución de los montos percibidos por el obligado directo o principal produce los efectos del VIII.- Alimentos: El acreedor de una obligación alimentaria, a cargo del fallido, solamente puede verificar y cobrar en la quiebra los importes correspondientes a períodos anteriores a la declaración de la quiebra, de manera tal que el pago de los importes correspondientes a períodos posteriores a la declaración de la quiebra pueden efectuarse con los fondos que obtenga el fallido a raíz del desempeño de su empleo, profesión u oficio, en los términos del Art. 104 de la LCQ (Art. 156 LCQ) IX.- Locación de inmuebles: La LCQ trae una serie de disposiciones específicas aplicables al contrato de locación de inmuebles: a) cuando quiebra el locador, el contrato continúa produciendo todos sus efectos legales, sólo que, después de la sentencia de quiebra, por aplicación de las reglas del desapoderamiento pleno, el locatario tendrá que abonar los cánones locativos al síndico b) cuando quiebra el locatario, y éste utiliza el inmueble para explotación comercial: b.1) en principio, no se aplican las reglas de los contratos con prestación personal del fallido, de ejecución
continuada o normativos del Art. 147 de la LCQ, sino que se aplican las reglas de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes del Art. 144 de la LCQ b.2) pero, excepcionalmente, si se dispuso la continuación de la explotación de la empresa quebrada, no se aplica el Art. 144 de la LCQ, sino que se aplican los artículos 193 y 194 de la LCQ, que establecen: que el contrato de locación continúa en las condiciones preexistentes, por un plazo que no puede ser superior al plazo establecido para la liquidación del activo falencial, siendo nula la cláusula que establezca la resolución del contrato por la declaración de quiebra que el crédito del locador adquiere el rango preferencial de gasto de conservación y justicia del Art. 240 de la LCQ c) cuando quiebra el locatario, y éste utiliza el inmueble para vivienda, el contrato es ajeno al concurso, y se sigue rigiendo por el derecho común, de manera tal que el locatario, si puede, debe seguir pagando, y, si no puede, se verá sometido al consecuente desalojo, sin que rijan, por Ej., el fuero de atracción y la suspensión del ejercicio de la acción de desalojo d) cuando quiebra el locatario, y éste utiliza el inmueble para explotación comercial y para vivienda, el juez debe determinar si el contrato es divisible o indivisible: d.1) si el contrato es divisible, se aplican las reglas del apartado b) a la parte destinada a explotación comercial, y se aplican las reglas del apartado c) a la parte destinada a vivienda, luego de haberse determinado el canon proporcional d.2) si el contrato es indivisible, hay que establece qué es lo principal, de manera tal que: si es la explotación comercial se aplican las reglas del apartado b) si es la vivienda se aplican las reglas del apartado c) d.3) si existen dudas sobre la divisibilidad o la indivisibilidad del contrato, se debe entender que el contrato es indivisible y que el inmueble está destinado a explotación comercial, aplicándose, en consecuencia, el apartado b) (Arts. 157, 193 y 194 LCQ) X.- Renta vitalicia: La quiebra del obligado resuelve de pleno derecho el contrato de renta vitalicia, y, en tal caso, el beneficiario: a) si la renta vitalicia fue constituida a título oneroso, puede verificar y concurrir en la quiebra: a.1) laslaprestaciones fecha de la sentencia de quiebra a.2) por y por restitución pendientes del precio adeudadas de la renta,a laque se traduce en el valor necesario para constituir otra renta vitalicia similar atendiendo a la edad actual del beneficiario b) si la renta vitalicia fue constituida a título gratuito, solamente puede verificar y concurrir en la quiebra por las prestaciones pendientes adeudadas a la fecha de la sentencia de quiebra (Art. 158 LCQ) 5.c) Regla residual: El Art. 159 de la LCQ establece que los conflictos patrimoniales que no se encuentran regulados expresamente en la ley concursal o en otras leyes, deben ser resueltos, en 1er lugar, apelando a la analogía, y, en 2do lugar, apelando a los principios generales inspiradores de la legislación concursal, que son la protección del crédito, la protección de la integridad del patrimonio del deudor, la protección de la empresa y la protección del interés general (Art. 159 LCQ)
EXTENSIÓN DE LA QUIEBRA 1) Generalidades: La extensión de la quiebra supone la existencia de una quiebra preexistente, denominada principal u srcinante, que se propaga o se extiende a otro sujeto, que es declarado en quiebra, denominada refleja, derivada, accesoria o porjurídico extensión, y, esteen fenómeno de propagación o deesextensión, como efecto a) el bien protegido la extensión de la quiebra el interésesdeconocido los acreedores de la contagio: quebrada principal, quienes aumentan sus posibilidades de cobrar sus acreencias, al existir más bienes liquidables sobre los cuales concurrirán, de manera directa, si se aplica el régimen de masas únicas, o de manera subsidiaria, si se aplica el régimen de masas separadas b) los presupuestos necesarios de la extensión de la quiebra son los siguientes: b.1) en 1er lugar, es necesario que exista una quiebra principal b.2) en 2do lugar, es necesario que esa quiebra principal subsista al tiempo de la extensión, puesto que, como la extensión de la quiebra tiende a proteger a los acreedores de la quebrada principal, y no al deudor, es necesario que existan acreedores en el concurso y que subsista el interés de los mismos, y es así que, por Ej., la extensión de la quiebra no se declara: por un lado, si se celebra un avenimiento, puesto que, en tal caso, desaparece el bien jurídico protegido, y, por tal motivo, la extensión de la quiebra se aplica a la quiebra liquidativa y no a la quiebra no liquidativa por otro lado, si no existe daño para los acreedores de la quebrada principal, es decir, si el activo
falencial de ésta alcanza para cubrir su pasivo falencial en su totalidad b.3) en 3er lugar, es necesario que exista entre el quebrado principal y el quebrado por extensión una relación tipificada legalmente como caso de extensión c) el estado de cesación de pagos del quebrado por extensión no es presupuesto objetivo de la extensión de la quiebra, lo cual configura una excepción a la regla general prevista en el Art. 1 de la LCQ 2) Quiebra del socio ilimitado: El Art. 160 de la LCQ establece que la quiebra de la sociedad importa, por un lado, la quiebra de sus socios con responsabilidad ilimitada, y, por otro lado, la quiebra de sus ex-socios con responsabilidad ilimitada retirados o excluidos antes de la quiebra social y después de la fecha de inicio del estado de cesación de pagos de la quebrada principal, aclarando que, en 1er lugar, no rige, en este caso, el plazo máximo de retroacción de 2 años que prevé el Art. 116 de la LCQ, y, en 2do lugar, el ex-socio responde solamente por la parte del pasivo social anterior a la inscripción de su retiro o exclusión en el Registro Público de Comercio 2.a) Sentido de la extensión: El sentido, el orden o la dirección de la extensión es desde la quiebra de la sociedad hacia los socios ilimitadamente a la inversa, es decir, que que, la quiebra del socio ilimitadamente responsable no se extiende aresponsables, la sociedad ayla nunca cual pertenece o perteneció, puesto en definitiva, lo que se procura es la recomposición patrimonial de la quebrada principal 2.b) Socio con responsabilidad ilimitada: La doctrina ha ensayado 3 teorías para determinar qué se entiende por socio con responsabilidad ilimitada: a) la teoría restrictiva, propugnada por Maffia, entiende que la quiebra por extensión solamente alcanza al socio con responsabilidad ilimitada contractual u srcinaria, es decir, al socio que forma parte de un tipo societario cuyos socios respondan ilimitadamente, como es el caso del socio de una sociedad colectiva b) la teoría amplia, propugnada por Alberti, es la menos seguida, y entiende que la quiebra por extensión alcanza a todos los socios que, por expresa disposición de la LSC, respondan ilimitadamente, aunque sea por una parte del pasivo social, como es el caso de los accionistas de una SA que votaron a favor de la decisión asamblearia que se declare nula, que deben responder solidaria e ilimitadamente por las consecuencias de las mismas, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda a los directores, síndicos e integrantes del consejo de vigilancia c) la teoría intermedia, propugnada por Rouillón, es la más seguida, y entiende que la quiebra por extensión alcanza al socio con responsabilidad ilimitada contractual u srcinaria, y a todos los socios que, por expresa disposición de la LSC, respondan ilimitadamente por todo el pasivo social, como es el caso del socio oculto 2.c) Exclusión de la subsidiaridad La LSC, en determinados tipos societarios, establece que los socios responden ilimitada y solidariamente, pero, en todos los tipos societarios, establece que los socios responden subsidiariamente, otorgándoles, a tales fines, el beneficio de excusión La LCQ, al regular la quiebra por extensión de los socios ilimitadamente responsables, excluye la responsabilidad subsidiaria del socio, al presumir iuris tantum que el patrimonio de la sociedad será insuficiente para afrontar sus obligaciones, puesto que, de no ser así, los socios hubiesen integrado el monto necesario a tales fines, o, en todo caso, hubiesen procedido a liquidar la sociedad para efectivizar los pagos de tales obligaciones 2.d) Clases de quiebras por extensión: La quiebra por extensión puede ser simultánea o sucesiva: a) la quiebra simultánea, también denominada sincrónica, es aquella que se declara de manera concomitante con la declaración de la quiebra de la sociedad principal, y se da cuando esta última es una sociedad constituida regularmente e inscripta en el Registro Público de Comercio, puesto que, en tal caso, no se requiere trámite alguno para determinar cuáles son los socios ilimitados, ya que simplemente bastará con pedir un informe al Registro Público de Comercio b) la quiebra sucesiva, también denominada asincrónica, es aquella que se declara de manera sobreviniente a la declaración de la quiebra de la sociedad principal, y se da cuando se requiere un trámite previo para determinar cuáles son los socios ilimitados, tal como sucede, por Ej., con la quiebra de las sociedades de hecho, de las sociedades irregulares, de las sociedades con objeto ilícito o de las sociedades con objeto lícito y con actividad lícita 3) Quiebra sancionatoria: El Art. 161 de la LCQ, en sus 3 incisos, contempla 3 supuestos de extensión de la quiebra, que, por configurar un instituto de excepción, deben ser interpretados restrictivamente: en interés personal a) el inc. 1ero del Art. 161 de la LCQ contempla el supuestoactuación de , cuyos presupuestos son: a.1) en 1er lugar, que medie la quiebra principal de una persona, que, en principio, puede ser física o jurídica, pero, sin embargo, por lo general, es jurídica a.2) en 2do lugar, que otra persona, física o jurídica, bajo la apariencia de la actuación de la quebrada principal, efectúe actos de disposición de bienes, en su interés personal, y en fraude de los acreedores de la quebrada
principal a.3) y, en 3er lugar, que, aunque el texto legal no lo señale expresamente, la conducta reprochable que funciona como detonante de la extensión de la quiebra al sujeto que la lleva a cabo, debe haber tenido relación de causalidad con la insolvencia de la quebrada principal, pudiéndola haber producido, mantenido, prolongado o agravado b) el inc. 2do del Art. 161 de la LCQ contempla el supuestocontrol de abusivo, cuyos presupuestos son: b.1) en 1er lugar, que medie la quiebra principal de una sociedad controlada b.2) en 2do lugar, que la persona controlante, que puede ser física o jurídica, ejerza un control interno, directo o jurídico sobre la sociedad controlada, y no un control externo, indirecto o económico, cuya diferenciación se desprende del Art. 33 de la LSC: el control interno, directo o jurídico se da cuando la sociedad controlante, en forma directa o por intermedio de otra sociedad que también está controlada, posee participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias, o, al menos, ejerce una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas el control externo, indirecto o económico se da cuando la sociedad controlante, en forma directa o por intermedio de otra sociedad que también está controlada, ejerce una influencia dominante como consecuencia de los especiales vínculos existentes entre las sociedades, aclarando que dichos vínculos deben tener una intensidad muy significativa, deben tener perdurabilidad en su existencia y deben ser de tal naturaleza que, de interrumpirse esos vínculos, se condiciona la subsistencia de la sociedad controlada, como es el caso que se da cuando la sociedad controlante es la única que le puede suministrar la materia prima a la sociedad controlada, o cuando la sociedad controlante es la concedente y la sociedad controlada es la concesionaria b.3) en 3er lugar, que el control que la persona controlante ejerció sobre la persona controlada haya sido abusivo y disfuncional, es decir, que la persona controlante haya desviado indebidamente el interés social de la sociedad controlada, y lo haya dirigido hacia su interés personal o hacia el interés del grupo económico del que forma parte, y, por tal motivo, el inc. 1ero del Art. 161 de la LCQ es un género que reconoce al inc. 2do en carácter de especie, puesto que, en ambos casos, el quebrado por extensión actúa en interés personal b.4) y, en 4to lugar, que, aunque el texto legal no lo señale expresamente, la conducta reprochable que funciona como detonante de la extensión de la quiebra al sujeto que la lleva a cabo, debe haber tenido relación de causalidad con la insolvencia de la quebrada principal, pudiéndola haber producido, mantenido, prolongado o agravado c) el inc. 3ero del Art. 161 de la LCQ contempla el supuesto confusión de patrimonial inescindible , que se da cuando varias personas se muestran como sujetos diferentes, cuando, en realidad, existe un solo patrimonio: c.1) en este caso, no es necesario, que exista conducta reprochable alguna, es decir, que basta la existencia de una confusión patrimonial inescindible, que impida delimitar claramente cuales son los activos y cuales son los pasivos pertenecientes a cada uno de los patrimonios confundidos, impidiendo, en consecuencia, hacer efectiva la idea de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores c.2) ejemplos de confusión patrimonial inescindible son aquellos supuestos en los cuales se apela a un prestanombre, testaferro u hombre de paja, o aquellas sociedades comerciales conformadas por 2 personas, una de las cuales detenta el 98 % del capital social, y la otra detenta el 2 % restante 4) Competencia: El juez de la quiebra principal es competente para intervenir en el trámite previo a la declaración de la quiebra por extensión, pero, una vez declarada ésta, resulta competente el juez que, conforme a las pautas dadas por el Art. 3 de la LCQ, sea competente para conocer en el concurso de la personaprima que facie posea el activo más importante, de manera tal que, por Ej., si en La Plata se declara la quiebra de una persona allí domiciliada, el juez de ésta es el competente para resolver la extensión a cualquier otra persona, prescindiendo del domicilio de ésta, pero, si se extiende la quiebra a una persona domiciliada en Rosario, y el activo de ésta prima es facie más importante que el de la persona domiciliada en La Plata, ambas quiebras deben remitirse al juez de Rosario para que continúe entendiendo, lo cual es criticable desde un triple punto de vista, en el sentido que: a) en 1er lugar, puede generar conflictos de competencia que pueden atentar contra la celeridad procesal b) en 2do lugar, puede obligar a cambiar de síndico cuando la 1era quiebra esté, muchas veces, muy avanzada en su tramitación c) y, en 3er lugar, puede obligar a los acreedores a multiplicar gastos y esfuerzos cuando se producen estos desplazamientos (Art. 162 LCQ) 5) Trámite La petición de la extensión de la quiebra:
a) puede ser efectuada: a.1) por el síndico de la quebrada principal a.2) o por cualquier acreedor que haya solicitado la verificación de su crédito, aunque aún no haya sido verificado, o que haya justificado prima facie su acreencia b) no puede ser efectuada por el fallido principal, puesto que éste perdió su capacidad procesal, pero, éste, sin embargo: b.1) puede, y debe, hacer saber al síndico las circunstancias y las pruebas que puedan determinar una extensión de la quiebra b.2) puede solicitar medidas conservatorias c) debe ser efectuada después de la sentencia de quiebra y dentro de los 6 meses subsiguientes: c.1) en principio, a la fecha en que se presentó el informe general del síndico c.2) en caso de quiebra indirecta por falta de aprobación del acuerdo preventivo, a la fecha en que venció el período de exclusividad o el período de salvataje, según el caso c.3) en caso de quiebra indirecta por no homologación, incumplimiento o nulidad del acuerdo preventivo, a la fecha en que quedó firme la sentencia de quiebra respectiva c.4) aclarando que este plazo de 6 meses es un plazo de caducidad, al igual que el supuesto del Art. 124 de la LCQ, y a diferencia del supuesto del Art. 174 de la LCQ, que es un plazo de prescripción La petición de la extensión de la quiebra sucesiva o asincrónica, que es aquella que se declara de manera sobreviniente a la declaración de la quiebra principal, tramita de acuerdo a las normas del juicio ordinario establecidas en los códigos procesales del lugar de la quiebra principal, y, en tal juicio: a) la parte actora, es el síndico o el acreedor que pidió la extensión de la quiebra b) la parte demandada, es el sujeto a quien se pretende extender la quiebra, o, si el mismo se encuentra en un concurso preventivo o en una quiebra, el síndico concursal c) el juez puede dictar las medidas precautorias del Art. 85 de la LCQ: c.1) a pedido del síndico de la quebrada principal, en cuyo caso lo hace bajo responsabilidad del concurso, lo cual implica que los eventuales costos que haya que afrontar, tales como honorarios y costas, como consecuencia del trámite en cuestión, serán considerados gastos de conservación y justicia en los términos del Art. 240 de la LCQ c.2) a pedido del acreedor peticionante de la extensión de la quiebra, en cuyo caso lo hace bajo responsabilidad del propio acreedor El juicio ordinario tendiente a determinar la extensión de la quiebra, puede concluir de manera favorable o de manera desfavorable a las pretensiones del actor: a) el trámite de extensión de la quiebra no se suspende cuando se interponen recursos contra la sentencia de quiebra principal, pero, sin embargo, la sentencia que determine o que deniegue la extensión de la quiebra solamente puede dictarse después de rechazados tales recursos, puesto que, si prosperan, al revocarse la quiebra principal, se extingue la posibilidad de extender la quiebra a un 3ero b) el trámite de extensión de la quiebra se rige por las normas del juicio ordinario establecidas en los códigos procesales del lugar de la quiebra principal, las cuales determinaran, entre otras cosas, el régimen de la etapa recursiva y el régimen de la imposición de costas, aclarando que si las costas se imponen a la parte actora, si demandó el síndico, las costas son a cargo del concurso en los términos del Art. 240 de la LCQ, y si demandó un acreedor, las costas son a cargo del acreedor demandante (Arts. 163 a 166 LCQ) 6) Masas separadas y masa única En la extensión de la quiebra al socio ilimitadamente responsable de la sociedad quebrada principal, se forman masas separadas, en el sentido que, por un lado, existe una masa integrada por el activo y el pasivo de la sociedad, y, por el otro, existen tantas masas como socios ilimitadamente responsables haya, cada uno de los cuales, a su vez, tiene un solo patrimonio y un doble régimen obligacional, ya que, por un lado, tiene acreedores propios, y, por el otro, tiene acreedores sociales: a) en cada una de las quiebras reflejas, concurren los acreedores propios del quebrado por extensión, y los acreedores sociales, y, tanto unos como otros, concurren en igualdad de condiciones, aclarando: a.1) en 1er lugar, que si hay algún socio retirado o excluido antes de la quiebra social y después de la fecha de inicio del estado de cesación de pagos de la quebrada principal, que luego es declarado fallido por extensión, los acreedores sociales que concurren en su quiebra refleja son solamente los anteriores a la inscripción de su retiro o exclusión en el Registro Público de Comercio a.2) en 2do lugar, que los acreedores sociales pueden concurrir a cada masa por el monto total de su crédito, y el monto eventualmente percibido en una masa no se deduce para participar en otra, debiéndose aplicar las reglas del Art. 135 de la LCQ, que rige las relaciones de los coobligados solidarios concursados
