Recensión de La cultura del Control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea, de David Garland Gabriel Alonso-Arias 30 de abril de 2010 La cultura del Control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea David Garland Traducción de Máximo Sozzo Editorial Gedisa, Barcelona, 462 páginas Primera edición 2005 Los problemas de criminalidad, desorden y otras amenazas para la seguridad se han convertido en parte central de la vida política, social y cultural de muchas sociedades tardomodernas. Para enfrentarse a ello muchos estados, y especialmente EE.UU. y Gran Bretaña, han adoptado políticas de control del delito más retributivas, tanto en términos cuantitativos (número de encarcelados) como cualitativos (con medidas punitivas como la pena de muerte, la cadena de forzados o el castigo corporal). La cultura del control, del sociólogo David Garland, explora los cambios históricos, sociológicos y legales en el campo del control del delito y la justicia penal en Estados Unidos y Gran Bretaña que han provocado la ruptura con las premisas del complejo penal–welfare —desviación como parte normal de las sociedades de masas, el hincapié en la reforma social como respuesta al delito, las opciones a la cárcel y la rehabilitación, el liderazgo de los expertos—. Las nuevas políticas reniegan de las premisas anteriores y defienden, por un lado, sanciones punitivas y justicia expresiva —“la cárcel funciona”—, y, por otro lado, el control en la vida cotidiana, mediante la prevención y la asociación con otras organizaciones. Este libro se funda en sus dos libros precedentes: Punishment and Welfare (Castigo y bienestar), que describe el ascenso de una forma welfarista de justicia penal en los inicios del siglo XX, y Punishment and Modern Society (Castigo y sociedad moderna), que desarrolla una teoría social del castigo que subraya los elementos culturales y políticos de las instituciones penales ([Garland, 2005]:1314, 69). En cuanto al aparato teórico utilizado en el libro el autor utiliza conceptos de Bourdieu como el de habitus o el de campo social, definiéndose este último en palabras de Wacquant como “(...) un espacio estructurado de posiciones, un 1
campo de fuerza que impone sus determinaciones específicas a todos aquellos que ingresen en el mismo”. En las sociedades avanzadas las diversas esferas de la vida, la economía, etc. forman campos sociales con sus propias reglas, regularidades y formas de autoridad ([Garland, 2005]:338, nota 3). También tiene relevancia la influencia de Foucault, tanto de su obra Vigilar y castigar como del concepto de historia del presente, que Garland entiende desde una preocupación analítica como el intento de “(...) comprender las condiciones históricas de existencia de las que dependen las prácticas contemporáneas, en particular las que parecen más curiosas e inquietantes. La investigación histórica —junto con el análisis sociológico y penológico— es empleada aquí como un medio para descubrir cómo estos fenómenos llegaron a adquirir sus características actuales.” ([Garland, 2005]:33). Este libro se sitúa en el contexto de la crítica a las nuevas criminologías del control social, junto con otros autores que escriben en la revista Punishment and Society y sociólogos como Loïc Wacquant ([Garland, 2005]:17) . En el contexto más amplio relaciona los cambios en el campo del control del delito con los que ocurren en la sociedad que el denomina de la modernidad tardía y que han estudiado otros autores como Castells (sociedad informacional), Giddens (modernidad reflexiva), Beck (sociedad del riesgo) o Bauman (modernidad líquida1 ). A continuación voy a realizar un somero repaso a los capítulos del libro para después pasar a comentar más en detalle algunos temas que me han parecido más importantes y/o interesantes. El primer capítulo del libro presenta los indicadores de cambio en el campo del control social acaecido con el advenimiento de la modernidad tardía, estando desarrollados en los capítulos posteriores. El segundo capítulo explica las características de la justicia penal moderna y el Estado penal–welfare, para desde el conocimiento del sistema dominante hasta finales de los años 70, entender la profundidad de los cambios. El tercer capítulo pasa a describir las razones de la crisis del enfoque penal moderno, mostrando como los críticos y políticos reaccionarios le dieron un vuelco a la política criminal partiendo de la situación de incertidumbre debido a los cambios estructurales de la modernidad tardía —incluyendo el dramático aumento de la criminalidad— y de las críticas de los expertos que querían profundizar el sistema welfarista. En el cuarto capítulo se centra en los cambios entre los dos enfoques crimi1 Bauman
([Bauman, 1997]) describe la sociedad postmoderna de manera muy parecida a Garland, caracterizándola mediante la incertidumbre que crea la desregularización del trabajo, de la Seguridad Social y de las otras de redes de seguridad, como la familia y el vecindario, y que son sustituidas por el mercado. Las provisiones del bienestar se hacen depender de pruebas humillantes cada vez más estrictas porque la sociedad rechaza la responsabilidad colectiva por los riesgos producidos globalmente. No sólo es que no nos podamos permitir el Estado de Bienestar debido a que el número de desempleados inempleables ha aumentado considerablemente, es que no tenemos razón moral para hacerlo. Estos jugadores desempoderados son el producto de residuo y su miseria pasa de ser atendida por medios colectivos a considerarse como crimen individual y ellos como clase peligrosas o criminales para los que las prisiones sustituyen a las marchitas instituciones de bienestar.