a.3) en 3er lugar, que en la quiebra por extensión del Art. 160 de la LCQ nunca se forma un fondo común residual, en el sentido que: si sobran bienes en la quiebra por extensión de un socio, el activo falencial remanente debe devolverse al socio en cuestión si sobran bienes en la quiebra principal, lo cual es mucho menos frecuente, el activo falencial remanente, vía cuota de liquidación societaria, ingresa proporcionalmente a cada uno de los activos falenciales de los socios quebrados por extensión, destinándose a cancelar los créditos impagos de los acreedores particulares de ellos b) en la quiebra principal, solamente concurren los acreedores sociales En las extensiones de la quiebra de los incisos 1 y 2 del Art. 161 de la LCQ, siempre y cuando no exista, además, confusión patrimonial inescindible, se forman masas separadas, al igual que en la extensión de la quiebra del Art. 160 de la LCQ, pero, a diferencia de ésta, puede formarse un fondo común residual, en el sentido que, por un lado, existen tantas masas activas y pasivas como quiebras por separado haya, como si no existiese extensión y fuesen concursos autónomos, hasta la distribución del activo falencial en todas ellas, oportunidad a partir de la cual se aprecia si se forma el fondo común residual, en el sentido que: a) si sobran bienes en la quiebra por extensión, y el pasivo falencial de la quiebra principal no fue cancelado totalmente, el activo falencial remanente de la quiebra por extensión conforma el fondo común residual que se aplica a pagar los créditos insatisfechos en la quiebra principal como si fuesen todos quirografarios b) si sobran bienes en la quiebra principal, y el pasivo falencial de la quiebra por extensión no fue cancelado totalmente, el activo falencial remanente de la quiebra principal debe devolverse a la quebrada principal c) aclarando que el acreedor que tiene como deudores a más de uno de los sujetos quebrados por extensión se aplica el Art. 135 de la LCQ En las extensiones de la quiebra del inc. 3ero del Art. 161 de la LCQ, es decir, cuando existe confusión patrimonial inescindible entre la quebrada principal y los quebrados por extensión, se forma una masa única, lo cual implica: a) por un lado, que se suman todos los bienes de los distintos quebrados vinculados, y se conforma un solo activo falencial, sobre el cual concurren todos los acreedores de todos los quebrados vinculados, es decir, que es como si todos los acreedores tuviesen un solo deudor con un patrimonio único liquidable b) y, por otro lado, que si un acreedor tiene como deudores a más de uno de los sujetos quebrados por extensión no se aplica el Art. 135 de la LCQ, sino que se aplica el último párrafo del Art. 167 de la LCQ, según el cual el acreedor puede concurrir una sola vez por el importe mayor verificado, puesto que, de lo contrario, se multiplicaría el valor de su crédito La fecha de iniciación de la cesación de pagos: a) cuando se forma una masa única, es la misma para todos los fallidos, y, según Rouillón, aunque la LCQ no lo establezca expresamente, la fecha de iniciación de la cesación de pagos de todos los fallidos es la misma que la fecha de iniciación de la cesación de pagos para el quebrado principal b) cuando se forman masas separadas, es diferente para cada uno de los fallidos, aunque, como bien dice Rouillón, esto solamente resulta aplicable si el quebrado por extensión está efectivamente en estado de cesación de pagos (Arts. 167 a 169 LCQ) 7) Créditos entre fallidos: El fallido por extensión, al perder la legitimación procesal en relación a los bienes sujetos a desapoderamiento, no puede verificar su crédito en la quiebra de un deudor de él que también es fallido por extensión, y, en tal caso, el síndico, en lugar de verificar el crédito del fallido por extensión en la quiebra vinculada de otro de los fallidos por extensión, debe incluir el crédito, en el caso de que se formen masas separadas, en el informe individual del Art. 35 de la LCQ, y, en el caso de que se forme una masa única, en el informe individual conjunto de los síndicos actuantes en las diversas quiebras: a) cuando se forman masas separadas, con fondo común residual, el crédito del fallido por extensión acreedor de otro fallido por extensión concurre en el pasivo de la masa separada correspondiente, pero, en caso de no cancelarse íntegramente ese crédito en la masa separada correspondiente, el acreedor no puede concurrir en la masa remanente por el saldo impago b) cuando se forma una masa única, el crédito del fallido por extensión acreedor de otro fallido por extensión no puede concurrir en la masa única, es decir, que se produce, respecto de ellos, una suerte de extinción por confusión (Art. 170 LCQ) 8) Efectos de la sentencia de extensión: Los efectos de la sentencia de quiebra por extensión, dictada con posterioridad a la sentencia de quiebra principal, se producen a partir de la sentencia de quiebra por extensión, es decir, que los efectos son para el futuro y sin retroactividad a la fecha de la sentencia de quiebra principal (Art. 171 LCQ)
RESPONSABILIDAD DE 3EROS 1) Introducción La quiebra, en principio, solamente produce efectos patrimoniales sobre el fallido, es decir, que, en principio, el pasivo falencial del fallido se cubre con el activo falencial del fallido, pero, sin embargo, como la quiebra, por lo general, produce un daño a los acreedores del fallido, consistente en la insatisfacción, total o parcial, de sus créditos, cuando un 3ero contribuye a la causación de dicho daño, los efectos patrimoniales de la quiebra se extienden a ese 3ero, quien debe contribuir a la reparación del daño causado, y, a tales fines, pueden interponerse las acciones de recomposición del patrimonio del fallido, y que requieren, como presupuestos necesarios: a) en 1er lugar, que haya daño, es decir, que el activo falencial no alcance para cubrir íntegramente el pasivo falencial b) en 2do lugar, que haya sujetos dañados, quienes, en principio, son los acreedores insatisfechos en la distribución del activo liquidado, o, en su caso, los acreedores no desinteresados por otros medios conclusivos de la quiebra Las principales acciones de recomposición del patrimonio del fallido previstas por la ley concursal son: a) previstas a partir del del Art.Art. 118160 de la b) las las ineficacias extensionesfalenciales de la quiebra previstas a partir deLCQ la LCQ c) la denominada responsabilidad de representantes prevista en el 1er párrafo Art. 173 de la LCQ d) la denominada responsabilidad de 3eros prevista en el 2do párrafo Art. 173 de la LCQ Y, a estas acciones de recomposición del patrimonio del fallido previstas por la ley concursal, podemos agregar las acciones de recomposición del patrimonio del fallido previstas fuera de la ley concursal, a las cuales aluden los artículos 120, 175 y 176 de la LCQ 2) Responsabilidad de representantes: El 1er párrafo del Art. 173 de la LCQ contempla una acción de recomposición del patrimonio del fallido dirigida a ciertos representantes de una persona, física o jurídica, que ha sido declarada en quiebra, y que se encuentran ligados a la misma en función de una vinculación jurídica de carácter permanente: a) los legitimados pasivos de la acción en cuestión son los representantes, administradores, mandatarios o gestores de negocios de la persona fallida, lo cual permite excluir, por Ej., a los miembros del órgano de fiscalización de una sociedad comercial b) la conducta legalmente reprochable que srcina la responsabilidad patrimonial de los legitimados pasivos consiste en haber producido, facilitado, permitido o agravado la insolvencia del patrimonio del fallido o la disminución de su responsabilidad patrimonial c) el único factor de atribución de la acción en cuestión es el dolo, es decir, que el legitimado pasivo debe haber ejecutado la conducta legalmente reprochable a sabiendas y con la intención de dañar la persona o los derechos del fallido o de sus acreedores d) si la acción progresa, el demandado debe indemnizar los daños y perjuicios ocasionados en los términos del Código Civil, es decir, que, tratándose de una conducta dolosa, tendrá que indemnizar las consecuencias inmediatas, mediatas y casuales, y, en su caso, el daño moral (Art. 173 LCQ) 3) Responsabilidad de 3eros: El 2do párrafo del Art. 173 de la LCQ contempla una acción de recomposición del patrimonio del fallido dirigida a ciertos 3eros, que se encuentran ligados a una persona, física o jurídica, que ha sido declarada en quiebra, en función de una vinculación jurídica de carácter no permanente, sin importar si son o no son representantes de la misma: a) los legitimados pasivos de la acción en cuestión pueden ser cualquier 3ero, es decir, cualquier persona que no sea el fallido, sin importar si es o no es representante de la persona, física o jurídica, que ha sido declarada en quiebra b) la conducta legalmente reprochable que srcina la responsabilidad patrimonial de los legitimados pasivos consiste en haber participado, como autor o como cómplice, en actos tendientes a disminuir el activo o a exagerar el pasivo del patrimonio falencial, sin importar si fueron desplegados antes o después de la declaración de la quiebra c) el único factor de atribución de la acción en cuestión es el dolo, es decir, que el legitimado pasivo debe haber ejecutado la conducta legalmente reprochable a sabiendas y con la intención de dañar la persona o los derechos del fallido o de sus acreedores d) si la acción progresa, el demandado: d.1) en 1er lugar, debe indemnizar los daños y perjuicios ocasionados en los términos del Código Civil, es decir, que, tratándose de una conducta dolosa, tendrá que indemnizar las consecuencias inmediatas, mediatas y casuales, y, en su caso, el daño moral d.2) en 2do lugar, debe reintegrar los bienes del fallido que aún tenga en su poder d.3) en 3er lugar, no puede reclamar derecho alguno en el concurso (Art. 173 LCQ) 4) Extensión, prescripción, trámite y caducidad: Las acciones de recomposición del patrimonio del fallido previstas en los 2 párrafos del Art. 173 de la LCQ: a) pueden promoverse para atacar a actos llevados a cabo hasta un año antes de la fecha de iniciación del estado de
cesación de pagos, sin que rija, en este caso, el plazo máximo de retroacción de 2 años que prevé el Art. 116 de la LCQ b) tienen un plazo de prescripción, y no de caducidad como las de los artículos 124 y 163 de la LCQ, de 2 años contados a partir de la fecha de la sentencia de quiebra, y no desde que ésta hubiese quedado firme, y, por lo tanto, el plazo comienza a correr a partir de la fecha del dictado de la sentencia de quiebra, independientemente de que medien o no recursos contra la misma c) deben interponerse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 119 y 120 de la LCQ, y, en consecuencia: » deben ser promovidas por el síndico, y, si éste no las promueve, cualquier acreedor interesado puede intimarlo judicialmente a que lo haga, y, finalmente, si dentro de los 30 días posteriores a la intimación no las promueve, puede hacerlo el acreedor, pero éste: en 1er lugar, no puede acceder al beneficio de pobreza para litigar sin gastos y, en 2do lugar, puede ser objeto del planteo de arraigo a fin de que afiance las eventuales costas del proceso, bajo pena de tenérselo por desistido y, por estos 2 motivos, en la práctica, si el síndico no promueve la acción, tampoco lo hace acreedor alguno » el síndico debe acreditar haber obtenido previamente la conformidad de la mayoría simple de capital (y no de personas titulares de acreencias) quirografario verificado y admitido, lo cual encuentra su fundamento en que estas acciones son generadoras de costas, y, por tal motivo, se dice que, en este caso, la legitimación del síndico es subordinada, y no plena, sin perjuicio de que, como en la práctica es sumamente difícil lograr esta conformidad, la jurisprudencia ha entendido que el silencio de los acreedores al efecto implica conformidad d) se sustancian ante el juez de la quiebra y de acuerdo a las normas del juicio ordinario establecidas en los códigos procesales del lugar de la quiebra principal, las cuales determinarán, entre otras cosas, el régimen de la etapa recursiva y el régimen de la imposición de costas e) caducan a los 6 meses (Arts. 174 y 176 LCQ) 5) Acciones sociales de responsabilidad: Las acciones sociales de responsabilidad contempladas por la LSC, en principio, pueden ser interpuestas, en beneficio de la sociedad, por la sociedad o por el socio, pero, cuando la sociedad quiebra, las acciones sociales de responsabilidad, deben sujetarse a lo establecido por los artículos 175 y 176 de la LCQ, según a) siloslacuales: acción social en trámite había sido promovida, antes de la quiebra, por un socio, el síndico puede optar entre intervenir como parte coadyuvante en el proceso preexistente, o deducir por separado las acciones que corresponden al concurso b) si la acción social en trámite había sido promovida, antes de la quiebra, por la sociedad, ante la pérdida de su legitimación procesal, el síndico debe continuarla c) si una acción social es promovida después de la quiebra, necesariamente, debe ser interpuesta por el síndico d) en todos los casos: d.1) el síndico, a la hora de interponer o de continuar la acción social, debe adecuarse a lo dispuesto en los artículos 119 y 120 de la LCQ d.2) las acciones deben tramitarse ante el juez del concurso d.3) las acciones sociales, en todos los aspectos no modificados por los artículos 175 y 176 de la LCQ, se siguen rigiendo las disposiciones de la LSC (Arts. 175 y 176 LCQ) 6) Medidas precautorias: En las acciones de recomposición el patrimonio del fallido de los 2 párrafos del Art. 173 de la LCQ, y en las acciones sociales de responsabilidad del Art. 175 de la LCQ, el juez del concurso, previa acreditación sumaria de la verosimilitud en el derecho, exigida a la hora de decretar cualquier medida cautelar, puede dictar medidas precautorias: a) a pedido del síndico de la quiebra, en cuyo caso lo hace bajo responsabilidad del concurso, lo cual implica que los eventuales costos que haya que afrontar, tales como honorarios y costas, como consecuencia del trámite en cuestión, serán considerados gastos de conservación y justicia en los términos del Art. 240 de la LCQ b) a pedido de cualquier otro demandante, como es el caso de un socio o de un acreedor interesado, en cuyo caso lo hace bajo responsabilidad del propio demandante (Art. 176 LCQ) 7) Diferencias con la quiebra sancionatoria: Las acciones de recomposición del patrimonio del fallido de los 2 párrafos del Art. 173 de la LCQ, se vinculan intrínsecamente con la quiebra sancionatoria, puesto que, ambas, en definitiva, tienden a lograr el incremento del activo falencial para poder cubrir en una medida mayor el pasivo falencial, pero, sin embargo, se diferencian en que: a) en 1er lugar, mientras que el fallido por extensión debe responder por la totalidad del pasivo falencial, el demandado en una acción de recomposición del patrimonio del fallido del Art. 173 de la LCQ solamente debe resarcir el daño efectivamente ocasionado, y, en su caso, reintegrar los bienes del fallido que aún tenga en su poder y
abstenerse de reclamar derecho alguno en el concurso b) en 2do lugar, las acciones de recomposición del patrimonio del fallido de los 2 párrafos del Art. 173 de la LCQ generan mayores posibilidades de cobro y no son de interpretación restrictiva
INCAUTACIÓN, CONSERVACIÓ N Y ADMINISTRACIÓN DELOS BIENES 1) Incautación por parte del síndico o del funcionario incautador La desposesión o incautación: a) es un acto material, en virtud del cual la quiebra, a través del accionar de sus funcionarios, toma posesión de los bienes, de los libros comerciales y de los papeles del fallido, o, en su caso, del socio ilimitadamente responsable, y opera con posterioridad al desapoderamiento como una consecuencia de éste: a.1) los bienes que se incautan son los sujetos a desapoderamiento a.2) cuandoelseúltimo incautan comerciales o papeles del fallido, cerrarse losy blancos existentes, y debe expresarse foliolibros utilizado en cada caso, contando con la deben firma del síndico del funcionario incautador o inventariador interviniente, todo lo cual tiende a evitar alteraciones de la registraciones contables, las cuales deben quedar tal como estaban al tiempo de la declaración de la quiebra b) debe efectuarse inmediatamente después de dictada la sentencia de quiebra: b.1) por el síndico, si el mismo ya fue designado b.2) y, si el síndico aún no fue designado, por el funcionario incautador que el juez concursal designe a tales fines, que puede ser, por Ej., un oficial de justicia o un escribano público, y que puede ser el mismo funcionario inventariador designado en la sentencia de quiebra en los términos del Art. 88 de la LCQ c) debe hacerse de la manera más conveniente, de acuerdo con la naturaleza de los bienes a incautar, y, al respecto, el Art. 177 de la LCQ, a título ejemplificativo, establece que puede efectuarse mediante: c.1) la clausura del establecimiento, de las oficinas y de los lugares en los que se encuentren los bienes y los papeles del fallido c.2) la entrega directa de los bienes al síndico o al funcionario incautador designado por el juez concursal por parte del fallido o por parte del 3ero poseedor de tales bienes c.3) la cuales designación los bienes a incautar como depositario de los mismos en aquellos casos en los se tratedelde3ero una poseedor persona dedenotoria responsabilidad El juez concursal, cuando los bienes o los papeles a incautar estén fuera de su jurisdicción, debe librar un exhorto o un oficio, dentro de las 24 horas posteriores a la declaración de la quiebra, y el juez comisionado debe cumplir esa diligencia sin necesidad de instancia de parte de manera inmediata El último párrafo del Art. 177 de la LCQ establece que los bienes imprescindibles para la subsistencia del fallido y de su familia, deben ser entregados al deudor, bajo recibo y previo inventario de los mismos, lo cual debe correlacionarse con el Art. 108 de la LCQ, que enumera los bienes inembargables y los demás bienes excluidos del desapoderamiento, los cuales tampoco pueden ser objeto de incautación, puesto que el fallido conserva la libre administración y disponibilidad de los mismos (Arts. 177, 178 y 180 LCQ) 2) Conservación y administración por parte del síndico: El síndico de la quiebra: a) en 1er lugar, toma posesión de los bienes sujetos a desapoderamiento, previo inventario efectuado por el funcionario inventariador designado en la sentencia de quiebra en los términos del Art. 88 de la LCQ b) en 2do lugar, tiene el derecho-deber de ejercer todos los actos de conservación y de administración que sean necesarios con respecto los bienes sujetos a desapoderamiento, y es así que, Ej.: poco seguro, debe tomar las b.1) el síndico, si losa bienes sujetos a desapoderamiento se encuentran en por un lugar medidas necesarias para evitar sustracciones, pérdidas o deterioros, pudiendo, por Ej., disponer el traslado de los bienes a un lugar seguro, la colocación de candados o el establecimiento de guardia judicial, debiendo comunicar tales medidas de inmediato al juez de la quiebra, sin necesidad de requerir la previa autorización judicial, debido a la urgencia que impera a la hora de tomar este tipo de medidas b.2) el síndico, como el fallido perdió la legitimación procesal en relación a los bienes sujetos a desapoderamiento, debe procurar el cobro de los créditos del fallido, pudiendo otorgar los recibos pertinentes, y, en su defecto, debe iniciar los juicios correspondientes para cobrarlos, sin necesidad de autorización judicial previa, la cual solamente se requiere para que el síndico pueda novar, transigir, otorgar quitas o esperas y comprometer en árbitros b.3) el síndico debe depositar los fondos que va percibiendo durante el juicio de quiebra, que pueden provenir del cobro de créditos del fallido o de la liquidación de bienes del fallido, dentro de los 3 días, en el banco de depósitos judiciales correspondiente a la orden del juez concursal, pero, sin embargo, el juez concursal puede autorizar al síndico a que deposite tales fondos en cuentas que puedan devengar intereses en entidades
financieras de 1era línea, y, por tal motivo, el síndico debe ser muy prudente a la hora de elegir la entidad financiera en la que efectuará los depósitos b.4) el síndico puede pedirle al juez concursal la venta inmediata: de bienes perecederos, como es el caso de medicamentos con fecha de vencimiento de bienes expuestos a una grave disminución del precio, como es el caso de los bienes que pasan de moda de bienes de conservación dispendiosa, como es el caso de los bienes de escaso valor pero que por su volumen o peso requieren un depósito oneroso y, en definitiva, de cualquier bien, cuando falten fondos suficientes para afrontar los gastos del juicio concursal u otros gastos que el síndico debe atender en cumplimiento de las funciones asignadas por la ley b.5) el síndico puede celebrar los contratos que estime convenientes para la conservación y administración de los bienes sujetos a desapoderamiento, que pueden consistir, por Ej., en un contrato de locación de inmuebles, para lo cual, en principio, requiere de autorización judicial previa, aunque, en casos de urgencia, puede celebrar el contrato e inmediatamente comunicar tal circunstancia al juez para que ratifique o rectifique lo actuado por el síndico15 (Arts. 179 y 181 a 186 LCQ) 3) Pronto pago laboral El pronto pago laboral, en el ámbito del concurso preventivo, se encuentra regulado por el Art. 16 de la LCQ, y en el ámbito de la quiebra, se encuentra regulado por el Art. 183 de la LCQ, el cual establece que los créditos laborales amparados por privilegio especial, plasmados en el inc. 2do del Art. 241 de la LCQ, y los créditos laborales amparados por privilegio general del inc. 1ero del Art. 246 de la LCQ, deben ser pagados de inmediato con los 1eros fondos que se recauden o con el producido de los bienes sobre los cuales recae el privilegio especial , pero, sin embargo, el síndico debe hacer las reservas necesarias: a) para atender los créditos que puedan ser preferidos respecto de los créditos laborales b) para atender los créditos del mismo srcen cuyo proceso de reconocimiento, por verificación o por pronto pago, todavía no haya concluido, puesto que, de lo contrario, podría darse el caso de que se pagara íntegramente a algunos acreedores laborales y luego no hubiera fondos para pagar a otros acreedores de la misma categoría Los créditos laborales amparados por privilegio especial, conforme a lo establecido en inc. 2do del Art. 241 de la LCQ: a) son los créditos: a.1) por remuneraciones debidas al trabajador por el tiempo de 6 meses anteriores a la quiebra o al concurso a.2) por indemnizaciones por accidentes de trabajo, antigüedad y falta de preaviso a.3) por fondo de desempleo b) y tienen su asiento en el producido de la enajenación de las mercaderías, materias primas y maquinarias que, siendo de propiedad del empleador fallido, se hallan en el establecimiento donde el trabajador presta sus servicios Los créditos laborales amparados por privilegio general, conforme a lo establecido en inc. 1ero del Art. 246 de la LCQ, son, en definitiva, todos los créditos laborales, con excepción de los créditos por remuneraciones y subsidios familiares debidos al trabajador por más de 6 meses, y los intereses devengados por los créditos laborales a partir de la mora y hasta la fecha de la quiebra que excedan de 2 años (Art. 183 LCQ)
CONTINUACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LA EMPRESA 1) Introducción La continuación de la explotación de la empresa debe ser diferenciada de los mecanismos de reorganización de la empresa: a) la LCQ contempla una serie de mecanismos tendientes a reorganizar la empresa y a impedir su liquidación, entre los que cabe citar acuerdo preconcursal simple o no homologable, el acuerdo preventivo extrajudicial, el acuerdo preventivo a pedido de la deudora en el período de exclusividad, el acuerdo preventivo a pedido 3eros en el período de salvataje, y la posibilidad de convertir la quiebra ya declarada en concurso preventivo b) la continuación de la explotación de la empresa de la persona quebrada es excepcional, y no tiende a reorganizar la empresa ni a impedir su liquidación, sino que tiende a posibilitar que la liquidación se lleve a cabo como empresa en marcha, siempre y cuando eso sea conveniente de acuerdo con los estrictos parámetros dados por la LCQ El principio de la oficiosidad o de la inquisitoriedad atenuada consiste en que: a) no se da una oficiosidad plena como la que se da en el proceso penal b) pero tampoco se da una disponibilidad plena como la que se da en el proceso civil y comercial 15
El fallido, e, incluso, los acreedores, por aplicación del principio de concursabilidad, también pueden reclamar la celebración de los contratos que estimen pertinentes para la conservación y la administración de los bienes sujetos a desapoderamiento
c) sino que se da una situación intermedia, que es consecuencia de que, si bien el proceso concursal compromete fundamental y primariamente a los intereses privados del deudor y de sus respectivos acreedores, también compromete intereses públicos, puesto que, al afectar masivamente al crédito, afecta también a la sociedad toda, sobre todo cuando el patrimonio quebrado está afectado a actividades comerciales: c.1) como Ej. de rasgo dispositivo dentro del proceso concursal podemos citar el de que los acreedores deben pedir la verificación de sus créditos para acceder a la concurrencia c.2) como Ej. de rasgo inquisitivo dentro del proceso concursal podemos citar el de que el juez, en la determinación del pasivo concursal, puede no reconocer los créditos que él estime improcedentes, aunque ellos no hubiesen sido cuestionados por el deudor, los acreedores ni el síndico c.3) pero, sin embargo, no debe perderse de vista que los rasgos inquisitivos predominan con respecto a los dispositivos Así, en el proceso concursal, están en tensión, por un lado, el crédito, sobre el que recae el interés de los acreedores, y, por otro lado, la continuación de la explotación de la empresa, sobre el que recae el interés de la sociedad: a) una legislación de tinte privatista y liberal, como es el caso de la ley 24.522, privilegiará el crédito b) una legislación de tinte estatista y proteccionista, como es el caso de la ley 25.589, privilegiará la continuación de la explotación de la empresa c) ejemplos de esta tensión a la que aludimos son los artículos 16, 24 y 159 de la LCQ 2) Continuación inmediata La quiebra, como regla general, produce el cese de la explotación de la empresa y el cierre del establecimiento, con incautación de los bienes y con toma de posesión de los mismos por el síndico, aplicándose, a partir de ese entonces y hasta la efectivización de la liquidación, el régimen de actos de conservación y de administración previsto a partir del Art. 177 de la LCQ, pero, sin embargo, excepcionalmente, el síndico puede decidir la continuación inmediata la explotación de la empresa: a) cuando el cese de la explotación de la empresa pueda generar un daño grave y evidente al interés de los acreedores y a la conservación del patrimonio del fallido, aunque, en realidad, son, prácticamente, lo mismo, puesto que el interés de los acreedores consiste en cobrar y sus expectativas de cobro se centran en la conservación del patrimonio del fallido b) y, en las tal medidas caso, debe su decisión, dentro deordenar las 24 elhoras al juez quiebra, en quien puede adoptar quecomunicar estima apropiadas, e, incluso, cesesubsiguientes, de la explotación de ladeempresa, virtud del dictado de una resolución que, por aplicación de la regla genérica del inc. 3ero del Art. 273 de la LCQ, es inapelable En cambio, cuando quiebra una empresa que presta servicios públicos imprescindibles, la continuación inmediata la explotación de la empresa deja de ser excepcional y se convierte en la regla general, lo cual encuentra su fundamento en que el cese abrupto de la prestación de un servicio público produce un daño grave y evidente a sectores generalmente importantes de la comunidad, y, en tal caso, el trámite reviste las siguientes particularidades: a) en 1er lugar, el juez debe comunicar la sentencia de quiebra al concedente, que será el Estado nacional, provincial o municipal b) en 2do lugar, se sigue el trámite ordinario previsto por la LCQ, es decir, que se presenta el informe del Art. 190 de la LCQ y el juez resuelve la continuación o el cese de la explotación de la empresa, pero, si decide el cese la misma, el juez debe comunicar la resolución al concedente, y, hasta que no pasen, al menos, 30 días desde la comunicación, no puede disponerse la cesación efectiva c) en 3er lugar, las disposiciones que adopte el concedente para asegurar la prestación del servicio, como es el caso del nombramiento de otro concesionario, no afectan a la quiebra, y, por lo tanto, las obligaciones que se asuman en razón de esas disposiciones son ajenas a la quiebra (Art. 189 LCQ) 3) Trámite común para todos los procesos Cuando quiebra una persona que desempeña una actividad empresarial, sin importar si se dispuso o no la continuación inmediata de la explotación de la empresa, el síndico, dentro de los 20 días corridos subsiguientes a la fecha de aceptación del cargo, debe presentar al juez de la quiebra un informe opinando si es posible y conveniente la continuación de la explotación de la empresa y la venta de la empresa en marcha, sin perder de vista, en ningún caso, que la continuación de la explotación de la empresa reviste carácter excepcional, y, dicho informe, en todos los casos, independientemente de cuál sea la opinión del síndico acerca de la continuación de la explotación de la empresa, debe hacer saber la existencia de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes que conozca, expresando su opinión técnicamente fundada sobre la conveniencia de continuarlos o resolverlos El juez de la quiebra, dentro de los 10 días posteriores a la presentación del informe del síndico, debe dictar una resolución aceptando o rechazando la continuación de la explotación de la empresa: a) la resolución que rechaza la continuación de la explotación de la empresa solamente es apelable por el síndico y con efecto devolutivo
b) la resolución que acepta la continuación de la explotación de la empresa: b.1) solamente tiene lugar: cuando el cese de la explotación de la empresa pueda generar un daño grave y evidente al interés de los acreedores y a la conservación del patrimonio del fallido, aunque, en realidad, son, prácticamente, lo mismo, puesto que el interés de los acreedores consiste en cobrar y sus expectativas de cobro se centran en la conservación del patrimonio del fallido y, además, del análisis del caso concreto, se desprenda de manera evidente que el cese de la explotación de la empresa puede ocasionar una grave disminución del valor de realización o puede interrumpir un ciclo de producción que puede concluirse y beneficiar el interés de los acreedores, y es así que, jurisprudencialmente, por Ej., se ha dispuesto la continuación de la actividad de un frigorífico que tenía embutidos en elaboración b.2) debe pronunciarse, fundamentalmente: sobre el plazo durante el cual continuará la explotación de la explotación de la empresa, que, en principio, no puede ser superior al plazo establecido para la liquidación del activo falencial, pero, a partir de la reforma introducida por la ley 25.589, puede mediar una prórroga, por una sola vez y por resolución fundada, cuando sea razonable para garantizar la venta de la empresa en marcha sobre la designación o no de uno o más coadministradores, que deben ser personas que obtuvieron el título universitario en administración de empresas o personas especializadas en el ramo de la empresa cuya explotación continúa sobre los contratos con prestaciones recíprocas pendientes que continúan, y, los demás, quedan resueltos sobre la cantidad y la calificación profesional del personal que continúa afectado a la explotación de la empresa sobre el tipo y la periodicidad de la información que debe suministrar el síndico, y, en su caso, el administrador o los coadministradores Además, el Art. 190 de la LCQ, tras la modificación introducida por la ley 25.589, establece: a) por un lado, que en la continuidad de la empresa se debe tomar en consideración el pedido formal de los trabajadores en relación de dependencia, que representen los 2 tercios del personal en actividad o de los acreedores laborales, quienes deben actuar en el período de continuidad bajo la forma de una cooperativa de trabajo, lo cual es severamente criticado por Rivera y Roitman, quienes entienden que la aplicación de esta disposición causa daños a los acreedores que ven postergadas sus expectativas de cobro, genera nuevos pasivos, e, incluso, en ciertos casos, llega a producir el fenómeno de la quiebra de la quiebra, puesto que, en definitiva, en una situación límite como es la quiebra con continuidad, las posibilidades de recuperación son altamente improbables, a lo que cabe agregar que las legislaturas provinciales, en varias ocasiones, bajo el pretexto de “expropiar” las empresas a los empleadores para que los trabajadores continúen con su explotación, las “confiscaron”, puesto que el Estado no abonó el precio justo anticipado que debe proceder en toda expropiación en carácter de indemnización b) y, por otro lado, que la continuidad de la empresa no hace nacer el derecho a nuevas indemnizaciones laborales (Arts. 190 y 191 LCQ) 4) Régimen aplicable a la continuación de la explotación de la empresa La resolución judicial que acepta la continuación de la explotación de la empresa, puede regular el régimen de administración de los bienes de la empresa cuya explotación continúa, pero, supletoriamente, la LCQ establece que: a) el síndico, o, en su caso, el coadministrador, pueden realizar los actos ordinarios de administración sin necesidad de autorización judicial b) el síndico, o, en su caso, el coadministrador, solamente pueden realizar los actos extraordinarios de administración si media autorización judicial, la cual solamente debe ser otorgada en caso de necesidad y urgencia evidentes, considerándose, por expresa mención de la LCQ, al otorgamiento de garantías especiales como un acto extraordinario de administración El eventual pasivo que se genere a raíz de la continuación de la explotación de la quiebra, en función de los actos desplegados por el síndico, o, en su caso, el coadministrador, tiene el rango preferencial de los gastos de conservación y de justicia del Art. 240 de la LCQ, salvo las deudas para las cuales el juez haya autorizado la constitución de una garantía especial Los bienes afectados a privilegios especiales correspondientes a deudas del fallido anteriores a la quiebra, no pueden disponerse, salvo que, antes, se desinterese al acreedor privilegiado o se sustituya el asiento del privilegio por bienes de valor equivalente (Art. 192 LCQ) 5) Conclusión anticipada: El juez, cuando la continuación de la explotación de la empresa genere déficit o perjudique a los acreedores, puede dictar una resolución, que será inapelable por aplicación de la regla genérica del inc. 3ero del Art.