2
nológicos y penológicos —del bienestarismo penal a las criminologías del control social— mostrando las transformaciones generales a nivel social para pasar posteriormente a explicitar su impacto en el delito, en las instituciones de bienestar y en el discurso político. Los cambios a nivel político se desarrollan en el quinto capítulo donde se diferencia entre la estrategia de negación y acting out de la criminología del castigo del Estado soberano, que hace hincapié en el aumento del control y el castigo expresivo, de la estrategia de adaptación de la criminología de la vida cotidiana, que se centra en la prevención y la asociación con otras organizaciones. El sexto capítulo plantea las características culturales de las sociedades con inseguridad y altas tasas de delito, e.e., como afecta a todos los niveles sociales —clase media, familia, sector comercial, comunidades— y como influye en las políticas públicas.. Las instituciones de control del delito se tratan en el séptimo capítulo, mostrando como la policía, la justicia penal y la prisión —y junto con ella el ideal de rehabilitación y la libertad condicional— han cambiado en la nueva cultura de control del delito. El autor finaliza resumiendo sus apreciaciones en el capítulo 8, relacionando los cambios en el campo específico del control del delito con los cambios sociales de la modernidad tardía y como las políticas subsiguientes no eran inevitables. Garland destaca que a pesar de la mejoría en la economía, el empleo y las tasas de criminalidad se siguen aplicando las medidas punitivas descritas, que además son muy costosas. En cuanto a la metodología utilizada en este estudio el autor escribe una historia del presente, con una visión estructural de la organización del campo del control del delito y la justicia penal, delimitando “(...) las condiciones sociales de existencia que subyacen al control del delito contemporáneo y una identificación de las reglas de pensamiento y acción que moldean estas políticas y prácticas.” ([Garland, 2005]:65), es decir, analizando el campo como un todo ([Garland, 2005]:62). Ese estructuralismo “débil” sostiene que “la introducción de nuevas racionalidades, prácticas y propósitos en un campo existente tendrá consecuencias para el funcionamiento y el significado de los elementos existentes en ese dominio” y son esas cualidades estructurales las que son objeto fundamental de estudio([Garland, 2005]:66). Respecto a la utilidad de la comparación entre EE.UU. y Gran Bretaña Garland defiende que “si se presta atención al patrón de estas respuestas penales y a los puntos recurrentes de la preocupación pública, el debate político y el desarrollo de las políticas públicas y, si por el momento, suspendemos las cuestiones de tamaño y grado, se hace evidente que existen similitudes importantes en los problemas frente a los cuales responden, aparentemente, los actores de ambos países. Los mismos tipos de riesgos e inseguridades, los mismos problemas percibidos de control social ineficaz, la mismas críticas de la justicia penal tradicional y las mismas ansiedades recurrentes con respecto al cambio social y al orden social ([Garland, 2005]:12). Por otra parte, y desde la publicación de este libro en el año 2001, estos mismos cambios se han ido desarrollando en otros países occidentales, entre ellos, y destacadamente, España. 3
La investigación criminológica en los últimos treinta años apunta a la existencia de tres fenómenos fundamentales2 : un incremento del número de delitos, un incremento proporcionalmente mayor del miedo al delito entre la ciudadanía3 , y un incremento de la población penitenciaria proporcionalmente mayor a los dos anteriores4 . El libro presenta una análisis del cambio en varios campos sociales diferentes a lo largo del tiempo, estudiando la reconfiguración a partir de los años 80 de las respuestas al delito y la justicia penal y, como marco teórico más amplio, la relación con la inseguridad y las estructuras de welfare. ([Garland, 2005]:70). La pregunta crucial de Garland es ¿cómo el modelo del welfarismo penal establecido durante décadas