273 de la LCQ, poniendo fin a la continuación de la explotación de la empresa, de inmediato y sin esperar el vencimiento del plazo que pueda haberse fijado al efecto (Art. 192 LCQ) 6) Locación de inmuebles: Cuando quiebra el locatario, y éste utiliza el inmueble para explotación comercial: a) en principio, no se aplican las reglas de los contratos con prestación personal del fallido, de ejecución continuada o normativos del Art. 147 de la LCQ, sino que se aplican las reglas de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes del Art. 144 de la LCQ b) pero, excepcionalmente, si se dispuso la continuación de la explotación de la empresa quebrada, no se aplica el Art. 144 de la LCQ, sino que se aplican los artículos 193 y 194 de la LCQ, que establecen: b.1) que el contrato de locación continúa en las condiciones preexistentes, por un plazo que no puede ser superior al plazo establecido para la liquidación del activo falencial, siendo nula la cláusula que establezca la resolución del contrato por la declaración de quiebra b.2) que el crédito del locador adquiere el rango preferencial de gasto de conservación y justicia del Art. 240 de la LCQ (Arts. 157, 193 y 194 LCQ) 7) Hipotecas y prendas: El acreedor hipotecario o prendario, cuando su deudor es declarado en quiebra: a) en principio, como regla general, puede apelar al concurso especial, previsto en el Art. 209 de la LCQ, que le permite anticipar el cobro, a través de la realización del bien gravado, aún cuando su crédito tenga un plazo pendiente a la fecha de la declaración de quiebra b) pero, sin embargo, excepcionalmente, cuando se decide la continuación de la explotación de la empresa, no puede apelar al concurso especial del Art. 209 de la LCQ para anticipar el cobro de su crédito de plazo pendiente a la fecha de la declaración de quiebra, sino que solamente tiene derecho a que el síndico le pague los importes de las obligaciones que vayan venciendo después de la quiebra, y, si no le paga lo adeudado o si se dispone el cese de la continuación de la explotación de la empresa, puede apelar al concurso especial del Art. 209 de la LCQ, aclarando: b.1) en 1er lugar, que es nulo todo pacto en contrario a esta disposición b.2) en 2do lugar, que esta disposición solamente se aplica cuando el bien gravado está vinculado a la continuación de la explotación de la empresa del fallido (Art. 195 LCQ)
La
EFECTOS DE LA QUIEBRA SOBRE EL CONTRATO DE TRABAJO
sentencia que declara la quiebra del empleador, en principio, no extingue los contratos de trabajo que celebró con los trabajadores, sino que los suspende de pleno derecho por 60 días corridos, vencidos los cuales:
a) si el juez de la quiebra no decide la continuación de la explotación de la empresa, el contrato de trabajo se resuelve retroactivamente a la fecha de la sentencia de quiebra, teniendo el trabajador derecho a reclamar el pago de lo que se le deba hasta ese entonces, con los privilegios correspondientes, por vía de la verificación de los mismos o por vía del mecanismo del pronto pago laboral b) si el juez de la quiebra decide la continuación de la explotación de la empresa, el contrato de trabajo se reconduce parcialmente, teniendo el trabajador derecho a reclamar el pago de lo que se le debía hasta la decisión de la continuación de la explotación empresa, con los privilegios correspondientes, por vía de la verificación de los mismos porverificar vía delsumecanismo pago laboral, y los quelossetérminos devenguen sucesivo, sin necesidado de crédito pordel ser pronto gastos de conservación y decréditos justicia en del en Art.lo240 de la LCQ El síndico, dentro de los 10 días corridos subsiguientes a la resolución que decide la continuación de la explotación de la empresa, debe decidir cuáles trabajadores permanecen en la empresa y cuáles no: a) los contratos de trabajo celebrados con los trabajadores no elegidos por el síndico se extinguen, sin que nazca un nuevo contrato b) los contratos de trabajo celebrados con los trabajadores elegidos por el síndico se extinguen, pero nace un nuevo contrato, en el que no se tiene en cuenta la antigüedad adquirida en virtud del contrato anterior c) en ambos casos, el cese de la relación laboral se considera producido por la sentencia de quiebra, a los fines de la aplicación de las respectivas disposiciones laborales, y, por lo tanto, los trabajadores están en la misma situación que si no se hubiera decretado la continuación de la explotación, de manera tal que, según la doctrina mayoritaria, no tienen derecho: c.1) a cobrar remuneraciones por el plazo de suspensión de 60 días c.2) a cobrar remuneraciones por el plazo de 10 días posteriores en los cuales el síndico puede realizar la elección
c.3) a cobrar la indemnización sustitutiva de preaviso c.4) a cobrar la indemnización integrativa del mes de despido El contrato de trabajo proseguido a raíz de la continuación de la explotación de la empresa, se extingue definitivamente cuando el trabajador es despedido, cuando cesa la continuación de la explotación de la empresa, o cuando un 3ero adquiere la empresa en marcha, y, en tales casos: a) los créditos laborales de causa anterior a la quiebra, tienen, en su caso, los privilegios especiales del inc. 2do del Art. 241 de la LCQ, o los privilegios generales del inc. 1ero del Art. 246 de la LCQ, y, para efectivizarlos, el trabajador, según el caso, verificará su crédito o apelará al pronto pago laboral b) los créditos laborales de causa posterior a la quiebra, correspondientes al período de continuación de la explotación de la empresa, tienen el rango preferencial de gastos de conservación y de justicia en los términos del Art. 240 de la LCQ, y, por lo tanto, no están sujetos a verificación y deben ser satisfechos de manera inmediata Cuando un 3ero adquiere la empresa en marcha: a) los convenios colectivos de trabajo aplicables a la actividad o a la empresa, en los términos de la LCQ, se extinguen de pleno derecho respecto del adquirente, surgiendo, en consecuencia, la posibilidad de negociar nuevos convenios colectivos de trabajo, lo cual, según Rivera, es una disposición absolutamente anómala dentro de la LCQ porque trata un tema propio del Derecho Colectivo del Trabajo, haciendo colisionar al derecho concursal y al derecho laboral, siendo, ambas, ramas del derecho de orden público b) el adquirente no tiene obligaciones laborales, puesto que, tal como lo dijimos en el punto anterior, los créditos laborales solamente pueden percibirse, en la quiebra, sobre el activo falencial liquidado, integrado, también, por el precio de venta de la empresa enajenada c) todo lo cual es una reforma que la ley 24.522 efectuó a la ley 19.551 con el fin de que los empresarios se lancen a la compra de empresas en marcha, puesto que, durante la vigencia de la redacción anterior, las empresas no se adquirían, ya que, precisamente, el adquirente de la empresa debía asumir el pasivo laboral (Arts. 196 a 199 LCQ)
EL PERÍODO INFORMATIVO EN LA QUIEBRA LA VERIFICACIÓN DE CRÉDITOS Con
respecto al período informativo en la quiebra, debemos tratar separadamente 2 situaciones diferentes: a) en los casos de quiebra directa, necesaria o voluntaria, y en el caso de quiebra indirecta derivada del incumplimiento o de la nulidad del acuerdo preventivo, necesariamente, debe abrirse el período informativo de la quiebra previsto en los artículos 200 a 202 de la LCQ, que, en realidad, es igual al período informativo en el concurso preventivo de los artículos 32 a 40 de la LCQ, con la particularidad de que el juez de la quiebra, a la hora de dictar la resolución judicial sobre las solicitudes de verificación formuladas por los acreedores, en los casos en que el fallido tenga personal en relación de dependencia cuyos contratos de trabajo se extinguen a raíz de la quiebra, debe determinar si la quiebra le es imputable o no le es imputable al empleador, lo cual es exigido por el Art. 251 de la LCT, modificado por el Art. 294 de la LCQ, al trabajador le corresponde: a.1) una indemnización equivalente a la mitad de la establecida en el Art. 245 de la LCT, si la quiebra no es imputable al empleador a.2) una indemnización equivalente a la establecida en el Art. 245 de la LCT, si la quiebra es imputable al empleador a.3) siendo el juez de la quiebra quien determinará cuál indemnización le corresponde al trabajador al momento de dictar la resolución judicial sobre las solicitudes de verificación formuladas por los acreedores b) en los casos de quiebra indirecta derivada de la frustración del acuerdo preventivo, el juez debe decidir si se abre el período informativo previsto en los artículos 200 a 202 de la LCQ, lo cual facilita el control multidireccional, o si los acreedores deben verificar sus créditos por vía incidental, sin que ésta les acarree carga en costas, lo cual dificulta el control multidireccional, y, fundamentalmente, se dispone cuando el juez de la quiebra considera que los acreedores posteriores que van a verificar sus créditos son pocos En la quiebra indirecta concurren acreedores anteriores a la presentación del concurso preventivo, y acreedores posteriores a la presentación del concurso preventivo: a) los acreedores anteriores a la presentación del concurso preventivo, pudieron y debieron pedir la verificación de sus créditos en el concurso preventivo, y, por lo tanto: si no pidieron la verificación de sus créditos en el concurso preventivo, la eventual verificación en la quiebra indirecta debe juzgarse como verificación tardía si pidieron la verificación de sus créditos en el concurso preventivo, no pueden y no deben verificar sus créditos nuevamente en la quiebra indirecta, y el síndico debe recalcular el valor de cada crédito b) los acreedores posteriores a la presentación del concurso preventivo, pueden y deben verificar sus créditos en la
quiebra indirecta A la hora de recalcular el valor de los créditos de los acreedores anteriores a la presentación del concurso preventivo que pidieron la verificación de sus créditos en el concurso preventivo, el síndico: a) en el caso de quiebra indirecta derivada de la frustración del acuerdo preventivo, debe recalcular los intereses suspendidos, por aplicación del Art. 19 de la LCQ, por el lapso comprendido entre la presentación en concurso preventivo y la sentencia de quiebra b) en el caso de quiebra indirecta derivada de la nulidad del acuerdo preventivo: b.1) el acreedor que no cobró ni siquiera parcialmente el crédito novado, puede concurrir a la quiebra posterior de su deudor por el monto total del crédito, y no solamente por el crédito novado, pudiendo reclamar, además, los intereses que corrieron desde la presentación en concurso preventivo y hasta la fecha de la sentencia de quiebra, de manera tal que, en este caso, la novación queda sin efecto b.2) el acreedor que cobró totalmente el crédito novado, no puede concurrir a la quiebra posterior de su deudor, de manera tal que, en tal caso, la novación no queda sin efecto b.3) el acreedor que cobró parcialmente el crédito novado, puede concurrir a la quiebra posterior de su deudor, pero el monto total del crédito se reducirá en la misma proporción en que fue pagado el crédito novado, pudiendo reclamar, además, los intereses que corrieron desde la presentación en concurso preventivo y hasta la fecha de la sentencia de quiebra, de manera tal que, en este caso, la novación queda parcialmente sin efecto c) en el caso de quiebra indirecta derivada del incumplimiento del acuerdo preventivo, el efecto novatorio es irreversible, y, por lo tanto, el acreedor solamente puede concurrir a la quiebra posterior de su deudor por el crédito novado, pudiendo reclamar, solamente, los intereses que corrieron desde la mora en el pago de las prestaciones concordatarias incumplidas hasta la sentencia de quiebra (Arts. 200, 201, 202 y 294 LCQ)
LIQUIDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1) Finalidad de la quiebra: La finalidad de la quiebra consiste en la satisfacción de los créditos de los acreedores del fallido, para lo cual es necesario, en 1er lugar, liquidar los bienes sujetos a desapoderamiento, y, en 2do lugar, distribuir el producto entre aquéllos de acuerdo a los rangos y a los privilegios establecidos legalmente 2) Oportunidad: liquidación al dictado de ésta,Lasalvo que: de los bienes se ordena en la misma sentencia de quiebra, y debe comenzar de inmediato a) medie la admisión de la conversión de la quiebra b) medie recurso de reposición contra la sentencia de quiebra directa, cuya interposición, en cualquiera de sus 2 variantes, de todos los trámites del proceso de quiebra, solamente suspende la ejecución forzada de los bienes del fallido, con excepción de los previstos en el Art. 184 de la LCQ c) medie recurso de apelación contra la sentencia de quiebra indirecta, en los casos en que ésta sea apelable, tal como sucede con la que declara la quiebra por nulidad o por incumplimiento del acuerdo preventivo, que es parcialmente suspensivo, en el apelable en relación y con efecto suspensivo, aunque, el efecto del recurso sólo es sentido que: c.1) por un lado, suspende el inicio de la liquidación general de los bienes del activo falencial c.2) y, por otro lado, no suspende la incautación de los bienes y de las demás medidas previstas en los artículos 177 a 199 de la LCQ, entre los que cabe citar la posibilidad de liquidar de inmediato ciertos bienes, en los términos del Art. 184 de la LCQ d) medie recurso de apelación contra la sentencia de quiebra por extensión (Art. 203 LCQ) 3) Síndico y enajenador: La LCQ establece que el síndico es, en la quiebra, el liquidador, pero, en realidad, el síndico se encarga de impulsar y de supervisar la venta de los bienes, que, en sentido estricto, es llevada a cabo por el enajenador, que, en los términos del Art. 261 de la LCQ, puede ser un martillero, un banco comercial, un banco de inversión, un intermediario profesional en la enajenación de empresas o cualquier entidad calificada o especializada 4) Orden de preferencia: El juez debe disponer la liquidación de los bienes en la forma más conveniente al concurso y respetando el siguiente orden de preferencia: a) en 1er lugar, debe preferirse la venta de la empresa en marcha y como unidad, para lo cual es necesario que se decida la continuación de la explotación de la empresa, y, en tal caso, el proceso preferido es el de la licitación del Art. 205 de la LCQ, que garantiza la transparencia de la venta y que permite la obtención de mayores ganancias económicas b) en 2do lugar, supletoriamente, debe preferirse la venta en conjunto de los bienes que integran el establecimiento del fallido c) y, en 3er lugar, supletoriamente, debe preferirse la venta individual de los bienes muebles o inmuebles
incautados, en forma total o en forma parcial, apelando al proceso de subasta pública d) sin perjuicio de que el juez, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, puede llevar a cabo la venta de los bienes en parte en forma conjunta y en parte en forma individual (Art. 204 LCQ) 4.a) Venta de la empresa en marcha y como unidad: La venta de la empresa en marcha puede efectuarse por licitación o por subasta pública: a) la venta de la empresa en marcha y como unidad por licitación consta de los siguientes pasos: a.1) en 1er lugar, el enajenador efectúa la tasación de los bienes a vender y la pone en conocimiento del síndico a.2) en 2do lugar, el síndico debe expedirse sobre la tasación efectuada por el enajenador a.3) en 3er lugar, el juez ordena la venta de la empresa en marcha y como unidad por licitación a.4) en 4to lugar, el síndico, con asistencia del enajenador, confecciona el pliego de condiciones, en el que, fundamentalmente: debe expresar la base del precio debe describir los bienes a vender debe fijar las condiciones de venta, que debe ser efectuada al contado, estando obligado el comprador a ingresar el precio antes de tomar posesión de los bienes y dentro de los 20 días posteriores a la aprobación de la adjudicación a.5) en 5to lugar, el juez aprueba el pliego, mediante resolución fundada, que debe ser dictada dentro de los 20 días posteriores a su presentación, pudiendo recurrir, a tales fines, a especialistas para que lo asesoren, como es el caso de un banco de inversión a.6) en 6to lugar, la aprobación del pliego es publicada por vía de edictos, que deben expresar, al menos: la ubicación y el destino de la empresa que se vende la base del precio hasta cuándo y dónde se pueden presentar las ofertas en sobre cerrado el día y la hora en que se abrirán los sobres que contienen las ofertas a.7) en 7mo lugar, se presentan las ofertas en el tiempo y en el lugar fijados en la publicación edictal, en sobre cerrado, con identificación del oferente, y con indicación del precio ofrecido, debiendo acompañarse, además, una garantía de mantenimiento de la oferta, equivalente al 10 % del precio ofrecido a.8) abre la losempresa sobres en día y en la ofreció hora fijados en lamás publicación edictal a.9) en en 8vo 9no lugar, lugar, el se juez adjudica al el oferente que el precio alto, quien debe ingresar el precio antes de tomar posesión de los bienes y dentro de los 20 días de aprobada la adjudicación, y, si no lo hace, pierde el derecho y la garantía, y se adjudica la empresa al oferente que ofreció el 2do precio más alto a.10) aclarando que: el procedimiento de licitación debe cumplirse dentro de los 4 meses posteriores a la fecha en que la sentencia de quiebra quede firme, aunque, excepcionalmente, el juez puede prorrogar ese plazo una sola vez y por 30 días cuando fracasa una licitación, en el mismo acto el juez puede convocar a una 2da licitación, que se llama sin base ciertos bienes pueden ser separados y ser enajenados individualmente si así lo dispone el juez de la quiebra en virtud de una resolución fundada b) el juez puede optar por seguir el procedimiento de subasta pública, en cuyo caso se deben cumplir las formalidades establecidas en los incisos 3, 4 y 5 del Art. 205 de la LCQ, siempre y cuando sean pertinentes (Arts. 205 y 207 LCQ) 4.b) Venta individual de los bienes muebles o inmuebles incautados La venta individual de los bienes muebles o inmuebles incautados debe efectuarse por subasta pública, que debe ser efectuada por el enajenador designado por el juez de la quiebra, y, conforme a lo establecido por la LCQ, se lleva a cabo con publicación edictal previa, sin tasación previa y sin base de precio, rigiendo, supletoriamente, las leyes procesales locales, siempre y cuando sean compatibles con la rapidez y la economía del trámite concursal Los oferentes pueden presentar sus ofertas bajo sobre ante el juez de la quiebra, al menos, 2 días antes de la fecha de la subasta pública, y, en tal caso, los sobres son abiertos al iniciarse el remate, y las posturas en la subasta deben hacerse a partir de la mejor oferta presentada bajo sobre, la cual, en consecuencia, configura la base de la subasta, de manera tal que, si nadie la mejora, debe adjudicarse el bien a su presentante (Arts. 208 y 112 LCQ) 5) Concurso especial: El 2do párrafo del Art. 126 de la LCQ establece que el acreedor hipotecario o prendario: » o bien, puede esperar la liquidación general de bienes para obtener el cobro de su acreencia, con preferencia sobre el producido del bien gravado, en cuyo caso debe haber verificado, previamente, su crédito y su privilegio » o bien, puede acudir al trámite de concurso especial, previsto en el Art. 209 de la LCQ, que le permite anticipar el
cobro, a través de la realización del bien gravado, a cuyo fin se exige que el acreedor formule la petición ante el juez de la quiebra, que tramita por vía separada, que el juez del concurso y el síndico comprueben los títulos del acreedor, y que el acreedor otorgue una fianza de mejor derecho para garantizar la devolución total o parcial de lo percibido en la medida de lo que resuelva el juez en la verificación del crédito: en el concurso especial del Art. 209 de la LCQ se realiza un control externo y formal de la regularidad de los títulos constitutivos de la garantía real, y la resolución que allí se pronuncia hace cosa juzgada formal, que hace que el acreedor hipotecario o prendario, aunque sea con posterioridad, deba verificar su crédito y su privilegio en la verificación de créditos del Art. 200 de la LCQ se dicta una resolución que hace cosa juzgada material, y, por tal motivo, en caso de discrepancia, esta resolución prevalece sobre aquélla (Art. 209 LCQ) 6) Ejecuciones por remate no judicial: La ejecución por remate no judicial, regulada en el Art. 23 de la LCQ para el concurso preventivo, se aplica también en el juicio de quiebra por expresa mención del Art. 210 de la LCQ (Art. 210 LCQ) 7) Compensación: El acreedorel del fallido quecrédito adquiere enajenados en la liquidación concursal, como regla general, no puede compensar monto de su con bienes el precio de adquisición, hasta el límite de aquél, tal como sucede normalmente en las ejecuciones individuales, puesto que tal circunstancia violaría la paridad de trato que debe reinar en el proceso concursal, pero, excepcionalmente, el acreedor con garantía real sobre el mismo bien que adquiere, puede compensar el monto de su crédito con el precio de adquisición, hasta el límite de aquél, siempre y cuando, antes de la transferencia de la propiedad, preste fianza por si aparece un acreedor con mejor derecho (Art. 211 LCQ) 8) Venta directa: El juez, previa vista al síndico, puede disponer la venta directa, la cual: a) comprende a cualquier procedimiento de enajenación que no sea la licitación ni la subasta b) tiene lugar, excepcionalmente, en 3 supuestos, que se dan cuando: b.1) la naturaleza del bien a vender haga manifiesta la inconveniencia de intentar su enajenación mediante licitación o subasta b.2) el escaso valor del bien a vender no justifique incurrir en los gastos que implicaría su enajenación mediante licitación o subasta b.3) fracasan las licitaciones o las subastas que se intentaron anteriormente, lo cual torna probable que las licitaciones o las subastas que se intenten posteriormente también fracasarán c) puede encargarse al síndico, o a un intermediario, institución o mercado especializado d) se sujeta a la condición suspensiva de su aprobación judicial posterior (Art. 223 LCQ) 9) Bienes invendibles: El juez, previa vista al síndico y al fallido, puede disponer que los bienes que no pueden ser vendidos o los bienes cuya realización resulte infructuosa, sean entregados a una asociación de bien público, como es el caso de un hospital o de una fundación, y, en tal caso, la resolución es apelable por el síndico y por el deudor, siempre y cuando se hayan opuesto expresa y fundadamente (Art. 214 LCQ) 10) Títulos y bienes negociables en mercados: Los títulos que se negocian en mercados de valores, como es el caso de las acciones de una SA, y los bienes que se negocian en mercados de mercancías y productos, como es el caso del cereal, deben ser vendidos en los mercados respectivos, lo cual encuentra su fundamento en la transparencia que los mismos implican (Art. 214 LCQ) 11) Plazos: El Art. 217 de la LCQ establece que el activo falencial debe ser liquidado en un plazo máximo de 4 meses, contados a partir del momento en que la sentencia de quiebra queda firme, pudiendo el juez de la quiebra, excepcionalmente, ampliar el plazo por 30 días más, y, de lo contrario, por un lado, el síndico y el enajenador deben ser removidos automáticamente, y, por otro el juez puede incurrir causal de del malactivo desempeño del ycargo: a) el fundamento de la brevedad de lado, los plazos señalados para laenliquidación falencial de la gravedad de las sanciones que implican su incumplimiento, se encuentra en la finalidad liquidativa del juicio de quiebra y en el principio de economía y celeridad que inspira los procesos concursales b) sin embargo, en la práctica, este plazo es de imposible cumplimiento, no aplicándose, por lo tanto, las sanciones establecidas legalmente, más allá de que la sola inclusión de esta norma dentro de la LCQ ha posibilitado que se aceleren las liquidaciones y que se impulsen los trámites (Art. 217 LCQ)
INFORME FINAL Y DISTRIBUCIÓN 1) Informe final y proyecto de distribución: El síndico, dentro de los 10 días posteriores a la finalización de la liquidación del activo falencial, debe presentar el informe final y el proyecto de distribución (Art. 218 LCQ) 1.a) Informe final: El informe final debe contener: a) la rendición de cuentas, en forma detallada y en forma documentada, de las operaciones efectuadas para liquidar
los bienes del activo falencial b) la mención del resultado total de la liquidación del activo falencial, y la mención del resultado de la liquidación de cada uno de los bienes que conforman el activo falencial c) la enumeración de los bienes que no se pudieron enajenar, de los créditos que no se pudieron cobrar, y de los créditos que se encuentran pendientes de acciones judiciales, expresando, sucintamente y en todos los casos, las causas de tales circunstancias (Art. 218 LCQ) 1.b) Proyecto de distribución: El proyecto de distribución: a) debe determinar la manera en que se debe distribuir el producto de la liquidación del activo falencial entre los acreedores, teniendo en cuenta el monto y el privilegio de cada uno de ellos establecido en la resolución judicial que pone fin al trámite de verificación de créditos b) debe reservar una parte de los fondos existentes para atender a los créditos condicionales y a los créditos pendientes de decisión judicial o administrativa: b.1) los créditos condicionales abarcan a aquéllos créditos cuyo monto ha sido verificado, pero están sujetos a una eventualidad que los torna, temporalmente, inexigibles b.2) los créditos pendientes de decisión judicial o administrativa abarcan a aquellos créditos sometidos a una vía judicial o administrativa previa indispensable para poder exigir su efectivización, como es el caso del trámite de verificación de créditos tardía o la tramitación de un recurso de revisión o de un recurso de apelación (Arts. 218 y 220LCQ) 2) Publicidad: El informe final y el proyecto de distribución, en principio, son publicados por vía edictal, pero, cuando existen pocos acreedores, con el fin de ahorrar tiempo, la publicación edictal puede ser reemplazada por la notificación personal o por cédula a los acreedores (Arts. 218 y 219 LCQ) 3) Observaciones: El fallido y los acreedores concurrentes, dentro de los 10 días siguientes a la presentación del informe final y del proyecto de distribución, pueden efectuar las observaciones que crean pertinentes, relativas a omisiones, errores o falsedades del informe final o del proyecto de distribución en cualquiera de sus puntos, de las cuales se debe correr vista al síndico, y, luego, el juez debe resolver, en virtud de una resolución que puede ser objeto del recurso de apelación, cuya interposición suspende el pago del dividendo resultante del proyecto de distribución (Art. 218 LCQ) 4) Pago: El juez de la pudiendo, quiebra, medien no observaciones, debe controlar proyecto de distribución, y, según el caso: a) desaprobarlo, en tal ocaso, modificarlo oficiosamente u el ordenar al síndico la confección de un nuevo proyecto de distribución de acuerdo con lo resuelto b) aprobarlo, y, en tal caso, se procede al pago del dividendo resultante del proyecto de distribución, el cual puede efectuarse: b.1) mediante el libramiento al banco de depósitos judiciales de órdenes de pago, a través de transferencias bancarias, a pedido de los acreedores, en cuyo caso ellos mismos corren con los gastos que srcinen b.2) mediante la remisión al banco de depósitos judiciales la planilla discriminada de acreedores y los montos respectivos para que dicho banco proceda a pagarles directamente (Art. 221 LCQ) 5) Distribuciones complementarias: Las distribuciones complementarias son aquellas que se efectúan cuando, con posterioridad a la aprobación del proyecto de distribución, se generan nuevos dividendos, que deben ser distribuidos entre los acreedores, lo cual puede deberse, por Ej.: a) a la venta de bienes del fallido b) a la desafectación de reservas c) al cobro de créditos del fallido d) al ingreso de nuevos bienes ingresados al activo falencial en función del progreso de acciones de recomposición del patrimonio del fallido (Art. 222 LCQ) 6) Presentación tardía de acreedores: El acreedor que solicita la verificación de créditos después de la presentación del proyecto de distribución, debe ser diferenciado del acreedor que solicita la verificación de créditos, aunque sea en forma tardía, antes de la presentación del proyecto de distribución y carece de resolución firme sobre su pretensión verificatoria, puesto que: a) el acreedor nombrado en 1er término, no es acreedor del pago del dividendo resultante del proyecto de distribución, y solamente tiene derecho a participar en los eventuales dividendos resultantes de distribuciones complementarias b) el acreedor nombrado en 2do término, es acreedor del pago del dividendo resultante del proyecto de distribución, puesto que queda comprendido dentro del régimen de reservas establecido por la LCQ, de manera tal que, en el proyecto de distribución, debe reservársele el importe suficiente para atender su crédito, si resulta posteriormente reconocido (Art. 223 LCQ)
7) Caducidad: El acreedor incluido en un proyecto de distribución tiene la carga de presentarse a cobrar su crédito dentro del año subsiguiente a la fecha de la aprobación del proyecto de distribución, y, si no lo hace, caduca el derecho a percibir el dividendo y se extingue el crédito consecuente, aclarando que: a) la caducidad se produce de pleno derecho y se declara de oficio b) los importes no cobrados se destinan al patrimonio estatal, para el fomento de la educación común, lo cual: b.1) según un sector mayoritario de la doctrina, dentro del cual se enmarca Fernández Madrid, es constitucional, por no afectar precepto constitucional alguno b.2) y, según un sector minoritario de la doctrina, dentro del cual se enmarca Piantoni, es inconstitucional, por configurar una confiscación de bienes, violatoria del Art. 17 de la Constitución Nacional, ya que los importes no cobrados deberían distribuirse entre los restantes acreedores, o, si estos estuviesen totalmente satisfechos, deberían restituirse al deudor (Art. 224 LCQ)
CONCLUSIÓN DE LA QUIEBRA
I.- Introducción La clausura del procedimiento y la conclusión de la quiebra son 2 cosas diferentes: a) la clausura del procedimiento suspende, con posibilidad de reapertura, el procedimiento liquidativo-distributivo y no hace cesar el estado de quiebra, y se da cuando, al no existir bienes suficientes para que la quiebra concluya por pago total, o al no existir bienes suficientes para satisfacer, al menos, los gastos y honorarios del concurso, se suspende el procedimiento liquidativo-distributivo, a la espera de que aparezcan nuevos bienes sujetos a desapoderamiento: a.1) si aparecen nuevos bienes sujetos a desapoderamiento dentro de los 2 años posteriores a la resolución que dispone la clausura del procedimiento liquidativo-distributivo, el mismo se reabre a.2) si no aparecen nuevos bienes sujetos a desapoderamiento dentro de los 2 años posteriores a la resolución que dispone la clausura del procedimiento liquidativo-distributivo, se dispone la conclusión de la quiebra b) la conclusión de la quiebra extingue, sin posibilidad de reapertura, el procedimiento liquidativo-distributivo y hace cesar el estado de quiebra, y se da por: b.1) del recurso de reposición contraenla la sentencia declara la quiebra directa necesariaen la quiebra b.2) admisión desistimiento formulado por el deudor quiebraque directa voluntaria o por el acreedor directa necesaria b.3) conversión de la quiebra en concurso preventivo b.4) avenimiento b.5) pago total b.6) cartas de pago b.7) inexistencia de acreedores b.8) transcurso de 2 años de la clausura del procedimiento liquidativo-distributivo sin su reapertura II.- Avenimiento 1) Generalidades: El avenimiento es un modo de conclusión de la quiebra sin liquidación del activo y sin cancelación del pasivo concertado entre el fallido y sus acreedores: a) el avenimiento exige que totalidad la de los acreedores, quirografarios y privilegiados, presten conformidad, que debe ser expresa y escrita, y que debe ser formalizada en instrumento público, o en instrumento privado con firma autenticada por escribano o con firma ratificada ante el secretario del concurso b) las conformidades de los acreedores: b.1) deben ser presentadas ante el juez de la quiebra después de la resolución judicial sobre verificación de créditos, y antes de la última enajenación de bienes, pudiéndose intentar la conclusión por avenimiento más de una vez en la misma quiebra, ante el fracaso de intentos anteriores b.2) pueden ser presentadas: en forma simultánea y en documento único en forma sucesiva y en documentos separados c) no se exige el respeto del principio de la paridad de trato, es decir, que pueden convenirse condiciones desiguales para los distintos acreedores, aunque integren la misma categoría o la misma clase, e, incluso, no deben darse a conocer al juez de la quiebra las condiciones acordadas (Art. 225 LCQ) 2) Efectos del pedido: El pedido de conclusión por avenimiento solamente interrumpe el juicio de quiebra cuando el juez entienda prima facie que se cumplieron los requisitos de oportunidad, forma y unanimidad: a) el juez puede requerir que el fallido deposite los montos correspondientes al capital y a los accesorios de los