pudo declinar ante el modelo actual de justicia penal tardomoderna? Es un cambio con dimensiones históricas, penológicas y sociológicas. Supone la reversión del patrón histórico desde la «racionalización» y «civilización» hacia los sentimientos punitivos y expresivos, cambiando las instituciones y las prácticas. La justicia y la práctica penal han pasado de un consenso respecto a sus marcos a diversos desarrollos —prisiones privadas, evaluaciones de impacto sobre las víctimas, leyes de notificación a la comunidad, guías para la determinación de las condenas, vigilancia electrónica, castigos en la comunidad, «policía de la calidad de vida», justicia restaurativa— con líneas ideológicas poco claras. En cuanto al cambio a nivel social las nuevas respuestas frente al delito nos indican un nueva estructura de relaciones sociales y sensibilidades culturales que alteran la manera en que pensamos y sentimos este problema ([Garland, 2005]:34 y ss.). Garland sitúa su análisis en el contexto social más amplio. Con el declive del Estado de Bienestar, de sus instituciones y premisas, aparecen diversos programas desde distintos lugares en el campo social que no forman un desarrollo unificado o necesario ([Garland, 2005]:69) pero que dan lugar a un nueva configuración de estructuras y estrategias compuestas por elemento viejos y nuevos, que se influyen mutuamente ([Garland, 2005]:65). El tipo de Estado de bienestar en una país condiciona los modelos posibles de control del delito y la política criminal ([Garland, 2005]:26), ya que, si bien éste 2 “¿Y ahora qué? La criminología y los criminólogos tras el declive del ideal resocializador” en http://www.usc.es/cpoliticas/mod/book/view.php?id=930 3 Según explicábamos en el ensayo sobre las preguntas falaces (primera afirmación): “El miedo al delito está determinado por varios factores individuales y sociales. Los primeros están fundamentalmente relacionados con la vulnerabilidad física. Por otro lado la opinión pública sobre la delincuencia está influida por los medios de comunicación (...). Además diferentes estadísticas que comparan el miedo al delito/inseguridad ciudadana y la delincuencia demuestran que su evolución no guarda relación ([Bordas, 2008], [Serrano Gómez, 2007]. Para las citas exactas consultar el mencionado ensayo). 4 Según explicábamos en el ensayo sobre las preguntas falaces (octava afirmación): “El sentido común de la opinión pública suele defender que el endurecimiento del derecho penal funciona como disuasión a la hora de cometer delitos. Sin embargo las estadísticas de infracciones después de la reforma del 2003 al nuevo Código Penal de 1995 [en España] que supuso un endurecimiento no muestran relación tal. Además las comparaciones a nivel de la UE muestran que la tasa de población carcelaria no guarda relación con la tasa de criminalidad.” ([Bordas, 2008], [Díez Ripollés, 2007], [Serrano Gómez, 2007]. Para las citas exactas consultar el mencionado ensayo)
4
campo tiene una cierta autonomía, forma parte de una red de gobierno y producción de orden social que determina sus condiciones de existencia. Por tanto, las transformaciones en la estructura de los campos sociales conllevaran transformaciones correlativas en la configuración del campo ([Garland, 2005]:38). El influjo de los determinantes sociales y económicas —tales como las crecientes tasas de delito y de sensación de inseguridad, la crisis económica, los cambios políticos del welfarismo al neoliberalismo, las transformaciones en las relaciones de clase, raza o género, etcétera— es indirecto, a través de la modificación de las reglas de pensamiento y acción ([Garland, 2005]:67). Entre los cambios sociales y económicos cabe resaltar la dualización y precarización de los mercados laborales, las reformas impositivas regresivas y la restricción de beneficios del Estado de bienestar que hicieron que grandes sectores de la población cayeran por debajo del nivel de de la pobreza ([Garland, 2005]:147). Las instituciones del Estado de Bienestar descubrían cada vez más necesidades insatisfechas —debido al incremento de expectativas