créditos de los acreedores verificados o admitidos que, razonablemente, no puedan ser encontrados para que presten su conformidad, y los montos de los créditos de los acreedores pendientes de resolución judicial, como es el caso de los créditos que están tramitando la verificación de créditos, un recurso de reposición o un recurso de apelación b) el juez debe requerir que el fallido otorgue una garantía para asegurar los gastos y costas del juicio, dentro de un plazo determinado, y, si el fallido no otorga dicha garantía, el juicio de quiebra se reanuda (Art. 226 LCQ) 3) Efectos de la aprobación: La aprobación definitiva del avenimiento prestada por el juez hace cesar definitivamente el proceso, terminando la quiebra en todos sus aspectos, efectos y sentidos, aclarando que: a) el acreedor concurrente que ve incumplida la prestación resultante del avenimiento puede pedir una nueva quiebra directa necesaria, pero no puede reabrir la que dio lugar a los acuerdos incumplidos b) el acreedor no concurrente recobra el ejercicio de sus acciones individuales (Art. 227 LCQ) III.- Pago total El producto de la liquidación de los bienes del fallido se destina a pagar los gastos y honorarios del concurso, y los créditos verificados y admitidos, debiéndose efectuar reservas para los créditos condicionales y para los créditos pendientes de resolución, en los términos establecidos por el proyecto de distribución correspondiente: clausura a) si los rubros citados quedan sin satisfacer, en forma total o en forma parcial, se dispone la del procedimiento liquidativo-distributivo por distribución final, y la quiebra recién concluye luego de 2 años sin que medie reapertura b) si los rubros citados quedan satisfechos en forma total, se dispone conclusión la de la quiebra por pago total, que es un modo de conclusión de la quiebra con liquidación del activo y con cancelación del pasivo: b.1) en 1er lugar, si, luego de satisfacer totalmente los rubros citados, el producto de la liquidación se agota totalmente, nada sucede b.2) en 2do lugar, si, luego de satisfacer totalmente los rubros citados, el producto de la liquidación no se agota totalmente, el remanente se destina al pago de los intereses suspendidos por la quiebra b.3) y, finalmente, si, luego de pagar totalmente los intereses suspendidos por la quiebra, el producto de la liquidación no se agota totalmente, el remanente se destina al deudor (Art. 228 LCQ) IV.- Carta de pago e inexistencia de acreedores La carta de pago y la inexistencia de acreedores son 2 modos de conclusión de la quiebra que se asimilan al pago total: a) en 1er lugar, la quiebra concluye ante el otorgamiento al fallido de cartas de pago, debidamente autenticadas, por la totalidad de acreedores de todas las clases y de todas las categorías, más la satisfacción de los gastos y honorarios del concurso, en cualquier oportunidad posterior a la verificación de créditos: a.1) la carta de pago se diferencia del avenimiento, en que: la carta de pago un modo de conclusión de la quiebra sin liquidación del activo y con cancelación del pasivo el avenimiento es un modo de conclusión de la quiebra sin liquidación del activo y sin cancelación del pasivo a.2) la carta de pago se asemeja al avenimiento, en que: ambos son modos conclusivos de la quiebra concertados en ninguno se requiere el respeto del principio de la paridad de trato en ambos el acreedor no concurrente recobra el ejercicio de sus acciones individuales b) en 2do lugar, la quiebra concluye ante la inexistencia de solicitudes de verificación de créditos, comprobada a la fecha en que el juez debe resolver las que podrían haberse presentado, más la satisfacción de los gastos y honorarios del concurso, aclarando que, si se trata de una quiebra directa necesaria: b.1) el acreedor que pidió la quiebra y no verificó su crédito, no puede pedir nuevamente la quiebra de su deudor, por aplicación del principio non bis in ídem, pero, sin embargo, si otro acreedor pide la quiebra, puede verificar su crédito, luego de su apertura b.2) el resto de los acreedores que no verificaron su crédito pueden pedir la quiebra de su deudor (Art. 229 LCQ)
CLAUSURA DEL PROCEDIMIENTO I.- Introducción La clausura del procedimiento liquidativo-distributivo es un género que reconoce 2 especies, que son: a) la clausura por distribución final b) la clausura por falta de activo
II.- Clausura por distribución final La clausura por distribución final se da cuando el producto de la liquidación de los bienes del fallido no alcanza para que la quiebra concluya por pago total (Art. 230 LCQ) III.- Clausura por falta de activo La clausura por falta de activo: a) se da cuando el producto de la liquidación de los bienes del fallido no alcanza para satisfacer, al menos, los gastos y honorarios del concurso b) debe disponerse: b.1) después del dictado de la resolución de verificación de créditos b.2) a pedido del síndico, con previa vista al fallido, y mediante una resolución que es apelable en relación y con efecto suspensivo c) implica presunción de insolvencia fraudulenta, y, en consecuencia, el juez de la quiebra debe comunicarla al juez penal correspondiente para que instruya el sumario pertinente, lo cual trae aparejada la imposibilidad de rehabilitación del fallido hasta que se dicte sobreseimiento o absolución en sede penal en los términos del Art. 236 de la LCQ d) más que una clausura del procedimiento liquidativo-distributivo es un obstáculo para su apertura (Arts. 232 y 233 LCQ) III.- Conclusión de la quiebra por no reapertura del procedimiento La clausura del procedimiento puede reabrirse o derivar en la conclusión de la quiebra: a) si dentro de los 2 años posteriores a la resolución que dispone la clausura del procedimiento, aparecen nuevo bienes sujetos a desapoderamiento, el procedimiento liquidativo-distributivo se reabre, y, en tal caso, sobre el producto de la realización de tales bienes no pueden concurrir los acreedores que no hayan solicitado la verificación de su crédito antes del dictado de la resolución de clausura del procedimiento, salvo que ellos mismos hayan denunciado la existencia de los nuevos bienes sujetos a desapoderamiento: a.1) los nuevos que pueden aparecer son los bienes sujetos a desapoderamiento, es decir: todos aquellos que tenía el deudor al tiempo de la declaración de la quiebra todos aquellos que adquiera, por cualquier título, hasta su rehabilitación y todos aquellos que salieron del patrimonio del fallido, y que reingresaron, aun después de la rehabilitación, con motivo de las acciones de recomposición patrimonial del derecho común o del derecho concursal a.2) los bienes que el deudor va obteniendo luego de la rehabilitación, y que ingresan a su patrimonio por un motivo diferente al de una acción de recomposición del patrimonio del fallido, están destinados a afrontar las obligaciones que el deudor tiene para con los acreedores posteriores b) si dentro de los 2 años posteriores a la resolución que dispone la clausura del procedimiento, no aparecen nuevo bienes sujetos a desapoderamiento, se dispone la conclusión de la quiebra (Art. 231 LCQ)
PRIVILEGIOS 1) Concepto: El privilegio, en los términos del Código Civil, es el derecho dado por la ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro 2) Principios: Los privilegios: a) en general, están sometidos a 2 principios fundamentales, que son: a.1) el de legalidad, según el cual los privilegios nacen solamente de la ley y no pueden crearse por la autonomía de la voluntad a.2) el de excepcionalidad, según el cual los privilegios tienen carácter excepcional y son de interpretación restrictiva, de manera tal que no cabe la analogía para trasladar el privilegio de una situación a otra parecida, y, en caso de duda, debe estarse debe estarse en contra de la existencia del privilegio: en el derecho común, el privilegio es una excepción al principio según el cual el patrimonio es la garantía común de los acreedores en el derecho concursal, el privilegio es una excepción al principio de universalidad y al principio de paridad de trato b) en el ámbito concursal, además, están sometidos al principio de especificidad, según el cual, en el proceso concursal, solamente gozan de privilegio los créditos enumerados por la propia ley concursal, quedando excluidos los créditos enumerados por otras leyes, salvo que la misma ley concursal remita expresamente a ellos, tal como lo
hace el inc. 6to del Art. 241 de la LCQ, que remite expresamente a los privilegios especiales establecidos en la ley de la navegación, en el Código Aeronáutico, en la ley de entidades financieras y en la ley de seguros (Art. 239 LCQ) 3) Conservación: Cuando un crédito constituye gasto de conservación o de justicia en un concurso preventivo, o cuando un crédito tiene carácter privilegiado dentro de un concurso preventivo, el acreedor titular tiene el derecho de concurrir con igual rango en la quiebra indirecta o en la quiebra directa que se dicte estando en trámite el concurso preventivo (Art. 239 LCQ) 4) Acumulación: Cuando un crédito obtiene un privilegio por un período anterior al concurso preventivo, y un privilegio de igual tipo por un período anterior a la quiebra, puede producirse la acumulación de ambos privilegios, de manera tal que, por Ej., las remuneraciones debidas al trabajador hasta por 6 meses antes del concurso preventivo pueden acumularse con las remuneraciones debidas al trabajadores hasta por 6 meses antes de la quiebra, y es así que, en tal caso, el trabajador puede concurrir en la quiebra con un privilegio que cubre 12 meses de remuneraciones (Art. 239 LCQ) 5) Asiento del privilegio: El asiento del privilegio es el bien o el conjunto de bienes con cuyo producido se va a satisfacer la prioridad de cobro perteneciente al acreedor privilegiado: a) el privilegio general es aquél cuyo asiento se traduce en la totalidad de los bienes del fallido, previa deducción de los bienes correspondientes a los acreedores con privilegio especial b) el privilegio especial es aquél cuyo asiento se traduce en un bien determinado del fallido o en algunos bienes determinados del fallido 6) Preferencias: Los privilegios: a) en todos los casos, otorgan una preferencia de cobro b) y, en algunos casos, además, otorgan una preferencia temporal 6.a) Preferencia de cobro: La preferencia de cobro apunta al orden en que se va distribuyendo el activo falencial en caso de insuficiencia para satisfacer los créditos de la totalidad de los acreedores, dando lugar a los distintos rangos concursales, y, al respecto, hay que decir que: 1) En 1er lugar, cobran los acreedores a los que alude el Art. 244 de la LCQ 2) En 2do lugar, cobran los acreedores con privilegio especial a los que alude el Art. 241 de la LCQ, con la totalidad del producto de la liquidación del activo falencial, después de satisfechos los créditos preferentes del Art. 244 3) En 3er lugar, cobran los acreedores a los que alude el Art. 240 de la LCQ, con la totalidad del producto de la liquidación del activo falencial, después de satisfechos los créditos preferentes de los artículos 244 y 241 4) En 4to lugar, cobran los acreedores con superprivilegio laboral a los que alude el 1er párrafo del Art. 247 de la LCQ, con la totalidad del producto de la liquidación del activo falencial después de satisfechos los créditos preferentes de los artículos 244, 241 y 240 5) En 5to lugar, los demás acreedores con privilegio general enumerados en el Art. 246 de la LCQ: cobran con el 50 % del producto de la liquidación del activo falencial después de satisfechos los créditos preferentes de los artículos 244, 241, 240 y 1er párrafo del Art. 247 y, sobre el otro 50 % del producto de la liquidación del activo falencial, concurren a prorrata: los acreedores con privilegio general que no detentan superprivilegio laboral por los saldos impagos y los acreedores quirografarios por la totalidad de su crédito 6) Finalmente, los acreedores subordinados solamente cobran si existe un remanente después de satisfechos: los créditos preferentes de los artículos 244, 241 y 240 los créditos de los acreedores con superprivilegio laboral los créditos del resto de los acreedores con privilegio general los créditos de los acreedores quirografarios I.- Acreedores del Art. 244 de la LCQ: El Art. 244 de la LCQ establece que, antes de pagar los créditos de los acreedores con privilegio especial, debe descontarse del monto de los mismos los importes correspondientes para pagar los gastos de conservación y de justicia realizados respecto de los bienes sobre los cuales recae el privilegio especial (Art. 244 LCQ) II.- Acreedores con privilegio especial Los créditos con privilegios especiales se encuentran enumerados taxativamente en el Art. 241 de la LCQ, que consta de 6 incisos: 1) El inc. 1ero: 1.a) enumera a los gastos hechos por cuenta del concursado para la construcción, mejora o conservación de una
cosa 1.b) que tienen su asiento en la cosa construida, mejorada o conservada, siempre y cuando la cosa exista en poder del concursado 1.c) y es así que, por Ej., pueden ser acreedores con privilegio especial en los términos de este inciso el mecánico que repara un auto o el albañil que construye una habitación dentro de la casa 2) El inc. 2do: 2.a) enumera a los créditos laboral, que son los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por el tiempo de 6 meses anteriores a la quiebra o al concurso, por indemnizaciones por accidentes de trabajo, antigüedad y falta de preaviso, y por fondo de desempleo 2.b) y tienen su asiento en el producido de la enajenación de las mercaderías, materias primas y maquinarias que, siendo de propiedad del empleador fallido, se hallan en el establecimiento donde el trabajador presta sus servicios 3) El inc. 3ero: 3.a) enumera a los impuestos y a las tasas que se apliquen a determinados bienes, como es el caso del impuesto inmobiliario, de la tasa general de inmuebles o del impuesto automotor 3.b) y tienen su asiento en los bienes sobre los cuales se aplican los impuestos y las tasas, como es el caso de un inmueble o de un automóvil 3.c) aclarando que los impuestos y las tasas deben haberse devengado antes de la quiebra, puesto que los impuestos y las tasas devengadas con posterioridad a la quiebra son gastos de conservación y de justicia 4) El inc. 4to: 4.a) enumera a los créditos garantizados con hipoteca, prenda y warrant, y los créditos correspondientes a debentures y obligaciones negociables con garantía especial o flotante 4.b) y tienen su asiento en los bienes gravados 5) El inc. 5to: 5.a) enumera a lo adeudado al retenedor por razón de la cosa retenida a la fecha de la sentencia de quiebra 5.b) y tienen su asiento en el bien retenido 6) El inc. 6to enumera a los privilegios especiales establecidos en la ley de la navegación, en el Código Aeronáutico, en la ley de entidades financieras y en la ley de seguros El privilegio especial, en principio, solamente puede hacerse valer sobre el bien que constituye su asiento, pero: a) si el bien desaparece sin ser reemplazado por otro bien, como es el caso de un precio o de una indemnización, el privilegio no puede ejercerse y el crédito respectivo se convierte en quirografario, salvo que se trate de un crédito laboral con privilegio general en los términos del inc. 1ero del Art. 246 de la LCQ b) si el bien es reemplazado por otro bien, como es el caso de un precio o de una indemnización, el privilegio se ejerce sobre el bien sustituto, tal como sucede, por Ej., cuando el asegurador le paga al fallido la indemnización por la destrucción de la cosa mueble sobre la cual recaía la garantía prendaria c) si el producto de la realización del bien asiento del privilegio, o, en su caso, del bien sustituto, es insuficiente para cubrir totalmente un crédito privilegiado, la parte insatisfecha del crédito concurre como acreencia quirografaria, salvo que se trate de un crédito laboral con privilegio general en los términos del inc. 1ero del Art. 246 de la LCQ (Arts. 241 y 245 LCQ) III.- Acreedores del Art. 240 de la LCQ: El Art. 240 de la LCQ establece que los gastos de conservación y justicia son los créditos causados en el trámite del concurso, y en la conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado, algunos de los cuales se encuentran enumerados a lo largo de los distintos artículos de la LCQ, entre los que podemos citar, por Ej., los honorarios de los funcionarios que intervienen en el proceso, los créditos provenientes de los contratos celebrados por el síndico sobre bienes desapoderados, y los créditos resultantes de la continuación de la exploración de la empresa (Art. 240 LCQ) IV.- Acreedores con privilegio general Los créditos con privilegios generales se encuentran enumerados taxativamente en el Art. 246 de la LCQ, que consta de 5 incisos: 1) El inc. 1ero enumera los créditos privilegiados laborales que comprenden a: los créditos por remuneraciones y subsidios familiares debidos al trabajador por hasta 6 meses los créditos por indemnizaciones de accidente de trabajo, antigüedad y falta de preaviso los créditos por vacaciones y por SAC los créditos por fondo de desempleo y a cualquier otro crédito derivado de la relación laboral incluyendo, además, a los intereses devengados por los créditos laborales a partir de la mora y hasta la fecha de la quiebra que no exceden de 2 años, y, en su caso, las costas judiciales
motivo por el cual, puede afirmarse que los créditos laborales amparados por privilegio general, conforme a lo establecido en inc. 1ero del Art. 246 de la LCQ, son, en definitiva, todos los créditos laborales, con excepción de los créditos por remuneraciones y subsidios familiares debidos al trabajador por más de 6 meses, y los intereses devengados por los créditos laborales a partir de la mora y hasta la fecha de la quiebra que excedan de 2 años (Art. 183 LCQ) 2) El inc. 2do enumera al capital por prestaciones adeudadas a organismos de los sistemas nacional, provincial o municipal de seguridad social, de subsidios familiares y de fondos de desempleo 3) El inc. 3ero, que solamente se aplica cuando el fallido es una persona física, enumera: a los gastos funerarios del deudor, en cuyo caso el acreedor puede ser la empresa que hace el entierro o el 3ero que hace el pago a los gastos de enfermedad durante los últimos 6 meses de vida, en cuyo caso el acreedor puede ser, por Ej., un médico o un farmacéutico a los gastos de necesidad en alojamiento, alimentación y vestimenta del deudor y de su familia durante los 6 meses anteriores a la presentación en concurso preventivo o a la declaración de la quiebra, en cuyo caso el acreedor puede ser, por Ej., un hotelero, un almacenero o un tendero 4) El inc. 4to enumera al capital por impuestos y tasas devengados antes del concurso o de la quiebra a favor del fisco nacional, provincial o municipal, siempre y cuando no recaigan sobre bienes determinados, puesto que, en tal caso, el crédito tiene privilegio especial 5) El inc. 5to enumera al capital por facturas de crédito aceptadas por hasta $ 20.000 por cada vendedor o por cada locador, en cuyo caso el acreedor es el librador de la factura de crédito Los créditos con privilegios generales pueden ser clasificados en 2 grandes grupos, que son: a) el de los trabajadores que detentan el denominado superprivilegio laboral, a los que alude el 1er párrafo del Art. 247 de la LCQ, que tienen mayor rango que los demás acreedores privilegiados generales, puesto que cobran con preferencia a éstos, y, además, sobre la totalidad del producto de la liquidación del activo falencial después de satisfechos los créditos preferentes de los artículos 244, 241 y 240 b) el de los trabajadores que no detentan el denominado superprivilegio laboral, que son los demás acreedores con privilegio general enumerados en el Art. 246 de la LCQ, que cobran con el 50 % del producto de la liquidación del activo falencial después de satisfechos los créditos preferentes de los artículos 244, 241, 240 y 1er párrafo del Art. 247, y, sobre el otro 50 % del producto de la liquidación del activo falencial, concurren a prorrata: los acreedores con privilegio general que no detentan superprivilegio laboral por los saldos impagos y los acreedores quirografarios por la totalidad de su crédito Ahora bien: a) un sector doctrinario mayoritario, dentro del cual se enmarcan, por Ej., Rouillón y Martorell, sostiene que el denominado superprivilegio laboral comprende a todos los créditos laborales enumerados en el inc. 1ero del Art. 246 de la LCQ, fundándose en el Art. 183 de la LCQ, que no efectúa distinción alguna dentro de los mismos b) un sector doctrinario minoritario, dentro del cual se enmarca la cátedra, sostiene que el denominado superprivilegio laboral comprende solamente “al capital emergente de sueldos, salarios y remuneraciones mencionados en el inc. 1ero del Art. 246 de la LCQ”, fundándose en la interpretación literal del 1er párrafo del Art. 247 de la LCQ, y, fundamentalmente, teniendo en cuenta el principio de excepcionalidad (Arts. 246 y 247 LCQ) V.- Acreedores quirografarios: Los créditos quirografarios o comunes, por exclusión, son todos aquellos que no detentan un privilegio especial o general, aclarando que, por aplicación del principio de excepcionalidad, en caso de duda, debe estarse debe estarse en contra de la existencia del privilegio (Art. 248 LCQ) VI.- Acreedores subordinados: Los créditos subordinados surgen cuando el acreedor subordinado goza de menos derechos para el cobro de su crédito que el acreedor superior con respecto a un deudor común a ambos a acreedores: a) por un lado, la subordinación puede ser general, que se da cuando el acreedor subordinado queda en inferioridad de condiciones con respecto a cualquier otro acreedor del fallido de la misma especie, o especial, que se da cuando el acreedor subordinado queda en inferioridad de condiciones con respecto a determinados acreedores superiores del fallido de la misma especie b) por otro lado, la subordinación puede ser convencional, si surge de un acuerdo al que arriban el deudor y el acreedor, o legal, si surge de la ley, tal como sucede, por Ej., cuando el Art. 4 de la LCQ establece que, en el ámbito extranjero, se aplica el principio de preferencia local, según el cual, si existe pluralidad de concursos, es decir, si se declara la quiebra en el extranjero y en el país, los acreedores cuyos créditos son pagaderos en el extranjero solamente pueden hacer valer sus pretensiones en el concurso declarado en el país sobre el eventual saldo resultante del mismo (Art. 250 LCQ) 6.b) Preferencia temporal: La preferencia temporal apunta al momento en que se percibe el monto del crédito respectivo:
a) los créditos con garantías reales pueden cobrarse con anticipación por vía del concurso especial del Art. 209 de la LCQ b) los créditos laborales pueden cobrarse con anticipación por vía del mecanismo del pronto pago laboral del Art. 183 de la LCQ c) el acreedor del Art. 240 de la LCQ, sin tener que verificar su crédito, y bastando solamente la solicitud del cobro al síndico, o, en caso de negativa, al juez del concurso, puede reclamar el cobro de su crédito a partir de su exigibilidad, sin tener que esperar al proyecto de distribución en la quiebra, ni al vencimiento de las prestaciones concordatarias en el acuerdo preventivo (Arts. 126, 183, 209 y 240 LCQ) 7) Extensión El privilegio, en principio, solamente recae sobre el capital del crédito, y no sobre sus accesorios, tales como intereses, gastos, multas y costas, pero, excepcionalmente, el Art. 242 de la LCQ establece que: a) en el caso de los privilegios especiales laborales del inc. 2do del Art. 241 de la LCQ, el privilegio se extiende también intereses hasta por 2incurre años, en devengados a partiral de la de mora empleador yy antes de lasequiebra, decir queasi,lospor Ej., el empleador mora en cuanto pago unadel remuneración la quiebra produceesa los 4 años, durante los 2 1eros años, los intereses son privilegiados, y, durante los 2 últimos años, los intereses son quirografarios b) en el caso de los privilegios especiales del inc. 4to del Art. 241 de la LCQ, el privilegio se extiende también: b.1) a las costas b.2) a los intereses por 2 años anteriores a la quiebra b.3) y, finalmente, hasta el límite del producido del bien, a los intereses compensatorios posteriores a ella hasta el efectivo pago c) en el caso de los privilegios especiales del inc. 6to del Art. 241 de la LCQ, el privilegio se extiende también a los accesorios que dispongan las leyes respectivas Y, además, en los términos del 2do párrafo del Art. 228 de la LCQ, cuando el capital de todos los créditos verificados es satisfecho íntegramente, con el remanente se deben pagar los intereses suspendidos, y, ese pago, también se hace considerando los privilegios (Arts. 242 y 228 LCQ) 8) Concurrencia dentro de las categorías o clases Cuando distintos privilegios especiales concurren sobre el producido de un mismo bien, que constituye el asiento común de tales privilegios: a) si se trata de privilegios especiales de distintos incisos del Art. 241 de la LCQ, se debe respetar el orden de los mismos, con la sola excepción del privilegio del retenedor, que, en principio, está en el inc. 5to, pero, sin embargo, pasa al 1er lugar si la retención comenzó a ejercerse antes del nacimiento del otro crédito privilegiado, consagrando, de esta manera, la regla “1ero en el tiempo, mejor derecho de cobro”, acogida por el Código Civil, tras la reforma introducida por la ley 17.711 en el año 1968 b) si se trata de privilegios especiales del mismo inciso del Art. 241 de la LCQ, los acreedores deben cobrar a prorrata c) aclarando que, como excepción a las 2 reglas precedentes, si se trata de los privilegios especiales de los incisos 4 y 6 del Art. 241 de la LCQ, los acreedores deben cobrar en la forma establecida por las respectivas leyes que los rigen, y es así que, por Ej., entre 2 acreedores hipotecarios sobre el mismo inmueble, la concurrencia se rige por el grado de la hipoteca de cada uno, de manera tal que la hipoteca de 1er grado tiene preferencia sobre la de 2do grado Los restantes acreedores, es decir, los del Art. 244, los del Art. 240, los acreedores con privilegio general, con o sin superprivilegio laboral, los acreedores quirografarios y los acreedores subordinados, concurren entre ellos, y dentro de sus respectivas categorías, según la regla del prorrateo, que establece que si el producto repartible dentro de la categoría es insuficiente para pagar la totalidad de los montos concurrentes en la misma, éste se reparte proporcionalmente, de manera tal que cada acreedor experimente el mismo porcentaje de pérdida, para lo cual debe dividirse debe dividirse el producto repartible por la suma total de los créditos con derecho de concurrencia sobre el mismo, y es así que, por Ej., producto repartible $ 2.000, dividido suma de créditos concurrentes $ 4.000, arroja un resultado de 0,5, con lo cual el porcentaje de percepción de cada crédito será la mitad de los respectivos importes de cada uno (Arts. 243, 240 y 249 LCQ)
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LOSCONCURSOS 1) Enumeración: En el proceso concursal, además del juez, del concursado y de los acreedores, intervienen algunos funcionarios, que son el síndico, los coadministradores en la continuación de la explotación de la empresa, los enajenadores y los evaluadores (Art. 251 LCQ)
2) Indelegabilidad de funciones: Los funcionarios del concurso: a) no pueden delegar sus funciones en 3eras personas b) sustituyen a los acreedores y al deudor, salvo en todo aquello para lo cual la misma ley les reconoce a éstos la posibilidad de actuar personalmente, por Ej., permitiéndoles efectuar impugnaciones u observaciones al informe general, pudiendo, además, hacer denuncias sobre la actuación de los funcionarios (Art. 252 LCQ) 3) Síndico 3.a) Designación Las cámaras de apelaciones que son tribunal de alzada de los juzgados concursales, deben conformar, cada 4 años, listas de síndicos: a) para los juzgados concursales cuya competencia se extienda sobre un territorio poblado por más de 200.000 habitantes, deben conformarse 2 clases de listas de síndicos: a.1) una lista integrada por personas individuales, que es la categoría B a.2) una lista integrada por estudios de contadores, que es la categoría A b) para los juzgados concursales cuya competencia se extienda sobre un territorio poblado por menos de 200.000 habitantes, pueden conformarse sólo listas integradas por personas individuales, es decir, sólo listas de categoría B La LCQ establece requisitos para integrar las listas de síndicos y requisitos para asignar preferencia o prioridad a los síndicos: a) para integrar las listas de síndicos: a.1) en el caso de listas de categoría B, que son las integradas por personas individuales, se requiere ser profesional universitario con el título de contador, y tener 5 años de antigüedad en la matrícula a.2) en el caso de listas de categoría A, que son las integradas por estudios de contadores, se requiere que todos los síndicos sean profesionales universitarios con el título de contador, y que la mayoría de ellos tengan 5 años de antigüedad en la matrícula b) para asignar preferencia o prioridad a los síndicos se analizan: b.1) los antecedentes profesionales b.2) los antecedentes académicos b.3) la anterior experiencia en el ejercicio de sindicaturas concursales b.4) y el título universitario de posgrado de especialización en sindicatura concursal b.5) aclarando que de los 4 elementos señalados, el último es el más importante, puesto que la ley establece que los 3 1eros deben ser tenidos en cuenta, y el 4to otorga prioridad A la hora de designar al síndico que debe intervenir en un proceso concursal determinado: a) en 1er lugar, el juez concursal, si en su juzgado existen listas de síndicos de ambas categorías, cuando declara la apertura del concurso preventivo o la quiebra, debe decidir si debe actuar un síndico de la categoría A o un síndico de la categoría B, mediante una resolución inapelable, que debe tener en cuenta la complejidad y la magnitud del concurso en cuestión, y, en consecuencia, por lo general, se designan síndicos de categoría B para los concursos y quiebras encuadrables en el Art. 288 de la LCQ, y síndicos de categoría A para los concursos y quiebras no encuadrables en el Art. 288 de la LCQ b) en 2do lugar, se efectúa un sorteo público dentro de la lista vigente del juzgado respectivo, que será, según el caso, de la categoría A o B, y, en tal caso, el designado sale de la lista hasta que sean designados todos los demás síndicos de la lista, luego de lo cual comienza nuevamente el sorteo entre el número completo de integrantes de la lista, aclarando que, a tales fines, se llevan cómputos separados de concursos preventivos y de quiebras Las
de síndicos cuentan con síndicos titulares y con síndicos suplentes, y, estos, reemplazan a aquéllos: a) listas transitoriamente, cuando median licencias, recusaciones o excusaciones b) definitivamente, cuando media una vacante definitiva El síndico del concurso preventivo, en principio, continúa siendo síndico en la quiebra indirecta, sin que sea necesario que medie una nueva designación o que el juez lo confirme en su cargo, pero, excepcionalmente, no continúa siendo síndico en la quiebra indirecta declarada por incumplimiento del acuerdo preventivo, siendo necesario que medie una nueva designación El juez, teniendo en cuenta la complejidad y la magnitud del concurso en cuestión, mediante una resolución inapelable por aplicación de la regla genérica del inc. 3ero del Art. 273 de la LCQ: a) puede designar más de un síndico para el mismo proceso concursal, y, en tal caso, debe establecer el régimen de coordinación de la sindicatura plural, reglamentando, por Ej., las funciones, las responsabilidades y las retribuciones de cada síndico b) puede incorporar, de manera sobreviniente a la designación inicial, más síndicos A o B (Art. 253 LCQ) 3.b) Funciones: Las funciones del síndico están enumeradas a lo largo de la LCQ:
a) en el concurso preventivo, el síndico actúa hasta que se homologa el acuerdo preventivo y se toman y ejecutan las medidas tendientes a su cumplimiento, e, incluso, si se trata de un pequeño concurso preventivo, el síndico continúa actuando también después, controlando el cumplimiento del acuerdo, en caso de no haberse constituido el comité de acreedores al efecto b) en la quiebra, el síndico actúa en todas sus etapas, incluida la de liquidación (Art. 254 LCQ) 3.c) Irrenunciabilidad: El síndico, o, en su caso, el estudio de contadores, no puede renunciar a las designaciones que le correspondan, salvo que medie una causa grave que impida su desempeño, y, en tal caso, la aceptación de la renuncia debe ser decidida por la cámara de apelaciones, puesto que, por un lado, ella es quien conforma las listas de síndicos, y, por otro lado, la renuncia se extiende a todas las sindicaturas que está desempeñando el renunciante: a) la cámara de apelaciones debe juzgar las renuncias con criterio restrictivo b) el renunciante debe seguir en sus funciones hasta que su reemplazante acepte el cargo (Art. 255 LCQ) 3.d) Sanciones: Las sanciones deben ser proporcionales a la conducta que se reprocha, a la entidad de las consecuencias yapercibimiento, a los antecedentes y, por tal motivo, caso concreto, pueden consistir que esdellaautor, sanción mínima, en una según multa,las quecircunstancias es la sancióndel intermedia, o en la remoción, que en es un la sanción máxima: a) las sanciones son dispuestas por el juez en virtud de resoluciones apelables por el síndico b) el monto de la multa no puede superar el monto de la remuneración mensual del juez de 1era instancia c) la remoción del síndico: c.1) solamente procede en los casos de negligencia, falta grave o mal desempeño de sus funciones c.2) causa la inhabilitación para desempeñar el cargo de síndico durante un plazo no inferior a 4 años y no superior a 10 años que fija el juez en la resolución respectiva c.3) puede estar acompañada de una reducción porcentual de los honorarios correspondientes (Art. 255 LCQ) 3.e) Licencias: Las licencias: a) se conceden por motivos que impiden temporariamente el ejercicio del cargo b) no pueden otorgarse por un plazo superior a 2 meses por año aniversario c) son otorgadas o denegadas por el juez, y, en caso de denegación, cabe el recurso de apelación (Art. 255 LCQ) 3.f) Recusación y excusación La LCQ, en materia de recusaciones y excusaciones, contempla 2 situaciones diferentes, que son: a) la causal de excusación o recusación con relación al concursado, en cuyo caso el síndico resulta desplazado definitivamente del concurso en cuestión, y debe designarse un nuevo síndico b) la causal de excusación o recusación con relación a algún 3ero que pretende derechos en el concurso, en cuyo caso el síndico resulta desplazado solamente para dictaminar sobre las pretensiones del 3ero con quien cabe la causal de excusación o de recusación, y debe designarse un síndico ad hoc para que solamente dictamine sobre tales pretensiones Las causales de excusación y de recusación de los síndicos son las mismas causales de excusación y de recusación de los jueces, para lo cual hay que remitirse a las leyes procesales del lugar del juicio de concursal, entre las que encontramos, por Ej., el parentesco, la amistad íntima, la enemistad y el prejuzgamiento La omisión del síndico de excusarse dentro de los 5 días posteriores a su designación o a la aparición de la causal es falta grave, y, por lo tanto, puede dar lugar a las sanciones previstas en el Art. 255 de la LCQ (Art. 256 LCQ) 3.g) Actuación personal: El síndico debe actuar personalmente: a) cuando la sindicatura desempeñada un estudio de contadores, la efectiva es asumida por una varias personas físicas, esque deben ser por individualizadas expresamente en cadaactuación concurso, no pudiendo sero reemplazadas por otros integrantes del mismo estudio, salvo que medie una autorización judicial que solamente debe concederse si media causa justificada: b) el deber de actuación personal, que se condice con la regla de la indelegabilidad aplicable a todos los funcionarios del concurso, no impide que el síndico: b.1) en 1er lugar, pueda pedirle autorización al juez para contratar empleados cuando las circunstancias del caso lo justifique, y, en tal caso, la autorización judicial debe ser fundada, indicando expresamente de: el tiempo de desempeño el número de empleados a contratar las retribuciones que se autoriza a pagar con cargo al concurso, y, por lo tanto, las retribuciones que se prometan en exceso del monto permitido por el juez están a cargo de la sindicatura b.2) en 2do lugar, pueda contratar la prestación de asesoramiento profesional en materia que exceda de su formación profesional b.3) y, en 3er lugar, pueda actuar con patrocinio letrado, es decir, con firma de abogado en los escritos judiciales