y a que las personas llegaron a confiar más en los servicios sociales que en sus propios recursos (dependencia)— de modo que los problemas parecían agrandarse en lugar de reducirse. De hecho la prosperidad económica y el Estado de Bienestar hizo olvidar los problemas económicos y políticos para cuya solución había sido diseñado el welfarismo y, en cambio, destacó toda una serie de problemas como la excesiva burocracia y los problema del «gobierno grande» ([Garland, 2005]:163 y ss.). A continuación voy a pasar a destacar otros temas fundamentales de este libro. Para empezar Garland repasa en el primero capítulo del libro los indicadores de cambio en el campo del control que son([Garland, 2005]: capítulo 1): El declive del ideal de la rehabilitación; el resurgimiento de las sanciones punitivas y la «justicia expresiva»; cambios en el tono emocional de la política criminal; el retorno de la víctima; por encima de todo, el público debe ser protegido; la politización y el nuevo populismo; la reinvención de la prisión; la transformación del pensamiento criminológico; la infraestructura de la prevención del delito y la seguridad comunitaria en expansión; la sociedad civil y la comercialización del control del delito; nuevos estilos de gestión y prácticas de trabajo; una sensación permanente de crisis. Otro tema que trata Garland es el cambio de la posición de las víctimas en el campo de la justicia penal ([Garland, 2005]:46 y ss.; capítulo VII). Anteriormente sus intereses se consideraban parte del interés general público y jugaban un papel marginal en el proceso penal. Actualmente son vistas como sujeto activo en el hecho criminal y además de asegurárseles derechos, información y rehabilitación han pasado a ser un personaje representativo en el imaginario colectivo, que además tiene voz en la política criminal de seguridad y cumple un papel en los argumentos sobre políticas públicas y en los debates políticos. El imperativo político es que se debe proteger a las víctimas, escuchar sus voces y dar respuesta a sus temores. Con el aumento del delito y el aumento del temor a la victimización existe un creciente énfasis en la necesidad de seguridad, en proteger al público como tema dominante de la política penal. Por tanto la política criminal ha pasado de ser un tema definido por los 5
expertos a ser parte de la competencia electoral con la consiguiente politización y populismo. La opinión pública es la fuente privilegiada de las iniciativas políticas, habiendo un consenso de todos lo partidos en torno a las sanciones punitivas y la justicia expresiva, que son populares para el público. Las políticas reaccionarias expresan el descontento popular, y desarrollan un discurso hostil sobre el welfare, los sindicalistas, el debilitamiento de la familia, la ley y el orden, y el enfoque en el ideal de rehabilitación por parte de los agentes y expertos. Los conservadores, apoyados por las clases medias «trabajadoras» «respetables» que han sufrido cambios en su posición económica y social que conllevan una gran inseguridad ([Garland, 2005]:248), “culpaban a los pobres indolentes de victimizar a la sociedad «decente»” y “a las élites liberales por consentir una cultura permisiva y la conducta antisocial que ésta alentaba.” ([Garland, 2005]:170). Y el autor continúa más adelante: “Así el nuevo conservadurismo proclamaba un mensaje moral exhortando a todos a volver a los valores de la familia, el trabajo, la abstinencia y el autocontrol, pero en la práctica sus regulaciones morales efectivas se imponían a la conducta de los trabajadores desocupados, las madres que recibían beneficios del welfare, los inmigrantes, los delincuentes y los consumidores de drogas.” ([Garland, 2005]:174). Por tanto se atribuye al delincuente, perteneciente a la «underclass», la responsabilidad individual de sus actos, ignorando las causas de fondo y promoviendo su control intensivo y su castigo, acciones que generan atracción popular ([Garland, 2005]:221 y 248). Un tema importante que trata Garland es el de la formación cultural desarrollada en torno al fenómeno de las altas tasas