(Arts. 257, 258 y 263 LCQ) 4) Coadministradores: El juez de la quiebra, al dictar la resolución que acepta la continuación de la explotación de la empresa, puede designar a uno o más coadministradores, que deben ser personas que obtuvieron el título universitario en administración de empresas o personas especializadas en el ramo de la empresa cuya explotación continúa, y que pueden ser removidos en los mismos términos que los síndicos (Art. 259 LCQ) 5) Enajenadores: La LCQ establece que el síndico es, en la quiebra, el liquidador, pero, en realidad, el síndico se encarga de impulsar y de supervisar la venta de los bienes, que, en sentido estricto, es llevada a cabo por el enajenador: a) el enajenador es designado por el juez, teniendo en consideración la índole de los bienes a enajenar y el modo elegido para enajenarlos, de manera tal que según se decida acudir, por Ej., a la licitación, a la subasta, a la venta directa o a la venta en mercados de valores, se designará al enajenador apropiado, que, en los términos del Art. 261 de la LCQ, puede ser un martillero, un banco comercial, un banco de inversión, un intermediario profesional en la enajenación de empresas o cualquier entidad calificada o especializada, y es así que, por Ej., si se trata de vender obras de arte y libros muy antiguos puede designarse a alguien especializado en ese ramo aunque no sea un martillero matriculado b) el enajenador cobra su comisión de los adquirentes de los bienes enajenados, y no del concurso, y, por lo tanto, la remuneración del enajenador no disminuye en monto alguno el activo falencial c) el enajenador puede realizar 2 tipos de gastos, que son: c.1) por un lado, los gastos impuestos por la LCQ, los gastos que sean de costumbre y los gastos autorizados por el juez antes de la enajenación, que están a cargo del adquirente de los bienes enajenados, si así lo dispone el juez y se publicitan expresa y adecuadamente como condición de la enajenación, y están a cargo del concurso como gastos de conservación y de justicia, en los términos del Art. 240 de la LCQ, en caso contrario c.2) por otro lado, los restantes gastos, que están a cargo del enajenador (Art. 261 LCQ) 6) Evaluadores: Los evaluadores son designados en los concursos preventivos en los cuales se abre el período de salvataje del Art. 48 de la LCQ, y, a tales fines, la cámara de apelaciones respectiva debe conformar, cada 4 años, listas de evaluadores, que pueden ser bancos de inversión, entidades financieras autorizadas por el BCRA, o estudios de auditoría con más de 10 años de antigüedad: a) si existe lista de evaluadores, el juez elige no entre todos los inscriptos en la lista, sino entre 3 evaluadores propuestos por el comité de acreedores b) si no existe lista de evaluadores, el juez elige no entre todos las personas que reúnan los requisitos para ser evaluadores, sino entre 2 o más evaluadores propuestos por el comité de acreedores c) sin perjuicio de que, si no existe un comité de acreedores, que es lo más normal, el evaluador será designado directamente por el juez, entre los inscriptos en la lista, si la hay, o entre cualquier persona que reúna los requisitos para ser evaluadores, en caso contrario (Art. 262 LCQ)
REGLAS PROCESALES 1) Reglas procesales genéricas El Art. 273 de la LCQ establece, en varios incisos, las siguientes reglas procesales genéricas que se aplican a todo el proceso concursal y a sus incidentes, salvo que medie una disposición expresa en contrario: 1) Los términos son perentorios y se consideran de 5 días, salvo que se prevea un plazo distinto, aclarando que la perentoriedad de los plazos implica que el acto no cumplido en término no puede ser cumplido después 2) plazos se computan exclusivamente los se días hábiles salvo que se prevea lo contrario 3) Los Las resoluciones son inapelables, salvo que prevea quejudiciales, son apelables 4) Las resoluciones que son apelables, salvo que se prevea lo contrario, lo son en relación y con efecto suspensivo 5) La citación a las partes se efectúa por cédula y las restantes notificaciones son automáticas 6) El domicilio procesal constituido en el expediente principal vale también para los incidentes, y, cuando alguien obligado a comparecer no constituye domicilio procesal, o lo hace en edificio inexistente o que después desaparece, se tiene por constituido su domicilio en los estrados del tribunal, lo cual significa que las notificaciones serán en todos los casos automáticas o por nota 7) El expediente del concurso no debe remitirse a un juzgado distinto del de su tramitación, aunque, en caso de ser imprescindible para la resolución de una causa penal, el expediente del concurso puede remitirse por un término no superior a 5 días 8) Los trámites que sean imprescindibles para proteger la integridad del patrimonio del deudor, deben ser efectuados sin necesidad del previo pago de aranceles, tasas y otros gastos, sin perjuicio de que los ingresos omitidos deban ser considerados como gastos de conservación y de justicia, en los términos del Art. 240 de la
LCQ, y es así que, por Ej., quedan diferidos los gastos que acarrea la publicación de edictos, aclarando que esta disposición se aplica a la quiebra, y no al concurso preventivo, de manera tal que, en este último, el concursado debe proveer los fondos para la realización de estos gastos 9) La carga de la prueba en cuestiones contradictorias se rige por las normas comunes 10) El juez debe hacer cumplir los plazos legales, y, la prolongación injustificada del trámite, puede ser considerada mal desempeño de su cargo El Art. 278 de la LCQ establece que el proceso concursal, en todo lo que no esté expresamente dispuesto por la LCQ, se rige por las leyes procesales del lugar del juicio que sean compatibles con su rapidez y con su economía, y es así que, por Ej., la jurisprudencia mayoritaria entiende que en el proceso concursal debe aplicarse el plazo de gracia, previsto en los distintos códigos procesales civiles y comerciales, a nivel nacional y a nivel provincial, puesto que tal circunstancia no afecta seriamente a la rapidez del proceso concursal (Arts. 273 y 278 LCQ) 2) El juez: El juez es el director del proceso, y, por lo tanto, detenta poderes oficiosos, pudiendo dictar todas las medidas de impulso de la causa y de investigación que estime necesarias, y es así que, por Ej.: a) el fallido debe comparecer cada vez que sea citado por el juez, y, si no comparece, puede utilizarse la fuerza pública a tales fines, pero no hay que olvidarse que, conforme a lo establecido por el Art. 18 de la Constitución Nacional, “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”, y, en consecuencia, si bien el fallido está obligado a comparecer, no está obligado a declarar b) el juez puede disponer la presentación de documentos que el concursado o 3eros tengan en su poder cuando estimen que sean necesarios para poder comprender adecuadamente la situación fáctica y jurídica que es llevada a su conocimiento c) el juez, en la verificación de créditos, puede no verificar aunque no hayan mediado impugnaciones u observaciones y el síndico haya dictaminado favorablemente en el informe individual (Art. 274 LCQ) 3) El síndico: El síndico tiene numerosas y diferentes funciones en el concurso preventivo y en la quiebra, y en las distintas etapas de dichos procesos colectivos, y, para el desempeño de tales funciones, esta investido de ciertas facultades enunciadas a lo largo de toda la LCQ, y tiene que cumplir ciertos deberes enunciados a lo largo de toda la LCQ, encargándose el Art. 275 de la LCQ de enumerar algunos ejemplos de facultades y deberes (Art. 275 LCQ) 4) El ministerio fiscal La intervención del ministerio fiscal, tanto en el concurso preventivo como en la quiebra, es excepcional: a) en el concurso preventivo, el ministerio fiscal solamente interviene cuando se le corre vista, en la alzada, en el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el juez en el incidente de impugnación del acuerdo preventivo aprobado por los acreedores, cualquier que sea el resultado de dicha impugnación b) en la quiebra, el ministerio fiscal solamente interviene cuando se le corre vista, en la alzada, en todos los recursos en los cuales tiene participación el síndico El deber funcional del ministerio fiscal consiste en emitir un dictamen, fundado y no vinculante para el juez, sobre la procedencia o improcedencia de los recursos de los cuales se le corre vista (Art. 276 LCQ) 5) Perención de instancia: En materia de caducidad procesal, es preciso distinguir 3 situaciones diferentes: a) el concurso en sí, una vez abierto, no caduca, de manera tal que el concurso preventivo y la quiebra, una vez dictadas las respectivas sentencias de apertura, pueden concluir por diversos modos previstos en la LCQ, pero no por caducidad procesal o perención de instancia b) los procedimientos previos a la apertura concursal, como es el caso del pedido de quiebra formulado por el acreedor, según la jurisprudencia mayoritaria, pueden concluir por caducidad preconcursal c) las restantes actuaciones que no son estadios procesales del concurso en sí, como es el caso de incidentes y de recursos, caducan a los 3 meses, o, en su caso, al vencimiento del plazo específico establecido por la LCQ, y es así que, por Ej., caducan a los 6 meses: c.1) la acción de ineficacia por conocimiento de la cesación de pagos del Art. 119 de la LCQ c.2) la acción para peticionar la extensión de la quiebra del Art. 164 de la LCQ c.3) las acciones de recomposición del patrimonio del fallido previstas en los 2 párrafos del Art. 173 de la LCQ (Art. 277 LCQ) 6) Legajo de copias: El secretario, bajo apercibimiento de incurrir en falta grave, debe llevar un legajo de copias: a) que es un expediente paralelo al principal, en el que se anexan los duplicados de todas las actuaciones anexadas al expediente srcinal b) que está destinado a posibilitar la consulta pública de las constancias del proceso en todo momento, con el fin de salvaguardar las actuaciones srcinales (Art. 279 LCQ)
INCIDENTES
1) Aplicación: El incidente es un procedimiento especial abreviado, con posibilidades de audiencia y de prueba, que se aplica a todas las cuestiones relacionadas con el objeto principal del concurso y que no tienen un trámite específico distinto regulado en la misma ley concursal, tal como sucede, por Ej., con el recurso de resposición con trámite y con las impugnaciones del acuerdo preventivo aprobado por los acreedores (Art. 280 LCQ) 2) Trámite: El trámite incidental es el siguiente: 1) En 1er lugar, debe interponerse la demanda incidental, y, en tal oportunidad, debe ofrecerse toda la prueba, acompañando todos los documentos probatorios que se tengan a disposición al momento de demandar 2) En 2do lugar, el juez debe efectuar un juicio preliminar de admisibilidad formal de la petición esgrimida por el demandante: 2.a) Si estima que la petición es manifiestamente improcedente, debe rechazarla in limine, en virtud de una resolución apelable con efecto devolutivo 2.b) Si estima que la petición es procedente, o si así lo estima la cámara de apelaciones tras haber prosperado el recurso interpuesto contra la desestimación liminar de la demanda incidental, debe correr traslado al demandado, por 10 días hábiles judiciales y por cédula, para que conteste la demanda incidental 3) En 3er lugar, debe contestarse la demanda incidental, y, en tal oportunidad, debe ofrecerse toda la prueba, acompañando todos los documentos probatorios que se tengan a disposición al momento de contestar la demanda incidental 4) En 4to lugar, debe producirse la prueba, y, en tal oportunidad, se le otorgan amplias facultades al juez, quien: 4.a) Puede establecer un plazo más breve al período probatorio, en el sentido que, en principio, la prueba debe producirse dentro de los 20 días hábiles judicial posteriores al momento que el juez señale, pero, sin embargo, el juez puede disponer que la prueba se produzca en un plazo menor 4.b) Puede dictar resolución antes del vencimiento del período probatorio, aun cuando no se haya producido toda la prueba, si estima que no es necesario que se produzca la restante 5) En 5to lugar, debe dictarse la resolución judicial que pone fin al incidente, la cual, sea favorable o desfavorable a la pretensión del demandante, es apelable, por quienes fueron parte en el incidente, en relación y con efecto suspensivo, por aplicación de la regla procesal genérica del inc. 4to del Art. 273 de la LCQ (Arts. 281, 282 y 285 LCQ) 3) Prueba pericial: En el trámite incidental, pueden intervenir, según las diversas circunstancias del caso, un perito o 3 peritos: a) si el juez designa a un perito, y las partes lo consienten, la prueba pericial es practicada por el mismo b) si el juez designa a 3 peritos, debe aclarar cuál es el 1ero de ellos, puesto que: b.1) si las partes aceptan a los peritos, la prueba pericial es practicada por los mismos b.2) si las partes lo desean, pueden sustituir a los 2 peritos restantes por otros 2 peritos propuestos conjuntamente dentro de los 2 días posteriores a la designación de los peritos, y, en tal caso, la prueba pericial es practicada por el 1er perito y por los 2 peritos propuestos por las partes (Art. 283 LCQ) 4) Prueba testimonial: En el trámite incidental, por razones de economía y de celeridad procesales, en principio, no se admiten más de 5 testigos por cada parte, pero, excepcionalmente, cuando la complejidad de la causa o de los hechos controvertidos lo justifique, la parte puede ofrecer más de 5 testigos, y, en tal caso, el juez debe aceptar o denegar la ampliación, en virtud del dictado de una resolución inapelable, y, si la deniega, solamente pueden testimoniar los 5 testigos ofrecidos en 1er término (Art. 284 LCQ) 5) Apelación: El Art. 285 de la LCQ establece que solamente es apelable la resolución judicial que pone fin al incidente, ycon el Art. 281devolutivo, de la LCQyestablece quecualquier la resolución que dictada rechaza durante liminarmente la demanda incidental es apelable efecto es así que otra judicial resolución el trámite incidental es inapelable, sin perjuicio de que la parte agraviada puede solicitar al tribunal de alzada que la revoque, postulando ello dentro del recurso de apelación contra la sentencia que pone fin al incidente respectivo (Art. 285 LCQ) 6) Simultaneidad de incidentes: Los incidentes de causa común y conocimiento contemporáneo deben ser planteados y resueltos conjuntamente, debiéndose desestimar in liminelos incidentes promovidos con posterioridad, todo lo cual se fundamenta en razones de economía y de celeridad procesales (Art. 285 LCQ)
PEQUEÑOS CONCURSOS Y QUIEBRAS 1) Concepto El Art. 288 de la LCQ establece que el pequeño concurso es aquél que reúne, al menos, una de las siguientes circunstancias: a) que el pasivo denunciado sea inferior a $ 100.000 b) que el proceso no presenta más de 20 acreedores quirografarios
c) que el deudor no posea más de 20 trabajadores en relación de dependencia La decisión judicial de encuadramiento del proceso respectivo entre los pequeños concursos se hace al dictarse la resolución del Art. 14 de la LCQ, si se trata de un pequeño concurso preventivo, o al dictarse la resolución del Art. 88 de la LCQ, si se trata de una pequeña quiebra, pero, sin embargo, dicha decisión puede ser modificada de manera sobreviniente si se advierte que, en realidad, no se da ninguna de las circunstancias enumeradas por el Art. 288 de la LCQ, en cuyo caso el juez, a partir de ese entonces, debe adecuar el proceso a las reglas que rigen los grandes concursos para su aplicación en lo sucesivo (Art. 288 LCQ) 2) Régimen aplicable: Las únicas normas particulares de los pequeños concursos y quiebras, que permiten diferenciarlos del régimen aplicable a los grandes concursos y quiebras, son las siguientes: a) la presentación en concurso preventivo es más simple y más barata, al no ser obligatorios los dictámenes de contador público previstos en los incisos 3 y 5 del Art. 11 de la LCQ b) la constitución de los comités de acreedores es optativa, y no imperativa, y, si no se constituyen, la intervención del síndico no cesa al homologarse el acuerdo preventivo, puesto que, en tal caso, debe controlar el cumplimiento del acuerdo c) no procede nunca el período de salvataje (Art. 289 LCQ)