de delito y la inseguridad creciente, característica de la sociedad tardomoderna, que se caracteriza por un conjunto distintivo de actitudes, creencias y presunciones: 1. las altas tasas de delito se consideran un hecho social normal; 2. la inversión emocional en el delito es generalizada e intensa, abarcando elementos de fascinación así como de miedo, indignación y resentimiento; 3. las cuestiones referidas al delito están politizadas y se representan frecuentemente en términos emotivos; 4. el interés por las víctimas y la seguridad pública dominan la política pública; 5. las soluciones del welfarismo penal se desprestigiaron; 6. la justicia penal estatal es visualizada como inadecuada o ineficaz; 7. las rutinas defensivas privadas están generalizadas y existe un gran mercado en torno a la seguridad privada;
6
8. una conciencia del delito está institucionalizada en los medios de comunicación, en la cultura popular y en el ambiente urbano ([Garland, 2005]:270271). Este complejo del delito, con sus rutinas sociales, prácticas culturales y sensibilidades colectivas, “produce una serie de efectos sociales y psicológicos que influyen en las políticas públicas” ([Garland, 2005]:271), muy diferentes entre sí, de la asociación preventiva y de la segregación punitiva. Las teorías de control que sirven de base a la política criminal consideran el delito un problema de control inadecuado. Además las agencias públicas, como la policía, han pasado de ser las únicas gestoras del control de delito a compartirlo con otras organizaciones, como grupos de ciudadanos, comunidades y empresas (seguridad privada). Por otro lado los agentes del campo del delito cambian sus funciones: la policía de combatir el delito a reducir el temor, el desorden y la incivilidad; las autoridades carcelarias de rehabilitar a custodiar; y las agencias de libertad condicional de un filosofía de trabajo social a penalidades basadas en el control y seguimiento de los delincuentes. En suma, este completo y extenso trabajo ofrece una explicación estructuralista —histórica, social, penológica y política— de los cambios en el campo del control del delito y la justicia penal y una interesante comparación entre el antiguo sistema de control del delito configurado por el ideal del penal–welfare y el nuevo sistema de control social, proporcionando explicaciones detalladas de ambos y de las adaptaciones a los problemas de control del delito en la sociedad tardomoderna. Además presenta de forma clara las consecuencias que estas políticas tendrán a largo plazo, enfatizando que “este futuro no es inevitable”. El autor presenta su explicación de una manera clara y descriptiva aunque a veces puede parecer algo repetitiva ya que ciertos temas aparecen varias veces a lo largo de los diferentes capítulos. Además la prolijidad en la descripción de los detalles puede dificultar la captación de las ideas centrales de cada capítulo. Añadir también que hubiera sido interesante presentar más datos empíricos —a parte de las gráficas en el apéndice— para dar soporte al argumento esgrimido, como p.e. hace Díez Ripollés ([Díez Ripollés, 2007]), aunque por supuesto esto hubiera sido a costa de alejar a los posibles lectores no profesionales. Para concluir creo que este libro presenta una información muy valiosa y accesible de tal manera que un público amplio puede informarse acerca del campo del control del delito y la justicia penal, alejándose de mensaje simplificadores, pero muy extendidos, como “la cárcel funciona”.
Referencias [Bauman, 1997] Bauman, Z. (1997). Postmodernity and its discontents. Polity Press. [Bordas, 2008] Bordas, J. (2008). Violencia y delincuencia. In del Campo, S. and Tezanos, J. F., editors, La Sociedad. Biblioteca Nueva.
7
[Díez Ripollés, 2007] Díez Ripollés, J. L. (2007). La Política criminal en la encrucijada. B de F. [Garland, 2005] Garland, D. (2005). La cultura del control. Gedisa. [Serrano Gómez, 2007] Serrano Gómez, A.and Vázquez González, C. (2007). Tendencias de la criminalidad y percepción social de la inseguridad ciudadana en España y la Unión Europea. Edisofer.
8
